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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 18, de 24/06/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2008 IX Legislatura Núm. 18
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 17 celebrada el martes 24 de junio de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para mejorar las pensiones de viudedad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 23-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000005.)...
(Página 5)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ampliación del permiso de maternidad y paternidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 53-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000030.)... (Página 13)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la constitución del Consejo Estatal del Trabajo Autónomo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 33, de 13 de junio de 2008. (Número de expediente 162/000084.)... (Página 21)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el fin de poner en marcha un tercer plan de empleo y formación para las personas con discapacidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 19, de 23 de mayo de 2008. (Número de expediente 162/000050.)... (Página 27)

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre la estrategia que se plantea el Gobierno en relación con la situación actual de la comercialización del plátano de Canarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 38, de 20 de junio de 2008. (Número de expediente 173/000012.)... (Página 32)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la voluntad del Gobierno de actualizar el modelo de financiación local de forma simultánea y vinculada a la reforma de la financiación autonómica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 38, de 20 de junio de 2008. (Número de expediente 173/000013.)... (Página 36)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para propiciar la rápida recolocación de las personas que queden en situación de paro, a causa de la brusca desaceleración económica que padecemos. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 38, de 20 de junio de 2008.
(Número de expediente 173/000014.)... (Página 39)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas de familia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 38, de 20 de junio de 2008. (Número de expediente 173/000015.)... (Página 45)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 50)

Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 50)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 51)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley... (Página 5)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para mejorar las pensiones de viudedad... (Página 5)

Defiende la toma en consideración el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ampliación del permiso de maternidad y paternidad... (Página 13)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Alonso Aranegui, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.


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Proposiciones no de Ley... (Página 21)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la constitución del Consejo Estatal del Trabajo Autónomo... (Página 21)

Defiende la proposición no de ley el señor De la Rocha Rubí, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas interviene el señor De la Rocha Rubí.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el fin de poner en marcha un tercer plan de empleo y formación para las personas con discapacidad... (Página 27)

Defiende la proposición no de ley el señor Vañó Ferre, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de defensa de las enmiendas intervienen los señores Tardà i Coma, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; las señoras Sánchez Rubio, del Grupo Parlamentario Socialista y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 32)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Perestelo), sobre la estrategia que se plantea el Gobierno en relación con la situación actual de la comercialización del plátano de Canarias... (Página 32)

Defiende la moción el señor Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Coello Fernández-Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Perestelo Rodríguez.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la voluntad del Gobierno de actualizar el modelo de financiación local de forma simultánea y vinculada a la reforma de la financiación autonómica... (Página 36)

El señor Tardá i Coma, ante la ausencia del señor Llamazares Trigo, da por defendida la moción.


En turno de defensa de las enmiendas intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Jorquera Caselas y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Llamazares Trigo.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para propiciar la rápida recolocación de las personas que queden en situación de paro a causa de la brusca desaceleración económica que padecemos... (Página 39)

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Defiende la moción el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las políticas de familia... (Página 45)

Defiende la moción la señora Méndez Monasterio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Méndez Monasterio.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 50)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para mejorar las pensiones de viudedad, se aprueba por 330 votos a favor.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ampliación del permiso de maternidad y paternidad, se rechaza por 149 votos a favor, 172 en contra y ocho abstenciones.


Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 50)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la constitución del Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 189 votos a favor, tres en contra y 138 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el fin de poner en marcha un tercer plan de empleo y formación para las personas con discapacidad, se aprueba por 329 votos a favor.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 51)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr.
Perestelo), sobre la estrategia que se plantea el Gobierno en relación con la situación actual de la comercialización del plátano de Canarias, con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 152 votos a favor, 173 en contra y cinco abstenciones.


Sometidos a votación separada los puntos 2; 5 y 1, 3, 4 y 6, de la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la voluntad del Gobierno de actualizar el modelo de financiación local de forma simultánea y vinculada a la reforma de la financiación autonómica, se aprueban todos ellos.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para propiciar la rápida recolocación de las personas que queden en situación de paro a causa de la brusca desaceleración económica que padecemos, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 324 votos a favor y cinco abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre políticas de familia, con la autoenmienda del propio grupo, se rechaza por 139 votos a favor, 179 en contra y 11 abstenciones.


Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA MEJORAR LAS PENSIONES DE VIUDEDAD. (Número de expediente 122/000005.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Estudiamos en primer lugar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para mejorar las pensiones de viudedad.
Para la defensa de la proposición, por el grupo parlamentario proponente tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. Señorías, efectivamente subimos a la tribuna en defensa de la toma en consideración de esta proposición de ley de Convergència i Unió que pretende abordar la reforma integral de las pensiones de viudedad, y aprovecho para saludar a doña María Climent y a sus colaboradoras del colectivo por los derechos de las mujeres viudas de Cataluña, que llevan muchos años batallando precisamente para avanzar en esta reforma integral de las pensiones de viudedad.


Señorías, todos coincidimos desde hace tiempo -nos lo apuntan todos los estudios- en que la pobreza en España tiene mucho que ver con las mujeres y con las mujeres que viven solas. El informe de las personas mayores en España de 2004 afirma que ser mayor añade 3 puntos a la tasa de pobreza, desde el 19 hasta el 22 por ciento, pero ser mujer añade 12 puntos, hasta el 35 por ciento, y vivir solo más de 20 puntos, hasta el 43 por ciento.
Señorías, esa es la realidad, y si además nos acercamos a las cifras de las pensiones de viudedad en España los números son muy contundentes: pensiones de viudedad con una cuantía inferior a 450 euros al mes, cerca de 800.000; pensiones de viudedad con cuantías inferiores a 500 euros al mes, cerca de 900.000; pensiones de viudedad con menos de 550 euros al mes, un millón y medio; pensiones de viudedad inferiores a 600 euros, cerca de 1.700.000. Las cifras son, insisto, muy contundentes. Contamos con un instrumento para desarrollar las políticas en esta materia, que es el Pacto de Toledo, y en su recomendación duodécima el Pacto de Toledo del año 2003 estableció que era necesaria una reformulación integral de las prestaciones de supervivencia que atienda a un doble objetivo: por una parte, cubrir de forma efectiva las necesidades familiares que se producen como consecuencia del fallecimiento de una persona y, por otra, mejorar sustancialmente las actuales prestaciones de viudedad de las personas que no disponen de otros ingresos, especialmente en el caso de los mayores de 65 años. Ese fue un mandato del Pacto de Toledo en octubre de 2003, y el Pacto de Toledo original, el del año 1995, también apuntaba en esa línea, y el balance que en este campo podemos realizar es modesto.
En 2001 se produjo la mejora más importante desde el punto de vista del reconocimiento del esfuerzo contributivo de las pensiones de viudedad, cuando se fijó un incremento progresivo del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión que supuso un aumento del 45 al 52 por ciento. Fue en tiempos de los gobiernos del Partido Popular y mi grupo eso siempre lo ha reconocido. En la pasada legislatura avanzamos en el reconocimiento de la viudedad para las parejas de hecho, no de manera suficientemente bien resuelta -y nos acompañan en la Cámara personas que también lo han vivido-, pero avanzamos en esa línea y avanzamos también en la línea del reconocimiento de la compatibilidad entre la pensión de viudedad y la pensión SOVI. Por cierto, aquella fue también una iniciativa de Convergència i Unió. Pero, insisto, las cifras que apuntaba demuestran muy claramente que hoy continuamos en la actual configuración legal de la prestación de viudedad con un grave problema de pobreza asociada a mujeres que viven solas.


Planteamos, señorías, esta iniciativa en un contexto: en la necesidad de revisar el Pacto de Toledo, de analizar cuál ha sido el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2003, y de continuar provocando reformas en el mismo. La iniciativa que hoy plantea Convergència i Unió pretende formar parte de esas discusiones, de esos análisis, de esas reformas que van a ser necesarias en esta legislatura en el marco del Pacto de Toledo. Pretendemos también que esta Cámara, con el apoyo y el compromiso de todos, exprese muy claramente que los grupos de la Cámara, tal como hicimos en la campaña electoral, nos comprometemos en que en esa revisión del Pacto de Toledo la reforma integral de la pensión de viudedad que se reclamaba en 2003 va a ser la prioridad de esa reforma. Lo hacemos, además, muy convencidos de que nuestro grupo ofrece al conjunto de la Cámara una propuesta de ley para trabajar, y precisamente el Pacto de Toledo pretendía ser un instrumento de construcción de consensos políticos y sociales, y pretendemos, desde la modestia de nuestros escaños, contribuir a ese consenso en la búsqueda de esa solución. Somos conscientes, señorías, además, de que el éxito del Pacto de Toledo tiene mucho que ver también con la capacidad de los agentes sociales de construir estas políticas públicas en el campo de la protección social. Por tanto, hoy pedimos que se tome en consideración esta proposición de ley y reclamamos que se discuta en el marco de los acuerdos del Pacto de Toledo, teniendo en cuenta aquello que el diálogo social nos está reclamando: respeto a la propia dinámica del diálogo social, pero también reconocimiento a la capacidad de la iniciativa legislativa de los grupos.


En esta propuesta, señorías, pretendemos avanzar en tres direcciones. En primer lugar, en la dirección de acabar con la pobreza entre las mujeres mayores que

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viven solas y cuyo principal ingreso es la pensión de viudedad. Es bueno recordar que cerca de un 70 por ciento de las mujeres viudas tienen como único ingreso esa pensión de viudedad. En segundo lugar, en la dirección de avanzar en un reconocimiento del esfuerzo contributivo de las parejas de esas mujeres, de sus maridos. En algunas discusiones con algunos portavoces del Grupo Socialista hemos discutido sobre si la propuesta que Convergència i Unió plantea y que luego explicaré responde o no a un afán de equidad y de justicia. Mi grupo entiende que junto con la pretensión de equidad y de justicia que debe tener esta reforma, también debemos avanzar en un mayor reconocimiento del esfuerzo contributivo que hizo la persona de la cual se deriva esa prestación. Finalmente, somos muy conscientes, y esta semana se ha puesto de manifiesto, especialmente a raíz del último informe del gobernador del Banco de España, de que en nuestro sistema público de pensiones existen incertidumbres de futuro derivadas de procesos de cambio profundo: aumentos de la esperanza de vida, bajas tasas de fecundidad, funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, y que en la lógica del Pacto de Toledo junto a los requerimientos de equidad y justicia existían también los requerimientos de sostenibilidad del sistema de pensiones. La reforma que hoy planteamos en clave de equidad y justicia para las mujeres que nacieron en los años treinta y cuarenta debe ir también acompañada de una reforma integral que incorpore la nueva realidad de las mujeres que se han incorporado al mercado de trabajo en los últimos quince, veinte, treinta años, que van a generar derechos de pensión propios, no derechos de pensión dependientes de sus maridos. Si esa reforma que debemos impulsar en esta legislatura debe garantizar la sostenibilidad del sistema, debe ser capaz de distinguir las situaciones de las mujeres que no pudieron trabajar ni generar sus propios derechos de pensión de las de aquellas otras mujeres que ya los están generando. Señorías, es bueno recordar que el acuerdo social de la pasada legislatura mandataba la elaboración de un estudio sobre cómo debería articularse la pensión de viudedad para los nacidos después de 1967. Hay que acabar con la pobreza, aumentar el reconocimiento de esa contribución, tener en cuenta la sostenibilidad del sistema -insisto- en el marco del Pacto de Toledo, buscando el consenso entre todas las fuerzas políticas y teniendo en cuenta la realidad del diálogo social.


La propuesta que planteamos, señorías, desde el punto de vista de la articulación concreta, es muy simple. Planteamos que la base reguladora para las personas cuya principal o única fuente de ingresos sea la pensión de viudedad pase a ser el 70 por ciento de la misma y para los supuestos de personas con cargas familiares alcance hasta el 90 por ciento. Son propuestas que todos hemos defendido en las últimas campañas electorales y que han dado lugar en los últimos años a una importante movilización de la sociedad civil, en Cataluña y también en el conjunto del Estado, de asociaciones de mujeres que nos han venido reclamando fundamentalmente dos cuestiones: el reconocimiento del esfuerzo de nuestras madres y de nuestras abuelas en los años treinta y cuarenta y la aceptación del tratamiento de personas dignas, de personas que no se vean abocadas a la miseria después de una vida de esfuerzo y de trabajo.
Leíamos esta semana un artículo de don Josep Ramoneda en el que afirmaba que la buena sociedad es aquella en que todos están reconocidos y ninguna persona puede ser humillada. Las diputadas y los diputados de este Congreso hemos tenido ocasión de dialogar con los colectivos de mujeres viudas y de mirar al rostro de personas mayores que se nos acercan bien vestidas, con vergüenza cuando se dirigen a un diputado, al que le explican realidades humanas muy duras: las dificultades para ir a comprar al mercado, aquello que deben comprar para poder comer o los esfuerzos que se deben hacer a final de mes para poder cocinar. Señorías, eso es tratar sin ningún tipo de reconocimiento a esas personas, es hacer de la vida de esas personas una verdadera humillación. Una sociedad buena hoy en España debe dar respuesta al problema de la pensión de viudedad.


Esta es la propuesta que Convèrgencia i Unió plantea a la Cámara. Algunos grupos han manifestado en privado su preocupación por que esa propuesta rompa la lógica del Pacto de Toledo, rompa la lógica del esfuerzo de consenso que todos debemos realizar. Mi grupo es consciente de los riesgos que puede tener una propuesta de esas características en un sistema de pensiones como el del Estado español, que es un sistema complejo, sensible, pero los ciudadanos nos están demandando desde hace muchos años que abordemos esa reforma, que no nos resignemos a creer que la pobreza entre las personas mayores y entre las mujeres mayores solas no tiene solución. Esta es también, señorías, la propuesta contra la resignación. No nos podemos resignar a que determinados problemas de nuestra sociedad no tengan solución. Aspiramos a dar respuesta al reconocimiento de la dignidad de esas personas, pero también, como decía antes, al reconocimiento del esfuerzo de las asociaciones de mujeres, y aquí mi grupo quiere recordar a doña Pilar Mora, que hace ya cerca de catorce años inició una campaña de recogida de firmas en todo el Estado español en demanda de la solución de la pensión de viudedad. Señorías, este no es un problema de ahora, es un problema de hace muchos años, y en nuestra sociedad ha existido una enorme movilización precisamente de colectivos de personas que durante muchos años habíamos definido como personas que no tenían voz, como colectivos que no eran capaces de expresar esa fuerza. Desde hace tiempo, en Barcelona, en la plaza Sant Jaume, un colectivo de mujeres -y con nuestra colega, la señora López i Chamosa, hemos coincidido allí incluso alguna vez- se manifiestan reclamando esa reforma; mujeres de 70, 80 años, muy dignas, muy conscientes de que sus derechos deben ser reconocidos. A esa demanda ciudadana es a la que queremos dar respuesta. Si el Pacto de Toledo es un instrumento del

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diálogo social y de esta Cámara orientado a la sostenibilidad del sistema pero que olvida que aquello que justifica esa protección social es precisamente la equidad de la justicia, el Pacto de Toledo va a perder legitimidad, señorías. El Pacto de Toledo también debe ser un instrumento para configurar un sistema de protección social que dé respuesta a esa realidad de pobreza asociada a las personas mayores. Mi grupo, señorías, quiere que esta sea la legislatura de la revisión del Pacto de Toledo; que sea una legislatura de revisión del Pacto de Toledo bajo la lógica del consenso, bajo la lógica del diálogo social, bajo la lógica de la sostenibilidad, que apunte las reformas que necesitamos para garantizar de verdad las pensiones de las generaciones futuras, pero que también sea la legislatura de la reforma de la pensión de viudedad; que esas mujeres, nuestras abuelas y nuestras madres, nacidas en los años treinta, en los años de la guerra civil, en los años duros de la posguerra, esa generación de mujeres que hizo ese esfuerzo para construir junto con sus parejas la sociedad en la que hoy vivimos, vean reconocida por las políticas públicas, vean reconocida por el sistema de protección social su dignidad y dejen de vivir de una manera humillada. Esa es la pretensión de Convergència i Unió en esta legislatura. Les pedimos su apoyo, señorías, les pedimos su apoyo...


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, tiene que acabar.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señor presidente.


