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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 51, de 09/12/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2008 IX Legislatura Núm. 51
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 48 celebrada el martes 9 de diciembre de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 5)

Modificación del orden del día... (Página 5)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas:

- Del Parlamento de Cataluña, del fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 4-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 125/000004.)... (Página 5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 30-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000012.)...
(Página 16)

Página 2


Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se reprueba la actuación del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en relación al uso del Fondo de Ayuda al Desarrollo para la remodelación de la nueva Sala XX de Naciones Unidas en Ginebra. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 115, de 28 de noviembre de 2008. (Número de expediente 162/000258.)... (Página 25)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas a adoptar para conocer la formación de precios de productos alimenticios no elaborados desde el productor al consumidor final. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 115, de 28 de noviembre de 2008. (Número de expediente 162/000251.)... (Página 31)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el desarrollo reglamentario que el Gobierno se propone llevar a cabo con relación al comercio exterior de las escopetas de caza y tiro deportivo y sus municiones. (Número de expediente 173/000039.)... (Página 35)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas urgentes que piensa desarrollar el Gobierno para trasladar a los sectores productivos la liquidez necesaria para garantizar su actividad.
(Número de expediente 173/000040.)... (Página 39)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política de inmigración del Ejecutivo. (Número de expediente 173/000041.)... (Página 44)

Declaración institucional... (Página 49)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas (Votación.)... (Página 50)

Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación.)... (Página 50)

Proposiciones no de ley (Votación.)... (Página 51)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación.)... (Página 51)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 5)

Modificación del orden del día.... (Página 5)

La Presidencia informa a la Cámara de que la Junta de Portavoces ha acordado posponer la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la habilitación y normalización de la emisión de TV3 en el País Valenciano y la reciprocidad de Canal 9 en Cataluña, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas...
(Página 5)

Del Parlamento de Cataluña, del fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes... (Página 5)

En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley, y en representación del Parlamento de Cataluña, intervienen los señores Rull i Andreu, Labandera Ganachipi y De los Ríos i Martínez.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres y Ridao i Martin, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco

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(EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista.


Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página 16)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida... (Página 16)

Defiende la proposición de ley la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Cabezón Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley... (Página 25)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se reprueba la actuación del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en relación al uso del Fondo de Ayuda al Desarrollo para la remodelación de la nueva Sala XX de Naciones Unidas en Ginebra... (Página 25)

Defiende la proposición no de ley el señor Robles Orozco, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas a adoptar para conocer la formación de precios de productos alimenticios no elaborados desde el productor al consumidor final... (Página 31)

Defiende la proposición no de ley el señor Larrosa Piqué, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 35)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el desarrollo reglamentario que el Gobierno se propone llevar a cabo con relación al comercio exterior de las escopetas de caza y tiro deportivo y sus municiones...
(Página 35)

Defiende la moción el señor Beloki Guerra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores De Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Buen Lacambra, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas urgentes que piensa desarrollar el Gobierno para trasladar a los sectores productivos la liquidez necesaria para garantizar su actividad... (Página 39)

En defensa de la moción interviene el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Albendea Pabón, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Gastón Menal, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política de inmigración del Ejecutivo... (Página 44)

Defiende la moción la señora Guerra Guerra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, interviene la señora Guerra Guerra.


Declaración institucional... (Página 49)

La Presidencia informa de que en el día de hoy se cumplen sesenta años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas promulgara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los grupos parlamentarios han suscrito y redactado un texto que es leído a la Cámara.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.)... (Página 50)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, del fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes, se aprueba por 320 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.)... (Página 50)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, se aprueba por 322 votos a favor.


Proposiciones no de ley. (Votación.)... (Página 51)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se reprueba la actuación del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en relación al uso del Fondo de Ayuda al Desarrollo para la remodelación de la nueva Sala XX de Naciones Unidas en Ginebra, se rechaza por 136 votos a favor, 182 en contra y cuatro abstenciones.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas a adoptar para conocer la formación de precios de productos alimenticios no elaborados desde el productor al consumidor final, se aprueba por 322 votos a favor.


Página 5


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 51)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el desarrollo reglamentario que el Gobierno se propone llevar a cabo con relación al comercio exterior de las escopetas de caza y tiro deportivo y sus municiones, se aprueba por 317 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas urgentes que piensa desarrollar el Gobierno para trasladar a los sectores productivos la liquidez necesaria para garantizar su actividad, con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista, se aprueba por 179 votos a favor, seis en contra y 137 abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política de inmigración del Ejecutivo, se rechaza por 139 votos a favor, 181 en contra y dos abstenciones.


Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Tenemos como asunto previo el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. (Rumores.) Les ruego silencio, por favor. En sustitución de don Miguel Antonio Campoy Suárez, pregunto a doña María Amparo Ferrando Sendra si jura o promete acatar la Constitución.


La señora FERRANDO SENDRA: Sí, juro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Doña María Amparo Ferrando Sendra al haber jurado acatar la Constitución ha adquirido la condición plena de diputada, por lo que le damos la bienvenida y la enhorabuena.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA HABILITACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE TV3 EN EL PAÍS VALENCIANO Y LA RECIPROCIDAD DE CANAL 9 EN CATALUÑA. (Número de expediente 172/000056.)

El señor PRESIDENTE: Un segundo asunto previo. La Junta de Portavoces en el día de hoy ha acordado posponer la interpelación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la habilitación y normalización de la emisión de TV3 en la Comunidad Valenciana y la reciprocidad de Canal 9 en Cataluña.
¿Lo acuerda así también la Cámara? (Asentimiento.) Queda acordado y pospuesto.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DEL FONDO PARA LA HOMOGENEIZACIÓN, EL RESCATE SELECTIVO Y LA SUBVENCIÓN DE PEAJES. (Número de expediente 125/000004.)

El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. En concreto, del fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes.


Para defenderla se ha trasladado la Comisión del Parlamento de Cataluña y en primer lugar, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Rull i Andreu.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Rull i Andreu): Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, comparecemos en nombre del Parlament de Catalunya para sustanciar esta proposición de ley y esperemos que esta vez haya más fortuna que la última vez que el Parlament de Catalunya tramitó la misma. Fue el año 2001 y desafortunadamente fue rechazada por la mayoría de esta Cámara. Vuelvo a insistir en un elemento previo, que esta es una proposición que fue votada por unanimidad en la sede del Parlament de Catalunya por todos los grupos parlamentarios, absolutamente por todos.


¿Qué pretende esta proposición de ley? Básicamente poder tener un instrumento que nos permita aproximarnos al tema de los peajes sin ningún elemento contaminante. En estos momentos es imposible hablar a nivel de todo el Estado de un modelo armónico de peajes, de los peajes como mecanismo para regular la movilidad

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o para impulsar la construcción de infraestructuras de interés general. Lo que lo impide, el elemento contaminante es básicamente la situación de agravio que determinadas comunidades autónomas tienen con relación a los peajes. Estamos ante una realidad injusta, una realidad objetivamente injusta. Esta, pues, es una proposición de ley que no solo pretende mejorar la situación en el territorio nacional de Cataluña, sino en el conjunto de Estado español. Permítanme que haga referencia a un par de datos que son bastante elocuentes en relación con esta situación de agravio comparativo. Cataluña juntamente con La Rioja son los únicos territorios con más kilómetros de autopistas de peaje que de autovías libres de pago, siempre hablando de titularidad del Estado. Cataluña en estos momentos tiene el 22 por ciento de autopistas de pago del conjunto del Estado y solo el 6,5 por ciento de autovías libres de peaje. Si miramos el reverso de la situación en el conjunto del Estado, el 80 por ciento de las vías de gran capacidad son libres de peaje y solo el 20 por ciento tienen peaje. Señoras y señores diputados, esta es una propuesta orientada básicamente a garantizar un principio de igualdad o, por decirlo al revés, a reducir la desigualdad entre ciudadanos y empresas del conjunto del Estado. ¿Cuál es el elemento básico? Crear un fondo específico con un triple objetivo. Primero, homogeneizar el precio de las tarifas de peajes en el conjunto del Estado. Segundo, proceder al rescate selectivo de algunos peajes que son manifiestamente injustos porque gravan los desplazamientos de movilidad obligada. Me dejarán hacer referencia a tres peajes muy concretos en el territorio de Cataluña: el peaje de Les Fonts en Terrassa, el peaje de Mollet y el peaje de Alella, algunos peajes concretos del Maresme, y también podríamos estar hablando de otras situaciones complicadas. Por tanto, el segundo elemento sería rescatar determinados peajes, ya que no existen alternativas plausibles y potentes libres de pago. En tercera instancia, subvencionar los peajes de aquellos tránsitos que son frecuentes en los usuarios habituales.
Homogeneizar, rescatar selectivamente algunos peajes y, en última instancia, subvencionar aquellos tránsitos que son básicamente de usuarios habituales. Este es el mecanismo básico. En este momento el Estado ya está transfiriendo recursos para garantizar algunos elementos, pero vamos a dar un paso más adelante, vamos a avanzar un poco más intentando incorporar nuevos mecanismos de financiación, básicamente fruto de los impuestos que tributan, que devengan las empresas concesionarias: el IVA y el impuesto sobre sociedades. Porque si no, se produce la paradoja de que los ciudadanos afectados por peajes pagan dos veces, pagan la tarifa del peaje, pero también estas empresas pagan unos tributos que no repercuten en cada uno de los territorios. Por tanto, señoras y señores diputados, señor presidente, si hoy esta iniciativa se aprueba haremos un acto de justicia que sobre todo nos permitirá superar este agravio comparativo que tienen diversos territorios -y de una manera muy especial Cataluña y el País Valencià- y acercarnos al ámbito de los peajes para generar un mecanismo que nos permita mejorar los sistemas de movilidad. Estamos convencidos, pues, de que esta Cámara va a ser hoy sensible a esta reivindicación justa y lógica que viene del Parlament de Catalunya.


Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rull.


También de la misma delegación tiene ahora la palabra el señor Labandera.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Labandera Ganachipi): Gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme que comience mi intervención manifestando la satisfacción que me produce dirigirme a esta Cámara en defensa de una iniciativa que tiene una especial relevancia para el Parlamento de Cataluña y para la sociedad catalana; y no solo para la sociedad, sino también para la economía, teniendo en cuenta que justamente en nuestro país, en nuestra nación hay mucha gente, hay muchos ciudadanos y ciudadanas, hay muchos empresarios y empresarias que sienten un efecto importante del sistema de peajes sobre la renta familiar o sobre los costes de producción. No es -se ha dicho anteriormente- la primera vez que se discute este tema en esta Cámara. La vez anterior no pudo prosperar, pero en esta ocasión tenemos todos los indicadores, todos los inputs, como se dice modernamente, con relación a que podamos tener un resultado exitoso.


En Cataluña estamos asistiendo hoy a la consolidación de una nueva política de movilidad, una nueva política que pone el acento en el transporte público, pero esta política también debe resolver, y de forma eficaz, el porcentaje del 40,5 por ciento de movilidad que se produce aún en el coche privado, con los efectos económicos, medioambientales y sociales que esto tiene. El Parlamento de Cataluña trabaja ya por tercera vez en un grupo de trabajo que analiza la evolución del sistema de peajes, y podríamos decir también del sistema de autopistas. Esta iniciativa tiene como finalidad fundamental el poder establecer un nuevo sistema de financiación de nuestra movilidad en aquel apartado que hace a las vías de altas prestaciones, al sistema de autopistas en general.


Nosotros estamos evolucionando a través de este trabajo en un aspecto que también es destacable, que es cómo debemos valorar las bonificaciones del sistema de peajes, las bonificaciones de aquellos usos del sistema de altas prestaciones, pasando de lo que ha sido hasta el momento aquello que veníamos en llamar el usuario habitual de las autopistas a un concepto que recoja también otros elementos, entre ellos algunos que incluyeran la sostenibilidad en la gestión del sistema de altas prestaciones en el sistema de autopistas. En el futuro deberemos trabajar para que la regulación de esta movilidad

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tenga en cuenta la alta ocupación de los vehículos u otro factor también importante como es el nivel de contaminación de los vehículos que están dentro del sistema. Este nuevo enfoque de la política de movilidad de Cataluña necesita el apoyo de este instrumento financiero que presentamos hoy aquí, en el Congreso de los Diputados.


En este momento hay esfuerzos importantes, un esfuerzo importante que hace que el Gobierno de la Generalitat en sus presupuestos aporte para cubrir el sistema -las bonificaciones fundamentalmente- entre 22 y 23 millones de euros cada año, y que el Estado no solo para ese sistema de bonificaciones, sino también para el rescate de alguno de estos peajes haya aportado en los Presupuestos Generales del Estado la cantidad aproximada de 77,5 millones de euros en el año 2008, cantidades que se incrementarán también en los años venideros. Todo ello, que es la base o el pie de esta cooperación entre las administraciones para reducir el impacto del sistema de peajes sobre la movilidad, nos lleva a reconocer que posiblemente este texto nacido en 2004, antes de la aprobación del Estatuto, necesite alguna revisión importante en esta Cámara. En todo caso, lo que hoy se discute es la admisión a trámite. En esta revisión estaríamos dispuestos a aceptar que tuviera en cuenta nuevos problemas como la aportación de fondos adicionales que permitan la ampliación del periodo de vigencia de las medidas en el convenio de financiación de la disposición adicional tercera, garantizando su concurrencia hasta el final de las concesiones, por ejemplo; o en otros casos la aportación de fondos adicionales que permitan la asunción por la Generalitat de los incrementos lineales de los aumentos de peajes como consecuencia de la recuperación en ocho años de la bonificación temporal que decidió el Gobierno en su día y, finalmente -y yo quisiera acabar destacando este aspecto-, la financiación de las políticas de transformación de los peajes financieros de hoy en peajes orientadores de la movilidad.


Por tanto, señor presidente, señorías, solicito el apoyo de esta Cámara a esta propuesta de resolución que viene en un momento político en que el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat están trabajando por un nuevo modelo de movilidad, no solo a nivel del Estado, sino también a nivel de las comunidades autónomas.


Muchas gracias, señor presidente, y gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Labandera.


Por último tiene la palabra el señor De los Ríos i Martínez.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (De los Ríos i Martínez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, han tenido que transcurrir cuatro largos años desde que el Parlament de Catalunya aprobara, por unanimidad, esta proposición de ley del fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes. Finalmente ha llegado el día. Hoy ponemos a consideración de esta Cámara esta proposición de ley que cuenta con un total consenso en Cataluña. Los tres diputados que hoy presentamos esta proposición venimos avalados tanto por un consenso de todos los partidos políticos -como he dicho, esta proposición fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya- como por un total consenso de la sociedad catalana: ciudadanía, agentes sociales y también agentes económicos. Este consenso total se debe al hecho de que esta proposición de ley aporta una gran solución a un gran problema que sufrimos en nuestro país: el abuso del sistema de peaje para financiar la construcción de autopistas y vías de alta capacidad. El porqué de esta situación injusta tiene básicamente dos explicaciones.


La primera, histórica. Durante los años sesenta un raquítico sector público del Estado español no pudo asumir las inversiones para construir los primeros tramos de vías de alta capacidad que tenían que estar situados en el corredor del Mediterráneo. Por este motivo se optó por dar la concesión a empresas privadas con un conjunto de garantías públicas que, con el fin de recuperar la inversión, cobrasen peaje. Pero también existe una explicación política. Cuando el sector público del Estado cogió suficiente tamaño como para afrontar este tipo de inversiones, los sucesivos gobiernos españoles optaron por dirigir su esfuerzo inversor en autovías gratuitas a otros territorios del Estado y dejaron al margen tanto a Cataluña como al resto de los Països Catalans, que han continuado atados mayoritariamente al modelo de peaje. En definitiva, el déficit histórico de inversión del Estado en Cataluña ha provocado que el peaje sea la única salida para financiar la construcción de infraestructuras viarias modernas y también de alta capacidad. La gran solución a este problema se llama fondo de rescate de peajes. El fondo se nutre, según esta proposición de ley que hoy ponemos a consideración de esta Cámara, de los recursos producto de impuestos generados por las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, así como de aportaciones del Estado y será repartido entre las diversas comunidades autónomas en función del peso de la recaudación de los peajes situados en el territorio de cada comunidad respecto al conjunto del Estado. Pero, contrariamente a lo que algunos puedan pensar, no se trata de una propuesta o de una solución nueva. Hace más de diez años el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya redactó e impulsó esta propuesta, en concreto el diputado don Joan Ridao la presentó en el Parlamento catalán hace más de diez años, en aquella ocasión sin éxito.
Posteriormente, en el año 2001, un segundo intento sí superó la votación en el Parlament de Catalunya, pero no superó este mismo debate que hoy tenemos la ocasión de llevar a cabo, porque los votos contrarios de la mayoría absoluta del PP de Aznar lo impidieron. Dicen que a la tercera va la vencida. Señorías,

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hoy tienen la oportunidad de hacer realidad ese viejo dicho, aceptando a trámite la creación del fondo de rescate de peajes. Esperamos que esta vez el Congreso de los Diputados no sea el obstáculo que haga descarrilar esta propuesta, sino que sea el último trámite parlamentario para que este fondo económico para la homogeneización, el rescate y subvención de peajes sea una realidad y se acabe de una vez por todas con una situación injusta que comporta todo tipo de perjuicios, contra la propia economía -la competitividad del tejido económico catalán respecto a la del resto de la Unión Europea está en juego- y contra las economías domésticas de las personas que diariamente utilizan estas autovías de peaje sin otra alternativa. En definitiva, pedimos a todos los grupos de la Cámara su voto favorable a esta proposición.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De los Ríos.


¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) Para fijar posición, no usando nadie el turno en contra, tiene la palabra por el Grupo Mixto doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, subimos a esta tribuna para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con la propuesta que nos trae el Parlamento catalán para crear un fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes. Antes de nada queremos saludar a los representantes del Parlamento catalán que hoy nos acompañan, además de felicitarles por una iniciativa como la que hoy nos traen porque, independientemente de que aprobemos a trámite la propuesta que se hace y podamos hacer modificaciones a este texto que se propone, es importante y necesaria. Es necesaria porque, como se decía con anterioridad, no es la primera vez que se trata este tema, aunque no en esta formulación de proposición de ley. En otras ocasiones se han tratado iniciativas destinadas a solicitar al Gobierno el rescate de determinados tramos de autopistas de peaje o la rebaja de los peajes que tienen diferentes autopistas. El Bloque Nacionalista Galego ha hablado de esta cuestión en muchas ocasiones. Los compañeros del Parlamento catalán acaban de exponer las características particulares del gran número de kilómetros de autopistas de peaje que tiene Cataluña, pero en Galicia, aunque no tenemos tantos kilómetros, tenemos una autopista que es la única vía de comunicación terrestre, en ausencia de otras infraestructuras, para cubrir las necesidades de movilidad que tenemos en el país, independientemente de que en los últimos años las infraestructuras viarias de Galicia hayan mejorado. El Estado tiene una deuda histórica con nuestro país, ya que las vías, sobre todo secundarias, se encuentran en una situación muy lamentable. Esperemos que se pueda solucionar en los próximos tiempos.


Como decía, la única autopista que tenemos en Galicia tiene el peaje más caro del Estado español. El tramo de Vigo-Pontevedra tiene una intensidad de tráfico enorme y resulta que es el más caro de toda la autopista AP-9, como se denomina. Por ello, en distintas ocasiones hemos solicitado rebaja de ese peaje y en distintas ocasiones hemos solicitado el rescate de determinados tramos, sobre todo de aquellos que son de obligado uso.
Después de muchos años tanto de iniciativas parlamentarias en las instituciones del Estado como en las propias de Galicia y después, incluso, de movilizaciones de los ciudadanos más afectados por el tema, el nuevo Gobierno gallego, en colaboración con el Gobierno central, han rescatado un tramo de la autopista AP-9 fundamental, sobre todo para los vecinos y vecinas de la comarca de O Morrazo y la comunicación con la ciudad de Vigo. Y en estos momentos, gracias a ese esfuerzo, tanto desde la iniciativa política como social y vecinal, a ponte de Rande -como se conoce ese tramo, porque a ponte de Rande está sobre la ría entre O Morrazo y Vigo- efectivamente, está libre de peaje para los vecinos de O Morrazo, pero no así para los ciudadanos de Vigo o de cualquier otra zona del país que tenga que circular por ese puente, en la medida en que no está descontado del peaje todo el tramo en el que está inscrito.


Además de que queda vigente nuestra reclamación de rescate en a ponte de Rande, hay otros temas que coinciden con algunos de los planteamientos que acaban de exponer los diputados del Parlamento catalán y que tienen que ver con algo que se dice en la exposición de motivos sobre la necesidad de establecer programas, de establecer planes de sostenibilidad. No hace mucho hablábamos en esta misma tribuna de la necesidad de la movilidad sostenible. Por esa razón, nosotros entendemos que es interesante la propuesta que estamos esta tarde debatiendo, porque si realmente queremos enfrentar una movilidad sostenible y queremos hacer un plan viario y de infraestructuras viarias sostenible, desde luego tendríamos que considerar muchos tramos de autopistas de peaje como libres de peaje para ser utilizados por la ciudadanía, evitando así la necesidad de construir nuevas infraestructuras. No es la primera vez que hemos hablado de que para evitar una nueva infraestructura -que va a tener el coste medioambiental y el coste económico correspondiente- habría que utilizar la autopista AP-9 en el tramo que va del Ayuntamiento de Mos a Tui. Eso evitaría, señorías, un gasto tremendo al Estado pero sobre todo un gran coste medioambiental. Podríamos dar muchísimos ejemplos de los distintos tramos de la AP-9 a los que consideramos que deberíamos aplicarles una política bien de rescate bien de facilitar su utilización como vías, incluso urbanas, por el papel que están cumpliendo, porque, como digo, esto evitaría la construcción de nuevas infraestructuras. De ahí, señorías, que, como dije al principio, consideremos de interés la propuesta que hoy nos hace el Parlamento catalán y la vamos a votar favorablemente. Como decíamos, por supuesto, en caso de que se tome en consideración

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en la tarde de hoy, aportaríamos nuestras propias propuestas, igual que los otros grupos, tratando de que fuese la ley que mejor recogiera la realidad del problema de las autopistas de peaje en todo el territorio del Estado. Desde nuestro punto de vista, hoy nos queda claro que, después de lo manifestado por los diputados del Parlamento Catalán como características propias de Cataluña y después de expresar nosotros aquellas cuestiones que afectan a Galicia, podemos concluir -como digo, desde nuestro punto de vista- que en ambos casos hay muchas coincidencias, como seguramente las hay en todo el territorio del Estado.
De ahí que, para finalizar, vuelva a repetir que vamos a apoyar esta iniciativa que esperamos que tenga la confianza de todas sus señorías.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


(Comienza su intervención en catalán.) Podría empezar mi intervención de una manera victimista, hablando de los peajes de Cataluña, pero creo que tenemos que explicar en esta Cámara que se trata de los peajes de Cataluña, pero se trata de todos los peajes del conjunto del Estado y de realidades que discriminan a diferentes partes del Estado. A la vez hay que decir que no es casual que la propuesta venga del Parlament de Catalunya, porque hoy es en Cataluña, es en Barcelona, donde si uno coge el coche por una salida, hacia Mataró; por otra salida, hacia Girona; por la tercera salida, hacia Sant Cugat; por la cuarta salida, hacia Martorell, o por la quinta salida, hacia Sitges, en todas las salidas excepto en una, la que va hacia el Vallès, paga peaje, y eso acaba afectando a las economías domésticas y al conjunto de la economía. Por eso la propuesta sirve para el conjunto del Estado, pero no es casual que venga precisamente de aquella zona que está más afectada por esa realidad. La iniciativa privada sirvió mucho para que en partes del Estado, como en Cataluña, se disfrutase de autopistas, de infraestructuras viarias de alta capacidad, antes que en otras partes del Estado, pero lo cierto es que hoy, 2008, significa una clara discriminación. Ante este déficit, podemos decir que hay tres opciones, la primera, que es la que se está llevando a cabo hasta el momento, es no hacer nada, y eso sería tanto como condenar a determinadas zonas a una carga, la de los peajes, que no les permite abordar los retos en igualdad de condiciones. La segunda opción, que se está practicando a veces, es la de multiplicar autovías paralelas a las autopistas existentes. Es una propuesta que se está dando incluso en autopistas que no están con plena capacidad y que significa la multiplicación de la infraestructura viaria con un coste ambiental extraordinario y con una política nada racional.
La tercera opción, la más sostenible, la más razonable, la que tiene mayor perspectiva, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico, es la que permite, con las infraestructuras viarias existentes, hacer una propuesta de movilidad sostenible, con tasas que regulen esa movilidad y cuyo alcance y fin es precisamente la financiación del transporte. Entendemos que la propuesta que viene del Parlament de Catalunya nos permite ahondar en esa opción. Hay que decir, para no engañar a nadie, que la propuesta no va a significar el rescate de todos los peajes, va a ser un instrumento más, la posibilidad del rescate selectivo de alguna de las barreras que hay en estos momentos, básicamente las barreras metropolitanas que los representantes del Parlament de Catalunya han explicado. Va a ser un instrumento para acabar con un modelo de movilidad caduco, el de los años setenta y ochenta, pero además debe ser un instrumento que, sumado a los recursos que se están dotando por parte del Govern de la Generalitat y a los que también se han dotado por parte del Gobierno del Estado, permita desarrollar una estrategia concreta. La propuesta tiene una virtud: no es una propuesta nueva, pero hoy es ya una propuesta de todas las formaciones políticas del Parlament de Catalunya y además corrige déficits de propuestas anteriores. Aquello que recriminaba el señor Ayala en el año 2001 está corregido en la proposición de ley que llega hoy del Parlament de Catalunya. Es cierto que han existido otras propuestas; es más, en el año 1996 se planteaba en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos. Se preveía el IVA reducido para los peajes o, si no fuese posible, que se aportase una subvención a la explotación. Ha habido propuestas que no se han llevado a cabo. Ese ejemplo del año 1996 no fue llevado a cabo por los gobiernos del Partido Popular, pero tampoco fue cumplido por los gobiernos posteriores. Hoy precisamente tenemos la oportunidad de tramitar una propuesta que sirve, que puede servir y mucho. Una propuesta, como les decía, con el aval de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria, una propuesta mejorada, una propuesta que utiliza aquellos recursos que se recaudan de las concesionarias para crear ese fondo. Lo que tenemos que hacer -eso sí que quiero enfatizarlo, ya para acabar- es evitar algunos riesgos. En primer lugar, el riesgo de que se eternice la tramitación. Hoy es un día relevante, histórico, vamos a tramitar esta proposición de ley que viene del Parlament, pero tiene que haber un compromiso por parte de todas las formaciones políticas, de todos los grupos parlamentarios, para que no se eternice precisamente la tramitación porque necesitamos de ese instrumento. Segundo riesgo a evitar, que se acabe desvirtuando o que, por ejemplo, una propuesta como esta, que claramente marca el liderazgo de las comunidades autónomas, acabe siendo una propuesta que pase por un sesgo recentralizador en el que el Estado gestione ese fondo. Tercer riesgo, que la propuesta acabe siendo

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un fondo que se oriente exclusivamente al levantamiento de barreras cuando la respuesta desde nuestro punto de vista tiene que ser algo más compleja, entendiendo que los recursos que se recauden tienen que orientarse a la recuperación de instrumentos públicos en la gestión de la accesibilidad y de la movilidad. Se trataría de que las vías tengan precios asequibles cuando así se considere necesarios, pero que discriminen en función del número de ocupantes de vehículo o que se pague distinto en función de si existen o no alternativas de transporte público. Para eso tiene que servir el fondo. Entiendo que la orientación del fondo tendrá que estar en función, por supuesto, del color, de la correlación de fuerzas de cada gobierno autonómico. Yo pretendo que el Govern de la Generalitat utilice ese fondo con la orientación que les ha plantado.


