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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 40, de 28/10/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2008 IX Legislatura Núm. 40
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 37 celebrada el martes 28 de octubre de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Modificación del orden del día... (Página 7)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de supresión del impuesto sobre el patrimonio. (Número de expediente 122/000009.)...
(Página 7)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de movilidad sostenible. (Número de expediente 122/000041.)... (Página 15)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la financiación de la sanidad. (Número de expediente 162/000218.)...
(Página 23)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, respecto a la cumbre iberoamericana en El Salvador. (Número de expediente 162/000077.)... (Página 27)

Página 2


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal y así lograr un reparto más equitativo de las cargas fiscales entre contribuyentes. (Número de expediente 173/000030.)... (Página 30)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las intenciones que abriga el Gobierno de cara a continuar con el proceso de deslocalización de organismos reguladores del Estado y la hipotética ubicación en Euskadi de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). (Número de expediente 173/000031.)... (Página 35)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica del Gobierno para paliar los efectos de la crisis financiera internacional en la economía real española. (Número de expediente 173/000032.)... (Página 38)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.)... (Página 43)

Proposiciones no de ley. (Votación.)... (Página 43)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 44)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.):

- Acuerdo Marco de Cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Malí, hecho en Madrid el 23 de enero de 2007.
(Número de expediente 110/000003.)... (Página 44)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guatemala sobre reciprocidad en el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y consulares, hecho en Madrid el 15 de octubre de 2007. (Número de expediente 110/000004.)...
(Página 44)

- Protocolo de modificación del Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre actividades de los Centros Culturales, de 15 de noviembre de 2001, hecho en Moscú el 24 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000005.)... (Página 45)

- Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, hecho en Punta del Este el 13 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000006.)... (Página 45)

- Modificaciones a los artículos 1, 4 a 7, 9, 14 y 22 de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y al último párrafo de las Reglas de Financiación anejas (Dakar, 2 de diciembre de 2005). (Número de expediente 110/000007.)... (Página 45)

- Acuerdo por el cual el Gobierno del Reino de Marruecos pone a disposición del Gobierno del Reino de España un terreno para la construcción y la administración de un nuevo colegio español en Rabat, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007. (Número de expediente 110/000008.)... (Página 45)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil sobre el libre ejercicio de actividades económicas remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 17 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000009.)... (Página 45)

- Declaración de ciertos gobiernos europeos en relación con la fase de explotación de los Lanzadores Ariane, Vega y Soyuz desde el Centro Espacial de la Guayana, hecho en París el 30 de marzo de 2007. (Número de expediente 110/000010.)... (Página 45)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Córdoba el 15 de febrero de 2008. (Número de expediente 110/000011.)... (Página 45)

Página 3


- Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil relativo al establecimiento y funcionamiento de Centros Culturales, hecho "ad referendum" en Madrid el 17 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000012.)... (Página 45)

- Convenio entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Sarajevo el 5 de febrero de 2008. (Número de expediente 110/000013.)... (Página 45)

- Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra parte, hecho en Bruselas el 25 de abril de 2007 y Washington el 30 de abril de 2007. (Número de expediente 110/000014.)... (Página 45)

- Canje de cartas entre España y las Naciones Unidas para la celebración de la conferencia sobre envejecimiento de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), hecho en Ginebra los días 2 y 5 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000015.)... (Página 45)

- Convenio de cooperación en materia de adopción entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam, hecho en Hanoi el 5 de diciembre de 2007. (Número de expediente 110/000016.)... (Página 45)

- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas hecho en Singapur el 27 de marzo de 2006, junto con la Reserva a formular por España. (Número de expediente 110/000017.)... (Página 45)

- Convenio entre el Reino de España y la República de Moldavia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Chisinau el 8 de octubre de 2007. (Número de expediente 110/000018.)... (Página 46)

- Acuerdo de cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Helsinki el 9 de septiembre de 2006. (Número de expediente 110/000019.)... (Página 46)

- Convenio marco de cooperación entre el Reino de España y la República Democrática del Congo, hecho en Kinshasa el 28 de enero de 2008. (Número de expediente 110/000020.)... (Página 46)

- Acuerdo entre el Reino de España y la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2007. (Número de expediente 110/000021.)... (Página 46)

- Canje de cartas de fechas 22 de noviembre y 5 de diciembre de 2007 entre el Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) relativo a la celebración de la 15.ª reunión ordinaria entre las partes contratantes del Convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo y sus protocolos. (Número de expediente 110/000022.)... (Página 46)

- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos, hecho en Abu-Dhabi el 25 de mayo de 2008. (Número de expediente 110/000023.)... (Página 46)

- Cconvenio entre el Reino de España y el Estado de Kuwait para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Kuwait el 26 de mayo de 2008. (Número de expediente 110/000024.)... (Página 46)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Senegal para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho "ad referéndum" en Dakar el 22 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000025.)...
(Página 46)

- Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República de Timor Oriental, hecho en Madrid el 20 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000026.)... (Página 46)

- Convenio entre los gobiernos del Reino de España y de la República de Senegal sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho "ad referéndum" en Dakar el 5 de diciembre de 2006. (Número de expediente 110/000027.)... (Página 46)

Página 4


- Acuerdo de sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola Internacional, hecho en Madrid el 20 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000028.)... (Página 46)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania sobre cooperación en la detección, investigación y prevención del delito, hecho en Madrid el 3 de diciembre de 2007. (Número de expediente 110/000029.)... (Página 46)

- Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Bahrein para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 22 de mayo de 2008. (Número de expediente 110/000030.)... (Página 46)

- Acuerdo para la protección de materias clasificadas entre el Reino de España y la República Portuguesa, hecho en Madrid el 10 de enero de 2008.
(Número de expediente 110/000031.)... (Página 46)

- Tratado entre el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos y la República Portuguesa por el que se crea la Fuerza de Gendarmería Europea (Eurogendfor), hecho en Velsen el 18 de octubre de 2007. (Número de expediente 110/000032.)...
(Página 46)

- Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea relativo a las reclamaciones presentadas por un Estado miembro contra otro Estado miembro por daños causados a los bienes del Estado utilizados o manejados por el primero, o por lesiones o muerte sufridas por miembros del personal militar o civil de sus fuerzas, en el contexto de una operación de la Unión Europea de gestión de crisis, firmado en Bruselas el 28 de abril de 2004. (Número de expediente 110/000033.)... (Página 47)

- Enmienda al Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Cavtat (Croacia) el 4 de junio de 2004. (Número de expediente 110/000034.)... (Página 47)

- Convenio entre el Reino de España y Jamaica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Kingston el 8 de julio de 2008. (Número de expediente 110/000035.)... (Página 47)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil relativo a la seguridad de la información clasificada, hecho en Madrid el 17 de septiembre de 2007. (Número de expediente 110/000036.)... (Página 47)

- Canje de cartas hecho en Nueva York los días 8 de enero y 8 de febrero de 2008, entre el Reino de España y las Naciones Unidas para el Acuerdo de sede de la reunión informal preparatoria de la 7.ª Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas. (Número de expediente 110/000037.)... (Página 47)

- Canje de cartas entre el Reino de España y las Naciones Unidas para la celebración de la reunión de un grupo de expertos titulada "Haciéndolo funcionar: La participación de la sociedad civil en la aplicación de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad", hecho en Nueva York los días 15 y 23 de noviembre de 2007. (Número de expediente 110/000038.)... (Página 47)

- Acuerdo marco de cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Níger, hecho en Niamey el 10 de mayo de 2008.
(Número de expediente 110/000039.)... (Página 47)

- Acuerdo sobre el intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y los Países Bajos en nombre de las Antillas Holandesas, hecho en Madrid el 10 de junio de 2008. (Número de expediente 110/000040.)... (Página 48)

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SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Modificación del orden del día... (Página 7)

La Presidencia pregunta a la Cámara si acepta la modificación del orden del día propuesta en la Junta de Portavoces, pues al haberse retirado la enmienda a la totalidad del proyecto de ley relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, hoy se examinaría y votaría el punto VI correspondiente a convenios internacionales, con lo cual el jueves no habría sesión, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página 7)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de supresión del impuesto sobre el patrimonio... (Página 7)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno en contra interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Replica el señor Sánchez i Llibre y rectifica el señor Llamazares Trigo.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tomé Muguruza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Colldeforns i Sol, del Grupo Parlamentario Socialista.


Interviene el señor Sánchez i Llibre para manifestar que a la vista de lo expuesto por la portavoz socialista su grupo retira la proposición de ley.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de movilidad sostenible... (Página 15)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Santa Ana Fernández y el señor Morán Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley... (Página 23)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la financiación de la sanidad... (Página 23)

Defiende la proposición no de ley la señora Báñez García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; las señoras Tarruella Tomás, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Blanco Terán, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Báñez García.


Del Grupo Parlamentario Socialista, respecto a la cumbre iberoamericana en El Salvador... (Página 27)

Defiende la proposición no de ley el señor Pedret i Grenzner, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-

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Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y De Arístegui San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 30)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal y así lograr un reparto más equitativo de las cargas fiscales entre contribuyentes... (Página 30)

Defiende la moción el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto y Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Alique López, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Ridao i Martín.


Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las intenciones que abriga el Gobierno de cara a continuar con el proceso de deslocalización de organismos reguladores del Estado y la hipotética ubicación en Euskadi de la Comisión Nacional de la Energía (CNE)... (Página 35)

En defensa de la moción interviene el señor Beloki Guerra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica del Gobierno para paliar los efectos de la crisis financiera internacional en la economía real española... (Página 38)

En defensa de la moción interviene el señor Montoro Romero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.)... (Página 43)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de movilidad sostenible, se rechaza por 9 votos a favor, 318 en contra y una abstención.


Proposiciones no de ley. (Votación.)... (Página 43)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la financiación de la sanidad, se rechaza por 151 votos a favor, 171 en contra y seis abstenciones.


Sometida a votación la enmienda transaccional propuesta por todos los grupos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, respecto a la cumbre iberoamericana en El Salvador, se aprueba por 327 votos a favor y uno en contra.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 44)

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Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal y así lograr un reparto más equitativo de las cargas fiscales entre contribuyentes, con la aceptación de una enmienda del Grupo Socialista y la enmienda transaccional aceptada por unanimidad de la Cámara, se aprueba por 188 votos a favor, uno en contra y 139 abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las intenciones que abriga el Gobierno de cara a continuar con el proceso de deslocalización de organismos reguladores del Estado y la hipotética ubicación en Euskadi de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), se rechaza por 24 votos a favor, 303 en contra y una abstención.


Sometida a votación la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica del Gobierno para paliar los efectos de la crisis financiera internacional en la economía real española, se aprueba por 325 votos a favor, dos en contra y una abstención.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.)... (Página 44)

Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, se aprueban por asentimiento.


Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS

- PROYECTO DE LEY RELATIVA AL DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DEL AUTOR DE UNA OBRA DE ARTE ORIGINAL. (Número de expediente 121/000006.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión.


Pregunto a la Cámara si acepta la modificación del orden del día propuesta en la Junta de Portavoces y por ella aceptada en el sentido de que, al haberse retirado la enmienda a la totalidad del proyecto de ley relativa al derecho de participación en beneficio del autor en una obra de arte original, hoy examinaríamos y votaríamos el punto correspondiente a convenios internacionales, con lo cual el jueves no tendríamos sesión.
¿Se acepta la modificación del orden del día? (Asentimiento.) Se acepta.


Antes de dar comienzo al examen del primer punto del orden del día, quisiera saludar al presidente de la Comisión de Trabajo del Bundestag así como a las diputadas y diputados que le acompañan. Sean bienvenidos y gracias por su presencia. (Aplausos.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÒ), DE SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. (Número de expediente 122/000009.)

El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de supresión del impuesto sobre el patrimonio.


Para defender la proposición tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado ante esta Cámara una proposición de ley que va en la dirección de la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Es cierto que hay otra iniciativa parlamentaria presentada por el Gobierno en la misma dirección, que ya está en trámite de debate en comisión. Hoy hemos presentado esta iniciativa ya que este es un planteamiento que viene de muchos años atrás, concretamente desde el año 1989. Nuestro grupo parlamentario ha planteado reiteradamente en esta legislatura y en las diferentes campañas electorales la posibilidad de suprimir el impuesto sobre el patrimonio. Es cierto que en el año 1993 gobernaba en España el Partido Socialista Obrero Español con una minoría parlamentaria y no es menos cierto que a instancia de Convergència i Unió ya en aquella época hubo un planteamiento de nuestro grupo parlamentario que iba en la dirección de poder bonificar en el pago del impuesto sobre el patrimonio todos aquellos patrimonios afectos a la actividad empresarial. En el año 1996 conseguimos un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista para que todos los patrimonios afectos a las actividades empresariales estuvieran

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exentos del pago de dicho impuesto, pero quedó encima de la mesa otra propuesta de Convergència i Unió que iba en la dirección -yo diría que todavía más justa- de que todos aquellos patrimonios que afectaban a las personas físicas del Estado español tuvieran el mismo trato, yo diría que justo, ya que si estaban exentos del pago del impuesto sobre el patrimonio todos aquellos patrimonios afectos a la actividad empresarial por qué no podían estar también exentos del pago de dicho impuesto todos los patrimonios en poder de las personas físicas sujetas al pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas.


Al retrotraernos a la posición histórica del impuesto sobre el patrimonio en nuestro país, uno llega a la conclusión de que este impuesto fue establecido en el año 1977, en plena época de transición de la política española, como un impuesto excepcional y transitorio sobre el patrimonio de todas las personas físicas como tributo directo de naturaleza personal que se exigía en todo el territorio español, pero en su exposición de motivos fijaba que era un impuesto que tenía que estar en vigor exclusivamente el año 1977. La historia la conocen perfectamente. De ser un impuesto de carácter excepcional y transitorio ha pasado a durar alrededor de 32 años. Las tesis de Convergència i Unió en esta Cámara y en las diferentes campañas electorales han sido que este era un impuesto injusto, un impuesto confiscatorio porque gravaba a las capas medias españolas dificultándoles el ahorro. Al mismo tiempo entendíamos que, conjuntamente, las declaraciones de renta y patrimonio en algunos casos suponían una fiscalidad que en determinadas rentas llegaba a alcanzar el 70 por ciento de la base imponible de aquellas personas que estaban sujetas al impuesto sobre el patrimonio y al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Finalmente, los reiterados planteamientos de nuestro grupo fueron coincidentes con los planteamientos de diferentes grupos de la Cámara en la pasada legislatura, y justamente a instancias de nuestro portavoz Duran i Lleida, que en una pregunta oral al presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, instaba a proceder a la suspensión de dicho impuesto, se dio una respuesta yo diría que contundente por parte del Presidente del Gobierno en el sentido de que probablemente a principios de esta legislatura, o sea a principios del año 2009, el impuesto sobre el patrimonio sería un impuesto que tendería a la supresión. Este momento ha llegado, ha coincidido nuestra iniciativa con una iniciativa del Gobierno y por este motivo nosotros volvemos a plantear en esta Cámara un hecho que ya parece perfectamente asumido por el Gobierno en el sentido de que ya ha presentado ante esta Cámara, para que se pueda debatir en Comisión, la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Esto es, repito, coincidente con los planteamientos que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha venido manteniendo a lo largo de estos últimos años, que era un impuesto injusto, un impuesto confiscatorio y, sobre todo, que gravaba a una determinada capa social, la clase media española, que con esos planteamientos podían llegar a tributar un 70 por ciento de la base imponible de sus obligaciones fiscales a lo largo de estos últimos 30 años. Por tanto, era un impuesto que en su origen se estableció con carácter excepcional y transitorio y que en su origen tenía un carácter censal, que nosotros entendemos que se ha perdido a favor de una sobretributación y confiscatoriedad de todas las rentas españolas. También era un impuesto que gravaba el ahorro cuando las políticas públicas se dirigen a estimular el ahorro de los ciudadanos. Finalmente pensamos que el contexto en el que se creó el impuesto sobre el patrimonio ha cambiado profundamente sin que el mismo se haya adaptado a las nuevas circunstancias fiscales y a las diferentes reformas que se han sucedido a lo largo de estos últimos años y que, a diferencia de lo que ha sucedido en la mayoría de países europeos, donde prácticamente ha desaparecido esta figura impositiva, en España en estos últimos años era un impuesto que iba martilleando a unas determinadas clases medias españolas, imposibilitándolas generar un ahorro que en muchísimas ocasiones iba dirigido a incrementar la inversión.


También hay otro aspecto importante que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) querría reiterar en esta Cámara. Este es un impuesto que, como todas SS.SS. saben, está cedido a las comunidades autónomas, que tienen capacidad normativa sobre dicho impuesto, que representa hasta la fecha unos ingresos importantísimos. Solamente les diré a SS.SS. que en los últimos veinte años la recaudación de este impuesto se ha incrementado en un 900 por ciento. La recaudación de estos últimos años por el impuesto sobre el patrimonio se ha incrementado un 900 por ciento. Por ejemplo, en el año 1986 la recaudación del impuesto sobre el patrimonio en España era de 125 millones de euros y en el año 2006 era de alrededor de 1.140 millones, repito, un incremento del 900 por ciento. Si esto lo aplicamos a los diferentes ingresos que por este impuesto recaudan las diferentes comunidades autónomas, vale la pena clarificar y que ustedes tengan en cuenta que en Madrid este impuesto representa una recaudación de 412 millones de euros; en Cataluña, unos 362 millones de euros; en Valencia, unos 147 millones de euros, y en Andalucía representa una recaudación de 122 millones de euros.


En este trámite parlamentario de toma en consideración -finalmente les diré cuál será la posición de Convergència i Unió- también les comunico a SS.SS. que mi grupo ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley del Gobierno que señalan que, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, el Gobierno del Estado tiene la obligación de compensar las recaudaciones tributarias de las diferentes administraciones autonómicas con unos ingresos adicionales para que todas estas comunidades autónomas que hasta la fecha tenían este impuesto cedido al cien por cien no pierdan estos ingresos fiscales al desaparecer este impuesto. Por lo tanto, no es un hecho menos relevante sino que desde el punto de vista de Convergència i Unió es un hecho

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muy importante que exista un compromiso por parte del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno de aplicar esta lealtad institucional, de acuerdo con lo previsto en la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, según la cual ha de procederse inmediatamente a la compensación de la pérdida de recaudación que la modificación legislativa suponga para estas administraciones, cuando exista una supresión de algún impuesto cedido a las comunidades autónomas, como ocurre con el impuesto sobre el patrimonio. Este es un compromiso fundamental. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a esperar a oír cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Si en el trámite parlamentario de esta ley se va a compensar la pérdida de ingresos al resto de las comunidades autónomas, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, lógicamente nosotros no pondríamos encima de la mesa la votación de esta proposición de ley de Convergència i Unió porque la entenderíamos perfectamente subsumida en el trámite parlamentario que se va a desarrollar en las próximas semanas.


También vamos a escuchar atentamente la posición del resto de grupos parlamentarios que configuran la Cámara, si todos están de acuerdo en que realmente se pueda poner en marcha este principio de lealtad institucional y si todos estamos de acuerdo en que las diferentes comunidades autónomas que hasta la fecha tenían estos ingresos van a ser compensadas por parte del Gobierno del Estado. Al mismo tiempo nos gustaría saber si el resto de enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario al proyecto de ley de supresión del impuesto sobre el patrimonio -una de las cuales va orientada a poder restituir y compensar esta reducción de ingresos que van a experimentar las comunidades autónomas en los próximos ejercicios-, así como algunos de los aspectos fundamentales que hemos implementado en esta tramitación, como son cuestiones que afectarán a reducir los costes fiscales para incrementar la actividad de la economía productiva u otros aspectos dirigidos a beneficiar operaciones societarias que se puedan configurar en el futuro económico español, van a ser tratadas con la sensibilidad que en muchos casos se ha podido apreciar en el Grupo Socialista. Por lo tanto, repito, señor presidente, en el caso de que, una vez oído el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, su posición vaya en la misma dirección que las indicaciones que este grupo parlamentario ha planteado en su exposición, nosotros no someteríamos a votación nuestra iniciativa parlamentaria porque la consideraríamos perfectamente subsumida en el trámite parlamentario que se desarrollará en la Comisión.


Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Me comunican que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds desea utilizar el turno en contra.
Tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, se encuentran en tramitación en la Cámara un proyecto de ley que suprime el gravamen del impuesto sobre el patrimonio y en estos momentos esta iniciativa que hoy se presenta por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Esta iniciativa que se somete a consideración, a efectos prácticos es la misma voluntad: suprimir un impuesto, el impuesto de la modernidad que nos ha traído casi desde el siglo XIX al siglo XX y al siglo XXI, pero, eso sí, con la intención de dejar claro que la pérdida de recursos de esta supresión suponga una compensación equivalente para las comunidades autónomas. Este nuevo recorte de impuestos con el que nos amenazan tanto Convergència i Unió como el Gobierno, esta nueva transferencia de rentas desde el sector público al privado, es más improcedente si cabe cuando hoy el debate sobre la financiación autonómica cobra gran importancia y en el actual contexto de crisis. Todas las administraciones consideran insuficientes los recursos públicos disponibles y el impuesto sobre el patrimonio, impuesto cedido a las comunidades autónomas, debería seguir siendo una figura impositiva clave para la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. No se entiende muy bien cómo el Gobierno puede reclamar al resto de las administraciones mayor corresponsabilidad fiscal para financiar importantes políticas de gasto, como la sanidad, la educación u otras, recortando al mismo tiempo tributos tan importantes como el impuesto sobre el patrimonio. Quiero recordar el debate entre Paul Krugman y el actual presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a favor de la supresión del patrimonio, el actual premio Nobel de economía, Paul Krugman, en contra por considerarlo un atentado a la modernidad y una afrenta a los tributos de los norteamericanos. Debería preocuparnos que los tributos directos, aquellos que tienen carácter progresivo, o bien se encuentran en permanente revisión con reformas regresivas como las que hemos vivido en los últimos gobiernos, como es el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas, o directamente podríamos decir que se sitúan como especies amenazadas en peligro de extinción: impuesto sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones. Esta situación supone una limitación a la expansión del gasto social en dosis suficientes como para cerrar la enorme brecha, cerca de siete puntos, más de 70.000 millones de euros, que nos separan en gasto social de la Unión Europea y también una mayor presencia de los impuestos indirectos haciendo más regresivo, más injusto nuestro sistema fiscal. La desaparición del impuesto sobre el patrimonio supondría renunciar a más de 1.800 millones de euros al año. Con esta

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cantidad, por ejemplo, se podría generalizar la implantación de la red pública de escuelas infantiles para potenciar la conciliación entre la vida laboral y familiar.


El impuesto sobre el patrimonio es al mismo tiempo una pieza clave en el sistema fiscal, que se considera asimismo mínimamente equitativo. Es un tributo complementario del impuesto sobre la renta de las personas físicas porque desvela aspectos de la capacidad de pago del contribuyente que un impuesto sobre la renta no capta en su totalidad. El impuesto sobre la renta afecta a las rentas; el del patrimonio afecta a la riqueza, a la renta acumulada. Pensemos, por ejemplo, en la existencia de determinados bienes de lujo o improductivos que no generan ingresos y que, por tanto, no serían nunca gravados en un impuesto sobre la renta.
Esta es la verdadera finalidad del tributo, más allá de que pueda utilizarse al mismo tiempo como un instrumento fiscal o un instrumento censal o de control. Una de las finalidades del Estado social es, señoría, remover los obstáculos que cuestionan la igualdad, la igualdad efectiva entre los ciudadanos y, como es bien sabido, la economía de mercado, nuestra economía, y sobre todo en su fase financiera, propicia la acumulación de capital de tal forma que las diferencias son cada vez mayores. En los Estados Unidos de un abanico de uno a 40 hemos pasado a un abanico de uno a 400 en la relación entre asalariados y empresarios.
En nuestro país la evolución ha sido diferente pero también ha sido hacia la disparidad de renta; disparidad de renta y desigualdad más pronunciada. Si cuestionamos la progresividad del sistema fiscal, si no contamos con sólidos tributos sobre la renta y la riqueza, esa disparidad de renta continuará y se acrecentará.