María Elvira Climent, en una carta del colectivo por los derechos de las mujeres viudas de Cataluña, nos pregunta: ¿No nos parece una vergüenza la situación económica de las niñas de la posguerra española, unas viudas sin nombre que viven en la más completa de las miserias? Todas son personas de nuestro país que están pasando un via crucis para llegar a fin de mes. Nos lo preguntan las viudas, señorías, y hoy la Cámara debe responder que sí, que vamos a hacer frente a ello.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, comparto con el portavoz de Convergència i Unió y con su grupo la iniciativa que ha planteado; comparto el objetivo de la iniciativa.
Creo que mejorar la situación de las viudas con las pensiones de viudedad es un objetivo de la democracia y es también, si me permiten la expresión, una asignatura pendiente de la democracia. Comparto el objetivo y la necesidad de abordar las reformas legislativas que sean precisas para garantizar, para hacer realidad ese objetivo que, insisto, es de todos nosotros. Por tanto, vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, pero quiero hacerle algunas reflexiones respecto al contenido.


Vamos a apoyar la proposición porque en el trámite de la ley tendremos la oportunidad de hacer aportaciones y de hacer un buen texto que resuelva verdaderamente los problemas y no plantee problemas complementarios, porque en este trámite tengo que decirle que si algunas de las afirmaciones contenidas en su texto, no en su intervención, se llevaran a término, irían en contra del objetivo que es el que todos compartimos.
Por ejemplo, de la aplicación de su texto se deduciría que las viudas más necesitadas, en su mayoría, a pesar de ese incremento del 70 al 90 por ciento del porcentaje para el cálculo de la pensión, no verían mejorada su pensión y seguirían cobrando la misma cantidad, ya que la mejora no superaría la cuantía de la pensión mínima, que es la que seguirían percibiendo. Creo que ese no es el objetivo, y por tanto habría que entrar en esa reforma y no plantearlo tal como ustedes lo han planteado.
Lo que sucedería sería que el complemento de mínimos -se lo explico: la diferencia entre la pensión contributiva que tiene reconocida un viuda y la pensión mínima a la que tiene derecho- se absorbería y compensaría con el incremento de la pensión contributiva que traería la aplicación de los nuevos porcentajes, o sea que lo que vendría por una parte saldría por la otra y sobre todo las viudas más necesitadas se quedarían con la pensión mínima y no llegarían al 90 por ciento, que es el objetivo.


En cuanto a la forma en la que está hecha la propuesta -usted lo ha planteado como que algunos miembros de la Cámara o de otros grupos parlamentarios también se lo han hecho saber-, a nuestro juicio contradice el Pacto de Toledo ya que no atendería al principio de separación de fuentes de financiación, que es una cuestión clave para asegurar un sistema viable financieramente, y además no conseguiría garantizar una mejora real de las pensiones de viudedad bajas, que seguirían en el mínimo, como le decía, sino solo de las más altas, que supongo que tampoco es el objetivo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la hora de elaborar esta proposición. Por otra parte -ya sé que lo que voy a decir ahora es menos importante y es de técnica legislativa, pero se lo quiero plantear; no sé si el Grupo Socialista o el Gobierno lo habrán visto de esta manera-, me parece que la técnica legislativa que ustedes han utilizado no es la más adecuada, al pretender dar redacción a través de una ley a artículos de una norma reglamentaria que es un real decreto, con lo que a nuestro juicio se invade la autonomía del Gobierno. Es decir, se puede cambiar lo que hay que cambiar a través de una nueva ley, pero en técnica legislativa no es muy correcto modificar a través de una ley un real decreto cuya elaboración sigue siendo competencia del Gobierno. Quizás es una cuestión menor, porque lo que importa es el fondo, pero les sugiero esta consideración sobre la técnica, aunque si la iniciativa va a salir adelante lo importante será que después nos pongamos a discutir sobre el contenido, sobre la mejor manera de hacerlo.


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En definitiva, el partido que represento dentro del Grupo Mixto, Unión Progreso y Democracia, quiere que las pensiones de viudedad se puedan elevar hasta el 90 por ciento -lo teníamos en nuestro programa electoral-, pero queremos que se haga garantizando un mínimo elevado que permita salir de la pobreza a muchas mujeres viudas, separando claramente, para garantizar también el futuro de las pensiones, la parte contributiva de la no contributiva, dentro de una propuesta global de modificación de esa prestación conforme a esta nueva realidad social que permita hacer sostenible el aumento con una técnica legislativa, como le decía, adecuada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Atendiendo al hecho de que esta es la primera intervención de nuestro grupo parlamentario desde la aprobación de la vergonzante Directiva de Retorno, quisiera felicitar a los diputados catalanes Josep Borrell, Raimon Obiols y Marti Grau, que dieron ejemplo de honestidad oponiéndose en los dos primeros casos y absteniéndose en el tercero. Quede pues reflejada en el "Diario de Sesiones" la felicitación de nuestro grupo parlamentario.


Hace seis meses se aprobó la Ley de medidas en materia de Seguridad Social, pactada por Convergència i Unió y el Partido Socialista Obrero Español y a la que Esquerra Republicana presentó enmienda a la totalidad.
En el camino quedó la posibilidad de equiparar las pensiones no contributivas al Iprem y se consolidaron mayores dificultades para acceder a la pensión de viudedad en algunos ámbitos, por ejemplo, en las parejas de hecho o en la misma jubilación. Recuerden la supresión de las cotizaciones extraordinarias para el cómputo de los años cotizados. Pero queremos felicitar a Carles Campuzano, a Convergència i Unió, puesto que han sabido aprovechar la coyuntura, y vaya por delante nuestra felicitación. El Partido Socialista se aviene a aprobar esta proposición de ley sencillamente para no volver a perder ni volver a salir derrotado como salió hace quince días a raíz de otra iniciativa parlamentaria -recuerden- sobre el gasóleo profesional. Así pues, vaya por delante nuestra felicitación. Nosotros apoyaremos esta iniciativa. Esquerra Republicana de Catalunya siempre ha defendido y defiende llegar hasta el 75 por ciento de la base reguladora. De hecho, múltiples iniciativas en la pasada legislatura así lo demuestran.


Vamos a votar afirmativamente la propuesta. Se trata de una reivindicación que viene de lejos, y coincidimos en un escenario, el escenario de una sociedad cada vez más dual en la que aquellos que no se han caído del tren pueden disfrutar de los bienes aceptables de esta sociedad y de este mundo rico, pero existe la cara B de la sociedad, es decir, la pobreza, un número cada vez mayor de personas que viven en el umbral de la pobreza. Me remito -no hace falta que los explicite- a los datos de Eurostat o los datos de las fundaciones que vienen a consagrar una idea que desde hace tiempo se denuncia desde la izquierda, y es que existe una pobreza clandestina -antes Carles Campuzano hacía referencia a ella- que en muchos casos adopta la figura de la mujer sola y viuda. Es evidente, pues, que estamos ante una iniciativa interesante que vamos a apoyar.
También debo decir que tenemos la impresión de que esto puede quedar en una vía muerta, un cul de sac, en la medida en que, a pesar de que la noticia es interesante y seguramente despertará un gran interés por parte de la ciudadanía, remitida la cuestión al Pacto de Toledo y atendiendo a los intereses tácticos de cada uno de los grupos parlamentarios y del Gobierno en concreto, nos preguntamos si no estamos delante de un juego de apariencias y que al fin y al cabo esto tarde mucho tiempo todavía en verse materializado. Nosotros vamos a mantenernos vigilantes para que no quede todo en aguas de borrajas, no quede solamente en un juego de apariencias y para que la luz verde que hoy damos a esta iniciativa parlamentaria se haga realidad en pocos meses. Así pues, anuncio nuestro voto favorable y esperamos que no haya -permítanme la expresión- tongo por parte del Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el mismo grupo parlamentario, por la mitad del tiempo, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente, seré breve.


Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a votar favorablemente esta iniciativa desde varias premisas. Primero, el sistema público de pensiones es sostenible frente a las llamadas del Banco de España a la privatización de las pensiones, hace poco tiempo llamadas de la propia Moncloa. Segundo, la crisis económica es compatible con el gasto social.
Yo diría algo más, el gasto social es una parte de la superación de la crisis. En tercer lugar, las medidas parciales -como es este caso- deben enmarcarse en un acuerdo global sobre el Pacto de Toledo de gastos y también de ingresos, no nos vayamos a encontrar que quien hoy propone un aumento de gastos mañana proponga un descenso de ingresos del sistema de pensiones.


Actualmente, la cuantía de la pensión de viudedad se calcula aplicando la base reguladora, un porcentaje del 52 por ciento en unos casos y en otros del 70 por ciento. En nuestra opinión, la pensión de viudedad es una pensión de carencia, en algunos casos de pobreza. La proposición de ley que hoy se nos propone mejora los porcentajes anteriores, aumentando hasta el 70 por ciento el porcentaje general y hasta el 90 por ciento cuando la pensión de viudedad es la principal o única fuente de ingresos, no se

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superan los límites de ingresos establecidos y existen cargas familiares.
Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa porque entendemos que son precisas mejoras en nuestro sistema de pensiones públicas, sobre todo en las de menor cuantía. Y en lo que respecta a la pensión de viudedad mejorar la cuantía es inaplazable cuando se trata de personas que no disponen de otros ingresos. Sin embargo, señorías, en la pasada legislatura con ocasión de la tramitación de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, el acuerdo entre el Partido Socialista y Convergència i Unió no incorporaba esta cuestión.
Nosotros mostramos nuestras reservas incluso a ciertas medidas parciales.
Primero, la regulación que se hace de la nueva prestación temporal de viudedad, creada por la limitación que se introduce a la hora de tener derecho a la pensión de viudedad cuando el cónyuge superviviente no pudiera acreditar que su matrimonio con el causante ha tenido una duración mínima de un año. Y, segundo, siendo un hecho positivo que se reconociese la pensión a las parejas de hecho, no compartimos las diferencias discriminatorias que se produjeron con relación al matrimonio.


En el trasfondo de esta iniciativa nos preocupa algo que nosotros dijimos en la Comisión del Pacto de Toledo, dijimos en esta reforma de la Seguridad Social y queremos volver a decir hoy. En el trasfondo cuestionamos que estas nuevas iniciativas planteen con carácter general la idea de que la pensión de viudedad recupere un carácter de renta de sustitución y quede reservada a situaciones de dependencia económica, eliminando su carácter de pensión universal y subjetiva. Esta cuestión para nosotros es determinante, porque todavía estamos lejos de la incorporación efectiva de la mujer al empleo digno y también nos encontramos con dificultades para abordar con garantías los problemas estructurales de la feminización de la pobreza. La tramitación, pues, de esta iniciativa y el propio debate en el seno del Pacto de Toledo deben permitirnos abordar las mejoras necesarias en las prestaciones en su conjunto -ingresos y gastos- y también en la pensión de viudedad. Pero, cuidado, no vayamos a dar gato por liebre, es decir, incrementar aparentemente la pensión de viudedad y luego excluir de la pensión de viudedad a buena parte de sus beneficiarias. Estaremos muy atentos ante este intento que también tiene mucho que ver con las declaraciones públicas en las que se dice que el sistema de pensiones no es sostenible y, al mismo tiempo, se propone financiar un sistema de pensiones privado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Campuzano, señoras viudas que nos acompañan, representantes de asociaciones representativas de este colectivo, quiero manifestar que vamos a apoyar, además de forma entusiasta, esta iniciativa del Grupo de Convergència i Unió, aunque solo fuera porque nosotros tenemos presentada otra de contenido material idéntico, a la cual esta se ha adelantado por razones reglamentarias. Nosotros compartimos la pretensión del Grupo de Convergència i Unió porque entendemos -ya ha sido indicado aquí hoy- que tenemos un deber de reparación histórico con las viudas. La democracia les debe mucho a las viudas, el sistema público de pensiones debe mucho a las viudas. Estas son disfunciones que se deben corregir, sobre todo por la siguiente razón. El problema de la viudedad es un problema recurrente e histórico y nunca se ha resuelto. Yo recuerdo quién empezó a hablar de los problemas de las viudas, nada menos que Perrault, autor de cuentos tan conocidos como La Bella Durmiente y La Cenicienta, que además de ser literato y poeta erótico era asesor de Colbert, el primer ministro de Luis XIV, que comentaba cómo tenía que escribir cuentos de esta naturaleza para compensar los problemas psicológicos que la situación de las viudas le generaban; una situación de pobreza, de marginación, de preterición y de supervivencia.


Desde la época de Perrault no han cambiado mucho las cosas, desafortunadamente. Nos encontramos con que el problema de las viudas es un problema de pobreza en el fondo y es un problema de incumplimiento de requerimientos de la Constitución. En más de un debate hemos comentado cómo el contenido esencial del derecho que prescribe el artículo 41 de la Constitución española, que es el que determina o configura nuestro sistema de pensiones, establece, en su contenido esencial, varios requerimientos. En primer lugar, el carácter universal en materia de protección del sistema, el carácter irregresivo, el carácter público -las pensiones que resuelvan las situaciones de forma universal de necesidad tienen que ser públicas- y sobre todo la suficiencia. Las pensiones tienen que ser suficientes para cubrir las situaciones de necesidad.
Dentro del contenido esencial del principio de la suficiencia, nunca históricamente se ha cumplido con las viudas, que es la única pensión que no se nutre de sí misma, de la carrera de seguro de la receptora o receptor de la pensión, sino que dimana de la aplicación de un coeficiente de imputación a la carrera de seguros generada por un cónyuge o una pareja que falleció. Desde esa perspectiva, nos encontramos que esta bolsa de pobreza está suficientemente acreditada porque dentro de las bolsas de pobreza o del volumen de pobres existentes en el Estado español, muy superior al de la Unión Europea de los Quince, se incrementan en relación con Europa los porcentajes de pobreza del 19 al 22 por ciento. Pero por el hecho de ser mujer, ese 22 por ciento se incrementa hasta el 35 por ciento, y por el hecho de ser mujer, vivir sola y ser viuda este porcentaje de pobreza se incrementa del 35 al 43 por ciento, cuando ese porcentaje de pobreza en el ámbito de la Europa de los Quince es del 21 por ciento, una diferencia sustancial.


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En virtud de una pregunta que también el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó al Gobierno, sabemos que en este momento el 93,17 por ciento de los pensionistas de viudedad son mujeres viudas, y en el ámbito de la protección de la contingencia de viudedad, en el 73 por ciento de los casos, cuando el perceptor de la pensión de viudedad es varón, puede compatibilizar su pensión de viudedad con otras rentas, sean del trabajo u otras pensiones, pero cuando es mujer solo el 30 por ciento de las mismas pueden compatibilizar su pensión de viudedad con otras rentas, sean estas del trabajo o sean otro tipo de pensiones. Por tanto, nos encontramos con que el núcleo fundamental de la pobreza en este país está constituido fundamentalmente por el colectivo de viudas en tanto en cuanto la pensión de viudedad dimana de la aplicación del 52 por ciento desde el año 2003 -recuerdo que hasta el año 2001 el índice de imputación para el cálculo de la pensión de viudedad era del 45 por ciento y que en esa fecha se firmó un acuerdo interprofesional entre los interlocutores sociales más representativos, que se tardó dos años en cumplir, que lo subía hasta el 52 por ciento-. Pero el 52 por ciento no sirve para cubrir las necesidades vitales de una unidad familiar en la que solo ha desaparecido, por razón de fallecimiento evidentemente en este caso, uno de sus miembros. Los gastos siguen siendo prácticamente los mismos, luego el requerimiento de la suficiencia en tanto en cuanto estamos hablando de una pensión que está en el 73 por ciento -como hemos acreditado-, por debajo de lo que se denomina técnicamente umbral de la pobreza, no podemos considerarla suficiente.


¿Cuál es el umbral de la pobreza? El Eurostat lo ha definido ya. El Eurostat considera pobres, o que están en el umbral de la pobreza en la percepción de sus rentas, a aquellas personas que reciben unas rentas inferiores al 60 por ciento de las rentas medias del país donde viven. En el Estado español estaríamos hablando -son datos discutibles y no comparto las referencias que utiliza el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la exposición de motivos en relación con la definición cuantitativa del umbral de la pobreza, que en Cataluña sitúan en los 550 euros al mes- de 450 euros al mes. Con los datos que utiliza Convergencia i Unió -que son datos discutibles porque hay que incorporar a los mismos el índice de precios existentes en el lugar donde se vive, etcétera- nos encontramos con que solo el 37 por ciento están cobrando pensiones de viudedad que superan el umbral técnico de la pobreza. Luego el requerimiento constitucional perfilado por la jurisprudencia constitucional de la suficiencia de las pensiones de viudedad se incumple en relación con el 73 por ciento de las viudas. ¿Cuál es la única forma, utilizando los requerimientos del punto doce del Pacto de Toledo, para superar esta disfunción, que es un incumplimiento de constitucionalidad? Incrementar el índice de imputación para el cálculo de la pensión. La propuesta de Convergencia i Unió nos parece muy pertinente. Incrementar del 52 por ciento hasta el 72 por ciento de las rentas que percibía el cónyuge que falleció. Estas son las aplicables al cónyuge supérstite Nos acercaríamos justo al umbral de la pobreza que, en opinión de nuestro grupo, estaría en 750 euros al mes, contando otras variables que el Eurostat también preconiza.


La proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hace que se corrija un requerimiento de constitucionalidad incumplido sistemáticamente desde la aprobación de la Constitución, un requerimiento de justicia, un requerimiento de solidaridad con las mujeres viudas que viven solas y que no tienen otra renta para afrontar las necesidades de la vida más que la mera percepción de la pensión de viudedad. En los casos en que existen cargas familiares, también estamos de acuerdo con la limitación que pertinentemente establece el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de que ese 90 por ciento tiene que cohonestarse con la imposibilidad de no superar los límites que dimanan de la aplicación de complementos de mínimos a las pensiones percibidas de viudedad. Desde esa perspectiva se cumple con el requerimiento por el que llevamos luchando desde hace mucho tiempo, ya que las viudas son las grandes castigadas de nuestro sistema de pensiones -las viudas y los viudos, pero ya hemos comentado que las viudas son el 93 por ciento de las perceptoras de estas pensiones- y cumplimos con los requerimientos de la Constitución en materia de suficiencia. La única duda que le embarga en este momento al grupo parlamentario que represento es ubicar en el Pacto de Toledo -estamos hablando solo de la toma en consideración, lo cual no deja de ser una brecha significativa ya que por fin en este Congreso de los Diputados estamos hablando de un coeficiente del 70 por ciento para el cálculo de la pensión de viudedad- el desarrollo de las distintas cuestiones complejas que afectan a la protección de la contingencia de la viudedad. Un Pacto de Toledo que, en nuestra opinión, está políticamente amortizado desde hace mucho tiempo, puede suponer una cierta amortización, un debilitamiento de la potencia de la proposición no de ley que nos presenta Convergencia i Unió, un amorcillamiento, por usar otra expresión. Nosotros creemos que el Pacto de Toledo se utiliza como subterfugio o cobertura para no resolver problemas que son objeto de aprobación parlamentaria, incluso en ocasiones por unanimidad, como nos ha ocurrido a nosotros.


Hago una doble invocación. Primero, felicito al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la solidaridad y sensibilidad que ha manifestado presentando una proposición de ley que nosotros compartimos en sus propios términos -tan es así que tenemos otra igual pendiente de tramitación que, obviamente, la vamos a retirar porque dice exactamente lo que aquí se preconiza-, pero quizá el lugar no es el Pacto de Toledo.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que acabar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.


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Nosotros solicitaríamos que en la Comisión de Trabajo se inicie la tramitación parlamentaria de las distintas cuestiones en materia de complementos de mínimos y de otros problemas que afectan a esta contingencia en relación con las parejas de hecho, etcétera. Yo creo que el Pacto de Toledo muchas veces se utiliza como subterfugio para no resolver cuestiones que son objeto de aprobación ab initio parlamentariamente y tienen siempre un decurso proceloso aquellas iniciativas que son objeto de aprobación parlamentaria. En todo caso, creo que Perrault en este momento, la Cenicienta y la Bella Durmiente, estarían felices con esta proposición de ley, si prospera en sus propios términos hasta sus últimas consecuencias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, señorías, representantes de las asociaciones de viudas que nos acompañan, para el Grupo Parlamentario Popular hoy se debate una cuestión muy relevante para muchos conciudadanos que, además, están entre los que más padecen en estos momentos la situación económica a la que nos está abocando este Gobierno.
Casi 2.300.000 personas con nombres y apellidos, historias de dramatismo personal por la pérdida del cónyuge y también de penurias económicas, de vulnerabilidad y de desamparo, situaciones a las que los poderes públicos no pueden volver la espalda. De ellas, como ya se ha dicho aquí, casi la inmensa mayoría son mujeres -2.093.000-, perceptoras de pensiones de viudedad en España porque el rostro de la pobreza en este país es, sobre todo, un rostro femenino, un rostro mayor y un rostro solitario. Todos los estudios nos hablan de personas con problemas de subsistencia, de escasa calidad de vida y de ausencia de recursos para garantizar un bienestar acorde con lo que esta sociedad puede y debe asegurar. Nos preocupa no solo la franca pobreza sino también el sostenido deterioro, la erosión permanente de los recursos económicos de muchas otras personas con tan solo una mínima calidad de vida digna de tal nombre, personas que están sintiendo como nadie la fuerza del cambio a peor que está generando este Gobierno, que están pagando y van a pagar más que nadie la crisis.
Ya en su momento, en el Pacto de Toledo del año 2003, analizando esta realidad, fuimos capaces de plantear explícitamente un compromiso en esa recomendación que aquí se ha citado y que, por cierto, siendo una de las más concretas, ha sido una de las más incumplidas.


El Partido Popular ha venido siendo y será extraordinariamente fiel en el futuro a este compromiso de mejora de las pensiones de viudedad. Lo fue en el pasado cuando gobernó, incrementando las pensiones mínimas de viudedad y todas las demás también en nuestro país -esas que el señor Zapatero desde el desconocimiento o la mala fe dice ahora que fueron congeladas por el Partido Popular-, por ejemplo, las pensiones mínimas de viudedad de menores de sesenta años con cónyuge a cargo, que subieron casi un 80 por ciento con los gobiernos del Partido Popular. (La señora vicepresidenta, Pastor Julián, ocupa la Presidencia.) Hay que tener poca consideración con la verdad cuando a esto se le llama congelar las pensiones mínimas, sobre todo, con la subida en la época popular del porcentaje de cálculo de la base reguladora de estas pensiones del 45 al 52 por ciento. Solo con el Partido Popular, señorías, mejoraron todas las pensiones de viudedad en nuestro país, todas, y por supuesto mucho más las de menor cuantía, eso por descontado, pero también todas las demás.
Por eso mantuvimos en la legislatura pasada, y finalmente en nuestro programa electoral para marzo de 2008, el compromiso de aumentar ese porcentaje de cálculo de la base reguladora de las pensiones de viudedad hasta el 70 por ciento; de todas. Estaba justificado en ese momento y ahora lo está aún más con la situación de mayor vulnerabilidad a que en estos últimos meses están abocando las decisiones o la falta de ellas de este Gobierno. Porque el encarecimiento de la vida está afectando especialmente a estas personas, porque la inflación real sobre el 50 por ciento de la población con menos renta es casi el doble que el IPC y porque los precios de los productos básicos en nuestro país están absolutamente descontrolados. ¿Alguien se está tomando la molestia de atender cómo está afectando, especialmente a los pensionistas, estas subidas de precios?

La inflación, como saben todos los españoles, es el peor impuesto sobre los pensionistas y, especialmente, sobre los que hoy nos ocupan. Hablamos de pensiones medias de poco más de 400 euros en el caso de los hombres o poco más de 500 en el caso de las mujeres, con situaciones que se agravan día a día por las actuaciones políticas de este Gobierno. Las subidas de la luz no son un ajuste, son un drama también para estos pensionistas; no es posible que se crea uno los mensajes de preocupación y compromiso con los pensionistas de viudedad cuando la deducción de 400 euros aprobada hace unos días por el Gobierno, repleta de incongruencias y discriminaciones, plantea que la inmensa mayoría de ellos se van a quedar sin ingresar ni un solo euro de esas aportaciones del Gobierno. ¿Es que los pensionistas y los pensionistas de viudedad no consumen? ¿No consumen productos y bienes de primera necesidad? Qué gran ocasión perdida para haber dedicado un poco más de sensibilidad a estas personas.


Ha habido falta de voluntad, ha habido pereza y ha habido indecisión, por eso no se ha desarrollado en modo alguno esa recomendación decimosegunda del Pacto de Toledo. Es un ejemplo de una actitud muy lesiva para el sistema. Por supuesto, esta proposición de ley nos parece

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incompleta por cuanto la reforma de las pensiones de muerte y supervivencia en España exige un tratamiento más global y más integral.
Tiene contenidos, por supuesto, que nos plantean dudas y que habrán de ser objeto de análisis, de evaluación y posiblemente de modificaciones muy sustanciales. No deja de ser una proposición de ley que, como ya se ha dicho, persigue la modificación de un reglamento aprobado por un decreto y probablemente se produzcan también solapamientos con iniciativas que pudieran plantearse en el seno del propio pacto. Pero con tener en cuenta todas estas dudas, con tener en cuenta la falta de compromiso de un Gobierno con ese Pacto de Toledo, cuando la ministra de Igualdad viene a este Parlamento y anuncia, sin que el pacto se haya reunido, sin que se haya celebrado ninguna comparecencia, lo que a su juicio van a ser ya subidas, con independencia de los criterios que entre todos los grupos marquemos, además de todas estas dudas, de la falta también de rigor y de seriedad en esta materia, a pesar de no considerarlo el mecanismo idóneo ni el que hubiésemos deseado, esta proposición de ley supone en esencia, y sobre todo en su literalidad, básicamente nuestro propio compromiso electoral. Y el Partido Popular se debe a su compromiso electoral y a sus más de diez millones de votantes, entre los que estoy seguro figuran una gran cantidad de personas en situación de viudedad. Nosotros estamos y vamos a estar con ellos, por eso vamos a apoyar esta toma en consideración.


Nos satisface encontrarnos con otros grupos parlamentarios en nuestro programa electoral. Puede que su apoyo sea mero tacticismo, como se ha dicho aquí, y no un firme compromiso, pero, señor Campuzano, si alguien piensa en aprobar esta iniciativa hoy y que luego duerma el sueño de los justos en un cajón durante meses ya le decimos que se equivoca plenamente; nos ocuparemos de que lo aprobado hoy aquí sea desarrollado en tiempo y forma. Y debería tomar muy buena nota el Gobierno de este debate. Lo que hoy se va a aprobar, se diga lo que se diga, es una clara desautorización de la acción o de la inacción de este Gobierno en toda la legislatura pasada y en el comienzo de esta, y puede abrir la puerta a muchos otros temas si el Pacto de Toledo no es afrontado con decisión y con firmeza desde el principio. El mecanismo que hoy se ha empleado debe ser, en todo caso, una excepción. El Pacto de Toledo no está, desde luego, para amparar actuaciones unilaterales u oportunismo gubernamental; tampoco para aparcar allí ineludibles necesidades e ineludibles aspiraciones de muchos colectivos, de muchos grupos, de muchos ciudadanos en nuestro país, y evidentemente de los contenidos que le harán solvente, sostenible y capaz de resistir los embates demográficos y probablemente económicos que nos esperan.


El pacto, señorías, acoge un conjunto de recomendaciones justas, necesarias y oportunas; todas son justas, todas son necesarias, todas son oportunas. No pueden ser objeto de selección acorde a conveniencias, a cálculos electorales o a pura y dura demagogia, y hará bien el Gobierno en tenerlo muy en cuenta. Allí habrá de ser reconducida esta cuestión; ese es el camino adecuado para este debate y para todos los demás que tengan que ver con nuestro sistema de pensiones. Eso es lo que quiere el Grupo Parlamentario Popular y es lo que queremos hoy poner de manifiesto aquí. En el desarrollo de medidas acordadas para el beneficio de nuestro sistema de protección social nos van a encontrar siempre, pero para encontrarnos hay que querer primero buscarnos y luego no enredarse, como ha hecho este Gobierno, como gato en un ovillo, sino acometer con decisión y con firmeza las actuaciones que el sistema precisa, y entre ellas y muy especialmente la que hoy nos ha ocupado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Burgos.


Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, permítanme saludar a la Asociación de Dones Viudes de Catalunya en la persona de la señora Climent, y decirles que vamos a apoyar esta iniciativa. Vamos a apoyarla por algunas razones, pero también con algunas condiciones. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma en profundidad de la pensión de viudedad, sin ninguna duda; es imprescindible hacer una reforma en profundidad de la pensión de viudedad, pero hay que hacerlo con el consenso de todos y en el Pacto de Toledo, porque allí es donde está el consenso de todos los grupos parlamentarios y también el de los agentes sociales. No es lo mismo esta iniciativa que la que viene luego, cuando habla de desarrollar una ley; eso es otra cosa porque está en el consenso de los agentes sociales y está fuera de aquí, pero esto está en el Pacto de Toledo. Así como está, sería una barbaridad aprobarlo -repito, una barbaridad- porque hemos de ser conscientes de lo que hablamos, de lo que ponemos en una iniciativa y de lo que decimos.


Señor Campuzano, cuando usted dice que queremos ayudar a aquellas mujeres que viven en la pobreza, especialmente las viudas, y cuando usted señala que por ser mujer y viuda va al 40 por ciento de pobreza, mi grupo y yo personalmente estamos totalmente de acuerdo, pero esta iniciativa no arregla eso, sino que lo diferencia Precisamente a ese 1.560.000 viudas que cobran menos de 550 euros esta iniciativa no les aporta ni medio euro, señorías, las dejamos como están. ¿A quién empezamos a subirle algo la pensión de viudedad con esta iniciativa? A las que cobren a partir de 550 euros. Y yo estoy de acuerdo en que a las que cobran 550 euros hay que subirles, pero, señor Campuzano, señorías, mi grupo, en la legislatura pasada, en esta legislatura y en el programa con el que nos presentamos a las elecciones -por cierto, le recuerdo al señor Burgos que los ciudadanos hace tres meses nos dieron la confianza mayoritaria, lo que quiere

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decir que estaban más de acuerdo con nuestro programa- decíamos que íbamos a subir las pensiones mínimas de viudedad y de jubilación, y que además íbamos a crear un complemento de pensión de solidaridad para todas aquellas personas que vivan solas. Es decir, se trata de subir en esta legislatura las pensiones mínimas entre el 30 y el 35 por ciento y a las personas que viven solas, sean viudas, solteras o solteros, darles un complemento de 100 euros; eso sí que es subir lo que usted dice. Es verdad, no subiremos tanto a las que cobran 800 ó 900 euros, que también los hay; subimos a la mayoría por abajo. (Aplausos.) Le digo más. Si vamos al 70 por ciento, como usted dice, los jubilados con coeficientes reductores, de los que tanto habla el señor Olabarría... ¿Se acuerda usted del Iñaki? El Iñaki cobra el 60 por ciento de su base reguladora y, si vamos a esta propuesta, a su mujer le estamos diciendo: Póngale una vela a la Virgen de Covadonga para que este señor se vaya pronto, porque usted cobrará un 10 por ciento más. (Risas.) Seamos concretos. Subir las pensiones de viudedad, sí, pero empezando por subir las más bajas y no haciendo incoherencias. En las tribunas tenemos tres viudas. Son tres amigas, que además son tres casos bien diferentes. Hay una a la que le aplicamos lo del SOVI y que lo va recuperando poco a poco. ¿Esto se le aplicaría? Sí. A su lado hay otra que no llega ni a los 400 euros; a esa no le subiríamos ni un céntimo, se lo he dicho antes a ella y se lo digo ahora a ustedes aquí. Hay otra que, a pesar de nuestra buena voluntad, con la ley todavía no ha cobrado, pero cobrará porque lo arreglaremos (Rumores.), porque es justo que lo hagamos.


Señorías, ¿qué aprobamos hoy aquí? Hacer un debate en el Pacto de Toledo, que vamos a consensuar con todos los grupos. Vendrán los agentes sociales a decirnos cómo ven esta reforma, vendrán ellas y algunas más a decirnos cómo lo ven; luego entre todos alcanzaremos un consenso en el Pacto de Toledo y tiraremos adelante. Le digo una cosa, señor Campuzano. Yo ni siquiera llevaba esto en el programa electoral, porque le he dicho cuál era mi objetivo, pero no es razonable venir aquí a valorar el Pacto de Toledo y dos días antes de que el ministro venga a la Comisión del Pacto de Toledo para iniciar la negociación de la renovación traer este debate aquí. Eso es hacerse trampas en el solitario.


