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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 65, de 10/03/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2009 IX Legislatura Núm. 65
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 60 celebrada el martes 10 de marzo de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:

- Del Parlamento de Cataluña, de modificación del artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 6-1, de 11 de abril de 2008.
(Número de expediente 125/000006.)... (Página 5)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre disponibilidad de la propia vida (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 65-1, de 22 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000051.)... (Página 15)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para la asignación tributaria del porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales, y transferencia a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza por el mencionado concepto. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 23, de 30 de mayo de 2008. (Número de expediente 162/000061.) ... (Página 25)

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- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para territorializar la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 38, de 20 de junio de 2008. (Número de expediente 162/000119.)... (Página 26)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre permuta del edificio de la antigua Organización de Trabajadores Portuarios (OTP) de Las Palmas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 62, de 5 de septiembre de 2008. (Número de expediente 162/000164.)... (Página 31)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al funcionamiento del Fondo de Garantía de Alimentos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 161, de 9 de marzo de 2009. (Número de expediente 173/000051.)... (Página 36)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el funcionamiento de los mecanismos de colaboración entre la autoridad aeronáutica y las administraciones urbanísticas en relación con los aeropuertos de interés general. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 161, de 9 de marzo de 2009. (Número de expediente 173/000052.)... (Página 39)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición del Gobierno ante la fuerte pérdida de puestos de trabajo, el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 161, de 9 de marzo de 2009. (Número de expediente 173/000053.)... (Página 43)

Prórroga de plazo ... (Página 48)

Avocación por el Pleno:

- Proyecto de Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías.
(Número de expediente 121/000011.)... (Página 48)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas.
(Votación.) ... (Página 48)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 48)

Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 49)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 49)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas ...
(Página 5)

Del Parlamento de Cataluña, de modificación del artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ... (Página 5)

Defienden la toma en consideración de la proposición de ley las señoras Borràs i Solé, Capdevila Tatché y Massana Mas, en nombre del Parlamento de Cataluña.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.


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Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 15)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre disponibilidad de la propia vida (Orgánica) ... (Página 15)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno en contra interviene el señor Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de réplica interviene el señor Llamazares Trigo.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de Ley ... (Página 25)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para la asignación tributaria del porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines sociales, y transferencia a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza por el mencionado concepto ... (Página 25)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para territorializar la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social ... (Página 26)

Defienden conjuntamente las proposiciones no de ley los señores Ridao i Martin y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el señor Campuzao i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; las señoras Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre permuta del edificio de la antigua Organización de Trabajadores Portuarios (OTP) de Las Palmas ... (Página 31)

Defiende la proposición no de ley el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Perestelo Rodríguez.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 36)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al funcionamiento del Fondo de Garantía de Alimentos ... (Página 36)

Defiende la moción la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Fernández Iruela, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el funcionamiento de los mecanismos de colaboración entre la autoridad aeronáutica y las administraciones urbanísticas en relación con los aeropuertos de interés general ... (Página 39)

Defiende la moción el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Gasco Gonzalo, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Santa Ana Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición del Gobierno ante la fuerte pérdida de puestos de trabajo, el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social ... (Página 43)

Defiende la moción el señor Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


Prórroga de plazo ... (Página 48)

La Presidencia somete al Pleno de la Cámara la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el estudio del funcionamiento de la Ley integral de medidas contra la violencia de género por seis meses, a contar desde la fecha de aprobación en su caso por el Pleno, lo que se aprueba por asentimiento.


Avocación por el Pleno ... (Página 48)

Sometida a votación la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley del contrato de transporte de mercancías, se aprueba por 188 votos a favor, 141 en contra y una abstención.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas.
(Votación.) ... (Página 48)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación del artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se rechaza por 23 votos a favor y 307 en contra.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) ... (Página 48)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre disponibilidad de la propia vida (Orgánica.), se rechaza por 12 votos a favor, 314 en contra y tres abstenciones.


Proposiciones no de Ley. (Votación.) ... (Página 49)

Sometidas conjuntamente a votación las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre medidas para la asignación tributaria del porcentaje del IRPF y la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para territorializar la asignación tributaria del IRPF, con la incorporación de las enmiendas de los grupos

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Socialista, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Catalán (Convergència i Unió) se aprueba por 186 votos a favor, 143 en contra y una abstención.


Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre permuta del edificio de la antigua Organización de Trabajadores Portuarios de Las Palmas, se rechaza por 153 votos a favor, 165 en contra y 12 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página 49)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al funcionamiento del Fondo de garantía de alimentos, con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista, se aprueba por 329 votos a favor y uno en contra.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el funcionamiento de los mecanismos de colaboración entre la autoridad aeronáutica y las administraciones urbanísticas en relación con los aeropuertos de interés general, se aprueba por 330 votos a favor.


Sometidos a votación los puntos 5, 8 y 9 de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la posición del Gobierno ante la fuerte pérdida de puestos de trabajo, el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social, se rechazan por 155 votos a favor, 163 en contra y 10 abstenciones.


Sometido a votación el resto de la moción, se rechaza por 150 votos a favor, 170 en contra y 10 abstenciones.


Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 27.1 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR EL CUAL SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (Número de expediente 125/000006.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Primer punto del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. En concreto, hoy, del Parlamento de Cataluña, de modificación del artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Para la defensa de la iniciativa van a tomar la palabra las diputadas integrantes de la delegación del Parlamento de Cataluña. En primer lugar lo hará doña Meritxell Borràs, que tiene la palabra.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Borràs i Solé): Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero saludar y felicitar a la vez al representante de Avalot, que fue la organización juvenil de Unió General de Treballadors de Catalunya que, de hecho, inició y movilizó a las organizaciones juveniles de nuestro país, de Cataluña, para hacer una iniciativa legislativa popular que hoy se debate aquí en el Congreso de los Diputados y en su día se resolvió en el Parlamento de Cataluña. Esta iniciativa pretende que el Estado español cumpla con la Carta Social Europea. Esto quiere decir que el Gobierno fijará anualmente, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, el salario mínimo interprofesional teniendo en cuenta toda una serie de condiciones. Pero también establece que este salario mínimo interprofesional tendrá que ser, como mínimo, del 60 por ciento del salario medio neto del Estado. En ese sentido, presentamos hoy esta iniciativa para que pueda ver finalmente la luz. Alguien puede sugerir que no creemos en la autonomía de las partes o en la negociación colectiva, y tenemos que decir que sí, que evidentemente estamos tranquilos de que se va a producir, pero también es necesario establecer este mínimo que la Carta Social Europea establece; un mínimo que se ha puesto en el 60 por ciento y que, como ustedes saben, en el Estado español estamos muy por debajo.


Muchos somos los grupos políticos que llevamos este tema en nuestro programa electoral, porque es de justicia social. En ese sentido, como les decía, no somos los únicos que lo reivindicamos. El Partido Socialista también lo lleva en su programa electoral. Por lo tanto, hoy esa iniciativa tendría que ser aprobada bajo la lógica coherencia y responsabilidad; pero digo tendría, porque ustedes saben que finalmente esto no va a ser así. Al menos desde un partido como el nuestro y desde nuestra sociedad, la catalana, tenemos que decir que no lo será porque, una vez más, el Partido Socialista no cumplirá sus promesas, su compromiso con la sociedad catalana y tampoco, en este caso, con la sociedad española. Este tema fue debatido en su día en el Parlamento de Cataluña y aprobado por todos los grupos que hoy venimos a

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defenderlo. El Grupo Socialista también estaba entre ellos. Esto lo debatíamos en el año 2005 y estamos en el Congreso de los Diputados en 2009. Han pasado, pues, cuatro largos años en los que la situación económica ha cambiado, es cierto, pero también lo es que lo que planteamos es un elemento de justicia social. Nosotros creemos que ha tardado tanto tiempo después de muchos subterfugios. Ustedes recordarán que este tema decayó en una anterior ocasión bajo la excusa, si me permiten, de que decaería en el debate o en la discusión en la legislatura del Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, era mejor dejarlo encima de la mesa y verlo en un futuro. Pero hoy veremos la triste y la cruda realidad, si me permiten.


Este asunto, lamentablemente, no verá la luz porque el Partido Socialista ha anunciado ya que no va a dar apoyo a un tema que llevan en su programa electoral. En el programa electoral lo defienden, pero en cambio en el Congreso de los Diputados van a permitir que esto decaiga. Una vez más, la realidad se impondrá y quedará en evidencia esa gran contradicción. Es para nosotros una lástima que una iniciativa popular que surge de la población catalana, que surge también con voluntad de dar servicio no solo a los catalanes, sino al grueso de la sociedad española, finalmente no pueda ser aprobada. Es una lástima porque, como les decía antes, es absolutamente de justicia social. Me van a permitir que les diga que a veces es necesario llenarse menos la boca hablando de según qué temas, pero luego poderlos hacer realidad. Ojala los hechos me contradigan pero si no es así, hoy veremos de nuevo cómo son capaces de hacer grandes discursos prometiendo una serie de cosas, cómo son capaces de aprobar en el Parlamento de Cataluña una iniciativa, y en cambio donde la situación es comprometida, en este caso en el Congreso de los Diputados, ustedes votan en contra. Entenderán que esto es duro siempre, pero entenderán también que para una nacionalista como yo, una persona que defiende nuestra nación, Cataluña, es duro ver que una iniciativa aprobada en el Parlamento de Cataluña, por el hecho de no tener la soberanía necesaria se nos puede revocar en el Congreso de los Diputados.


Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Borràs.


Ahora es el turno de doña Montserrat Capdevila.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Capdevila Tatché): Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, es un honor para mí estar en el Congreso de los Diputados hoy para defender en nombre del Grupo Socialista (Ciutadans pel Canvi) del Parlamento de Cataluña, la toma en consideración de esta proposición de ley que podría significar un importante avance en términos de justicia social. Permítanme que les relate la historia que precede al día de hoy para que conozcan el contexto que motivó esta iniciativa. Hace algunos años, en el año 2003, Avalot que fue la organización juvenil de Unió General de Treballadors de Catalunya junto con otras entidades juveniles políticas y estudiantiles hicieron de motor dinamizador de esta iniciativa y recogieron las firmas que entregaron en el Parlamento de Cataluña en el año 2004. Esta iniciativa tuvo lugar en un contexto de crecimiento económico extraordinario que siguió en los años sucesivos, como ustedes conocen bien. Después del trámite oportuno impulsado por los grupos parlamentarios Socialista, Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida y Alternativa, el Pleno del 20 de diciembre de 2005 aprobó trasladar al Congreso esta proposición.


La iniciativa, como antes se comentaba, se fundamenta en la Carta Social Europea, ratificada por el Estado español en el año 1980 y promovida por el Consejo de Europa. Su objetivo se basa en la protección de los derechos sociales y económicos, entre los cuales se incluye el derecho a una remuneración justa. Según las conclusiones del último ciclo de control respecto a la remuneración mínima realizado en el año 1997, se consideraba que el salario mínimo nunca debía ser inferior al 60 por ciento del salario medio, ambos libres de impuestos. En este caso el salario mínimo español, en el momento que esta iniciativa llegó al Parlamento, estaba muy por debajo del aquí comentado. En estos momentos tan solo significa el 36,9 por ciento del salario neto, por lo tanto, por debajo del que prevé la Carta Social Europea. Decía que la propuesta nace de una iniciativa basada en los principios de lucha contra la precariedad laboral y de la promoción de la justicia social, que compartimos plenamente, que a pesar de la coyuntura económica siguen estando vigentes y siguen siendo necesarios para el progreso individual y colectivo. Saben ustedes que el salario tiene, como principio, la finalidad de garantizar a los trabajadores y trabajadoras una renta que les permita satisfacer sus necesidades de forma adecuada. En el momento en el que se presentó, este salario estaba fijado en 2004 en 460 euros. Para nuestro grupo parlamentario era una propuesta que estaba en plena sintonía con el compromiso del presidente Rodríguez Zapatero de que en la legislatura anterior se llegaría a los 600 euros, como así fue. De hecho, se ha fijado para 2009 en 624 euros, lo que sabemos, no sin controversia, por las entidades económicas, con el fin de continuar acercándose al objetivo por el cual nosotros planteamos esta proposición de ley. Somos europeos con todos los derechos de ciudadanía, por tanto es obligado que los trabajadores y trabajadoras lleguen a cumplir este objetivo. También sabemos -ayer lo leíamos en la prensa- que la OCDE está planteando unas rebajas de los salarios de los trabajadores en Europa. No podemos olvidar que la creación de un salario mínimo digno es una garantía y una obligación que deben fijar los empresarios y los poderes públicos. De todas formas, no es extraño que una iniciativa como la que hoy presentamos haya nacido de las organizaciones juveniles, puesto que básicamente los datos nos dicen que son las

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mujeres y los jóvenes los colectivos que se identifican más con la precariedad laboral, con las peores condiciones y con los sueldos más bajos.


¿Dónde nos encontramos ahora? Sabemos que el crecimiento entre 2005 y 2009 de este salario mínimo ha sido alrededor de un 30 por ciento, por tanto, en números absolutos hemos pasado de los 513 a los 624 euros.
Reconocemos, pues, la alta sensibilidad que ha ido teniendo el Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero respecto al aumento de este salario mínimo que, como he dicho, se ha incrementado por encima del IPC, con gran diferencia -eso sí hay que decirlo- respecto al periodo anterior gobernado por el PP. Entendemos que esta propuesta no llega en el mejor momento, pero no hemos podido aplazarla por lo que se ha comentado. De todas formas, seguro que comparten el objetivo que la motiva de elevar el trabajo en España a la dignidad europea y de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables, como forma de sustentar el consumo, lo cual es vital para la pronta recuperación económica. A la luz de estas consideraciones, celebramos que para este año el Gobierno haya decidido continuar con los incrementos del salario mínimo en términos reales para alcanzar estos objetivos a largo plazo que en estos momentos estamos planteando, a pesar de la crisis.


Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capdevila.


Por último y en nombre de la delegación del Parlamento de Cataluña tiene la palabra doña Laura Massana.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Massana Mas): Gracias, señor presidente.


Señoras diputadas y señores diputados, nos emplazamos hoy aquí, en nombre del Parlament de Catalunya, para defender esta toma en consideración en nombre del plenario. Esta iniciativa -ya se ha comentado- y el defenderla aquí fue aprobada por la mayoría de los grupos del Parlament de Catalunya. Esta iniciativa partía de las juventudes catalanas de UGT, que realizó una campaña de recogida de firmas con la que en 2004 recogieron 65.000, y que tuvo el apoyo de otras organizaciones juveniles como Joves d' Esquerra Verda, la Joventut Socialista de Catalunya, la Joventut de Esquerra Republicana de Catalunya y diferentes asociaciones y federaciones de estudiantes de Catalunya. Con su presentación al president del Parlament los diferentes grupos avalamos la propuesta y presentamos una iniciativa conjunta para darle salida. La síntesis de lo que pretende la proposición, ya se ha dicho anteriormente por parte de los grupos que me han precedido, es la modificación del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 27.1 para que ningún trabajador o trabajadora tenga un ingreso por salario mínimo interprofesional por debajo del 60 por ciento, tal y como sucede en la mayoría de países europeos y como indican las previsiones de la Carta Social Europea. Esta reivindicación es, déjenme añadir, histórica en el movimiento sindical en nuestro país, teniendo en cuenta que el salario mínimo español es el más bajo de la Unión Europea.


Nuestro grupo, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, entiende que si bien el Gobierno ha efectuado algunos aumentos del salario mínimo interprofesional, cree que estos resultan insuficientes porque quedan lejos aún de los parámetros de los países más avanzados. De los nueve países de la Unión que lo establecen en su ordenamiento jurídico, España tiene el salario mínimo más bajo, con la excepción de Portugal. Incluso el salario mínimo griego se sitúa por encima del español, a pesar de que su renta per capita es inferior a la española en más de un 20 por ciento. Las diferencias en la cuantía del salario mínimo interprofesional español con el resto de los países de la Unión Europea a Quince, no se explican por diferencias en los niveles de productividad que justifiquen una remuneración más baja de las horas trabajadas. Comparando el salario mínimo y la productividad aparente del trabajo de cada país con los existentes en España, la ratio sitúa a España muy por debajo de sus homólogos europeos. La productividad media francesa es 1,3 veces mayor que la española; en cambio, su salario medio interprofesional duplica al español. Esta desproporción ocurre con todos los países con un salario mínimo obligatorio, excepto en Portugal donde se mantiene la proporcionalidad. Así pues, quien pretenda refugiarse en la actual coyuntura para no votar la propuesta atendiendo a que puede perjudicar la competitividad de nuestra economía, debería desestimar el argumento. Para nuestro grupo es del todo necesario corregir el mecanismo de aplicación para que sea el instrumento que debe ser al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, teniendo en cuenta además que las peores condiciones de contratación, salariales y de trabajo recaen sobre mujeres y jóvenes, que son los que reciben los salarios más bajos. Así, esta proposición las mejoraría, algo muy necesario en estos momentos, porque si España quiere parecerse a los países más avanzados de Europa y para hacer frente a la crisis debe aumentar el gasto en protección social y también en protección salarial.


El salario mínimo tiene como poco tres aspectos positivos: cohesionar el mercado de trabajo reduciendo los diferenciales de renta y salarios en el conjunto de la población, minorizando así los efectos de la dualización salarial del mercado de trabajo; repartir la renta de una forma más equitativa, y puede ayudar a reactivar el consumo favoreciendo así el relanzamiento de la economía. Quiero añadir para los que están tentados o tentadas de repudiar la propuesta atendiendo a que los tiempos no son los mejores, más que añadir recordarles, que en el periodo de gran crecimiento económico los salarios han sufrido un retroceso, mientras los beneficios empresariales aumentaron considerablemente. Ahora, pues, desde

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nuestro punto de vista es la hora de la justicia social y de que la otrora creación de riqueza vaya acompañada de un reparto equilibrado y más equitativo para garantizar un avance en el Estado del bienestar y adoptar las medidas para una mayor cohesión social y para que la crisis no la paguen siempre los mismos. En ese sentido es especialmente relevante el punto 6 de esta proposición que establece que cualquier persona, no solo aquellas que cobren el salario mínimo, aunque este sea mayor o elevado y sea embargado, tendrán la posibilidad de mantener el 60 por ciento del salario medio actual, por lo tanto, habrá un mínimo de subsistencia que no se podrá arrebatar. Creemos que no es el momento de los salarios bajos; creemos que no es el momento de los despidos baratos; creemos que es la hora de la responsabilidad.


Finalizo, pues, emplazándoles a dar apoyo, a tener en consideración esta propuesta entendiendo que es, como ya he dicho anteriormente, de justicia social y un factor de revitalización de la economía española para situar a nuestras trabajadoras y trabajadores a la altura de los países avanzados de la Unión Europea.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Massana.


Para fijar posición de los grupos parlamentarios, en primer lugar y por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, señorías, quiero dar la bienvenida a las diputadas del Parlament catalán, al mismo tiempo que felicitar al Parlament por trasladarnos al Congreso de los Diputados una iniciativa que compartimos y ante la que ya manifestamos nuestro voto favorable. No sabemos cuál va a ser el resultado final de esta votación, pero consideramos que sería adecuado que aprobásemos hoy una iniciativa como la que nos presenta el Parlament Catalán, en la medida en que es una toma en consideración, y en la tramitación correspondiente podríamos mejorar aquellas cuestiones necesarias, incluso, las modificaciones que permitieran alcanzar un consenso para que, finalmente, la ley pueda ser una realidad. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Desde nuestro punto de vista, la propuesta que se nos hace es positiva, en tanto que lo que se pretende es que se garanticen por ley unas medidas mínimas, que permitan al mismo tiempo -y valga la redundancia- garantizar el salario mínimo de acuerdo a unos determinados criterios que podemos definir de más justos en relación con el pago del trabajo realizado, además de -como bien lo dice la exposición de motivos- garantizar que podamos acercarnos a lo que la Carta Social Europea dice sobre el salario mínimo interprofesional, que es que no sea inferior al 60 por ciento de la media salarial. En este sentido, quiero decir -aunque entiendo que lo sabemos todos- que para que el salario mínimo interprofesional del Estado español llegara a los parámetros marcados por la Carta Social Europea, tendríamos que tener en los próximos cinco años un incremento aproximado de un 8 por ciento para poder alcanzar ese 60 por ciento. Por consiguiente, las medidas que aquí se plantean las vemos positivas, porque tienen en cuenta cuestiones importantes del comportamiento del salario mínimo interprofesional en los últimos diez años en el Estado español -solo vamos a coger los últimos diez años-, al no haber una ley que obligue a la forma de incrementar este salario mínimo interprofesional, que hubo tiempos en que era mucho peor de lo que hay en este momento. Partimos del dato del año 2003 donde el salario mínimo era de 451 euros, a los 624 para el año 2009. Pero este dato que doy evidencia que no podemos dejar el salario mínimo a consideración del Gobierno de turno, sino que debemos hacer posible que haya una ley que obligue a los gobiernos a mantener un ritmo de este salario que permita considerar, dentro de lo mínimo que ello representa, un nivel mínimamente justo.


Nosotros compartimos criterios como el del profesor Villot de la Facultad de Económicas de la Complutense cuando dice que un salario mínimo adecuado puede tener incluso un efecto positivo en la productividad, porque según él mejoraría o sería favorable a la eficacia del trabajador.
Nosotros podemos asegurar -porque estamos convencidos- que esta eficacia sería evidente, porque está mucho más motivado un trabajador o trabajadora que entiende que el esfuerzo que realiza está dentro de estos mínimos de los que estamos hablando, que está más justamente pagado que aquel que considera que ese esfuerzo no tiene la correspondencia en el pago salarial. No estamos diciendo que el salario mínimo interprofesional nos parezca el salario adecuado para pagar el esfuerzo de trabajo de ningún trabajador o trabajadora. Entendemos que estos son unos niveles muy bajos, aunque se diga que por estadística en estos momentos no hay más de un uno por ciento de trabajadores y trabajadoras que lo estén percibiendo. En este caso, y por eso redundamos en nuestra posición favorable al apoyo de la propuesta que nos hace el Parlament, entramos en tiempos duros donde, dadas unas posibilidades de contratación laboral, el contratante y el contratado pueden llegar a acuerdos privados. Sabiendo que esto ya está ocurriendo en la actualidad, nos preocupa que ese uno por ciento, que según la estadística es el número de trabajadores acogidos por el salario mínimo, sea un número mayor en los próximos tiempos, debido precisamente a este tipo de contratación, a la precariedad laboral que seguramente se va a crear dada la situación de crisis en la que vivimos, y a las medidas persuasorias que algunos contratadores puedan ejercer sobre algunas personas que aceptarían condiciones como estas. Yo he tenido en mis manos, en más de una ocasión, contratos laborales en los que se dice que el trabajador está dispuesto a cobrar un salario por debajo del que marca su convenio laboral. Señorías, no estamos hablando de cosas que pueden llegar a pasar, sino de cosas que están pasando actualmente, y que desde

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este Congreso de los Diputados, en defensa de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras y en defensa de un pago justo por el esfuerzo de trabajo que se hace, deberíamos atar corto. La propuesta del Parlament nos permite trabajar en esta cuestión. De ahí que vayamos a apoyar la propuesta que se nos ha hecho -repito-, esperando que posteriormente pueda tramitarse, y que nuestro grupo pueda aportar las enmiendas correspondientes que permitan mejorarla o, cuando menos, facilitar un consenso que posibilite la existencia de una ley que haga a los gobiernos decidir el salario mínimo que corresponda.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a compartir su tiempo. En primer lugar, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, Esquerra Republicana intervendrá a continuación, pero Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votará favorablemente esta iniciativa y me da la impresión de que el conjunto del grupo parlamentario votará a favor. Vamos a apoyar la toma en consideración de una iniciativa que no pretende otra cosa, en nuestra opinión, que cumplir un mandato legal, ejercer con coherencia política y favorecer la justicia y el cambio en el modelo de desarrollo de nuestro país. Es una iniciativa que pretende que el Estatuto de los Trabajadores se modifique para cumplir con el objetivo del 60 por ciento en el salario mínimo. Se trata de cumplir, en primer lugar, con la Carta Social Europea, que fue ratificada por el Estado español en 1980, un convenio internacional promovido por el Consejo de Europa, cuyo objetivo es la protección de los derechos sociales y económicos de los trabajadores. Además, recientemente, en octubre de 2008, el Parlamento Europeo pidió por primera vez a los Veintisiete que acordaran, primero, un objetivo de salario mínimo por ley o por convenio, a escala nacional, regional o de sector, de al menos un 60 por ciento de la media del salario de referencia y, segundo, elaborar un calendario para establecer un plazo en el que todos los Estados miembros alcanzasen dicho objetivo.
Pero en nuestro propio país, en el proceso de diálogo social, el Gobierno del grupo parlamentario que ahora va a rechazar esta iniciativa ha comprometido reformar el Estatuto de los Trabajadores. En junio de 2004, el Real Decreto-ley 3/2004, para la racionalización de la regulación del salario mínimo y para el incremento de su cuantía, da cobertura legal al resultado de la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales. En este acuerdo se pretende dignificar la cuantía del salario mínimo, pero también se acuerda, como se recoge en la exposición de motivos, concretar, en el marco del diálogo social, la reforma del artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, es decir, tienen ustedes pendiente cumplir con la concertación social y con un mandato legal del Real Decreto 3/2004, que les demandaba la modificación del Estatuto de los Trabajadores.


Es cierto, señorías, en todo caso que en la legislatura anterior con nuestro apoyo el salario mínimo recuperó parte del poder adquisitivo perdido en etapas anteriores, situando su cuantía en lo comprometido: 600 euros mensuales. Sin embargo, el aumento para 2009 se ha establecido por el Gobierno de manera unilateral en una subida insuficiente del 4 por ciento, lo que va a dificultar considerablemente el compromiso del Gobierno al necesitar incrementos anuales de más del 8 por ciento, incluso en algún caso del 10 por ciento, para lograr cumplir el compromiso. Así y todo, con los aumentos que ha procurado el Gobierno el salario mínimo en términos netos representa actualmente el 43 por ciento del salario medio neto, es decir, nos separan muchos puntos todavía, muy por debajo del 60 por ciento establecido en la Carta Social Europea.


Señorías, es preciso y posible acelerar la convergencia de nuestro salario mínimo con el 60 por ciento del salario medio, y también regular su actualización automática, mediante una cláusula de revisión salarial.
Pensamos que esta proposición de ley podría ser una buena base para establecer todo lo anterior. Podemos discutir sobre el periodo; nosotros apostamos por esta legislatura; otros por el 2012. Es urgente hacerlo porque el salario mínimo es una garantía establecida en el Estatuto de los Trabajadores, de justicia social, al igual que se limita la jornada laboral o la edad legal para trabajar. Es urgente también hacerlo, porque un salario mínimo digno debe contribuir a alejarnos de un modelo económico basado en bajos salarios, empleo de baja calidad y condiciones laborales precarias, es decir, contribuimos a un cambio en el modelo que nos ha traído esta crisis. La crisis económica, por tanto, no es excusa para no lograr la convergencia; todo lo contrario, las mejoras salariales pueden contribuir a reactivar el consumo, la demanda y mejorar la salida de la crisis económica.


Termino, señorías. Con el rechazo a esta iniciativa el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno pierden una nueva oportunidad de liderar una salida a la crisis desde el liderazgo de la izquierda, y el Grupo Parlamentario Popular si no respalda esta iniciativa pierde la oportunidad de darle, con una colleja social, en este primer Pleno, una lección al Gobierno.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta. (Comienza su intervención en catalán.)

Señorías, no es la primera vez que el Partido Socialista de Cataluña va a votar contra el Partido Socialista de Cataluña. No es la primera vez y desgraciadamente quizá no sea la última, con lo cual ya está casi todo dicho. Un total de 65.000 firmas de jóvenes avalaron esta iniciativa popular, que luego el Parlamento de Cataluña hizo suya.


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Gracias a ello hoy llega aquí al Parlamento del Estado y -repito- el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español van a votar en contra. Gracias, en nombre del Parlament de Catalunya; muchas gracias. No debería sorprenderles que hayan sido los jóvenes los que impulsaron esta iniciativa, forman parte precisamente del ejército de reserva, mano de obra barata de este sistema tan injusto. Los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes son las personas que constituyen el eslabón más frágil de los trabajadores. A ellos precisamente haría falta dedicar un poco más de atención en este Parlamento, no rechazando esta iniciativa.


