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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 31, de 30/09/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2008 IX Legislatura Núm. 31
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 28 celebrada el martes 30 de septiembre de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el incremento y la universalización de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 26-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000008.)... (Página 5)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la financiación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 55-1, de 22 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000040.)... (Página 14)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), relativa a la necesidad de aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación a las rederas, colectivo de trabajadoras dedicadas a la labor de atar, mantener y reparar redes. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 6, de 25 de abril de 2008. (Número de expediente 162/000015.)...
(Página 23)

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SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página 5)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el incremento y la universalización de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo... (Página 5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la financiación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia... (Página 14)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Tardà i Coma, en nombre del Grupo

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conveniencia de instalar obligatoriamente etilómetros de interrupción del encendido o alcolock en los vehículos dedicados al transporte escolar. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 43, de 30 de junio de 2008. (Número de expediente 162/000135.)... (Página 27)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que el Gobierno tiene previsto desarrollar para la protección de las personas desempleadas y la movilización de los servicios públicos de empleo.
(Número de expediente 173/000023.)... (Página 32)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre la disposición del Ministerio de Administraciones Públicas a negociar con la Xunta de Galicia la transferencia de infraestructura ferroviaria para la creación de servicios ferroviarios de cercanías gestionados por la Comunidad Autónoma. (Número de expediente 173/000024.)... (Página 36)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las previsiones del Gobierno en orden a impulsar la enajenación de antiguos equipamientos militares en el conjunto del territorio del Estado que han dejado de tener su función para la defensa. (Número de expediente 173/000025.)... (Página 40)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas políticas que adoptará el Gobierno para alcanzar un sistema educativo de calidad y excelencia. (Número de expediente 173/000026.)... (Página 46)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.)... (Página 50)

Proposiciones no de ley. (Votación.)... (Página 51)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 51)

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Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de ley... (Página 23)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Davila), relativa a la necesidad de aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación a las rederas, colectivo de trabajadoras dedicadas a la labor de atar, mantener y reparar redes... (Página 23)

Presenta la proposición no de ley la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor García Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conveniencia de instalar obligatoriamente etilómetros de interrupción del encendido o alcolock en los vehículos dedicados al transporte escolar... (Página 27)

Defiende la proposición no de ley el señor Corcuera Plaza, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Corcuera Plaza.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 32)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que el Gobierno tiene previsto desarrollar para la protección de las personas desempleadas y la movilización de los servicios públicos de empleo... (Página 32)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Jorquera), sobre la disposición del Ministerio de Administraciones Públicas a negociar con la Xunta de Galicia la transferencia de infraestructura ferroviaria para la creación de servicios ferroviarios de cercanías gestionados por la Comunidad Autónoma... (Página 36)

Defiende la moción el señor Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En turno de fijación de posiciones interviene el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor Jorquera Caselas.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las previsiones del Gobierno en orden a impulsar la enajenación de antiguos equipamientos militares en el conjunto del territorio del Estado que han dejado de tener su función para la defensa... (Página 40)

Defiende la moción el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Perestelo Rodríguez y la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Tudanca Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Xuclà i Costa.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas políticas que adoptará el Gobierno para alcanzar un sistema educativo de calidad y excelencia... (Página 46)

En defensa de la moción presentada interviene el señor Gómez Trinidad, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martínez López, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Gómez Trinidad.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.)... (Página 50)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el incremento y la universalización de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo, se aprueba por 277 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la financiación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se rechaza por 9 votos a favor, 160 en contra y 156 abstenciones.


Proposiciones no de ley. (Votación.)... (Página 51)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), relativa a la necesidad de aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación a las rederas, colectivo de trabajadoras dedicadas a la labor de atar, mantener y reparar redes, se aprueba por 326 votos a favor.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conveniencia de instalar obligatoriamente etilómetros de interrupción del encendido o alcolock en los vehículos dedicados al transporte escolar, se aprueba por 326 votos a favor.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 51)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que el Gobierno tiene previsto desarrollar para la

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protección de las personas desempleadas y la movilización de los servicios públicos de empleo, con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista, se aprueba por 325 votos a favor y uno en contra.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre la disposición del Ministerio de Administraciones Públicas a negociar con la Xunta de Galicia la transferencia de infraestructura ferroviaria para la creación de servicios ferroviarios de cercanías gestionados por la Comunidad Autónoma, se aprueba por 326 votos a favor.


Sometidos a votación los puntos 1 y 2 de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las previsiones del Gobierno en orden a impulsar la enajenación de antiguos equipamientos militares en el conjunto del territorio del Estado que han dejado de tener su función para la defensa, se aprueban por 325 votos a favor y una abstención.


Sometido a votación el punto 3 de la señalada moción, se rechaza por 26 votos a favor, 297 en contra y una abstención.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas políticas que adoptará el Gobierno para alcanzar un sistema educativo de calidad y excelencia, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 143 votos a favor y 183 en contra.


Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA EL INCREMENTO Y LA UNIVERSALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES FAMILIARES DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR HIJO A CARGO. (Número de expediente 122/000008.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
La primera de ellas es la proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el incremento y la universalización de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo. Para defenderla tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, efectivamente subimos a la tribuna en defensa de la toma en consideración de esta proposición de ley para el incremento y la universalización de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo. Se trata de una iniciativa -y el propio título de la proposición de ley ya se lo expresa- que pretende abordar tres grandes objetivos: garantizar esa efectiva universalización de unas prestaciones de nuestro sistema de protección social que hoy están sometidas a la prueba de renta, aumentar las escasas cuantías que tienen asignadas estas prestaciones y abrir el debate sobre la necesidad de que estas prestaciones no contributivas del sistema de la Seguridad Social sean gestionadas por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, tal como sucede hoy con las prestaciones no contributivas de ese propio sistema.


Es una iniciativa que se sitúa en un contexto que creo que compartimos todos los grupos. Hoy, la necesidad de orientar nuestras políticas sociales hacia el concepto de la familia -entendiendo, al mismo tiempo, la familia en un sentido muy amplio y reconociendo la pluralidad de modelos familiares que se articulan en nuestra sociedad- y de articular políticas de apoyo a la familia ya no es un tema de derechas, de izquierdas o de centro, sino que forma parte de un valor que todos los grupos políticos queremos reivindicar. Quienes ya llevamos unos cuantos años en esta casa y recordamos los debates de principios de 1996 o hemos leído los debates de anteriores legislaturas sabemos que ese consenso alrededor de la importancia de la familia en una política social moderna no era tan evidente. Hoy ese es un valor que compartimos.


En segundo lugar, si miramos las políticas de apoyo más sólidas y sostenidas en el tiempo del resto de nuestros socios de la Unión Europea, observamos que precisamente esas políticas son políticas de consenso.
Quizá el caso más paradigmático sea el de Francia, donde, gobernando el Partido Socialista o gobernando el centroderecha, las políticas de apoyo a la familia no han sido nunca cuestionadas ni por unos ni por otros. El ejemplo de Francia es quizá el más interesante, porque hoy se sitúa a la cabeza del conjunto de países europeos por lo que hace referencia a su tasa de fecundidad, que es de 2 por mujer en edad fértil. Es una política que ha sido eficaz porque ha durado en el tiempo, con independencia de que gobernase Chirac o gobernase Jospin, forma parte de una política de Estado compartida por unos y por otros.


En tercer lugar, porque la cuestión demográfica, el envejecimiento de nuestra sociedad, vinculada al aumento de la esperanza de vida, pero también a nuestra baja tasa de fecundidad, hoy forma parte de uno de los problemas políticos, no solo en España, sino en el conjunto de

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Europa, que pretendemos abordar si de verdad queremos garantizar nuestra prosperidad futura, nuestro progreso futuro y la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. El problema demográfico está hoy en la agenda de todos los países avanzados de nuestro entorno.


En cuarto lugar, porque hoy la tasa de fecundidad, que ciertamente de manera muy suave en los últimos años ha tenido un incremento -las últimas cifras son el 1,7, si no recuerdo mal- continúa situándose lejos de los deseos de las familias. Todas las encuestas que elaboran el CIS y otros institutos de estas características indican que las familias desearían tener más hijos y el conjunto de nuestras políticas públicas, algunos modelos de aproximación a la transición de los procesos de emancipación de nuestros jóvenes, etcétera, no están facilitando esos procesos.


En este contexto mi grupo plantea esta proposición de ley reconociendo, insisto -tanto la derecha como la izquierda pueden reivindicarlo-, que en estos años se han producido avances. Los cien euros por madre trabajadora en el IRPF o la primera ley de conciliación de la vida familiar y laboral o en la pasada legislatura el permiso de paternidad o la prestación por hijo a cargo de 2.500 euros forman parte de políticas que hemos ido desarrollando en estos años, o incluso algunas mejoras que sobre legislación en esta materia de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo se introdujeron en la pasada legislatura, gracias a las cuales se aumentó el nivel de renta para acceder a las mismas y en las que se comprometió la actualización de las cuantías con los Presupuestos Generales del Estado.


Señorías, esas mejoras, que mi grupo no las puede discutir porque son objetivas, no niegan que en ese programa, que en otros modelos sociales es un programa fuerte, potente, de carácter universal, en nuestro caso continúa siendo muy débil. Señorías, situar el nivel de renta de una familia en 11.000 euros para poder acceder a estas prestaciones a cargo de la Seguridad Social, como sitúa la actual ley, y 16.555 euros para las familias numerosas, en los supuestos de 11.000 euros anuales con un 15 por ciento de incremento por hijo, alejan a la inmensa mayoría de las familias de ese apoyo público. En el caso de mi país, de Cataluña, las cifras son de escándalo. Una familia con dos hijos a cargo, con unos ingresos inferiores a unos 15.000 euros anuales, en Cataluña es considerada como pobre, y nunca podría beneficiarse de estas prestaciones de carácter social que son las prestaciones por hijo a cargo.


Hoy tenemos configurada una política de apoyo a las familias desde este instrumento tan solo orientada a las familias más pobres, pero que olvida a la inmensa mayoría de familias que pagan con sus impuestos el sostenimiento de nuestro Estado del bienestar. Es más, si uno analiza en el conjunto de los países de nuestro entorno cuáles son las opciones legislativas en materia de prestaciones por hijo a cargo, observará que en los clásicos países del Estado del bienestar, en los modelos nórdicos y en los modelos continentales se ha optado por que estas políticas sean de carácter universal y no estén sometidas al criterio de renta. Estoy hablando de Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Bélgica, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia -por indicar tres modelos a los que creo que en esta Cámara a menudo nos gusta referirnos-, Reino Unido, Países Bajos y Francia, todas ellas opciones legislativas de carácter universal, no sometidas a la prueba de renta porque, entre otras cosas, estas políticas no forman parte tanto de un objetivo de emancipación de la mujer en el mundo del trabajo -como sería, por ejemplo, el caso de la medida de los 100 euros por madre trabajadora- ni son un instrumento orientado exclusivamente a la lucha contra la pobreza infantil, que podría ser el caso, sino que son un instrumento orientado a facilitar las opciones de las familias para que tengan hijos en la convicción de que unas tasas de fecundidad elevadas nos garantizan un progreso colectivo.


Desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza infantil, el aumento de las cuantías de las actuales prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo nos parece necesario. Hace quince días, la Obra Social Caixa Catalunya ponía de manifiesto que en España un 24 por ciento de los niños son considerados pobres. Cuando analizamos la pobreza en España, se nos configura la realidad de la pobreza en el colectivo de personas mayores, un 31 por ciento, pero también una realidad mucho menos evidente, como esa realidad de la pobreza infantil, un 24 por ciento. Nuestra proposición de ley plantea aumentar los actuales 500 euros hasta los 1.000 euros anuales en el supuesto del tramo de 0 a 3 y alcanzar los 600 hasta los 18 años superando los 291 que ahora son considerados.


Alguien podría decir que esta iniciativa que plantea Convergència i Unió choca con la lógica del Pacto de Toledo, y mi grupo le deberá recordar que estas prestaciones de carácter no contributivo no se están financiando a cargo de las cuotas de trabajadores y empresarios, sino vía imposición general. No afectamos al núcleo duro de nuestro sistema de protección social, que tiene otro tipo de lógica. Además, en un año en el que el Gobierno optó, como fruto de su compromiso electoral y convalidado por esta Cámara -desde este punto de vista, ninguna crítica a realizar-, por esa rebaja de 400 euros del IRPF, que ha afectado a los sectores normales de nuestra sociedad y a los sectores más pudientes, con un coste de 6.000 millones de euros, la medida que les planteamos se acerca también a una cuantía similar -hemos calculado que esta medida podría tener un impacto de unos 6.500 millones de euros-, pero afectaría y daría respuesta a las necesidades de las familias con hijos que seguramente, en el contexto de crisis económica, de incremento de los precios, de aumento de los precios de las hipotecas, van a tener que gestionar más difícilmente esa propia crisis económica. Nos parece que hubiese sido una opción legislativa más sólida haber optado por ese aumento de las prestaciones por hijo a

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cargo que por esa rebaja de los 400 euros que el Gobierno aprobó.


Les decía que en nuestra proposición de ley apostamos claramente por que se efectúe el traspaso de esas competencias al Gobierno de la Generalitat. Lo formulamos en esos términos en nuestra proposición de ley porque reivindicamos para Cataluña esa posibilidad, pero si esta proposición de ley es tomada en consideración seríamos partidarios de que, si otras opciones políticas entienden que, tal como sucede con las pensiones no contributivas, también sería razonable que la gestión correspondiese al conjunto de las comunidades autónomas, se pudiese hacer por parte de las mismas. La opción legislativa que incorporamos en nuestra proposición de ley no pretende tan solo para Cataluña esa posibilidad de gestión, sino que está abierta a cualquier incorporación de otros territorios.


Finalmente quiero hacer dos consideraciones más. Mi grupo hoy plantea la toma en consideración de esta iniciativa en un ejercicio presupuestario difícil, lo cual se pone de manifiesto en el presupuesto que se nos presenta y en la preocupación del conjunto de la ciudadanía, que implica un aumento del gasto social de una manera muy significativa, y no vamos a negar esa consideración, pero precisamente la toma en consideración de la proposición de ley, si se aprueba y espero que así sea, nos puede permitir que durante el proceso de discusión parlamentaria de esta iniciativa seamos capaces de profundizar en la propuesta que les formulamos, escuchar otras consideraciones y plantearnos un desarrollo gradual del alcance de la misma. No pretendemos que de manera automática, con valor de 1 de enero del año que viene este sea un proceso alcanzado, pero sí abrir el proceso para hacer posible, como en el resto de los países de nuestro entorno, que las prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social sean de carácter universal. La toma en consideración es apostar por abrir ese proceso, no tanto para determinar que a 1 de enero del año que viene esa medida esté en vigor. Con esa actitud es con la que en Convergència i Unió abordamos este debate.


Una segunda consideración afecta al conjunto de nuestras políticas sociales y también a las actitudes con las que desde los gobiernos y las administraciones públicas abordamos nuestra propia idea de esas políticas sociales. Hoy nuestro sistema de protección social en el ámbito de la vejez, con todas las necesidades que conocemos y que hemos constatado, especialmente para las personas de más de 80 años, especialmente para las personas de más de 80 años que viven solas y especialmente para las personas de más de 80 años que viven solas y que son mujeres, a pesar de esos huecos, de esas evidentes bolsas de pobreza, se puede homologar en muchos sentidos al conjunto de los sistemas de protección social europea.
Sin embargo, igual que sucede en otros países de la Unión Europea, nuestras políticas de apoyo a la infancia, a las familias con hijos hoy están en la cola. Si queremos invertir en el futuro tenemos que invertir en esos niños y niñas, en unas familias como garantía de progreso del conjunto de la sociedad. Ese hoy es en Europa un valor que comparten izquierda y derecha y que en esta Cámara debemos de compartir si, de verdad, queremos construir políticas sociales, más pensadas para las necesidades de las generaciones que vienen, que sobre el bienestar inmediato que hoy tenemos. Espero que hoy podamos contar con el apoyo de todas SS.SS. y que avancemos en la modernización de nuestras políticas sociales en este campo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, señorías, señor Campuzano, hemos prestado mucha atención a los argumentos que acaba de exponer para defender su proposición de ley y, como siempre, compartimos muchas de las cosas que acaba de decir, pero lamentablemente tenemos que indicarle que hay algo de lo que usted defiende en la tarde de hoy a lo que no vamos a poder dar nuestro apoyo y que en los breves minutos que va a durar mi intervención trataré de explicárselo.


Señor Campuzano, compartimos todo lo que acaba de decir en relación con la necesidad de mejorar las pensiones en general, de acuerdo a ese discurso que usted nos acaba de exponer, incluso comparando legislaciones de la Unión Europea, y también compartimos la necesidad de incrementar las pensiones, las ayudas existentes en este momento, o la denominación que queramos darle a este tipo de prestaciones sociales por hijos o hijas a cargo, tanto en su modalidad contributiva como no contributiva. Cuando discutimos el famoso decreto de los 2.500 euros se dio un paso adelante durante la negociación que el grupo mayoritario mantuvo con otros grupos de la Cámara en aras a conseguir el apoyo para esa propuesta del Gobierno. Así se recogieron unas mejoras en relación con estas prestaciones sociales, desde el punto de vista contributivo, que además fue la razón de la negociación, ya que entendía que no podíamos compartir la propuesta que hacía el Gobierno de ese pago único de 2.500 euros de manera universal sin tener en cuenta los ingresos de aquellas familias o personas a las que iba destinado. Por tanto, señor Campuzano, compartiendo la idea de la necesidad de incrementar estas prestaciones, no podemos compartir la idea de su universalización por las mismas razones y argumentos que ya hemos explicado en otras ocasiones. Podemos entender, de acuerdo con los ejemplos que usted mismo acaba de poner en la tarde de hoy y que se recogen también en la exposición de motivos de su propuesta, que será necesario ampliar los tramos de las cuantías que en este momento se contemplan para poder percibir ese tipo de prestaciones. Es necesaria la actualización por las diferencias salariales que existen entre hoy y el día en

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que estas medidas se aprobaron en la Ley de la Seguridad Social, y por las diferencias económicas debidas al poder adquisitivo de los distintos territorios del Estado, en concreto el que decía usted referente a Cataluña. Compartimos algo que también plantea en su propuesta, que es el traspaso de la gestión, en definitiva la capacidad legislativa, de estas pensiones junto con las pensiones en general. Así debería ser. Nosotros lo hemos reclamado en otras ocasiones. El Estatuto de Autonomía de Galicia lo contempla como una de sus atribuciones competenciales que a día de hoy no está transferida. Por tanto, sí compartimos la parte de su propuesta relativa a la transferencia, pero la universalización no la entendemos así.


La Seguridad Social, sobre todo en aquellos aspectos que se refieren a prestaciones como las que acabamos de mencionar u otro tipo de prestaciones y pensiones, tiene que actuar como elemento equilibrador o regulador de las desigualdades. Lo que haría esta propuesta sería agrandar las desigualdades existentes entre las capacidades económicas, poderes adquisitivos o ingresos, como queramos definirlo, que tienen en este momento las personas a las que van dirigidas las prestaciones que propone. Hay servicios que deben ser universales, los hemos defendido siempre. Sanidad, educación, la dependencia, de la que esta mañana hemos hablado largo y tendido en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, responden a necesidades iguales, no igualitarias, de todas las personas. Una sanidad adecuada a las necesidades que tenemos es objeto de derecho de todas las personas, independientemente de los ingresos, porque la salud no entiende de ingresos, al margen de que dependiendo de ellos puedas dirigirte a una sanidad privada. Como nosotros no defendemos la sanidad privada sino una buena sanidad pública, consideramos que, junto con la educación o un sistema de dependencia, en la medida en que tratan necesidades iguales de las personas, deben universalizarse.


En este caso, señor Campuzano, señorías, señor presidente, entendemos que las ayudas por hijo o hija a cargo no son una cuestión que iguale las necesidades, en la medida en que esas necesidades son desiguales en tanto que los ingresos económicos de cada una de esas partes a las que va dirigida son desiguales también. Desde nuestro punto de vista, la universalización de este tipo de ayudas, prestaciones o pensiones significaría ahondar más en las desigualdades existentes. Como nuestra visión y concepto de la Seguridad Social -que yo le manifestaba con anterioridad- es que debe actuar como reguladora y equilibradora de las desigualdades, no vamos a poder votar favorablemente su propuesta porque incurriríamos en contradicción con cuestiones conceptuales para nosotros ideológicamente muy importantes.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Universalidad o progresividad, esta es la cuestión que se nos plantea hoy.
Universalidad, que garantice unas prestaciones y coberturas básicas de igual cuantía para toda la ciudadanía, o progresividad de prestaciones en relación a la carencia de recursos. Para los republicanos está muy claro: justicia social, que pasa -entendemos- por el sinónimo de dar a cada uno por razón de su situación de riesgo social objetivo. Tampoco compartimos -y ya lo dijimos en su momento- los cheques universales del Gobierno de bajo perfil social, que han llevado al Ejecutivo hasta una situación crítica de tener que incumplir algunos compromisos adquiridos en esta Cámara. No podemos dejar de ser críticos con la propuesta de Convergència i Unió, aun cuando es verdad que en ella misma se habla de unos déficits estructurales de Cataluña y de los catalanes, lo cual es exacto. Parece un tópico, pero es cierto que el umbral de la pobreza en Cataluña se sitúa por encima del nivel de ingresos exigido en las actuales prestaciones familiares como indicador de la situación de necesidad. Como se recoge -hacía apelación al mismo el diputado Campuzano- en un estudio de inclusión social en España en el año 2008 realizado por Caixa Catalunya, se sitúa el umbral de la pobreza en aquel criterio de carácter territorial -nadie lo discute- en cada uno de los países europeos para los que se calcula, como para cada una de las comunidades autónomas, en el PIB diferenciado. Creo que este debate hoy día ya ha sido asumido y entendemos las razones que nos plantea Convergència i Unió en tanto en cuanto utiliza este criterio. Siguiendo con este estudio, debemos afirmar que la pobreza ha cambiado de cara. Cada vez tiene más cara de niño, especialmente de niño inmigrante y habitante de zona urbana. Las nuevas formas de organización familiar, la progresiva desaparición de la red de cobertura que ofrecía la familia tradicional, el cambio en los entornos de trabajo y usos del tiempo han provocado la aparición de nuevos riesgos sociales; riesgos relacionados con la infancia, con la desatención, con las necesidades crecientes de atención, de la educación, etcétera. Si alguna cosa estamos intuyendo es que la simple subvención que se ofrece mediante las ayudas por hijos a cargo no resuelve la mayor parte de problemáticas con las que se encuentran nuestras familias. Estamos convencidos de que se tiene que apostar por una política familiar global que, mediante ayudas en diferentes ámbitos, recoja un catálogo de prestaciones económicas y de otra índole que en su conjunto sean capaces de ser preactivas con los riesgos a los que se enfrenta nuestra sociedad.
Digamos, pues, que además de no estar de acuerdo con la universalidad, porque entendemos la progresividad unida a la carencia de rentas, añadimos que apostamos por una política

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familiar global que no se limite a la subvención testimonial. Las tasas de riesgo de pobreza en el Estado español son mayores que la media europea en los hogares con hijos, y el dato al que nos referimos es el de la tasa de pobreza después de transferencias públicas. Mientras que en la Unión Europea la tasa es del 18 por ciento en hogares con hijos, en España se sitúa en el 23 en general. Por lo que se refiere a hogares con dos adultos y dos hijos, la tasa se sitúa en el 17 por ciento de media, mientras que en España se sitúa en el 29 por ciento. Por lo que se refiere a hogares con dos adultos y tres hijos, la tasa se sitúa en el 26 por ciento, mientras que aquí está en el 39 por ciento. Estas cifras dotan de argumento al hecho de que si bien en situación de crisis se debe contemplar la variable restricción, no puede pretenderse que la crisis la paguen los de siempre. En situación de crisis los más necesitados se convierten en más pobres; las ayudas se acortan y las políticas sociales ineficientes acentúan sus debilidades. En momentos de crisis -de hecho ya está sucediendo- los servicios sociales son los primeros afectados.
Pregunten a los concejales que tienen responsabilidades en servicios sociales y les explicarán qué está pasando en los municipios: los bancos de alimentos desbordados, las peticiones de Pirmi en aumento, las solicitudes de la paga de dependencia reclamadas por personas que no tienen derecho a ella pero que aún así la solicitan entendiendo que hay que ir buscando lo que pueda caer. Y las familias todavía están cobrando subsidio de paro; el drama va a ser cuando tengan que pasar cuatro personas con la ayuda familiar. Esta es la situación. No vamos a esconderla.


Para resolver este déficit no podemos quedarnos solo con ayudas por la carga económica que significan los hijos, sino que se necesitan ayudas estructurales que cubran las medidas de apoyo a las familias y organizaciones familiares: corresponsabilidad; mejora de prestaciones por maternidad; mejora de las prestaciones, stricto sensu, por hijo a cargo; mejora de las becas; ayudas para comedores escolares; becas para guarderías y un largo etcétera de acciones transversales para todos los hogares con hijos dependientes. En Esquerra estamos convencidos de que una buena forma de optimizar los recursos y distribuirlos equitativamente, socializarlos, es abonando las prestaciones a los necesitados reales y por importes más razonables. ¿Qué sentido tiene una ayuda de 400 euros para una familia con unos ingresos por encima de los 100.000 euros, frente a la ridiculez que puede conllevar la misma ayuda para una familia con unos ingresos de 8.000 euros anuales? Creemos en la redistribución, y si es a costa de distribuir más a los más necesitados, mejor. Países como Suecia o Francia apuestan por la progresividad de las prestaciones con políticas familiares y por la carencia de rentas para ofrecer sus ayudas. También en Francia se apuesta por modelos progresivos con un modelo de política transversal familiar, con subvenciones de paternidad, bajas incentivadas durante el primer año, ayudas a la reducción de jornada para el cuidado de hijos, ayudas a la escolarización y a la movilidad familiar, etcétera. En Alemania también se apuesta por la prestación sujeta al concepto de carencia de recursos y progresividad.


El modelo que se nos propone no es el nuestro; solo lo hubiera sido si manteniendo los umbrales de carencia de rentas estos se hubieran actualizado por encima de lo establecido actualmente y, cómo no, con importes más ajustados a las realidades actuales. Resulta ridículo que pretendamos resolver la pobreza que nos diagnostican los estudios -hace unos momentos me he referido a uno de ellos, quizá el último- a base de ofrecer ayudas de escasa entidad. En definitiva, anunciamos nuestra posición. Nosotros no podemos apoyar esta propuesta y lo que más nos sorprende es que ustedes, los socialistas, vayan a votar a favor. No lo entendemos y la verdad es que lo lamentamos, puesto que creemos que el calificativo de socialista debería entrañar una desautorización de esta iniciativa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, quiero empezar felicitando al señor Campuzano y al grupo que representa por la oportunidad que de nuevo han tenido al presentar una iniciativa de una impronta social difícilmente discutible. Yo no he sido capaz de discernir las argumentaciones refutatorias de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra porque aquí nos encontramos con una proposición de ley que si se puede calificar de alguna manera es de particularmente progresista, y además incitada por el sector afectado. Ya sé que sector es un término deletéreo, pero me refiero a las organizaciones que propugnan los derechos de la familia, que ha dejado de ser, salvo para algunos que con una actitud política absolutamente pretérita todavía discuten, quizá por una hipersaturación de lecturas de Herbert Marcuse, el concepto de familia como elemento vertebrador de la sociedad y como elemento remotriz de muchas de las injusticias que subyacen en la sociedad, sobre todo por no comprender lo que constituye normativamente el sistema público de pensiones del Estado español, tal como está configurado por la Constitución. Uno podrá refutar la Constitución, pero en tanto en cuanto esté vigente habrá que hacer reflexiones congruentes y atinentes a lo que prevén los contenidos esenciales de los preceptos o requerimientos consignados por los artículos 41 y 50 de la Constitución española, que son los que diseñan el sistema público de pensiones en el Estado español. No se podrá hacer de otra manera. Gustará más o menos, pero así como otros preceptos o títulos de la Constitución a mi grupo y seguramente al grupo proponente nos gustan menos, este nos gusta mucho porque incorpora uno de los paradigmas del Estado del bienestar, consagrado en el periodo de

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entreguerras mundiales por la Constitución de Weimar, que es un sistema de seguridad social cuyo contenido esencial tiene las siguientes características. Tiene que ser un sistema público. Parece una tautología decir público, pero cuando se dice público es no privado; quiere decir que los poderes públicos del Estado tienen que proveer las situaciones o contingencias que atiende el sistema. Además de público, tiene que ser un sistema suficiente. El concepto de suficiencia en esta proposición de ley es particularmente relevante porque suficiente tiene que ser cuantitativamente suficiente en términos económicos para afrontar las situaciones de necesidad universal, es decir, tiene que proteger cualesquiera situaciones de necesidad definidas y no definidas por el sistema, y tiene que ser irregresivo.


