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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 26, de 16/09/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2008 IX Legislatura Núm. 26
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 23 celebrada el martes 16 de septiembre de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Inclusión en el orden del día:

- Propuesta de creación por la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de una subcomisión en el seno de la misma para definir la posición específica de España ante la política agraria común. (Número de expediente 158/000010.)... (Página 4)

Exclusión en el orden del día:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre la disposición del Ministerio de Administraciones Públicas a negociar con la Xunta de Galicia la transferencia de infraestructura ferroviaria para la creación de servicios ferroviarios de cercanías gestionados por la Comunidad Autónoma. (Número de expediente 172/000027.)... (Página 4)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas:

- Del Parlamento de Andalucía, relativa a modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores.
(Número de expediente 125/000002.)... (Página 5)

Página 2


Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la aplicación del tipo reducido a los suministros de electricidad y gas. (Número de expediente 122/000006.)... (Página 15)

Propuesta de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial:

- Propuesta de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial. (Número de expediente 244/000001.)... (Página 20)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre oposición a la ampliación de la jornada laboral contenida en la directiva sobre tiempo de trabajo.
(Número de expediente 162/000121.)... (Página 21)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el rechazo a la propuesta de revisión de la Directiva europea de ordenación del tiempo de trabajo, que pretende la ampliación de la semana laboral hasta 60, 65 o 78 horas, la inclusión de una cláusula opting-out al margen de la negociación colectiva y la redefinición a la baja del tiempo de trabajo. (Número de expediente 162/000122.)... (Página 21)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al aumento del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo del 40% hasta el 100% para aquellos parados que decidan convertirse en trabajadores por cuenta propia. (Número de expediente 162/000057.)... (Página 27)

Propuesta de creación por la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de una subcomisión en el seno de la misma para definir la posición específica de España ante la política agraria común. (Votación.)...
(Página 31)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación)... (Página 31)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación)... (Página 31)

Proposiciones no de ley. (Votación)... (Página 32)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Inclusión en el orden del día... (Página 4)

La Presidencia somete a la consideración de la Cámara la inclusión en el orden del día de la propuesta de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca para definir la posición específica de España ante la política agraria común, lo que se aprueba por asentimiento.


Exclusión del orden del día... (Página 4)

La Presidencia somete a la consideración de la Cámara la exclusión del orden del día del Pleno del próximo miércoles de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Jorquera), sobre la disposición del Ministerio de Administraciones Públicas a negociar con la Xunta de Galicia la transferencia de infraestructura ferroviaria para la creación de servicios ferroviarios de cercanías gestionados por la Comunidad Autónoma, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas...
(Página 5)

Del Parlamento de Andalucía, relativa a modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores...
(Página 5)

Página 3


Presentan la toma en consideración de la proposición de ley los señores Blanco Romero, Fernández de Moya Romero y Mariscal Cifuentes, en representación del Parlamento de Andalucía.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Elorriaga Pisarik, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Tomás García, del Grupo Parlamentario Socialista.


Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página 15)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la aplicación del tipo reducido a los suministros de electricidad y gas... (Página 15)

Presenta la proposición de ley el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Mármol Peñalver, del Grupo Parlamentario Socialista.


Propuesta de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial... (Página 20)

Se procede a la votación mediante papeleta para la elección de seis vocales del Consejo General del Poder Judicial entre jueces y magistrados en activo y de cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio.


Proposiciones no de ley... (Página 21)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre oposición a la ampliación de la jornada laboral contenida en la Directiva sobre tiempo de trabajo...
(Página 21)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el rechazo a la propuesta de revisión de la Directiva europea de ordenación del tiempo de trabajo, que pretende la ampliación de la semana laboral hasta 60, 65 ó 78 horas, la inclusión de una cláusula opting-out al margen de la negociación colectiva y la redefinición a la baja del tiempo de trabajo... (Página 21)

Defienden las proposiciones no de ley los señores Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y Llamazares Trigo, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Díez González y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al aumento del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo del 40% hasta el 100% para aquellos parados que decidan convertirse en trabajadores por cuenta propia... (Página 27)

Presenta la proposición no de ley el señor Azpiroz Villar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Página 4


Propuesta de creación por la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de una subcomisión en el seno de la misma para definir la posición específica de España Ante la política agraria común. (Votación.)...
(Página 31)

Sometida a votación la propuesta de referencia, se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas.
(Votación.)... (Página 31)

Sometida a votación la toma en consideración del Parlamento de Andalucía, relativa a la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores, se aprueba por 331 votos a favor y una abstención.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.)... (Página 31)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la aplicación del tipo reducido a los suministros de electricidad y gas, se rechaza por 160 votos a favor, 170 en contra y una abstención.


Proposiciones no de ley. (Votación.)... (Página 32)

Sometida a votación conjunta la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre oposición a la ampliación de la jornada laboral contenida en la Directiva sobre tiempo de trabajo, y la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el rechazo a la propuesta de revisión de la Directiva europea de ordenación del tiempo de trabajo, que pretende la ampliación de la semana laboral hasta 60, 65 ó 78 horas, la inclusión de una cláusula opting-out al margen de la negociación colectiva y la redefinición a la baja del tiempo de trabajo, se aprueba por 330 votos a favor.


Sometida a votación la enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presentada por los grupos Socialista y Catalán (Convergència i Unió), relativa al aumento del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo del 40 por ciento hasta el cien por cien para aquellos parados que decidan convertirse en trabajadores por cuenta propia, se aprueba por 325 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.


Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

- PROPUESTA DE CREACIÓN POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA MISMA PARA DEFINIR LA POSICIÓN ESPECÍFICA DE ESPAÑA ANTE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN. (Número de expediente 158/000010.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Someto a la consideración de SS.SS. la modificación del orden del día que unánimemente ha acordado la Junta de Portavoces. En primer lugar se acuerda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la propuesta de creación por la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de una subcomisión en el seno de la misma para definir la posición específica de España ante la política agraria común y que someteré a la aprobación del Pleno con carácter previo a la primera votación de esta tarde. ¿Acuerda la Cámara la inclusión de la creación de esta subcomisión que a su vez ha propuesto la señora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente? (Asentimiento.) Se aprueba.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

INTERPELACIONES URGENTES.


DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR JORQUERA), SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A NEGOCIAR CON LA XUNTA DE GALICIA LA TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA LA CREACIÓN DE SERVICIOS FERROVIARIOS

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FERROVIARIOS DE CERCANÍAS GESTIONADOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. (Número de expediente 172/000027.)

El señor PRESIDENTE: Igualmente queda excluida del orden del día, por acuerdo de la Junta de Portavoces y si recibe la ratificación del Pleno, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, que efectuaría el señor Jorquera, sobre disposición del Ministerio de Administraciones Públicas a negociar con la Junta de Galicia la transferencia de infraestructuras ferroviarias para la creación de servicios ferroviarios de Cercanías gestionados por la comunidad autónoma. Ha sido solicitado por el diputado interpelante. ¿Se acuerda la posposición de esta interpelación urgente? (Asentimiento.) Se acuerda.


Anuncio al Pleno que como máximo esta sesión durará hasta las 21,30 horas; a tal efecto no someteremos asuntos a su consideración a partir del entorno de las 20 horas.


Asimismo les comunico que ha sido modificada una pregunta de las propuestas para el control de mañana.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, RELATIVA A MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE FORMA QUE SE POSIBILITE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LA CONTRATACIÓN LABORAL DE LOS INVESTIGADORES.
(Número de expediente 125/000002.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos el análisis del primer punto del orden del día, que es la toma en consideración de una proposición de ley de Parlamento de Andalucía relativa a la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores. Para la exposición de lo que convenga al interés de la misma y en representación del Parlamento de Andalucía van a hacer uso de la palabra el señor Blanco Romero, del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández de Moya Romero, del Grupo Parlamentario Popular, y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, en el orden en que les he anunciado y por tiempo cada uno de ellos de cinco minutos. Dando la bienvenida a este Pleno a SS.SS. tiene en primer lugar la palabra al señor Blanco Romero.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Blanco Romero): Señor presidente, señorías, antes de entrar en materia, permítanme expresarles la satisfacción y el honor que siento por representar al Parlamento de Andalucía ante ustedes y por hacerlo ante esta Cámara, en la que reside la soberanía popular de los españoles. Como andaluz, siento que estoy en casa. Quiero también trasladarles el reconocimiento del Parlamento de Andalucía por debatir la toma en consideración de nuestra proposición de ley conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de la Cámara, pese a la evidente dilación con la que se hace, porque ya dice el refranero aquello de que más vale tarde que nunca y, también, que nunca es tarde si la dicha es buena. Finalmente agradezco sinceramente la atención que quieran prestarme.


Entrando en materia, señorías, en el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Andalucía sobre la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores, creo que lo más clarificador sería abordar el contenido de la propuesta, el marco normativo que la regula y sus antecedentes y las demandas de los colectivos afectados.


La proposición de ley fue aprobada por unanimidad del Parlamento de Andalucía en junio de 2003, en su VI Legislatura. Hoy estamos en la VIII y han pasado más de cinco años. En aquellas fechas, los investigadores becarios carecían de cobertura legal en su relación con las instituciones en las que prestaban sus servicios, ya fueran públicas o privadas, lo que comportaba una situación de total desprotección en relación con la cobertura sanitaria, los accidentes laborales, los derechos pasivos y el derecho al desempleo. En definitiva, estaban no ya en una situación laboral precaria, sino que carecían de cualquier relación laboral reglada.


Un ejemplo puede ilustrar a SS.SS. sobre la situación de la investigación en aquellas fechas. En el Boletín Oficial del Estado de abril de 2003, el Instituto de la Mujer camuflaba como becas de investigación lo que en realidad era una relación laboral, con jornada laboral y sin ninguna vinculación académica. Siendo la entidad convocante el Instituto de la Mujer es razonable, desde el punto de vista laboral, que en las bases se hiciera constar que podría concederse la suspensión temporal de la beca para permitir a las personas adjudicatarias su recuperación física y/o la atención a sus nuevas cargas familiares por un periodo no superior a dieciséis semanas, que se ampliarían a dos más en caso de parto múltiple.
Ante esta situación y atendiendo a las demandas de los representantes de los colectivos afectados y muy especialmente de la Federación de Jóvenes Investigadores, el Parlamento de Andalucía aprobó la proposición de ley que nos ocupa, con el criterio favorable del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el debate de su toma en consideración, por suponer una mejora muy importante en las condiciones laborales de los científicos.


En la proposición de ley que debatimos se contempla, como SS.SS. conocen, la modificación del artículo 97 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el objetivo de establecer la obligatoriedad de incluir a los investigadores becarios en el régimen general de la Seguridad Social; el derecho de este colectivo a recibir las prestaciones de este régimen incluyendo pensión de jubilación y desempleo; la obligación del Gobierno de remitir a esta Cámara, antes de un año, un estudio sobre el número de investigadores becados durante más de veinticuatro meses desde 1992, así como establecer mecanismos legales

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y presupuestarios para paliar la situación de estas personas.


Si atendemos al marco normativo, es en el otoño del mismo año cuando se publica el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación y su relación con las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro a las que prestan sus servicios. En dicha norma se establecía la condición de becario de investigación, así como la de titulados universitarios beneficiarios de una beca, concedida en virtud de programas de investigación, inscritos en un registro de acceso voluntario para las entidades investigadoras, para becas de una duración superior a un año y máximo de dos. Se limitaba en gran medida el efecto de la norma al establecer que no sería de aplicación a las relaciones laborales existentes entre los becarios de investigación y los centros para los que trabajaban.


Ya en la legislatura pasada, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es cuando se publica el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, con el que se produce un avance sustancial en la mejora de la situación de los investigadores becarios. El nuevo real decreto amplía su ámbito de aplicación y, sobre todo, establece una relación jurídico-laboral, en el marco de la legislación vigente, entre los investigadores becarios y las entidades con las que colaboran, en un doble plano de becario y de contratado. El becario tiene una relación de estudio y formación por un plazo máximo de dos años, mientras que el contratado debe tener una formación avanzada acreditada y su trabajo comporta una aportación al centro. Es conocido como el dos más dos: dos años de becario en formación más dos años de contratado. El nuevo real decreto regula los derechos y deberes del personal investigador y configura un sistema obligatorio para todos los programas de ayuda a la investigación que, en todo caso, debe conllevar la obtención del título de doctor.


El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, tiene que acabar.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Blanco Romero): Termino rápidamente, señor presidente.


El Parlamento de Andalucía, haciéndose eco de un grave problema económico y social, aprobó en junio de 2003 una proposición de ley que venía a incidir en la calidad de la investigación en España y muy especialmente en las condiciones de vida de nuestros investigadores. Con posterioridad, se han producido cambios en la regulación existente con una primera y muy tímida aprobación del Estatuto del investigador becario llevado a cabo en 2003, en la II Legislatura, con el Gobierno del Partido Popular. En 2006 hay una segunda regulación que supone un avance notable en las condiciones de derechos del colectivo investigador y de la propia tarea investigadora en el periodo de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, con un crecimiento exponencial de los recursos públicos destinados a esta tarea prioritaria para mejorar la productividad y favorecer las bases del crecimiento económico.


El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, le ruego que abrevie al máximo. Quince segundos.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Blanco Romero): Señor presidente, termino rápidamente.


Los investigadores becarios demandan estabilidad profesional y unas relaciones laborales regladas conforme al Estatuto de los Trabajadores.
Por su parte, los expertos llaman la atención sobre los riesgos de la excesiva funcionarización de la investigación, que suele ir acompañada de desmotivación, escasa productividad y endogamia estancada.


En todo caso y en coherencia con la representación que ostento en este debate y con el mandato del Parlamento de Andalucía, solicito a SS.SS. la toma en consideración de la proposición de ley para su estudio y debate de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de esta Cámara.


Señor presidente, señorías, muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Blanco.


Tiene la palabra el señor Fernández de Moya Romero.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Fernández de Moya Romero): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, representa para este diputado del Parlamento de Andalucía un orgullo y un honor intervenir en la tarde de hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados en nombre del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía para posicionar a mi partido sobre la proposición de ley relativa a la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores.


Permítanme, señorías, que mis primeras palabras tomen como referencia dos de las consideraciones básicas de la Comisión Europea con fecha de 11 de marzo de 2005, relativas a la Carta europea del investigador y al código de conducta para la contratación de los investigadores. En primer lugar, el Consejo de la Unión Europea acogió con especial satisfacción la intención de la Comisión de trabajar en el desarrollo de la Carta europea del investigador y un código de conducta para la contratación de los investigadores. En segundo lugar, señorías, estableció que el objetivo político último ha de contribuir al desarrollo de un mercado laboral europeo para los investigadores que sea atractivo, abierto y variable, en el que las condiciones generales de contratación permitan conservar investigadores de alta calidad en entornos que favorezcan el rendimiento y la productividad. Nuestro grupo parlamentario está plenamente decidido a impulsar un nuevo modelo de formación e investigación sobre la base de los siguientes criterios. Queremos una carrera investigadora coherente y atractiva que esté articulada en fase sucesiva y que responda fielmente a las recomendaciones de la Unión Europea. En segundo lugar, la contratación de los investigadores ha de producirse desde el inicio de la carrera

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investigadora con el correspondiente reconocimiento inequívoco de derechos sociales y derechos laborales. En tercer lugar, que se definan y regulen contractualmente las dos etapas iniciales de la carrera investigadora: investigador en fase inicial e investigador experimentado, con contratos específicos para cada etapa y fijación de las correspondientes remuneraciones.


La admisión a trámite de la proposición de ley que pretende la modificación antes dicha de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que todos los titulados universitarios que desempeñen funciones de personal investigador estén inscritos en el régimen general de la Seguridad Social, contará con el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular. En nuestra opinión, su aprobación a día de hoy supondría un avance significativo respecto al Estatuto del personal investigador en formación aprobado en enero de 2006, tal y como ha manifestado de manera reiterada la Federación de Jóvenes Investigadores. Se garantizaría el reconocimiento de derechos laborales mínimos a miles de investigadores, tales como por ejemplo la jubilación, el desempleo o las ayudas a becarias de investigación, en definitiva madres jóvenes trabajadoras en el mundo universitario.


Señorías, comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de Madrid desde el principio o el caso de Castilla y León en segunda convocatoria, han apostado ya por el modelo cero más cuatro, con el reconocimiento inequívoco de sus derechos laborales a los investigadores de esas comunidades autónomas desde el primer año que son contratados. Consideramos que esta proposición de ley es la oportunidad que tiene el Gobierno socialista para iniciar una verdadera apuesta por acabar con la precariedad laboral y por hacer una carrera investigadora atractiva desde el punto de vista universitario dignificando el trabajo de investigación en el conjunto de España.


Señorías, este debate se produce tras ser aplazado por el Partido Socialista en Andalucía sobre la base de la petición que registró en la Cámara andaluza el 30 de marzo de 2006. Nunca supimos las causas que determinaron ese aplazamiento, algo que además resultó en su momento paradójico, ya que según el "Diario de Sesiones" del Parlamento de Andalucía de 11 de junio de 2003, tuvo el voto favorable del conjunto de la Cámara andaluza. Así pues, tras este retraso injustificado hacia miles de jóvenes investigadores, que data de marzo de 2006, lo que hoy esperamos es que el Partido Socialista vote aquí lo mismo que votó en el Parlamento de Andalucía y despeje cualquier tipo de duda sobre el compromiso real que debe tener hacia los investigadores españoles.


Permítanme que para terminar mi intervención reproduzca lo que el Partido Socialista afirmaba en la Cámara andaluza en la fecha anteriormente citada: Amparar bajo la Seguridad Social a nuestros investigadores es hacer una apuesta de futuro, una inversión inteligente en beneficio del interés general. Eso, señorías del Partido Socialista, es lo que les reclamamos hoy aquí, coherencia con el discurso político que manifestaron en el Parlamento de Andalucía en 2003. En la tarde de hoy el Partido Socialista tiene la oportunidad de dejar de poner zancadillas y buscar coartadas ante nuestros jóvenes investigadores, ya que debido a sus cálculos electorales, llevan cinco años esperando respuesta y una cobertura laboral que indudablemente se merecen.


Termino, señorías, agradeciendo a la Presidencia y a SS.SS. el trato que esta Cámara, el Congreso de los Diputados, ha dispensado a este diputado y a la delegación del Parlamento de Andalucía. Muchas gracias.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Moya.