¿De qué hablamos? ¿Hablamos de algo extraordinario? Estamos hablando de fijar condiciones al salario mínimo interprofesional, una condición añadida a las otras que ya están integradas en el Estatuto de los Trabajadores, pero que es básica. Es decir, fijarlo en términos netos a la equivalencia del 60 por ciento del salario neto del Estado español en cada momento. De hecho no es una reivindicación novedosa, esto ya arranca de la Carta Social Europea del año 1980. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos instalados en la preocupación, porque el Gobierno ha incrementado un 4 por ciento el salario mínimo, para llegar a los 624 euros. Los sindicatos pedíamos el 8 por ciento. Ustedes hicieron oídos sordos y digan claro que no van a cumplir las previsiones que ustedes anunciaron para el año 2012, porque es evidente que a este paso, incrementando solamente el 4 por ciento, ustedes no van a cumplir. Vivimos en un contexto de crisis. Además ninguno de ustedes -ni el señor Solbes que es tan sabio- conoce la intensidad de la crisis. Por eso lo más importante no es solamente saber cómo salimos de la crisis, sino en qué condiciones va a salir la clase trabajadora de la crisis. Por esto no resulta casual que volvamos a hablar de renta básica universal; no es casual que insistamos en nuestras críticas a las políticas de cheques del Gobierno; no es casual que nos sintamos tan alejados de las propuestas del ministro Corbacho; no es casual que otra vez se vuelva a hablar de la nacionalización de la banca; no es casual que en estos momentos haya quien todavía se atreva a hablar de cómo abaratar el despido. Vamos a reconocer que todos nos estamos situando en este escenario de guerra, puesto que es evidente que el capital se está resituando y también los trabajadores tienen que resituarse porque, repito, hay que preguntarse en qué condiciones saldremos de la crisis.


Se nos dice que afecta a un universo reducido de personas -da igual, quizás a menos de un millón de personas-, pero hay que preguntarse a quiénes afecta. Afecta a los jóvenes, afecta a las mujeres, a los inmigrantes; afecta a trabajadores que pertenecen a sectores muy frágiles desde el punto de vista sindical, personas que trabajan en la hostelería, personas que trabajan como empleadas del hogar, es decir, al eslabón más frágil de los trabajadores. De manera que ustedes no pueden irse de rositas creyendo que vamos a tragar con este simple rechazo, casi, casi de oficio, que es lo que hoy presentarán aquí ustedes. De hecho nosotros habíamos imaginado que de alguna manera enviarían un mensaje claro, nítido, rotundo a los trabajadores, a las clases populares, a las personas que padecen de forma más intensa -y que padecerán todavía más en un futuro inmediato- la crisis económica: que los socialdemócratas españoles, que el Partido Socialista Obrero Español entraría en una vía de consideración de esta iniciativa que surge, repito, no del Parlamento de Cataluña, sino de la sociedad civil catalana, y por extensión me atrevo a decir que de toda la sociedad española.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, quiero iniciar mi intervención saludando a las tres representantes del Parlament de Catalunya, felicitándoles por la lucidez de sus reflexiones, lucidez que veremos si se corresponde luego, en mínima coherencia, con la lucidez de quienes las van a refutar, incluidas las del propio partido de algunas de las intervinientes. A uno le interesan particularmente estos ejercicios de dialéctica parlamentaria en los tiempos de tribulación que corren. En todo caso, señora presidenta, quiero decir que la señora Borrás en concreto ha hecho una invocación a la coherencia en esta Cámara, pero, Señora Borrás, en los tiempos que corren, es pedir demasiado. No haga invocaciones a la coherencia política; haga invocaciones de otra naturaleza. La coherencia no forma parte en este momento del acervo metacultural de la dialéctica parlamentaria, como usted podrá comprobar seguramente dentro de poquísimo tiempo.


Dicho lo cual -me refiero ya al resto de la Cámara- afirmo, señora presidenta, que acabado el talante tenemos que recurrir necesariamente a lo que el mundo árabe denomina la baraka. La baraka es la suerte, y la suerte es de duración indeterminada por su propia naturaleza. La baraka consiste en ir solventando las iniciativas parlamentarias, en ir solventando los problemas parlamentarios que se van a empezar a dilucidar desde el día de hoy en adelante en esta Cámara, recurriendo en unos casos a la abstención de un grupo y, cuando no se consiga esta, recurriendo a la abstención de otro grupo en otros casos. ¿Cuánto dura la baraka? Ni el mundo árabe ni los hermeneutas de la religión árabe son capaces de determinar cuánto dura la baraka; la baraka dura lo que dura, seguramente cuando los condicionamientos políticos aconsejen que la suerte acaba, porque esto es una suerte forzada, no es una suerte espontánea como la baraka. Veremos a ver cuánto dura. Hoy vamos a ver cómo la baraka funciona -igual es uno de los últimos días en que la baraka funciona o es de los primeros, o dura mucho, hasta los próximos Presupuestos Generales del Estado-, hoy lo vamos a comprobar, va a haber una abstención que va a salvar una iniciativa manifiestamente incongruente, en cuanto confronta a dos ámbitos territoriales diferentes de un mismo partido político -que

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es una de estas anomalías parlamentarias que no estamos acostumbrados a observar-, pero luego veremos otra iniciativa relativa a políticas de empleo donde se va a producir el efecto exactamente contrario. ¿Esto cuánto puede durar? Ya lo veremos. Algunos vamos a estar expectantes analizando una suerte de sortilegios taumatúrgicos de esta naturaleza que son los que van a caracterizar a partir de hoy esta legislatura.


En cuanto a la proposición, nada que refutar. Ustedes la han glosado perfectamente. Decía el señor Tardà que este es un tema antiguo, del año 1980; no, señor Tardà, es del año 1929. Se está incumpliendo en la configuración jurídica del salario mínimo interprofesional español nada menos que un convenio de la OIT del año 1999, ratificado en ese año por el Estado español, cuyo artículo 1 establece cuáles deben ser las características del salario mínimo interprofesional, no de forma muy diferente a la Carta Social Europea. Se está incumpliendo la Carta Social Europea y las recomendaciones y las reclamaciones, Carta Social Europea que estando ratificada forma parte del derecho internacional público, y por lo tanto del ordenamiento jurídico español, y esa carta se está incumpliendo palmariamente en cuanto que los comités de expertos que evalúan el cumplimiento de los requerimientos de la Carta Social Europea -ratificada en el año 1980- en relación a la cuantificación del salario mínimo interprofesional, estima, en el último informe que conocemos de este comité de expertos, que ya en el año 1997 el salario mínimo interprofesional del Estado español era inferior en 36,7 puntos al que reivindica la Carta Social Europea como el propio de un Estado social y democrático de derecho, que es el que pretendidamente proclama la Constitución española. Estado social y democrático de derecho que obligaría, cumpliendo la Carta Social Europea y sus requerimientos, a que este salario mínimo interprofesional -que afecta a muchas cosas, no solo a la retribución de los trabajadores, afecta a la concesión de becas, al acceso a viviendas sociales, afecta al acceso a determinadas prestaciones sociales también- sea equivalente al 60 por ciento de las retribuciones medias del ámbito geográfico del Estado español. En ese momento, en el año 1967, no era el 60 por ciento de las retribuciones medias del Estado español, era el 36,9. Le faltaban 23,1 puntos para llegar a los requerimientos de la Carta Social Europea -derecho imperativo, de naturaleza necesaria, imperativa en el Estado español, al estar ratificada la Carta Social Europea-. Ustedes indican que se incumplen también los requerimientos del artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, y también tienen razón; se incumplen los requerimientos de este artículo, que establece que la medición del salario mínimo interprofesional se hará teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general. Le faltó al legislador que reguló el Estatuto de los Trabajadores incorporar los requerimientos de lo que ya había sido ratificado por parte del Estado español, y ya por lo tanto se insertaba en su ordenamiento jurídico, que son los requerimientos de la Carta Social Europea. Y algo tan razonable como esto es lo que ustedes reivindican desde el Parlamento de Cataluña: incorporar que, con el resultado de aplicar los criterios establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, en ningún caso podrá fijarse una cuantía inferior en términos netos al 60 por ciento del salario medio neto del Estado. Algo tan importante como esto no es disponible ni siquiera para este Parlamento, porque los tratados internacionales ratificados por el Estado español que forman parte del derecho público que se incardina en nuestro ordenamiento jurídico y en el ámbito del salario mínimo forman parte de lo que la legislación laboral denomina derecho necesario absoluto, indisponible para el trabajador y para el legislador. Desde esa perspectiva estamos incumpliendo requerimientos de esta naturaleza.
Ustedes no lo dicen y se me escapa por qué en el debate del Parlamento de Cataluña no se realizó esta invocación, el contenido esencial del artículo 35 de la propia Constitución española. El artículo 35 de la Constitución española proclama enfáticamente que todo trabajador tendrá derecho a una retribución suficiente. El contenido esencial de este derecho previsto proclamado por el artículo 35 de la Constitución española ha sido ya desarrollado por prolija jurisprudencia constitucional, y cuando se habla de suficiencia de la retribución se hace en términos cuantitativos, y suficiencia para subvenir las necesidades ordinarias de la vida. Se proclama específicamente que no se pueden subvenir las necesidades ordinarias de la vida con una retribución -en este caso la prevista en el artículo 35 de la Constitución- que sea inferior a lo que se denomina técnicamente umbral de la pobreza. El concepto metajurídico pero definido por el Eurostat y por el INE del umbral de la pobreza equivale exactamente al 60 por ciento también de las rentas medias del ámbito geográfico donde se tiene que hacer la determinación de cuál es el umbral de la pobreza. Luego, con esta proposición de ley ustedes pretenden nada menos que remover las siguientes injusticias: el incumplimiento del contenido esencial del artículo 35 de la Constitución, el incumplimiento de la Carta Social Europea incumplida reiteradamente desde el año 1980, el contenido del convenio de la Organización Internacional del Trabajo del año 1929, y los requerimientos más elementales de justicia social.


Es indignante que el salario mínimo interprofesional del Estado español antes de la ampliación de la Unión Europea, cuando era la Unión Europea de los Quince, fuera inferior exactamente a la mitad de los ocho países donde existía el salario mínimo interprofesional, y que todavía sea inferior a la media de la Unión Europea de los Veintisiete. Desde luego comparto su opinión y sus reflexiones, incluso las de la representante del Partido Socialista, a la que quiero felicitar no sé si por su valentía al confrontarse con el Partido Socialista Obrero Español -yo los niveles de jerarquía y dependencia no soy capaz de atisbarlos en este ámbito y en esta dialéctica parlamentaria-, pero desde esa perspectiva quiero felicitarles

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porque ustedes están utilizando requerimientos de la más elemental justicia social y material. Desde luego mi grupo parlamentario no comprende cualquier refutación de estos argumentos, cualquier negativa a la aceptación de esta proposición de ley presentada por el Parlament de Catalunya, y tampoco -se lo voy a decir con toda honestidad- comprendo una abstención a una iniciativa parlamentaria tan puesta en razón y en justicia social como la que ustedes han presentado.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. (Comienza su intervención en catalán.)

Señorías, esta es una iniciativa que no es nueva ni mucho menos en el debate social y político, y menos aún en el caso de Cataluña. Alguna de las diputadas lo ha recordado. En 2004 la UGT, su sección juvenil, inicia una campaña de recogida de firmas, y en 2005 el Parlament de Catalunya inicia la tramitación de esta iniciativa. Quizá una primera reflexión a plantearnos es por qué este tipo de iniciativas tardan tanto en llegar a esta Cámara. En 2004, cuando Avalot empezó esta campaña, era muy evidente que en España existía un grave problema con el salario mínimo interprofesional, y quizás el contexto de 2004, de 2005 y de 2006 hubiese acompañado mejor esta iniciativa, pero nos llega hoy, y Convergència i Unió debe hacer el esfuerzo de ser coherente con las posiciones que ha mantenido en el Parlament de Catalunya, y por tanto votar favorablemente esta iniciativa.


Somos conscientes de que en la pasada legislatura -y mi grupo se lo reconoce al Partido Socialista- se produjeron en esta materia avances significativos que permitieron recuperar mucho del retraso histórico que en materia de salario mínimo interprofesional arrastrábamos, y además se tomó una medida ciertamente polémica y con algunos inconvenientes, pero que también ha permitido ese crecimiento del salario mínimo, como es la desvinculación de determinadas prestaciones sociales con la creación del Iprem. Existe por tanto un recorrido importante en esta materia. Además, las subidas del salario mínimo de la pasada legislatura -y ahí se reforzaría el sentido favorable a la toma en consideración de esta propuesta- no provocaron aquel efecto que los críticos con el salario mínimo afirman, que es que un salario mínimo relativamente elevado inhibe la creación de empleo en determinados segmentos del mercado de trabajo.
Todo lo contrario. Con subidas del salario mínimo se continuaron creando puestos de trabajo. Esa sería una razón que nos aconsejaría a todos continuar con la tramitación de esta proposición de ley.


Es lícito preguntarse si en la actual coyuntura económica tiene sentido plantear una medida de estas características. Es lícito plantearnos, en un momento en el que seguramente lo razonable sería que los agentes sociales en el marco de la negociación colectiva optasen por la moderación salarial, si es razonable que el Congreso de los Diputados inicie la tramitación parlamentaria de una proposición de ley que pretende facilitar un aumento, en general, de la base salarial de los trabajadores. Pero de lo que estamos hablando hoy es de la toma en consideración de una proposición de ley. Por tanto, iniciar un trámite parlamentario de modificación del Estatuto de los Trabajadores que sea coherente -y el señor Olabarría con su conocimiento a fondo del derecho del trabajo ha sabido expresarlo muy claramente- corresponde también a los compromisos internacionales asumidos por el Estado español, y de manera muy significativa por la Carta Social Europea. Todo ello nos lleva a que podríamos tomar hoy en consideración esta iniciativa sin poner en riesgo absolutamente nada, con la convicción de que estamos en el inicio de esta legislatura y que podríamos acompasar la tramitación de esta proposición de ley al ritmo de la propia evolución de la economía.
Convergència i Unió se siente muy cómoda en la defensa de esta iniciativa.


Comprendemos la incomodidad que va a tener doña Isabel López i Chamosa, que va a tener que confrontar su intervención con la de su compañera del Partido Socialista de Cataluña, y dado el recorrido de activismo y de compromiso sindical de la señora López i Chamosa, que creo que todo el mundo en la Cámara conoce y respeta, estoy seguro de que a ella le va a saber especialmente mal que hoy no se tome en consideración esta iniciativa, porque recordará conmigo que en esta Cámara tenemos un buen recuerdo de otra iniciativa que la UGT de Cataluña nos planteó en el periodo 1996/2000, como fue la equiparación salarial de los trabajadores cedidos de las empresas de trabajo temporal al sueldo de los trabajadores de la empresa donde estas personas se incorporaban. Aquella fue una iniciativa de la UGT de Cataluña que también inició su tramitación como proposición de ley defendida por el Parlament de Catalunya, que en el Congreso lideró el Grupo Parlamentario Socialista, con la que tuvo también que lidiar la señora López i Chamosa y que terminó con una modificación de la Ley de ETT del año 1994 que permitió equiparar ese sueldo. Hoy esta buena iniciativa de Avalot, de la UGT, no va a tener ese final positivo que tuvo aquella otra iniciativa, y mi grupo lo lamenta, porque en general la UGT de Catalunya acostumbra a hacer propuestas razonables y razonadas que han permitido mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Mi grupo, insisto, lo lamenta, pero estamos convencidos, señoras diputadas del Parlament de Catalunya, de que el debate que hoy nos han planteado ustedes va a permitir a esta Cámara intentar avanzar en próximas ocasiones en ese compromiso que marca la Carta Social Europea. Su esfuerzo habrá valido la pena.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.


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Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la diputada señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señora presidenta.


Señoras representantes del Parlamento de Cataluña, bienvenidas al Congreso de los Diputados. Señorías, esta proposición de ley que nos trae el Parlamento de Cataluña dignamente representado por SS.SS. a juicio del Grupo Parlamentario Popular -y solamente con decir que se aprobó en el año 2005 creo que queda entendido- es en este momento inoportuno, improcedente e incoherente, y voy a intentar justificarlo. Personalmente y desde mi grupo creemos que lo mejor hubiera sido que lo hubieran retirado, y sinceramente con la que está cayendo hubiera sido lo más razonable. ¿Por qué? Porque yo y mi grupo podríamos estar de acuerdo en muchas de las cosas que se han planteado aquí de fondo, pero yo no voy a entrar hoy en ese debate. Podría estar de acuerdo con muchas de las cosas de fondo que ha dicho brillantemente el señor Olabarría o que ha dicho el representante de Convergència i Unió, señor Campuzano, pero es que entiendo que, siendo improcedente, inoportuno e incoherente, no merece la pena entrar en el fondo de la cuestión porque estamos en este momento en la toma en consideración, y por tanto me voy a ceñir a ella.


Se nos trae nada menos que la reforma del Estatuto de los Trabajadores, que es el alma mater, es la constitución de las relaciones laborales, y se nos trae unilateralmente, sin haber pasado por una mesa de diálogo social. Ya le hemos dicho al señor ministro en Comisión, y le hemos hecho una pregunta desde mi grupo, que tuve el honor de formular, cuál era la posición del Gobierno respecto a la necesidad de modificar el Estatuto de los Trabajadores, pero de modificarlo en serio, en profundidad para hacer un alma mater de las relaciones laborales, acorde con los tiempos, acorde con las necesidades del mercado de trabajo actual, pero hacerlo unilateralmente, al margen de los acuerdos de los agentes sociales, que son los que han de vivir dentro de ese contexto, nos parece bastante irrespetuoso. En segundo lugar, y más importante, señorías, es inoportuno e incoherente con la que está cayendo. Yo insisto en que puedo estar de acuerdo con todos los planteamientos sociales. Tenemos un salario mínimo interprofesional en este momento, con todas las carencias que quieran, de 624 euros, pero evidentemente tenemos una situación económica y social en la que el incremento de parados va en torno a los 200.000 por mes, 5.000 ó 6.000 diarios; tenemos casi 4 millones de parados, según Eurostat el 14,8 por ciento, y no quiero referirme a los datos que hoy ha dado Funcas que nos ponen a todos a temblar en los que ya se empieza a hablar hasta de un 20 por ciento de paro para nuestro país; más de 200.000 autónomos que todavía no tienen ninguna cobertura social; un millón de personas largo que no cobran ninguna prestación, y que el Gobierno ya ha contestado en esta Cámara que efectivamente existe el salario de inserción a cargo de las comunidades autónomas, con una financiación autonómica aún sin solucionar, que por cierto fue un debate apasionado y parecía que todo el mundo tenía que ir a la Moncloa en Navidad a comerse el turrón, aunque no se ha vuelto a hablar más de la financiación autonómica, pero se les carga a las comunidades autónomas a los parados sin cobertura.


Señorías, también se acaban de levantar de la mesa de negociación colectiva los agentes sociales sin acuerdo para la subida de este año en la negociación colectiva, y eso afecta no al 0,8 o al uno por ciento a que afecta el salario mínimo interprofesional, sino a millones de trabajadores, señorías, y no ha habido acuerdo en ese asunto, porque la situación económica y la situación social es muy conflictiva. Por tanto, señorías, insisto en que, sin entrar en el fondo del debate, que podríamos hacerlo si hubiera otro contexto general, creemos que este debe ser un tema de la mesa del diálogo social. Y si el Gobierno no asume sus responsabilidades para regular cuestiones necesarias e importantes que debería estar asumiendo, en ausencia de acuerdos de los agentes sociales, para frenar la sangría de la destrucción de empleo, entiendo perfectamente que no vaya a aceptar hoy esta propuesta. También entiendo la incoherencia -y lo lamento, señoría- entre la posición del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña y del Grupo Socialista en el Congreso. Realmente se manifiestan como dos partidos diferentes con dos posturas absolutamente antagónicas. Comprendo la posición de Convergència i Unió que muchas veces trae aquí para resolver esta crisis económica propuestas muy razonables y acordes con las que reiteradamente propone el Grupo Parlamentario Popular. Pese a lo que diga el Gobierno, constantemente estamos arrimando el hombro -aparte de lo que diga la vicepresidenta, que es su obligación- y defendiendo propuestas desde esta tribuna, y sin embargo hoy no podemos coincidir. Entiendo que se ven cogidos -lo ha dicho muy bien el señor Campuzano- por su voto y lo celebro porque a veces la incoherencia es también un valor entendible.


Señorías, insisto en que no es bueno traer aquí esta reforma al margen de los agentes sociales por mucho que lo haya propuesto UGT; UGT no es el todo en el diálogo social ni en los agentes sociales. Sinceramente, creo que en este momento los agentes sociales entenderán la posición del Grupo Parlamentario Popular, que no entremos en el fondo de este debate cuando cada día tenemos millones de parados, cuando tenemos miles de ERE que se están negociando en las empresas, cuando hay ya pactos en las empresas que están acordando con sentido de responsabilidad entre sus trabajadores y los empresarios la congelación salarial para sobrevivir porque saben que eso puede evitar que se despida a compañeros o, en algunos casos, a más compañeros. Debemos ser responsables en uno momento tan grave y serio como el actual. Propongamos medidas que frenen el desempleo y el incremento del paro, que poco a poco puedan mejorar el empleo. Hay muchas cosas por hacer en fiscalidad, en energía, en formación, en materia social y en tantas y

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tantas cosas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Todo para mejorar los pésimos datos que mes a mes nos colocan -eso sí, señorías- a la cabeza de Europa. Nos queremos colocar en el salario mínimo.
Coloquémonos primero en el número de parados, donde estamos a la cabeza de Europa. Nueve de cada diez parados europeos son españoles. En eso sí que el Partido Popular quiere homologarse con Europa, rompiendo esa sangría de pérdida de puestos de trabajo.


Señorías, el Partido Popular no va a entrar en el fondo de este asunto porque no es serio en este momento entrar en un debate que no toca.
Sinceramente, señores socialistas, pueden recurrir al debate fácil, a la retórica y al pasado, pero a mí y a mi grupo nos preocupa el presente y el futuro. Para poder abordar la propuesta que hoy nos traen desde el Parlamento de Cataluña tenemos que arreglar el presente y despejar el futuro. Entonces, señorías, todos tendremos la obligación de entrar en el debate que hoy se nos propone.


Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.


Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, señorías, en primer lugar permítanme darle la bienvenida a las tres compañeras del Parlament de Catalunya. Debemos felicitarnos de que sean tres mujeres en estas fechas cuando estamos celebrando todavía el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y trabajadoras somos todas. En segundo lugar, quiero dar la bienvenida también al secretario general responsable de l´Avalot, de los jóvenes de UGT de Cataluña porque, como bien han recordado aquí, de ellos parte la iniciativa que recogió firmas que los grupos parlamentarios plasmaron. Me van a permitir que les aclare algunas cosas. Seguramente que nadie como yo tendría tantas ganas de subir el salario mínimo al 60 por ciento del salario medio real. Nadie. Igual que yo, seguro, pero más que yo no. He de decir que los sindicalistas somos gente muy pragmática y sabemos trabajar con el momento y con las herramientas que nos tocan en cada momento. Decía aquí una portavoz recientemente que hay empresas. Los trabajadores de la SEAT en estos momentos se están planteando congelar salarios a cambio de que la empresa traiga una furgoneta a Martorell, a Barcelona. Es un ejemplo de pragmatismo, que es lo que yo voy a hacer hoy aquí.


Le agradezco al señor Campuzano lo que ha dicho aquí de mí, pero puedo asegurarle que lo que voy a decir no lo digo por circunstancias sino con pleno convencimiento. Podría haberle pedido a algún compañero que hiciera esta intervención, pero he querido hacerla yo expresamente porque sé que mis compañeros de la UGT, de l´Avalot, entenderán que en el momento que estamos viviendo lanzar a la mediana y pequeña empresa el mensaje de que le vamos a subir el salario mínimo a 1.019 euros generaría una alarma importante. Tiene usted razón, señor Campuzano, lo tomaríamos en consideración, ¿pero se acuerda de lo que hicimos hace año y medio con las viudas? Tomamos en consideración hablar del 70 por ciento, y les dije a las que estaban en la tribuna: No se hagan ilusiones porque en enero no cobrarán el 70. Hay una frase que siempre digo y, hasta que me han corregido un par de compañeros, siempre he pensado que era de Pablo Iglesias, pero resulta que es de Largo Caballero: A los trabajadores hay que decirles la verdad aunque no les guste. Esto es lo primero que aprendí en el sindicato. (Aplausos.) Hay que decirles que creemos en esta iniciativa, pero no creemos que sea el momento adecuado por la situación que tenemos. Aprovecho también para decirle a la portavoz CiU del Parlament que le agradezco muchísimo que se preocupe por que el PSC cumpla su programa electoral, pero no se lo ha leído. Nuestro programa electoral habla de subir el salario mínimo al final de esta legislatura a 800 euros, y lo vamos a realizar. Acabaremos esta legislatura con 800 euros. (Aplausos.) Señora portavoz de CiU la conozco y sé que es usted tan nacionalista hoy como en el año 1996, pero de 1996 a 2004 gobernaron con el Partido Popular y subieron el salario mínimo en ocho años el 15,7; 52 euros. Y ahora que gobierna el Partido Socialista de 2004 a 2009, 39 por ciento de aumento; 157 euros. Siga manteniéndose nacionalista que yo seguiré siendo socialista. También les agradezco la situación con mi compañera Montse. Si analizan el discurso comprobarán que hemos hablado de lo mismo. Estamos a favor de esta iniciativa, pero no es este el momento adecuado. La responsabilidad se ve cuando hay que decirle a la gente aquello que le gusta y aquello que no le gusta. Y este es un momento delicado para ayudar a nuestras empresas. ¿Dónde está el espíritu de CiU de la pequeña y mediana empresa? ¿Dónde está el espíritu de decir que tenemos que salvar la pequeña empresa y adoptar medidas? Hagan una encuesta entre la pequeña y mediana empresa, entre el 95 por ciento de las empresas que hay en este país, a ver si están de acuerdo en que es o no el momento adecuado. También estarían de acuerdo en lo siguiente.
¡Claro que tenemos que subir el salario mínimo a los trabajadores!. Pero he de decirle al señor Olabarría que cuando hicimos el decreto y el compromiso de subir el salario mínimo, separamos las cotizaciones sociales; ciertas políticas sociales se relacionan con Iprem pero no con el salario mínimo. El salario mínimo -por eso lo vamos incrementando- es para los trabajadores en activo y se toma en consideración para otra cosa muy importante en este momento, para el desempleo. Ustedes me dirán que sería muy interesante que ahora subiéramos el salario mínimo para referenciarlo en el desempleo. Pues, no, señorías. Nosotros tenemos el compromiso con todo trabajador que quede en desempleo de que va a cobrar el desempleo y de que se lo vamos a pagar aunque haya que hacer ampliación de presupuesto cada mes, pero lo que no podemos decir es que además le vamos a subir la cuantía del desempleo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer aquello que decimos que vamos a hacer. (Risas.)

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Ríanse lo que quieran pero en nuestro programa electoral de 2008 no constaba que el salario mínimo fuera el 60 por ciento del salario medio, figuraba subirlo a 800 euros y reconocerán conmigo que en Cataluña casi hemos tenido más votos que los demás partidos juntos y en el resto de España somos mayoría. Señorías, nos han votado sabiendo lo que votaban.
Los trabajadores de UGT saben que nosotros queríamos subir el salario mínimo en esta legislatura a 800 euros y si no estuviéramos en la situación en la que estamos podríamos tomar esta iniciativa en consideración y ponerla en el tiempo en años diversos a este nivel, pero no queremos lanzar ese mensaje. Queremos lanzar el mensaje de que hay que generar confianza, que hay que generar empleo y que hay que arrimar el hombro y arrimar el hombro también es hacer esto que hoy vamos a hacer aquí todos juntos.