Todas estas características son la impronta que podría servir para definir esta muy oportuna proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre todo el de la suficiencia porque aquí hay dos problemas en relación con las políticas familiaristas que hasta hace poco tiempo nosotros pensábamos que habían sido refutadas y que ya han sido asumidas universalmente. Vemos que las inercias marcusianas, que todavía parecen incidir en el sustrato ideológico de algunos partidos políticos, plantean reservas intelectuales sobre estas cuestiones. Suficiente quiere decir que tiene que ser suficiente en cualquiera de las contingencias, y una de las contingencias que el Real Decreto Legislativo 1/1994 y que las leyes o normas no contributivas -esta hace referencia al sistema contributivo- de la Seguridad Social protege son los hijos a cargo. Es una contingencia protegida, por tanto, tiene que estar protegida con las mismas características que todas las demás contingencias, como la jubilación, la viudedad, la incapacidad, o cualesquiera otras que protege el sistema, con esas mismas características definidas de forma muy prolija y pormenorizada por la jurisprudencia constitucional. Y la suficiencia -estamos hablando de suficiencia en este momento en relación con la protección de la contingencia de hijos a cargo- tiene un doble problema que remueve de forma absolutamente correcta la proposición de ley que ha presentado el señor Campuzano con la lucidez que le caracteriza, porque las proposiciones que presenta el señor Campuzano -como aquellos que se dedican a la cata ciega- se podrían aceptar a trámite casi sin probar.
Desde esa perspectiva, remueve las dos grandes dificultades. En primer lugar, la suficiencia dimanante o derivada -porque algunas personas la expresión dimanante no la terminan de comprender- del tope que las rentas de los perceptores dificultan que accedan a esta específica protección.
Evidentemente, hablar en estos momentos de ingresos de 11.000 euros -si no estamos ante una familia numerosa- o de 16.555 euros -si estamos ante una familia numerosa- sabiendo que en Cataluña el umbral de la pobreza, técnicamente concebida con los datos de Eurostat, está ya en 15.687 euros -en Euskadi es superior, en otras comunidades es inferior y la media del Estado español es superior a los 11.000 euros-, haría que el requerimiento constitucional previsto y desagregado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no se pudiera cumplir si el tope de los 11.000 euros -o en el caso de familias numerosas 16.555 euros- fuera un tope obstaculizador o impediente del acceso a esta protección. El otro tope es el de la cuantía específica de la protección, que en estos momentos es manifiestamente insuficiente. Cuando estamos hablando de que la protección de la Seguridad Social del sistema no contributivo pero público por hijo a cargo menor de 3 años es de 500 euros -que es manifiestamente insuficiente- se incumple el requerimiento constitucional de suficiencia; si estamos hablando de más de 3 años, por tanto de 291 euros, estamos hablando también de una cantidad manifiestamente insuficiente, y también es manifiestamente insuficiente la cantidad para hijos de entre 3 y 18 años, que es de 291 euros. Luego la duplicación que preconiza el Grupo de Convergència i Unió, es decir, 1.000 euros mensuales hasta los 3 años y 600 euros mensuales desde los 3 hasta los 18 años, incluso se nos antoja -honestamente, señor presidente- todavía modesta, desde la perspectiva del cumplimiento de los requerimientos de constitucionalidad en virtud de una jurisprudencia muy bien desagregada por el Tribunal Constitucional. El requerimiento de la suficiencia no es un requerimiento metajurídico, no es un requerimiento político, es un requerimiento jurídico; es un requerimiento que hace referencia al nivel cuantitativo de protección del sistema público de pensiones, que acoge desde la pensión de jubilación hasta esta contingencia, la prestación por hijos a cargo. No hay ninguna diferenciación ni conceptual ni política ni jurídica que legitime cualquier tipo de discriminación.


Por último, la reforma del artículo 182 bis que se propugna en el artículo 4 de la proposición de ley relativa al hijo o menor acogido a cargo que tenga la condición de discapacitado establece una actualización de las cuantías de protección en la letra a) 2.500 euros cuando el hijo o menor acogido a cargo sea menor de 18 años y el grado de minusvalía psíquica -esta es una gran aportación que realiza esta proposición, la minusvalía psíquica- sea del 33 por ciento; en la letra b) 4.550 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una minusvalía en grado igual o superior al 65 por ciento; en la letra c) 6.600 euros cuando el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una minusvalía en un grado igual o superior al 75 por ciento. Nos parece particularmente justo, solidario y fruto de los requerimientos de la justicia social que nosotros compartimos con ustedes en sus propios términos. Aquí, quizá, lo sorprendente sea que quienes se preconizan como partidos progresistas y que mantienen posiciones en materia de defensa de las personas con mayores dificultades para subvenir a las necesidades de la vida -me estoy refiriendo al contenido esencial de una conocida sentencia del Tribunal Constitucional, la de 15 de octubre de 1988- consideren que medidas de esta naturaleza o

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son conservadoras o son discutibles o se incardinan en políticas familiaristas que seguramente dimanan de una mala comprensión de lo que en los países más avanzados de nuestro contexto socioeconómico se está haciendo ahora desde una doble perspectiva; desde la perspectiva protectora de los sistemas públicos de Seguridad Social y desde la perspectiva incentivadora de las políticas familiaristas. Ninguno de estos dos problemas le es ajeno al Estado español, que está a la cola, con algún otro, tanto en materia de protección con cargo a nuestro sistema público de pensiones como en materia de incentivación de la natalidad a través de políticas familiaristas que ya solo refutan algunas personas que dentro del ámbito político se podrían calificar o se podrían catalogar como partidos políticos que...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que acabar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo con esto. Partidos políticos que mantienen ideologías -y lo digo con todos los respetos, señor presidente, incluso me atrevería a decir con toda honestidad, con cierto dolor- inerciales, ideologías políticas marginales, pretéritas en el tiempo y fruto de requerimientos sociopolíticos que Herbert Marcuse supo glosar y que hace tiempo que han sido ya objeto de superación en los debates políticos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.


La proposición de ley que se nos plantea tiene como finalidad la universalización de las prestaciones no contributivas por hijo a cargo y el aumento de las mismas que contempla el sistema de la Seguridad Social recogido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que ha sufrido diversas modificaciones, entre ellas la última con la Ley 35/2007. Es obvio que el objetivo que se persigue con la existencia de estas prestaciones no llega a cumplirse ya que estas ayudas se establecen para hacer frente a la situación de necesidad económica o de incremento en las cargas económicas en las familias, que pueden producirse para determinadas personas por tener varios hijos a cargo. Es evidente que el incremento de las cargas económicas que supone el nacimiento de un hijo en la familia no se puede hacer frente con la cantidad de 24,25 euros hasta los 18 años o de 44 euros si es hasta los 3 años. Esa cantidad es tan ridícula que ni siquiera da para comprar un bote de leche de recién nacido -si alguna de SS.SS. ha tenido un niño recientemente sabe que con 44,24 euros ni siquiera se puede comprar un bote de leche de recién nacido-. Si ya de por sí son escasas, lo agrava aún más el hecho de que no hayan subido conforme al coste de la vida, lo que ha provocado una pérdida importante de poder adquisitivo. El coste, sin embargo, que destina una familia para el cuidado de los hijos se ha incrementado en un 25 por ciento en los últimos seis años. Si además se compara con las cantidades que se perciben en los demás países de la Unión Europea, la cantidad de la que estamos hablando es absolutamente ridícula. La media de la Unión Europea es de 125 euros mensuales. Ante esta realidad, unida a otro tipo de circunstancias, no es extraño que en España no nazca el número de niños que los padres desearían tener y ni siquiera esté garantizado el relevo generacional. No es raro tampoco que todos los organismos internacionales estén alertando del envejecimiento de la población, que ni siquiera puede ser evitado con el fenómeno de la inmigración.


Pero esta realidad, señorías, saben que no es nueva, sino que se viene generando desde bastantes años atrás y este Gobierno no ha contribuido en nada a que se pueda ir enderezando. Nuestro sistema de Seguridad Social, que estaba en bancarrota cuando el Partido Popular asumió el Gobierno de la nación en el año 1996 y que se estabilizó y comenzó a fortalecerse, no tiene garantizada su sostenibilidad para el año 2015. Este Gobierno no solo no ha hecho las reformas que debiera sino que ha sido el causante de que la crisis que padece hoy España sea la más virulenta de toda la Unión Europea. Y deben saber que la mejor política social, como decimos nosotros muchas veces, es una buena política económica, de la que este Gobierno no es capaz. Pero a falta de esta, en esta época de inestabilidad económica, cuando es la familia la que debe soportar esta crisis, cuando hay muchas familias que lo están pasando mal, sobre todo las que tienen hijos, no se pueden recortar las prestaciones de apoyo a la familia, como están haciendo con la Ley de Dependencia, sino todo lo contrario.


Nuestro grupo parlamentario ya se pronunció sobre la importancia que en estos momentos tienen todas las políticas familiares, que por cierto han desaparecido de la agenda del Gobierno. En una de las primeras interpelaciones que efectuamos a la ministra pusimos de manifiesto la importancia de acometer una verdadera política familiar. Consecuencia de aquella interpelación fue una moción que no apoyó entonces el grupo que ahora promueve este debate, aunque solicitábamos que se instara al Gobierno para que se aumentara la prestación por hijo a cargo. Con el profundo respeto que nos merece este grupo, y además el señor Campuzano, no comprendemos bien cómo no apoyó entonces nuestra propuesta, cuando además la mayoría de su discurso es muy parecido al nuestro. El discurso que el señor Campuzano ha hecho en la tarde de hoy es casi idéntico al que yo hice cuando presenté la moción consecuencia de interpelación.
Nuestra coherencia nos obliga, y como ya dijimos entonces que apoyaríamos todas las iniciativas que en este sentido se presentaran en la Cámara, votaremos afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley. No nos importa, señor Campuzano quién

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se ponga la medalla, siempre que con nuestro voto puedan llevarse a efecto los objetivos que nosotros perseguimos. Nuestro presidente, señor Rajoy, hace escasos quince o veinte días, tuvo un acto con familias, y precisamente una de las cuestiones de las que habló fue del aumento de la prestación por hijo a cargo.


Esta es una proposición de ley en la que estamos de acuerdo en lo esencial, en el aumento de la prestación e implantación de su carácter universal, aunque quizá debiera hacerse de forma gradual, pero no podemos estar de acuerdo en otros términos, como que la gestión de estas ayudas se realice por la Generalitat. Será en su posterior tramitación, si prosperara, cuando intervendremos en el sentido de intentar enmendar también otros extremos para que puedan ser beneficiarias de esta ayuda no solo las que se recogen en este texto, sino que también propondremos que pueda extenderse a aquellas familias que tuvieran hijos mayores de 18 años y se encontraran estudiando o en el paro -entonces será el momento-, al igual que para los huérfanos que se encontraran en análogas circunstancias. Estamos absolutamente de acuerdo en que se aumente para las familias en cuyo seno existe un hijo discapacitado y que aunque hubiera cumplido los 18 años y tuviera una discapacidad del 33 por ciento, si lo fuera por enfermedad mental, no desapareciera la ayuda al llegar a dicha edad.


En relación a su carácter universal, somos conscientes de que se trata de modificar la naturaleza de esta prestación, y además con un objetivo diferente para el que nació, puesto que se trata de una prestación de carácter no contributivo que intentaba hacer frente a los casos de verdadera necesidad. Pues bien, ahora no tan solo es necesario acudir a resolver estas situaciones elevando las cuantías de las propias prestaciones y el límite de ingresos para percibirlas -incluso hemos argumentado que no lo resuelve-, sino que ahora se trataría de ir mucho más allá e intentar perseguir dos objetivos; uno de carácter personal, que es remover todos los obstáculos que puedan impedir a los padres el ejercicio de tener los hijos que ellos deseen; y otro desde el punto de vista social, que es acometer de manera clara el envejecimiento de la población. Ha quedado claro que existe una clara correlación entre las ayudas directas a la familia y el número de hijos. Francia, Italia y Luxemburgo dan importantes ayudas a la familia y tienen un alto número de nacimientos. En la actualidad, los ingresos máximos que han de percibirse son tan reducidos -11.000 euros al año para el año 2008- que en la práctica estas ayudas tan solo las perciben las familias que en la mayoría de los casos están en el umbral de la pobreza. Los límites son tan ridículos que hacen que una familia española con dos hijos, en la que ambos cónyuges cobrasen el salario mínimo interprofesional, superaría ese límite de ingresos y estarían excluidos. Por esa razón, esta ayuda tan solo la percibe un 8 por ciento de las familias españolas, aun con las modificaciones efectuadas en la Ley 35/2007, de la que ahora supongo que nos hablará el representante del Grupo Parlamentario Socialista. Siguen siendo ayudas de integración social y en ningún caso pueden considerarse ayudas de apoyo a la familia, que es quizá en lo único que diferimos con el señor Campuzano. Nosotros no podemos llamarlas ayudas de apoyo a la familia cuando realmente no pueden ser consideradas como tales. Si nuevamente nos referimos a nuestros países vecinos, en la mayoría de ellos esta ayuda tiene carácter universal, en el 70 por ciento de los países vecinos esta ayuda tiene carácter universal, y además el 75 por ciento de las familias europeas tiene derecho a esta ayuda.


Lo que hay que hacer es cambiar de mentalidad y empezar a hacer ya de una vez políticas de apoyo a la familia, y como esta proposición de ley va encaminada a ello, la vamos a apoyar. Nosotros votaremos con Convergència i Unió y nos gustaría que también lo hicieran los demás grupos, en concreto el Grupo Socialista, que supongo que se verá forzado a ello, pero que si es coherente y responsable debería también hacerlo. Coherente porque llevaba ya en su programa electoral, en el año 2004, que aumentaría todas las prestaciones de apoyo a la familia hasta equipararse con el índice de apoyo a la familia de toda la Unión Europea, que está en un 2,5 por ciento del PIB, y porque no paran de afirmar que no recortarán gastos sociales. Sería necesario, sin embargo, que el contenido de lo que en esta proposición de ley se establece se llevara al Pacto de Toledo, cuestión que este grupo parlamentario ha solicitado ya en demasiadas ocasiones. La consignación presupuestaria que precisaría la aplicación de esta ley habría que estudiarla, por supuesto, pero la finalidad que se persigue no es ni injusta ni insolidaria, como lo fue la ocurrencia de los 400 euros a todas las familias, sin que pueda probarse que se haya cumplido algún objetivo diferente al electoral. Estamos hablando, señorías, de 6.000 millones de euros. Yo, cada vez que hablo de financiación de la Ley de Dependencia, digo que cuántos años de Ley de Dependencia se podían haber financiado con ese dinero. Y responsable porque le obligaba una moción que fue aprobada en el Senado en la legislatura anterior, consecuencia de una interpelación que presentó mi grupo parlamentario. Es que ya en el Senado se votó y se aprobó que esta prestación se aumentara. Por tanto, termino diciendo que apoyaremos la toma en consideración de esta proposición al tiempo que llamamos la atención sobre la necesidad de reunir el Pacto de Toledo, que tan olvidados tuvo a los grupos parlamentarios en la anterior legislatura.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.


Señorías, he estado escuchando atentamente a todos y cada uno de los portavoces que han intervenido y hay

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algunas afirmaciones que me gustaría matizar. Por ejemplo, señor Campuzano, yo estoy de acuerdo en que los de derechas, los de izquierdas y los de centro queramos apoyar a la familia, pero hay un matiz muy importante, y es que hay una derecha que quiere un solo modelo de familia y toda una parte que hablamos de modelos de familia en plural. Esa es una diferencia importante. Decimos que estas prestaciones son insuficientes, sin ninguna duda. Sin ninguna duda son insuficientes, pero debemos hacer una reflexión sobre si realmente la Seguridad Social es la forma de equilibrio de todas las desigualdades y de protección en su conjunto.
Algún día tendremos que sincerarnos y decir que no es posible que tengamos un Pacto de Toledo en el que se hable continuamente de ese tema y luego ir parcheando la ley parte por parte, porque al final haremos algo que no servirá para lo que realmente protegemos. Por tanto, sin ninguna duda, queremos proteger la familia, señor Campuzano; mi grupo lo quiere y mi Gobierno y el suyo también. Y le voy a decir más, en la pasada legislatura, con la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, hemos hecho un incremento de estas partidas en algún caso del 72 por ciento.
¿Insuficiente? Sin ninguna duda, pero que una prestación pase de doscientos y pico euros a quinientos o a seiscientos es hablar de un aumento del 72 por ciento. Señora Méndez, usted ha dicho que este Gobierno no se preocupa de esto, pero esto se hizo con este Gobierno en la pasada legislatura; en noviembre y en diciembre se elaboró otra ley y veníamos de ocho años atrás sin ni siquiera actualizar en estas prestaciones el IPC. (Aplausos.) Yo no dudo que usted y el Grupo Popular quieran apoyar a la familia, pero obras son amores y no buenas razones.
Eso es lo que hay. En la Ley 35 subimos el límite de 9.500 a 11.000 y las prestaciones por hijo a cargo menor de 291 a 500 y por nacimiento del tercer hijo de 451 a 1.000, insuficiente sin ninguna duda, pero lo hemos hecho. En aplicación de la Ley 35, que es la que hablaba de los 2.500 euros por nacimiento de hijo, hemos dedicado 11 millones de euros para mejorar esas prestaciones. En la Ley 40 de la Seguridad Social, en diciembre establecimos que estas prestaciones se actualicen anualmente con el IPC. Por tanto, hemos hecho cosas y ahí están, se pueden comprobar.


Ahora vamos con esta prestación. Esta proposición de ley se puede tomar en consideración porque podemos estar de acuerdo con su espíritu, aunque no con su letra, porque nos propone que quitemos el límite y universalicemos las prestaciones, cosa que ya es discutible. Algún día tendremos que debatir aquí si realmente este país tiene tanto dinero como para universalizar todo o hay que dar protección por nacimiento de hijo, por hijos a cargo o por lo que sea, pero realmente a aquellas que lo necesitan. No es lo mismo una persona que tiene un salario de 700 euros que uno de nosotros que lo tiene más alto. ¿Por qué universalizar la prestación por hijo igual para el de 700 euros que para el de 4.000 euros? Algún día habremos de debatir eso. Pero es más, el señor Campuzano pone aquí universalizamos, y luego dice: pero para cobrarlo hay que estar dado de alta en la Seguridad Social. Habrá gente que no esté dada de alta en la Seguridad Social y tenga que cobrar este complemento por hijo a cargo. Por tanto, no puede ser que por un lado universalicemos y por otro lado eliminemos posibilidades, porque el que no esté dado de alta no cobra. Esos son los grandes problemas que plantea esta proposición.
También habla de hijo a cargo y de incluir todas las enfermedades mentales, pero, claro, no se da cuenta de que está hablando de hijo a cargo y de que quien cobra es el padre o la madre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Un esquizofrénico es un enfermo mental? ¿Tiene que depender siempre de su padre? ¿No puede tener autonomía personal? O sea, estamos hablando de una proposición a la que tendremos que dar la vuelta como un calcetín para que realmente sirva para los propósitos que pretende. Por tanto, vamos a apoyarla, porque el concepto no nos parece mal, pero, desde luego, señor Campuzano, hay que cambiar toda la letra de esta proposición de ley, porque es inaplicable tal como está. Luego nos plantea otra cuestión, pasar la gestión de las prestaciones a las comunidades autónomas, y entiendo que no solo a Cataluña sino a las comunidades autónomas en general. Pero no puede ser, porque se pudieron transferir las pensiones no contributivas porque las no contributivas no las gestionaba el INSS, las gestionaba el Imserso, y cuando se habló de transferir temas sociales que estaban en el Imserso, se transfirieron.
Pero aquí expresamente el artículo 57.1 de la Ley de Seguridad Social dice que estas prestaciones serán gestionadas por el INSS. Por tanto, no ha lugar que podamos hablar de transferir a las comunidades autónomas y, en consecuencia, evidentemente en ese concepto también vamos a entrar.


Nosotros creemos en la protección social, queremos llegar a la protección social, pero hemos de hablar de grupos, de colectivos, porque es la única forma en la que podremos realmente mejorar este país, llevándola a colectivos concretos, porque dar a todo el mundo es una barbaridad. Aquí estamos hablando de conceptos. Por tanto, ese debate lo vamos a tener durante su tramitación. Por favor, reflexionemos, si tenemos un Pacto de Toledo, si vamos a entrar el mes que viene en una revisión del sistema, si vamos a partir de un informe de situación, de perspectiva para los próximos años, aprovechemos y hagámoslo todo allí y veamos todas las necesidades que tenemos y, en función de esas necesidades, prioricemos aquello que se puede priorizar. Una vez me decía el señor Tardà todo serio, reclamando una cantidad para las no contributivas de 800 euros: ¿pero es justo que paguemos 800 euros a las no contributivas? Yo le decía: Sí, es justo, el problema es cómo los pagamos, porque es más importante pagar 528 euros todos los meses, que una persona sepa que eso lo cobra todos los meses, que prometerle 1.000 euros y que a los dos años no los pueda cobrar. Esa es la diferencia entre unas políticas y otras.
Tenemos un Gobierno que se preocupa de la familia, que se preocupa de la

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protección social. Vamos a votar a favor de la toma en consideración, pero sepan que nuestra intención es darle la vuelta a la letra como si fuera un calcetín.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 122/000040.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la financiación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Para defender la proposición de ley tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero dejar claro que Esquerra Republicana fue el primer grupo parlamentario que en la pasada legislatura cruzó la puerta del despacho del ministro Caldera cuando el texto de la ley, la mal llamada Ley de Dependencia, todavía se encontraba en la fase embrionaria de anteproyecto, cuando el texto todavía no había caído en la vertiente progresista en cuanto al mismo concepto de derecho subjetivo, respecto a la inclusión o no de las enfermedades mentales, en la discusión de qué hacer con el tramo 0,3, en cuanto al respeto al marco competencial o incluso sobre la preeminencia del ámbito público sobre lo privado o concertado, riesgo existente en aquel momento ante la presión de algunos grupos de capital interesados en sacar mayor tajada en el proceso de consolidación del cuarto pilar del Estado del bienestar. Repito, fuimos los primeros en acudir a la llamada y nos pusimos a trabajar codo con codo con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Socialista. Nos implicamos a fondo y no nos arrepentimos de ello. Hemos conquistado un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía y, por primera vez, la Administración General del Estado está comprometida en la aportación de recursos en servicios sociales más allá de lo testimonial hasta aquel momento.


Hay que recordar que la ley establece que la financiación de las prestaciones se hará mediante un sistema mixto: dos terceras partes a cargo de las administraciones, un tercio a cargo de los usuarios, pero ello respecto al montante global. La realidad, y ya tuvimos ocasión de debatirlo hace unas semanas a raíz de una interpelación urgente de Esquerra sobre la financiación del despliegue de la ley, poco tiene que ver con lo que se establece de la financiación pública compartida entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Ya dimos datos de ello y ahora quizás no es el momento de repetirlos. Se aprobó una moción que tenía seis ámbitos, todos ellos dirigidos a aquellos más problemáticos; separación de las partidas destinadas a financiar el nivel mínimo de servicios y prestaciones reconocidos de aquellas otras establecidas para sufragar el nivel acordado -y me refiero a los Presupuestos Generales del Estado-, precisamente para que las cantidades destinadas a lo último no queden menguadas por las incapacidades presupuestarias del nivel mínimo.


De igual manera, sobre la introducción del diferencial del coste del servicio en la distribución de los recursos a las comunidades autónomas; también en lo relativo a la financiación de los gastos de las comunidades autónomas en la gestión del sistema; y, por supuesto, también se planteó la necesidad de romper las servitudes de la memoria económica. Por ello, la moción contemplaba la necesidad de incrementar la previsión presupuestaria para garantizar el nivel mínimo e, incluso, los recursos previstos y aprobados por el consejo interterritorial para financiar el nivel acordado por el consejo territorial. Si bien coincidimos en que la moción planteaba los temas candentes -de ahí el interés del Grupo Parlamentario Socialista de dialogar y consensuar una moción conjuntamente-, lo cierto es que hablamos de una moción que insta al Gobierno a actuar mediante vocablos tan cargados de esperanza, pero tan frágiles a la vez, como estudiar y contemplar. Es cierto que hoy la ministra ha manifestado que está en ello y que ya se ha introducido el debate en el mismo consejo territorial; tan cierto como que no nos satisface el montante de las partidas destinadas al despliegue de la ley en estos presupuestos, pero es cierto también que tenemos que darnos tiempo al tiempo y vamos a ver qué nos depara el trámite de debate de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Lo que está claro es que estamos en un cierto cul de sac, y eso ¿por qué es? Porque las autonomías ya venían invirtiendo antes de la ley un montante de recursos de las comunidades autónomas en la financiación de la dependencia que no se contabilizan como recursos de las comunidades autónomas. Hoy por hoy, el reparto de la carga financiera entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas está totalmente distorsionado. Ya dimos datos -está en "el Diario de Sesiones"- que reflejan el debate de la interpelación y ahora no vamos a repetirlos. Es cierto que respecto al nivel mínimo todas las autonomías reciben la misma proporción de recursos, pero en cambio no se atiende, a nuestro entender, a los diferentes costes de las prestaciones para un mismo grado y nivel. Por ejemplo, para la atención de una persona dependiente de grado III, gran dependiente, y del nivel 2, las comunidades autónomas reciben una cantidad de 155 euros con independencia de que esa persona esté en una residencia, en un centro de día o se le preste una ayuda domiciliaria. En cambio, los

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costes son diferentes. Eso obliga a las comunidades autónomas a soportar un déficit extraordinario. Además, no existe la posibilidad de que el déficit sea financiado por el nivel acordado si esta es una plaza que ya existía anteriormente. Por ello, nuestra proposición de ley pretende modificar el artículo 9 mediante la adición de un nuevo punto 3, para que quede fijado que el nivel mínimo de protección garantizado tenga en cuenta el tipo de prestación que se concede a la persona usuaria para un mismo grado y nivel de dependencia.


Pero vayamos al nivel acordado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. La Administración General del Estado contribuye solo, como ya he dicho, en la financiación de las plazas nuevas o prestaciones creadas durante el año, pero no aporta financiación para el mantenimiento de aquellas otras plazas creadas anteriormente o en el año anterior. Así, cada vez será mayor la parte de gasto que soporta la comunidad autónoma y menor la parte soportada por la Administración General del Estado. En definitiva, el criterio cofinanciación salta por los aires y el diferencial tiende a consolidarse. En este punto obvio quiero relacionarles datos que ya hemos sacado a colación en debates anteriores. De ahí que propongamos una modificación del artículo 10 de la ley relativo a la cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para introducir un nuevo punto 5 en el que se explicite que los convenios deberán garantizar la financiación necesaria para el mantenimiento del total de las plazas destinadas a la atención de los beneficiarios de la ley. De igual manera, los criterios de reparto para distribuir el nivel acordado no incluyen el diferencial del coste de la vida entre las comunidades autónomas. Este indicador pone de manifiesto que en las comunidades autónomas en donde es más elevado, también son mayores los costes salariales. Este es un debate que ya en distintas ocasiones hemos relacionado con el mismo debate inicial que tuvimos antes y después de que el proyecto de ley llegara a las Cortes.
Si no se reconoce esa diferencia, las comunidades autónomas con mayores costes de vida reciben una proporción menor de financiación por parte de la Administración General del Estado. Por ello, planteamos incluir en la disposición primera el añadido de la introducción del indicador del coste de la vida en los criterios de distribución de los fondos estatales entre las comunidades autónomas.


Por otra parte, el sistema de financiación no contempla el gasto indirecto que se realiza en la gestión de las prestaciones de la ley, no hay financiación para los gastos derivados de la valoración del estado de dependencia del solicitante, de la realización del PIA -programa individual de atención-. El otro día yo les recordaba, incluso lo recordaban otros diputados, los 300 euros que cuesta realizar uno de estos programas individuales. También hay que añadir el coste de mantenimiento de una base de datos, así como otros gastos indirectos relacionados con la información y con las reclamaciones, que deben ser contemplados como un gasto indirecto, pero que tiene que ser sufragado, puesto que las comunidades autónomas no pueden soportar esta carga. Por ello, proponemos la adición de una disposición adicional tercera, que bajo el título: creación de un fondo para inversiones, mandate la creación de un fondo destinado a las comunidades autónomas para los gastos de gestión de las prestaciones establecidas por ley. Por último, la financiación de las inversiones nuevas solo se contempla parcialmente en el nivel conveniado. Ello implica que, según el importe que le sea conveniado a la comunidad autónoma por dicho concepto y de acuerdo con el coste del mantenimiento de las nuevas plazas, el importe de las inversiones que van a ser cofinanciadas va a ser muy variable. Ello implica que, si la comunidad autónoma adopta una política de realizar inversiones, probablemente la mayor parte del coste de las mismas lo deberá asumir directamente y solo ella. Con tal efecto, proponemos añadir una disposición adicional primera bis, en la que se refleje la creación de un fondo para las comunidades autónomas para inversiones de centros destinados a la atención de personas en situación de dependencia.