Vamos a temas concretos. Señor Burgos, sabe que hay muchas cosas que podemos compartir, pero yo le recuerdo que desde el domingo es usted de centro, y ser de centro significa también una actitud, no vaya a ser que no empiecen bien desde el principio. (Rumores.) Una persona como usted, que conoce las pensiones tan bien o mejor que yo, no puede venir aquí a decir que la pensión media en los hombres es de 400 euros; sabe que está mintiendo. No es de 400 euros porque usted sabe igual que yo, señor Burgos, que la pensión mínima individual es de 528 euros y la de cónyuge a cargo es de 650 euros; seamos sinceros. ¿Sabe lo que piensan los ciudadanos de este país, que lo han reflejado en las urnas? Que este Gobierno es el que mejor defiende los intereses de los ciudadanos, especialmente los de los más desprotegidos. (Aplausos.) No es lo mismo, señoría, porque cuando ustedes subieron la pensión del 45 al 52 por ciento 1.500.000 viudas tuvieron cero patatero -o cero zapatero, como usted quiera-, no les subieron ni una peseta -entonces hablábamos de pesetas-; eso es lo que hoy pretenden hacer ellos, y eso es lo que no vamos a consentir. ¿Vamos a subir las pensiones de viudedad? Sí. ¿Las vamos a adaptar a nuestra realidad? Sí. Lo vamos a hacer realmente en forma y con el consenso de todos: con el suyo, con el del señor Campuzano, con el del señor Tardà y con el del señor Llamazares. Lo vamos a hacer todos, pero diciendo a los ciudadanos lo que es de verdad. ¿Sabe lo que me preocupa? Que ellas se vayan hoy de aquí pensando que a primeros de año van a tener esto resuelto. Eso no es verdad, porque el debate nos va a llevar más tiempo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Quiero que ellos sepan que hoy empezamos un debate y que lo terminaremos en el Pacto de Toledo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López i Chamosa.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD. (Número de expediente 122/000030.)

El señor PRESIDENTE: Segundo punto: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la ampliación del permiso de maternidad y paternidad. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley que hemos presentado, en relación con la conciliación de la vida laboral y familiar, para la ampliación del permiso de maternidad y del de paternidad. Subo, por tanto, a esta tribuna para defender un derecho que asiste a los trabajadores y trabajadoras, a los padres y a las madres en nuestro país: tener sus hijos y ocuparse de su crianza, y a que eso sea compatible con el ejercicio de una actividad laboral y con su vida personal. Subo también no solamente para reivindicar y solicitar a esta Cámara la ampliación de un derecho sino para pedir y exigir que los padres, los hombres también asuman una corresponsabilidad efectiva en las responsabilidades familiares, en la atención de los hijos y en las tareas domésticas, así como en la atención a las situaciones de dependencia en nuestro país, ya que hasta el presente momento, como todos sabemos, están en manos, prácticamente de forma exclusiva, de las mujeres. Con esta iniciativa nos proponemos cuatro objetivos. En primer lugar, como he dicho al principio:

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favorecer la conciliación de la vida laboral, de la familiar y de la personal; en segundo lugar, promover la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades; en tercer lugar, favorecer la corresponsabilidad de los padres y de las madres en el cuidado de los hijos; y, en cuarto lugar, proteger y apoyar a una institución esencial para mi grupo, y creo que para el conjunto de la sociedad española, como es la familia. La proposición de ley, por tanto, pide ampliar en dos semanas el permiso de maternidad y el permiso de paternidad, siempre y cuando ambos progenitores hayan hecho uso de este derecho y hayan solicitado el disfrute del permiso; es decir, incorpora una medida que busca fundamentalmente favorecer la corresponsabilidad de los hombres y el hecho de que ellos hayan solicitado el ejercicio del permiso de paternidad.


Como saben ustedes, en la pasada legislatura hubo una subcomisión en esta Cámara que se ocupó de analizar los problemas derivados de la necesidad de la conciliación en España. Pues bien, una de las conclusiones del informe de esta subcomisión decía que era necesario establecer el permiso de paternidad como derecho individual e intransferible del padre; establecer un permiso de paternidad individual e independiente del permiso de maternidad, flexible en cuanto a su forma de disfrute, con una duración suficiente para implicar al padre en las tareas de crianza y con incentivos que fomenten su ejercicio. Estas son dos condiciones importantes que nosotros hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar la proposición de ley: que tenga una duración suficiente para implicar al padre y que tenga incentivos que fomenten su ejercicio; es lo que pretende precisamente nuestra proposición. En la Ley de Igualdad en marzo del año pasado se aprobó efectivamente un permiso de paternidad de dos semanas. La mayoría de los grupos manifestaron en el debate que ese periodo de tiempo era insuficiente y apostaron por que el permiso de paternidad pudiera extenderse durante un mes. Hubo un compromiso en la Ley de Igualdad para que el permiso fuese ampliado en un plazo de ocho años. Nosotros hemos venido hoy a decir que no es necesario esperar ocho años para ampliar este derecho y para que haya una oportunidad efectiva de corresponsabilidad en las familias españolas, y que por tanto esta legislatura no tiene que dedicarse a congelar ningún derecho, sino que tenemos que seguir avanzando y ampliando los derechos y las oportunidades de las familias españolas. Incluso venía a decir la subcomisión que debía estudiarse la posible regulación del permiso de paternidad como un permiso obligatorio e incentivar un mayor y extendido disfrute de los permisos voluntarios. Decía, por ejemplo: Sobrepasado un tiempo de disfrute mínimo, recompensar con una ampliación del derecho. Por tanto, nosotros queremos hacer efectivas las recomendaciones y las conclusiones que salieron de aquella subcomisión que hizo una labor excelente. Sin una corresponsabilidad efectiva de los hombres en las responsabilidades familiares no acabaremos con la discriminación laboral de las mujeres y mantendremos mermadas sus posibilidades de desarrollo personal. Apostamos por la igualdad, pero no solo para que sea un asunto de mujeres, sino para que de verdad termine implicando al conjunto de la sociedad en una transformación de nuestro modelo familiar, que es indispensable si queremos conseguir los objetivos que antes he enumerado.


Hemos planteado una ampliación del permiso de maternidad en dos semanas.
Es verdad que esto está lejos de los objetivos que nosotros nos hemos marcado -y seguimos creyendo-, incluso de las enmiendas que presentamos a la Ley de Igualdad. Entonces hablábamos de llegar a veinte semanas en el caso del segundo hijo y a veinticuatro semanas en el caso del tercer hijo y siguientes. Esta proposición de ley está planteando ampliarlo a dieciocho semanas. Esto no solamente está lejos de nuestro objetivo sino también seguramente del que están presentando las asociaciones de mujeres que vienen a considerar necesario un permiso de hasta seis meses. También sabemos que la duración de este permiso es inferior a la de los países de nuestro entorno; por ejemplo, en Suecia el permiso puede llegar a durar hasta noventa y seis semanas, en Noruega cincuenta y dos semanas, en Reino Unido hasta cuarenta semanas y en Italia hasta cuarenta y siete semanas. Para nosotros esto no significa renunciar a ninguna ambición, pero las medidas deben ir implementándose de manera progresiva, y la ampliación de derechos se puede hacer poco a poco. De la misma manera es necesario avanzar, ir adelantándose, y hay que hacerlo ahora; constituye una prioridad para mi grupo, por eso nosotros presentamos hoy medidas de conciliación y de apoyo a la familia en este primer periodo de sesiones para que se crea de verdad en esta Cámara que esa ha de ser una prioridad de nuestra acción legislativa a lo largo de estos cuatro años.


Los datos son muy elocuentes en cuanto a la situación de la mujer en el mercado de trabajo. Como saben, hoy en España trabajan aproximadamente 12 millones de hombres y tan solo 8 millones de mujeres; sigue habiendo una brecha amplia y una gran desigualdad en la situación de los hombres y de las mujeres en el mercado de trabajo. La tasa de actividad así lo pone de manifiesto también; en las mujeres no alcanza el 50 por ciento -está en el 49,73-, frente a una tasa de actividad en los varones que es prácticamente del 70 por ciento. Hay una diferencia de 20 puntos en la tasa de actividad entre hombres y mujeres. Es evidente que equiparar las tasas de actividad, elevar la tasa de actividad femenina hasta valores cercanos al 70 por ciento, por tanto conseguir esa equidad, esa igualdad en el mercado de trabajo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, es una condición necesaria para la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar y para fomentar la competitividad de nuestra economía. Esta medida viene a incidir en eso, porque una de las razones por las cuales está perjudicado el acceso de las mujeres al mercado laboral son las dificultades de conciliación con la vida familiar y también la falta de corresponsabilidad de los hombres a la hora de atender la dependencia,

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las responsabilidades familiares y el cuidado de los hijos. Por tanto, creo que se incide también en un aspecto fundamental de nuestro futuro económico y de las posibilidades de desarrollo del país.


Nosotros mantenemos un compromiso activo con las familias y hemos presentado también una moción para impulsar una serie de medidas de defensa y de apoyo de lo que consideramos que es el núcleo fundamental de la sociedad española. En las circunstancias actuales y con la escasez de apoyo y de medidas para la conciliación de la vida laboral y la vida familiar es verdad que el ejercicio del derecho a tener hijos y la opción de tenerlos es difícilmente realizable por muchas familias. Es evidente también, y todo el mundo lo sabe, que España es uno de los países que menos gasto social dedica a la familia. El gasto social en España dedicado a las familias está en el entorno del 0,6 por ciento del producto interior bruto y el de la media europea está en el entorno del 2,2 por ciento. Por tanto, estamos muy alejados de hacer verdaderamente políticas de familia, de apoyo a la familia, e incluso favorecer que las personas jóvenes, las parejas que se forman, tomen la decisión de tener hijos. En la mayor parte de los casos tienen uno o ninguno, lo cual nos ha llevado a tener una tasa de fertilidad que alcanza solamente el 1,37 hijos por mujer; estamos en dos terceras partes de la tasa de reposición.
Por tanto, no estamos garantizando en este momento el recambio generacional en España. Este es un problema muy serio y que cuestiona nuestro futuro como sociedad y el futuro de nuestro país; es una especie de suicidio poco a poco, de ir mermando generación tras generación; es una pérdida de confianza en lo que son las posibilidades que nuestra sociedad puede ofrecer cara al mañana. Las medidas de conciliación son absolutamente esenciales para favorecer y fomentar la natalidad en nuestro país. Creo que este tiene que ser un objetivo que nos mueva y nos convoque a todos. Por todo ello, la igualdad y la conciliación tienen que ser una prioridad de todos. No basta con palabras, no basta con bonitos gestos sino que tiene que ser también una prioridad en los presupuestos públicos y algo que no se contemple simplemente como un gasto, sino como una inversión de futuro; como una inversión en una sociedad que de verdad sea justa; como una inversión en la igualdad, en los derechos, en la justicia, en el equilibrio en el reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres y en el establecimiento de nuevo modelo de familia que sea distinto, donde los hombres también estén a la altura de la responsabilidad que se les pide. Es invertir en la posibilidad efectiva de que las familias tengan hijos y, por tanto, de que se fortalezca el futuro de nuestro país y de que puedan criar esos hijos y darles una formación adecuada. Les pedimos que apuesten por ello; les pedimos que hagan algo más que meramente cambiar el diccionario o establecer cuotas que son ineficaces a la hora de ayudar al conjunto de la sociedad. Yo apelo principalmente al grupo del Gobierno, al Grupo Socialista, a que tome en consideración esta proposición de ley y permita que este debate se pueda hacer en esta Cámara; permita que se pueda hacer el debate de la conciliación, el debate de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.


No me importa demasiado que me lo aprueben, como han aprobado anteriormente a Convergència i Unió su proposición de ley, riñéndome; no me importa demasiado que lo aprueben a regañadientes; no me importa que lo aprueben no gustándoles demasiado. Después tendremos un tiempo, tras la toma en consideración, para enmendar la proposición, para abrir un debate, discutirla y finalmente establecer la medida que nos parezca a todos más adecuada. Les pido que hoy hagan una doble demostración: primero, la de que están de verdad por la igualdad, por la conciliación y por la corresponsabilidad, por la ampliación de los derechos de los trabajadores y que no van a hacer una legislatura para congelar los derechos de los trabajadores. La segunda demostración que les pido es que tengan de verdad voluntad de acordar. Los españoles quieren que lleguemos a acuerdos. Nosotros hemos ofrecido acuerdos en materia social. Queremos acordar en materia social, en materia de pensiones y en políticas de apoyo a la familia. Nosotros entendemos que la política de igualdad es una de las grandes políticas de Estado en donde tiene que haber un acuerdo. Ustedes no vienen muy favorecidos por sus antecedentes. El año pasado en el debate de la Ley de Igualdad presentamos 73 enmiendas y todas fueron rechazadas. No solo no hubo ninguna voluntad de llegar a ningún entendimiento sino que la voluntad era aislar y rechazar cualquier proposición que partiera de las filas del Grupo Popular; no se pararon nunca a mirar en los tiempos pasados qué proponíamos sino solamente quién lo proponía. Se nos ha pedido en estas elecciones que pasemos página de esa actitud y que ustedes también pasen página de esa actitud excluyente.
Van a tener que apoyar iniciativas del Grupo Popular porque la iniciativa del Gobierno es francamente escasa. Alguien tiene que traer los temas aquí. Hoy traemos la conciliación, la defensa de los derechos de los padres y de las madres, la exigencia para que los hombres se ocupen del cuidado de sus hijos y dispongan del tiempo necesario, en definitiva para la ampliación de ese permiso de paternidad. Espero contar con el apoyo de los demás grupos a esta proposición de ley, que es justa, equilibrada, acertada, útil y muy necesaria.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, aprovechamos esta proposición de ley que nos presenta el Grupo Popular para volver a insistir, a incidir, en la posición que el Bloque Nacionalista Galego tiene en relación con los permisos denominados de maternidad. Ya es momento de denominarlos de otra

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manera, concretamente permisos por nacimiento de hijo/hija o adopción, después de debatir durante mucho tiempo que el coste social del nacimiento de hijos debe recaer de una manera más generalizada tanto en padres y en madres como en la sociedad en general, empezando por el propio Estado pero también por las empresas, y no exclusivamente en las mujeres, en las madres. Por eso nos parece que sería necesario cambiar la denominación de este permiso. Como SS.SS. saben -esto no es algo anecdótico sino que está muy generalizado-, una de las dificultades mayores que tienen las mujeres jóvenes para poder incorporarse al mundo laboral, a la actividad laboral remunerada, es justamente la prevención que tienen muchas empresas para contratarlas aduciendo que están en edad reproductiva. No es una casualidad que en muchas de estas empresas, sobre todo en aquellas que hacen más contratación femenina, a la hora de solicitar sus datos aparezcan preguntas tales como si tienen novio, si piensan casarse o si piensan tener hijos. Ese es un mal que sigue existiendo en nuestra sociedad, fundamentalmente en aquellas empresas, como digo, que contratan mayoritariamente a mujeres. No somos los únicos que entendemos que el nacimiento de hijos, o una política de natalidad, o continuar con una natalidad progresiva es importante para la sociedad, porque es un bien social y no una necesidad de las mujeres. En la medida en que la maternidad no es una necesidad de las mujeres sino que es un bien social por la necesidad que tenemos de la renovación generacional o el reemplazo generacional, como decía al principio, es necesario que este coste social que la maternidad tiene no recaiga exclusivamente en las mujeres de manera fundamental en lo que a la cuestión laboral se refiere.


Por cierto, antes tenía interés en dar un dato. Cuando se habla de que hay prevención, sobre todo de los empresarios, a la hora de contratar a las mujeres en edad reproductiva por el absentismo laboral que eso representa, nosotros tenemos datos -así viene sucediendo cada vez que se hacen estos estudios- de que, a pesar de eso y de que las mujeres cogen la baja por maternidad, no van algún día al trabajo porque llevan a sus hijos al médico, etcétera, al final la estadística muestra que los varones, porcentualmente hablando, son los que ofrecen más absentismo laboral por bajas o ausencias del trabajo, por lo tanto no entendemos cómo puede haber esta prevención por las empresas.


Dicho esto, nosotros contemplamos el permiso por nacimiento de hijos e hijas en tres direcciones: una, el derecho individual de padres y madres al mismo; otra, el cuidado de los hijos e hijas, e inevitablemente para nosotros ya es necesaria la corresponsabilidad de ambos progenitores y la corresponsabilidad que decía antes de las empresas y del propio Estado en lo que representa el coste por nacimiento de hijos o hijas. Por eso cuando presentamos enmiendas en relación con esta materia en la tramitación de la Ley de Igualdad ya lo hicimos condicionando la ampliación de esta baja -de este permiso de veintidós semanas- al hecho de que, cuando menos, ocho de estas semanas fueran cogidas por los padres, de tal manera que se verificara que esta corresponsabilidad existe, así como el coste laboral que para los hombres tiene su paternidad.