Tiene la palabra ahora el señor Mariscal Cifuentes.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Mariscal Cifuentes): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, es para mí un honor intervenir en esta Cámara ya que hace años que no interviene un diputado andaluz de Izquierda Unida en ella -esperemos que eso se pueda resolver pronto-; en segundo lugar, hacerlo en representación de la Cámara andaluza, en el ejercicio de nuestro derecho constitucional de impulso legislativo de las comunidades autónomas, y en tercer lugar hacerlo aquí en defensa de la dignidad en el ejercicio de la investigación en España y desde el profundo reconocimiento de la enorme tarea de lucha, de concienciación y de movilización de la Federación de Jóvenes Investigadores, jóvenes investigadores que ocupan gran parte de su tiempo en defender la investigación en España y que hicieron un símbolo desde que empezaron a funcionar. Su símbolo es la naranja. Así llevan ellos sus camisetas, de color naranja, porque se sienten exprimidos en el ejercicio de la carrera investigadora. Y como símbolo de su presencia en este debate, permítanme que les regale a todos, a través del presidente de esta Cámara, una naranja...


El señor PRESIDENTE: Puede dejarla en el atril.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Mariscal Cifuentes): ... para que recuerden el papel que los investigadores realizan y para que no los expriman, por favor, en la tramitación de esta proposición de ley en el Congreso, proposición de ley que llega por fin a esta Cámara después de un azaroso periplo por su aplazamiento, logrado de forma políticamente fraudulenta por el Partido Socialista al imponerlo en el año 2006 en la Mesa del Parlamento, lo que fue un hito bochornoso, y ahora, después de cinco años de retraso, en estos cinco minutos que tengo para intervenir, espero poner el peso suficiente en mis palabras que refleje esos cinco años.


Esta iniciativa legislativa solo pretende lograr algo que debería de llevar años arreglado en un país cuya economía pretende ser puntera en Europa y en el mundo, y no es otra cosa que la inclusión del personal investigador en el régimen general de la Seguridad Social. Investigar es trabajar, decía el señor Zapatero en el año 2004 antes de acceder al Gobierno. ¿Qué ha pasado en estos cinco años desde la aprobación en la Cámara autonómica de esta proposición de ley? Hemos escuchado intervenciones en este punto y las vamos a escuchar poniendo el acento en las mejoras que sin duda se han producido en las condiciones de trabajo de

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los investigadores -se ha hablado del EPIF y sin duda volverá a salir este asunto-, pero estos insuficientes avances se han realizado a costa o debido a la movilización y presión de los jóvenes investigadores organizados y por tanto es a ellos a los que corresponde asignarse la victoria. Esos avances no han sido como parte de una apuesta estratégica de país, como demuestra la incapacidad de nuestro sistema productivo de incorporar a los titulados universitarios a los puestos, como se dice ahora, de alto valor añadido. Quisiera preguntar cómo es posible que la política hacia el personal investigador se haga a golpe de respuestas a las movilizaciones. Quisiera que se dieran cuenta de que lo que exigen los jóvenes investigadores no es más que la base imprescindible sobre la que asentar otro desarrollo para este país. Mientras haya una sola vocación investigadora en España frustrada por la falta de equipos, por la falta de presupuestos y sobre todo frustrada por la ausencia de dignidad y reconocimiento en el ejercicio de la investigación, este país no comenzará a ser un mejor país. Ustedes tienen hoy la oportunidad, a partir del trámite parlamentario de esta iniciativa, de comenzar a dignificar de verdad la investigación en España.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Mariscal Cifuentes.


Para fijar la posición respecto de este asunto en primer lugar y por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar quiero dar la bienvenida y saludar a los compañeros diputados del Parlamento de Andalucía y al mismo tiempo felicitarlos por traer a las Cortes Generales una iniciativa como la que hoy estamos debatiendo. Los felicitamos sinceramente porque, además, por parte de nuestro grupo no es la primera vez que subimos a esta tribuna para defender una cuestión relativa a este mismo asunto, a la forma de mejorar la situación de lo que se conoce por becarios o jóvenes investigadores.
Tenemos que reconocer que se ha avanzado algo, aunque desde nuestro punto de vista es insuficiente. Por eso saludamos la proposición de ley relativa a la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que hoy nos trae el Parlamento de Andalucía. Esperamos que hoy se apruebe su admisión a trámite, y que en el futuro podamos elaborar las mejores condiciones de contratación y de reconocimiento de derechos sociales a estos trabajadores. El hecho de que en más de una ocasión hayamos tenido que intervenir para defender a este colectivo ha sido porque los programas de becas han dado lugar a la existencia de un vacío legislativo, que en la práctica deja al investigador, a la investigadora, indefensos y en diferentes situaciones, según el programa de becas al que estén adscritos o según de qué universidad dependan sus programas de doctorado. A este respecto reconocemos -como ya se ha hecho alusión por los diputados del Parlamento de Andalucía que defendieron el texto- que el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, supuso una tímida e insuficiente iniciativa para regular la situación del personal investigador durante su fase inicial, ya que no recoge las recomendaciones de la Comisión Europea y la adscripción al mismo por parte de las entidades financieras de estos programas. Actualmente nos encontramos con que una parte importante del desarrollo científico en el Estado español está en manos de este personal en fase inicial que, a pesar de una extensa formación científica y académica y a pesar de ser la base del sistema de I+D+i del Estado, sufre un alto grado de precariedad laboral y profesional. Según este real decreto que acabamos de citar, solo los investigadores en fase inicial, siempre que la ayuda recibida sea para hacer la tesis doctoral, que hayan tenido dos años de beca, y hayan obtenido el DEA, pueden acceder a la fase de contratación en prácticas, siempre y cuando no incurran en alguna de las múltiples restricciones que supone este estricto régimen laboral, por ejemplo, fecha límite de finalización de la licenciatura y duración mínima y máxima del contrato. Como consecuencia de esta precariedad laboral, la elección por parte de los licenciados para desarrollar la carrera investigadora se convierte en un verdadero ejercicio de vocación, por lo que se constata una importante escasez de investigadores e investigadoras, particularmente en determinadas disciplinas fundamentales, que planteará en un futuro próximo una grave amenaza para la fuerza innovadora, capacidad de conocimiento y crecimiento de la productividad.


Señorías, no sé por qué intuimos, pero intuimos, que esta iniciativa del Parlamento de Andalucía no va a contar con la unanimidad de esta Cámara.
Desde nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, consideramos que sería oportuno que hoy aprobásemos por unanimidad la propuesta que nos hace el Parlamento andaluz para mejorar las condiciones de los jóvenes investigadores, dejándolas cuando menos al nivel que recomienda la Carta europea del investigador. A pesar de los avances que no dejamos de reconocer, no está a ese nivel lo que en este momento se pone a su disposición, sobre todo desde el punto de vista de la contratación laboral y del reconocimiento social de estos trabajadores, ni tampoco las necesidades que ellos han manifestado. De ahí que solicitemos a todos los grupos, y de manera especial al grupo mayoritario de la Cámara, que vea la propuesta del Parlamento andaluz con la idea de sacarla adelante, y así resolver el problema que tantas veces hemos planteado ya. No podemos entender desde nuestro grupo que, mientras desde el Gobierno se está hablando constantemente de su intención de fomentar, de trabajar, de impulsar e incluso en estos momentos de crisis de incentivar la investigación de I+D+i para los mayores, al final no se resuelva el problema de precariedad de contratación laboral a aquella parte importante de quienes tienen que hacer el trabajo. Por eso, además de manifestar nuestro apoyo favorable, del mismo modo que manifestamos nuestra intención de seguir defendiendo el derecho de estos trabajadores y trabajadoras en el futuro, también hacemos un llamamiento a todos los grupos para que en la tarde de hoy apoyen la propuesta que nos trae el Parlamento andaluz.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Quiero comenzar mi intervención saludando y felicitando al Parlamento andaluz y a sus representantes, a sus dignos representantes por esta iniciativa; una iniciativa que es importante en todo caso, y más aún en un periodo como el que estamos viviendo de crisis económica y de insuficiencias en nuestro aparato productivo, y también -por qué no decirlo- en nuestro aparato investigador. Llega por fin a esta Cámara una iniciativa del Parlamento de Andalucía, a propuesta de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. Esta iniciativa propone incluir en el régimen general de la Seguridad Social a los titulados universitarios que desarrollen una función investigadora, tanto en el terreno público como en el privado, para que el trabajo de investigación se realice por fin mediante un contrato laboral digno. Es una iniciativa del año 2004 que, evidentemente, tiene un apreciable grado de retraso, pero su toma en consideración es absolutamente necesaria y debe permitir, con el trabajo parlamentario pertinente, cambiar la actual política de becas por una política de contratos dignos para el personal investigador en su fase inicial. Además es preciso corregir la gran heterogeneidad existente, tanto a nivel de comunidades autónomas como a nivel de los centros donde se realiza la investigación. Por tanto, no solamente el modelo de contrato, sino también la heterogeneidad son muy importantes para avanzar en la calidad de la investigación.


Es verdad que nuestro país ha incrementado su compromiso con la investigación en los últimos años, aunque sigue siendo insuficiente. Sin embargo, nuestro país sigue sin cumplir con las recomendaciones de la Carta europea del investigador y el código de conducta para la contratación de los investigadores. Estas recomendaciones tratan del reconocimiento de la profesión, de la estabilidad y permanencia en el empleo, de la participación de los investigadores en los organismos que los emplean o financian, y de condiciones sanitarias y salariales justas, atractivas y con disposiciones de Seguridad Social adecuadas. Es cierto que estas materias no las cumplimos. El Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, que no afecta al sector privado, supuso -es verdad- una tímida e insuficiente iniciativa para regular la situación del personal investigador durante su fase inicial, ya que no recoge las recomendaciones de la Comisión Europea y la adscripción al mismo por parte de las entidades financiadoras de programas de becas, que depende únicamente de que en la convocatoria se defina su finalidad de realizar una tesis doctoral. Propone, asimismo, una selección no justificada de contingencias protegidas y no protegidas, incrementando también la pluralidad en este ámbito. Consecuentemente, la heterogeneidad de condiciones laborales de los investigadores no ha desaparecido, y el único factor común en todos los programas de becas es que los investigadores en formación inicial o posgrado no son considerados trabajadores de pleno derecho.


Señorías, actualmente nos encontramos con que una parte importante del desarrollo científico en España está en manos de este personal en fase inicial que, a pesar de una extensa formación científica y académica, y de ser la base del sistema de I+D, sufre un alto grado de precariedad laboral y profesional; de nuevo un sistema laboral precario también entre los propios investigadores. Una parte de los investigadores en fase inicial no tiene la condición de investigador por cuenta ajena; son los investigadores, en nuestra opinión, que a pesar de haber reconocido ese dos más dos quedan todavía sin cobertura. El colectivo más desfavorecido que sigue en el limbo de una situación precaria es el de aquellos becarios que no hacen tesis. De hecho, estos trabajadores no cotizan a la Seguridad Social y, por tanto, no se les aplica la garantía de la que goza el resto de los trabajadores de investigación; quedan fuera de la sanidad pública, no acceden al desempleo, tampoco computan para una futura pensión; en definitiva, carecen de las garantías imprescindibles.


La mayor precariedad, sin embargo, dentro de los investigadores en fase inicial la sufre también otro tipo de investigadores denominados sin remuneración regulada; un colectivo demasiado numeroso para un país que pretende dar un impulso definitivo a su sistema de I+D. Trabajan en universidades y organismos públicos de investigación realizando la misma labor investigadora que cualquier otro, pero carecen no solo de retribución salarial por su trabajo, sino que, en gran parte de los casos, carecen también de un seguro de accidentes. En definitiva, señorías, estos dos colectivos están al margen de una retribución y de unas garantías mínimas en materia de contratación y, por tanto, se verían beneficiados con la incorporación a la Seguridad Social.


Estos colectivos investigadores sufren también de otras discriminaciones.
La carencia de legalidad y la arbitrariedad que significa la beca provoca situaciones muy diferentes, tanto con respecto al trabajo como en relación con los derechos y deberes de los diferentes tipos de becas existentes; también carecen de una representación como colectivo. Como consecuencia de todo ello, estamos abordando un tema en el marco de la política de investigación donde se nota la carencia de una clara política de futuro; al no existir una línea gubernamental estratégica y planificada, se hace difícil la integración, una vez acabada la beca, del proyecto o de la tesis doctoral dentro del sistema de investigación español, es decir, afecta a nuestro sistema de investigación y ciencia.
Como consecuencia de esta precariedad laboral, la elección por parte de los licenciados de desarrollar la carrera investigadora en nuestro país se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos, por lo que se constata una importante escasez de investigadores que planteará en el futuro próximo una amenaza para nuestra capacidad innovadora, para la capacidad de conocimiento y el crecimiento de nuestra productividad, y para el cumplimiento de los objetivos que decíamos antes de desarrollo científico y tecnológico fijados en Lisboa y en

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Barcelona por la Unión. Ante la crisis económica, por tanto, señorías, lo que nos propone hoy aquí el Parlamento andaluz -que nosotros apoyaremos- no solamente es la protección social de los trabajadores, es decir, aumentar nuestro Estado del bienestar, sino también cambiar el modelo de desarrollo; un modelo de desarrollo que no ha tenido en cuenta infraestructuras tecnológicas en nuestro país ni tampoco la necesaria productividad y el avance en la investigación y el desarrollo.


Votaremos favorablemente esta iniciativa. La propusimos en el Parlamento andaluz, la votaremos de nuevo en esta Cámara, y estamos convencidos de que esta iniciativa, junto a la Ley de la Ciencia, van a contribuir a mejorar nuestra investigación y también nuestro Estado social, cuestiones que nos parecen de la mayor importancia, sobre todo ante una crisis económica como la que vivimos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señores representantes del Parlamento andaluz, quiero felicitarles por la oportunidad y sobre todo por el entusiasmo colectivo que ha provocado su iniciativa en la Cámara en su conjunto, a tenor de los datos que obran en nuestro poder, de forma sobrevenida. La oportunidad es clara, a pesar de la diferencia de fechas entre la aprobación en el Parlamento andaluz y el debate aquí, y no deja de ser pertinente. El entusiasmo, un poco forzado por las circunstancias políticas concurrentes, no nos parece tampoco menos relevante que el que suele darse en otro tipo de iniciativas.


Estamos ante un requerimiento ético y ante un requerimiento jurídico. Voy a hacer una reflexión ajena a las que han glosado ya la proposición no de ley del Parlamento andaluz, desde una perspectiva diferente, desde un requerimiento ético, por una razón que luego explicaré, y desde un requerimiento jurídico, por una razón que voy a explicar a continuación.
Realmente los que vivimos en el mundo de la universidad, los que la conocemos internamente sabemos que en el personal investigador concurren unas circunstancias que el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores utiliza para la definición de la relación laboral. Concurren las circunstancias de dependencia jerárquica, de retribución, de ajenidad y de dependencia en definitiva, que configuran la relación laboral cuya vinculación al empleador tiene que realizarse necesariamente por imperativo de esta norma del Estatuto de los Trabajadores, a través de un contrato de trabajo; primera circunstancia que resulta relevante y que conviene que sea valorada. No sé por qué no ha sido valorada por otros intervinientes o por ustedes mismos, pero es un requerimiento del ordenamiento laboral al que los laboralistas somos muy afectos, sobre todo ante la previsión de que el derecho laboral está desapareciendo por mor de las circunstancias socioeconómicas en las que vivimos. Y cuando estamos ante una relación laboral que obliga a la articulación de un contrato laboral, por la naturaleza de las prestaciones, la ajenidad y la dependencia de un empleador o empresario, que en este caso es la universidad, la legislación general de Seguridad Social determina el encuadramiento obligatorio. Estas personas tienen que estar afiliadas a un régimen de la Seguridad Social, al general o al que fuera pertinente.
No es materia disponible; ni es materia disponible la primera -el carácter laboral de la relación y la necesidad de su vinculación, utilizando el mecanismo del contrato laboral- ni es disponible la segunda; es norma de derecho necesario absoluto el encuadramiento en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, tal como establece el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, que es el que regula la actual Ley General de la Seguridad Social. Esto, desde la perspectiva del derecho positivo.


Desde la perspectiva de la sociología -más que del derecho positivo o adjetivo-, nos encontramos con otra circunstancia que tampoco ha sido valorada -no sé si por timidez, por renuncia o porque en algunas materias todos reflexionamos con el brazo encogido-, que es la siguiente. Todos conocemos que en muchas facultades del Estado español, importantes algunas de ellas, con catedráticos de gran relevancia, a esos catedráticos los alumnos a los que deben formar en las asignaturas correspondientes no les han visto el pelo en su vida. Y también sabemos que estas personas -el personal investigador-, al socaire de una perífrasis que resulta manifiestamente fraudulenta, desde una perspectiva del ordenamiento jurídico docente, a través de lo que se denominan clases o ejercicios prácticos, imparten la asignatura en su totalidad, durante todo el curso. Yo conozco a miles de alumnos que no han conocido ni al catedrático ni al titular ni al encargado del curso, y han visto que estos llamados antiguamente becarios les han impartido la asignatura en su totalidad. Desde esa perspectiva sociológica y en la realidad social hay una perspectiva hermenéutica y de complementación de las leyes, que está prevista en el artículo 3 del Código Civil como elemento integrador de nuestro ordenamiento jurídico, y debe ser objeto de consideración por el legislador. Luego, desde esta doble perspectiva, esta proposición que ustedes presentan desde el Parlamento de Andalucía -y yo les felicito por ello- nos parece puesta en razón, con fundamentación jurídica suficiente, muy razonable, muy oportuna en el tiempo, y sobre todo muy susceptible de provocar este entusiasmo al que vamos a asistir en su toma en consideración.


Tenemos un compañero en la Cámara cuya esposa ha sufrido en sus propias carnes las lagunas de la normativa existente en relación con los becarios. Hay trabajos que realizan los becarios que tienen las condiciones de penosidad, de toxicidad y de peligrosidad, que regulan no solo el Estatuto de los Trabajadores, sino también las normas de prevención de accidentes e higiene y seguridad en el trabajo, en definitiva los programas de prevención del riesgo laboral. Hay una persona, decía, la esposa de un diputado de esta Cámara, que trabajando en un laboratorio, sufrió los efectos de un accidente laboral sin ningún tipo de cobertura, ni siquiera esto que ustedes aquí preconizan

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como pólizas de seguros médicos privados, que efectivamente cuestan más al erario público que la integración o el encuadramiento en el sistema de la Seguridad Social que resulte pertinente.