En resumen, yo he iniciado mi intervención reivindicando nuestra implicación en la ley. A lo largo de estos meses, nuestra fuerza política ha demostrado la máxima lealtad e implicación a favor del despliegue de la ley. Es más, nosotros también hemos sido parte del terraplén que hemos levantado en contra de algunas posiciones que pretendían sabotear o bien directamente o bien mediante acciones indirectas en algunas comunidades autónomas en donde no se han puesto a la labor para el despliegue, y creo que ustedes, la mayoría parlamentaria, el Gobierno, encontrarán en Esquerra Republicana un apoyo decidido -repito- desde el primer día. Por esto, porque nos sentimos también propietarios de la ley y corresponsables, y con toda la legitimidad que nos da nuestra trayectoria, somos los primeros en pedirles que den apoyo, que den luz verde a la posibilidad de modificar el texto legislativo, a fin de poder introducir aquellas variables, aquellas correcciones que la evidencia nos muestra. Lo digo no solamente desde la lealtad y la implicación, sino también porque soy testigo directo de hasta qué punto el Gobierno de Cataluña ha empeñado todo su trabajo para que Cataluña fuera una de las comunidades autónomas donde el despliegue fuera más eficaz. Desde esta lealtad e implicación, nosotros les pedimos que den luz verde a nuestro proyecto de modificación que, si alguna virtud tiene es que, gracias a la experiencia adquirida en estos últimos tiempos colaborando con ustedes, hemos sabido diagnosticar y encontrar cuáles son los puntos débiles del proyecto. Es más, yo me atrevo a pedir al resto de grupos parlamentarios, incluso a aquellos que votaron la ley sin demasiado entusiasmo o a los que no votaron la ley y que durante estos meses -y en ese sentido apelo a Convergència i Unió- han tenido, con toda legitimidad, una posición muy opuesta a la ley, que en un acto de coherencia -si me permiten la expresión- deberían apoyar nuestra propuesta, puesto

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que vamos directos a aquellos puntos que ellos también en repetidas ocasiones han manifestado que representaban los puntos débiles del proyecto. En definitiva, pido el apoyo de los grupos parlamentarios de esta Cámara para que la proposición de ley de Esquerra Republicana vea la luz verde y podamos tramitar en pocos meses una modificación de la ley que sin duda será en beneficio de los usuarios de este sistema que hemos colaborado en hacer nacer.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, para fijar posición, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, anuncio desde Coalición Canaria que vamos a apoyar la tramitación de esta proposición de ley presentada por Esquerra Republicana. Desde Canarias estamos sufriendo todo lo que ha dicho el diputado Tardà pero agravado, agravado porque en la Ley de Dependencia -después dedicaré un minuto al engaño y al daño que se ha hecho a mucha gente en este país- se introdujo para Canarias el concepto de insularidad tanto para el tema de la prestación de servicios como de las inversiones, por el hecho de ser siete islas y que en las periféricas no haya ninguna inversión que sea asumida por la iniciativa privada porque no es rentable, porque además el coste de la doble insularidad dispara los precios tanto de la inversión como de la multiplicidad de centros de día que hay que tener en el Hierro, por ejemplo, aunque sean solo 5.000 habitantes, o el tipo de residencia que hay que tener. Esa doble insularidad influye en el coste del personal especializado y en el coste de la plaza, como digo, al tener que tener multiplicados por siete todos los servicios, todas las infraestructuras y todas las inversiones. No solo eso, sino que la Comunidad Autónoma canaria era de las primeras que tenía un plan de dependencia importante, se habían hecho una serie de inversiones, y precisamente esas plazas que ya están en funcionamiento no están entrando en la cofinanciación para su mantenimiento. Por todo ello vamos a apoyarla. También el tema de la doble insularidad multiplica los gastos de gestión en que se incurre. Pero sobre todo, cuando se hizo la ley introdujimos el concepto de insularidad pensando que aquellos cuatro criterios en los que se iba a fijar la financiación prioritariamente, como eran insularidad, dispersión, emigrantes retornados y personas dependientes, era lo que se iba a aplicar. Después la ley refería otros conceptos que se podían tener en cuenta, entre los que se puso la superficie, y resulta que al final la superficie tiene mucha más importancia y más peso que los conceptos que habíamos declarado aquí importantes a la hora de la financiación, como eran la dispersión, la insularidad o los emigrantes retornados. Desde nuestro punto de vista, es mucho más importante, a efectos de financiación de dependencia, la dispersión o la insularidad que el tamaño de la superficie. En una superficie enorme puede no vivir ningún dependiente o vivir mil o medio millón de dependientes.


Para acabar, vamos a apoyar la tramitación y vamos a enmendarla para introducir, como digo, los factores correctores en lo que afecta a la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias y a los costes reales, pero quiero hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a esta Cámara. No hay derecho al engaño y al daño que se ha hecho en la opinión pública con la Ley de Dependencia. Se ha hecho creer a este país que cualquier persona que tenga un dependiente tenía de forma inmediata el derecho a un sueldo por mantener a su familiar dependiente o el derecho a una plaza asistencial, y eso no es cierto, porque esta Ley de Dependencia se hizo como se hizo, con la ficha financiera y en los plazos que se ha hecho. Solo en la Comunidad Autónoma canaria, de 17.000 personas que han presentado la solicitud y que se han creído con derecho a tener esa prestación, 13.000 no van a tener derecho por los plazos de los ritmos marcados por el propio Estado. Pero al final, entre la campaña electoral y la actuación que están teniendo de forma irresponsable los diputados socialistas en las comunidades autónomas donde no gobierna el PSOE, achacando a sus comunidades la no implantación de la Ley de Dependencia y propiciando que se hagan manifestaciones de gente con todo su derecho, porque lo creen, los hemos engañado. Y esto ha sido culpa y responsabilidad de toda la clase política, en función de que se gobierne o se esté en la oposición. Creo que a eso no hay derecho, porque cualquier dependiente es un drama en muchísimas familias; familias que tenían una esperanza y que, por los propios plazos fijados por el Estado, hasta dentro de cuatro, cinco o diez años no van a tener esa ayuda que en este momento los ciudadanos están exigiendo a la Administración local, a su ayuntamiento, a su cabildo o a su comunidad autónoma porque lo han visto en la tele, porque tienen políticos irresponsables que están haciendo demagogia del derecho a la ley y a las prestaciones en la Ley de Dependencia. Por tanto, creo que toda la sociedad y las fuerzas políticas deberíamos de hacer un ejercicio de responsabilidad, de solidaridad y, sobre todo, hacer llegar cuál es la realidad de la Ley de Dependencia a toda la ciudadanía y que no se creen expectativas falsas como está pasando ahora en este país.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


También por el Grupo Parlamentario Mixto, por el resto del tiempo, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


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Señorías, no es casualidad que en estas últimas semanas tengamos en esta Cámara un debate reincidente en relación con la Ley de la promoción de la autonomía personal y la atención de las personas en situación de dependencia, sobre todo un debate motivado por iniciativas de grupos parlamentarios que, en su momento, aprobamos con nuestro voto esta ley que, no lo vamos a discutir, es de una grandísima importancia para nuestra sociedad, en la medida en que es un sistema que trata de resolver a la ciudadanía unos problemas que no solamente están relacionados con las personas que tienen la dependencia sino con la atención de las mismas, sobre todo en un tiempo donde las dificultades para cuidar a estas personas, por las diferentes causas que ya hemos discutido en diversas ocasiones, hacen necesario que la Administración actúe y ponga los recursos suficientes para que estas personas puedan estar debidamente atendidas.


Hacía referencia inicialmente al hecho de que seamos grupos como en este caso Esquerra Republicana, los que presentemos iniciativas en relación con este tema y de modo particular en relación con la cuestión de la financiación, porque desde el inicio, y cuando incluso desde esta misma tribuna exponíamos nuestros argumentos de apoyo a la ley cuando fue aprobada, ya manifestábamos nuestro sentir y convicción en relación con la financiación que se contemplaba en la ley, la responsabilidad del Gobierno central y la responsabilidad de las administraciones autonómicas, en definitiva, lo que conocemos como contribución de ambas administraciones en la financiación de este sistema de la Seguridad Social. El hecho de que estemos debatiendo en estas últimas semanas reiteradamente la cuestión de la financiación es porque en estos últimos veinte meses, que es cuando la ley ha comenzado a desarrollarse, se ha demostrado con claridad la deficiencia de esa financiación en cuanto al compromiso del Estado con el desarrollo de la misma, y así lo hemos manifestado en diferentes ocasiones. Hace ocho días aprobamos una moción también de Esquerra Republicana, tenemos otras iniciativas para debatir en Comisión propuestas por el Bloque Nacionalista Galego en una dirección parecida a la que aprobamos la semana pasada, y sabemos que vamos a seguir debatiendo en el día de mañana una interpelación en esta misma dirección de Convergència i Unió, lo cual demuestra que esas deficiencias en la financiación, que yo comentaba que se estaban manifestando en el desarrollo de la ley, son una evidencia tan grande que es necesario hacerlas frente. Las propuestas aprobadas, como otras que quedan pendientes, son para impulsar al Gobierno a que, a través del consejo territorial y de acuerdo con las comunidades autónomas, se lleguen a resolver esas cuestiones relacionadas con la financiación que en este momento están demandando las administraciones autonómicas. Lo que nos propone hoy Esquerra Republicana es la modificación de una ley que inicialmente podemos entender, pero a veinte meses del desarrollo de la misma no parece prudente buscar modificaciones en relación con la financiación. Si bien las propuestas que contiene la proposición de ley presentada por Esquerra Republicana desde nuestro punto de vista no alcanzan a toda la casuística que deberíamos modificar en la ley actual, consideramos que son lo suficientemente orientadoras para someterlas a trámite, a partir no solo de la propuesta hecha sino también de la experiencia que vamos a tener en cuanto al desarrollo de esta financiación y el consenso que se pueda alcanzar a través del diálogo con el consejo territorial en los meses que quedan hasta final de año, lo cual nos puede aconsejar modificar la ley que hoy propone Esquerra Republicana. Con la seguridad de que cualquier debate de modificación, aprovechando la propuesta de Esquerra Republicana, puede ser positivo para mejorar la financiación autonómica en relación con el compromiso del Estado con las comunidades autónomas, manifestamos nuestro voto a favor de la propuesta que acaba de defender el señor Tardà.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


Al venir esta proposición de ley de un grupo que ha mostrado reiteradamente su apoyo a la ley y que lo hace siempre con entusiasmo, autodenominándose uno de los autores de la propuesta, parece que en el poco tiempo transcurrido algo tenía que estar mal hecho en la ley cuando se plantea una modificación a la misma. Es cierto que en las modificaciones que se proponen en los puntos principales de la proposición hay la apariencia de que existen una serie de disfunciones.
Básicamente se pretende garantizar una financiación adecuada para la atención de las personas beneficiarias de la ley. Es cierto que en el conjunto de las comunidades autónomas hay la sensación de que con los montantes que existen en estos momentos y que aparecen en la memoria de la ley es muy difícil, por no decir imposible, cubrir esas necesidades.
Queda muy claro en el caso de los gran dependientes de nivel dos, incluso de nivel uno.


Podemos estar de acuerdo con los objetivos de los dos primeros apartados del artículo uno de la proposición de ley: buscar la financiación necesaria, la financiación justa y completa para las necesidades que van apareciendo en el día a día, en un proceso que todavía hoy sigue abierto.
También es cierto que sería conveniente en el momento en el que estamos y tras los anuncios que se van haciendo por parte del ministerio y por parte de algunas comunidades autónomas, que se aclaren algunas de las circunstancias que rodean esta financiación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al sistema de copago. Ciertamente, el Gobierno ha retrasado en demasía la aplicación de un reglamento, pero sería bueno -si es cierto, como se ha afirmado por parte de la ministra hoy

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por la mañana, que se va a aprobar próximamente- a la hora de enfrentarnos con una modificación de la ley, saber exactamente cómo va a estar regulado. También sería bueno tener unas valoraciones, que puede hacer la comisión territorial, en cuanto a la realidad de las aportaciones de todas y cada una de las comunidades autónomas; saber exactamente cuánto se está poniendo por parte del Gobierno, cuánto específicamente por parte de cada una de las comunidades autónomas y cuáles son las necesidades.
Además, creemos que sería muy bueno -ojalá se haga, como también se ha anunciado, próximamente- que la partida presupuestaria destinada a estos fines se desglose en dos grupos: el de la garantía mínima y el de las cantidades destinadas a financiar aquello que es convenido con las comunidades autónomas. Creemos que todo eso es necesario para proceder a una modificación adecuada de la ley. También hay que señalar que quizás el trámite al que nos vamos a enfrentar dentro de muy pocas semanas -el de presupuestos- sea el adecuado para plasmar propuestas de financiación que se puedan hacer por parte de los diferentes grupos. No vemos -eso también lo quiero señalar- muy clara la creación de fondos que se propone por parte de los autores de la proposición; ni ese fondo de inversiones ni el fondo para los gastos de gestión. Pensamos -vamos a decirlo claramente- que es una labor que corresponde -y lo hemos defendido- a las comunidades autónomas, que es competencia de las mismas y, sinceramente, no vemos clara la creación de esos dos fondos de inversión. Pero, en cualquier caso, compartimos con el grupo proponente la necesidad en un momento dado, a medio plazo, de retocar la ley en los artículos 9 y 10, aunque creemos que quizá sería conveniente que nos diéramos un pequeño plazo para tener más datos en la mano y poder hacer una modificación más precisa y adecuada de la ley.


Por eso, en este momento nuestro voto va a ser de abstención pero anuncio que en un futuro próximo, si toda esa labor se ha realizado -y si no exigiremos al Gobierno que se haga- y tenemos todos esos datos, el Grupo Parlamentario Vasco apoyará una modificación de la ley en estos términos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, el debate de la Ley de Dependencia en esta Cámara está suficientemente cercano en el tiempo para que todos podamos recordar, con mucha facilidad, las posiciones que mantuvimos durante la discusión de ese proyecto de ley. La mayoría de los ponentes del mismo continuamos en esta Cámara interesados en esa cuestión. Los debates que esta semana se están suscitando -esta mañana en la Comisión de Política Social y esta tarde el que suscita el señor Tardà con su iniciativa- no son nada nuevo.
Precisamente Convergència i Unió junto al Partido Nacionalista Vasco no apoyamos ese proyecto de ley por la evidente invasión competencial que el mismo suponía, pero también desde la especificidad del régimen de financiación de Cataluña, del régimen común, y de manera muy concreta por el mecanismo de financiación que esta ley contemplaba. Recuerdo el debate en el Pleno de la Cámara cuando advertíamos que el sistema de financiación que configuraba la ley iba a ahogar la capacidad de dar respuesta a los problemas de la dependencia por parte de las comunidades autónomas. Advertíamos eso y además que los criterios de reparto de los recursos de la atención a la dependencia iban a perjudicar claramente a nuestro país, a Cataluña, y lamentábamos que nuestras enmiendas, que pretendían corregir algunas de esas disfunciones -y a eso me referiré luego-, no fueran atendidas por la mayoría que se articuló alrededor de esa ley. Por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón y hoy todos, gobierne quien gobierne en cualquier territorio del Estado, ponen en evidencia que precisamente uno de los principales problemas que tiene la aplicación del desarrollo de esa ley tiene que ver con ese modelo de financiación.


Hoy nos hubiera gustado que el señor Tardà hubiese utilizado un tono autocrítico en su intervención, porque al señor Tardà no le puede sorprender lo que ha sucedido. Quizá si se nos hubiese hecho mayor caso en esa discusión parlamentaria, o quizá si el señor Tardà y su grupo, en ese momento decisivo que tuvieron en esta Cámara en la pasada legislatura, hubiesen orientado su discusión con el Grupo Socialista en relación con las cuestiones de financiación -digo quizá-, hoy nos estaríamos ahorrando el debate que se nos plantea. Me parece -permítanme el señor Tardà y sus colegas de escaño- que en ese debate de hace un par de años les primó su concepción más ideológica que su sentido de país en relación con lo que fue el debate de la Ley de Dependencia. Pero estamos donde estamos, en la aplicación de una ley que no corrigió el déficit histórico de la mala financiación de los servicios sociales; y me ha gustado que hoy lo reconociera la ministra Cabrera en el debate de esta mañana en la Comisión, no recuerdo que el ministro Caldera lo reconociera nunca, aunque reclamaba que distinguiésemos entre los servicios sociales globales, en general, y los servicios sociales en la atención a la dependencia. Partíamos de esa mala financiación de los servicios sociales, partíamos de la no integración en los mecanismos de financiación general de las políticas de atención a la dependencia -a diferencia de la sanidad y a diferencia de la educación, la dependencia se financia a través de convenios entre comunidades autónomas y el Gobierno central- y, además, en los criterios de reparto de la ley se incorporaron factores como la dispersión geográfica, la insularidad -mérito de Coalición Canaria- y el número de emigrantes retornados -mérito del Bloque Nacionalista Galego-.


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Lamentablemente, el criterio que hubiese favorecido a las comunidades como Cataluña, el País Valenciano, la propia Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene que ver con los costes reales de los servicios sociales, con los costes reales de la vida, no fue tomado en cuenta y fueron rechazadas las enmiendas de Convergència i Unió que expresamente pretendían introducir ese factor. Esa es la realidad que tenemos.


Los problemas que tenemos hoy son consecuencia de una mala negociación en una mala ley que vulneraba competencias y que ahogaba la capacidad financiera de las comunidades autónomas. Y se nos pide que se corrija ese proceso. Pero en paralelo, hace pocos días, el Grupo de Esquerra Republicana y el Grupo Socialista acordaron una moción que incorpora seis puntos en esta materia, que poco o mucho responden al contenido de esta proposición de ley. El señor Tardà, con una modestia que creo que es encomiable, dice: Los verbos que utilizamos en esa moción tienen la dimensión que tienen, van en la dirección de no comprometer al Gobierno, pero sí apuntan una línea determinada de actuación. Mi grupo cree que lo prudente hoy -incluso lo prudente por quien pactó esa moción- es esperar al desarrollo de esos acuerdos. En los próximos meses vamos a aclarar si esas reivindicaciones que ustedes defienden en el contenido de la proposición de ley y de la moción son asumidas por el Gobierno central y los gobiernos autonómicos. Buena parte de sus propuestas en esa moción y en esa proposición de ley pueden orientarse a paliar algunos de los problemas que el actual texto legal configura y por tanto pueden aligerar esa mala financiación que las comunidades autónomas tienen como resultado de la configuración de la ley y permitir un reparto más justo y equitativo para algunos de los territorios del Estado, reconociendo algunos de los problemas que se nos plantean. Incluso ese planteamiento que hacen ustedes de distinguir claramente los recursos en la parte mínima que garantiza el Gobierno central a través de los Presupuestos Generales del Estado y la parte acordada con las comunidades autónomas, nos parecen propuestas interesantes, pero hace quince días que eso fue acordado por la Cámara, existen grupos de trabajo entre comunidades autónomas y Gobierno central y lo prudente es esperar a que estos grupos de trabajo obtengan sus propias conclusiones. También es evidente, señorías, que el debate presupuestario de las próximas semanas permitirá discutir algunos de los aspectos que se plantean en esta iniciativa.


Nos sentimos poco concernidos respecto a una ley en la que no participamos en ese acuerdo, y un mínimo sentido de la prudencia nos lleva hoy a abstenernos en la votación de esta toma en consideración de la iniciativa que nos propone el señor Tardà, convencidos de que las propuestas que se nos plantean en la moción y en la proposición de ley pueden ayudar en el supuesto de que finalmente fuesen incorporadas en nuestros textos legales y de que podrían aliviar la situación financiera de las comunidades autónomas en esta materia, pero no nos garantizan la sostenibilidad del sistema en el medio y el largo plazo. Los problemas de fondo del desarrollo de estas políticas en el medio y largo plazo son más sustanciales que los remedios que se apuntan en esta iniciativa. Y es ahí donde Convergència i Unió quiere insistir en los próximos días, buscando, eso sí, la complicidad no tan solo con el grupo que sustenta al Gobierno sino también con la propia Esquerra Republicana que, como recordaba muy bien el señor Tardà, tuvo una participación muy determinante en la elaboración de esa norma. Seamos capaces de sentar los mecanismos que permitan que de verdad, en el medio y largo plazo, esta nueva pata del Estado del bienestar sea sostenible, respete las competencias exclusivas en materia de servicios sociales de las comunidades autónomas, garantice de verdad el acceso de las clases de medias a servicios de calidad, haga posible la promoción de la autonomía personal como nuevo concepto que se introdujo en esta legislación y, en definitiva, aumente la calidad de vida de los dependientes. El debate de fondo sobre las consecuencias de esta ley a medio y largo plazo es un debate pendiente que es bueno que iniciemos ahora, porque precisamente en el inicio del despliegue de estas políticas es cuando podemos empezar a corregir el tiro. Más adelante, seguramente, va a ser peor para el conjunto de las administraciones pero especialmente para las familias y sus dependientes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Miguel Barrachina.
(La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero constatar que soy el sexto diputado en intervenir en este debate sobre la admisión a trámite de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y quiero constatar la generalizada insatisfacción de los cinco que me han precedido y de mi grupo en el desarrollo de esta ley que, evidentemente, apoyamos mayoritariamente y que no tiene absolutamente nada que ver con aquello que se nos contó. La insatisfacción es generalizada y quizás sea prematuro provocar una modificación en una ley que en sus primeros veinte meses ya da claros síntomas de fracaso estrepitoso en atender las expectativas infladas de mayores y personas con discapacidad atendidas por la ley.


Es un acertado diagnóstico el que ha hecho aquí el señor Tardà sobre la inviabilidad del actual sistema de financiación. Está mal y la cosa va a peor. Compartimos parcialmente el texto y estamos absolutamente en contra de la posibilidad de introducir otro elemento diferenciador entre las comunidades autónomas para que se tenga en cuenta el coste de la vida en la distribución de

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los fondos de la dependencia. Es verdad -y lo compartimos con el proponente- que hay que bajar de la nube al Gobierno, que tiene que aterrizar. La cuantía actual es insuficiente para cumplir con los objetivos de beneficiario de la ley y de empleo a generar pero, sobre todo, el presupuesto es insignificante con lo prometido por el Gobierno en términos de dependencia. Se ha hecho un ejercicio exagerado de servicio postventa que ahora el Gobierno y las comunidades autónomas tienen que soportar pero por este orden, primero las comunidades autónomas y después el Gobierno. Rodríguez Zapatero ideó un negocio redondo con los dependientes: si la ley funciona, el éxito es mío y si la cosa va mal, envío -como ha denunciado también la portavoz de Coalición Canaria- a mis diputados autonómicos a que acusen a las autonomías de boicotear la ley. En la actualidad -y el propio texto lo recoge- pesa sobre esos fondos un 42 por ciento aportado por las comunidades y un 23 por ciento por el Estado pero la proyección futura es todavía mucho más desequilibrada. Por poner un ejemplo, la que hace el Gobierno valenciano para 2009 recoge una aportación de solo el 21 por ciento del Estado y de un 50 por ciento del Gobierno autonómico. Y para 2014, aún cumpliéndose la memoria económica, el resultado será que el Estado tan solo aportará el 9 por ciento del coste autonómico de este sistema para la dependencia.
No es que no haya dinero, es que el Gobierno ha errado en las prioridades.


Es absolutamente una desfachatez que esta mañana conociésemos que en todo el año han llegado 346 millones de euros, cuando Zapatero se gastó 6.000 millones de euros con la paga de los 400 euros para muchos millones de españoles que no la necesitábamos. Es una desfachatez que se pongan 346 millones de euros para las personas dependientes, para construir ese falso cuarto pilar del Estado del bienestar y que en lugar de 346, por un compromiso electoral, se destinen 6.000 para algo que era perfectamente prescindible. El Gobierno no es que no haya tenido recursos, es que cuando los tuvo optó por la publicidad, por la propaganda y por los compromisos electorales. Más de 1.000 millones de euros destinados a campañas publicitarias y este año, a fecha de hoy, solo 346 millones de euros ingresados para el supuesto sistema nacional de la dependencia.
Mientras hubo dinero y mientras hubo superávit se destinó a la publicidad y a la propaganda y ahora que ya no hay dinero, obviamente, viene justito para cumplir con la memoria económica. El resultado final, después de haber escuchado a cinco compañeros de cinco grupos distintos, es la absoluta frustración de las expectativas que el Gobierno y sus distintos ministros -no la actual pero sí los anteriores- han generado artificialmente. De aquellos 200.000 empleos de los que se hablaba en la memoria económica no queda, según empresarios y Comisiones Obreras, prácticamente ninguno generado. Y de los hipotéticos 410.000 beneficiarios hoy la ministra ha dicho que hay 368.000 derechos reconocidos y cuando se le ha preguntado que de esos derechos reconocidos cuánta gente realmente tiene derecho a una prestación o a un servicio nuevo no ha sabido qué decir porque la realidad es que esa cifra bajaría y se situaría entre los 40.000 ó 50.000 que reciben un servicio dentro del sistema de la dependencia, pero que en su mayoría ya lo venían recibiendo con anterioridad. Es gente que estaba en una residencia de ancianos, se la barema y se la deja en la misma residencia de ancianos para aparentar que se le ha reconocido un nuevo derecho de ciudadanía de estos que se encargaba Zapatero de exhibir en campaña.


Como los datos y los números son muy sufridos, les propongo una simple división. Dividan lo que se ha ingresado en las comunidades autónomas, que son 346 millones de euros, por los supuestos 368.000 beneficiarios y les quedan 78 euros al mes para los grandes dependientes, 78 euros al mes para aquellos que necesitan atención continuada, permanente; 78 euros que no son netos, porque han suprimido el Plan gerontológico de 71 millones de euros, porque además han hecho cuatro convenios especiales con cargo a este dinero con comunidades autónomas de gobierno socialista y porque además el coste indirecto de gestión se eleva a más de 300 euros por expediente y dependiente. Y al final, esto que era un buen propósito, esto que era un pequeño pasito compartido por todos, se está convirtiendo en algo absolutamente frustrante para los colectivos que más lo necesitaban en España, no los 10 ó 12 millones de personas que recibieron los 400 euros en campaña electoral, sino los cientos de miles de personas con discapacidad y mayores que requieren atención continuada como explicita de forma clara la ley, que también nosotros apoyamos. Díganme ustedes, haciendo esa simple división y quitándole los costes de gestión indirectos, los convenios en los que se despista dinero para comunidades amigas o la supresión de los planes anteriores concertados, en qué se quedan 78 euros al mes si una plaza residencial bascula entre los 1.800 y los 2.200 euros al mes. Flaco favor hace Rodríguez Zapatero cuando sigue haciendo creer a los españoles que él les ha otorgado un nuevo derecho de ciudadanía porque así engrosa todavía más las largas colas de aquellos que tienen derecho a una ayuda en virtud de la ley y que nunca la alcanzarán porque el presupuesto es reducido y el proceso largo y tormentoso. ¿Cómo es posible que estando en el último día de septiembre no se haya firmado ninguno de los diecisiete convenios autonómicos que para este año, para 2008, debieran estar en vigor desde el 1 de enero? Llevamos ya diez meses prácticamente de retraso.


Nosotros estamos parcialmente a favor de lo escuchado aquí y de lo defendido en la propuesta, pero estamos radicalmente en contra de algo que ya el PSOE aprobó hace quince días en aquella famosa moción del 0,7, que era introducir los costes de la vida dentro del indicador que permite la distribución de fondos a unas comunidades sí y a otras no. Esto sería tan absurdo como si cuando nos llegaban fondos europeos -y aún

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nos llegan, aunque en menor medida- le hubiesen llegado más fondos a Alemania o a Bélgica que a España, Portugal o Grecia porque tienen un mayor coste de la vida. Nosotros estamos evidentemente en contra y por eso nos abstendremos en esta propuesta de Esquerra Republicana. Estamos en contra porque nosotros sí mantenemos un sentido de solidaridad nacional perdido ya en el PSOE en muchos sentidos, y testigo es la moción que ustedes apoyaron aquí hace dos semanas para introducir ese coste autonómico y que la distribución sea todavía más desigual entre las comunidades autónomas. Esto no puede ser, como digo, el negocio redondo de Rodríguez Zapatero: si la ley sale bien, el mérito es mío y, si sale mal, mis diputados autonómicos responsabilizan a las comunidades autónomas en las que no gobiernan.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Barrachina, por favor, ha terminado su tiempo.


El señor BARRACHINA ROS: Concluyo, señora presidenta.


Nosotros entendemos que puede ser prematuro el cambio de la ley, pero tómenselo en serio. No vamos a apoyar la propuesta de Esquerra Republicana, estamos lealmente comprometidos con la atención a las personas dependientes, lealmente comprometidos -todas nuestras comunidades autónomas y los 3.000 ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular-, pero tómenselo en serio. No somos solo nosotros, yo soy el sexto en intervenir y los cinco anteriores han dicho cosas muy parecidas. Tómenselo en serio porque están generando tanta, tanta frustración...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Barrachina, por favor.


El señor BARRACHINA ROS: ... como sus exageradas promesas sin fundamento.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchísimas gracias a usted.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada señora Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo en relación a la proposición de ley que nos ocupa. Antes, no obstante, me van a permitir que comparta con ustedes algunas sensaciones que son mías, personales.


Señor Barrachina, estoy preocupada por usted, se lo digo en serio. Siempre que le oigo hablar pienso que hace unas proyecciones terribles de sus experiencias anteriores, tremendas, catastrofistas. Qué mal le ha ido la vida para que pueda usted hacer esta especie de intervención del totum revolutum, sin fundamentar, incluso con una cierta falta de respeto, de cuidado, de mimo a lo que sería de esperar y desear en un hemiciclo de esta categoría.


