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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 30, de 25/09/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2008 IX Legislatura Núm. 30
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 27 celebrada el jueves 25 de septiembre de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2007

- INFORME del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2007. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 14, de 16 de junio de 2008. (Número expediente 260/000001.)... (Página 2)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2007.... (Página 2)

El señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog) expone a la Cámara un resumen del informe relativo a la gestión realizada durante el ejercicio 2007 por parte de la institución del Defensor del Pueblo.


Intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se levanta la sesión a las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2007.


- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2007. (Número de expediente 260/000001.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión para examinar el punto VI del orden del día, consistente en la exposición por parte del señor Defensor del Pueblo de un resumen de su informe relativo a la gestión realizada durante el ejercicio 2007. Para este menester damos la bienvenida a don Enrique Múgica y también la palabra.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la semana pasada, al presentar el informe de actividad correspondiente al año 2007 ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, mencionaba la celebración en ese ejercicio del 25º aniversario de la actividad de esta institución constitucional. Lo hacía así no tanto para presumir de pasado, como para señalar un estímulo innegable que nos impulsa, cada día con más convicción, a lograr en el futuro el objetivo que nos asigna la Constitución y el ordenamiento vigente.


Es cierto que durante el pasado cuarto de siglo la labor del Alto Comisionado para la defensa de los derechos fundamentales, que la Constitución establece, ha estado marcada por una significativa independencia de actuación, se ha buscado incansablemente la eficacia práctica y se ha logrado un modus operandi seguro y riguroso. Con ello se ha generado una dinámica de innegable respeto por parte de la ciudadanía y también por parte de los demás organismos e instituciones que configuran nuestro Estado de derecho. Esas muestras de respeto también nos hacen más exigentes con nuestra propia labor cotidiana y nos mueven a buscar en cada queja que se nos plantea y en cada ocasión que se nos ofrece un motivo nuevo para mantener y, si es posible, acrecentar esa consideración positiva. Todo expediente gestionado por la institución, cualquiera que sea la decisión final que se adopte, al margen de su acierto gubernamental o de los resultados conseguidos, se trata con el mismo rigor y el mismo celo. Ese cuidado en el análisis y en el tratamiento de nuestras competencias son sin duda alguna nuestro más importante activo institucional.


Dentro de esa actitud general de cuidado en el tratamiento de los asuntos que se nos encomiendan, cabe considerar precisamente, señorías, los muy amplios y detallados contenidos del informe correspondiente a la actividad del Defensor del Pueblo durante el ejercicio 2007. Este acto de presentación del informe anual de gestión trata de ofrecer una perspectiva totalizadora y, al mismo tiempo, resumida casi telegráficamente del contenido del mismo. El informe ocupa 624 páginas de apretada escritura en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Como antes he comentado, trataré de ofrecer una panorámica completa, aunque inevitablemente selectiva, de su contenido. A continuación, según está previsto, me ausentaré del hemiciclo no por descortesía, como es lógico, sino para permitir que SS.SS. tengan la posibilidad de realizar sin la menor interferencia los comentarios que estimen oportunos sobre la actividad del Defensor del Pueblo durante el ejercicio 2007. Así lo prescribe la norma reglamentaria.


Comenzaré, como es habitual, por los principales datos estadísticos que, desde el punto de vista cuantitativo, concretan el soporte numérico de la actividad del defensor durante el año pasado. En primer lugar, el total de expedientes de queja abiertos por la institución en ese periodo alcanzó la cifra de 17.373; en ellos se incluyen las quejas individuales, las colectivas y las investigaciones de oficio. Esos expedientes respaldan la petición de 38.738 ciudadanos, que fueron oportunamente atendidos por nuestros diferentes servicios. Puede afirmarse que con esa cifra se recupera una cierta normalidad en el flujo de quejas que los ciudadanos dirigen al Defensor

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del Pueblo. En el ejercicio anterior, en el año 2006, ese total había sido anormalmente alto, debido sobre todo a la movilización de personas afectadas por determinados escándalos financieros con repercusión en todo el ámbito nacional, lo que se reflejó de forma notoria en la cifra de quejas colectivas recibidas y en el total de ciudadanos atendidos.


Llama especialmente la atención el elevado número de las investigaciones de oficio. Se gestionaron 262 quejas de oficio, cuando en años precedentes se habían gestionado solo 142, lo que representa un incremento de casi un 85 por ciento. Dicho así, puede parecer excesivo subrayar este hecho. En definitiva, un aumento parcial de 120 expedientes en un total de más de 17.000 no merecería la atención del profano en la materia. Sin embargo, la realidad es bien distinta por cuanto que este tipo de quejas exige una investigación más compleja y laboriosa que la habitual, tanto por el objeto de la misma como por la carencia de datos iniciales que suelen aportar los reclamantes en las otras quejas, y también por el elevado número de personas que suelen verse afectadas por estos expedientes de oficio. Unos ejemplos que, entre esos 262 casos, cuya relación completa figura en el texto, pueden aclarar más lo que quiero decir. Repárese en la dificultad que eso entraña en los casos siguientes. La investigación iniciada ante el Ministerio de Sanidad y Consumo y el de Industria, Turismo y Comercio en previsión de la esperada subida de los servicios en los operadores de telefonía móvil por efecto de la entrada en vigor de la Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios prohibiendo el redondeo de las tarifas, o la investigación seguida ante la Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento por la deficiencia informática y la atención al cliente en el servicio de cercanías de Renfe en Barcelona, o la petición dirigida a la Vicepresidencia Primera del Gobierno acerca de la posibilidad de que el personal estatutario de los servicios de salud se acogiera a la situación de jubilación parcial o, por último, las actuaciones relacionadas con diversos aspectos que afectan a la seguridad en el transporte aéreo, de tan reciente y desdichada actualidad. En definitiva, estas quejas de oficio se caracterizan, por lo general, porque afectan a cuestiones de mayor complejidad técnico-jurídica respecto a las quejas investigadas a instancia de parte. Como bien comprenderán SS.SS., para adoptar la decisión de iniciar cada una de estas investigaciones de oficio se valoran previamente todos los indicios de los que es posible disponer. Estos indicios se obtienen bien de los datos proporcionados por otras indicaciones anteriores o bien de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación. Confirmada la oportunidad de promover la investigación de oficio, se pone en marcha el mecanismo habitual de tramitación de quejas, sin esperar a que sean los ciudadanos afectados quienes se dirijan a la institución.


Las resoluciones dirigidas a las administraciones como consecuencia de los expedientes gestionados alcanzaron unos totales de 150 recomendaciones, 204 sugerencias, 108 recordatorios de deberes legales y una advertencia.
Como saben SS.SS., la recomendación indica al organismo destinatario la conveniencia de adoptar, revocar, anular o modificar los criterios de aplicación de alguna medida de carácter general tomada por la Administración correspondiente. La sugerencia es una indicación en igual sentido, pero respecto de una medida de carácter concreto limitada a una situación que afecta a una circunstancia personalizada. El recordatorio de deberes legales no precisa de mayor aclaración complementaria. Y la advertencia plantea la existencia de una situación que precisa ser modificada por no ajustarse al sentido explícito de alguna norma. Sobre tales resoluciones se han recibido respuesta de distintas administraciones, admitiéndose 107 recomendaciones y 110 sugerencias, lo que muestra un alto nivel de influencia en las decisiones correspondientes.


A continuación, señorías, debo referirme al contenido del capítulo del informe dedicado a lo que llamamos administraciones incumplidoras, aquellas que han descuidado el deber de responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo en el curso de las investigaciones llevadas a cabo. Como ya conocen SS.SS., el hecho de destacar en el informe anual de actividad aquellas actitudes menos colaboradoras, o incluso entorpecedoras, es el mejor instrumento de persuasión de que dispone la institución cuando se quiere evitar el acudir a la vía jurídico-penal, lo que suele resultar poco práctico teniendo en cuenta las lógicas características garantistas de tales procesos. Por ello, señorías, no nos duelen prendas a la hora de mencionar los casos más notorios de incumplimiento y de incluir en el informe la lista completa de los mismos. El camino a la transparencia y a la información abierta nos sigue pareciendo el medio más eficaz y ejemplarizante para conseguir los objetivos asignados al Defensor del Pueblo en pro de la convivencia democrática. En esta lista de incumplimientos que contiene el informe aparecen, por un lado, los detalles concretos de las administraciones repetidamente entorpecedoras de la labor del Defensor del Pueblo y, por otro, los casos de requerimiento no atendidos adecuadamente en el año 2007 tras haberse efectuado una tercera petición. Asimismo, se incluyen las administraciones poco diligentes que se justificaron por razones de trabajo, pero solo después de que se les concediera una tercera oportunidad perentoria para hacerlo. Por no cansar la atención de SS.SS., mencionaré tan solo las administraciones más pertinaces en el incumplimiento. La Administración General del Estado tiene tres dependencias afectadas: la Dirección General de Aviación Civil y la Demarcación de Carreteras del Estado en Málaga, ambas en la órbita del Ministerio de Fomento, y la Dirección General de Tráfico, del Ministerio del Interior. En la Administración autonómica se encuentran también en esa situación la Agencia Andaluza del Agua; la sociedad anónima Viviendas del Principado de Asturias; la Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Consejería de Vivienda, ambas

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de la Comunidad de Madrid; y la Consejería Valenciana de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. En cuanto a la Administración local, se hallan incursos en incumplimiento continuado hasta 34 ayuntamientos, entre ellos los de las capitales provinciales de Burgos, Cáceres, Castellón de la Plana, Ciudad Real y Oviedo.


Por lo que a las relaciones institucionales se refiere, señorías, resulta oportuno destacar la labor de coordinación con los comisionados autonómicos, la actividad de difusión institucional y las tareas de cooperación internacional. En cuanto a las relaciones con los comisionados o defensores autonómicos, se ha continuado la línea ya seguida desde un principio de reforzamiento de la colaboración y de la multiplicación de contactos para facilitar una acción coordinada lo más ágil posible. En lo que respecta a la división institucional, en el texto del informe pueden encontrar, señorías, un extenso conjunto de actividades de las que me limitaré a señalar solo dos: una ya consolidada, que gira en torno a la Federación Iberoamericana de Ombudsman, llamada FIO, de la que en el año 2007 tuve el honor de completar el segundo año de presidencia; y otra en ciernes pero que promete un futuro esperanzador, como es la Red Mediterránea de Defensores del Pueblo, de la que se celebró un primer encuentro que fructificó en la Declaración de Rabat.