Para ceñirme al tiempo acabo ya diciendo que espero que podamos superar esos riesgos, que no se eternice la tramitación, que no se acabe desvirtuando la propuesta y que el fondo sirva para lo que tiene que servir. Por eso celebro que el día de hoy sea un día relevante, incluso histórico, y que se empiece la tramitación de una proposición de ley que tendría que haber visto la luz hace muchos años.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, me uno al saludo de otros portavoces a los comisionados del Parlament de Catalunya. He querido intervenir para completar la intervención del portavoz de mi grupo en materia de infraestructuras porque esta es una iniciativa muy querida para Esquerra Republicana y también para mí, porque no en vano fue Esquerra quien auspició en un lejano 1999 la creación de este fondo, primero en solitario y luego con el concurso de Convergència i Unió, como seguramente luego recordará el señor Macias. Yo mismo intervine en esta Cámara en defensa de esta iniciativa el 12 de junio de 2001, cuando a la sazón era ministro de Fomento -imagínense si ha llovido- el señor Arias-Salgado. El año próximo se cumple, señorías, el 40º aniversario de la primera autopista de pago en el conjunto del Estado español, por supuesto, en Cataluña, con idéntico trazado al que ya hace más de cien años ocupó el primer ferrocarril peninsular, gracias otra vez a la iniciativa de la sociedad civil, gracias en todo caso al esfuerzo histórico anticipador hecho desde Cataluña, cuando en otros países como en Alemania o en Estados Unidos en los años treinta, cuarenta y cincuenta esa iniciativa respondía a un esfuerzo público inversor muy importante. El problema es que treinta o cuarenta años más tarde ese esfuerzo histórico no se ha visto compensado cuando, por ejemplo, los gobiernos socialistas en los años ochenta y noventa y posteriormente los gobiernos del Partido Popular empezaron a construir autovías gratuitas en todo el Estado. Lo hicieron por doquier, pero sobre todo lo hicieron allí donde no había autopistas de pago, caso que no es el de Cataluña. Así las cosas, no es de extrañar, señorías, que el entonces ministro Borrell dijera que las autopistas eran de derechas y las autovías eran de izquierdas, porque así es exactamente como se ve si uno se sitúa delante del mapa de la Península, hasta el punto de que Cataluña, como se recordaba hace unos minutos, tiene casi una cuarta parte de las autopistas de pago de todo el Estado; si sumamos Cataluña y el País Valencià casi el 40 por ciento, por solo el 6 por ciento de autovías gratuitas, todo un récord mundial. Es inaceptable, pues, y eso es lo que pretende corregir esta proposición de ley, el actual modelo, por discriminatorio y además por injusto, porque una cosa es, como se decía, que los peajes actúen como un instrumento para regular los flujos de movilidad y reviertan también en el transporte público colectivo, a lo cual nuestro grupo evidentemente no se opone, y otra cosa es, como en este caso, que respondan a un afán recaudatorio por parte de las empresas concesionarias.


Por tanto, las alternativas son o bien el clásico desdoblamiento de la red convencional, lo cual es un auténtico dispendio y también un consumo extraordinario de territorio, o bien la propuesta que hoy se nos plantea, que es crear un fondo que se nutre de la fiscalidad de los mismos peajes para rescatar selectivamente aquellos que penalizan más la movilidad obligada, o para homogeneizar el precio a la baja, o para subvencionar algunos peajes. En consecuencia, señor presidente, señorías, puesto que esta es una muy buena solución, además de justa y oportuna, nos felicitamos porque se tome en consideración. Nunca es tarde, pues, si la dicha es buena.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don José Ramón Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, señorías, representantes del Parlament de Catalunya, vaya por delante el sentido del voto del Grupo Vasco, que va a ser afirmativo, y va a serlo por una razón doble. En primer lugar, porque mi grupo acostumbra a votar favorablemente todo aquello que viene aprobado por supuesto por unanimidad de los parlamentos autonómicos, pero también por mayoría; sin más, lo votamos favorablemente. En este caso, además tenemos doble razón en cierto sentido para votar favorablemente porque se trata de una proposición de ley que, si mi grupo entiende bien, no afecta a la autonomía del País Vasco; quedan excluidas las carreteras de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta es una razón, y la segunda es que entendemos que esta proposición de ley que nos

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remite el Parlamento catalán, que somete a nuestra consideración, abre la puerta, da unos primeros pasos en una problemática que es cierto que viene de atrás en algunos de los términos que se han reflejado aquí, pero que también es de plena actualidad y, sobre todo, que va a ser una problemática todavía mucho más seria en el futuro.


La verdad es que para una cabal comprensión y para una adecuada solución de esta problemática podríamos y, a juicio de mi grupo, deberíamos enunciar la misma en términos más amplios que los que formula la proposición de ley que nos envía el Parlament de Catalunya. Nos hablan de un fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes. Nosotros creemos que va siendo hora de plantear el tema en términos de financiación de las infraestructuras necesarias para un sistema de transporte sostenible. Mi grupo cree sinceramente que es en este contexto más amplio, más complejo y, lo reconozco, mucho más difícil, donde en su caso puede tener sentido y salida una propuesta como la que recoge esta proposición de ley, la de crear eventualmente un fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes.
Porque la observación atenta de cómo se ha caminado en la financiación de las infraestructuras no solo viarias, en las infraestructuras de transporte en su conjunto, las viarias, las ferroviarias, las aéreas, las marítimas, muestra con claridad que en el futuro es necesario hacer algo diferente de lo que se ha hecho hasta el momento, porque esto, por decirlo en términos simples, ya no da más de sí. Si miramos para atrás es cierto que se ha caminado con arbitrariedad, justamente denunciada por el Parlamento catalán, y nosotros podríamos también tener argumentos en la misma dirección pero no aludo a los mismos. Creemos que las razones son más de fondo y de mayor alcance; el sistema de financiación -si de tal cabe hablar- con el que hemos venido financiando las distintas infraestructuras de transporte no da más de sí y sobre todo no da para eso que a nivel teórico enunciamos todos: que debemos caminar hacia un sistema de transporte sostenible. El sistema -dudo mucho que pueda llamarse sistema a aquello en lo que nos hemos basado hasta ahora- no da para el transporte sostenible. Una gestión sostenible de la movilidad, objetivo que insisto que al menos a nivel teórico compartimos prácticamente todos, requiere para empezar una gestión integral de las diversas modalidades, la viaria, la ferroviaria, la aérea y la marítima.
Van quedando atrás los tiempos en los que se analizaban las distintas movilidades o los distintos sistemas de transporte como si cada cual tuviera que dar una respuesta por sí misma al conjunto de los problemas.
Esto ya no es así, no puede ser así, simplemente, aunque lo queramos. La pregunta que surge espontáneamente es: si tenemos que ir hacia un sistema de transporte sostenible, ¿no tenemos que ir hacia un sistema de financiación sostenible del conjunto de las infraestructuras? ¿Por qué por un lado las viarias, por otro las ferroviarias, por una tercera vía las marítimas y por una cuarta las aéreas? Nosotros creemos que va siendo hora de avanzar en esa dirección, insisto porque a la fuerza ahorcan, porque el sistema en el que venimos caminando no sirve. La proposición de ley que hoy se somete a consideración, como decía antes, no recoge estos planteamientos pero abre una cierta puerta para que podamos caminar en esa dirección; constituye una oportunidad, y esta es la segunda de las razones por las que mi grupo apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley. Adelanto, como ya dije, que este va a ser un debate difícil, dificilísimo, al menos si queremos adentrarnos en su complejidad; difícil por el hecho de que venimos de donde venimos porque hemos andado por caminos arbitrarios e injustos, pero difícil también porque constituye en sí mismo un problema complejo, tanto porque el sistema de transporte hoy aquí se ha complejizado enormemente como por el hecho de que empiezan a estar en cuestión muchos de los criterios con los que hemos venido funcionando y planteando las cosas. Un ejemplo simple pero paradigmático de lo que vengo diciendo: ustedes saben -lo he dicho ya- que las carreteras han sido y son las infraestructuras en las que fundamentalmente ha tomado cuerpo el potencial constitucional y estatutario de la especificidad competencial vasca. Quizá por la claridad con la que el artículo 10.34 del Estatuto de Gernika atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco competencias en materia de carreteras y caminos: además de las competencias contenidas en el artículo 148.15 de la Constitución, las diputaciones forales de los territorios históricos conservarán íntegramente el régimen jurídico y competencias que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar. En razón de la Constitución española, artículo 148.15, y del artículo que he citado del Estatuto de Gernika tenemos una especificidad muy propia en materia de carreteras en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en concreto las diputaciones forales. Y vengo al caso. Abordándose el problema de la financiación de las carreteras, de las infraestructuras viarias en uno de estos ámbitos -en el territorio histórico de Guipúzcoa-, abordándose desde el Parlamento o las Juntas Generales de Guipúzcoa, y abordándose en cierto sentido con el mismo criterio que se quiere plantear por el Parlament catalán de la necesaria homogeneización de trato para todos los usuarios en el uso de las diversas infraestructuras viarias, la conclusión a la que se ha llegado es la conclusión contraria a la que ustedes traen. La prensa de ayer lunes decía que comienza la cuenta atrás en el territorio histórico de Guipúzcoa para implantar el cobro en la Nacional I y en la autovía de Navarra, es decir que están planteando que, lejos de que a aquellos que tienen peaje se les quite, en toda la red de alta capacidad de Guipúzcoa va a haber peaje, insisto, en todas las carreteras del territorio histórico de Guipúzcoa. Les estoy hablando de un proceso de reflexión que se ha tenido en el Parlamento, por decirlo así, en las Juntas Generales de Guipúzcoa, sobre el mismo tema que ustedes plantean en el fondo, la financiación de las infraestructuras viarias. Con esto quiero

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decir -y voy terminando- que estamos ante un tema difícil, complicado, enrevesado, incluso planteándolo solo en el ámbito de las infraestructuras viarias, no digamos si a las infraestructuras viarias unimos el conjunto de las infraestructuras necesarias para tener un sistema de transporte sostenible, de personas y de mercancías. Va a ser un tema difícil. Mi grupo, si otros grupos lo desean, entrará en el análisis y en el debate de esta problemática y con toda la complejidad que sea necesaria porque creemos que, aunque quizá no se encuentre una solución a muy corto plazo, es absolutamente necesario plantearlo ya para que a medio plazo puedan darse unas soluciones mucho más estables que las actuales. No huiremos de la complicación, no huiremos de la complejidad y, entre otras cosas, para no huir de la complicación y de la complejidad, es por lo que vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley que hoy somete a nuestra consideración el Parlament de Catalunya.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Pere Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, presidente.


(Comienza su intervención en catalán.) Señoras y señores diputados, creo que hoy vamos a asistir a una buena noticia y es que, según todo parece indicar, esta proposición de ley, enviada y defendida por los representantes del Parlament de Catalunya, va a ser tomada en consideración por la Cámara. Nuestro grupo, Convergència i Unió, se alegra de este hecho, especialmente porque nos parece que la toma en consideración de esta proposición de ley marca el camino hacia un buen modelo, que a nuestro entender debe venir regido por tres atributos: por la sostenibilidad, por la racionalidad y por la igualdad. La sostenibilidad. Es lógico que, situados hoy, ya a fines del año 2008, cualquier elemento de planificación y de actuación en infraestructuras que sea mínimamente digno de ser -incluso intelectualmente- tenido en cuenta no puede responder sino a este criterio y este criterio, en el mundo de las autopistas, las autovías, las vías de gran capacidad, significa muchas cosas. Significa, señoras y señores diputados -lamento que no haya nadie del Gobierno, pero alguien se lo va a contar-, que hay que afrontar retos importantes, por ejemplo, la tarificación por uso de infraestructuras, que es algo de lo que se está hablando en Europa y de lo que aquí parece que no se quiere hablar, y debe hablarse.
Evidentemente, yo soy uno de los convencidos de que no podemos aumentar la carga tarifaria impositiva a nuestro sector de transportes -que bastante peso soporta ya- pero, más allá de este hecho, habrá que aplicar la Directiva llamada Euroviñeta y, por tanto, habrá que acometer la tarificación por uso de infraestructuras. Creo que es bueno que cuanto antes reaccionemos y sepamos hallar el buen camino. Pero sostenibilidad significa también que, si hay que cobrar peajes, no hay que hacerlo simplemente porque en un momento determinado había que financiar ciertas infraestructuras, sino porque nos interesa que se usen más o menos ciertas infraestructuras y para ello podamos tener en cuenta, por ejemplo, criterios de discriminación horaria, premiando el tráfico en horas o días valle y castigándolo en horas punta -como, por cierto, se hacía en algunas autopistas catalanas-, o introduciendo criterios, que hoy tecnológicamente ya es posible hacerlo, de primar la alta ocupación de los vehículos. Por tanto, primer elemento, la sostenibilidad.


El segundo atributo que debe tener el sistema de vías de alta capacidad -si se aprueba esta proposición de ley y luego se tramita, vamos en el buen camino- es la racionalidad. Se hacía referencia aquí a la famosa frase de un ex ministro de Obras Públicas que decía aquello tan simple y, por tanto, lleno de estulticia de que las autovías eran de izquierdas y las autopistas de derechas o al revés, porque uno no acierta a entender qué tiene que ver esto. Parece que esto ya se ha abandonado, pero aún estamos en otro elemento recogido por el PEIT que tiene también dosis notables de poca racionalidad. Me refiero a aquello de hacer autovías de peaje solo cuando tengamos una vía paralela libre. ¿Por qué vamos a hacer tanto? ¿Cuál es el motivo? Este es un elemento que requiere a la mayor brevedad posible -espero que sea cuanto antes- una modificación del PEIT porque si no cuando vamos a Europa no nos toman en serio. No duplicar las inversiones y destinar bien los recursos públicos en nuestro territorio es una obligación y la racionalidad debe también ser tenida en cuenta.


Finalmente, otro atributo es la igualdad, y me van a permitir que reitere otro argumento que se ha sacado y que retroceda más de 150 años antes.
¿Por qué voy a retrotraerme 150 años atrás? Simplemente porque las primeras autopistas de peaje que se construyeron en España fueron Barcelona-Mataró, Barcelona-Granollers y Barcelona-Martorell y curiosamente habían sido -el señor ex alcalde de Mataró lo sabe perfectamente- los mismos primeros ferrocarriles que se construyeron en España -también, por cierto, por la iniciativa privada, a diferencia de otros-y esto trajo consigo que en el año 1850 esta Cámara, de la mano de don Salustiano de Olózaga, creara una Comisión de ferrocarriles, que era francamente una delicia. Les invito a pasarse por la biblioteca para leer estos textos. Por esta Comisión pasaron treinta y seis personas representativas -militares, expertos en ferrocarriles, diputados de uno y otro territorio- y uno de los padres del llamado periodismo parlamentario, el señor Andrés Borrego, entre otras cosas, en 1850, hablando de cómo debía ser la red de ferrocarriles en el Estado español, dijo que había que tener en cuenta que esta red debía garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. La red de comunicaciones de hoy día tiene que garantizar la igualdad de todos los

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ciudadanos que están en el Estado español, y esto, señoras y señores diputados, ustedes saben que no es así. Los diputados del Parlament de Catalunya han dado unos cuantos ejemplos y yo no los quiero reiterar.
Cataluña es especialmente sensible -como los riojanos, que en este sentido están aún más castigados que los catalanes por la desigualdad- y ha planteado la necesidad de homogeneizar, que es tanto como racionalizar, el mapa de nuestras vías, de nuestras grandes infraestructuras. Recuerdo que tuve la ocasión, la gran dicha personal, de conseguir -hacia referencia el señor Ridao- en aquellos años, fruto seguramente de este acuerdo entre Esquerra y Convergència del año 1999, gracias a la participación del que fue un gran secretario de Estado de Infraestructuras, el señor Albert Vilalta, la liberación del peaje de la B-30. La B-30 es como la M-30 en Madrid, pero para Barcelona. Aquí hay algunos diputados del Vallès y saben el significado que tiene. ¿Alguien se imagina pagando peaje en la M-30? Pues no. Ahora se paga peaje a la sombra, pero esta es otra circunstancia. La B-30 era realmente una afrenta, y finalmente gracias a un acuerdo -en aquel momento estaba gobernando el Partido Popular y en Cataluña Convergència i Unió- se logró levantar el peaje de la B-30. Aquel día, el día que asistimos a levantar el peaje de la B-30, les confieso, señoras y señores diputados, que fue uno de los días más felices de mi vida.


Hoy también puede ser uno de estos días sobre todo, señoras y señores diputados, si conseguimos de todos los grupos algo que el señor Herrera ha demandado, y es que esta toma en consideración -miro evidentemente al señor Ayala para que sea muy unánime- no venga precedida por aquello que tantas veces ha venido ocurriendo en esta Cámara, y es que se toma algo en consideración y luego viene aquello de los periodos de enmiendas y una prórroga, dos prórrogas, tres prórrogas y llegamos al final del partido, al final de la legislatura. Señoras y señores de los grupos mayoritarios, a ustedes me dirijo, si hoy ustedes -como espero- aprueban esto, que significa que vamos por el buen camino, vayan ustedes también a partir del mes de febrero por el buen camino, tramitemos esta proposición y sigamos por el buen camino. Nuestros buenos caminos de hoy son estas grandes infraestructuras, infraestructuras que, repito, nuestro grupo espera que vengan regidas desde ahora por estos criterios de sostenibilidad, racionalidad e igualdad que esta proposición tan oportuna del Parlamento de Cataluña nos invita a seguir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Andrés Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


También desde el Grupo Parlamentario Popular queremos saludar a los representantes del Parlamento de Cataluña que han venido a defender esta proposición de ley. Efectivamente, ya se ha dicho por algunos de los intervinientes que estamos ante una proposición de ley que fue debatida en el año 2000, posteriormente fue presentada en la pasada legislatura, no se debatió porque fue retirada del orden del día y hoy viene a esta sesión del Congreso de los Diputados con idéntico texto, puesto que es la que entró en el Congreso en la pasada legislatura en el año 2004. Es verdad también, como el señor Herrera ha recordado, que alguna modificación trae de la que se debatió en el año 2000 como consecuencia de algo que se dijo por la representación de mi grupo. Que hoy vengamos a debatir aquí una proposición de ley de idéntico texto a la que se tenía que haber debatido en la pasada legislatura nos obliga a hacer alguna reflexión porque no estamos en el año 2004. Hoy la situación española no es ni mucho menos la misma y evidentemente las leyes tienen unos criterios de oportunidad y son hijas de su momento. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular considera que esta proposición de ley llega a esta Cámara en el momento más inoportuno; llega en el momento más inoportuno porque en una situación de crisis como la que tenemos, en una situación en la que todos, los grupos parlamentarios y el Gobierno, estamos de acuerdo en que se demanda mayor inversión y que una de las medidas esenciales evidentemente es que se aumente la inversión en infraestructuras, detraer una parte importante de los fondos públicos para la finalidad de esta proposición de ley nos parece un despropósito.
Nos parece un despropósito porque, evidentemente, cualquier recurso en esta situación es poco para ayudar a salir de la crisis. Me van a permitir ustedes que haga algunas consideraciones de carácter general sobre los peajes, porque aquí se han dado muchas opiniones sobre ellos.


Evidentemente hay una cuestión que está clara: los peajes no son un estigma, los peajes no suponen una posición política. Lo ha dicho el representante de Convergència i Unió y me evita tener que utilizar el calificativo. Los peajes no son de derechas y las autovías son de izquierdas; evidentemente no. Se quieren vender muchas cuestiones ideológicas a partir de una cuestión que está clara, y es que estamos hablando de financiación de infraestructuras y esta tiene diversos modelos que son todos válidos siempre que estén equilibrados. Si están equilibrados sirven para la finalidad pretendida, que es el disfrute de las infraestructuras. Por tanto, estamos ante una situación que ni podemos mezclar con la movilidad -siendo esta importante- ni podemos condicionar por la movilidad, porque entonces estamos haciendo un uso del peaje condicionando la voluntad de los ciudadanos, que no parece lo más oportuno. Al margen de eso, estamos olvidándonos de que en Europa -también me ahorro el comentario porque lo ha dicho tanto el representante del Grupo Parlamentario Vasco como el del Grupo Catalán- estamos caminando hacia el pago por

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el uso de la infraestructura. Por tanto, estamos ante una situación clara y evidente de que los peajes se quieren utilizar desde el punto de vista ideológico, pero no se pueden utilizar. Por si fuera poco, el Gobierno de la nación ha vuelto a los peajes y ya tenemos una obra en construcción -concretamente en Málaga, la tierra de nuestra ministra de Fomento- y otros dos proyectos en marcha para nuevas autopistas de peaje; curiosamente son los proyectos que tenía en su programa el Partido Popular, y que se abordan pero cuatro años más tarde. Por tanto, hay cuestiones que deben estar bien claras, porque desde 1776 -hace más de 230 años- la justificación de los peajes fue hecha por Adam Smith. Uno de los fundamentos de La riqueza de las naciones era precisamente que la disposición anticipada de las infraestructuras generaba riqueza y adelantarlas ponía a esos ciudadanos en una situación mejor que la de los que no las tenían. Ojalá otras partes de España hubieran podido pagar y pudieran haber dispuesto de infraestructuras. A muchos les hubiera gustado pagar peajes y no han podido. Cataluña y la Comunidad Valenciana -que no el País Valenciano; vamos a respetar lo que dice el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana- tienen 35 años de autopistas y el resto de España hasta hace doce años no tenía ni siquiera autovías. Por tanto, cuando aquí se habla de justicia distributiva, cuando se habla de solidaridad o cuando se quiere hablar de igualdad no puede ser analizada día a día. Hay que analizarla en un contexto temporal muchísimo más amplio que abarca varias generaciones. Por tanto, decir hoy aquí que los peajes son injustos porque están gravando a una zona del territorio es querer olvidar todo el contexto temporal en el que unos territorios han tenido infraestructuras y otros no las han tenido. Porque la disponibilidad de la infraestructura, la seguridad que genera la infraestructura -de la cual nadie ha hablado- y la competitividad para el territorio no tienen precio y, por tanto, no pueden ser olvidados los años en los que se ha dispuesto de ellas.


Hay algunas inexactitudes que se han dicho aquí esta tarde y que nosotros quisiéramos destacar. El porcentaje de inversión que se ha hecho en Cataluña, al menos en los gobiernos del Partido Popular -cada cual que defienda sus cifras- jamás estuvo por debajo del 16,5 por ciento del total de España. En cuanto a los peajes, he de señalar que en Cataluña no alcanzan ni el 15 por ciento de todos los peajes teniendo en cuenta los de la Generalitat. Es decir, cuando el señor Herrera dice que nada más que hay una carretera de acceso o de salida de Barcelona que no es de peaje, se olvida de que dos de las que ha citado son peajes de la Generalitat, no son peajes del Estado; concretamente la de Sitges. Por tanto, que no se nos olvide además que, aparte de las inexactitudes, la Generalitat es la que mantiene los peajes más caros. El Grupo Parlamentario Popular no se va a oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley, si es lo que querían saber y todos estaban demandando en este primer punto de la sesión de esta tarde de martes. No nos vamos a oponer, a pesar de que el Gobierno ya creó en el año 2006 un fondo de rescate selectivo de peajes y homogeneización, que ha venido dotando en los presupuestos de los años 2006, 2007 y 2008, sin necesidad de una ley específica como la que aquí estamos analizando, y que ha supuesto actuaciones puntuales -que es para lo que debía ser- en Cataluña, Castilla y León y Andalucía.


Señorías, me van a permitir que señale también algunos de los defectos que consideramos que en la proposición de ley se contienen, a pesar de lo que se ha corregido. En concreto, creemos que es bastante dudoso que el Estado pueda obligar a crear fondos a las comunidades autónomas, de la misma manera que a ponerles plazo, porque parece que puede ser una invasión de competencias. Por otra parte, el determinismo de los impuestos rompe con los principios de nuestra Hacienda pública.
Determinar que lo que tenía que ir a una caja única vaya precisamente al rescate selectivo o a la homogeneización de los peajes parece que rompe de manera importante los principios de nuestra Hacienda pública, de la misma manera que parece que aquí se olvida que estas empresas concesionarias han tenido una exención del impuesto sobre sociedades del 1,20 por ciento, y que evidentemente esto sí distorsiona y tortura la imposición que se tenga que estar haciendo en cualquier parte de España.
Hay una cuestión que parece traslucirse de una disposición transitoria segunda que ha mantenido su texto desde el año 2000, y es que más que la homologación y el rescate selectivo de peajes lo que se pretende es su desaparición, cuestión que evidentemente -como creo que ya se ha demostrado por varios grupos- no responde a los principios que se tienen que aplicar en la financiación de infraestructuras.


Termino, señor presidente. Nuestro grupo no se va a oponer a la tramitación de esta proposición de ley y esperamos que sirva para una mejora sustancial del texto que hoy tenemos aquí.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.


Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra don Francesc Vallès.


El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.


(Continúa su intervención en catalán.) Sean, señor presidente, mis primeras palabras de bienvenida a los tres comisionados del Parlament de Catalunya, los señores Rull, Labandera y De los Ríos. Señorías, todas las iniciativas de parlamentos autonómicos merecen el máximo respeto para mi grupo y más aún cuando la iniciativa como la que hoy estamos discutiendo ha sido aprobada por la totalidad de los grupos parlamentarios del Parlament; una unanimidad que solo puede explicarse por la finalidad perseguida por la iniciativa que

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estamos discutiendo. Quizás sea eso precisamente, porque el objetivo de esta proposición de ley es dotar a las autonomías de recursos suficientes para desarrollar políticas que limiten los costes sociales de las infraestructuras viarias de peaje. Es esta una finalidad bien legítima, puesto que todos coincidimos en que las infraestructuras son una herramienta fundamental para garantizar un adecuado desarrollo económico.
Si no existen alternativas de comunicación, las autopistas de peaje pueden suponer un freno a ese crecimiento, a la competitividad de nuestra economía, a la competitividad de nuestra industria, de nuestras empresas e incluso a la cohesión social. En definitiva, señorías, los sistemas de comunicación y de transporte afectan sin duda al modelo social, demográfico, económico y a la calidad de vida de todo un país. Las autopistas de peaje tienen su sentido, es verdad, y lo van a seguir teniendo, porque esta proposición de ley no pretende suprimir todos los peajes existentes en el territorio nacional. Del mismo modo, también es cierto que los gobiernos deben trabajar con firmeza para construir autovías de comunicación libres de peaje que sean una verdadera alternativa a las autopistas. Como les decía, esta iniciativa es bien legítima, pero adolece de una serie de inconvenientes que deben ser destacados. En primer lugar, como ya se ha dicho hoy aquí, esta proposición de ley trae causa de un acuerdo del Parlament de Catalunya de fecha 18 de noviembre de 2004; del año 2004, señorías. Bien es cierto que la proposición de ley entró en esta Cámara en la legislatura anterior, pero la iniciativa caducó y nunca llegó a examinarse. Hoy finalmente la estamos tratando y precisamente por ello quisiera poner de manifiesto que desde la fecha en que esta iniciativa se aprobó por el Parlament de Catalunya hasta la actualidad han sucedido muchas cosas, y quisiera poner hoy aquí en valor algunas de ellas.


Señorías, durante todo este tiempo transcurrido se ha aprobado nada más y nada menos que el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña; se ha aprobado la disposición adicional tercera del Estatut que prevé que una parte de la cantidad destinada a infraestructuras se pueda destinar a la liberación de peajes e incluso durante este tiempo se da la paradoja de que, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, se llegó a crear este fondo para la homogeneización y rescate selectivo de peajes. Mire si han llegado a pasar cosas, señor Ayala, que hasta el Senado aprobó en el año 2005 una moción, a propuesta del Grupo Popular, en la que se instaba precisamente al Gobierno a crear un fondo que tuviese por objeto la homogeneización de peajes, el rescate selectivo y la subvención a los usuarios habituales; exactamente, exactamente en los mismos términos y con la misma dotación de recursos que prevé la proposición de ley que hoy discutimos. En definitiva, muchas de las pretensiones que contiene esta proposición ya se están llevando a cabo.


Cataluña, señorías, tiene un agravio comparativo con el resto de España en relación con el número de kilómetros de autopistas de peaje que transcurren por su territorio. Un agravio que es consecuencia, entre otras razones, de las decisiones políticas adoptadas en su momento por gobiernos anteriores; unas decisiones que apostaron claramente por la construcción de autovías de peaje y por la falta de inversiones en infraestructuras sufridas durante los gobiernos del Partido Popular. Son unas inversiones que han estado muy por debajo de lo que la realidad económica y las necesidades de los ciudadanos y de las empresas requerían, pero por suerte esta etapa de desinversión acabó y el Gobierno está trabajando para recuperar el tiempo perdido y ofrecer soluciones eficaces que acaben con una discriminación histórica. Por eso mi grupo quiere reconocer y poner en valor que este Gobierno cumple con Cataluña.
El Gobierno cumple con la disposición adicional tercera del Estatut y para el año 2008 se ha destinado un total de 73 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para el rescate de peajes en Cataluña.
Incluso el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, que estamos tramitando también en estas Cortes Generales, incluye una partida de otros 80 millones, de los cuales más de 12 van a cargo de esta disposición adicional tercera. Todo ello significa que para el periodo 2008-2013 se van a destinar más de 500 millones de euros para este fin, entre transferencias corrientes a la Generalitat y subvenciones para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje. Se está trabajando en este sentido, señorías, claro que se está trabajando y los ciudadanos de Cataluña tienen que saber que mediante la firma de convenios entre Estado y Generalitat hay muchos tramos de peaje en Cataluña que están subvencionados, bonificados e incluso algunos son gratuitos.