¿Cuáles son los argumentos o las falacias para justificar su desaparición? Se nos dice que el impuesto sobre el patrimonio constituye una doble imposición, al aplicarse sobre bienes y rentas que ya han sido gravados por otros impuestos con anterioridad, por ejemplo, con respecto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al ser el patrimonio rentas acumuladas. Pero este argumento también puede aplicarse a tributos indirectos, como el IVA y los tributos especiales, porque los recursos que se gastan y gravan han sido antes rentas y también gravadas como tales, como rentas. Utilizar este argumento nos podría conducir a la conclusión de que solamente puede existir un único impuesto, o un impuesto directo o uno indirecto. Además, se nos dice que agobia a las clases medias, mentira doblemente. El impuesto sobre el patrimonio no agobia a las clases medias porque en su configuración actual la mayoría de los contribuyentes obligados a tributar declaran cantidades modestas, pero son los que tienen un patrimonio elevado los que en mayor proporción sostienen la recaudación. Así, el 6,5 por ciento de los declarantes -unas 60.000 personas que tienen patrimonios superiores a 1,5 millones de euros- aportan el 61 por ciento de la recaudación. ¡Viva la clase media de 1,5 millones de euros de patrimonio! Quienes realmente pagan el impuesto no son las clases medias pues, sino los más ricos, aunque evadan estos impuestos a través de otras figuras, como la Sicav. Se nos ha llegado a decir que no pasa nada por eliminar el impuesto sobre el patrimonio, porque de facto son los más ricos los que lo evaden, los que no lo tributan. No volveré sobre la demostración anterior, pero muchos de los contribuyentes de patrimonios más elevados es verdad que eluden el impuesto montando sociedades para tributar a un tipo proporcional mucho menor; es decir, que se admite que los patrimonios elevados eluden la progresividad impositiva formando empresas, sociedades patrimoniales, de inversión inmobiliaria o de capital variable, las famosas Sicav. Por tanto, se renuncia a tomar medidas adecuadas para fiscalizar como corresponde estas operaciones. La respuesta es, muy al contrario, recortar o eliminar los tributos directos y progresivos; no perseguir el fraude, sino legalizar el fraude.


Se nos dice que en el ámbito europeo pocos Estados miembros lo mantienen en vigor y es verdad, pero los elementos negativos del espacio europeo no deberían ser los referentes para nuestro país. Aspiremos, señorías, a converger en otras cuestiones. El hecho de que cada vez sean más las rentas del trabajo las que soportan los sistemas fiscales mientras se minora la tributación de las ganancias patrimoniales o del capital no nos parece un objetivo deseable, y sí, por ejemplo, gastar lo mismo que otros países europeos en gasto social, en infraestructuras, en educación o en otras políticas de bienestar.


Para los que creemos -y termino- que es preciso mejorar la cohesión social en nuestro país, es imprescindible obtener ingresos públicos suficientes y asegurar que, cuanto mayor sea la capacidad económica de un contribuyente, mayor sea el porcentaje que aporte de su renta o de su patrimonio al sostenimiento de la sociedad, al sostenimiento del gasto público. Si queremos avanzar en la convergencia social con la Unión Europea, mejorar nuestra sanidad o nuestra educación pública, asegurar recursos suficientes para el desarrollo de la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad, universalizar la educación pública infantil para los menores de 3 años, reforzar las políticas de integración de los inmigrantes o promocionar parques públicos de vivienda, vamos a necesitar, para todo esto, recursos suficientes que han de obtenerse con justicia y con equidad. Suprimiendo el impuesto sobre el patrimonio, caminamos en sentido contrario.


Señorías, estas son las razones de mi grupo para votar en contra de esta iniciativa y de la iniciativa del Gobierno de suprimir el impuesto sobre el patrimonio. En esta materia estamos más de acuerdo con los demócratas americanos que con los republicanos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Señor Sánchez i Llibre, ¿desea utilizar su turno de réplica? (Asentimiento.)

Tiene la palabra.


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El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente. Solamente a efectos de clarificar algunos de los planteamientos que ha hecho el señor Llamazares.


Quiero manifestarle desde esta tribuna, señor Llamazares, que el impuesto sobre el patrimonio solamente existe en tres países del mundo y en Norteamérica no existe el impuesto sobre el patrimonio; es un asunto importante que usted tiene que saber y considerar y no puede decir en esta Cámara, de la manera en que lo ha hecho, que en Norteamérica existen determinados impuestos sobre el patrimonio. Existe el impuesto sobre el patrimonio en Suiza, que es un país de los denominados paraísos fiscales, en lo que no voy a entrar; existe un impuesto sobre el patrimonio, sobre las grandes fortunas, que solamente está en vigor en Francia y existe el impuesto sobre el patrimonio en otro país, que es el Reino de España. Por este motivo, dada la configuración fiscal del tipo impositivo que tenemos en nuestro país, dada la evolución de las diferentes reformas que se han planteado, el impuesto sobre el patrimonio, que era un impuesto extraordinario, coyuntural y transitorio, ha evolucionado en la dirección contraria a la que había planteado el legislador y en lugar de evolucionar hacia una recaudación justa dirigida a unos objetivos sociales sobre los que podemos incluso llegar a la misma conclusión que ha planteado el señor Llamazares, ha ido en la dirección de confiscar la renta de las personas físicas con un tipo impositivo que está muy por encima del resto de los países de la Unión Europea donde, a lo largo de estos últimos años, ha desaparecido, ha ido en la misma dirección que se plantea en nuestro país con veinte o treinta años de retraso. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

También quisiera decirle al señor Llamazares que de su intervención uno podría llegar a la conclusión de que en España existen defraudadores fiscales por plantear sus declaraciones patrimoniales en la dirección que usted ha dicho. Me gustaría que el señor Llamazares pudiera rectificar o precisar en el turno de réplica sus manifestaciones y sus expresiones porque entiendo que algunos contribuyentes españoles podían verse lesionados en relación con sus diferentes rentas fiscales, ya que usted les ha atribuido unas calificaciones que no compartimos; nos gustaría una rectificación por parte del señor Llamazares. Si en España ha existido o existe alguna posibilidad fiscal de que determinados patrimonios afectos a la actividad empresarial estén exentos, no se les puede decir a estos contribuyentes que están evadiendo impuestos o que están, incluso, defraudando las actuaciones fiscales que están vigentes en nuestro país.


Nada más que decir, señor presidente. A través de mi exposición me ha gustado precisar cuál era el contexto en el que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) planteaba la supresión del impuesto sobre el patrimonio.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Señor Llamazares, ¿desea utilizar su turno de rectificaciones? (Asentimiento.) Perfecto, tiene usted un turno de cinco minutos.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Seré breve, señora presidenta y voy a ser políticamente correcto. Lo he sido antes, pero lo seré en mayor medida en estos momentos. Se me han pedido aclaraciones y las haré.


En primer lugar, es bueno precisar que el debate que se establece en Estados Unidos entre la Administración republicana y el actual premio Nobel no es solamente sobre el impuesto del patrimonio, se habla de impuesto sobre el patrimonio y de impuesto de sucesiones, es decir, de aquellos que gravan la riqueza acumulada. Dice Paul Krugman: No vale únicamente el impuesto sobre la renta, que solo grava las rentas, es necesario que haya impuestos sobre la riqueza acumulada. Y si Convergència i Unió nos propusiera hoy no suprimir el impuesto sino cambiar el impuesto del patrimonio para hacerlo más progresivo, seguramente tendría nuestro apoyo para ese cambio. Y si nos propusiera compensaciones con otros impuestos para mantener al menos una presión fiscal que es cinco puntos inferior a la media de la Unión Europea, probablemente podríamos discutirlo, pero sencillamente Convergència i Unió, al igual que el Gobierno, lo que nos propone únicamente es rebajar impuestos, y nosotros creemos que en las actuales condiciones no hay que rebajar impuestos, pero además, si nos separan de la media de gasto de la Unión Europea 70.000 millones de euros, como dice el señor Navarro, en materia de gasto social, creemos que son lujos que no nos podemos permitir.


Por otra parte, querría matizar una última cuestión y es la relativa a lo que comenté con respecto a las Sicav. Es verdad que se aprobó en esta Cámara una ley que nosotros votamos en contra, no estuvimos de acuerdo, que se podría decir que es un refugio para tributar de manera especial, y por ser políticamente correcto es un refugio para la elusión fiscal; quizás no para el fraude, pero sí para la elusión fiscal por aquello de ser políticamente correcto.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


Pasamos a continuación al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Sánchez i Llibre, voy a ser muy breve, entre otras cosas porque usted acaba de anunciar que no va a someter a votación la proposición de ley que hoy nos presenta. Inicialmente, estaba un poco confusa teniendo en cuenta que en estos momentos está en trámite el proyecto que presentó el Gobierno de supresión

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del impuesto sobre el patrimonio. En ese sentido, he de decirle que no íbamos a apoyar la propuesta por varias razones, pero la fundamental es la propuesta que se hace de derogar la Ley de 1991, porque no sería la primera vez que nuestro grupo político manifiesta su posición en relación con la eliminación de los impuestos directos, sobre todo directos y progresivos, porque entendemos que es necesario hacer una redistribución de la riqueza que permita garantizar ese nivel de bienestar que inicialmente todos preconizamos, ya que evidentemente si no se redistribuye la riqueza adecuadamente, ese bienestar no puede llegar a todas y todos los ciudadanos. De ahí nuestra posición contraria a la eliminación de un impuesto como el de patrimonio, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones y tendremos oportunidad de volver a hacerlo cuando en el debate de la ley que nos propone el Gobierno tengamos que intervenir.


No obstante, lo importante de la propuesta que nos hace Convergència i Unió, el señor Sánchez i Llibre, es que, a diferencia del Gobierno, pone de relieve una cuestión que nosotros ya teníamos en cuenta y que además también forma parte de la razón de nuestro posicionamiento en contra de la eliminación del impuesto, y es que efectivamente la eliminación del mismo, dado que está transferido a las comunidades autónomas y que forma parte importante de su financiación, será un gran perjuicio para dichas comunidades autónomas y su financiación. En la propuesta que usted nos acaba de exponer hoy, señor Sánchez i Llibre, se hace ese reconocimiento en la medida en que usted propone al Gobierno que bilateralmente se acuerde con las comunidades autónomas aquella situación de déficit de financiación que la eliminación del impuesto genera. Por lo tanto, ya queda en evidencia que la eliminación del impuesto genera un perjuicio a las comunidades autónomas y a su financiación. Por eso, nosotros no podemos entender que tanto por parte de un grupo político como del Gobierno, se proponga y elabore el proyecto de ley que elimine un impuesto sin haber resuelto previamente el problema de la financiación y, por tanto, sin haber resuelto la capacidad de financiación que tiene el Estado para transferir a las comunidades autónomas y, en consecuencia, la capacidad que van a tener las comunidades autónomas para la buena gestión que tienen que ofrecer a los y a las ciudadanas.


Señor Sánchez i Llibre, aunque entendemos que puede ser razonable el artículo único que se plantea en esta proposición de ley, lo que no nos parece razonable, siguiendo ese mismo criterio de lo que va a ser gravoso para las comunidades autónomas, es que se derogue la Ley 19/1991. Por cierto, señor Sánchez i Llibre, supongo que usted se habrá dado cuenta de que la propuesta del Gobierno en relación con la supresión del impuesto no hace referencia a la Ley 19/1991. Nosotros entendemos que es precisamente para que no se pueda entrar en el debate de lo que esto va a significar en la financiación autonómica. Por tanto, fijamos nuestra posición de manera sucinta en esta cuestión poniendo de relieve nuestra postura en relación con la eliminación de impuestos directos y progresivos y, por otro lado, en lo que esto significa de gravoso para la financiación de las comunidades autónomas. En su momento, evidentemente, nos posicionaremos en contra de la eliminación de este impuesto.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Voy a intervenir brevemente desde mi escaño, puesto que el portavoz de Convergència i Unió ha indicado la intención de no someter a votación esta iniciativa, con lo cual aprovechamos para fijar de alguna manera nuestra posición, pero sabiendo que no puede ni prosperar ni echarse para atrás.


La proposición de ley que plantea el Grupo de Convergència i Unió coincide, como se ha manifestado aquí, con el proyecto de ley que el Gobierno tiene en tramitación. La proposición de ley de Convergència i Unió habla de abolición -una palabra que creo que es bastante fuerte en cuanto al sistema tributario, parece que se estaba sufriendo mucho con este impuesto para hablar de abolición- y el proyecto de ley que plantea el Gobierno habla de supresión del gravamen. En nuestra opinión y teniendo en cuenta que los territorios forales tienen sus capacidades en materia fiscal, la supresión del gravamen es una figura más adecuada y más respetuosa con nuestro modelo foral. No voy a entrar a dar explicaciones porque creo que en estos momentos no son necesarias. De todas formas, creemos que el debate del impuesto sobre el patrimonio era absolutamente necesario. No creemos que, de un plumazo y sin mayor debate, se pueda suprimir el impuesto sobre el patrimonio, especialmente en un momento económico como el que estamos viviendo. El otro día, en el debate de presupuestos, yo les hablaba del famoso trickle down y la tentación de algunos de generar unas redistribuciones perversas de la renta. Creo que sobre la supresión del impuesto sobre el patrimonio se puede hablar, creo que se puede hablar de eso y de todo, no tenemos que tener prejuicios, pero suprimirlo sin mayor debate me parece un poco precipitado. Ni siquiera los gobiernos del PP lo han hecho en los ocho años que han gobernado, cuando este impuesto lleva en vigor, como ha dicho el señor Sánchez i Llibre, más de treinta. En este momento los ingresos que se derivan de este impuesto, 1.800 millones -1.100 ha dicho el señor Sánchez i Llibre-, sean los que sean, son ingresos importantes y además necesarios, que él mismo ha señalado que han crecido de una manera considerable, incrementándose un 900 por ciento en los últimos años. Por tanto, quisiera trasladar parte de los argumentos que creo que habrá que utilizar también en

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el debate del proyecto de ley de supresión del impuesto sobre el patrimonio. Me parece un poco ilógico que haya sido el Partido Socialista el que haya propuesto la supresión de este impuesto, aunque es verdad que lo hizo en campaña electoral, en una coyuntura económica absolutamente diferente, y ahora de alguna forma están pillados por sus propios compromisos. Creo que hay elementos más que de sobra para el debate, que los plantearemos y los defenderemos en la Comisión y, después, en el Pleno. Como no se va a votar, no voy a fijar la posición.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Tomé.


El señor TOMÉ MUGURUZA: Señora presidenta, señorías, quiero expresar desde el comienzo de mi intervención la posición favorable del Grupo Popular a la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Este es un compromiso con el que el Partido Popular concurrió a las últimas elecciones generales y al que, después de que Mariano Rajoy lo anunciase, se sumaron otras fuerzas políticas como el propio Partido Socialista. Por eso resulta sorprendente para nuestro grupo que a estas alturas todavía tengamos que estar discutiendo esta iniciativa del Grupo de Convergència i Unió.
Recordemos si no algunos hechos que ponen de manifiesto la falta de diligencia del Gobierno a la hora de impulsar las reformas económicas que el momento requiere, incluso aquellas pocas a las que él mismo se ha comprometido.


El 18 de abril de este año el Gobierno anunció a bombo y platillo un plan de medidas de estímulo económico que incluía la supresión del impuesto sobre el patrimonio, la devolución mensual del IVA y otras medidas tributarias. No ha sido, sin embargo, hasta septiembre cuando el proyecto de ley ha entrado efectivamente en la Cámara y todavía hoy no se ha podido reunir la ponencia encargada de estudiar medidas que tienen que entrar en vigor -esa es la voluntad del proyecto- con efectos 1 de enero de 2008. Del tan cacareado plan de estímulo económico, hoy solo se ha materializado el cheque de los cuatrocientos euros para los contribuyentes de mayores ingresos que, con un coste de casi 6.000 millones de euros, ha dilapidado el margen presupuestario disponible para afrontar la crisis económica.


Señorías, el Partido Popular es favorable a la supresión del impuesto sobre el patrimonio tanto por motivos de equidad tributaria como de eficiencia económica. Este es un impuesto que se introdujo -se ha recordado varias veces a lo largo de esta tarde- con carácter extraordinario y provisional en 1977, en unos momentos en los que, después de la aprobación de los Pactos de la Moncloa, se iniciaba por el Gobierno de la Unión del Centro Democrático la modernización de nuestro sistema tributario. Se buscaba entonces un fin fundamentalmente censal y de control que ayudase a la implantación de un sistema moderno de imposición sobre la renta. Este fin con el tiempo ha devenido obsoleto.
Desde entonces es mucho lo que ha avanzado y se ha modernizado nuestra Administración tributaria, la cantidad y complejidad de la información a la que tiene acceso y las prerrogativas y medios para la investigación con los que cuenta para tener que fiar la lucha contra el fraude fiscal a que los defraudadores declaren en el impuesto sobre el patrimonio la materialización de las rentas que han ocultado en el IRPF. La propia tarifa del impuesto -puede alcanzar tipos de gravamen del 2,5- se estableció en un momento en el que los tipos de interés se aproximaban al 20 por ciento y la inflación superaba esa cifra. Si tenemos en cuenta los tipos de interés actuales, los tipos del gravamen deberían ser cinco o seis veces inferiores. La propia exención de 150.000 euros -inicialmente 25 millones de pesetas- para la vivienda habitual está también lejos de los valores actuales de la vivienda. Pero no es solo que el impuesto sobre el patrimonio resulte hoy obsoleto a efectos de control o inadecuado en su escala de gravamen, el impuesto sobre el patrimonio supone un doble gravamen sobre el ahorro de las personas y de las familias que sufren más de 1.300.000 contribuyentes. Es un doble gravamen injusto y discriminatorio desde que en el año 1991 se excluyeron de la base imponible del impuesto los bienes utilizados para el desarrollo de actividades profesionales y empresariales y las participaciones accionariales, incluso minoritarias, que den poder de control y decisión sobre sociedades anónimas, como si el ahorro ya de pequeños, medianos o grandes ahorradores materializado en depósitos bancarios, inmuebles, otras inversiones accionariales o financieras no estuviese contribuyendo a la inversión productiva de las empresas. Se trata de un impuesto que desincentiva el ahorro en unos momentos de crisis económica, grave déficit exterior y en los que la reconstrucción del ahorro interno es fundamental. Ahora mismo, todos los países están compitiendo por la localización de ahorro e inversiones. La práctica totalidad de los países de la OCDE y de la Unión Europea han suprimido el impuesto sobre el patrimonio en los últimos años. Actualmente, solo otros dos países -Francia y Suecia, se ha recordado hoy aquí- gravan el patrimonio en la Unión Europea; los dos con tipos más bajos y en los dos el impuesto está en fase de revisión.


Hasta aquí el Grupo Popular está de acuerdo con la propuesta de Convergència i Unió, como lo está con el proyecto de ley del Gobierno.
Creemos, sin embargo, que la propuesta que hoy debatimos es técnica y políticamente más adecuada que el proyecto del Gobierno en dos aspectos fundamentales, que también se han incluido en las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado al proyecto de ley de supresión del impuesto sobre el patrimonio. Alcanzando un acuerdo en la Cámara favorable sobre estos puntos, podemos contribuir a mejorar y clarificar los términos en los que se va a suprimir el impuesto sobre el patrimonio. El impuesto se debe suprimir y su

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ley reguladora derogar sin acudir a artificios de mala técnica legislativa, como hace el proyecto del Gobierno cuando prevé bonificar el cien por cien del impuesto y suprimir la obligación de declarar. Se renuncia a la eliminación expresa del impuesto con el argumento confesado de evitar compensar a las comunidades autónomas mientras no se modifique el sistema de financiación autonómica. Señorías, las comunidades autónomas tienen que ser compensadas por la pérdida de recursos que va a suponer la supresión del impuesto sobre el patrimonio. El proyecto del Gobierno implica en este punto un auténtico fraude de ley. No se puede privar a las comunidades autónomas de más de 1.800 millones de euros, al margen de los mecanismos de lealtad institucional previstos en la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, y menos hacerlo alegando que está en marcha un proceso de reforma del sistema de financiación sobre el que no hay acuerdo entre los partidos políticos ni en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que el Gobierno ha sido incapaz de materializar en ninguna propuesta concreta distinta de los privilegios y agravios entre comunidades que se han puesto de manifiesto en el proyecto de presupuestos para 2009 o en el proceso de negociación de los apoyos parlamentarios al mismo.


Señorías, me refería al principio de mi intervención a la falta de diligencia y voluntad del Gobierno a la hora de impulsar una auténtica agenda de reformas. La supresión del impuesto sobre el patrimonio y la posibilidad de que las empresas puedan obtener devoluciones del impuesto sobre el valor añadido con carácter mensual son medidas adecuadas y esperemos que entren en vigor cuanto antes, pero se trata de medidas claramente insuficientes cuando estamos instalados ya en una profunda crisis económica y la recesión va camino de ser una realidad. Hoy, sin ir más lejos, hemos sabido, según la información de Eurostat, que los pedidos nuevos de la industria han descendido en el mes de agosto un 12,2 por ciento, casi el doble que en el conjunto de la Unión Europea. Cuando el paro aumenta a unos ritmos desconocidos en más de quince años, cuando se destruye empleo y las familias sufren la subida de precios y de las hipotecas, cuando las empresas se tienen que enfrentar a condiciones de demanda, financiación y cobro muy adversas, es el momento de abordar reformas fiscales y económicas que contribuyan al crecimiento y al relanzamiento de nuestra economía. Por eso, el Grupo Popular ha presentado como enmiendas al proyecto de ley de supresión del impuesto sobre el patrimonio la auténtica reforma fiscal que hace falta en estos momentos: Reducción del impuesto sobre sociedades para las pequeñas y medianas empresas al 20 por ciento, recuperación de los incentivos fiscales a la investigación, al desarrollo y a la formación, libertad de amortización de las inversiones en activos productivos, deducción del 10 por ciento en el IRPF para el ahorro a medio y a largo plazo, aumento de la deducción por adquisición de vivienda y medidas para reactivar el sector inmobiliario y facilitar la adquisición de vivienda, como la mejora del tratamiento de las cuentas ahorro vivienda, la mejora del tratamiento fiscal del alquiler con opción a compra o la eliminación de la doble imposición por transmisiones patrimoniales. Son más de 40 enmiendas, sobre las que en su momento nos gustaría que la Cámara pudiese alcanzar el mismo amplio acuerdo que hoy se va a poner de manifiesto para la supresión del impuesto sobre el patrimonio. La supresión del impuesto sobre el patrimonio es una medida adecuada, conveniente, pero no la única necesaria; son muchas las que en este momento hay que impulsar y el Grupo Popular está contribuyendo a ello con las propuestas que en esta materia está realizando.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tomé.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Gracias, señora presidenta.


Voy a empezar de la misma manera que voy a terminar -y aviso de que lo voy a repetir-, que es pidiendo al grupo proponente de esta proposición de ley que la retire y que no tengamos que votarla. Saben ustedes, porque lo hemos dicho hoy, que en esta Cámara está ya presentado un proyecto de ley de supresión del impuesto sobre el patrimonio. El antecedente inmediato de este proyecto de ley es, evidentemente, una decisión del Gobierno; decisión que ya anunció el vicepresidente segundo en la primera comparecencia que tuvo en la Comisión de Economía, cuando explicaba -como es costumbre- las líneas directrices de su ministerio para esta legislatura. El propio vicepresidente segundo, en el mes de mayo, cuando hablaba de las medidas que el diputado del Grupo Popular nos pedía que tomáramos -veo que está presente, que me está escuchando, lo que agradezco-, decía: Asimismo, el Gobierno ha decidido eliminar, a partir del ejercicio 2008, el gravamen en el impuesto sobre el patrimonio, que permitirá a los contribuyentes ahorrarse 1.800 millones de euros y ayudar así a las familias y a la economía. No es nada nuevo si les digo que esta fue una decisión acorde con el programa electoral del Partido Socialista, anunciada en campaña por el entonces candidato y ahora presidente del Gobierno. Debo reconocer, señor Sánchez i Llibre, que en la reflexión que hizo el Partido Socialista sobre la bondad o no de suprimir este impuesto pesaron algunas de las consideraciones -algunas, no todas- que su grupo ha venido defendiendo a lo largo del tiempo. No sé si voy a tener tiempo de explicarlas todas, pero luego diré cuáles son las razones del Grupo Socialista para apoyar esta supresión.


Quisiera poner de manifiesto algo que otros grupos también han señalado, que es la preocupación por el hecho de que en el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno, que ya está en trámite de discusión de

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enmiendas, no exista un artículo específico, tal como está en la proposición de ley que ha presentado Convergència i Unió, sobre la necesaria compensación a las comunidades autónomas de régimen común por ser este un tributo cedido. Me consta que usted y otros grupos han presentado enmiendas al respecto, puesto que ya están publicadas, pero también, con toda seguridad, le constará a usted, al Grupo Mixto, al Grupo Popular, que también ha expresado esta preocupación, la disposición y el compromiso del vicepresidente segundo de compensar a las comunidades autónomas, puesto que ha sido interpelado y preguntado varias veces sobre este tema en esta Cámara, y está escrito su compromiso de compensar. Le pido que no dude de que vamos a contemplar esta enmienda, todas las enmiendas evidentemente, y vamos a trabajar -le doy mi palabra- para garantizar que podamos llegar a un consenso que satisfaga al máximo número de grupos y, evidentemente, en este máximo número de grupos incluyo el suyo.