Ya en el terreno de la supervisión de la actividad de las distintas administraciones públicas, tan solo señalaré a SS.SS. algunos aspectos que me parecen especialmente significativos siguiendo el índice de materias, sin dejar de insistir en que cada caso concreto de los que contiene el texto tiene características propias que merecen un detallado análisis que supera, sin embargo, el formato de esta comparecencia. Como en otras ocasiones, el primer grupo de asuntos a que voy a referirme está ligado a la supervisión de la Administración de Justicia. El lento proceso de modernización de las estructuras administrativas que sostienen la organización judicial en España causa múltiples perjuicios personales a los ciudadanos desde hace ya demasiado tiempo, con lo que va calando en la sociedad una opinión negativa sobre el funcionamiento de los órganos judiciales. Se trata de una opinión que responde a la idea generalizada de que los procesos no se desarrollan con la celeridad prevista en las leyes y de que existen demasiados vericuetos jurídicos que favorecen las dilaciones indebidas en los procedimientos. Afortunadamente, junto a un número preocupante de órganos y tribunales afectados por esas características de lentitud y retraso, hay que señalar también que cada año que pasa aumentan las experiencias y planes judiciales que, gracias a la profesionalidad y esfuerzo de sus responsables, ofrecen respuesta adecuada a las pretensiones y demandas de los ciudadanos. Así, por ejemplo, se han comprobado ciertos progresos y una mejora relativa de la situación en el Tribunal Supremo, en particular, por la menor incidencia de retrasos en su Sala primera tras la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia, que incluía, entre otras medidas, el aumento temporal de plantilla de letrados, y también en la Sala tercera, donde parecen haber dado fruto los planes de refuerzo previsto. En relación con el tratamiento en sede judicial de la violencia doméstica, se ha llevado a cabo un estudio como consecuencia de las quejas recibidas sobre la dotación de recursos humanos y materiales disponibles en los órganos judiciales especializados. En esa misma materia nos cabe la satisfacción de haber colaborado en los trabajos para la puesta en funcionamiento del Fondo de garantía del pago de alimentos, contemplado en la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Asunto recurrente y de gran transcendencia para los derechos de los ciudadanos que se manifiestan en una corriente de quejas considerable es el de las deficiencias en la actividad de los registros civiles, tanto en el registro central como en los municipios y en los registros consulares.
Entre las investigaciones llevadas a cabo destacan por su amplitud y duración las carencias denunciadas en los registros civiles de Guadalajara y Puerto del Rosario y en el registro del consulado general de La Habana.


En cuanto a la supervisión de centros penitenciarios, el Defensor del Pueblo presta una especial atención a las denuncias y a las comunicaciones que dirigen los internos en prisión y sus familiares.
Además de las periódicas visitas a los centros penitenciarios, las principales investigaciones durante 2007 han tenido por objeto las denuncias de malos tratos en prisión, los fallecimientos por suicidio y otras causas, el tratamiento prestado a los presos con enfermedades en estado terminal, la atención a internos drogodependientes, los problemas planteados por mujeres internas con niños menores en prisión o las condiciones higiénico sanitarias de los centros. En particular, sobre las quejas por malos tratos, quiero destacar la positiva actitud mostrada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que en el año 2007 comunicó al Defensor del Pueblo la aceptación íntegra de una recomendación formulada el año anterior para que estas denuncias fueran comprobadas por personal ajeno al centro penitenciario para así salvaguardar la imparcialidad necesaria.


Un aspecto significativo en el ámbito de la seguridad ciudadana se refiere a los retrasos y dificultades para la tramitación y expedición del documento nacional de identidad y del pasaporte, a causa de la insuficiencia de medios con que cuentan las oficinas responsables, por un lado, y a una cierta imprevisión ante la novedosa introducción del documento electrónico, por otro. Hacia finales del año 2007 la Administración informó de la decisión de implantar el sistema de cita previa para tratar de aliviar el problema, de acuerdo con lo recomendado por el Defensor del Pueblo.


Las cuestiones migratorias comprenden dos grandes bloques temáticos. Por un lado, las actuaciones llevadas a cabo en relación con la atención prestada en los supuestos de entrada irregular en España y, de otro, la disfunción observada en los procesos de documentación de los inmigrantes.
Las actuaciones de la institución en el primer caso tienen como finalidad la supervisión del

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funcionamiento de los centros de asistencia primaria al inmigrante, de los centros temporales de internamiento, de las dificultades comprobadas en la admisión de personas en la frontera y otras cuestiones vinculadas con lo que podríamos llamar la primera línea de organización del flujo migratorio. A este respecto señalaré, como botón de muestra, tan solo dos de los muchos aspectos detallados en el informe. En primer lugar, la preocupación que suscita el incremento de actuaciones del control migratorio fuera del territorio nacional y en alta mar. Sus señorías recuerdan seguramente la interceptación de un barco en aguas internacionales cuyo pasaje fue desembarcado en territorio de Mauritania, donde permaneció custodiado en parte por miembros de los cuerpos de seguridad españoles. Este tipo de intervenciones, fundamentalmente de carácter humanitario, necesitan de suficiente cobertura, no solo en cuanto al marco jurídico internacional de aplicación, sino también respecto al aseguramiento de las garantías de los ciudadanos extranjeros afectados y a la definición de las condiciones en que realizan su trabajo los propios agentes españoles. En segundo lugar, quiero mencionar las actuaciones de supervisión llevadas a cabo en las islas Canarias para conocer con detalle el funcionamiento y los recursos de que se dispone en los centros de acogida allí situados. Debe mantenerse la vigilancia, especialmente sobre el estado de los centros destinados a acoger a menores extranjeros que han llegado de forma irregular a las islas, tanto en los denominados dispositivos de emergencia como en los centros ordinarios.


El otro gran bloque de problemas que suscita la inmigración es el de la gestión de las autorizaciones de residencia y demás trámites que acreditan una estancia regular en España. La principal conclusión que ofrece el informe es la de que todavía no se habían superado en el año 2007 las dificultades de coordinación entre las distintas oficinas que gestionan las solicitudes, bien de visado en el exterior, bien de autorización de residencia en el propio territorio nacional. A esta situación de ausencia de una coordinación material efectiva se suma ahora el factor de complejidad que puede generar una posible asunción parcial de funciones por algunas comunidades autónomas en la gestión migratoria, en concreto la tramitación y resolución de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena. Como tuvimos ocasión de exponer en comparecencia ante la subcomisión parlamentaria sobre políticas de inmigración, convendría estudiar la posibilidad de crear un organismo que coordine la actividad de las distintas administraciones dentro de una adecuada planificación temporal.


Entre los asuntos concernientes a las administraciones educativas debe destacarse la incidencia de las quejas que plantean conflictos o disfunciones en la educación infantil, y muy en concreto en el primer ciclo no obligatorio. La escolarización muy temprana, característica de la sociedad actual, se encuentra vinculada a las necesidades generadas por la conciliación de la vida laboral y familiar. En consecuencia, se considera que las administraciones deben asumir la responsabilidad de facilitar esa conciliación. Las quejas recibidas sobre esta materia también insisten en la necesidad de contar con personal cualificado para la atención educativa y terapéutica de niños con deficiencias entre 0 y 3 años. Durante el año 2007 se llevó a cabo una amplia investigación para conocer cómo se atendía esta necesidad por parte de las administraciones autonómicas competentes en la gestión educativa, y se recogió la información correspondiente. Así pudimos comprobar que mientras que en algunos territorios, por ejemplo, se han previsto programas de actuación sanitaria y educativa de manera conjunta para atender adecuadamente los casos de niños con enfermedades crónicas, en otros se aprecia una cierta tendencia a delegar en los propios padres la especial atención que estos alumnos requieren.


Asimismo destacan varios grupos de quejas sobre el acceso a la universidad. Puede destacarse en este sentido el desacuerdo de varios ciudadanos ante el hecho de que alumnos procedentes de otros Estados de la Unión Europea accedan a la universidad sin superar la prueba exigida a nuestros estudiantes, cuando además algunos de estos sistemas educativos extranjeros parece que poseen un nivel de exigencia académica notoriamente inferior en los cursos preuniversitarios.


Otro grupo de quejas se refería a cierta dificultad en la obtención de los beneficios previstos para el acceso a la enseñanza universitaria de personas con discapacidad; en concreto, a la exención del pago de las tasas, que no se aplicaba a las segundas y posteriores matriculaciones.


Otro grupo destacado de quejas es el que se refiere a la demora en la gestión y tramitación de numerosas solicitudes, más de 10.000 para el reconocimiento de la titulación en psicología clínica, una cuestión que afecta a muchos profesionales en el campo de la salud mental por la indeterminación en los efectos del título que les habilita para llevar a cabo su trabajo.


La primera causa que motiva las manifestaciones de queja de los ciudadanos en materia de sanidad sigue siendo la demora que se produce en los servicios de atención primaria y especializada. En este sentido es preciso aludir a una creciente insatisfacción de los ciudadanos en lo que se refiere a la atención recibida, una insatisfacción producida por diversas causas como las listas de espera, la insuficiencia de plazas hospitalarias o la falta de personal titular en muchos centros sanitarios, pero que en conjunto ofrece una señal de alerta sobre el deterioro de la infraestructura pública sanitaria. Con diversos matices coyunturales y estratégicos es importante dar cuenta de la preocupación que expresan muchas de las quejas ante lo que se manifiesta como un proceso creciente de externalización o privatización de las funciones propias del sistema público español de salud, cuya excelencia ha sido siempre reconocida al compararse con otros sistemas foráneos.


En relación con las políticas sociales, el informe del año 2007 recoge el inicio de una investigación de oficio

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que nos permitirá conocer el alcance de las decisiones efectivamente adoptadas por las distintas administraciones acerca del desarrollo de la Ley de Dependencia. Se trata de una norma cuya finalidad todo el mundo aplaude y desea, sin embargo sus dificultades de aplicación están comenzando a generar un notable número de quejas ciudadanas por la diversidad de problemas que plantea y que exige una actitud diligente y cooperadora por parte de las distintas administraciones competentes.
Entre esos problemas puede señalarse el elevado coste de las prestaciones previstas, la avanzada edad de la mayoría de los beneficiarios, las dificultades de coordinación de los recursos sanitarios y sociales en las distintas esferas administrativas, la escasez de plazas residenciales y la falta de personal evaluador especializado.