Por otro lado, también me preocupa esta sensación, que es como que algunos grupos quieren hacer una profecía de autocumplimiento; es decir, si yo lo veo negativo y afirmo que es negativo, acabará siendo negativo, sencillamente porque yo lo veo, y actúo de tal manera que hago que mis formas de actuar me lleven a destacar solo los aspectos negativos, y no utilizo argumentos ni llevo a cabo una actuación adecuada que me permita lo que sería deseable, que es hacer bien la tarea que tenemos encomendada. Eso sin ningún ánimo de dar lecciones a nadie, pero alguna reflexión hay que hacer de una ley que, si analizamos el tiempo que realmente lleva en vigor, son quince meses; ni dieciséis, ni veinticuatro, ni dos, ni tres; son quince, señor Tardà. Y al cabo de quince meses queremos poner en cuestión la propia ley y hacer una reforma de la ley cuando justo está naciendo, cuando justo estamos aprendiendo, cuando estamos aprendiendo a cooperar institucionalmente, cuando estamos intentando analizar dónde están las potencialidades y dónde las dificultades para superarlas. De ahí, señor Barrachina, la bondad de la moción, porque la moción era constructiva. La moción mira adelante, dice: Si hay alguna dificultad, vamos a verla, vamos a ponerla en evidencia, que lo estudie quien es competente para estudiarlo, las comunidades autónomas y el Gobierno, que para eso están trabajando de manera permanente para sacar adelante esta ley. Este era el espíritu de la moción, construir, trabajar y, mientras tanto, se nos cruza una proposición de ley que -con todos los respetos, y sabe usted el aprecio que le tengo- no se justifica por ningún lado. Pero no porque políticamente pensemos quién sabe qué, sino por un claro razonamiento organizativo, de oportunidad política, de momento, de un espacio y un tiempo. Todas las cosas necesitan su tiempo y lo dijimos. Usted lo sabe muy bien, señor Tardà, porque -si no se lo hacen los demás grupos, este grupo sí que le hace el reconocimiento- usted trabajó en esta ley con profundidad, hasta las dos de la mañana, hasta las tres, discutiendo punto por punto. Es de todos, pero especialmente suya. Y precisamente porque es especialmente suya, yo le emplazaba antes, en un momento anterior, a reflexionar que a una criatura recién nacida, que tiene quince meses, que la estamos enseñando a andar, no podemos fracturarla y decirle que vamos a reconsiderar. Esto no es serio, esto es una falta de responsabilidad, incluso desde un punto de vista técnico, ya no político.
Estudiemos para ver cómo lo podemos arreglar, siempre rompemos procesos.
No, los procesos tienen que seguir para, a partir de este proceso, ver dónde están las debilidades y corregirlas, porque si no nos hacemos un flaco favor. Señor Tardà -y es a usted a quien me quiero dirigir porque usted es del grupo proponente y es con quien más me interesa establecer esta comunicación, esta complicidad, porque vamos a seguir trabajando, claro que sí-, le recordaré

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que el texto ponía de relieve la complejidad. Nosotros decíamos: Es compleja. Pero no queríamos el modelo del señor Carles Campuzano, no nos gustaba, queríamos un servicio público que garantizase la igualdad, la cohesión social, el buen servicio, el control público, aunque la gestión después fuera indirecta con compromisos con el sector privado. Mimábamos, cuidábamos este nuevo derecho; este nuevo derecho que teníamos claro que forma parte de la concepción que tiene este grupo del Estado del bienestar, forma parte de la esencia de nuestra ideología construir este Estado del bienestar desde lo público con la complicidad con el mundo privado y con el tercer sector. Ahí estuvimos de acuerdo y pudimos trabajar muy bien. Por tanto, parece que no corresponde, que no se entiende.


Fíjese usted, mencionábamos la complejidad para todos los agentes intervinientes. Decíamos: poner en marcha el engranaje de las distintas comunidades. Esto en sí ya era una heroicidad, por eso la ley tenía un tiempo hasta el año 2015. Señor Campuzano, le recuerdo una cosa que usted ha utilizado, ahora que veo que se va, y efectivamente tiene razón, otro elemento que hay que tener en cuenta y que se ha manejado poco: la puesta en marcha de esta ley descansa básicamente en los servicios sociales de atención primaria y se necesita un tiempo también para seguir fortaleciendo el sistema de servicios sociales para que esta ley encuentre su cauce y sea efectiva, pero a esto hay que darle un sentido organizativo, hay que ayudarla y hay que establecer nuevos modelos de gestión y nuevas herramientas profesionales. Necesita un tiempo precisamente por esto.


En cuanto a la financiación, no me van a decir ustedes que hasta ahora este Gobierno no ha cumplido con los compromisos. Estará mejor o peor hecha la memoria económica. ¿Esto qué nos lo dice? El proceso que estamos llevando. Cuando estamos trabajando vemos las dificultades entre el mínimo, entre el acordado, entre la parte voluntaria de las comunidades autónomas. Esto es lo que hay que ver en un tiempo prudencial. Acuérdese de que la ley planteaba cinco años para la primera evaluación en profundidad y todos coincidíamos en que había que aminorar este plazo de tiempo, pero no en uno. Vamos a hacer una evaluación profunda a los tres años. Lo que hoy nos planteamos, y es el compromiso de la ministra, es hacer también una valoración inicial y ver en qué punto estamos. Vamos a buscar un sistema de evaluación que vaya ligado a la ejecución para poder detectar de manera inmediata dónde están las dificultades en este sistema de cooperación que le estoy señalando de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Voy concluyendo. El sistema de coordinación. Esto es lo que quería destacar. En estos momentos la Administración General del Estado, junto con las comunidades autónomas, están haciendo los deberes tal y como estaba previsto. Han creado distintos grupos de trabajo y vamos a recordarlos. El grupo de baremos valorativos, los circuitos organizativos, la forma de pago, la contribución del beneficiario al coste del servicio, la acreditación de las empresas privadas, que ya está a punto y quizá ahora ya esté tomada la decisión. Igualmente se ha creado otro grupo de trabajo para analizar la financiación y los costes del servicio que permitan garantizar la equidad, el mejor criterio redistributivo, en sintonía con la moción aprobada. Además, existe un compromiso económico por parte del Gobierno que señala la aportación del Estado en cada anualidad; enmienda suya, señor Tardà: revisable en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Se acuerda? Tenemos los presupuestos aquí y ahora y es allí donde tocaba y en la moción que ya hicimos. Por otro lado, existe el compromiso de este grupo y del Gobierno en cuanto a incrementar la partida dedicada a la dependencia. No en vano será un 33 por ciento superior al presupuesto anterior y pasamos de 900 millones de euros que estaban previstos para 2009 a 1.200 millones, como ya se ha anunciado en los Presupuestos Generales del Estado.


El Gobierno ha cumplido y seguirá apostando, señor Tardà, hasta el final por implantar y consolidar el derecho; no implantar, consolidar. Por nuestra parte no va a tener vuelta atrás, forma parte, lo he dicho antes, de nuestra concepción más profunda sobre el modelo de bienestar. Por tanto, a pesar de llegar a un acuerdo que está ya en marcha y del trabajo intensivo que están realizando las comunidades autónomas, incluida Cataluña, que está teniendo un papel muy activo, esta proposición de ley no corresponde por los mismos aspectos que aprobamos en la moción y porque supondría, desde nuestro punto de vista, un retroceso. No procede modificarla. A los tres años, con los datos pertinentes, con la información de lo que ponen las comunidades autónomas, de lo que pone cada uno, de la rentabilidad, de las diferencias de costes, estaríamos en condiciones de hacerlo. No obstante, hoy aquí ya estamos analizando la financiación.


Acabo ya, señor presidente. Toda ley necesita un tiempo para su maduración y un tiempo prudencial antes de su rectificación. Lo contrario es una responsabilidad. No estamos en contra de rectificar nada, pero cuando toque, con los datos en la mano. La convicción y el respeto a los ciudadanos nos obliga a ser rigurosos. Queremos que el esfuerzo de todos hoy permita dar pasos que consoliden, insisto, y que por encima de todo garanticen la atención de calidad y una vida más autónoma para aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas. Este es el sentido, pero yo le pido que nos demos un tiempo porque es imprescindible.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), RELATIVA A LA NECESIDAD DE APLICAR LOS COEFICIENTES REDUCTORES DE LA EDAD DE JUBILACIÓN A LAS REDERAS, COLECTIVO DE TRABAJADORAS DEDICADAS A LA LABOR DE ATAR, MANTENER Y REPARAR REDES. (Número de expediente 162/000015.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación a las rederas, colectivo de trabajadoras dedicadas a la labor de atar, mantener y reparar redes. Para su defensa tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente. (Comienza su intervención en gallego.)

Señorías, las rederas, un colectivo de trabajadoras dedicadas a la labor del arte de atar redes, que se originó con las utilización de las artes de enmalle en el ámbito de la pesca a comienzos del siglo pasado, que en numerosas ocasiones ha servido de inspiración a poetas y escritores por el arte que emana de sus manos, por su capacidad de tejer y destejer, sin embargo, no ha alcanzado el reconocimiento y la consideración socioeconómica que su labor merece. No es un añadido decir que se trata de uno de los colectivos de trabajadoras y trabajadores que más tarde han llegado al mundo de los derechos laborales y sociales.


Habrán percibido, señorías, que en todo momento me refiero a este colectivo en femenino. No es una manía personal, es un hecho, una realidad, casi podría decirse que es una actividad exclusivamente de mujeres, aunque encontremos algunos hombres en este ámbito, pero son muy pocos. En el caso concreto de Galicia, son mayorías las mujeres rederas, el 70 por ciento, una circunstancia de género que no es un aspecto marginal en el tema que nos ocupa. Tenemos el convencimiento sólido de que la función de atar redes para su utilización en la pesca no ha recibido la debida consideración laboral, al igual que sucede con otros trabajos realizados por mujeres en los que encontramos el mismo componente y el mismo denominador común, por no ser considerada una actividad laboral en sí misma, sino únicamente como una labor de apoyo al trabajo que desempeñan los hombres. Las dificultades para avanzar en el reconocimiento de derechos laborales de este colectivo de trabajadoras se derivan del pensamiento de considerar a la redera como un complemento de la actividad marinera del hombre. Por eso resulta tan complicado y tan laborioso lograr que se valore debidamente el trabajo de tejer redes pesqueras, más allá de la atracción y el influjo poético que han evocado.


Aquí, señorías, hablamos de derechos sociales y laborales, hablamos de la realidad del día a día del trabajo. Conviene recordar que hace aproximadamente un año aprobamos una moción en esta Cámara, entonces a propuesta del Partido Nacionalista Vasco, que incidía en diversas cuestiones y problemas de índole sociolaboral de estas trabajadoras. Esa iniciativa, por supuesto, fue apoyada por nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego. En esta ocasión, el propósito de esta proposición no de ley que traemos a debate es el de contribuir a mejorar la calidad de vida de unas trabajadoras que llevan a cabo una actividad que posee un alto nivel de insalubridad, penosidad y consecuencias para la salud.
Muestra de ello es que se registra entre este colectivo un elevado índice de morbilidad, incluso superior al de los pescadores o al de las personas que se dedican al marisqueo. Padecen diversas enfermedades relacionadas con la actividad que desempeñan; de hecho, son pocas las que se salvan de padecer dolencias como la lumbalgia, debido a la posición que mantienen durante horas para atar redes. Sin embargo, no se benefician de los coeficientes reductores de la edad de jubilación, un derecho laboral del que sí disfrutan otros profesionales del mar del sector extractivo, acogidos igualmente al régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar. Con los datos en la mano, es de justicia que se equiparen sus derechos con los de otros profesionales del mar en el sentido aludido.


El apartado 3 del artículo 37 del Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, que regula el régimen especial de los trabajadores del mar, faculta al Gobierno para reducir por decreto la edad mínima de jubilación en aquellas actividades profesionales de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa e insalubre en las que se acuse elevados índices de morbilidad o siniestralidad. Se han aprobado distintos decretos que han incluido a otros profesionales del mar como beneficiarios de los coeficientes reductores, el último de ellos el Decreto 2390/2004, de 30 de diciembre, que otorgó este derecho a los tripulantes y armadores y también a mariscadores y mariscadoras, percebeiros y recogedores de algas, pero obvió al colectivo de las rederas, razón por la que, como he explicado en esta intervención, presentamos esta proposición no de ley, a fin de que el Gobierno adopte las modificaciones legislativas necesarias para reducir la edad de jubilación del colectivo de las rederas, trabajadoras y trabajadores también a los que hemos hecho alusión, dedicados a la labor de atar, reparar y mantener redes, incluidos en el régimen especial de trabajadores del mar, aplicando los correspondientes coeficientes reductores. De acuerdo con aquello a lo que hemos hecho referencia, las facultades del Gobierno para por decreto hacer lo que en nuestra proposición se demanda, esperamos que sea apoyada por todos los grupos parlamentarios y por lo tanto aprobada en la tarde de hoy esta proposición no de ley, y que posteriormente sea acordada por el Gobierno esa modificación legislativa que solicitamos.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señor presidente.


Acaba de exponernos la señora Fernández Davila las razones que han movido a ella y a su grupo a la presentación de esta iniciativa en defensa de un colectivo también muy querido para mí y para mi grupo, para todos los gallegos en general, pero quiero decir que cuando nosotros presentamos esta enmienda hicimos en primer lugar un acto de coherencia política y de consecuencia con los acuerdos que no solamente en esta Cámara, sino en otros foros, como el Parlamento de Galicia, habíamos adoptado en los últimos años. Lo primero que hicimos fue añadir al colectivo de rederas y rederos -me va a permitir la señora Davila que incluya también a ese 30 por ciento- al colectivo de empacadores, empacadoras y neskatillas, que son colectivos igualmente perjudicados o afectados por estas medidas.
Creo que ninguno de los diputados aquí presentes querrá perjudicar a ningún colectivo, especialmente cuando estamos hablando de personas que han sido discriminadas probablemente muchas veces por razones de desconocimiento cuando se regulan algunos de estos aspectos. Todos queremos lo mejor para todos, pero también es cierto que hay limitaciones a las que, como bien se ha recordado aquí esta tarde, la propia economía del país puede muchas veces obligar, o bien por los procedimientos legislativos que hay que seguir para llegar a los fines que aquí se pretenden.


No quiero alargarme mucho en recordar esa coherencia a la que quería hacer mención e invocaba al principio de esta intervención, porque evidentemente me voy a referir solamente a los últimos acuerdos que hemos adoptado. La señora Davila hacía mención a una moción que el Grupo Vasco había presentado en noviembre del año pasado. Esta moción era consecuencia de una interpelación al Gobierno, en aquel momento representado por el ministro Caldera como responsable de Trabajo. En aquella ocasión se dijo aquí, y en el "Diario de Sesiones" está recogido, que había que velar por el equilibrio del sistema de protección y, en particular, por el del sistema de la Seguridad Social. Y se había dicho aquí que la contención de los supuestos excepcionales de jubilación anticipada y de aquellos otros en los cuales se aplican coeficientes reductores -como, por ejemplo, la edad de jubilación- había que mimarlos especialmente y velar por ellos de forma explícita. Y se recordó que todas las modificaciones que se lleven a cabo en materia de aplicación de coeficientes reductores, sobre todo de la edad de jubilación, han contado con la participación de los agentes sociales. Por eso en nuestra enmienda -nos parece que era importante matizar este aspecto- se habla de ese estudio que se había comprometido aquí en esta Cámara a elaborar el ministro Caldera. Bien es cierto -creo recordar sus palabras literales- que añadió en aquel debate: me comprometo a realizarlo con diligencia. Lo cierto es que ha pasado casi un año, porque estoy hablando de noviembre de 2007 cuando asumió aquel compromiso. Hace muy pocas fechas, en una sesión de control al Gobierno, el actual ministro de Trabajo le decía a un diputado del Grupo Vasco que este estudio también lo asumía él como compromiso suyo y que tuviera la tranquilidad el diputado que en aquel momento hacía el control al Gobierno porque estaría antes de seis años; bien es cierto que lo decía en un tono de broma por lo que se acaba de decir. Por eso, nosotros en nuestra enmienda también ponemos que ese estudio debe tener un plazo, porque han transcurrido casi doce meses y entendemos que con seis meses más sería suficiente para tenerlo. Nos gustaría, y lo dijimos entonces, que ese estudio se pudiera elaborar con los expertos en el seno del Instituto Social de la Marina, en las mesas creadas en su día para estudiar la reducción de coeficientes.


No me puedo extender más porque el tiempo se me acaba. En definitiva, lo que quiero decir es que la enmienda que nosotros le hacemos a usted y a su grupo, señora Davila, creemos que no desvirtúa sino que concreta y que puede permitir conseguir la finalidad que usted busca y que estoy seguro que todos apoyamos, pero por el camino más adecuado. Nos parece que dejarlo en adoptar las modificaciones legislativas necesarias es muy amplio y es muy ambiguo, pero sepa S.S. y todas SS.SS. que en nuestro grupo no será donde estén las dificultades, aunque entendemos que aceptando esta enmienda se avanzaría y se mejoraría la propuesta inicial.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Díez.


Para fijar su posición tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Intervendré muy brevemente. Mi grupo parlamentario va a votar favorablemente esta iniciativa del Grupo Mixto, del Bloque, en relación con las rederas, que no han sido tratadas, en nuestra opinión, de forma adecuada en relación con otros colectivos del sector pesquero.
Probablemente no lo hayan sido porque, además de ser una profesión antigua, sufren una doble discriminación: la primera como trabajadoras y la segunda como mujeres. En ese sentido, respaldo la explicación que daba la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto diciendo que quizás en esa actitud tuviera que ver una visión del trabajo de la mujer como complemento del trabajo de los hombres en la mar. Nuestro grupo parlamentario va a respaldar esta iniciativa, tanto en el caso de que se mantenga

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en su texto como que se admitan enmiendas como las explicadas recientemente por el Grupo Parlamentario Popular, porque estamos convencidos de que esta iniciativa es de justicia. Recientemente se ha producido este mismo tipo de coeficientes reductores en el mismo sector del mar y no ha incorporado a las rederas -parece que es necesario incorporarlas-, aunque termino diciendo que nosotros somos partidarios -lo he dicho en otras ocasiones-, sobre todo en las condiciones actuales, de un enfoque global de todos los temas relativos a la Seguridad Social.
En todo caso, este parece ser un tema que ya viene de antiguo; fue planteado por el Grupo Parlamentario Vasco hace un año y sigue pendiente.
En ese sentido, respaldamos la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto y con ello también la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que no solamente trataba de los coeficientes en materia de jubilación, sino que tenía que ver con las enfermedades profesionales y, en definitiva, también globalmente con la protección a estas trabajadoras y a este trabajo de las rederas, empacadoras y otras iniciativas de carácter similar.


Termino diciendo que vamos a respaldar la iniciativa en su texto o con las modificaciones que considere aceptables el Grupo Parlamentario Mixto y el Bloque Nacionalista Galego.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señora Davila, la verdad es que me agrada mucho la propuesta que usted realiza porque coincide en buena parte de su aspecto troncal con la presentada hace un año, en virtud de moción, por mi grupo parlamentario en relación con la jubilación, con un aspecto muy concreto de los múltiples problemas que afectan a este colectivo de rederas, neskatillas y empacadoras, que no es solo la jubilación, pero que también está. Desde esta perspectiva yo le voy a hacer una petición. Yo creo que es más completa la enmienda del Grupo Popular en tanto en cuanto, siendo conceptualmente similar, acoge más cuestiones que afectan profesionalmente a este colectivo cuyo problema troncal es el carácter arcaico de la estructura de sus relaciones laborales. La estructura de las relaciones laborales de las rederas, de las neskatillas, de las empacadoras es prácticamente la estructura de cuando la actividad extractiva de la pesca surgió -no sé en qué siglo ni en qué época de la historia-, pero no acogen como deben acogerse, en relación con las relaciones de producción, los requerimientos del artículo 35 de la Constitución, que establece que un estatuto de los trabajadores acogerá y regulará todas las relaciones laborales, ni la vis expansiva del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, que estable que aquellas relaciones productivas basadas en un régimen de dependencia a cambio de una retribución serán reguladas por las previsiones de ese Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 1 y 166 de la Ley General de la Seguridad Social en materia de protección social de cualesquiera de los colectivos objeto de protección. Desde esta perspectiva, se puede ampliar o amplificar el contenido de su proposición, siendo muy razonable, sin embargo, lo que ustedes solicitan.


Nos encontramos con lo que diría Perrault, que además de autor de cuentos tan conocidos como La Bella Durmiente y La Cenicienta, era el asesor del primer ministro Colbert, que ya estaba preocupado por la situación de estas mujeres y de otras en relación con la penosidad, toxicidad del trabajo de la mujer históricamente y que se mantiene en determinados colectivos hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Nos encontramos, en primer lugar, que estas personas no están encuadradas laboralmente, no están clasificadas ni calificadas laboralmente y, por tanto, les resulta de muy difícil aplicación requerimientos y elementos de protección del Estatuto de los Trabajadores. En materia de acceso al desempleo, en los momentos de paradas biológicas o de vedas para recuperación de ciertas especies, un problema que usted conoce perfectamente, no tienen derecho al acceso a la prestación de desempleo, contingente en estos momentos. En materia de Seguridad Social, el desorden normativo no puede ser más absoluto: en unos casos por ellas cotizan las cofradías de pescadores, en otros casos cotizan ellas mismas a través del régimen autónomo, en otros casos cotiza por ellas la Unión Sindical de Armadores, en otros casos cotiza por ellas o junto a ellas el Instituto Social de la Marina, en virtud de un convenio suscrito por ellas que luego denunció unilateralmente el propio Instituto Social de la Marina. Hay un desorden normativo que ya provoca no problemas en relación al acceso a la prejubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores que en su caso eventualmente podrían resultar injustos porque reducen la cuantía al final de la pensión de jubilación, sino problemas hasta para cubrir el periodo de carencia para el acceso a la pensión de jubilación ordinaria al llegar a la edad de jubilación, porque los periodos de interrupción de la actividad coinciden con periodos de interrupción de la cotización al régimen de pensiones. Eso puede provocar que no puedan cubrir los requerimientos del periodo de carencia antes de los 65 años, es decir, los quince años de cotización y el año y medio antes de los tres anteriores a la edad de jubilación.


En materia de enfermedades profesionales nos encontramos también con una situación verdaderamente anacrónica, injusta, que incumple los requerimientos del artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social, puesto que normalmente el INSS, y sobre todo las mutuas de accidentes de trabajo, solo reconocen el carácter de enfermedad común a lo que son verdaderas enfermedades profesionales, y la retahíla de enfermedades profesionales -usted las ha glosado bien y se podrían citar algunas más- propias de todas ellas y de todos ellos -porque ya he sido conocedor hoy de que también hay hombres que se dedican a estas actividades; la verdad es

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que no los he visto nunca en los puertos vascos, pero los habrá seguramente- son lumbalgias, problemas en el túnel carpiano, ciáticas, problemas de cervicales, de desgaste de muñecas, tendinitis, reuma, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Debe ir acabando.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Todo esto provoca una situación de desorden normativo que hace muy pertinente la proposición que usted presenta, señora Fernández Davila.


Si usted aceptara la enmienda del Grupo Popular, yo creo que mejoraríamos notablemente el propio contenido de su proposición e incluso, por qué no decirlo honestamente, el de la moción que en su día yo defendí. Nos debemos, por razones de justicia social, a los requerimientos de un colectivo de mujeres particularmente castigado. En su mano está.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría...


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En todo caso, voy a aprobar la proposición y, si es consensuada con otros grupos parlamentarios, lo que dimane de esa transacción eventual.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: A usted, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño para manifestar el apoyo a esta iniciativa que ha planteado la señora Fernández Davila, que pretende resolver uno de tantos vacíos que nuestro ordenamiento legal tiene ante determinados colectivos profesionales, en este caso las rederas, las mujeres que trabajan, en definitiva, en el sector de la pesca.


El señor Olabarría, en su intervención, como buen conocedor que es de nuestro régimen de la Seguridad Social, ha hablado de desorden normativo, y es evidente que en esta materia tenemos un exceso de desorden normativo que termina redundando en una pésima protección social de determinados núcleos de trabajadoras y trabajadores. En la medida en que a menudo estos núcleos de trabajadoras y trabajadores son poco visibles, o desde un punto de vista cuantitativo son poco importantes, se alejan de nuestro interés político. En este sentido, la sensibilidad que tanto el Bloque Nacionalista Galego hoy como en su día el Partido Nacionalista Vasco han tenido para dar respuesta específicamente a estas trabajadoras del sector pesquero va a merecer el apoyo de Convergència i Unió, con la esperanza de que esta proposición no de ley no se añada a esa larga lista de mociones o resoluciones que aprobamos en este Pleno que luego tienen una capacidad real de configurar una acción normativa por parte del Gobierno bien escasa. Yo espero que en este caso el apoyo del Grupo Socialista a esta iniciativa de la portavoz del Bloque Nacionalista Galego termine convirtiéndose en un sistema de jubilación adecuado a las necesidades específicas de esas trabajadoras del sector de la pesca.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Ceferino Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, los territorios hoy fuertemente dependientes de la pesca fueron antaño tierra de prosperidad.
Hoy, en muchos de ellos, hay problemas de estancamiento o recesión. Los salarios y, sobre todo, las condiciones de trabajo en el sector pesquero no avanzaron al ritmo que lo hicieron en otros sectores y a mayores, como se dijo aquí, hay colectivos de trabajadores en actividades auxiliares de la pesca que, por inexistencia o deficiente regulación, aparecen al margen de los beneficios del sistema. Parte del problema se trata en la propuesta sometida hoy a debate, pero el tema no termina en esta propuesta, está abierto. Así, el 11 de diciembre de 2007, el Pleno del Congreso aprobaba por unanimidad una propuesta transaccional de los grupos Socialista y Popular sobre una moción del PNV que fue defendida por este y respaldada por los demás grupos. Esta moción en su punto 5 instaba al Gobierno a estudiar, de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con lo establecido en la Ley de medidas en materia de Seguridad Social recientemente aprobada, la posibilidad de aplicar a los miembros de estos colectivos coeficientes reductores de jubilación. Se refería a los colectivos de rederas, neskatillas y empacadoras. El estudio comprometido en la interpelación por el ministro Caldera era y es necesario porque, si nos atenemos a la legislación vigente, la aplicación de la reducción de la edad de jubilación a nuevos colectivos debe realizarse de manera muy cuidadosa, estudiando minuciosamente las circunstancias que lo justifiquen, dado que puede incurrir en un tratamiento discriminatorio respecto a otros colectivos. Así, la edad mínima de jubilación podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del Ministerio de Trabajo, en atención a aquellas actividades que sean excepcionalmente penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres. No cabe, pues, en este tema, una decisión unilateral o voluntariosa del Gobierno de incluir un nuevo colectivo, sino que debe de haber un estudio serio y riguroso que lo justifique. Por ello, en la moción de referencia se aprobó la elaboración de un estudio, y en el estudio por una comisión de expertos se sigue, como se comprometió en el Pleno de esta Cámara recientemente, en concreto el 26 de mayo, el ministro de Trabajo a pregunta del señor Azpiazu.


Así las cosas, hoy viene a debate una propuesta del BNG por la que se insta al Gobierno a adoptar las modificaciones

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legislativas necesarias para reducir la edad de jubilación del colectivo de rederas, trabajadoras y trabajadores dedicados a la labor de atar, reparar y mantener redes, incluidas en el régimen especial de trabajo de la Seguridad Social, aplicando para ello los coeficientes reductores.
Esta propuesta ya fue presentada por el BNG en la pasada legislatura y no se sometió a tramitación. Se trata ahora, oportunamente, de debatirla de nuevo y, qué duda cabe, se va a beneficiar del proceso que se abrió la pasada legislatura por parte del PNV, especialmente por el señor Olabarría, que planteó con rigor la necesidad de regular los colectivos de rederas, neskatillas y empacadoras. La comisión de expertos, señor Olabarría, se pronunciará sobre el tema global de lo aprobado en esta comisión el 11 de diciembre de 2007, y lo hará en torno a la relación de colectivos citados. Este pronunciamiento de la comisión debe tener consecuencias que hoy nosotros no quisiéramos avanzar. Pensamos que estamos en un tema concreto y el otro tema global debe tener un tratamiento global. Hoy se nos hace una propuesta parcial para avanzar y condicionar el camino para la aplicación de coeficientes reductores de jubilación al colectivo de rederas, que pensamos que es el más numeroso.
De este colectivo hay ya una parte, el grupo que trabaja embarcado, que disfruta de los coeficientes...


El señor PRESIDENTE: Señor, Díaz, debe ir acabando.


El señor DÍAZ DÍAZ: Gracias, señor presidente. Voy a abreviar. Sabemos que el Gobierno debe atender los dictámenes de la comisión de expertos que estudia el tema. Si nosotros presentamos una enmienda, como hace el Grupo Popular, se nos podría decir que estamos dilatando el tema. Por ello, como conocemos la realidad del sector, pensamos que la aplicación de este coeficiente es un tema justo y apoyamos la propuesta porque somos coherentes con nuestra defensa de que las jubilaciones anticipadas deben estar condicionadas por la peligrosidad y dureza del trabajo y no por motivo de edad. Además, en el debate de la moción, mi compañera y diputada, Isabel López i Chamosa, defendió que el estudio comprometido no era para ganar tiempo, era para avanzar, estudiar para corregir. En esa línea seguimos y por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA CONVENIENCIA DE INSTALAR OBLIGATORIAMENTE ETILÓMETROS DE INTERRUPCIÓN DEL ENCENDIDO O ALCOLOCK EN LOS VEHÍCULOS DEDICADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR. (Número de expediente 162/000135.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la conveniencia de instalar obligatoriamente etilómetros de interrupción del encendido o alcolock en los vehículos dedicados al transporte escolar. Para su defensa, tiene la palabra el señor Corcuera.