En aquella ocasión, y a pesar de que creemos que lo defendimos con vocación, nuestra enmienda no fue aceptada ni siquiera con algún tipo de modificación, y hoy vemos que el Grupo Popular en esta propuesta hace algún reconocimiento de la inicial del Bloque Nacionalista Galego cuando condiciona el incremento de estas dos semanas a que parte de esa baja sea cogida por el varón. Desde luego, así como esta idea incorpora el concepto que se refleja en la exposición de motivos de la proposición de ley, aparte de la defensa que desde esta tribuna se acaba de hacer de la propuesta, se mantienen los conceptos tradicionales en relación con la maternidad, independientemente de que se haya incorporado la frase o el vocablo corresponsabilidad, porque es un momento en el que todas las fuerzas políticas inevitablemente tienen que reconocer ya la corresponsabilidad como una necesidad que nos obliga a todos. Por eso, como nos satisface poder ocupar este tiempo defendiendo la necesidad de la corresponsabilidad de la ampliación de los permisos por nacimiento de hijos o hijas y que estos tienen que estar compartidos por padres y madres, nosotros entendemos que es el momento de dar pasos pero más avanzados. Después de los debates habidos está en que es necesario incorporar ya la cuestión de la obligatoriedad de los varones a la hora de tener que asumir los permisos por paternidad o nacimiento de hijos; llamémosle como queramos, pero ya es el momento de que sobre la base de esa corresponsabilidad aparezca también la idea de la obligatoriedad de los padres a tener que asumir esa baja, y no precisamente del derecho que se le concede de esos días que se recogen en la ley aprobada hace aproximadamente año y medio. De ahí que, independientemente de que valoremos en lo que vale la propuesta que nos hace el Grupo Popular e incluso de que reconozcamos que ha incorporado ideas que transmitimos con nuestra enmienda durante el trámite de la Ley de Igualdad, en la medida en que es una continuación de lo que ya fue aprobado y que además tiene sus tiempos, sus plazos, etcétera, y a pesar de que lo que se nos pide hoy es su admisión a trámite, no podemos votarla favorablemente, aunque tampoco estamos diciendo que la vayamos a votar en contra. Entendemos que en estos momentos tenemos que ir mucho más allá a la hora de incorporar a la legislación los permisos para los padres por el nacimiento de hijos e hijas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.


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El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


A priori, viendo el título de la proposición de ley del Grupo Popular y su exposición de motivos, nos ha parecido una iniciativa muy acertada, pero cuando nos hemos ido adentrando en su contenido, nos hemos ido dando cuenta de que seguimos sin coincidir con sus postulados. Esquerra Republicana, a lo largo de la pasada legislatura y también en la reciente campaña electoral, ha puesto de relieve la necesidad de ampliar los permisos de paternidad y de maternidad, en beneficio de la calidad de vida tanto de los progenitores como de los hijos y de las hijas y, sobre todo, para facilitar la conciliación de la vida familiar con la personal y laboral, que es sin duda una de las asignaturas pendientes de nuestro modelo de bienestar. Así pues, proponemos que el permiso de maternidad se amplíe de dieciséis a dieciocho semanas en el caso de la madre, y por lo que respecta al permiso de paternidad, que no esperemos a los seis años -que no ocho- que marca la ley, sino que entre en vigor de inmediato.
Esto es lo que postulamos. Ciertamente, se postula aquello que se envidia, que se persigue, pero la realidad y la correlación de fuerzas son las que son. Desde Esquerra Republicana siempre hemos creído que la ampliación del permiso de maternidad debería ser mayor en los casos de nacimiento de hijos con discapacidad -hablábamos de treinta semanas- y que en caso de adopción, el tiempo que los progenitores pasan en los países de adopción para efectuar los trámites pertinentes debería sumarse también a esta ampliación. Además opinamos que es urgente poner en marcha otras medidas referentes, por ejemplo, a la mejora de las ayudas para reserva de puestos de trabajo en los casos de excedencia por cura de hijos e hijas y a los periodos de carencia, con el fin de facilitar esa conciliación a la que nos hemos referido y, sobre todo, de mejorar la igualdad entre mujeres y hombres. Tenemos un dato que lo visualiza. A lo largo del año 2007, 37.000 mujeres se acogieron a la excedencia para cuidado de menores o familiares dependientes frente a solo 2.300 hombres, aunque ciertamente la cifra va en aumento, puesto que si comparamos los datos del año 2006 con los de 2005 se aprecia un incremento notable.


En la iniciativa que hoy debatimos, el Partido Popular no va en la línea que acabo de mencionar, simplemente propone una modificación según la cual los permisos de paternidad y maternidad podrán ser ampliables en dos semanas, siempre y cuando ambos progenitores hayan hecho uso de sus respectivas bajas de maternidad y paternidad. De entrada este supuesto es positivo porque, a nuestro parecer, incentiva a los hombres a acogerse al permiso de paternidad, otra de las cuestiones en las que se debe trabajar de forma intensa para lograr esta igualdad a la que queríamos llegar cuando aprobábamos esta medida social. Aunque la tendencia es al alza actualmente, en el primer trimestre de 2008 se acogieron 67.805 hombres a la baja por paternidad, frente a las 86.379 mujeres que hicieron lo mismo. De hecho, nos congratula puntualizar que Cataluña quizás sea la comunidad autónoma donde más permisos de paternidad se han gestionado, exactamente 12.567 en este mismo periodo. Esta propuesta que hoy nos hace el Grupo Popular, a nuestro entender es discriminatoria. Para empezar no se amplía la baja de maternidad y paternidad de facto, sino que se condiciona esta ampliación a un supuesto, con lo cual el universo de beneficiarios y beneficiarias se reduce considerablemente, no haciendo extensivo un derecho social tan importante. En segundo lugar, este supuesto consiste en que ambos progenitores hagan uso de sus permisos de paternidad y maternidad. Esto nos lleva a preguntarnos, llegados a este punto, qué pasa cuando la madre es soltera. ¿Por qué solo podrán gozar de esta ampliación, hasta dieciocho semanas, las mujeres que tengan pareja y además esta pareja sea hombre? ¿No es absolutamente discriminatorio el hecho de que las familias monoparentales, precisamente las que más lo necesitan, se queden al margen de esta ampliación? Parece que el Partido Popular sigue empeñado, dicho con todo respeto, en reconocer solo un modelo de familia, el llamado convencionalmente tradicional y no precisamente el que está en auge actualmente. Por todo lo mencionado anteriormente creemos que esta propuesta dista, si no mucho bastante al menos, de lo que debería ser una verdadera mejora de los derechos de maternidad y paternidad y de profundización en la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Se trata de una propuesta a nuestro entender ambiciosa, un tanto redundante, puesto que la Ley de Igualdad ya contemplaba la ampliación, hasta cuatro semanas, del permiso de paternidad y quizás, no de forma absoluta pero sí un tanto categórica, el carácter discriminatorio con este solo objetivo de tener como finalidad el apoyo a aquellas personas que configuran el modelo tradicional de familia.


Por todo ello, nosotros vamos a abstenernos. ¿Por qué? Porque, por un lado, remarcamos este contenido sesgado que ya ha quedado demostrado, al menos esta ha sido mi voluntad en la argumentación que acabo de exponer.
Por otro, en el caso de que tuviera luz verde, nosotros no queremos ser el agente activo, catalizador, de dar luz verde a esta iniciativa hoy aquí. También entendemos que si hubiera las mayorías necesarias, nosotros tampoco haríamos caballo de batalla de esta iniciativa, puesto que lógicamente se trataría de darla luz verde, con lo cual tendríamos un periodo de debate parlamentario a fin y efecto de poder enmendar todo aquello que consideramos que es enmendable. Aun así nosotros hoy por hoy nos apuntamos a todos los trabajos hechos en la pasada legislatura.
Nosotros siempre hemos coincidido en decir que nos sentíamos muy orgullosos de la ley que hicimos, la llamada Ley de Igualdad. Ahora de lo que se trata es de desplegarla de forma intensa, por la banda alta.
Creemos que habrá ocasión de que puedan llegar a este Parlamento otras iniciativas en ese sentido.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías.


Señor Alonso -viejo amigo aunque desde la discrepancia, desde donde también se pueden forjar amistades, por qué no-, quiero decirle que aquí tenemos todos cierta propensión a etiquetar las iniciativas políticas, y esta ha sido calificada como reaccionaria. Son conceptos un tanto deletéreos. A mí no me parece reaccionaria, me parece una iniciativa progresista, no sé si dimanante del nuevo perfil político del Partido Popular tras el Congreso de Valencia o del anterior, pero es igual. El problema de las políticas de familia, y sobre todo de las políticas de familia de carácter natalista, es un problema que nos ha llevado muchas horas de debate en este Congreso de los Diputados y al final, señora Monteserín, en la última legislatura llegamos a un acuerdo respecto a las políticas natalistas porque, a pesar de que en cierto momento de la transición política española tenían una cierta vitola de políticas conservadoras -incluso la familia se consideraba casi una institución seudoconservadora-, sin embargo se estaban desarrollando ya intensamente por los países socialdemócratas, los países escandinavos o los países centroeuropeos y han conseguido recuperar las tasas de natalidad que nosotros estamos perdiendo. Al final un país puede finalizar por tener tasas de natalidad o de fertilidad particularmente bajas y el Estado español, que en la década de los sesenta tenía una de las tasas más altas de fertilidad en Europa, en estos momentos está a la cola, 1,3 por ciento, que no llega al índice de reposición que coincide exactamente con el 2,1 por ciento. Luego, hay que plantearse las políticas natalistas incluso desde la doble dimensión que el señor Alonso ha planteado con lucidez, que es la dimensión de implementar y de activar la natalidad como concepto y también de darle a la natalidad la dimensión de que es un compromiso de hombres y mujeres, de ambos progenitores ya sean pareja estable, sean matrimonio, sean matrimonio homosexual, heterosexual o sean un matrimonio convencionalmente previsto por el Código Civil. Desde esa perspectiva me gusta esta doble dimensión que se le ha dado, entre otras cosas porque el propio señor Alonso ha reconocido que es insuficiente, que es pacata la medida del incremento de solo dos semanas del permiso de paternidad, pero es mejor lo pacato que nada, o lo pacato o el endoso a determinadas medidas a seis u ocho años vista, que en definitiva es un plazo que siempre genera incertidumbre en cuanto a su posibilidad de cumplimiento. Yo prefiero que se incremente el permiso de paternidad dos semanas hoy que esperar a que se incremente en ocho años dentro de seis, porque sabe Dios lo que puede ocurrir dentro de seis años. Por tanto, desde ese punto de vista vamos a apoyar esta iniciativa. En primer lugar, por lo que el señor Alonso ha explicado muy bien: En España la tasa de actividad de los hombres es del 70 por ciento mientras que la tasa de actividad de las mujeres no llega al 50 por ciento. Existen 20 millones de hombres ocupados frente a 8,5 millones de mujeres ocupadas. Este es un problema que se debe corregir, entre otras cosas porque la conciliación no funciona bien y porque no se concilian bien dos derechos constitucionales y su contenido esencial: el derecho consagrado por el artículo 35, que proclama y preconiza el derecho y deber de trabajar a hombres y mujeres, y el derecho previsto y preconizado por el artículo 39 de la Constitución, que establece la necesaria protección de la familia, que está muy vinculada a las necesidades de establecer jurídica y normativamente mecanismos de conciliación entre la vida laboral y familiar.


Señora Monteserín, hay una declaración de Naciones Unidas de 13 de diciembre del año 2006 presentada a impulsos tanto de la Comisión de Derechos Humanos como de la Comisión de Promoción Social y aprobada por la Asamblea Nacional, que atribuye a la familia como concepto nada menos que las siguientes funciones. En el ámbito del sistema educativo, la familia se ocupa de la socialización primaria, de algunos aspectos de la socialización secundaria y de la educación, dado que el entorno familiar sirve de soporte y refuerzo a las actividades escolares. En segundo lugar, el sistema sanitario. La atención a salud desde la prevención hasta la curación tiene lugar en casa o fuera de casa con intervención de las familias, las cuales dan apoyo a las personas enfermas cuando son hospitalizadas y se ocupan de las gestiones que comporta el uso del sistema sanitario. En tercer lugar, sistema de atención social y personal, particularmente en lo que se refiere al cuidado de las personas dependientes. Solo están cubiertos parcialmente por los poderes públicos a pesar de la recientemente aprobada Ley de Dependencia. En cuarto lugar, sistema productivo. Una parte considerable en el ámbito macroeconómico de las llamadas actividades no monetarizadas, una parte considerable de los bienes y servicios no procede del mercado sino del trabajo doméstico. De hecho, buena parte de las mercancías, especialmente los alimentos, requieren de un proceso de elaboración que tiene lugar en el hogar. Por último, como mecanismos de control social; si por una parte las actividades delictivas, particularmente cuando están implicados los jóvenes, se suelen asociar a situaciones familiares desestructuradas, ello ha de tomarse como un reconocimiento de la relación existente entre la familia y el orden social. Luego, potenciar la conciliación es potenciar la familia y es potenciar también el trabajo, sobre todo el trabajo de la mujer. Los datos así lo avalan. Desde esa perspectiva, cualquier incremento, aunque sea insuficiente, aunque sea pacato, lo ha reconocido el propio proponente de la iniciativa, dos semanas y trece días de suspensión del contrato de trabajo en virtud de las previsiones del apartado primero del artículo 48, sumadas a las dieciséis existentes no nos acercan a lo previsto en otros países de nuestro contexto, que son espectaculares, dan verdaderamente

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envidia y lo hemos podido comprobar. En este momento, en virtud de lo comentado por el señor Alonso, en Suecia las mujeres tienen derecho a noventa y seis semanas de baja por maternidad, bien sea a través del permiso más la acumulación de la excedencia con reserva de puesto de trabajo. En Noruega disfrutan de cincuenta y dos semanas, en Reino Unido de cuarenta, en Italia de cuarenta y siete y en Irlanda, un país enriquecido recientemente, de sesenta y dos. Desde esa perspectiva, vamos a intentar aproximarnos a estas ratios que son las de los países de nuestro entorno sociocultural y también socioeconómico. Las dieciséis semanas en este momento resulta una afrenta para la mujer. Se lo digo con la sinceridad con la que yo le hago todos mis comentarios. Desde esa perspectiva, y ya me dirijo a todas las mujeres presentes en este hemiciclo, me parece muy difícil que no se atiendan los razonamientos, el contenido material y los fundamentos ontológicos al pretenderse algo tan simple como que las mujeres puedan trabajar y a su vez puedan tener familia y si quieren incluso, por qué no, familia numerosa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos trae hoy a debate una iniciativa cuyo objetivo circunscribe a una ampliación en determinadas condiciones de los permisos de paternidad y maternidad actualmente vigentes. Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) vamos a fijar nuestra posición teniendo en cuenta un par de consideraciones. Una primera sería la coincidencia con el grupo proponente en la necesidad de dar un mayor impulso en las políticas de apoyo a las familias.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) lleva mucho tiempo impulsando políticas de familia para ir equiparando nuestro Estado del bienestar a los más avanzados de Europa. Lo cierto es que en este tema, y a pesar de los esfuerzos de los últimos años, estamos todavía muy lejos de la media europea, tal y como lo demuestran los datos del Eurostat y del propio Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al año 2007, que nos indican que el porcentaje de inversión del PIB español en las familias es únicamente del 0,68 por ciento. Es un porcentaje que no solo está lejísimos de Dinamarca, que destina el 3,9 por ciento del suyo o de los otros países más avanzados de Europa, sino también muy lejos todavía de la media de la Unión Europea, que está en el 2,2 por ciento.
Por estar detrás, lo estamos incluso de países como Portugal, Malta o Polonia.


Queda pues, y coincido con el grupo proponente, mucho camino por recorrer.
Mi grupo parlamentario ha presentado en las pasadas legislaturas, y seguiremos presentando, cuantas iniciativas sean necesarias para avanzar en lo que consideramos instrumentos esenciales para dar respuesta a las necesidades actuales de las familias, prestaciones económicas directas o indirectas, creación de servicios gratuitos o a precios asequibles para las familias de economías medias y desarrollo de la conciliación de la vida laboral o familiar, que es precisamente el tema que hoy nos ocupa, pues dentro de las políticas de apoyo a las familias, sin duda alguna tienen una especial consideración todas aquellas que se refieren a la conciliación. Porque hablar de conciliación es, en definitiva, hablar de algo que afecta diariamente a la vida cotidiana de las personas, es hablar de poder compaginar el derecho al trabajo con el derecho a poder tener hijos, y no solo con el derecho a poder tenerlos sino que es hablar también del derecho y de la obligación de atenderlos. Coincidimos, pues, en la necesidad de adoptar cuantas políticas sean necesarias para que todos aquellos que quieran tener hijos los puedan tener sin verse expulsados del mercado laboral, especialmente cuando, como aquí se ha señalado, en España tenemos una tasa de natalidad tan baja que genera y generará problemas a todos, porque si no hay relevo generacional será difícil sostener muchos de los aspectos de nuestro Estado del bienestar.