Las quejas en el ámbito de la Seguridad Social planteaban la disconformidad con los criterios empleados para el cálculo de las pensiones con la no inclusión de determinados periodos, como el dedicado al extinto servicio militar obligatorio, en los historiales de la vida laboral utilizados para ese cálculo. La Ley 40/2007, de reforma parcial de la Ley de la Seguridad Social vino a recoger entre otras propuestas relativas a la viudedad y a las uniones de hecho algunos de los planteamientos que durante mucho tiempo ha mantenido esta institución.


Por otro lado, respecto a las precisiones por incapacidad permanente, continúan recibiéndose quejas por disconformidad con las resoluciones de los equipos de valoración de incapacidades, ya sea por el grado de discapacidad conocido o por la no consideración de una determinada enfermedad como discapacitante.


En un ámbito muy distinto, la gestión y liquidación de los impuestos y tributos está en el origen de un número elevado de quejas. En ellas, por lo general, los ciudadanos consideran que los procedimientos seguidos, regulados por una normativa sujeta a constantes modificaciones, no se ajusta al principio de proporcionalidad o que se producen errores no reconocidos o no corregidos a tiempo por la Administración tributaria.


Una conclusión instrumental, pero de gran importancia práctica, que puede extraerse de las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2007 en esta materia consiste en que la introducción de la moderna tecnología al servicio de la gestión tributaria no tiene suficientemente en cuenta el nivel medio de conocimiento de los medios telemáticos por los contribuyentes. Así se puso de relieve en el caso de las liquidaciones del impuesto especial sobre determinados medios de transporte, en el que se mostraron las dificultades de muchos transportistas para cumplir sus obligaciones fiscales por desconocimiento de la gestión informática del impuesto. Ello demuestra, señorías, que las innovaciones tecnológicas, a parte de las evidentes ventajas, tienen ciertos inconvenientes que deberían tenerse en cuenta al emprender el camino, por otra parte imprescindible, de la modernización de la infraestructura administrativa.
El respeto debido a quienes aún no conocen las tecnologías de la información, como yo, exige un cierto grado de tolerancia en este aspecto. Dejo apuntada esta breve idea a los meros efectos de destacar la aparición y persistencia de muchas lagunas en relación con el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías, algo que las administraciones deben tener presente a la hora de acometer los necesarios planes de modernización.


En otros campos de la actividad económica, el informe del año 2007 destaca un asunto que dio pie a una intervención ante el Banco de España con objeto de facilitar las operaciones entre las entidades de crédito y los usuarios. Tras el estudio de algunos informes facilitados por la autoridad bancaria española, el Defensor del Pueblo se vio en la necesidad de sugerir la mejora de los instrumentos de control de la actividad de la banca comercial porque, más allá de la supervisión financiera, se considera preciso vigilar los mecanismos que permiten conocer el grado de cumplimiento de las normas que regulan con carácter general los vínculos contractuales entre las entidades y los ciudadanos, muy particularmente en lo que afecta, por ejemplo, al cobro de comisiones indebidas, a la utilización y abuso de medios electrónicos de pago o a la gestión ordinaria de apuntes y cuentas. También en 2007 ha continuado la actuación dirigida a lograr una mejor ordenación de las entidades dedicadas a lo que se conoce como unificación o agrupación de deudas. La coyuntura difícil que atraviesa nuestro país a consecuencia de un cambio brusco del ciclo económico, después de una década expansiva en la que se alcanzó un récord histórico de endeudamiento de las familias, debe impulsar a los poderes públicos a evitar un perjuicio añadido a las economías más débiles. En esa dirección, se planteó la urgencia de regular adecuadamente el funcionamiento de las entidades que a menudo ofrecen soluciones dudosas en los casos de multiplicación de deudas en las familias. Un planteamiento que finalmente se ha visto acogido al iniciarse la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley incluido el pasado mes de julio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


Un capítulo del informe que adquiere importancia año tras año es el dedicado a la ordenación del territorio, que abarca las actuaciones en materia de medio ambiente, urbanismo y vivienda. El medio ambiente es uno de los sectores de actividad administrativa sobre el que se formulan cada vez más quejas, por varias razones. Por un lado, como ya he destacado en otras ocasiones, es cierto que existe una mayor conciencia ciudadana acerca de la vulnerabilidad de nuestro medio ambiente, la escasez de los recursos hídricos y los peligros que supone el proceso de cambio climático que, de acuerdo con casi todas las informaciones e inicios científicos se viene acelerando a escala global en los últimos años. Por otro lado, la multiplicación de la normativa sectorial en todos los territorios del Estado por el condicionamiento al marco jurídico europeo y la evolución de los distintos planes de protección medioambiental generan una creciente

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complejidad administrativa. Una complejidad a la que los ciudadanos deben enfrentarse cuando desean preservar sus intereses particulares o bien hacer valer la protección del medio ambiente en riesgo de deterioro. Las quejas más habituales plantean problemas en la tramitación e informe de evaluación de impacto ambiental, en la insuficiencia de medidas para atajar la contaminación acústica, especialmente la producida en centros urbanos y como consecuencia de grandes infraestructuras o en las carencias relacionadas con los planes y programas de protección de los espacios naturales.


Para ir terminando, voy a mencionar algunas quejas relativas a la situación de las personas que sirven en la función pública. Del año 2007 debe ser destacada la aprobación del Estatuto básico del empleado público. Este instrumento jurídico, como bien conocen SS.SS., pretende, entre otros fines, armonizar las condiciones de trabajo en el sector público que apuntan diferencias notables entre las distintas administraciones y que son objeto de queja por parte de quienes se consideran agraviados por ese trato desigual. La nueva norma acoge además algunas de las propuestas que ha venido haciendo el Defensor del Pueblo en los últimos años, algo que, como es natural, nos produce una lógica complacencia. Entre esas cuestiones destacan la progresiva equiparación en la medida de lo posible de las condiciones laborales entre los funcionarios interinos y los funcionarios de carrera, así como una modificación esperada desde hace mucho tiempo consistente en la flexibilización del requisito de residencia del funcionario en el mismo municipio en el que presta sus servicios y la manifiesta preocupación del legislador por hacer cumplir los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. El principio de igualdad entre hombres y mujeres ha inspirado también alguna de las resoluciones adoptadas durante el año 2007 en relación con determinados sectores de empleados públicos. En el ámbito de las instituciones penitenciarias, por ejemplo, se han equiparado las escalas femenina y masculina, integrándolas en un mismo cuerpo funcionarial. De igual manera, para las Fuerzas Armadas se han ido cumpliendo las previsiones de equiparación sobre permisos por parto, adopción o acogimiento y las reducciones de jornada para atender a hijos prematuros u hospitalizados.
También merecen destacarse las modificaciones en el régimen disciplinario de los agentes de la Guardia Civil entre las que cabe subrayar la supresión del arresto como sanción y el reconocimiento expreso de los derechos de asociación y manifestación.


Concluyo, señorías. Después de 25 años de actividad institucional continuada y teniendo en cuenta el grado de aceptación conseguido, se puede afirmar que la institución ha alcanzado en nuestro país y fuera de él una consolidación envidiable, sin que ello nos produzca un conformismo autocomplaciente y vano. La propia Ley orgánica reguladora del Defensor del Pueblo y su marco normativo son, desde hace tiempo y sin afán de exageración, referencias internacionales importantes en el ámbito de los Ombudsman o defensores del pueblo. Su estructura ha servido y sigue sirviendo como modelo en otros países gracias a la definición del ámbito material de atribuciones, a su naturaleza como institución nacional y garantía de los derechos y libertades fundamentales y a su papel coadyuvante en la defensa del orden constitucional. Referiré solo un caso concreto. Recientemente, el Parlamento francés, en sus dos cámaras, aprobó llevar a cabo en Versalles una reforma constitucional en la cual el Médiateur de la République, que había sido elegido hasta entonces estrictamente por el presidente de la República, cambiaba su nombre por el de Défenseur des Droits, defensor de los derechos, y era elegido por mayoría cualificada de ambas cámaras en el Parlamento, a semejanza e igualdad de lo que es el Defensor. Hemos colaborado activamente yendo a la Comisión de las Leyes del Senado francés a informar sobre la actuación del Defensor del Pueblo, sobre las normas que le rigen, las estructuras organizativas del mismo, y previamente les hemos enviado la documentación que constantemente nos han solicitado. Ahora bien, aunque todo ello nos satisfaga, no debe apagar en nosotros las ansias de mejora y revisión constante de los fundamentos de nuestra actividad, con el objeto último de continuar superando las condiciones que permitan seguir ejerciendo la tarea de defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos.


Como antes dije, señorías, a continuación me ausentaré del hemiciclo, con permiso de la Presidencia, para posibilitar el comienzo de las deliberaciones, según contemplan las normas de la Cámara.