El señor CORCUERA PLAZA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, todos conocemos bien la incidencia del alcohol en la seguridad vial. Numerosos estudios científicos como los efectuados por la Organización Mundial de la Salud atribuyen al consumo del alcohol la responsabilidad de entre un 30 y un 50 por ciento de los accidentes mortales, y entre un 20 y un 40 por ciento de los accidentes con víctimas no mortales. Como saben, el alcohol produce múltiples alteraciones en casi todas las capacidades psicofísicas necesarias para ponerse al volante de un vehículo. El deterioro provocado por el consumo del alcohol afecta a la atención, a la función visual, a las capacidades perceptivas, a los tiempos de reacción, a las habilidades psicomotoras y al procesamiento de la información. Como saben SS.SS., la seguridad vial ha sido y es una de las políticas prioritarias para este Gobierno, y aunque desgraciadamente el número de fallecidos en accidentes de tráfico sigue siendo demasiado elevado, hoy ya nadie discute que se ha conseguido un descenso sostenido de la siniestralidad. Por primera vez en los últimos 40 años la cifra de víctimas mortales en carretera se situó por debajo de los 3.000, en el año 2007, a pesar de haber aumentado el parque de vehículos, el censo de conductores y la movilidad en carretera. En los ocho primeros meses de este año se ha producido un descenso en el número de víctimas de más de un 18 por ciento con respecto al año pasado, siendo, además, los datos de siniestralidad registrados este año en los meses de julio y agosto los mejores desde 1964. Sin embargo, el alcohol sigue estando presente en un porcentaje muy importante de los accidentes mortales. Los resultados de las pruebas realizadas por parte del Instituto Nacional de Toxicología a los conductores fallecidos en accidente de tráfico muestran que en el año 2003, el 34 por ciento de los conductores superaban los 0,3 gramos por litro de alcohol en sangre, porcentaje que en 2006 había descendido al 28 por ciento, a lo que han ayudado sin duda las modificaciones legislativas introducidas y el aumento de las campañas de vigilancia y control. Mientras en 2003 el porcentaje de positivos en controles de alcoholemia fue del 4 por ciento, en 2007, el índice de conductores que dieron positivo se redujo a casi la mitad.


Señorías, por desgracia, se observa que estas medidas, aunque eficaces para prevenir que la mayoría de conductores consuma más alcohol del permitido, no llegan a ser suficientes en muchas ocasiones para evitar que quienes sí consumen en exceso reincidan en ponerse al volante bajo la influencia del alcohol. Para completar la eficacia de estas medidas, algunos países están introduciendo

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programas de implantación de dispositivos conocidos como alcolock. El sistema de interrupción de encendido por detección de alcohol, o alcolock, es un dispositivo electrónico que se encuentra conectado con los sistemas de encendido y eléctricos del vehículo. Su propósito es el de evitar y prevenir el encendido y manejo del vehículo cuando a través de un test de alcoholemia se detecta que el nivel de alcohol en el aire espirado por el conductor supera el límite establecido. El alcolock, señorías, consta de dos partes. Por un lado, la parte sobre la que se realiza el test de alcoholemia, o etilómetro, que es esta que yo les he traído aquí para que ustedes la puedan ver, y por otro, la parte que va unida al vehículo, que se denomina módulo de control. El conductor del vehículo, nada más ocupar su puesto al volante, debe soplar por la boquilla de este dispositivo durante unos cinco segundos; en unos instantes, este dispositivo hace un análisis del aire espirado y determina el nivel de alcoholemia. Si es negativo o inferior al permitido, permite arrancar el vehículo; en caso contrario, bloquea el sistema de arranque. Dentro del módulo de control del dispositivo existe una memoria para registrar los resultados de todos los test, así como los intentos de arrancar el vehículo sin haberse sometido previamente al mismo, lo que constituye un buen elemento disuasorio para posibles intentos de burlar el dispositivo.


Señorías, en Estados Unidos y Canadá, estos dispositivos se vienen empleando desde hace más de una década. En Europa existe una reciente propuesta del Comité Interministerial de la Seguridad Vial en Francia que ha decidido que todo el transporte infantil debe tener instalados alcoholímetros para el curso 2009. En Suecia se promueve desde hace algún tiempo la administración de la contratación de vehículos para el transporte escolar con alcolock instalado, y en Finlandia se propuso la recomendación de instalar voluntariamente alcolocks en el transporte infantil en septiembre de este año 2008. En nuestro país se llevó a cabo una experiencia piloto en Valladolid como parte de un proyecto más amplio que estuvo financiado por la Comisión Europea durante los años 2005 y 2006. El proyecto estuvo liderado por la Universidad de Valladolid y durante un año se evaluó el comportamiento y la aceptación de uso por 30 conductores de autobús. La prueba no guardaba relación alguna con la existencia de alcohol por parte de los conductores, eso hay que dejarlo bien claro. Afortunadamente, este es un sector cuyos conductores están muy concienciados en lo referente a las consecuencias de la ingesta del alcohol y el porcentaje de siniestralidad es muy bajo. Las conclusiones del estudio desarrollado por la universidad indicaban que la utilización del alcolock es sencilla y no interfiere en las tareas a desarrollar por parte de los conductores. En general, fue evaluado de manera positiva por los conductores y, lejos de transmitir una imagen negativa del conductor o de la empresa, estuvo muy bien valorado por los usuarios.


Señorías, en esta proposición no de ley solicitamos que el Gobierno elabore los estudios oportunos e inicie el proceso de consulta con el sector a fin de estudiar la viabilidad de hacer obligatoria la instalación de estos dispositivos en los vehículos destinados al transporte escolar. La instalación del alcolock complementaría así el resto de elementos de seguridad de los vehículos.


El señor PRESIDENTE: Debe acabar, señor Corcuera.


El señor CORCUERA PLAZA: Termino enseguida, señor presidente.


Elementos de seguridad de los vehículos como los cinturones de seguridad o los sistemas de retención. Se trata de una medida que busca mejorar aún más la seguridad de nuestras carreteras y para ello pedimos el apoyo de todos los grupos de la Cámara.


Señor presidente, hemos ofrecido al Grupo Popular una transaccional a su enmienda que recoge gran parte de su contenido. Creemos que podemos llegar a un acuerdo y esperamos, en el tiempo que queda hasta la votación, poder alcanzarlo. Sería difícil comprender que el Grupo Popular no pudiera apoyar una enmienda tan importante como esta.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Corcuera.


Grupo Parlamentario Mixto, enmienda de la señora Díez. (Pausa.) La señora Díez está ausente. ¿Algún miembro del Grupo Parlamentario Mixto mantiene pro forma la enmienda para que pueda ser tomada en consideración? (Pausa.) Se da por mantenida y no defendida.


Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender su enmienda, tiene la palabra don Federico Souvirón.


El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señor presidente, señoras y señores diputados, la verdad es que la conducción después de haber ingerido algún tipo de bebida alcohólica es una de las mayores amenazas para la seguridad vial; lo dicen todos los informes, uno tras otro, se miren por donde se miren, y lo confirma la realidad. Cuando se quieren averiguar las razones que están en el origen de los accidentes de tráfico en los que se producen víctimas mortales o heridos muy graves, se ve claramente que en el 60 por ciento de ellos siempre hay detrás un conductor que ha bebido lo suficiente como para tener una pérdida de su capacidad física y de su capacidad cognitiva.


Cuando se toma alguna medida que tiene como objetivo paliar o eliminar las consecuencias de una conducta tan insolidaria en la carretera, desde el Grupo Parlamentario Popular prestamos la mayor atención, y por eso hemos tenido el mayor interés en conocer la iniciativa que hoy nos ha traído a debate el Grupo Parlamentario Socialista; incluso nos ha parecido que la mejor colaboración que podíamos tener para conseguir el objetivo que parece perseguir esa iniciativa era precisamente hacer la

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enmienda que hemos hecho. Es una enmienda en la que se trata -dicho sintéticamente- de que el Gobierno dé los pasos precisos para articular el marco legal que permita la incorporación progresiva de los etilómetros no solo a los camiones o a los autobuses de transporte escolar. Somos muy sensibles a la tragedia que puede representar que un autobús de transporte escolar sufra un accidente de tráfico, con las consecuencias que puede tener, pero también creemos que no podemos olvidar los transportes públicos y los transportes de mercancías, por lo que consideramos que progresivamente hay que incorporar este instrumento, el alcolock. También tenemos que ser sensibles con aquellos conductores que reinciden en unas conductas tan antisociales como es conducir permanentemente con un nivel importante de alcohol en la sangre, y por eso planteamos que cuanto antes, incluso en el plazo de un año -no fijamos plazos perentorios, damos la posibilidad de que sea en el plazo de un año-, el Gobierno nos envíe un proyecto en el que nos diga qué modificaciones legales va a hacer para que aquellos conductores que reincidan en la conducción bajo los efectos del alcohol tengan la obligación de incorporar estos aparatos. Nos parece que son conductores que tienen un problema de salud y que con estos aparatos se puede mejorar este asunto.


Pensamos que con nuestra iniciativa mejoramos la del Grupo Socialista, pero parece que a veces la realidad es paradójica y a estas alturas la verdad es que estamos abiertos a la transaccional que se pueda realizar, pero debe ser una transaccional que no nos lleve a que el Gobierno estudie, a que el Gobierno contemple, etcétera, porque creemos que el tema está suficientemente estudiado -el portavoz socialista lo ha dicho clara y nítidamente-, es un asunto que ya está incorporado en las legislaciones de otros países desarrollados, con los que nos tenemos que comparar, y por tanto no tiene sentido. La propia Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil, Fitsa, en cuyo patronato, por cierto, está la Dirección General de Tráfico, ha hecho un informe que es clarísimo. Dice que con el alcolock incorporado a los vehículos de los conductores reincidentes se evitarían 115 muertes al año, 268 heridos graves y 2.300 heridos leves. Me parece que el estudio está suficientemente hecho. Por tanto, venir aquí a estudiar, a ofrecer buenas ideas, a tratar de ser justos, benéficos y contemplativos con el Gobierno no es el papel de una proposición no de ley, que lo que tiene que hacer es impulsar la política del Gobierno. Y eso es lo que pretendemos esta tarde, simplemente impulsar la política del Gobierno con hechos, creando el marco legal. Porque ustedes dicen que se hable con los sectores, con los fabricantes, muy bien, pero habrá que hablar con un marco legal detrás que les dé garantía de seguridad para poder incorporar este dispositivo que tiene un coste económico. Y niegan la posibilidad de que haya algún tipo de beneficio fiscal. ¿Vamos a cargar también sobre los conductores la incorporación del alcolock? Me parece, sinceramente, que no.


El señor PRESIDENTE: Señor Souvirón, debe ir terminando.


El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Termino, señor presidente.


Estos son nuestros argumentos. Creemos que tiene que haber incentivos y un marco legal y ahí es donde podríamos encontrarnos e incorporarnos a la transaccional que plantean.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Souvirón.


Les recuerdo que la transaccional, si es que alcanzaran el acuerdo, deben hacerla llegar por escrito antes de las votaciones. Muchas gracias.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Corcuera, le adelanto que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará a favor del texto que finalmente se someta a votación en el Pleno de esta Cámara en relación con la necesidad de impulsar lo que debe ser la introducción de etilómetros, de los llamados alcolocks, en determinados vehículos, concretamente la proposición no de ley abre la puerta al transporte escolar. El señor Corcuera se ha referido muy bien a los antecedentes, a los países que ya lo están introduciendo e incluso a cómo a nivel europeo ya hay una directiva y un acuerdo para que esto pueda ser una realidad. Señor Corcuera, usted lo ha defendido muy bien. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le va a dar el apoyo final a su proposición no de ley. No teman que no se llegue a aprobar; no se trata de esto, se trata de lo que aprobemos finalmente. La idea es buena, la defensa correcta y bien argumentada, pero a Convergència i Unió le gustaría que hoy en este Pleno se huyera de lo que podría ser un poco la venta de humo, de lo que podría ser mucho ruido y pocas nueces, dar hoy la impresión ante la ciudadanía de que vamos a implantar esos etilómetros para el transporte escolar -señor Corcuera, así se ha vendido ya antes de la celebración de este Pleno- y después, en el contenido exacto de lo que hoy se aprueba, se trata de fomentar y promover un estudio. ¿Por qué no nos atrevemos a más? Este es el argumento que desde mi grupo le queremos trasladar: sí a la propuesta, pero demos un paso más. Porque hay una reflexión importante de fondo en seguridad vial. Sabemos que los accidentes de tráfico siguen siendo la primera causa de muerte violenta en España y a veces, porque las cifras evolucionan de manera distinta, podemos caer en falsos triunfalismos, y aquí no podemos bajar la guardia. Aquí hay compromisos y una necesidad de consenso y, por tanto, nada le gustaría menos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que hoy saliera una propuesta derrotada.
Por tanto, ya le adelanto

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que tendrá los votos favorables de mi grupo, pero más allá de los votos y del consenso necesario, de ese necesario pacto de Estado en materia de seguridad vial, yo también hubiera pedido al Grupo Socialista un poco más de sensibilidad ante las diversas enmiendas presentadas. Están en su derecho de no aceptarlas, pero si por un momento analizaran la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es de adición, verían de qué manera es importante recalcar aquí lo que es el conductor alternativo y las campañas para su promoción. Se dice que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver porque el alcohol incide de manera muy directa entre los jóvenes, y el que los jóvenes conozcan la posibilidad de que cuando salen en grupo uno se compromete a no beber esa noche y es el que va a conducir es muy importante para prevenir accidentes; y tiene que ver también con esa concienciación del alcohol y la conducción. Era un compromiso de la pasada legislatura y hubiera sido positivo reiterarlo hoy aquí.


El segundo aspecto ya es más sustancial. Nuevos elementos de seguridad que deben incorporar los automóviles. Reflexión global: ¿debe recaer la fiscalidad indirecta sobre los mismos o debemos fomentar en la Unión Europea que por lo menos existan unas bonificaciones fiscales? Cómo le vamos a decir al conductor: incorpore. No es un lujo, para nada, incorporar nuevos elementos de seguridad, como los ESP -controles de estabilización del vehículo-. Y, ¿además deben pagar una imposición por incorporarlo a ese vehículo, como si fuera un elemento de lujo cuando es un elemento de seguridad que viene bien para todos para prevenir accidentes? Por tanto, la reflexión que hacía Convergència i Unió es: estudiemos posibles beneficios fiscales. Tampoco ha sido posible aquí que el Grupo Socialista fuera sensible a esta enmienda; lo lamentamos.
Nuestro voto será positivo pero le pedimos, en este caso al Grupo Socialista, que mantenga la guardia alta en materia de seguridad vial y que busque el consenso; en nada dificulta al consenso haber aceptado alguna de las enmiendas sensatas que diversos grupos parlamentarios hemos presentado a una proposición no de ley que en el fondo es positiva, pero nos gustaría que hubiera un compromiso mayor de esta Cámara a la hora de aprobarla.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Los grupos que no han presentado enmienda pueden fijar su posición.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor Corcuera, nuestro grupo parlamentario va a dar apoyo a esta iniciativa pero no sin antes expresar nuestra perplejidad por los términos en los que se plantea: en primer lugar, que se elaboren los estudios oportunos y, en segundo lugar, iniciar un proceso de consulta con el sector acerca de la viabilidad de hacer obligatoria la instalación de este tipo de etilómetros de interrupción automática en ese tipo de vehículos. Lo digo porque esta misma mañana -y da cuenta de ello la prensa- ha aparecido una noticia que reza de la forma siguiente: Decretan alcolock obligatorio si se acumulan tres sanciones. Cita literalmente fuentes de la Fiscalía de Seguridad Vial que va a poner en marcha este proyecto piloto junto con la DGT, por tanto esta es una determinación del propio Gobierno en concurso con la Fundación instituto tecnológico para la seguridad del automóvil, Fitsa. Supongo que se trata en todo caso de una típica iniciativa de impulso al Gobierno desde el grupo que le da apoyo, pero ciertamente es una iniciativa extemporánea. No por ello vamos a dejar de darle apoyo, pero quisiera dejar clara nuestra posición respecto de esta circunstancia que, repito, nos causa una cierta perplejidad. Es evidente que, como se ha dicho en repetidas ocasiones, existe un vínculo entre la ingesta de bebidas alcohólicas y los accidentes de tránsito; incluso se estima que entre un 30 y un 50 por ciento de los accidentes tienen su causa en la ingesta de alcohol. Luego, toda medida encaminada a asegurar que una persona que ha ingerido bebidas alcohólicas -y que por tanto tiene alteradas sus circunstancias psicofísicas- no se ponga ante un volante es positiva, especialmente si tiende a asegurar la integridad física y psíquica de otras personas, en este caso los escolares que viajan en este tipo de vehículos especiales.
Pudiera argumentarse en contra, como se ha dicho en alguna ocasión ante este celo o esta especial diligencia contra los conductores que consumen alcohol, que cada vez son menos los positivos por alcoholemia que se detectan en los controles, pero al mismo tiempo es verdad -eso es indiscutible- que repetidos estudios revelan que se dan más positivos en vías urbanas que en las carreteras, y que es en aquellas donde se concentra el mayor número de vehículos dedicados al transporte escolar.
Por tanto, nos parece una medida totalmente indicada. Finalmente y en tercer lugar, supone una medida digna de estudio porque además algunos precedentes y estudios de la Fundación instituto tecnológico para la seguridad nos dicen que la instalación en otros países de este tipo de aparatos en estos vehículos ha dado un resultado muy favorable, por ejemplo en el país vecino, en Francia; incluso se estima que la instalación de esos aparatos podría salvar del orden de 115 vidas más al año, habría 568 heridos graves menos y 2.885 leves menos, con un coste poco excesivo que oscila entre 160 y 1.500 euros en el caso de los aparatos más sofisticados; evidentemente esto puede implicar un ahorro importantísimo de vidas humanas. Por tanto, merece toda nuestra atención y consideración, y es por ese motivo por el que nuestro grupo va a dar apoyo a esta propuesta.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, también mi grupo va a prestar su apoyo a cualquiera de las eventuales proposiciones que resulten de esta compleja negociación a la que estamos asistiendo desde una perspectiva un tanto pasiva. No somos protagonistas de ninguna de las negociaciones que in situ se están produciendo en este momento, por lo que podemos ver. (El señor Jáuregui Atondo pronuncia palabras que no se perciben.) Lo veremos luego; le agradezco, señor Jáuregui, su amabilidad.
Si resulta al final que va a ser sometida a votación la proposición del Grupo Socialista, nos parece correcta, aunque es menos completa que las otras dos alternativas, que se nos ocurrieron pertinentes, y que son las de la aceptación de la enmienda del Grupo Popular, incorporada a la enmienda socialista, o la aceptación de la enmienda del Grupo Popular más la del de Convergència i Unió, incorporada a la propuesta del Grupo Socialista.


En todo caso, es un avance desde una perspectiva de seguridad vial en un ámbito tan dilecto como es el transporte escolar. Limitativa, reduccionista si se quiere, porque en otros países se ha avanzado mucho más, incluso la fiscalía especializada en materia de seguridad vial está avanzando en conjunto con el Gobierno más que el propio Parlamento en su función de impulso, como bien ha glosado el señor Ridao. Desde esa perspectiva, nos llama la atención que después el señor Corcuera haya hecho una invocación del efecto paradójico, que está muy estudiado ya en el ámbito de la medicina hasta el punto de que a los niños hiperactivos se les suministran anfetaminas porque se produce lo que se llama el efecto paradójico; estos niños que tienen déficit de atención o son hiperactivos adquieren mayor concentración. En este momento el efecto paradójico dimanaría de algo que usted ha glosado de forma casi ageográfica, apologética, como son los beneficios del alcolock y cómo puede este reprimir una de las patologías de nuestras carreteras más característica, que es la de los conductores ebrios o en malas condiciones por la ingesta de bebidas alcohólicas. En el ámbito ya circunscrito a los transportistas de niños en el ámbito escolar, previo estudio negociado con el sector, nos genera una preocupación que dimana incluso de la proposición no de ley debatida anteriormente. El Gobierno se comprometió a estudiar la problemática en materia de Seguridad Social de las rederas, empacadoras y neskatillas en un plazo inmediato y elaborar un informe con un plazo inmediato hace un año. Ya se está comentando -lo comentó el ministro de Trabajo el otro día- que ese efecto inmediato del estudio comprometido por el Gobierno tardará seis años aproximadamente. Esperemos que la inmediatez o la rapidez que se invoca en esta proposición no de ley se corresponda con plazos cronológicos o temporales mucho más razonables.


En todo caso, nos parece bien, porque los efectos del alcolock se han demostrado en los países que usted ha citado: Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia, Finlandia y Gran Bretaña. En Francia, en relación con el transporte escolar, ya hay una norma dimanante de la Comisión Interministerial de Seguridad Vial del 13 de febrero del año 2008 y en una materia a la que debemos especial protección como son nuestros niños.
Ellos son llevados a sus centros escolares en transporte público; nadie en su sano juicio pondría ningún tipo de objeción o plantearía ningún tipo de reserva mental. Si acaso se podrían plantear reservas mentales desde una perspectiva ampliatoria del contenido material de su proposición. Por qué no pensamos ya en incorporar este instrumento a medios de transportes de mercancías peligrosas, a transportes de viajeros, de carácter discrecional o no discrecional, dados los pavorosos accidentes que sobre todo en épocas veraniegas se suelen producir, muchas veces porque los conductores de estos transportes conducen en una situación de embriaguez que dice muy poco de su profesionalidad.


En definitiva, yo espero que este estudio que usted preconiza haga referencia a la ampliación del ámbito material de la propuesta que aquí nos hace. La propuesta que aquí nos presenta es impecable, lo que pasa es que cuando se incorpora la expresión se estudiará y se negociará con el sector, estamos hablando siempre de una demora de tiempo que puede ser muy dilatada en el tiempo...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, debe ir acabando.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...y que, por tanto -ya con eso acabo- difumine el propio contenido coercitivo o imperativo de una proposición no de ley que, sin embargo, tiene grandes virtualidades. Ojalá que del consenso que de usted espero, señor Corcuera, porque le conozco personalmente, podamos llegar a algo mucho más razonable que estudiar lo que es obvio y necesario, sobre todo para los que tenemos niños que son transportados a sus ikastolas o centros de estudio en transportes públicos. Esto lo digo, señor presidente, desde la perspectiva de que tenemos que hacer campaña electoral muchas veces en La Rioja alavesa, una zona en donde el alcolock no nos provocaría más que alguna disfunción en materia de las prestaciones que a nuestros afiliados allí les debemos. Intentaremos tener cuidado con estos requerimientos también.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Señor Corcuera, ¿sería tan amable de decirnos si de las enmiendas del Grupo Mixto, Convergència i Unió y

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Grupo Popular acepta alguna para su inclusión o, por el contrario, están en la tramitación de la transaccional?

El señor CORCUERA PLAZA: Como le he comentado, hemos presentado una enmienda transaccional a la enmienda del Grupo Popular y hemos llegado a un acuerdo, con lo cual votaremos el texto de la enmienda transaccional.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, rechazaría el resto de enmiendas.


El señor CORCUERA PLAZA: Sí.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.)

Señor Jané, ¿qué desea?

El señor JANÉ I GUASCH: Para considerar nuestra enmienda también transaccionada con el acuerdo final.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO TIENE PREVISTO DESARROLLAR PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS Y LA MOVILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.
(Número de expediente 173/000023.)

El señor PRESIDENTE: Tercer punto del orden del día: Mociones. Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que el Gobierno tiene previsto desarrollar para la protección de las personas desempleadas y la movilización de los servicios públicos de empleo.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, se trata de la enésima vez que en esta Cámara abordamos una cuestión tan importante como es la crisis económica y sus efectos laborales y sociales. Primero, es evidente que la crisis económica existe. Existe por el contexto internacional, existe por nuestras propias fragilidades y afecta ya no solo a la economía real, sino a los trabajadores. Ellos ya están sufriendo la crisis y buena muestra es que ya tenemos en nuestro país más de dos millones y medio de parados y de paradas, que sufren directamente esa crisis. De ellos, una buena parte tienen cobertura por desempleo; sin embargo, más de 800.000 trabajadores y trabajadoras carecen de cualquier prestación o subsidio, con lo cual nos encontramos con que, además de los dos millones y medio de desempleados, 800.000 de ellos son especialmente frágiles por no tener ningún tipo de cobertura. Si a eso le añadimos que en nuestro país hay aproximadamente cuatro millones de empleos que tienen una elevada precariedad, lo que podremos denominar empleos no solamente mileuristas sino en muchos casos temporales, podemos plantearnos como objetivo no solo que estos empleos sean más sólidos, sino que el conjunto del sistema laboral en un futuro sea un sistema laboral más sólido, más seguro y más digno. Además de que la crisis está impactando especialmente en el mercado laboral en España en relación con otros países de la OCDE, hay que tener en cuenta también que en los periodos de crecimiento nuestro sistema económico, nuestro modelo de desarrollo, ha tenido especiales fragilidades, y algunas de ellas las hemos comentado: en primer lugar, el desequilibrio a favor del sector de la construcción; en segundo lugar, el carácter excesivamente consumidor de energía de nuestro sector económico y otro de ellos no menos importante es la fragilidad y la temporalidad en el empleo que requieren no solamente medidas paliativas, sino un cambio en el modelo de desarrollo hacia uno más equilibrado, más seguro desde el punto de vista del empleo y más sostenible ecológicamente.


Señorías, por estas razones mi Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha presentado esta moción subsiguiente a la interpelación de la semana pasada, porque estamos convencidos de que es posible adoptar medidas para paliar ese efecto de la crisis económica sobre los más débiles, sobre los desempleados, sobre aquellos que no tienen prestaciones por desempleo y sobre el conjunto de los empleos precarios que existen en nuestro país.
Además, estamos convencidos de que también es posible adoptar medidas para que estos trabajadores en desempleo encuentren nuevos empleos, es decir medidas para desarrollar políticas activas de empleo; creemos que tanto las prestaciones por desempleo como las políticas activas de empleo son manifiestamente mejorables en nuestros sistemas de empleo. En primer lugar, sería necesario garantizar una mayor agilidad en la percepción de las prestaciones por desempleo por los trabajadores que lo sufren. En segundo lugar, y también lo planteamos en nuestra moción, sería posible, en nuestra opinión no sería difícil, que los trabajadores desempleados no se vean obligados a hacer grandes colas en la calle para percibir el desempleo, es decir no se vean sometidos a una humillación además de sometidos al desempleo. En tercer lugar, estamos convencidos también de que es posible, con estos trabajadores que tienen prestaciones por desempleo, pero pueden perderlas a corto plazo y aquellos trabajadores que no tienen ningún tipo de prestación, estudiar una extensión de las medidas de protección, habida cuenta de que, por el carácter precario de

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nuestros empleos, pueden representar un volumen importante dentro de aquellos que no tengan prestaciones y aquellos que necesiten otro tipo de coberturas.


Sobre las políticas activas de empleo es imprescindible aplicar acuerdos de 2003 y 2006 para modernizar los servicios públicos de empleo porque las medidas urgentes del Gobierno anunciadas recientemente no son otra cosa que la constatación de un incumplimiento, el de la Ley de 2003 y del Plan de modernización de los servicios públicos de empleo de 2006, tanto en relación con la inspección laboral como con las políticas de intermediación. No en vano en nuestro país los sindicatos y los trabajadores reconocen que los servicios públicos de empleo realizan solamente un 7 o un 8 por ciento de la labor de intermediación, es decir de la labor favorable a la recolocación de los trabajadores. También ahí son necesarios planes individualizados y de modernización de los servicios públicos de empleo, y en ese sentido lo planteamos en esta moción subsiguiente que quiere ser una moción para los trabajadores desempleados y para los trabajadores que necesitan también una recolocación con la intermediación de los servicios públicos de empleo.
Sabemos que estas medidas son parciales, pero nos parece importante que en distintos momentos del debate parlamentario impulsemos al Gobierno para que adopte medidas en esta materia; medidas que dignifican a los trabajadores, que significan también protección al desempleo y medidas que además permiten la recolocación de los trabajadores desempleados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Se han presentado enmiendas. En primer lugar, para defender la presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Ignacio Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, hace dos, tres, cuatros meses debatíamos en esta Cámara este mismo asunto, la necesidad imperiosa de reforma de los servicios públicos en nuestro país. Por tanto, la causa de que hoy por enésima vez volvamos a debatir y a votar sobre lo mismo es la mejor evidencia de que el Grupo Parlamentario Socialista se apresta siempre a transaccionar rápidamente enmiendas para diluirlas, pero su Gobierno es absolutamente incapaz de dar respuestas a estas demandas de la sociedad planteadas a través del Congreso de los Diputados ni a la deriva que ha tomado nuestra economía y sobre todo nuestro paro. Por eso, señorías, hoy volvemos a debatir sobre lo mismo. Me temo además que lo vamos a seguir haciendo cara al futuro, pero hoy, señorías, desgraciadamente la situación ya no es la misma que hace dos, tres o cuatro meses, sino que es mucho peor. Hoy sabemos, señorías, que tenemos números rojos en las cuentas públicas; hoy sabemos además que tenemos la mayor tasa de paro del mundo occidental y también que tenemos la peor evolución del paro en España desde la transición; hoy sabemos también, señorías, que la necesidad de tomar medidas para paliar esta situación es algo que el Gobierno no está dispuesto a realizar en este momento. Ya se han rechazado un buen número de iniciativas, de propuestas de la oposición de reformas fiscales, laborales y presupuestarias. Ya sabemos también que no van a reformar el mercado laboral para que el empleo no sea la principal variable de ajuste en esta crisis, como lo está siendo, a pesar de que el propio Banco de España y de que alguien tan poco sospechoso como Miguel Ángel Fernández Ordóñez les haya urgido ya a ello. También sabemos, señorías, que el Gobierno no va a adoptar ninguna medida, porque todo se va a consultar (sic), porque ha renunciado a realizar sus labores de Ejecutivo y solo opta por parapetarse detrás de los agentes sociales, que adoptan así una grave responsabilidad a la que el Gobierno quiere llevarles, en lo que nosotros entendemos que es un abrazo del oso. Así, mientras el país se desangra en precios, se desangra en hipotecas, se desangra en paro, el Gobierno espera -dos años tardaron en ponerse de acuerdo la última vez- a los acuerdos sin asumir un solo riesgo, una sola medida y por supuesto sin solucionar uno solo de los problemas que están encima de la mesa. El Gobierno, señorías, se ha equivocado de función; el Gobierno se ha convertido en una especie de órgano consultivo que, eso sí, crea foros, crea mesas y subcomisiones, en una especie de ONG o de sindicato que reclama todas las mejoras del mundo, pero que deja sus competencias, deja la función de gobernar a los interlocutores sociales.