Si en alguna cosa está verdaderamente empeñado este Gobierno es en garantizar una inversión en infraestructuras que permita salir de este déficit histórico de autovías libres de peajes. Ese es el verdadero esfuerzo del Gobierno: garantizar que las autopistas de peaje puedan desdoblarse, es decir garantizar la alternativa a los peajes mediante la construcción de autovías libres y gratuitas. Eso se consigue mediante la acción de un Gobierno comprometido, que da cumplimiento a las previsiones estatutarias en materia de inversiones y con un Gobierno que cree sinceramente que la inversión en obra pública y en infraestructuras es la mejor forma de actuar contra la situación de crisis económica en la que vivimos y, a su vez, es la forma más adecuada también de garantizar nuestro crecimiento económico y nuestra competitividad. En definitiva, señorías, este Gobierno tiene establecida una política de liberación selectiva de subvención de peajes y, a la vez -y más importante si cabe-, invierte para construir autovías que sean la verdadera alternativa a las autopistas de peaje. Mi grupo va a votar favorablemente esta proposición de ley, sabiendo que su objetivo es bien intencionado, pero poniendo de manifiesto también que, aunque las autopistas de peaje siguen teniendo su sentido, lo verdaderamente relevante es ir

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trabajando hacia una nueva filosofía de peajes que favorezca la liberación de aquellos tramos más afectados por la movilidad obligatoria, de aquellos que sean más frecuentados o de aquellos que estén puntualmente afectados por la construcción de autovías alternativas. Ahora bien, esta proposición también adolece, como les decía al principio, de algunos defectos que deberemos superar en el trámite parlamentario, porque aunque la iniciativa proviene del Parlament de Catalunya lo cierto es que está pidiendo la creación de un fondo para el conjunto del Estado. En este sentido, mi grupo tiene serias dudas sobre el respeto al marco constitucional de competencias -lo ha dicho también el portavoz del Grupo Popular- en relación principalmente al sistema de provisión de los recursos para dotar este fondo y, especialmente también, en relación con el carácter finalista de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Es más que dudoso, señorías, que una ley estatal pueda determinar el destino de estos tributos, como dudoso es también el establecimiento de plazos para que las comunidades autónomas determinen aquellos tramos de autopistas que tienen que ser liberados. En definitiva, compartimos la finalidad de la proposición pero no podemos compartir exactamente todo su contenido. Por ello ya anunciamos que vamos a presentar enmiendas para solventarlo durante su tramitación parlamentaria.


Termino, señor presidente. Señorías, mi grupo va a votar a favor de esta proposición de ley; lo vamos a hacer por respeto institucional al Parlament de Catalunya, lo vamos a hacer porque lo que se está solicitando ya se viene realizando y los ciudadanos deben conocerlo y lo vamos a hacer porque estamos de acuerdo en que la medida puede ser una buena solución para Cataluña y para el conjunto del Estado.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vallès.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE AMPLIACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD EN LOS CASOS DE NACIMIENTO, ADOPCIÓN O ACOGIDA. (Número de expediente 122/000012.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En este caso la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida. Para su defensa tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae esta tarde a debate para su toma en consideración una iniciativa cuyo objetivo es ampliar el permiso de paternidad de los trece días -que en términos generales tiene ahora de duración- a las cuatro semanas, que están ya previstas y aprobadas en la Ley de Igualdad. En otras palabras, lo que se propone es acortar el plazo de implementación de esta medida que en su día se aprobó. Es una iniciativa que se enmarca dentro de la política social en la necesidad de dar nuevos impulsos a la protección de las familias, incentivando al mismo tiempo la implicación efectiva de los hombres en las responsabilidades familiares. No es algo nuevo; como ustedes conocen muy bien, desde mi propio grupo parlamentario estamos impulsando esta misma medida desde hace por lo menos dos legislaturas. Lo han hecho también, y es de justicia reconocerlo, casi todos los grupos del arco parlamentario, pero lo que supone una novedad es que a diferencia de lo que ocurría en pasadas legislaturas hoy el permiso de paternidad individual e intransferible es ya afortunadamente un derecho reconocido en la Ley de Igualdad. La Ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, aprobada la pasada legislatura, estableció como premisa imprescindible para ir consiguiendo el objetivo de la igualdad real diversas medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y entre ellas la que se consideró más innovadora, a tenor de lo que se establece en la propia exposición de motivos de la ley, fue precisamente el permiso de paternidad. Se trata de un permiso individual y exclusivo del padre que, tal como he señalado, había sido largamente demandado, pero que nació manifiestamente corto, porque, frente a lo que los grupos solicitábamos, que era un permiso de cuatro semanas, el proyecto de ley planteaba un permiso anecdótico de únicamente ocho días, que se convirtieron, después de una muy ardua negociación parlamentaria, en trece días, que se ampliarían gradualmente a cuatro semanas en el largo plazo de seis años, según obra literalmente en la disposición transitoria novena de la propia Ley de Igualdad. Con todo y con ello desde Convergència i Unió apoyamos la Ley de Igualdad y celebramos el nacimiento del permiso de paternidad como un primer paso necesario para que se reconociera un derecho, para que se estimulara su ejercicio y para que todos, hombres, empresas y también las mujeres, empezáramos a asumir una nueva cultura de corresponsabilidad en las obligaciones familiares. Un primer paso necesario, pero francamente, señorías, del todo insuficiente. No solo en Convergència i Unió, sino que -no creo equivocarme, basta para ello leer los "Diarios de Sesiones" de la tramitación parlamentaria de la ley, si afirmo que todos los grupos parlamentarios nos quedamos con la sensación de fracaso en cuanto a la duración del permiso- todos nosotros manifestábamos y anunciábamos -ya, entonces- iniciativas para corregir este permiso que en su configuración resultaba, como he dicho, más anecdótico que efectivo para el objetivo de que los padres se

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involucraran en la corresponsabilidad del cuidado de los hijos y las hijas. A esta sensación se ha unido el enorme éxito de la medida. Según datos de la Seguridad Social, un escaso número de hombres se acogían a compartir el permiso parental en el periodo que va de las seis semanas después del parto a las 16 semanas; a título de ejemplo les diré que en el año 2007 lo solicitaron 5.204 hombres de un total de 331.642 permisos otorgados. Frente a este poco éxito, el nuevo permiso individual de paternidad solamente en el periodo de nueve meses que va de marzo -que es la entrada en vigor de la ley- a diciembre de 2007 lo tomaron 173.161 padres, y en los ocho meses del periodo de enero a septiembre del año 2008 -que es la última fecha de la que dispongo- lo han hecho 209.442.
Realmente, convendrán conmigo en que es una medida celebrada y solicitada. Este éxito corroboró la sensación de que el permiso había nacido corto, por ello Convergència i Unió, en el programa electoral con el que concurrió a las últimas elecciones generales, llevaba la propuesta que estamos ahora debatiendo de alargar a cuatro semanas el permiso de paternidad, sin esperar el largo plazo de desarrollo de seis años previsto en la ley. Es más, como no sabíamos cuándo ni si iba a tomarse en consideración la proposición de ley que estoy defendiendo, introdujimos una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para que en determinados supuestos -casos de familias numerosas o familias en las que haya una persona con discapacidad- a partir del año 2009 el permiso pasara ya de los quince a los veinte días de duración. Los objetivos que se perseguían con este permiso siguen totalmente vigentes.
Permítanme señalar únicamente tres de ellos.


En primer lugar, sigue siendo necesario superar una discriminación legal que afecta todavía a todos aquellos hombres que afortunadamente, cada vez en mayor número, quieren asumir responsabilidades familiares ante el nacimiento de un hijo o de una hija y tienen hoy un derecho muy reducido y, en todo caso, muy inferior al de las mujeres. El cambio de mentalidad en este tema se está dando, y las cifras de permisos solicitados son elocuentes al respecto. Por tanto, debemos acompañar el cambio de mentalidad de un derecho más efectivo e igualitario. Es necesario también impulsar políticas de familia para que todos aquellos que quieran tener hijos los puedan tener, máxime cuando en España tenemos una tasa de natalidad tan baja que genera y generará problemas, porque si no hay relevo generacional será imposible sostener muchos aspectos de nuestro Estado del bienestar que se basan precisamente en su existencia. Nuestra inversión en políticas de familia está todavía muy lejos de la media europea. Los datos de Eurostat y del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2007 nos indican que el porcentaje de inversión del producto interior bruto español en familias es únicamente del 0,68 por ciento, un porcentaje no solo alejadísimo de países como Dinamarca, que dedica el 3,9 por ciento del suyo, sino también muy lejos de la media europea, que está en el 2,2 por ciento. Estamos, señorías, por detrás de países como Portugal, Malta o Polonia. Aquí es donde se enmarca el gasto que puede suponer alargar el permiso de paternidad, porque naturalmente este no va a suponer coste alguno para las empresas. Es evidente que no es la única medida necesaria, desde luego que no. Las prestaciones económicas directas o indirectas, la creación de servicios gratuitos o bonificados, pero en todo caso accesibles a las familias de economías medias, un desarrollo en toda su amplitud de las medidas de conciliación, una adecuada política fiscal, una mayor flexibilidad horaria, un mejor reconocimiento de las empresas familiarmente responsables y el planteamiento de una nueva cultura del tiempo serían otras muchas medidas que también es necesario atender. Pero -y con esto entro en el último de los objetivos que hoy quería señalar- esta medida, el permiso de paternidad, tiene la virtualidad de ser una medida de conciliación que es también eficaz para avanzar en la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, una igualdad de oportunidades que difícilmente se va a dar si, como hasta ahora, son las mujeres quienes casi en exclusiva se siguen haciendo cargo de las responsabilidades familiares. Sabemos que no es el sexo lo que se castiga, lo que se castiga laboral y salarialmente es la maternidad, y mientras que a los ojos de los empleadores las mujeres sigan representando casi en exclusiva las desventajas de la conciliación, seguiremos estando, tal como también señala Eurostat, a la cola del porcentaje de ocupación femenina, a pesar de la magnífica formación que hoy tienen las mujeres y a pesar de las políticas fiscales favorables a su contratación. Por estos motivos he comentado ya que Convergència i Unió asumió el compromiso electoral de avanzar en alargar el permiso de paternidad sin esperar el plazo que marcaba la ley. Estoy segura de que motivos parecidos llevaron al propio Partido Socialista a proponerlo también en su programa electoral e incluso la ministra de Igualdad anunció esta misma medida en una reciente comparecencia en la Comisión de Igualdad. Creo que en este momento puede plantearse una única objeción, que es la económica, porque reitero que no van a ser las empresas quienes asumirán el costo, sino que debe ser la Seguridad Social; una objeción que no debería tener mucha envergadura si el Partido Socialista cumple con su compromiso, explicitado por el propio presidente del Gobierno, de no dejar de invertir en política social y más en una política social que abona la igualdad real entre hombres y mujeres y que está claramente aceptada por sindicatos y empresas, tal como se nos hizo llegar durante la tramitación de la ley, porque la medida que hoy proponemos, insisto, está ya aprobada, lo único que hoy se solicita es que entre en vigor sin esperar el largo plazo que se marca en la ley en la que se aprobó; una objeción, la económica, que ha de poder superarse si se considera, como hacemos desde Convergència i Unió, que apostar por la familia no es nunca un gasto, sino siempre una inversión, y que apostar por la familia es en definitiva apostar por nuestro futuro colectivo.


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Quiero finalizar, señor presidente, agradeciendo la disposición de los grupos que me han anunciado ya su posición favorable a la toma en consideración, que creo -no me gustaría equivocarme- que son todos, y reiterando una vez más la solicitud de que den luz verde para que esta iniciativa pueda tramitarse.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora Pigem, sí vamos a apoyar la propuesta que usted acaba de defender y lo vamos a hacer por diferentes razones, al margen incluso de lo que representa la propuesta en sí misma, que es la ampliación del permiso de maternidad, ya que entendemos que esta es una propuesta que nos permite seguir profundizando en un debate que iniciamos ya en otras ocasiones -se dio un pequeño avance en la Ley de Igualdad, pero evidentemente no satisfizo a ninguna de las partes que presentamos enmiendas en el sentido de implicar incluso a los padres de una manera más concreta en el compromiso de atención a los hijos-, en la medida en que nos permite seguir planteando nuestra posición en este tema. Hasta hace muy poco la maternidad era considerada como una necesidad de las mujeres, prácticamente en exclusiva. Las mujeres éramos las que teníamos la necesidad de tener hijos. Al margen de otras consideraciones, en estos momentos ya hay una cosa que quedó constatada, que el interés en la natalidad no solamente es de las mujeres y de los hombres de manera particular y privada, sino que es una necesidad de la sociedad y, por tanto, de todos. En definitiva, la renovación generacional es una necesidad y ofrece una solución a los múltiples problemas del Estado. De ahí que entendamos que todos los costes que representan la natalidad, la maternidad y la paternidad, en definitiva el nacimiento de hijos o hijas, deben ser repartidos y distribuidos de manera equilibrada entre las diferentes partes, es decir, entre la madre, el padre y el Estado. Digo esto porque la señora Pigem hacía referencia a una cuestión importantísima, a las dificultades que tenemos las mujeres, sobre todo en edad reproductiva, para acceder a un puesto de trabajo. No es una novedad, se ha constatado en múltiples ocasiones y en esa cuestión no hay dudas, que muchísimas empresas ponen objeción a la contratación de mujeres en este tramo de edad reproductiva y que no hacen lo mismo con los varones, entre otras cosas porque parece que la edad reproductiva de los varones puede ser prácticamente hasta la jubilación.


Señoría, nosotros entendemos que hay algo fundamental, y es que el coste laboral, lo que nosotros denominamos coste socioeconómico y laboral, que hoy tienen las mujeres por ejercer el derecho y también el privilegio de la maternidad, tiene que estar igualmente representado en el coste que tienen los padres. Nosotros entendemos que en el momento en que a una empresa la paternidad le represente el mismo coste que le representa la maternidad, dejará de existir esa discriminación que tenemos las mujeres en estos momentos. Por otro lado, de acuerdo con lo que decíamos de que el beneficiario último de esa renovación generacional es el Estado, somos todas, somos todos, evidentemente el Estado tiene que cargar con parte de esos costes en aquellas cuestiones relacionadas con la atención a los hijos e hijas, por ejemplo en el tema de guarderías, pero también en el coste que tienen los permisos de paternidad y maternidad. Cuando se produjo la tramitación de la Ley de Dependencia, nuestro grupo presentó una enmienda que tenía matices respecto a otras enmiendas, aunque en el fondo todos aspiramos a lo mismo. Tengo el convencimiento de que la propuesta que hacemos es una propuesta positiva respecto al objetivo que nos marcamos de equilibrar esos costes y responsabilidades avanzando también en la corresponsabilidad de hombres y mujeres respecto a las responsabilidades familiares. Nuestra propuesta ampliaba el permiso de atención a hijos a veinticuatro semanas, de tal manera que parte de esas semanas tuvieran que ser disfrutadas obligatoriamente por el padre, y si el padre no cogía esas semanas que se ampliaban conforme a la enmienda que nosotros presentábamos con relación al permiso, evidentemente no podían llevarse a cabo, porque lo que pretendíamos era garantizar el derecho de las madres a sus permisos correspondientes, pero también el derecho de los padres a ese permiso y, al mismo tiempo, el derecho de ambos a que las cargas sociolaborales se repartan, como decía anteriormente, de manera equilibrada. Desde luego, avanzar en esta dirección sería lo más oportuno, porque no solamente es avanzar en el derecho de los padres a gozar de un permiso para disfrutar también de un tiempo con sus hijos, sino que, como decía, es avanzar en la corresponsabilidad de la vida laboral y familiar y, de manera específica, en la corresponsabilidad de atención a los hijos, porque solamente avanzando en la corresponsabilidad de este aspecto tan importante de nuestra vida podremos conseguir realmente la igualdad y además llegar a alcanzar esa compatibilidad de la vida laboral y familiar cuando la responsabilidad se reparta entre hombres y mujeres.


Por eso, señor Pigem, vamos a apoyar la propuesta que usted nos presenta, agradeciendo además que lo haya hecho en este momento, porque nos permite a todos seguir profundizando en un tema que, independientemente de los matices que sobre el mismo tengamos, las conclusiones a las que podemos llegar al final siempre van a ser provechosas y además irán avanzando en una dirección que, desde nuestro punto de vista, tiene que ser irreversible si realmente desde los poderes políticos y públicos decimos con sinceridad que estamos en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, que estamos en pro de la defensa de que las mujeres podamos alcanzar

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en la sociedad, tanto en el aspecto laboral, como en el político, el cultural, el de ocio, etcétera, los mismos derechos que en estos momentos ya disfrutan los hombres. Por tanto, muchas gracias, señora Pigem, muchas gracias, señor presidente, anunciamos nuevamente nuestro voto favorable.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Quiero dejar clara de entrada nuestra posición favorable a la proposición de ley que presenta la diputada Mercè Pigem del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Votaremos, pues, afirmativamente porque cualquier intento de mejora de una ley que ya en su día representó un avance, debe ser bienvenido. La Ley de Igualdad fue un avance notable desde el punto de vista normativo, cuya aplicación está suponiendo un avance social, y la ampliación del permiso de paternidad supone la profundización en uno de los derechos que establecía, pero también es cierto que hay que hacer algunas consideraciones. Desde el momento en que entró en esta Cámara el proyecto de ley del Gobierno hicimos grandes esfuerzos para mejorarlo, y quiero recordar a la diputada Georgina Oliva que, junto a otras veteranas del Grupo Parlamentario Socialista y de Convergència i Unió que tenían más experiencia, llevó a cabo una buena labor. Creo que fuimos un tanto determinantes, al menos un poquito determinantes a la hora de lograr mejoras en el acceso a las prestaciones por maternidad para las mujeres jóvenes y trabajadoras autónomas, el reconocimiento de la cotitularidad de las explotaciones para las mujeres de los ámbitos rurales, nuevas prestaciones para las familias monomarentales o la universalización del subsidio de maternidad que beneficia a todas las mujeres, trabajen o no fuera de sus hogares. Fruto de este trabajo, junto con el resto de los grupos parlamentarios, podemos afirmar hoy que la ley supuso un paso adelante en la consecución de la equiparación de la igualdad real y efectiva entre los hombres y las mujeres, extendiendo esta igualdad en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad. A pesar de todo, es necesario ir modificándola progresivamente, pero estas mejoras deben partir de las mujeres -esta es nuestra opinión y la opinión expresada por este partido y por las mujeres de nuestro partido que hace años que luchan para feminizar las organizaciones políticas-, debe partir de las mujeres el centro del debate y de la actuación política por la que rige esta ley.
Precisamente, la iniciativa de Convergència i Unió -que nosotros aplaudimos y votaremos a favor, pero vamos a mantener un punto de crítica- no parte de esta premisa para nosotros esencial, lo cual, dicho sea de paso, no resta ningún mérito -quiero que quede bien claro- a la iniciativa de la diputada Mercè Pigem.


Ya criticamos en el trámite parlamentario de la ley que se incluyese en una ley para las mujeres un derecho para hombres; esto fue motivo de debate. Pero que quede claro, estamos -ya lo he dicho- absolutamente de acuerdo con el permiso de paternidad, pero acepten que es cierto que la medida del permiso de paternidad se vendió -la publicitamos todos, todos somos corresponsables de ello- como una medida estrella junto con la paridad en las listas electorales y en los consejos de administración. El derecho a la paternidad fue vendido o publicitado como una medida estrella, un alcance o un objetivo notable de la ley, justamente en una ley de igualdad para mujeres, lo cual vale la pena recordarlo para resituar siempre cuál es el núcleo del debate, sobre todo en una perspectiva de futuro. Por ejemplo, creemos que una de las mejoras necesarias es la extensión del permiso de maternidad para equipararlo en semanas de prestaciones y en condiciones económicas a los estándares europeos. Este fue un debate que quedó abierto y ahora quizás valdrá la pena retomarlo aprovechando la posibilidad que nos brinda con su iniciativa Convergència i Unió.


Por otro lado, estamos de acuerdo en extender el permiso de paternidad actual y así también lo defendimos presentando enmiendas en su momento, tan cierto como que llegamos a un acuerdo por el que -al final lo que manda es el parlamentarismo y el día a día- el Estado tenía un plazo de seis años para ir aplicándolo progresivamente. Esto depende de las correlaciones de fuerzas. Estamos en otra legislatura, ha habido programas electorales, las opciones políticas han pasado por el cedazo de las nuevas elecciones, es decir siempre es posible empezar de nuevo. En conclusión, apoyamos la iniciativa para ampliar el permiso de paternidad porque trece días nos parecen insuficientes para alcanzar el objetivo de repartir equitativamente entre hombre y mujer el cuidado y atención de los hijos e hijas para lograr una mayor corresponsabilidad, que es de lo que se trata. También encontramos positivas las medidas de concienciación y conocimiento del permiso de paternidad que nos propone Convergència i Unió, pero somos un tanto críticos con que sea precisamente la mejora del único derecho que tienen los hombres contemplado en esta ley el que haya impulsado la iniciativa. Volvemos a la carga con lo mismo. Esto ciertamente nos da munición -si me permiten la expresión- para que, una vez abierto el debate, una vez tengamos la posibilidad de ir hacia la modificación de la ley, podamos introducir nuevos elementos en el debate, aun cuando en el trámite parlamentario no se recogieran iniciativas que vamos a plantear, en la medida que nos toca a nosotros precisamente ser también parte del catalizador hacia esta nueva conquista de derechos. Les he dicho que estamos de acuerdo en abrir el melón, pero no con la ampliación de las prestaciones de maternidad, no con el aumento de las sanciones por discriminación de la mujer, no con un nuevo contrato social que

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modifique los usos del tiempo y vele por la conciliación. ¿Por qué no podemos estar también a favor de introducir estos elementos que acabo de pronunciar y no solamente el anterior? Les he hablado de la necesidad de alcanzar un nuevo contrato social que modifique los usos del tiempo y vele por la conciliación. Esto es fundamental en los tiempos que corren y es evidente que existe también un compromiso por parte del Gobierno -la ministra ya lo anunció en su momento-, por lo que creo que todos estamos en buena sintonía para que aquello que fue un gran avance en la pasada legislatura, en esta pueda desarrollarse y desplegarse con más ahínco.
Sea como fuere, la propuesta de Convergència i Unió tiene voluntad, nos interesa y vamos a apoyarla. Hay que mejorar la ley porque ya dijimos en su momento que se trata de un texto legislativo que ayuda, el que tenemos, pero que no transforma sustancialmente. Ya sé que la sociedad no se transforma solamente a golpe de leyes. Las soluciones a los grandes problemas de nuestras sociedades tienen causas y, por supuesto, efectos más profundos que requieren otras tomas de conciencia paralelas, pero lo cierto es que las mujeres y los hombres requerimos un cambio social -al menos esta es nuestra posición ideológica-, una transformación profunda del paradigma patriarcal, que es el que hoy día contamina cada una de las diferentes esferas de nuestra sociedad. Un nuevo contrato social cívico, igualitario y emancipador, en definitiva, entre hombres y mujeres, para que todos podamos vivir en igualdad de derechos, pero también en igualdad de oportunidades. Creo que ha quedado reflejada claramente cuál es nuestra posición ideológica, cuál es nuestra posición táctica desde el punto de vista parlamentario y, repito, vamos a votar favorablemente porque la iniciativa de Convergència i Unió, si no hay dilaciones, si no hay filibusterismo por parte de quien tiene la manija del juego parlamentario, nos debe permitir consolidar en esta legislatura el gran avance que se produjo en la pasada legislatura con la Ley de Igualdad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Desde el escaño, quiero manifestar nuestra posición afirmativa a esta proposición de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió.
Nosotros apoyamos con entusiasmo la iniciativa presentada por el Grupo de Convergència i Unió, y sobre todo la brillantez de la exposición de su portavoz, que nos exime de alguna manera de glosas adicionales in extenso. Lo que ha dicho la señora Pigem es muy pertinente, todo ello, sin ninguna excepción, señor presidente. Se incardina dentro de un principio de coherencia, primero, con los programas electorales de todos los partidos políticos que hemos concurrido a las últimas elecciones.
Todos los que estamos aquí, con representación parlamentaria, hemos concurrido con una propuesta de similares características a la que configura el contenido material de la proposición de ley. Se incardina también de forma coherente o se cohonesta con el derecho internacional y el derecho comunitario. Me estoy refiriendo al Convenio 103 de la OIT, ya ratificado, con su correspondiente instrumento de ratificación por el Estado español, y a la Directiva 92/85, que establece que la corresponsabilización de los padres en el cuidado de los hijos debe tener periodos amplios, más dilatados que los trece días previstos por la Ley 3/2007, para la igualdad. Se incardina también con algo que los que tenemos hijos -señor presidente, permítame esta especie de reflexión de naturaleza personal- sabemos, el carácter gravoso, en ocasiones podríamos decir incluso hasta tóxico del cuidado de los hijos pequeños -y usted sabe a lo que me estoy refiriendo perfectamente- y cómo la corresponsabilización de padres y madres, de ambos miembros de la pareja, de ambos progenitores, es un requerimiento de pura justicia social que se incardina en los fundamentos axiológicos de las políticas familiaristas y natalistas que por fin en esta legislatura vamos a conseguir casi milagrosamente que no se consideren políticas conservadoras. Es un avance importante y, sobre todo -sería la única discrepancia que mantendría con mi compañera de escaño, la señora Pigem-, cuando se preconiza en la exposición de motivos que se trata de medidas de discriminación positiva en relación con los hombres o los padres, yo creo que se trata de medidas de discriminación positiva alternativamente en relación con las mujeres, con las madres, en tanto en cuanto también las madres trabajadoras tienen derecho a que su carrera profesional, sus posibilidades de promoción profesional, no sean interrumpidas mediante una ausencia de mecanismos jurídicos que posibiliten la corresponsabilidad en el ámbito del cuidado de los hijos bien sean por parto biológico, por acogimiento o por adopción. Desde esa perspectiva, nosotros manifestamos nuestra posición favorable a la proposición en sus propios términos, en su contenido material en relación con el parto biológico y la necesidad de incrementar los trece días hasta las cuatro semanas, y en relación con el sistema de opciones cuando no se trata de un parto biológico sino de una adopción o un acogimiento, estipulando la posibilidad de opción entre ambos progenitores en relación con el disfrute de esta suspensión prevista en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores en su conexión con el artículo 48 del propio Estatuto de los Trabajadores. En definitiva, estamos hablando de una medida de discriminación positiva en relación con las madres que tienen también derecho no solo a liberarse parcialmente del gravamen que dimana de la no corresponsabilización en el cuidado de los hijos en las edades más tempranas de su vida y sobre todo en las posibilidades de que las madres no se vean perjudicadas -y la señora Pigem lo ha explicado con brillantez- en su carrera profesional por los dilatados

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permisos, no tan dilatados en el Estado español, porque el derecho comparado también ha sido glosado por ella perfectamente y estamos a la cola de los países europeos en materia de permisos de esta naturaleza tanto para el padre como para la madre en relación con las políticas natalistas, de corresponsabilización en el cuidado de los niños.


Voy a acabar mi exposición, señor presidente, si me permite el lirismo de la reflexión que voy a hacer, con lo que contó Hesíodo hace nada menos que 2.700 años. Hesíodo comentó que mucho antes de todas las cosas existió el Caos, después Gea, la tierra espaciosa, y después Eros, el amor, que es el más hermoso de todos los inmortales, y aquí empezó la vida, aquí empezó la evolución, tranquila, pausada y equilibrada. El ordenamiento jurídico no ha conseguido desde luego lo que Eros, en opinión de Hesíodo, consiguió. Vamos a converger en coherencia y en paralelo al ordenamiento comunitario y al derecho internacional público hacia esta convergencia de responsabilidades pausada, equilibrada, y desde esa perspectiva nunca más oportuna, justa y pertinente ha sido presentada en esta Cámara, en nuestra opinión por lo menos -sobre todo como padre afectado que tiene una esposa madre afectada-, una iniciativa de estas características. Por lo tanto, agradeciendo a la señora Pigem la brillantez, la pertinencia y el rigor conceptual de su exposición, vamos a dar un salto de gigantes en la corresponsabilización de algo tan importante como es la natalidad y las políticas natalistas preteridas otrora por los llamados partidos de izquierdas y en este momento acogidas afortunadamente por casi la totalidad de los partidos con representación en esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Santiago Cervera.


El señor CERVERA SOTO: Señor presidente, señorías, hablamos efectivamente de políticas de igualdad entre los sexos; hablamos de conciliación; hablamos del equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar; hablamos del fomento a la natalidad, como decía el señor Olabarría; hablamos de la corresponsabilidad en las obligaciones familiares entre los hombres y las mujeres y hablamos efectivamente de valores y principios que, sin duda alguna, políticamente todos podemos compartir y todos estamos dispuestos a defender. Pero al mismo tiempo, en la medida en que la propuesta que nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) nos reclama posición concreta sobre una cuestión concreta, creo que es el momento adecuado para que podamos hablar no solamente desde el plano de los valores y de los principios políticos, sino también desde el plano de la realidad de lo que es hoy el análisis objetivo de cuál es la presencia de la mujer y del hombre tanto en la asunción de las cargas familiares como en cuanto esto repercuta en su realidad laboral. Tenemos, por tanto, que hacer un análisis de lo que es hoy en día el momento actual de los indicadores fundamentales que definen cómo es el trabajo del hombre y de la mujer en nuestro país y también cuál es, si es que es alguna, la evolución que llevan estas magnitudes en los últimos años. Analicemos por tanto, y creo que debemos hacerlo siquiera de manera somera, cuáles son los fundamentales indicadores y cuál podría ser en el ámbito laboral el cuadro de la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país.