Déjeme apuntar, aunque sea someramente, cuáles son las razones por las que el Grupo Socialista cree que debemos apoyar la supresión de este impuesto. Se ha dicho que fue creado en 1977 -es verdad- con carácter excepcional -es verdad- y que tenía la finalidad del control censal y que encajaba en el conjunto del entorno internacional, que es precisamente una de las cosas que ha cambiado radicalmente. No creo que sea injusto, creo que es inadecuado. No creo que sea una doble imposición, estoy de acuerdo en este tema con el argumento del señor Llamazares. Recordemos que es un impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas, no sobre el patrimonio de las empresas; además, lo pagan -así ha ocurrido, sobre todo, a partir del gran aumento del precio de la vivienda- en su mayoría los pequeños y los medianos patrimonios; en cambio, están exentos los grandes patrimonios. Por tanto, es un impuesto anquilosado, que no sirve para lo que es nuestra preocupación, que es un sistema fiscal más justo, más progresivo y, sobre todo, que genere los recursos necesarios para el Estado del bienestar que los socialistas estamos convencidos -y estoy segura que la mayoría de esta Cámara también- que España necesita y se merece. No vamos a suprimir de un plumazo este impuesto. Ha habido un procedimiento reglado de elaboración de proyecto, por eso se tarda unos meses, señor Tomé; habrá un debate en Comisión, que espero que sea positivo y fructífero. Por todo ello, espero que las propuestas fiscales que nos proponga en Comisión el Grupo Popular respondan a la gran pregunta que siempre le hacemos al señor Montoro y que nunca nos contesta, que es de dónde va a recortar los gastos. Pero esto lo dejamos para la Comisión. Quiero reiterar y pedirle otra vez que, en aras al entendimiento que todos queremos, retire esta proposición de ley para que podamos dedicarnos de lleno a hacer realidad que antes del 1 de enero de 2009 sea efectiva ya esta supresión del impuesto sobre el patrimonio.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Colldeforns.


Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


A la vista de lo manifestado por la portavoz socialista, doña Montserrat Colldeforns, vamos a retirar, para que no se someta a votación, esta proposición de ley presentada por Convergència i Unió.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez. Damos por retirada la proposición de ley de su grupo, de supresión del impuesto sobre el patrimonio.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. (Número de expediente 122/000041.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la siguiente proposición de ley, que es la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de movilidad sostenible. Para defender esta proposición tiene la palabra por quince minutos el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero decir que esta proposición de ley que se trae aquí es una proposición de ley, antes que de nuestro grupo, de Adena, de Ecologistas en Acción, de Greenpeace y de Comisiones Obreras, quienes nos acompañan hoy en esta lluviosa tarde de martes, y quienes hacen un análisis compartido, eso sí, con nuestro grupo parlamentario, en torno a la necesidad de que este Congreso y este Gobierno se comprometiesen de una vez por todas con leyes concretas y específicas que estableciesen mandatos concretos y específicos para afrontar la lucha contra el cambio climático, para cambiar de modelo de crecimiento y para empezar a hacer las cosas bien. Además, es una proposición de ley que coincidía con una serie de baterías legales que han presentado, que hemos presentado, como una ley de ahorro y eficiencia, como una ley de fiscalidad ambiental -a eso que se han comprometido en tres presupuestos y que nunca han querido abordar-, o como una ley en materia de energías renovables. Por tanto, la proposición de ley es fruto de un análisis compartido, porque entendíamos, porque entendían, que se debía implementar en la legislatura anterior -fue entonces cuando se hizo, más aun en esta- estrategias de lucha contra el cambio climático, especialmente en materia de movilidad.
Es una propuesta que llenaba un vacío ante un compromiso incumplido, y es que en el año 2004 el Gobierno y el Partido Socialista, ya entonces, hablaban de la ley de movilidad. Lo

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peor que se puede hacer en la lucha contra el cambio climático es no hacer nada y en esta materia llevamos ya una legislatura perdida. Una propuesta que permitía empezar a caminar, un acicate para que el Gobierno acabase por cumplir esta proposición de ley. Dicha proposición supone una oportunidad en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Una propuesta que en lo ambiental permite cumplir con Kioto porque somos el país que más incumple los objetivos en la lucha contra el cambio climático, con un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero que superan el 52 por ciento respecto al año base, y un incumplimiento que se pone de manifiesto en el sector difusos, especialmente en el sector del transporte. Los gases de efecto invernadero en el sector transporte se han incrementado en España respecto al año base casi el doble de lo que se han incrementado para el conjunto de la sociedad, el 97 por ciento. Una iniciativa que respondía, que responde, desde el punto de vista ambiental; una propuesta que respondía, que responde, desde la perspectiva de la salud, ya que precisamente la mala movilidad y accesibilidad a nuestras ciudades es uno de los factores para la mala calidad del aire, y como ustedes saben, la mala calidad del aire representa en España en torno a las 16.000 muertes prematuras anuales por contaminación. Una propuesta que, además, respondía desde una perspectiva económica, ya que un país que incrementa, año tras año, su dependencia del petróleo, que apuesta solo por el cemento, que hace que las infraestructuras se muevan en exclusiva por carretera, es un país menos eficiente, desde el punto de vista económico, más dependiente del petróleo y de los combustibles fósiles, con un coste actual de nuestro modelo de transporte de externalidades, valorado por diferentes expertos en hasta 80.000 millones de euros al año. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Una respuesta, una iniciativa, una ley que traza un camino distinto al de presumir ser el segundo país de Europa en kilómetros de autovías, o al de plantear Presupuestos Generales del Estado, como aquellos cuyo trámite se ha iniciado estos días, que solo orientan sus inversiones en política de cemento, en física del hormigón y nunca en la química de la movilidad.


¿Qué nos proponemos? Un cambio de filosofía ante uno de los suspensos más clamorosos de nuestro modelo, la accesibilidad. Con esta ley no buscamos la estimulación máxima de la movilidad. Buscamos estimular una movilidad basada en la accesibilidad. No entendemos que haya que crear infraestructuras para estimular la movilidad, para ser más dependientes con los combustibles fósiles. Lo que tenemos que hacer es caminar hacia la gestión de la demanda. ¿Le suena? Con una política de planificación y evaluación, con control, con gestión, con participación de la movilidad sostenible, con objetivos y principios que establecemos en la ley, dejando abierto su desarrollo a las comunidades autónomas, porque entendemos que éstas tienen la competencia, pero pensamos que desde un marco estatal podemos establecer unos principios, incorporando instrumentos como los planes de movilidad sostenible, los estudios de evaluación y viabilidad, incorporando una rutina organizativa en las diferentes administraciones que nos permita salir de lo único que sabe hacer este país, que es construir infraestructuras y autovías, y no gestionar la movilidad, incorporando la necesidad de que haya una administración de la movilidad sostenible, con órganos de control como el observatorio, con órganos de gestión como la autoridad del transporte público, con órganos de participación como el consejo estatal y como los consejos territoriales e incorporando en el Plan estratégico de infraestructuras y transporte y en los planes sectoriales de transporte una filosofía distinta pero implementada en otros países de nuestro entorno, que hacen bien las cosas y no lo fían todo al cemento.
Incorporamos, además, las directrices de movilidad sostenible, planes directores autonómicos de movilidad sostenible, planes de movilidad urbana, también sostenibles, entendiendo que son el conjunto de las administraciones las que tienen que cambiar de filosofía, comprendiendo, en definitiva, que el reto en 2008 no es el de 1980, multiplicar infraestructuras, sino gestionar bien esas infraestructuras. También planes de movilidad en polígonos industriales y empresariales y planes de transporte a empresas que digan a las empresas que tienen que garantizar la accesibilidad de los trabajadores, y haciendo entender al tejido empresarial que garantizarla es un factor de competitividad en el mismo sector, ya que precisamente una mejor accesibilidad redunda en esa mejora de su funcionamiento.


Todo ello además con un cambio de filosofía, con un cambio incluso de denominación del Ministerio de Fomento, pero con un horizonte distinto, un horizonte que haga situar en ocho años, sabiendo que las cosas no se pueden cambiar de un día para otro, un presupuesto, el del Ministerio de Fomento, en el que el 50 por ciento de sus inversiones se destinen a la gestión de la movilidad. ¿O es acaso hoy razonable que todo vaya a la infraestructura y que en gestión de la movilidad nos conformemos solo con dos contratos-programa para las áreas metropolitanas de Barcelona y de Madrid, dejando a su suerte la accesibilidad del conjunto de ciudadanos en todo el Estado y no entendiendo que la responsabilidad de un ministerio de la movilidad y de la accesibilidad tiene que ser precisamente la mejora de esa accesibilidad, generando además I+D+i en esa gestión y no fiándolo todo al cemento, que nos hace más dependientes de los combustibles fósiles? Eso sería pensar no en verde, sino en contemporáneo; eso significaría no pensar de forma radical, sino pensar de acuerdo con los signos de los tiempos, y eso es lo que nosotros planteamos, lo que nosotros decimos, y lo que hacen otros de nuestro entorno europeo, para que empecemos a caminar.


El problema de esta iniciativa va a ser la respuesta, porque las propuestas que las diferentes entidades ecologistas han trabajado acompañadas de Comisiones Obreras, de nosotros, de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, y también de los Verdes, es una

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articulación moderna, contemporánea, rigurosa, exigente, pero comprometida y que además dice a las comunidades autónomas que ellas tienen que tener protagonismo. ¿Y cuál es el problema de esta iniciativa? La respuesta que va a tener. Porque la respuesta que vamos a tener es: vuelva usted mañana. Cuatro años de vuelva usted mañana, cuatro años en los que nos decían que la ley de movilidad sostenible tiraría adelante, pero que no ha llegado y la propuesta significaba una oportunidad, la oportunidad de que se tramite para hacer que el Gobierno esta vez cumpla con un proyecto de ley y que ambos proyectos e iniciativas se puedan acumular. Pero ayer Hugo Morán, portavoz del PSOE en materia medioambiental, decía en un teletipo que su formación estaba en buena parte de acuerdo con el texto de la ley, pero que consideraba que se debe tramitar después de haber consultado con el sector del transporte y con representantes de autonomías y ayuntamientos, como si no hubiésemos tenido tiempo.
Consulten, aprueben la proposición de ley y traigan después un proyecto de ley que se pueda acumular y tramitar. Porque el problema está en que en las consultas está la excusa para finalmente acabar, como terminamos la legislatura anterior, por no hacer nada en fiscalidad, en transporte, en energía o en renovables.


Entendemos que hoy con el voto negativo por parte del Grupo Parlamentario Socialista se consuma algo que viene marcado desde el inicio esta legislatura, que se ha aparcado un relato ambiental a veces poco coherente con la política, pero es que desde el principio de la legislatura se ha aparcado incluso hasta el relato en torno al medio ambiente con una primera iniciativa que no se comprendió por parte del movimiento ecologista y nosotros tampoco compartimos, subsumir Medio Ambiente en Agricultura. Luego se siguió, claro que sí, y se subsumió la política del agua en Medio Rural. Después siguieron los Presupuestos Generales del Estado, en donde las partidas de inversión del Ministerio de Medio Ambiente bajaban. Además, continuaron y aquello que habíamos incorporado -se acordarán ustedes-, un fondo para rescate de fincas en el litoral amenazadas por una depredación urbanística galopante, también se ha suprimido de los Presupuestos Generales del Estado. Hace muy poquitos días pudimos oír cómo lo que había predicado la ministra Narbona ya no valía, con un Partido Socialista y con un Gobierno que se apuntaba a la lógica del trasvase. Mientras, tenemos una Comisión que discute sobre la lucha contra el cambio climático, que discute, que discute y que discute, y un Gobierno que no hace, y ese es el problema, señorías. Por tanto, con esa separación de las reivindicaciones ambientales, del ecologismo político que podemos representar algunos pero sobre todo con esa separación del ecologismo social que representan las entidades que hoy nos acompañan, lo que hoy constatan ya no es solo la separación, lo que hoy constatan es el divorcio. Y es que con la respuesta del hoy no toca, lo que ustedes están haciendo es consagrar un divorcio en torno no ya a la coherencia en las políticas sino a un relato mínimamente ambiental.
Esta proposición de ley significaba la oportunidad para que cambiasen el paso y volviesen a caminar, como mínimo, en el discurso con un relato coherente en la lucha contra el cambio climático, en una movilidad que tiene que ser necesariamente distinta y después en propuestas que trataremos y discutiremos.


Hoy -y lo lamento- con su voto negativo constatan el divorcio con el ecologismo social, con el ecologismo político, y hoy -y lo lamento- demuestran una falta de sensibilidad manifiesta. En la legislatura anterior lo mejor del Gobierno vino de los acuerdos con los grupos de la izquierda, y lo creo sinceramente, en lo ambiental también. La Ley de Responsabilidad Ambiental -que tenía déficits- y la Ley de Calidad del Aire -que tenía déficits- supusieron pasos adelante, desde nuestro punto de vista moderados, pero significaban avanzar algo. En esta legislatura nos encontramos la renuncia y en vez de un compromiso o un punto de encuentro, sabiendo que no íbamos a tirar adelante todas las propuestas pero que se podía empezar a caminar, lo que nos encontramos lamentablemente es con la puerta en las narices, que es lo que se está encontrando el ecologismo desde el principio de esta legislatura.


Intuyo que el portavoz socialista en materia de Medio Ambiente lo va a tener complicado en esta legislatura, y lo lamento por él, sinceramente.
Me gustaría encontrarme mucho más con él, espero que mañana lo podamos hacer en un tema tan concreto como es crear reservas para el atún en el Mediterráneo. Pero creo que lo va a tener difícil por una razón muy simple, porque el Gobierno ha decidido que esto ya no importa, que esto está fuera de la agenda y que otros son los debates y otras son las políticas para tirar adelante. Creo que se equivocan porque en la situación económica que tenemos, mientras que en el Reino Unido hablan del green new deal -el new deal verde-, lo que nos plantean aquí es más de lo mismo: infraestructuras, infraestructuras e infraestructuras, y en vez de aprobar la Ley de movilidad, lo que ha hecho el Gobierno -obras son amores- es reducir los requisitos de la evaluación de impacto ambiental. Esa es su ley de movilidad sostenible y eso es lo que a nosotros y a las entidades que hoy nos acompañan no nos gusta nada. Por eso les pido que reflexionen y que piensen hacia dónde caminan y sobre todo si empiezan a cumplir lo que no han cumplido y si empiezan a caminar por donde no transitan, que es por una sensibilidad ambiental que incluso en su discurso parecen haber perdido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Mixto doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.


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Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con la iniciativa que hoy trae y defiende el señor Herrera que, teniendo como fondo la lucha contra el cambio climático, nos expone una serie de cuestiones que van mucho más allá del tema principal de la propuesta, porque la proposición de ley que acaba de defender el señor Herrera es también una propuesta para la sostenibilidad viaria y para la sostenibilidad económica, como él también ha manifestado. Somos conscientes de que esta proposición de ley es compleja en la medida en que, en la práctica, para llevarse a cabo es necesario que actúen las diferentes administraciones, sobre todo teniendo en cuenta que algunas cuestiones son de índole competencial autonómica y municipal.
También es verdad que la proposición de ley que se presenta se entiende como una ley básica del Estado para posteriormente orientarla a las diferentes instituciones legislativas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Esto es lo que hace que nuestro grupo, el BNG, apoye la propuesta, porque entendemos que desde estas otras instituciones se puede avanzar en las políticas de sostenibilidad y actuar en la lucha contra el cambio climático. Hay cuestiones, señor Herrera, en la proposición de ley que usted presenta que nos parecen muy interesantes, más allá de lo que usted acaba de defender, sobre lo que no voy a incidir porque ha dado suficientes argumentos desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental. También se recoge en la propuesta legislativa básica que usted nos hace un modelo de transporte, de comunicación que rompe con lo que en estos momentos estamos fomentando. Y es ahí donde yo decía que también es una propuesta para la sostenibilidad viaria. Todos los grupos políticos y todos los estamentos sociales estamos presentando continuamente iniciativas dirigidas a construir más carreteras, a mejorar las existentes actualmente, etcétera, pero nunca nos paramos a reflexionar, aunque lo hagamos de manera limitada en nuestras propias organizaciones, ni trasladamos el debate a las instituciones sobre lo necesario que sería cambiar ese modelo de vías de comunicación, de vías de transporte. En la propuesta que usted hace, en tanto que va dirigida a la sostenibilidad, nos lleva a ese debate que a nosotros nos parece interesante y que, si se tomara en consideración la propuesta defendida, nos permitiría, a través de las enmiendas que presentáramos a la misma, abordar esta problemática y ahondar en las propuestas que se hacen en la proposición de ley. De ahí, señor Herrera, que manifestemos nuestro apoyo a la propuesta que usted acaba de defender, en el ánimo de que, si se llegara a tramitar, pudiéramos mejorarla en aquellos aspectos que fuera posible, y sobre todo en el ánimo de poder contribuir con nuestras propias aportaciones a ese importante debate que consideramos que es tan necesario en la sociedad actualmente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha presentado en esta Cámara una proposición de ley de movilidad sostenible para su toma en consideración.
Esta proposición de ley, según su artículo 1, tiene por objeto establecer los principios y objetivos a los que debe responder una gestión de la movilidad de las personas y del transporte de las mercancías dirigida a la sostenibilidad y la seguridad. También expresa el objeto de definir los instrumentos y órganos adecuados para garantizar una movilidad sostenible basada en dichos principios. Señor Herrera, nunca unos objetivos pudieron ser tan loables y tan verdaderamente maravillosos, y una articulación tan vertical y tan jacobina. Siento tener que decirlo, pero es lo que verdaderamente muestra la proposición de ley que nos han traído a la Cámara.


Usted propone un cambio de filosofía, pero tal cambio que incluso cambia el Estatuto de Autonomía del País Vasco. La iniciativa atribuye a la Administración General del Estado, en el artículo 6, la función de elaborar y aprobar los siguientes instrumentos de planificación: el Plan estratégico de infraestructuras y transporte, los planes sectoriales de ámbito estatal y las directrices para la movilidad sostenible. Veamos brevemente cada uno de ellos, remarcando las razones que motivan la postura de este grupo parlamentario ante esta proposición de ley. El Plan estratégico de infraestructuras y transporte, PEIT, se define en el artículo 7 como el instrumento del Gobierno para la planificación global de transporte a medio plazo. Por su parte, los planes sectoriales de ámbito estatal se definen en el artículo 8 como los planes a desarrollar por el Gobierno. Se determina, al menos, el desarrollo de los siguientes planes sectoriales: plan sectorial de carreteras, transporte ferroviario, transporte por carretera, transporte marítimo y puertos, transporte aéreo, innovación en el transporte, I+D+i en el transporte y promoción de los transportes no motorizados. Finalmente, establece en el artículo 9 las directrices para la movilidad sostenible.


Pues bien, después de esta amplia descripción de estos tres instrumentos de ordenación y planificación que la proposición de ley residencia en la exclusivas manos de la Administración del Estado y que se refieren a ámbitos materiales tan diversos como la ordenación territorial, el transporte, las carreteras, el medio ambiente e incluso la investigación, la norma se acuerda en un momento dado de la existencia de las comunidades autónomas, para ordenarles la elaboración de los que denomina planes directores autonómicos de movilidad sostenible, para los que determina su contenido mínimo, su proceso de elaboración y tramitación y, lo que es más grave, los vincula al cumplimiento de los objetivos, principios y directrices de la ley reflejada en los PEIT de competencia estatal.


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Así, en el artículo 8.3, por ejemplo, señala que las inversiones contempladas en el PEIT para el ámbito urbano y metropolitano se vincularán a la previa aprobación de los PDAMS.


Así las cosas, la posición de mi grupo parlamentario en la toma en consideración del contenido de esta proposición de ley no puede ser sino negativa por dos razones fundamentales: una, por ser invasora de competencias y, dos, porque para desarrollar las políticas de sostenibilidad que el grupo proponente plantea no hace falta legislar desde esta Cámara, se puede legislar desde otros ámbitos que sí son competentes en la materia. Para empezar, la proposición de ley no contiene ninguna alusión al fundamento constitucional en el que el Estado basa su competencia para entrar a regular las materias que contiene. Y ello es especialmente grave ya que viene a proporcionar al Estado instrumentos importantísimos para establecer directrices y principios de actuación a seguir por comunidades autónomas y otros entes territoriales como, en el caso vasco, las diputaciones forales, que son competentes en un montón de materias; un ámbito competencial que les ha sido atribuido a las comunidades autónomas, a las diputaciones y entes locales por la propia Constitución española y, en su caso, por el Estatuto de Autonomía.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Como representante del Grupo Vasco, en lo concerniente al ámbito competencial que corresponde a la Comunidad Autónoma de Euskadi, la iniciativa que usted ha traído hoy a la Cámara invade claramente competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que el Estatuto de Autonomía contempla y que son, por ejemplo, la correspondiente a la materia de ordenación del territorio, reconocida en el artículo 10.31; el artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía, que establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución; las competencias que, en materia de carreteras y caminos, le son reconocidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía; promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco, que reconoce el artículo 10.25 del Estatuto de Autonomía; las competencias en materia de medio ambiente y ecología, reconocidas por el artículo 11.1 del Estatuto de Autonomía. No dispongo de mucho tiempo y no voy a entrar a profundizar en estos ámbitos competenciales, no tienen más que leer el Estatuto de Autonomía del País Vasco vigente actualmente. Invade, además, las competencias que en materia de carreteras y caminos le corresponden a las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en el caso del País Vasco, en virtud de la conservación y actualización de su régimen foral privativo, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución y en el artículo 3 del Estatuto de Autonomía. En cualquier caso, debemos señalar que la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en colaboración con las diputaciones forales y los ayuntamientos, hace tiempo que ha puesto en marcha los instrumentos normativos para el ejercicio de las competencias que le son reconocidas, así como los instrumentos de planificación que pretenden poner en marcha con la proposición de ley que ustedes plantean; eso sí, ustedes lo plantean supeditado al control estatal. Como muestra de esta capacidad, capacidad propia, le pondré unos ejemplos en los que mi país ha desarrollado la legislación propia en este terreno. Por lo que respecta a la legislación sectorial autonómica en materia de transporte, se ha regulado, hasta el momento, en transporte público de viajeros por carretera, tanto en vehículos de turismo como en autobús y asimismo se ha creado la Autoridad Transporte de Euskadi, el Observatorio del Transporte de Euskadi y el ente público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea.
La Ley que regula el transporte público urbano; el decreto de 15 de octubre con el reglamento de la Ley de Transporte Público Urbano; la Ley 5/2003, de 15 de diciembre, de la Autoridad del Transporte de Euskadi; reglamento de organización y funcionamiento de la Autoridad del Transporte de Euskadi; la Ley 4/2004, de transporte de viajeros por carretera; la Ley 6/2004, de la Red Ferroviaria Vasca; el decreto de 2004 por el que se crea el Observatorio de Transporte en Euskadi, etcétera.


También hemos de citar que el Plan director de transporte sostenible -transporte sostenible- ha sido aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno, por el Gobierno vasco, en el año 2002 y contiene la política común de transportes en Euskadi para el periodo 2002-2012. Como señala el propio plan, la política que impulsa está articulada en torno a cinco objetivos: desvincular el desarrollo económico del incremento de la demanda de transporte; lograr una accesibilidad universal; impulsar un reequilibrio entre los modos de transporte; potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa y avanzar hacia un modelo de transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El plan propone, en aras de la consecución de dichos objetivos, como uno de sus pilares básicos, la Autoridad del Transporte como órgano coordinador de las diferentes competencias administrativas, autonómicas, diputaciones y entes locales.
En materia de carreteras, le podría citar también cómo tenemos el Plan general de carreteras del País Vasco, el vigente Plan de carreteras, el II Plan general de carreteras, etcétera. En fin, lo que pretendo es dejar bien claro que las comunidades autónomas o, en mi caso, la Comunidad Autónoma de Euskadi, ha desarrollado los instrumentos de planificación y de coordinación suficientes en la materia dentro de sus competencias. No vemos, por lo tanto, la necesidad de establecer instrumentos superiores de planificación que invadan el ámbito competencial autonómico. Los ámbitos competenciales han de ser respetados, no se puede hacer una ley, por muy loable que sea -y yo se lo he reconocido al principio- en cuanto a sus objetivos, saltándose

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lo que pueda existir, porque existen ámbitos que han de ser respetados.