Señorías, hoy también sabemos que al debate de hace unos meses se le ha añadido algún diputado del Grupo Socialista que ya ha reconocido que no iniciaron los deberes para evitar esta crisis. La prueba del nueve, señorías, es que hoy sabemos que están intentando vender como un éxito los 20.000 millones de euros presupuestados para el desempleo en los presupuestos para el año que viene, y que no son otra cosa distinta que una obligación legal y además un derecho, y que lo que sí es, señorías, es el gran fracaso de este Gobierno, que está disminuyendo el bienestar, que está disminuyendo las oportunidades y que está disminuyendo el futuro de cientos de miles de españoles que cuando agoten su prestación seguro que van a estar en una situación aún más dramática.


Hoy también sabemos, señorías, que el Partido Popular aprobó una Ley de Empleo en 2003, con el voto a favor del Grupo Socialista, pero que Rodríguez Zapatero tardó cuatro años en realizar el Plan global de modernización de los servicios públicos de empleo, con la que está cayendo. Ni objetivos, ni plantillas, ni recursos, ni nada, y mientras tanto las oficinas de empleo colapsadas y los parados, como ha dicho el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, haciendo colas interminables en la calle. Mientras tanto la eficacia de la intermediación laboral bajo mínimos, por debajo del 10 por ciento, y sin conocer los trabajos en detalle, sin la existencia de un

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sistema ágil que pueda casar la oferta y la demanda laboral, ni con método de seguimiento, ni con estímulo de la búsqueda activa de empleo ni con movilidad geográfica o funcional, con la que está cayendo. Hoy también sabemos, señorías, que el Plan urgente de recolocación ha llegado tarde, ha sido dirigido a muy pocas personas, menos del 2 por ciento de quienes lo necesitaban, y que los itinerarios personalizados dirigidos a parados van a desbordar la labor de los orientadores, lo cual, repito, significa, junto con los 400 euros, que han excluido a las personas más débiles de nuestra sociedad: a los pensionistas, trabajadores y a los empleados temporales.


El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, tiene que acabar.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señor presidente.


También sabemos que hace un año Rodríguez Zapatero anunció una tasa de paro del 7,9 por ciento y es del 12,5 por ciento; sabemos además, señorías, que ha habido un gobierno que no ha hecho sus deberes, que hace cinco meses un presidente prometió pleno empleo, que prometió que estaríamos en la Champions League, que prometió que viviríamos mejor que nunca y que además manifestó que la crisis era un tema opinable.
Señorías, desgraciadamente España va mal; se fue la hormiga y ha vuelto la cigarra. Tenemos un Gobierno falto de reflejos, aletargado e inoperante, que ha conseguido que el empleo sea el gran fracaso de su política nacional, y un gobierno socialista que ha hecho de este su última prioridad. Quienes mejor lo saben, señorías, desgraciadamente, son quienes más lo están pagando en este momento, que son los desfavorecidos, los frágiles, los más débiles. Por favor, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, hagan algo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. Voy a intervenir desde el escaño.


La iniciativa del señor Llamazares pretende introducir algunas mejoras en el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, medidas que globalmente compartimos, aunque las hemos enmendado para recordar que desde hace unos cuantos años la gestión de las políticas activas de empleo está en manos de las comunidades autónomas y que por tanto algunas de las consideraciones que él efectúa corresponden estrictamente a esas responsabilidades de los gobiernos autonómicos. Algunas de las enmiendas que hemos presentado a esta iniciativa parten de un cierto escepticismo sobre la capacidad hoy de los servicios públicos de empleo de acometer aquello que a nuestro entender debería ser su función principal, la reinserción en el mercado de trabajo de aquellos trabajadores que han perdido el empleo. Un punto de escepticismo. El propio señor Llamazares en su intervención ha hecho la referencia, hoy incontestable, de que tan solo un 7 o un 8 por ciento de las colocaciones que se producen en nuestro mercado de trabajo tienen su origen en la intervención de los servicios públicos de empleo. Quien hoy pierde su empleo y encuentra de nuevo un trabajo no lo hace mediante la acción de las administraciones públicas, sino mediante los servicios privados que aparecen en la red o de manera presencial, a través de anuncios en los periódicos o de las redes informales. Hace muchos años que nuestros servicios públicos de empleo han dejado de jugar ese papel. No sé si el problema va a ser aumentar la plantilla de los servicios públicos de empleo; de hecho, en el Plan de recolocación que el Gobierno aprobó hace unos cuantos meses se preveía la contratación de más de 1.500 personas para realizar ese cometido. Somos escépticos. El señor Llamazares dirá -seguramente tendrá una parte de razón- que, en la medida en que llevamos tantos años hablando de esta cuestión, ese plan de modernización pendiente desde el año 2003, si se hubiesen hecho los deberes cuando tocaba, ese escepticismo que mi grupo tiene quizá no existiría o quizá sí. Tendría razón, pero a estas alturas, ante este incremento de paro y con la perspectiva de finales de año de llegar a una tasa de desempleo del 12,5 por ciento, quizá un 13 por ciento, si de verdad queremos trabajar para recolocar a los trabajadores sin empleo, hay que avanzar de manera desacomplejada hacia la colaboración del sector privado. Sin colaboración con el sector privado, manteniendo el carácter público del servicio, la gratuidad para el trabajador desempleado, pero sin el compromiso de los operadores privados a fondo, difícilmente vamos a poder garantizar el objetivo de la recolocación. Por tanto, escepticismo en cuanto a si esas medidas, en lo que se refiere a las políticas activas de empleo, nos van a ser tremendamente útiles.


En segundo lugar, quiero trasladar también a la Cámara una preocupación, a la espera de poder entrar un poco más a fondo en el debate presupuestario de los próximos días, a la que creo que también hacía referencia el señor Echániz. Estamos hablando de 20.000 millones de euros para políticas pasivas, un incremento de un 24 por ciento, dando cumplimiento a lo que es la obligación legal del Gobierno de atender un sistema de protección al desempleo como el que configura nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en esos mismos presupuestos que crecen un 24 por ciento en las políticas pasivas existe una disminución de alrededor de un punto de las políticas activas de empleo. En plena crisis, en plena destrucción de empleo, vamos a gastar menos dinero en recolocar a nuestros parados. Yo digo, señorías, que eso rompe el discurso que en estos últimos diez o doce años hemos estado construyendo en Europa y aquí, en el sentido de entender que aquello que garantiza la

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reincorporación al mercado de trabajo no es la prestación por desempleo sino la capacidad de formar, activar y recolocar a ese trabajador. Por ello espero que durante el debate presupuestario podamos aclarar esta cuestión. En todo caso, el señor Llamazares va a contar con nuestro apoyo en razón de la enmienda que creo que ha transaccionado con el Grupo Parlamentario Socialista.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, la moción que presenta hoy el señor Llamazares tiene como objetivo mejorar las perspectivas de la cobertura de desempleo, tanto ampliándolo a los colectivos más desfavorecidos por la crisis como garantizando la recolocación de los trabajadores en situación de desempleo. Ese es el objetivo de la moción y no otro, porque para hablar de las causas del desempleo, de las razones económicas que lo motivan y del crecimiento del mismo, no estaríamos aquí debatiendo sobre una moción que tiene como objetivo fundamental saber cuáles son las políticas activas y de qué manera protegen a nuestros parados. Para ello la moción plantea actuaciones desde el punto de vista organizativo en las oficinas del Servicio de Empleo, en la orientación profesional de los parados, en la agilización de las prestaciones y en la reconsideración de las cuantías a algunos de los colectivos más afectados.


Señorías, el actual aumento de las personas paradas nos mueve a buscar el mayor grado de protección a los desempleados así como la más rápida acomodación de los mismos. En este sentido es en el que interpretamos la moción presentada. Una moción constructiva, bien intencionada y enormemente positiva que quiere, a nuestro entender, concretar las medidas del Gobierno del 21 de abril en el Decreto 2/2008 que ya preveía esta situación y que hace un planteamiento en dos ejes fundamentales: vincular la orientación al empleo con una dotación de 1.500 orientadores para la realización de itinerarios personalizados de inserción y, asimismo, apoyar con una dotación de 350 euros por mes a aquellos parados con especiales dificultades de inserción que pueden tener ayudas para la movilidad geográfica. Todo ello, ¿por qué? Porque este Gobierno tiene una responsabilidad y al mismo tiempo un compromiso con los parados, porque para nosotros son los paganos de una crisis que no han generado los trabajadores y por ello precisan del mayor grado de protección y de ayuda a la recolocación. En esas estamos, señorías, porque este Gobierno ni va a rebajar la tasa de cobertura ni va a limitar la reinserción de los mismos. Además, señorías, estamos haciendo estas políticas en colaboración con las organizaciones sindicales y patronales y las comunidades autónomas, que son, como ha dicho el señor Campuzano, las que gestionan una parte fundamental de las políticas activas. De ahí nuestro interés en que quede reflejado esto: que son las comunidades autónomas las que gestionan lo esencial de las políticas activas y que en el marco de la concertación social estamos dispuestos a ampliar y mejorar las prestaciones y coberturas sociales de acuerdo con las partes, porque esa es nuestra forma de entender el gobierno de estos temas, tanto en la época de bonanza, como fueron los años pasados, como en la de crisis, que son los actuales.


En consonancia con el planteamiento constructivo de la moción del señor Llamazares, hemos presentado unas enmiendas que, respetando el fondo de la cuestión que nos ocupa, intentan adecuarlo al actual marco de negociación y de responsabilidad autonómica, apoyando la necesidad de que los servicios de empleo sean ágiles en la gestión y respetuosos con los derechos de los parados que como tales ciudadanos tienen.


Señorías, la protección por desempleo es esencial dentro de un sistema del bienestar como el nuestro. Mejorarlo es imprescindible, comprometernos con él, una responsabilidad de todos, cambiarlo de acuerdo a los tiempos, imprescindible, pero siempre el parado debe ser el centro de estos cambios, nunca la rentabilidad electoral o política. Bastante problema tiene el parado como para verse dentro de diatribas o problemas como los que ha planteado el señor Echániz del Grupo Popular.


Señor Echániz, lo que usted hace repetidamente cuando se tocan cuestiones de estas características...


El señor PRESIDENTE: Debe acabar, señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: En mi pueblo tienen un refrán que dice: ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Usted hace indudablemente un papel en estas cuestiones muy representativo de este refrán.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.


El señor Llamazares ha anunciado que aceptaba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


¿Grupos que no han presentado enmiendas? (Pausa.)

¿El Grupo Mixto desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Renuncia.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


La verdad es que, aceptada la enmienda, poco queda que debatir en relación con esta moción. Quiero indicar que el señor Llamazares ha hecho una invocación a la crisis económica, llamada crisis financiera, provocada pretendidamente por el fracaso de los sistemas reguladores y de supervisión de Estados Unidos, pero, dada la

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capacidad de socialización de las crisis que tiene este país, se está transformando en una crisis de empleo que afecta al empleo de nuestros trabajadores. Sin embargo, al margen de digresiones que rayan en la filosofía política, he de decirle, señor presidente, que nos parece muy puesta en razón la moción del señor Llamazares, con algunas matizaciones.


El señor Membrado ha comentado con pertinencia que la mayoría de las comunidades autónomas ya gestionan las políticas activas de empleo. Hay una que no lo hace, perdón, hay tres, hay dos ciudades autónomas y una comunidad autónoma, que es la del País Vasco, que no gestiona todavía las políticas activas ni las pasivas de empleo, donde hay mucho que hacer también en materia de conexión de la oferta y la demanda de trabajo. Se podrían hacer algunas acotaciones más en relación con las propuestas del señor Llamazares. Cuando habla de la formación profesional, yo estoy recordando inmediatamente la última reflexión de la CEOE, la patronal española, y Confebask, la patronal vasca, indicando que todavía la formación profesional, incluyendo las tres subespecies existentes -la formación profesional reglada, la continua y la ocupacional-, no cubre el 35 por ciento de los requerimientos de un mercado de trabajo cada vez más sofisticado, que exige unas profesiones y unas titulaciones o unas formaciones y destrezas que no se obtienen en la formación profesional.
Aquí hay mucho que profundizar, sin suscitar el debate que tanto nos ha enfrentado en otras ocasiones, y eso ha provocado una gran amistad entre usted y yo, sobre la Forcem y Hobetuz, sobre la formación continua en relación con los acuerdos interprofesionales de Euskadi y el existente en el Estado español.


El punto 5 de la moción defendida por el señor Llamazares hace una propuesta muy interesante, que es la de la reorientación de la oferta pública de empleo a determinados colectivos que son los orientadores, los que han de formar a las personas que buscan empleo. Aquí podríamos incrementar esta medida orientando las ofertas públicas de empleo a aquellos colectivos con especiales dificultades para su empleabilidad: jóvenes que buscan su primer trabajo de baja cualificación o trabajadores mayores cuya situación de desempleo está prácticamente cronificada y son de difícil empleabilidad. Sería una acotación importante.


Por último, con relación al punto 7, acogiendo como hemos hecho en todas las iniciativas anteriores el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución, opinamos que no la prestación pero sí el subsidio de desempleo para aquellas personas que no puedan encontrar materialmente otro empleo tendría que extenderse indefinidamente, porque exige el contenido de este precepto de la Constitución proteger de forma indefinida -no lo menciona de otra manera- cualquier situación de necesidad, y una de ellas es el desempleo, la nueva configuración de la Ley Básica de Empleo, reformada por el Real Decreto-Ley 1/1994. Serían propuestas y acotaciones que no han sido objeto de enmiendas por nuestro grupo pero que pueden servir para la reflexión cuando esta materia, en la que desafortunadamente seguiremos teniendo que incidir en esta legislatura, se pueda tomar en consideración y ser objeto de la debida reflexión.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Para que puedan hacer mejor sus previsiones temporales, les quiero anunciar que esta mañana la Junta de Portavoces, por unanimidad, acordó modificar la norma que impedía examinar asuntos del orden del día una vez llegadas las 20:00 horas, con lo cual se mantiene el límite de las 21:30 horas como máximo para suspender la sesión, pero después de las 20:00 horas podremos introducir asuntos, siempre dentro del límite máximo de suspensión de la sesión, que en ningún caso será con posterioridad a las 21:30 horas. Muchas gracias por su atención.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA), SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A NEGOCIAR CON LA XUNTA DE GALICIA LA TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA LA CREACIÓN DE SERVICIOS FERROVIARIOS DE CERCANÍAS GESTIONADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. (Número de expediente 173/000024.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente asunto, moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la disposición del Ministerio de Administraciones Públicas a negociar con la Xunta de Galicia la transferencia de infraestructura ferroviaria para la creación de servicios ferroviarios de cercanías gestionados por la comunidad autónoma. Para su defensa tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Señor presidente, señorías, el principal objeto de la presente moción es instar al Gobierno a que inicie un proceso de diálogo con la Xunta de Galicia para pactar el traspaso de los medios materiales e infraestructuras necesarias para la implantación de servicios ferroviarios de cercanías por parte de la comunidad autónoma.
(La señora Vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Como ya expliqué en el debate de la interpelación, Galicia carece de este tipo de servicios, necesarios para la vertebración interna de nuestro país y en particular para resolver los problemas de movilidad de nuestras principales áreas urbanas. Apostar por los servicios ferroviarios de cercanías significa apostar por una forma de transporte público más ecológica y eficiente, que disminuya la dependencia del transporte privado, reduzca los niveles de contaminación y evite la saturación de la red viaria de acceso a las principales ciudades.


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Por este motivo el Gobierno gallego tiene la aspiración legítima de implantar estos servicios, asumiendo directamente su gestión a través de la creación de un ente ferroviario propio, aspiración que tiene soporte jurídico en nuestro estatuto de autonomía y que debe ser verificable si hay voluntad política. El propio presidente del Gobierno español manifestó su voluntad de abordar la descentralización de las cercanías en esta legislatura. Sin embargo, la respuesta dada por la ministra de Fomento en el debate que precedió a la presentación de esta moción introdujo dudas que es necesario despejar. La ministra manifestó su disposición a satisfacer lo que planteamos en el punto 1.a) de la moción, es decir, no desmantelar las infraestructuras de los tramos ferroviarios que queden fuera de servicio por parte de Renfe por la apertura de los nuevos trazados de alta velocidad e iniciar de inmediato la negociación para proceder a su traspaso a la Xunta de Galicia; pero al tiempo la ministra manifestaba que, si se producía este traspaso, esta red tendría que ser a todos los efectos una red independiente del resto de la red ferroviaria. Señorías, de nada vale esa disposición a traspasar esos tramos que queden en desuso si se establece esa condición, pues, de ser así, la Xunta de Galicia asumiría la responsabilidad de gestión de una serie de tramos aislados e inconexos entre sí, y en esas condiciones sería imposible operativizarlos. De ser así, señorías, tendría sentido la prevención del presidente de la Xunta de Galicia con respecto a asumir el traspaso, y cito entrecomillas, de ruinas ferroviarias.


Señorías, que no se desmantelen los tramos que queden en desuso por parte de Renfe es condición necesaria, pero no es por sí misma suficiente. Es condición necesaria para evitar que una serie de núcleos alejados de los nuevos itinerarios estén condenados para siempre a carecer de servicios ferroviarios, y es condición necesaria para rentabilizar los futuros servicios de cercanías, pues están todos ellos situados en corredores de cercanías no atendidos por los nuevos trazados. Es el caso de las localidades de Portas, Catoira, Valga, Pontecesures o Padrón, en el corredor Portas-Vilagarcía-Santiago. Es el caso de Arcade y Cesantes en el corredor Pontevedra-Vigo. Y será el caso de Guísamo, Cambre y O Burgo, en el corredor Betanzos-A Coruña, si se confirma que el nuevo trazado del subtramo Betanzos-A Coruña de alta velocidad va a discurrir por un itinerario muy alejado de estas localidades. Los vecinos de estas localidades, cuando se movilizan para evitar que se les levante la vía no lo hacen por defender el patrimonio arqueológico industrial: las ruinas ferroviarias. Como tampoco creo que lo haga, señorías, la conselleira de Política Territorial cuando anunció públicamente que se iba a dirigir al Gobierno para que se mantengan estas vías. Sin embargo, para que Galicia pueda operativizar estos tramos es imprescindible que haya voluntad de conectarlos con el resto de la red y que los servicios de cercanías puedan aprovechar también los nuevos trazados, pagando al ADIF el peaje correspondiente por el uso de esta infraestructura.


Lo que estamos planteando es muy poco complejo técnicamente, es poco costoso desde el punto de vista económico, y es lo más racional, señorías, desde el punto de vista social y político. Los recursos públicos no son ilimitados. ¿Por qué plantear la necesidad de construir dos redes independientes, cuando el futuro eje atlántico ferroviario está proyectado para poder absorber y compatibilizar tráfico de mercancías y tráfico de pasajeros, tanto dando servicio tanto a trenes de alta velocidad, como a trenes regionales y de cercanías?

Señorías, esta es la razón fundamental que motivan los puntos 1.a) y 1.b) de nuestra moción, pero el planteamiento del BNG es más ambicioso y, por eso, en el punto 2 de nuestra moción instamos al Gobierno a negociar con la Xunta de Galicia un calendario de trabajo para abordar las siguientes cuestiones: En primer lugar, el traspaso de competencias sobre la autorización de operadores ferroviarios en el territorio de Galicia. En segundo lugar, la participación de la Xunta de Galicia en la planificación, programación y gestión de las infraestructuras y de los servicios incorporados a la red del Estado que discurran por el territorio gallego. En tercer lugar, la competencia exclusiva de la Xunta de Galicia en la implantación de nuevas vías, no declaradas de interés general, que discurran íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Con ello, señorías, queremos dotar de contenidos al futuro ente ferroviario gallego para que pueda asumir la gestión de los servicios regionales y de proximidad en nuestro país y contribuir de esta manera a cohesionar, a vertebrar territorialmente el territorio de Galicia.


Señorías, como dije al concluir el debate de la interpelación, con ello tan solo pretendemos responsabilizarnos por nosotros mismos del futuro de nuestro ferrocarril para prestar un mejor servicio a nuestra sociedad.
Por ello que solicito el apoyo de todos los grupos políticos para nuestra moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


En el turno de los grupos que han presentado enmiendas a esta moción, tiene, en primer lugar y en nombre del Grupo Popular, la palabra el señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para posicionarnos en relación con la moción del Bloque Nacionalista Galego.


La pasada semana teníamos oportunidad de escuchar en este hemiciclo a la ministra de Fomento sobre la disposición del Gobierno a negociar con la Xunta la transferencia de infraestructura ferroviaria para crear servicios ferroviarios de cercanías gestionados por la comunidad autónoma. La respuesta que obtuvimos en esa interpelación fue decepcionante. Por una parte, se manifestaba que no había ningún inconveniente en transferir

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tramos que quedaran en desuso, pero, por otra, no se decía ni una sola palabra sobre la implantación de servicios de proximidad en Galicia. La reacción que se produjo por parte del presidente de la Xunta de Galicia, señor Touriño, fue que no estábamos dispuestos en Galicia a recibir un traspaso en ruinas y sobre esas ruinas conformar un tren autonómico. La ministra aún tuvo ocasión de responder en Galicia y decir que no estaba entre sus prioridades la creación de una red de cercanías en Galicia.
Señorías, nosotros sí que pensamos que Galicia necesita un servicio de cercanías, un servicio adecuado de proximidad como el que tienen muchas otras comunidades autónomas de España, y muchas de ellas sin tener una red de titularidad estatal. Es el caso de ciudades como Zaragoza, Santander u otras del territorio nacional. Por eso hemos leído con detenimiento la moción del Bloque Nacionalista Galego y hemos presentado una enmienda que va en la línea de que se adopten de inmediato y en coordinación con la Xunta de Galicia las medidas necesarias para implantar los servicios de trenes de cercanías en Galicia. Nosotros sí pensamos que se puede actuar ya. De hecho, debería presentarse ese famoso estudio de movilidad de las áreas metropolitanas de Galicia, Vigo, Pontevedra, A Coruña, Santiago, Ourense, Lugo y Ferrol que Renfe Operadora ha realizado. Y decimos que ha realizado porque tenemos una respuesta parlamentaria suya en el año 2007 que aseguraba que se estaba concluyendo. Creemos que sería bueno para Galicia que el Ministerio de Fomento creara en este momento una gerencia de cercanías de Galicia que realizara la planificación y definiera los servicios y las frecuencias a implantar y la aportación de trenes necesarios para prestarlos. No es de recibo que no exista ningún núcleo de cercanías en Galicia, existiendo como mínimo dos áreas metropolitanas como la de Vigo-Pontevedra, con 473.000 habitantes, o en el norte de Galicia la línea convencional A Coruña-Ferrol, que da servicio a una población conjunta de 465.000 habitantes. Hay una masa crítica poblacional y de movimiento económico que ya lo justificaría. Por eso pedimos que ADIF planifique sus necesidades en nuevas estaciones y en apeaderos a la ejecución de unas obras para que pueda ser posible la prestación de este nuevo servicio.


Nuestra enmienda también plantea la necesidad de que no quede ninguna duda sobre que los nuevos tramos de la red de cercanías gallega a implantar deben de comprender aquellos tramos que queden fuera de servicio como consecuencia de la apertura de nuevos trazados de alta velocidad. En ese sentido, pedimos expresamente que no se desmantele el tramo ferroviario Santiago-Vilagarcía de Arousa, una vez que entre en servicio el nuevo tramo de alta velocidad del exe atlántico, así como que se ordene a ADIF la redacción de un proyecto para instalar un punto de conexión de la vía actual, a la altura de la localidad de Faramello, con la nueva red de alta velocidad. Pedimos muy expresamente también que no se desmantele el tramo ferroviario entre Rubiáns y Portas, manteniendo las infraestructuras ferroviarias, las instalaciones de seguridad y de comunicaciones. Estamos hablando de una amplia comarca comprendida por los asentamientos de Portas, Caldas, Barro y Cuntis y es preciso que se ofrezcan servicios ferroviarios a esta localidad.


Termino, señorías, diciendo que nosotros vemos con buenos ojos la iniciativa que ha tomado el BNG en orden a iniciar un proceso de diálogo para la transferencia de infraestructuras con el Gobierno central, así como participar -cómo no- en la planificación y programación de las infraestructuras y servicios de la red del Estado. Por eso estamos abiertos a negociar una enmienda transaccional que pueda recoger todas estas sensibilidades porque, en definitiva, la Comunidad Autónoma de Galicia no está precisamente sobrada de servicios de infraestructura y de transporte ferroviario y necesita un acuerdo, pero, también lo digo, un acuerdo que adoptemos aquí que luego se cumpla, no como otros que hemos adoptado muy recientemente en la Comisión de Fomento, que afectaban muy seriamente a Galicia y que ya se nos ha dicho aquí por parte del Gobierno que no se van a cumplir. Estoy hablando de la comisión de seguimiento de las infraestructuras de Galicia.


Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, muy amable, señor Delgado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Louro.


El señor LOURO GOYANES: Gracias, señor presidente.


Señorías, hago uso de la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición sobre la moción presentada por el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, como consecuencia de la interpelación formulada en el pasado Pleno. Debo empezar diciendo que compartimos en gran medida lo recogido en los distintos apartados de la misma, pero entendemos necesario introducir elementos que definan con claridad las distintas propuestas que hace el Bloque Nacionalista en esta moción.
Presentamos para ello una enmienda que, a nuestro juicio, recoge todos los objetivos que son compartidos por la gran mayoría de la sociedad gallega.


Señorías, Galicia necesita mejorar sus servicios ferroviarios; necesita mejorar sus infraestructuras y sus materiales ferroviarios que nos permitan conectarnos más y mejor internamente entre todas las ciudades de Galicia; que nos permitan conectarnos a la red española y europea de tren de alta velocidad y dotarnos de servicios de cercanías en las áreas urbanas, en las áreas metropolitanas. Ciertamente, Galicia sufre un retraso en materia ferroviaria. Ese atraso tiene responsables, señorías.
Son los que gobernaron Galicia casi siempre, de manera ininterrumpida a lo largo de 16 años; que gobernaron España

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también durante mucho tiempo y fueron incapaces de atender el clamor de una tierra que quería dejar de ser periferia, que quería abandonar la lejanía y participar de las redes españolas y europeas de alta velocidad, de autopistas o de autovías. Galicia necesita recuperar el tiempo perdido; necesita gobiernos que apuesten por el tren de alta velocidad que conecte Galicia con el exterior; que apuesten por el eje atlántico de alta velocidad que conecte las ciudades atlánticas de Galicia; que apuesten por los servicios ferroviarios de cercanías.


La última legislatura -los últimos cuatro años- sin duda ha sido positiva para Galicia comprometiendo un importante volumen de recursos, un importante volumen de inversiones. En esta legislatura necesitamos seguir trabajando en la misma dirección. El Gobierno de España, el Gobierno del presidente Zapatero, hoy nos ha dado una gran alegría presentando unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 que aseguran la continuidad del ritmo inversor para las distintas actuaciones ferroviarias en Galicia. Estos Presupuestos Generales del Estado son sin duda la prueba inequívoca del compromiso del Gobierno con el proceso modernizador del sistema ferroviario de Galicia.