Con todo convencimiento les digo a mis compañeros de l´Avalot y de UGT de Catalunya que cumpliremos los 800 euros al final de esta legislatura y en la próxima lo alcanzaremos. Tengan la seguridad de que lo alcanzaremos porque los ciudadanos sabrán reconocer a los que arriman el hombro, les dicen las verdades, les dicen lo que hay que hacer. Porque cuando hay que tomar el timón y tirar del carro, se coge el timón y se tira del carro y cuando haya que ir en coche cuesta abajo porque va mejor, iremos pero ahora es el momento de tirar para que este país salga de la crisis, salgan en buenas condiciones y todo el mundo tenga la protección social que queremos que tenga.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López i Chamosa.


Señorías, se encuentra en la tribuna de honor del Congreso de los Diputados el señor presidente de la República de Serbia, a quien damos la bienvenida y le mostramos nuestro saludo más afectuoso. (Aplausos.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000051.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al II punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre disponibilidad de la propia vida, con carácter de ley orgánica.


Tiene la palabra para defender la iniciativa don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para presentar de nuevo -no es la primera vez- una proposición de ley sobre la disponibilidad de la propia vida.


En 2009 en España el caso Eluana Englaro también es posible, como lo ha sido hace muy poco tiempo el caso Leganés en 2005, a pesar de que la sedación terminal es totalmente legal, y como ha sido posible el caso Inmaculada Echevarría en relación con la limitación del esfuerzo terapéutico no hace mucho tiempo. A pesar de la ley, basta con una denuncia interesada, con la injerencia de un Gobierno y con el dogmatismo religioso. Esta mezcla explosiva puede convertir el reconocimiento legal en un calvario para quien lo padece. Tan solo por eso esta iniciativa sería necesaria, porque podría contribuir a despejar las dudas y las intervenciones que existen en relación con el actual marco legal. En nuestra opinión, es necesario ir más allá en el marco legal y culminar una deuda pendiente de las instituciones parlamentarias en relación con la muerte digna. Digo deuda pendiente porque esta institución parlamentaria fue la que promovió la creación de una Comisión especial en la VI Legislatura; Comisión que hizo una serie de recomendaciones y de conclusiones que han sido ignoradas por parte del Congreso de los Diputados. Esta Comisión especial del Senado constató que el 67 por ciento de los ciudadanos es partidario de la regulación de la eutanasia y del suicidio asistido. La encuesta entre los profesionales venía a decir prácticamente lo mismo, reflejaba el mismo apoyo mayoritario a la regulación de esta materia a favor de la muerte digna. Pero decía algo más, unos datos que nos parecen significativos. En primer lugar, reconocía que la eutanasia y el suicidio asistido ya existen en España; existen, eso sí, en condiciones de clandestinidad, pero existen. En segundo lugar, los profesionales de la salud decían que los cuidados paliativos no son sustitutivos del suicidio asistido ni de la muerte digna, sino complementarios. En tercer lugar, de manera mayoritaria los propios profesionales aprobarían la despenalización de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.


Que en España y en el mundo se muere mal es un hecho que recogen los pocos estudios que existen sobre la calidad de la muerte. También puede haber muerte digna y muerte con dolor, muerte en situación de indignidad. Pero en España no todos los enfermos mueren mal. Se calcula que tiene condiciones de cuidados paliativos y de asistencia idónea tan solo uno de cada cuatro pacientes y tiene esas condiciones porque cada vez existe mayor sensibilidad y mayor compromiso profesional; un compromiso profesional y unos esfuerzos que desgraciadamente a veces se estrellan contra obstáculos como la infamia recientemente sufrida en relación con las sedaciones en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. El resultado es que hoy se muere en condiciones más adecuadas pero dependiendo del médico, del hospital y

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también diría que de la Administración sanitaria que te toque; una situación injusta e inadmisible. La regulación de la eutanasia, darle otra vuelta a la legislación en esta materia es imprescindible porque no solamente beneficiaría al mínimo porcentaje que recurriría a esta última medida sino a todos. En primer lugar, aportaría al enfermo terminal seguridad, sensación de control y mayor serenidad para soportar ese último tramo, pero además resolvería el absurdo debate que aún hoy tenemos entre dejar morir y ayudar a morir, entre la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. Favorecería una visión más amplia y menos restrictiva de la sedación paliativa y de la limitación del esfuerzo terapéutico y, por otra parte, haría que los cuidados paliativos fueran no solamente un eufemismo frente a la eutanasia sino también una realidad como condición previa inexcusable para tramitar cualquier solicitud en relación con la muerte digna.


Señorías, ¿por qué la decisión de morir dignamente, considerada por la gran mayoría de los ciudadanos como respetable, sigue llevándose a cabo de manera arbitraria, dependiendo de los medios de que uno disponga, de los médicos y de la Administración sanitaria, sin ningún tipo de regulación y en la clandestinidad? ¿No será que la penalización en vez de evitar que mueran les condena a morir en soledad? Les daré un dato, señorías. Es llamativo que donde existe regulación de la muerte digna haya disminuido la tasa de suicidio por causa física en los ancianos, algo que debería hacernos reflexionar. Señorías, lo que justifica a veces la posición contra la eutanasia es una creencia: la de la santidad e inviolabilidad de la vida, respetable como posición personal pero que no puede convertirse en un objetivo profesional, mucho menos tratar de convertirse en el único criterio de verdad en términos de derecho constitucional, y aún menos aplicarse a todos por igual.


Existen algunos argumentos para descalificar la utilización de estas medidas -la existencia de la muerte digna en nuestro país- por comparación con otros países. Uno de los argumentos es la denominada pendiente deslizante de la que se ha hablado con respecto a la eutanasia en Holanda. Quiero desmentirla en su totalidad. En primer lugar, en Holanda no ha aumentado la práctica de la eutanasia. Tenemos los datos: en 1990, 1,9 por ciento; y en 2005, 1,7 por ciento. ¿Hay más muertes sin consentimiento antes o después de la despenalización de la eutanasia? Hay menos: 0,9 por ciento en 1990; 0,4 por ciento en 2005. ¿Existen grupos vulnerables o socialmente desfavorecidos? No; los datos son tozudos y concluyentes. Los grupos son muy concretos y en situaciones muy definidas. Por tanto, la pendiente resbaladiza no existe. La regulación en este caso aporta luz y taquígrafos a la muerte. Por ejemplo, en nuestro país no existe ningún estudio -por mucho que lo hayan reclamado recientemente una serie de organizaciones en Santander- sobre esta materia tan necesaria. Los defensores de la santidad de la vida se oponen a la muerte digna porque no confían en la libertad del ciudadano para gobernarse, confundiendo el delito con el pecado. Utilizan un último argumento, el argumento de la coartada paliativa. Digo coartada paliativa porque -repito- los cuidados paliativos no solo son el antídoto de la eutanasia, no lo son; sino que ambos -cuidados paliativos y muerte digna- se complementan como herramientas para facilitar ese último tramo de la vida.


Por último, nos encontramos ante una contradicción legislativa que quiero resaltar, y que tiene que ver con el caso Leganés y con el caso Eluana, al que me he referido en la intervención inicial. La actual legislación -que se defenderá seguramente desde este estrado- reconoce el derecho a rechazar cualquier tratamiento al alivio del sufrimiento y a la sedación paliativa. Pero la lex artis, basándose en una restrictiva interpretación del Código Penal, impide que algunas de estas decisiones, que son legales, se respeten. Por ejemplo, en el caso Inmaculada Echevarría, su muerte voluntaria fue posible porque rechazó el ventilador que la mantenía con vida. De no haber estado con ventilador, ella misma habría tenido que tomar la decisión de dejar de comer, de beber o de rechazar la alimentación e hidratación artificial. ¿Les suena de algo? ¿Les suena al caso Eluana? El mismo caso, de nuevo, otra vez: el caso Eluana y el caso Leganés. Proponemos en esta iniciativa la elaboración una ley o proyecto de ley que defina una propuesta de muerte digna, en primer lugar, sobre los requisitos que son necesarios; en segundo lugar, sobre la objeción de conciencia en esta materia; en tercer lugar, sobre una decisión autónoma que debe ser clara y definida por parte del ciudadano o del paciente; y en cuarto lugar, la tutela o segunda instancia que garantice plenamente esta decisión. Por lo tanto, es una propuesta que hacemos de reflexión sosegada, responsable y seria, como plantea el propio manifiesto reciente de Santander de profesionales en esta materia.


Señorías, mañana se cumplen cuatro años desde el caso Leganés. Grandes rechazos públicos, lamentaciones por la inaplicación de la ley, y finalmente todo quedó en nada. Las medidas adoptadas han sido medidas ejecutivas frente a aquellas personas que solamente aplicaban la ley.
Pues bien, es el momento de que esta Cámara aborde este tema con seriedad, con reflexión, con seriedad, y la modificación legal, también con seriedad. Se lo debemos a los profesionales y a los ciudadanos que quieren disfrutar plenamente de su autonomía, incluso en un momento tan difícil como es el último, el momento de la muerte.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


¿Desea algún grupo parlamentario utilizar el turno en contra en vez del de fijación de posición? (Pausa.) Puede usarlo, señor Cervera.


El señor CERVERA SOTO: Gracias, señor presidente.


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Señorías, terminaba su intervención el señor Llamazares apelando a la seriedad con la que debemos considerar este asunto -este y, diría yo, todos los que trabajamos en este Parlamento-, pero precisamente tratar este asunto con seriedad significa como primera providencia saber desde qué plano lo debemos entender. Podemos entender este tema desde el oportunismo político; podemos entenderlo desde la cercanía humana y personal a los casos que, lindantes con estas cuestiones, se presentan en los medios de comunicación o podemos darle una consideración adaptada estrictamente a lo que propone la proposición de ley, que en este caso comienza por solicitar una modificación de nuestro Código Penal. Me permitirán que, para iniciar esta intervención, haga un análisis de orden estrictamente jurídico sobre lo que significa la propuesta que aquí tenemos.


Esta proposición ignora la jurisprudencia europea y constitucional en la materia. En general, podemos decir -y esta sería una interpretación un tanto subjetiva- que no solamente no respeta lo previsto en nuestra Constitución, sino que además hay abundante jurisprudencia de nuestro alto tribunal en la que se establece que no es válido el principio que ilustra la propuesta que nos trae el señor Llamazares. Podemos recordar dos sentencias fundamentales. En la sentencia 120/1990, relativa a una huelga de hambre de unos presos de un grupo terrorista, el tribunal declaró que el derecho a la vida está protegido por el artículo 15 de la Constitución, pero con un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya la propia muerte. En doctrina compatible, similar, consecuente, la de la sentencia 154/2002, se ha insistido precisamente en que el valor constitucional objetivo de la vida es un valor superior del ordenamiento jurídico-constitucional y un presupuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. A la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entendemos que no existe el derecho a la muerte y que la privación de la propia vida o la aceptación de la propia muerte no es, como pretende lo que se nos plantea, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de pedir apoyo del poder político.


De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se puede extraer además, de manera clara, que la fuerza del valor de la vida como bien jurídico a garantizar por los poderes públicos es en algunos casos limitable, pero siempre preponderante sobre cualquier otra circunstancia. Esto que dice nuestro alto tribunal es algo que también está inmerso en la doctrina emanada del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que ha sostenido que el reconocimiento del derecho a la vida no incluye el derecho de disponer de ella, lo cual es especialmente importante para nosotros por la eficacia interpretativa que tiene en sentencias como las que antes cite. Por tanto, hay que empezar por reconocer desde el plano jurídico que ni la eutanasia ni el suicidio asistido se encuentran amparados en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, como el propio Tribunal Europeo ha declarado en reiteradas sentencias.


Señor Llamazares, el plano de la seriedad exigido en este asunto es también el plano de la precisión terminológica. Aquí no vale mezclar cuestiones como los cuidados paliativos o la dignidad de la muerte con cuestiones que lindan con la referida estrictamente a nuestro Código Penal. El Tribunal Constitucional ha tratado jurídicamente el suicidio en diversas sentencias y ocasiones. El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que la decisión libre y consciente de una persona en plenitud de sus facultades psíquicas y al margen de cualquier presión externa de poner fin a su vida no se ve castigada o impedida por el propio derecho.
Por tanto, podemos decir que, evidentemente, en nuestro país el suicidio no está penado. Lo que el Tribunal Constitucional dice es que el suicidio no es un ilícito, pero esto no significa que sea un derecho subjetivo porque no es posible admitir -y estoy citando textualmente jurisprudencia del Tribunal Constitucional- que la Constitución garantice, precisamente en su artículo 15, el derecho a la propia muerte. Por tanto, el suicido no sería una conducta ni jurídica ni antijurídica, sino más bien ajurídica, sobre la que el derecho no tendría nada que decir, salvo -y esto es importante en este caso- para castigar o no en su caso las formas de participación en él de terceros. No existe, por tanto, señor Llamazares, un derecho al suicidio, aunque exista un determinado espacio de libertad para morir, como ahora veremos.


Lo que la proposición nos está planteando no es otra cosa que la despenalización de la conducta de quien propicie la muerte de otra persona mediante actos necesarios de cooperación activa. Una cosa es que el suicidio no esté penado y otra que la intervención de ese tercero sea la que efectivamente acabe causando la muerte. En este caso, aunque no esté penado el suicidio, el Tribunal Constitucional delimita completamente la autonomía de la voluntad, restringiéndola a ese marco de actuación del titular del bien jurídico de la vida respecto de las actuaciones de terceros. Por tanto, aunque un paciente estuviera impedido para realizar una acción positiva que causara su propia muerte, su petición de ayuda para que interviniese en la misma el médico de cabecera o un tercero sería, según el Tribunal Constitucional, claramente contraria a derecho. No existe en consecuencia, señorías, ningún título que justifique la intervención del Estado ni el amparo, por tanto, de la legislación en la supuesta libertad de una persona para morir, porque la vida, a diferencia de la propiedad, es un derecho de carácter personalísimo.


Sin embargo, saben ustedes -y también lo citaba el proponente- que hay circunstancias, tal vez cada vez más frecuentes en la práctica clínica debido a la complejidad de los actos terapéuticos, que efectivamente nos sitúan en determinados límites en los cuales tanto desde la bioética como desde la legislación positiva podemos tomar determinados partidos. Cabe distinguir los supuestos en los que un paciente en una situación terminal

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concreta, en la cual no existe ninguna obligación del Estado o de terceros para alargarles la vida utilizando medios desproporcionados en contra de la voluntad, quiera expresar precisamente lo que le viene otorgado por el principio de autonomía del paciente en un trance como el que podemos considerar. Así pues, efectivamente, sí que podemos hablar de un derecho fundamental indiscutible a una muerte digna, tal y como antes comentaba el proponente, este sí, amparado en la Constitución española en los artículos 10.1, 15, 16.1 ó 17, pero esta interpretación no es la que plantea mayores problemas en la doctrina habitual, en los distintos casos, ya que en la jurisprudencia está perfectamente reconocida, con los mínimos acuerdos suficientes para esta materia. Para nosotros, en estas cuestiones que ya están consideradas en el espacio de nuestro actual Código Penal la praxis médica se puede mover con absoluta seguridad. Es muy importante, por tanto, señor Llamazares, distinguir con rigor los términos. No es lo mismo la eutanasia activa directa, que la eutanasia activa indirecta o la eutanasia pasiva. Lo que está usted planteando en su proposición de ley es precisamente la despenalización de la eutanasia activa y directa, y esta no es solamente una medida que nosotros consideramos enormemente inoportuna e inconveniente por ser contraria al interés general, sino que además es una medida que tal y como usted la plantea desprotegería la vida en determinados supuesto y, por tanto, es claramente inconstitucional.


Para nosotros, el artículo 143.4 de nuestro Código Penal satisface plenamente las necesidades existentes en este ámbito y da una perfecta manera de entender y considerar el ámbito de los cuidados paliativos y de las decisiones del paciente en el ámbito de eso que se denominaba como la muerte digna, pero hay que tener muy claro -esta es una concepción terminológica fundamental de la que no podemos escapar en este debate- que no es de ninguna manera lo mismo la ayuda en el morir que la ayuda a morir y, por tanto, la producción intencionada de la muerte o, en su caso, la cooperación activa a ella en las condiciones que se describen en su proposición.


La eutanasia activa indirecta se refiere al suministro de analgésicos que colateralmente pueden originar una anticipación del fallecimiento, lo cual no solamente es una actuación que está perfectamente al alcance de la praxis cotidiana de nuestra sanidad y de los sanitarios encargados de atender a este tipo de pacientes terminales, sino que además tiene perfecto encaje y perfecto amparo en el Código Penal, como antes cité. La eutanasia pasiva, en cambio, tal vez más frecuente y problemática que la activa indirecta, consiste en la interrupción o no iniciación de un tratamiento que, aunque podría retrasar el momento del fallecimiento, no proporciona en ningún caso unas condiciones de mínima calidad vital y es también una conducta jurídicamente atípica. En cuanto al consentimiento informado propio del paciente, la opinión mayoritaria considera que precisamente es suficiente la opinión y la expresión de esa voluntad por parte del paciente para que esa actuación no se considere dentro de ningún caso punible en nuestro ordenamiento.


Aparte de estas cuestiones de orden conceptual y jurídico, quisiera dedicar la última parte de esta intervención a hablar de lo que en la realidad cotidiana ocurre dentro de nuestro ámbito sanitario. ¿Es la que describía el señor Llamazares la realidad de nuestro entramado sanitario, la realidad que podemos ver a pie de cama o en las unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales? ¿Es la realidad lo que el señor Llamazares describía en las encuestas que citaba o realmente este asunto, dado que tiene un calado de orden legislativo y de orden político, tiene que tener otro tipo de consideración?

Señor Llamazares, usted ha cometido el enorme error de mezclar los cuidados paliativos, una actividad que para nosotros deber ser fomentada dentro de nuestro ámbito asistencial, con lo que planteaba estrictamente su proposición, que no es otra cosa que la ayuda al suicidio. El grupo proponente, señor Llamazares, al que usted representa como portavoz, insiste una vez más en impulsar un debate que no forma parte de las preocupaciones y prioridades sociales de los españoles. Es un asunto que siempre aparece con tintes oportunistas en determinados momentos de sensibilidad de la opinión pública y que tanto su grupo como, por cierto, el propio Gobierno de España, el Gobierno socialista, plantean de vez en cuando intentando tal vez empujar a toda la sociedad española hacia determinadas posturas que solo son compartidas por unos pocos. Esta es la estrategia del maceramiento, la estrategia de mezclar conceptos, de mezclar aspectos legales y aspectos de sensibilidad humana intentando, sin duda alguna, que la opinión pública acepte como cuestión sencilla y como cuestión políticamente aceptable cosas que son realmente complejas, como estamos intentando argumentar. Entendemos que no existe una demanda social, pero sí existe una sensibilidad social para con estos temas, y una sensibilidad social, no lo olvidemos, en muchos casos condicionada precisamente por la desconfianza que genera en la ciudadanía la posible habilitación legal, es decir, la despenalización que usted está proponiendo de la muerte voluntaria por parte de un tercero. Desde luego, esta es para nosotros una línea que nunca debemos ni podemos sobrepasar.


Señorías, este asunto se presta a la simplificación y a la tergiversación terminológica, y nosotros creemos que debajo de esto subyace un debate, el de la despenalización de la eutanasia, donde sobra la demagogia y falta la pedagogía y el rigor conceptual. Por tanto, lo contemplamos con preocupación; preocupación por ver cómo tanto desde la izquierda como por parte del propio Gobierno se mezclan los conceptos y realmente no acabamos de tener claro cuál es el modelo que ustedes pretenden sobre la materia. El ministro Bernat Soria cuando habla de estas cuestiones ejerce un auténtico abuso eufemístico. Habla de cosas que suenan muy bien en las declaraciones en los medios pero que muchos no sabemos qué tienen detrás.
El señor ministro ha hablado, por ejemplo, de unas determinadas situaciones intermedias indefinidas entre la limitación del esfuerzo terapéutico,

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que efectivamente forma parte de la praxis clínica no solo respetable sino amparable con toda la capacidad legal que podamos darle, y las cuestiones relativas al suicidio asistido, esa situación intermedia al que hacía alusión el señor ministro. También el señor ministro habla de que, por ejemplo, hay ciudadanos que piensan que se debe dar un paso más allá, paso más allá que tampoco se concreta y que no se establece cuál debe ser.


Por tanto, nosotros estamos planteando cosas que sí afectan a estas cuestiones de forma fundamental a los ojos de los ciudadanos.
Recientemente el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley para su debate en Comisión en la que tratamos de que se impulse la acción que el Gobierno debe liderar en materia de testamento vital y en materia de cuidados paliativos. Hoy los ciudadanos tenemos la posibilidad, amparada en una legislación que precisamente se aprobó por la acción de un gobierno del Partido Popular, de decidir sobre cómo queremos que se nos trate en los últimos momentos de nuestra vida, incluso cuando estemos incapacitados para expresar nuestras necesidades, para expresar nuestras propias decisiones. Estas instrucciones previas, que como digo se incorporan en el ordenamiento jurídico español de la mano del Gobierno del Partido Popular, son también una parte importante de lo que tiene que ser la calidad asistencial y la calidad de los cuidados en materia de cuidados paliativos. Por eso instamos al Gobierno no solo a que establezca un registro nacional de instrucciones previas sino también a que facilite de una forma más poderosa la estrategia que el país debe tener en materia de cuidados paliativos. Esta estrategia nacional de cuidados paliativos queremos que sea una de las prioridades de la acción del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, porque efectivamente es lo que puede dar solución a la consideración adecuada tanto desde el punto de vista de la calidad asistencial como desde el punto de vista, totalmente inseparable del anterior, de la ética en la praxis clínica, que es lo que los ciudadanos requieren.


Termino ya, señor presidente, diciéndoles a todos ustedes que nuestra postura además coincide con la de las principales organizaciones profesionales de nuestro país, desde luego con la organización médica colegial, y que el Partido Popular y este grupo parlamentario defienden la cultura de la vida, no la cultura de la muerte, y por eso hemos rechazado ya en nuestras declaraciones la imposición de un sistema de aborto libre, y por eso y no por otra razón es por lo que nosotros igualmente rechazamos la despenalización del suicidio asistido.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.


(El señor Llamazares Trigo pide la palabra.) Señor Llamazares tiene derecho a un turno de réplica si lo desea.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Parlamentario Popular por el tono de su intervención. Creo que ese tono ponderado, aunque no comparto los argumentos de su intervención, debería llevar necesariamente a que, si no se apoyase la tramitación de este proyecto de ley, al menos se apoyasen iniciativas para el debate sobre esta materia. Ese tono no se compadece en absoluto con la posición de voto de su grupo parlamentario y de la mayor parte de los grupos parlamentarios de la Cámara, porque no es que en este caso veamos cómo se rechaza nuevamente una iniciativa legal en relación con la muerte digna, es que ustedes han rechazado todas y cada una de las iniciativas para debatir sobre la muerte digna, sobre el último tramo de la vida, para debatir cómo se está haciendo por parte de las instituciones sanitarias, para debatir la eficacia o no del actual tratamiento legal y para debatir posibles modificaciones. Ustedes se han opuesto prácticamente a todo. Por tanto, agradezco el tono pero echo de menos una cierta coherencia entre ese tono mesurado y una posición más abierta al debate. Nos gustaría que estos argumentos los pudiéramos contrastar en la Comisión o en la Subcomisión parlamentaria al efecto, pero da la impresión de que ustedes solamente tienen algunos argumentos para utilizar en el plenario y no quieren entrar en un debate a fondo en el Congreso de los Diputados. Tengo que lamentarlo en el caso del Grupo Parlamentario Popular, pero también en el caso de otros grupos de la Cámara que incluso han incluido esta iniciativa de debate sobre esta materia en su propio programa electoral y que ahora, porque no toca, porque no hay condiciones, no quieren saber nada de ello. Vuelvo a reiterar que, si bien el Grupo Parlamentario Popular considera que esta no es una materia de sensibilidad social, esa posición no se compadece con los datos de las encuestas. Las encuestas del CIS, que han venido siendo reiteradas sobre esta materia, demuestran que la mayoría de la sociedad española considera que la actual regulación es insuficiente y apuesta por una nueva regulación que permita, que facilite la muerte digna y el suicidio asistido. Eso es así en las encuestas, por mucho que ustedes digan que no es una demanda social; desde luego, no hay manifestaciones en las calles, pero sí hay opinión y sensibilidad social en esta materia.


Por otra parte y en relación con las organizaciones profesionales, seguramente hay para todo en esta materia, pero le vuelvo a comunicar las conclusiones del Senado de las cuales le doy un dato: las organizaciones profesionales no solamente decían que ya había eutanasia en nuestro país pero sin garantías, es decir en la clandestinidad, sino que además el 20 por ciento de los pacientes que morían habían planteado alguna vez a su médico, a su sanitario, la necesidad de ser ayudados y apoyados en el trance de la muerte. Ese planteamiento me parece necesario hacerlo.


Termino con respecto a los argumentos jurídicos. Nosotros no tenemos la misma visión sobre la jurisprudencia

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constitucional. La conexión entre el artículo 15 y el artículo 10 en nuestra opinión antepone la dignidad de la muerte y que la vida no es un deber sino, en definitiva, una libertad y un derecho. Y con respecto a nuestro propio Código Penal, ahí se demuestra que ese planteamiento no es absoluto. De hecho, nuestro Código Penal conceptúa un criterio desde 1995 por el cual la ayuda a morir significa una penalización, pero una penalización de un grado mucho menor que lo que podría ser la participación o coparticipación en un homicidio. Por lo tanto, valoro su intervención; creo que ha sido sosegada y que podría permitir un debate en el seno del Parlamento. Desgraciadamente, no se concilia con el voto del Grupo Parlamentario Popular, pero en todo caso mi grupo parlamentario considera que sigue siendo necesario regular esta materia y que no hay argumentos jurídicos ni en nuestro propio país ni fuera de él que vayan en su contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Bloque Nacionalista Galego, como no podía ser menos puesto que ya lo hicimos en otras ocasiones, se va a posicionar favorablemente en esta proposición de ley que acaba de defender el señor Llamazares, y lo hacemos atendiendo a diferentes razonamientos; entre ellos, el proceso evolutivo de la historia y de la sociedad en la cuestión del suicidio, pero sobre todo atendiendo también a una realidad actual que vemos reflejada en muchísimas ocasiones en los casos dramáticos que representan aquellas personas que son testimonio de determinadas situaciones, que solicitan la colaboración, la participación que la proposición de ley, en el artículo 1, pretende que se despenalice: la cooperación activa que permita propiamente facilitar la muerte digna a aquellas personas que así lo consideren. Por lo tanto, entendemos que existe la demanda en tanto que existen estos testimonios que no son anecdóticos, sino que vienen siendo una constante. Solo faltaría que todos los días tuviéramos un testimonio de estas características. Supongo que si eso fuese así, necesariamente tendría que estar ya resuelto el problema que estamos hoy debatiendo.


Somos conscientes, señorías, de que hoy en día hablar de las conductas que están relacionadas con el suicidio en circunstancias muy especiales, de enfermedad penosa, de inconsciencia, de irreversibilidad, nos obliga efectivamente a plantearnos el problema de la muerte asistida, de la muerte digna y la colaboración que las autoridades médicas pueden prestar en esta cuestión, siempre lógicamente respetando la voluntad fundamental: la libertad de la voluntad de los pacientes, de los enfermos; en definitiva, de las personas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) No vemos afortunadamente nada anticonstitucional, incluso con los límites de la Constitución española, en el planteamiento que se hace en esta proposición de ley, porque la Constitución española siempre está remarcando el criterio de la libertad individual, el criterio de la dignidad, el criterio en todo caso de la realización de la persona y del derecho a la propia vida en unas condiciones de aceptabilidad. Por lo tanto, si llega un momento o unas circunstancias en que por los motivos que perfectamente circunscribe esta proposición de ley los sujetos, las personas, que son dueñas de su vida, quieren dejar de existir y necesitan alguna ayuda de terceros, lo lógico es recurrir a la reforma del Código Penal, a la despenalización de aquellos que puedan cooperar activamente mediante actos necesarios para facilitar la muerte de terceros. Incluso se debe modificar la Ley General de Sanidad o la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, para que efectivamente se puedan poner las circunstancias de todas las personas a la altura de un Estado que debe reunir las siguientes características: respeto por la libertad individual, respeto al derecho a vivir una vida digna y concepción de un mundo laico no confesional. Así cerraríamos un círculo; por cierto, creemos que es necesario volver a recordar que la proposición que debatimos no obliga a aplicarse en todos los casos, sino solamente en aquellos en que consta la voluntad explícita de la persona de recurrir a esta solución de optar por la muerte porque considera que en determinadas condiciones no vale la pena seguir viviendo, o simplemente porque hay una inconsciencia total, o porque las autoridades médicas consideran que es una tortura que no conduce a ningún lado, o incluso porque existe un alargamiento de la vida solo de una forma masoquista o, lo que es peor, sádica, como vemos en muchas ocasiones por determinadas imágenes de los hospitales.