Expresada nuestra posición negativa a la tramitación de la proposición de ley, no negamos, se lo vuelvo a decir, que la misma presenta objetivos interesantes cuyo cumplimiento por parte de las diferentes administraciones públicas sería deseable. De hecho, como ha visto, nosotros estamos llevando ya a cabo el cumplimiento de los objetivos y principios que pretende esta ley. Por todo ello y sin más dilación, mi grupo votará en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, hace siete años, en octubre de 2001, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya sometió a información institucional la denominada Ley de la Movilidad de Cataluña. Esta ley fue debatida por el Parlamento de Cataluña y fue aprobada por una amplia mayoría -prácticamente por la unanimidad de los diputados del Parlamento de Cataluña- en el año 2003. Esta ley ha sido puesta como ejemplo en múltiples foros y tengo la percepción -que creo el señor Herrera comparte- de que ha inspirado muy directamente la proposición de ley que hoy nos presenta. Los propios nombres de los instrumentos: estudio de evaluación de la movilidad generada, traducido del catalán significa estudio de evaluación de la movilidad generada; estudio de viabilidad, es exactamente lo mismo, señor Tardà, que estudi de viabilidad. Ha habido una ingente labor de traducción de un texto pero, eso sí, sin darse cuenta de que aquí hay un aspecto competencial que ha sido redactado para las competencias del País Vasco y que yo también podría haber hecho desde el punto de vista de las competencias de la Generalitat de Catalunya, sobre todo a partir de la promulgación del nuevo Estatuto de Autonomía.
Señor Herrera, se me ocurrió la maldad -usted ya me la perdonará- de haberle pedido al conseller Saura, que es quien tiene que defender el Estatuto y aplicarlo, que me dijera cuál era el nivel de invasión competencial de esta ley. Es tan obvio que no quiero referirme más a ello. Sabe el señor Herrera que vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.


Ahora bien, como aquí subyace una cuestión que compartimos -la compartimos tanto que de hecho nos la han copiado-, me gustaría aprovechar estos siete minutos que nos quedan para debatir algunos de los temas que, a mi entender, el legislador estatal, esta Cámara, debiera tener en cuenta. De hecho, uno de ellos ya fue propuesto y duramente negociado -en las filas del Partido Socialista, no de esta Cámara, de la Cámara Alta, donde se negoció, porque no estaban por la labor- era la pretensión de introducir en la Ley del Suelo vigente un vínculo entre la obligación del urbanizador a disfrutar de unos determinados derechos urbanísticos y su obligación de proporcionar transporte público, o dicho de otra manera, que el sector privado no acaparara las plusvalías de la buena localización geográfica de un determinado suelo. Al final, esto que se aprobó en el Senado -y no fue corregido por el Congreso de los Diputados- conllevó que en la Ley del Suelo apareciera, con paternidad de Convergència i Unió, una apelación a una de las cuestiones que usted trata de regular y que, de hecho, recoge este capítulo de evaluación de la movilidad generada. Esta es una cuestión importante para, sin invasión de competencias, crear un margen desde el punto de vista de las obligaciones de quien decide, con el fin de que en el contenido de los derechos del suelo pueda introducirse de forma más sólida la obligación de dar respuesta a los requerimientos de la movilidad sostenible. Este es un punto interesante en el que valdría la pena incidir.


Hay otro aspecto que S.S. ha tratado y que la ley, de hecho, también trata en más de una ocasión, que puede tener un cierto margen de la intervención del Estado. España es uno de los pocos países de Europa donde no hay una financiación regular para el transporte público, lo cual es una barbaridad. La Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, el Consorcio de Transportes de Madrid o el Gobierno canario tienen que ir, literalmente, a arrodillarse ante el ministro de Hacienda, cada tres años, a suplicar que tenga en cuenta una cifra significativa para el transporte urbano. Por cierto, los Presupuestos Generales del Estado de este año disminuyen esta cifra y supongo que usted y yo coincidiremos en que esto no deja de ser una auténtica barbaridad. Otro de los puntos que hay que debatir en el que hay aspectos de regulación estatal es el relativo al transporte público en cuanto a la financiación; la ordenación ya la hará cada comunidad en función de los criterios que necesite.


Señor Herrera, seguramente -usted es una persona que conoce estos aspectos con exactitud-, estará al tanto de que la semana pasada hubo un seminario, creo que organizado por la Diputación de Barcelona, sobre los cincos años de aplicación de la Ley de Movilidad de Cataluña y, de hecho, se valoró si el modelo de la ley catalana era bueno. Hubo aspectos positivos y otros no tan positivos, en definitiva, se contrapusieron dos modelos: el modelo de la ley catalana -que es un poco el modelo francés porque la inspiración es francesa-, de creer en unos determinados instrumentos, directrices nacionales de movilidad -por cierto, cuando usted y yo hablamos de directrices nacionales, hablamos de algo-, y otro modelo, que es el modelo anglosajón, con más programas que en un determinado momento pueden o no ejecutarse. Y hay partidarios de los dos.
Yo podría comprender perfectamente que el año que viene el Parlamento de Cataluña dijera: Como hemos visto que el modelo que teníamos no nos gusta, vamos a cambiar de modelo y vamos a pasar de hacer PNU o PNUS, como

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los que usted propone, vamos a pasar de directrices nacionales de movilidad a otro modelo, un modelo más anglosajón, el de los países nórdicos, que también funciona. Dese cuenta, señor Herrera, de que si nuestros colegas del Parlamento de Cataluña quisieran hacer esto el año que viene y esta ley estuviera aprobada, no podrían hacerlo; a usted le sabría mal y a mí también.


Yo comparto su exposición de motivos, comparto incluso muchas de las definiciones que establece aquí, pero me parece que este no es el instrumento adecuado y que deberíamos hallar la respuesta intelectual a una cuestión. Usted sabe que en el mandado de 2000 a 2004 -usted no estaba aquí y yo tampoco, pero estamos enterados- muchas leyes se hacían apelando a aquello de la unidad de mercado. La unidad de mercado permitía que el Estado interviniera en casi todo. A mí no me gustaría, porque incluso me repugna intelectualmente, que un concepto como la movilidad sostenible pudiera acabar teniendo una especie de simetría y justificara invasiones competenciales, como la unidad de mercado para determinada parte de la bancada de este distinguido foro. No vamos a votar favorablemente esta proposición de ley aunque, repito, compartimos sus bases, su preocupación e incluso nos atrevemos a sugerirles que estaría bien que hubiera un foro de debate, parlamentario o no, donde pudiéramos ver cuáles son los aspectos en los cuales el actual marco competencial no protege suficientemente el ejercicio de la movilidad sostenible a las comunidades autónomas que quieran hacerlo, y aquí sí podría entrar la normativa estatal. Esto es lo que creemos. Me gustaría acabar diciendo que nos consta que su intención y lo que ha recogido es tremendamente positivo. Piense usted y su amigo, el señor Saura, que cuando hablan de lo bien que lo hacen las izquierdas y lo malos que son los que ustedes llaman derechas, hace siete años algunos ya estábamos predicando esta ley. Además, tuvimos suerte.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Macias.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Santa Ana.


La señora DE SANTA ANA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nos encontramos esta tarde ante la toma en consideración de una proposición de ley que aboga por pasar del incremento de la oferta a una apuesta por la gestión de la demanda en políticas de transporte.
Desincentivar en estos momentos la creación de nuevas infraestructuras de transporte y pretender intervencionismo por parte de las distintas administraciones cuando menos es inoportuno, más, si cabe, inadecuado.
Debemos recordar, señorías, la incidencia que tienen las políticas europeas demandando de los Estados miembros unas políticas activas de creación de infraestructuras, eso sí, con la comodalidad como elementos determinante de las mismas. Comodalidad entendida en el uso eficiente de diferentes modos de transporte por separado y en combinación, y dando lugar a un uso óptimo y sostenible de los recursos, más aun cuando la movilidad sostenible pasa por crear sistemas de transporte que satisfagan las necesidades de nuestra sociedad desde el punto de vista económico, social y medioambiental. La movilidad, tanto de mercancías como de personas, constituye un componente esencial para la competitividad del sector industrial, empresarial y la calidad de los servicios. Debemos ser capaces de proporcionar al ciudadano sistemas de transporte eficaces y eficientes que garanticen un elevado nivel de movilidad, una adecuada protección al medioambiente, que desarrollen y proporcionen al mercado soluciones innovadoras para potenciar la eficiencia desde el punto de vista energético, que busquen además un equilibrio entre las exigencias del crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medioambiente en todas y cada una de las decisiones políticas. Las zonas urbanas constituyen el entorno vital de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Es esta, por tanto, una razón de peso que hace que debamos reflexionar en común y estudiar también con detenimiento la movilidad urbana y la congestión que se produce en nuestras ciudades, con las consabidas consecuencias negativas por la pérdida de tiempo, la contaminación atmosférica y los inadecuados niveles de ruido. Estos problemas, que se dan localmente, tienen repercusiones a escala global, por lo que hace que la movilidad sostenible sea una preocupación de todos los poderes públicos. El desarrollo sostenible en las zonas urbanas y áreas metropolitanas supone un inmenso reto al conciliar el desarrollo económico de las ciudades y su accesibilidad con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y con la protección del medio ambiente. Un esfuerzo común debe encaminarnos a la búsqueda de soluciones innovadoras y ambiciosas en materia de transporte -también de transporte urbano- con vistas a ciudades menos contaminadas, más accesibles y en las que la circulación sea mucho más fluida.


Señorías, como pueden comprobar mi grupo tiene la mayor sensibilidad ante todas estas cuestiones ya que somos conscientes de que influyen de un modo directo y decisivo en nuestro desarrollo, en la protección del medio ambiente y en la calidad de vida de todos los españoles. Nos encontramos con una proposición de ley tal vez demasiado casuística, más propia de un reglamento, por lo que difícilmente podrá ser considerada como una ley de bases de movilidad sostenible tal y como predica la exposición de motivos. No solo se hace necesario analizar con profundidad el reparto de competencias al establecerse planes de movilidad en todos los niveles de la Administración, descendiendo incluso al plano de los polígonos industriales o empresariales, sino que parece que no está conseguida ni mucho menos la coordinación entre las distintas administraciones al vincular las inversiones estatales para el ámbito urbano y metropolitano a la previa aprobación de planes directores

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autonómicos y planes de movilidad urbana, adecuando dichos planes a los objetivos, principios y directrices recogidos en esta proposición de ley.


Señorías, nos encontramos además con competencias del Estado que pudieran verse conculcadas con las facultades que se otorgan a las comunidades autónomas sobre la red de interés general del Estado. Los distintos instrumentos de planificación, unidos a los órganos de seguimiento, gestión y participación, cuando menos cargan la Administración, otorgándole pesadez, excesiva burocracia y lentitud y en la situación actual el aumento de entes administrativos, reguladores y supervisores parece justo lo contrario de lo que España necesita, que no es otra cosa que aligerar el peso de la maquinaria administrativa y de los capítulos de gasto. Una política de movilidad concretada principalmente en un conjunto de instrumentos de planificación y evaluación, así como en una serie de organismos de control, gestión y participación de la movilidad, dan lugar a un intervencionismo excesivo que choca frontalmente con competencias sectoriales que son ejercidas por otros entes territoriales, como es el caso de la ordenación del territorio y del urbanismo.


El ansia regulatoria de la proposición de ley responde en todo caso a una clara ideología que de ningún modo es compartida por el Partido Popular y que, amén de trasnochada, no es por la que apuesta la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país. No parece conveniente en la difícil situación económica en la que nos encontramos obligar a las empresas a participar en la financiación extraordinaria de servicios de transporte, pretendiendo que constituye una infracción grave la ausencia de dicha actuación. De ser así, no solamente se estaría asfixiando en el momento más inoportuno a empresas que pasan en muchos casos por una delicada situación y de las que depende el empleo de muchos ciudadanos, sino que además se podría convertir en un serio obstáculo para el desarrollo de nuevos proyectos. Constituye un exceso de voluntarismo lejano de las posibilidades actuales de España pretender que al menos el 50 por ciento de la inversión del Ministerio de Fomento sea en materia de movilidad. El cambio de nombre del Ministerio de Fomento por ministerio de transporte y movilidad no deja de ser una anécdota, si me permiten pura frivolidad, pero demuestra un cambio de modelo ante el que la sociedad española parece no estar dispuesta.


Señorías, nuestras legislaciones sectoriales disponen de mecanismos de sostenibilidad y de eficiencia. Puede no resultar conveniente que, cuando aspiramos a la ventanilla única, se incrementen los trámites administrativos. Todo ello, unido al excesivo carácter intervencionista, desaconseja admitir a trámite esta proposición de ley.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora De Santa Ana.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Morán.


El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Herrera, algo no hemos hecho bien y, probablemente, una parte importante de la responsabilidad tengamos que imputárnosla a nosotros mismos. No es posible que cuando constatamos que la mayoría de la Cámara coincide en el fondo del contenido de la proposición de ley que aquí se plantea, no hayamos sido capaces de conseguir que ese texto salga hoy adelante. Uno, que se estrena en las tareas parlamentarias, no quisiera que la candidez le permitiera albergar esperanzas de que se pueden hacer muchas cosas. Me lo ha puesto usted difícil. No es tarea fácil para nadie llevar adelante la labor parlamentaria, pero, en principio, espero contar con su colaboración; desde luego, usted va a tener la mía. Si en algún momento usted pensó que en nuestra conversación yo le cerraba la puerta -según dice S.S., le pegué con la puerta en las narices-, probablemente haya sido una corriente de aire, porque yo la puerta no la cerré, la puerta sigue abierta.


Más allá de la evaluación que se hace en relación con el contenido de la ley, estamos ante una propuesta que implica algo mucho más profundo, que es un cambio de modelo, de relación de la sociedad con el medio en el que vive, cómo desenvuelve su tarea diaria. Por más que quisiéramos que así fuese, no lo vamos a conseguir con un texto normativo, con una ley; requiere un proceso bastante más largo, una amplísima complicidad y creo que merece la pena empeñar un esfuerzo en conseguirla. Le reconozco que vamos demasiado lentos en esta tarea, y probablemente sea necesario asumir un mayor compromiso en esfuerzos y en calendarios hacia el futuro.


Evidentemente, el cambio climático existe. Por más que siga habiendo voces que se empeñen en negarlo, el cambio climático es una realidad, y es una realidad que no espera más tiempo para que las administraciones intervengan. Pero en ese cambio de mentalidad que requiere que la sociedad asuma como propio, que interiorice ese papel, quizás el primer paso tengamos que darlo nosotros. La ley en sus contenidos, en lo básico de su estructura, incorpora los fundamentos de un texto que podamos también aportar a la Cámara, pero requiere un trabajo previo que no tiene por qué ser demasiado largo pero sí intenso. Es preciso sentarse con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Habrá adivinado S.S. que esa es una de las lecciones que hoy tenemos que aprender de este trámite.
Estaríamos en condiciones de mejorar sustancialmente el contenido de la ley para evitar que en un proceso posterior se produzcan trámites que nos mantengan durante tiempo en dimes y diretes respecto a la invasión o no de competencias, y en algunos casos hoy aquí se han definido algunas de ellas. Merece la pena emplear un tiempo previo para hablar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos y, en la medida de lo posible, evitar esas interferencias.


El 15 de noviembre de 2007, cuando se aprueba la Ley sobre Calidad del Aire, el Gobierno incorpora un mandato taxativo, que es el de llevar a la mesa del diálogo

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social la elaboración de una ley de movilidad sostenible. Tenemos que incorporar también a esos agentes en ese proceso previo de estudio del que pueda ser un texto que suscite amplias coincidencias y tenemos que encontrar el vehículo -creo que ahora ya existe- para hacer participar a la sociedad civil en ese proceso de aportación previa a la elaboración del texto. Lo digo porque recientemente se ha constituido una gran coalición, integrada por colectivos de todo tipo, algunos de los cuales nos acompañan hoy aquí y con los que tuve oportunidad de mantener esta mañana una conversación muy interesante, que es el mejor mecanismo que hay en estos momentos, con una cobertura amplísima que antes estaba dispersa en distintas organizaciones, para que tengan capacidad de participación con voz propia en el proceso de elaboración.


Me voy a tomar como un reto obligar a que los calendarios se agilicen.
Haré la labor de acompañamiento desde el Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno para que el proceso no se detenga. Hace aproximadamente unos diez días la Comisión delegada para el cambio climático aprobó lo que puede ser la hoja de ruta para la elaboración del texto normativo en la que se establece un especie de calendario indicador que nos permitirá contar con ese texto en el próximo período de sesiones. Espero no tener que escucharle desde esta tribuna diciéndome que le defraudé. Es cierto que no me va a corresponder a mí la elaboración de ese texto, pero me comprometo, en la medida de mis posibilidades, a empujar para que el texto salga adelante. Por las consideraciones que le acabo de hacer y por no abundar en algunas razones que aquí se han expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de la toma en consideración, pero la puerta de este grupo parlamentario permanece abierta.


Muchas gracias, señor Herrera. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Morán.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN DE LA SANIDAD. (Número de expediente 162/000218.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la mejora de la financiación de la sanidad. Para defenderla en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el gasto en sanidad se está incrementando aceleradamente ya que, entre otros factores, la población ha aumentado en más de 5 millones de personas en nuestro país. El Gobierno sabe que la financiación de la sanidad es insuficiente; lo sabe porque dedicó la II Conferencia de Presidentes a este asunto, y no se puede escudar ahora en que si hay déficit es porque en las comunidades autónomas que más se quejan se dedica el dinero a otras cosas. Eso, señorías, es simplemente una frivolidad. El Gobierno sabe perfectamente que comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, Valencia y La Rioja dedican muchos recursos y muchos esfuerzos a atender las necesidades sanitarias de los ciudadanos. El problema es otro. El déficit de financiación procede fundamentalmente de la no actualización del sistema vigente, que cuenta con instrumentos para hacerlo. El Gobierno optó por cambiar el sistema en vez de actualizarlo y adaptarlo al incremento de la población. Al final, ni lo uno ni lo otro, y el problema que ha generado lo sufren todas las comunidades autónomas, porque, señorías, las comunidades autónomas son las que no han visto reconocidos sus incrementos de población ni han visto mejorada su financiación con un modelo nuevo. Además, se han quedado sin el anticipo que el presidente del Gobierno les prometió y que hasta el año 2007 han venido cobrando; nada más y nada menos que 3.000 millones de euros. Ha sido el Gobierno el que no ha conseguido sacar adelante un nuevo sistema de financiación y el que tampoco ha adaptado el actual. Al final, como siempre el Gobierno mira para otro lado cuando, una vez más, es exclusivamente su responsabilidad.


Señorías, los ciudadanos deben saber que esta decisión supone un recorte claro del gasto social porque el gasto sanitario es un gasto social, uno de los más importantes y el que llega a más gente porque es de cobertura universal y, por tanto, una prioridad para cualquier español. A esta barbaridad se une la decisión de acabar de un plumazo con el sistema de colaboración, lo que repercutirá también, y mucho, en los sistemas sanitarios públicos que, a partir del 1 de enero, deberán absorber a un elevado número de usuarios. El Gobierno una vez más quiere que los demás paguen las consecuencias de sus errores. Una vez más externaliza las consecuencias de su incapacidad política. En esta legislatura, como nos tienen acostumbrados el señor Zapatero y el señor Solbes, hacer presupuestos es muy fácil, sobre todo, cuando se cuadran a martillazos.
En lugar de elaborar unos presupuestos para hacer frente a la crisis económica que estamos viviendo, los presupuestos del año 2009 no sirven y generarán grandes dolores de cabeza a las administraciones autonómica y local. Suponen recortes sociales, porque estamos hablando de sanidad, estamos hablando de dependencia, estamos hablando de educación y estamos hablando de servicios sociales. ¿Cómo puede el Gobierno mirar a la cara a los ciudadanos y decirles que se han incrementado los servicios sociales o las políticas sociales, cuando les están recortando sus derechos? ¿Dónde está el compromiso, en la financiación sanitaria, en la Ley de Dependencia?

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Señorías, cada día que pasa está más claro que este Gobierno está superado por la crisis, le viene grande la crisis, le viene grande la gobernabilidad de este país, y en general la defensa de los intereses de España dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero, señorías, venimos a hablar de sanidad, venimos a hablar de la financiación sanitaria, porque la sanidad es un elemento básico en nuestro sistema de protección social.
Es el servicio público mejor valorado por todos los ciudadanos. Tenemos uno de los mejores sistemas públicos del mundo y con mayores tasas de cobertura. Atiende a todo el mundo sin preguntar de dónde viene. España, nuestro país, ha experimentado un crecimiento económico y un crecimiento de población enorme durante los años de prosperidad. Somos muchos más ciudadanos los que pagamos impuestos, y exigimos además cada día mayores y mejores servicios públicos. Hacer oídos sordos por parte del Gobierno a esta realidad, a esta situación o lavarse las manos es simplemente una irresponsabilidad. Los ciudadanos tienen derecho a que se haga frente a sus circunstancias, a los problemas. El dinero que tiene el Gobierno es el dinero de todos los ciudadanos, y tienen derecho a una sanidad de calidad. El Gobierno de España debería de comprometerse a apoyar la sanidad, y eso significa cumplir sus compromisos políticos, y en caso de equivocarse asumir sus errores. No se puede mirar para otro lado, hay que gobernar. En tiempos de urgencia, ahora que hablamos de sanidad, en tiempos de crisis lo que hay que hacer es gobernar, acercarse a los ciudadanos, estar cerca de sus problemas, y las comunidades autónomas tienen el derecho a que se cumpla lo que se les promete. Estamos hablando de partidas económicas muy importantes para las comunidades autónomas, sean del color político que sean. Para Madrid 400 millones, 380 para Andalucía, 200 para Castilla y León, 120 para Aragón, compromisos de Zapatero que han quedado en cero euros para los ciudadanos de todas estas comunidades autónomas. Señorías, solo les pedimos que cumplan con los compromisos, que si el presidente del Gobierno de España en la Conferencia de Presidentes se compromete a una cosa y se hace una foto, que luego no venga el señor Solbes con las rebajas, con los recortes.
Hagan honor a la palabra dada, porque eso también es generar confianza en momentos de crisis ¿O es que no tiene valor la palabra del presidente del Gobierno? Señorías, termino, rectifiquen, cumplan sus compromisos. De sus errores son responsables ustedes. No trasladen las consecuencias a otras administraciones públicas y a quienes menos culpa tienen, a todos los ciudadanos de España. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Báñez. A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la señora Fernández Davila para defenderla.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta. Hemos presentado esta enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que hoy estamos debatiendo porque para el Bloque Nacionalista Galego la cuestión de la financiación de la sanidad o la suficiencia financiera para llevar a cabo la gestión de la sanidad pública no es una cuestión puntual. Hay tres aspectos de la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular que queremos superar con esta enmienda. La primera es la cuestión de la temporalidad, y en la medida en que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular solo hace referencia a la cuestión de la Conferencia de Presidentes, nosotros entendemos que eso es mucho más importante que la financiación puntual, la financiación en el futuro. Por otro lado, porque el vicepresidente segundo y ministro de Economía dio explicaciones en esta Cámara sobre los acuerdos a los que hacemos referencia, pero de manera matizada a lo que eso significaba. Por tanto, entendemos perfectamente que lo acordado no es únicamente la financiación sanitaria, sino que estaba relacionado con la financiación autonómica, pero que en materia de financiación sanitaria sí tiene que ver con el adelanto de las cuestiones relacionadas con este tema.


Desde Galicia -y por eso hemos presentado la enmienda- no podemos dejar de aprovechar la ocasión, sobre todo el Bloque Nacionalista Galego, de reclamar al Gobierno del Estado una transferencia como adelanto de la financiación sanitaria, sobre todo porque llevamos muchísimos años defendiendo el pago de una deuda histórica que el Estado tiene con nuestro país en materia de sanidad, deuda histórica por cierto que el Partido Popular en todos los años que gobernó en Galicia nunca estuvo dispuesto a reconocer que existía, y por supuesto tampoco lo hizo cuando tuvo responsabilidades de Gobierno en el Estado, y mucho menos hizo gestos para mejorar la financiación sanitaria en Galicia que permitiera superar esa deuda histórica. Por tanto, el hecho de que en nuestra enmienda planteemos también que se cumplan íntegramente los acuerdos adoptados en la II Conferencia de Presidentes en materia de financiación sanitaria es congruente con esa reclamación histórica que el Bloque Nacionalista Galego ha hecho en materia de financiación sanitaria, y en la coherencia de que entendemos que un adelanto de esa financiación no solamente sería interesante, sino necesario para Galicia.