Tenemos los datos de la EPA del tercer trimestre, recientemente publicada, donde podemos ver cifras y realidades que a todos nos deberían hacer reflexionar una vez más. La tasa de paro, por ejemplo, en el ámbito de la mujer es el 12,66 por ciento y en el hombre del 10,32 por ciento. La tasa de actividad, que por primera vez apenas ha superado el 50 por ciento en el ámbito de la mujer, es casi del 70 por ciento en el ámbito del hombre.
La tasa de temporalidad es mayor significativamente en la mujer, un 31,8 por ciento, respecto al 27,7 por ciento del hombre. Y si hablamos de los salarios promedios, si hablamos de la retribución, se supone que por iguales responsabilidades, vemos que hay una discriminación en contra de la mujer, habida cuenta de que el salario promedio anual de la mujer es de apenas 16.000 euros, frente a los más de 22.000 euros que son los del hombre. La Agencia Tributaria ha reflejado en sus estudios referidos al año 2007 casi un 30 por ciento de discriminación cuantitativa de la mujer en el ámbito salarial respecto al hombre. Creo que viene a cuenta citar estos datos en la medida en que, como se ha citado anteriormente por otros portavoces, la Ley de Igualdad, esa ley que se aprobó en marzo del año 2007 y que, por tanto, tiene ya un año y medio de vigencia, se presentó en su momento como una solución precisamente para atajar, de forma diríamos incluso espectacular, estas diferencias y estas discriminaciones. Hemos visto que efectivamente se dijo en aquel momento, y todos queríamos compartir el sentido que podía tener esa ley, que esa ley tenía como principal objetivo hacer efectivo el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres también y específicamente en el ámbito laboral. Pero recordando aquel momento legislativo, recordando aquella ley, tenemos también que recordar lo que nosotros dijimos en su momento.
Dijimos en su momento que las medidas que estaban planteadas en la ley eran sobre todo de tipo enunciativo pero que carecían de un poder real para propiciar la verdadera igualdad, esa igualdad que afecta, que tiene que afectar, que no puede hacer otra cosa que afectar en términos ciertos y reales a las mujeres españolas y, por ende, al conjunto de nuestra sociedad. Nosotros en aquel momento planteamos una serie de correcciones y enmiendas en las que además apelamos a la necesidad de consenso en la materia, enmiendas que tenían que ver, precisamente, con favorecer la tasa de actividad de la mujer, facilitar su propio emprendimiento profesional e incluso empresarial y, en cualquier caso, promover la conciliación

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entre sus intereses laborales y sus intereses personales y familiares.
Hemos visto que en estas cuestiones no hemos avanzado, desde luego, en la medida en que se nos dijo que la ley suponía una novedad que podía promocionar ese avance, y ni siquiera, señores del Partido Socialista, hemos podido avanzar en cuestiones que parecían mucho más sencillas de resolver, como por ejemplo lo que supone la presencia de la mujer en puestos directivos, la ruptura del techo de cristal que todos sabemos cuál ha sido tradicionalmente para la mujer.


Podemos analizar cuál es en estos momentos el panorama que hay, por ejemplo, de mujeres consejeras en las empresas españolas. Tres empresas del IBEX 35 no tienen ni una sola mujer como consejera. Pero tampoco es esta la realidad de lo que ha dependido de la acción directa del Gobierno. Por ejemplo, las mujeres en las secretarías de Estado del actual Gobierno son la mitad que los hombres; en el ámbito de las direcciones generales la diferencia es casi de tres veces más y en el ámbito de la Administración descentralizada es todavía mayor. Y vemos que ni siquiera ahí donde efectivamente se podía haber ejercido una labor directa por parte del actual Gobierno para propiciar la igualdad que proclaman han hecho lo necesario. Pues bien, señoras y señores diputados, nosotros seguimos pensando que ni con normativas altisonantes ni mucho menos con ministerios contragramaticales se consigue la igualdad real. La igualdad real se tiene que conseguir no con otra cosa que con medidas que sean eficaces, con medidas que sean efectivas para lograr ese objetivo.
Recuerden que nosotros presentamos una proposición de ley similar con un objetivo similar al que hoy estamos considerando que fue debatida por esta Cámara el pasado día 24 de junio. Fue una propuesta que contenía nuestra propuesta programática y específicamente nuestra coherencia con la aportación que quisimos hacer en su momento en la Ley de Igualdad. En aquel momento, cuando se debatieron las enmiendas de la Ley de Igualdad hace año y medio, propusimos medidas amplias que considerábamos muchísimo más eficaces que las que finalmente resultaron aprobadas, precisamente para mejorar el régimen de excedencias y de permisos a los que se pueden acoger hombres y mujeres, también para dar una mayor capacidad de organización flexible a todas las organizaciones laborales de nuestro país, para aumentar y mejorar las prestaciones, para aumentar y mejorar los incentivos para la conciliación y también para generar una serie de medidas de apoyo que hubieran podido conseguir efectos como los que hoy estamos tratando. Quiero recordarles en esta tarde de hoy que fueron 73 las enmiendas que presentamos a la Ley de Igualdad y que ninguna de ellas fue aprobada. Seguimos, no obstante, pensando que efectivamente la conciliación sigue siendo una de las reformas laborales más necesarias que tenemos pendientes los españoles. La flexibilidad laboral, al menos tal y como nosotros la entendemos, no es solamente, como algunos quieren hacer ver, la facilidad para el despido; la flexibilidad laboral es precisamente la capacidad de adaptarse la organización laboral a los entornos y en muchos casos también a los valores de la sociedad. Y mucho más ahora que la crisis está impactando muy fundamentalmente en el desempleo en nuestro país. La crisis económica en España es fundamentalmente una crisis de paro y de desempleo, y ese desempleo sabemos todos que donde fundamentalmente daña es en el ámbito femenino, el ámbito de la mujer, porque la principal discriminación que sufre la mujer en nuestra sociedad, como estoy intentando explicar, es precisamente la discriminación laboral, la discriminación en el empleo.


Vamos a votar a favor de la iniciativa que se nos presenta por varias razones. En primer lugar, porque es coincidente, como antes dije, con propuestas que nosotros no solamente hemos considerado en nuestros programas electorales, sino que además las hemos querido hacer realidad legislativa hace no mucho tiempo. Queremos, efectivamente, dar paso a esta posibilidad de modificación legal que nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) intentando mejorar aquello que también quisimos mejorar cuando se trató aquí la Ley de Igualdad.
Pero quisiera recabar su atención para dos consideraciones finales sobre este particular. Damos nuestro voto a favor para considerar esto dentro del trámite legislativo, y dentro del trámite legislativo no vamos a perder de vista dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, cuando hablamos de igualdad para nosotros esto significa fundamentalmente hablar de la persona y de la libertad de la persona, y cuando hablamos de las licencias por paternidad o por maternidad no estamos hablando solo del derecho de los progenitores a tomarse esa licencia después de haber traído un niño o una niña al mundo, sino que estamos hablando también del derecho del neonato, del derecho del recién nacido a tener a sus padres en una dedicación plena durante sus primeros meses, semanas o días de vida. En segundo lugar, quisiera decir que en el trámite legislativo no vamos a perder de vista que cometeríamos un error -todos cometeríamos un error- si solo confiáramos en nuestra potestad legislativa para hacer realidad lo que queremos hacer realidad. Hay empresas que por cuenta de su política de personal están ya confiando en las políticas de conciliación y están ya incluso mejorando el estándar que está establecido legislativamente, porque bien saben que una medida de conciliación es también en muchos casos una posible medida de base para su competitividad.


Queremos finalizar reiterando que vamos a votar a favor de la iniciativa.
CiU y el Partido Socialista no votaron a favor de la propuesta que en términos similares nosotros presentamos, pero en cualquier caso preferimos en estos momentos no dar reciprocidad por la reciprocidad, sino actuar en coherencia con nuestros idearios y con nuestros programas que hemos manifestado también aquí desde esta tribuna, y desde luego quedar todos emplazados a que podamos tratar este tema con mayor realismo y sentido político.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Soledad Cabezón.


La señora CABEZÓN RUIZ: Gracias, señor presidente.


En nombre del Grupo Socialista tengo el honor de tomar la palabra para mostrar la posición de mi grupo respecto a la proposición de ley que presenta hoy el Grupo Catalán para ampliar el permiso de paternidad de dos a cuatro semanas con el objetivo de incentivar la implicación del hombre en las responsabilidades familiares. Para ello, la proposición de Convergència i Unió modifica los artículos 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, así como el 30.1, en su apartado a), de la Ley de medidas para la reforma de la Función pública. La redacción actual de ambos preceptos se debe a la Ley Orgánica de Igualdad, de 2007, que incluyó por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señora Cabezón. Les ruego tengan la bondad de guardar un poco de silencio.


Puede proseguir.


La señora CABEZÓN RUIZ: ...que incluyó por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico un permiso de paternidad exclusivo a favor del padre de quince días. A su vez, esta proposición pretende la supresión de la disposición transitoria novena de la Ley de Igualdad, que ya establecía que el Gobierno ampliaría de forma progresiva y gradual hasta cuatro semanas el permiso de paternidad en un periodo de seis años. La proposición contiene además dos disposiciones adicionales. En la primera de ellas se insta al Gobierno a desarrollar campañas de sensibilización para dar a conocer los derechos de los padres. En la segunda se insta a realizar un seguimiento estadístico de las medidas incluidas en esta proposición así como su grado de aplicación.


Entrando en la valoración de la proposición, en primer lugar habría que tener en cuenta varias consideraciones técnicas, como el hecho de que la disposición transitoria novena de la ley establece ya un periodo de seis años y no de ocho, como recoge la exposición de motivos de la presente proposición de ley. Igualmente, habría que realizar una modificación del artículo 1 de la proposición de ley, que establece que debe ser modificado el artículo 48 bis del Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba la Ley del Estatuto de los Trabajadores, pues este contiene un solo artículo y debería modificarse el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. Por otro lado, teniendo en cuenta que en su artículo 2 se pretende modificar el artículo 30.1, en su apartado a), de la Ley de reforma de la Función pública, consideramos que también sería necesaria, en caso de que prospere la proposición de ley, la modificación del artículo 49, en su apartado c), de la Ley 7/2007, del Estatuto básico del empleado público.


Entrando ya en el contenido de la propuesta, tenemos que recordar que la legislación española actual incorpora ya las directrices comunitarias referentes a la conciliación de la vida laboral y familiar e incluso supera los niveles de protección previstos en dicha normativa comunitaria internacional. También hay que recordar que en la anterior legislatura el Gobierno socialista, con su claro compromiso por alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, aprobó la ley de marzo de 2007, que ha supuesto que España experimentase un gran avance en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. En relación con el contenido de la proposición de ley hay que señalar que efectivamente uno de los aspectos más innovadores de la reciente ley fue la inclusión del establecimiento de un permiso de paternidad, aunque también la ley introdujo mejoras en el actual permiso de maternidad, como en el caso de hijos discapacitados y recién nacidos con necesidad de hospitalización.
Además, incorporó una mayor flexibilidad en la jornada de trabajo, ampliando la reducción de la misma por guarda legal del menor o incidiendo sobre la excedencia para el cuidado de los hijos. Hay que recordar, señorías, que con la inclusión del permiso de paternidad España se situó entre los países europeos con un permiso de paternidad más amplio, pues solo nos encontramos detrás de Noruega y Finlandia, con veinte y veintiún días respectivamente. Es necesario también recordar que la introducción progresiva de la medida fue acordada durante la tramitación parlamentaria de la ley, dado que una aplicación gradual de la misma podía ser conveniente para que el permiso de paternidad se asentase en la práctica. Sus señorías conocen que hace poco menos de año y medio se aprobó la Ley de Igualdad y que en ella, gracias a una enmienda transaccional apoyada por todos los grupos parlamentarios a excepción del Grupo Parlamentario Popular, se llegó a un acuerdo para regular el nuevo derecho de paternidad y aumentar en casos puntuales el de maternidad. Se trataba de un nuevo derecho que había que reconocer en la práctica para generar un nuevo uso y una nueva costumbre. Por ello, en esa negociación de la enmienda transaccional se acordó un tiempo de aplicación con el fin de valorar el impacto de esta medida en un periodo de conciliación que se estableció en seis años. El legislador, consciente de que se trataba de un aumento muy considerable respecto al marco jurídico anterior, pretende hacer ver que puede requerirse un tiempo suficiente para la introducción de una nueva cultura de conciliación en la sociedad y en el ámbito laboral, así como la adaptación de las estructuras de trabajo para este tipo de permisos.


Señorías, los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social ponen de manifiesto que los permisos por paternidad disfrutados tras la cesión de la madre solamente suponen un 1,5 por ciento respecto al permiso de paternidad exclusivo, que corresponde al 77 por ciento de los procesos de maternidad. Estos datos podrían hacer

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que se extrapolase que en España todavía no se encuentra generalizado el uso por los padres de todos los derechos que les son reconocidos. El permiso de paternidad, por tanto, es una prestación muy reciente cuyo impacto es preciso valorar en su objetivo final, que no es otro que el de la corresponsabilidad familiar y descargar a la mujer de las responsabilidades familiares y domésticas que tiene asumidas. No obstante, como conocen SS.SS., es un compromiso electoral del Partido Socialista y del Gobierno la ampliación de dos a cuatro semanas de permiso, junto con otras medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, lo que fue subrayado, como conocen, en la sesión de investidura del presidente del Gobierno así como en la comparecencia de la ministra Aído en este Congreso de los Diputados. Esto ya supondría un acortamiento de la previsión legal.


Por otra parte, si bien la modificación legislativa que se propone tiene una dimensión laboral o administrativa, mi grupo también considera que es necesario tener en cuenta que esta proposición afecta directamente a la prestación por maternidad regulada en la Ley General de la Seguridad Social. Por tanto, en su adopción, por lo que se refiere al plazo, debe concurrir el mayor consenso político y social, acordándose en la mesa para el diálogo social, así como debe adecuarse a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Señorías, debe recordarse también que el diálogo social y la concertación social constituyen unas señas de identidad del Gobierno socialista que desempeñaron un papel nuclear en la definición de políticas desarrolladas en materia laboral y social durante la pasada legislatura y que dieron lugar a la firma de más de veinte acuerdos en temas relevantes para el mercado laboral y en el sistema de protección social, de los que se han derivado y se siguen derivando efectos muy beneficiosos para el bienestar de la sociedad española. Por ello, en el programa electoral del Partido Socialista se reitera su compromiso de mantener una estrategia política de concertación social. En ese sentido, el presidente del Gobierno ratificó durante su discurso de investidura su voluntad de mantener esta línea. En esta línea tengo que anunciar que la mesa de diálogo social para la igualdad fue constituida hace dos semanas y que va a comenzar a funcionar en los próximos días, y en ella se pretende estudiar la inclusión de estas y otras medidas que conlleven una mejora en la conciliación de la vida laboral y familiar.


Por otra parte, conocen también que el Gobierno, en su compromiso de dar cumplimiento a lo previsto en la disposición transitoria novena de la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha introducido una disposición adicional sexta en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado en virtud de la cual la suspensión del contrato de trabajo por maternidad se amplía hasta veinte días en el caso de familias numerosas y se ampliaría en dos días más a partir del segundo hijo, lo que entrará en vigor a partir del 1 de enero. Además, durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 se introdujo una enmienda, a instancias del Grupo Parlamentario Catalán, para modificar dicha disposición adicional en el sentido de ampliar dicha suspensión a veinticinco días en el caso de nacimiento en familias que cuenten con una persona discapacitada, lo que se aumentaría incluso a tres días más en el caso de que fueran familias numerosas. Todo ello afectará a partir del 1 de enero de 2009 al menos al 13 por ciento de las familias españolas. En lo referente a las disposiciones adicionales, hay que recordar que desde el Instituto de la Mujer se han llevado a cabo campañas publicitarias como la de noviembre de 2007, en la que difundían los contenidos de la Ley de Igualdad, que incluían el fomento de la participación masculina en las tareas del hogar. Actualmente se está confeccionando un folleto informativo en el que se explican las principales medidas contenidas en esta ley.
Igualmente, la próxima campaña de sensibilización hará hincapié en la corresponsabilidad en el ámbito doméstico. Respecto a la disposición adicional segunda, en la que se insta a la realización de un informe periódico anual sobre el seguimiento de esta proposición de ley, hay que recordar que ya la Ley de Igualdad establecía entre sus principios generales la obligación de realizar un informe relativo a la efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres tras la aplicación y entrada en vigor de la ley en cuestión, informe que se ha desarrollado a través del Real Decreto 1729/2007, con una periodicidad bienal.


Señorías, concluyo diciendo que por todo lo anterior, considerando positiva la preocupación de toda la Cámara por ampliar el permiso de paternidad, lo que conlleva el consenso político necesario para sacar adelante y hacer efectivas medidas como la debatida, como medida favorecedora de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, y teniendo en cuenta que es una propuesta que ya se recoge en la Ley de Igualdad, elaborada sobre la base del compromiso del Partido Socialista para alcanzar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, por ello y con este pleno convencimiento el Partido Socialista lo recoge en su programa electoral junto con otras medidas que permitan alcanzar una verdadera corresponsabilidad familiar del hombre...


El señor PRESIDENTE: Señora Cabezón, tiene que acabar.


La señora CABEZÓN RUIZ: ...y de forma reiterada -termino- ha sido ratificada por el Gobierno la voluntad de ampliar este periodo de dos a cuatro meses, como lo han puesto de manifiesto las diferentes medidas que ha ido tomando. No obstante, señorías, consideramos que es necesario hacer una valoración previa del impacto que el permiso de paternidad ha conllevado en materia de corresponsabilidad y de conciliación de la vida familiar y laboral, que es el fin y el objetivo por los que esta medida tiene sentido.


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El señor PRESIDENTE: Señora Cabezón, tiene que acabar.


La señora CABEZÓN RUIZ: Por otro lado -y termino-, por la importancia del tema y por los sectores implicados, cuyo compromiso podrá garantizar una mejor y mayor visión del futuro derecho reconocido y con ello alcanzar el fin que se prevé, debería incluir el compromiso de los interlocutores sociales así como un informe preceptivo del Pacto de Toledo, los cuales deberían tenerse en cuenta.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cabezón.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE REPRUEBA LA ACTUACIÓN DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN EN RELACIÓN AL USO DEL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO PARA LA REMODELACIÓN DE LA NUEVA SALA XX DE NACIONES UNIDAS EN GINEBRA. (Número de expediente 162/000258.)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, por la que se reprueba la actuación del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en relación con el uso del Fondo de Ayuda al Desarrollo para la remodelación de la nueva Sala XX de Naciones Unidas en Ginebra. Tiene la palabra para su defensa don Gonzalo Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor presidente.


Señorías, la proposición no de ley que presentamos y que efectivamente tiene como finalidad la reprobación de la actuación concreta del ministro de Asuntos Exteriores con motivo de lo que ha sido la financiación irregular de la cúpula de Naciones Unidas, como bien saben ustedes, tiene precedentes en esta Cámara, es decir, que es una tradición parlamentaria reprobar determinadas acciones, pero sobre todo tiene raíz en un hecho que es claramente irregular, claramente inmoral y la semana pasada decíamos que había que averiguar si también es ilegal. Hoy trataré de demostrarles a ustedes que, además de ser irregular e inmoral, porque se han usado los fondos de desarrollo, es también ilegal. Por tanto, hoy la proposición no de ley trata de establecer la responsabilidad en una operación claramente equivocada, como ha sido la financiación a través del Fondo de Ayuda al Desarrollo de la cúpula de Naciones Unidas.


El Fondo de Ayuda al Desarrollo, señorías, se aprobó en esta Cámara precisamente para luchar contra la pobreza. En los Presupuestos Generales del Estado del año 2007 aprobamos en esta Cámara, en la sección 12, en el artículo 143 y en el capítulo 8, 624 millones de euros, que se aprobaron para destinarlos a la lucha contra la pobreza; dinero que es, evidentemente, para educación, para sanidad, para todas esas cuestiones que a ustedes les molesta que yo les recuerde, pero que, evidentemente, son esas. La pregunta es, entonces, si ese dinero aprobado en esta Cámara para ese destino ha sido utilizado correctamente. Se han utilizado, evidentemente, muchos argumentos para lo que ha pasado, y ahora veremos todos y cada uno de ellos. Se puede uno preguntar si la cúpula de Naciones Unidas -conocida como la cúpula Barceló- es, efectivamente, luchar contra la pobreza. Si llegamos a la conclusión de que la cúpula es luchar contra la pobreza, a lo mejor no estaríamos hablando de este tema.
Pero es evidente que no es luchar contra la pobreza. Saben ustedes que se han utilizado diversos argumentos, todos ellos cortinas de humo. Al principio se dijo que si el arte no tiene precio; que si estábamos hablando de la Capilla Sixtina del siglo XXI; que era un artista incuestionado; incluso se llegó a decir que con esto ayudábamos a los derechos humanos y, por lo tanto, al desarrollo; y por último el gran argumento era que no computaba. Bueno, pues todos y cada uno de esos argumentos, primero, han sido cambiantes; segundo, han sido inconsistentes, y tercero, incorrectos. Y claramente, señorías, ese no es el debate. Señorías, ese no es el debate. El problema no es si es la Capilla Sixtina del siglo XXI; deberíamos esperar un par de siglos a que alguien lo dijera. La cuestión no es si el arte tiene precio o no; ese no es el debate; yo no puedo valorarlo. La cuestión es, evidentemente, si los fondos de ayuda al desarrollo estaban destinados a estos fines.


Además de ser, por lo tanto, un debate que hay que centrar donde está: en el uso de fondos de ayuda al desarrollo para financiar este tema, también hay que considerar el instrumento. El instrumento también es muy importante, porque no solamente se ha usado el Fondo de Ayuda al Desarrollo, sino que se ha utilizado un instrumento, que es Onuart, que es una fundación de derecho privado; una fundación en la que hay menos del 50 por ciento de capital público y que expresamente se crea para este fin. Fíjense, en la remisión a esta Cámara por parte del Consejo de Ministros del acuerdo se especifica claramente que estamos hablando de una fundación privada. ¿Y por qué hicieron ustedes una fundación privada? Porque se pretendía lo que se consiguió. ¿Saben por qué? Porque con una fundación privada ustedes consiguieron evitar tener que sujetarse, por ejemplo, a la Ley de Contratos del Estado. Con eso evitaron ustedes la transparencia, la concurrencia y el control de la Intervención General del Estado. Por lo tanto, ustedes crearon una herramienta, un instrumento, que es una fundación privada, precisamente para evitar todas esas cuestiones que son fundamentales: la concurrencia, la transparencia y el control de los Presupuestos Generales del Estado. Y, curiosamente, esa herramienta que ustedes crearon,

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Onuart -que es una fundación privada-, es precisamente la que les ha metido en este gran follón. Porque al ser Onuart una fundación privada, señorías, no puede recibir fondos de ayuda al desarrollo. Si leen ustedes el artículo 58 de los Presupuestos Generales del Estado, si leen la disposición vigésimo segunda, apartado 2, de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, se darán cuenta claramente de a qué se tienen que destinar los fondos de ayuda al desarrollo y quiénes son los sujetos que pueden recibir esos fondos. Solamente pueden recibir fondos de ayuda al desarrollo los organismos multilaterales, las instituciones multilaterales o los países en desarrollo. No los puede recibir una fundación privada. Y estamos hablando de una fundación privada. Por lo tanto, señorías, no solamente se ha cogido dinero del FAD para destinarlo a un fondo y a un destino que no es precisamente el desarrollo, sino que además se ha utilizado un instrumento, que es una fundación privada, no un organismo internacional, para ser receptora de una subvención que claramente no puede recibir. Yo sé que ustedes se molestan. Se molestaron mucho hace unos días cuando les dije que cogieron dinero de una caja y lo llevaron a otra; pero es la verdad. Se aprobó un presupuesto para eso, para destinarlo a ayuda al desarrollo, y ustedes lo han destinado a otras cosas. La pregunta es cuántas cosas se podían haber hecho con esos 500.000 euros, señorías. Algunas se hicieron, pero con 500.000 euros se dejaron de hacer otras; y se dejaron de hacer cosas como salud, como educación y como ayuda al desarrollo. Por tanto, señorías, la operación es claramente irregular, es inmoral y hoy sabemos que es ilegal, porque se usaron fondos de ayuda al desarrollo, y porque se utilizó Onuart, porque es una fundación privada y, por tanto, señorías, deben ser restituidos al Estado y deben estudiarse las responsabilidades. Podría hablar también de cosas inexactas que dijo el ministro, por ejemplo, de los programas del Partido Popular. Mintió claramente cuando habló de esto, porque en el año 2003 se puso en marcha el primer Plan África, el proyecto de vacunas para malaria en Mozambique, por las que precisamente me preguntaba el ministro, y tantas otras cosas.


Señorías, acabo. Sé que muchos de los grupos estarán compartiendo ahora los argumentos. Estoy convencido, porque conozco a los portavoces y sé que comparten la preocupación y su trabajo. Otras razones probablemente les llevará al sentido de su voto, pero esta tarde aquí lo importante es decirle al Gobierno que es una política equivocada, que es una acción equivocada. Ojalá lo pudiéramos decir todos con el voto, pero al menos con los argumentos digamos claramente al Gobierno que es una irregularidad importante usar fondos de ayuda al desarrollo para un fin que no estaba previsto y que, por tanto, una política como esta debe ser evitada.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.


Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra don Carlos Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, permítanme que mis primeras palabras las dirija al ministro del Interior y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil para felicitarles por las últimas detenciones de miembros de la banda terrorista ETA conocidas ayer, felicitación y agradecimiento que hago extensivos al Gobierno francés por su colaboración activa en el combate de esta lacra. Pide el Grupo Parlamentario Popular un reproche explícito del ministro de Exteriores. Créanme, señorías, si les digo que resulta sencillo y fácil criticar la actuación de este ministro y de este Gobierno cuya reprobación se pretende por el Grupo Parlamentario Popular.
Es evidente e innegable que no se han hecho las cosas como se deberían hacer en este asunto. Los medios de comunicación publican estos días atrás, y no se niega oficialmente con rotundidad, que parte de la financiación de la famosa cúpula de la sala de conferencias de Naciones Unidas en Ginebra está costeada en parte con fondos de ayuda al desarrollo. La verdad es que es una acusación grave. Me llama la atención, créanme, la nula contraargumentación que el Gobierno ha utilizado para oponer razones de peso a esta denuncia pública tan relevante, lo cual vendría a suponer que es verdad que lisa y llanamente esos fondos que salen del bolsillo de todos los españoles, no lo olvidemos, no se han destinado a los objetivos para los que se habían programado, presentado y vinculado. Podríamos hacer ahora un listado cuantificado de iniciativas sociales, ayudas necesarias, proyectos que se quedan sin financiación, países en vías de desarrollo que necesitan ayuda, poblaciones desplazadas a las que les vendrían de perlas estos fondos, enfermedades para cuyo combate podrían servir y deberían haber servido estos 80 millones de pesetas -500.000 euros- que han sido destinados incorrectamente a esta obra.


Haríamos bien y hacemos bien como oposición en denunciar este uso irregular y la falta de rigor en la gestión de estos fondos, porque es nuestra obligación. Es más, tal vez podríamos aprovechar para ir más al fondo. ¿Sabemos cuál es el destino final de los 500 millones de euros aportados a Naciones Unidas? ¿Sabemos quién los controla? ¿Sabemos quién y cómo se supervisan? ¿Sabemos si llega ese caudal financiero al destino para el que se aprobó? ¿Sabemos si el Estado español audita la cantidad que finalmente llega al destino de los mismos? Señorías, de la misma manera que hay que felicitar al Gobierno cuando decide aumentar las ayudas al desarrollo y los fondos para la solidaridad, debemos exigirle rigor y transparencia en la gestión de los mismos, no fuera a ser que en el análisis lleguemos a la conclusión de que hubiera sido mucho mejor gestionarlos desde aquí por agentes sociales y colectivos cívicos que sí den garantía sobre el destino de los fondos.


Por otro lado, no estoy completamente de acuerdo en que sea este hecho el que más pueda justificar una reprobación del Congreso a la labor del ministro de Exteriores. Desde mi punto de vista, uno de los mayores errores de este Gobierno en materia de asuntos exteriores ha sido

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y es la equidistancia o la negativa a posicionarse a favor de la defensa de los derechos humanos allí donde no se han visto protegidos y han sido más perseguidos. Voy a mencionar tres ejemplos. El papel de nuestro Gobierno ante las autoridades cubanas y la falta de denuncia del ministro frente a la sistemática vulneración de los derechos humanos que el Gobierno de los hermanos Castro somete a los disidentes, es uno de los más graves errores de este Gobierno. Igualmente debería ser reprochable la indiferencia de este Gobierno ante la deriva totalitaria del régimen venezolano. No es de recibo la nula solidaridad de este Gobierno y este ministro con los opositores al chavismo inhabilitados ilegalmente por la Contraloría venezolana, utilizada como instrumento fraudulento de persecución política a los opositores a Chávez. Tampoco podemos dejar pasar a la hora de enjuiciar la labor del ministro la renuncia consciente de este Gobierno, a mi juicio, en la defensa de los derechos políticos del pueblo saharaui y el abandono del apoyo internacional a su justa causa.