A este respecto, la elaboración de la Ley de Conciliación de 1999 significó un primer paso, especialmente en cuanto a la protección de la maternidad frente al despido, un primer paso que ha ido completándose en sucesivas modificaciones y que recientemente ha sido ampliado y mejor encauzado en la propia Ley de Igualdad; una ley que, a nuestro modo de ver, nace ya corta y no agota el impulso de políticas en este sentido, pero sí que marca un camino de prioridades que nos parece interesante seguir. Coincidencia, reitero, y esta sería la primera consideración ante la necesidad de un desarrollo legislativo que siga avanzando en el marco regulador de las licencias parentales, sin olvidar que es indispensable completarlo con un abanico de medidas a las que ya me he referido. La necesidad de la oferta de servicios a las familias, una adecuada política fiscal, una mayor flexibilidad horaria, un mayor y mejor reconocimiento a las empresas familiarmente responsables y el planteamiento de una nueva cultura del tiempo serían, por ejemplo, algunas de ellas. Hasta aquí la primera consideración.


La segunda apuntaría en un sentido muy distinto y sería el de la discrepancia con el grupo proponente en cuanto al contenido de la propuesta que hoy nos trae a debate. Ustedes, en síntesis, lo que hoy nos proponen es alargar al mismo tiempo y con igual duración quince días, en uno y otro caso, los permisos de maternidad y paternidad. Eso no nos parece en principio una buena estrategia, especialmente si pensamos que las medidas de conciliación deben ser también eficaces para avanzar en la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. Tal como lo proponen, no nos parece una buena estrategia porque no tiende a igualar sino que tiende a mantener la diferente duración que tienen entre sí los

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permisos de paternidad y maternidad. Más largos los dos, pero manteniendo la actual diferencia. Es cierto que las familias necesitan disponer de más tiempo para poder atender a los hijos, pero ello debe hacerse de manera que permita una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
La igualdad de oportunidades difícilmente se dará si, como hasta ahora, siguen siendo las mujeres quienes casi en exclusiva son las que atienden las responsabilidades familiares. Hoy sabemos que no se pena el sexo, sabemos que lo que se pena es la maternidad, y mientras a los ojos de los empleadores las mujeres sigan representando casi en exclusiva y por unos períodos de tiempo mucho más largos las desventajas de la conciliación, seguiremos, tal como señala Eurostat, estando a la cola de la Unión Europea en la incorporación de la mujer al mercado laboral, con una tasa de empleo no solo muy inferior a la masculina sino también muy inferior a la tasa de empleo femenino del promedio europeo. Este fin de semana estaba comentando este tema con unas amigas, pequeñas empresarias, que me manifestaban su recelo a la hora de contratar mujeres por los inconvenientes que generan los permisos y la sustitución por maternidad.
Ello, me decían, las inclinaba a contratar a hombres. Cuando les pregunté qué pasaría si padre y madre tuvieran el mismo tiempo de permiso al nacer un niño, fueron unánimes: entonces, dijeron, contrataríamos a los mejores. ¿Por qué? Porque los inconvenientes se reducirían. Superar esta desventaja de las mujeres pasa por seguir incorporando a los hombres a las responsabilidades familiares. Ello implica, entre otras medidas, ir alargando el permiso intransferible de paternidad -quizá incluso considerar su obligatoriedad- y pasar de un permiso de quince días como el actual, que nació en la Ley de Igualdad manifiestamente corto -estamos de acuerdo con usted-, a un permiso, de momento, de cuatro semanas tal como durante la tramitación de la ley reclamábamos desde Convergència i Unió y tal como hemos reclamado ya en esta legislatura en una proposición de ley que con este objetivo hemos presentado y cuya toma en consideración todavía no se ha traído a debate. Un permiso que proponemos no solo para que las mujeres no representen en exclusiva a los ojos de los empleadores la desventaja de la conciliación sino también para superar una discriminación legal que afecta todavía a todos aquellos hombres que, queriendo asumir las responsabilidades familiares, tienen hoy un derecho muy reducido y, en todo caso, muy inferior al de las mujeres. Afortunadamente, los hombres cada vez reivindican un papel mayor de corresponsabilización, sobre todo, en el cuidado de hijos pequeños o recién nacidos; por ejemplo, en el primer año de vigencia del permiso de paternidad exclusivo, nacido de la Ley de Igualdad, casi 250.000 hombres se han acogido a la prestación por paternidad. Por todo ello entendemos que es de justicia comenzar equiparando los permisos de paternidad a los de maternidad.


¿Quiere decir esto que no hemos de trabajar en la conciliación? En modo alguno. Ni muchísimo menos, pero a nuestro entender mientras que la duración de nuestro permiso de paternidad -a diferencia de lo que aquí he oído comentar- es de los más largos de Europa, tenemos otras carencias que ya se han corregido en países más avanzados y aquí todavía no, y en las que nos queda un largo camino por recorrer. Una, como digo, sería un permiso de paternidad más largo. Otras serían las excedencias o la jornada de tiempo parcial cobrando alguna prestación como en el resto de países de Europa, o bien que se considerara plenamente cotizada la jornada a tiempo parcial solicitada para el cuidado de los hijos. Todo ello nos depara un camino a recorrer, no ciertamente corto, ya iniciado en la Ley de Igualdad y en el que, a pesar de no poder dar hoy el apoyo a su iniciativa, estamos seguros, señor Alonso, de que en muchas ocasiones ahí nos podremos encontrar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Monteserín.


La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, señorías, quería felicitar al Grupo Parlamentario Popular, y especialmente a las mujeres del grupo, por el resultado de su congreso. Les felicito porque, sin duda, uno de los mayores efectos positivos de la Ley de Igualdad se ha producido en el congreso celebrado por ustedes el pasado fin de semana donde mujeres políticas del Partido Popular han ocupado, por fin, el espacio que les corresponde y que nunca hubiera sido posible si en nuestro país, en este Parlamento y con este Gobierno, no se hubiera aprobado una ley como la de Ley de Igualdad.
(Rumores.-Aplausos.) Vaya, pues, mi reconocimiento por delante porque, como muy bien dijo mi grupo en el primer debate de la ley, ustedes no la aprobarán pero la disfrutarán. Ese momento ha llegado a pesar de que incluso la han recurrido ante el Tribunal Constitucional. (Rumores.) Desde ese recurso y desde la última derrota en las urnas, hemos de reconocer que ustedes intentan cambiar el paso y asumir la importancia que para el conjunto de la población española tiene que las mujeres participen en los ámbitos de poder en condiciones de igualdad y la importancia de asumir muchos de los temas que enfoca la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como la necesidad de que la empresa, la sociedad y las familias se adapten a esta nueva realidad, la de que las mujeres asumen responsabilidades fuera del hogar y que no les corresponde solo a ellas, como hasta ahora, adaptarse a los cambios que se producen como consecuencia de esas nuevas responsabilidades. Este es, en definitiva, el objeto último de la ley. Es decir, que la empresa, la sociedad y la familia deben adaptarse a esa nueva realidad de las mujeres. Por cierto, señor Alonso, en España trabajan el cien por cien de las mujeres; solo tienen trabajo remunerado el 80 por ciento pero trabajan el cien por cien. (Aplausos.) Por

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eso, ha sido un error por parte de ustedes no haber apoyado la ley y haberla recurrido al Tribunal Constitucional. Ese error les lleva a borrar a toda prisa algunas huellas, aquellas que les alejaron del sentir mayoritario de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, cuando estaban lejos de compartir algunas de las medidas incluidas en la Ley de Igualdad. Ahora tienen la necesidad de correr a toda prisa y demostrar que están en la senda de la modernidad, del centrismo y de la igualdad y para ello intentan utilizar atajos. Pero, señorías, no hay atajos sin trabajo y la proposición de ley que presentaron hoy es un buen ejemplo de ello, porque es una proposición poco construida, poco trabajada, confusa, que desde un punto de vista técnico-jurídico adolece de graves defectos.
El primero, que realmente no se expresa con claridad, no explica cómo jugarían esas ampliaciones. El segundo, que solo se propone la modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por lo que la ampliación del permiso de paternidad-maternidad no afectaría a los funcionarios, a los que es de aplicación la Ley 7 de 2007, del Estatuto básico de la Función pública, lo que resultaría claramente discriminatorio. El tercero, las dudas que genera respecto de la expresión: ambos progenitores hayan hecho uso de sus respectivos permisos, porque qué ocurre cuando uno de esos progenitores no tiene derecho al permiso.


En fin, la proposición origina inseguridad jurídica, que sería suficiente para rechazarla. Pero además, señorías, hace poco más de un año aprobamos la Ley de Igualdad, y en ella, gracias a una enmienda transaccional de todos los grupos parlamentarios, menos del Grupo Popular, llegamos a un acuerdo para regular el nuevo derecho de paternidad y aumentar en casos puntuales el de maternidad. Ese acuerdo, que fue un acuerdo meditado, trabajado y pactado, estaba basado en dos argumentos. El primero, que es necesario que los hombres asuman la responsabilidad y disfruten del cuidado de los hijos e hijas desde su nacimiento, dotándoles de un permiso especial para ello y de un nuevo derecho que hoy nos puede parecer corto pero que hace año y medio no existía. El segundo y muy importante, que es necesario contribuir a que las mujeres compitan en mejores condiciones de igualdad en el mercado laboral, no siendo las únicas que soliciten permisos laborales por nacimiento de hijos o hijas.
Ahora bien, se trataba de un nuevo derecho que había que poner en práctica para generar un nuevo uso, una nueva costumbre, y éramos conscientes -como lo fueron los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales- de que eso no era fácil de implantar de un día para otro. Por eso, en esa negociación de la enmienda transaccional acordamos un tiempo de aplicación con el fin de valorar el impacto de esta medida en un periodo de consolidación, que definíamos en seis años, para ampliar el permiso de dos a cuatro semanas. Ha pasado un poco más de un año desde entonces, estamos en una nueva legislatura. El presidente del Gobierno en su discurso de investidura se comprometió con este objetivo al decir, entre otras cosas, en esta tribuna que ampliaremos de dos a cuatro semanas el permiso de paternidad. La ministra de Igualdad, en su primera comparecencia en el Parlamento, explicó que entre los objetivos de esta legislatura se incluye la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas y de dieciséis a dieciocho semanas el de maternidad por nacimiento del segundo hijo en caso de familias monoparentales o a veinte semanas a partir del tercer hijo, junto con otras medidas que también van en esta dirección y que están dirigidas a las familias.


Por tanto, creo que no hay ninguna duda sobre la intención de ampliar este permiso por parte del Gobierno, por parte del Grupo Parlamentario Socialista y creo que de todos los grupos de esta Cámara. Pero, señorías, esto hay que hacerlo bien y hay que tratarlo y trabajarlo también en el seno de la concertación social y el diálogo abierto entre el Gobierno y los agentes sindicales y empresariales, porque en definitiva es ahí donde corresponde también realizar un acuerdo de concertación entre el Gobierno y estas organizaciones que marque las pautas generales de acuerdo social a lo largo de la legislatura, y cualquier iniciativa con trascendencia laboral -y esta lo es- debe ser discutida y valorada en ese marco social que el Gobierno ha abierto la semana pasada. Además, una buena práctica de este derecho requiere sin duda una implicación clara de los empresarios y de los trabajadores para que se generalice, al menos en este caso, una cultura de corresponsabilidad por parte de los padres, por parte de las empresas y por parte de la sociedad, y una posición mejor de las mujeres a la hora de competir en el mercado laboral eliminando la discriminación por ejercer el derecho a la maternidad que hoy todavía las penaliza, como muy bien explicaba la señora Pigem hace su momento, a la hora de acceder, a la hora de ascender y a la hora de permanecer en un empleo, y este es un objetivo fundamental e irrenunciable para el Grupo Parlamentario Socialista. Por todo ello, por confusa, por inoportuna y porque no aporta nada nuevo a lo que ya estaba planteado por el Gobierno y por los otros grupos parlamentarios de esta Cámara, proponemos no admitir a trámite la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Monteserín.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO DE LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO. (Número de expediente 162/000084.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario

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Socialista, sobre impulso de la constitución del consejo estatal del trabajo autónomo. Para su defensa tiene la palabra el señor De la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender una proposición no de ley por la que buscamos impulsar la constitución, en el plazo más breve posible, del consejo estatal del trabajo autónomo. Como ustedes saben, la pasada legislatura fue, bajo el impulso del Gobierno socialista y en el ámbito del diálogo social, una legislatura en la que se aprobaron importantes leyes sociales que en la actual legislatura hay que desarrollar y ejecutar. Entre ellas la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que recogió las principales reivindicaciones de este colectivo, integrado ya por más de 3.400.000 trabajadores, cerca del 18 por ciento de la población ocupada. Esta ley respondía a un compromiso de los socialistas y fue en su tramitación, en su desarrollo y en su aprobación, el resultado de un ejercicio de diálogo y de consenso, por una parte, con las asociaciones representativas del sector, por otra, con los sindicatos y patronales más representativas y, finalmente y de manera muy significativa, con los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara, que la aprobaron por unanimidad. Fue una ley cuyo contenido es sin duda un ejemplo de regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea, que incorpora un conjunto amplio de derechos para los trabajadores autónomos, que suponen avances de enorme trascendencia, muchos de los cuales tienen que ser desarrollados reglamentariamente en esta legislatura. Permítanme que recuerde algunos; por ejemplo, en esta ley hay avances muy significativos en materia de protección social, de manera que la propia ley recoge una vieja aspiración del colectivo de autónomos en el sentido de que la acción protectora de su régimen específico de Seguridad Social converja en aportaciones, en derechos y en prestaciones con las del régimen general, y así se contemplan, ya sea de una manera directa o en su desarrollo, la baja por enfermedad, prestaciones por enfermedad profesional y accidente de trabajo incluido el accidente in itínere, supuestos de jubilación anticipada, derecho a la conciliación de la vida familiar y profesional y otro conjunto, repito, de derechos en materia de protección social. En esta ley se contempla también la futura existencia de una prestación por desempleo o cese de actividad, para la cual el Gobierno ya ha constituido una comisión de expertos que la propia ley contempla para que definan el marco y el contenido de esta prestación, que siempre deberá garantizar los principios de contributividad y de sostenibilidad del sistema. La ley también contempla la posibilidad de ampliación del actual porcentaje de capitalización de la prestación de desempleo, para lo cual da un plazo de un año al Gobierno, que está ya trabajando en el análisis de las posibilidades y de los supuestos en que esa ampliación se aplicaría.


La ley, además -permítanme que lo recuerde-, da una especial garantía a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, los llamados Trade, que son aquellos que, aun siendo autónomos, dependen económicamente, al menos en un 75 por ciento de sus ingresos, de un solo cliente. A este colectivo de trabajadores autónomos económicamente dependientes, más de 300.000 en nuestro país, se les reconoce el derecho a negociar colectivamente las condiciones del ejercicio de su actividad a través de los acuerdos de interés profesional; se reconoce también que, en los conflictos que tengan con su cliente principal, pueden acudir al juzgado de lo social, que, como sabemos, es un juzgado más protector, más tuitivo, más gratuito, más cercano, en lo que ya se viene llamando un cierto proceso de laboralización de este colectivo. En él están muchos transportistas, por ejemplo, distribuidores de cervezas, de colas, de tabaco, de prensa, de otros muchos productos, agentes de seguros, agentes comerciales y otros colectivos de distintos sectores, como la construcción. La ley prevé que el Gobierno regulará la forma básica de estos contratos y el registro en el que deban inscribirse, y ya sabemos que está siendo objeto de consulta por parte de las organizaciones sociales y de las asociaciones de autónomos el borrador de real decreto y que también, en los próximos días, va a ser contemplado por la Conferencia Sectorial de Trabajo.


Por último, la ley reconoce un amplio catálogo de derechos colectivos, a fin de fomentar y potenciar la acción colectiva de los autónomos a través de las asociaciones que los representen. Para ello, la ley establece las bases para el reconocimiento de la representatividad de esas asociaciones y, en su artículo 22, constituye el consejo de trabajo autónomo de ámbito estatal, previendo expresamente que puedan constituirse consejos consultivos de ámbito autonómico. El consejo de trabajo autónomo es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional de este colectivo de trabajadores autónomos; además, es el cauce de participación institucional de las asociaciones representativas de estos trabajadores en el ámbito intersectorial y estatal. Los socialistas siempre hemos defendido que los trabajadores, también los autónomos, deben defenderse no solo individualmente sino por la acción colectiva de las asociaciones que les representan, y este consejo incluye, entre las funciones que recoge la ley, la emisión de parecer en todos aquellos proyectos normativos que afecten al trabajo autónomo y, al mismo tiempo, un aspecto realmente novedoso: la participación -dice literalmente- en el diseño de las políticas públicas de carácter estatal en materia de trabajo autónomo. Este consejo va a garantizar a los autónomos una capacidad de negociación con el Estado, una participación más activa en la vida sectorial y reivindicativa. Por eso, el interés de mi grupo en que este consejo se ponga en marcha cuanto antes, para que pueda abordar ya los propios problemas de desarrollo de la ley y participar en la concreción de todos esos contenidos. Sabemos que su

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aplicación está entre los compromisos asumidos por el Gobierno. El ministro de Trabajo, en su reciente comparecencia en la Comisión de Trabajo, mencionó expresamente, entre los principales y más inmediatos objetivos, la aprobación de los criterios para la medición de la representatividad de las asociaciones y el registro de tales asociaciones, y además la constitución del consejo de trabajo autónomo.
Sabemos que entre los proyectos normativos del Gobierno ya a consulta, por ejemplo de la Conferencia Sectorial de Trabajo que se va a celebrar pasado mañana...