Muchas gracias a todos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo, por su presencia y por su intervención. Como él mismo ha recordado, la normativa reglamentaria exige que las deliberaciones se produzcan en su ausencia.
Le agradezco de nuevo su presencia. A continuación, iniciaremos las deliberaciones, no sin antes acompañar a su señoría. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, pasamos al turno de intervención de los grupos parlamentarios. Iniciamos ese turno con el Grupo Parlamentario Mixto. En su nombre tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Intervengo brevemente para destacar dos cosas. En primer lugar, esta diputada quiere agradecer y respaldar en esta intervención parlamentaria la información prolija, exacta y extensa, no solo vertida en el informe sino en la intervención del señor Defensor del Pueblo. En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre una cuestión que no debía de ser notoria pero que, dada la situación por la que atraviesa nuestro país, me parece destacable. Es muy notable y muy de agradecer -lo es para

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esta diputada- la fidelidad que ha mantenido la institución del Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo que hoy nos ha hablado a su mandato constitucional y a su tarea encomendada. No solo ha trabajado en todos los frentes, si se me permite la expresión, sino que ha mantenido una actitud de notable y loable independencia de la institución que dirige, lo que acredita a la institución y al propio Defensor del Pueblo. En un momento en el que estamos viendo permanente y continuamente, a través de los medios de comunicación pero también por algunas de las decisiones que se han ido tomando en esta propia Cámara, cómo la autonomía entre poderes brilla por su ausencia, lo que termina demostrando una debilidad en nuestro propio sistema democrático, es muy notable, muy de agradecer y digno de aplauso por parte de esta diputada que el Defensor del Pueblo y la institución del Defensor del Pueblo hayan mantenido siempre y en todo momento, aun en los momentos delicados por los que se ha atravesado, que a nadie se le ocultan, su independencia respecto del resto de los poderes. Esto acredita a la institución y acredita al Defensor del Pueblo.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Díez.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, vivimos una época de sociedades de consumo, miedo en la política y retroceso en los derechos constitucionales. En ese sentido, los informes que año a año nos presenta el Defensor del Pueblo -y este último también-, en nuestra opinión, son repetitivos. La novedad es el incremento de investigaciones de oficio en el año 2007. La cuestión esencial es si el Defensor del Pueblo se ha consolidado en nuestro país o estamos ya ante el estancamiento de la figura de la defensoría del pueblo. Más que un análisis de trabajo dinámico y eficaz respecto a la defensa de los derechos de los ciudadanos, el informe del Defensor del Pueblo viene siendo una relación de problemas que padecen los ciudadanos, sin hacer un verdadero análisis del porqué y sin aportar soluciones al respecto. Quizá por eso se repiten de manera reiterada. Parece que la institución se ha convertido en un mero buzón de quejas o de sugerencias cuyo destino es engordar las estadísticas o, lo que es peor, convertir al Defensor del Pueblo en un defensor del consumidor en la sociedad de consumo y no un defensor de los derechos constitucionales. En nuestra opinión es necesaria más propuesta, más acción, más autocrítica y menos complacencia con la actuación de las administraciones públicas por parte de la defensoría del pueblo. Por otro lado, continúa -aunque no se ha llevado a cabo ningún recurso de inconstitucionalidad- la imagen de politización del Defensor del Pueblo, es decir, burocratización y politización del Defensor del Pueblo que niegan, en nuestra opinión, la necesaria independencia de la institución. Lo cierto es que necesitamos revitalizar y relanzar el Defensor del Pueblo dentro de nuestro esquema constitucional. Necesitamos reformar y actualizar el papel de la institución en relación fundamentalmente a los ciudadanos y no la politización ni la subordinación al Gobierno del Defensor del Pueblo.


Respecto a cuestiones concretas de su informe de 2007, mi grupo parlamentario quiere abordar una serie de puntos. En primer lugar, lo relativo a los centros penitenciarios. Destaca el Defensor del Pueblo el nuevo récord de población reclusa: 67.357 personas en centros penitenciarios en 2007. En 2008 sigue creciendo sin parar, y nos sitúa a la cabeza de la Unión Europea en número de reclusos. Lo que se destaca año a año por parte del Defensor del Pueblo es la masificación de los centros penitenciarios y, con ello, la restricción de los derechos de los reclusos y la necesidad de reformar o construir nuevos centros carcelarios. Pero el Defensor del Pueblo olvida una cuestión, en nuestra opinión, trascendental. El problema de la masificación ha sido las sucesivas reformas del Código Penal. La solución, pues, no es crear más centros penitenciarios ni más operaciones urbanísticas. La solución es, en nuestra opinión, abordar el Código Penal. La solución está en un modelo de política criminal -que han fijado gobiernos anteriores y el Gobierno actual- basado en las reformas penales del populismo punitivo, en el fracaso de la traslación política y práctica del artículo 25 de la Constitución española sobre los fines de las penas privativas de libertad en relación a la reinserción, y también en la reforma sobre la prisión provisional que introdujo el Partido Popular y que el Partido Socialista no ha reformado. Pero el Defensor del Pueblo solamente se fija en la habitabilidad de las cárceles y no en la plétora carcelaria que nos sitúa a la cabeza de Europa y muy cerca de Estados Unidos.


En segundo lugar, el tratamiento psiquiátrico de las personas reclusas. No es necesario recordar el alto porcentaje de presos con problemas psiquiátricos, porque hay numerosos datos y estudios publicados al respecto. A nuestro juicio, es necesario ahondar en propuestas pero, sobre todo, mejorar todo tipo de tratamientos individualizados y efectivos a la población reclusa. En ese mismo sentido -y en relación a otro capítulo del informe- rechazamos, como grupo parlamentario, la caracterización de las enfermedades psiquiátricas como enfermedades raras. No tiene nada que ver con las enfermedades raras y son enfermedades prevalentes en nuestras sociedades; por lo tanto, deberían situarse en otro capítulo bien distinto del informe.


En relación con la justicia, tenemos la impresión de que la defensoría del pueblo no solo no hace un análisis de la crisis del gobierno de la justicia, sino tampoco de las dificultades de la justicia como servicio público. En primer lugar, en relación con los menores no acompañados,

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recordamos que nuestro grupo parlamentario fue quien se opuso a la ratificación del acuerdo bilateral con el Reino de Marruecos en relación con menores no acompañados, porque significa reforzar la política de policía de Europa en España sin respetar los derechos de los menores.
Creemos que el Defensor del Pueblo debería ser firme en esta cuestión en la que no puede haber dudas. A los menores, independientemente de su nacionalidad, se les aplica la legislación de protección de menores, con todas sus garantías, y la Convención de Derechos del Niño. No es inmigrante en primer lugar y después menor, es ante todo menor. El Defensor del Pueblo se conforma con un protocolo de coordinación que nos parece insuficiente. Creemos que el asunto requiere de muchos más esfuerzos por parte de todas las administraciones implicadas y de un cambio en la política que anteponga el interés del menor. En relación con el proceso penal, el Defensor del Pueblo no dice prácticamente nada entre sus recomendaciones de potenciar la mediación penal como medio de resolución de conflictos, cuestión que nos parece de la mayor trascendencia. En relación con la jurisdicción de familia, se debería insistir en la creación de una jurisdicción especializada de familia y de capacidad de las personas, como ya aprobó esta Cámara la legislatura pasada, pero el Gobierno dejó morir la proposición de ley del Congreso de los Diputados. Desde luego, estamos de acuerdo con la necesidad de potenciar la mediación familiar, pero igualmente son necesarios equipos técnicos multidisciplinares en este ámbito para hacer posible esa mediación familiar.


Un tercer capítulo que queremos abordar es el relativo a la inmigración y a los peligros de racismo en nuestro país. Nos llama la atención que no haya ningún análisis por parte del Defensor del Pueblo sobre su negativa a recurrir por derechos fundamentales la Ley de Extranjería, derechos fundamentales que han sido reparados recientemente por el Tribunal Constitucional, y nos parece que sería un buen momento para justificar su negativa ante distintas organizaciones y colectivos que pidieron esta actuación al Defensor del Pueblo hace unos años.


En relación con los centros de internamiento de extranjeros, apenas dice nada el informe, salvo visitas protocolarias a las instalaciones y la atención de algunas quejas concretas. Para nosotros y para los organismos e instituciones humanitarias, los centros de internamiento tienen problemas muy importantes de garantías de derechos constitucionales. En nuestra opinión, el Defensor del Pueblo debería tener en cuenta las propuestas del Defensor del Pueblo andaluz o, recientemente, de sindicatos policiales, en las que se cuestiona la legalidad de la actuación dentro de los centros de internamiento sobre la privación de libertad a personas que no han cometido ningún delito, lo que ha terminado recientemente con la iniciativa de retorno por parte de la Unión Europea y con perspectivas de retención, que más parece detención sin garantías que retención propiamente dicha.


En relación con el Estado de bienestar, más concretamente con la Ley de Dependencia, el Defensor del Pueblo, además de respaldar la ley, debería ser exigente con las administraciones que tienen la obligación de poner en marcha los mecanismos para su puesta en vigor, al tiempo que deben adecuar la financiación y la cobertura a los anuncios públicos de las distintas administraciones. Lo cierto es que una cosa es la administración concreta de la Ley de Dependencia y otra cosa bien distinta es la voluntad legal. Los niveles de queja de los servicios del Estado de bienestar, del sistema público sanitario, de la acción social, de la educación o del funcionamiento de la justicia son ya un clásico, y no vamos a ser reiterativos: listas de espera, desigualdades y, en nuestra opinión, la principal amenaza, la amenaza de la privatización, que sitúa algunas medidas de gestión al margen de la Constitución y de la garantía de los derechos sociales por parte de los servicios públicos.


En relación con la política de vivienda, el informe hace nuevamente hincapié en que la solución está en el Plan estatal de la vivienda y en la Ley del Suelo. Nosotros, aun considerando que son mejoras, creemos que hay que avanzar mucho más. La política no puede ser pasiva por parte del Defensor del Pueblo. Necesitamos garantizar mediante una ley el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y no puede el Defensor del Pueblo ser complaciente. No se puede decir que con las leyes que se aprueban, cuya incidencia en el panorama general del acceso a la vivienda se verá en un futuro, se está solucionando ya el problema. No se puede actuar de esta manera porque lo que hay que hacer es ser activo en esta materia como en otras y ser contundente en la protección del derecho a la vivienda, como debe serlo en otras materias que le ocupan. En este sentido, señorías, es preocupante que el informe del Defensor del Pueblo no haga una mención a la corrupción y en concreto a la corrupción urbanística, que no es objeto de una principal preocupación por el Defensor del Pueblo y sí lo es por parte de los organismos internacionales con relación a nuestro país.
Afecta a derechos ciudadanos, afecta al medio ambiente y afecta al prestigio de nuestra democracia y por tanto debería ser una preocupación del Defensor del Pueblo. De la misma manera nos preocupa mucho la incidencia de la violencia de género en nuestro país, también el mantenimiento de un nivel alto de accidentabilidad laboral y, en definitiva, algunos datos que demuestran que todavía estamos lejos de garantizar derechos básicos al conjunto de los ciudadanos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por último, no se ha presentado por parte del Defensor del Pueblo ningún recurso de inconstitucionalidad a lo largo del año 2007 y nos gustaría destacar, lo he dicho antes, que el Defensor del Pueblo no haga ningún análisis sobre recursos de inconstitucionalidad que no quiso abanderar en defensa de derechos básicos y que fueron reconocidos por el Tribunal Constitucional, como el recurso contra la Ley de Extranjería, y nos parece también una insuficiencia que el Defensor del Pueblo no

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haga ningún análisis de recientes recursos que significan una deriva, en nuestra opinión peligrosa, de politización de la defensoría del pueblo y de desnaturalización de su independencia como es el recurso ante el Estatuto de Cataluña. En definitiva, señorías, y como conclusión, nos gustaría que este informe fuera el inicio de un proceso de revitalización y de despolitización y autonomía por parte de la institución del Defensor del Pueblo. Deseamos que sea así aunque no tenemos garantías.