Señorías, esta incoherencia entre lo que se dice defender y lo que se hace en realidad quizás sea la mayor crítica que se puede hacer a este Gobierno y a este ministro, y probablemente sea la razón fundamental de la imagen de poca fiabilidad y crédito de este Gobierno a nivel internacional. En todo caso, ahora que en los medios de comunicación algunos empiezan a aventurar cambios en el Gobierno de la nación y se escuchan vientos de cambio ministeriales, créanme si les digo que la iniciativa menos indicada para animar al presidente Zapatero a cambiar a un ministro sea precisamente esta de la reprobación. Este instrumento, a mi juicio, lejos de ser útil para el fin que se persigue, que no es otro que la remoción del ministro, lo que provoca en quien tiene la decisión de cesarlo o mantenerlo es un movimiento obligado de solidaridad y empatía que puede producir, y de hecho normalmente provoca, el efecto contrario. Así que lo que aparentemente parece una palanca de presión sobre el presidente del Gobierno se vuelve un elemento de reafirmación del ministro que se quiere reprobar.


En todo caso y por último, señorías, soy más partidario de que en la Comisión de Asuntos Exteriores se estudie y en su caso se investigue este tema, y si mi apuran pongamos nuestra atención y nuestro celo fiscalizador en la gestión de los fondos destinados a Naciones Unidas para conocer si esta grave irregularidad es un hecho ocasional o no, porque más allá del futuro político del ministro de Exteriores dentro del actual Gobierno, que no vamos a cambiar con esta iniciativa, lo que nos debe importar señores de la mayoría es el control riguroso de esos fondos de solidaridad en un momento de crisis económica muy grave en nuestro país. Situación que exige más que nunca el máximo rigor y la máxima transparencia. Si ese dinero no ha llegado al fin previsto, tienen ustedes la obligación moral de explicar en la Comisión que corresponda, de forma clara y transparente, qué ha pasado, y en su caso sin perjuicio de las responsabilidades políticas que correspondan, su deber.


El señor PRESIDENTE: Señor Salvador, debe ir acabando.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Voy acabando, señor presidente.


Decía, y en su caso sin perjuicio de las responsabilidades políticas que correspondan, su deber, y lo mínimo que deberían hacer es buscar y encontrar en los presupuestos o donde sea, fondos hasta igualar la misma cuantía desviada para costear las obras de la sala de conferencias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario ante esta iniciativa de reprobación del ministro de Asuntos Exteriores en relación a la cúpula de Ginebra, se va situar en una zona templada. No nos vamos a situar en la indignación moral que hoy nos traslada el Grupo Parlamentario Popular a esta Cámara, pero tampoco en el rapto estético. Ninguna de las dos cuestiones va a guiar nuestra intervención. Zona más templada. En nuestra opinión, el Ministerio de Exteriores ha cometido un error, en nuestra opinión un error político, y si quieren ustedes también estético, al utilizar un crédito como el FAD para una materia que no tiene conexión con los créditos FAD. Pero más allá de eso, nos parece esta iniciativa una exageración, desmesura, por parte del Grupo Parlamentario Popular, porque si bien compartimos que se ha producido un error político, incluso estético, no compartimos la argumentación fundamental que ha hecho hoy el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por lo mismo que no la compartíamos hace unos años cuando ustedes defendían que los créditos FAD eran créditos mixtos -nos decían a nosotros-; cuando cuestionamos la utilización de los créditos FAD, por ejemplo, para condonar deuda en envío de tropas a alguna zona en conflicto, ustedes nos decían que era un crédito mixto a medio camino, por una parte, para el desarrollo y, por otra, para el comercio exterior de nuestro país. Pues bien, así como ustedes han cambiado de posición, ahora creen que los créditos FAD son en exclusiva para cooperación, y nosotros tenemos la convicción de que eso todavía no es así en la realidad. Nos gustaría cambiarlo y que fueran solamente créditos de cooperación, pero hoy por hoy, desgraciadamente y a pesar de mi grupo parlamentario, siguen siendo créditos mixtos utilizados para comercio exterior y utilizados también para cooperación internacional. En todo

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caso, damos la bienvenida a que un grupo más de esta Cámara se sume a la reforma de los créditos FAD, para que sean únicamente créditos de cooperación y no créditos de desarrollo o de comercio exterior. Esta es la posición de mi grupo parlamentario.


Y en relación con las fundaciones, qué voy a decirles, señorías, que en estos momentos me encuentro exultante de felicidad por que el Grupo Parlamentario Popular se ha dado cuenta de que este tipo de construcciones intentan evitar el control público sobre entidades de gestión privada, evitar el control presupuestario. Pero, así como coincidimos en que es criticable políticamente la utilización de créditos FAD y criticable también políticamente la utilización de este crédito presupuestario para ayuda a una fundación, no coincidimos en que estemos ante una perversión moral que requiera la censura por parte de esta Cámara ni tampoco ante una flagrante ilegalidad. Tenemos dudas razonables con respecto a la indignación moral del Partido Popular y también con respecto a sus argumentos de ilegalidad. Son estas las razones que nos llevan a considerar que estamos ante un error político que debería ser admitido así por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y subsanado como tal, pero que en absoluto hay materia -y probablemente la hay en otras materias que tendremos que discutir en esta Cámara- para la reprobación. Y darle un final con matiz humorístico a esta materia no estaría mal, porque parece que tanto la indignación moral como el rapto estético persiguen al señor Barceló; ahora en relación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, antes en la catedral de Palma. Me hubiera gustado que hubiéramos pedido la dimisión de algún obispo también.


Gracias. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario (EAJ-PNV) tiene la palabra don Aitor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Este grupo quiere dejar claro que no tiene nada que objetar respecto al trabajo y la trayectoria del artista, de Barceló, ni respecto a su obra, y tampoco seremos nosotros quienes cuestionemos que en ocasiones se deban impulsar proyectos artísticos o culturales desde las instituciones, incluso con fondos públicos, porque estamos convencidos de que en momentos puntuales, en ocasiones importantes ese esfuerzo puede crear diversas sinergias. Dejando eso al margen, al artista y a la obra cuya calidad no ponemos en duda, y centrándonos ya en el problema de la financiación, probablemente el mayor problema es que algo que hace dos o tres años no hubiera causado excesivo escándalo porque la situación financiera y económica era diferente, hoy, en época de vacas flacas, sí lo hace y causa un cierto escándalo porque son 20 millones de euros.
Sabemos que el 60 por ciento son aportaciones privadas, o al menos eso es lo que se ha comunicado y se ha filtrado; lo que no está claro o este portavoz no sabe es si el 40 por ciento ha sido aportado totalmente por el Gobierno español o si en ese 40 por ciento también entran las aportaciones de otras entidades, de otros gobiernos como la Junta de Andalucía, Extremadura, Islas Baleares, el Principado de Asturias, etcétera. Ese es uno de los temas que habrá que aclarar, pero es evidente que a Onuart, a pesar de que ahí se hayan puesto una serie de fondos privados, el 60 por ciento -Grupo Agbar, Repsol, Telefónica, etcétera-, lo impulsa el Gobierno español y lo impulsa el Ministerio de Asuntos Exteriores, y es el ministerio el que decide, el que anima a que esas aportaciones privadas tengan ese destino y no otros a los que también se podrían haber orientado. Al parecer el centro de toda esta polémica son los 500.000 euros extraídos de cantidades del fondo de ayuda al desarrollo.


Es evidente que si nos ponemos a hacer un repaso, si queremos buscar FAD que se alejen de un destino que se asemeje a ayuda al desarrollo no lo íbamos a tener muy difícil. Lo ha apuntado antes el señor Llamazares, y todos los grupos sabemos -porque ha sido una lucha importante en la Comisión de Cooperación Internacional en la legislatura pasada y en esta- que los FAD han tenido destinos comerciales, destinos de imagen, de política exterior blanda y de una especie de paradiplomacia en muchas ocasiones. En ese sentido, tampoco se puede decir que los FAD tradicionalmente han tenido ese destino única y exclusivamente. Estamos intentando que eso cambie, pero hoy por hoy -como bien ha señalado el señor Llamazares- no es así. También es verdad que el FAD se ha usado frecuentemente y se ha aprobado también en leyes de presupuestos que ese dinero puede servir como aportaciones a organismos internacionales, y eso lo hemos apoyado también la mayoría de los grupos porque creíamos que había que apoyar el trabajo de esas organizaciones internacionales.
También el Gobierno español, me imagino -este no es un caso ajeno a ello-, ha buscado una mayor influencia, una mayor voz en esos organismos internacionales poniendo más fondos. Eso se ha buscado y es evidente que esa repercusión internacional y esa imagen de cara a los organismos internacionales, se ha buscado en este caso porque incluso se han pagado páginas de periódicos en Europa y en Estados Unidos publicitando la obra de Barceló y la aportación española a Naciones Unidas. ¿Es estético lo que se ha hecho con esos 500.000? Una cosa son esas aportaciones al PNUD o a FAO para sus actividades, y algo diferente es lo que se ha hecho con esta aportación concreta. Es cierto que no es parte de la AOD, pero podía haberlo sido y podía haberse aumentado esa cantidad. La cuestión señor presidente -si me deja un minuto-, que puede preocupar a mucha gente y que también le viene a la cabeza a este portavoz es si era necesario gastar esa cantidad para la sala de derechos humanos de Naciones Unidas, si era necesaria esa obra, ahí precisamente, en la sala de derechos humanos,

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cuando hay tantas cosas por hacer. ¿No podía haberse buscado otro destino? Es un lugar donde se va a hablar de derechos humanos, cuando se reúnan los dirigentes del mundo, y que la cúpula que está ahí haya costado 20 millones de euros, teniendo en cuenta que los técnicos de Naciones Unidas estimaban en 4 millones de euros la cantidad necesaria para reparar la sede... -la cosa es que luego se vaya a poner una obra de arte-. ¿Era necesario precisamente ahí? Quizás tiene algo de escarnio. Este debate es como un chicle, se puede estirar hacia un lado y hacia otro, primar más la rigurosidad presupuestaria, la crítica de que ese dinero se podía gastar en otro sitio o se puede estimar que es algo que puede servir para mejorar la imagen de España en el mundo.


En concreto, la reprobación que se nos pide es excesiva, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria del ministro de Exteriores, bajo cuyo mandato se ha hecho un esfuerzo -creo que lo reconocemos todo el grupo- en el ámbito de la cooperación al desarrollo y en la aportación que desde España se hace en términos económicos, pero tampoco podemos estar de acuerdo como grupo en la utilización del FAD tal y como se ha producido.


El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, debe acabar.


El señor ESTEBAN BRAVO: Termino, señor presidente.


En cualquier caso, creemos que lo que sí sería bueno es que se desglosara finalmente esa cantidad para saber con detalle quién ha aportado, para qué ha aportado y cuánto ha aportado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ante esta proposición no de ley que quiere una reprobación a un miembro del Gobierno. Una primera consideración de forma, la figura de la reprobación a miembros del Gobierno no está contemplada en la Constitución española o en normas de desarrollo; prueba de ello es que se ha tenido que recurrir a una proposición no de ley para someter este asunto a consideración de esta Cámara. Una consideración de fondo: otras constituciones sí que contemplan la reprobación de miembros del Gobierno.
En nuestro sistema parlamentario, el primer ministro nombra y separa libremente los miembros del Ejecutivo sin ningún tipo de convalidación parlamentaria. En otros sistemas, el candidato a primer ministro somete a consideración del pleno una propuesta de Ejecutivo en el debate de investidura. Si existiera la convalidación, existiría la otra cara de la moneda, que sería la reprobación, pero en nuestro sistema todo el peso de la responsabilidad política recae sobre el presidente del Gobierno, y así se debe enfocar; y sobre este asunto y sus valoraciones de carácter político también así se debe enfocar.


No vamos a cuestionar ni el encargo ni mucho menos al artista, Miquel Barceló, por el cual personalmente profeso admiración y consideración.
Vamos, pues, al fondo de la cuestión. Hablamos de una obra que ha costado más de 20 millones de euros, de los cuales 5 millones provienen de los Presupuestos Generales del Estado. Algún día, que no hoy, quizá será oportuno hablar y discutir sobre el origen y el destino de los 15 millones de euros restantes, que provienen básicamente de fondos privados y de comunidades autónomas, por propia voluntad, pero sin duda bajo un fuerte estímulo del Ejecutivo. Nos centramos en estos 5 millones de euros. De estos 5 millones de euros, hay 500.000 euros detraídos, según la literalidad de la exposición de motivos de la proposición no de ley del Partido Popular, de los créditos FAD. Según argumenta el grupo de la mayoría, de transferencias de capital a organismos multilaterales para la cooperación y también, según el grupo de la mayoría, fondos que no computan en el cálculo del tanto por ciento de ayuda al desarrollo de España que, por cierto y en honor a la verdad, se tiene que reconocer que se ha incrementado notablemente durante los últimos años.


Señorías, no vamos a votar a favor de esta proposición no de ley por los motivos de carácter constitucional citados al principio, pero permítanme que les traslade en nombre del Grupo Parlamentario Catalán dos consideraciones. Primera, han faltado reflejos del Gobierno en la política comunicativa en este asunto, ha habido confusión, ha faltado claridad y ha faltado un punto de transparencia en la comunicación a la Cámara de esta información. Y discutiremos si se han detraído de fondos -esta es la palabra clave- o no de ayuda al desarrollo, pero los 500.000 euros quedan en una zona oscura, que no opaca -si me permiten la expresión, en una zona desgraciada-, que se podría haber evitado, que se debería haber evitado. No juguemos -unos por acción, seguramente por una cierta negligencia en la gestión de la transferencia de estos fondos, y otros por criterios de puro desgaste al Gobierno-, señorías, a trasladar a la opinión pública que la política, que el conjunto de la política no gestiona bien ni la lucha contra la pobreza. Esto no es así, pero depende de cómo lo discutamos esta tarde, podría parecer que sí, que es así.


Por todo ello, por la conducta de unos, del Ejecutivo, y por el juego político que plantean otros, creemos que sí, que este es un debate reprobable, que este es un debate que no se debería haber producido en estos términos. Estamos a favor de la transparencia y así hemos expresado nuestra opinión, y no votaremos favorablemente a

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esta proposición no de ley sobre un tema que, sin duda, se podría haber gestionado mucho mejor.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Xuclà.


Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Valenciano.


La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Gracias, presidenta.


Mi grupo anuncia su voto en contra de la iniciativa del Grupo Popular de reprobar al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Esta iniciativa, señor Robles, es probablemente uno de los mejores ejemplos de la errática oposición que ustedes practican. ¿A quién se le ha ocurrido reprobar al ministro Moratinos? ¿Realmente no tienen una idea mejor? En los últimos diez o quince años, recuerdo pocos momentos de mayor éxito de la política exterior española. Tanto las relaciones exteriores del Gobierno actual como, sobre todo, su política de cooperación al desarrollo han sido reconocidas por todos los organismos internacionales, pero para ser rigurosos conviene recordar de dónde vinimos. Cuando el Partido Socialista asumió la responsabilidad de gobernar, la ayuda al desarrollo de nuestro país se situaba en el 0,23 del PIB, exactamente la misma cifra que destinábamos en el año 1997, batiendo todos los récords de incumplimiento en el seno de la Unión Europea. En 2007, en valores absolutos, hemos sido el quinto país en volumen de ayuda de la Unión Europea y el séptimo del mundo. La previsión para 2008 es ejecutar el 0,5 por ciento del PIB, algo más de 5.000 millones de euros. Creemos de todas maneras que ello es insuficiente, y por eso vamos a seguir incrementando nuestra ayuda hasta llegar al 0,7 por ciento del PIB, según nuestro compromiso con los electores.


En cuanto a la obra de Naciones Unidas, como S.S. conoce sin duda, la aportación del Ministerio de Asuntos Exteriores a la fundación Onuart -que, por cierto, es auditable, auditada, sus cuentas son públicas y está cifrada en 500.000 euros- es perfectamente adecuada al capítulo de contribuciones a organismos multilaterales del presupuesto de la acción exterior del MAEC, que se financia con el Fondo de Ayuda al Desarrollo, según el artículo 58 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, señor Robles, legal, completamente legal. Ni un solo euro de esa aportación ha sido imputado al capítulo de ayuda al desarrollo y, por lo tanto, ni uno solo de esos euros ha dejado de pagar vacunas, señor Robles (Aplausos.), ni escuelas ni hospitales ni canalizaciones de agua ni educación infantil ni investigación médica ni formación ni ayuda humanitaria ni incubadoras, señor Robles. Ustedes lo saben, pero no conocen el límite de la demagogia. El problema, señoría, es que su mensaje es falso y sus mensajeros carecen de credibilidad y de legitimidad para este debate, y les diré por qué. Cuando ustedes gobernaron, incrementaron el uso de los créditos FAD y los situaron en el 20 por ciento de la ayuda, aumentando así la deuda de los países en desarrollo. Nosotros en este momento, y gracias al buen uso de los créditos FAD, estamos destinando solamente el 3 por ciento de estos créditos a ayuda al desarrollo. Puedo también recordar en esta tribuna lo que fue el esfuerzo de su Gobierno por condonar deuda de los países centroamericanos a cambio de poner sus soldados al servicio de la Brigada Plus Ultra destinada en Irak. (Rumores.) Sí, con créditos FAD, 1.000 millones. (Aplausos.) Tal vez ese les parece a ustedes un uso de los recursos más adecuado que el de contribuir a la creación artística en el mismo corazón de Naciones Unidas y a través de un artista español.
Señoría, no les resultará nada fácil darnos lecciones sobre ayuda al desarrollo. Es verdaderamente curioso analizar los vaivenes de su sensibilidad social y de su conciencia humanitaria. Son intermitentes, se alumbran cuando están en la oposición y se apagan cuando están en el Gobierno. (Aplausos.) Se convierten en defensores de aquellos que sufren, cosa que todos celebramos, cuando no ocupan el banco azul; y ya que usted ha hecho referencia a ello, ¿acaso cree que los niños africanos no necesitaban vacunas cuando ustedes gobernaban? Pues no les vacunaron.
(Aplausos.) Ya dijo el señor Rajoy, el 16 de septiembre de 2004 -está escrito y yo lo he podido leer-, que intentar salvar África del hambre con la cooperación española es ni más ni menos que un reclamo publicitario. Nosotros sí creemos en la importancia del esfuerzo de nuestro país por estar a la cabeza en la ayuda de todos aquellos seres humanos que lo necesitan. (Rumores.) No jugamos con eso ni hacemos demagogia.


Ustedes y nosotros nos diferenciamos en muchísimas cosas, pero si hay una línea en la que la distancia es abismal es precisamente la de la política de cooperación del Gobierno Zapatero, cuyo ministro responsable es precisamente el ministro Moratinos, al que ustedes intentan reprobar, por cierto el primer ministro de Cooperación de la historia de España.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Valenciano, tiene que ir acabando, por favor.


La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Ustedes tratan de deslegitimar la solidaridad española con todos aquellos que sufren, justo ahora que lo van a necesitar más que nunca, pero no tienen credibilidad para ello.


Acabo, señora presidenta. (Un señor diputado: ¡Acaba!) En 2007 España fue el país que más aumentó la ayuda al desarrollo en el mundo entero por delante de Alemania, Noruega y los Países Bajos. En el último mes Barcelona ha sido elegida sede permanente de la Unión por el Mediterráneo. Por cierto, todavía estamos esperando escuchar qué les parece a ustedes. España ha participado en la cumbre del G-20 ampliado y se ha inaugurado con presencia de los Reyes de España la sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones

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del Palacio de las Naciones de Ginebra, cuya magnífica cúpula es la creación de un artista español. Siéntanse orgullosos de todo eso, no les importe. Es el éxito de España, de un proyecto de un país. Es el éxito de toda la sociedad española. A veces, sabe usted, vale la pena abandonar la oposición demagógica y avinagrada que ustedes practican para saludar la buena imagen de España en el mundo. Pueden, incluso, en vez de reprobar al ministro Moratinos, felicitarle por todo ello.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Valenciano.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A MEDIDAS A ADOPTAR PARA CONOCER LA FORMACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO ELABORADOS DESDE EL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR FINAL. (Número de expediente 162/000251.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, a continuación, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas a adoptar para conocer la formación de precios de productos alimenticios no elaborados desde el productor al consumidor final.


Para defender la proposición en nombre de su grupo tiene la palabra el diputado don Félix Larrosa.


El señor LARROSA PIQUÉ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, en los últimos años han aparecido informaciones y hemos recibido comentarios sobre el funcionamiento de la cadena comercial alimentaria. En este sentido, los agricultores y ganaderos españoles se sorprenden de los precios que pagan por sus productos los consumidores finales y estos dudan del precio que pagan cuando oyen los argumentos de los primeros. Todo esto origina debate sobre la evolución de los precios, la situación de márgenes o las implicaciones sobre la evolución o la dimensión de los mismos y la presunta responsabilidad de los diversos operadores que configuran la cadena de valor. ¿Estamos, pues, ante un debate sobre los márgenes y beneficios o hablamos al final de la competitividad de la cadena?

La proposición no se plantea en términos de confrontación entre los diferentes operadores, sino que se plantea en clave de necesidad de cooperación para una mayor competitividad del sistema. Estamos todos de acuerdo, como condición indiscutible, en que se deben pagar unos precios razonables a los agricultores y ganaderos para garantizar el suministro constante de alimentos de buena calidad y producidos con las condiciones sanitarias y medioambientales adecuadas, pero igualmente esto es necesario en relación con todos cuantos participan en el tratamiento, el procesamiento, la normalización, la logística o la venta, incrementando el valor añadido con una expectativa lógica de beneficio razonable. Es evidente que todos los componentes de la cadena de valor deberán recibir una contraprestación suficiente y, en consecuencia, obtener un beneficio adecuado a su actividad necesaria para que el producto se presente de la manera más adecuada a la demanda del consumidor en los lineales de todos los comercios, desde la gran distribución a las tiendas tradicionales. En una situación de libre mercado como la de la economía española, la cuestión radica en cómo mejorar la competitividad, de manera que una mayor rivalidad en precios presione a la baja los precios pagados por los consumidores, sin que ello perjudique al resto de la cadena. Ello se puede conseguir mediante el incremento de la transparencia del mercado, mejorando la información sobre los precios en los distintos escalones y mercados intermedios o bien estimulando la eficiencia de la cadena de valor de la distribución de productos de alimentación en fresco, deduciendo los costes logísticos y de transacción.


En los últimos años hemos vivido procesos de integración vertical en la cadena, tanto en la fase de producción y comercialización en origen como de comercialización y distribución en destino. Este proceso ha venido acompañado de avances importantes en automatización por parte de los proveedores, se orienta el negocio hacia los mercados y la comercialización del producto y las inversiones realizadas permiten mejorar la conservación de los mismos. Estamos ante una mayor integración entre el productor y el comercializador en origen, convirtiendo en muchos casos a las organizaciones de productores en operadores comerciales.
Además, nuestro grupo parlamentario considera que también podemos estimular la competitividad dando una mayor participación a los productores en la cadena de valor de la comercialización de los productos de alimentación y en el proceso de comercialización en escalones más avanzados de la distribución comercial con la adopción de innovaciones logísticas. Con el objetivo de mejorar la calidad del producto ha aumentado la rotación del mismo, se ha desarrollado una logística especializada, se han asumido herramientas fruto de las nuevas políticas medioambientales y se innova en el sistema final de venta. Se garantiza, pues, la distribución del producto, la calidad y la trazabilidad del mismo. Tenemos el deber de mejorar la competencia tanto en los mercados intermedios como finales de la distribución comercial. Por ejemplo, en el caso del comercio minorista se trata de reforzar la capacidad competitiva de algunas fórmulas comerciales, como es el caso de buena parte del pequeño comercio especialista. Y todo ello con un doble objetivo. El primer objetivo es evidentemente reducir los costes y, por otro lado, trasladar a toda la cadena la mejora de los márgenes -y, por tanto, de los precios- a percibir por los operadores. Hoy, cuando debatimos esta proposición no de ley, nos hallamos en un entorno donde el índice de precios al consumo en productos alimentarios no elaborados se encuentra en el 2,9 por ciento según datos de octubre.


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Y, además, el Gobierno ha puesto en marcha nuevas herramientas que han de permitir precisamente avanzar en la obtención de información y en la creación de los precios, como el Observatorio de precios del comercio minorista. Sin embargo, estamos convencidos de que con el cuaderno de ruta que contempla esta proposición no de ley podremos avanzar más. En conclusión, señoras y señores diputados, debemos incentivar acuerdos de comercialización por productos que mejoren la formación de los precios agroalimentarios. La cadena es única y en ella todos los operadores son partes que se complementan. Debemos contribuir a que los consumidores tengan garantizado que pagan los mejores precios, que la composición del precio final se realiza en condiciones de pleno respeto al mercado y sujeta a mecanismos adecuados de transparencia, de tal modo que el consumidor correctamente informado pueda valorar y elegir aquellas opciones de consumo que mejor se adecuen a sus intereses y necesidades.
Debemos, pues, infundir confianza en el propio sistema.


Si me permite la señora presidenta, me referiré a las enmiendas que hemos recibido a esta proposición no de ley. Respecto a la primera, la presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en la Comisión de Sanidad hace escasamente diez días se aprobó una proposición no de ley que recogía las iniciativas incorporadas en la enmienda que se nos ha presentado.
Consideramos, pues, el debate establecido y ya cerrado en esa misma Comisión. Por tanto, no aceptaremos esa enmienda entendiendo que podría modificar el sentido de esta proposición no de ley. Respecto a la presentada por el Grupo Parlamentario Popular, inicialmente no se ha aceptado, si bien se ha transaccionado una que ya se ha registrado y que todos los grupos parlamentarios conocen. Por tanto, en esta proposición no de ley establecemos un cuaderno de ruta para avanzar con más información, más transparencia, más competencia y al final unos precios más asequibles que estimulan el consumo y estimulan las ventas.


Señoras y señores diputados, gracias por su atención. Señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Larrosa.


Entiendo que la enmienda transaccional que está presentada en el registro viene firmada por todos los grupos. Por tanto, este será el texto que se pasará finalmente a votación.


En el turno de los grupos que han presentado enmiendas a esta proposición no de ley, tiene la palabra en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.


Recientemente en la Comisión de Sanidad se ha llegado a un consenso en una iniciativa promovida por las asociaciones de consumidores y de agricultores en relación con los precios en origen y los precios de consumo de los productos agroalimentarios. En esa iniciativa se avanzaban medidas que también se han tratado en debates anteriores en el Congreso de los Diputados, como es la trazabilidad de los alimentos, como es también el control de alguna forma y la transparencia de los precios, de tal manera que se garantizase la calidad de los alimentos y, por otra parte, la debida retribución a los productores y un adecuado nivel de precios y de transparencia a los consumidores. Sin embargo, lo cierto es que las redes de distribución dominan hoy por hoy el funcionamiento del mercado y contribuyen a precios que resultan injustos para los agricultores y en algunas ocasiones desorbitados para los consumidores.
Los agricultores participan en no más del 25 por ciento del valor final del producto y, sin embargo, se mantienen desorbitados márgenes comerciales que como media superan a veces incluso el 400 por ciento.


La falta de transparencia y la creciente especulación en los mercados de productos agroalimentarios penaliza, en nuestra opinión, a los dos eslabones de la cadena: al productor y al consumidor. Existen también indicios de posibles acciones fraudulentas dentro del mercado que afectan directamente a productores y consumidores y que han sido y son investigadas por parte de la Comisión Nacional de la Competencia. Por el contrario, todavía no existe una información correcta y actualizada que permita estudiar en profundidad el proceso de formación de precios de los productos agroalimentarios y las administraciones públicas aún podrían poner más medios para frenar esta situación y para velar por la transparencia.


En suma, señorías, el consumidor tiene derecho a la eliminación de prácticas abusivas y especulativas, al conocimiento de la formación de precios y del funcionamiento del mercado, así como a productos de calidad, y el productor tiene derecho a percibir un precio adecuado por sus productos que cubra sus costes y le permita un nivel de vida digno.
Por ese motivo en la Cámara se ha discutido, en la Comisión de Sanidad, una iniciativa sobre esta materia y en consecuencia hemos presentado una serie de enmiendas que reproducían los acuerdos de la Comisión de Sanidad. El grupo parlamentario proponente ha entendido que esta iniciativa es de calendario y de método de trabajo y que se respetarán en todo caso los objetivos que proponía la Comisión de Sanidad, como era mejorar la recogida de precios y el funcionamiento del Observatorio de Precios, mejorar el sistema de etiquetado o garantizar la seguridad de los consumidores, sobre todo en la importación de productos extracomunitarios. Así lo ha querido el grupo proponente y finalmente se ha llegado a una redacción transaccional que es complementaria de la iniciativa de la Comisión de Sanidad y Consumo. A nosotros nos gustaría que hubiera el mismo celo por parte del Gobierno para cumplir esta iniciativa de método y de calendario que para

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cumplir la iniciativa de objetivos consensuada por unanimidad en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, tal como ha expresado el señor Larrosa, hemos llegado a un acuerdo y hay una enmienda transaccional aceptada por todos los grupos, por lo que nos felicitamos. Sin embargo, señor Larrosa, hay que reconocer que vamos a tener dos observatorios de precios que van a trabajar fenomenal, un órgano multiministerial y supraministerial que también va a ejercer unas tareas importantes para conocer qué está pasando en materia de precios, pero al final, señorías, el problema es por qué hay ese desfase, ese disparate entre los precios percibidos por los agricultores y los ganaderos y los precios que pagan los consumidores. Puesto que hemos llegado a un acuerdo sobre la primera parte, que es estudiar la cáscara del problema, vamos a ver cuál es el corazón, cuál es la almendra del problema, por lo menos enunciarlo, aunque no sea el motivo en estos momentos de nuestra votación.