La otra cuestión es que para nosotros -lo dije al principio de mi intervención- no es una cosa puntual, y de ahí que entendamos que en el futuro sistema de financiación autonómica sea necesario hacer una ponderación de la suficiencia de elementos que, como la dispersión y el envejecimiento, encarecen la prestación del servicio público sanitario.
Aquí también hacemos una matización, porque sabemos que en todos los debates en que el Bloque Nacionalista Galego quiso introducir el criterio de envejecimiento y el de dispersión no todos los grupos, entre ellos el Grupo Parlamentario Popular,

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estuvieron por la labor de reconocer estos aspectos que en Galicia encarecen la sanidad pública, justamente porque son fundamentalmente estos aspectos los que hicieron posible esa deuda histórica que he comentado. Por tanto, nuestra enmienda está presentada por estas tres razones que acabo de exponer, y además como enmienda de sustitución a la propuesta que el Grupo Parlamentario Popular nos hace y que, en caso de ser aceptada, se lo agradeceríamos enormemente.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández.


En el turno de fijación de los grupos tiene, en primer lugar, la palabra el señor Ridao en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, podríamos decir de entrada que esta es una proposición no de ley trampa, puesto que si uno lee su contenido con los ojos limpios y sin ningún tipo de conexión con la realidad, aparentemente no existen motivos para no apoyarla. Pero es evidente -y no hay que ser precisamente un Einstein para advertirlo- que esta es una iniciativa que trasluce otro tipo de debate, un debate más ideológico, un debate sobre el modelo de gestión de la sanidad y que pretende además, aunque sea de forma indirecta, avalar la política sanitaria del PP o, mejor, de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular como Madrid o la Comunidad Valenciana, y que nosotros no podemos compartir, porque supone no solo un recorte de derechos, sino también una privatización de la sanidad pública.


Además, se trata de un intento -aunque sea también por la puerta de atrás- de traer a esta Cámara un contencioso político ajeno a este Congreso de los Diputados, un contencioso político madrileño sobre una competencia ya transferida hace años a la comunidad autónoma, y que debería resolverse precisamente en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Por lo demás, sorprende que sea el PP el que se preocupe ahora del cumplimiento o no del acuerdo de la Conferencia de Presidentes de septiembre de 2005, porque esa fue una cumbre auspiciada por el Gobierno catalán en su momento, después precisamente de ocho años de gobierno del Partido Popular que asfixió las finanzas autonómicas, y particularmente en el terreno de la sanidad; una cumbre donde el PP precisamente defendió que la financiación no se destinara específicamente a la sanidad. En ningún caso estoy defendiendo con ello la tutela de las finanzas autonómicas, tampoco de la sanidad, por parte de la Administración del Estado. Es más, debo decir que a nuestro grupo y a Esquerra les molesta extraordinariamente los globos sonda que periódicamente lanzan algunos responsables del Gobierno, que tienden a crear una imagen artificiosa de que algunas comunidades autónomas, si no todas, gastan demasiado y que hay que dotar a las comunidades autónomas de una financiación de carácter finalista, porque entendemos que eso va en contra de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Pero no estamos dispuestos a que paguen justos por pecadores. Es verdad que a raíz de aquel acuerdo Madrid recibió 1.400 millones de euros que invierte hoy a razón de 1.060 euros por habitante y año; luego, o no gasta este dinero o quizá lo destina a otros menesteres, por no citar los ocho nuevos hospitales que se han creado en Madrid cuya gestión se ha privatizado, donde al mismo tiempo se han desmantelado de facto otros centros sanitarios tradicionales de esta comunidad.


En todo caso desde Cataluña somos conscientes de que la actual financiación de la sanidad, incluso con el parche del acuerdo de 2005, es claramente insuficiente y además injusta, con problemas de envejecimiento y de dependencia, con largas listas de espera, pendiente de extender totalmente la asistencia primaria a todo el territorio, además con la necesidad acuciante de afrontar la presión asistencial que supone la nueva inmigración, etcétera. En nuestra opinión, eso supone revisar minuciosamente el acuerdo de 2005 y disponer de una fórmula estable que suponga un incremento progresivo de recursos, hasta llegar a un porcentaje del PIB equivalente a lo que gasta la media de los países de la Unión Europea a Quince. Actualmente el instrumento que regula esta financiación del gasto sanitario es un fondo de cohesión sanitario que hay que revisar con profundidad, y que creemos que penaliza a los territorios que, como Cataluña, han evolucionado hacia la eficiencia y hacia una mayor calidad asistencial, y que además castiga doblemente a aquellas comunidades como Cataluña que atraen a un gran número de desplazados de otras comunidades autónomas. Por tanto, insisto en que esta es una proposición no de ley que podríamos compartir si la leyéramos literalmente, sin conectarla con la realidad y con otros debates. Desde ese punto de vista, nuestro grupo plantea una reforma estructural y con profundidad de la financiación sanitaria, pero en ningún caso con el planteamiento que hoy nos trae a esta Cámara el Grupo Popular.


Muchas gracias, señora presidenta, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao.


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha renunciado al uso de la palabra.
Por tanto, pasamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y en su nombre tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÁS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en esta proposición no de ley lo que sí estamos viendo es que va a haber un aspecto en el que creo que toda la Cámara va a estar de acuerdo. Es el aspecto de la financiación de la sanidad, que es una asignatura pendiente que tenemos que abordar con realismo,

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con seriedad y con urgencia, y que hoy por hoy es sumamente deficiente. No podemos, no debemos hacer demagogia con un tema tan delicado como es la sanidad y su financiación. Aquí estamos debatiendo un tema que tiene mucho que ver con la financiación porque está relacionado con la deuda pendiente de la sanidad con las comunidades autónomas. Es cierto que los anticipos son para ayudar a aliviar a estas comunidades autónomas de su deuda en esta materia. Sabemos que se mantiene el 98 por ciento de estos anticipos, pero que hasta ahora estos años han ido recibiendo el 102. Por lo tanto, hay una rebaja de 4 puntos en este tanto por ciento de anticipo que las comunidades autónomas van a recibir. Ninguna de sus señorías me puede negar que este es un problema de mala financiación o que, por lo menos, todas las comunidades autónomas tienen una financiación muy deficiente y que con esta rebaja de 4 puntos en el tanto por ciento van a sufrir más.


Estos días, por ejemplo en Cataluña, la misma consejera de Sanidad ha abierto un debate sobre el copago en el ámbito sanitario. Y si lo ha abierto es por las dificultades financieras que existen en sanidad. No hace demasiados meses, creo que era en el mes de junio, los medios de comunicación catalanes también hablaban de un déficit grave de la sanidad catalana. Decían que se necesitaban 1.000 millones más al año para sostener este sistema sanitario con la misma calidad y con el mismo nivel de eficiencia que ha tenido hasta ahora. Nuestro grupo cree que esta rebaja del 4 por ciento menos que van a recibir de la deuda de la sanidad las comunidades autónomas no va a ayudar a mantener este grado de calidad. No voy a entrar en el tema de la oportunidad o no o del ámbito de discusión de si ha de ser en una proposición no de ley o si no es este el lugar adecuado. Más bien creo que este es un tema de financiación en general. Pero en estos momentos en que la sanidad está tan necesitada de dinero y de financiación, nuestro grupo parlamentario va a dar apoyo en este aspecto a la proposición no de ley. Necesitamos que siga llegando dinero a las comunidades autónomas. Necesitamos que vayan rebajando esta deuda que tienen de financiación. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra la diputada doña Delia Blanco.


La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidenta.


En primer lugar, no les oculto nuestra sorpresa por que haya sido el Partido Popular el que haya presentado esta PNL sobre sanidad y en la sede del Parlamento nacional, señorías. Sin duda, se debe a la presión ejercida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, (Aplausos.) que tenía y tiene un gran problema sobre la sanidad en Madrid -porque está transferida-, y se lo ha pasado directamente a ustedes, señorías del Partido Popular. Ha elevado el tiro hasta el señor Rajoy. Es cierto que todos conocemos las presiones de la señora Aguirre sobre su propio partido. Ella nos las ha hecho saber a todos los ciudadanos españoles, y especialmente a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Pero yo les voy a recordar una cosa: para empezar, a la presidenta de esta comunidad no la votaron los madrileños y madrileñas para que le quitara el puesto al señor Rajoy, ni para que se lo disputara. Votaron a doña Esperanza Aguirre para que les gobernara y les gobernara bien, y tampoco se presentó con un programa donde dijera que iba a hacer gestión privada de los grandes hospitales, de los pequeños e incluso de algunos ambulatorios de especialidades, como está haciendo.
Esta misma tarde, otra vez la Consejería de Sanidad, por el precio módico de 1.320 euros la entrada, y en el hotel Holiday Inn, convoca el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, y en concreto su consejero Güemes, a los empresarios de la sanidad privada de Madrid para decirles, una vez más -y es la segunda-, que la sanidad en Madrid es un negocio.
(Aplausos.) Exactamente eso dijo el señor Güemes en la primera convocatoria. La segunda tiene lugar esta misma tarde. Esa es la realidad. Ustedes no han venido aquí a hablar de financiación. Ustedes han venido aquí a hablar de modelo sanitario. Ustedes han venido aquí a defender a Esperanza Aguirre y a lo que ella no puede defender ni en la calle ni frente a los madrileños y madrileñas, porque no la han votado para que privatice la gestión de los hospitales, y desmantele los cuatro grandes hospitales -La Paz, el Doce de Octubre, el Gregorio Marañón y el Ramón y Cajal- y cree ocho nuevos hospitales sin dotación y quitando a los profesionales de los hospitales que sí funcionaban para crear ocho nuevos hospitales sin servicios y que no funcionan. Además, señorías del Partido Popular, han caído ustedes en la trampa de la señora Aguirre. El señor Zarzalejos, ex director de ABC, anunciaba lo siguiente en una entrevista que hemos podido leer todos: si hay alguien que tiene poca cultura democrática en este país, pero mucho poder, es Esperanza Aguirre.
(Rumores.- Aplausos.) Tiene un problema gravísimo en la calle, en los hospitales, en los ambulatorios. (Rumores.) Sí, señorías, y ustedes han traído, revestida de financiación, una proposición no de ley para salvarle la cara a Esperanza Aguirre. (La señora Báñez García: ¡Qué barbaridad!) Esperen un momento y no se pongan nerviosos porque claro que voy a entrar en el tema de la financiación. El Parlamento de la nación no es el lugar para discutir qué le pasa a doña Esperanza Aguirre con la sanidad en Madrid. (La señora Báñez García: A la sanidad.) Ustedes están muy preocupados por su modelo thatcherista de hace veinticinco años, que ya no funciona ni va a funcionar nunca más, nostálgicos de un neoliberalismo que ya no funciona, señorías del Partido Popular.
(Rumores.)

Ahora sí voy a entrar en su proposición no de ley. Con respecto al primer punto, el cumplimiento del presidente en su II Conferencia de Presidentes para mejorar la

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financiación en 2005, he de decirles que ustedes se negaron específicamente a que la financiación fuera para sanidad. Dijeron textualmente -lo dijo la señora Aguirre- que quería gastárselo en lo que quisiera. Muy bien, es su competencia. Y añadió: a caballo regalado no le mires el diente. Pero, señorías del Partido Popular, esta Comunidad de Madrid tiene 10.000 millones de deuda. Solo Telemadrid, fuera de la deuda de la Comunidad de Madrid, (Rumores.- La señora Báñez García: Sanidad, sanidad.) tiene 6.000 millones de deuda, y van 16.000. Y en el presupuesto de 2007 hay 1.200 millones de euros que todavía no se han ejecutado. Así que pónganse. Les doy una idea, utilícenlos en sanidad.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Blanco, tiene que ir acabando.


La señora BLANCO TERÁN: Voy acabando, señora presidenta.


Les voy a decir una cosa...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Que sea rápido, señora Blanco.


La señora BLANCO TERÁN: ...No pueden seguir faltando al respeto a los sindicatos como lo están haciendo. Tienen un mandato constitucional.
Están diciendo que están pagados para abuchear a doña Esperanza Aguirre.
No, tienen un mandato constitucional. Les voy a decir otra cosa, son los trabajadores de sanidad de la Comunidad de Madrid -médicos, enfermeras, auxiliares de clínica- los que están salvando la sanidad en Madrid, por vocación y por responsabilidad; la que ustedes no tienen ni en Madrid ni en Valencia.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Blanco.


Señora Báñez, tiene que decir si acepta o rechaza la enmienda que le ha presentado el Grupo Mixto.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


No aceptamos la enmienda del Grupo Mixto, pero creo que la señora representante del PSOE...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Báñez, su turno es simplemente para aceptar o rechazar la enmienda.


Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RESPECTO A LA CUMBRE IBEROAMERICANA EN EL SALVADOR. (Número de expediente 162/000077.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la cumbre iberoamericana en El Salvador.


Para defenderla tiene la palabra el señor Pedret.


El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, es Iberoamérica un espacio geográfico que pugna tenaz, denodada y obstinadamente por convertirse en un espacio político. Los ensayos, los intentos, los avances han sido plurales, diversos y con suerte varia. No cejan por eso, señorías, los pueblos iberoamericanos de intentar su unidad política, su esencia de ser un conjunto de naciones iberoamericanas. Los avances que se producen en la democracia en Iberoamérica, absolutamente innegables, han llevado en los últimos tiempos a algo insólito históricamente, la sucesión de muchos, de un elevado número de presidentes en procesos electorales pacíficos, constitucionales y democráticos. Nuevos presidentes elegidos por el pueblo en un amplio abanico de opciones políticas. Es cierto, señorías, que esta misma expansión del movimiento democrático en Latinoamérica ha producido el resultado de la integración en el sistema de amplios sectores que antes estaban excluidos del mismo, muy especialmente los pueblos indígenas que ahora participan políticamente en la toma de decisiones sobre su futuro. Esta participación de los nuevos sectores antes excluidos ha provocado en muchas ocasiones rechazo, y en otras ha manifestado problemas de adaptación a las formas democráticas, pero en conjunto es claramente algo favorable para el avance de la democracia y de los derechos humanos de todos y todos los derechos humanos en Iberoamérica. Es cierto que quedan innegables problemas en esta integración, que existen aristas a veces muy dolorosas que deberán ser limadas en el futuro, pero en este contexto me interesa destacar que es absolutamente necesaria la institución de las cumbres iberoamericanas como un instrumento de consolidación de la democracia, de apoyo a las poblaciones iberoamericanas, de lucha contra la miseria y la pobreza extrema.


Mañana, señorías, se inicia en El Salvador la XVIII edición de las cumbres iberoamericanas. Su misma existencia es importante, pero es también importante la tendencia a superarlas en cuanto a concepto de una mera reunión durante unos días de jefes de Estado o de Gobierno -a la que sería por cierto enormemente conveniente que asistieran todos ellos- para crear una clara complejidad estructural de reuniones y encuentros paralelos en el tiempo y en los temas que implican a muy diversas administraciones, poderes, y a una sociedad civil cada vez más fuerte, organizada y consciente, que se reúne en colaboración y a veces, muchas veces, en protesta o como alternativa a la reunión de la cumbre. Ello es bueno, solo se protesta o solo se ofrece alternativa a aquello que realmente existe y es eficaz. En este contexto, una vez más, de las cumbres iberoamericanas

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entiendo que es absolutamente central la figura de la Secretaría General Iberoamericana para dar continuidad a los diversos temas que se tratan en ellas, y para mantener la coherencia en las políticas públicas al respecto. Así, la coherencia entre el tema básico de la cumbre de Santiago de Chile de cohesión social, y el tema básico de la cumbre de El Salvador de la juventud. La juventud en Latinoamérica ha hecho progresos importantísimos -el 71 por ciento de jóvenes escolarizados en el nivel secundario, reduciéndose solo al 25 por ciento en el medio rural, y solo a un 6,5 por ciento en los estudios superiores-, pero con graves problemas: la mitad de las nuevas infecciones de sida en Iberoamérica afectan a jóvenes entre 15 y 19 años; el 17 por ciento de los embarazos son embarazos de adolescentes, y tenemos por tanto muchísimo trabajo que hacer, y se está haciendo. Entró en vigor ya el 1 de marzo de este año la Convención iberoamericana de derechos de los jóvenes, y se está desarrollando, y es un elemento fundamental de la cumbre que se inicia mañana en El Salvador el Plan iberoamericano de cooperación e integración para la juventud. Esta juventud, señorías, que es, como se dice siempre, el futuro, pero que no es solo el futuro; la juventud es nuestro presente, como la juventud del futuro será el presente del futuro. Para ellos, para la lucha por las condiciones económicas, sociales y políticas admisibles, mínimas, necesarias, cada vez más abiertas y a mayor nivel, es para lo que se trabaja en estas cumbres y en la que se inicia mañana.
Para ello hemos conseguido el apoyo, estoy convencido de que va a ser amplísimo, si no unánime, de este Congreso a través de las negociaciones que nos han llevado a la presentación de una enmienda transaccional firmada por todos los grupos de la Cámara como merece, entendemos, nuestra implicación en Iberoamérica, la necesidad de la solidaridad con Iberoamérica desde allí, desde nuestro país, que forma parte de esta comunidad de naciones. Y porque creemos que es importantísimo está también en la transacción que se somete a SS.SS. la petición de que el Gobierno informe periódicamente del contenido, desarrollo y resultados de las cumbres iberoamericanas. Por ello, señorías, les solicito el voto afirmativo para la transacción a la que hemos llegado todos los grupos de la Cámara.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Pedret.


A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de tres grupos parlamentarios y según el orden de su presentación, en primer lugar, para defender la presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclá.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para presentar estas enmiendas y a la vez fijar posición también ante la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Mañana, y será la número XVIII, se inicia la cumbre iberoamericana que una vez más es un punto de encuentro entre el conjunto de Estados que conforman la comunidad iberoamericana. Parece oportuno, pues, que en esta sede parlamentaria y en esta legislatura -que igual que la anterior han sido legislaturas en las que afortunadamente se ha parlamentarizado también la política exterior y se ha traído a discusión en sede parlamentaria aspectos importantes de la política exterior-, la iniciativa del Grupo Socialista no solo sea para que se convierta en una iniciativa de aplauso y de apoyo en abstracto a la acción de la política exterior del Gobierno, sino para que se concrete -a través del texto inicial en el que el ponente, el diputado Jordi Pedret, reconoce que se debe actualizar a la luz de los acontecimientos y a partir de las enmiendas de los distintos grupos- algunas líneas generales de política exterior desde el Parlamento español.


Este año el tema de la cumbre iberoamericana es el desarrollo integral de la juventud, y sin duda esta es la continuación de una materia que se trató el año pasado, como es la cohesión social, concretamente poniendo el acento de la cohesión social referida a la juventud y estudiando aspectos tan importantes que son fundamento de esta posibilidad de desarrollo de la juventud, como la materia de la educación. Nos gustaría a través de esta proposición no de ley y de las enmiendas que hemos presentado, que en el texto, en el mandato y en la declaración política de este Congreso de los Diputados se tenga en cuenta que estas cumbres iberoamericanas deben ser cumbres en las cuales se exprese por parte de la diplomacia española, por parte del Gobierno español, como voluntad política por parte del Parlamento el deseo de fomentar una determinada comunidad de valores. Una comunidad de valores basada en el fomento de la democracia, en el fomento del respeto de los derechos humanos y en el fomento y respeto del Estado de derecho y las garantías propias del Estado de derecho en un marco democrático. Esto es lo que expresan nuestras tres enmiendas, este es el objeto de nuestras enmiendas: la comunidad iberoamericana también debe ser una comunidad de valores.


En nombre de la prudencia, en nombre del consenso y en nombre de la transacción, hemos creído que en las enmiendas no debíamos señalar ningún país concreto de la comunidad iberoamericana en el cual no existe un régimen de democracia, ni ningún país concreto de la comunidad iberoamericana en el cual no se garantizan los derechos políticos más básicos. Hace apenas dos semanas, y ante la comparecencia a petición propia de la secretaria de Estado para Asuntos Iberoamericanos, los distintos grupos parlamentarios pudimos expresar en aquella ocasión los países en los cuales, a pesar del diálogo crítico que mantiene el Gobierno español, no se

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aprecian avances en materia de democracia, y aquel país que tiene elecciones municipales y regionales convocadas para finales del mes de noviembre -hago referencia a Venezuela- y en el cual tampoco se respetan los derechos políticos de presentarse y de ser elegido.


Las cumbres iberoamericanas deben ser un marco de fomento de estos valores y, de la misma forma que hace cuarenta años a España se le recordaba también la falta de estos marcos de libertad y de estos marcos democráticos, desde los cauces diplomáticos, desde los cauces del respeto propios de las cumbres iberoamericanas, es importante que la voz del Gobierno español se exprese en la defensa de los derechos humanos, de la democracia y de un marco económico estable para las inversiones en el continente sudamericano y en el área centroamericana.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Xuclà.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas. Una, literal, dice así: A velar para que los representantes del Estado español mantengan un total y estricto respeto a las normas y procedimientos establecidos en cuanto a las intervenciones de sus representantes. No les escondo que el papel del jefe del Estado en la pasada cumbre fue un tanto lamentable; de hecho, se visualizó de una forma un tanto extemporánea un cierto sentimiento de prepotencia, que no creo que sea lo que más nos convenga en el continente americano, e incluso sirvió para eclipsar los resultados de la misma cumbre, que fueron destinados nada menos que a la cohesión social, es decir, un ámbito sobre el cual hay que trabajar, y mucho, en el continente americano. De manera que no debería repetirse una actuación como la que tuvo como protagonista al Rey de España. Esperemos que el Gobierno sepa vehicular algún mensaje para que lo entienda y no se repita.


Con la segunda enmienda pretendemos que el Gobierno presente ante la Comisión de Asuntos Exteriores, y en este mismo periodo de sesiones, un informe que pueda evaluar el resultado de esta nueva cumbre. Por cierto, como tiene como objetivo prioritario la juventud, entenderán que ciertamente se corresponde con el tema del pasado año, puesto que no hay futuro sin cohesión social y no hay futuro si las nuevas generaciones están condenadas a la exclusión y a la pobreza. En ese sentido, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un universo de 190 millones de personas, de las cuales, repito, una buena parte son jóvenes y el tema de la juventud es un tema transversal que afecta básicamente a la infancia, a la primera juventud, a las mujeres y por supuesto, en tanto en cuanto hablamos de América, también afecta a las minorías indígenas, que están todavía supeditadas a un régimen de explotación superior al del resto de la ciudadanía. En ese sentido, hay que plantear algunas cuestiones que son urgentes si no queremos caer en una cierta hipocresía y una doble moral tan propia de los Estados del primer mundo. Colombia es el Estado latinoamericano con mayor índice de violación de los derechos humanos.
Concejales, opositores, sindicalistas de trasnacionales, defensores de los derechos humanos caen abatidos por las fuerzas paramilitares con la connivencia de los gobiernos -en este caso, con el Gobierno del señor Uribe- y, ciertamente, el Estado español no tiene ningún reparo en vender armas a Colombia. Por cierto, ustedes saben de la corrupción de este Gobierno. Por otro lado, parece mentira pero todavía hay quien insiste -ya sé que con un mensaje subliminal, pero creo que en la transaccional tendremos ocasión de ver que no es tan subliminal- y se habla y se apela a los derechos humanos intentando querer focalizar el enemigo en el régimen cubano, cuando ustedes saben que la ONU ha dejado sentado -y muy bien sentado- que en cuanto al índice de desarrollo humano Cuba, en estos momentos, está por encima de la media de todas las repúblicas sudamericanas. En Centroamérica el índice cubano tan solo queda superado por el de Costa Rica. Es decir, cuando hablemos de derechos humanos no tenemos ningún problema en hablar de ellos aplicados al continente americano, siempre y cuando hablemos primero de exclusión social, de miseria y de cómo millones de personas están condenadas a una vida absolutamente mísera. Nosotros tenemos estas dos enmiendas y estamos dispuestos a aceptar una transaccional, siempre y cuando se acepten parte de nuestras enmiendas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De Arístegui.