Termino refiriéndome al peligro del reparto bipartidista de los órganos institucionales del Estado. Lo hemos visto recientemente en el Consejo General del Poder Judicial. Este reparto bipartidista no trae buenas consecuencias para la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Suele terminar con la polarización bipartidista del órgano, transformándolo en un parlamento, en este caso en un parlamento menos legítimo; puede terminar con la subordinación de la autonomía e independencia del órgano a la razón de Estado, la subordinación a las distintas administraciones, y como conclusión puede provocar la desnaturalización de su papel, la pérdida de identidad y de independencia. En nuestra opinión esta deriva del reparto bipartidista de los órganos institucionales del Estado no abunda en nuestra opinión en la pluralidad y en la defensa de los derechos constitucionales y corre una vía peligrosa de desnaturalización de los órganos institucionales, de burocratización y de pérdida de vitalidad. En nuestra opinión este informe, pues, debería ser un informe más activo y debería augurar un futuro de autonomía e independencia del Defensor del Pueblo en el marco constitucional del Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Defensor del Pueblo -me imagino que en algún sitio se encontrará oyéndonos-, la reflexión es que la lectura de la memoria anual del Defensor del Pueblo nos sugiere inicialmente hasta qué punto resulta pertinente este trámite, que consiste en una duplicación del ya realizado anteriormente en la Comisión del Defensor del Pueblo, donde hemos asistido a una mera reproducción de la misma lectura, en sus propios términos, con el mismo contenido y con el mismo tono. Quizá, si algún día acometemos una reforma del Reglamento de la Cámara, no resultaría seguramente improcedente y meritaría una reflexión por parte de todos los grupos hasta qué punto resulta necesaria la reproducción o duplicación de trámites institucionales, por muy importante que sea la institución que en este momento somete a nuestra consideración su memoria.


Dicho esto, señor presidente, tengo que hacer otra reflexión dirigida al Defensor del Pueblo que ha sido acogida por otros portavoces y particularmente también por el señor Llamazares. Oyendo al Defensor del Pueblo leer la memoria uno aprecia una especie de impronta contable en la misma. Se cuentan de forma puramente estadística, de forma puramente numérica incidencias, recomendaciones, problemas con administraciones insumisas o renuentes a la atención de sus consideraciones, pero prácticamente como quien lee la memoria económica del Banco de Santander, es decir sin ninguna actividad proactiva a la resolución de estos obstáculos, de estas disfunciones en el funcionamiento de nuestro sistema de derechos fundamentales y libertades públicas. Yo pediría e invocaría al Defensor del Pueblo y a sus adjuntos una posición más proactiva a la resolución y remoción de los problemas, que es una de las funciones que le atribuye la Ley orgánica constitutiva o configuradora de esta institución de contrapoder, primero porque es una institución de contrapoder y por otra parte porque es cumplimiento del contenido esencial del artículo 9.2 de la Constitución, en donde instituciones de esta naturaleza deben remover aquellos obstáculos que dificulten el buen funcionamiento del sistema de libertades y derechos fundamentales en el Estado español.


También, observamos -no utilizaría la palabra preocupación- con sorpresa la proliferación quizá desmesurada o abundante en el Estado español de instituciones homónimas a la del Defensor del Pueblo. Tienen perfecta legitimidad las autonómicas, la existencia del Ararteko, la existencia del Síndic de Greuges -creo que he pronunciado razonablemente bien la expresión-, del Justicia de Aragón, del Defensor del Pueblo Andaluz, etcétera, pero ya estamos observando el afloramiento de defensores de la ciudadanía, de los derechos de la ciudadanía en ciudades. En capitales como Vitoria, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, existe también una institución con una persona que se dedica a cumplir funciones homónimas, de naturaleza similar a las del Defensor del Pueblo y eso meritaría quizás también una reflexión sobre la propia Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, de las constitutivas de los defensores del pueblo autonómicos e incluso municipales y una ordenación y coordinación entre las funciones que corresponden a unos y a otros. Nosotros tenemos nuestra opinión al respecto, se la comentamos al señor Defensor del Pueblo y sencillamente no nos respondió; ignoramos cuál es su posición sobre esta cuestión. Nos da la impresión de que el Defensor del Pueblo debería atender las disfuncionalidades en el funcionamiento de la Administración del Estado español, de sus órganos constitucionales, de sus órganos estatutarios, de las entidades gestoras de las instituciones públicas de ámbito estatal.
Los defensores autonómicos o las instituciones autonómicas equivalentes a esta deberían atender las disfuncionalidades de la Administración autonómica y sus órganos conexos de carácter público o de carácter semipúblico, y las que están aflorando en las ciudades atender a los derechos

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de la ciudadanía, de los ciudadanos de estas ciudades. En cualquier caso, convendría establecer algún elemento de coordinación para evitar disfuncionalidades como la que voy a mencionar a continuación y a la que va a ser particularmente sensible el Grupo Catalán de Convergència i Unió.


Señor presidente, yo soy novicio en la Comisión del Defensor del Pueblo, lo cual es algo extraño; será de las pocas comisiones a las que no he pertenecido nunca -he pertenecido prácticamente a las 32 restantes-, y siendo novicio me tuve que ilustrar leyendo la última comparecencia del Defensor del Pueblo y resultó una comparecencia particularmente tormentosa. El que no pidió su dimisión pidió su repudio y el que no pidió su repudio refutó prácticamente la totalidad de sus manifestaciones. Acabar así la legislatura no es un elemento de legitimidad del órgano que a nosotros nos parezca relevante. Nosotros no contribuimos a su nombramiento, pero los que sí le nombraron no pudieron ser más crueles en sus aseveraciones durante su última comparecencia en la última legislatura. Sobre todo, la problemática gravitó sobre cuestiones que entran dentro del ámbito de legitimación procesal que a la institución del Defensor del Pueblo le puede corresponder, pero no legitimidad política, y me estoy refiriendo a tres cuestiones particularmente, a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña reformado, aprobado por estas Cámaras en virtud de los requerimientos previstos en los reglamentos de las mismas, aprobado por los mecanismos de reforma constitucional previstos en la propia Constitución y plebiscitado por el pueblo de Cataluña. Me gustaría saber -se lo pregunté al Defensor del Pueblo y tampoco me respondió a esto como no me respondió prácticamente a nada de lo que le pregunté en la Comisión- dónde ubica la legitimidad, no la legitimación procesal, que es otra cosa, para recurrir el Estatuto de Autonomía de Cataluña y sobre todo por qué está en una situación de conflictividad permanente con el Síndic de Greuges y no firman un convenio de colaboración de forma definitiva.


Ya tenía información de que esta ausencia de un protocolo de colaboración con el Síndic de Greuges dimana de la utilización por el Defensor del Pueblo en la propuesta de convenio de una alocución particularmente perturbadora, que el convenio tendría un carácter siempre provisional.
Evidentemente, no se puede proponer para colaborar institucionalmente, cumpliendo una las funciones que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Cataluña y cumpliendo otra de las funciones que le atribuye la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, un convenio de carácter provisional.
Pero es que no solo ha hecho esto, no solo ha tenido problemas con el pueblo catalán, y lo digo así enfáticamente, porque es el pueblo catalán el que plebiscitó la reforma del Estatuto de Cataluña, y con el Síndic de Greuges por la ausencia y la interposición de funciones terriblemente perturbadora para el funcionamiento de ambas instituciones de contrapoder, sino que ha tenido problemas también con el pueblo vasco cuando se ha dedicado a refutar públicamente manifestaciones políticas que trascienden y desbordan ampliamente su ámbito de legitimidad política ante la propuesta, por ejemplo, de reforma del Estatuto de Autonomía aprobada por el Parlamento vasco. Dicho esto, ya comprenderán SS.SS. que no es una persona que consideremos que puede realizar sus funciones, sí quizá con eficacia, pero no con la legitimidad que un órgano de estas características debe poseer, y estoy hablando de legitimidad política.


En cuanto al informe, después de la reflexión pura y meramente contable -quiero repetir que parecería que estábamos asistiendo a la lectura por Emilio Botín de la memoria económica de los últimos resultados del Banco de Santander-, sí se indican de forma un tanto perifrástica, colateral y somera los grandes problemas que constituyen la radiografía del asentamiento y del funcionamiento del sistema de libertades públicas y derechos fundamentales en el Estado español. Se habla de los problemas de la Administración de Justicia, de la pendencia. Sigue siendo incalificable que un contencioso-administrativo tarde nueve o diez años incluso en dilucidarse. Sigue siendo inaceptable la pendencia en la jurisdicción civil, el retraso en la resolución civil. Es una disfunción en el ámbito de las funciones del Defensor del Pueblo enorme, de nuevo en las cuestiones de mayor actualidad, en las cuestiones rabiosamente actuales y que provocan alarma social entre los ciudadanos muchas veces, con la existencia de nada menos que 70.000 ejecutorias penales pendientes de ejecutar, que han provocado o que están en la base de sucesos tan luctuosos como el asesinato de la niña Mari Luz. A esto ni se refiere el informe del Defensor del Pueblo, las cosas realmente relevantes no las toca o no las analiza o no han llegado a su conocimiento por mor del sistema de doble legitimación para manifestarse, la denuncia por una parte o la intervención de oficio por la otra. Quizá sería recomendable que el Defensor del Pueblo interviniera de oficio en las cosas que realmente provocan alarma social en el ámbito de la Administración de Justicia y no en otras cuestiones colaterales que todos conocemos.