En primer lugar, entendemos que a la sociedad le falta espíritu para considerar que la agricultura, que la alimentación, es un sector estratégico dentro de la Unión Europea. Efectivamente, 30 millones de agricultores y ganaderos de la Unión Europea proporcionan alimentos en cantidad y en calidad a 500 millones de personas, a 500 millones de consumidores, aparte de fijar con su actividad la población en el medio rural y mantener el medio ambiente. Por tanto, hay que incrementarlos y esta mañana en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en la que se ven los asuntos de ese ministerio que tiene tantos medios: rural, agrícola, pesquero, medio ambiente y medio marino, muchos medios, hemos visto cómo hay que actuar para favorecer la renta de los agricultores y, sobre todo, cuando se negocia en Bruselas, para mantener los mecanismos de intervención, que es un capítulo esencial para evitar el desplome de los precios percibidos por agricultores y ganaderos. La verdad es que lamentablemente de todo esto, muy poco o nada se ha hecho en los últimos cuatro años. Además a esto le tenemos que agregar, hablando dentro de las rentas del sector, la modulación con un recorte importante de los fondos que perciben los agricultores y ganaderos, que se detraen dinero de su bolsillo para financiar actividades de desarrollo rural en las que el sector primario no se beneficia absolutamente para nada.


Pues bien, que no parezcan exageradas estas afirmaciones ni que se me tilde de pesimista, ni a mí ni a la posición de mi grupo, porque la realidad hoy en día es la siguiente. Está disminuyendo paulatinamente la población activa agraria; no hay renuevo generacional en el campo, no hay sustitución generacional de los profesionales que por edad tienen que salir y no entra la gente nueva; las diferencias entre los precios percibidos por los agricultores y los pagados por los consumidores en los últimos meses son absolutamente escandalosas, y por supuesto inaceptables. El desánimo en el sector es evidente y podemos señalar como muestra de este desánimo precisamente el hecho de que en la presente campaña multitud de agricultores de cereales y de oleaginosas ya ni siquiera han tirado abono a sus tierras, ya no han fertilizado sus campos y renuncian a tener cosechas, porque la brutal subida de los carburantes y los fertilizantes impide que puedan tirar fertilizantes, tener cosechas y se conforman solamente con las subvenciones. Otro ejemplo, estamos en puertas de tener que arrancar 50.000 hectáreas de viña en España. Eso es un verdadero disparate ecológico y desde luego es un tema gravísimo que influirá en la pérdida de jornadas de trabajo y en el deterioro del medio ambiente. No digamos ya por ejemplo en el Levante, donde ya no hay que hablar de grandes diferencias de precios, porque los cítricos en estos momentos están en los árboles y no se cogen.


Señorías, hay que perfeccionar por supuesto los observatorios y todos los órganos interministeriales que se quieran, pero hay que apoyar, por ejemplo, las interprofesionales. Hace años funcionaron y funcionaron bien. ¿Por qué en estos momentos no se vuelve a la idea de hacer funcionar nuevamente las interprofesionales, en donde se reunían en una misma mesa todos los interesados que negociaban sobre los precios de una misma materia?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Madero, por favor, tiene que ir acabando.


El señor MADERO JARABO: Termino, señora presidenta, diciendo que además hay que revitalizar las cooperativas de segundo grado para la comercialización; hay que tener una ley de márgenes dentro de los estrechos caminos que nos marca la normativa europea y, por supuesto, hay que tener campañas institucionales de apoyo al consumo de alimentos. En resumen, está bien que lleguemos a acuerdos de observatorios, pero también, señorías, que tengamos campañas de apoyo al consumo, potenciación de las cooperativas de segundo grado, interprofesionales...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Madero, por favor.


El señor MADERO JARABO: ...-y termino de verdad, señora presidenta, agregando lo que ya he dicho antes-, una ley de márgenes comerciales y actuaciones adecuadas dentro de la política agraria común.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Madero.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Intervengo desde el escaño para posicionarnos a favor de la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista y, concretamente, a favor de la transacción que apoyamos los grupos y que recoge el sentir de todos los que efectivamente la firmamos.


Las razones por las que nuestro grupo apoya esta iniciativa del Grupo Socialista son obvias. El tema que tratamos fue motivo de diferentes iniciativas por parte del Bloque Nacionalista Galego. Cabe recordar, por ejemplo, la moción aprobada en septiembre del año 2007, a iniciativa de nuestro grupo, que posteriormente fue transaccionada también con el grupo mayoritario de la Cámara y motivada por el crecimiento en aquel momento de los precios alimentarios, como el de la leche, los huevos, la carne de pollo u otros. En aquel momento ya fue motivo de preocupación para nuestro grupo, que, como digo, presentó diferentes iniciativas.


Quisiera recordar también un compromiso del Gobierno por el que se comprometía, en la Comisión de Economía, tratando el tema de la diferencia existente entre el precio en origen de productos agroalimentarios y el precio que le aparecía al consumidor en la red comercial, a que fueran analizados por la Comisión Nacional de la Competencia, entre otras cosas porque parecía que no había razones que justificaran en aquel momento el incremento de precios ni razones que justificaran esa diferencia que existe entre el precio al consumo y el precio en origen. Por tanto, en la medida en que estamos esperando el resultado de las investigaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, que en su momento se comprometió el Gobierno a realizar, vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista en la forma de esta transacción. Es un paso más y esperamos que esta propuesta que parte del grupo que apoya al Gobierno no solo sea aprobada en el Congreso sino llevada a cabo por el Gobierno.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted.


Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Intervengo muy brevemente para señalar que nuestro grupo comparte plenamente el espíritu de esta proposición. Creemos que se deben estudiar y conocer los motivos de que haya una diferencia tan enorme entre el precio de los alimentos no elaborados que recibe el productor y el precio que pagan los consumidores. Lo que más me sorprende es que el Grupo Parlamentario Socialista y esta Cámara tengan que instar al Gobierno para que se cree un grupo de trabajo juntando a dos ministerios con el fin de que aborden esta cuestión. Para esto no haría falta ninguna iniciativa.
Los propios ministerios tendrían que tener la preocupación suficiente sobre esta cuestión como para haber analizado, no ahora sino desde hace mucho tiempo, este asunto. Si no lo han hecho, que lo hagan, pero creemos que esto añade poco. Esto es como echarle agua a la herida: a lo mejor limpia un poco, pero no cura en absoluto. Bienvenida sea de todas formas la iniciativa, por muy inocua que sea, a ver si de una vez por todas conocemos las causas por las que se genera valor en estos procesos, cuáles son los que crean valor y qué agentes son los que se apropian del mismo, para que queden excluidos de este proceso y los productores reciban un precio más justo y los consumidores paguen un precio más justo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÁS: Gracias, señora presidenta.


Intervendré desde el escaño, no porque no sea importante esta proposición no de ley, que para nosotros lo es, sino por la brevedad que va a comportar mi intervención. Hace justo quince días -lo han dicho los portavoces de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra- se aprobó en la Comisión de Sanidad y Consumo una proposición no de ley que hablaba ya de la diferencia de precios entre los productos en origen y los productos finales que llegan al consumidor. Quiero recordar aquí una transaccional que se aprobó hace quince días en esa Comisión, con el acuerdo de todos los grupos, y que se comprometía en el primer punto, que es el que, sobre todo, quiero leer, a facilitar a los consumidores el ejercicio de su derecho a conocer, con total transparencia, cómo se forman los precios y el funcionamiento del mercado. El segundo punto hablaba de garantizar, en colaboración con las comunidades autónomas, la seguridad de los consumidores, intensificando el control de las importaciones. Y el tercer punto hablaba también, con la participación de estas comunidades autónomas, de mejorar el sistema de etiquetado.


Hoy viene la proposición no de ley del Grupo Socialista a completar esa proposición no de ley que se aprobó en la Comisión. Aquí se habla de conformar un grupo de trabajo desde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, pero también dice que este grupo de trabajo incorpore todas las actuaciones realizadas por el Gobierno para promover las políticas orientadas a conseguir que los operadores de la cadena de valor, especialmente los agricultores y ganaderos, perciban la

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contraprestación suficiente y, en consecuencia, obtengan un beneficio adecuado a su actividad. Esto es muy importante para nosotros, señorías, y por este motivo vamos a dar nuestro apoyo a esta proposición no de ley.
Creemos que con ella se da esa transparencia que se pide en el mercado y da a conocer más sobre cómo se forman todos esos precios a lo largo de la cadena alimenticia. Todo esto va a dar, también, más tranquilidad y más seguridad a los agricultores, cuando ven en los precios de origen tan poco beneficio y que, al final de esa cadena, esos precios están mucho más aumentados. Vamos a ver en toda esa cadena, en esa trazabilidad, dónde están esos aumentos y si en algo se puede corregir.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL DESARROLLO REGLAMENTARIO QUE EL GOBIERNO SE PROPONE LLEVAR A CABO CON RELACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR DE LAS ESCOPETAS DE CAZA Y TIRO DEPORTIVO Y SUS MUNICIONES. (Número de expediente 173/000039.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el desarrollo reglamentario que el Gobierno se propone llevar a cabo con relación al comercio exterior de las escopetas de caza y tiro deportivo y sus municiones. Para defender esa moción tiene la palabra en nombre de su grupo el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo ha presentado hoy ante ustedes, como consecuencia de la interpelación urgente que expuse el pasado día 26 de noviembre al ministro de Industria, Comercio y Turismo, una moción por la que solicito un voto favorable para que, en aplicación del artículo 14 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, se exima a los fabricantes exportadores de escopetas de caza, tiro deportivo, componentes y sus municiones, de la exigencia de licencia a la que está obligado el material de defensa y doble uso. Eso es prácticamente lo que dice la moción presentada por mi grupo.


Quiero precisar y aclarar, si es necesario, que nadie -incluso presentando esta moción- está solicitando que las escopetas de caza y tiro deportivo, sus componentes y sus municiones queden fuera de control. He visto, al menos en un medio informativo, que se ha interpretado erróneamente esta iniciativa política. No estamos por que queden fuera de control. No pedimos que no se les aplique la Ley 53/2007, de 28 de diciembre.
Pedíamos con la moción que, en razón de las circunstancias que concurren en este tipo de fabricación y de comercio, la Jimddu, de acuerdo con las atribuciones que le concede el artículo 14 de la ley, exima a este tipo de material de la licencia que, con razón, se impone a armamento de otro tipo. No es necesario que vuelva hoy a exponer aquí con detalle las razones y argumentos por los que mi grupo entiende que es necesario caminar en esta dirección, porque las expuse ya con la mayor claridad que está en mi mano en la interpelación de hace un par de semanas. No es necesario porque -permítanme expresarme en tales términos- estoy convencido de que la inmensa mayoría de SS.SS. está también convencida, como lo estamos nosotros en el Grupo Vasco, y comparte la razón de ser y la base de tal petición. Ese es nuestro convencimiento. No es pues necesario que vuelva sobre los razonamientos ni que vuelva a exponer ejemplos y casos prácticos de lo que está ocurriendo, como muestra de la sinrazón de ser de lo que está ocurriendo con este material.


A modo de resumen, para describir la situación, diré simplemente que la continuidad tal cual en la aplicación de la reglamentación existente llevará más pronto que tarde a esta industria a quedar fuera del mercado.
Esa es la verdad. Ese es el riesgo real que, como digo, razoné con ocasión de la interpelación y que por razones de tiempo no vuelvo a exponer con detalle. En honor a la verdad debo advertir a SS.SS. que ni siquiera con la exención de licencia que dice nuestra moción, que es la que hoy someto a su consideración, quedan resueltos todos los problemas de este sector. Hay otros problemas relacionados con el reglamento de armas, que de seguir tal cual suponen una carga desproporcionada y no justificada para el comercio de las escopetas de caza y tiro deportivo.
Me refiero en concreto al artículo 65 de dicho reglamento, que regula las importaciones temporales y que a estas escopetas, a este tipo de armamento de caza y tiro deportivo, les requiere licencias de importación que no se requieren en términos generales para otro tipo de importaciones temporales. A estas, las generales, se les requiere aportar un aval que comprometa la reexportación en un plazo determinado, aval que en caso de no cumplirse se ejecuta y deriva en las responsabilidades que corresponda. Mi grupo entiende que nada más que esto, que ya es suficiente, sería necesario en el caso de las escopetas de caza y tiro deportivo. Mi grupo desea caminar en esta dirección y está bastante convencido de que antes o después avanzaremos hasta los términos que dice la moción presentada.


Ahora bien, el Grupo Socialista nos ha presentado una enmienda de sustitución, que habrán tenido ocasión de leer y seguro que han leído, que a nuestro juicio significa no avanzar hasta donde nosotros queríamos, pero sí dar pasos en esa dirección, pasos además con plazos fijos, no plazos genéricos, sino plazos temporales establecidos. En los tres puntos que nos presentan, en primer lugar, se

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comprometen a la agilización de los mecanismos de autorización, de forma que la Jimddu no ya cada mes, sino cada quince días debe proceder a un informe para este tipo de operaciones. En segundo lugar, esta medida se someterá a una evaluación y a un estudio en el plazo de seis meses para ver si con ello hemos avanzado de forma que este tipo de industria no sufra los graves perjuicios que, a nuestro juicio, está sufriendo en este momento, y en caso de que observemos que no se ha avanzado hasta donde se debe avanzar, hay un compromiso de identificar nuevos mecanismos. En tercer lugar, se avanza en otro aspecto que les comentaba a ustedes, es decir, en un plazo de seis meses se va a proceder a la evaluación de la posibilidad de modificar el reglamento de armas, con la finalidad de eximir a las escopetas de caza de la obligación, en el caso de las importaciones temporales de este tipo de materiales, de la autorización previa por parte de la Cipae, la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. No es el final de recorrido que a nosotros nos hubiera gustado, pero es un paso en una buena dirección. A partir de ahora todos podremos evaluar in situ, en la realidad del comercio y de la industria, si los problemas por los que nosotros creíamos que era necesario avanzar, porque de otra forma este tipo de industria quedaría fuera del mercado, se resuelven de manera razonable. En el caso de que en el plazo de seis meses observemos que es necesario dar nuevos pasos, seremos los primeros en proponerlos a esta Cámara.


Agradecemos pues la propuesta de sustitución que nos presenta el Grupo Socialista y también deseo agradecer a todos los grupos la posibilidad de poder introducir una enmienda transaccional, para que allá donde se hablaba de las escopetas de caza y tiro deportivo y sus municiones, podamos hablar también en los términos que nos había presentado la enmienda del Grupo Popular, introduciendo el concepto de componentes.
Creemos que es también significativo y necesario que con el beneplácito de todos ustedes podamos votar una enmienda transaccional sobre la base de la enmienda de sustitución del Grupo Socialista donde se introduce el concepto de componentes. Esperamos que los distintos grupos parlamentarios lo apoyen en beneficio de este sector pequeño, pero nunca insignificante y siempre digno de que le prestemos la atención que en estos momentos requieren de nosotros.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.


Para defender las enmiendas de sus grupos tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Parlamentario Popular el señor De Luis.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, al tomar la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero comunicarles que me hubiera complacido mucho más poder votar a favor de la moción presentada por el Grupo Vasco con la enmienda que mi grupo ha presentado y que va a ser objeto de transacción. Cuando digo que me hubiera complacido votar ese texto que el señor Beloki acaba de presentar es porque creo que responde de una forma más real a la solución que se demanda desde un sector económico de nuestro país. Además todos los grupos conocen que mi grupo parlamentario, desde el inicio y la tramitación del proyecto de ley que regula el comercio exterior del material de doble uso, ya defendió un planteamiento idéntico al que han ocupado tanto la interpelación como la moción que hoy está debatiendo el Pleno a través de una enmienda que presentamos en un momento y que después dio lugar a una transacción. No conforme con esta posición y también manteniendo la coherencia, que para mi grupo es una palabra sagrada, con motivo del debate de las estadísticas de material del doble uso recientemente celebrado en la Comisión de Defensa mi grupo apoyó sin ningún tipo de reserva una propuesta de resolución, la número dos, concretamente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en el mismo sentido. Al conocer que esa propuesta de resolución había sido rechazada por el voto de la mayoría, mi grupo ha presentado para su debate una proposición no de ley prácticamente idéntica a la moción que nos ha presentado el representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Hace quince días, con motivo de la interpelación, tuve ocasión de seguir con mucho detalle, como no podía ser de otra forma, la intervención del ponente del Grupo Parlamentario Vasco. Hoy me congratulo en poder manifestar mi total conformidad con dos ideas fundamentales que el señor Beloki señaló en aquel momento. La primera de ellas es que él decía -cuestión que yo y mi grupo compartimos sin ninguna reserva- que los gestores públicos, estemos en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo, estamos a disposición de los intereses generales del país y desde luego aquí estamos para resolver problemas reales que tienen los agentes económicos y sociales y los ciudadanos en general. De esa misma manera nosotros también compartimos el planteamiento que hoy mismo desde la tribuna ha vuelto a hacer el ponente del Grupo Parlamentario Vasco. En estos momentos de crisis cualquier sector que genere empleo, que genere riqueza y contribuya al desarrollo del país hay que atenderle y hay que resolver sus problemas. Y desde luego hoy el sector de los fabricantes de armas deportivas, de armas de caza, su munición y componentes tiene un problema, que yo defino exclusivamente administrativo, y es la lentitud para dejarles enviar sus producciones al mercado exterior, en donde por cierto tienen un magnífico nombre y un gran crédito. Por tanto, de no resolverse este asunto satisfactoriamente podríamos estar comprometiendo su futuro, no ya en las variables o en el tamaño que hoy tiene, sino en una proyección hacia delante que es lo que a nosotros nos corresponde impulsar.


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Yo siento muchísimo que el Gobierno -yo he pertenecido al grupo del Gobierno y sé cuál es el origen de la enmienda que hoy presenta el Grupo Socialista-, y concretamente el ministro de Industria que fue el encargado de defender la posición del Ejecutivo en la interpelación hace quince días, no haya sido más valiente. Mi grupo considera que el ministro de Industria es el ministro de la economía real y que es él quien debe transmitir al Consejo de Ministros los problemas que tiene nuestro tejido económico y desde ahí, salvando las distancias ideológicas que cada grupo político tiene, proponer las oportunas soluciones. En este caso, el Ministerio de Industria ha decidido implementar una solución que defino sin ningún rubor como una solución paliativa. Si la solución que hoy proponen, que es que la junta se reúna cada quince días para despachar las autorizaciones correspondientes, se comprueba que no es efectiva, el sector habrá perdido seis meses para conseguir ser ágil en suministrar a sus clientes los productos que le están demandando, con el consiguiente perjuicio. Por otro lado, también lamento que el ministro y el Ministerio de Industria no hayan seguido la pauta marcada por el presidente del Gobierno desde lo alto de la tribuna de oradores hace quince días, cuando tuvo ocasión de presentar el último paquete de medidas para salir de la crisis económica. Recuerdo que al hablar de reformas estructurales -por las que pasó muy por encima- mencionó la necesidad de resolver trabas administrativas que tenían que sufrir nuestras empresas, y esta hubiera sido una buenísima ocasión para demostrar que ese era un compromiso real de apoyo de los gestores públicos a la actividad que desarrolla nuestro tejido económico. Sería fundamental que ese mensaje positivo y de apoyo se hubiera lanzado desde esta Cámara y desde el Gobierno en este momento. En cualquier caso, mi grupo parlamentario no va a retirar la proposición no de ley que está pendiente de debate en la Comisión de Defensa y desde luego va a apoyar esta medida paliativa, aun cuando mantenemos nuestra reserva de que pueda resultar efectiva para solucionar los problemas del sector.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor De Luis.


Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Buen.


El señor BUEN LACAMBRA: Señoras y señores diputados, comenzaré mi intervención diciendo que me congratulo por el hecho de haber podido llegar a un acuerdo con el Grupo Popular, con el Grupo Vasco (EAJ-PNV) y con el Grupo Catalán (Convergència i Unió) hasta este momento. Diré también que previamente a presentar esta enmienda de sustitución el portavoz que está hoy en esta tribuna habló con los representantes del sector porque es lo que hay que hacer, hablar con los representantes en este caso del sector de fabricación de armas de caza, de tiro deportivo así como de sus componentes y de las municiones que utilizan estas armas, y ellos comprenden perfectamente que no pueden estar fuera de control, entre otras cosas porque el control en la venta y en la exportación de armas es importantísimo para darles seguridad a ellos mismos.


Cuando se habla aquí de que el sector puede desaparecer se está cometiendo una cierta exageración. Señorías, antes de que se adopte este acuerdo en el Congreso de los Diputados las autorizaciones por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han tenido una media de veinte días cuando se trata de venta y de exportación de armas de caza, tiro deportivo y municiones. Otra cosa muy distinta es lo que pretendemos analizar y a lo que tratamos de comprometer al Gobierno en el apartado c), donde hablamos de evaluar en un plazo de seis meses la posibilidad de modificar el reglamento de armas con la finalidad de eximir a las escopetas de caza de la obligación, en el caso de las importaciones temporales de este tipo de materiales, de autorización previa por parte de la Cipae; es decir, del mantenimiento de las armas que vendemos al exterior, solamente de esas armas. No estamos hablando de cuando se hace la exportación en principio, desde nuestras fábricas.


Por tanto, para poner las cosas en su lugar, se puede mejorar la tramitación administrativa y agilizar los procedimientos para que el sector pueda competir de una manera más ágil con otros países que todavía no han modificado su legislación pero que seguramente también la van a modificar, como es el caso de Italia, y al mismo tiempo cumplir la ley que regula el comercio de material de defensa y de doble uso. De todas las solicitudes presentadas hasta el día de la fecha solamente se ha denegado una de exportación de cien escopetas a la República Islámica de Irán. Razón: la República Islámica de Irán está sometida a un embargo de armas de fuego aprobado por las Naciones Unidas. Por lo tanto a veces, desde mi punto de vista, es mucho mejor ser coherentes -como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, pero ser coherentes, señor portavoz del Grupo Popular significa que no se puede dar el sí en la Comisión de Defensa al apartado 2 de la resolución que allí aprobamos y al apartado 7, porque el apartado 7, que ustedes votaron a favor también, dice que no pueden quedar excluidas del control de la Jimddu las armas de caza y tiro deportivo. Por lo tanto coherencia sí, toda la que haga falta, y también diálogo con los sectores afectados; y en este caso el sector afectado, se lo puedo asegurar, mayoritariamente se ubica en la circunscripción de la que yo formo parte, que es Guipúzcoa, y desde luego en conversaciones directamente en la Secretaría General de Comercio en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y a posteriori, una vez que se les ha leído y se les ha enviado la moción de sustitución que nosotros hemos presentado aquí, han dicho que están conformes y que efectivamente habrá que tener un cuidado y una vigilancia sobre el trabajo, los trámites, etcétera, que se vayan llevando a cabo para que no sea un entorpecimiento en la exportación de sus productos. Pero le puedo

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asegurar que el sector no está en crisis de momento, por fortuna, y que en lo que de nosotros y del Gobierno socialista dependa no va a estar en crisis en absoluto. Aprovecho para concluir mi intervención desde esta tribuna lanzando un mensaje de apoyo no solamente a estos empresarios sino a todos los empresarios españoles y de una manera muy especial a los empresarios vascos, cuyo mayor problema sigue siendo la amenaza terrorista de ETA, estén en el sector que estén, en el de la construcción porque construyen el tren de alta velocidad o en el de las armas de fuego porque también se les puede chantajear e intentar sacar dinero. Por lo tanto expreso mi apoyo y el de nuestro grupo a todos los empresarios españoles y a todos los empresarios vascos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Buen.


Pasamos al turno de fijación de posición. El Grupo Parlamentario Mixto no va a hacer uso de su turno. Pasamos al del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds. Para fijar su posición tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


En este periodo de sesiones la secretaria de Estado de Comercio en su comparecencia explicaba un dato que era relevante. Al África subsahariana en concepto de armas deportivas y de tiro se han vendido 7 millones de euros el año anterior, el 51 por ciento a un país, Ghana, y la secretaria de Estado de Comercio afirmaba que no tenía la seguridad de que todo ese material quedase en Ghana. ¿Por qué les explico este dato que es relevante y preocupante? Porque no se puede hablar de flexibilizar el control en torno a las armas deportivas y de tiro, y otros componentes ahora, sin tener presente precisamente que lo que ha ido pasando en los últimos años es que seguramente ha habido falta de mayor control. Las armas de caza y de tiro son utilizadas en algunos países del África subsahariana no como armas de caza o, mejor dicho, sí de caza pero de caza humana; y esta es una realidad. Lo digo porque nosotros también hemos consultado al sector que instó a la tramitación de la Ley de Comercio de Armas, a cuatro ONG -saben ustedes a cuáles me refiero-, a Greenpeace, a Intermón Oxfam, a Amnistía Internacional y a la Fundació per la Pau. Estas ONG, al igual que nosotros, dicen que se tiene que aplicar el Protocolo de Naciones Unidas de control de armas de fuego, un protocolo firmado y ratificado por España, y que además lo que se tiene que hacer en el desarrollo del reglamento de la ley no es burlar precisamente el espíritu de la ley sino aplicarlo de forma estricta. El señor Beloki ha dicho hoy que no es preceptivo el informe de la Jimddu, pero sí que es preceptivo el informe de la Jimddu cuando haya elementos que puedan dar pie a una vulneración del artículo 8. Nosotros entendemos que, con estos precedentes, tiene que haber informe preceptivo, tiene que haber certificado de uso final, certificado de no reexportación y certificado de tránsito, también en estos casos.


¿Qué nos hubiese gustado escuchar y aprobar hoy? Algo muy sencillo, que se someta a todas las ventas de armas de caza y deportivas y sus municiones a lo que obliga el Protocolo de Naciones Unidas contra la producción y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus partes y componentes, y munición.
Eso es lo que nos hubiese gustado hoy aprobar. Nos gustaría que se incluyesen todas las ventas de armas de caza y deportivas y sus municiones en las estadísticas oficiales de comercio exterior de material de defensa y de doble uso para el año 2008, que se informase sobre el país de destino, el destinatario, la cantidad, el coste, el tipo de material vendido, así como confirmar que se ha exigido a los destinatarios cláusulas de no reexportación. Nos gustaría que se llamase la atención al Gobierno sobre la importancia del control del destino y uso final de esos productos. Eso es lo que nos hubiese gustado aprobar.


El problema que existe -ustedes lo saben bien- es que lo que se entiende por un comercio lícito en un principio, puede acabar en un uso ilícito de esas armas. Esa es una realidad que existe y, existiendo esa realidad, nosotros entendemos que no hay ningún problema en que se simplifiquen los trámites, pero esperamos que la simplificación de los trámites no venga aparejada de pérdida de ninguna de las garantías, que es lo que nos preocupa y por eso no vamos a apoyar el texto aprobado. No nos vamos a oponer a la transacción, por un elemento de cortesía parlamentaria, pero nos vamos a oponer al texto pactado. Nos preocupa el término agilizar.
¿Qué significa agilizar, acabar por no pedir el informe de la Jimddu? Si es ahí donde vamos, ya les digo que tienen nuestra postura beligerante, contraria, y no solo la nuestra, también la de diferentes ONG que son relevantes. Y nos preocupa más aún la letra c), que dice: Evaluar en el plazo de seis meses la posibilidad de modificar el reglamento de armas, con la finalidad de eximir a las escopetas de caza de la obligación, en caso de importaciones temporales de este tipo de materiales, de autorización previa por parte de la Cipae. ¿Qué se entiende por importaciones temporales cuando, además, existen precedentes de un mal uso?

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Herrera, tiene que acabar, por favor.