Por todas estas razones y porque es una fundamentación de justicia, sobre todo de justicia material y de justicia sustantiva la que ustedes reclaman, y porque realmente -y como ya ha sido glosado por otros portavoces no me voy a extender más en esta materia- la investigación es una de las asignaturas pendientes en el Estado español, y porque en la exposición de motivos se menciona un dato que es cierto -lo he podido comprobar- que es que queda demostrado en el informe bibliométrico de la producción científica que el personal investigador en formación o perfeccionamiento en España publica el 48,8 por ciento -ya es más al día de hoy- de los artículos científicos españoles en revistas internacionales, solo por esta razón y por los déficits o por los gaps que tenemos en materia de investigación, nosotros, con entusiasmo -del que seguramente participarán otros grupos parlamentarios-, vamos a aprobar la toma en consideración de esta proposición, no sin una admonición o advertencia a título póstumo, que es la siguiente: la beca no puede desaparecer como concepto, porque la beca cumple otras funciones. Ahora, la beca no puede ser el subterfugio para encuadrar contratos laborales fraudulentos que se practican con este personal investigador, de forma casi sistemática, en numerosas universidades del Estado español, y particularmente en las más conocidas, en las más prestigiosas y en las más relevantes. Esto es una vergüenza y contra esta vergüenza nosotros vamos a luchar también.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, representantes del Parlamento de Andalucía -por cierto, bienvenidos al Congreso-, uno de los objetivos de esta legislatura es la construcción de un modelo estable de ciencia e innovación; un modelo que apueste por la excelencia, por la estabilidad, y que por tanto tenga el largo plazo como su principal condicionante.


Nuestro grupo parlamentario ha apostado desde siempre por la excelencia en la formación y en el conocimiento, y creemos que la construcción de un modelo de ciencia e innovación, que ha de constituir un objetivo prioritario en esta legislatura, debería perseguir, a su vez, diferentes objetivos. En primer lugar, buscar la excelencia en la actividad de investigación, lo que significa que será preciso una mayor competencia en las actividades de I+D y en las instituciones y organismos que participan. En segundo lugar, deberá buscar la excelencia en la transferencia del conocimiento en dos sentidos, tanto desde las universidades y centros de investigación y las empresas como desde una perspectiva transversal. En tercer lugar, deberá buscar la excelencia desde la perspectiva del marco administrativo y fiscal que regula las actividades de investigación y desarrollo, y aquí hay mucho por hacer.
Por último -y no menos importante- entendemos que el modelo deberá perseguir la excelencia en la formación, en la formación orientada a las actividades de I+D+i, y es en este marco en el que adquiere relevancia la necesidad de impulsar un marco regulatorio para la carrera investigadora, que la haga más atractiva, que persiga la calidad y que la haga más independiente. Hemos de buscar y perseguir un modelo más propio, menos disperso, más acorde con el contexto actual y con nuestro crecimiento económico y social, y a ello ha respondido la legislación catalana.


Por todo ello, consideramos que la toma en consideración representa una oportunidad para poder definir la carrera investigadora. Al respecto también queremos hacer una serie de consideraciones en relación tanto al contenido de la proposición de ley que se presenta para su toma en consideración como a nuestro posicionamiento, consideraciones que entendemos deberán tenerse en cuenta en el futuro y próximo debate del marco regulatorio de la carrera investigadora. En primer lugar, hemos de tener en cuenta el marco actual que diferencia en las instituciones públicas los dos años de becarios de los dos años sucesivos de contrato laboral de investigador. En segundo lugar, no podemos olvidar los avances conseguidos por los investigadores en cuanto a su cotización en la Seguridad Social desde su inicio; situación que no recoge la proposición de ley que se presenta para su toma en consideración. También existen otros aspectos incorporados en la proposición de ley que deberán analizarse, especialmente el referente a los investigadores en instituciones privadas. Señorías, si creemos que debemos definir un marco regulatorio que estimule la investigación, que haga atractiva la carrera investigadora, que persiga la excelencia en la función de investigación y premie a los mejores como medida de estímulo y reconocimiento, la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Parlamento de Andalucía, no obstante no incorpore los avances registrados, puede y entendemos que constituye una oportunidad para abrir este debate. Un debate que ha de permitir mejorar y reconducir las deficiencias que presenta el modelo actual, y los problemas aún no resueltos que pueden derivarse del actual modelo de dos más dos, por ejemplo, en relación a las bajas por maternidad. Asimismo, desde nuestro grupo parlamentario entendemos que el futuro marco regulatorio deberá también conseguir un equilibrio entre seguridad y flexibilidad. Y en términos de seguridad, los requisitos deberán dar respuesta a las demandas del sector, pero al mismo tiempo no deberán ser disuasorios de su contratación. Un equilibrio también entre estabilidad y flexibilidad que permita reconducir los elementos de precariedad que penalizan al investigador en sus inicios, sin que ello nos lleve a una rigidez contractual que al final consiga los efectos contrarios a los que perseguimos, y pueda llegar a colapsar el acceso al mundo de la investigación e impedir una necesaria renovación y calidad. Hemos de estimular la movilidad, tal como ha sido recogido por la Ley de Universidades catalana, como parte de la misma flexibilidad y como incentivo y factor enriquecedor de la carrera universitaria. El crecimiento

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cualitativo de la investigación requiere de la movilidad como instrumento de intercambio del conocimiento, y Europa nos obliga a ello. En este sentido también deberemos prever y establecer un marco de régimen especial para los becarios no residentes.


Señorías, representantes del Parlamento de Andalucía, votaremos favorablemente a la toma en consideración de la proposición de ley, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y la oportunidad que puede representar de iniciar un debate sobre el marco regulatorio de la investigación, que la misma Ley de la Ciencia anunciada por el Gobierno deberá incorporar, y que la apuesta necesaria y obligada por la investigación y el desarrollo como ejes de crecimiento y de competitividad, como elementos e instrumentos que han de contribuir a la necesaria reactivación económica y al cambio del modelo de crecimiento y a la reconducción de los déficits estructurales que nuestra economía aún sufre, nos obliga a considerar.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.


Por el Grupo Parlamentario Popular y para fijar posición tiene la palabra el señor Elorriaga.


El señor ELORRIAGA PISARIK: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero, en primer lugar, sumarme a la bienvenida que todos los grupos han dispensado previamente a los representantes del Parlamento andaluz, y agradecerles en nombre del Grupo Parlamentario Popular que traigan hoy a debate a este Pleno esta importante iniciativa. Quiero anunciarles ya, desde el primer momento de mi intervención, el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular para la admisión a trámite de esta proposición de ley, que puede sin duda cambiar significativamente el régimen laboral y las condiciones de trabajo de mucho miles de jóvenes investigadores en toda España. En primer lugar, no puedo dejar de hacer una consideración -si no, probablemente no se entenderían muchas de las intervenciones que estamos escuchando- sobre las razones que traen esta iniciativa al debate en el Pleno casi cinco años después de que fuese aprobada por el Parlamento de Andalucía. Hay que recordar que en una maniobra realmente extraña, tras su aprobación y remisión a las Cortes Generales, fue retirada a instancias del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía para eludir su debate ante este Pleno tras el resultado de las elecciones generales del año 2004, dando así una señal bastante lamentable de las formas de hacer política. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que durante toda una legislatura esta proposición ha estado pendiente de su admisión a trámite para conocimiento del Pleno por razones absolutamente injustificadas que han hecho que solo casi cinco años después, insisto, podamos entrar a conocer este texto y a debatirlo entre todos. Con todo, a pesar de estos retrasos, celebro que por fin hoy podamos estar aquí debatiéndolo y, por tanto, podamos avanzar en este asunto tan importante.


Conviene hacer, aunque sea brevemente, un repaso de los antecedentes del tema que hoy nos ocupa. Es evidente, como se ha recordado también en alguna de las intervenciones anteriores, que muchos de los cambios que en el modelo de ciencia y tecnología española se están produciendo arrancan de la iniciativa política tomada en el Consejo de Lisboa en el año 2000 y de su posterior reiteración en el Consejo de Barcelona del año 2002. Fue este impulso político decisivo que el Gobierno presidido por José María Aznar dio al I+D en toda Europa, y por supuesto en España, el que inició un proceso de transformación de las condiciones del sistema de ciencia y tecnología en España que también ha terminado afectando a las condiciones laborales de muchos investigadores. El segundo paso, todavía con gobiernos del Partido Popular, fue la aprobación del Real Decreto 1326/2003, que es el primer paso, con la aprobación del Estatuto del becario de investigación, en la regularización de esta importante labor científica. Después, en el año 2005, la Carta europea del investigador y el código de conducta para la contratación de investigadores, así como la regulación del Estatuto del personal docente y de investigación, que a impulso de la Unión Europea fueron aprobados, también lanzaron recomendaciones claras y determinantes sobre la necesidad de dar una regulación más rigurosa, más sólida, a la situación de los investigadores en general en nuestro país y a los jóvenes investigadores de manera específica. Sin duda, el Real Decreto 63/2006 supuso un avance cierto pero muy insuficiente que sigue sin cumplir la normativa europea, que tiene un rango normativo insuficiente y que crea una fractura en la situación de los investigadores españoles absolutamente injustificable; fractura en el sentido de que la situación jurídica de los becarios depende de su convocatoria y de las condiciones en las que el órgano convocante la haya querido plantear, en el sentido de que sean orientadas o no a la realización de las tesis doctorales, y también arbitraria porque se excluyen de cobertura de la Seguridad Social determinadas prestaciones sin razón alguna que lo justifique. Insisto, con todo, este avance que supuso el decreto del año 2006 fue un paso en la buena dirección, aunque insuficiente. Tras este decreto, sin embargo, se han conocido en esta Cámara algunos episodios que nos hacen dudar de la voluntad del Partido Socialista para seguir avanzando en la buena dirección; no puedo dejar de citar dos hechos, quizá tres, relevantes desde mi punto de vista que inciden directamente en esta materia. En primer lugar, la Comisión de Educación y Ciencia, que era la competente para conocer estas materias en la anterior legislatura, aprobó el pasado 25 de septiembre del año 2007 una resolución por unanimidad instando al Gobierno a avanzar en este proceso de mejora de la cobertura social de los jóvenes investigadores. Nada de esto se ha hecho. Es más, no solo no se dieron pasos en esa dirección sino que el Grupo Parlamentario Socialista, a través de una enmienda en el Congreso de los Diputados a los Presupuestos Generales del año 2008, intentó reducir nada menos que en un 75 por ciento la base de cotización durante los dos primeros años de actividad de los jóvenes investigadores intentando con su mayoría dar claramente un paso atrás planteando un diáfano retroceso en el camino que se había emprendido. En este tiempo también hay que reconocer, y también se ha hecho referencia a ello en algún

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momento anterior, que las comunidades autónomas en muchos casos se han puesto por delante del Gobierno de la nación y han hecho con cargo a sus propios recursos lo que parece que el Gobierno de la nación no quiere hacer, es decir dar plena cobertura en el régimen general de Seguridad Social a los becarios de investigación desde el primer momento de su contratación. Por último, esta mañana, escuchando al secretario de Estado de Investigación ante la Comisión correspondiente, sinceramente me quedaron algunas dudas sobre el verdadero compromiso de la mayoría socialista a la hora de sacar adelante esta iniciativa. Con todo, es bueno que hoy estemos debatiendo este tema; espero que pueda continuar su tramitación y creo que conviene dejar claramente establecidas algunas cosas que no por repetirse muchas veces se ajustan a la realidad.


En primer lugar, el portavoz del Grupo Vasco, Emilio Olabarría, con una calidad jurídica innegable ha explicado por qué es completamente ajena a los principios básicos del derecho laboral español la ausencia de la regulación bajo el derecho laboral de este tipo de relación de los jóvenes investigadores con sus respectivas administraciones o con sus respectivos centros de investigación. Nada tiene que ver la cobertura social de este tipo de contratos con la funcionarización que en ocasiones se denuncia ni con la inmovilidad de los puestos contratados ni con la rigidez establecida en la prestación de esta relación laboral, son asuntos independientes que pueden ser perfectamente regulados. Desde luego, es evidente que también en muchas ocasiones contratos de pleno carácter formativo están perfectamente integrados en los regímenes de cobertura social ordinarios sin ningún trauma; es decir, el hecho de que esta relación vaya especialmente orientada a la formación para nada excluye su cobertura social. Es el caso obvio de los funcionarios en prácticas de todas las administraciones que, exclusivamente dedicados a la formación, disfrutan plenamente de la cobertura social de su Administración convocante o el caso de profesionales como los sanitarios.


Termino ya. Es evidente que la aprobación hoy de esta proposición y su posterior tramitación van a dar una exacta medida de la importancia que la sociedad española y los grupos políticos que aquí la representan otorgan a la investigación y concretamente al papel que los jóvenes investigadores juegan en ella. Desde el punto de vista del Partido Popular son auténticos profesionales en el inicio de una carrera, absolutamente acreditados en su capacidad, que han superado procesos selectivos rigurosísimos y que, por lo tanto, merecen la protección y todo el apoyo de las instituciones públicas. En segundo lugar, para el Partido Popular ese es un compromiso electoral inequívoco y reiterado, figuraba expresamente en el programa electoral con el que el Partido Popular de Andalucía concurrió a las últimas elecciones andaluzas y en el programa del Partido Popular con el que concurrimos a las elecciones generales hace apenas unos meses. Por lo tanto, para nosotros este es un compromiso político pleno, riguroso y perfectamente concretado en nuestros textos políticos.


Por último, una invitación a la negociación y al diálogo entre todos. Es evidente que el tiempo transcurrido ha hecho que el contenido concreto de la proposición esté en parte desactualizado y probablemente en algunos aspectos no sea exactamente el que necesitamos ahora. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular está plenamente abierto al diálogo y a la negociación sobre el contenido de esta iniciativa. Ahora bien, quienes pretendan simplemente, si alguien lo hace, que tras esta aceptación este proyecto quede aparcado y no continúe adelante la tramitación, que quede a la espera de otros textos legales o que quede indefinidamente aplazado como quedó durante cinco años la iniciativa, desde luego que no cuenten con la complicidad ni con la colaboración del Grupo Popular. Por tanto, gracias a los representantes del Parlamento andaluz por traernos hoy a debate esta importantísima cuestión y espero que con el respaldo de la mayoría de los grupos pueda salir adelante.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorriaga.


Por el Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición tiene la palabra el señor Tomás.


El señor TOMÁS GARCÍA: Señores diputados de la Delegación del Parlamento de Andalucía, señor Blanco, señor Fernández de Moya y señor Mariscal, bienvenidos.


Señor Fernández de Moya, nos llama la atención la fe del converso que hoy ha manifestado en esta sesión. Nos pide coherencia, y yo le pregunto: ¿qué coherencia pide el Partido Popular cuando se sometió a votación esta iniciativa legislativa en Andalucía y se abstuvo? ¿Qué coherencia pide ahora? (Aplausos.) De todos modos, bienvenidos al club, bienvenidos al grupo de quienes apoyamos (Rumores.) y apostamos por la formación del personal investigador y por quienes apostamos por dar más recursos a la investigación en España. No hemos esperado a que lo recomiende la Unión Europea; quizás ustedes estaban esperando a hacerlo cuando gobernaban.
¿Qué hicieron? Hicieron muy poco. En cualquier caso, señor Elorriaga, no nos digan que el modelo que tenemos que seguir es el de la Comunidad de Madrid, donde, según tengo entendido, se ha implantado un contrato por obras y servicios que gusta muy poco a los jóvenes investigadores; si no, pregúntenles.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista apoyará la toma en consideración de esta iniciativa legislativa que hoy nos presenta el Parlamento de Andalucía, si bien tengo que avanzar que en ningún caso este apoyo quiere decir que mi grupo suscriba la integridad del texto propositivo, no solo porque han transcurrido cinco años desde que arrancara su tramitación por el Parlamento andaluz y se haya modificado el contexto donde surgió, como así lo han reconocido prácticamente todos los grupos, sino porque en este periodo especialmente, en los cuatro últimos años, hemos hecho camino, un camino por el que ya transita con fluidez una parte importante de las aspiraciones que recoge la presente proposición de ley. Apoyaremos su toma en consideración, con lo cual hoy saldrá adelante por unanimidad de esta Cámara, y entiendo cuál fue el sentido que motivó su presentación a finales de la VII Legislatura cuando en el horizonte jurídico solo contábamos con un

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raquítico Estatuto del becario de investigación elaborado por quienes entonces gobernaban. Me refiero al Estatuto del becario de 2003 del Gobierno del Partido Popular. Fue un tímido paso que no solucionaba las aspiraciones de nuestros investigadores en formación, pues restringía su ámbito de aplicación a los doctores y titulados con suficiencia investigadora y no representaba novedad alguna respecto a la relación jurídica del becario de investigación. Señorías, subrayo lo de raquítico, pues no se puede llamar de otra forma a un estatuto que establecía la inclusión en la Seguridad Social de becarios de tercer y cuarto año, pero para los que nunca hubo dotación presupuestaria para cumplirlo, ni siquiera en el año en el que gobernaban y tenían la responsabilidad. Así fueron las cosas.