El señor PRESIDENTE: Señor De la Rocha, tiene que ir acabando.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Termino enseguida, señor presidente.


Está el real decreto que regulará el registro de dichas asociaciones y que inmediatamente vendrán, pasado el verano, los reales decretos que permitirán definitivamente constituir el consejo.


Termino, señorías, diciendo que próximamente se va a poner en marcha este consejo. Con esta proposición mi grupo no solo pretende impulsar su constitución en el plazo más breve posible, sino en definitiva reiterar la apuesta de los socialistas y de esta Cámara por el trabajo autónomo, por los trabajadores autónomos, por el fomento y desarrollo de la participación de los autónomos, a través de sus asociaciones, en la determinación y gestión de las políticas públicas que les afectan y, en definitiva, apostar por el desarrollo en nuestro país de la democracia representativa.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Rocha.


Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, efectivamente, el señor De la Rocha ha presentado una proposición no de ley que debemos enmarcarla en el desarrollo del Estatuto del trabajo autónomo que, como usted recordaba muy bien, aprobamos la pasada legislatura, fruto del diálogo social, pero también de un intenso debate en esta Cámara, de aportaciones de todos los grupos y, significativamente también, de aportaciones de Convergència i Unió que nos permitieron, repito, aprobar esa norma que -como también usted apuntaba- respondía a una demanda importante del sector del trabajo autónomo en el conjunto del Estado español. En esa ley se consolida en nuestra legislación un nuevo agente social, que es el trabajador autónomo. La consideración de estas asociaciones de autónomos, la consideración de las asociaciones más representativas y la propia creación del consejo estatal del trabajo autónomo configura una realidad nueva en el marco de las discusiones, del diálogo entre los agentes sociales en relación con las políticas de empleo, con las políticas de protección social, con la propia reforma del Estatuto de los Trabajadores. Este no es un tema menor, ni mucho menos. Esa irrupción de las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos es fruto también de las propias debilidades del diálogo social: pequeños empresarios, empresarios individuales que no se habían visto reconocidos en la acción de representación de las grandes organizaciones empresariales; también trabajadores autónomos económicamente dependientes que no habían encontrado en los sindicatos de clase un espacio de representación, han encontrado en esas asociaciones de trabajadores autónomos quienes defiendan sus intereses, quienes trasladen a la opinión pública, a los gobiernos esas nuevas necesidades. Además -y usted lo apuntaba-, la Ley del Trabajo Autónomo configura a esas nuevas asociaciones, a esas nuevas realidades como un factor relevante en la determinación de políticas públicas. En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, esas asociaciones van a tener capacidad de impulsar, promover y determinar los acuerdos de interés profesional, que es precisamente una de las novedades más significativas que incorpora esta ley. Innovamos creando un nuevo espacio -si se me permite la expresión poco ortodoxa- de negociación colectiva a través de la creación de estos acuerdos de interés profesional. Y estas asociaciones de autónomos van a tener ese papel tan relevante. En esta ley, los artículos 21.5, en relación con las asociaciones, y 22, en relación con el consejo, configuran de una manera muy concreta y relevante el papel que han de ostentar estas asociaciones y el propio consejo: ostentar representación institucional ante las administraciones públicas; ser consultadas en el diseño de las políticas públicas; gestionar programas públicos dirigidos a los trabajadores autónomos en los términos previstos legalmente. Es relevante el papel que tiene esa nueva realidad.


Señor De la Rocha, nuestro grupo ha planteado una enmienda que recuerda al Gobierno que la articulación de ese consejo estatal y el reconocimiento de estas asociaciones de autónomos debe ir precedida, según la propia ley, de la determinación de la representatividad de las asociaciones de autónomos. Estamos en un panorama en el que se configuran algunas asociaciones, algunas entidades que, efectivamente, todos estamos reconociendo en la práctica que representan al trabajo autónomo. Es más, ese estatuto que llegó a esta Cámara vino precedido de una discusión con buena parte de ese mundo asociativo. También aparecen otras asociaciones que reclaman ser reconocidas como tales. Nos parece muy relevante que la puesta en marcha de ese consejo se haga no tan solo porque lo dice la ley sino porque necesitamos clarificar quién representa al mundo del trabajo autónomo, para saber con quién van a negociar las administraciones públicas, en el ámbito del Estado o

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en el ámbito de las comunidades autónomas, para saber quién va a representar a esos trabajadores. En este sentido va la enmienda que mi grupo le plantea, también orientada a que ese proceso sea lo más transparente y serio posible, que nos aleje de cualquier duda en relación con el mismo, en un contexto -y termino, señor presidente- en el que nos parece que la situación económica le da al trabajo autónomo, tanto desde la perspectiva de su protección social como del fortalecimiento de la iniciativa emprendedora de la gente, una enorme transcendencia. Empezar la legislatura con ese consejo que represente esa realidad nos parece necesario porque lo dice la ley y porque los tiempos lo exigen.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.


He de recordar que la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 12 de junio de 2007, hace casi un año.
Su entrada en vigor se produjo el 12 de octubre del año pasado también.
Hace prácticamente un año que la conocemos en los términos que está actualmente en vigor y el artículo 22 de la misma establece que se constituye -encima no dice ni se constituirá, habla en presente- el consejo del trabajo autónomo y se compone por representantes de las asociaciones representativas de autónomos que a su vez tiene un sistema de elecciones establecido en el artículo 21. Nosotros compartimos la enmienda que formula Convergència i Unió porque, aunque viene en la ley, la alegación que acaba de formular explicita la razón de ser de la conveniencia de que se aclare con objetividad quién es el representante de los autónomos en cada asociación, quién tiene la legitimidad y quién tiene realmente la representación. Por estas razones, que el Grupo Parlamentario Socialista a través de esta proposición no de ley inste al Gobierno, a la mayor brevedad posible, a constituir el consejo del trabajo autónomo sin más, con franqueza entran ganas de votar directamente en contra. De todas formas, he de reconocer en la Cámara que tengo una especie de especial solidaridad, porque yo también fui portavoz cuando había un Gobierno del Partido Popular y en ocasiones me ha tocado defender cuestiones un tanto peregrinas. Eso es propio de quien le toca defender a un Gobierno que a veces tiene que plantear la defensa de cuestiones sin determinada sasoia, como se dice en mi tierra, sin determinada sustancia. Este es el caso, porque lo que se nos está realmente planteando es que instemos al Gobierno a que haga lo que la ley ya dice que debe hacer, y además si esto se fija dentro de un espacio temporal, se concreta con un límite, acaba teniendo una lógica, la de que se pone un plazo para que se ejecute y no se deje sine díe como una expectativa de derecho sin materializar. Desde la solidaridad que apuntaba por haber tenido yo la opción, la oportunidad y la ocasión de estar en una posición similar a la que ahora tiene mi apreciado don Manuel de la Rocha, hemos formulado una enmienda, en la cual el Grupo Parlamentario Popular dice: ya sabemos que la ley establece que hay que constituir un consejo del trabajo autónomo, y ya sabemos que el Gobierno lo debe hacer, pero que perdamos una parte de la tarde todos los grupos parlamentarios en esto, qué quiere que le diga... Vamos a poner un periodo para ejecutarlo: tres meses. En virtud de lo que ha formulado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, nosotros estaríamos dispuestos a considerar un plazo un tanto mayor, no mucho mayor, porque la propia ley también dice en la disposición final cuarta que el Gobierno, previo dictamen de los órganos consultivos -es decir, de este consejo que se debe crear-, informará anualmente de la ejecución de esta ley. Nos hemos comido ya la mitad del año y aquí sabemos cómo vuela el tiempo, pero también la disposición adicional decimocuarta establece que el Gobierno elaborará, en el plazo de un año -para primeros de octubre, en consecuencia-, un estudio sobre los sectores de actividad que tienen una especial incidencia en el ámbito del colectivo de autónomos, y para eso también debería existir previamente este consejo consultivo para poder dictaminar y dar una opinión al respecto, que esa es su función.
Por lo tanto, sería conveniente fijar un plazo y tener inmediatez en establecer esto. Si, por otro lado, tal y como se ha expuesto aquí y tal y como el ministro dijo en comparecencia, esto tiene ya una cierta agilidad, qué problema habría que desde esta Cámara en vez de decir una cosa difusa, como el humo, vacua, al final estableciésemos una concreción para saber cuándo vamos a tener finalmente este consejo del trabajo autónomo.


Me indican que no van a apreciar la enmienda que hemos planteado, que no van a admitir el periodo de tres meses u otro que pudiera pactarse y la verdad es que a mí me apena, porque nos podríamos haber ahorrado este viaje, sinceramente. Tal vez pueda ser que yo esté equivocado y que al final haya una lectura diferente, y es que el Gobierno socialista lo que está demostrando es ineficacia, ineptitud, impuntualidad y falta de ejecución de una ley que fue aprobada aquí por unanimidad. Es verdad que cuando se apela, como se ha apelado, no tanto a la constitución de este consejo, sino a las bondades de una ley -que hubiera tenido cabida ese bonito discurso, porque lo ha sido, en el debate que hubo del proyecto de ley-, lógicamente nosotros también reivindicamos el apoyo a los autónomos, más cuando muchos de ellos están padeciendo una situación económica realmente complicada y difícil, y no reiteraré cómo hemos visto en nuestras calles a muchos transportistas con problemas por los precios del combustible, cómo vemos a los pescadores, aunque no son autónomos generalmente, cómo hay colectivos con dificultades financieras donde habría que articular medidas, como son el desarrollo de la ley

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y apoyos fiscales, apoyos en medidas crediticias y de todo tipo por parte del Gobierno. Lamento que no apoyen la enmienda. Nosotros, obviamente, lo que no podemos es dar un apoyo a nada. Tampoco nos vamos a oponer, porque estamos de acuerdo en lo que dice la ley, pero volver a repetir aquí lo que dice la ley nos parece, señor presidente, y perdone que lo diga así, algo innecesario, una obviedad y una pérdida de tiempo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiroz.


Para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, tengo que manifestar al señor De la Rocha, portavoz del Grupo Socialista en la defensa de esta proposición no de ley, nuestra perplejidad por defender una proposición no de ley que insta al Gobierno a que cumpla con la constitución de algo que en la ley se dice que tiene que hacer. Entendemos que es lógico que el Grupo que apoya al Gobierno presente proposiciones no de ley que insten al Gobierno a llevar a cabo cuestiones que tiene previstas y que impulse esos proyectos el propio grupo que lo apoya, pero lo que no entendemos es que el grupo que apoya al Gobierno presente una proposición no de ley para instar al Gobierno que cumpla la ley que hace un año se aprobó en esta Cámara.
Realmente es curioso. Nosotros teníamos pensado apoyar la propuesta que ustedes hacen, porque así la apoyamos cuando votamos consensuadamente la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo que, como usted dijo, contó con el apoyo de todos los grupos políticos y con el consenso y el diálogo social de los agentes representativos de este sector económico. No entendemos que ustedes no vayan a aceptar absolutamente nada de lo que presenta Convergència i Unió, incluso la enmienda que presenta el Grupo Popular.
¿No ha pensado el Gobierno constituir en los próximos tres meses el consejo que se dictamina en la ley? Nos parece extraño, señor De la Rocha. Entendemos perfectamente que usted aprovechara esta ocasión para hablarnos de las diferentes bondades que tiene el Estatuto del trabajo autónomo, porque las tiene, como usted las puso de relieve, pero entonces también aprovechamos la ocasión para decir algo que usted se olvidó, y de lo que estamos muy satisfechos, porque fue una participación importante de nuestro grupo, y es que en el Estatuto del trabajo autónomo se reconoce, por la incorporación de una enmienda del Bloque Nacionalista Galego, el permiso de maternidad a las mujeres trabajadoras autónomas.
Pues bien, un año después vamos a recordar también en esta Cámara esta cuestión. No sé si esta proposición no de ley significa que a partir de aquí el Grupo Socialista nos va a presentar, para loar todas las leyes que se aprobaron la legislatura pasada, proposiciones de este estilo. No quiero menospreciar ni su trabajo ni su iniciativa, pero así como podemos entender cuando se propone al Gobierno algo que, aunque lo tenga previsto hacer, no forma parte del mandato de ley, no podemos más que manifestar nuestra sorpresa al proponer algo que la ley manda. Por tanto, si ustedes no tienen en consideración ninguna de las propuestas que se hicieron en las enmiendas que presentaron Convergència i Unió y Partido Popular, no lo entendemos. Si aceptan la de Convergència i Unió, votaremos a favor, entre otras cosas porque en el trámite de este proyecto de ley presentamos una enmienda para aclarar precisamente esa representatividad que no pudo alcanzar el acuerdo. Por eso ahora no podríamos votar si no se acepta. Si es así, reitero el apoyo a la propuesta con la incorporación de la enmienda de Convergència i Unió. No podemos estar en desacuerdo de que se cree algo con lo que estuvimos de acuerdo cuando dimos nuestro voto favorable a la ley que se aprobó.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente porque estamos también ante una especialidad sui géneris del Parlamento, ya no solo la iniciativa legislativa y el control parlamentario, sino el impulso al Gobierno. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario va a apoyar lo que ya apoyó en su momento y, por supuesto, la aplicación de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, que fue recibida como un avance por las organizaciones representativas de los más de tres millones de autónomos y que gozó además de un importante consenso parlamentario en esta Cámara, si bien, como estamos viendo ahora, se dejaron bastantes cuestiones sin resolver y otras quedaron diferidas a posteriores desarrollos legales y reglamentarios. No es este el caso, pero nos parece que este tema debería servir de acicate al Gobierno en relación con el desarrollo legal y reglamentario de la ley.


Este amplio consenso social y político para dotar al trabajo autónomo de un instrumento normativo específico que recogiese derechos y deberes básicos, atendiese a situaciones de vulnerabilidad como consecuencia de la dependencia de signo económico, desarrollase la protección social de los autónomos y reforzase la protección de la seguridad y la salud en el trabajo, impulsando asimismo la promoción del autoempleo, era la finalidad de la ley. Esta proposición insta en ese sentido al Gobierno a impulsar la constitución del consejo del trabajador autónomo, artículo 22 de la ley, órgano consultivo integrado por las asociaciones más representativas y la Administración estatal y autonómica. Según

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sanciona la propia ley, sus funciones son muy importantes: debe emitir su parecer con carácter facultativo sobre los anteproyectos de ley o proyectos de reales decretos que incidan sobre el trabajador autónomo; elabora a solicitud del Gobierno, de sus miembros o por propia iniciativa estudios o informes relacionados con el ámbito de sus competencias; y elabora su reglamento de funcionamiento interno. Este consejo es un instrumento importante para el colectivo de los autónomos y su constitución, en nuestra opinión, debería haberse producido en un plazo más breve. Tal y como ha declarado el propio portavoz de trabajo del Grupo Socialista, la constitución del consejo debe ser precedida por la de un registro nacional de asociaciones de autónomos. Si todo marcha razonablemente, es probable que a mediados de este año el consejo sea una realidad, por eso no vemos dificultad para ponerle un plazo. Nos anima además a esta iniciativa el hecho de que recientemente haya quienes agiten el árbol para que otros recojan las nueces, y me refiero en concreto a los trabajadores autónomos del sector del transporte que han visto estupefactos cómo ellos realizaban la movilización y otros negociaban los acuerdos. Por razones de transparencia pero también por razones sociales es muy importante que se lleve a cabo cuanto antes la constitución del consejo. En todo caso no ha de descuidarse una razonable celeridad en esta y otras materias del Estatuto del Trabajo Autónomo y queremos destacar, aprovechando esta iniciativa como acicate al Gobierno, que hay diversas iniciativas diferidas a posteriores desarrollos legales o reglamentarios que en nuestra opinión son imprescindibles: en primer lugar, en materia de protección social; en segundo lugar, la situación de los autónomos económicamente dependientes, que también quedó pendiente de reglamentación, y en tercer lugar, la regulación de la prestación por cese de actividad. Todas ellas son medidas todavía pendientes que tienen que dar contenido al Estatuto del Trabajo Autónomo. Tuvo el máximo consenso, tuvo acuerdo político en esta Cámara y debe tener la máxima celeridad en el desarrollo reglamentario por parte del Gobierno; que esta iniciativa de hoy, que puede parecer ociosa, sea un acicate para el Gobierno para acordarse de que no solamente deben aprobarse las leyes, sino que las leyes deben ejecutarse y cumplirse.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias señor presidente.