En el ámbito de la institución penitenciaria cabría decir cosas parecidas.
Denuncia de forma genérica y colateral el sistema de hacinamiento en las prisiones, la vulneración y preterición de los derechos fundamentales de las personas sometidas a penas de privación de libertad, pero ni una sola propuesta de resolución de estos problemas, ni una indicación sobre si se están cumpliendo en el ámbito penitenciario artículos como el 2 y el 3 de la Ley General Penitenciaria, que se convierten en los garantes del derecho a la vida de los reclusos -habla de los suicidios, pero no habla de que es la Administración penitenciaria la garante, la que tiene que garantizar el derecho a la vida de los reclusos-; ni una indicación al cumplimiento o no del artículo 15 de la Ley General Penitenciaria, que obliga a la Administración penitenciaria a elaborar un protocolo que identifique las características físicopsíquicas de cada recluso

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y las eventualidades o potencialidades de que al final se acabe suicidando un recluso de estas características o tenga problemas de integración en un ámbito tan especial como es un centro penitenciario; ni una indicación al cumplimiento de otros requerimientos de la legislación general penitenciaria, como el artículo 19, que en el Estado español no deja de ser una pura utopía, pero que reconoce nada menos a cada recluso la capacidad o el derecho a poseer una celda individual. Nada, ninguna referencia ni ninguna propuesta de resolución con relación a estos problemas.


En materia de extranjería lo mismo. Se habla de la situación de extranjería, sobre todo en los puntos de entrada de extranjeros, pero no se denuncia -y aquí sí hubiera resultado pertinente una actuación de oficio del Defensor del Pueblo- el abuso de la institución o del procedimiento del retorno. Cuando hay llegadas masivas de emigrantes o extranjeros a través de pateras, traspaso de vallas, etcétera, se procede a retornar a los extranjeros. Retornar no significa siquiera repatriarlos, sino devolverlos al punto de donde llegaron, muchas veces por procedimientos manifiestamente ilegales e incluso crueles por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No se dice nada de esto. A los extranjeros, en el caso de las llegadas masivas, no se los deja invocar la condición eventual que puede corresponderles de refugiado o perseguido político, con la posibilidad de acogerse a la figura de refugiado; o la posibilidad de alegar que poseen un trabajo en el Estado español o en otro; o la posibilidad de regularizar su situación a través de la vía del arraigo o del reagrupamiento familiar. No se los deja alegar nada. En definitiva, no se recurre a lo que la Ley de Extranjería mandata, que es a un procedimiento de expulsión con asistencia letrada y con garantías jurídicas, que el retorno no posibilita. Sobre esto el Defensor del Pueblo tiene la obligación ética, moral e incluso jurídica, a tenor de lo que prevé su ley orgánica, de denunciarlo y, sin embargo, no lo denuncia. Así podríamos seguir enumerando cuestiones.


Voy acabando, señor presidente. En cuanto a las administraciones insumisas y renuentes, el Defensor del Pueblo no es partidario de aplicar los preceptos del Código Penal que tipifican esta conducta como delito cuando es muy recurrente. Yo sí soy partidario de aplicarlos, a pesar de que la jurisdicción penal no funciona mucho mejor que las demás, sobre todo porque siempre son las mismas administraciones y se niegan sistemáticamente a responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Una pregunta que le haría, porque ya se la hice y, para variar, tampoco me contestó en su comparecencia en la Comisión del Defensor del Pueblo, es por qué entre las que tiene identificadas como insumisas o renuentes a sus indicaciones se encuentra la Dirección General de Tráfico. Tengo particular curiosidad morbosa porque, entre otras cosas, soy presidente de la Comisión de Seguridad Vial y me gustaría saber por qué el señor director de Tráfico es tan renuente a responder a los requerimientos o indicaciones del Defensor del Pueblo.


Para ir acabando diré que también me llaman la atención silencios elocuentes del Defensor del Pueblo cuando ha recibido denuncias de personas que protestan o reivindican la necesidad de tratar respetuosamente a los animales y de asociaciones protectoras que se manifiestan contra la crueldad hacia los animales en fiestas populares y también en el ámbito del ejercicio del denominado arte de la tauromaquia.
No deja de resultar elocuente, dadas las aficiones ya reconocidas públicamente del Defensor del Pueblo, que las asociaciones protectoras de animales, cuando han refutado la fiesta taurina, la llamada fiesta nacional, se han encontrado con una respuesta a la que el Defensor del Pueblo ha recurrido -cosa que hace excepcionalmente, por eso resulta muy elocuente este silencio-, la fórmula del silencio administrativo. Le pediría al Defensor del Pueblo que incluso en cuestiones que conecten o contradigan sus propias aficiones de naturaleza personal en el ámbito de lo lúdico y de lo pretendidamente artístico, responda también, aunque sea para quitarles la razón y decirles que la fiesta de los toros es maravillosa, pero que les diga algo y que no recurra al mero silencio.


Ya de verdad con esto acabo, señor presidente, hay dos cuestiones que también han sido expuestas por distintas asociaciones, en particular, por la Asociación Española de Derechos Humanos, que quiero someter a la consideración del Defensor del Pueblo ya que no han sido objeto de contestación ni de ninguna referencia por su parte. La primera tiene relación con los ciudadanos españoles condenados a muerte en el extranjero. Existe una proposición no de ley, aprobada por unanimidad en la anterior legislatura y presentada por nuestro grupo parlamentario, que obliga a la Administración General del Estado a sufragar los gastos de defensa de esos condenados a muerte, que lo son, sobre todo los que están condenados a muerte en Estados Unidos, porque han tenido que recurrir a abogados de oficio que han realizado una muy difícil defensa de los mismos, y en este momentos salvarlos o sacarlos del corredor de la muerte...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, ha de acabar, porque el Reglamento en este punto es estricto: como máximo quince minutos.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco el recordatorio, señor presidente, porque además iba a acabar ya precisamente con esto.


Digo que requiere contratar abogados especializados en procedimientos en los que la justicia norteamericana prevé la posibilidad de aplicar la pena de privación de la vida -condena de muerte- y a pesar de este requerimiento, hay cuatro ciudadanos en este momento que están sufriendo graves dificultades. Tienen que recurrir prácticamente a colectas públicas para sufragar los gastos de los abogados que puedan salvar la vida de

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ciudadanos españoles en el extranjero condenados a muerte. También le pregunto al Defensor del Pueblo por qué no ha respondido a estos requerimientos.


En definitiva, señor presidente, y con esto acabo... Bueno, ya le he dicho tres veces que acabo.


El señor PRESIDENTE: Cuatro.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Cuatro. La quinta es la buena, es la de verdad.
Acabo de verdad.


Señor presidente, vamos a pensar entre todos si resulta pertinente la duplicación de este trámite, porque yo creo que en la Comisión queda sobrada y holgadamente cumplido el conocimiento por parte de los comisionados de lo que el Defensor del Pueblo tiene a bien comunicarnos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Montserrat Surrota.


La señora SURROTA I COMAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, creo que podría iniciar mi exposición con la frase como decíamos ayer y lo creo no porque nos encontremos en las mismas circunstancias que Fray Luis de León, afortunadamente, sino porque la presente comparecencia del Defensor ha sido más de lo mismo, ha sido una continuación de lo que ya hablamos la pasada semana en la Comisión. Podríamos hablar de una reiteración de lo ya dicho. En aquella ocasión, al igual que hoy, agradecíamos y agradecemos evidentemente la comparecencia del Defensor del Pueblo para informar de su gestión durante 2007. Pensamos que tiene importancia esta rendición de cuentas. Lástima que ahora él no esté aquí presente para escucharlo otra vez, porque pienso sacar a colación algunas cuestiones que en la anterior comparecencia no tuvo ocasión de contestarme.


La pasada semana en la Comisión ya puse de manifiesto una grave omisión en el informe. Hoy debo insistir nuevamente en ello, señor Defensor, espero que me esté escuchando. Esta omisión no es otra que en el apartado número 5, referente a recursos de inconstitucionalidad y de amparo. Pensamos que en ese apartado del informe se tendría que haber incluido la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Eso habría supuesto un acto de respeto, respeto hacia el pueblo catalán. Señor Defensor, no crea que esa solicitud se la hace una diputada catalana en representación de un grupo parlamentario nacionalista. No es eso, señor Defensor. Resulta que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como muy bien sabe usted, emana del pueblo catalán, ha sido objeto de referéndum y además aprobado por el Parlament de Catalunya, por el Congreso y por el Senado. No se trata de que el Defensor retire un recurso porque se lo pida un partido. No, no, tampoco es eso. Se trata de respetar la voluntad del pueblo de Cataluña. Además, pienso que esto es una exigencia emanada directamente de la institución que usted representa y en la que los ciudadanos depositan su confianza, como también recoge usted en el propio informe, todo ello al margen de batallas políticas.


Paso a otra cuestión a la que usted se ha referido también, el protocolo de colaboración pendiente de firmar con el Síndic de Greuges. El compañero del Partido Nacionalista Vasco también ha citado este tema. A esta fecha aún está pendiente su firma. A mí también me consta que no se ha firmado porque usted quería introducir el término provisional en dicho convenio. Evidentemente eso es inaceptable, porque, como usted bien sabe, el Estatuto de Autonomía de Cataluña en estos momentos está vigente y esperamos que continúe así. Por lo tanto, le pregunto nuevamente a qué esperan para formalizar el convenio con el Síndic de Greuges.
Consideramos que es de vital importancia que se firme para coordinar debidamente las dos instituciones, de conformidad con lo que establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña.


Usted se ha detenido en algunos datos del informe. En relación con esta cuestión, en la Comisión ya le dije que era un apartado importante porque ahí, analizando los datos, uno podía llegar a conclusiones interesantes, básicamente en relación con aspectos de la institución y de la Administración que deberíamos mejorar, e incidía en la necesidad de mejorar los parámetros utilizados en las comparativas. En concreto, le proponía que no solo se recogieran los datos del año en curso y del año anterior, sino que además se ampliaran los años a tener en cuenta. Yo proponía aproximadamente unos cinco años, porque consideramos que así el análisis sería más ajustado. Usted recogió mi propuesta y manifestó que lo estudiarían. Me alegro y espero que así sea.