La proposición de ley cuya toma en consideración debatimos representó en su momento una respuesta del Parlamento de Andalucía -que el Partido Popular se abstuvo de votar- a las carencias de protección social y jurídica del sistema y fue una mano tendida a las demandas de los jóvenes investigadores. Sabemos que hemos hecho camino, un camino cuyo hito más importante -lo hemos señalado en la tarde de hoy- se produjo en la pasada legislatura con la aprobación del EPIF en 2006. Señorías, es cierto que esto supuso un gran avance, pero también que nos queda un recorrido importante que realizar; y lejos de rechazar de plano la toma en consideración de esta proposición de ley, aunque pudiera haber motivos fundados para estimarlo así, mi grupo apoyará su tramitación a sabiendas de que no es posible asumir el contenido en los términos en los que se expresa, y me alegra escuchar en este mismo sentido la posición del Grupo Popular a través de su portavoz señor Elorriaga. No es posible asumir tal cual su contenido por la sencilla razón de que desde 2006 contamos con una herramienta jurídica que es el EDIF., que ha supuesto un gran avance sobre la situación precedente y que mejora sustancialmente la figura del becario al que se extienden durante los dos primeros años los beneficios de la Seguridad Social, asimilándoles a los trabajadores por cuenta ajena, y que ha supuesto además la consolidación de la figura del personal investigador en formación en fase de contrato durante dos años, en los que ya disfruta de los derechos de carácter laboral y también los relativos a la Seguridad Social, incluso del derecho de baja por maternidad que se ha resuelto en el último año. Este modelo, el modelo dos más dos, es el resultado del cumplimiento de un compromiso contraído por los socialistas con la sociedad en 2004, y lo fue mediante su inclusión en el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones: el compromiso de apoyar a los jóvenes investigadores con la incorporación inmediata de los becarios predoctorales de primer y segundo año al régimen de la Seguridad Social, así como la transformación de estas becas de tercer y cuarto año y las posdoctorales al régimen de contratación laboral. En línea con este compromiso el Gobierno socialista incluyó en los presupuestos de 2005, un año antes de la aprobación del EPIF, una partida extraordinaria de 25 millones de euros para las becas de formación de profesorado universitario, FPU, y del personal investigador, FPI, con la que se consiguió incluir a los becarios posdoctorales de tercer y cuarto año -predoctorales y los posdoctorales también- en la Seguridad Social e igualar la cuantía de ambos tipos de beca en 1.100 euros ya en enero del año 2005, algo, señorías, que nunca hizo el Gobierno del Partido Popular a pesar de haberse comprometido a ello en el Estatuto del becario de 2003. Un año después, en 2006, la aprobación del EPIF ha significado de hecho y de derecho la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación y el establecimiento de una relación laboral para los dos últimos años de la formación del investigador dentro del marco normativo vigente; unas medidas que supusieron además un coste de 25 millones de euros -otros 25 millones de euros-, demostrando de qué manera el Gobierno socialista ha venido y viene potenciando los recursos humanos en investigación. Como no podía ser de otra forma, la concreción de estos compromisos se hizo de manera dialogada puesto que desde el inicio de la VIII Legislatura los responsables del entonces Ministerio de Educación y Ciencia mantuvieron permanente contacto con los sindicatos y con la Federación de Jóvenes Investigadores, contacto que ha permanecido en el tiempo como demuestra la reunión que la semana pasada celebraron con los directores generales de esta materia en el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación. Como pueden comprobar a día de hoy el tema que estamos tratando forma parte importante de la agenda política del Grupo Parlamentario Socialista, de la agenda política del Partido Socialista; está en nuestros compromisos electorales y lo saben bien las organizaciones sindicales y la comunidad universitaria y científica.
Quien parece que no se ha enterado aún es el portavoz del Grupo Popular, y lo siento. Señor Elorriaga, esta misma mañana nos sorprendía usted en la Comisión de Ciencia e Innovación preguntando al Gobierno para cuándo íbamos a incorporar a los jóvenes investigadores a la Seguridad Social.
Fue una sorpresa. Yo le pregunto: ¿Sabe cómo estaban los investigadores en formación hace ahora cuatro años exactamente? Tengo mis dudas.


A pesar de estas consideraciones formales y de fondo creemos que la proposición de ley que llega ahora viene en un momento interesante y que su posterior debate tras la toma en consideración podrá ayudar a dibujar para todos un mapa más claro de la función investigadora. Tenemos el reto de dejar claro y ponernos de acuerdo en cuestiones tales como qué es un investigador, cuál es su derecho, cuál es su deber, qué es un investigador en formación y otros aspectos. Por ejemplo tendremos que ponernos de acuerdo también sobre los riesgos que determinadas opciones conllevarían por dificultar la captación de financiación privada, tal como reclaman algunos grupos, pero que quede claro que nuestro rechazo es frontal a toda utilización perversa del trabajo del becario en el supuesto de las llamadas falsas becas, en las que el becario desarrolla un auténtico trabajo por cuenta ajena y es objeto de una estafa. Estamos en un momento interesante porque vamos a una situación de cambio. La estructura de los estudios universitarios y del acceso a la suficiencia investigadora ha iniciado un proceso de cambio hacia el sistema de créditos, de másteres científicos que sustituyen a los hasta ahora ciclos de doctorado; también desaparece el DEA. Todo ello significa que tendremos

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tendremos que modificar algunos apartados del EPIF y que estas modificaciones tendrán que tener su reflejo en la Ley General de la Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tomás. Tiene que acabar.


El señor TOMÁS GARCÍA: Con permiso, señor presidente.


Hemos dejado bien clara nuestra posición en relación con la toma en consideración de la proposición. Su contenido no es asumible en sus términos, sin embargo el tema sí está en nuestra agenda política. Lo saben con certeza los que han mantenido contactos con los responsables de ciencia e innovación para definir un modelo de carrera investigadora; modelo que tendremos que encajar en el proyecto de ley de la ciencia, anunciado por la ministra Cristina Garmendia en esta Cámara, y que constituye toda una apuesta en la línea del compromiso del presidente del Gobierno en su discurso de investidura.


El señor PRESIDENTE: Señor Tomás, tiene que acabar.


El señor TOMÁS GARCÍA: Ya.


Hemos hecho el camino que nos permite mirar con confianza el futuro y seguir potenciando los recursos humanos en investigación en las mejores y más dignas condiciones laborales posibles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tomás.


Examinado el primer punto del orden del día, deseo agradecer su presencia a la delegación del Parlamento andaluz: a los señores Blanco Romero, Fernández de Moya y Mariscal Cifuentes, a los que invito a que, si lo desean, sigan la sesión plenaria desde las tribunas del público. Muchas gracias.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA LA APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO A LOS SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y GAS. (Número de expediente 122/000006.)

El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para la aplicación del tipo reducido a los suministros de electricidad y gas. Para la exposición de la proposición de ley tiene la palabra, por el grupo proponente, el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Señoras diputadas, señores diputados, efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una proposición de ley, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para la aplicación del tipo reducido a los suministros de gas y electricidad. Esta iniciativa parlamentaria tiene tres objetivos fundamentales, que voy a detallar a continuación: en primer lugar, la aplicación del tipo reducido del IVA al 7 por ciento al suministro de gas natural y al suministro de electricidad, de acuerdo con la previsión comunitaria y previa información a la Comisión Europea. Esta iniciativa tiene un efecto muy interesante cara a todos los hogares españoles porque, si prosperara, todos ellos tendrían una rebaja del 9 por ciento en las facturas de gas y electricidad que se podría instrumentar a partir de la fecha de su aprobación. Señorías, de entrada ya tenemos una propuesta que plantea una rebaja en la factura del gas y de la electricidad a todos los ciudadanos españoles. Vale la pena que ustedes tengan constancia de que las familias que se verían más beneficiadas de esta rebaja de un 9 por ciento en la factura del gas y de la electricidad serían justamente las que están en estos momentos más necesitadas, que están padeciendo con más intensidad la crisis económica por la que está atravesando la economía española. Por lo tanto, también podríamos llegar a la conclusión, de que quienes se verían beneficiados por esta rebaja en las facturas del gas y la electricidad serían justamente todos aquellos viudos y viudas que cobran una pensión mínima de viudedad, así como todos aquellos pensionistas que difícilmente llegan a final de mes porque tienen unas pensiones muy bajas, además de los que no llegan a los 1.000 euros. Como todos ustedes saben perfectamente, hay muchísimos ciudadanos españoles que tienen unos salarios entre los 800 y 1.000 euros y lógicamente acogerían con muchísimo agrado en sus economías una rebaja del 9 por ciento en las facturas del gas y la electricidad.
También podríamos llegar a una tercera conclusión, y es que todas aquellas economías familiares que están circunscritas a estas rentas muy bajas y que tienen muchas dificultades para llegar a final de mes respirarían con un cierto alivio por una rebaja de la factura fiscal del 9 por ciento. Esta es una de las medidas o propuestas que desde Convergència i Unió hemos venido haciendo insistentemente a finales de la anterior legislatura. Incluso en una primera comparecencia del vicepresidente económico del Gobierno ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes, todos los grupos parlamentarios propusimos en el mes de enero de este año, cuando ya era incipiente la crisis económica que estamos padeciendo en estos momentos, que sería interesante que una parte de los impuestos que pagan todos los ciudadanos españoles pudiera revertir a sus bolsillos. Por eso, una medida como la que estamos planteando -no deja de ser novedosa en la Unión Europea porque, como explicaré posteriormente, hay algunos países importantes en ella que ya han planteado esta posibilidad- era una manera interesante de que una parte importante de algunos impuestos que se están pagando

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en estos momentos pudiera revertir a los bolsillos de los ciudadanos para que las familias pudieran tener más masa monetaria para atender sus necesidades más perentorias, ya que tienen muchísimas dificultades para llegar a final de mes.


También hay otro aspecto relevante que planteamos a todas SS.SS. para que reflexionen a la hora de votar. Estaremos todos de acuerdo, señorías, en que uno de los efectos más negativos de la economía española es la inflación; incluso con las manifestaciones del Gobierno y en la comparecencia del señor Zapatero la semana pasada todos llegamos a la conclusión de que uno de los elementos más nocivos de la economía española y para la creación de empleo era la inflación, y que en su lucha probablemente el Gobierno, que sí había tomado una serie de medidas en los últimos meses, tampoco ha estado acertado, porque justamente con los resultados de los índices de inflación de la economía española vemos con muchísima preocupación, al menos desde nuestro grupo parlamentario, que, independientemente de que en estos dos últimos meses se han bajado algunas décimas, todavía el índice de la inflación española esté un punto o un punto y medio por ciento de la media europea. Esta medida también sería una de aquellas que son muy interesantes y que tendrían efectos muy positivos en la lucha contra la inflación. Esta es una segunda consideración importante sobre la que valdría la pena que SS.SS. pudieran reflexionar a la hora de votar, porque con su aprobación se verían beneficiadas muchísimas familias que están en una situación delicada, muchísimos mileuristas que tienen dificultades para llegar a final de mes y muchísimos jóvenes que están instalados en un nuevo hogar, y que con esta rebaja del 9 por ciento probablemente podrían pasar menos dificultades, menos penurias económicas. Al mismo tiempo, no dejaríamos de dar un balón de oxígeno al Gobierno para que nuestra medida pudiera ser pionera en luchar contra la inflación española, que, como ustedes saben perfectamente, es quizá el principal enemigo de la situación económica actual y el principal enemigo para la creación de empleo.


¿En qué se ha basado Convergència i Unió para poder plantear una iniciativa de este calibre, a la que damos mucha importancia y que viene respaldada por todas aquellas tesis de la Unión Europea que posibilitan que el Gobierno pueda acceder inmediatamente a una rebaja del IVA en las facturas de gas y de electricidad sin el permiso de la Comisión Europea? Les voy a leer textualmente cuál es la situación de esta iniciativa que presenta Convergència i Unió, que va en la siguiente dirección: Los Estados miembros podrán aplicar un tipo reducido a los suministros de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana siempre que de ello no resulte ningún riesgo de distorsión de la competencia. Estamos en una situación en la cual no se conculca ningún aspecto relativo a la competencia, por lo cual el Estado español podría aplicarlo inmediatamente sin necesidad de autorización de la Comisión Europea.
Sigo: Cuando un Estado miembro se plantee aplicar dicho tipo informará de ello previamente a la Comisión, que se pronunciará sobre la existencia de un riesgo de distorsión de la competencia. Si la Comisión no se ha pronunciado en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la información, se considerará que no existe riesgo alguno de distorsión de la competencia. Es decir, además de las entregas y la prestación de servicios que el anexo H de la directiva contempla para la aplicación de tipos reducidos, prevé asimismo la posibilidad de que pueda solicitarse a la Comisión Europea por parte de los Estados miembros la aplicación del tipo reducido de estos suministros. Entendemos que, en el caso de que se tomara en consideración esta iniciativa parlamentaria de Convergència i Unió, con el soporte del resto de grupos del Congreso de los Diputados, probablemente habría tiempo suficiente para que en el plazo de tres meses el Gobierno pudiera solicitar esta autorización que sería aprobada sin dificultad por la Comisión Europea.


Al mismo tiempo me gustaría detallarles que algunos Estados miembros de la Unión Europea ya han puesto en marcha el planteamiento de este IVA reducido a los mismos servicios. Concretamente tenemos ejemplos muy significativos en Italia, que está aplicando un tipo reducido del 10 por ciento, Grecia del 8 por ciento, Luxemburgo del 6 por ciento y Portugal y Reino Unido del 5 por ciento, y hace seis u ocho meses Francia se ha acogido a esta posibilidad de aplicar el IVA reducido al gas y la electricidad para sus conciudadanos y ha aplicado un tipo reducido del 5,5 por ciento. Por tanto, entendemos que no existe ninguna barrera en la legislación comunitaria que impida que en España puedan gozar todas las familias españolas de un tipo reducido del 7 por ciento.


Nos gustaría poder plantear algunos aspectos positivos que irían en la dirección de beneficiar las economías españolas. De todos ustedes es perfectamente conocido que en estos últimos meses se han producido unos incrementos importantes en la electricidad, y debido al déficit tarifario que existe en estos momentos en el Estado español no nos extrañaría que el Gobierno tomara en los próximos meses la decisión de continuar subiendo la tarifa eléctrica en España, pudiendo llegar a unos incrementos que oscilarían para el año 2008 alrededor del 11 y 12 por ciento. Entendemos que este incremento de tarifas eléctricas dañaría todas las economías domésticas, especialmente las más necesitadas, y que una manera de poder compensar esta subida que necesariamente va a tener que aprobar el Gobierno para intentar paliar el déficit tarifario sería que el Gobierno tomara en consideración y aplicara esta rebaja de la factura del gas y la electricidad a todas las familias españolas.


Finalmente también entendemos que no tendría que ser óbice para que el Gobierno tomara en consideración esta propuesta planteada por Convergència i Unió que sería el coste de esta rebaja de impuestos por pasar del IVA normal al IVA reducido que, según los cálculos que ha planteado e investigado nuestro grupo parlamentario, no llegaría a los 1.600 millones de euros, todavía muy lejos de los 6.000 millones de euros que ha representado la devolución de los 400 euros a algunas familias españolas, especialmente a las menos necesitadas, y que desgraciadamente no ha llegado a todas aquellas rentas familiares que tenían pensiones mínimas, ni a familias mileuristas a las que no se les había retenido, con lo cual no se han podido ver beneficiadas por una devolución de impuestos de la que desgraciadamente se han beneficiado solamente las clases medias

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y altas. Por tanto, estamos ante una iniciativa, desde nuestro punto de vista, interesante. Una iniciativa en la cual lo más beneficiados van a ser las familias y los colectivos españoles con mayores dificultades para llegar a final de mes y también, y esta es una cuestión importante, el Gobierno va a tener la posibilidad de ponerse una medalla muy importante para luchar contra la inflación, que, repito, es el enemigo público de la economía española.


Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Ningún grupo ha pedido intervenir en el turno en contra. Por tanto, pasamos a los turnos de fijación de posición. El Grupo Mixto ha renunciado a su turno. Pasamos al Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y en su nombre tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor Sánchez i Llibre, nosotros estamos de acuerdo en que existe un problema con los precios de la electricidad y del gas natural. Es más, entendemos que ese problema de precios debería garantizar el suministro a un precio razonable, especialmente para los sectores más vulnerables.
Estamos de acuerdo con ello, señor Sánchez i Llibre. Ahora bien, creemos que ese problema de precios y ese acceso a la electricidad y al gas, especialmente de sectores más vulnerables, debería solucionarse con determinadas condiciones. ¿Qué condiciones? Primera, garantizar que la disminución de precios no sea compensada con una subida posterior de esos mismos precios por parte de compañías eléctricas. Segunda, que el sistema de precios lo que hiciese, a su vez, es gravar los consumos más suntuarios, aquellos que gastan o incluso derrochan más electricidad a sabiendas de que el consumo de electricidad es precisamente uno de los problemas de nuestra economía. Tercera, que no se discriminase a otro tipo de suministros de gas o de combustibles de otras fuentes energéticas. Cuarta, que se garantizasen recursos que sufragasen las estrategias de ahorro y eficiencia; dicho de otra manera, que los recursos para programas de gestión de la demanda proviniesen del precio que se cobra en el recibo de la luz o del gas. Además, para que se garantizase una medida de estas características, tendría que suponer que no hay caída de ingresos en un escenario en que esos ingresos son imprescindibles para afrontar los retos de los próximos años en una situación de crisis más que evidente y, además, que los precios deberían dar señales que explicasen la escasez energética de nuestro país.


¿Cuál es el problema? Que su proposición de ley nos habla de que existe un problema de precios de gas natural y de electricidad y dice que hay sectores vulnerables, pero no aborda ninguna de las seis condiciones que le he mencionado. De hecho, nuestro grupo parlamentario, usted lo sabe, formuló enmiendas a la Ley del sector eléctrico para garantizar un acceso a precios razonables a los sectores más vulnerables, para garantizar una tramificación del precio de la electricidad, incluso del gas, que nos permitiese no afectar a los sectores más vulnerables, que pagasen menos pero con una serie de condiciones como las que he expuesto. ¿Y sabe que pasó? Que en la tramificación de la Ley del sector eléctrico, también en la de hidrocarburos, el Partido Socialista, el Partido Popular y Convergència i Unió votaron en contra -sí, en este caso sí- de esas enmiendas. ¿Por qué? Porque eran enmiendas que discriminaban a favor de los sectores más vulnerables, que protegían el medio ambiente y que entendían que no podíamos continuar incrementando el consumo de gas y de electricidad. Por eso, nosotros tenemos una postura crítica con su proposición de ley y no le vamos a dar apoyo porque entendemos que usted, con este discurso en torno a las familias sobre el que podríamos coincidir, lo que hace es traernos una propuesta que afecta por igual a las familias que más lo necesitan y a las que menos ahorran en materia de electricidad y gas, haciendo una política para todo el mundo en un sector como el eléctrico que tendría que discriminar en razón de los sectores más vulnerables y en razón de lo que se consume. Si nos propusiese que, por ejemplo, la tarifa de último recurso sea explicada y llegue a más hogares, estaríamos de acuerdo. Si nos plantease que lo que tenemos que hacer es tramificar la tarifa y permitir que aquellos que ahorran más paguen menos, estaríamos de acuerdo. Lo que no vamos a hacer es votar a favor -sé que lo sabía- de una propuesta que lo que hace es bajar de forma indiscriminada, independientemente de los recursos de la familia y de lo que se consuma, en este caso el IVA, sin tener presente la caída de ingresos, el ahorro, la eficiencia, la diferente realidad de las familias, en definitiva, las necesidades tanto familiares como de nuestra economía. Por todo ello, señor Sánchez i Llibre le anuncio ya, sé que lo esperaba y que no le decepciono, nuestro voto en contra de su proposición de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) renuncia a su intervención. Pasamos al Grupo Parlamentario Popular, para lo cual tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, tomamos hoy en consideración el establecimiento de un tipo reducido de IVA para el suministro de gas y electricidad como una forma de aliviar la situación económica de un gran número de familias españolas, como explicaba muy bien el ponente de esta iniciativa. Para aliviar esta situación, desde el Grupo Popular pensamos que no basta la pedagogía que últimamente parece querer predicar el señor Zapatero, porque, señorías, con pedagogía no se puede comer, sino que es necesario adoptar medidas eficaces y realistas. Déjenme decirles, en primer lugar, que mi grupo está a favor de reducir, en la medida que legal y presupuestariamente sea posible, la carga fiscal de determinados bienes y servicios básicos, especialmente en estos momentos de grave crisis económica. En consecuencia, vamos a apoyar la iniciativa que hoy tomamos en

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consideración. De hecho, mi grupo estaría encantado de que pudiéramos debatir hoy aquí una iniciativa similar que hemos presentado para reducir el IVA de las residencias de ancianos, pero el Gobierno Socialista, no sabemos por qué razón ha vetado esta iniciativa y no ha dejado, ni siquiera, que podamos debatirla. Esa es la concepción que parece que tienen los socialistas de la democracia y esa es la sensibilidad que muestran hacia las materias sociales. ¿Por qué se empeñan en discriminar, en este caso, al Grupo Popular? ¿Por qué se puede debatir la iniciativa de Convergència i Unió y no la del Grupo Popular? ¿Es que temen que los ciudadanos veamos que el Partido Popular tiene alternativas y propuestas y el Gobierno no? ¿Es eso lo que temen? Mi grupo espera que pronto podamos debatir también esa iniciativa.