El señor DE ARÍSTEGUI SAN ROMÁN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para fijar posición en esta proposición no de ley y para defender también el espíritu y el fondo de nuestras enmiendas. Para el Partido Popular y para el grupo parlamentario que represento, América Latina siempre ha tenido una prioridad básica, está en nuestro programa electoral y siempre hemos dicho que forma parte del occidente político. La aplastante mayoría de los gobiernos de América Latina son democracias, si no todos -lamentablemente algunos que lo eran están en deriva totalitaria-. Creemos que desde esta tribuna y con estas iniciativas tenemos que poner el acento -y es el espíritu y la razón esencial de nuestra enmienda- en la importancia de la defensa de los sistemas de derechos y libertades

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fundamentales y el impulso y promoción de la democracia. Es evidente que también la seguridad física y jurídica son esenciales para los ciudadanos de América Latina, pero también para los intereses de países como el nuestro que tienen invertidos nada menos que casi 300.000 millones de euros en el continente. Recogemos con alegría la expresión del diputado Xuclà cuando dice que la comunidad iberoamericana de naciones tiene que ser también una comunidad de valores y de principios democráticos. No podemos estar más de acuerdo. Y vamos a decir, además, que la democracia es uno de los motores de prosperidad más importantes, como pone de manifiesto la experiencia chilena. Bajo la dictadura, más del 40 por ciento de los chilenos vivían bajo el umbral de la pobreza; hoy, bajo la democracia, son menos del 13 por ciento. Se vivió una primavera democrática en América Latina que trajo también un impulso y un desarrollo económico importante que tuvo, sobre todo, efecto positivo en la macroeconomía pero que no tuvo después traslado a la microeconomía ni a las políticas sociales. Pero no era culpa, como decían algunas izquierdas obsesionadas con las teorías de la conspiración, del fruto de los consensos de Whashington; era porque los gobiernos que tenían la suerte de vivir una verdadera bonanza macroeconómica no fueron capaces de buscar el traslado de esos beneficios a los más desfavorecidos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No tenían verdaderas políticas sociales o dignas de tal nombre.


Es verdad que hoy estamos ante una situación preocupante en el planeta, pero tenemos que poner el acento especial en la defensa de la democracia y de los derechos del hombre. Hay que tener un especial cuidado, señorías, porque en este momento se está poniendo en cuestión al sistema democrático en algunos países de América Latina. Se ha puesto en cuestión porque la corrupción, la ineficacia, la falta de transparencia y la falta de responsabilidad de algunos gobiernos democráticos en América pusieron en cuestión al sistema de partidos tradicionales, al sistema democrático en su conjunto. Lo mismo que está ocurriendo ahora en la crisis económica, que mucha gente confunde la avaricia y la voracidad económica de algunos actores económicos con el fallo en cadena del sistema, ocurre en este caso con la democracia. No es culpa del sistema, sino de algunos actores políticos que abusaron del sistema para enriquecerse. Creo de verdad que las cumbres tienen que poner un acento muy especial en estas cuestiones y me alegro de verdad de que los demás grupos parlamentarios hayan aceptado esta enmienda de mi grupo. Obviamente, las cumbres tienen que poner el acento en la defensa de esos derechos. Y también hemos aceptado lo de otros grupos, que hacen mención a la lucha contra la pobreza y la miseria, pues estamos ante uno de los continentes del mundo con mayor diferencia entre ricos y pobres. Es evidente que en este momento poner el acento, como se ha dicho en tantos discursos y en las propias iniciativas, en el diálogo y en la concertación, en un ejercicio de integración política como son las cumbres no podemos olvidarnos de eso. Tiene que servir para resolver diferendos y conflictos, no para crearlos, porque hay iniciativas, señorías, que son claramente disgregadoras y que generan tensión.


Hay problemas muy graves en este continente, a algunos de los cuales tenemos que ponerles remedio. El crecimiento de ideologías de carácter totalitario, ideologías que están poniendo en cuestión la libertad.
Estamos viendo -se ha mencionado también por el señor Xuclà- las próximas elecciones en Venezuela, regionales y municipales. El presidente de Venezuela ha llegado a afirmar que si no se vota por sus opciones políticas, intervendrá militarmente en los Estados donde no se vote por él. El problema de las inhabilitaciones no ha sido suficientemente tratado y espero que en futuras reuniones de la Comisión de Asuntos Exteriores podamos tratarlo. Es verdad -lo ha dicho el señor Pedret- que las comunidades indígenas y los pueblos indígenos necesitan que sus derechos sean reconocidos, protegidos y defendidos, pero también hay que reconocer que hay un indigenismo perfectamente legítimo y que hay un indigenismo radical que pretende instalar regímenes en deriva totalitaria y autoritaria.


Por último -es una mención que no podemos dejar pasar por alto-, las palabras gruesas dedicadas por el señor Tardà a la figura de Su Majestad el Rey son inaceptables para mi grupo. Nosotros queremos mostrar nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro afecto por la figura de la corona, su importancia para España y su ejemplar trayectoria como los mejores embajadores de nuestro país en todo el continente americano, donde han sido referente, referencia y ejemplo de democracia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Arístegui.


Para fijar posición, el Grupo Mixto..., no intervendrá. El Grupo Parlamentario Vasco (PNV)..., tampoco. Muchas gracias.


Habiendo una enmienda transaccional, será la que se pase a votación en su momento.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y ASÍ LOGRAR UN REPARTO MÁS EQUITATIVO DE LAS CARGAS FISCALES ENTRE CONTRIBUYENTES. (Número de expediente 173/000030.)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.


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Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal y así lograr un reparto más equitativo de las cargas fiscales entre los contribuyentes. Para su defensa tiene la palabra don Joan Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, en un contexto de aguda crisis económica como el que estamos viviendo, con la consiguiente disminución de ingresos públicos, Esquerra, igual que defiende que el Estado debe endeudarse para compensar los efectos de la crisis y la caída de los ingresos, defiende que el Estado más que nunca debe realizar una correcta gestión de los impuestos, además de que del Estado también depende en buena medida la financiación del conjunto de administraciones públicas. Ello es relevante precisamente en un momento en el que estamos pendientes y debatiendo el futuro modelo de financiación no solo autonómica, sino también local. Solo en 2006 las comunidades autónomas, por ejemplo, recibieron el 70 por ciento de sus recursos procedentes de la gestión que realiza la Agencia Tributaria.


A lo largo del debate de la interpelación hice un análisis -admito- muy crítico de la gestión tributaria por ineficiente y de los resultados obtenidos por la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude. No en vano, el propio informe económico-financiero que acompaña al proyecto de ley de presupuestos revela que el saldo pendiente de impuestos que no se ha cobrado es de un 13 por ciento, habiendo disminuido hasta un 23 por ciento el número de inspecciones. Según otros informes de organismos internacionales, también de ámbito estatal, públicos y no públicos, como el ICO, Funcas, el Banco Mundial o la Comisión Europea, evidencian que la economía sumergida en el Estado español se sitúa en el entorno del 23 por ciento del PIB, de donde se puede inferir que el fraude fiscal ronda aproximadamente los 90.000 millones de euros. Solo hay que saber que las comunidades autónomas recibieron en 2006, fecha de la última liquidación de la financiación territorial, aproximadamente 110.000 millones de euros. Hay que pensar también que estos 90.000 millones de euros son una cifra equivalente a lo que el Estado necesita para equiparar a España, en cuanto a gasto social, a la media de la Unión Europea a Quince.


Más datos. Después de Grecia, España es el segundo país de la Unión Europea a Veintisiete con más fraude. En 2007 quedaron pendientes de gestión recaudatoria 20.600 millones de euros. España es el único país -yo diría casi del mundo mundial- donde los asalariados pagan más IRPF que sus propios empleadores, 6.000 euros de media; solo declaran patrimonio 727 de los 3.300 contribuyentes con más de 100 millones de euros de patrimonio; en 2002 se blanquearon 14.000 millones de euros; hay un atesoramiento insólito de billetes de 500 euros en toda la Unión Europea. Así no me extraña, por cierto, que las encuestas del CIS o del Instituto de Estudios Fiscales detecten que más del 50 por ciento de los ciudadanos consideran que el fraude ha empeorado, por cierto, un tercio más que hace escasamente diez años, y consiguientemente también ha empeorado la sensación de impunidad que tienen muchos contribuyentes al conocer estos datos. En nuestro análisis también dijimos que esta falta de diligencia o ausencia de celo por parte de la Administración tributaria estatal es imputable no solo a estrategias de gestión erróneas, sino también a graves, gravísimas limitaciones -diría yo- en los medios a disposición de la Agencia Tributaria, a fórmulas organizativas que en todo caso son deficientes y que todo ello afecta no solo a los resultados sino también a la capacidad operativa de la Agencia Tributaria.


Me place decir que nuestro grupo parlamentario ha llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista en forma de enmienda de sustitución a la moción presentada por nuestro grupo y también a través de una enmienda transaccional al primer apartado de dicha moción. En primer lugar, el acuerdo consiste en instar al Gobierno a elaborar un plan de prevención del fraude, que con la metodología que está a punto de concluir la Unión Europea sirva también para conocer el alcance del fraude fiscal, de la economía sumergida, incluyendo en dicho informe los estudios necesarios; estudios que hoy, por cierto, incomprensiblemente no se realizan y que ahora deberán realizarse y, además, actualizarse de forma bianual. En segundo lugar, se insta al Gobierno a informar periódicamente a las Cortes de estos resultados que se derivan también de las actuaciones de control y de fiscalización tributaria. En tercer lugar, se insta al Gobierno a coordinarse de forma efectiva con las administraciones tributarias autonómicas, potenciando, por tanto, su corresponsabilidad en un ámbito como es el de la lucha contra el fraude fiscal. En cuarto lugar, y a tal efecto también, se insta a la creación, en un plazo perentorio, en un plazo razonable, prudente de un año, de un censo único compartido con la información procedente de los ámbitos central y autonómico. Es sabida la resistencia, casi atávica, de la Administración central del Estado a facilitar estos datos a otras administraciones públicas territoriales. En quinto lugar, se insta al Gobierno a continuar avanzando en materia de carrera administrativa, promoción profesional, estructura de los puestos de trabajo y también de los planes de formación de inspectores y otros responsables de la Agencia Tributaria, a fin de que la misma pueda aproximarse y homologarse a la media de los países de la OCDE, en cuanto a la dotación de recursos humanos y materiales.


Finalmente -y no por ello menos importante-, esta es una moción que urge a propiciar los acuerdos necesarios para constituir el Consorcio Tributario con la participación paritaria entre la Administración tributaria del Estado y la Agencia Tributaria catalana. La constitución de este consorcio era una obligación incorporada en el Estatuto de Cataluña en su artículo 204.2, que

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debería haberse puesto en marcha a los dos años de la entrada en vigor del Estatuto, algo que todavía no ha sucedido. Por tanto, este apartado relevante de esta moción que quiero subrayar supone, en nuestra opinión, un impulso definitivo a la constitución de este consorcio tributario que viene obligado por el Estatuto.


Gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Díez. (Pausa.) ¿Se mantiene viva la enmienda a la moción, señora Díez?

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Lo siento, presidente, se mantiene viva, pero no tengo intención de intervenir.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


En tal caso, por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de su enmienda tiene la palabra doña Ana María Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda a esta moción porque coincidimos en la importancia que tiene la lucha contra el fraude fiscal, especialmente en esta época de crisis económica, y en una situación donde los ingresos tributarios están reduciéndose a un ritmo alarmante. Esto exige por parte de la Agencia Tributaria un esfuerzo adicional para frenar las conductas defraudatorias. Hemos presentado una enmienda porque discrepamos del planteamiento nacionalista que hace el grupo proponente y que se ha plasmado en muchos de los puntos de su moción. Me refiero a la progresiva asunción de competencias en materia tributaria por parte de las comunidades autónomas que Esquerra Republicana introduce en algunos puntos de su moción y que para mi grupo son absolutamente inasumibles.
Pretender impulsar un modelo de diecisiete agencias tributarias diferentes no tiene ninguna lógica si lo que pretendemos hoy es establecer medidas de lucha contra el fraude, porque provocaría graves disfunciones que irían en la dirección contraria. Se perdería información, habría descoordinación en la actuación de las distintas administraciones y, a nuestro juicio, habría un trato desigual para los contribuyentes en función del territorio en el que residen. No creemos que esto sea lo que quieren los ciudadanos. Los ciudadanos quieren pagar sus impuestos de una manera justa, y que aquellos que no paguen sean perseguidos por la Agencia Tributaria. Por eso, en nuestra enmienda planteábamos profundizar en los procedimientos de colaboración y coordinación entre la Agencia Estatal Tributaria y las administraciones tributarias autonómicas, porque nos parece un aspecto fundamental con un matiz esencial, que es plantear estas cuestiones en el marco de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas.


Actualmente existen mecanismos de colaboración, pero establecer nuevas fórmulas sobre la base de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y al margen del resto de comunidades autónomas, nos parece disparatado y contrario a nuestra Constitución, aunque será el Tribunal Constitucional el que, parece que de forma inminente, se pronuncie sobre esta cuestión. Decía al principio de mi intervención que compartimos la intención del grupo proponente al plantear esta cuestión, porque en el Grupo Popular estamos convencidos de que para lograr un sistema fiscal justo, en el que todos contribuyamos al sostenimiento de los gastos públicos, es necesario el estricto cumplimiento de todas las normas tributarias por parte de todos, sin excepciones. El fraude fiscal constituye un comportamiento insolidario, que produce graves perjuicios a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. No se trata de exigir cada vez más obligaciones a los que ya cumplen, sino de perseguir a aquellos que no están y que no cumplen. Debo añadir que desde mi grupo parlamentario pensamos que en estos últimos años de Gobierno socialista no se han puesto los medios necesarios para luchar eficazmente contra el fraude fiscal. Ni el Plan de prevención del fraude fiscal, que anunciaron a bombo y platillo, ni la Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal han tenido los resultados esperados. Si analizamos la última legislatura de Gobierno socialista, los logros han sido más bien modestos. Señorías, cuando el 13 de octubre del año 2004 comparecía en la Comisión de Presupuestos el director general de la Agencia Tributaria, pretendía dar un giro en el funcionamiento de la agencia y dejaba entrever ciertas carencias del Gobierno anterior del Partido Popular en lo relativo a la lucha contra el fraude. Se basaba para hacer esta afirmación en un estudio demoscópico del CIS del año 2003, en el que se reflejaba la opinión de los españoles acerca del fraude. Pero quien a hierro mata, a hierro muere, porque tras una legislatura completa de Gobierno socialista, el Instituto de Estudios Fiscales publicó recientemente una encuesta que arrojaba la preocupante cifra de justificación del fraude fiscal por parte del 49 por ciento de los ciudadanos, lo que supone diez puntos más que hace un año y el porcentaje más elevado desde 1995.


Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular preferimos ser coherentes y serios en una materia tan sensible como es la lucha contra el fraude, pero la campaña de márquetin que ha llevado a cabo el Gobierno socialista no ha alcanzado, a nuestro juicio, los resultados deseados y no ha aportado las medidas y los instrumentos necesarios para hacer frente al fraude fiscal. De nada sirven un conjunto de medidas dispersas si no somos capaces, por carecer de medios, de ponerlas en práctica. Nosotros habíamos presentado una enmienda, pero parece que el Grupo Socialista ha llegado a un acuerdo con el grupo

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proponente para una enmienda de sustitución que nos parece que es un lavado de imagen del Partido Socialista para cumplir sus compromisos del Estatuto de Autonomía de Cataluña con ciertos partidos nacionalistas, y el punto sexto sería absolutamente inasumible por mi grupo. Por tanto, como el resto de puntos creemos que son medidas que no aportan nada nuevo en la lucha contra el fraude fiscal y no son medidas que demanden los ciudadanos para mejorar la persecución de los defraudadores, vamos a votar en contra de esa enmienda.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de sustitución y con posterioridad una enmienda transaccional negociada con el grupo proponente de Esquerra Republicana, que ha defendido el señor Ridao en esta tribuna, porque es coherente con nuestros planteamientos en este asunto. Por tanto, pedimos al resto de grupos parlamentarios que se sumen a dicha propuesta.


Como SS.SS. conocen, la legislatura pasada se caracterizó en materia de política fiscal por dos notas bien definida; en primer lugar, por una reforma impositiva que rebajó impuestos a las rentas de trabajo, a las familias y a los sectores productivos, y, en segundo lugar, por combatir el fraude fiscal. Precisamente porque el fraude fiscal constituye una lacra social y porque es el principal elemento de inequidad del sistema tributario, el compromiso del Gobierno es firme y permanente en la lucha contra el mismo. En el año 2005 se aprobó un plan de prevención del fraude fiscal; y al año siguiente, en 2006, se aprobó la Ley de medidas de prevención del fraude fiscal, que vino a tapar ciertos agujeros normativos que hoy nos permiten combatir en mejores condiciones, por ejemplo, las tramas del IVA dedicadas al fraude intracomunitario o el fraude en el sector inmobiliario. Se han incrementado los medios destinados a investigar aquellos fenómenos más graves del fraude con programas específicos relativos a operaciones con billetes de alta denominación o billetes de 500 euros, entre otros asuntos, y las actuaciones se han doblado, pasando de las 649 en 2004 a las 1.313 en 2007. Los resultados son muy positivos. En solo tres años de funcionamiento del plan se ha producido una notable mejoría en los niveles de cumplimiento tributario, hasta el punto de que el resultado acumulado de los años 2005 a 2007 ha sido de una recaudación de 20.000 millones de euros. Por tanto, no podemos compartir los análisis catastrofistas que se han hecho por algunos portavoces desde esta tribuna. ¿Los resultados son mejorables? Sí, siempre son mejorables. Por eso, señorías, con el objetivo de mejorar los buenos resultados de la lucha contra el fraude fiscal, el presidente del Gobierno hace unos días en esta misma Cámara dijo que está muy avanzado el trabajo de actualización del plan de prevención contra el fraude fiscal para seguir fomentando el cumplimiento voluntario y el control de las áreas de riesgo. Se va a poner al día el plan y se va a adaptar al entorno económico y social en el que nos encontramos. Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista esto es lo fundamental y se va a hacer.


En cuanto a la moción, me voy a referir al punto primero. Nos parece correcto que esperemos a que la Comisión Europea elabore una metodología que nos sirva para resolver la evaluación inicial del fraude en materia de IVA y así ir extendiéndolo al resto de impuestos directos. Eso es lo correcto, una metodología que compartamos todos, que armonice criterios que puedan ser comparados, pues, entre otras cosas, los países de la Unión Europea tienen sistemas tributarios distintos. Lo que no me parece correcto es dar por válidas cifras o datos de fraude, como se ha hecho esta tarde, que difícilmente son contrastables si no tenemos estudios oficiales.


Respecto a los puntos tercero, cuarto y sexto, como SS. SS. conocen, hoy la colaboración entre las comunidades autónomas y la Agencia Tributaria es buena y positiva y hay margen de mejora en este sentido. Por eso consideramos que el censo único compartido o los consorcios paritarios, como es el caso de Cataluña, u otros modelos de colaboración con las comunidades autónomas reforzarán la lucha contra el fraude fiscal y resultará favorecida por una gestión compartida del sistema tributario.


Termino, señor presidente, agradeciendo al portavoz de Esquerra Republicana, señor Ridao, el acuerdo en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y pido el apoyo al resto de grupos parlamentarios.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alique.


Para fijar posición, por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente desde el escaño para fijar nuestra posición. Mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en los términos que ha pactado con el Grupo Parlamentario Socialista. Lo va a hacer porque la iniciativa tiene todo el sentido, además de la oportunidad por el momento económico en que nos encontramos y el impacto negativo que está teniendo en la recaudación tributaria.


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El siempre elevado fraude fiscal, el aumento de la deuda tributaria, la percepción que se está teniendo por parte de los ciudadanos de que el fraude está aumentando, los escasos medios disponibles para desplegar una política eficaz de lucha contra el fraude, las necesidades de reordenación administrativa y de coordinación y cooperación entre las haciendas justifican y explican sobradamente la iniciativa. Al compromiso siempre ético de luchar contra el fraude fiscal y perseguir y sancionar al defraudador se une en la actual coyuntura la necesidad de aumentar los recursos impositivos para hacer frente a la situación, bien sea la financiación municipal y autonómica, bien sea el impulso necesario de las infraestructuras, la innovación, etcétera. Por tanto, hay argumentos de todo tipo que en este momento justifican esta iniciativa y nuestro grupo la va a apoyar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser la de apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds. Me imagino que van a llegar a un consenso entre las diferentes enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que hay que luchar contra el fraude fiscal y, al mismo tiempo, como no podía ser de otra forma, estamos totalmente de acuerdo con todos aquellos aspectos que hacen referencia a la evolución o al desarrollo reglamentario de lo previsto en el artículo 204.2 respecto a la creación de un consorcio tributario en Cataluña entre las dos administraciones; la Administración catalana y la Administración central.


También nos gustaría hacer una reflexión importante desde el punto de vista de la lucha contra el fraude fiscal. En este aspecto hay muchísimo camino por recorrer y es evidente que aquí la Administración pública, Hacienda, con los recursos informáticos que tiene a su disposición, tiene un gran campo para poder desarrollar y demostrar una gran efectividad.
Tiene también una cantidad importantísima de recursos humanos que podrían orientar hacia la localización de este fraude fiscal, de esta economía sumergida. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) siempre ha hecho un planteamiento en este tema en el Pleno del Congreso de los Diputados y en la Comisión de Economía y Hacienda, pero al final la Administración, en este caso Hacienda, presta poca atención a aquellos aspectos que consideramos muy relevantes. Nosotros entendemos que hay una Administración potente, tanto desde el punto de vista informático como técnico como de recursos humanos que siempre están orientados a inspeccionar a los que ya pagan habitualmente sus tributos. Las inspecciones, las reclamaciones, las comparecencias de los agentes tributarios a los que habitualmente ya pagan sus impuestos son de una contundencia y una efectividad tremenda. La gente que paga sus impuestos regularmente se ve agobiada constantemente por una acción que yo casi diría que es opresora por parte de la Agencia Tributaria, cuyos esfuerzos siempre van dirigidos a inspeccionar a los que regularmente pagan sus impuestos. Nosotros decimos que esto está muy bien; está muy bien que desde la Hacienda pública se inspeccione a los que regularmente pagan, pero sobre todo orienten su trabajo hacia aquellos aspectos de la economía sumergida que todos conocemos dónde están, pero donde nunca la Administración tributaria es capaz de actuar. Hay determinados segmentos de la economía productiva española en los que todos sabemos que hay importantes bolsas de fraude y allí la inspección nunca aparece. Creemos que hay que ser objetivos y razonables, hay que tener muchísimo sentido común, y todas estas mociones orientadas a luchar contra el fraude fiscal quedan muy bien cuando se discuten y se votan y todos estamos de acuerdo, pero realmente cuando uno ve cuáles son los planteamientos de la Agencia Tributaria llega a la conclusión de que siempre llama a la puerta de los mismos contribuyentes, de los que pagan habitualmente sus impuestos.
Valdría la pena una reflexión de todos los miembros de esta Cámara en el sentido de que la Agencia Tributaria también se esforzara, a través de los mecanismos informáticos y de los recursos humanos que tiene a su disposición, para intentar descubrir esas bolsas de fraude y de economía sumergida que todos sabemos dónde están. Por tanto, apoyaremos la moción, pero a ver si algún día hacemos un debate importante sobre dónde hay que intentar canalizar los esfuerzos de la Agencia Tributaria para que realmente podamos destapar bolsas de fraude y de economía sumergida que, repito, desgraciadamente se están produciendo en nuestro país.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Terminado el examen de la moción, pregunto al grupo proponente si acepta alguna de las enmiendas que han sido defendidas.


El señor RIDAO I MARTÍN: Solamente la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista. Además, quiero hacer notar al señor presidente que hay una enmienda transaccional suscrita por ambos grupos y que, por tanto, también debería incorporarse para ser convenientemente votada.