Por último, estamos convencidos de que en ocasiones, más de las que a lo mejor pueda parecer, y provocado por un sentido de la responsabilidad no exento de un sentimiento de piedad y conmiseración, en los hospitales del Estado español se está recurriendo a prácticas de eutanasia activa o pasiva, o a tácticas de abandono para que muchas personas en unas circunstancias difíciles por su enfermedad puedan terminar su vida de la manera más digna posible. Sería bueno, por tanto, hacerlo de forma consciente, legal, perfectamente prescrita y transparente. A veces los propios médicos o las propias circunstancias de un hospital conducen a situaciones que no son precisamente dignas del respeto por la vida de las personas y no querer ver esto es autoengañarnos en nombre de una especie de cinismo o de hipocresía, que estará basada no se sabe en qué derecho natural, pero sin duda en un derecho natural fundamentado más bien en una teología fundamentalista y no en la dinámica de una vida material humana.


Si una ley como la que hoy se nos propone se puede llevar a cabo y disponer de ella en nuestros hospitales, dejaríamos de vivir situaciones carnavalescas como la del Hospital de Leganés, que, como ya dijo el señor

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Llamazares, al final resultó lo que resultó, que no era nada de lo que en su momento desde la Administración, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se pretendió aplicar a estos profesionales. Esto se eliminaría con una ley que hiciera explícito reconocimiento del derecho de las personas a, en la responsabilidad de su función, actuar en determinado momento con aquellas otras a las que, a través de los cuidados paliativos o según las circunstancias en las que se encuentren, se puede ayudar en el morir.
Señor portavoz del Partido Popular, nosotros entendemos que la propuesta defendida por el señor Llamazares, que nuestro grupo también firmó en la legislatura pasada, no solamente plantea la cooperación en ayudar a morir, sino también en ayudar en el morir, porque a veces las circunstancias, aunque parezcan diferentes, son exactamente las mismas.
En todo caso, pensamos que la voluntad del paciente, la voluntad de la persona, es la que marcaría la diferencia. De ahí que volvamos a repetir que vamos a apoyar esta proposición de ley y que esperamos que se apruebe en la tarde de hoy por esta Cámara para tramitarla como corresponde, ya que entendemos que después de estar debatiendo tantos años sobre esta cuestión deberíamos seguir avanzando. El hecho de que en estos momentos exista una ley que se denomina del consentimiento informado, que en principio fue aprobada en parlamentos autonómicos y posteriormente también en el del Estado, y de que tengamos una base legislativa que nos permite lo que en este consentimiento informado se acuerda ha sido fruto de múltiples debates, pero esos debates fueron consecuencia de los testimonios de las personas que estuvieron solicitando su derecho a morir dignamente, dado que consideraban que la vida que tenían no lo era.
Quiero recordar en este momento, porque me toca de cerca, al gallego Sampedro, que marcó el principio en una lucha que siguieron después otros y que nuestro grupo político apoya, defiende y, sobre todo, respeta, una lucha por el derecho que les reconocemos a vivir con dignidad y a morir de la misma manera.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor portavoz del Partido Popular, me ha llamado la atención la firmeza de sus convicciones morales en relación con una cuestión tan vidriosa como esta; la convicción de sus posiciones jurídicas, la reinterpretación que ha hecho de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, discutible en mi opinión, muy discutible en relación con el contenido esencial del artículo 15, aunque la respeto, como hay que respetar todas las opiniones que se emiten, también de naturaleza jurídica, en esta Cámara.


Señora presidenta, yo recuerdo perfectamente una escena que podía formar parte de una película de Fellini. Ni siquiera Alberto Moravia, el gran novelista italiano, podría superar esa circunstancia. Cuando a la joven Eluana le llevaban en una ambulancia a la residencia donde iba a finalizar su vida, una serie de señoras mayores en la puerta de esa residencia se dirigían a ella nominalmente al grito de: ¡Eluana, no entres que te van a matar! Señoras que estaban ahí presentes en el legítimo ejercicio de su libertad de manifestación, pero seguramente inducidas o impulsadas por personas no lejanas a la curia vaticana y a cardenales que no estaban lejanos físicamente del lugar donde se proclamaban gritos de esta naturaleza: ¡No acudas que te van a asesinar! Eluana no pudo responder. Seguramente Eluana llevaba muerta mucho tiempo ya. Desde esta perspectiva las convicciones dogmáticas y las fundamentaciones ontológicas que se utilizan, al uso, forman parte de la ideología particular de lo que uno ha metabolizado filosóficamente sobre la cuestión de los dogmas religiosos que uno profese, que uno practique, pero no son verdades inmutables, ni verdades absolutas, ni siquiera la interpretación de la jurisprudencia constitucional que usted ha glosado aquí se corresponde de verdad con la auténticamente configurada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional.


Aquí ocurrió con el caso de Eluana algo también felliniano, de la época del neorrealismo italiano, donde encontramos un Estado como el de Berlusconi, el primer ministro Berlusconi, teocrático aparentemente, forzando el reglamento de las cámaras italianas intentando legislar el sábado por la noche, contradiciendo los requerimientos reglamentarios del propio Parlamento italiano mediante impulsos de un presidente teocrático, cuando menos a tiempo parcial, porque todos conocemos la vida del señor Berlusconi, teocrático en estas materias; más dudosa es su teocracia o adhesión a los principios dogmáticos de la Iglesia católica en otras materias conocidas perfectamente por todos.


Situaciones como estas no son admisibles en un Estado democrático y a mí no me gustaría encontrarme en una tesitura de estas características en un Estado como el español. Me parece por tanto absolutamente puesta en razón una petición tan coherente como la hecha por el Grupo de Izquierda Unida, por el señor Llamazares, de que se pueda suscitar un debate parlamentario en sede parlamentaria. Ustedes, en puridad de principios democráticos, nada tendrían que refutar sobre una cuestión discutible y polémica; tan polémica que el señor Llamazares ha citado unos datos estadísticos y yo le voy a citar otros. Fíjese si es polémica la cuestión en los profesionales del mundo de la medicina, por ejemplo.


Tenemos datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, de la OCU, que usted conocerá perfectamente, que ha comentado que el 65 por ciento de los médicos y el 85 por ciento de las enfermeras han afirmado que alguna vez han recibido la petición de un paciente terminal de morir a través de un suicidio asistido o de la eutanasia activa. Dato estadístico, dato para valorar, por lo menos el componente discutible y polémico de la cuestión. En segundo lugar, nos encontramos

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con que, en la misma encuesta de la OCU, el 21,2 por ciento de los médicos reconoce que, a pesar de su ilegalidad o del reproche penal, del reproche punitivo, del injusto penal previsto en el artículo 143 del Código Penal, en España se practica la eutanasia. Quizá se refiera la OCU a la eutanasia pasiva, que se practica masiva y sistemáticamente en todos los hospitales, sin ninguna excepción -y se lo afirmo enfáticamente, sin ninguna excepción-, del Estado español. Seguramente la eutanasia activa, cuyo umbral es muy difícil de discernir en ocasiones, también se practicará.


Desde esa perspectiva, nos encontramos con algo verdaderamente llamativo, polémico y que requiere o merita un debate parlamentario, entre otras cosas, porque así lo requiere el Código Penal actualmente vigente, que considera el auxilio al suicidio un delito penal con penas de privación de libertad de relevancia, aunque se apliquen en su grado mínimo cuando hay autorización o concurre la autorización previa del que va a morir, del que al final se va a suicidar con la asistencia de otra persona. El Código Penal español establece que su función ontológica, su función filosófica, consiste en tutelar los valores y principios básicos de la convivencia de una sociedad civilizada. Y cuando estos valores cambian, el reproche penal debe también cambiar. Esto ocurre en este caso con la eutanasia. Cuando los valores cambian, cuando hay un debate social intenso, cuando hay discusión, cuando hay polémica, cuando hay posiciones enfrentadas dogmática y teóricamente, cuando los médicos se encuentran en la tesitura de hacer frente a las circunstancias que en las encuestas que le he glosado tienen que afrontar, debemos ajustar los valores de un código penal del año 1995, donde le aseguro -y yo fui ponente de este Código Penal- que no fue pacífica la aceptación de la penalización de esta conducta en absoluto, fueron muy pocos los votos que consiguieron incluir este injusto penal específico, el del artículo 143.4. Cuando esta cuestión es pacífica, los valores, tal como preconiza la propia exposición de motivos del Código Penal, deben ser objeto por lo menos de reflexión. Y, si no le he entendido mal al señor Llamazares, esto es lo que preconiza, lo que permite que se suscite un debate sobre una cuestión polémica, difícil.


Continúa diciendo la exposición de motivos del Código Penal que el mismo no es una obra perfecta. No, cómo va a serlo si su padre es Juan Alberto Belloch. (Risas.) Evidentemente, todos sabemos que no es una obra perfecta. Por lo menos es la única persona que continúa reivindicando su paternidad, puesto que antes tenía muchos padres, pero han ido abdicando de su paternidad a través de las deficiencias o lagunas ex post que hemos ido apreciando. No es una obra perfecta, evidentemente, pero sí es una obra útil, dice la exposición de motivos. Y la utilidad radica sobre todo en que los injustos penales, los tipos penales, los reproches penales -porque el Código Penal constituye, como usted sabe perfectamente, la máxima exposición del poder coercitivo del Estado-, sean los que la sociedad mayoritariamente asuma. Y los que la sociedad hoy mayoritariamente asume, y los médicos, las enfermeras y los pacientes, sobre todo, asumen, no son los que usted ha proclamado hoy en el uso de la palabra. Y se lo digo también con todo el respeto, respeto que sabe que le profeso.


Volviendo al Estado italiano y al caso de Luana, con frecuencia decía Giulio Andreotti, que es una persona que tiene motivos para conocer ese Estado, que en el Estado italiano se convivía permanentemente con lo que el denominaba caos creativo. El caos creativo lo pueden practicar los italianos. En otros Estados practicar este tipo de mecanismos de actuación política resulta cuando menos peligroso, aunque en este momento nos encontramos en una especie de caos creativo circunstancial, en donde es la baraka la que va a determinar las mayorías parlamentarias prácticamente en casi todo a partir de ahora. Pero al margen de esto, le voy a citar autores importantes, los creadores del Código Penal, de los que nos nutrimos los códigos penales, que hemos absorbido o hemos copiado buena parte de la dogmática penal italiana. Le voy a citar, por ejemplo, a Francesco Carnelutti; es un autor que a usted no le resultará desconocido, el famoso autor de Udine, cuya obra, las consideraciones o las cuestiones sobre el derecho penal, es de absoluta referencia. Afirma Francesco Carnelutti que la vida humana es indisponible para cualquier persona salvo para el detentador, para el que la patrimonializa, con relación al cual afirma que es algo ínsito a su propia dignidad. Pero esto no solo lo dice Francesco Carnelutti. En la doctrina francesa, por citarle un autor, le puedo citar a Jean Maitron, el gran autor, el gran padre del derecho de familia vinculado al derecho penal francés, que afirma lo mismo. Y en la doctrina española, Jiménez de Asúa también afirma lo mismo. Desde esa perspectiva, no relativice los conceptos y acepte el debate que le propone Izquierda Unida con mucha pertinencia.


Nosotros estamos dispuestos a debatir, pero aquí sobre lo que no hay que debatir es sobre dogmas y menos sobre dogmas religiosos, en un Estado laico, en un Estado aconfesional, ni sobre cuestiones o principios jurídicos que usted considera inmutables en tanto en cuanto no son inmutables y han sido reinterpretados equívocamente por usted. Desde esa perspectiva, yo acepto gustosamente la invitación del señor Llamazares para que se debata sobre una cuestión que en este momento en absoluto es clara y que requiere de consensos parlamentarios, de consensos científicos y de consensos ajenos a personas o segmentos del saber, ajenos incluso al mundo de la vida política. Un gran consenso, un gran debate político, un gran debate científico, es lo que procede sobre esta vidriosa cuestión.


Muchas gracias, señor presidente.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclá.


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El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de CiU para fijar posición ante la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds alrededor del derecho a la vida, del derecho a vivir bien y del derecho a morir bien, de lo que de una forma excesivamente esquemática se ha venido en llamar la eutanasia. Creo, y algo de esto discutimos durante la anterior legislatura en la Comisión de Sanidad y en el Pleno, al menos en un par de ocasiones, y también con motivo de una proposición de ley del mismo grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en este caso, que no hay una definición pacífica sobre lo que es la eutanasia. Nos debemos aproximar al derecho a la vida y el derecho a morir con dignidad a partir de la consideración de que estamos en un debate muy complejo, un debate profundo, un debate en el cual no partimos de cero y un debate que no se basa en titulares, sino en reflexiones de profundidad, como apuntaban otros grupos políticos. Les decía que no partimos de cero y que a veces en estos debates parece que partimos de cero. Creo que sería bueno hacer un repaso al marco normativo vigente.


Para empezar, voy a recordar que existe una ley, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Es una ley muy relevante a los efectos de lo que hoy tratamos. Fue una ley que tuvo su antecedente en una ley muy parecida, la llamada Ley del Testamento Vital, aprobada en el Parlamento de Cataluña por una amplísima mayoría, y cuyo espíritu y letra fueron trasladados a las Cortes Generales a través de una iniciativa que arrancó en el Senado a propuesta de un senador de Convergencia i Unió, Jaume Cardona, que era médico y que además afrontó el impulso de esta iniciativa estando en la recta final de su vida, con un gran conocimiento, por tanto, de lo que hablaba y de lo que discutía.


Cito el valor y la importancia de la Ley del Testamento Vital para decirles que no partimos de cero, que ya existe un marco normativo para que todos los ciudadanos podamos expresar cómo deseamos ser tratados en los últimos momentos de nuestras vidas, en el caso de que suframos una enfermedad incapacitante, grave, que requiera de un tratamiento en el cual terceras personas, familiares o profesionales, médicos, tengan que tomar decisiones por nosotros. Lo digo porque el grupo proponente, el señor Llamazares, hablaba de la importancia de afrontar esta reforma legislativa y votar esta proposición de ley porque daría sensación de control y serenidad a los pacientes. Creo que debemos poner en gran valor aquello que ya está legislado desde el año 2002 y recordar también, no en el ámbito legislativo, sino en el ámbito de la práctica de la aplicación de esta ley, que las posibilidades del testamento vital han sido muy poco desplegadas por parte del conjunto de la sociedad española, que ha habido muy pocas campañas de información y que hay muy pocas personas, respecto a las posibilidades que permite esta ley, que hayan hecho el testamento vital. No sé, señor Llamazares, si usted ha hecho el testamento vital, si usted ha declarado la voluntad de ser tratado en el caso eventual. Yo le tengo que confesar que no he hecho el testamento vital, tampoco el civil, pero creo que es mucho más importante hacer el testamento vital para dejar claro cómo uno quiere ser tratado eventualmente en los momentos finales de su vida, si requiere de un tratamiento en manos de terceros. Y la verdad es que iniciativas como la de creación de un registro de voluntades previas, que votamos y discutimos en la anterior legislatura, serían buenas iniciativas para desplegar todas las potencialidades de la ley del año 2002.


Les decía, señorías, que a veces, cuando hablamos de este tema, parece que partimos de cero. No es así y las preguntas no son retóricas. ¿Existe o no existe en estos momentos la sedación compasiva en el ámbito de los protocolos de tratamientos en enfermos terminales? La respuesta es que sí. ¿Existe o no existe en los protocolos de tratamientos de enfermos terminales un gran consenso entre la comunidad médica sobre la prohibición del acarnizamiento terapéutico? También existe un consenso alrededor de la necesidad de evitarlo. ¿Existe o no existe un protocolo bien perfilado sobre los cuidados paliativos en la recta final de la vida? Pues sí, existe. ¿En la reforma del Código Penal se limitó al máximo la colaboración al suicidio? También. ¿Se mantiene la incitación al suicidio? Sí. Y, respecto a la propuesta de reforma del artículo 143.4 del Código Penal, que forma parte del punto primero de esta proposición de ley, deberíamos tener muy presente y muy en cuenta deslindar la incitación al suicidio y la colaboración al suicidio que en su momento, en aquella reforma penal, ya fue reducida a la mínima expresión.


Dicho todo esto, este no es un debate pacífico, en este debate existen casos difíciles, este es un gran debate sobre todo en el ámbito que tan bien conocen distintos portavoces que han intervenido esta tarde y esta fuente del derecho que es el señor Olabarría, en el ámbito de la filosofía del derecho, y especialmente en el gran autor del siglo XX, que es Ronald Dworkin, que tiene gran producción sobre lo que el llama los casos difíciles del derecho. Los casos difíciles del derecho no son precisamente aquellos que se plantean en esta proposición de ley sobre las personas inconscientes, sobre las cuales terceros, sean familiares o sean médicos, tienen que decidir. Yo creo que, a partir del testamento vital, hay criterios claros sobre cómo actuar respecto a estas personas.
Los casos difíciles hacen referencia a aquellas personas perfectamente conscientes pero perfectamente incapacitadas para poder valerse por sí mismas y para decidir por sí mismas sobre una situación crónica y una enfermedad crónica. Le quiero reconocer, en este clima en el que usted nos ha propuesto una reflexión serena, que quizá se corresponde más con un ámbito que no es el debate de una proposición de ley, que sí existen casos difíciles. Y asimismo quiero sostener que también existe la posibilidad de la pendiente deslizante, que usted nos ha replicado con una estadística referida a Holanda, que existen colectivos vulnerables, especialmente los

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mayores. Y nos sorprende que en esta proposición de ley se haga una referencia explícita a los recién nacidos inviables, intentando afrontar la situación de estos casos en una eventual ley sobre lo que de forma excesivamente esquemática se llama el debate sobre la eutanasia.


Termino, señora presidenta, reiterando que mi grupo parlamentario tiene libertad de voto en materias de conciencia y que esta evidentemente lo es. Por tanto, en la votación se expresará esta libertad de voto. Pero también he querido aprovechar mi turno de intervención en un tema muy vinculado al debate de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales, para decir, primero, que no partimos de cero; segundo, que esto requiere una reflexión con profundidad; tercero, que hay casos difíciles pero que seguramente todo esto no se resuelve con nuestra proposición de ley, sino con un abordaje más global de unos tiempos que han cambiado y que requieren algunas reformas parciales en situaciones muy concretas y no un debate maniqueo, que no es el que usted ha planteado, pero que a veces se plantea alrededor de la eutanasia.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Grande.


La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora presidenta.


Desde el año 1994, es decir desde la V Legislatura, venimos debatiendo en esta Cámara, bien en el Pleno o en las diferentes comisiones, sobre la disponibilidad de la propia vida, sobre la despenalización de la eutanasia unas veces, otras sobre el suicidio asistido. Hoy, quince años después, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo sobre la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que de nuevo y casi literalmente reproduce las rechazadas en las legislaturas VII y VIII. Consta de cuatro artículos, que pretenden modificar tres leyes.


Durante la aprobación del vigente Código Penal se suscitó un gran debate jurídico sobre la eutanasia; lo ha dicho el señor Olabarría. La solución a la que se llegó en 1995 fue la atenuación en uno o más grados de la pena para aquel que cooperara activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, previa petición expresa, libre e inequívoca, de este, en el caso de que sufriera una enfermedad grave que condujera necesariamente a la muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Sin embargo, pese a la atenuación de la pena que incorporó el nuevo Código Penal, el debate jurídico no terminó. Y así, todavía hoy hay muchos juristas que consideran que la atenuación de la pena en ciertos supuestos de intervención en el suicidio ajeno es suficiente y que además este debate sobre la despenalización de la eutanasia es falso, opinando que está prácticamente despenalizada en los términos en que socialmente se entiende. Otros, por el contrario, consideran que mantener la prohibición constituye una limitación injustificable de la libertad en una parte esencial de la vida. Su propuesta, señoría, solo plantea la despenalización de la cooperación necesaria a la muerte, pero no establece ninguna regulación, ni de sus requisitos ni de las garantías, para poder llevarla a cabo, como, por ejemplo, de la situación de los menores con graves padecimientos irreversibles o de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Mi grupo considera que esta falta de marco regulatorio no podría ser subsanado exclusivamente durante una hipotética tramitación parlamentaria, por muy larga, detallada y pormenorizada, que esta fuera, sin que exista un necesario debate previo, tanto jurídico -y en parte lo hemos tenido aquí esta tarde- como ético, científico y social, que conduzca a un consenso mayoritario que indicase la necesidad de legislar para cambiar el artículo 143.4 del vigente Código Penal. Como ven, el debate jurídico a día de hoy todavía está vivo.


Con respecto a la propuesta de modificación de la Ley General de Sanidad y de la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, debo insistir y remitirme a intervenciones anteriores en la pasada legislatura. Recuerdo que en alguna de ellas hablamos de ética; decíamos que la ética y el derecho son los dos principales sistemas normativos que tiene una sociedad. Sobre los planteamientos éticos en torno a la eutanasia, podremos argumentar, podremos matizar y desde luego discrepar, pero debemos admitir que aún no existe un discurso único, ni tan siquiera una posición claramente mayoritaria al respecto. En alguna otra ocasión, introdujimos el debate filosófico sobre la dignidad humana, sobre la necesidad de dignificar el proceso de la muerte, de que, cuando hablamos de condiciones de vida indigna, los que son realmente indignos son quienes las toleran. Por ello, estamos de acuerdo y consideramos necesario avanzar en la deliberación colectiva acerca de los contenidos de este derecho a la plena dignidad de la persona en el proceso de la muerte, siempre dejando claro que el Grupo Parlamentario Socialista defiende que la esfera individual de decisión abarca toda la biografía de las personas, incluida, por supuesto, la fase final de la vida.


Está fuera de toda duda que, formando parte de este derecho, se encuentra el derecho de los ciudadanos a recibir cuidados paliativos con equidad y con calidad. Por ello, desde el año 2004 el Gobierno socialista ha dado un impulso fenomenal a los cuidados paliativos en nuestro país. Señor Cervera, sí tenemos un modelo; claro que tenemos un modelo. Somos un modelo para el resto de los países europeos. Organizó en el año 2005 unas jornadas sobre cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud que sentaron bases. Hizo un análisis exhaustivo de la situación de los cuidados paliativos en nuestro país y en los países de nuestro entorno.
Aprobó en el pleno del consejo interterritorial de marzo de 2007, consensuado con las comunidades autónomas y las principales sociedades científicas, la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, que pretende -como todos saben- mejorar la calidad de la atención que reciben los enfermos en situación de enfermedad avanzada o terminal,

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promoviendo una respuesta integral coordinada en todo el sistema sanitario, respetando siempre su autonomía y sus valores.


Esta estrategia pretende, en definitiva, acordar, en el conjunto del Estado, unos criterios comunes y homogéneos de atención continuada a estos pacientes, así como de apoyo a sus familias y ofrecer las herramientas necesarias a los profesionales sanitarios para llevar a cabo esta atención con los mayores niveles de calidad. Además, en octubre de 2008, el ministro de Sanidad y Consumo presentó la Guía práctica clínica sobre cuidados paliativos para el Sistema Nacional de Salud, que constituye un primer paso de cara a fomentar la formación en medicina paliativa, disminuir la variabilidad en la prestación de cuidados y mejorar la coordinación y el trabajo multidisciplinar en este campo asistencial. En esta misma línea, el pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó un real decreto que regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, para el desarrollo de la estrategia de cuidados paliativos, por 4,8 millones de euros. En estos momentos ya se ha efectuado la recogida de datos de las comunidades autónomas y en los próximos días se comenzarán los trabajos para su evaluación, que, como todas las demás estrategias de salud, se hace a los dos años de su aprobación. Con todo ello se intenta ayudar a afrontar el sufrimiento, no solo de los cuerpos, sino de las personas.
Porque sabemos que los fármacos alivian el dolor pero no el sufrimiento y, además, somos conscientes de que una persona enferma es alguien amenazado por el dolor, la invalidez y en muchos casos por la soledad y el miedo a la muerte. En definitiva, cuidados paliativos de calidad que conllevan el respeto a morir dignamente. Es verdad que todavía nos queda mucho camino por recorrer hasta obtener del sistema sanitario una respuesta satisfactoria e igual en todo el territorio nacional.


Señorías, otro componente importante es el derecho de los ciudadanos a redactar su testamento vital y a que su contenido sea respetado. Por ello, el Gobierno aprobó en febrero de 2007 el Real Decreto 124/2007, que regula el Registro central de instrucciones previas, y que tiene como función constatar la existencia de instrucciones previas, su localización en los registros autonómicos, su fecha de inscripción, así como su modificación o revocación, si las hubiera. Esto fue lo que permitió a Inmaculada Echevarría poder desconectarse, aunque esto le produjera la muerte. Hasta el 8 de enero de 2009, de este año, 15 comunidades autónomas han remitido datos y están ya cargados casi 45.000 registros declarantes en el registro nacional. Su distribución no es, en algunos casos, la deseada, pero todas las comunidades van dando pasos en la buena dirección. Al nutrirse el registro nacional de la información que le proporcionan los registros autonómicos, solo en el momento en que todos ellos estén conectados se podrá conseguir el objetivo buscado.


De ahí la necesidad de seguir avanzando. Las previsiones son que las consejerías competentes en la materia deberán adoptar las medidas oportunas para que todo el mundo esté sincronizado y funcionando antes del 30 de junio de 2009. Quiero recordar a S.S. que si alguna comunidad no contara con tal registro, el ciudadano no quedaría desasistido, porque el Real Decreto 124/2007 también le da derecho a emitir sus voluntades, que los servicios sanitarios deben enviar al registro central. Por todo ello, mi grupo considera que el camino que inició y que continúa el Gobierno va en la buena dirección, porque responde a una demanda mayoritaria de la población, como es la garantía de recibir el adecuado tratamiento en el proceso de la muerte, si así lo desean, que los profesionales puedan aplicar estos tratamientos con seguridad jurídica y científica y el derecho a rechazar los que solo prolongan la vida biológica, pero que no mejoran sus expectativas de recuperación, produciendo un sufrimiento innecesario tanto al paciente como a su familia.


Estamos habituados a ver una iniciativa registrada en esta Cámara cada vez que en los medios de comunicación nos encontramos un acontecimiento sobre esta materia y, aunque creemos que es bueno que los grupos se pronuncien en esta tribuna, como ha ocurrido esta tarde, no es menos cierto que venimos insistiendo en que es necesario un debate sostenido en el tiempo con todos los operadores jurídicos, científicos, asistenciales e institucionales, un debate con responsabilidad, que aclare conceptos y que nos ayude a una clara comprensión del problema que se intenta resolver. En los próximos años, cuando todos estos elementos se hayan desarrollado y consolidado, quizás la sociedad española, tras este debate sosegado, tranquilo, huyendo de casos puntuales y de manera prudente, con el máximo rigor, nos solicite dar un paso más, subir otro peldaño y acometer la regulación legal del derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades invalidantes o terminales a solicitar de los profesionales ayuda para poner fin a su vida. Señorías, no creemos que este momento haya llegado, por lo que nuestro voto será en contra de la toma en consideración de este proyecto de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Grande.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS PARA LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL PORCENTAJE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) DESTINADO A FINES SOCIALES Y TRANSFERENCIA A LA GENERALITAT DE CATALUÑA DE LA RECAUDACIÓN QUE SE REALIZA POR EL MENCIONADO CONCEPTO. (Número de expediente 162/000061.)

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DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA TERRITORIALIZAR LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IRPF DESTINADA A OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL. (Número de expediente 162/000119.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al debate de las proposiciones no de ley y en primer lugar la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para la asignación tributaria del porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas destinado a fines sociales y transferencia a la Generalitat de Catalunya de la recaudación que se realiza por el mencionado concepto. A dicha proposición no de ley se ha añadido otra del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para territorializar la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social.