El señor HERRERA TORRES: Por estos motivos, nosotros vamos a tener esa postura crítica con el texto aprobado y vamos a estar muy vigilantes respecto al cumplimiento de esta moción.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


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El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición ante esta moción consecuencia de interpelación, presentada por el diputado Beloki. Han escuchado los argumentos expuestos por el diputado Beloki y también la propuesta de enmienda transaccional planteada por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular. Les anuncio, de entrada, el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Catalán a esta moción, que mandata al Gobierno a un par de aspectos: primero, a la aprobación de un reglamento que hace mucho tiempo que se debería haber aprobado y, segundo, a que aproveche la aprobación de este reglamento para mejorar algo que no está suficientemente perfilado en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, que fue aprobada justo en el último Pleno de la anterior legislatura, referida al control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. En su momento el Grupo Parlamentario Catalán, a través del diputado Carles Campuzano, fue un activo impulsor de la aprobación de esta ley y nosotros evidentemente somos partidarios del control parlamentario y del hecho de que anualmente la secretaria de Estado de Comercio comparezca ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar sobre el flujo comercial internacional del armamento fabricado en España. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

La palabra control no significa ni prohibición ni tan solo estigmatización de este sector, al cual ha hecho referencia el diputado Beloki. De lo que se trata es de que un sector muy concreto, que es el de las escopetas de caza y tiro deportivo, tenga una mejor regulación, y concretamente una regulación más ágil. El propio grupo proponente es el primero que, aprobando y aceptando esta enmienda transaccional, considera la necesidad del informe previo por parte de la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Lo que no puede suceder es que se produzca una sola reunión al mes, solo nueve veces al año, para la autorización de este comercio internacional, porque esto es un freno que impone criterios claramente contrarios a la libertad de mercado y a la posibilidad de que este sector sea competitivo. A través de la enmienda transaccional, la agilización de los criterios introduce mayor justicia en el punto de equilibrio entre el control público y la capacidad y viabilidad de este tipo de comercio.


Otro punto que interesaba especialmente al grupo proponente es la posibilidad de que el armamento fruto de exportación pueda tener la categoría de exportación temporal con la posibilidad de ser devuelto al Estado español para la reparación. Sus señorías saben que actualmente es muy difícil que aquel armamento de caza exportado pueda ser devuelto para la reparación en el Estado español. Hemos mandatado al Gobierno para que haga un reglamento mejor en lo referente a este aspecto, pero el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) continúa siendo partidario de la mayor, y la mayor aprobada en la ley fue el control del armamento y el informe anual en sede parlamentaria. Yo también tenía apuntado en las notas para esta intervención algo que el diputado Joan Herrera ha utilizado en la suya hace justo un momento. Ciertamente, la secretaria de Estado de Comercio, en su comparecencia en la Comisión de Defensa, nos ilustró que el 50 por ciento del armamento de caza era vendido en África, en un solo país africano, en Ghana, y ella misma a preguntas de varios diputados reconoció que seguramente este 50 por ciento daba luz a una posible exportación informal, para ser muy suaves, a otros países. Pues bien, agilización del flujo comercial y control parlamentario. Hemos llegado a una enmienda transaccional y anuncio el voto positivo de Convergència i Unió a la misma.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS MEDIDAS URGENTES QUE PIENSA DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA TRASLADAR A LOS SECTORES PRODUCTIVOS LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA GARANTIZAR SU ACTIVIDAD.
(Número de expediente 173/000040.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas urgentes que piensa desarrollar el Gobierno para trasladar a los sectores productivos la liquidez necesaria para garantizar su actividad. Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, efectivamente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una moción consecuencia de interpelación en la que planteamos toda una serie de medidas importantes para poder viabilizar que al sistema financiero español, a las empresas del tejido productivo de nuestro país y a nuestras familias finalmente se les pueda inyectar una liquidez económica y financiera que hasta la fecha desgraciadamente ha estado ausente y es el gran problema que en estos momentos tiene la economía española. Estamos pendientes de conocer la evolución y saber cuál va a ser el resultado de todas aquellas medidas que hemos aprobado en el Congreso de los Diputados, en esta Cámara, para facilitar a través de una serie de mecanismos la implementación de centenares de miles de millones de euros en el sistema financiero y que a su vez pueda haber una correlación y rapidez para que finalmente esta liquidez vaya a las familias y a las empresas. Mientras esto no se produzca, y nosotros esperamos que sea lo

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más rápido posible, la realidad es que en estos momentos la liquidez es el principal problema de la economía española. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha planteado una moción muy ambiciosa en sus términos en este Congreso de los Diputados en la dirección de implementar todos aquellos mecanismos que tiene la Administración para que, a través de los diferentes procedimientos administrativos que se puedan aplicar a las relaciones entre la Agencia Tributaria o el Ministerio de Hacienda y el tejido productivo español, se puedan producir una serie de materializaciones en la aplicación de solicitudes de aplazamiento de pago que pudieran presuponer que existiera un listón más amplio, pasar de 10.000 euros a 30.000 euros, para que una serie de compañías que tuvieran dificultades en el pago de sus deudas pudieran solicitar este aplazamiento de pago sin las debidas garantías. Hoy la legislación se refiere a los 6.000 euros y nosotros planteamos la posibilidad de ampliarlos a 30.000 euros.


También planteamos una serie de procedimientos para la concesión automática de las solicitudes de aplazamiento de IVA que las empresas efectúen, con los pagos de los intereses y sin las garantías correspondientes. Al mismo tiempo proponemos una serie de mecanismos para que pudiera implementarse una moratoria de tres meses de pago para las retenciones del IRPF, módulos e IVA, básicamente para las microempresas y los autónomos. También planteamos una serie de instrumentos para poder implementar, en los casos en que fuera necesario, unos aplazamientos de todas las compañías a la Seguridad Social.


Un punto relevante en nuestra moción era que la Administración tenía que dar ejemplo e intentar pagar a tiempo, en los plazos correspondientes, a las empresas que en su momento hubieran contratado servicios con las administraciones, ya sea la Administración Central, las administraciones autonómicas o los ayuntamientos. En este sentido, un punto en esta moción iba en la dirección de que las empresas, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos pudieran ser un ejemplo importante del cumplimiento exacto de los plazos de pago. Desde esta perspectiva, un aspecto importante desde nuestro punto de vista es poder iniciar una reestructuración del Instituto de Crédito Oficial, ya que si hasta la fecha, por los diferentes motivos que ustedes saben perfectamente porque los hemos debatido en muchísimas ocasiones en esta Cámara, por las razones que fueren, la financiación de la banca privada no puede llegar, como se trata de situaciones extraordinarias, también habríamos de implementar medidas excepcionales para que en su momento el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, pudiera actuar como la banca privada. No se trata de nacionalizar la banca, sino de utilizar un instrumento como el ICO para que, donde no llegue la banca privada en su financiación, pueda llegar el Instituto de Crédito Oficial.


A esta moción, repito, muy ambiciosa en sus términos, se han presentado una serie de enmiendas de los diferentes grupos que configuran esta Cámara. En primer lugar, se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, el grupo que da soporte al Gobierno, que limita en todos sus ámbitos de actuación la extensión y la profundidad de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Pero también nosotros entendemos que quizá hay que dar un plazo, hay que esperar unas semanas o unos meses a ver si surten efecto todas las medidas que hemos aprobado en esta Cámara y finalmente la liquidez llega a las entidades financieras, a las familias y a las empresas. Por este motivo hemos intentado consensuar con el Grupo Parlamentario Socialista -para que se pudiera aprobar en esta Cámara por consenso de todas las fuerzas parlamentarias- una moción que no va en la dirección y no tiene la profundidad que había planteado inicialmente Convergència i Unió, pero en la que sí hay una serie de puntos relevantes -de los cuales quizá el más importante es aquel en el que instamos a que todas las administraciones del Estado puedan pagar en el plazo previsto a todos sus proveedores habituales- y en la que también está el planteamiento de intentar reestructurar el ICO para poder abordar en el próximo periodo de sesiones, en el próximo año 2009, todos aquellos aspectos que hacen referencia a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, a las que hasta la fecha no están llegando las entidades financieras privadas.
Es una moción en la que nos gustaría contar con el visto bueno de todas las formaciones políticas. Ya hemos conseguido la firma de todas las formaciones políticas y solo nos falta conseguir la firma del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, debe ir acabando.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Acabo ya, señor presidente.


Le pediría al Grupo Parlamentario Popular que, aunque no la apruebe, no impida que esta moción que hemos consensuado todas las fuerzas políticas pueda ser debatida y votada en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Juan Manuel Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señor presidente.


Señorías, la moción que presenta Convergència i Unió dice que tiene por objeto facilitar un incremento de liquidez al sistema productivo. El propósito sin duda es elogiable, pero las medidas que se proponen son heterogéneas y algunas de ellas de dudosa relación con el objetivo que se pretende. Las cuatro primeras propuestas

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que contiene el apartado primero se dirigen a conseguir aplazamientos o fraccionamientos de las deudas tributarias tanto de impuestos directos como indirectos, así como de las cuotas de la Seguridad Social, eximiendo en ambos casos a los afectados de la aportación de garantías para conseguir dichas moratorias. La quinta propuesta de ese apartado primero insta a los distintos órganos de la Administración General del Estado a que agilicen los plazos de pago de todas las empresas de ellos dependientes con el objeto de mejorar la liquidez. Mi grupo parlamentario iba a apoyar esta primera parte de la moción -digo iba y hablo en pretérito y luego diré por qué- aunque era un tanto escéptico en cuanto a la eficacia de las medidas propuestas para el fin perseguido. Para nosotros -lo hemos reiterado hasta la saciedad- la forma más eficaz de reactivar la economía, de incrementar el consumo, de hacer más productiva y más competitiva la economía española es la reducción de la presión fiscal, que este Gobierno ha incrementado en casi cuatro puntos. Claro está que para poder hacer eso es imprescindible reducir el gasto público, no la inversión sino el gasto corriente. Ya lo demostró en su día el Gobierno del Partido Popular. Se redujeron los impuestos, creció la recaudación, creció el producto interior bruto, se redujo el paro y terminó su mandato con superávit en las cuentas públicas. Pero para eso hay que tener una mentalidad de austeridad que este Gobierno no tiene. Si no fuera por lo dramático de la situación causaría risa que se presuma de incremento del gasto social por un desorbitado incremento del gasto por desempleo. Por otro lado, el señor Solbes ha dicho esta mañana en el Senado que los presupuestos se han quedado desactualizados. Lo mejor que puede hacer es retirarlos después del veto del Senado. Eso es lo mejor que puede hacer.


Respecto al segundo punto de la moción, el relacionado con el Instituto de Crédito Oficial, hemos presentado una enmienda al apartado a) con el objeto de precisar que la reestructuración que se pretende no tiene más objeto que incrementar sus recursos, tanto humanos como materiales, para adecuar la estructura de este organismo a las nuevas funciones otorgadas por el Gobierno como instrumento de garantía de liquidez del sistema financiero. Asimismo, en nuestra enmienda suprimimos el apartado b), que prevé la posibilidad de que el ICO acceda a las subastas del Fondo para la adquisición de activos financieros. Nosotros entendemos que el ICO históricamente viene obteniendo financiación más barata acudiendo al mercado internacional de capitales, y así debe seguir haciéndolo. Pero ustedes, señor Sánchez i Llibre, han dado un giro copernicano a su moción al aceptar la enmienda transaccional, que no es sino una visión absolutamente descafeinada de lo que ustedes proponían. Por tanto, es evidente que mi grupo no puede apoyar ese brindis a la nada. No me explico cómo es posible que puedan conformarse con un compromiso tan light que no va a ayudar en absoluto a la falta de liquidez. Es un fracaso total.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albendea.


Para defender la enmienda del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, la situación de crisis en la que actualmente se encuentra nuestra economía es sin duda un hecho muy preocupante y, por tanto, es evidente que deben instrumentarse todo tipo de medidas con un doble objetivo. El primer objetivo, que coincide con la moción que presenta el Grupo de Convergència i Unió, es que la crisis no se agrave y el segundo, que a partir del segundo semestre de 2009 la economía española inicie una senda de crecimiento sostenible. Por tanto, nuestro grupo parlamentario siempre defenderá que son bienvenidas todo tipo de medidas que permitan a las empresas superar este mal momento económico. Dicho esto, debo subrayar también que nuestro grupo no es partidario de conceder con fondos públicos una auténtica barra libre a las empresas, como parece que se infiere de algunos de los puntos que figuran en la moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió.


Por lo que se refiere al primer apartado de esta moción, el grupo proponente quiere generalizar a todas las empresas un conjunto de medidas fiscales que únicamente deberían aplicarse a aquellas empresas que efectivamente tienen problemas de liquidez. Sin embargo, creemos que algunas de estas medidas, como, por ejemplo, no exigir garantías para el fraccionamiento de pagos tributarios, el aplazamiento del IVA, la moratoria en el pago del IVA también y de las cotizaciones a la Seguridad Social, deberían aplicarse únicamente a aquellas empresas que efectivamente lo necesiten. No obstante, debe señalarse a favor de la propuesta que hace Convergència i Unió que los apartados 1.b) y 1.d), es decir, en relación con el aplazamiento del IVA y de las cotizaciones a la Seguridad Social, obligarían a los empresarios a devengar intereses. En todo caso, la medida 1.c) que supone agilizar el pago por parte del Estado a sus proveedores en cumplimiento estricto de lo que previene la Ley de Contratos del Estado la consideramos totalmente acertada y, además, evitaría problemas de liquidez a muchas empresas.


Por otra parte, no debe olvidarse que el Estado ya ha adoptado medidas relacionadas con el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades de las empresas y también para agilizar la devolución del IVA. Nuestra enmienda proponía algunas modificaciones al respecto de este primer punto, pero como se nos ha presentado -y de hecho hemos suscrito- una enmienda transaccional, señor presidente, si me lo permite, solo me posicionaré en relación con la moción, sin hacer referencia a las enmiendas.


Por lo que se refiere al punto segundo, nuestro grupo cree que es perfectamente asumible, pero hubiera sido

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mejor concretar qué reestructuración es necesaria y cómo debe acometerse.
Creemos que existen mejores formas para ampliar la capacidad financiera del Instituto de Crédito Oficial, con aportaciones directas del Estado, sin necesidad del recurso al Fondo para la adquisición de activos financieros, que está pensado básicamente para dotar de liquidez al sistema financiero privado, que a su vez debe dotar también de liquidez al sistema económico, ya sean empresas o particulares.


Finalmente, por lo que se refiere al punto 2.c) el grupo proponente, Convergència i Unió, pretende crear una nueva línea de financiación de las empresas en condiciones ventajosas, que no se detalla en la moción, en función en resumidas cuentas de su volumen económico. Esta era una propuesta que nuestro grupo consideraba totalmente desacertada, porque nuevamente se pretende generalizar las ayudas públicas a las empresas, independientemente de si se encuentran o no en situación de crisis, y además dando una primacía a las de mayor volumen económico. No sabemos en este caso qué intereses pueden encontrarse detrás de esta medida, pero en todo caso íbamos a pedir al grupo proponente que retirara la misma. Por otra parte, no debe olvidarse que, entre las medidas de apoyo a las empresas, el ICO ya ha dotado para 2008 un conjunto de ayudas a las pymes por valor de aproximadamente 9.825 millones de euros y para el año 2009 se ha dotado también un conjunto de líneas ICO para apoyar el acceso al crédito por parte de familias y empresas dotado con 35.000 millones de euros.


Finalmente, respecto al punto 3 de la moción no creemos que fuera necesario recurrir a la Unión Europea para proponer la admisión de un crédito concertado, aunque este aspecto de la moción de CiU nos parecía en todo caso razonable y aceptable. Pero el señor Sánchez i Llibre, a quien hay que agradecer su tenacidad a la hora de proponer cuestiones para mejorar la liquidez de nuestro sector privado, ya ha anunciado una enmienda transaccional que, aunque disminuye ostensiblemente el contenido íntegro de su moción inicial, evidentemente nuestro grupo considera que es positiva y, en ese sentido, no solo va a dar su consentimiento, sino que también la va a votar favorablemente.


Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


La Presidencia desea avisar que se ha anunciado una enmienda transaccional de la que no ha habido noticia en la Mesa y les rogaría que nos la hicieran llegar. Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Marta Gastón.


La señora GASTÓN MENAL: Gracias, señor presidente.


Señores de Convergència i Unió, tenemos tanto o más interés que ustedes en resolver estos problemas de liquidez que afectan a la economía real, a familias, a empresas y a autónomos. Estas palabras, que le dirigió el señor Solbes al señor Sánchez i Llibre en la réplica a su interpelación, las hago también nuestras, del Grupo Parlamentario Socialista. Son muchos los frentes a abordar en la actual situación económica en cuanto a liquidez y, entre otras medidas que se han tomado, habrá que reconocer que nuestro sistema financiero ha recibido un gran respaldo por parte del Gobierno, con un compromiso: el de restituir progresivamente la liquidez y el crédito. Por otro lado, el Instituto de Crédito Oficial ha adquirido un relevante papel en las medidas adoptadas. A través del ICO, las pequeñas y medianas empresas dispondrán el próximo año de más financiación. Para el año 2009 aumenta la dotación de las líneas tradicionales ICO-PYME, las dirigidas al fomento de empresas, hasta 13.800 millones de euros. Se crea además una nueva línea de financiación con una dotación de 10.000 millones de euros para atender las necesidades de financiación de capital circulante de pequeñas y medianas empresas. El ICO otorgará una moratoria de un año a todas las empresas que están pagando un crédito de la línea ICO-PYME, de modo que solo pagarán intereses y no tendrán que amortizar capital. Hay que añadir además la mejora sustancial que desde el 1 de enero del próximo año 2009 provocará el nuevo sistema de devoluciones mensuales en cuanto a la liquidación del IVA, que sin duda influirá también en la liquidez de las empresas.
Igualmente, tengo que hacer constar que en la actualidad ya existen mecanismos para establecer una moratoria en el pago de retenciones y pagos fraccionados del IRPF para autónomos y empresarios en régimen de estimación objetiva.


En cuanto a materia tributaria, la Ley General Tributaria ya recoge la posibilidad de fraccionamiento y aplazamiento del pago, pero no debemos olvidar que tanto la Agencia Tributaria como la Seguridad Social tienen que mantener también los principios recogidos en esta misma ley, en la Ley General Tributaria, para asegurar el cobro de las deudas. Por tanto, queda patente -y así lo vemos en el Grupo Parlamentario Socialista- el notable esfuerzo por parte del Gobierno para poner mayores recursos al alcance de las pequeñas y medianas empresas, de las familias y de los autónomos. Es cierto que la necesidad de liquidez es grande en estos momentos, tanto que cualquier inyección hasta la fecha ha pasado casi desapercibida. Cierto es también que estamos acostumbrados a una sociedad en la que todo parece que tenga que ser inmediato, para ya, y las medidas adoptadas necesitan un tiempo razonable para ver cómo evolucionan antes de querer modificarlas sin poder evaluar su efectividad con total garantía. No queramos ya modificarlas, no queramos ya complementarlas sin conocer a ciencia cierta su grado de capacidad y suficiencia. Démonos un tiempo razonable.


Agradecemos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) su papel activo en cuanto a la presentación de propuestas. Son el ejemplo de que la preocupación sola no basta, y mucho menos acompañada

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exclusivamente de críticas. Son tiempos de mostrar actitudes constructivas. Voluntad, actitud y buenas intenciones es cuanto ve el Grupo Parlamentario Socialista en las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Voluntad, actitud y buenas intenciones es también cuanto les hemos ofrecido en nuestra enmienda, que ha sido sustento para firmar una transaccional, y aprovecho para agradecer desde aquí al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) su aceptación, puesto que -insito- necesitamos un tiempo para poder evaluar a ciencia cierta la suficiencia y la capacidad de las medidas adoptadas.


Señorías, esta crisis, como todas las que se han ido sucediendo, nos permitirá aprender lecciones y salir más fuertes de ella. Cada crisis tiene un origen, una intensidad y una duración. En la duración podemos influir. Nadie tiene en exclusiva la receta mágica, pero con aportaciones y seguimiento conjunto generamos entre todos confianza y, sin duda, trabajando de forma activa, constructiva y conjunta contribuiremos a que la duración sea la menor posible. Reiteramos nuestro agradecimiento al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por las propuestas presentadas, así como por la aceptación de nuestra enmienda. Y con el fin de que trabajemos todos de forma conjunta para que la duración de esta crisis sea la menor posible, agradeceríamos que la totalidad de los grupos parlamentarios de esta Cámara firmaran la transaccional.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gastón.


En relación con la última afirmación de la diputada, pregunto al señor Albendea. La enmienda transaccional acaba de llegar a la Mesa sin la firma del Partido Popular. ¿Se opone a la tramitación el grupo?

El señor ALBENDEA PABÓN: Sí, señor presidente. Nos oponemos a que se tramite como enmienda transaccional y queremos que se vote la moción en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Así se hará.


Para defender la posición de su grupo parlamentario tiene la palabra por el Grupo Mixto la señora Fernández Davila. (Pausa.) ¿Algún otro miembro del Grupo Mixto desea sustituir a la portavoz? (Pausa.) Se da por desistido.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.) Para defender su posición tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señoras diputadas, señores diputados, nuestro grupo parlamentario viene apoyando y apoyará todas las iniciativas y medidas orientadas a dinamizar e impulsar la actividad económica, siempre y cuando estén dentro de la razonabilidad económica. Apoyamos el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 porque entendíamos y entendemos que un no al presupuesto es una mala señal para los mercados, para la confianza de los agentes económicos y para el conjunto de los ciudadanos. De la misma manera votamos favorablemente la convalidación de los Reales Decretos-leyes 6/2008 y 7/2008 cuyo fin es garantizar la liquidez al sistema financiero y, a través del mismo, la financiación de las empresas y de las familias. Apoyamos también sin ninguna duda el real decreto-ley que votaremos pasado mañana, con el fin de dinamizar la actividad económica. La situación económica es excepcional y requiere medidas excepcionales, a la par que amplios consensos políticos que nuestro grupo está dispuesto a ofrecer y por los que está dispuesto a trabajar. Son momentos de empujar en la misma dirección y de no perdernos en debates estériles.


En este contexto, valoramos muy positivamente tanto la interpelación como la moción consecuencia de la misma presentada por Convergència i Unió, cuya preocupación por la economía productiva -como le gusta decir al diputado Sánchez i Llibre- es una constante de su grupo. Su intención es incorporar una serie de medidas a las ya adoptadas, con el fin de favorecer la liquidez de las empresas y familias y, en especial, de las pymes y los autónomos, un sector muy importante de la actividad económica. Este es un objetivo, por otra parte, compartido por el vicepresidente Solbes a tenor de lo expresado en la interpelación y supongo que por la mayoría de los grupos parlamentarios, al menos por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Estamos de acuerdo con las medidas que plantean en cada uno de los tres puntos o apartados en los que se subdivide la moción y que parece ser que al final, al no aceptarse la transacción, se va a votar en estos términos. En primer lugar, creemos que es una responsabilidad del Gobierno, y en concreto de la Agencia Tributaria, facilitar aplazamientos y moratorias en el pago de los impuestos, especialmente a aquellas empresas que están atravesando dificultades y tengan escaso margen de maniobra, como es el caso de las pymes. Igual responsabilidad cabe apelar al sistema de la Seguridad Social, cuyo pago de cuotas puede, en un momento determinado, suponer una asfixia para muchas empresas. De la misma manera, cabe exigir la mayor diligencia posible por parte de la Administración, sus organismos y sus empresas a la hora de realizar los pagos, las subvenciones, etcétera. Redefinir el ICO y reforzar sus estructuras y objetivos puede ser útil en la actual coyuntura económica, con el fin de que se garantice la liquidez del sistema financiero. Para ello, nos parece acertado que el ICO pueda concurrir a las subastas del Fondo para la adquisición de activos, máxime visto el éxito de la primera de las subastas realizadas. Promover en el seno de la Unión Europea la emisión de un crédito concertado, a distribuir entre los Estados miembros en función de sus necesidades, constituiría una medida de enorme calado económico y político que emitiría una señal muy positiva al

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conjunto de los agentes, instituciones y mercados. Sin embargo, dado el nivel de desarrollo político de la Unión Europea, nos parece bastante difícil que esto se consiga. No obstante, una medida de estas características iría en la buena dirección para afrontar la falta de liquidez y la crisis financiera. Hay que seguir trabajando en la dirección de reforzar el peso político de la Unión Europea.


Para concluir, quisiera invocar, aun a riesgo de ser tachado de ingenuo, la responsabilidad de las entidades financieras. En la interpelación de hace dos semanas, el señor vicepresidente decía que las entidades financieras habían cambiado la valoración de riesgos, que temían el aumento de la morosidad, la cuenta de resultados y que no arriesgaban, a la par que señalaba que se había limitado o cortado la financiación exterior. También decía que el Gobierno pone liquidez a disposición de las entidades financieras, pero que no puede obligar a que dicha liquidez se canalice a las empresas y a las familias. Por su parte, el señor Sánchez i Llibre expuso un ejemplo contundente y claro, señalando que personas con empleo estable y sueldos medios elevados no habían podido conseguir créditos hipotecarios por importes relativamente reducidos. Una cara de la cruda realidad.


En este contexto, el Grupo Vasco apela a la responsabilidad de las entidades financieras, bancos, cajas, cooperativas de crédito, etcétera, para que se comprometan con el impulso de la actividad económica y con la salida de la crisis. Evitar riesgos sí, pero que apuesten también por las empresas y por los ciudadanos. Que sean conscientes de que los impuestos de los ciudadanos también se utilizan para reforzar el sistema financiero. Los ciudadanos y la economía necesitan que dejen de ser conservadores en extremo y que apuesten por el futuro, que es el de todos; también el de las propias entidades financieras.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Pregunto al señor Sánchez i Llibre si acepta alguna de las enmiendas presentadas.


El señor SÁNCHEZ i LLIBRE: Señor presidente, dado que el PP ha imposibilitado la enmienda que habían firmado la totalidad de los grupos, excepto el Partido Popular, aceptaríamos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Así se votará. Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DEL EJECUTIVO. (Número de expediente 173/000041.)

El señor PRESIDENTE: Última moción, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de inmigración del Ejecutivo. Para la defensa de la moción tiene la palabra doña María del Carmen Guerra.


La señora GUERRA GUERRA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías voy a defender esta tarde esta moción consecuencia de la interpelación que mi compañero y portavoz en la Comisión de Trabajo e Inmigración, Rafael Hernando, hacía en el Pleno pasado al ministro de Trabajo e Inmigración. Hemos presentado en esta moción catorce puntos, con uno más de adición, el número 15, porque creemos que la política de inmigración es nefasta en este país, es nefasto el trabajo que se está realizando por parte del Gobierno socialista. Hablando de la interpelación, me gustaría recordar que el ministro pedía rigor al compañero del Grupo Popular en su interpelación. Señorías, el señor ministro no contestó a nada de lo que se le preguntó en esa interpelación. Es verdad que no estuvo riguroso y que además estuvo nerviosísimo en su intervención. Quizás en estos momentos la política de inmigración y trabajo sea la bandera de lo que hace el Gobierno socialista. Dijo el ministro: El Partido Popular siempre ha tenido una idea negativa de la inmigración. El ministro faltó a la verdad. No tenemos una idea negativa de la inmigración, pero sí tenemos una idea muy negativa -lo digo esta tarde aquí, en el Congreso- de la política que lleva el Partido Socialista en materia de inmigración; esa sí es negativa para el Partido Popular. (Aplausos.) Dijo el ministro: Yo nunca he ligado la inmigración a la delincuencia. Tamaño error, señoría; tamaño error, compañeros del Grupo Popular. Dijo el ministro: Yo nunca he ligado la inmigración a la delincuencia. Pues miren ustedes, solamente voy a leer un texto de un teletipo que ha caído en mis manos, sobre todo porque quiero que esta tarde se recoja en el "Diario de Sesiones". El alcalde de Hospitalet y presidente de la Diputación de Barcelona, el socialista Celestino Corbacho, explicó ayer que la llegada de la inmigración a la ciudad ha creado una realidad nueva que despierta la inseguridad entre sus vecinos. El alcalde afirmó que la población extranjera alcanza el 35 por ciento en algunos barrios, en referencia a los ubicados en el norte del municipio. Decía textualmente: Ha cambiado la escuela, los bloques y el espacio público. Está cambiando la economía y está creando una realidad nueva que nos hace estar a todos más inseguros y nos hace sentir más inseguros. El mismo alcalde que es hoy ministro de Inmigración dijo estas palabras. Ustedes sí que hablan de la inmigración.
(Rumores.-Aplausos.) Veo muchas risas en las gradas. Fíjense en lo que le voy a decir: 3 millones de personas más en este país en una legislatura, 3 millones de personas más; un millón de personas irregulares en este país, según nos dice Comisiones Obreras; 350 personas fallecidas en lo que va de año en las costas. Sigan riéndose, señorías. Esto puede hacerles gracia; a nosotros, al Partido Popular, ninguna, ninguna, señorías. (Rumores.) En repatriaciones, han repatriado ustedes al 22 por ciento; el 78 por ciento restante ya

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sabemos donde está: en las calles, en las plazas, en las playas, en cualquier lugar de este país buscándose la vida. Sobre la ayuda oficial al desarrollo sabemos lo que ustedes opinan y piensan, lo utilizan para obras faraónicas como se ha dicho aquí esta tarde (Rumores.) o también lo lleva en sus vacaciones la vicepresidenta del Gobierno cuando le gusta hacerse la foto en su recorrido vacacional, haciendo la caridad con el dinero de los españoles. Así lo lleva la señora vicepresidenta.
(Aplausos.) En cuanto a seguridad podríamos hablar mucho de ello y seguro que también mis compañeros de Melilla, con el asalto por séptima vez a las vallas de Melilla, donde todavía seguimos esperando que cincuenta metros de valla se arreglen y se mejoren. También podríamos hablar de seguridad si lo hacemos de Roquetas o La Mojonera, en Almería. Señores del Grupo Socialista, seguro que podríamos hablarlo aquí esta tarde. Esa es parte de la inmigración, parte de la inmigración, parte de lo que pasa cuando la inmigración se lleva de la manera que ustedes la están llevando.