Señorías, el señor Jorquera propone en su moción iniciar un proceso de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y la Xunta de Galicia para acordar el traspaso de medios, de infraestructuras que permitan la implantación de servicios ferroviarios de cercanías. Propone estudiar fórmulas que posibiliten la interconexión entre las distintas redes.
También propone la participación de la Xunta de Galicia en la planificación y programación de infraestructuras y servicios de la red estatal, así como la autorización de operadores ferroviarios que operan en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. En nuestra enmienda se recoge la práctica totalidad de lo que usted plantea, pero consideramos innecesario el reconocimiento de una competencia que está en el Estatuto de Autonomía de Galicia y que, por lo tanto, es innecesario ese reconocimiento. También consideramos prematuro hablar de traspasos de competencias relativos a la autorización de operadores ferroviarios, dado que esto tiene algunos problemas jurídicos y condicionantes de directivas comunitarias que plantean la liberalización de servicios de transporte.
Por ello, presentamos una enmienda que sustantivamente recoge lo que usted ha expuesto y aporta algunos matices y concreciones a la propuesta de resolución. En todo caso, es una enmienda sobre la que estamos dispuestos a dialogar -voy terminando, señor presidente- para buscar puntos de encuentro entre los distintos grupos; puntos de encuentro que deben ser fruto de la sensatez, de una actitud positiva y de la voluntad de abrir caminos que contribuyan a mejorar los servicios de transporte ferroviario en Galicia. A nuestro juicio, sobra la ansiedad, no añaden nada las actitudes y posiciones imposibles que instaladas en la dejadez durante muchos años ahora lo exigen todo, porque creen que así pueden ganar algo para sí ante un proceso electoral. Yo no lo creo, pero los señores del Partido Popular sabrán. Lo que sí creo es que la ciudadanía de Galicia sabrá valorar el trabajo y el compromiso con el interés general por encima de los intereses de cualquier partido político.


El señor PRESIDENTE: Señor Louro, debe acabar ya.


El señor LOURO GOYANES: Por ello ofertamos nuestra disposición a hablar, a dialogar y a buscar un punto de encuentro en una transacción que esté apoyada por los distintos grupos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Louro.


Grupo Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
¿Renuncia a la intervención? (Pausa.) Muchas gracias, señor Canet.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Aguirretxea. (Pausa.) Renuncian a la intervención igualmente.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, comprenderán que nuestro grupo no va a dejar pasar la ocasión que nos brinda la moción del Bloque Nacionalista Galego para hablar del transporte ferroviario. Permítanme que diga, de entrada, que nuestro grupo va a dar todo el apoyo a la transacción, como lo dio también inicialmente a la moción del Bloque Nacionalista Galego.


Me parece oportuna la presentación de esta moción en el sentido de que subraya algo que nuestro grupo ha venido demandando -y que tiene previsto seguir haciéndolo- en esta tribuna, que es que quede claro, de una vez por todas, un principio de racionalidad en la prestación de los servicios de transporte público a los ciudadanos. Entendemos que todo aquello que son servicios de transporte público colectivo, en lo que podríamos llamar transporte interior en una comunidad autónoma, debería ser competencia de las comunidades autónomas. Esta competencia, que ya se viene ejerciendo, por ejemplo, en el transporte terrestre, por carretera, debería extenderse también al ferrocarril.


Más allá de esta cuestión, que nuestro grupo ha reclamado, reclama y seguirá reclamando, la moción del Bloque Nacionalista Galego presenta un tema sugerente, importante y que nosotros queremos subrayar. Decía el señor Jorquera -y hoy lo repite- que por qué hay que levantar una vía que va a entrar en desuso a causa de su modernización, de su transformación en una red de alta velocidad. Me va a permitir, señor Jorquera -y usted comprenderá esta expresión más que nadie-, que le señale que ante estas pretensiones que muy a menudo se han tenido, y que aún se tienen de levantar trazados ferroviarios, deberíamos decir aquello de nunca mais.


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Hoy día me parece una auténtica barbaridad esperar a que una vía caiga en desuso, porque la hemos modernizado, para levantarla, para hacer no sé qué, pero, en cualquier caso, para dejar de ofrecer un nuevo servicio, casi siempre de proximidad, de cercanías -hay múltiples modalidades de trenes, trenes-tranvía, lo que se llama tren-tran-, para poder darle una utilidad. Nunca mais, amigo Jorquera, levantar estos trazados ferroviarios. Lo digo por Galicia, pero también por Cataluña, donde habrá que tomar alguna de estas decisiones, concretamente en el Camp de Tarragona.


Me parece que su moción es muy oportuna, en el sentido de reclamar la competencia de los servicios de transporte interior para las comunidades autónomas y la máxima utilización de las líneas ferroviarias existentes.
En definitiva, se trata de dar nueva vida al ferrocarril, de hacer posible aquello que decía uno de los sabios del ferrocarril cuando afirmaba que el ferrocarril, si lograba pasar más allá del siglo XX, sería el modo de transporte del siglo XXI. Ustedes hoy van a hacer posible con esta moción y con su aprobación que este desiderátum esté un poco más cerca. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere felicitar al Bloque Nacionalista Galego por esta iniciativa y a todos los que se han sumado a la transacción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Señor Jorquera, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?

El señor JORQUERA CASELAS: Sí, señor presidente. En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Macias por su...


El señor PRESIDENTE: Ya sabe, señor Jorquera, que este turno es solo para aceptar o no las enmiendas.


El señor JORQUERA CASELAS: Sí, un segundo.


Quiero agradecer su disposición al diálogo que manifestaron. Fruto de eso, señor presidente, hemos llegado a una transacción, sobre la base de nuestra proposición y de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, que ha contado con el apoyo de todos los grupos y que ahora mismo comunicaré a la Mesa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A IMPULSAR LA ENAJENACIÓN DE ANTIGUOS EQUIPAMIENTOS MILITARES EN EL CONJUNTO DEL TERRITORIO DEL ESTADO QUE HAN DEJADO DE TENER SU FUNCIÓN PARA LA DEFENSA. (Número de expediente 173/000025.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las previsiones del Gobierno en orden a impulsar la enajenación de antiguos equipamientos militares en el conjunto del territorio del Estado que han dejado de tener su función para la defensa.


Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Paso a defender, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con energía y convicción pero con poca voz -ustedes me disculparán- esta moción consecuencia de la interpelación que planteé la semana pasada a la ministra de Defensa sobre una cantidad relevante de propiedades militares que han dejado de tener interés para la defensa; una cantidad importante de bienes inmuebles desde un punto de vista numérico y desde un punto de vista de su valor económico. El mecanismo por parte del Ministerio de Defensa es poner a disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Estado dichos bienes inmuebles para proceder a su enajenación, pero actualmente y en sede parlamentaria el conocimiento de cuáles son estos bienes inmuebles es un conocimiento parcial que solo podemos recabar a través de la fórmula de las preguntas parlamentarias. Es por esto que en el primer punto de los tres que contiene la moción este grupo parlamentario propone que cada seis meses el Gobierno informe a la Comisión de Defensa sobre el número de bienes inmuebles de la Gerencia de Infraestructuras del Estado -creo que también sería oportuno respecto a la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio del Interior pero esto, en todo caso, es un proceso en paralelo-, para que este Parlamento conozca la situación de enajenación de estos bienes inmuebles. La moción contempla un periodo de seis meses. El portavoz del grupo de la mayoría, el señor Cuadrado, me planteaba que quizá sería bueno pasarlo a un año. Creo que es bueno que dejemos constancia en el "Diario de Sesiones" que la propia Comisión valorará si la información aportada con una periodicidad de seis meses es suficiente o no, o si tenemos que pasar al año. Como punto de partida es bueno fijar estos seis meses con flexibilidad y también con un mandato para el mes de noviembre, para que la periodicidad sea dentro de los periodos de sesiones.


El segundo punto de la moción hace referencia a la relación entre la Administración General del Estado, el Ministerio de Defensa y los otros actores que pueden participar en la enajenación de un bien inmueble. El punto dos de esta moción básicamente quiere que el Parlamento subraye e indique un criterio al Ministerio de Defensa. No es lo mismo la relación entre la Administración y un particular que pretende una actividad lucrativa con la compra de estos bienes inmuebles que la relación entre dos administraciones que pretenden fines no lucrativos con la venta de este número importante

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de bienes inmuebles que son objeto de enajenación. Estos bienes pueden tener fines sociales, de protección medioambiental o, como propone la enmienda de Nafarroa Bai, de recuperación de la memoria histórica, y coincido perfectamente con el planteamiento de esta enmienda.


Finalmente, el punto número tres se refiere a la necesidad de entablar un diálogo institucional entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Barcelona para hacer posible aquello que en estos momentos plantea el propio ayuntamiento, aquello que ha votado el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, aquello que ha votado el Partido Socialista en el Parlament de Catalunya, aquello que plantea el alcalde de Barcelona: un diálogo institucional con el Ministerio de Defensa para encontrar terrenos alternativos que permitan liberar el cuartel del Bruc, cuarteles alternativos dentro de la ciudad de Barcelona o en algunas ciudades dentro del área metropolitana. Este es el planteamiento del Partido Socialista en Cataluña y me temo que hoy el Partido Socialista y también los diputados del Partit dels Socialistes de Catalunya van a votar contra este planteamiento y contra el planteamiento del alcalde Hereu, que la misma tarde del día de la interpelación decía: Lamento que estemos en un tiempo de diferencias con el ministerio y deseo que el paso del tiempo nos permita aproximar posiciones. Las declaraciones ante la prensa del alcalde Hereu son un aval a los planteamientos de este grupo parlamentario en el punto número tres de la moción y a los planteamientos que formulé durante la interpelación.


He querido avanzar, señorías, señor presidente, la eventual votación separada de los puntos uno, dos y tres porque, después, en fijación de posición de las enmiendas, no tendré tiempo para desarrollar la postura de Convergència i Unió. Por ello, quiero agradecer en este momento al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds su enmienda y al Grupo Mixto -y, concretamente, a Nafarroa Bai- sus enmiendas. Les expreso nuestra coincidencia con sus planteamientos pero, de acuerdo con el reglamento de la práctica parlamentaria, la aceptación de sus enmiendas no permitiría la votación separada de los puntos que el Grupo Socialista está dispuesto a votar favorablemente que, tengo entendido, son el punto uno y el punto dos.


Creo que es bueno para el Parlamento y para el debate parlamentario que la Comisión de Defensa tenga información puntual sobre el número de bienes inmuebles objeto de enajenación. En todo caso, será en el seno de la Comisión de Defensa donde podremos coincidir con otros grupos sobre el debate de la enajenación de algunos bienes inmuebles, por ejemplo, del cuartel de Gardeny, en Lleida...


El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, tiene que ir terminando.


El señor XUCLÀ I COSTA: Termino. O los equipamientos apuntados en la enmienda de Nafarroa Bai.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Han presentado enmienda el Grupo Mixto y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Por el Grupo Mixto van a hacer uso de la palabra dos señores diputados. En primer lugar, tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, ¿se imaginan ustedes un lugar donde una administración ceda unos terrenos para que un gobierno ejecute un hospital, que ese hospital deje de prestar sus funciones en función del nuevo marco competencial, que se esté cayendo ese hospital y la administración cedente de los solares plantee utilizar ese edificio para un servicio público de atención sociosanitaria para los ciudadanos de ese territorio? Los ciudadanos no pueden pensar, ni SS.SS., que el proceso de cesión o de reversión a esta institución sea inmediata, sin embargo, la triste realidad es que en estos momentos en la isla de La Palma un hospital que en su día fue construido se está cayendo y el Gobierno no cede esta instalación a la institución que en su día cedió los solares -el cabildo de La Palma- para construir un centro sociosanitario.


En previsión de que eso podía ocurrir, en el año 2001 el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el diputado que les habla presentó en el Senado una interpelación pidiendo al Gobierno el establecimiento de un catálogo de bienes en desuso o sobredimensionados en función de un nuevo marco competencial para que se estableciera un criterio de cesión o de reversión a las corporaciones locales, cabildos o gobiernos autónomos.
Sin embargo, ni esa iniciativa ni la moción consecuencia de interpelación fueron aprobadas y estamos hoy debatiendo un asunto que podría estar resuelto en ese marco en el que planteábamos la interpelación y la moción consecuencia de interpelación. Por eso, nosotros vamos a apoyar la iniciativa de Convergència i Unió. Nos gustaría incorporar nuestra enmienda en el sentido de plantear una vez más al Gobierno la elaboración de ese catálogo de bienes en desuso o sobredimensionados y un plan enviado a esta Cámara de reversión de esos espacios a las administraciones más cercanas a los ciudadanos, a esas administraciones que pueden mejorar esas infraestructuras y ponerlas al servicio de los ciudadanos.


En todo caso, vamos a votar la iniciativa, con o sin la enmienda, porque entendemos que en Canarias también existen centros, como hemos dicho aquí en esta Cámara: el cuartel del Cristo, en La Laguna, cuyo ayuntamiento está solicitando la reversión; instalaciones como el edificio de los trabajadores portuarios en Gran Canaria, cuya reversión hemos pedido también para actividades culturales en La Isleta; o el propio hospital de Las Nieves,

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en la isla de La Palma, que seguimos reivindicando que pase a disposición del Cabildo de La Palma para convertirlo en un centro sociosanitario que demanda la isla.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Por el mismo tiempo, tiene la palabra doña Uxue Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, para la defensa de dos enmiendas que Nafarroa Bai presentaba a la moción del señor Xuclà, de Convergència i Unió, y que entendíamos tenían sentido común. La primera de ellas era de espíritu al punto dos de la moción y el de recuperar también las posiciones del posible espíritu de recuperación de la memoria histórica en torno a la reversión de centros como este. El señor Xuclà coincidía con nuestra enmienda pero por cuestiones que pasaré más tarde a detallar -o a valorar, no tanto a detallar- no ha sido posible. La segunda de las enmiendas se refería ya a un caso muy concreto; coincidiendo con la posición que mantenía Convergència i Unió respecto al cuartel del Bruc, nosotros manteníamos la misma posición con respecto al Fuerte de Alfonso XII en su reversión al Gobierno de Navarra. A nuestro entender, una lectura excesivamente reglamentista, y desde luego poco operativa del Reglamento de la Cámara, nos va a impedir introducir un matiz, una cuestión de espíritu a esta moción que podría dejar trabajo hecho en la Cámara. Y una tercera cuestión que no llegamos a entender. El Partido Socialista votará solo los dos primeros puntos y quiero recordar en este Pleno que en 2006 el mismo Grupo Parlamentario Socialista, en Comisión y a iniciativa de esta diputada, sí votaba a favor de la reversión del Fuerte de San Cristóbal o cuando menos al inicio de conversaciones con el Gobierno de Navarra para la reversión del Fuerte de San Cristóbal a Navarra en una tónica bien diferente y en un espíritu no tan solo diferente sino exactamente contrario a lo que hoy va a votar. Lo sentimos profundamente. Vuelvo a repetir que nos parece poco operativa esta manera de interpretación del Reglamento que nos llevará por necesidad a tener que repetir, interpelación tras interpelación, moción tras moción, para llegar finalmente a conocer cuál es la posición en este caso del grupo que da apoyo al Gobierno en torno a todos y cada uno de los casos similares que se dan en el conjunto del Estado.


Sentimos profundamente, vuelvo a repetir, trabajar en estas condiciones pero, en cualquier caso y por descontado, apoyaremos la moción de Convergència i Unió en su totalidad.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.


También para defender su enmienda, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro grupo ha presentado diversas enmiendas sin perjuicio de que vaya a dar apoyo a la moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió. En primer lugar, ha presentado una enmienda que es coherente con lo que defiende desde ya hace tiempo el mismo consistorio barcelonés, que reclama la desafectación de la caserna del Bruc y el consiguiente desmantelamiento de sus unidades con el objeto de destinar los terrenos que hoy ocupa a usos de tipo social o comunitario. Insisto en esto porque el contenido literal, stricto sensu, de la moción no plantea la cesión gratuita de este equipamiento, con lo cual contraviene en cierta forma distintos pronunciamientos del propio Ayuntamiento de Barcelona, de todos los grupos municipales, quizá excluyendo en este caso al Partido Popular.
Hasta el momento no se conoce que el Ayuntamiento de Barcelona haya planteado en ningún momento una reubicación o la búsqueda de un emplazamiento alternativo al cuartel del Bruc, entre otras cosas, porque dentro del propio municipio de Barcelona no hay espacios suficientes. Es sobradamente conocido que el municipio de Barcelona incluso tiene problemas para ubicar espacios para equipamientos de tipo sociosanitario, etcétera. Por tanto, no vemos qué diálogo institucional se puede emprender, puesto que el ayuntamiento, en este caso, difícilmente puede ofrecer nada a cambio, como no sea adquirir alguna finca fuera del municipio de Barcelona, en una operación un poco extraña y que nuestro grupo no ve con buenos ojos.


La segunda enmienda propone establecer, en línea con este diálogo que plantea la moción del Grupo de Convergència i Unió, la necesidad de dotarse de un mecanismo permanente y estable de diálogo porque los ayuntamientos, en muchos municipios, no solo en Cataluña sino en el conjunto del Estado, han ido pidiendo progresivamente la cesión o la enajenación de espacios e inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa que hoy en día están totalmente obsoletos e infrautilizados, con objeto de evitar su desuso e incluso su degradación y ponerlo al servicio de la sociedad.


Otra enmienda plantea una cuestión que es recurrente, incluso en esta Cámara, a raíz de algunas iniciativas de nuestro grupo y también de Convergència i Unió, pero lo anticipamos ya a través de esta enmienda, como es la cesión de la antigua residencia militar de suboficiales de Gardeny, en Lleida, a favor de este ayuntamiento, siguiendo la estela también de lo que en su día el Ministerio de Defensa hizo en otros muchos municipios para evitar agravios comparativos. Me quiero referir a este supuesto porque es un caso sangrante, ya que en la Paeria el Ayuntamiento de Lleida ha tenido que incluso hipotecarse, literalmente hablando, por importe de 16 millones de euros para hacer frente a la adquisición de

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este inmueble propiedad del Ministerio de Defensa. En otras ocasiones, por ejemplo en el municipio de Madrid, el ministerio optó, a través de la operación Campamento, por liberar casi nueve millones de metros cuadrados en una operación económica en la que el Ayuntamiento de Madrid salió bien librado. Entonces, el Ministerio de Defensa, que por cierto estaba dirigido por el hoy presidente del Congreso, calificó este gesto como de abrazo de los ejércitos a la sociedad. Yo también deseo que en este caso el Ejército abrace a la Paeria y a la ciudad de Lleida en los mismos términos en que lo hizo a la ciudad de Madrid.


Finalmente, la última enmienda solicita el retorno de los terrenos e instalaciones de la base del port de Pollença y también de la base militar del Cap de Pinar en Alcudia, Mallorca, que es un caso homólogo a los anteriores que he citado y que en su día suscitó incluso un debate y la aprobación de una resolución en la Comisión de Defensa de esta Cámara, por cierto hoy incumplida, aunque haya decaído porque se trata de la anterior legislatura. Lo volvemos a traer a colación y espero que suscite el apoyo de sus señorías.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra don José Ramón Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Estamos, señorías, ante un tema que muchos lo han calificado ya de recurrente, y con razón. Es un tema tan recurrente que, a día de hoy, casi es más necesario explicar la razón de ser de esta recurrencia que los términos propiamente dichos en los que se plantea de si enajenar o no este o aquel equipamiento militar que ha dejado de tener su función para la defensa. ¿A qué se debe esta recurrencia? Básicamente a que cuando desde diversos grupos parlamentarios se le plantea al Gobierno, al Ministerio de Defensa, se le lanza la pelota de una eventual venta, cesión o trueque de estos o de aquellos inmuebles que han dejado de ser útiles para el Ministerio de Defensa, el Gobierno contesta siempre que en la filosofía, en los objetivos está plenamente de acuerdo, que existe un procedimiento y que a él hay que atenerse. El Gobierno lleva razón formalmente hablando, lo que no consuela y no satisface a los grupos que vienen con sus propuestas.


Mi grupo va a apoyar la moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en tres puntos justamente porque creemos que puede servir no para resolver plenamente esta recurrencia, este volver a este tema una y otra vez, pero sí para avanzar algo. Eso creíamos y al parecer el resultado de las votaciones nos va a llevar en esa dirección. Me refiero en concreto al punto uno, que el Congreso sea conocedor en detalle y de forma continua de qué propiedades militares están siendo puestas a disposición y de cuáles no en orden a una eventual venta, cesión, trueque o lo que fuere por parte del Gobierno a determinadas instituciones que lo desean. Ello puede y debe ayudar a que efectivamente no estemos permanentemente lanzando una pelota que siempre rebota en el mismo sentido que el Gobierno plantea. Lo que pasa y lo que ha venido pasando hasta ahora es que progresivamente ha ido cundiendo la sensación de que la forma de actuar del Gobierno, si bien era reglamentaria, también estaba siendo arbitraria o podía estar resultando altamente arbitraria y caprichosa. Decía sí en unas ocasiones, otras veces no, y no parecía que las razones por las que en unas ocasiones se dijera una cosa y en la otra una distinta fueran razones plenamente convincentes. De ahí que el hecho de que el Gobierno conozca en detalle y de forma continua las propiedades militares que se pongan a disposición de esta eventual cesión o venta, conozca las razones por las que se ponen y las razones por las que otras no se ponen, pueda ayudar en esta dirección de desatascar algo esta situación que, insisto, se ha vuelto excesivamente recurrente.


El segundo punto de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) plantea asimismo que, a la hora de la eventual negociación entre la Administración Central y otras administraciones para la enajenación de propiedades militares que han dejado de tener su función para la defensa, se tome en consideración el destino social o medioambiental de las mismas. Nos parece de una lógica aplastante, ya que en muchas ocasiones esos terrenos y esos inmuebles fueron dedicados a la defensa justamente teniendo en cuenta su destino militar. Qué más lógico que el camino de vuelta al ámbito civil, si ese camino es real, sea teniendo en cuenta el nuevo destino de interés público y que se tenga en cuenta de forma prioritaria para el que se desea.


Respecto al tercero de los puntos, mi grupo también va a apoyarlo. No hemos querido presentar ninguna enmienda que podíamos haber presentado en el sentido de que también en el País Vasco, en concreto en San Sebastián, en los cuarteles de Loyola, por poner un ejemplo, existe un caso análogo a los cuarteles del Bruc. No lo hemos querido presentar por ver qué hacía finalmente el Gobierno con este tema para tampoco, de alguna forma, tener una respuesta sin más que hasta ahora también para nosotros ha sido negativa.


Es cierto que la construcción de la ciudad, que va avanzando en todos los sitios y de una forma ya absolutamente generalizada, está haciendo que numerosas instituciones y numerosos usos que los suelos estaban teniendo, bien fuera para el ámbito industrial o para otros ámbitos, estén siendo hoy día un grave perjuicio para el desarrollo de estas ciudades, y esto está pasando con los cuarteles en numerosos sitios. Aquí también hay que tomar una decisión no solo en función de un interés, que puede existir, parcial de esos cuarteles y de esos inmuebles, sino del interés general de la construcción de la ciudad. Nos parecía bien que CIU planteara este tema,

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nosotros lo íbamos a apoyar a la espera de que, si resultaba bien, evidentemente nosotros también teníamos reivindicaciones en esa misma dirección.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Rafael Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición en relación con la moción consecuencia de la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Señorías, para ustedes, así como para nosotros, no es ningún descubrimiento la habilidad política del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del diputado señor Xuclà. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Porque esta moción tiene una envoltura general para un caramelo muy particular, que es la desafectación y posterior cesión del cuartel del Bruc de Barcelona. Por ello mi intervención irá en el mismo sentido de los puntos de acuerdo de la moción, es decir, de lo general a lo singular y concreto del cuartel del Bruc.


Señorías, de todos es conocida la política que el Ministerio de Defensa viene realizando desde hace ya años y con gobiernos de España de distinto color político en cuanto a las instalaciones militares existentes en las capitales de provincia y determinadas poblaciones. La modernización de los sistemas de defensa, la transformación de nuestro ejército en profesional, el aumento de población y desarrollo de nuestras ciudades ha tenido como consecuencia que muchas instalaciones militares hayan sido desafectadas para su uso militar y, posteriormente, enajenadas.


En el primer punto de la moción el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) plantea que el Gobierno cada seis meses informe a la Comisión de Defensa de las instalaciones militares que son desafectadas por carecer de interés para la defensa. Consideramos positivo este punto y lo vamos a votar a favor, porque la Comisión de Defensa, así como el resto de administraciones, va a conocer las instalaciones que, por carecer de interés para la defensa, van a poder, tras su enajenación legal, ser utilizadas por ayuntamientos y comunidades para fines sociales. Eso puede mejorar la celeridad de los procedimientos administrativos y que el resto de las administraciones tengan las ideas claras sobre la postura del ministerio con respecto a instalaciones de su territorio. En el caso de que sea una enajenación a particulares, nos permitirá conocer los detalles de las mismas. Respecto al punto segundo de la moción, he de decir con brevedad que entendemos positivo y necesario que a la hora de la enajenación para fijar el precio sea muy tenido en cuenta el hecho de que el destino de esas instalaciones sea social o de protección medioambiental. Estos son elementos que deben influir en la reducción del precio para favorecer una verdadera política social y medioambiental. En cuanto al punto tercero de la moción, entramos en el verdadero objetivo que perseguía la interpelación urgente y la moción que hoy tratamos, el cuartel del Bruc. En este momento debería reproducir la magnífica intervención del vicepresidente de esta Cámara, don Jorge Fernández, el pasado día 20 de mayo de 2008, ante una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa al mismo asunto. Este es el verdadero objetivo de la moción, el punto tercero, el cuartel del Bruc; asunto ya añejo, pero que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) mantiene vivo y en gran parte motivado por los continuos vaivenes del Partido Socialista, como ya se ha dicho aquí por otros portavoces, en el Parlament de Catalunya y en el Ayuntamiento de Barcelona, donde ha llegado a votar a favor de la cesión del cuartel del Bruc. Es más, como bien dijo mi compañero don Jorge Fernández, el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, señor Carnes, dijo textualmente: el nombramiento de doña Carmen Chacón como ministra de Defensa es el mejor augurio para la cesión definitiva del cuartel del Bruc al Ayuntamiento de Barcelona. Esta es la política del Partido Socialista, decir a todos que sí y a todo que sí, para luego entrar en contradicciones y terminar engañando a todo el mundo. El único partido nacional que ha demostrado coherencia, responsabilidad, sinceridad y visión de Estado ha sido y es el Partido Popular, que tanto en el grupo municipal del ayuntamiento, como en el Parlament de Catalunya...(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Merino.


Por favor, ¿tendrían la bondad de bajar el volumen de sus conversaciones particulares por respeto al orador?

El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.


Decía que el único partido nacional que ha demostrado coherencia, responsabilidad, sinceridad y visión de Estado ha sido el Partido Popular, que tanto en el grupo municipal del ayuntamiento, como en el Parlament de Catalunya y en el Congreso de los Diputados decimos lo mismo, que es que mientras el Ministerio de Defensa entienda que el cuartel del Bruc es de interés para la defensa no cabe enajenación ninguna y menos cesión, que no se ajusta al ordenamiento jurídico, por lo que siempre estaremos al lado de los planteamientos del Ministerio de Defensa. Lamentamos mucho que el señor Carnes haya sido contradicho por la ministra Chacón, pero sería de rigor que el Partido Socialista por una vez dejara de jugar a todo, que por una vez tuviera visión de Estado, que diga lo mismo en todos los sitios y no que dependiendo del sitio donde esté diga una cosa distinta, y aquí se lo han recordado distintos portavoces. Habrá

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que ver lo que piensan y lo que dicen mañana los concejales socialistas, el alcalde socialista de Barcelona, cuando ustedes voten en contra de la cesión del Bruc al Ayuntamiento de Barcelona. Tengan respeto, tengan coherencia, sean sinceros, digan por una vez la verdad y dedíquense a gobernar con mentalidad de Gobierno de Estado.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Merino.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Tudanca.