Para la defensa de la primera de las proposiciones no de ley, en la que van a compartir su turno, tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, como se recordará, el 24 de septiembre pasado se aprobó en esta Cámara una moción importante, a instancias del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, una moción por la que se compelía al Gobierno a avanzar, en primer término, en la territorialización de los recursos procedentes del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales y en la participación gradual de los gobiernos autonómicos de las comunidades autónomas en su gestión. Aquella fue una decisión y un mandato parlamentario juzgado como histórico por las fuerzas políticas y por las distintas entidades que trabajan en el ámbito de la acción social y, sobre todo, una decisión cargada de razón, de equidad, de justicia, que vino además a introducir buenas dosis de transparencia en una cuestión que, desgraciadamente, todavía hoy despierta recelos, miedo, incomprensión, e incluso permanece impermeable al Estado de las autonomías, a pesar de que se dirige, como ustedes saben, a un ámbito que es de la competencia autonómica y a pesar de que, como ha dicho repetidamente el Tribunal Constitucional, debería corresponder a las comunidades autónomas fijar los objetivos, las directrices, e incluso la gestión de la actividad de fomento y subvencional del Estado cuando afecta a una materia de competencia autonómica, como es el caso de las iniciativas de carácter social.


Por tanto, hay miedo, hay recelos, hay incomprensión. No hay más que ver cómo hasta el día de hoy en la asignación del 0,7 por ciento del IRPF no se utilizan parámetros territoriales, continúan primándose los programas y las entidades ONG de ámbito estatal en perjuicio claramente de las de ámbito subestatal, ya sea autonómico o local, además de que la decisión hasta ahora corresponde libremente, por no decir discrecionalmente, al Gobierno del Estado con una participación poco más que testimonial de las comunidades autónomas. Hay que preguntarse a qué se debe esta situación, en definitiva, a qué se debe ese afán excluyente, rabiosamente centralista, tratándose, como he dicho, de un tema en el que como mínimo concurren no solo el Estado sino también las comunidades autónomas. Hasta ahora se han aducido distintos motivos, algunos más confesables que otros, pero, sobre todo, se ha dicho que el Estado debe ser el garante de la igualdad, que es tanto como decir que las comunidades autónomas no son de fiar, derrochan, son fuente de clientelismo, mientras que, desde luego, señorías, el actual modelo es cualquier cosa menos un modelo igualitario. Un modelo que no es igualitario porque prima, como he dicho, algunas ONG estatales cuyas nomenclaturas madrileñas, para entendernos, ejercen una presión asfixiante sobre el Gobierno español; un modelo no igualitario en la medida en que castiga de forma clara a algunas comunidades autónomas en concreto, sobre todo aquellas que tienen mayores índices de pobreza relativa como es el caso de Cataluña. Sin duda lo que aquí subyace estructuralmente es una persistente resistencia a transformar el poder, a descentralizarlo y, cuando cabe, también a cederlo; subyace también la tentación, por qué no, de abusar por parte del Estado de su mayor poder de gasto, porque es habitual el hecho de que el Estado suple su falta de competencias controlando el grifo del gasto, condicionando así las competencias y también las políticas públicas que desarrollan las comunidades autónomas. Sin duda esta es una práctica que no solo tiende a usurpar competencias autonómicas sino que evidencia un afán muy poco disimulado de muscular el Estado, de rearmarlo, frente a las comunidades autónomas y a las administraciones locales que evidentemente tienen más dificultades de tesorería.


En todo caso, si hoy traemos este tema a debate a través de esta proposición no de ley, y también la que se verá seguidamente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es porque, como es sabido, hace unos días supimos que el Gobierno, por boca de la ministra, en la convocatoria de subvenciones para el año 2009 desoía ese mandato importante de territorialización del IRPF del mes de septiembre pasado. Y no solo eso sino que además retrocedíamos casi hasta la trinchera, porque no solo se primaba en esa propuesta de convocatoria a las ONG estatales, sino que además se obligaba a las ONG subestatales, autonómicas o locales, a convertirse en meras sucursales de las ONG estatales si querían acceder a este tipo de subvenciones. Además, si me lo permiten, en el caso catalán -no en vano lo que estamos sustanciando y viendo son dos iniciativas, una del Grupo de Esquerra y otra de Convergència i Unió- es injusto y lacerante. Lo digo porque las entidades catalanas, no solo ellas, pero principalmente, salen damnificadas en esta propuesta del Gobierno. Se estima, por ejemplo, que en la declaración del IRPF correspondiente a 2006 el 57 por ciento de los contribuyentes catalanes marcó explícitamente la casilla de otras finalidades sociales, contra el 41

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por ciento de la media estatal, lo que por cierto supuso un ingreso de hasta 47 millones de euros, mientras que el retorno hacia Cataluña fue escasamente de 14 millones para programas sociales. Y luego dicen, señorías, que hacemos victimismo. En todo caso, y así creo que ha sido admitido por parte del propio Gobierno y de la ministra, fue un error aquella propuesta de convocatoria y fue un error lesivo para miles y miles de entidades cuyo único delito es no tener su sede, su razón social, en Madrid. También fue lesivo para muchos ciudadanos que esperan un retorno justo del esfuerzo fiscal que hacen a través del 0,7 por ciento del IRPF.


Para terminar, señorías, quiero decir que se impone y se imponía una rectificación y una reparación formal, una rectificación en sede parlamentaria y no a medias y sobre la base de declaraciones de intenciones. En consecuencia, no es hora de soluciones puntuales ni transitorias dando tiempo a las entidades subestatales a que se estatalicen, como en algún momento contradictoriamente ha venido a apuntar la ministra Cabrera. Aquí lo que se impone como primera providencia es un auténtico cambio de modelo, que es lo que propone esta proposición no de ley que sometemos a debate.


En este sentido, quiero anunciar que el Grupo Socialista, Esquerra Republicana y Convergència i Unió hemos alcanzado un acuerdo a través de una enmienda de sustitución que mira al futuro, y no solo eso sino que restaña heridas en la media en que supone, además de poner el marcador a cero,...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor, piense que tiene que intervenir otro diputado de su grupo.


El señor RIDAO I MARTÍN: ... un auténtico cambio de modelo para ir hacia la plena territorialización, respetuoso con la competencia autonómica, respetuoso con la diversidad de las distintas entidades que trabajan en el campo de la acción social, que va a permitir un papel determinante también a los gobiernos autonómicos y que además deberá atender criterios objetivos no discrecionales, como la población afectada, el índice de pobreza y la tasa de inmigración. Por tanto, se trata sin duda, señorías, de un muy buen acuerdo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, se lo pido por favor.


El señor RIDAO I MARTÍN: Si me lo permite, quería decir que no solo es un buen acuerdo sino que a partir de ahora haremos votos para que se cumpla.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.


Señor Herrera, tiene menos de medio minuto.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Simplemente quiero decir que esta no es una propuesta nueva; todos los grupos han presentado en la Cámara propuestas similares. Es más, el Congreso de los Diputados ha mandatado al Gobierno que haga lo que hoy vamos a aprobar. Por tanto, lo relevante de hoy no es solo lo que aprobamos sino el significado de lo que aprobamos, y es que esta es la última oportunidad para que el Gobierno cumpla lo que el Congreso ha mandatado. Existe una voluntad clara a favor de la territorialización del 0,7, que desde el punto de vista de la distribución competencial es lo que se ajusta a derecho, y existe un mandato político al Gobierno para que lo haga. Por tanto, quiero valorar el esfuerzo y decir simple y llanamente que lo que esperamos de esta iniciativa -como esperan todos los grupos catalanes y todos aquellos que defendemos la distribución competencial-...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Herrera, por favor.


El señor HERRERA TORRES: ...no es solo que se apruebe esta proposición no de ley sino que se cumpla con esta y con las mociones y proposiciones aprobadas.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, con estas iniciativas de Esquerra Republicana de Catalunya y Convergència i Unió vuelve a la Cámara el debate ya viejo sobre la necesidad de proceder a territorializar los recursos del 0,7 por ciento del IRPF. Además, lo hacemos en el contexto de una maniobra del Gobierno para impedir que las organizaciones de ámbito local y autonómico pudiesen concurrir a esa propia convocatoria. Esta maniobra fue abortada por la presión política de todos, de diversos grupos parlamentarios de esta Cámara, de la propia acción del Gobierno de Cataluña y por la propia presión social del tercer sector en Cataluña. Bienvenida sea esa rectificación, pero es evidente que la intención de la ministra Cabrera implicaba un menosprecio a esa resolución que, como recordaban los señores Ridao y Herrera, se aprobó en septiembre del año pasado.
Implicaba un menosprecio político al Gobierno de Cataluña, que comparte en parte color político con el Gobierno de Madrid, e implicaba una imposición desde el Gobierno sobre cómo deben articularse las organizaciones del tercer sector. Implicaba una limitación de la libertad de las personas de poder destinar parte de sus impuestos precisamente a apoyar las actividades de las entidades de carácter local o autonómico.
Implicaba una limitación de las competencias de las comunidades autónomas a través del poder de gasto, y a eso hacía referencia hace un momento el señor Ridao. Esta es una vieja discusión que permanece

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abierta y esta práctica concreta que el Gobierno central viene realizando en esta materia es la expresión de esa vocación de intromisión en competencias de carácter autonómico sobre la base de ese poder de gasto.
Implicaba también -algunas veces lo hemos denunciado desde esta tribuna por parte de Convergència i Unió- una concepción de las políticas sociales profundamente uniformadora, jacobina, centralista, más propia de otras épocas que de la época de la España autonómica. Además es una medida que, de haberse concretado, hubiese tenido consecuencias nefastas no tan solo en Cataluña sino en el conjunto del Estado donde muchas organizaciones de carácter local o autonómico vienen realizando una actividad de un evidente interés social, de un evidente impacto social, y más en tiempos de crisis. Algunas de las organizaciones que en Barcelona están haciendo una mejor labor de aproximación a personas en situación de exclusión social son entidades del ámbito estrictamente de la ciudad de Barcelona, y eso además, señorías, en un contexto donde, en el caso de Cataluña, existe un esfuerzo de los contribuyentes catalanes a la hora de hacer su declaración de la renta significativamente superior al que existe en el conjunto del Estado, lo que no se ve correspondido por un retorno en programas sociales que se desarrollan en Cataluña acorde a ese esfuerzo solidario de los contribuyentes catalanes.


En este sentido yo creo que el debate que hoy planteamos y el esfuerzo de aproximación que supone la enmienda que conjuntamente hemos planteado el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va en la buena dirección y es un buen acuerdo, y mi grupo quiere reconocer especialmente al señor Ridao el esfuerzo que ha hecho para concertar el acuerdo de estos tres grupos.
No tenemos ningún reparo en reconocer ese esfuerzo y su capacidad política para poder articularlo.


Estoy seguro también de que con el señor Ridao y con el señor Tardà compartimos un punto de escepticismo. Hemos vivido en esta materia pronunciamientos en líneas similares que fueron rápidamente desmentidos por la ministra Cabrera y también estimulados por los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y por tanto esperamos que el acuerdo de hoy, fruto de esa enmienda transaccional, se cumpla. Un acuerdo que efectivamente tiene dos consideraciones muy importantes: por un lado la rectificación sobre aquella maniobra que el Gobierno intentó -y el texto que se aprueba deja muy claro que para 2009 las organizaciones de ámbito local y autonómico van a poder concurrir en esa convocatoria-, y el reforzamiento de la capacidad de intervención de la conferencia sectorial en este ámbito; y por otro, y lo que es más relevante a nuestro entender de esa propuesta, la necesidad de que exista un amplio acuerdo político entre el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos, los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara y las organizaciones del tercer sector para configurar un modelo de subvenciones del 0,7 del IRPF previsible, estable y legítimo ante las opiniones públicas de todos los territorios del Estado que respete las competencias que en materia de asistencia social y de servicios sociales tienen las comunidades autónomas y que además refuerce la capacidad de intervención del tercer sector. Algunas veces, discutiendo con representantes del tercer sector del ámbito estatal, nos decían que por qué en lugar de estar tan preocupados sobre quién gestiona estos recursos no nos preocupábamos también de reforzar el tercer sector. Les acepto el segundo comentario, no el primero. Tenemos pendiente también desarrollar un conjunto de políticas públicas en el ámbito fiscal, en el ámbito administrativo, en el ámbito de la política de empleo, en el ámbito de las subvenciones y en el ámbito de los convenios, que refuercen el papel del tercer sector, muy convencidos de que una sociedad libre, fuerte y moderna es aquella que tiene un tejido social potente, activo, independiente y que es capaz de movilizar las mejores energías de la sociedad, y muy convencidos de que en los tiempos de crisis que estamos viviendo, con un creciente aumento del desempleo, con riesgos de conflicto y de marginación social precisamente necesitamos movilizar lo mejor de nuestra sociedad que hoy es la gente del tercer sector. En este sentido el acuerdo estable que propone la enmienda que hemos pactado debe servir para garantizar que el 0,7 juegue un papel en la configuración de un tercer sector incisivo.


Termino, señora presidenta. Hemos de recordar dos últimas cuestiones. Por un lado, no olvidemos en este debate las organizaciones del ámbito ambiental. Desde el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente también gestiona parte de estos recursos, pero limita el acceso a los mismos tan solo a las organizaciones de ámbito estatal. Además, señorías, nos parece que en esa reforma del sistema hemos de avanzar también en la dirección de dar más libertad a los ciudadanos para que puedan decidir a qué organizaciones concretas pueden designarse esos recursos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campuzano, tiene que acabar, por favor.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En esta materia hoy damos un paso en la buena dirección. Espero que esta vez nadie se vea defraudado o engañado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.


A estas proposiciones no de ley se han presentado diversas enmiendas. En primer lugar, para defender la del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.


Efectivamente, este es un asunto cuando menos sorprendente y hoy vamos a vivir un episodio más de lo que es un culebrón que ya viene prolongándose en el tiempo

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sobre una cuestión en la que básicamente ha habido dos posiciones: una posición conocida y antigua de los grupos nacionalistas de Cataluña fundamentalmente, en la que vienen pidiendo que se territorialice y que, por tanto, se les ceda la gestión del dinero que se recauda con cargo al 0,7 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas en Cataluña, y una posición -la hemos venido defendiendo desde el Grupo Parlamentario Popular y compartiendo también con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Socialista y que es defendida también por la plataforma de las organizaciones no gubernamentales de acción social- que lo que defiende es que el Estado debe contar con un instrumento que es importante para la cohesión social, para garantizar también la cohesión entre los distintos territorios, para que haya una solidaridad general y que, por tanto, pueda haber una transferencia entre comunidades ricas y pobres de recursos que favorezcan la igualdad de oportunidades de todas las personas y el acceso a los servicios sociales. Esta era una posición que, como digo, ha sido compartida por la plataforma de ONG de acción social, por el Gobierno y por el Partido Popular. Nos parece también importante que el Gobierno de la nación pueda contar con un instrumento que favorezca la generación de políticas sociales comunes a todo el territorio y que, por tanto, pueda realmente liderar una acción social en todo el territorio de la nación. Naturalmente, eso debe hacerse en coordinación con las comunidades autónomas, pero este era un instrumento que también servía -y sirve- para esa finalidad. Fragmentar la concesión de estas ayudas con cargo al 0,7 complica sin ninguna duda la gestión, el seguimiento de las políticas que se pueden impulsar con cargo a este fondo.


En fin, esta era la posición que yo además entiendo que tiene base jurídica constitucional, es decir, hay base jurídica constitucional suficiente para justificar que el Estado pueda dotarse de este fondo y lo gestione directamente y que lo haga el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Como digo, había una vieja pretensión de algunos grupos de que esto cambiara y que se fuera a territorializar. Lo sorprendente fue, porque a lo largo de la legislatura pasada se vinieron dando largas por parte del grupo del Gobierno, que efectivamente el día 17 de septiembre se apoyó una moción de Esquerra Republicana de Catalunya por parte del Grupo Socialista en la que se planteaba ya la territorialización progresiva de este fondo del 0,7 del IRPF. Esto es lo que se aprobó. A nosotros nos sorprendió. Nosotros planteamos una pregunta una semana después a la ministra en esta misma Cámara y afirmó de manera taxativa que no era intención del Gobierno avanzar en la territorialización de las ayudas del 0,7 por ciento del IRPF. Esto es lo que dijo aquí la ministra. Es más, posteriormente la ministra presentó en la conferencia sectorial el borrador de orden para la concesión de las ayudas con cargo al presupuesto de este año, borrador que también sorprendió porque restringió la capacidad de las organizaciones de ámbito local y autonómico para poder presentarse a la concesión de las ayudas, pero que mantenía exactamente el criterio que el Gobierno anunció en esta Cámara. Esto es lo que ocurrió en el mes de febrero de este año. La semana pasada la propia ministra rectificó y decidió flexibilizar su postura y abrirlo también a las organizaciones de ámbito local y autonómico. Hoy aquí no venimos tanto para propiciar que las organizaciones de ámbito local y autonómico puedan presentarse, sino fundamentalmente a dos cosas. Por parte de Esquerra Republicana de Catalunya y por parte de Convergència i Unió, a poner a la ministra en su sitio y a dar un toque de atención al Gobierno, y lo hacen con el grupo que en teoría apoya al Gobierno, y por eso creo que el único grupo que hoy está apoyando al Gobierno, si quiere gobernar de verdad para todos garantizando la igualdad de todos en España, es el Grupo Parlamentario Popular, lo cual no deja de ser sorprendente. Y el Partido Socialista ha venido hoy aquí porque han ocurrido cosas en España entre la presentación de esa orden de la ministra y lo que está pasando hoy, y ha venido desde el nerviosismo y desde la sensación de debilidad, no porque no tenga alternativa, porque nosotros...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Alonso, tiene que acabar, por favor.


El señor ALONSO ARANEGUI: Termino ya, señora presidenta.


No porque no tenga una alternativa, porque nosotros ofrecíamos el apoyo.
Sin embargo, ha venido aquí a comprar el apoyo de Esquerra Republicana y de Convergéncia i Unió, un apoyo que cuesta 47 millones de euros que no sabemos si es un pago a cuenta que al final vamos a pagar todos los españoles.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Alonso, por favor.


El señor ALONSO ARANEGUI: Eso es lo que vamos a hacer aquí. Por eso les pido que si tienen tiempo todavía rectifiquen el acuerdo que han adoptado hoy y respalden a un Gobierno que quiera gobernar de verdad para la seguridad de todos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): A continuación pasamos a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para defenderla tiene la palabra la señora Pérez Domínguez, del Grupo Socialista.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, y creo que es algo que debería hacer toda la Cámara -usted el primero, portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, debemos felicitarnos todos. Mi grupo se felicita especialmente porque por primera vez el Gobierno de España va

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a destinar a las organizaciones no gubernamentales de acción social el 0,7 por ciento de lo recaudado en el IRPF mediante esa casilla de otros fines de interés social, una decisión del Gobierno socialista, 190 millones de euros para financiar proyectos de las ONG de España y en España, un 41 por ciento más, casi 60 millones de pesetas más que en 2008. Esto es lo que hace el Gobierno socialista, el Gobierno de Rodríguez Zapatero (Aplausos.), un aumento de casi 60 millones, relevante e importante por sí mismo, que adquiere una dimensión mucho mayor si se tiene en cuenta que se produce en un año en el que estamos viviendo una grave crisis económica, como otros países a nuestro alrededor, pero un aumento que tiene unos claros beneficiarios. En primer lugar, los ciudadanos más desfavorecidos de este país, más vulnerables y con riesgo de exclusión social, enfrentados a una crisis que no conoce territorios, que no tiene fronteras, que afecta del mismo modo a una familia en Albacete, en Santa Coloma y en Almería. Así lo entienden el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista. Para que estos ciudadanos se beneficien, nada mejor que estos programas de cooperación y voluntariado sociales que refuercen también este tejido asociativo y el trabajo en red de las organizaciones no gubernamentales para aprovechar al máximo -sí, señor, estamos de acuerdo- el valor añadido de todas y cada una de las entidades, su especialización, señor Campuzano, y su globalización, tan importante es ese binomio. Estamos ante una oportunidad hoy aquí, y no ante lo que denunciaba algún grupo. Es momento de sumar y no de restar, y me felicito de que así lo hayan entendido los grupos proponentes. La ministra Cabrera, el Gobierno, así lo ha manifestado y puesto en valor al dar cabida en esta convocatoria a todas las entidades cuyo interés no sea otro que mejorar las condiciones de vida de presente y de futuro de aquellos que más lo necesitan. Hoy este grupo apoya plenamente esta decisión del Gobierno.


Señorías, este es un asunto en el que el diálogo y el acuerdo de todos, no de una parte, es fundamental, no en beneficio de un territorio ni de una organización, sino en beneficio de los ciudadanos a quienes van dedicados estos programas y de una estructura de organizaciones a las que, además de escuchar, debemos dotar de seguridad y de instrumentos, y el 07 lo hace. Trabajemos juntos. Seguro que en la praxis, en la realidad, en las propias entidades que gestionan estos programas está una buena parte de la solución. Hoy lo que hacemos aquí, señorías, es lo que acordamos: trabajar desde el consenso de todos para reforzar una estructura maravillosa de trabajo en red que ha hecho posible el 07 por ciento del IRPF para que la participación de las comunidades autónomas sea mayor, como ya lo es en esta convocatoria. Señorías, es la primera vez que la determinación de los programas no se realiza unilateralmente por el Gobierno de España, pasando a ser la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en la que participan comunidades autónomas gobernadas por todos los grupos de esta Cámara, por el Grupo Popular, por otros grupos y por el Grupo Socialista, la que determine cuáles son los programas a subvencionar mediante la necesaria concertación. Sumemos, señorías; sumemos, señorías del PP. No hagamos política de esa que no les gusta a los ciudadanos. Sumemos convencidos de que esta convocatoria de 2009 será una buena convocatoria y de que cualquier nuevo camino debe trazarse con libertad y diálogo para la expresión de todas las partes, porque estamos en el Parlamento, sin enfrentar entidades con entidades, administraciones con administraciones, grupos con grupos y territorios contra territorios, cuando los únicos que deben de ganar y lo único que debemos preservar es la atención a esos ciudadanos. El modelo lo iremos definiendo juntos si compartimos, como así creo, que lo primero es que estos programas lleguen a los más necesitados, independientemente del territorio donde residan en cada momento, que reforcemos el tejido asociativo, que esto lo hagamos en el marco de nuestra Constitución y de nuestros estatutos de autonomía y que sigamos persiguiendo el aumento de los recursos, como perseguimos también con esta iniciativa.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Pérez Domínguez, por favor, tiene que acabar.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Termino, señora presidenta.


Les agradezco al resto de los grupos parlamentarios y a los proponentes su compromiso al aceptar esta enmienda conjunta, en aras a encontrarnos en un punto aceptable y bueno para todos. Nuestro compromiso, el de los socialistas, está donde están los ciudadanos, está donde están las necesidades.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pérez Domínguez.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, señorías, el Bloque Nacionalista Galego presentó una enmienda a la proposición no de ley propuesta por Esquerra Republicana en la medida en que compartimos los criterios que fundamentan la misma. Por tanto, compartiendo los puntos 1 y 2 entendíamos que era conveniente extender la propuesta que se hace en el apartado 2 al resto de las comunidades autónomas, en tanto que, desde nuestro punto de vista, también la administración autonómica gallega, y así lo defendimos en otras ocasiones, debería ser quien distribuyera o, por lo menos, como se puede aprobar en la tarde de hoy, cooperara en la distribución de los fondos a que hacemos referencia. Esto por las razones que en la propia exposición de motivos de la iniciativa del señor Tardà, defendida por el señor Ridao, se manifiesta en relación con las competencias autonómicas en materia de servicios sociales. Hay que tener en cuenta que, además de la gestión que tienen las comunidades autónomas de los servicios sociales, estas tienen una responsabilidad que es la de la planificación de esos servicios sociales en su territorio. De ahí que no sería lógico que, en aras de una mayor

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optimización de los recursos existentes para políticas en materia de servicios sociales, fuera otra administración la que los distribuyera a las asociaciones que, en materia de servicios sociales, puedan trabajar en ese territorio de la propia comunidad. Por nuestra parte y dado el acuerdo al que se ha llegado entre el grupo proponente y los dos enmendantes -Grupo Socialista, Convergència i Unió y Esquerra Republicana de Cataluña- de una transacción, entendemos que si bien desde nuestro punto de vista podría ser mejorada, desde luego es un avance muy grande en relación, primero, con el reconocimiento de que las comunidades autónomas son las responsables de la gestión y planificación de los servicios sociales, en tanto que se les asume papel en la distribución de estos fondos a las diferentes asociaciones a través de los consejos territoriales. Nadie mejor que las comunidades autónomas para conocer la actividad y, por lo tanto, la viabilidad y oportunidad de los proyectos a desarrollar en esa comunidad por aquellas asociaciones que lo soliciten al Gobierno del Estado. Para nosotros es perfectamente válida la transacción a la que se ha llegado y anunciamos la retirada de nuestra enmienda porque creemos que se ha alcanzado un buen acuerdo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


No está presente en la sala ningún diputado del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por tanto se entiende que renuncian a su turno de fijación de posiciones. Me dirijo a los grupos propietarios de las iniciativas que estamos debatiendo en el sentido de que se entiende que vamos a pasar a votación al final de la sesión la enmienda conjunta presentada por los tres grupos.


Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE PERMUTA DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES PORTUARIOS (OTP) DE LAS PALMAS. (Número de expediente 162/000164.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre permuta del edificio de la antigua Organización de Trabajadores Portuarios de Las Palmas. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, permítanme en primer lugar un saludo a la mesa pro patrimonio cultural de La Isleta que se encuentra representada esta tarde en este salón de plenos. Han recorrido más de 2.000 kilómetros para estar presentes en este debate de la misma manera que han recorrido muchos kilómetros en Canarias trabajando, consiguiendo apoyos, consiguiendo esfuerzos compartidos de universidades, de comunidades científicas, de comunidades culturales, trabajando por algo tan noble como es hacerlo por su barrio, por su ciudad, por su isla. Quiero agradecer a mi portavoz, Ana Oramas, la oportunidad de haber podido conocerlos, de haber podido compartir esta mañana con ustedes esta experiencia que me han transmitido sobre el trabajo que han desarrollado en este tiempo. Esta satisfacción que hoy tengo al darles voz en esta tribuna en este Congreso de los Diputados quiero que sea compartida por todas SS.SS., por todas las señoras y los señores diputados votando favorablemente a esta iniciativa, de manera que ellos, que no van a poder estar presentes en la votación por la insularidad alejada, cuando lleguen a Canarias, cuando desembarquen del avión en Gando reciban la llamada de Adrián Mendoza de que han cumplido una etapa más, que han alcanzado un logro importante para conseguir, con el esfuerzo de todos, algo por lo que han trabajado durante tantos años. Estoy completamente convencido de que hoy esta Cámara va a dar respaldo a esta iniciativa y que cuando ustedes lleguen a Gran Canaria van a recibir de Adrián Mendoza la satisfacción de que han conseguido ese objetivo.


Señorías, el 29 de marzo de 1946 la comisión permanente de la junta de obras y servicios de los puertos de La Luz y de Las Palmas aprobó informar favorablemente la cesión de una parcela a la delegación de trabajo para construir un edificio de la sección de trabajo portuario.
Dicha cesión se realizó con una serie de condicionantes entre los que figuraba: Esta autorización se concede en virtud del carácter eminentemente portuario de la instalación y se considerará anulada si esta se dedicase a otros fines o pasase a otros organismos. El 18 de julio de 1948 se inauguró el edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria. Esta organización fue considerada como una de las grandes obras sociales del momento, pues atendía las necesidades del colectivo laboral portuario y de las familias de estos trabajadores en lo relativo a labores de tipo administrativo, médico o social.


Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/1986, de 23 de mayo, de servicio público de estiba y desestiba, y conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera, quedó suprimido el organismo autónomo Organización de Trabajadores Portuarios. No obstante, hasta 1988, fecha en que el edificio es cedido al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía y Hacienda, se continuaron desarrollando en el mismo las funciones y actividades que la Organización de Trabajadores Portuarios había venido realizando hasta ese momento. En 1993, se dispuso la entrega del inmueble al Ministerio de Interior. El edificio estuvo varios años cerrado, hasta que el Ministerio del Interior lo destinó, en febrero de 2004, como sede de la nueva comisaría de policía tras el cierre de la de Miguel Rosa. El Foro por La Isleta es un movimiento ciudadano cuya principal lucha a principios de los años noventa era erradicar la marginalidad del barrio. En aquellos años, uno de los máximos exponentes de la marginalidad era el antiguo edificio de

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la Organización de Trabajadores Portuarios, pues estaba abandonado y convertido en un lugar de indigentes.


La Asociación Mesa pro Patrimonio Cultural de La Isleta, movimiento ciudadano que busca recuperar este edificio para transformarlo en un centro polivalente que dé respuesta a las inquietudes culturales de los habitantes del mencionado barrio capitalino, en particular de los ciudadanos de Las Palmas y de Gran Canaria en general, y que está integrada en el Foro de La Isleta, dirige el 15 de mayo de 2002 un escrito a la Delegación del Gobierno de Canarias, en el que solicita la desafectación del antiguo edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios así como que sea cedido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias, para que sea destinado a un uso sociocultural. Esta demanda, que surge del movimiento vecinal del barrio capitalino de La Isleta, ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria, de las universidades canarias, de los sindicatos, de varios comités de empresas, centros de enseñanza, historiadores canarios, asociaciones vecinales, asociaciones culturales y distintas y relevantes personalidades del mundo de la cultura, la política y la sociedad canaria. El 16 de noviembre de 2006, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por todos los grupos parlamentarios en la Cámara que prestaba su apoyo a la solicitud de desafectación del uso del antiguo edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios en el barrio de La Isleta y que instaba al Gobierno de Canarias para que, a su vez, instara al Gobierno del Estado para que cediera al Ayuntamiento de Las Palmas o al propio Gobierno ese edificio para convertirlo en un edificio sociocultural.


El pasado 14 de julio de 2008, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó la permuta de las instalaciones, edificio administrativo, edificio principal, edificio de vestuarios y sala exterior, ubicadas en la calle Veintidós de Mayo, término municipal de Las Palmas, titularidad de la autoridad portuaria, por el edificio de la antigua Organización de Trabajadores Portuarios, sito en la calle Juan Rejón, así como el traslado de esta propuesta al Ministerio del Interior para la conversión del antiguo edificio en la casa de cultura del barrio de La Isleta, así como los vestuarios y comedores de desestiba en la Fundación Puerto de Las Palmas, dedicado a la producción de actividades culturales y de ocio. El barrio de La Isleta, situado en el extremo norte de la ciudad de Las Palmas, es un barrio con personalidad propia, un barrio de orígenes populares que siempre estuvo implicado de manera firme en las distintas luchas por la mejora de las condiciones de vida de la gente, comprometido con los más débiles, con los que atraviesan peores circunstancias, con los que tienen menos oportunidades, implicado en la lucha solidaria, en la lucha contra la dictadura franquista y en el paulatino resurgir del movimiento obrero organizado en condiciones especialmente difíciles.


Señorías, se agota el tiempo, pero permítanme los últimos segundos para reiterar esta petición. Conociendo la actuación de esta mesa pro recuperación del patrimonio de La Isleta, su voluntad de trabajo, su historia -les invito a leer el libro que han editado con la recopilación de todo el trabajo desarrollado-, estoy seguro que SS.SS. compartirán conmigo la alegría de votar favorablemente esta iniciativa que traemos a esta Cámara.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Perestelo.


A esta iniciativa ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Socialista y para defenderla tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señorías, señoras y señores visitantes, muy bienvenidos.


El Grupo Parlamentario Socialista, a través de este interviniente como diputado socialista canario, va a reiterar en esta Cámara lo que a los promotores de la iniciativa les dijo en repetidas ocasiones en el ejercicio de responsabilidades anteriores. Consciente de la bondad global del planteamiento que hacen los promotores desde el punto de vista social, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta enmienda. El Grupo Parlamentario Socialista sostiene un Gobierno que tiene unas responsabilidades. Conscientes también de esas responsabilidades y de la mecánica que marca la Administración en todos sus niveles, es por lo que presentamos esta enmienda en positivo como paso adelante en la que decimos que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar y valorar favorablemente, previos los informes oportunos, las propuestas de permuta que en su caso se efectúen por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas -acontecimiento que aún no ha ocurrido- en relación con el edificio de la antigua Organización de Trabajadores Portuarios, con el objetivo de recuperarlo para el uso sociocultural.


La historia de esta edificación la acaba de exponer el proponente de la iniciativa y no voy a reiterarla, pero hay un hecho real con el que los socialistas de la Comunidad canaria nos identificamos y es que el barrio de La Isleta ronda un número de habitantes de unas 60.000 personas, diríamos que en abigarrada convivencia multicultural y multiétnica. Se encuentra ubicado en la zona militar de La Isleta por el norte y el puerto de la Luz y de Las Palmas por el sur. La única comunicación que tiene ese colectivo tan amplio de desplazamiento hacia el resto de la capital es a través del istmo, que es la única vía de acceso -y auténtico cuello de botella en horas punta, sobre todo para el tráfico- a la zona industrial de El Sebadal o para ir a trabajar en el ámbito portuario, lo cual genera notables dificultades.


La actual ubicación física de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el edificio de la antigua sede de la OTP es una ubicación excelente, tanto para el acceso por parte de la población como para el despliegue en la zona. Estos son argumentos que han de hacerse compatibles con el deseo ciudadano, que es lo que nosotros pretendemos hacer compatible. Nosotros queremos poner de manifiesto

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que ya precisamente sobre ese edificio en el año 1998, gobernando un partido de otro color político, se tomó la decisión de no entregarlo al colectivo cívico que lo demandaba y ubicar en él una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Años después, en 2001 y 2002, se llevaron a cabo las inversiones que condujeron a la consolidación de esa comisaría. Nosotros somos conscientes de que esa comisaría juega un papel fundamental desde el punto de vista de la lucha contra la delincuencia, contra el tráfico de estupefacientes y es una pieza básica para la seguridad ciudadana.
También somos conscientes de que esa comisaría puede desplazarse a otra ubicación, pero esto no se hace sin violentar la normativa en vigor.
Hemos sido unos rotundos partidarios del apoyo a todos, como hemos dado los socialistas canarios en todas las administraciones públicas a través de nuestros grupos de concejales, a través de las plataformas ciudadanas, a través del cabildo insular o a través del Parlamento autónomo, y en esa misma línea nos mantenemos. Es posible encontrar un equilibrio entre el nuevo uso sociocultural que hay que darle a ese edificio y un nuevo edificio donde ubicar la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. En esa línea, señorías, es importante que todos sepan que el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha suscrito con el Ministerio de Defensa un acuerdo para poder poner a disposición del ayuntamiento un suelo de aproximadamente 50.000 metros cuadrados en la zona de La Isleta para el equipamiento cívico que necesita el colectivo de La Isleta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Segura, por favor, tiene que acabar.


El señor SEGURA CLAVELL: En suma, para que quede claro, planteamos esta enmienda para mejorar -que es muy mejorable- la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto y para marcar una ruta que conduzca a la utilización de ese edificio como centro cívico sociocultural de ese colectivo de más de 60.000 personas, como he dicho, que residen en La Isleta.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Segura.


En el turno de fijación de posiciones, para hacer la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en relación con la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto sobre la permuta del antiguo edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios en Las Palmas de Gran Canaria. Mi grupo no deja de tener una cierta perplejidad ante una iniciativa de estas características. Convendrán ustedes conmigo en que resulta extraño ver en esta Cámara una propuesta que pretende que se pongan de acuerdo dos administraciones del mismo signo. Resulta extraño que además esta Cámara mandate a una de las administraciones, que es del mismo signo que el ayuntamiento -administración del Partido Socialista- a que admita una permuta con el ayuntamiento hermano. Resulta extraña esta iniciativa; parece una iniciativa en clave interna y darían ganas de ponerse de lado para que no te arrolle la discrepancia o las diferencias entre dos administraciones que deberían estar de acuerdo, sobre todo si a esta iniciativa se le van a sumar apoyos por parte de aquellos que promovieron la modernización del cuartel de la Policía Nacional y ahora consideran que, después de los 2 millones de euros destinados a la misma, hay que enajenar ese cuartel para dedicarlo a otra materia en nuestra opinión muy importante, como es la que tiene que ver con la participación de los ciudadanos en un barrio populoso que seguramente necesita equipamientos de ese tipo para esa participación ciudadana. También nos resulta extraño a nosotros -que somos gente de orden, señorías- tener que decidirnos entre la participación ciudadana y la seguridad, y nos resulta extraño porque normalmente es tradición que las fuerzas políticas representativas de la derecha, las fuerzas políticas de orden sean las que proponen no solamente que no se permuten cuarteles de la Policía Nacional sino que se creen cuarteles de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en todos los barrios para dar prevalencia a la seguridad sobre lo que podemos denominar la participación ciudadana en una determinada zona o barrio.


En todo caso, nuestro grupo parlamentario no va a obstaculizar una iniciativa de estas características, que además parece que tiene una gran cercanía entre los proponentes y las dos administraciones implicadas.
Parece que incluso en la propia enmienda todo el mundo está de acuerdo con la permuta y, por supuesto, nuestro grupo parlamentario no va a dificultar sino a favorecer que prevalezca la participación ciudadana sobre cualquier ánimo de control o de seguridad. De todas formas, llamamos la atención sobre la perplejidad que supone la presentación de una iniciativa de estas características en la Cámara, toda vez que apunta a un fracaso clarísimo de las instituciones implicadas, a un fracaso clarísimo de su sensibilidad ciudadana y a un fracaso clarísimo de la negociación o el acuerdo político entre estas administraciones, que nos trasladan esta cuestión a esta Cámara para que esta se convierta en una especie de mediador en una discrepancia que podría haber sido solucionada con voluntad de diálogo entre las dos administraciones que ya podrían haber tomado la decisión de permutar o no esta instalación. Repito que mi grupo parlamentario no va a dificultar esta iniciativa sino que la favorecerá, sabiendo al mismo tiempo que no es el mejor mensaje que esta Cámara se convierta en una cámara de mediación entre administraciones del mismo signo y en conflictos que deberían haber sido solucionados con mucha anterioridad.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


El señor Perestelo, del Grupo Parlamentario Mixto, nos presenta hoy para su debate y votación una proposición no de ley que en su parte introductoria recoge y cuenta algo así como una historia. Se trata de la historia de un edificio de la Organización de Trabajadores Portuarios que se halla situado en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria.
Es una historia larga que echó a andar hace unos sesenta y tres años, el 29 de marzo de 1946, cuando la comisión permanente de la junta de obras y servicios de los puertos de La Luz y Las Palmas aprobó informar favorablemente la cesión de una parcela a la delegación de trabajo para construir un edificio en la sección de trabajos portuarios. El edificio se inauguraría dos años más tarde, conociendo posteriormente las vicisitudes que el diputado canario recoge con detalle en su proposición no de ley y que no necesitan explicación alguna para ser entendidas plenamente.


Se trata de una historia que me atrevo a calificar de poco edificante políticamente hablando; poco edificante por al menos dos tipos de razones: por un lado, por esos episodios descritos en la propia proposición no de ley en los que se ve el desinterés y abandono sufridos en determinados momentos por los rectores de este edificio, como cuando fue entregado el inmueble al Ministerio del Interior en el año 1993. El edificio, según nos dicen, estuvo cerrado varios años constituyéndose ni más ni menos que en uno de los máximos exponentes de la marginalidad del barrio de La Isleta, hasta que en febrero de 2004 el Ministerio del Interior destina el mismo como sede de la comisaría de policía. Es muy poco edificante también, políticamente hablando, lo que como mínimo habría que calificar de escasa atención y aprecio o simple menosprecio con el que dejan de atenderse las solicitudes incluso unánimes de parlamentos como el de Canarias, el propio consejo de administración de la autoridad portuaria, además de numerosas fuerzas sociales y políticas cuando estos elevan a la Administración central la solicitud de que dicho edificio sea destinado a un determinado uso, que es el que ha expuesto el señor Perestelo y que figura en la propia proposición no de ley.


Dicen que bien está lo que bien acaba. Lo cierto es que los caminos por los que sigue avanzando este tema -coincidimos plenamente con lo que acaba de expresar el señor Llamazares- son caminos que, como mínimo, inducen a la perplejidad de ver a este Parlamento haciendo funciones que lógicamente no debieran ser las suyas. En todo caso, deseamos al grupo proponente, al grupo político y a cuantos desde Canarias vienen demandando una solución razonable y un final que, aunque tardío, sea feliz, que este final sea efectivamente feliz para este edificio y para las numerosas vicisitudes que ha vivido. Para ello, contará con el voto de mi grupo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.


Pasamos a continuación a la fijación de posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para ello, tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo también participa de esta perplejidad colectiva de que un tema que debería haber sido resuelto en otras instancias llegue a esta Cámara. Nuestra perplejidad aumenta cuando vemos la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que insta al Gobierno a estudiar y valorar favorablemente previos los informes oportunos las propuestas de permuta que en su caso se efectúen -parece que han sido ya efectuadas y, por tanto, ya debe haber podido estudiarlas-, con el objeto de recuperarla para uso sociocultural. Nosotros creemos que esta enmienda -seguramente bienintencionada; nos consta por la propia autoría de la persona que la ha defendido y su acreditada solvencia- tampoco dice nada distinto del texto inicial que se presenta y que supongo que tiene una pretensión, que es ejemplarizar ante los ciudadanos, de los que aquí hay unos cuantos que supongo que representan entidades del barrio, por qué a veces estas cosas que suceden en las administraciones son tan poco edificantes y tan poco ejemplarizantes. Ahora vamos a pedir un estudio, vamos a pedir que informe, que Puertos del Estado analice con dos lupas lo que ha aprobado la propia autoridad portuaria, que entre otras cosas es Puertos del Estado. Nos parece -y así se lo hemos manifestado tanto al grupo proponente como al enmendante- que lo más ejemplarizante sería que hubiera un acuerdo para poner punto final a esta cuestión, pero sobre todo para que este caso, que es un cúmulo de despropósitos, tenga su punto y final.


Otro elemento -el señor Segura ha hecho referencia a él y nosotros también somos sensibles al mismo- es que hace pocos años, en 2004, se ha realizado una inversión importante, de 2 millones de euros. Creemos que 2 millones de euros tienen mucho valor y más en este momento. En este sentido, nuestro grupo comprende que las cosas no pueden hacerse así. Nos hemos gastado 2 millones, pero ahora los echamos a perder y aquí no pasa nada. Por tanto, aquí hay elementos para la reflexión. Al Grupo de Convergència i Unió, sensible siempre a la mejora de la eficiencia y de la eficacia de las administraciones públicas, le gustaría que esto pudiera ser acordado por unanimidad de todos los grupos, y este es el sentido en el que quiere acabar nuestra reflexión. Señoras y señores diputados, para dar ejemplo y poner punto final a un tema que tan mal empezó, tan mal se ha desarrollado y tan mal se está siguiendo, estaría bien que hoy pudiéramos

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acordar esto con la unanimidad de todos los grupos. Saben que nuestro grupo se apunta a ello.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Señorías, quisiera comenzar mis palabras haciendo referencia la barrio de La Isleta. Integrado en el distrito Puerto Canteras, que cuenta con alrededor de 68.000 habitantes, es el barrio más populoso y participativo de la ciudad. En él ha vivido y vive gente de todos los puntos de Gran Canaria. En él se encuentra uno de los principales motores de nuestra ciudad, el puerto de la Luz y de las Palmas, pero -y aquí está el asunto que hoy nos ocupa- todos somos conscientes de la hiriente necesidad de infraestructuras socioculturales de las que adolece el barrio. Se habla hoy de Las Palmas de Gran Canaria en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional, gracias al impulso de la sociedad civil, de la mesa pro patrimonio cultural de La Isleta y de la consecución de más de 20.000 firmas. Quiero saludar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a los miembros de la mesa que hoy nos acompañan, especialmente, a su presidenta, Elba Ramírez, y a su portavoz, José Manuel Brito.


Resulta de gran importancia la existencia de redes sociales de compromiso cívico. Estos movimientos están directamente relacionados con el hecho de que los ciudadanos, los vecinos encuentren gratificante participar en la resolución de los problemas municipales, con incorporar activamente las voces de los ciudadanos en la toma de decisiones. Evidentemente, este diputado piensa que la participación no sustituye sino que complementa la democracia representativa y la hace aún más fuerte. Hablamos de abrir los márgenes, de posibilitar que, escuchando estas demandas, los vecinos se vean más representados. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular apoya también en esta Cámara, como ya ha hecho en el Parlamento de Canarias y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la preocupación de este colectivo por recuperar el edificio de la OTP, la Organización de los Trabajadores Portuarios, para uso sociocultural. Naturalmente, las gentes de La Isleta no quieren que desaparezca la comisaría de la Policía Nacional que ahora se ubica en dichas instalaciones y ello por el sencillo hecho de que encuentran allí un abrazo de seguridad que antes de 2000 era inexistente. Desde el 14 de julio de 2008, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ofreció en las inmediaciones de la actual comisaría un edificio que reúne iguales características para el trabajo de la Policía Nacional. Ya hay alternativa. Por consiguiente, tanto el Parlamento de Canarias, el 16 de noviembre de 2006, como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el 25 de julio de 2008, por mayoría absoluta de ambas instituciones, han apoyado la desafectación del uso del antiguo edificio de la OTP para uso sociocultural. Esperamos que este sea el momento -por cierto, me sorprende la ausencia del único diputado de Gran Canaria del Grupo Parlamentario Socialista- en que el Grupo Parlamentario Socialista abandone su estrategia, llena de giros de conveniencia y de rectificaciones permanentes, y sea coherente con lo defendido por sus compañeros en las islas Canarias. El alcalde socialista de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, clamaba de impotencia -y cito textualmente- hace unos días: Nosotros ya hemos hecho lo que hemos podido -decía-; la responsabilidad será solo suya, señores del Grupo Parlamentario Socialista.


De todas formas, no quisiera desaprovechar la ocasión para hacer referencia a otra instalación, a otra obra, que también está siendo víctima del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y me refiero al castillo de La Luz. El inmueble ofrecía y ofrece unas inmejorables posibilidades para convertirse en un referente en la ciudad, pero los continuos retrasos e incumplimientos de plazo para la financiación de las obras nos privan de este apreciado monumento. Me refiero a un lujo de la arquitectura defensiva de 1494, una fortaleza defensiva contra los piratas holandeses e ingleses, que resistió como ha sido evidente a los piratas, pero que ha sido y es incapaz de resistir a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, que desconoce la importancia que el castillo podría tener para el desarrollo cultural de la ciudad. Llevan cinco años con 2,7 millones de euros de presupuesto, cinco años para ejecutar las obras de mejora por parte del Ministerio de Vivienda. Aquí va esta pregunta para el Grupo Parlamentario Socialista: ¿De qué somos víctimas los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria? Tanto en el caso de la OTP como en el caso del castillo de La Luz, somos víctimas de la molicie, de la dejadez, del abandono, la desidia y la incuria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, señores socialistas. En la política del olvido hacia Las Palmas de Gran Canaria en la que está instalada el Partido Socialista, tanto por parte del ayuntamiento como de la administración de Rodríguez Zapatero, no nos encontrarán, pero en el trabajo decidido para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos tendrán en el Partido Popular a su mejor y mayor aliado.


Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Mariscal.


Señor Perestelo, su turno de aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Ya se lo he dicho al representante del Grupo Socialista. La enmienda presentada significa un retroceso importante con respecto a los acuerdos anteriores.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Perestelo, solo tiene que decirme si la acepta o la rechaza, por favor.


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El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Es evidente que no vamos a aceptar la enmienda.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perfecto, muchas gracias.


Por tanto, esta proposición no de ley se va a votar en los términos en que ha sido presentada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE GARANTÍA DE ALIMENTOS. (Número de expediente 173/000051.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate de las mociones. En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa al funcionamiento del Fondo de garantía de alimentos.


Para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le extrañó sobremanera el escaso número de solicitudes, y aún más el escaso número de resoluciones positivas, que en el año 2008 se habían concedido para acceder al Fondo de garantía de alimentos. Los datos que facilitó el Gobierno a este grupo como respuesta a una pregunta parlamentaria, así como los datos que dio en la interpelación el señor vicepresidente segundo, señor Solbes, nos dicen que en el año 2008 únicamente solicitaron estas ayudas 1.500 personas, de las cuales la obtuvieron solamente 519, cifras muy reducidas si tenemos en cuenta que únicamente en un año, en el año 2007, se cuantificaron no menos de 125.000 divorcios. Un fondo que conviene recordar una vez más tiene como objetivo paliar aquellas situaciones de precariedad económica que se producen cuando a raíz de una separación o un divorcio la persona obligada por resolución judicial al pago de unas cantidades para satisfacer las necesidades de sus hijos e hijas dependientes económicamente, incumplen dicha resolución, es decir, no paga. De manera que el otro progenitor, el que tiene a su cargo los hijos, se ve obligado a costear en solitario todas sus necesidades, lo cual conduce o puede conducir a una situación de gran precariedad económica sobrevenida, tanto para el progenitor custodio como para los propios hijos. Por ello, porque creíamos en la bondad y en la necesidad del fondo y porque a tenor de los datos de que disponíamos veíamos que el fondo no funcionaba y no alcanzábamos a entender la razón, constándonos como nos consta la existencia de muchísimas resoluciones que resultan impagadas y más en una situación como la actual de grave crisis económica, formulamos la interpelación de la que trae causa la presente moción, a tenor de la cual y del examen detenido del Real Decreto 1618/2007, que regula el funcionamiento del fondo, hemos extraído las siguientes conclusiones.


La primera es que el reglamento establece unas condiciones tan restrictivas para acceder al mismo que acaba por desvirtuarse la finalidad para la que fue creado. Ciertamente el bajo tope de ingresos económicos de la unidad familiar para poder solicitarlo que, en cifras del año 2008, sería no percibir más de 775 euros si se tiene un solo hijo o más de 908 si se tienen dos, por citar los supuestos más comunes; el que sea incompatible con cualquier otra prestación; el que solo se aplique a los menores de edad y no a los mayores dependientes económicamente; el que el procedimiento para solicitarlo sea excesivamente complicado; el que el plazo máximo para resolverlo sea muy largo y que el montante máximo de la prestación sean 100 euros al mes por hijo durante un máximo de 18 meses, son requisitos que, sumados, han actuado de manera claramente disuasoria para acceder a dicho fondo. Tanto es así, que a la vista de las escasas solicitudes la previsión para los Presupuestos Generales del Estado se ha reducido de los 10 millones presupuestados para los ejercicios 2007 y 2008 a únicamente 300.000 euros para el ejercicio del año 2009.


Una segunda conclusión sería que, a nuestro juicio, de la exigencia de tales requisitos se desprende que quizá la naturaleza del fondo no se haya comprendido demasiado bien. Este fondo ni es ni nace como una prestación social, cuya competencia sería de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, ni tampoco es una ayuda complementaria a las prestaciones que puedan preverse por las administraciones competentes. No es una prestación asistencial, reitero, lo cual quizá podría justificar un carácter restrictivo en las condiciones para poder acceder al mismo.
Es un anticipo, un claro anticipo que el Estado puede y debe reclamar después al obligado al pago, y precisamente para esto aprobamos aquí, en esta Cámara, que el Estado tuviera, como tiene, un título habilitante para subrogarse en el derecho a reclamar. El Estado adelanta y luego recobra del obligado al pago, por ello no tiene sentido ni responde a la finalidad para la que fue creado articularlo de manera tan restrictiva.
En tercer lugar, vimos también a lo largo de la interpelación que había una máxima disponibilidad por parte del Gobierno, expresada por el ministro Solbes, para averiguar si las condiciones de acceso al fondo disuadían precisamente de que se pudiera llegar al mismo y, si ello era así, proceder en su caso a las correspondientes modificaciones.


Por ello, hemos presentado una moción muy sencilla, cuyo voto favorable les solicito, y que tiene únicamente dos apartados. Uno primero es estudiar el funcionamiento del fondo y en especial las razones por las que el número de solicitudes y resoluciones positivas es tan bajo, analizando específicamente si los requisitos exigidos obran como elementos disuasorios para solicitarlo y, en segundo lugar, proceder a flexibilizar las condiciones si del estudio

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se desprende que las mismas son limitadoras o desvirtúan las razones para las que el fondo se creó.


Señorías, a esta moción se han presentado dos enmiendas. Una por parte del Grupo Popular que tiene como objetivo que se añada el que se analice también la procedencia de incluir las pensiones compensatorias en el estudio. Nos parece una propuesta interesante que agradecemos y que el Grupo Popular planteó ya en la tramitación de la ley. Por tanto, es una propuesta coherente con lo que fue su posición respecto al fondo, pero a nuestro juicio sería objeto de otra iniciativa, porque el objetivo de la moción que hoy planteamos es circunscribirnos al estudio y, en su caso, modificación del reglamento actual, del que ya existe, un reglamento en el que no se regulan las pensiones compensatorias. Asimismo se ha presentado otra por parte del Grupo Socialista, en la que se pide que para realizar el estudio el Gobierno en lugar de los tres meses que se proponía en la moción tenga seis meses para hacerlo. Nos parece una enmienda razonable. Puede redundar en que el estudio sea más riguroso y por tanto pueda analizarse mejor, y en este caso si vamos a aceptarla.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Pigem.


Efectivamente se han presentado enmiendas a esta moción por parte de dos grupos parlamentarios. Para defender la presentada por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, CiU nos trae hoy una moción para la modificación del Fondo de garantía de alimentos, un instrumento de apoyo a las familias, de apoyo a las mujeres y a los menores, una iniciativa que en el Grupo Parlamentario Popular consideramos oportuna y adecuada. Oportuna porque desde su aprobación se ha demostrado que la aplicación de este fondo no está siendo la más eficaz posible, y adecuada porque el momento de crisis en el que nos encontramos es el propicio para intensificar aquellas medidas que contribuyan a hacer menos difícil la situación de las familias.
Señorías, la terrible crisis que padecemos se ceba de forma especial en los más necesitados, concretamente en las mujeres, que en estos momentos o no encuentran trabajo o están perdiendo el que tenían, pero se agudiza en caso de mujeres separadas con hijos a su cargo, que no reciben la pensión de sus ex maridos y se encuentran en situaciones de auténtica precariedad. El informe de Foessa sobre pobreza en España, en el año 2008, mostró que había 8,5 millones de pobres en nuestro país. Una de cada cinco familias viven por debajo del umbral de la pobreza, una tasa que aumenta cuando hablamos de personas más vulnerables, entre las que sin duda se encuentran los menores y las mujeres con cargas familiares, que se ven obligadas a recurrir cada vez en más número y con más frecuencia a la ayuda de instituciones de caridad.


Ante esta incuestionable realidad, mi grupo parlamentario, sensible ante la difícil situación por la que atraviesan cada vez más familias, ha presentado distintas iniciativas para mejorar su situación, que han sido rechazadas por el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista que le respalda. Pero el Gobierno no puede dar la espalda a los más necesitados, en esta ocasión a las mujeres y a sus hijos. Por eso hoy tiene una nueva oportunidad para apoyar a las familias, para apoyar a las mujeres, mejorando un instrumento que, como se ha dicho, no es una ayuda social, pero sin duda se convierte en un apoyo vital para aquellas familias que se encuentran en una situación límite.