Con respecto a esta proposición que sometemos hoy a consideración, quiero decirles a los señores diputados del Grupo Catalán que comparto el interés por ayudar a los ciudadanos españoles en un momento tan complicado como el actual, sobre todo y especialmente a aquellas familias con menor poder adquisitivo, como bien ha dicho el ponente de CiU.
Además, teniendo en cuenta que el Gobierno sigue sin terminar de tomarse en serio esta situación económica y piensa que con medidas ineficaces como la de los 400 euros, que se presentan una multitud de veces en esta Cámara -parece que a base de repetirlas da la impresión de que toman muchas medidas- se puede llegar a resolver una situación tan difícil como la que hoy vivimos en España. Repito que entiendo la posición de los diputados de CiU y que comparto su preocupación. Como se indica en la proposición de ley ni el gas ni la electricidad están recogidos dentro del anexo H de la Sexta Directiva, por lo que están sujetos a un tipo normal de IVA -en este caso, en España al 16 por ciento-, pero es cierto que la legislación comunitaria deja abierta una puerta cuando permite la posibilidad de poder establecer este tipo reducido previa comunicación a la Comisión Europea y siempre que no distorsione la competencia. En mi grupo consideramos que la actual crisis por la que pasa la economía española justifica el intento de reducir la factura energética en forma de rebaja de tributación si existe margen presupuestario para ello -como bien ha dicho el ponente no parece que el coste presupuestario sea elevado- y garantizando que la medida se ajuste al derecho comunitario.
Por tanto, y en esa línea, la iniciativa nos parece oportuna desde el punto de vista político y social, puesto que de aprobarse hoy permitiría reducir el impacto de las sucesivas subidas de la tarifa eléctrica que el Gobierno socialista ha aplicado durante su mandato y que inciden de forma muy negativa en las economías domésticas, especialmente en las de menor poder adquisitivo. No olvidemos que tras la subida del 4,3 por ciento, en media, que se ha realizado a principios del año 2008, el Ministerio de Industria ha vuelto a incrementar las tarifas eléctricas a partir del mes de julio con un incremento del precio, nada más y nada menos, de entre un 5 y un 6 por ciento de media. Mientras tanto, las subidas del IPC de los últimos tiempos han hecho que el bolsillo del consumidor deba hacer frente a gastos cada vez mayores con una inflación disparada y con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de las familias. Déjenme recordar también aquí hoy que mientras gobernó el Partido Popular los precios de la electricidad bajaban o se mantenían por debajo de la inflación mientras que con el Partido Socialista los precios suben por encima del IPC. En este contexto es en el que entendemos que la aplicación de un tipo reducido de IVA supone una disminución automática de la factura del gas y de la electricidad y, por tanto, nos parece oportuno y merecerá nuestro apoyo.


Con respecto al ajuste de esta medida al derecho comunitario, como ya he citado anteriormente y teniendo en cuenta que el IVA es un impuesto armonizado con la Unión Europea, la propia Sexta Directiva establece la posibilidad de que los Estados miembros puedan aplicar este tipo reducido. De hecho se está haciendo ya en parte de los países de la Unión Europea. Por ello, creemos que es posible reducir el tipo de IVA en los suministros de gas y electricidad sin contravenir la normativa europea y siempre con el requisito de comunicarlo previamente a la Comisión. Debo manifestar además que nuestra Ley 37/1992, que regula el Impuesto sobre el Valor Añadido, estableció dos tipos reducidos, el 7 y el 4 por ciento, para la casi totalidad de las operaciones comprendidas en el anexo H de la Sexta Directiva, que por otro lado se refiere siempre a bienes y servicios que son en general básicos o de primera necesidad. En este contexto, me gustaría decir que resulta también evidente que, en la actualidad, la electricidad y el gas son bienes de carácter esencial para la vida cotidiana de las personas y de las familias y por tanto merecedoras, a nuestro juicio, de este tratamiento especial en el tipo de IVA aplicable. Quede claro, sin embargo, que desde el Grupo Popular mostramos nuestra cautela sobre si la incorporación de este tipo reducido de IVA, tanto para la electricidad como para el gas, puede generar discriminación frente a los suministros de otro tipo de energías y combustibles con el consiguiente efecto que puede producir sobre la competencia. Pese a ello, creemos que esta medida puede ayudar a los ciudadanos españoles y por coherencia la vamos a apoyar, a sabiendas de que es necesario que se planteen muchas más medidas y más ambiciosas.


También pensamos desde el Grupo Popular que para conseguir un verdadero alivio de la economía de los consumidores, un alivio que sea eficaz y duradero, es preciso aplicar una auténtica política energética de la que, a nuestro juicio, carece totalmente este Gobierno. No hay que regalar bombillas ni demás ocurrencias del señor Sebastián, sino introducir competencia en el sector energético, potenciar el ahorro y la eficiencia energética, aplicar una política destinada a reducir la gran dependencia exterior que tiene España en cuestiones energéticas y, por qué no, abrir de una vez por todas, sin complejos ni demagogias, el debate nuclear. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

En opinión de mi grupo -y termino ya mi intervención-, la aplicación del tipo reducido del IVA del 7 por ciento al suministro de gas y electricidad es una buena medida, pero es una medida más; pensamos que se necesitan muchas otras y por eso planteamos mociones como la que posteriormente veremos a lo largo de este Pleno, en la que proponemos un conjunto de medidas para afrontar

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esta difícil situación económica. También esperamos, cómo no, debatir aquí la rebaja del IVA de las residencias de ancianos, que el Partido Socialista permita que esa iniciativa de mi grupo sea debatida y, a ser posible, aprobada. Sin duda, este conjunto de medidas sirve y servirá para afrontar la grave crisis por la que atraviesa actualmente nuestra economía.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mármol.


El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señor presidente.


Señor Sánchez i Llibre, desde el Grupo Socialista creemos que cuando CiU trae para su toma en consideración esta proposición de ley, o no ha calculado los efectos que esta podría tener o no los ha querido tener en cuenta. Antes de explicar los motivos que sustancian el rechazo de mi grupo a esta proposición, me gustaría decirle a la señora Madrazo, cuando habla de coherencia, que en las propuestas del PP para hacer frente a la crisis económica en ningún momento aparece la rebaja fiscal del IVA para el consumo de electricidad y de gas. Le voy a leer, señora Madrazo, una frase del día 8 de enero de 2003: Aplicar el tipo reducido para gas natural y electricidad supondría una discriminación frente a los suministros de otro gas o combustible o de otras fuentes energéticas.
Estas palabras, señora Madrazo, son del señor Montoro cuando era ministro de Hacienda. (Aplausos.) Por eso, señora Madrazo, coherentes deben ser ustedes y dejar de poner piedras en el camino, cueste lo que cueste, al Gobierno de España.


Señorías, en primer lugar, la generalidad o universalidad de los suministros de gas natural y de electricidad hace que la implantación de un tipo impositivo del 7 por ciento, reducción que no debemos olvidar es más de la mitad del que tenemos actualmente, que es del 16 por ciento, tendría un impacto recaudatorio negativo que con toda certeza sería muy elevado; situación que no sería recomendable -y en esto deberíamos estar de acuerdo, señorías- en una etapa de dificultad económica como la que estamos sufriendo en la actualidad y en la cual debemos afrontar inexcusablemente dos cuestiones: en primer lugar, la elaboración de unos presupuestos austeros, pero que pretenden incrementar el gasto social y cumplir el principio básico que mueve a mi grupo y, por supuesto, al Gobierno de España, de que las dificultades no pueden sufrirlas en mayor medida los ciudadanos que se encuentran en una posición más vulnerable en un período como este; en segundo lugar, tenemos pendiente la reforma de la financiación autonómica y no parece lógico afrontarla con una petición previa de rebaja de la recaudación. Por otra parte, señorías, una potencial reducción del precio de venta final de gas y electricidad, sobre la que en cualquier caso no habría certeza, sería contraria a la transmisión de una señal de escasez de energía a los consumidores, por lo que se dificultaría aún más la aplicación de políticas de ahorro y eficiencia energética y tendría consecuencias negativas sobre la sostenibilidad medioambiental del crecimiento económico y en la lucha contra el cambio climático. Señorías, no debemos repetir los errores de la crisis del petróleo del año 1973, en la que todos los países avanzados ganaron y mucho en eficiencia energética, pero España continuó con la falsedad de la energía barata.


Dicho lo anterior, también debemos fijarnos en el ámbito concreto de regulación de la iniciativa legislativa que se somete a la consideración de la Cámara hoy y en este sentido es cierto que el artículo 102 de la Directiva 2006/112 del Consejo, de 28 de noviembre, y no la 77/288, que ha sido expresamente derogada por la anterior, prevé la posibilidad de que los Estados miembros puedan aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas y electricidad. A tal efecto todo Estado miembro que pretenda aplicar un tipo impositivo reducido debe ponerlo previamente en conocimiento de la Comisión para el correspondiente pronunciamiento.
(Rumores.) Es decir, su proposición de ley no sería de aplicación inmediata...


El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que tengan la bondad de guardar silencio o hablar en voz más baja. (Pausa.)

Adelante, señor diputado.


El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señor presidente.


Decía que su proposición de ley no sería de aplicación inmediata aunque la Cámara lo aprobase puesto que, como ya reconocen ustedes en el redactado, dependería de la decisión de la Comisión. Señorías, entendemos que una medida que se presenta para hacer frente a la crisis y ayudar a las economías domésticas no puede carecer de efectos ciertos y casi inmediatos.


El contenido concreto de la proposición es igualmente rechazable por su falta de precisión, que no permite evaluar correctamente la propuesta.
Hasta el momento los Estados que han solicitado la aplicación de tipos reducidos han tenido buen cuidado en acotar de forma exhaustiva los hechos imponibles a los que afectarían los mismos y en esta proposición no se hace este acotamiento. Por todo ello, ¿qué sentido tiene poner en marcha un procedimiento legislativo que solo estaría justificado si antes se cumplen las condiciones exigidas por los órganos comunitarios, incluido su pronunciamiento previo y positivo? En definitiva -y permítanme la expresión-, ¿es oportuno y acertado poner la carreta delante de los bueyes sobre todo cuando la carreta está mal construida? En conclusión, también desde el punto de vista del concreto contenido de la proposición de ley, la misma es rechazable, por lo que mi grupo no puede adoptar una postura favorable a su toma en consideración.


Para terminar, señor presidente, señorías, expondré dos cuestiones. La primera, desde el Grupo Socialista entendemos que esta proposición de ley beneficiaría más a los que más electricidad consumen, a los que más potencia tienen contratada, no siendo por tanto una medida progresiva.
Segunda cuestión, señorías, tengan la completa seguridad de que la finalidad perseguida por la exposición de motivos de esta propuesta para permitir, entre otras cosas,

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un alivio de la economía de los consumidores finales ya se está tratando por parte del Gobierno con plena consciencia y responsabilidad mediante el Plan de medidas de estímulo económico que se aprobó el pasado día 18 de abril y con el conjunto de medidas que SS.SS. ya conocen, que el propio presidente del Gobierno nos explicó en persona el pasado día 10 y que recogen, entre otras, medidas para mejorar la situación económica de los ciudadanos mediante las correspondientes deducciones fiscales, es decir, actuándose de forma adecuada pero en el ámbito de la imposición directa; medidas también para la mejora de la competitividad, para la ayuda al sector de la construcción, para el mantenimiento de las políticas sociales, para el apoyo a las familias, dentro de un presupuesto austero pero responsable. Todo ello dentro, señorías, del diálogo social que nos va a permitir hacer frente a la crisis con solvencia y plenas garantías de protección y solidaridad.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marmol.


Vamos a hacer una pausa para proceder a dar cumplimiento al punto III del orden del día, consistente en la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, más concretamente la propuesta para su nombramiento.
Dentro de unos minutos comenzaremos la votación. (Pausa.)

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:

- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.
(Número de expediente 244/000001.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar el examen del punto III del orden del día. La Junta de Portavoces ha acordado que no se producirán intervenciones de los grupos parlamentarios. De acuerdo con la normativa aplicable, vamos a proceder a realizar dos elecciones diferentes. Ruego a SS.SS. tengan la bondad de tomar asiento y de prestar atención. Les decía que vamos a proceder a realizar dos elecciones diferentes, pero para ahorrar tiempo las vamos a realizar con un solo llamamiento y en un solo acto y, por tanto, en dos urnas. Para formular propuesta de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial entre jueces y magistrados de todas las categorías que se encuentren en activo se habilita la urna que está a la derecha de la Presidencia y, simultáneamente, se procederá a la elección para formular propuesta de nombramiento de cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio, para lo que se habilitará una segunda urna a la izquierda de la Presidencia.


En primer lugar, y en relación con la elección para el nombramiento de los seis vocales del Consejo General entre jueces y magistrados que se hallen en activo, se va a proceder a la lectura de los candidatos proclamados de conformidad con el acuerdo tomado el 24 de octubre de 2006 por las Mesas del Congreso y del Senado. Les recuerdo a SS.SS. que en esta elección cada uno de los votantes podrá escribir en la papeleta hasta seis nombres de los treinta y cinco que van a ser leídos, de manera que se entenderá válida la papeleta en la que aparezca un número de seis o inferior.
Cuando aparezca tachado algún nombre en alguna de las papeletas no se computará el voto a favor del candidato tachado, pero sí el de los demás que aparezcan en la papeleta, siempre que el sentido del voto resulte claro. Por ello, le ruego al señor secretario tenga la bondad de dar lectura al acuerdo de 24 de octubre de 2006 en que se proclaman los candidatos que pueden ser objeto de elección.


El señor SECRETARIO (Barrero López): Con la venia del señor presidente.


Como consecuencia del procedimiento previsto en las normas de 11 de julio de 2006, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y teniendo en cuenta la certificación remitida por el citado Consejo, con fecha de 3 de septiembre de 2008, los candidatos proclamados para el nombramiento de seis vocales entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que reúnan los requisitos para ser elegidos son los siguientes: don Pío Aguirre Zamorano, don Salvador Alba Mesa, don Manuel Almenar Belenguer, doña Felisa Atienza Rodríguez, don Félix Azón Vilas, don Jesús María Barrientos Pacho, don Miguel Carmona Ruano, don Miguel Collado Nuño, don Carles Cruz Moratones, doña Concepción Espejel Jorquera, don José María Fernández Seijo, doña Gemma Gallego Suárez, doña Eloísa Gómez Santana, don Joaquín González Casso, doña Beatriz Grande Pesquero, don Fernando Grande-Marlaska Gómez, don Vicente Magro Servet, don Francisco Marín Castán, don Andrés Martínez Arrieta, don Santiago Martínez-Vares García, don Arturo Merino Gutiérrez, don Antonio Montserrat Quintana, doña Inmaculada Montalbán Huertas, doña Ángela Mostajo Veiga, don Emilio J. Moya Valdés, don Ángel Luis Ortiz González, doña Gemma Palomar Chalver, don Ignacio Pando Echevarría, doña María José Renedo Juárez, doña Margarita Robles Fernández, doña Rosa Rodríguez Rodríguez, don Javier Seoane Prado, don Jesús Souto Prieto, don Manuel Torres Vela, don Pablo Vargas Cabrera.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.


A continuación, y en relación con la elección para el nombramiento de los cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio de su profesión, el secretario primero va a dar lectura a los candidatos respecto de los cuales la Comisión Consultiva de Nombramientos ha trasladado su criterio favorable a la idoneidad de aquéllos para acceder al cargo correspondiente. En relación con esta votación, recuerdo a SS.SS. que cada señor diputado podrá escribir en la papeleta hasta cuatro nombres de los candidatos citados, de manera que se entenderá válida la papeleta en la que aparezca un

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número de cuatro o inferior. Y cuando aparezca tachado alguno de ellos, ocurrirá igual que les he dicho con anterioridad, se computará el voto para los restantes y no para el nombre que eventualmente hubiese resultado tachado.


Señor secretario, proceda a dar lectura al nombre de los candidatos que reúnen las condiciones antedichas.


El señor SECRETARIO (Barrero López): Con la venia, señor presidente.


Acordada por la Comisión Consultiva de Nombramientos la comparecencia personal ante la misma de los candidatos propuestos para la elección de cuatro miembros del Consejo General del Poder Judicial, doña Gabriela Bravo Sanestanislao, don José Manuel Gómez Benítez, don Fernando de Rosa Torner y doña Margarita Uría Etxebarría, dicha Comisión celebró sesión el día 11 de septiembre de 2008 en la que comparecieron tales candidatos, expresando unánimemente los representantes presentes su criterio favorable a la idoneidad de aquéllos para acceder a los cargos referidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 11 de septiembre de 2008.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.


Se va a proceder a la votación por un único llamamiento por orden alfabético. El Gobierno y la Mesa votarán al final. Ruego a las señorías que deseen ejercer su voto que traigan las dos papeletas, fijándose en cuál de cada una de las urnas es la que corresponde, para entregar la papeleta al presidente que la introducirá en la misma.


Proceda, señor secretario, al llamamiento por orden alfabético.


Por los señores secretarios de la Cámara se procede al llamamiento de las señoras y señores diputados.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado o diputada presente no ha sido llamado a votación?