Otra cuestión que nos preocupaba y nos preocupa son las quejas no admitidas a trámite. Del informe se desprende que seis de cada diez quejas individuales son inadmitidas por motivos varios. Por ello desde nuestro grupo proponemos que se informe más a los ciudadanos acerca de los supuestos en que es posible recurrir al Defensor del Pueblo. Esa sería también una manera de descargar de trabajo a la institución pudiéndose así centrarse en otros ámbitos. Creemos que así su trabajo sería más efectivo. Espero que tengan en cuenta también esta sugerencia y en el próximo informe figure que ha disminuido el número de quejas no admitidas a trámite. Esta cuestión tampoco me la contestó usted en la Comisión.


Nuevamente debo insistir en los procedimientos iniciados de oficio. ¿Qué criterios aplican ustedes para iniciar uno en detrimento de otro? En la Comisión usted me respondió que tienen libertad absoluta. Me parece muy bien, pero también creemos que esos criterios tienen que tener publicidad e información. Creo que los ciudadanos tienen derecho a saber por qué el Defensor del Pueblo decide iniciar un expediente en vez de otro y

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también lo tienen que saber los partidos políticos para así poder ejercer su labor de control o análisis de los supuestos en los que interviene.


Otro aspecto a tratar sería el de potenciar las nuevas tecnologías. Usted también se ha referido a ello hace unos momentos. Le emplazo otra vez para que se replantee y potencie aún más este aspecto. Es una cuestión clave y además muy positiva para acercar la institución al ciudadano.
Estrechamente relacionado con lo anterior igualmente le pregunto para cuándo la página web del Defensor del Pueblo aparecerá en las lenguas cooficiales del Estado. Usted me respondió en la Comisión que ya aparecían. Pues debo contradecirle. Lo único que hay es un folleto informativo sobre la institución en distintas lenguas, más allá de las cooficiales. Lo que yo le pregunto es otra cosa. Lo que yo quiero saber es cuándo los ciudadanos de Cataluña, el País Vasco y Galicia podrán acceder a la web del Defensor del Pueblo en sus propias lenguas.


Ha hecho mención a toda una serie de ámbitos como emigración, inmigración, educación, etcétera. Nos parece muy bien; ha reflejado todos los datos, pero creemos que es necesario un paso más. Ahí coincido con el compañero Emilio Olabarría. Deberíamos hacer un análisis de la institución y replantearnos entre todos los grupos políticos un cambio para que la institución sea más efectiva, para que se adapte a los nuevos tiempos y realmente se garantice la independencia que es necesaria en la institución. Usted ha tratado otras muchas cosas. En relación con el replanteamiento de la institución, todos los datos que usted y su equipo han recogido -al que debemos felicitar- no deben caer en saco roto. Todos esos datos tendrían que ser aprovechados para hacer un verdadero replanteamiento de la institución, para que sea más efectiva.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ricardo Tarno.


El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.


Gracias al Defensor del Pueblo por su asistencia. Antes de entrar a analizar el informe del Defensor del año 2007, le sorprende a este novato diputado que la independencia y la legitimidad para algunos en esta Cámara solo se produzca cuando se les da la razón, y yo creo que la independencia y la legitimidad del Defensor del Pueblo está en hacer lo que él cree que debe hacer, en base a la ley. El Defensor a lo largo de estos años ha dado muestras de independencia y de objetividad, a pesar de quien le haya nombrado, y creyendo que hacía lo que tenía que hacer, que es defender a los españoles como debe hacer su institución. Hay otros que entienden que solo se es independiente y legítimo si se les obedece o se hace lo que ellos quieren. Yo creo que el Defensor a lo largo de estos años ha defendido claramente la independencia de la institución, y hoy esta institución es más independiente y más legítima que hace algunos años, porque para los ciudadanos el Defensor del Pueblo es una institución importante, con prestigio, bien valorada, percibida como cercana y que conoce los problemas reales de los españoles.


El extenso informe que nos presenta hoy el Defensor del Pueblo es un reflejo de una parte importante de la sociedad española. Los ciudadanos que recurren al Defensor encuentran en esta vía la única salida a sus problemas, tras la supuesta incomprensión de las administraciones públicas. La radiografía que observamos en el informe no es más que una detallada lista de los problemas de los españoles. Como ejemplos de quejas reiteradas y repetidas, que deberían hacer reflexionar a las administraciones públicas, encontramos las dilaciones indebidas en la tramitación de procesos judiciales, la falta de medios y personal de la Administración de Justicia, que implica la pendencia de miles de asuntos sin resolver, las quejas sobre la obtención de beneficios penitenciarios o reducción de condenas por parte de delincuentes sexuales, los errores, las esperas interminables y los diversos problemas a la hora de tramitar el DNI o el pasaporte, la falta de claridad en los procedimientos sancionadores por infracciones de las normas de circulación y tráfico, los problemas que generan los menores no acompañados inmigrantes o las situaciones de reagrupamiento familiar, los problemas derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia o, lo que es peor, los de la no aplicación y la frustración que eso supone, las quejas recurrentes por la demora de obtener la asistencia sanitaria debida, es decir, las famosas listas de espera o el notable ascenso de quejas en relación con el tratamiento y atención de las denominadas enfermedades graves o poco frecuentes.


Son estos problemas reales de la sociedad española, son estos problemas reales de los españoles. No es el Defensor el que tiene la responsabilidad de atajarlos, sino que son las administraciones públicas, con su buen gobierno y con su buena gestión, las que deben solucionar estos problemas. El Defensor, a través de su informe y de su contestación a las quejas, lo que hace es reflejar la realidad de la sociedad española y de los problemas de los españoles. En definitiva, lo que ha presentado aquí el Defensor -y ya lo hizo en la Comisión- es un detalle de las a veces difíciles relaciones entre la Administración, los administradores y los administrados.


Este informe debería ser de lectura obligatoria para la mayoría de los responsables políticos, y sin embargo vemos que no solamente no es así, sino que hoy hemos observado en esta sesión la falta de aprecio al informe o yo diría el desprecio de los miembros del Gobierno. (Aplausos.) Ningún miembro del Gobierno ha tenido a bien asistir a escuchar el informe del Defensor del Pueblo. Parece que lo que dice el informe no se refiere ni a los ministerios ni a los organismos que dependen

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del Gobierno de la nación. Hay una enorme falta de respeto a la institución por aquellos que no son capaces de dedicar una hora y media de un jueves por la mañana a escuchar lo que dice el Defensor del Pueblo, que no es otra cosa que las quejas de miles y miles de españoles.


Este informe, que decía que debía ser de lectura obligatoria por parte de los responsables públicos, sigue evidenciando la falta de colaboración de algunas administraciones. En algunos casos, como el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico, es habitual año tras año esta falta de colaboración. Hay que resaltar también que sólo 141 resoluciones, de las 469 que se formularon en el año 2007, han sido admitidas por los distintos organismos públicos. Hay una falta de diligencia y de interés por parte de las administraciones públicas en solucionar problemas que se vienen sucediendo año tras año. Esto no es culpa del Defensor del Pueblo, es culpa de aquellas administraciones que, año tras año, recomendación tras recomendación, siguen cometiendo los mismos errores y perjudicando a los ciudadanos, a los administrados. En definitiva, una institución como el Defensor del Pueblo se convierte en la última oportunidad que tienen nuestros conciudadanos para hacer oír sus quejas ante el mal funcionamiento de las administraciones públicas. Las reiteradas actuaciones de carácter entorpecedor por parte de diversos organismos ante las actuaciones del Defensor del Pueblo no hacen sino destacar lo importante que es esta institución. Si el Defensor del Pueblo, una institución con el prestigio que tiene, tiene enormes dificultades a la hora de obtener información por parte de las administraciones públicas, imagínense cómo es a veces la relación de los ciudadanos con las mismas.
Por eso es imprescindible su labor y es imprescindible que, año tras año, se debate el informe y que en esta Cámara se escuchen los problemas que el Defensor refleja.


Este informe se convierte en un necesario toque de atención a las administraciones públicas, que no debería caer en saco roto, sino que debe servir como elemento esencial del trabajo para mejorar la labor de la Administración. Decía el Defensor que el año pasado se han cumplido veinticinco años de su existencia. Es verdad que quizá veinticinco años después tengamos que pararnos y reflexionar sobre el papel que debe jugar el Defensor del Pueblo en el futuro. Tenemos que analizar cuáles deben ser sus nuevas funciones y cuál debe ser el papel que debe jugar a partir de ahora. Esta institución, después de lo sucedido en estos últimos años, ha demostrado que sigue siendo independiente y que sigue siendo una institución al servicio de los españoles.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tarno.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Miguel Ángel Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Quiero comenzar agradeciendo al Defensor del Pueblo y a todo su equipo la presentación del informe anual que acaba de hacer, y muy especialmente el tono de su intervención. Como cada año, el informe del Alto Comisionado nos presenta una radiografía clara y contrastada de la situación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas así como su respeto por parte de la Administración pública. Por ello nos sirve de guía para exigir firmemente a la misma la rectificación de aquellas conductas que puedan vulnerarlos. Así lo entiende el Grupo Parlamentario Socialista que yo represento en este debate. Es necesario recordar este hecho en el 25º aniversario de la institución, que se cumplió el pasado mes de diciembre; veinticinco años que, como señala el propio informe que hoy nos ha presentado, lo han convertido en un testigo excepcional de la evolución de nuestra sociedad hacia la democracia y la justicia.


El Defensor del Pueblo se ha convertido en un referente para los ciudadanos de la garantía de sus derechos fundamentales, pero también en el referente para las administraciones públicas que cada año más muestran una mejor disposición para cumplir las recomendaciones y sugerencias del Alto Comisionado. Este es el camino que debemos seguir recorriendo: el del compromiso y la defensa por parte de la Administración pública de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, un compromiso que -nadie puede ponerlo en duda- han tenido y tienen todos y cada uno de los Gobiernos socialistas, porque es un compromiso inherente a nuestra ideología.