El señor PRESIDENTE: Pregunto a la Cámara. Aceptada por el grupo proponente la enmienda del Grupo Socialista, han presentado una enmienda

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transaccional para cuya tramitación es menester que no se oponga ningún grupo parlamentario. ¿Algún grupo parlamentario se opone a la tramitación? (Pausa.) En consecuencia, se votará la moción original con la enmienda del Grupo Socialista y la transacción que han presentado en la Mesa.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS INTENCIONES QUE ABRIGA EL GOBIERNO DE CARA A CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESLOCALIZACIÓN DE ORGANISMOS REGULADORES DEL ESTADO Y LA HIPOTÉTICA UBICACIÓN EN EUSKADI DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA (CNE). (Número de expediente 173/000031.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre las intenciones que abriga el Gobierno de cara a continuar con el proceso de deslocalización de organismos reguladores del Estado y la hipotética ubicación en Euskadi de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Para la defensa de la moción tiene la palabra don José Ramón Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, como intenté traer a la memoria de SS.SS. hace ya dos semanas con ocasión de la interpelación que mantuve con el ministro de Industria, de la que trae causa la moción que hoy someto a su consideración y voto, cada vez que mi grupo ha presentado una iniciativa parlamentaria sobre este tema a los diversos gobiernos del señor Zapatero ha recibido buenas respuestas. Preciso, buenas palabras, nunca correspondidas con hechos.
Como al parecer en esto tampoco hay dos sin tres, el señor Sebastián, el actual ministro de Industria del Gobierno del señor Zapatero en la IX Legislatura, ha decidido sumarse, por hablar a grandes rasgos, a las buenas intenciones de las que habían hecho gala los dos ministros que le precedieron en la VIII Legislatura, el señor Montilla y el señor Clos.


Debo reconocer que salí del debate de hace 15 días con pocas esperanzas.
Con esas pocas esperanzas presenté la moción que hoy debatimos, y con esas mismas pocas esperanzas la someto a su consideración. Pocas esperanzas porque, para empezar, hoy es el día en el todavía, salvo que deseen dar una gran sorpresa a mi grupo, es necesario contar con la resistencia numantina del Partido Popular a este tipo de consideraciones y de políticas, pero pocas esperanzas también, y cada vez menos, por parte del partido del Gobierno, del Partido Socialista Obrero Español, porque voy teniendo la impresión progresiva de que Gobierno y grupo parlamentario han interiorizado que lo que ocurrió... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento.


Por favor, tengan la bondad los diputados de los corrillos más significativos de bajar la voz o deshacer el corro. Muchas gracias.


Adelante, señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Decía que pocas esperanzas también por parte del Gobierno y del Partido Socialista Obrero Español porque da la impresión de que partido y Gobierno han interiorizado que lo que ocurrió con la CMT y su traslado a Barcelona fue una improvisación, una aventura y, en el fondo, un error, una algarabía, como dijo el señor Montilla el día pasado, a evitar en el futuro. Digámoslo de forma más suave; un error, como mínimo, un cierto despropósito cuando menos para estos tiempos. Mucho nos tememos que el voto que hoy vaya a dar el Grupo Socialista a la moción que hemos presentado constituye un paso y una prueba más de este cambio, de este volverse hacia atrás de aquellas manifestaciones y propósitos policéntricos de la primera parte de la VIII Legislatura.


Le enmienda de sustitución que nos ha presentado el Grupo Socialista constituye un indicador claro de lo que acabo de afirmar. ¿Qué proponíamos y proponemos nosotros con nuestra moción? Algo muy elemental.
Proponemos lo que en sustancia aprobamos hace casi dos años y medio junto al Grupo Socialista. El Grupo Vasco y el Grupo Socialista presentamos juntos una moción, o nosotros aceptamos una enmienda de sustitución del Grupo Socialista, que instaba al Gobierno a la elaboración de un plan de localización policéntrica de organismos reguladores. Solo que esta vez, dos años y cuatro meses más tarde, que es cuando ahora presentamos una moción que dice lo mismo, nosotros ya empezamos a decir que tenga una fecha para la presentación de este plan, que no sea un plan para el conjunto de la legislatura, porque sobrado tiempo han tenido para madurar si había propósitos e intenciones al respecto. Esto por un lado. Por otro, nuestra moción dice que se entablen de inmediato y con ritmo con el Gobierno vasco aquellas conversaciones que ya se comprometió a mantener también hace dos años y cuatro meses, de forma que pueda traernos en este periodo de sesiones una propuesta concreta de localización, bien sea de la Comisión Nacional de la Energía, bien sea de forma acordada con el Gobierno vasco de la sede central de un organismo regulador.


En el espíritu y en la letra de la moción que acordamos, insisto, hace dos años y cuatro meses, ambas solicitudes estaban contempladas y hoy deberían estar ya cumplimentadas a poco espíritu, a poca voluntad y a poco arrojo que hubieran tenido y siguieran teniendo el Gobierno y el Grupo Socialista que le apoya en este tema. Pero ya lo he manifestado, el Gobierno socialista, en palabras del señor Sebastián, nos dio pocas esperanzas reales, más allá de las palabras al uso, de que pudiera avanzarse en esta dirección. La moción de sustitución

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que nos presenta el Grupo Socialista nos corrobora plenamente en esta falta de esperanza. ¿Qué nos dice el Grupo Socialista? Pretende devolvernos, como si hubiera una moviola que pudiera hacerlo, al escenario de hace dos años y nos dice exactamente lo mismo con las imprecisiones que en aquel tiempo, en aras de que creíamos que iba a haber una voluntad efectiva por parte del Gobierno y del Grupo Socialista, nosotros aceptamos. ¿Pero cómo se puede proponer en tales circunstancias que se deje nuevamente en manos de un Gobierno -exactamente en los mismos términos que dejamos hace dos años y cuatro meses y que no cumplió en absoluto- la elaboración de un plan? Esta es la razón por la que mi grupo no puede aceptar la enmienda de sustitución que presenta el Grupo Socialista.


Termino con una apelación a la diputada que fijó la posición del Grupo Parlamentario Socialista en la interpelación de hace dos años, en la que me reclamó que lo hiciera si se daba la circunstancia que se da hoy aquí.
Aquella diputada -miembro por cierto del Partido Socialista de Euskadi, PSE- me dijo en aquella ocasión lo siguiente: Quisiera decir al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco que no se nos ha acabado el aliento, y aprovecho para agradecerle ese margen de confianza y también que nos lo recuerde cuando piense que ese aliento se ha acabado, porque, como ya señaló el ministro de Industria en la interpelación de la semana pasada, compartimos totalmente la filosofía general planteada por el Grupo Vasco tanto en la interpelación como en la moción de hoy. Son palabras del 27 de junio del año 2006. Y la propia diputada, en las palabras finales de fijación de posición respecto a la moción presentada por mi grupo, dijo lo siguiente: Espero -se refería al Grupo Socialista- que no nos falte el aliento. Y le digo al señor Beloki que nos lo recuerde si así es. Pues bien, a recordárselo he venido, para que las palabras no se las lleve el viento.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Pilar Unzalu.


La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Gracias, señor presidente.


Señor Beloki, antes de entrar en el fondo de la moción que hoy debatimos, quiero matizar algunas de las consideraciones que usted ha realizado desde esta tribuna. En primer lugar, tiene que compartir conmigo que solo con un Gobierno socialista ha sido posible materializar, al menos en parte, e impulsar este proceso de localización policéntrica de los organismos reguladores del Estado. Y lo hemos hecho en las dos direcciones. Para dar cumplimiento a la moción aprobada por este Parlamento en el año 2004, el Gobierno trasladó la sede de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones a Barcelona. Lo hizo atendiendo a los criterios que en la moción se fijaron y entendiendo que la descentralización de determinadas instituciones del Estado no es un fin en sí mismo, sino que forma parte de un concepto del Estado que asume la diversidad como un valor positivo y que se plasma en una estrategia de construcción de la España constitucional o de la España plural. Pero no solamente el Gobierno ha trabajado en esa dirección, sino que además hemos avanzado e impulsado otros aspectos de capital importancia. Hemos avanzado en aspectos como la garantía de la neutralidad política y la imparcialidad de los organismos de seguridad y control. Señoría, es justo señalar -y por su parte reconocer- que organismos como la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de Valores o la Comisión Nacional de la Competencia tienen hoy al frente profesionales que ejercen su función con independencia del Estado. No obstante, ahondando en este largo trabajo, quiero recordarle que recientemente el Consejo de Ministros -y cuando digo recientemente estoy hablando del 14 de agosto de 2008- ha informado que en las previsiones del Gobierno está reformar la normativa que afecta a estos organismos con el objetivo de mejorar su funcionamiento. Para ello se va a reforzar su independencia, su capacidad de supervisión y su responsabilidad frente a los ciudadanos. La visión que tiene el Grupo Socialista es que el Gobierno ha trabajado y que sigue trabajando. En esta línea, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución que pretende, en coherencia con nuestro concepto de la España plural, seguir avanzando en la construcción del Estado autonómico, lo cual implica hacer partícipes a los distintos territorios de la localización de estos organismos reguladores, incluidos los de nueva creación, incluidas las futuras agencias estatales que se puedan crear.
Creo que esta formulación genérica la puede compartir, pero en esta materia lo que nos separa, señor Beloki, es el concepto de Estado. Para el Grupo Socialista implica que el plan que presente el Gobierno tiene que respetar los principios de máximo consenso, de transparencia y de diálogo con las comunidades autónomas, incluida la vasca, pero sin exclusión del resto de las comunidades, que es la petición que hoy nos trasladan a esta Cámara.


Ustedes solicitan en su propuesta que de forma inmediata se entablen negociaciones con el Gobierno vasco para que antes del 31 de diciembre del año 2008 se tome la decisión de localizar la Comisión Nacional de la Energía en Euskadi. Es una petición legítima, pero entienda que para el Grupo Socialista también son legítimas las peticiones que puedan formular las comunidades autónomas de Galicia, Valencia o Andalucía solicitando la ubicación en sus territorios de esta u otras sedes. Por ello, los principios para nosotros -vuelvo a insistir- de máximo consenso, de eficiencia, de transparencia y de diálogo con las comunidades autónomas deben ser los ejes sobre los que se asiente el proceso de localización policéntrica de los organismos reguladores del Estado, sin exclusión a priori de ninguna comunidad

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autónoma. Esta es una razón de fondo por la que no podemos apoyar su propuesta, pero hay otra reflexión que le quiero hacer antes de terminar, señor Beloki. Sinceramente creo que hay algunas propuestas que nacen con la voluntad y el deseo de ser perdidas porque el objetivo es utilizarlas con otros fines. Usted sabe que por parte de mi grupo el intento de lograr un acuerdo, de buscar el consenso bajo estos principios ha sido máximo, con lo cual permítame que lance como última parte de mi intervención esta reflexión. A veces tengo la percepción de que algunas propuestas nacen con esa voluntad y ese deseo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Unzalu.


Para fijar posición respecto de esta moción, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ¿renuncian al uso de la palabra?

El señor RIDAO I MARTÍN: Sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a apoyar su propuesta con el máximo entusiasmo para intentar convencer al resto de la Cámara de que una iniciativa de este calibre pueda ser aprobada con el máximo consenso de todas las formaciones políticas que componen este Parlamento. En primer lugar, porque nosotros ya hemos tenido una experiencia positiva desde esta perspectiva en la pasada legislatura cuando conseguimos consensuar, en este caso con el Gobierno socialista, la posibilidad de que uno de los organismos reguladores, como es la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, pudiera no estar ubicada en Madrid y se pudiera trasladar a Cataluña, concretamente a Barcelona. Esta es una cuestión que requiere un esfuerzo importante, una cuestión que se encuentra con muchísimas dificultades en este caso en relación con determinados aspectos muy centralistas, que son los dominantes en la sociedad española debido a que desde hace muchísimos años la mayoría de organismos reguladores se han instalado en la capital del reino, en Madrid, pues hay una fuerte oposición, una oposición importante por parte de determinados estamentos, como son los altos funcionarios, personas que están muy arraigadas -con todo respeto hacia ellas- y que están acostumbradas desde siempre a que todos los centros de decisión estén en Madrid. Creo que se rompió una lanza en este sentido al poder desubicar un organismo de la importancia de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones para que estuviera ubicada en otra comunidad autónoma. Por tanto, hoy estamos ante una nueva propuesta, en este caso por parte del Partido Nacionalista Vasco, que propone que otro organismo regulador, como es la Comisión Nacional de Energía, pueda ubicarse en Euskadi. Como nosotros siempre somos consecuentes con nuestros actos, lo apoyamos con entusiasmo y pienso sinceramente que si el Partido Socialista accediera a una decisión de este calibre estaría haciendo una demostración más de que España es un Estado plurinacional, plurilingüístico, que tiene diferentes nacionalidades que pueden conformar en este caso que un organismo regulador importante como es la Comisión Nacional de Energía pudiera ubicarse en Euskadi. Por tanto nosotros, repito, no solamente vamos a votar favorablemente sino que también, si nos lo pide el Partido Nacionalista Vasco, vamos a hacer esfuerzos extensivos al resto de fuerzas parlamentarias para que esto sea una realidad en esta legislatura.


Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Guillermo Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre las intenciones que abriga el Gobierno de cara a continuar con el proceso de deslocalización de organismos reguladores del Estado y la hipotética ubicación en Euskadi de la Comisión Nacional de Energía.


En la exposición de motivos de la interpelación celebrada el pasado 15 de octubre, el Grupo Vasco argumentaba el proceso de relocalización de organismos reguladores poniendo como ejemplo el traslado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Barcelona. Dicha confusión -posteriormente se rectificó puesto que el organismo que se trasladó a Barcelona fue la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones- no es sino el reflejo de lo que realmente parece que interesa, que es la ubicación de la oficina, o peor si atendemos a las palabras del portavoz económico del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Azpiazu, que recientemente decía que hablaremos y negociaremos un puesto en el Consejo Nacional de la Energía. Estas fueron sus consideraciones acerca de la comisión recientemente. ¿Es acaso ese el interés por los organismos reguladores? Señorías, le decía el portavoz del Grupo Vasco, señor Beloki, al ministro de Industria en la interpelación que precedió a esta moción, y son palabras textuales: "Supongo que usted también defenderá que todos los territorios, en principio, tienen igual derecho a que cualquier organismo resida en cualquier parte del suelo estatal, en todo él." Resulta irónico que sea el Partido Nacionalista Vasco el que reclame la defensa de la Constitución y el establecimiento

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de organismos estatales en suelo administrado por el señor Ibarretxe, donde, por cierto, ya debería haber igualdad de derechos e imagino que también de deberes. En esta defensa de la Constitución coincido plenamente con el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco y espero que esta coincidencia coadyuve a la búsqueda y consecución de la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional. Señorías, nos gusta que apelen al Estado, pero nos gustaría que no solo lo hicieran cuando se refieren a beneficios y escucharles más hablar de igualdad en todo el territorio nacional. No solo nos gustaría a nosotros, también a muchos vascos, no se olviden de eso.


Señorías, sabemos por la crisis económica la importancia de tener órganos reguladores independientes, eficaces y profundamente profesionales, pero, y esta es la pregunta, ¿mejoraría o no la eficiencia de ese órgano con el cambio de sede?

Al señor ministro no le gusta hablar de deslocalización por sus connotaciones negativas, pero es lo que es; si no, que les pregunten a los trabajadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, proceso trufado de chapuzas, como demostró la sentencia del Tribunal Supremo en noviembre del año 2006, que obligó a modificar el Decreto de 30 de diciembre de 2004 por el que se cambiaba la sede de la comisión a Barcelona. Precipitación, discrecionalidad, son algunas de las lindezas que el Supremo le dedicó al acto del Gobierno, por no hablar de la situación en la que quedaron muchos trabajadores, la mayoría, por lo precipitado del cambio. Señores del Grupo Socialista, esto se origina, recordémoslo, durante los días de vino y rosas entre el tripartito y el Gobierno socialista. Se prodigaron en explicitar que el proceso de deslocalización continuaría y que no se detendría en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Por tanto, es muy comprensible la actitud del Partido Nacionalista Vasco.


Señorías, cuando nos referimos a la Administración pública debemos tener siempre presentes los principios de eficiencia, cohesión territorial y cercanía al administrado. Necesitamos una Administración lo más profesional posible y no sujeta al arbitrio de una decisión política coyuntural. Por favor, no convirtamos a la Comisión Nacional de Energía en un cromo presupuestario. Hagamos memoria. La Comisión Nacional de Energía -y leo textualmente- se crea como ente regulador del funcionamiento de los sistemas energéticos, teniendo por objeto velar por la competencia efectiva en los mismos y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento en beneficio de todos los sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores. Eso dice la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, que es la que introduce la comisión en nuestro ordenamiento jurídico.


Si ustedes quieren hablar de la Comisión Nacional de Energía, hagámoslo, pero hablemos de independencia y de transparencia. Es muy grave que la Unión Europea haya tenido que amonestar en reiteradas ocasiones a dicho organismo por decisiones ad hoc -y dejémoslo ahí- en las operaciones empresariales de fusiones que se han celebrado en los últimos años.
Introduzcamos mejoras: que los presidentes, consejeros o vocales de los organismos reguladores sean nombrados por el Congreso de los Diputados por una mayoría de tres quintos; establecer obligaciones de transparencia e información de las decisiones acordadas y sus razones; hablemos de reforzar el papel como órgano de control, regulación y consulta de la Comisión Nacional de Energía. Ahí nos encontrarán siempre, señorías, para trabajar con seriedad, para mejorar este u otros organismos reguladores.


Señorías, el ministro, con relación a los organismos reguladores, nos dijo el pasado día 10 que el esfuerzo estaba en el fortalecimiento de su independencia, y ahí le damos la bienvenida al Gobierno socialista. Pero horror y pánico, puesto que el ministro nos habla de futuros organismos estatales, pero ni dice cuáles ni tampoco aclara en qué ciudad se ubicarán. ¿Qué clase de planificación es esta, señores socialistas? ¿Pero es que acaso el reparto estará al arbitrio del ministro, convirtiendo la gestión política en un mercadeo diario?

El señor PRESIDENTE: Señor Mariscal, tiene que ir acabando.


El señor MARISCAL ANAYA: Sí, gracias, presidente.


Decía el ministro -y finalizo ya- en el debate de la interpelación que la descentralización de determinadas instituciones no es un fin en sí mismo, sino un medio para avanzar en el camino de la construcción de esa España plural a la que una amplia mayoría de esta Cámara aspira.


El señor PRESIDENTE: Señor Mariscal, ya ve usted por su contador que pasó el tiempo en exceso.


El señor MARISCAL ANAYA: Termino ya.


Este grupo considera que sería preferible que, antes de hablar de las sedes de organismos reguladores, lucháramos para conseguir, con la ayuda de todos, la libertad e igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL EN LA ECONOMÍA REAL ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000032.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre la política económica del

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Gobierno para paliar los efectos de la crisis financiera internacional en la economía real española.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Señor presidente, señorías, presentamos la moción correspondiente a la interpelación que hace quince días realizamos al Gobierno sobre la situación financiera de España y, en definitiva, sobre la incidencia de la crisis financiera mundial en la economía española.
Estamos viviendo tiempos difíciles que nos llevan a situaciones excepcionales frente a las que necesitamos medidas excepcionales. Como ya tuvimos ocasión de expresar en la Cámara, realmente la crisis económica se llama en España la crisis del paro, del aumento vertiginoso del paro.
Esa crisis tiene una vertiente financiera ya que proviene de la restricción del crédito que están sufriendo los agentes económicos españoles, restricción que está afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa y que está haciendo inviable que nuestro sistema productivo pueda seguir creciendo y creando empleo y, en definitiva, está provocando el vertiginoso aumento del paro. La crisis financiera y la crisis económica del paro son las dos caras de la misma moneda. Una siembra la otra, una sienta las condiciones para llegar a la otra. El Partido Popular ha advertido desde el comienzo mismo de la legislatura de las consecuencias que tenía no realizar un adecuado diagnóstico sobre la gravedad de la situación que está viviendo España y sobre la vulnerabilidad, por la crisis financiera mundial, de la economía española. Una vulnerabilidad que proviene precisamente de las necesidades de financiación de nuestra balanza de pagos, de nuestro déficit por cuenta corriente que está canalizado a través de las entidades financieras. Traemos la moción a la Cámara precisamente cuando ya hemos aprobado en esta misma Cámara medidas excepcionales como las que presentó el Gobierno en sendos decretos leyes, que suponían una movilización de recursos muy importantes para la sociedad y para la economía española en este momento. Con esta moción, el Partido Popular propone a la Cámara precisamente la introducción de las garantías, de los controles y del sistema de transparencia que haga que estas medidas excepcionales, estos fondos así movilizados, sirvan realmente para vencer la crisis real, la crisis del paro que está teniendo nuestro país y detengamos el círculo vicioso de crisis financiera/crisis de empleo que tan perjudicial está resultando para los españoles. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

También quiero hacer uso de esta tribuna para explicar a la Cámara que, precisamente en aras de esa transparencia, estamos trabajando y hemos acordado ya con el Gobierno de España el contenido de la primera disposición, que es la relativa al control del Fondo de deuda. Sus señorías recuerdan que son dos grandes categorías de medidas: el Fondo de deuda, la emisión de deuda para comprar activo de las entidades bancarias y, a renglón seguido, la segunda medida que sería la emisión de avales por parte del Estado para garantizar la movilización de recursos financieros de nuestras entidades. En relación con el primero de ellos -el Fondo de deuda- ya hemos negociado y hemos acordado con el Gobierno la introducción de toda una serie de garantías como la presencia del entramado institucional encargado de la supervisión financiera en España, la presencia del Banco de España para informar, para conocer el contenido de todas las operaciones que se van haciendo a través de su desarrollo.
También hemos negociado el contenido de esa subasta, donde primará que las instituciones que vayan a la misma dediquen esos recursos a nuevos créditos, a familias y a empresas. Asimismo, hemos negociado las condiciones que tendría la compra de esos activos, condiciones que, en definitiva, serían similares a las del Banco Central Europeo, incluso con la calificación doble A correspondiente, y también en relación con lo que sería la compra directa de esos activos, que tendría una calificación realmente superior. En definitiva, hemos querido establecer una operativa similar a la del Banco Central Europeo, pero con otros umbrales en el tiempo de vencimiento, lo que lleva a insistir en la importancia de esa garantía y en la importancia de garantizar la rentabilidad para el Tesoro que ello tendría. Creemos que podemos contar con la disposición del Gobierno para negociar precisamente la disposición de los avales en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, pues ahí tenemos una importante tarea a realizar conjuntamente para dar garantías y confianza a la sociedad. Y en relación con la tercera gran medida, la capitalización de los bancos, tendríamos que trabajar en el futuro para ofrecer las garantías y la confianza que la sociedad española necesitaría, de acuerdo con lo que está ocurriendo en otros países, con las restricciones y con las condiciones que se están implantando en esos países. El control político también nos parece importante. En ese control político, que tendría como seno la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, podemos ir estableciendo los límites, las barreras de ese control político a medida que vayamos viviendo una situación de evolución financiera más o menos significativa, más o menos avanzada, y a medida que vayamos viendo la operatividad de todas estas condiciones. De todas formas, hay una comparecencia bimensual establecida.


Acabo agradeciendo la disposición de los diferentes grupos. En este sentido, agradezco en primer término la enmienda del Grupo Socialista, que podemos aceptar como una adicional a la nuestra, coincidiendo en un elemento que es el de confianza. Y en cuanto a las enmiendas que han presentado otros grupos, como el de Convergència i Unió y el de la señora Díez, podemos hablar y seguir trabajando en relación con sus propuestas.
En este momento entendemos que no debemos introducir en el debate político el contenido de las mismas, pero, como les decía, estamos abiertos a seguir operando y a seguir introduciendo, de acuerdo con la evolución de la

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situación financiera de nuestro país, aquellas modificaciones que de estos o de otros grupos podamos entender. Lo importante, señor presidente, es garantizar que los recursos de los españoles se dedican realmente a fortalecer el sistema financiero como instrumento para frenar la importantísima y gravísima crisis de paro que está sufriendo España.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Montoro.


Turno de defensa de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, efectivamente este es un debate continuación del debate que tuvimos cuando se aprobaron los dos reales decretos para intervenir en la crisis financiera internacional y para buscar que esos dos reales decretos, que esas medidas de carácter financiero tuvieran una repercusión positiva en la crisis económica, en lo que llamamos, porque lo es, la crisis de la economía real. Me ha alegrado escuchar al señor Montoro y me alegro mucho de que las negociaciones entre su partido y el Partido Socialista en esta materia, en lo que tiene que ver con las órdenes de desarrollo de los dos reales decretos, vayan bien. Por supuesto, no tengo por qué dudar de la palabra del señor Montoro en el sentido de que van muy bien, de que van a ser muy exigentes y de que el Partido Popular va a controlar que ese desarrollo normativo reúna todas las condiciones para garantizar el destino de los fondos y que los mismos cumplen el objetivo sobre el que discutimos aquí hace solamente quince días, pero comprenderá usted, señor Montoro, sin que eso signifique dudar del trabajo que entre ustedes están haciendo, que yo prefiera que sea la Cámara quien ejerza ese control, porque aquí está residenciada la soberanía popular, aquí estamos quienes representamos al conjunto de los ciudadanos españoles, y me parece muy bien que ejerza su tarea de control hacia el Gobierno de la nación y hacia el Partido Socialista, pero yo prefiero que ese papel de control, porque además me parece que es nuestra obligación como diputados, se ejerza desde esta Cámara.