En consecuencia, vamos a proceder al escrutinio de la urna de jueces y magistrados y, mientras, otros miembros de la Mesa irán preparando el escrutinio de la de juristas. (Pausa.)

Verificado el escrutinio, dijo

El señor PRESIDENTE: Señorías, han resultado elegidos para la propuesta que el Congreso de los Diputados debe hacer para el nombramiento por S.M.
el Rey de seis vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo, las siguientes personas: don Pío Aguirre Zamorano, con 321 votos; don Miguel Carmona Ruano, con 321 votos; don Miguel Collado Nuño, con 321 votos; don Carles Cruz Moratones, con 320 votos; doña Gemma Gallego Suárez, con 317 votos, y doña Margarita Robles Fernández, con 307 votos. En esta urna ha habido 11 votos en blanco y un voto nulo.


Han resultado elegidos para la propuesta que el Congreso de los Diputados debe hacer para el nombramiento por S.M el Rey de cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio de su profesión, las siguientes personas: doña Gabriela Bravo Sanestanislao, con 321 votos; don José Manuel Gómez Benítez, con 321 votos; don Fernando de Rosa Torner, con 318 votos, y doña Margarita Uría Extebarría, con 312 votos. En esta urna ha habido 11 votos en blanco y un voto nulo.


Así se elevará la propuesta del Congreso de los Diputados.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPOSICIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL CONTENIDA EN LA DIRECTIVA SOBRE TIEMPO DE TRABAJO.
(Número de expediente 162/000121.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL RECHAZO A LA PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO, QUE PRETENDE LA AMPLIACIÓN DE LA SEMANA LABORAL HASTA 60, 65 Ó 78 HORAS, LA INCLUSIÓN DE UNA CLÁUSULA OPTING-OUT AL MARGEN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA REDEFINICIÓN A LA BAJA DEL TIEMPO DE TRABAJO. (Número de expediente 162/000122.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el IV punto del orden del día: Proposiciones no de ley. Examinamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre oposición a la ampliación de la jornada laboral contenida en la directiva sobre tiempo de trabajo y, conjuntamente, por ser de contenido similar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Tiene en primer lugar la palabra para su defensa, por el Grupo Socialista, el señor Jáuregui. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, vamos a continuar, por favor.


Señor Jáuregui, cuando quiera.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, a finales del siglo XVIII, cuando el escocés Watt descubrió la máquina de vapor, cuando se introdujo la máquina en los viejos telares manchesterianos, se produjo una reducción de la jornada laboral de aproximadamente 20 horas, de 80 a 60 horas de trabajo semanal. A finales del siglo XIX, cuando se descubrió el motor eléctrico, la jornada laboral volvió a bajar, de 60 a 48 horas de

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trabajo semanal, aproximadamente. A mediados del siglo XX, con el fordismo, con la producción en cadena, que tan bellamente explicitó aquella película de Charlot, Tiempos Modernos, la jornada bajó de 48 horas a 40. Yo quiero recordar aquí que en los años ochenta, en el comienzo del primer Gobierno socialista, el entonces ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, legalizó por primera vez en España la jornada laboral de 40 horas.


Señorías, hay una constante, pues, entre los avances tecnológicos y la reducción de la jornada laboral. Curiosamente, a finales del siglo XX, cuando se produce la revolución tecnológica más importante de la historia de la humanidad, la que combina microelectrónica, informática, telecomunicaciones y ahora la biogenética, se produce un alargamiento de la jornada laboral. La pregunta es por qué. Por qué ahora que la tecnología proporciona a la humanidad la mejor oportunidad de reducir la jornada en esta constante histórica de poner al servicio de la humanidad los descubrimientos científico-técnicos, la jornada se prolonga. Se prolonga de una manera silenciosa, inexorable, contra la ley, contra los convenios colectivos, de una manera que estamos viendo todos los días en los despachos de arquitectura, en las auditorías, en los despachos de abogados o en los bancos, porque nuestros hijos, señorías, están trabajando casi de sol a sol, doce horas al día. La segunda paradoja que se ha producido al final del siglo XX es menos conocida, pero no es despreciable. Las tecnologías permiten más flexibilidad, las comunicaciones permiten más movilidad, y esto está produciendo una invasión laboral de los tiempos y de la vida privada. Hoy nos llevamos el teléfono y el ordenador a casa el fin de semana, al viaje de esta economía globalizada y estamos extendiendo y prolongando la jornada por un método invasivo del trabajo en nuestra vida privada. Por seguir con las paradojas, diré que esta prolongación de la jornada laboral real en el mundo se produce paralelamente a la gran revolución feminista que lleva a la mujer a trabajar fuera del hogar y que establece un debate social, una reclamación elemental para compatibilizar trabajo y vida, para compatibilizar la vida laboral y la vida familiar, para que los padres y las madres que trabajamos fuera podamos compatibilizar nuestra jornada laboral con nuestra responsabilidad familiar. Pues bien, cuando la tecnología lo facilita, cuando la sociedad lo demanda, el mercado lo niega y nos impone una conducta social inhumana, una vida dedicada al trabajo en vez de un trabajo que dignifique la vida. Yo me pregunto qué regla absurda está guiando nuestro mundo laboral, a qué lógica responde que la tecnología no esté al servicio de la humanidad sino contra ella.
Vivimos un tiempo injusta e ineficazmente organizado, señorías. Unos se drogan con el trabajo y otros porque no lo tienen. Unos viven angustiados porque no tienen tiempo para nada y otros porque no tienen nada que hacer con su tiempo.


Señorías, ni el robot ni el chip tienen por qué condenarnos ni al paro ni a la esclavitud laboral. Al contrario, nos dan los medios para reequilibrar necesidad y libertad, para crear una utopía concreta y cotidiana que nos permita recuperar el tiempo que vivimos. Sí, ya sé que la jornada se prolonga porque la globalización impone jornadas más largas pero ¿dónde está escrito que la globalización económica tenga que ser a base de globalizar la explotación o extender la devaluación de las condiciones laborales? ¿No será este el momento, señorías, de decir que queremos globalizar la dignidad laboral y extender al mundo las conquistas laborales que sindicatos y socialdemocracia especialmente conquistaron en la segunda mitad del siglo XX? ¿No será el momento de reclamar a la política que se imponga al mercado en la regulación de la sociedad, porque aceptamos, sí, la economía de mercado, pero no una sociedad de mercado? A esto responde esta iniciativa, señorías. Ustedes la conocen, la comprenden y creo que la comparten porque he tenido el honor de presentar al subir a esta tribuna una transaccional de todos los grupos porque, renunciando quizá a perfiles ideológicos más partidistas, nos ha parecido importante que toda la Cámara española hoy diga al Parlamento Europeo que no estamos de acuerdo con esa directiva.
(Aplausos.) Yo les pido que la voten a favor y que el Parlamento español eleve su voz junto al Gobierno para que el Parlamento Europeo sepa que estamos contra esa directiva que quiere cristalizar en norma legal una jornada laboral ahistórica, anacrónica, absurda, injusta, regresiva.


Quiero acabar con una cita que aunque parezca bíblica no lo es. En el año 1973 fue galardonado con el premio Nobel de Economía un economista ruso, se llamaba Wassily Leontief, que pasó a la historia de la ciencia económica en gran parte como el descubridor de las tablas input-output.
Él escribió en el año 1980 algo que viene muy bien a lo que ha sido el hilo de mi intervención. Decía así: Antes de ser expulsados del paraíso, Adán y Eva gozaban sin trabajar de un alto nivel de vida. Después de su expulsión tuvieron que vivir miserablemente mientras trabajaban desde la mañana hasta el anochecer. La historia del progreso técnico -dice Leontief- de los últimos doscientos años es la del tenaz esfuerzo para encontrar de nuevo el camino al paraíso. La tecnología de la que yo les hablaba antes es la que nos marca ese camino. Pues bien, parafraseando a Leontief, señorías, permítanme que termine diciendo que esta directiva no camina precisamente al paraíso sino al infierno social.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jáuregui.


Es el turno ahora de la iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señoras y señores diputados, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para defender una proposición no de ley encaminada a rechazar la directiva de horario de trabajo que ha salido adelante en la Comisión Europea.


Señorías, nuestra valoración es que los impulsores de una Europa solamente ultraliberal han dado un paso más al aprobar el pasado 10 de junio una revisión de la Directiva

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Directiva de ordenación del tiempo de trabajo que pretende ampliar la jornada laboral hasta 60, 65 ó 78 horas.


Esta es la Europa que estamos construyendo; una Europa que es capaz de proclamar la Carta de Derechos y, al mismo tiempo, impulsar la flexibilidad laboral desregularizando los derechos conseguidos gracias a la lucha del movimiento sindical armonizando Europa a la baja. Un primer paso de esta deriva neoliberal ha sido la sentencia de los tribunales de justicia legitimando el dumping social basándose en la Directiva del desplazamiento de los trabajadores, de tal manera que las empresas podrán contratar a trabajadores de terceros países con salarios y condiciones laborales del país de origen. Un segundo paso ha sido, en nuestra opinión, la Directiva de retorno de las personas inmigrantes; una directiva que recupera el principio de detención administrativa y que instaura periodos de internamiento de hasta 18 meses, negando buena parte del acervo en materia de derechos humanos de la Unión Europea. El último ejemplo lo encontramos en la revisión de la Directiva de ordenación del tiempo de trabajo, que permitirá, como he dicho antes, ampliar la jornada laboral mucho más allá de lo que hoy está permitido. Se hace, en primer lugar, de manera aberrante, más allá del Tratado de la Unión Europea, agarrándose al artículo 137 del tratado, que se denomina de la protección de la salud de los trabajadores. Qué tendrá que ver ampliar y flexibilizar el horario de trabajo con la protección de la salud de los trabajadores. Una aberración liderada por el tándem Inglaterra-Alemania, que llevó a la agenda europea hace ya cuatro años este debate; debate que fue cerrado por el Consejo Económico y Social porque, en primer lugar, era una propuesta que se situaba al margen de los tratados; en segundo lugar, no se había escuchado al Consejo Económico y Social, no se había escuchado a los trabajadores; en tercer lugar, la propuesta era contraria a las medidas impulsadas por los Estados miembros, que son los que tienen competencias en esta materia y, sobre todo, era contraria a la conciliación de la vida familiar y laboral.


Señorías, la última propuesta -después de esta parada introducida por el Consejo Económico y Social- ha salido ahora adelante porque varios de los países impulsores necesitan urgentemente no ya flexibilizar el tiempo de trabajo, necesitan legitimar la flexibilización del tiempo de trabajo, particularmente en sectores como la sanidad y el transporte. El informe presentado por la OIT en 2004 observa ya un incremento general en el número de personas que trabajan más de 48 horas en Europa, así como el trabajo a tiempo parcial y las horas extras. Así, la agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas asegura que existe un fenómeno de descentralización e individualización de la jornada laboral, cuya prolongación desmesurada afecta directamente a la salud, la seguridad y el rendimiento de los trabajadores; es decir, la Unión Europea, en vez de atajar esta dinámica de flexibilización y ampliación de la jornada, pretende legitimarla.


Señorías, la propuesta de la Comisión aún puede verse en segunda vuelta en el Parlamento Europeo y, si no se frena, supondría una gran involución.
Por tanto, en nuestra opinión, es pertinente la reunión de esta Cámara y también la opinión de la misma en tan importante materia porque no estamos únicamente ante un intento de ampliar la jornada o flexibilizar la jornada en determinados sectores, estamos también ante un intento de negar la negociación colectiva, que es un derecho fundamental de los trabajadores integrado en nuestra propia Constitución. Sobre todo no es verdad eso de que ampliarán la jornada y buscarán la cláusula output algunos países anglosajones y nosotros nos veremos de alguna manera protegidos por la legislación interna. No es cierto, como no lo fue en relación con la Directiva Bolkestein. Finalmente, esta ampliación de jornada y esta flexibilización de la negociación colectiva serán utilizadas por algún país miembro y tirará a la baja de la legislación del resto de los países de la Unión Europea, bajo la sacrosanta competitividad de la Unión.


Señorías, nos alejamos de una Unión Europea con corazón democrático y alma social y nos acercamos cada vez más a una Unión Europea con un solo principio y un solo pensamiento, el pensamiento de la competitividad y el principio comercial. Por tanto, en nuestra opinión, es muy importante esta iniciativa por parte de esta Cámara y que logremos frenar la deriva de la Unión Europea, la deriva ultraliberal.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.


A estas iniciativas se han presentado enmiendas por tres grupos parlamentarios: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para defender sus enmiendas van a tener la palabra estos grupos, empezando por el Grupo Mixto, donde van a compartir su tiempo la señora Díez y la señora Fernández.


Señora Díez, cuando usted quiera.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, es difícil no compartir la reflexión que han hecho los dos diputados que me han precedido en el uso de la palabra y anticipo, de entrada, que naturalmente comparto la reflexión del señor Llamazares y la formulada por el señor Jáuregui en nombre del Grupo Socialista. Es particularmente difícil no compartir la reflexión calurosa por parte del señor Jáuregui respecto de la necesidad de recuperar la humanidad en lo que son las relaciones laborales, las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, entre lo que es la Europa social que tanto esfuerzo, tantos años y tanto sacrificio ha costado construir. Es cierto que escuchando al señor Jáuregui me ha venido a la mente -no he podido evitarlo- que si el discurso que hoy ha hecho aquí el portavoz del Grupo Socialista lo hubiera hecho durante los cuatro años que ha estado esta directiva en debate en las instituciones de la Unión Europea, en el Consejo y en la Comisión, si ese discurso, ese calor, esa fuerza que aquí ha puesto el señor Jáuregui en defender esta posición la hubiera puesto el Gobierno socialista en Bruselas, probablemente esta iniciativa no hubiera salido adelante, porque cabe recordar que de los veintisiete países miembros, veintidós votaron a favor de esta directiva que hoy reprobamos, y cinco se abstuvieron. España lideró la

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abstención, no lideró el voto en contra. Creo que eso es un déficit de nuestro país, y no puedo por menos que pensar que es porque no hicimos las cosas bien, porque si el discurso que aquí se ha hecho se hubiera hecho en las instancias europeas, no me cabe duda que hubiéramos liderado el voto en contra y que las cosas no hubieran llegado hasta donde hoy han llegado. Pero bueno está lo que bien acaba, se suele decir. Bueno está esta rectificación -aunque no expresada- que aquí se ha producido, y bueno está que este discurso que hoy se hace aquí -espero que así va a ser- tenga el refrendo de la Cámara, sea un discurso que en Bruselas y en Estrasburgo se escuche, señor Jáuregui, con más fuerza que lo que hasta ahora se ha escuchado. Y también que la iniciativa socialista se escuche con más fuerza, porque la iniciativa no ha venido -como muy bien ha recordado el señor Llamazares- de la noche a la mañana. Estuvo ahí durante cuatro años y realmente nuestro Gobierno, que también es el mío, no ha hecho bien los deberes, por eso, como decimos en esta transacción que hemos hecho, le instamos a que lidere no la abstención sino a que lidere que esta iniciativa no salga adelante, por tanto, el rechazo en el Parlamento Europeo.


Terminaré con una referencia y con una cita.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Rápida, señora Díez, porque ha terminado su tiempo.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Una cosa de la que aquí no se ha hablado, y que a mi juicio es muy importante, tiene que ver con el tiempo de trabajo que esta iniciativa trata de no compatibilizar para el personal sanitario. Me parece que esto es un drama. Eso y que no esté garantizado que el descanso es inmediato. Me parece que es un tema gravísimo. Todas las sentencias de los tribunales de Justicia de la Unión Europea les han dado la razón.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Díez, se ha cumplido su tiempo con exceso.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino sin citas. La Constitución europea, esa que no hemos aprobado, decía en el preámbulo que Europa es un espacio especialmente grato para la esperanza humana. Creo que si hacemos bien los deberes lo seguirá siendo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego no quería dejar pasar esta oportunidad para manifestar su posición en relación con esta proposición, con este acuerdo que al final acabamos de firmar todos los grupos parlamentarios, bien es cierto que a propósito de la iniciativa presentada por el Grupo Socialista y el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Decía que tenemos muchísimo interés en manifestar nuestra posición dada la perplejidad con que recibimos la noticia en su momento, en el mes de junio, de que la Unión Europea pretende flexibilizar el horario laboral ampliando este a 60 y 65 horas. En su momento nos resultó difícil de creer semejante cuestión porque evidencia el retroceso en política social por donde avanza la Unión Europea, sobre todo después de que no hacía tanto tiempo que habíamos tenido un debate en esta Cámara a propósito de la Constitución europea, donde se decía que esa Constitución iba orientada a garantizar los derechos de las personas.
Desde nuestro punto de vista, ese derecho de las personas, sobre todo el derecho a la igualdad, a un trabajo y un salario digno, no se reflejaba en esta iniciativa de la Unión Europea. Dicho esto y que por tanto apoyamos y vamos a votar con entusiasmo esta iniciativa que hoy vamos a aprobar, que insta al Gobierno a liderar el trabajo a fin de que en el Parlamento Europeo no se apruebe al final esta propuesta que se nos hizo en el mes de junio, quisiera decirles algo a los grupos proponentes. Al Grupo Socialista le diré que evidentemente compartimos la intervención que ha hecho en esta tribuna el señor Jáuregui. Al Grupo Popular, que presentó una enmienda a esta iniciativa, por completo diferente a la de la Unión Europea cuando aprueba las 65 horas laborales, le queremos decir que el Gobierno tiene que hacer este trabajo que hoy en esta Cámara todos los grupos estamos instándole a que haga, pero también, en la medida en que el Grupo Socialista y el Grupo Popular tienen sus representantes en la Eurocámara, les pedimos que, en coherencia con lo que hoy se hace aquí, se haga también en su momento en el Parlamento de Estrasburgo porque, dicho sea de paso, esa aprobación no fue precisamente lo que hoy se está debatiendo ni la postura de los dos grupos que acabo de nombrar la que se tuvo en esa ocasión. Pensamos, aunque no es ni derecho...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Fernández, por favor, tiene que acabar.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.