Señorías, este fondo vio la luz después de distintos intentos fallidos, como explicó en la interpelación la señora Pigem, en la Ley integral contra la violencia de género, en 2004, aunque tuvimos que esperar a diciembre de 2007 para que el Gobierno aprobara el reglamento de funcionamiento; retrasos y dilaciones que, junto con la drástica reducción en el presupuesto que ha pasado de 10 millones a 300.000 euros, nos confirman -a pesar de ser una medida muy positiva especialmente, insisto, para las mujeres- que el Gobierno hasta la fecha parece que no se la ha tomado muy en serio, y se ha limitado en esta como en otras tantas ocasiones a hacer un gesto a la galería. Por ello nos alegra que el acuerdo al que podamos llegar hoy los grupos parlamentarios nos permitan mejorar este fondo y que más familias puedan beneficiarse del mismo, porque a pesar de su corta existencia desde el principio se han puesto en evidencia de forma clara diversas anomalías y deficiencias en su desarrollo que deben ser corregidas. Por lo que nos parece adecuado que se analice en profundidad qué está pasando con el fondo, estudiar las solicitudes y preguntarnos, como hacía la señora Pigem, por qué han sido tan escasas y sobre todo por qué se deniegan en un número tan elevado. Y aun estando, señora Pigem, de acuerdo con el petitum de la moción, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda que tiene como objetivo la mejora del fondo y que mantiene la coherencia, como usted ha dicho, con lo que hemos defendido siempre alrededor de este fondo y que ya intentamos incorporar a través de enmiendas en la reforma de la Ley del Divorcio. Se trata de la posibilidad de que, además de darse por convenio judicial aprobado o por resolución judicial, se incluyan las pensiones compensatorias. Pensamos que sería positivo que, a la hora de analizar las posibles modificaciones del fondo, se estudiase también la posibilidad de incorporar las pensiones compensatorias con el ánimo, insisto, de mejorar este instrumento. Aceptamos las razones que nos ha dado la señora Pigem para no aceptar nuestra enmienda y estudiaremos, sin duda, presentar esta iniciativa como iniciativa propia en el futuro. En el Grupo Parlamentario Popular tenemos claro que no podemos fallar a las mujeres, que no podemos fallar a las familias, que el Gobierno no puede hacer un brindis al sol aprobando este tipo de medidas y a continuación poner tantos obstáculos que terminen agotándolas. Por todo ello, nuestro compromiso es apoyar esta moción, como todas aquellas que presenten los

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grupos parlamentarios y que vayan dirigidas a mejorar la vida de las familias en estos difíciles momentos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Camarero.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Iruela.


El señor FERNÁNDEZ IRUELA: Muchas gracias, presidenta.


Subo a esta tribuna para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en relación con la moción que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió relativa al funcionamiento del Fondo de garantía de alimentos, como consecuencia de una interpelación. Una enmienda que lo que pretende es simplemente dar un plazo más amplio al Gobierno para que realice y remita a esta Cámara el informe que solicita, seguramente de una forma mucho más concreta y rigurosa; una enmienda que con la modificación nuestro grupo deja muy claro que comparte el fondo, el espíritu de la moción y que por eso no ha planteado ninguna modificación más al texto. Quiero agradecer aquí la aceptación por parte de la ponente de Convergència, como ha dicho, de esta enmienda del Grupo Socialista y la voluntad que en todo momento hemos tenido de diálogo y de acuerdo para intentar pactar esta enmienda que permita aprobar esta iniciativa.


Me gustaría destacar también que nos encontramos ante una moción que pretende revisar y flexibilizar las condiciones de acceso al referido fondo, pero para revisar y flexibilizar es requisito previo su existencia, y aquí sí quiero destacar que este fondo se creó en la pasada legislatura precisamente con un Gobierno socialista. Hemos estado hablando de un fondo que se creó como consecuencia de la aceptación de una enmienda y se incorporó por primera vez en los presupuestos de 2007, que si bien inicialmente era un fondo con una dotación de 10 millones de euros, en 2009 se ha incorporado una partida de 300.000 euros, pero no supone ninguna voluntad de reducción, puesto que el presupuesto permite la posibilidad de su ampliación con una suma igual a las obligaciones que se reconozcan; un fondo cuya creación supuso un triunfo en la adopción de medidas de protección a las familias y en la necesidad de combatir situaciones injustas y que generan pobreza, que afecta a niños, niñas y a sus progenitores, generalmente las madres; un fondo que lo que persigue es paliar los problemas que se producen por los incumplimientos del pago de alimentos y que generan situaciones de auténtica necesidad.


La moción que presenta el Grupo de Convergència i Unió y que será modificada cuando aprobemos esta enmienda de modificación que presenta el Grupo Socialista, pretende pedir seis meses más para que se remita a la Cámara un informe que analice el funcionamiento del fondo, y que si de ese informe se desprende que algunas de las condiciones que el reglamento contempla a su acceso son muy restrictivas y que, por tanto, están desvirtuando la creación del reglamento del fondo, se proceda a sus oportunas modificaciones. Por tanto, estamos en una enmienda que va en la línea de lo que presenta la moción, porque no es lo mismo lo que en este momento quería incorporar el Partido Popular de intentar tratar en esta moción las pensiones compensatorias, que eso requeriría, en todo caso, de otro tipo de iniciativa y, por consiguiente, de otro debate, puesto que el reglamento que intentaremos modificar en función del informe no contempla dichas pensiones compensatorias.


Para acabar, presidenta, el Grupo Socialista, como grupo que aprobó la creación en su momento del referido fondo, comparte la necesidad de evaluar el funcionamiento del mismo que se encuentra regulado por el Real Decreto 1618/2007, y si fruto de ese informe que remita a las Cámaras el Gobierno se desprende la necesidad de su adaptación, estaremos también de acuerdo para poder adaptarlo. En consecuencia, nosotros también daremos soporte a su moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández Iruela.


Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Intervengo para manifestar nuestro apoyo a la moción que presenta la señora Pigem, como no podía ser de otra manera, dada la participación activa del Bloque Nacionalista Galego en la defensa de la creación del Fondo de garantía de alimentos, y en la posición que también en su momento mantuvimos de desilusión de cómo ese fondo de garantía se regulaba en el Real Decreto 1618/2007, porque tal como lo ha expuesto la señora Pigem tiene demasiadas limitaciones para la participación de la prestación que el Estado haría a las personas indicadas.


En vista de que una vez puesto en funcionamiento este Fondo de garantía de alimentos no está teniendo el resultado que inicialmente consideramos debería tener, y que entendemos que puede ser debido a estas limitaciones junto con otras cuestiones que emanan del propio real decreto, compartimos enteramente la propuesta de la señora Pigem. Nos parece una moción oportuna. Reconocemos la prudencia de la moción para que lo que inicialmente se haga sea ese estudio, que sea el Gobierno quien lo haga y que se nos remita a esta Cámara. Volvemos a manifestar nuestro voto favorable.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.


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El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Muy brevemente. Solo por razones de costumbre subo a la tribuna para manifestar que celebramos la interpelación que presentó la diputada Pigem. Entendemos que lo transaccionado con el Gobierno es interesante.
Quizás los tres meses habrían sido un plazo más oportuno en la medida en que creo que se nos acumulan los trabajos. Fíjense, y a título de reflexión -aunque sea una reflexión muy sencilla de hacer-, cómo se nos van acumulando los deberes respecto a las urgencias que genera la crisis.
Aquello que hace unos meses, quizá hace un par de años, podría demorarse o exigir una cierta velocidad de crucero, ahora se ve en la necesidad de imprimir una velocidad mayor, puesto que estamos hablando de las exclusiones sociales presentes y las inmediatas, que posiblemente crecerán de forma muy intensa. Es cierto además, tanto por los datos que dio la diputada Pigem como por los que aportó el ministro Solbes, que las cosas no funcionan. El Fondo de garantía de alimentos no acaba de funcionar, o al menos no ha cubierto las expectativas que se habían depositado en él, razón por la cual es conveniente que pongamos hilo a la aguja y se pueda resolver a fin y efecto de que pueda actuar como un mecanismo que permita amortiguar la crisis económica en este ámbito de las familias monoparentales, que además están al borde de la exclusión social, sobre todo atendiendo a la pobreza creciente, a este nuevo modelo de pobre urbano, de padre o madre, hombre o mujer, relativamente joven, con niños y niñas, en un estado de preexclusión social. Celebramos el resultado de esta moción y esperamos que no quede en el aire y se materialice lo antes posible.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señor Tardà -ahora, volviendo a su escaño, le comento-, no se apure por la acumulación del trabajo en esta Cámara, porque nuestro grupo lleva esperando siete años el cumplimiento de tres mociones y seis el de dos proposiciones no de ley aprobadas por unanimidad, o sea que el trabajo se acumula pero solo relativamente.


Al margen de esta circunstancia, yo voy a apoyar la moción presentada por la señora Pigem, brillantemente defendida por ella, y quizás utilizando un lenguaje menos alambicado y sofisticado que al que nos tiene acostumbrados la señora Pigem, que es una gran parlamentaria. La norma de este fondo, el Real Decreto 1618/2007, tiene en su seno el germen de su corrupción, dado que los elementos o los requerimientos que se consignan en la norma la convierten en norma inviable y muy desviada de sus fines, de sus previsiones ontológicas y de las circunstancias que pretendía resolver. Lo ha dicho la señora Pigem con brillantez. Exigir como requerimientos que para poder solicitar los adelantos, no las donaciones o subvenciones de este fondo, se limite a las personas que teniendo un hijo, perciban más de 775 euros al mes, teniendo más de dos perciban 908 euros al mes, y si tienen tres perciban 1.033 euros al mes, es una limitación cuantitativa y cualitativamente importante. Que solo sean beneficiarios los menores de edad cuando el Código Civil, como es sabido, también prevé que en la resolución de divorcio los padres puedan reconocer la prestación de alimentos a personas o a hijas mayores de edad, es una limitación cuantitativa y cualitativamente relevante también. Los plazos de tres meses para resolver o notificar al solicitante y de dos meses por el procedimiento de urgencia son muy perentorios. Por último, tampoco la cantidad consignada es particularmente generosa, cien euros por descendiente, aunque lo dispuesto en la resolución judicial sea mucho mayor. Desde esa perspectiva, la norma contiene el germen de su degradación, en definitiva, de su deslegitimación. Y proponer, como hace la señora Pigem, una reflexión ex post sobre el funcionamiento de esta norma, da igual que el plazo sea de tres o seis meses, un plazo razonable en donde podamos estudiar cuáles son las disfunciones que están provocando nada menos que las previsiones presupuestarias se hayan rebajado de 10 millones de euros a 300.000 euros, parece particularmente pertinente, señora presidenta.


Por tanto, y en virtud de las argumentaciones expuestas, mi grupo va a apoyar con entusiasmo, la propuesta presentada por el Grupo de Covergència i Unió.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


De la intervención de la señora Pigem deduzco que rechaza la enmienda del Grupo Popular y acepta la del Grupo Socialista. Por tanto, el texto que se pasará a votación será el original con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA Y LAS ADMINISTRACIONES URBANÍSTICAS EN RELACIÓN CON LOS AEROPUERTOS DE INTERÉS GENERAL. (Número de expediente 173/000052.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el funcionamiento de los mecanismos de colaboración entre la autoridad aeronáutica y las administraciones urbanísticas en relación con los aeropuertos de interés general. Para defenderla en nombre de su grupo, tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, antes de pasar a exponer con algún detalle los términos de la moción que, en nombre del Partido Nacionalista

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Vasco, presento como consecuencia de la interpelación que mantuvimos con la ministra de Fomento, doña Magdalena Álvarez, intentaré resumir brevemente alguno de los argumentos que quedaron expuestos en aquella ocasión, y que son los que justifican la moción que hoy someto a su consideración y para la que voy a recabar el voto afirmativo de todos ustedes. Este breve recordatorio es más necesario que en otras ocasiones, dado que la interpelación tuvo lugar allá por. -creo que esta expresión es adecuada tratándose de una actividad parlamentaria que debiera ser mucho más ajustada no solo a los problemas de los ciudadanos sino también al tiempo de abordaje de los mismos- el 18 de febrero. Vamos, que va para un mes. Entrando en el contenido, interpelé a la ministra sobre cómo estaba funcionando su ministerio en relación con el decreto 2591/1998 y, en concreto, con los artículos 8, 9 y 10 y la disposición adicional segunda. Dichos artículos regulan los mecanismos de colaboración que deben existir y que, al menos a nivel de texto legal, existen entre la autoridad aeronáutica, el Ministerio de Fomento, y las administraciones urbanísticas, sean ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, tratándose de normas, de proyectos, de obras que están afectadas por las llamadas servidumbres aeronáuticas. De esto fue la interpelación y de esto viene la moción.


Interpelamos a la ministra para saber si, para empezar, tenía un diagnóstico claro y preciso de cómo venía funcionando su ministerio en este tema. Le adelantamos por nuestra parte que no teníamos un diagnóstico cerrado de lo que estaba ocurriendo y de lo que había venido ocurriendo en estos más de diez años de normativa. Pero teníamos datos sueltos sobre lo que en concreto estaba ocurriendo con los aeropuertos vascos, y teníamos indicios y sospechas de que algo similar podía estar ocurriendo con el conjunto de los aeropuertos -47- y el helipuerto que conforman el sistema aeroportuario español bajo mando del Ministerio de Fomento.


Comprobamos en la interpelación que no era que nosotros no tuviéramos un diagnóstico cerrado; tampoco la ministra tenía un conocimiento preciso de lo que al respecto estaba ocurriendo en su ministerio. Ahí están, en el "Diario de Sesiones", afirmaciones como la que dice: analizaré e investigaré si hay desidia en determinados expedientes o si lo que hay es dificultad y complejidad. De forma que la ministra estaba un tanto como nosotros, desconocedora de lo que en realidad estaba pasando con ese decreto y los artículos citados. De ahí la primera parte de la moción que hoy presentamos y que, como salta a la vista, no busca otro objetivo que realizar un diagnóstico preciso, detallado de lo que ha venido ocurriendo en las relaciones de colaboración -de supuesta colaboración- entre el ministerio y las administraciones urbanísticas competentes en relación con los aeropuertos de interés general -la totalidad de ellos-, y en la totalidad del periodo que va desde la aprobación del decreto citado hasta nuestros días. Queremos, porque creemos que esto es necesario, un informe preciso, detallado, cuantificado de lo que ha venido ocurriendo. De ahí la extensión y el detalle -que no les voy a leer a ustedes- con el que hemos redactado y buscamos que nos responda el ministerio, a través de la parte primera de nuestra moción.


Al final de este primer punto de la moción, tras recoger en el detalle la pequeña o gran historia de estas relaciones, le requerimos al Gobierno que dé un paso más, que estimamos además que es muy conveniente y hasta necesario. Que él mismo nos diga, a la vista de los datos que ahora sí recopile, de todos ellos, cómo evalúa el cumplimiento que el ministerio ha hecho en todos estos años del Real Decreto 2591/1998. Y que no contento con esto, dé un paso más y que, si lo estima, nos adelante en el mismo informe las propuestas y medidas de actuación que entiende el ministerio que son necesarias para un cumplimiento eficaz y eficiente de las previsiones legales establecidas. A decir verdad, todo esto es algo que el ministerio debiera tener hecho, rehecho. No hay en efecto administración eficaz y eficiente allá donde no se evalúa permanentemente su actividad y donde, en caso de mostrar deficiencias, no se toman medidas en tiempo para mejorar la misma. Esa ha sido la razón por la que nos ha parecido que fijar para la elaboración de un informe de evaluación el plazo máximo de un mes debiera ser más que suficiente. Casi a vuelta de correo debiera mandarnos el ministerio este informe si hubiera hecho los deberes oportunamente. Y no ha dejado de causarnos extrañeza que el Grupo Socialista, no contento con los treinta días, nos pida más. Pero no vamos a hacer cuestión del tiempo en el que el ministerio pueda enviarnos este informe que, eso sí, deberá ser detallado en los términos que acabo de exponer.


El punto segundo de la moción es de los que uno escribe con cierta vergüenza, lo reconozco. Resulta de una obviedad que pareciera que no tiene sentido recogerlo en moción alguna, porque lo único que pedimos es que se sea diligente y eficiente en cumplir la ley, la norma. Y esto es elemental. No sabemos si el Grupo Socialista en la moción que nos ha presentado va a insistir en que rebajemos este punto porque a nosotros nos parece que no se puede rebajar. Que se diga que tiene que cumplir la norma de forma eficiente y eficaz, qué menos podemos decir en una moción.
La verdad es que tenemos una cierta impresión de que pudiera no cumplirse, al menos como hemos señalado anteriormente, pero -y voy terminando- lo recordé con ocasión de la interpelación y vuelvo a hacerlo hoy al cierre de la moción. Con gran insistencia y como mínimo a veces con excesiva alegría y ligereza he escuchado decir en repetidas ocasiones, en sede parlamentaria, que el ministerio y que el sistema aeroportuario español funcionan bien. Así, genéricamente. Afirmaciones de este estilo debieran en todo caso estar soportadas en evaluaciones precisas...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Beloki, por favor, tendría que acabar.


El señor BELOKI GUERRA: Termino, señora presidenta. De cómo presta el conjunto de los numerosos

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servicios que en el caso del Ministerio de Fomento se prestan, bien sea a los ciudadanos, bien en este caso a los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o a quien sea urbanísticamente competente. El debate político puede soportar todo, pero la valoración ciudadana requiere de este tipo de evaluaciones, de forma que esperamos que todos los miembros de esta Cámara se sumen a una moción que insistimos es elemental, en la que el tiempo no nos preocupa mucho, y en lo otro es de una obviedad que sería escandaloso que no lo votáramos todos a favor.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.


A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Gasco.


El señor GASCO GONZALO: Buenas tardes, presidenta, buenas tardes, señorías. En primer lugar, señor Beloki, quiero agradecerle el tono y también manifestarle que, como usted sabe y como ya manifestó la ministra de Fomento en la sesión del 18 de febrero en esta misma Cámara, desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos por la transparencia, por la información y por la colaboración entre las distintas instituciones. En este sentido y atendiendo a lo que es el objeto de su moción, que es la relación y la coordinación entre las administraciones autonómicas y locales con la Administración del Estado en aquellas competencias que son concurrentes en materia aeroportuaria y aeronáutica, y en lo relacionado con estos planes, desde el Grupo Parlamentario Socialista vemos con interés la moción que ustedes han presentado.


Tenemos tres niveles de actuación en estas competencias concurrentes, desde el punto de vista urbanístico. El primero son los planes directores, planes especiales o instrumentos equivalentes que desarrollan los anteriores y distintos proyectos urbanísticos que afectan a la zona del servicio de aeropuertos de interés general. En esta la competencia es de AENA y se aprueban por una real orden del Ministerio de Fomento, tal y como establece el real decreto de 1998. Los segundos son los planes especiales que, según el mismo real decreto en su artículo 8, plantean la necesaria coordinación, como usted también ha señalado, entre las administraciones públicas con competencias concurrentes. Por ello, incluso detalla y dice que, en el caso de que el traslado no se realice, en el supuesto de que AENA se pronuncie negativamente sobre el contenido del plan especial o documento equivalente que eleven estas administraciones, se abrirá un período de consultas entre la Administración urbanística que aprobó inicialmente el plan y el ente público AENA, a fin de llegar a un acuerdo expreso sobre el contenido del mismo. Es más, señala que en caso de desacuerdo en las materias concurrentes para el Estado, será el Consejo de Ministro el que informará con carácter vinculante. Con respecto a los terceros niveles que podríamos analizar, que son los proyectos urbanísticos que afectan a la zona de servicio de los aeropuertos de interés general, la disposición adicional segunda de este mismo real decreto ya expresa que las administraciones públicas competentes en materia de urbanismo y ordenación territorial remitirán al Ministerio de Fomento, antes de su aprobación inicial, los planes o instrumentos generales de ordenación urbana que puedan afectar a la zona de servicios o a los espacios circundantes sujetos a las servidumbres aeronáuticas, en virtud de la Ley de Navegación Aérea.


Por lo tanto, es fundamental la labor de coordinación, la labor de entendimiento ante un nivel de concurrencia de competencias para prestar un buen servicio a la ciudadanía. Por ello es obligación del Ministerio de Fomento, como señaló la ministra, doña Magdalena Álvarez, que atendiendo a la importancia de la seguridad aérea y a la viabilidad futura del desarrollo de los aeropuertos que hoy en día -y usted lo conoce muy bien al igual que yo, por ser diputados de Guipuzcoa- suponen graves dificultades de ampliación dentro del marco de la Unión Europea, se elaboren con cuidado y con atención los informes correspondientes. La complejidad, a la hora de informar en muchos de estos casos, se debe a múltiples factores: desde las condiciones orográficas del terreno, que en nuestro territorio de Guipúzcoa y el territorio colindante de Vizcaya y otros lugares del Estado son realmente difíciles, los elevados niveles de ruido que deben soportar las áreas residenciales, los riesgos de la navegación aérea derivados por ejemplo de la presencia de aves en las proximidades o los apantallamientos radioeléctricos, la generación de humos que restan visibilidad en las operaciones aéreas, etcétera. Son múltiples las razones para velar por la seguridad desde el ministerio a la hora de informar. Por tanto, como manifestó la propia ministra en esta Cámara, si se actuara con una visión rígida y estricta se informarían de manera negativa todas las propuestas en el plazo de un mes, y no sería, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, el mejor de los escenarios para establecer la colaboración indispensable con los ayuntamientos o con las demás instituciones. Por eso, la complejidad de las propuestas, las necesidades de un conocimiento técnico determinado, que también a veces escapa de los ámbitos municipales, alargan en ocasiones los plazos establecidos.


Ya se señaló -y voy finalizando- que atendiendo a todas estas cuestiones es de resaltar que, a día de hoy, de los 723 expedientes existentes desde 2004 se han resuelto 616, 30 de ellos en Euskadi, y que a mediados de febrero quedarían por resolver 129, 2 en Euskadi, uno el de Derio y otro el de Irún. Por tanto, atendiendo a la disposición que el propio señor Beloki ha manifestado de que el tiempo no va a ser una cuestión determinante a la hora de su disposición de llevar a cabo la moción...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Gasco, por favor, tiene que terminar.


El señor GASCO GONZALO: Termino. Por transparencia y por la voluntad que tenemos los socialistas en la

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colaboración institucional, vamos a votar a favor de la propuesta, atendiendo a la disponibilidad que el señor Beloki ha realizado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Gasco.


En el turno de fijación de posición, en primer lugar tiene la palabra el señor Perestelo en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Intervengo brevemente para, en primer lugar, felicitar al señor Beloki y al Grupo Vasco por la iniciativa. Nos parece que en una infraestructura tan básica para el desarrollo del sistema económico como son los aeropuertos, conciliar los planes directores de los aeropuertos con los planes generales de los municipios donde se ubican estos aeropuertos es lo mismo que conciliar el interés de los ciudadanos y un pacto con los ciudadanos a la hora de defender estas infraestructuras.


El objetivo de la moción trata de coordinar instituciones, coordinar ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, algo que no parece necesario a estas alturas de desarrollo constitucional, pero que sin duda alguna en estos momentos de inestabilidad que están posibilitando unos vientos centralizadores, que parece que quieren descaminar ese camino ya recorrido en cuanto a los marcos competenciales autonómicos, parece más necesario. Si queremos que esta Cámara sea control de la acción del Gobierno no hay más que establecer plazos para presentar esos documentos de manera que puedan ser debatidos profundamente. Por todo ello vamos a apoyar esta iniciativa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Yo también quería felicitar al señor Beloki y al Partido Nacionalista Vasco por esta propuesta. Lo que se traslada en la interpelación y en la moción es la exigencia de algo muy básico: el cumplimiento de la ley, para que aquellos planes realizados por AENA y para que en la elaboración de los planes directores de los aeropuertos las instancias urbanísticas sean consultadas. Esta moción pone de manifiesto algo que no acaba de funcionar; no es lógico que, estableciendo la ley que los ayuntamientos tienen que ser consultados en la elaboración de estos planes directores, con lo que nos encontremos es con que -el señor Beloki explicaba el caso de aeropuertos situados en el País Vasco, pero es una práctica que también se produce en otros lugares- las administraciones locales no son consultadas. Esto lleva a un debate más de fondo que son los elementos de descentralización en la gestión, como existen en media Europa y que el Gobierno no quiere abordar. Pese a ello y valorando que esta moción lo que va a hacer es exigir el cumplimiento de la ley, nuestro grupo va a valorarla, felicitar la iniciativa, y votar a favor de ella y del acuerdo al que han llegado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo también va a votar afirmativamente a esta moción, y no puede ser de otra manera por cuanto nos parece una moción especialmente oportuna. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Curiosamente, nuestro grupo ha tenido ocasión estas últimas semanas de estar en contacto con Aviación Civil, con el Ministerio de Fomento y con AENA para solucionar distintos casos que nos han planteado varios ayuntamientos, algunos de ellos incluso no situados en nuestro ámbito natural, en Cataluña, y en todos ellos se ha detectado siempre la misma problemática: falta de coordinación, pérdida de expedientes, expedientes que son resueltos en sentido contradictorio entre AENA y el propio Ministerio de Fomento; en definitiva, inseguridad jurídica para los ciudadanos. Por tanto, la pretensión del señor Beloki, que es que conozcamos cómo funciona, cómo está el estado de la cuestión en este momento y que reclamemos diligencia en la tramitación, es una prevención de lo más inocente, si me lo permite, pero que tenemos que exigir. Hay que exigirlo, puesto que si no se estarán paralizando muchos expedientes, se estarán interfiriendo muchas actividades.


Les voy a relatar el último caso, que por cierto se refiere a una actividad que se quiere instalar en Canarias. Se trata de una importante instalación industrial que crearía algún centenar de puestos de trabajo y que lleva un año sin saber si se puede instalar o no, puesto que nadie logra decir si aquello afecta o no a las servidumbres aeronáuticas. Los promotores llevan un año intentando llevar a cabo esa instalación o esperando a que les digan de entrada que no pueden. Me parece que en estos momentos, cuando se pierden tantos puestos de trabajo, esto es de una extraordinaria irresponsabilidad. Y a pesar de la buena voluntad personal del director general de Aviación Civil no logramos saberlo; como decimos en Cataluña, no logramos ver el agua clara y saber qué pasa, por qué unos interpretan la ley de una manera y otros de otra, por qué unos dicen que tienen un plan director que parece que no existe. Todo ello constituye algo que no funciona y que a nuestro entender sí debería funcionar.


Por tanto, vamos a apoyar esta moción con un determinado nivel de entusiasmo. A veces las cosas hay que decirlas y a nosotros nos pareció muy bien lo que hizo el

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Grupo Parlamentario Vasco. Esperamos que se cumpla y que cuanto antes dispongamos de esta información. Ya adelantamos que vamos a trabajar esta información porque se están perdiendo muchas iniciativas, no se está gestionando bien, y por tanto hay que ponerle un semáforo ámbar al ministerio para que haga sus deberes conforme a derecho y sobre todo para que no paralice actividades. En este momento debería haber un mandato permanente a los gobiernos, y es que es un pecado mortal paralizar actividades que creen riqueza, y el Ministerio de Fomento -aunque solo sea por este nombre y lo que significaba antaño- debería tener una auténtica obsesión por no paralizar la creación de riqueza. Por tanto contarán con el voto entusiasta de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Para fijar posición por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Santa Ana.


La señora DE SANTA ANA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, la moción que debatimos hoy, consecuencia de la interpelación que el Grupo Parlamentario Vasco presentó a la ministra de Fomento, en la última sesión plenaria previa a los comicios electorales gallegos y vascos, tiene un enmarque temporal claro. No fue casual que los alcaldes de varios municipios vascos ocupasen la tribuna de invitados. Tampoco fue casual que la ministra de Fomento se deshiciera en halagos y peticiones de perdón en referencia a si alguno de esos alcaldes podía haberse sentido molesto, como consecuencia de unas declaraciones de la ministra en relación a la ampliación del aeropuerto de Bilbao o sobre el trato recibido por parte de la Dirección General de Aviación Civil. Señorías, las elecciones ya han pasado y la moción tiene un contenido relativo al sistema aeroportuario español; un contenido referido a los 47 aeropuertos de interés general y a los mecanismos de coordinación y de colaboración urbanística entre el Estado, AENA en este caso, y las distintas administraciones territoriales. En definitiva, la moción trata de conocer, por un lado, el grado de cumplimiento que se ha hecho del Real Decreto 2591/98, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio por parte de las administraciones; y por otro lado, instar al Gobierno a una actuación diligente, eficiente y rigurosa de la autoridad aeronáutica en sus funciones de colaboración e informe con las administraciones urbanísticas, y por tanto con los ayuntamientos y con las distintas comunidades autónomas.