El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme decir, en primer lugar, que es un honor para mí intervenir por primera vez desde esta tribuna en el Pleno del Congreso de los Diputados. La semana pasada, señor Xuclà, ya expuso usted en su interpelación a la señora ministra de Defensa los argumentos que hoy ha reiterado. El destino de los equipamientos y su necesidad o no para las funciones de la defensa es un tema recurrente en esta Cámara sobre el que se ha debatido en multitud de ocasiones. Todos coincidimos en que el actual modelo de nuestras Fuerzas Armadas ha cambiado de forma sustancial durante los últimos años, modernizándose los sistemas y las estructuras, avanzándose en la racionalización de los servicios y profesionalizándose, lo que ha dado lugar a unas mejores y más modernas Fuerzas Armadas, pero también a la aparición de infraestructuras infrautilizadas o no necesarias para la defensa. Tampoco parece discutible -así lo señalaba la señora ministra de Defensa la semana pasada- que hay una configuración jurídica muy detallada que determina la forma en la que estas infraestructuras pueden enajenarse, siempre y cuando hayan dejado de tener interés para la defensa. Evidentemente, es el Gobierno quien tiene que fijar el despliegue y la organización de nuestras Fuerzas Armadas, atendiendo a multitud de criterios, pero también quien decide, de acuerdo con la norma, el destino o la política de desafectación de esas instalaciones. No quiero reiterarle, señor Xuclà, el catálogo de acuerdos a los que ha llegado el Ministerio de Defensa con otras instituciones para realizar actuaciones en terrenos desafectados; 89 acuerdos, algunos de ellos con las administraciones públicas catalanas, dan muestra de la voluntad de consensuar y facilitar un nuevo destino para esos terrenos una vez dejan de tener uso militar. Pero el resultado de estos acuerdos da fe también de la voluntad de hacer compatible la norma y la obtención de recursos necesarios para las infraestructuras y equipamientos de la defensa con el destino social de las instalaciones desafectadas, ya que mediante esos acuerdos se han destinado terrenos a viviendas protegidas, a equipamientos universitarios, a equipamientos sanitarios, a equipamientos industriales y me gustaría detallar, dado que usted lo hace en su moción, también para la protección medioambiental. La voluntad del Gobierno así expresada y plenamente compartida por mi grupo es, por tanto, conciliar los intereses de la política de la defensa con la voluntad de favorecer el uso social de las propiedades que le son desafectadas, empleando el diálogo, la colaboración y el acuerdo con otras administraciones y continuando así con el ambicioso plan de actuaciones iniciado en la pasada legislatura siguiendo estos criterios, criterios, por cierto -me gustaría señalar-, que no siempre se cumplieron en otros tiempos, como sabemos bien, en multitud de ciudades como la mía, Burgos. Parece, por tanto, que estamos de acuerdo en las condiciones y en el destino social al que deben destinarse los bienes desafectados y estoy convencido de que este debate y la primera parte de la moción ayudará a la mejor información, al mejor seguimiento de esta tarea y al trabajo en esta dirección. En cualquier caso, la distribución y el despliegue territorial de las unidades militares es, como decía, una competencia del Gobierno, que lo realiza atendiendo a multitud de criterios, entre los que prima el del interés general. El Gobierno, a través de la señora ministra de Defensa, ha dicho en esta misma Cámara, con los datos en la mano, que el cuartel del Bruc no ha dejado de tener interés para la defensa, sino que se encuentra plenamente operativo, con una larga lista de unidades desplegadas y de funciones que está desempeñando en estos mismos momentos. No hay, por tanto, ninguna modificación con respecto a la posición ya defendida por mi grupo el pasado 20 de mayo, cuando usted presentó una proposición no de ley para la cesión del cuartel del Bruc a las administraciones públicas catalanas. No es el momento de hablar del cuartel mientras siga teniendo una completa operatividad y siga siendo necesario para la política de la defensa. Por esta razón, mi grupo no puede compartir la última parte de su moción, por esta razón y, como decía, porque no hay ningún cambio con respecto a la mantenida por mi grupo en otras mociones. La desafectación es un criterio básico, fundamental y previo que no puede predeterminar la valoración del Ministerio de Defensa en cuanto a la desafectación de estos bienes. En cualquier caso, estoy convencido de que seguiremos debatiendo tanto en esta Cámara como en la Comisión de Defensa, y confío que entendiéndonos, con respecto a los usos y destinos de las instalaciones del Ministerio de Defensa que vayan o que puedan ser desafectadas.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tudanca.


Señor Xuclà, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas?

El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.


Acepto la votación separada del punto 1 y 2, en el cual el Grupo Parlamentario Socialista ha expresado la predisposición a votar favorablemente, pero no puedo

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aceptar las enmiendas aunque expreso mi sintonía absoluta con el fondo de las mismas.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Acepta la votación separada del punto 1 y 2. Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS POLÍTICAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO PARA ALCANZAR UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD Y EXCELENCIA. (Número de expediente 173/000026.)

El señor PRESIDENTE: Última moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas políticas que adoptará el Gobierno para alcanzar un sistema educativo de calidad y excelencia. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Gómez Trinidad.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a hablar de educación. La semana pasada presentamos una interpelación a la ministra sobre una cuestión que tiene muchas coincidencias con lo que está siendo el tema estrella en esta Cámara y en este país durante los últimos días, por no decir meses. Se está hablando mucho y con razón de la crisis económica. Bien es verdad que el Gobierno ha abordado esto tarde y mal. Yo esta tarde vuelvo a hablar de una crisis no menos seria, más profunda y probablemente más duradera, que es la crisis educativa. Señorías, esta tarde me presento aquí para intentar dar solución a esta crisis de la cual no nos va a sacar ni un ciclo económico ni agentes externos a este país. Voy a partir de tres hechos. En primer lugar, el primer hecho es que la educación en este país no va bien. No necesitaríamos balances ni estudios externos internacionales que nos dieran prueba fehaciente de que la educación no va bien; basta oír el ambiente que se respira en nuestras calles, en nuestras plazas y en nuestras escuelas. Hay una percepción de que la educación no va bien.
Pero eso viene corroborado por los datos, tanto de instituciones internacionales como del propio ministerio, que nos dicen, en definitiva, que nuestro nivel educativo no está ni mucho menos parejo a nuestro nivel económico. Un 30 por ciento de fracaso escolar. Señorías, muchos de ustedes seguro que tienen hijos y otros muchos probablemente hasta nietos. No es bueno el dato de que el 30 por ciento de nuestros jóvenes estén abocados a salir de las aulas sin un título académico; título académico que, como recordaba el otro día, a veces en este país se está dando con excesiva frivolidad y, en cualquier caso, un título académico que ya no es homogéneo más que en la forma dentro de todas las comunidades. Fracaso formativo. Un 30 por ciento que están saliendo a la calle sin la más mínima cualificación profesional y que, por tanto, en tiempos de crisis o en tiempos de crecimiento económico van a fracasar porque no son ni competentes ni competitivos. Un segundo hecho, señorías, es que no vamos a cumplir los objetivos que nos hemos propuesto dentro de la estrategia de Lisboa de 2010. Pero no harían falta compromisos internacionales; es el mínimo compromiso que tiene que tener un Estado en sus distintos poderes para dar respuesta a la generación de los jóvenes.
En tercer lugar, y esto es lo que más me importa destacar, hay un clamor a voces de la sociedad para que en esta Cámara lleguemos a un acuerdo -al menos las fuerzas o partidos políticos más representativos- para dar una solución. Créanme, señorías, que ya no hay tiempo para buscar excusas, ni siquiera para cuestiones accidentales. Se necesita un pacto. Esto es lo que nos está pidiendo la sociedad, y esto es lo que vengo, una vez más, a proponer aquí. Es hora de que la ministra y el Grupo Socialista muevan ficha, si realmente quieren llegar a un pacto y por nuestra parte, una vez más, lo digo en público.


Aceptamos y agradecemos la enmienda que ha presentado UPyD para lograr al menos el primer paso de lo que tiene que ser un largo camino. Para ello, señorías, presentamos algunas medidas dentro de lo que denominamos una estrategia nacional para la mejora de la educación. Urge tomar medidas para solucionar el fracaso escolar y formativo. Al menos consideramos que hay dos urgentes: un nuevo modelo de educación que sea, a diferencia del que se va a implantar, censal, objetivo y externo. A los padres poco les dice la media estadística, a los padres les interesa saber cómo están sus hijos y a los centros sus alumnos. Necesitamos -lo decía antes-, además, una prueba que sea capaz de homologar todos los títulos que con carácter estatal se están dando, al menos el primero, que es el de educación secundaria obligatoria. En segundo lugar, señorías, necesitamos tomar urgentemente medidas que luchen contra la desvertebración. Si a alguien le produce cierto temor esta palabra, lo diré en positivo: necesitamos tomar medidas que afiancen la solidaridad y la cohesión educativa de las distintas comunidades. La educación en España va a distintas velocidades, y además no cuesta lo mismo sacar un título de la ESO dependiendo de las comunidades, y eso no se corresponde con un Estado serio. Por ello, proponemos al menos dos medidas: una, crear un fondo de cohesión y calidad, que sea el instrumento financiero con el cual el ministerio ayude a las comunidades autónomas y que esté ligado a resultado y, en segundo lugar, potenciar la Conferencia Sectorial de Educación para que ejerza el liderazgo cooperativo al que está llamado. En tercer lugar, todos coincidiremos en que es fundamental el papel del profesorado.
Tenemos en estos momentos, y a riesgo de ser un tanto generalista, un profesorado desmotivado. Sin ilusión, señorías, no se puede educar. Por eso proponemos que se active el estatuto docente, que se abra una auténtica carrera docente, que se generen expectativas y que se recupere la autoridad después de décadas de permisividad. Por último, señorías, y ligado a la productividad de este país, necesitamos recuperar y dar vigor a la formación profesional,

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fundamentalmente a la formación inicial, que afecta al menos a ese 30 por ciento que está saliendo de las aulas sin ninguna acreditación y que -créanme- es un fracaso social, además de personal. De la misma forma, necesitamos integrar los tres subsistemas y flexibilizar la formación, de tal modo que todo el ciclo formativo universitario o no universitario sea un camino de ida y vuelta.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Trinidad.


Se han presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Anuncio que votaré a favor de esta moción presentada por el Grupo Popular.
Sin entrar en demasiados detalles de lo que el propio ponente ha explicado, estoy sustancialmente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que necesitaríamos ir muchísimo más lejos, pero sencillamente la presentación en este momento abre el camino para que también aquí en la Cámara se debata sobre un tema que no creo equivocarme si digo que hoy preocupa a la inmensa mayoría de los ciudadanos. No creo que haya un ciudadano español mínimamente enterado que no esté preocupado por el nivel educativo de nuestro país, que no esté preocupado por que cada vez que recibimos una información nacional o internacional nuestras ratios descienden en relación con los países de nuestro entorno, desde el punto de vista del éxito, aumentan, desde el punto de vista del fracaso, y además descienden respecto de nuestra propia historia. Por tanto, un debate sereno, un debate sosegado, un debate riguroso, alejado de postulados maximalistas, alejado de debates partidarios es muy necesario para nuestro país. Es necesario siempre, pero lo es más en una situación de crisis económica en la que la educación es también un elemento fundamental. Creo que proponer un debate desideologizado, si se me permite la expresión, que fuera capaz de producir un gran pacto de Estado para la educación que implique a todos los sectores, incluidos los sindicatos, es algo que nuestro país necesita, un gran pacto de Estado que sea capaz de dar luz a una norma educativa que garantice la permanencia y la calidad de la misma. Creo, por otra parte, que alguna de las cuestiones que aquí se han planteado tienen mucha importancia.
Acreditar socialmente la formación profesional es también una asignatura pendiente de nuestra democracia. Por último, comparto absolutamente la necesidad de hacer algo que reconozca legalmente la autoridad del profesorado. Mi partido ha planteado una iniciativa en ese sentido, una proposición de ley, precisamente para regular legalmente la autoridad del profesorado a la manera que lo tienen regulado países tan exitosos, desde el punto de vista de la educación, como Finlandia. Creo que, en una situación como la que vive nuestro país, no hacer el máximo esfuerzo para provocar este gran pacto por la educación sería una irresponsabilidad por nuestra parte. Insisto, la moción es mejorable, como todas, pero yo apelaría a la generosidad de todos los grupos para que diéramos paso a un debate sobre esta materia porque tiene que ver con el futuro de nuestros ciudadanos, tiene que ver con el futuro del país.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


La actual Ley de Educación fue fruto -ustedes lo saben- de la negociación de los grupos parlamentarios, que consiguieron alcanzar desde la diferencia un consenso en un tema principal, como es el de la educación.
Si bien es cierto que todos los grupos que la apoyaron mostraron discrepancias y que consideraron la ley mejorable, reitero que la ley fue fruto del consenso de la mayoría parlamentaria y que esa mayoría se repite en la actual legislatura, de manera que no encontramos motivos para su modificación, como pretende el Grupo Popular. Consideramos que la ley todavía no ha tenido la oportunidad de desarrollarse y consolidarse de manera que se puedan realizar los necesarios análisis y evaluaciones que permitan establecer unas conclusiones y unas propuestas de corrección necesarias y razonables. Es paradójico, pues, que el señor diputado Gómez Trinidad, en un discurso de la pasada semana un poco tremendista, se quejara de que la LOE se implantara sin dejar oportunidad a que la LOCE se desarrollara y evaluara y que él ahora pretenda hacer lo mismo con la Ley Orgánica de Educación. Ciertamente, la LOCE no tuvo la oportunidad de implantarse y de evaluarse porque no fue una ley de consenso, sino una ley de rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular, de la misma mayoría que quedó bien retratada, como ustedes saben, en las Azores.
Recuerdo esto porque, de la misma manera que nos metieron en una guerra con la oposición de todos los grupos parlamentarios, impusieron la tiranía de la mayoría absoluta respecto a la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza. Este es el contexto donde se debe inscribir la ley que ustedes propusieron. Pero incluso hay más. Los resultados negativos a los que alude el Grupo Popular para presentarnos esta moción son en buena medida el fruto de la actuación gubernamental que ellos -ustedes- protagonizaron cuando estuvieron en el poder y que, lejos de llevarnos a una consolidación de la escuela pública y de calidad, nos llevó a una degradación para justificar de forma encubierta, y a veces no tan encubierta, el proceso de privatización que llevaron a cabo en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, y me refiero a la privatización de la educación

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y de la enseñanza. Ahora, después de mantenerse al margen del proceso del pacto de la educación que supuso la LOE, por la estrategia de confrontación marcada por los barones del señor Aznar en la pasada legislatura, nos quieren trasladar a aquellos que en su momento apostamos por el consenso, a una estrategia global de crítica absoluta, rotunda, sin ningún sentido, a la educación que está implementando el Estado español. Pues bien, yo creo que ustedes han llegado tarde, y mas tarde todavía si pretenden, como se desprende de su moción, laminar el terreno competencial. Porque precisamente uno de los avances de la LOE, frente a la deriva centralista y autoritaria de la LOCE, es la ampliación competencial autonómica y la delimitación de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado. Ustedes pretenden, en nombre de la eficiencia, de la calidad y de la excelencia de un sistema educativo que paradójicamente su Gobierno degradó, laminar lo conseguido, y me refiero a todo aquello que atañe a las competencias autonómicas. Pues, no lo van a conseguir y menos con nuestra complicidad. Al contrario, siempre nos encontrarán al frente de ustedes para frenarles ante sus intentos reaccionarios. Confórmense, pues, con la gran victoria que ustedes consiguieron mediante la confrontación en la gestación actual de la LOE.
Ustedes sí que ganaron una batalla, y lo reconocemos. Ustedes ganaron porque asustaron a los socialistas, que se dejan asustar fácilmente por ustedes, la batalla de la enseñanza de la religión. Una herencia del nacional catolicismo que pretende seguir confundiendo el espacio público con el espacio privado de las querencias. Ciertamente ustedes ganaron esta batalla, pero a costa de nosotros y por el miedo y la confusión que tiene el Partido Socialista respecto al laicismo de la sociedad española.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Voy a explicar muy concisamente al señor Gómez y al Grupo Popular por qué vamos a votar no, aunque no sé tampoco si le interesa mucho nuestra opinión porque ya ha manifestado que lo importante sería un acuerdo entre los dos grandes partidos y, por tanto, parece que los demás en el ámbito educativo estamos de sobra.


No deja de sorprenderme que normalmente las mociones del Grupo Popular son muy exhaustivas, hasta la nimiedad, largas, muy elaboradas, mezclando muchas materias de manera que luego es muy difícil presentar enmiendas.
Sin embargo, a lo que nos enfrentamos hoy es exactamente a lo contrario, no hay absolutamente nada concretado. No se precisa nada, ni siquiera la dirección en la que quiere que el Gobierno impulse la política de educación en el país. Yo, antes de entrar uno a uno en los tres puntos que ustedes señalan en su moción, creo que deberían pensar en darle un poquito de tiempo a la LOE porque, desde que se aprobó la ley, no ha habido más que mociones en este sentido, con unas palabra o con otras enfrentándose directamente a la ley, cuando todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser los efectos de esta ley; ni siquiera los hemos evaluado, porque, cuando ustedes hablan de necesidad de un nuevo modelo de evaluación de los resultados educativos, no señalan qué tipo de modelo, ni en qué tiene que ser diferente a lo establecido en estos momentos. No lo han dicho, o sea que, aunque aprobemos esto, ¿qué quiere decir un nuevo modelo? Creemos que habrá que esperar a un modelo de evaluación que está dando sus primeros pasos. (Rumores.) No sé si me dice que no oye o que no quiere oír. En ese primer punto, además, hablan de asegurar la equidad. Si hay algo en el sistema educativo español por lo que destaca en todos los informes europeos es precisamente por la equidad. No habrá un gran grupo de alumnos que destaquen, pero sí hay un grupo importante de alumnos con notas medias que superan los cursos y se van preparando, y eso por encima de las posibilidades económicas de unos y otros. En el último informe europeo lo que se destaca mayoritariamente entre otras cuestiones es la equidad en el sistema. Por tanto, ese fondo para la cohesión no lo veo, aparte de que competencialmente tampoco me parece adecuado. Mejorar la situación del profesorado. Todos estamos de acuerdo, incluso es lo que debería hacer este Gobierno o cualquier otro que estuviera en su lugar. Pero adoptar medidas, ¿cuáles? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que están ustedes proponiendo? ¿Qué es lo que quiere decir en su moción? Aquí no se especifica cuáles son, absolutamente ninguna. Por último, potenciar la formación profesional, el nuevo plan de formación profesional. Esto es competencia autonómica. Otra vez estamos con el mismo espíritu de la LOCE a minar las competencias autonómicas en materia de educación. Por lo tanto, no rotundo de parte del Grupo Vasco a esta moción.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, Convergència i Unió podría compartir parte de los objetivos que en cuanto a los principios del sistema educativo se proponen en su moción. Precisamente, como ustedes recordarán, iniciamos la pasada legislatura con una interpelación al respecto, sustentada por el portavoz de mi grupo parlamentario, el señor Duran, seguida de una moción en la que se instaba al Gobierno a introducir en la entonces anunciada reforma legislativa valores a nuestro juicio necesarios, tales como la potenciación del esfuerzo individual, la necesidad global de una mayor

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exigencia al alumnado, la necesidad de motivar la labor docente, la de mejorar el clima escolar dotando de mayor autoridad a los profesores, la necesidad de buscar la complicidad y la implicación de las familias, la de potenciar la autonomía de los centros y la de destinar recursos suficientes. Lo que hicimos fue tener muy presentes estos objetivos en la tramitación de la Ley Orgánica de Educación y traducirlos en enmiendas, buena parte de las cuales de manera literal o en su filosofía conforman hoy la ley vigente y en ella nos vemos representados.


Podríamos compartir también, tal como expusimos en la reciente comparecencia de la ministra de Educación, la necesidad de intentar que nuestro sistema educativo cumpliera los objetivos de Lisboa 2010, en especial la necesidad de dar la vuelta a las todavía elevadas tasas de abandono escolar, así como la necesidad de aumentar los porcentajes de titulación de enseñanza superior y de formación profesional. Pero aquí acaban las coincidencias con el grupo proponente porque no compartimos en absoluto las recetas que en su moción se proponen para la consecución de estos objetivos. Y no las compartimos básicamente por razones de orden competencial. Ustedes en la exposición de motivos reclaman el necesario liderazgo del ministerio, un liderazgo que en el cuerpo de la moción se concreta en la articulación de la llamada estrategia nacional para la mejora de educación. Esto es algo que nosotros no podemos apoyar, porque de acuerdo con el sistema competencial que nos hemos dado, el liderazgo no es únicamente del ministerio sino que es un liderazgo compartido por las comunidades autónomas. No hay territorio gestionado por el ministerio más que Ceuta y Melilla. Son las comunidades autónomas las competentes de la gestión y de la articulación de medidas incluso legislativas en lo que no son competencias básicas. Por eso las estrategias compartidas, si se considera adecuada su necesidad, deben necesariamente adoptarse en la Conferencia Sectorial de Educación.


Tampoco compartimos las medidas particulares explicitadas en la moción. Se propone elaborar un nuevo modelo de evaluación de los resultados educativos cuando, como se ha señalado por portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, ni siquiera se ha realizado el primero de los previstos en la LOE, que precisamente, y en cuanto a primaria, se va a hacer este año. Creo que todos reclamábamos la necesidad de una mayor estabilidad del sistema educativo, y desde este punto de vista nos parece incluso temerario pedir un cambio de modelo cuando aún no ha empezado a realizarse el que aprobamos en la reciente ley. No compartimos tampoco lo que denominan vertebración del sistema y que en la interpelación lo cifraban, cómo no, en atacar el sistema de inmersión lingüística de Cataluña, ni tampoco podemos compartir la creación de un fondo para la cohesión y la calidad de la educación, porque la financiación de la educación no debe ni puede separarse de la financiación general de las comunidades autónomas, que es un tema que precisamente ahora se está tratando. Las comunidades autónomas deben tener una financiación adecuada para sostener los servicios que prestan y gestionan, los servicios, en definitiva, que les competen, y cada comunidad autónoma debe tener la capacidad para asignar en sus propios presupuestos las cantidades necesarias para impulsar sus propias políticas educativas.


En cuanto a la mejora de la situación social del profesorado, nos parece francamente pobre que ustedes únicamente propongan el refuerzo de su autoridad. Tampoco nos dicen exactamente cómo debe hacerse este refuerzo de la autoridad. Creemos que debe elaborarse un estatuto completo de la función docente, un estatuto de la carrera docente y así se nos ha anunciado que se está haciendo. Tiempo habrá de reclamar que esta norma vea la luz e incidir nosotros en su articulado.


Finalmente, y en cuanto a la formación profesional, insisto en manifestar que por lo que respecta a Cataluña la competencia estatal se ciñe a los requisitos para la titulación. Quiero recordarles que este fue un escollo importante e insalvable por el que, entre otras cuestiones, mi grupo parlamentario no apoyó en su día la Ley de Educación del Partido Popular.


Por todas estas razones, ya anuncio que no vamos a apoyar la moción que nos han presentado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Por último, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista doña Cándida Martínez.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Popular presenta una moción que nos sorprende, no porque insista en su visión negativa y hasta catastrofista de la educación española -algo habitual en su discurso-, sino porque en su mayor parte se reduce a proponer iniciativas que ya se están llevando a cabo o que han sido recientemente anunciadas en este mismo Parlamento por la señora ministra. No volveré sobre el panorama de la educación española, pero creo que por justicia con nuestro sistema educativo y, sobre todo, con los miles de profesores y profesoras que en él trabajan, sí rebatiré que los últimos informes internacionales, señoría, avalen la posición que usted hoy ha defendido desde esta tribuna. Tenemos un buen sistema educativo. Mejorable, sí, pero en el que podemos confiar y creo que merece la pena promover esa confianza en lugar de sembrar de manera permanente y machacona la desconfianza en las posibilidades que tiene nuestro sistema. Somos conscientes, señorías, de que tenemos problemas en la educación y también, y sobre todo, de que hemos de trabajar por mejorarla. Precisamente en esa dirección estamos centrando los esfuerzos desde que se aprobó la Ley Orgánica de Educación que es, sin ninguna duda, el marco estratégico en el que hemos de trabajar y desde el que hemos de impulsar el éxito escolar. Ese es el instrumento aprobado por este Parlamento para impulsar el

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éxito escolar. Pero también en ese sentido hay que situar los acuerdos recientemente alcanzados entre el ministerio y las comunidades autónomas en el marco de la conferencia sectorial. Se han pactado objetivos prioritarios para mejorar nuestro sistema educativo donde el eje central es la lucha contra el fracaso escolar y conseguir el máximo éxito escolar del alumnado. Ya hay pues, señorías, una estrategia para mejorar la calidad de nuestra educación y alcanzar los objetivos de Lisboa. Creo que en estos momentos, y tal como señalaban otros miembros de esta Cámara, es necesario sumar esfuerzos, señoría, y yo les invito a ello en lugar de gastar tiempo en inconcretas e inciertas estrategias. Además, las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular han suscrito los objetivos a los que yo me estoy refiriendo. Por eso, hay que preguntarse: ¿A qué estrategia se refiere, señoría? ¿Qué nuevos objetivos quieren plantear, distintos de aquellos que sus comunidades ya han suscrito con el Ministerio de Educación?

Propone también en su moción un conjunto de elementos a los que de manera muy breve también me voy a referir. Respecto a elaborar un nuevo modelo de evaluación, señoría, la LOE dedica un título completo a la evaluación del sistema educativo, desde el alumnado al propio profesorado y a las propias administraciones educativas. Probablemente, en su intervención de hoy a lo que se refiere es a las pruebas de diagnóstico que ya la señora ministra ha anunciado que se van a celebrar en la primavera del próximo año 2009. Por eso, no sé, señoría, si su nuevo modelo se refiere a esas pruebas o a cambiar en su conjunto la Ley Orgánica de Educación. Si lo que pretende es no cumplir la ley, no cuente con nosotros, y si lo que se quiere es cambiar o descalificar un modelo que aún no ha sido ni siquiera presentado, creemos que no es lógico y, desde luego, nada educativo que se cambie algo antes siquiera de conocerlo.


Habla también de la financiación. Creo que es necesario recordar que la ley orgánica tuvo una memoria económica, 7.000 millones de euros; y no solo eso, sino que todos los programas del ministerio están acordados con criterios de reparto a través de la Conferencia Sectorial de Educación.
Hay, pues, un acuerdo entre ministerio y comunidades autónomas.


Finalmente, sobre lo que propone en relación con el profesorado y el Plan de formación profesional. También en este caso ha anunciado ya la señora ministra que se está negociando el estatuto de la Función pública docente, que es el marco...


El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, tiene que acabar.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente, enseguida termino.


También se está elaborando el Plan de formación profesional, que se va a presentar próximamente. Poco aporta, pues, la moción del Grupo Popular a la mejora de la educación. Básicamente insta a hacer lo que ya se está haciendo y cuando hay alguna nueva propuesta se mueve en terrenos al margen de la ley o introduce elementos inciertos que, desde luego, ni saben ni proponen ni dicen a dónde conducen.


El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, tiene que acabar.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Por todo ello, votaremos en contra de esta moción.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.


Señor Gómez Trinidad, ¿hay alguna enmienda o parte de ella que acepte?

El señor GÓMEZ TRINIDAD: Acepto, como he dicho antes, la enmienda de UPyD.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGENCIA I UNIÓ), PARA EL INCREMENTO Y LA UNIVERSALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES FAMILIARES DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR HIJO A CARGO. (Número de expediente 122/000008.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar las votaciones.


Primer punto que se pasa a votación: proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para el incremento y la universalización de prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 277; en contra, cuatro; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Varios señores diputados hacen su entrada en el hemiciclo.-Rumores.) Los servicios de la Cámara deben cuidar que cuando se inicia la votación las puertas se encuentren cerradas. (Aplausos.) Tengan la bondad de cerrar las puertas.


DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
(Número de expediente 122/000040.)

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El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre financiación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, nueve; en contra, 160; abstenciones, 156.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. FERNÁNDEZ DAVILA), RELATIVA A LA NECESIDAD DE APLICAR LOS COEFICIENTES REDUCTORES DE LA EDAD DE JUBILACIÓN A LAS REDERAS, COLECTIVO DE TRABAJADORAS DEDICADAS A LA LABOR DE ATAR, MANTENER Y REPARAR REDES. (Número de expediente 162/000015.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación a las rederas, colectivo de trabajadoras dedicadas a la labor de atar, mantener y reparar redes.
Se vota en los términos en que ha sido propuesta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 326.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA CONVENIENCIA DE INSTALAR OBLIGATORIAMENTE ETILÓMETROS DE INTERRUPCIÓN DEL ENCENDIDO O ALCOLOCK EN LOS VEHÍCULOS DEDICADOS AL TRANSPORTE ESCOLAR. (Número de expediente 162/000135.)

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conveniencia de instalar obligatoriamente etilómetros de interrupción del encendido o alcolock en los vehículos dedicados al transporte escolar. Esta proposición no de ley se pasa a votación en los términos de la enmienda transaccional que han suscritos todos los grupos parlamentarios.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 326.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO TIENE PREVISTO DESARROLLAR PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS Y LA MOVILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.
(Número de expediente 173/000023.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las medidas que el Gobierno tiene previsto desarrollar para la protección de las personas desempleadas y la movilización de los servicios públicos de empleo. Esta moción se vota con la incorporación aceptada de la enmienda del Grupo Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 325; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA), SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A NEGOCIAR CON LA XUNTA DE GALICIA LA TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA LA CREACIÓN DE SERVICIOS FERROVIARIOS DE CERCANÍAS GESTIONADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. (Número de expediente 173/000024.)

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre la disposición del Ministerio de Administraciones Públicas a negociar con la Xunta de Galicia la transferencia de infraestructura ferroviaria para la creación de servicios ferroviarios de cercanías gestionados por la comunidad

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autónoma. Esta moción se vota en los términos de la enmienda transaccional que ha sido suscrita por todos los grupos parlamentarios.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 326.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A IMPULSAR LA ENAJENACIÓN DE ANTIGUOS EQUIPAMIENTOS MILITARES EN EL CONJUNTO DEL TERRITORIO DEL ESTADO QUE HAN DEJANDO DE TENER SU FUNCIÓN PARA LA DEFENSA. (Número de expediente 173/000025.)

El señor PRESIDENTE: A continuación votamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las previsiones del Gobierno en orden a impulsar la enajenación de antiguos equipamientos militares en el conjunto del territorio del Estado que han dejando de tener su función para la defensa. Se pasan a votación, por haberlo solicitado así, los puntos uno y dos de manera conjunta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 325; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Pasamos a votar a continuación el resto de la moción, el tercer punto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 26; en contra, 297; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS POLÍTICAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO PARA ALCANZAR UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD Y EXCELENCIA. (Número de expediente 173/000026.)

El señor PRESIDENTE: Por último, pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas políticas que adoptará el Gobierno para alcanzar un sistema educativo de calidad y excelencia, entendiéndose que se pasa a votación el texto de la moción del Grupo Popular incorporando la enmienda presentada por el Grupo Mixto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 143; en contra, 183.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.


Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.

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