No somos nosotros quienes tenemos que decir a los grupos parlamentarios europeos lo que tienen que hacer, pero entendemos que si el trabajo del Gobierno va acompañado de ese mismo entusiasmo por los grupos que representan al Estado español en la Cámara europea, el éxito puede estar más asegurado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Fernández.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el debate de esta tarde es un claro ejemplo de la incoherencia y también de la ausencia de norte del Partido Socialista en estos momentos.
El Grupo Parlamentario Socialista nos propone en la tarde de hoy una proposición no de ley para que nos opongamos a la ampliación de la jornada laboral contenida en la Directiva de tiempo

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de trabajo. Nos lo propone a todos los grupos de la Cámara, que ya hemos manifestado nuestro rechazo claro a la modificación de la directiva cuando el único grupo, absolutamente el único que puede votar realmente en contra en el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea es el Gobierno. Un Gobierno que no lo hizo. El voto del Gobierno de España en junio de este año en Luxemburgo no fue de rechazo sino de abstención, y nos pide ayuda en este momento a todos los grupos parlamentarios para rechazarlo cuando el Partido Socialista, repito, no ha sido capaz de hacerlo por sí mismo; nos reclama algo, por tanto, que ellos no han sido capaces de hacer valer. El Gobierno socialista intenta convencernos a los demás de algo que estamos absolutamente convencidos y sin embargo ustedes, que son los únicos que han tenido la posibilidad real de oponerse, han decidido no hacerlo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, pese a que hemos aceptado una transaccional, ¿podría explicarnos el Gobierno por qué se abstuvo en la votación en lugar de oponerse y ahora nos pide a los demás, cuando ya sabe que nos oponemos, que le ayudemos en esta posición? ¿Quiere explicar el Gobierno de España en sede parlamentaria por qué no votó negativamente la directiva en el Consejo de Europa? ¿Quiere explicar aquí el Gobierno de España por qué abandonó esta importantísima reunión para los intereses de los europeos y de los españoles, donde España especialmente se jugaba mucho, de una forma precipitada y mucho antes de que acabase la reunión? ¿Quiere explicarnos el Gobierno de España por qué no es capaz de defender de forma adecuada los intereses de los trabajadores en Europa y luego viene aquí a buscar un apoyo que no buscó en los meses precedentes y que sabe que tiene pero que no fue capaz de defender con su voto contrario en el Consejo? ¿Quiere explicar en definitiva el Gobierno de España por qué no han sido capaces de sentarse con el impulsor principal de esta reforma, que no es otro, señorías, que el Gobierno británico laborista de Gordon Brown y por tanto socio del Partido Socialista en la Unión Europea para argumentarle -eso sí-, para convencerle de las desventajas que tenía esta directiva e intentar hacerle cambiar de opinión? ¿Quiere explicar el Gobierno de España por qué si era contrario a este acuerdo no supo en modo alguno defender la posición de nuestro país en el Consejo de la Unión Europea? ¿Por qué no fue capaz de dialogar con la Presidencia de la Unión Europea ni con la mayoría de Estados miembros y solo fue de la mano de Bélgica, de Hungría, de Grecia y de Chipre? Dicho de otra manera, señorías, ¿por qué el Gobierno de España no hizo su trabajo? ¿Quiere explicar el Gobierno de España, señorías, por qué no ha defendido adecuadamente los intereses de los trabajadores españoles y de nuestras empresas garantizando el avance de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y planteando fórmulas adecuadas para mejorar la organización del tiempo de trabajo?

Señorías, para que el Gobierno y el grupo que lo apoya pudiera dejar clara en la tarde de hoy su posición ante todos los grupos y para que como Boabdil no llorasen hoy lo que no han sabido defender en Europa, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda al texto del grupo proponente en la que pretendía dejar claro el rechazo a la propuesta de directiva y la tibia posición del Gobierno español, amén de poner de manifiesto nuestro claro deseo de que la negociación colectiva siga desempeñando un papel fundamental en el establecimiento de la jornada laboral, como lo ha venido haciendo históricamente en nuestro país. También queríamos poner de manifiesto la necesidad de poner el acento en la correcta gestión y organización del tiempo de trabajo porque esto significa mejorar la flexibilidad, ganar en productividad, favorecer la vida personal, familiar y laboral y sobre todo promover condiciones que mejoren la salud y la seguridad en el trabajo porque, señorías, no se trata de trabajar más horas de las legales sino de trabajar en mejores condiciones y sobre todo en mejores condiciones de vida.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que no hay razones para modificar el sistema actual, que la jurisprudencia española en derecho de trabajo es muy clara y que parte de la aplicación de la condición más favorable por este orden; en primer lugar, los convenios colectivos; en segundo lugar, el Estatuto de los Trabajadores y, en tercer lugar, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por España. Por tanto, solo queremos en la tarde de hoy subrayar que el Partido Socialista nos tiene acostumbrados siempre a equivocarse en materia laboral, que el Partido Socialista francés se equivocó con el fracaso de la norma de las 35 horas, que el Partido Laborista británico se ha equivocado ahora con la propuesta de esta directiva y que el Partido Socialista Obrero Español se ha equivocado absteniéndose sobre esta normativa y, lo que es más grave, se ha equivocado sobre todo asistiendo al deterioro del mercado laboral español con los brazos cruzados y sin ninguna capacidad de reacción. Señores del Gobierno, vuelvan ya de vacaciones y pónganse a trabajar y a defender los intereses de España también en la Unión Europea.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, la intervención del portavoz del Grupo Socialista señor Jáuregui es una intervención que desde el sentimiento y desde la tradición del Partido Socialista refleja cuestiones y valores de fondo de dicho partido, pero también del conjunto de los europeos. La construcción del Estado del bienestar en Europa, la construcción del modelo de relaciones laborales en Europa es fruto de las aportaciones de la familia socialista pero también de otras familias europeas. Estoy seguro que de manera muy significativa el señor Olabarría compartirá conmigo esa reflexión de la familia democristiana y, cómo no, mis colegas de Unió Democràtica así como partidos como Convergència Democràtica, que somos síntesis de muchas de las aportaciones de diversas familias ideológicas europeas. Desde

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ese punto de vista lógicamente los valores de fondo de esa intervención son compartidos. Asimismo compartimos la necesidad de defender nuestro modelo de relaciones laborales articulado de manera muy clara alrededor de la negociación colectiva y supongo que nuestro colega el señor Olabarría, que es académico en la materia, profundizará en este punto.


Sobre estas cuestiones existe coincidencia de fondo, pero es necesario remarcar que ese modelo social europeo, ese sistema de relaciones laborales que tenemos en España articulado con relación al Estatuto de los Trabajadores necesita de un enorme proceso de modernización y de adaptación si queremos de verdad garantizar los valores que han permitido que a lo largo de estos cuarenta o cincuenta años en Europa construyamos un modelo económico que ha sabido combinar perfectamente la eficacia económica y la economía de mercado con la justicia social. Asumamos además que ese modelo europeo que combina justicia social y eficacia económica es precisamente un modelo que en esos dos aspectos seguramente es menos justo de lo que nos gustaría y menos eficaz de lo que nos convendría.


Ahora bien, dicho eso mi grupo no comparte la directiva que en estos momentos está en fase de discusión en el Parlamento Europeo -nuestro diputado en el grupo parlamentario europeo, señor Guardans, ha escrito al grupo de los liberales, demócratas y reformistas en este sentido- y va a combatirla en aquello que afecta al núcleo duro de nuestro derecho del trabajo, que es la capacidad de la negociación individual por encima de la negociación colectiva, y va a combatir el tratamiento que se concede a los trabajadores del sector sanitario en esta directiva. Por tanto, hay que combatir en el Parlamento Europeo esta directiva, donde está, y mi grupo coincide con otros portavoces en que ojalá el Gobierno español en el seno del Consejo hubiese mantenido esas posiciones tan inequívocas que el señor Jáuregui ha expresado en su intervención de esta tarde. Nuestra percepción es la de que el Gobierno español en el seno de la Unión Europea efectivamente no ha liderado ese proceso contrario a esa directiva, que se ha buscado un perfil discreto. A veces tenemos la sensación de que en política interna la directiva sirve para articular un discurso de una izquierda muy debilitada en lo ideológico, que necesita construir un discurso mucho más rotundo frente a otras debilidades. No hemos visto en el seno del Consejo Europeo una posición orientada a impedir que esa directiva avanzase. Nos parece que a veces hay discursos que se entienden más en clave interna que en una efectiva oposición a un proyecto de directiva como el que se está tramitando en estos momentos.
Luego veremos qué posiciones tiene el Gobierno con relación a implementar o no esta directiva en la normativa jurídica española y habrá que ver qué posiciones mantiene el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, porque hoy buena parte de la clave de la aprobación de esta directiva va a estar en manos de los diputados del Partido Popular, ya que si bien es cierto que los laboristas británicos la están promoviendo, también es cierto que la mayoría del Partido Popular en el Parlamento Europeo apoya dicha directiva.


Mi grupo querría trasladar a la Cámara una preocupación. No podemos convertir la discusión sobre esta propuesta de directiva en un discurso antieuropeo, en un discurso anti Unión Europea, porque si no nos estamos haciendo un flaco favor a nosotros mismos, y quizá, como ciudadanos del Estado español ...


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, debe ir acabando.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino.


Como decía, quizá como ciudadanos del Estado español, somos muy injustos con el proceso de construcción europea, porque hoy nuestra prosperidad tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que somos miembros de esa Unión Europea que tan a menudo nos gusta denostar desde algunos discursos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señor Jáuregui, no voy a contribuir a provocar el efecto anticlimax que su vibrante intervención ha provocado, y el cúmulo de felicitaciones me imagino que habrán estimulado su autoestima personal. Yo me uno a ese cúmulo de felicitaciones. De hecho tengo que reconocerle que su exposición histórica respecto a la convergencia hasta la jornada de 40 horas me la ha pisado, la iba a explicar yo también prácticamente en los propios términos.


Efectivamente estamos ante una situación de esta naturaleza. Ha dicho el señor Campuzano una cosa muy pertinente. Nosotros somos hijos y tributarios del Estado del bienestar y sus paradigmas, que son fruto de la confluencia entre las posiciones del humanismo cristiano y la democracia cristiana y se consagraron en la Constitución de Weimar por primera vez, entre otras cosas la cuestión de la jornada y los principios axiológicos del derecho del trabajo, señor Jáuregui. Usted lo ha explicado bien. La única duda que me queda es esa reflexión sobre Leontief, y no sé hasta qué punto estaba usted refutando las tesis evolucionistas darwinianas que están tan de moda en este momento en los movimientos evangélicos de Estados Unidos. Espero que no, que no llegue hasta esos extremos. Dicho lo cual solo le ha faltado decir -no voy a parafrasear, no voy a reproducir aquí sus argumentos históricos en cuanto a la consecución, en virtud de la lucha de los trabajadores, de los sindicatos fundamentalmente, de la jornada de las 40 horas- que esta directiva -que no deja de ser una extravagancia de nuestros queridos burócratas europeos, una extravagancia que dimana de una concepción presbiteriana o calvinista del trabajo, donde se busca a través del trabajo la regeneración y prácticamente el paraíso- esta excentricidad, esta extravagancia no tiene cabida en el ordenamiento jurídico del Estado español. Me hubiese gustado oír alguna reflexión por usted sobre el contenido esencial del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores,

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Trabajadores, por una razón, señor Jáuregui, porque el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, dentro de los tres tipos de normas laborales que regula nuestro derecho del trabajo -del cual el señor Membrado es un gran conocedor también y me agrada que esté a su lado porque le puede asesorar-, establece normas dispositivas mejorables por convenio colectivo, en virtud del principio de norma mínima, normas de derecho necesario y normas de derecho necesario absoluto. Esta es una norma de derecho necesario absoluto, es una norma que configura el orden público laboral, y una directiva de estas características no puede modificar o alterar una jornada laboral que se tabula como máximo en 40 horas y a partir de ahora 40 se convierten en las horas que se trabajan como extraordinarias, que por cierto también están limitadas. Desde esa perspectiva nuestro ordenamiento jurídico establece en mi opinión cautelas suficientes para evitar que una extravagancia de los legisladores comunitarios pueda trasladarse a nuestro ordenamiento jurídico.


Aprovecho para indicarle que el derecho del trabajo también nació en virtud de un proceso histórico que usted podía haber glosado igualmente.
Las primeras relaciones de producción se articularon a través de contratos civiles captados del Código de Napoleón, después del Código Civil, fundamentalmente el contrato de arrendamiento de servicios y el contrato de sociedad; viendo que no existían ese tipo de contratos o que se generaban grandes abusos dada la falta de igualdad entre las partes contratantes, la falta de bilateralidad, de conmutatividad contractual, de sinalagma en los contratos, se recurrió a un derecho especial, el derecho del trabajo, tuitivo, protector de los trabajadores y estableciendo la intervención de los poderes públicos como esta consignada por el artículo 34, limitando el máximo de la jornada laboral que pueden trabajar los ciudadanos de un Estado que se acoge a los paradigmas del Estado de bienestar y por cierto que están acogidos y bien acogidos en la Constitución española. Desde esa perspectiva, esta es una reflexión muy pertinente y, por lo tanto, nosotros estábamos solo relativamente preocupados por el contenido de esta directiva.


Tampoco vamos a hacer ahora un gran despliegue de propaganda contra la misma, aunque hay riesgos evidentes de que luego, por contagio o por relativizaciones de las modificaciones del propio ordenamiento jurídico interno, se puedan producir disfunciones que están en la práctica. Usted ha hablado de una aberración. Nuestros hijos están trabajando 12 horas al día por mor de esta palabra mágica que es la competitividad, la globalización, donde nuestras referencias son países donde no existen estructuras sindicales, no hay sindicatos, no hay relaciones laborales bien articuladas, hay una estructura laboral basada en la explotación de los trabajadores mediante jornadas de trabajo desproporcionadas en su dimensión y unos salarios de pobreza. Nuestras referencias no pueden ser esas porque nuestras referencias son las de la Constitución, son las del Estatuto de los Trabajadores, son las de los convenios colectivos en un sitio donde está articulada la negociación colectiva. Por lo tanto, el peligro existe solo hipotéticamente, eventualmente, dicho lo cual, señor Jáuregui, me ha parecido brillante su intervención, la del señor Llamazares también, y es bueno estar cauteloso ante estas concepciones presbiterianas de algunos líderes de partidos laboristas -teóricamente están en su núcleo de pensamiento-, de otras personas...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que ir acabando.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... y sobre todo de una burocracia que existe ya -y con esto acabo- en las instituciones europeas, donde esta concepción presbiteriana o calvinista del trabajo nos puede llevar a efectos o desenfoques de nuestra propia normativa laboral y de los propios convenios y acuerdos o normas convencionales entre nuestros interlocutores absolutamente contrarias a sus esencias.


Señor presidente, acabo mi intervención no sin felicitar de nuevo a todos los intervinientes, porque yo creo que estamos ganando, está ganando el derecho, está ganando la articulación de las relaciones laborales, está ganando en definitiva, de nuevo, la justicia social.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL AUMENTO DEL PORCENTAJE DE CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DEL 40% HASTA EL 100% PARA AQUELLOS PARADOS QUE DECIDAN CONVERTIRSE EN TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. (Número de expediente 162/000057.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al aumento del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo del 40 por ciento hasta el cien por cien para aquellos parados que decidan convertirse en trabajadores por cuenta propia. Para presentar la proposición por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender esta proposición no de ley en la cual planteamos instar al Gobierno a fin de que se aumente de un 40 por ciento al cien por cien la capitalización de las prestaciones por desempleo, a efectos de que los parados puedan invertir en una actividad autónoma, puedan conseguir un autoempleo, puedan generar riqueza y puedan ser emprendedores.
Obviamente, hay una pluralidad de razones que no se les escapan, pero que yo debo mencionar aquí. En primer lugar, esto obedece al compromiso electoral del Partido Popular de incrementar la cuantía de esta capitalización. Es coherente también con una moción que formulamos en mayo pasado con relación a una batería importante de medidas de lucha anticrisis económica -en

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concreto, la 4.1.6 planteaba la misma cuestión que ahora hemos desgajado-.
Es además coherente con nuestra tradicional posición de fomento y de apoyo a las actividades e iniciativas de las personas y su capacidad emprendedora y también nos lo vienen solicitando de una forma unánime, diría yo, y además reiterada las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos. He de decir también aquí que el aumento que ya se produjo con relación al 20 por ciento que existía como posibilidad de capitalizar las prestaciones por desempleo hasta el 40 por ciento actual supuso un incremento de los peticionarios que querían utilizar esta medida para instalarse con medios propios y poder salir de esta situación de desempleo.


Nos encontramos en la actualidad con una situación de crisis económica intensa, que desgraciadamente cada día prevemos que lo será más, con una reducción en las cotizaciones y afiliaciones de los autónomos -de hecho, hay en este momento 9.334 autónomos menos inscritos en el RETA que a principios del año 2008- y también con un importante crecimiento del desempleo al punto de haber llegado a la conocida cifra de los más de 2,5 millones de personas en paro. Por eso hemos entendido que era oportuna esta iniciativa, por impulsar el espíritu emprendedor, especialmente en un momento como el actual de zozobra y de crisis económica; por promover el autoempleo; por pasar, además, de lo que constituye un gasto como es el abono de las prestaciones por desempleo a una inversión que se espera productiva, positiva y que tenga los efectos propios de ese tipo de inversión; y también -por qué no decirlo- para incrementar las posibilidades de opción de una persona que se encuentre en el desempleo y pueda optar libremente, eligiendo entre percibir esa prestación o poder llevar a cabo una actividad, una iniciativa propia y autónoma. Sabemos muy bien que no es esta una gran medida, pero creemos que filosóficamente va en la buena dirección, y tampoco, aunque no sea una gran medida, es materialmente escasa, ya que según los datos que maneja el Gobierno -y se me podrá corregir por su portavoz- prácticamente a fin del presente año 2008 habrá unas 100.000 personas que se habrán acogido a esta capitalización.