Evidentemente al Grupo Parlamentario Popular le parece bien, pues no en vano el real decreto, cuya aplicación rigurosa hoy pretendemos, fue aprobado por el Gobierno del Partido Popular en el año 1998. Y fue aprobado, señorías, para regular la obligatoriedad de los planes directores para todos y cada uno de los aeropuertos españoles y para regular la coordinación y los mecanismos de respeto, tanto a la legislación urbanística como a los instrumentos de ordenación del territorio de las comunidades autónomas, y en cumplimiento de lo recogido en la ley, que establece los planes directores de los aeropuertos como la figura adecuada de la planificación aeroportuaria y de la seguridad aérea en el ejercicio de las competencias exclusivas que tiene el Estado en esta materia.


Señorías, esta moción no es más que, en el ejercicio de la función de control al Gobierno, para conocer qué aplicación se ha hecho del real decreto citado, siendo oportuna cuando precisamente se cumplen en estos momentos diez años de su entrada en vigor. Bien es cierto que esta moción no habría tenido razón de ser si por parte de las administraciones territoriales no se tuvieran quejas y reticencias con el Ministerio de Fomento en cuanto a la aplicación de la legislación vigente. Quedaron patentes en la interpelación urgente, también ha quedado hoy patente en la intervención realizada por el señor Beloki que varios ayuntamientos ven cómo la emisión de informes por parte del Ministerio de Fomento se retrasa de forma irregular, y los plazos que en condiciones normales no deben ser superiores a un mes, en algún caso alcanzan hasta el año sin ninguna justificación de peso evidente, demorando de esta manera y dilatando la adopción de acuerdos por parte de las corporaciones locales, que ven cómo de forma indirecta paralizan políticas municipales. Y esa situación hay que analizarla en todo el territorio, en las distintas comunidades y ciudades autónomas. Por tanto, señorías, mi grupo parlamentario votará a favor de esta moción en los términos en los que el Grupo Parlamentario Vasco la defina en referencia a la admisión o no de la enmienda presentada, para así tener constancia del grado de cumplimiento por parte del Gobierno de esta legislación aeroportuaria, y en todo caso instando a que en lo sucesivo el Gobierno sea escrupuloso y diligente en su aplicación.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Santa Ana.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA FUERTE PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO, EL INCREMENTO DEL PARO Y LA CAÍDA DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 173/000053.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el último punto incluido en el orden del día para esta tarde, moción del Grupo Parlamentario Popular sobre la posición del Gobierno ante la fuerte pérdida de puestos de trabajo, el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social. Para su defensa por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Ignacio Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy a esta Cámara un paquete de medidas en forma de moción,

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que son consecuencia de la interpelación urgente que defendió mi compañero, el señor Montoro, en el último Pleno. Son 9 medidas que se suman a las 12 iniciativas parlamentarias, con cientos de propuestas y de soluciones, que junto con las 1.300 enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado y junto con las presentadas en el Senado conforman una auténtica alternativa política en materia de empleo a este Gobierno, además de una enmienda a la totalidad a la errática actitud y a la demostrada incapacidad del presidente Zapatero para poner fin a esta dramática situación de destrucción de empleo en nuestro país.
Por tanto, cada vez que el ministro de Trabajo o sus portavoces piden conocer alguna propuesta de nuestro grupo, como lo hizo el otro día el señor ministro en esta Cámara, nosotros respondemos con otro grupo de iniciativas, para poner en evidencia que no hay peor ciego que el que no quiere ver ni hay más irresponsable que el que, sabiendo que carece de respuestas, menosprecia de antemano las del adversario porque es incapaz de admitir su rotundo fracaso, y sobre todo la capacidad del adversario político de hacerlo con más eficacia, con la eficacia de haber rebajado el paro del 23 al 11 por ciento, con la eficacia de haber creado más de 5 millones de nuevos empleos, con la eficacia de las mismas medidas actualizadas a la España de hoy, que están dando magníficos resultados en todos los países de Europa, facilitando la contratación, que no el despido; el trabajo, que no el subsidio, o el bienestar, que no la angustia y la desesperanza. Señorías, suponemos que estas medidas también serán votadas en contra, como ya lo fueron todas las anteriores: las de fomento del empleo, las de políticas activas de empleo, las de formación, las relativas a los servicios públicos de empleo o las de renovación de las relaciones laborales. Todas, absolutamente todas fueron votadas en contra.


Señorías, los europeos que vieron con asombro cómo las medidas de un Gobierno popular creaban hace solo cinco años la mitad de todo el empleo de la Unión Europea, asisten hoy con auténtica estupefacción a los datos que muestran que 9 de cada 10 parados en Europa son españoles. Ustedes pusieron todas sus fichas en el diálogo social, pero hoy se pone de manifiesto que está fracasando también. Ustedes desperdiciaron la legislatura pasada por falta de capacidad y sobre todo de ambición, y ahora lo están pagando los españoles, mucho más los que más lo necesitan.
Ustedes, señorías, han renunciado a gobernar, y así hemos perdido ya un año. Hace tres semanas, señorías, el ministro nos juraba aquí que el paro no alcanzaría nunca los 4 millones, y ayer un nuevo estudio, el de Funcas, alertaba de que superaremos pronto los 4,5 y de que aún tendremos más en el año 2010. Nos dijo también que la industria y los servicios tomarían el relevo a la construcción en la economía, y lo ha tomado ciertamente, pero lo ha tomado en la destrucción de empleo. Sigan ustedes así, pero cada vez que votan en contra un paquete de medidas económicas de este grupo parlamentario, bien de carácter fiscal o bien de carácter laboral, viene aquí el ministro a la semana siguiente a anunciarnos 200.000 parados más, y no le tiembla el pulso, ni le quita el sueño, ni nada le despierta del fundamentalismo argumental que tanto está perjudicando a las familias españolas.


Señorías, con las medidas que presentamos hoy pedimos al Gobierno que promueva una reforma laboral, una reforma laboral en el marco del diálogo social como la que acordamos en el año 1997, que tenga como objetivo prioritario la creación de empleo y el fomento a la contratación indefinida, bonificando las cotizaciones de los nuevos contratos.
Nosotros lo hicimos, lo hicimos con 1.200 euros de media durante cuatro años, y ahí están los resultados. Le pedimos al Gobierno, ahora que la campaña de la renta está cercana, que sustituya la deducción de los 400 euros anuales en la cuota del IRPF por una reducción equivalente en las cotizaciones sociales del trabajador, para que de esa manera miles de españoles, especialmente los que tienen menos renta, no tengan que devolver esa parte de la deducción que no les corresponde por no tener la cuota suficiente para aplicar tal deducción. Le pedimos también que consideren como no consumida la percepción de prestación por desempleo en los ERE temporales, y le pedimos facilitar el aplazamiento de los pagos a aquellas empresas que tienen que pagar a la Seguridad Social y están en una situación crítica, y ampliar el presupuesto de las escuelas-taller para recolocar a los parados que han acabado los subsidios. Le pedimos, en definitiva, optimizar todos los recursos que en España se dedican a la recolocación, a la búsqueda de empleo y a la formación y ampliar las bonificaciones de los contratos a tiempo parcial, a la vez que se buscan fórmulas para que los trabajadores que llevan más de tres meses sin cobrar su salario puedan optar por el despido, sin que para ello tengan que sufrir pérdidas en sus indemnizaciones o en la prestación por desempleo.


Señorías, hoy tienen la posibilidad de hacer suyas estas medidas que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que tan buenos resultados dieron a España hace trece años y que tan buenos resultados están dando en estos momentos en otros países de Europa. También tienen la oportunidad -y en eso consiste precisamente la libertad- de continuar por el camino que han emprendido y por el que transitan ya hace un año, con iniciativas de carácter espasmódico, incongruente y absolutamente estériles, propias de un Gobierno noqueado que no sabe hacer nada salvo demostrar a los españoles cómo dedican a manos llenas el dinero de sus impuestos a acciones inútiles que no han creado ni un solo puesto de trabajo de un año, con reales decretos que han defraudado no solo a los interlocutores sociales sino a más de la mitad de esta Cámara que son, en definitiva, tiritas, aspirinas, cataplasmas o mercromina para la auténtica neumonía económica aguda más grave y más complicada que ha sufrido la economía española en los últimos años.


Señorías del Grupo Socialista, hoy los españoles celebramos con tres millones y medio de parados, con un millón de personas que no tienen ingresos o con 135.000 autónomos que han tenido que bajar para siempre la persiana de sus negocios su primer año de legislatura. Nosotros

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hemos hecho lo que nos corresponde, hemos propuesto soluciones y alternativas. A ustedes les queda el resto, que es seguir disminuyendo la cohesión social, seguir disminuyendo la convergencia real de nuestro ciudadanos y empeorando sin duda la vida y el bienestar de los españoles o, por el contrario, cambiar de una vez de registro, despertar de su largo letargo, aprobar estas medidas, comenzar a recuperar el derecho, la dignidad y las oportunidades que a los españoles les da el trabajo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.


Para fijar su posición y defensa de sus enmiendas tiene la palabra por el Grupo Mixto don Carlos Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo muy brevemente para fijar la postura de Unión del Pueblo Navarro a la moción que presenta el Grupo Popular sobre la posición del Gobierno ante la fuerte pérdida de puestos de trabajo, el incremento de paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social.
Quiero mostrar nuestro apoyo al contenido de la moción cuyas medidas nos parecen realmente acertadas. Aprovechamos esta ocasión para reiterar una vez más la necesidad de la búsqueda de un gran acuerdo para afrontar esta crisis desde la unidad de acción de todos los partidos políticos.
Señorías, no hay en el horizonte ningún indicador que nos anuncie que la situación vaya a mejorar y que tengamos que aplicarnos con valentía e imaginación para superar esta crisis. Por eso creo sinceramente que el Gobierno se equivoca cuando desoye las ideas, las iniciativas y las propuestas de los demás grupos que, entiendo, van igualmente dirigidas a superar esta dramática situación en la que vivimos en estos momentos.


El pasado día 24 de febrero compareció el gobernador del Banco de España en la Comisión de Economía y Hacienda para decirnos básicamente tres cosas: primero, que de esta crisis íbamos a salir con seguridad -así lo dijo-, aunque advirtió que nadie sabe cuán profunda y cuán larga será esta situación; segundo, que de esta crisis saldríamos con seguridad y en todo caso cuando salieran de ella los norteamericanos; y tercera, que al menos por lo que al sector financiero se trataba, a España no le quedaba un mínimo marco de actuación para enfrentarnos a esta situación. Duras palabras. Sus palabras, si es verdad que responden a la filosofía con la que el Gobierno está afrontando esta crisis, solo reflejaban falta de ideas, falta de interés y falta de capacidad para salir de esta actual situación.


No creo sinceramente que la mejor de las políticas para afrontar este terremoto consista en fiar la recuperación de España en lo que otros puedan o vayan a hacer. Es verdad que saldremos de esta crisis, pero quiénes saldrán de ella y cómo van a salir esa es la gran pregunta y es en aquello en lo que debería estar concentrado este Gobierno en este momento y preocuparse como objetivo prioritario. Como plantea la moción, me parece oportuno establecer ventajas fiscales, bonificaciones, en definitiva, premiar a quien estos momentos es capaz de arriesgar creando empleo, como también es oportuno buscar medidas para garantizar que las iniciativas aprobadas y destinadas a provocar un mayor consumo realmente sirvan para ese fin o bien, como también se propone, agilizar trámites o flexibilizar en este momento de extrema gravedad criterios introduciendo, como se introduce, la posibilidad del aplazamiento de pagos de cuotas de la Seguridad Social.


Señorías, desde mi punto de vista, todas estas medidas y otras muchas más que otros grupos pudieran aportar deberían estar de manera urgente sobre la mesa del diálogo social, un diálogo social absolutamente necesario entre el Gobierno, los agentes sociales, políticos y económicos de nuestro país. Señorías de la mayoría, no basta con esperar a que el terremoto pase, porque cada día que pasa sin tomar decisiones valientes y acometer reformas estructurales es un tiempo perdido para el empleo y para la recuperación económica.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo parlamentario tiene de nuevo la oportunidad de fijar posición respecto a las recetas de la derecha, del Grupo Parlamentario Popular, con relación a la crisis. Lo cierto es que han hecho un mayor esfuerzo para que no sea su programa máximo -tampoco se puede decir que sea su programa mínimo- y presentan iniciativas que pueden ser compartidas. Nuestro grupo parlamentario podría votar favorablemente algunos puntos de la iniciativa. No encontramos inconvenientes respecto a algunos de ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la propuesta número seis, destinada a la mejora de las escuelas-taller; la relativa a los trabajadores que lleven varios meses sin cobrar su salario; facilitar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para empresas en situación crítica, etcétera. Esas iniciativas podrían ser respaldadas por mi grupo parlamentario, pero el problema es que entre estas perlas hay una cuestión de fondo que nos separa de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular y es, como siempre, atribuir si no la causa, que sería muy difícil de atribuir, sí al menos la solución a la crisis a reformas del mercado laboral. Es una obsesión que se repite por parte de la derecha en periodos de crecimiento, también las reformas del mercado laboral, y parece ser que en periodo de crisis la gran receta, la gran solución, es una nueva reforma laboral o, mejor dicho, una contrarreforma laboral, porque se dice: una reforma laboral similar a la acordada en 1997.


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Quiero recordarles a los diputados del Grupo Popular que aquella reforma laboral tenía como leitmotiv, como aspecto fundamental, un nuevo modelo de contrato barato, el nuevo modelo de contrato barato que hace nuestro sistema de contratación aún más flexible, aún más precario, aún más barato, y esa no es la solución. Ese es uno de los problemas de nuestro modelo económico precario. Un problema es el financiero, que también se da en el marco internacional; otro es el excesivo peso de la construcción inmobiliaria, y un tercer problema es un modelo laboral precario respecto del cual el Grupo Popular sigue empeñado en profundizar en sus iniciativas proponiéndonos una nueva contrarreforma laboral al estilo de la acordada en 1997. Señorías, en esa materia no nos van a encontrar, como no nos van a encontrar en la bonificación del contrato a tiempo parcial, una iniciativa muy querida también en periodos de crecimiento y de crisis. Quiero recordar que la reforma de 1997 se hizo precisamente en periodo de crecimiento, y ahora se pretenden las mismas recetas para la crisis.


El Grupo Parlamentario Popular también propone unas iniciativas que podríamos denominar singulares o sui géneris, como es, frente a la propuesta del Gobierno de la devolución de los 400 euros, transformar esa deducción de 400 euros en una reducción equivalente de la cotización social del trabajador. No lo compartimos, hemos sido siempre partidarios de que esa deducción no se produjese, al igual que hemos sido partidarios de que no se redujese el IRPF, de que no se redujese el impuesto de sociedades, de que no se suprimiese el impuesto del patrimonio. Todo ello hoy nos permitiría tener 25.000 millones de euros adicionales para hacer una política de inversión pública y de desarrollo sostenible y de cambio de modelo frente a la crisis. Por lo tanto, tampoco estamos de acuerdo en esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.


Hay una última perla que querría diferenciar, que es la famosa colaboración público privada en la cual nos hemos enfrentado en diversas ocasiones con el Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Ahí no tenemos acuerdo ni lo vamos a tener, porque nosotros somos partidarios de fortalecer los servicios públicos de empleo y no de fortalecer a las empresas de trabajo temporal, que también han sido un instrumento esencial en la precariedad de nuestro modelo laboral. Creemos que ese no es el camino, deberían dejar las obsesiones del pasado y tomar iniciativas más imaginativas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


La verdad es que mi grupo no ha presentado ninguna enmienda. Si acaso, ¿me confiere un turno de fijación de posición? (Asentimiento.) Gracias, señor presidente.


En relación con las propuestas del Grupo Parlamentario Popular, pueden adolecer del mismo defecto que tiene el real decreto-ley que se va a someter a aprobación la próxima semana: son medidas razonables, están puestas en razón la mayoría de ellas. No comparto las palabras del portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, cuando las ha etiquetado como medidas de la derecha. Son técnicamente aceptables en la mayoría de las ocasiones, pero no completan el puzzle de medidas añadidas al PlanE del Gobierno español, al real decreto-ley que se va a someter a convalidación la semana que viene; no completan el puzzle de las medidas que es necesario adoptar en relación con una crisis cuya diagnosis no se ha realizado convenientemente todavía, señor presidente.


Me voy a quedar con la peor de las previsiones, que son las que siempre aciertan. El Ministerio de Trabajo en las previsiones en materia de desempleo se equivoca sistemáticamente; el Banco de España también; la Comisión europea también. Le voy a decir, señor presidente, quién acierta siempre: la Fundación de la Confederación de Cajas de Ahorros, que nos están comentando que acabaremos el año con cuatro millones y medio desempleados, que acabaremos el año que viene con cinco millones de desempleados. ¿Qué es lo que falta en nuestra opinión, señor presidente? Falta capacidad de concertación con los interlocutores sociales. Las medidas del Partido Popular requieren solo acuerdos parlamentarios, no están negociadas con los interlocutores sociales. El real decreto-ley que se nos va a presentar para ser convalidado eventualmente la semana que viene -y que ya anunciamos nuestra predisposición a que se debata como proyecto de ley- no viene concertado con los interlocutores sociales, por primera vez. En la legislatura pasada, señor presidente, hemos asistido a una verdadera usurpación de funciones parlamentarias. Todas las normas laborales, todas sin excepción -el señor Llamazares no me podrá refutar esta afirmación- han venido precedidas de acuerdos interprofesionales entre cuatro interlocutores sociales que han pasado el iter legislativo virginalmente, ni una sola coma ha sido modificada en relación con los proyectos de ley acordados previamente por los interlocutores sociales y que se han convertido en leyes. Me gustaría saber qué opina el señor Llamazares sobre el abaratamiento del despido para la conversión de los contratos temporales en fijos, una de las manifestaciones más paradigmáticas de la última reforma laboral que hemos aprobado en la anterior legislatura. ¿Esto es conservador, esto es progresista? En definitiva, aquí falta una diagnosis profunda sobre la situación del desempleo. La economía se desploma, el desempleo se desploma y vamos a acabar el año que viene con cinco millones de desempleados, el 20 por ciento de la población activa. Aquí lo que se impone es el consenso, el consenso con los interlocutores, el consenso parlamentario, la no patrimonialización del desempleo, lacerante consecuencia de la crisis económica por parte de ningún

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partido político, y un Pleno monográfico -que es lo que solicito- para diagnosticar y buscar soluciones que complementen este complejo puzle de actuaciones desde los poderes públicos, pero también desde los agentes privados en relación con el desempleo, todos los agentes privados, todos los poderes públicos, y que tampoco se invoque por el señor Llamazares la colaboración entre la iniciativa pública y la privada. No hay ningún país de la Europa de los Veintisiete donde las actuaciones contra el desempleo adquieran esta posición híbrida público-privada; no hay otra forma de actuar.


Desde esa perspectiva anuncio la posición de nuestro grupo parlamentario, señor presidente, en un contexto en el que tengo que reconocerle que es difícil exponer las ideas. Espero que los interlocutores, los llamados a votar, las comprendan. Vamos a votarlas afirmativamente porque nos parecen razonables en su generalidad. Vamos a votar positivamente esta moción presentada por el Partido Popular, como votaremos también a favor de eventuales convalidaciones de reales decretos-leyes que se van a presentar la semana que viene, que pediremos que se debatan como proyectos de ley.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Todos los grupos, quizás con respuestas distintas desde el señor Llamazares hasta el señor Echániz, compartimos la idea de la gravedad de la situación, del desplome del mercado de trabajo, de las perspectivas difíciles y complicadas para los próximos meses y de la insuficiencia de las medidas que el Gobierno está tomando. Quizá las respuestas de unos y otros sean distintas, pero todos coincidimos en la gravedad de la situación y todos somos conscientes de que el real decreto-ley que en las próximas semanas esta Cámara deberá convalidar es una respuesta inadecuada a esta situación y es la expresión seguramente ya del principal fracaso de la política de empleo de este Gobierno, que es el no haber conseguido poner de acuerdo a los agentes sociales en una primera agenda o batería de medidas para hacer frente a esa situación.


Esta mañana en la Comisión de Trabajo e Inmigración de este Congreso afirmábamos que cuando hay un acuerdo social eso es mérito del Gobierno y cuando en anteriores legislaturas este o anteriores gobiernos alcanzaron acuerdos en esta materia legítimamente esos gobiernos se colgaban la medalla; pero cuando no hay acuerdo social, cuando se envía a la Cámara un real decreto-ley sin que ese acuerdo haya sido posible, la principal responsabilidad de la falta de acuerdo es del propio Gobierno. Esta mañana hemos aprobado diversas resoluciones que instan al Gobierno a determinadas políticas. Ahora el señor Echániz ha defendido una moción con una batería de propuestas, algunas de las cuales son compartidas por Convergència i Unió y otras forman parte del contenido de ese real decreto. Hoy no podemos apoyar esta iniciativa y nos vamos a abstener, porque lo relevante es que esta Cámara, si convalida ese real decreto-ley, tramite ese instrumento como un proyecto de ley que pueda permitir al conjunto de los grupos introducir aquellos cambios, mejoras y modificaciones que produzcan efectivamente las reformas en el ámbito de las políticas públicas de empleo, del mercado de trabajo, que son necesarias. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señorías, el Grupo Socialista está obligado ya a aceptar que en esta materia su agenda está equivocada y que debe empezar a escuchar al resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara o, si no, en la política de lucha contra el desempleo se va a encontrar muy solo en los próximos días.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, el Grupo Popular ha presentado una moción sobre las posiciones del Gobierno ante la fuerte perdida de puestos de trabajo, el incremento del paro y la caída de afiliación a la Seguridad Social. Es una moción que parece responder a la enorme preocupación que este grupo siente en estos momentos por la consecución de la crisis, cuyos efectos más duros y más lacerantes son los que produce el desempleo. Yo no sé si lo que siente el Partido Popular es preocupación o deseo de seguir haciendo leña con el incremento del paro, porque todos sabemos -y ellos también- a qué responden la apocalíptica intervención de su portavoz, la presentación casi histriónica de sus datos y la culpabilización exclusiva de los mismos en el Gobierno. Responden a desgastar al Gobierno. Por eso, señorías...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Membrado, por favor. Tengan la bondad de bajar un poco el volumen de sus conversaciones. Estamos ya acabando.


El señor MEMBRADO GINER: Señorías, seguir haciendo catastrofismo un día sí y otro también produce hartazgo, desasosiego entre los ciudadanos y un cierto rechazo hacia los políticos por parte de los parados, que seguro estarían más satisfechos si nos viesen debatir sobre propuestas y no haciéndonos descalificaciones demagógicas. Muy preocupados parecen estar, señorías, y muy problemática presentan la situación, pero ustedes, señores del Grupo Popular, traen hoy una moción prácticamente

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calcada a la presentada y rechazada por esta Cámara el 16 de diciembre.
Seis de los nueve puntos de la moción ya fueron debatidos entonces. Se les dijo que no eran las medidas adecuadas, que algunas se estaban debatiendo con los agentes sociales, que otras eran inasumibles porque estaban en marcha y deberíamos evaluar los resultados antes de desecharlas, pero ustedes, tan preocupados por el empleo, por el paro, van y las repiten. ¿Es que no han tenido tiempo de elaborar otras alternativas? Para nosotros la razón es que no tienen alternativas, que no tienen un proyecto diferente para la situación actual ni para las prestaciones de nuestros parados ni para reactivar la economía. De ahí su permanente obcecación en el catastrofismo, que han convertido en una cortina de humo para tapar sus debilidades programáticas. ¡Qué difícil les resulta cambiar el paso que les marcaban los neocon y del cual se sentían tan orgullosos!

El Gobierno sigue trabajando, es consciente de la situación en la que estamos y para ello está trabajando en preservar el empleo y en estimular la creación de puestos de trabajo en el marco del diálogo social, buscando los consensos necesarios y actuando unilateralmente cuando el momento lo exige. El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 6 de marzo es una buena prueba de ello y cumple estos objetivos tomando medidas para garantizar la continuidad del tejido productivo de las empresas afectadas por ERE, con bonificaciones para la contratación, con la reposición del derecho de la prestación por desempleo de los ERE, con la eliminación del periodo de espera para los beneficiarios del desempleo o con la incentivación del contrato a tiempo parcial. Son medidas para mantener el empleo y facilitar la recolocación de quien se quede en paro.


Señorías, les animo a hacer un seguimiento de las más de 80 medidas que hemos presentado a lo largo de estos meses; les animo a hacer un seguimiento de estas últimas, de las anteriores; les animo a que hagan un seguimiento de su concreción, de sus resultados. Ustedes saben que es difícil hacer frente a un problema de estas características, que no hay soluciones mágicas, que las medidas que presenta el Gobierno de España son semejantes a las del resto de los países europeos, que son la única forma de reducir el daño causado por el paro. Saben también que las empresas caen derivadas del racionamiento del crédito y de la ausencia de demanda fundamentalmente.


Señorías, es el momento de apoyar al Gobierno, de ser constructivos, de trabajar para superar esta etapa, de trabajar con los parados que es lo que nos demandan. Es ahí donde les quiere convocar el Grupo Parlamentario Socialista porque los parados nos lo demandan y el país también.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.


PRÓRROGA DE PLAZO.


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones. En primer lugar, someto al Pleno de la Cámara si muestra su conformidad para la prórroga de plazo otorgado a la subcomisión para el estudio del funcionamiento de la Ley integral de medidas contra la violencia de género por seis meses, a contar desde la fecha de aprobación en su caso por el Pleno. ¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Así se entiende.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:

- PROYECTO DE LEY DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000011.)

El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, y con carácter previo, sometemos a votación la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del proyecto de ley del contrato de transporte de mercancías.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 188; en contra, 141; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTONOMAS.
(VOTACIÓN.)

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 27.1 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR EL CUAL SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. (Número de expediente 125/000006.)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Del Parlamento de Cataluña, de modificación del artículo 27.1 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 23; en contra, 307.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN.)

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA (ORGÁNICA).
(Número de expediente 122/000051.)

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El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre disponibilidad de la propia vida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 12; en contra, 314; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (Votaciones.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS PARA LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL PORCENTAJE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) DESTINADO A FINES SOCIALES Y TRANSFERENCIA A LA GENERALITAT DE CATALUÑA DE LA RECAUDACIÓN QUE SE REALIZA POR EL MENCIONADO CONCEPTO. (Número de expediente 162/000061.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA TERRITORIALIZAR LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IRPF DESTINADA A OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL. (Número de expediente 162/000119.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para la asignación tributaria del porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas destinado a fines sociales y transferencia a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza por el mencionado concepto. Igualmente, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para territorializar la asignación tributyaria del IRPF destinada a otros fines de interés social. Estas dos proposiciones, que se han examinado de modo acumulado, se votarán en el sentido de las enmiendas del Grupo Socialista, del Grupo Socialista, de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y del Grupo Catalán (Convergència i Unió). ¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 186; en contra 143; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas en los términos mencionados.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE PERMUTA DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES PORTUARIOS (OTP) DE LAS PALMAS. (Número de expediente 162/000164.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre permuta del edificio de la antigua Organización de Trabajadores Portuarios (OTP) de Las Palmas. Se vota el texto original de la proposición no de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 153; en contra, 165; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (Votación):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE GARANTÍA DE ALIMENTOS. (Número de expediente 173/000051.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa al funcionamiento del Fondo de garantía de alimentos. Se vota el texto original con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 329; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA Y LAS ADMINISTRACIONES URBANÍSTICAS EN RELACIÓN CON LOS AEROPUERTOS DE INTERÉS GENERAL. (Número de expediente 173/000052.)

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el funcionamiento de los mecanismos de colaboración entre la autoridad aeronáutica y las administraciones urbanísticas

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en relación con los aeropuertos de interés general. Se vota el texto original de la moción presentada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 330.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA FUERTE PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO, EL INCREMENTO DEL PARO Y LA CAÍDA DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 173/000053.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre la posición del Gobierno ante la fuerte pérdida de puestos de trabajo, el incremento del paro y la caída de la afiliación a la Seguridad Social. El propio grupo proponente ha solicitado la votación separada -y conjunta entiendo- de los puntos 5, 8 y 9. Votamos, por tanto, los puntos 5, 8 y 9 de la moción que he leído.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 155; en contra, 163; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.


Votamos el resto de la moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 150; en contra, 170; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las nueve y cinco minutos de la noche.

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