Me gustaría leerles lo que decía el presidente del Gobierno de España en su discurso de investidura. El 8 de abril de 2008 en su discurso de investidura el presidente decía: Para que ni un solo ciudadano se vea privado de cualquier derecho y ayuda social por la llegada de inmigrantes, intensificaremos la cooperación con las comunidades autónomas. Señorías, vengo de la Comunidad Autonómica de Canarias, represento aquí al pueblo español y de manera especial a Canarias y les digo que son ustedes insolidarios. Hemos mostrado cada día la solidaridad de mi tierra, de Canarias, cuando llegan los cayucos, cuando llegan los inmigrantes. Hay 1.500 niños en Canarias, menores no acompañados, cuya competencia es del Estado porque la materia de inmigración es exclusiva del Estado. ¿Saben cuánto cuestan esos menores a la Comunidad Autónoma de Canarias? Los menores que están en Canarias cuestan entre 55 y 60 euros diarios y los que están fuera de allí, pero de los que tenemos la guardia y custodia, cuestan 80 euros diarios. Ustedes están diciendo todos los días que van a mejorar las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero esos menores siguen esperando en Canarias y son los canarios quienes se están haciendo cargo de ellos cuando son competencia del Estado. Es verdad. (Aplausos.-Rumores.) La vicepresidenta fue por delante haciendo de telonera para la firma de un convenio en mi comunidad autónoma y luego fueron dos ministros, el señor Corbacho y la señora Cabrera, para decir que con Canarias van a firmar un convenio de 15 millones de euros.


El señor PRESIDENTE: Señora Guerra, debe ir acabando.


La señora GUERRA GUERRA: Termino, señor presidente.


Los canarios pagamos todos los años anualmente entre 28 y 30 millones de euros para atender a estos niños, y lo estamos haciendo. Por eso, señorías del Grupo Socialista, sería bueno que dejasen las políticas de la Alianza de Civilizaciones y de la memoria histórica y que se pusieran a trabajar por la realidad de este país y por la inmigración. Desde luego ustedes son el pasado de este país, cinco años de Gobierno; son el presente de este país, y esa es la realidad, la crisis de todo tipo; espero que muy poco sea el futuro que ustedes tengan y también lo esperan muchos españoles.


Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Guerra.


Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Gracias, señor presidente.


Señora Guerra, oyendo su intervención en estos momentos quizás no haya defendido la moción de su grupo. Creo que con lo que no ha quedado satisfecha es con la intervención de su compañero el otro día en la interpelación. Quien ligaba delincuencia e inmigración fue su compañero y está en el"Diario de Sesiones"; es así, señoría. (Aplausos.) Tampoco parece que haya estado en la sesión de esta tarde, porque se ha hablado de ayuda al desarrollo en un debate bastante amplio en el que ningún grupo está siguiendo su posición. Yendo a la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista a su moción, quiero recordarle que el pasado día 26 de noviembre el ministro de Trabajo e Inmigración en el transcurso de la interpelación decía textualmente que después de las fiestas tendremos un proyecto de modificación de la Ley de Extranjería, porque de eso va la moción. Eso nos permitirá desarrollar el diálogo político para abordar esta reforma que ha planteado el Gobierno desde el inicio de la presente legislatura. Por ello, tiene plena validez la moción que sobre esta misma materia propuso Convergència i Unió y que fue aprobada por una amplia mayoría en la Cámara. Ahora el Grupo Socialista plantea este mismo acuerdo como enmienda de sustitución a la moción del Grupo Popular. ¿Qué pretendemos? Alcanzar el máximo consenso posible en este Parlamento en lo que se refiere a un tema de tanta sensibilidad social como es el de la inmigración.


Consideramos que los acuerdos y el consenso social son necesarios y eficaces para desarrollar con éxito las políticas migratorias; necesarios para evitar cualquier deriva populista, como lo que usted acaba de hacer, porque sabemos precisamente dónde acaban, y eficaces porque así lo demuestra la experiencia. Primero, alcanzamos un acuerdo en 2004 mediante un consenso político y el diálogo social para aprobar un reglamento de la ley que permitió regular los flujos migratorios y determinar la capacidad de acogida de nuestro mercado de

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trabajo. Segundo, se avanzó en acuerdos con países de origen para consolidar una política de cooperación y, por tanto, regular mejor los flujos migratorios. Fruto de esos acuerdos ha sido la eficacia con la que se ha traducido precisamente en esos flujos, incrementándose en más de un 43 por ciento las repatriaciones en relación con la etapa del Gobierno del Partido Popular. Señorías, adicionalmente se ha incrementado también la eficacia policial en la lucha contra las mafias y el tráfico de seres humanos, habiendo desarticulado un 58 por ciento más de redes de traficantes de personas, y se ha producido un incremento sustancial en el número de detenciones alcanzando un 138 por ciento más que en la época del Partido Popular. El consenso institucional se ha plasmado también en el Pacto de la integración y se ha pasado de 0 a 300 millones de euros para favorecer esa integración. Específicamente en el caso de menores tampoco parece que conozca usted el debate de presupuestos. Se ha aprobado en el Parlamento una ayuda de más de 15 millones de euros que supone un 50 por ciento más de lo que ustedes proponían para ayudar a ejercer una competencia autonómica en Canarias. Además, el Grupo Socialista está apoyando un discurso y un trabajo de acuerdo en el seno de la Unión Europea y se ha alcanzado el Pacto europeo por la inmigración y el asilo en el pasado Consejo Europeo de 15 de octubre. Lean el pacto, no contiene ninguna referencia al contrato de integración.


Señorías, si nos referimos a su moción, puedo decirle que está cargada de errores en cuanto a la apreciación de los datos que maneja. Ya sé que el rigor solo es predicable para el Gobierno, según decía su compañero, y que no va con ustedes, pero confunden de forma deliberada extranjero con inmigrante, y si hablan del 11 por ciento de extranjeros en España deberían precisar que casi el 50 por ciento de ellos son europeos con derecho a residir en nuestro país. (Aplausos.) Más aún, señorías, si analizamos el contenido de la reforma que plantean, esta es la cuarta reforma que plantean en solo veinte días. Primero fue en la Comisión del día 19, una proposición de ley planteando una reforma legislativa a la Ley de Extranjería; autoenmendaron esa propuesta. Luego presentaron una proposición de ley que, según ustedes, representa un giro de 180 grados en relación con la ley que ustedes aprobaron en el año 2000 y que impusieron al resto de los ciudadanos; y ahora una moción que incorpora otras reformas legales que por lo visto la semana pasada habían olvidado.


El señor PRESIDENTE: Señora Gutiérrez tiene que ir acabando.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Muchísimas gracias.


En todo caso, señorías, hacen ustedes planteamientos erráticos; no sabemos cuál es su sentido, sí creemos que es única y exclusivamente intentar una confrontación con el Gobierno más que hacer políticas de consenso para alcanzar una auténtica política de inmigración. Por lo tanto le pedimos que no se aíslen, que participen en el amplio consenso en lugar de hacer esa política de aislamiento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez del Castillo.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña Ana Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Uno piensa, cuando un grupo presenta una moción y otro grupo está en contra, que se hablará de ella, pero todos hemos podido ver cómo hoy no se ha hablado de los puntos que contiene. Yo, como Coalición Canaria, quiero recordar a esta Cámara cómo hace poco más de ocho años nuestro portavoz en aquel momento, José Carlos Mauricio, sugirió la conveniencia de empezar a patrullar África y Canarias; se le acusó de todo. Cuando mi compañero Paulino Rivero, actual presidente del Gobierno canario y portavoz en aquel momento de Coalición Canaria en esta Cámara, planteó la ampliación del plazo de retención a 70 días antes de la avalancha del año 2006 se nos acusó a los canarios y al Grupo Parlamentario Coalición Canaria de intolerantes y de que prácticamente queríamos meter a los inmigrantes en campos de concentración. Al final el tiempo pone las cosas en su sitio y hemos vivido la tragedia -los canarios seguimos viviendo una tragedia inmensa- en la que lo mejor de África se sigue quedando en Canarias. Anteayer doce chicos, doce niños, llegaron otra vez en un cayuco a Canarias. En estos cuatro años se han quedado 6.000 jóvenes africanos en Canarias con una respuesta excepcional del pueblo canario.
Hoy se trae una moción por el Grupo Parlamentario Popular donde se sugieren cosas respecto de las que ya hace un año -en mi primera etapa como parlamentaria- se llegó a acuerdos en una subcomisión de inmigración, pero al final, por una lucha política del Grupo Socialista y del Grupo Popular, en aquel consenso que conseguimos en esa subcomisión para los cambios legislativos no se pudo avanzar.


Yo creo que hoy hay una política distinta -lo quiero decir aquí- del Gobierno que está dando los primeros pasos, aunque no es suficiente -eso lo compartimos desde Coalición Canaria y desde el Gobierno de Canarias-, pero que son primeros pasos. El ministro Corbacho no sólo se ha comprometido a que antes de final de año traerá el texto articulado de modificación de la Ley de Extranjería -esta portavoz y Coalición Canaria lleva más de 6 años trayéndolo-, sino que el Gobierno ha hecho gestos importantes poniendo esos 15 millones de euros por primera vez para atención de los menores a cargo de la comunidad autónoma y aparte ha firmado un protocolo para el traslado de 500 menores de los 1.600 que hay en Canarias. Eso no soluciona el problema; ese

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es un primer paso, pero hay muchos temas que no son meras intenciones de acuerdo del Congreso. Hay que modificar la Ley de Extranjería y la Ley del Menor, y en ese sentido Coalición Canaria quiere decir desde aquí que vamos a confiar en que esa palabra del ministro Corbacho de que antes de final de año el texto articulado de la Ley de Extranjería sea una realidad.


También queremos decir que apoyamos parte de los puntos que ha planteado la moción del Grupo Popular, otros no. Desde luego estamos en contra de ese contrato de integración, que nos parece absurdo y así lo planteé en una intervención anterior, pero creemos que en este momento todos debemos sumar en un tema en el que, como digo, hay una parte de drama humano y en el que son necesarios no solo los cambios legislativos que corresponden a esta Cámara -es en el ámbito que se tendrá que resolver en el próximo mes no solo la Ley de Extranjería sino también la del menor- sino también la corresponsabilidad del Estado con Canarias y la solidaridad de todas las comunidades autónomas, independientemente del color político. Esperemos que los dos partidos sigan trabajando con las respectivas comunidades autónomas donde gobiernan para que ese traslado, de emergencia y de urgencia, de más de quinientos menores, aunque sea para dejar mil en Canarias en situación también muy complicada, se pueda hacer lo antes posible.


En ese sentido, anuncio la abstención de mi grupo, de Coalición Canaria, con un voto de confianza al ministro para que en la próxima semana podamos tener ese texto articulado y se siga trabajando conjuntamente para resolver, como digo, un drama humano, en el caso de la inmigración subsahariana, y exista un sentido de corresponsabilidad con Canarias por la situación que se está viviendo en mi tierra y en mi comunidad autónoma.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Encaramos este debate con un cierto pesimismo porque, una vez leído el "Diario de Sesiones", puesto que no pude estar presente el día que el diputado del Grupo Popular hizo la interpelación al ministro Corbacho, la verdad es que tenía unos tintes tan demagógicos que queda patente que estamos de nuevo en el mismo escenario de los años 2004, 2005, 2006, es decir la utilización perversa, harto demagógica, del fenómeno migratorio para erosionar al Gobierno y, digamos, a la socialdemocracia instalada en la gobernabilidad de este país. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Siempre hemos dicho que, si no había sensatez en los temas relativos a la inmigración, aun cuando nos esforzáramos en profundizar en el debate y en intentar que el Grupo Socialista tuviera la voluntad y la valentía, tal como al final se comprometió el ministro Corbacho, de ir hacia una modificación, que a nuestro entender tiene que ser más profunda de la Ley de Extranjería de lo que el Grupo Socialista ha previsto; aunque seamos capaces de abrir el melón, de modificar la ley y de acercarla a la realidad, creo que lo tenemos igual de mal o casi igual de mal porque no estamos en condiciones de garantizar que los mensajes que lanza la derecha a la sociedad, a fin de que se instale en la imaginación de la ciudadanía que inmigración es igual a delincuencia, que inmigración es igual a inestabilidad, etcétera; si no conseguimos realmente que haya un verdadero acuerdo -de ahí viene nuestra reivindicación de la necesidad de un pacto de Estado para la inmigración- y paralelamente no se llega a este escenario, aun cuando intentemos ponernos de acuerdo en la modificación de la Ley de Extranjería, no avanzaremos demasiado. El debate de la interpelación fue muy pobre, puesto que todo fue una retahíla de barbaridades. Aunque nosotros somos bastante críticos con la política del Gobierno respecto al fenómeno de la inmigración y a su aplicación, puesto que hay algunos ámbitos en los cuales no estamos nada de acuerdo, si hay algún ámbito en el cual hay que reivindicar sensatez es en el de la inmigración. Por eso nosotros, aun cuando tenemos muchas diferencias con las directivas de la Unión Europea que están pendientes de trasposición -por ejemplo, apelo a la Directiva de retorno-; aun cuando venimos reclamando el desarrollo de los textos estatutarios ya comprometidos en aquella moción que se aprobó y que hoy es la base de esta enmienda de sustitución que presenta el Grupo Socialista; aun cuando nosotros, repito, no estamos de acuerdo, por ejemplo, en cómo plantea el Gobierno la cuestión del reagrupamiento familiar, de lo que se trata es precisamente de poder encarar un debate profundo sobre la modificación de la Ley de Extranjería. Esperemos que sea cierto que justo al inicio del nuevo periodo de sesiones el Gobierno ya presente su proyecto.


De los puntos de la moción del Grupo Popular, ciertamente algunos de ellos quedarán subsumidos en la reforma de la ley y otros incluso son esperpénticos porque en ninguno de ellos aparece nada relativo a las comunidades autónomas, como si este Estado fuera, además de integral, absolutamente centralista; o cuando, por ejemplo, hablan de aprender la lengua, ¿a qué lengua se refieren? Ustedes saben que las políticas de integración sí pertenecen, como otras, a las comunidades autónomas, y por ejemplo en el caso del Principat de Catalunya hemos aprobado un Pacto nacional por la inmigración y estamos desarrollándolo. De manera que de lo que se trata es de que exista una profunda lealtad entre las instituciones a fin de que podamos encarar en el próximo periodo de sesiones la modificación de la Ley de Extranjería. Por supuesto, vamos a votar en contra de la moción del Grupo Popular en caso de que no se aceptara

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la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, que votaríamos a favor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Desafortunadamente, también vamos a tener que votar que no en relación con esta moción presentada por el Grupo Popular por varias razones. La portavoz del Grupo Popular ha hecho una intervención apasionada, una defensa beligerante de su posición, más dirigida o más proclive a concitar el aplauso fácil de sus propios compañeros del grupo parlamentario que a recabar el consenso, y en este tipo de materias el consenso es un paradigma. No concibo una iniciativa que haga referencia a los problemas de la extranjería -poliédricos, multidisciplinares, complejos- y que no se fundamenten en un consenso amplio, en un pacto de Estado en definitiva, que es lo que nosotros hemos preconizado en más de una ocasión. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por otra parte, esta moción tiene otro déficit, tal como está configurada -tiene pretensiones de exhaustividad en relación con la resolución de los problemas de extranjería-, y es la cuarta vez. Tenía razón la portavoz del Grupo Socialista en cuanto a que el Grupo Popular nos presenta una iniciativa con la pretensión de resolver los problemas de la extranjería en su conjunto como si iniciativas unilaterales de esta naturaleza tuvieran alguna eficiencia para resolver problemas complejos que requieren amplios pactos de Estado y pactos transestatales o trasnacionales, como se quieran definir. Desde esa perspectiva, es un hándicap o un déficit de esta proposición que nos impide votar que sí, añadido a un problema de extemporaneidad, señor presidente. Nos ha anunciado ya el señor ministro que el mes que viene va a ser presentado un proyecto de ley de reforma de la Ley de Extranjería, por cierto aprobada la originaria por el Grupo Popular, la del año 2000, y su reforma de 2003; autoenmienda su propia proposición paradójicamente la iniciativa del Partido Popular, puesto que pretende introducir las reformas que a la Ley de Extranjería introdujo una sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales determinados preceptos de estas leyes de extranjería aprobadas en los tiempos en que el señor Aznar gobernaba el Estado español.


Desde esa perspectiva, paradójicamente ninguno de los catorce puntos de la proposición han sido defendidos por la portavoz del Grupo Popular, luego resulta enigmática cuál es la pretensión de este partido o de esta portavoz en relación con la defensa de la moción. Se podría definir, rebatir o reflexionar sobre cualquiera de ellos, pero yo me voy a referir solo a uno para cubrir esta carencia en la defensa de los puntos concretos que configuran el contenido material de la proposición, que es el relativo a la recuperación de este perverso contrato de inserción que se vuelve a preconizar en esta proposición; contrato de inserción cuyo contenido material es el siguiente. Se exige a los extranjeros nada menos que una especie de integración metacultural -en la metacultura del Estado español, se sobreentiende-, pero no se concretan cuáles son los mecanismos para posibilitar y acreditar esta integración metacultural. No se sabe si hay que realizar un curso de sevillanas, aprender a hacer tortilla de patatas o cuál es el instrumento material que configura el contenido del contrato de integración metacultural en el Estado español.
Desde esta perspectiva, la indefinición jurídica que provoca una gran inseguridad jurídica en la aplicación del proyecto, si esto se convirtiera en ley alguna vez, nos produce severas reservas, señor presidente. Se ordena a los extranjeros también, solo a los extranjeros, que cumplan las ordenanzas sociosanitarias municipales, como si fueran, tácitamente se diría, las únicas personas que incumplen las ordenanzas sociosanitarias en el ámbito de los municipios del Estado español.
Conozco a muchos ciudadanos del Estado español que incumplen manifiestamente también estas ordenanzas sociosanitarias y no se ven preteridos por ningún tipo de condicionamiento jurídico por esta razón. Y se les exige el conocimiento o el aprendizaje de la lengua también, señor presidente. Tampoco sería malo que a algunos de los empresarios que van a los países de donde proceden estos extranjeros se les exigiera el aprendizaje de las lenguas de estos países donde van a expoliar, entre otras cosas, sus recursos naturales.


Desde esta perspectiva, señor presidente, dada la inmadurez manifiesta de la moción que se nos presenta, su falta de consenso, siendo el consenso un valor paradigmático en materias como las que estamos en este momento acometiendo, nos vemos en la tesitura de votar que no, y con esto acabo ya, señor presidente, reconociendo que algunas de las reflexiones de los catorce puntos que la componen meritarían una reflexión quizás más profunda. Pero puesto que la portavoz del Grupo Popular no ha profundizado en ninguno de los catorce puntos, ni siquiera los ha citado, no seré yo quien corrija esta disfunción glosando lo que ella pretendidamente tendría que haber hecho y por las razones que fuera ha considerado conveniente no hacerlo.


Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría. Silencio, por favor.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Desde Convergència i Unió nos aproximamos a la moción que el Grupo Parlamentario Popular nos trae hoy

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a debate desde una doble consideración. La primera sería manifestar la coincidencia, la verdad es que no tanto con el discurso que ha transcurrido por otros cauces, pero sí con muchas de las propuestas que se hacen en el texto de la moción. Ustedes recordarán que hace tan solo unos dos meses mi compañero Carles Campuzano formuló una interpelación sobre la adecuación de la política migratoria en la que ya se señalaban muchos de los temas que hoy forman parte del cuerpo del texto que estamos viendo; una nueva realidad social y económica en el marco europeo, la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de adecuar la política de inmigración al conjunto de sentencias del Tribunal Constitucional, la trasposición de un amplio paquete de directivas de la Unión Europea y también la adecuación a la propia realidad del modelo autonómico...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora PIGEM I PALMÉS: ... de Estado del que nos hemos dotado, son temas que ya señalábamos en nuestra interpelación y que, como digo, coinciden con parte del texto que hoy se nos trae a debate. Pero también proponíamos que debían abordarse temas que afectan específicamente a nuestra realidad social actual, como la situación económica que estamos viviendo y que, como no puede ser de otra manera, va a condicionar nuestro enfoque en esta materia, pero también otros temas de no menor importancia, como un enfoque adecuado de la regulación del flujo migratorio que permita abordar la contradictoria o paradójica situación que estamos viviendo de casi 3 millones de personas en situación de desempleo, por un lado, y demandas de las empresas, por otro, que en determinados sectores de actividad y en determinadas zonas de la geografía no se ven satisfechas, como muy bien señalaba al respecto el presidente de la Cecot, don Antoni Abad, en un artículo publicado en La Vanguardia este mismo fin de semana; el impacto que en los servicios públicos esenciales está teniendo el fuerte aumento de población de los últimos años, especialmente en los ayuntamientos; la orientación de las políticas de integración social, fundamentalmente el trabajo, pero también otras... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Pigem. Por favor, les rogaría que tengan la bondad, por cortesía con la oradora, de guardar unos minutos de silencio; faltan dos minutos y cincuenta y cinco segundos para acabar el examen de los asuntos del orden del día.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Decía que, entre otros temas, se tenía que abordar también la ampliación del plazo de retención o la modificación de la reagrupación de ascendientes. La coincidencia de criterios con parte del texto sería, pues, una primera consideración.


La segunda es la determinación del marco en donde hacer el debate de estos planteamientos. El pasado 17 de septiembre, como consecuencia de la interpelación de mi grupo que he venido glosando, se aprobó una moción cuyo contenido se recoge literalmente en la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y que circunscribe el debate de las cuestiones que estamos tratando a la tramitación de una ley de reforma de la Ley de Extranjería. Entendemos que este y no otro debe ser el marco. Un proyecto de ley que además, según ha anunciado el ministro hace unos días, es ya inminente. Creemos, pues, que lo razonable es esperar a que entre en el Congreso y en su tramitación abordar el debate de las cuestiones que tenemos encima de la mesa en toda su amplitud. Un debate que a nuestro entender haríamos bien en afrontarlo con una clara voluntad de llegar a amplios consensos de fondo entre todas las fuerzas políticas -y, especialmente, entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular-, porque la inmigración es claramente un tema transversal que afecta al conjunto de la sociedad, que afecta al conjunto de las administraciones públicas y que exige consensos para poder desarrollarse con éxito. Parte de los problemas que tenemos hoy en materia migratoria son responsabilidad de gobiernos de distinto signo. Todos hemos tenido aciertos y todos hemos cometido errores. En la inminente tramitación de la reforma de la ley tenemos la oportunidad no solo de adecuar la regulación a la realidad que la experiencia nos dicta, sino también de hacerlo por acuerdo, para que la inmigración siga siendo, con todos los retos que plantea, un fenómeno positivo, y creemos que lo será, pero siempre y cuando sepamos hacer las cosas razonablemente bien.
Nos gustaría que la enmienda de sustitución se aceptara, ya que en definitiva no plantea más que el marco en donde realizar el debate que ustedes proponen. En este caso anuncio, como no puede ser de otra manera, nuestro voto positivo. En caso de no ser así, espero que comprendan que no vamos a poder votar en contra de nuestra propia moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Pregunto a la señora Guerra si acepta la enmienda presentada para su votación conjunta con la moción.


La señora GUERRA GUERRA: No, señor presidente. Mi grupo no acepta la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


El señor PRESIDENTE: Hoy se cumplen sesenta años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas promulgara la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los grupos parlamentarios han suscrito

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y redactado un texto que ruego al señor secretario primero que tenga la bondad de leer.


El señor SECRETARIO (Barrero López): Con la venia, presidente.


Hace ahora sesenta años, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como la propia organización de Naciones Unidas reconoce, esta declaración es universal, duradera y dinámica y nos atañe a todas las personas, al conjunto de la ciudadanía y a los poderes públicos. Con este texto, Naciones Unidas pretendía elevar el nivel de vida del conjunto de la humanidad y que sus valores esenciales -la inherente dignidad humana, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la justicia- se apliquen a todas las personas en todo lugar y en todo momento dentro de un concepto más amplio de libertad. A partir de ahí son innumerables los textos internacionales que recogen o concretan los principios de la Declaración Universal de 1948. A ellos se abre nuestro texto constitucional a través de su artículo 10.2, que reconoce que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. La consecución de estos derechos, el progreso social, es asimismo una responsabilidad pública que el artículo 9.2 de nuestra Constitución ejemplifica cuando establece que para que la libertad y la igualdad de cada persona y de los grupos en que esta se integra sean realmente efectivas es obligación de los Estados promover las condiciones y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. En este año 2008, la responsabilidad colectiva en la defensa de los derechos consagrados en la declaración debe reafirmarse. Somos conscientes de que esta declaración no se cumple en amplias zonas de la Tierra. Son muchos los países en los que se desprecia o vulnera su contenido, privando a sus habitantes de estos derechos básicos y, por tanto, de sus legítimas aspiraciones a la libertad, la dignidad y la igualdad. La pena de muerte sigue vigente en muchos Estados, en otros tantos se sigue practicando la tortura y en muchos países no se respetan las libertades de reunión, asociación y expresión, y muchos hombres y mujeres sufren encarcelamiento y persecución por estas causas. Además, el terrorismo sigue constituyendo una amenaza para la libertad y el respeto de los derechos humanos, contra el que debemos luchar con la máxima unidad y contundencia. En España seguimos sufriendo atentados terroristas al principal de los derechos humanos: el derecho a la vida. En otro orden de cosas, son muchos los Estados que no garantizan unos niveles mínimos de educación, asistencia sanitaria, servicios sociales o vivienda para sus ciudadanos. Especial preocupación causa la situación de discriminación de las mujeres en muchos países en los que sus derechos más básicos en ocasiones ni siquiera son reconocidos por el ordenamiento jurídico. A mitad de camino de las metas marcadas por los objetivos de desarrollo del Milenio, la lucha contra la pobreza y la exclusión, por el desarrollo humano y sostenible, debe unir a todo el mundo con lazos de solidaridad y de voluntad colectiva.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados de España, representante de la soberanía popular, reconoce públicamente la tarea de todas aquellas personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, que siguen luchando día a día para hacer realidad los grandes objetivos de esta declaración y reitera su compromiso con la letra y el espíritu de la Declaración de Derechos Humanos en el 60º aniversario de su promulgación. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(VOTACIÓN.)

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DEL FONDO PARA LA HOMOGENEIZACIÓN, EL RESCATE SELECTIVO Y LA SUBVENCIÓN DE PEAJES. (Número de expediente 125/000004.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones.


Pasamos a votación el primer punto relativo a la toma en consideración de la proposición de ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 320; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE AMPLIACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD EN LOS CASOS DE NACIMIENTO, ADOPCIÓN O ACOGIDA. (Número de expediente 122/000012.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE REPRUEBA LA ACTUACIÓN DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN EN RELACIÓN AL USO DEL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO PARA LA REMODELACIÓN DE LA NUEVA SALA XX DE NACIONES UNIDAS EN GINEBRA. (Número de expediente 162/000258.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, por la que se reprueba la actuación del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en relación con el uso del Fondo de Ayuda al Desarrollo para la remodelación de la nueva Sala XX de Naciones Unidas en Ginebra.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 136; en contra, 182; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A MEDIDAS A ADOPTAR PARA CONOCER LA FORMACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO ELABORADOS DESDE EL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR FINAL. (Número de expediente 162/000251.)

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas a adoptar para conocer la formación de precios de productos alimenticios no elaborados desde el productor al consumidor final. Esta proposición no de ley se pasa votación en los términos de la enmienda transaccional presentada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL DESARROLLO REGLAMENTARIO QUE EL GOBIERNO SE PROPONE LLEVAR A CABO CON RELACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR DE LAS ESCOPETAS DE CAZA Y TIRO DEPORTIVO Y SUS MUNICIONES. (Número de expediente 173/000039.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el desarrollo reglamentario que el Gobierno se propone llevar a cabo con relación al comercio exterior de las escopetas de caza y tiro deportivo y sus municiones. Esta moción se pasa a votación en los términos de la enmienda transaccional presentada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 317, en contra, dos; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LAS MEDIDAS URGENTES QUE PIENSA DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA TRASLADAR A LOS SECTORES PRODUCTIVOS LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA GARANTIZAR SU ACTIVIDAD.
(Número de expediente 173/000040.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las medidas urgentes que piensa desarrollar el Gobierno para trasladar a los sectores productivos la liquidez necesaria para garantizar su actividad. Esta moción incorpora la enmienda socialista que ha sido aceptada por el proponente de la moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 179; en contra, seis; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DEL EJECUTIVO. (Número de expediente 173/000041.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política de

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inmigración del Ejecutivo. Esta moción se pasa a votación en los términos en que ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 139; en contra, 181; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.


Eran las nueve y veinte minutos de la noche.

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