Como usted nos ha traído esta moción consecuencia de la interpelación y podíamos considerar que el objetivo de la misma era establecer algunos requisitos de máximo control o de control mayor respecto del Ejecutivo, tengo que decirle que eso está en el enunciado pero no está en el contenido. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Ustedes hablan en el enunciado de control, de exigencia máxima de transparencia, de asunción de responsabilidades, pero no está en el contenido, el contenido más bien consagra la opacidad. Usted nos ha contado aquí que están muy en contacto con el Grupo Socialista y que están insistiendo al Gobierno, pero es que la Cámara es la Cámara y seguro que hace usted unos oficios estupendos, que son estupendamente recibidos por el Grupo Socialista, pero lo que yo veo es que en el enunciado de esta moción ustedes hablan de exigencia de transparencia pero el contenido es la opacidad. Son grandes palabras que no dicen nada porque a la hora de la concreción realmente no hay ninguna garantía de que en la norma de desarrollo de los decretos vaya a plasmarse esta exigencia que estuvo en el debate de hace quince días y que yo he vuelto a traer hoy aquí porque ustedes nos han dado la oportunidad al presentar esta moción. De ahí estas enmiendas que nosotros le presentamos, todas ellas tendentes a que la letra y la música vayan acompasadas. Se suele decir que el diablo está en los detalles; yo quisiera decir que en este tema el diablo está en la ausencia de detalles. No vale que nos diga: seguiremos hablando. Es que tenemos la oportunidad de hablar ahora; tenemos la oportunidad y yo diría que la obligación. Ustedes han traído una moción que tiene la apariencia de ser exigente, pero que no lo es. Si votamos a favor -y yo le anuncio mi voto en contra si no se admite ninguna de las enmiendas- estaremos consagrando la opacidad; una opacidad acompañada, la del Gobierno con ustedes, pero opacidad para esta Cámara y, por tanto, para la soberanía popular. No me sirve nada de lo que usted ha planteado aquí -me sirve en términos coloquiales- para ejercer esa función de control que tenemos. Cuando vimos aquí los decretos dijimos todos -lo dijo su grupo y desde luego lo dijo esta diputada- que aquello era el esqueleto y que íbamos a estar muy atentos al contenido del desarrollo de ese esqueleto. Yo dije que mi voto positivo no era un cheque en blanco, y hoy insisto. La verdad es, señor Montoro, que si diéramos un voto positivo a lo que usted nos ha traído hoy aquí -a lo mejor no lo ha traído con esa intención-, sin ningún tipo de exigencia, sin ningún tipo de concreción, esta Cámara estaría votando a favor de la opacidad que el Gobierno puede pretender y que el Partido Popular acompaña en el desarrollo de estos decretos. Por eso le anuncio que si no se asume ninguna de estas enmiendas mi voto será un responsable voto en contra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda de adición a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en consonancia con los planteamientos que hizo en la comparecencia del señor presidente del Gobierno para la convalidación de los dos reales decretos, que iban en la dirección de implementar e inyectar liquidez a la economía española por un valor

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aproximado de 150.000 millones de euros. En aquella ocasión, manifestamos cuatro aspectos básicos que considerábamos que se debían plantear: la seguridad, la confianza, la transparencia y el control. Los mecanismos que formula el Partido Popular los consideramos aceptables. En ellos están contemplados algunos de los aspectos que nosotros reiteramos la semana pasada. Había una cuestión muy importante para nosotros, que era la posibilidad de que por parte del Banco de España se efectuara un seguimiento real de cuáles eran los flujos financieros que iban del Tesoro a las instituciones financieras y, al mismo tiempo, se pudiera controlar que este flujo financiero efectivamente pasara de las instituciones financieras a las familias y a las empresas. Esto está perfectamente reflejado en esta moción. Considerábamos también la posibilidad de que existiera un mínimo coste para todos los ciudadanos españoles, lo que también está en esta moción. Pero hay una cuestión, señorías, que consideramos que no está contemplada en el planteamiento que formulan el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, y es nuestra posición de que, para que esta comisión ejecutiva tuviera la máxima transparencia y existiera el máximo control, debería plantearse la incorporación de expertos independientes, procedentes de los mercados financieros o de los mercados de valores. La comisión ejecutiva estaba básicamente integrada por los miembros del Gobierno. Está bien que esté el Banco de España, pero nosotros consideramos muy importante que en esta comisión ejecutiva, para conseguir mayor seguridad, más solvencia, más confianza, más control y más transparencia estuviera también formada por miembros independientes y cualificados de los diferentes mercados financieros, de los diferentes mercados de valores y del sistema financiero. Esta es una cuestión que por razones que desconozco ustedes han dejado de plantear en esta moción.
Parece que exista un consenso entre los dos grandes grupos parlamentarios, y también desde Convergència i Unió. Por este motivo, no vamos a votar en contra, pero sí nos gustaría decirles que en un futuro planteamiento no deberían olvidarse de la incorporación de estos independientes. Señorías, ustedes saben que todos nos llenamos la boca en muchas ocasiones diciendo que en los grandes consejos de administración han de existir personas independientes, de gran prestigio en la sociedad, que puedan controlar y plantear cuestiones objetivas, y no entendemos como en una cuestión tan importante, cuando se va a desplazar del Tesoro a instituciones financieras y de estas a los mercados financieros, a las empresas y a las familias, una cantidad tan importante como son los 150.000 millones de euros, pueden ustedes olvidar este planteamiento de Convergència i Unió, que nosotros entendemos que podría ser perfectamente aceptado por parte del Gobierno y del Partido Socialista. No vamos a cambiar de opinión. Vamos a votar favorablemente, pero les quiero manifestar que si dentro de unos meses o dentro de unos años -ojalá no pase- existen irregularidades o planteamientos que no se han realizado con transparencia y rigurosidad, ustedes se tendrán que atener a las consecuencias. Por tanto, volvemos a reiterarles que valdría la pena que reconsideraran estos planteamientos, estas sugerencias de Convergència i Unió, y si después las cosas no salen tan bien como todos desearíamos, lógicamente no valdrán las lamentaciones.


Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra para defender su enmienda don Manuel Mas i Estela.


El señor MAS I ESTELA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la pasada semana, los diputados y diputadas de este Pleno aprobaron casi al completo de los presentes la convalidación de los reales decretos 6 y 7 de 2008, relativos a la creación del fondo para la adquisición de activos financieros y a las medidas económico financieras en relación con el plan de acción concertado de los países de la zona euro. La dinámica parlamentaria conlleva a veces que las iniciativas propuestas por los grupos parlamentarios se vean trastocadas por la temporalidad de la tramitación. Hoy vemos la moción del Grupo Parlamentario Popular consecuencia de la interpelación presentada hace quince días, relativa a la política económica del Gobierno para paliar los efectos de la crisis financiera internacional en la economía española. El contenido de los reales decretos a los que antes hacía referencia, refrendados por esta Cámara la semana pasada, enfocaban la resolución de la inquietud que planteaba el Grupo Parlamentario Popular en su interpelación. Fueron refrendados porque en el pensamiento de SS.SS. estaba la necesidad de mantener en marcha el sistema financiero gravemente bloqueado para el correcto funcionamiento de la economía real, la productora de bienes y servicios, y para transmitir la confianza necesaria a los agentes económicos y sociales de la garantía del Estado en el correcto funcionamiento de la economía financiera para inversores y ahorradores también reales. No se trataba, como quizás alguien podía interpretar, de apuntalar unas posibles pérdidas de las cuentas de resultados de las entidades financieras, de su posible recapitalización, como han hecho algunos otros países, sino de favorecer la consecución de la necesaria liquidez, para que su falta no estrangulara el funcionamiento de la economía real a través de la movilización de sus activos ciertos por una acción directa, la compra de activos, o indirecta, la concesión de avales por la Administración del Estado. Por esta razón, la moción que estamos considerando del Grupo Parlamentario Popular, que insta al Gobierno a desarrollar reglamentariamente los reales decretos 6 y 7 de 2008, que aprobamos la semana pasada, el Grupo Parlamentario Socialista piensa que, tanto en su exposición de motivos como en su parte dispositiva, está en la línea establecida por las manifestaciones de

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los grupos parlamentarios que apoyaron los reales decretos y del Gobierno que las presentó. Se trata de que las actuaciones que se emprendan no comporten aumentos de costes en la financiación en general, que sirvan para la economía real de las familias y las empresas, preferentemente pequeñas y medianas, que no comporten costes para los contribuyentes, que se hagan con transparencia y que tengan el control adecuado, tanto del Banco de España como de esta Cámara.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de modificación a la moción presentada que comporta ligeras matizaciones al texto, debidamente explicadas a sus proponentes, en la voluntad de llegar a un acuerdo que nos permita sumar expresiones conjuntas para transmitir confianza a la sociedad española y a sus agentes económicos. Creemos que puede ser aceptada y agradecemos de antemano la disposición favorable que nos ha sido manifestada. No vemos adecuada la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), toda vez que la introducción de su propuesta podía ser un elemento distorsionador en su plasmación concreta en estos momentos, en los que son precisos movimientos ágiles y que no haya debates estériles respecto a la acción principal. Celebramos, no obstante, la predisposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al texto que estamos debatiendo. No podía ser menos, dado que fue suya desde el inicio de la crisis la propuesta de actuación en esta dirección y la perseverancia con la que la ha venido manteniendo. En relación con las enmiendas que presenta la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, señora Díez, tampoco creemos que sean adecuadas. Las dos primeras ya están contempladas convenientemente en la moción y en el Real Decreto-ley 6/2008, que no haya costes para el contribuyente y la debida información a esta Cámara.
Y la tercera, toca un aspecto no previsto en el real decreto, como es el de las posibles recapitalizaciones y, por tanto, no creemos que haya lugar para ellos. Señorías, termino ya. La gran mayoría de nosotros está convencida de que estamos proponiendo al Gobierno que actúe en la línea que pensamos más adecuada para hacer frente a la crisis financiera. La posición del Grupo Parlamentario Socialista, matizando levemente la proposición del Grupo Parlamentario Popular, a la que esperamos se sumen otros grupos, va en el convencimiento de que enviamos las señales convenientes al sistema financiero y a la sociedad y que la actuación se da en la forma correcta en el bien del conjunto de la economía real y de los intereses de las familias y sus agentes. El convencimiento que el Grupo Parlamentario Socialista tiene de la actuación del Gobierno y el control que en esta Cámara haremos de la misma, nos dará la prueba de lo ajustado de nuestras decisiones.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mas.


Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.


Estos días leía del señor González Pons que explicaba que íbamos a limitar el sueldo de los banqueros, eso creía leer. La verdad es que me llama poderosamente la atención el contraste entre la moción de hoy y las declaraciones del señor González Pons. Lo digo porque hay un discurso en torno a la necesidad de exigencias en lo que se refiere al real decreto que aprobó esta Cámara la pasada semana, y hay una política práctica que tiene poco o nada que ver de pacto que hoy se consagra en la moción que el señor Montoro nos ha presentado. De hecho, nosotros pretendíamos otro plan, no una declaración genérica, de las mociones más genéricas que he visto en los últimos años en esta Cámara, sino una tramitación como proyecto de ley haciendo lo que hacen otros congresos, sin ir más lejos el Congreso norteamericano, en el que se aprobaban medidas con un tamaño de más de 800 folios que aumentaban medidas del Gobierno federal que ustedes saben que habían entrado con tres folios. Esa era la responsabilidad de este Congreso y esto es a lo que renunciamos la semana pasada.


¿Hoy que nos traen? Creo que nos traen una declaración de principios en la que hablan del control parlamentario y donde paradójicamente ni hablan siquiera de la única propuesta concreta que permitiría este control parlamentario, la oficina parlamentaria para controlar qué pasa con esos recursos que suponen un tercio de los Presupuestos Generales del Estado.
Nos hablan de que se tiene que garantizar que llegue el crédito a las familias, pero no se establece cómo, cuando todos sabemos que hoy la única exigencia que se va a plantear a las entidades financieras va a ser un informe de cada dos meses en el que nos expliquen cómo ha ido el crédito. Nos dicen que se tiene que garantizar que el fondo sea de máxima calidad y la pregunta es ¿cómo? ¿Con las empresas de rating que fracasaron estrepitosamente con casos como el de Lehman Brothers? ¿Con esas mismas empresas que calificarán precisamente la alta calidad de fondos cuyo valor hipotecario tenemos que suponer de forma bienintencionada que tienen el valor que tenían? Y es que el problema de la moción que ustedes hoy nos traen es que si algo consagra y blinda es la opacidad. Y el problema de ustedes, del Grupo Popular, y en este caso compartido con el Grupo Parlamentario Socialista, es que unas medidas que tenían que tener la máxima transparencia, el máximo control y el máximo seguimiento por parte de las Cortes, unas medidas que si en algo se tenían que garantizar es en torno a las exigencias hacia las entidades financieras, lo que ustedes hoy nos plantean en la moción que van a aprobar es precisamente mandatos genéricos sin ninguna concreción. Porque yo reto a que cualquier portavoz me diga cuál es la concreción de la moción de hoy. ¿Cuál es? No hay ni un solo plazo,

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no hay ni un solo instrumento que articule el seguimiento, no hay ni una sola garantía que se establezca para las entidades financieras y podría continuar.


Acabo ya, señor presidente, anunciando nuestro voto en contra. Nosotros no vamos a dar un cheque un blanco, no vamos a legitimar un pacto precisamente que lo que hace es blindar la opacidad en una operación que inyecta liquidez como nunca, claro que sí, pero sin ninguna garantía y sin ninguna exigencia; que inyecta liquidez como nunca, pero sin tener la salvaguarda de que las entidades financieras no acabarán utilizando ese dinero precisamente para tapar su endeudamiento; que inyecta liquidez como nunca, sin lugar a dudas, pero que en ningún caso exige ni da instrumentos a diputadas y a diputados para que sepamos qué pasa con ese fondo de 50.000 millones de euros que sirve para inyectar liquidez pero que no garantiza -tampoco con las medidas de hoy- que ese dinero llegue a las familias.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Para fijar posición también, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente desde el escaño para fijar nuestra posición en relación con la moción presentada por el Grupo Popular sobre la política económica para paliar la crisis financiera.


Señor Montoro, cuando he leído su moción me ha dado la sensación de que era una cosa absolutamente obvia, es decir, a mí no se me ocurre que los reales decretos que aprobamos la pasada semana, el 6/2008 y el 7/2008, no garanticen estas cuestiones que usted plantea en sus cinco puntos. No entiendo que puedan provocar un aumento significativo del coste de la financiación ni que no vayan dirigidos a la economía real, a las familias y a las empresas, ni que no se gestione con transparencia, etcétera. Creo que esto es algo realmente obvio y en las cuestiones obvias es cuando normalmente los grupos de esta Cámara, y especialmente el Grupo Socialista y el Grupo Popular, se ponen de acuerdo porque es cuando se echa agua a la gaseosa y no cambia casi nada. No obstante, tendrá nuestro apoyo, pero creo sinceramente que esta moción no es necesaria porque lo que se plantea en ella es obligatorio cumplirlo sobre la base de las leyes aprobadas la semana pasada. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.


El señor AZPIAZU URIARTE: Sí creo que es algo importante lo que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es que en el control y en la gestión participen expertos independientes a lo largo del proceso, de manera que se trate de tener un control externo y una participación de gente que conozca la materia y que pueda aportar algo positivo. Insisto, nuestro grupo va a votar favorablemente, pero no entiendo realmente la intención -si es que tiene alguna intención oculta- de esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. (Número de expediente 122/000041.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones.


Se ha retirado la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de supresión del impuesto sobre el patrimonio. En consecuencia, pasamos a votar, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de movilidad sostenible.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, nueve; en contra, 318; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN DE LA SANIDAD. (Número de expediente 162/000218.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la mejora de la financiación de la sanidad. Esta proposición se pasa a votación en sus propios términos, sin incorporación de ninguna enmienda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 151; en contra, 171; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RESPECTO A LA CUMBRE IBEROAMERICANA EN EL SALVADOR. (Número de expediente 162/000077.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, respecto a la Cumbre Iberoamericana de El Salvador. En cuanto al texto se vota el de la enmienda transaccional propuesta por todos los grupos parlamentarios.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 327; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y ASÍ LOGRAR UN REPARTO MÁS EQUITATIVO DE LAS CARGAS FISCALES ENTRE CONTRIBUYENTES. (Número de expediente 173/000030.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Sobre medidas para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal y así lograr un reparto más equitativo de las cargas fiscales entre los contribuyentes. Esta moción se pasa a votación en los términos de aceptación de una enmienda socialista y de una transaccional que ha sido aceptada por la Cámara unánimemente para su tramitación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 188; en contra, uno; abstenciones, 139.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS INTENCIONES QUE ABRIGA EL GOBIERNO DE CARA A CONTINUAR CON EL PROCESO DE DESLOCALIZACIÓN DE ORGANISMOS REGULADORES DEL ESTADO Y LA HIPOTÉTICA UBICACIÓN EN EUSKADI DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA (CNE). (Número de expediente 173/000031.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las intenciones que abriga el Gobierno de cara a continuar con el proceso de deslocalización de organismos reguladores del Estado y la hipotética ubicación en Euskadi de la Comisión Nacional de la Energía. Esta moción se pasa a votación en sus propios términos, ya que no ha sido aceptada ninguna enmienda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 24; en contra, 303; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL EN LA ECONOMÍA REAL ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000032.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política económica del Gobierno para paliar los efectos de la crisis financiera internacional en la economía real española. Esta moción se pasa a votación en los términos de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y aceptada por el grupo proponente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 325; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)

- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MALÍ, HECHO EN MADRID EL 23 DE ENERO DE 2007.
(Número de expediente 110/000003.)

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SOBRE RECIPROCIDAD EN EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO

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Y TÉCNICO DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 15 DE OCTUBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000004.)

- PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS CULTURALES, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2001, HECHO EN MOSCÚ EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000005.)

- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS, HECHO EN PUNTA DEL ESTE EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000006.)

- MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS 1, 4 A 7, 9, 14 Y 22 DE LOS ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (OMT) Y AL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LAS REGLAS DE FINANCIACIÓN ANEJAS, (DAKAR, 2 DE DICIEMBRE DE 2005). (Número de expediente 110/000007.)

- ACUERDO POR EL CUAL EL GOBIERNO DEL REINO DE MARRUECOS PONE A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DE UN NUEVO COLEGIO ESPAÑOL EN RABAT, HECHO EN RABAT, EL 6 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000008.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000009.)

- DECLARACIÓN DE CIERTOS GOBIERNOS EUROPEOS EN RELACIÓN CON LA FASE DE EXPLOTACIÓN DE LOS LANZADORES ARIANE, VEGA Y SOYUZ DESDE EL CENTRO ESPACIAL DE LA GUAYANA, HECHO EN PARÍS EL 30 DE MARZO DE 2007. (Número de expediente 110/000010.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN CÓRDOBA EL 15 DE FEBRERO DE 2008. (Número de expediente 110/000011.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS CULTURALES, HECHO"AD REFERENDUM" EN MADRID EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000012.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y BOSNIA Y HERZEGOVINA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN SARAJEVO EL 5 DE FEBRERO DE 2008. (Número de expediente 110/000013.)

- ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR OTRA PARTE, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE ABRIL DE 2007 Y WASHINGTON EL 30 DE ABRIL DE 2007. (Número de expediente 110/000014.)

- CANJE DE CARTAS ENTRE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONFERENCIA SOBRE ENVEJECIMIENTO DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA DE LAS NACIONES UNIDAS (CEPE), HECHO EN GINEBRA LOS DÍAS 2 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000015.)

- CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE ADOPCIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM, HECHO EN HANOI EL 5 DE DICIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000016.)

TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS HECHO EN SINGAPUR EL 27 DE MARZO DE 2006, JUNTO CON LA RESERVA A FORMULAR POR ESPAÑA. (Número de expediente 110/000017.)

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CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MOLDAVIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN CHISINAU EL 8 DE OCTUBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000018.)

- ACUERDO DE COOPERACIÓN SOBRE UN SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) CIVIL ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA, HECHO EN HELSINKI EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000019.)

- CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, HECHO EN KINSHASA EL 28 DE ENERO DE 2008. (Número de expediente 110/000020.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA GRAN JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA POPULAR SOCIALISTA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 17 DE DICIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000021.)

- CANJE DE CARTAS DE FECHAS 22 DE NOVIEMBRE Y 5 DE DICIEMBRE DE 2007 ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DE LA 15ª REUNIÓN ORDINARIA ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES DEL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y LA REGIÓN COSTERA DEL MEDITERRÁNEO Y SUS PROTOCOLOS. (Número de expediente 110/000022.)

- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, HECHO EN ABU-DHABI EL 25 DE MAYO DE 2008. (Número de expediente 110/000023.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE KUWAIT PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN KUWAIT EL 26 DE MAYO DE 2008. (Número de expediente 110/000024.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SENEGAL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO"AD REFERÉNDUM" EN DAKAR EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000025.)

- CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE TIMOR ORIENTAL, HECHO EN MADRID EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000026.)

- CONVENIO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPÚBLICA DE SENEGAL SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO"AD REFERÉNDUM" EN DAKAR EL 5 DE DICIEMBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000027.)

- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, HECHO EN MADRID EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000028.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LITUANIA SOBRE COOPERACIÓN EN LA DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO, HECHO EN MADRID EL 3 DE DICIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000029.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE BAHREIN PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 22 DE MAYO DE 2008. (Número de expediente 110/000030.)

- ACUERDO PARA LA PROTECCIÓN DE MATERIAS CLASIFICADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA, HECHO EN MADRID EL 10 DE ENERO DE 2008.
(Número de expediente 110/000031.)

TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA POR EL QUE SE CREA LA FUERZA DE GENDARMERÍA EUROPEA (EUROGENDFOR), HECHO EN VELSEN EL 18 DE OCTUBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000032.)

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ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVO A LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR UN ESTADO MIEMBRO CONTRA OTRO ESTADO MIEMBRO POR DAÑOS CAUSADOS A LOS BIENES DEL ESTADO UTILIZADOS O MANEJADOS POR EL PRIMERO, O POR LESIONES O MUERTE SUFRIDAS POR MIEMBROS DEL PERSONAL MILITAR O CIVIL DE SUS FUERZAS, EN EL CONTEXTO DE UNA OPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DE GESTIÓN DE CRISIS, FIRMADO EN BRUSELAS EL 28 DE ABRIL DE 2004. (Número de expediente 110/000033.)

- ENMIENDA AL CONVENIO SOBRE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE EN UN CONTEXTO TRANSFRONTERIZO, HECHO EN CAVTAT (CROACIA) EL 4 DE JUNIO DE 2004. (Número de expediente 110/000034.)

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y JAMAICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN KINGSTON EL 8 DE JULIO DE 2008. (Número de expediente 110/000035.)

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL RELATIVO A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000036.)

- CANJE DE CARTAS, HECHO EN NUEVA YORK LOS DÍAS 8 DE ENERO Y 8 DE FEBRERO DE 2008, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA EL ACUERDO DE SEDE DE LA REUNIÓN INFORMAL PREPARATORIA DE LA 7.ª SESIÓN DEL FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS. (Número de expediente 110/000037.)

- CANJE DE CARTAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN DE UN GRUPO DE EXPERTOS TITULADA"HACIÉNDOLO FUNCIONAR: LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD", HECHO EN NUEVA YORK LOS DÍAS 15 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000038.)

- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE NÍGER, HECHO EN NIAMEY EL 10 DE MAYO DE 2008.
(Número de expediente 110/000039.)

- ACUERDO SOBRE EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS PAÍSES BAJOS EN NOMBRE DE LAS ANTILLAS HOLANDESAS, HECHO EN MADRID EL 10 DE JUNIO DE 2008. (Número de expediente 110/000040.)

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votación el punto VI del orden del día. Se trata de 38 dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, de diversos acuerdos, convenios, protocolos y canjes de notas. Señorías, ¿se pueden aprobar por asentimiento los 38 dictámenes? (Asentimiento.) Se aprueban. Ruego que en el"Diario de Sesiones" se hagan constar literalmente todos y cada uno de ellos, tal y como aparecen en el orden del día de la sesión.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.

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