Pues bien, nuestra proposición no de ley ha sido objeto de una enmienda conjunta por parte del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en cuya formulación se incrementa ese 40 por ciento de capitalización hasta el 60 por ciento. No es obviamente el objetivo ni la máxima satisfacción del Grupo Parlamentario Popular, porque estamos planteando nuestra pretensión en unas medidas y cuantías superiores, cual es el cien por cien, pero somos conscientes del esfuerzo que implica incrementar un 50 por ciento la cantidad de la que una persona puede disponer. Aproximadamente, estamos hablando de un incremento en unos 2.500 euros al pasar del 40 al 60 por ciento; 2.500 euros más no es una cifra indudablemente definitiva, pero puede tener su importancia en pequeñas actividades, en actividades autónomas o de una no gran inversión. En un momento en que justamente se está produciendo una restricción del crédito financiero, este es un mensaje desde la política, desde esta Cámara, en el sentido de alentar a la gente, de creer en ellos y de otorgarles también la confianza con esta medida. Por lo tanto, sin perjuicio de que en el futuro nosotros podamos continuar -y continuaremos- haciendo propuestas para acercarnos si no al cien por cien al 80 por ciento, o si no a todos los colectivos a determinados colectivos y segmentos de los trabajadores que puedan ser en el futuro trabajadores autónomos, vamos a aceptar el planteamiento que se nos formula. Quiero agradecer además el esfuerzo que el señor Membrado y el señor Campuzano han hecho, que ha sido -he de decirlo- bien recibido por parte de esas asociaciones que representan a los autónomos y que, como al principio de mi exposición indicaba, han venido reivindicando con razón -y continuarán, como también lo haremos nosotros- una mayor cuantía para que la gente pueda tener una salida digna y propia y pueda utilizar este incremento en las prestaciones capitalizables y pueda haber en el año 2009 un mayor número de personas que utilicen este mecanismo para tener un medio propio, una actividad económica propia y, al final, crear también riqueza para los demás, como ocurre con muchos casos en que gente que ha capitalizado el desempleo ha acabado siendo empresaria y dando trabajo a los demás.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiroz.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra para defender la enmienda presentada de manera conjunta con Convergència i Unió el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, los autónomos son un sector de la actividad productiva de nuestro país cada vez más importante; aproximadamente 3.400.000 personas se pueden definir hoy como autónomos. Ya no son los trabajadores por cuenta propia dedicados especialmente al sector agrario o al comercio como fueron hace años.
Actualmente, estas personas trabajan en todos los sectores, tienen cada día mayor cualificación y aportan una parte sustancial a nuestro producto interior bruto, casi el 15 por ciento. A lo largo de la pasada legislatura, el Gobierno socialista realizó una serie de actuaciones en este sector con un objetivo claro, dignificarlos dotándolos de una ley marco equivalente a la de los trabajadores por cuenta ajena, el Estatuto del trabajo autónomo, y a través de él resolver problemas endémicos de su propia existencia como colectivo. Esta ley está hoy en día desarrollándose y en los próximos meses el Gobierno, tras acordarlo con los representantes del sector, sacará adelante temas tan importantes como la regulación de los trabajadores autónomos dependientes, la representación de las organizaciones del sector y la prestación por el cese de actividad. Es un sector, por tanto, importante, que precisa de una regulación acorde con los tiempos en que vivimos, y este Gobierno lo está haciendo con acuerdo de las fuerzas políticas, con consenso con el sector y con la participación de los diferentes ministerios. Por eso, en noviembre de 2005 se modificó el porcentaje de la prestación por desempleo destinado a inversión pasando del 20 a un 40 por ciento. Esta medida ha originado un considerable aumento de las prestaciones cuyo

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número superó casi el 50 por ciento en apenas dieciocho meses. Hoy hay casi 154.000 prestaciones que se han realizado por estos conceptos.


La proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Popular plantea elevar esta capitalización del 40 por ciento al cien por cien. Desde el Grupo Socialista hemos presentado una enmienda juntamente con Convergència i Unió, apoyada por el propio Grupo Popular, que plantea elevar esta capitalización hasta el 60 por ciento, es decir elevar las prestaciones de 2005 sin llegar a la totalidad de lo percibido por el desempleo. ¿Por qué? Porque la experiencia nos demuestra que es conveniente combinar la inversión directa en la actividad que se crea oportuna al tiempo que se sigue garantizando las cotizaciones de la Seguridad Social, porque son prestaciones que al emprendedor le dan seguridad y garantía cuando se empieza cualquier actividad empresarial y porque es un sistema de equilibrio donde el riesgo por la nueva actividad está suficientemente protegido durante algunos años. Por eso consideramos que el sistema se debe seguir manteniendo, aunque hay que dotar de más recursos al emprendedor para tener mayores posibilidades de negocio. Para nosotros esta iniciativa se inscribe perfectamente en la estrategia europea sobre el empleo, porque prioriza las actuaciones activas para el empleo más que las de protección, porque transforma protección en actividad productiva.


La enmienda suscrita juntamente con CiU, apoyada por el PP y por las organizaciones de autónomos representativas del sector es un paso importante tanto por las cuantías de que hablamos como por el consenso conseguido. El hecho de que se demande su debate en la mesa de concertación social es una garantía de incrementar ese consenso y, por tanto, la rentabilidad de la futura normativa. En estos momentos de caída en la actividad productiva, el mejor mensaje que podemos mandar al sector es el de que hay consenso y que los autónomos tienen en estos momentos la garantía de que la mayoría de las fuerzas políticas y sindicales estamos para echarles una mano y para poder transformar alguna de las cotizaciones del desempleo en una actividad productiva en el futuro.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Mi grupo quiere empezar por felicitar al señor Azpiroz por su iniciativa de plantear ese aumento de la capitalización del desempleo para aquellos parados que quieran establecerse como autónomos y agradecerle su capacidad de aceptar la enmienda que junto con el Grupo Socialista, señor Membrado, le hemos planteado. Nos parece que más allá del contenido estricto de la moción que hoy vamos a aprobar y de que el Gobierno deba desarrollar esta iniciativa, que en los tiempos que vivimos de incertidumbres y de crisis seamos capaces de ponernos de acuerdo en una medida concreta que puede servir para dar oportunidades a quienes han perdido su empleo lanza un mensaje al conjunto de la opinión pública, de la ciudadanía, de que en esta Cámara somos capaces de ponernos de acuerdo en resolver problemas que afectan a los ciudadanos. Por tanto, mi grupo reconoce su actitud en toda su dimensión. Quizá siempre lo más fácil es quedarse en la propuesta programática, señor Azpiroz, que mi grupo comparte, y en la crítica al Gobierno. En cambio ustedes hoy, y usted en concreto, ha hecho ese esfuerzo de aproximación que nos permite a todos mandatar al Gobierno a esa reforma. Se lo queremos agradecer y también le agradecemos al señor Membrado su capacidad de articular hoy esta mayoría, espero que unánime, del conjunto de los grupos de la Cámara.


Este no es un tema nuevo. Tuvimos ocasión de discutirlo en el trámite parlamentario del Estatuto del trabajador autónomo, que instaba a la elaboración de un estudio por el Gobierno sobre esta materia, estudio que debemos recordar que aún está pendiente que llegue a esta Cámara y que diversos grupos habíamos planteado en distintas ocasiones porque estábamos convencidos de que podía ser un buen instrumento de generar empleo para persona autónomas y, con todos los defectos que quizá tuvo en las épocas que esa medida estuvo vigente con mayor plenitud, siempre nos pareció que era, con todas las cautelas necesarias, interesante recuperar esa misma orientación. En este sentido el propio señor Duran i Lleida, en su discurso de la semana pasada con el presidente del Gobierno en el Pleno monográfico sobre la situación económica, planteó también la iniciativa en los mismos términos que formulaba el señor Azpiroz. En todo caso, hoy avanzamos en ese 60 por ciento de capitalización recordando que el 40 por ciento sirve para cubrir las cuotas de la Seguridad Social y, por tanto, que el cien por cien de la prestación se orienta a la puesta en marcha de un proyecto productivo. Además, esta medida refuerza un discurso en el que desde hace muchos años, tanto desde la Unión Europea como desde esta Cámara y por parte de los distintos gobiernos, venimos insistiendo, que es el de poner el énfasis en pasar de políticas pasivas a políticas activas. En este caso son recursos de las políticas pasivas que orientamos a una política activa concreta, que es la puesta en marcha de una actividad económica. Además, refuerza otra idea que también en el propio Estatuto del trabajador autónomo subrayábamos, que era la idea de que necesitamos que haya más gente que esté dispuesta a arriesgar, a emprender, a poner en marcha sus propios proyectos empresariales. Y con toda la modestia del mundo respecto a lo que suponen las cifras que implica una prestación por desempleo, ayudamos a crear ese trampolín que puede permitir que quien hoy está en el paro pueda convertirse en empresario y asumir riesgos. En esta línea habrá que continuar. Mi grupo se marca el objetivo, creemos que razonable, de alcanzar el 80 por ciento de capitalización en el próximo ejercicio de 2010. Nos parece que en el debate parlamentario de los presupuestos habrá que avanzar en mejoras que afecten a jóvenes y a mujeres menores de 35 años. También creemos que habrá que continuar avanzando en políticas que permitan que la idea de convertirse en una empresa sea posible realizarla más allá de esa capitalización.


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Esta misma tarde el periodista de un medio que formulaba una cierta discusión sobre esta iniciativa, me recordaba las dificultades que a veces desde la burocracia gubernamental aún existen para poner en marcha proyectos empresariales de las características que una prestación por desempleo capitalizada puede articular. Hoy mismo, en la reunión que teníamos con los representantes de ATA-UPTA, aparecían en los medios de comunicación los problemas de liquidez que hoy afectan al sector autónomo, y en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores autónomos, de trabajo por cuenta propia, disminuye por primera vez el número de trabajadores afiliados. Necesitamos medidas que refuercen también a quienes hoy ya son trabajadores autónomos. En definitiva, señorías, con esa moción que hoy aprobamos reforzamos un paso más de una política que debe de marcar claramente esta legislatura, que es una legislatura en tiempos de crisis y de incertidumbre. Se trata de apoyar a quienes precisamente en estos tiempos deciden arriesgar sus ahorros, su recursos y su capitalización por desempleo para crear prosperidad y bienestar. Esperemos que podamos continuar en esta dirección.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Para fijar posición por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente. Mi grupo parlamentario no comparte esta iniciativa. No la comparte en su origen, en la propuesta de capitalización al cien por cien que hacía el Partido Popular, y no la comparte en el consenso, parece ser, o en el acuerdo con Convergència i Unió y el Partido Socialista. Dicen que el ser humano, que el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Parece que algún partido de esta Cámara quiere volver a tropezar otra vez en la misma piedra del cien por cien de capitalización. Pero es que, además, desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, esta iniciativa es irresponsable. Cualquiera que vea cómo está hoy el INEM y cómo están hoy las prestaciones por desempleo, debería preocuparse fundamentalmente de garantizar las prestaciones por desempleo, ante un período difícil de nuestra economía, y no utilizar estas prestaciones como alegría para otras cosas que no tienen que ver con las prestaciones por desempleo o con las políticas pasivas. Además, significa una huida hacia delante. De alguna forma, es proponer el futuro del trabajo autónomo para desresponsabilizarse de la crisis y de los efectos laborales de la crisis. En nuestra opinión, por tanto, no es una buena iniciativa. Muy al contrario. Para tomar decisiones en esta materia deberíamos seguir algunos requisitos que se trataron en la intervención anterior y que forman parte del modelo social europeo. En primer lugar, la sostenibilidad del sistema. Cualquier iniciativa debe tener en cuenta el conjunto. Esta iniciativa no tiene en cuenta el conjunto del sistema a que estamos afectando con iniciativas individuales como esta. En segundo lugar, el carácter pactado, negociado de este tipo de iniciativas.
Señorías, estoy seguro de que esta iniciativa no ha contado con los protagonistas, no ha contado con el movimiento sindical. Y aquí el movimiento sindical no opina lo mismo que lo que ustedes han dicho respecto al movimiento autónomo, que en este caso sería el beneficiado de este tipo de iniciativas, pero el movimiento sindical es el que representa a los trabajadores en el caso de la protección al desempleo.
Creo que se han equivocado también de concertación.


Por otra parte, algunos grupos de esta Cámara entran en una contradicción en relación a políticas activas y políticas pasivas. Precisamente la protección al desempleo y su carácter periódico no se hace gratis et amore, se hace para buscar unir políticas pasivas y políticas activas, es decir, la prestación al desempleo con la búsqueda de empleo. Ustedes rompen esa vinculación entre políticas activas y políticas pasivas de manera frívola, en nuestra opinión. Con ello no contribuimos en esta materia a las políticas sociales y a las políticas laborales. Ustedes saben también que en esta cuestión se pueden dar posibilidades de fraude por este tipo de capitalización, que luego debería tener también un margen de responsabilidad con el sostenimiento del sistema de protección al desempleo, y ese margen disminuye con este tipo de iniciativas.


En definitiva, bien nos podríamos dedicar a garantizar la protección al desempleo y a negociar conjuntamente las mejoras con el movimiento sindical, no a tomar este tipo de iniciativas individuales que pueden poner en riesgo la suficiencia. Y yo quiero transmitirles, señores diputados, que no tenemos una cobertura del 89 por ciento, no es cierto.
Nuestra cobertura actual es del 65 por ciento, y nos comeremos el próximo año todo el superávit, con lo cual tendremos que empezar a financiar con cargo a presupuestos el conjunto de las prestaciones por desempleo. Es ahí donde deberíamos situar nuestra preocupación, y no en este tipo de iniciativas unilaterales y no negociadas con los representantes de los trabajadores. Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor Azpiroz, tengo que reconocerle que me gustaba su proposición en la redacción original. Usted mismo ha optado por la transacción y, obviamente, nosotros la asumimos con sumo grado. Ya hay un precedente en relación con la capitalización del cien por cien, que es el relativo a los extranjeros, a los que parece que se les va a posibilitar la capitalización y entrega del cien por cien de la prestación, invitándoles posteriormente a marcharse del país. Pienso que es un precedente inadecuado para lo que estamos tratando, pero existe un precedente.


La posibilidad de capitalización y la creación de empresas o la incorporación como trabajador autónomo al mercado de trabajo de los trabajadores que lo han hecho

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no ha resultado mala, cuando hemos tenido experiencias constatables y comprobables. Los datos de la exposición de motivos así lo acreditan.
Quizá el porcentaje del cien por cien -del 60 por ciento complementando el 40 por ciento- para las prestaciones o aportaciones sociales necesarias para garantizarlo sea razonable. Lo que pasa es que las reflexiones contrarias que intentan la preterición de este tipo de pretensiones o propuestas tienen un componente paternalista que no nos termina de gustar, pensando que cuando se capitaliza y se obtiene el cien por cien de la prestación de desempleo o no existe capacidad para una buena gestión de esa capitalización de ese cien por cien o va a haber una especie de propensión a la dilapidación o al derroche de esas cantidades.
Son expresiones que los datos no avalan, y en todo caso se podrían complementar con experiencias que existen en el derecho comparado de apoyo a las microempresas, de tutela de las deficiencias en materia de gestión de la empresa del trabajador autónomo, de ayuda al trabajador autónomo, de ayudas al capital circulante para la creación de empresas nuevas, aunque sean unipersonales, y de otras medidas más. En definitiva, el tema está transado y poco más hay que discutir, señor presidente. Por lo tanto, bienvenida sea la transacción, y cuenta obviamente con nuestra conformidad.


Solo una advertencia final. Señor Membrado, usted sabe perfectamente que se han aprobado por unanimidad en la legislatura pasada y en la anterior tres proposiciones de ley presentadas por mi grupo parlamentario. Estamos esperando que se cumplan las tres. Ninguna de ellas ha sido objeto de eficaz cumplimiento. Esperemos que no sea esta la suerte que corra esta proposición no de ley que vamos a aprobar hoy.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Estamos llamando a votación. Vamos a esperar unos minutos para proceder a la misma. (Pausa.)

Señorías, vamos a comenzar las votaciones, pero antes desearía recordarles que, por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, la Mesa y la Presidencia hemos llegado a la conclusión de que sería bueno y cómodo para SS.SS. que en las sesiones de tarde, a partir de las 20 horas no se incluyera ningún asunto nuevo para su examen, y la pretensión sería que a las 21 horas todas las sesiones de tarde hubiesen acabado, lo cual ofrece seguridad para que puedan establecer sus propias agendas. En las sesiones matutinas no se incluirían nuevos asuntos para examen a partir de las 14 horas, iniciándose a las 9 horas, con la pretensión de que a las 14:30 hubiese acabado la sesión. Hoy lo hemos cumplido en esos términos, y mañana, después de la sesión de control, se examinarán las mociones, es decir, la materia resultante de la sesión de esta tarde que no ha podido examinarse. (Rumores.) Les ruego silencio, por favor. Espero que la decisión unánime sea de su agrado. En cualquier caso, pasamos a las votaciones.


PROPUESTA DE CREACIÓN POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA MISMA PARA DEFINIR LA POSICIÓN ESPECÍFICA DE ESPAÑA ANTE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN. (Votación). (Número de expediente 158/000010.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de creación de una subcomisión en el seno de la misma para definir la posición específica de España ante la política agraria común. ¿Puede entenderse que la Cámara aprueba por asentimiento la creación de la subcomisión? (Asentimiento.) Queda, por tanto, aprobada la creación de la subcomisión mencionada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
(Votación):

- DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE FORMA QUE SE POSIBILITE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LA CONTRATACIÓN LABORAL DE LOS INVESTIGADORES. (Número de expediente 125/000002.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Andalucía, relativa a la modificación del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 331; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley mencionada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (Votación):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA LA APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO A LOS SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y GAS. (Número de expediente 122/000006.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar la toma en consideración de la proposición de ley

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del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para la aplicación del tipo reducido a los suministros de electricidad y gas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 160; en contra, 170; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPOSICIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL CONTENIDA EN LA DIRECTIVA SOBRE TIEMPO DE TRABAJO.
(Número de expediente 162/000121.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL RECHAZO A LA PROPUESTA DE REVISIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO, QUE PRETENDE LA AMPLIACIÓN DE LA SEMANA LABORAL HASTA 60, 65 Ó 78 HORAS, LA INCLUSIÓN DE UNA CLÁUSULA OPTING-OUT AL MARGEN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA REDEFINICIÓN A LA BAJA DEL TIEMPO DE TRABAJO. (Número de expediente 162/000122.)

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre oposición a la ampliación de la jornada laboral contenida en la directiva sobre tiempo de trabajo, conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds de igual contenido. Advierto a SS.SS. que, de acuerdo con el texto de enmienda transaccional suscrito por todos los grupos parlamentarios, lo que se va a votar en realidad es esa enmienda transaccional referida a las dos proposiciones no de ley mencionadas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 330.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL AUMENTO DEL PORCENTAJE DE CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DEL 40 POR CIENTO HASTA EL CIEN POR CIEN PARA AQUELLOS PARADOS QUE DECIDAN CONVERTIRSE EN TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA. (Número de expediente 162/000057.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al aumento del porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo del 40 por ciento hasta el cien por cien para aquellos parados que decidan convertirse en trabajadores por cuenta propia. En este caso se ha aceptado la enmienda presentada por los grupos Socialista y Catalán (Convergència i Unió). En consecuencia, se vota la enmienda que, aceptada por el proponente, sustituye al texto de la proposición no de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 325; en contra, tres; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.


Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.

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