Al enfrentarse a un análisis de un informe tan prolijo como este, es necesario reconducir nuestra ambición a límites razonables, por eso comenzaré por hacer algunas breves consideraciones generales para, más tarde, sin ánimo exhaustivo alguno, abordar una serie de cuestiones que considero importantes. En cuanto a las consideraciones generales quiero señalar que, a pesar de que, como reconoce el propio informe, se ha vuelto a niveles normales de peticiones ciudadanas al Defensor, tras años con un número superior al normal, se mantiene un nivel elevado que no es sino expresión no solo del conocimiento, sino también del reconocimiento que todos los ciudadanos tienen de esta institución, una institución que la ciudadanía considera apta para defender sus derechos y libertades. A mantener esta opinión entre los ciudadanos va a contribuir, sin ningún género de duda, el incremento en el número de resoluciones en todas sus modalidades, que también reconoce el informe, prueba de una mayor eficacia en su actuación.


Una consideración general más. El Grupo Parlamentario Socialista respeta y aplaude la voluntad del Defensor de iniciar de oficio determinadas investigaciones, incluso, como reconoce el propio informe, a partir de las noticias que aparecen en los medios de comunicación. Nada que objetar, porque este va a ser un cauce natural de conocimiento de asuntos por parte del Defensor, siempre que no hay petición o denuncia ciudadana previa. Pero no

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convirtamos a los medios de comunicación en directores de la actuación del Alto Comisionado; estoy seguro de que no va a ser así.


En cuanto a cuestiones más concretas he de ser sincero y reconocer las dificultades que me ha planteado aislar solo ciertos asuntos en los que centrar mi atención. Es difícil dejar alguno de ellos al margen, pero la necesidad nos obliga. Comenzaremos por un tema de indudable actualidad como es todo lo relativo a la Administración de Justicia. Tanto la reciente huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, dependientes del ministerio, como algunos casos que han saltado a las primeras páginas de nuestros periódicos no han hecho sino poner de manifiesto una situación endémica de nuestra Administración de Justicia, que desde hace treinta años sufre no solo dilaciones indebidas, sino también dilaciones excesivas. No hay que olvidar que no será posible el disfrute pacífico de los derechos por parte de los ciudadanos si no se garantiza el eficaz funcionamiento del Poder Judicial. Es necesario por tanto constatar y solucionar estos problemas de funcionamiento para convertir nuestra justicia en una justicia del siglo XXI, y en este sentido está trabajando el Gobierno de la nación. A ello respondieron la pasada legislatura -son solo un par de ejemplos- el incremento del personal al servicio de la Administración de Justicia en más de 1.100 jueces, magistrados o fiscales -por cierto, el doble que en la última legislatura del Partido Popular-, y para la presente el Plan de modernización de la justicia o la creación de la oficina judicial, objetivos ya comprometidos públicamente por el ministro de Justicia, por citar solo otros dos ejemplos concretos. Para dar cumplimiento a estos objetivos es necesario también contar con el consenso suficiente para renovar el órgano de gobierno de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no podemos dejar de felicitarnos por el consenso alcanzado entre los dos partidos mayoritarios para dicha renovación.


Una valoración similar se puede hacer en relación con las quejas relativas a la violencia de género. El Grupo Parlamentario Socialista, que no olvidemos es el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, que promovió la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, que ha creado los juzgados y los agentes dedicados en exclusiva a esta materia, se encuentra comprometido con esta cuestión, pero cualquier acto de violencia, cualquier muerte de una mujer por el simple hecho de serlo justifica la preocupación, y por ello no podemos sino alabar la investigación emprendida por el Defensor del Pueblo relativa a las casas de acogida para mujeres maltratadas.


Lo mismo sucede con la administración penitenciaria. Este Gobierno, con la aprobación del Plan de infraestructuras penitenciarias que prevé la creación de hasta 11 establecimientos antes de 2012, pero también con la puesta en marcha de iniciativas novedosas como por ejemplo los módulos de respeto en varios centros penitenciarios o la apuesta decidida por los centros de inserción social, en la línea de la reinserción, ha hecho un esfuerzo indiscutible en esta materia, necesario si tenemos en cuenta que España se ha convertido en el país europeo con una mayor tasa de personas encarceladas, 148 de cada 100.000 habitantes. Pero el esfuerzo nunca es suficiente cuando estamos hablando de derechos humanos. Lo bueno es ir en la dirección correcta, en la del respeto a los derechos de los reclusos y en la de la profundización de los mecanismos para su reinserción social.
Nos congratula que el propio Defensor del Pueblo lo vea como nosotros, así lo reconoció también en su intervención ante la Comisión el pasado 16 de septiembre al destacar la positiva actitud mostrada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.


En lo relativo a ciudadanía y seguridad pública, me gustaría destacar, por su evidente actualidad, una cuestión en la que entiendo que se ha producido un avance importante en la dirección demandada por el Defensor del Pueblo, que es necesario constatar. Es la cuestión relativa a las víctimas del terrorismo, y en este terreno es necesario reconocer que ya se han dado pasos en esta legislatura; baste un ejemplo como es la aprobación, el pasado 3 de junio, y por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, de una moción por la que se insta al Gobierno a enviar un proyecto de ley de reconocimiento integral y político de este colectivo; un proyecto de ley cuyo texto está ultimado y acordado con el grupo mayoritario de la oposición.


En cuanto a inmigración, no podemos estar más de acuerdo con las consideraciones que hace el Defensor del Pueblo en materia de tratamiento a los inmigrantes ilegales, y en especial con la preocupación expresada por el Defensor del Pueblo en su informe referida a dos cuestiones fundamentales: los centros de internamiento y el colectivo de menores no acompañados. La posición del Partido Socialista en materia de inmigración es conocida, y solo se puede abordar de forma transversal y global, vinculada especialmente a la Unión Europea. Queremos una inmigración legal y ordenada, que tenga en cuenta la capacidad de acogida de nuestro país y vinculada a un contrato laboral, lo que implica un estricto control de los flujos migratorios y una lucha feroz contra las mafias que trafican con seres humanos y contra la economía sumergida. Pero también somos firmes partidarios de la plena integración social de los inmigrantes, y queremos que se garanticen plenamente sus derechos. Y en esa dirección se ha estado y se está trabajando, como atestiguan, a simple título de ejemplo, los convenios de cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración, así como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo la pasada legislatura, que permitirá la persecución extraterritorial del tráfico ilegal de personas.


En cuanto a la sugerencia del Defensor de que se cree una agencia estatal de inmigración y emigración, que coordine el trabajo de todos los departamentos en esta materia, tengo que decir que mi grupo parlamentario no puede estar más de acuerdo, tan de acuerdo que fue el

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Gobierno socialista quien en 2006 aprobó una ley que se comprometía a su creación. (Aplausos.) Compartimos, en todo caso, la preocupación expresada por el Defensor del Pueblo en su informe en relación, por un lado, con la necesidad de coordinar y mejorar la gestión de los permisos de residencia y demás trámites para acreditar una estancia legal en nuestro país del inmigrante y, por otro, con la necesidad de estar alerta ante cualquier brote de racismo o xenofobia en nuestra sociedad, cada vez más plural.


En el bloque relativo a la sanidad, por mi condición de portavoz parlamentario en materia de discapacidad la pasada legislatura, mi atención se centra lógicamente en esta cuestión, y más en el año en que España ha firmado la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Compartimos, por supuesto, la preocupación del Defensor del Pueblo en relación con este colectivo, pero además deseo añadir un apunte que, aunque no tiene que ver estrictamente con el informe anual que hoy nos ha presentado el Defensor del Pueblo, por mi trayectoria profesional me interesa destacar, y no es otro que la noticia aparecida hace unos meses según la cual el Defensor del Pueblo admitió la queja del Cermi contra el reglamento notarial, por posible discriminación a las personas con discapacidad al impedir a este colectivo intervenir como testigo en escrituras notariales. Nos parece una buena noticia y no quería dejar de destacarlo aquí.


Otra queja es la relativa a la política lingüística en Cataluña. Según el informe que se nos presenta, existe un número significativo de quejas en esta materia sobre la aplicación del régimen de cooficialidad lingüística en esta comunidad autónoma, pero resulta necesario reconducir este problema a sus justos términos. En primer lugar, porque ese número significativo de quejas está en torno a un centenar, en una comunidad autónoma de cerca de siete millones de habitantes; en segundo lugar, porque no hay que olvidar que el régimen lingüístico de Cataluña no es de hoy ni de ayer. No olvidemos que la Ley de Normalización Lingüística catalana es de 1998, y que hasta la pasada legislatura no había planteado mayor problema; lo que hoy está pendiente en el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma estatutaria citada no es el contenido de este régimen lingüístico, sino su inclusión en un estatuto de autonomía.


Después de estas necesariamente breves consideraciones sobre asuntos particulares, no puedo dejar de mencionar una cuestión que al Grupo Socialista le ha preocupado. Nos preocupa que la posición del Defensor del Pueblo no sea socavada, y nos preocupa por ello todo lo que pasó la pasada legislatura en torno al Estatuto de Autonomía de Cataluña. No quiero reabrir el debate sobre esta cuestión, no me guía ánimo polémico alguno, pero recuerdo cuál ha sido en todo momento la posición del Grupo Parlamentario al que represento. No será el Grupo Socialista quien cuestione la legitimidad formal del Defensor del Pueblo para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, lo que sí cuestionamos, y lo hicimos ya la pasada legislatura, es la oportunidad política e incluso institucional de ese acto, la extravagancia que supone que un órgano que tiene por misión defender los derechos y libertades de los ciudadanos recurra más de la mitad del articulado del Estatuto catalán, recurra títulos enteros del mismo que nada tienen que ver con esta materia, más si tenemos en cuenta que esta es la primera vez que un defensor del pueblo recurre un estatuto de autonomía cuando ya lo había hecho un partido político, concretamente el Partido Popular.


Voy terminando, presidente, y no puedo hacerlo sino constatando y reiterando el compromiso prioritario del Partido Socialista y del Gobierno español con la profundización de las garantías en toda actuación administrativa, lo que implica, en todo caso, la aplicación del principio de tolerancia cero ante cualquier comportamiento de la Administración que suponga o pueda suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para esta tarea, los ciudadanos confían en una institución como la del Defensor del Pueblo, como lo demuestra cada año el resumen de su actividad que constituye su informe anual.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Heredia.


Examinado por completo el orden del día, se levanta la sesión.


Eran las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana.

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