Señor De la Rocha, la verdad es que yo tampoco comprendía muy bien el sentido teleológico de la iniciativa. Me parece una obviedad, una tautología exigir al Gobierno que cumpla las leyes, y resulta más paradójico que lo haga el grupo parlamentario que le apoya. Ya el señor Azpiroz nos ha ilustrado sobre el sentido de este tipo de iniciativas y se trata de esas posiciones un tanto excéntricas que los portavoces que apoyan al Gobierno tienen que adoptar. Usted ha aprovechado además para realizar una operación política de más profundidad, más compleja, porque ha hecho una apología no solo de esta ley, de la Ley que regula el Estatuto del Trabajo Autónomo, sino de la política en materia social o de las numerosas leyes de carácter social y laboral que se han aprobado en la anterior legislatura. Desde esa perspectiva parece razonable que desde el grupo que apoya al Gobierno se realicen este tipo de actividades.


No comparto la totalidad de lo preconizado por usted. En primer lugar, hasta esta ley tiene dificultades; mi grupo la aprobó no sin ciertas reservas mentales. Hay una fundamental que usted, que es un laboralista prestigioso, comprenderá enseguida, que es la introducción de la figura del trabajador autónomo dependiente, lo cual no deja de ser, primero, una contradicción en sus propios términos. Un trabajador autónomo no puede ser dependiente porque automáticamente pierde la condición de autónomo.
Eso forma parte de esta práctica propia de los tiempos en que vivimos, que el derecho del trabajo está siendo objeto de una planificada demolición en sus fundamentos ontológicos y hasta en su contenido material; ya solo falta que haya trabajadores autónomos dependientes perdiendo las características fundamentales o esenciales del contrato de trabajo, cuales son la ajeneidad, la alienidad y la dependencia del poder de dirección del empresario a cambio de una retribución; esto ya supone una modificación, una mutación de la normativa laboral que usted, que además representa un sector progresista dentro de su partido y muy apegado a esos fundamentos -ya que los laboralistas siempre hemos tenido a gala ser personas que defendemos principios tuitivos, protectores, esa ontología particular del derecho del trabajo como derecho protector de los trabajadores, derecho tuitivo-, debería reconocer. Me ha extrañado que sea tan enfático en la defensa de una figura tan atípica y de tan dudosa ubicación legislativa o normativa en el Estatuto del Trabajo Autónomo.


Tampoco estoy de acuerdo en otra parte de su exposición que forma parte de las funciones que ha calificado el señor Azpiroz de excéntricas que un portavoz del grupo que apoya al Gobierno tiene que realizar esporádicamente, que es la intensa política social desarrollada normativamente por su grupo parlamentario, por el Gobierno español en la anterior legislatura. Ha habido numerosas leyes, pero ha habido numerosas leyes no tan progresistas, algunas han sido regresivas. Así lo hemos denunciado algunos partidos en esta Cámara, por ejemplo en materia de la ley que reforma las pensiones de 2007, la Ley de medidas en materia de pensiones, que ha sido objeto de dos enmiendas de totalidad, una presentada por el Grupo de Izquierda Unida y otra presentada por el mismo grupo que yo represento; una ley regresiva en la protección de todas las contingencias que son objeto de regulación. Pero sobre todo la anterior legislatura se ha

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caracterizado por una reflexión autonómica, una reflexión autonómica espectacular, particularmente en materia social, que se basa en dos actitudes especialmente perversas desde el punto de vista político. En primer lugar, ha habido una auténtica usurpación de funciones legislativas a estas Cortes Generales. Todas las leyes de carácter social que se han aprobado han dimanado de acuerdos interprofesionales entre cuatro, y solo cuatro, interlocutores sociales: UGT, Comisiones Obreras, CEOE y Cepyme. Han pasado virginalmente por estas cámaras sin que se les haya podido tocar una coma, con lo cual quienes han legislado de facto han sido estos interlocutores sociales, usurpando las funciones que a los legisladores nos corresponde realizar. En segundo lugar, su partido, que ha sido un partido tradicionalmente no tan jacobino, no tan propenso a la utilización de la centralización, no lo ha sido en materia social. En materia social ustedes son tan centralistas como los que más, quizás por las influencias o por su vinculación consanguínea con determinada organización sindical. Ha sido la primera legislatura en la que se han utilizado para aprobar ciertas leyes los llamados títulos competenciales impropios o transversales, particularmente el consagrado por el artículo 149.1.1 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para garantizar las condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, pero no le atribuye competencias legislativas. Ustedes han dimensionado lo que la propia jurisprudencia constitucional prohíbe y han utilizado este precepto competencial impropio para aprobar leyes tan importantes como la de dependencia, el cheque bebé y tantas otras. Desde esta perspectiva, si ustedes pretendían...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo inmediatamente, acabo ya, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya sabe que además no suelo engañarle en este tipo de reflexiones más que cuando es estrictamente necesario. (Risas.)

En esta materia, señor De la Rocha, más vale abstenerse de realizar apologías de esta naturaleza. Quizás por eso no lo comprendo. Si comprendo la enmienda de Convergència i Unió...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, no es estrictamente necesario.
Muchas gracias.


Señor De la Rocha, le pregunto, a los efectos de la votación posterior: ¿Acepta S.S. alguna de las enmiendas presentadas?

El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Sí, señor presidente, acepto la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).El señor PRESIDENTE: Así se pasará a votación.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, CON EL FIN DE PONER EN MARCHA UN TERCER PLAN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 162/000050.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, con el fin de poner en marcha un tercer plan de empleo y formación para las personas con discapacidad. Tiene la palabra el señor Vañó para defender la proposición no de ley.


El señor VAÑÓ FERRE: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, nos preocupa y nos ocupa de nuevo en esta tribuna el empleo de las personas con discapacidad. Hasta el año 1982, año en el que promulgó la Lismi, la verdad es que en esta casa no había tomado carta de naturaleza la discapacidad, y fue a partir de entonces cuando se empezó a tomar en consideración la situación de este colectivo de personas. Hasta entonces solamente trabajaban algunos discapacitados con una discapacidad leve y con una formación suficiente para poder acceder al empleo. El primer dato que estableció y acotó el número de personas con discapacidad que existía en España fue la encuesta de deficiencias, discapacidades y enfermedad que se publicó en el año 2000.
Esa fue la primera vez que llegamos a la conclusión de que en España, cerca del 10 por ciento -un 9,5 por ciento de la población-, entonces 3,5 millones de personas, tenían algún tipo de discapacidad y fue la vez en la que se tomó conciencia de que había que poner medidas para que el acceso de estas personas a la normalidad social fuese eficaz.


Los compromisos del Partido Popular siempre han sido muy gráficos. La ocupación de todos los temas que afectaban a este colectivo lo demuestran, entre otros, los dos planes de empleo que en las dos legislaturas en las que gobernó el Partido Popular se llevaron a cabo con resultados bastante importantes, dentro de la dificultad que había para acceder al empleo en aquella época. Concretamente hay dos datos de la encuesta de población activa que tengo que citar. En 1998, en la EPA aparecían por primera vez 282.000 empleados con discapacidad. En el año 2002 -siguiente dato que la EPA publicó sobre empleo de personas con discapacidad- habíamos logrado 669.000, es decir, había un incremento muy grande. No obstante, el empleo para las personas con discapacidad sigue siendo un lastre, una dificultad y siguen teniendo muchos más inconvenientes a la hora de acceder que el resto de los ciudadanos. Desde el Partido Popular siempre hemos dicho que la mejor política social es conseguir un empleo estable para cualquier ciudadano, mucho más en el caso de las personas con discapacidad porque además de acceder a un empleo se consigue con ello una integración social a través de la

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integración laboral. Por tanto, el Gobierno debe seguir incidiendo para mejorar la situación de este colectivo.


Ante la ausencia de más datos en la encuesta de población activa, incluso en el Instituto Nacional de Empleo, nosotros ya en la legislatura anterior presentamos una proposición no de ley para que se estableciese un epígrafe, bien en el INEM o en la EPA, de modo que se pudiese ver la evolución que tiene el empleo de las personas con discapacidad para incidir en él. Ante la ausencia de otros datos, y tomando otras fuentes, quiero recalcar hoy aquí que cerca de 1.300.000 personas están en edad laboral dentro del sector de la discapacidad. Quiero recordar que la inactividad de este colectivo es del 68 por ciento, en el caso de las mujeres llega al 76 por ciento y el en caso de los varones al 60 por ciento. Por otro lado, las tasas de desempleo son tres veces superiores a las del resto de los ciudadanos trabajadores y desgraciadamente ocupamos el penúltimo lugar todavía en la Unión Europea. Como dato simbólico diré que solo uno de cada diez empleos para personas discapacitadas es estable. Por todo ello, está claro que había que incidir en esta cuestión.


No me queda más remedio que denunciar que el compromiso que el Partido Socialista llevaba en su programa en la anterior legislatura, que era poner en marcha un III Plan de Empleo para promover, facilitar y ayudar a que el acceso al mundo laboral de los discapacitados fuese más fácil, en cualquier caso, no se llevó a cabo durante la legislatura pasada. Dentro de la Ley para la mejora del crecimiento y del empleo, que entró en vigor en diciembre de 2006, se establecía un plazo de seis meses para poner en marcha una estrategia global de empleo para personas con discapacidad; pasaron también los seis meses y desgraciadamente tampoco se llevó a cabo. Estos incumplimientos -insisto- no tengo más remedio que denunciárselos al Partido Socialista porque en este sector, como siempre solemos decir, las expectativas suelen ser muy frustrantes cuando no se llevan a cabo. Ante esta situación de necesidad en este sector, creo que es el momento de llevar a cabo y de plantear un III Plan de Empleo, en este caso admito el eufemismo de estrategia global de empleo -nos da igual cómo se llame-, y debemos tenerlo en cuenta porque la crisis por la que estamos atravesando en España afecta de manera muy directa al empleo en general. Un dato de la encuesta de población activa nos indica que en los últimos dos trimestres se han destruido 100.000 empleos. Está claro que los más vulnerables, las personas con más riesgo de exclusión social, son las personas con discapacidad e incluso en estas situaciones de desempleo cada vez mayor, las primeras víctimas suelen ser personas con discapacidad. Por todo ello, nosotros estamos planteando esta iniciativa.
Espero que haya una sensibilidad por parte de los grupos y así lo hemos negociado.


Planteamos esta proposición no de ley para que se establezca fundamentalmente con un plazo fijo, con un plazo determinado, la puesta en marcha de ese III Plan de Empleo o estrategia global, como quieran llamarle. Apelo a la sensibilidad de todos los grupos y creo que después de las conversaciones va a ser fácil poder llegar a un acuerdo para que estas personas tengan ese acceso que hasta ahora han tenido mucha dificultad para conseguirlo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vañó.


Para la defensa de las enmiendas tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Quizás en más de una ocasión ya se ha dicho públicamente -y pongo como testigo al compañero del Grupo Popular que acaba de intervenir- que la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de este Parlamento -en la pasada legislatura dimos buena prueba de ello- ha tendido a trabajar buscando los máximos consensos. Ello ha quedado reflejado en las tareas llevadas a cabo por la misma Comisión y también por la capacidad que hemos tenido para exportar desde esta misma Comisión aquella transversalidad en las propuestas e iniciativas avocadas durante el trámite parlamentario de aquellas leyes que atienden y atañen a las políticas de igualdad, a las políticas relacionadas con el mundo de la discapacidad, el mundo de las incapacidades y de las injusticias que se derivan de ellas. Criterios de accesibilidad, criterios de no discriminación e igualdad de derechos, criterios de inserción laboral, etcétera, y en general de todos aquellos que deben tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. En este sentido, y me remito a un encuentro que hace pocas semanas tuvimos ocasión los distintos portavoces de visualizar públicamente ante los medios, dejamos claro que había unos mimbres sobre los cuales se podía trabajar durante esta legislatura. Convenimos en la necesidad de mejorar la Ley de autonomía personal y asistencia a personas dependientes para que se adaptara a las personas discapacitadas -es un tema sobre el que hay que trabajar-; valoramos las ayudas de carácter técnico que deberían incluirse como derecho subjetivo -otra vía de trabajo-; la obligatoriedad de todas las empresas públicas y de las adjudicatarias de concursos públicos en el cumplimiento del número establecido de personas con discapacidad ocupadas; priorizar también en los concursos públicos las empresas que certifiquen este cumplimiento, y finalmente -aun cuando el listado es más largo- conseguir alcanzar la financiación suficiente para la creación de puestos de trabajo protegidos, y me refiero a los centros especiales de trabajo, etcétera. Es decir, un conjunto de vectores que, repito, denotan que existen vías de trabajo donde es posible aunar esfuerzos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

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Es cierto que quizás en esta nueva legislatura las cosas no funcionen tan bien, en la medida en que la pasada legislatura se caracterizó por legislar y en esta se trata de desarrollar las leyes. Es posible que en las coordenadas actuales de carácter económico y quizás atendiendo a los posibles presupuestos más bien restrictivos, los consensos de la pasada legislatura no sean tan intensos en esta, pero lo importante es que exista la voluntad para que el carácter general del trabajo sea este, el de buscar los consensos suficientes, porque, no nos engañemos, de lo que se trata es de luchar a favor de la igualdad de oportunidades. Así que estos son los mimbres y vamos a ver cuál será el resultado del cesto. De hecho, reconozco que desconocíamos, y dando valor a lo que se nos proponía en la proposición no de ley, que los trabajos por parte del Gobierno ya estaban hechos. De manera que es cierto que cuando el proponente reclamaba la elaboración del III Plan de Trabajo nosotros lo habíamos enmendado de la siguiente manera, pedíamos que en la elaboración actuaran vía consenso, en cuanto a los resultados, las comunidades autónomas, más allá también del movimiento asociativo. Al parecer ya no se trata de elaborar nada, puesto que ya está elaborado por el Gobierno y nosotros lo desconocíamos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà, tendría que ir finalizando.


El señor TARDÀ I COMA: Al final se nos plantea una transaccional que nosotros vamos a aceptar. Es decir, cuando nosotros pedíamos que todo ello se elaborara en consenso con las comunidades autónomas, al final se utiliza nuestra enmienda para presentar una transaccional que explicita que todo ello se debe desarrollar sin perjuicio de las competencias de los estatutos de autonomía.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tardà, por favor.


El señor TARDÀ I COMA: De manera que vamos a votar favorablemente.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Parlamentario Socialista para presentar sus enmiendas tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, subo hoy a la tribuna para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, manifiesto que el Grupo Parlamentario Socialista no puede estar más que de acuerdo con el fondo de la iniciativa, dado que tanto en nuestro programa electoral como a través de nuestro grupo y del Gobierno en la anterior y en la actual legislatura hemos manifestado nuestro compromiso con las personas con discapacidad y, en particular, con el empleo dirigido al colectivo de estas personas. Así quedó plasmado en la Ley 43/2006, mencionada anteriormente, para la mejora del crecimiento y del empleo, que en su disposición duodécima contemplaba precisamente aprobar la estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad.


Hay que decir que esta estrategia está muy avanzada en su elaboración y en ella se está trabajando desde que entró en vigor la Ley para la mejora del crecimiento y del empleo. El anterior Gobierno y el actual, así como las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, y las sindicales, UGT y Comisiones Obreras, y las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias a través del Cermi, tal como mandataba la ley, están trabajando en ello. Fruto de estos trabajos ha sido la elaboración de un amplio documento con siete objetivos operativos y 93 líneas de actuación, al que se ha llegado con un altísimo grado de consenso, como hemos comentado anteriormente, de la iniciativa social, así como con las organizaciones empresariales y sindicales. Igualmente se les ha dado participación a las comunidades autónomas, que han sido informadas e incluso han presentado algunas propuestas que, al parecer, se han incorporado igualmente en el documento. Por tanto, más que elaborar, procede aprobar la estrategia y no reabrir el proceso porque alargaría innecesariamente toda su aprobación.


Por otro lado, debemos mantener el nombre que aprobamos consensuadamente en la Ley para la mejora de la calidad y del empleo, estrategia global de empleo para las personas con discapacidad, con la idea de abordarlo no tanto como medidas puntuales y aisladas, sino de forma global, transversal, con políticas no solo de empleo, sino también de seguridad social, de educación y todos los ámbitos relacionados con las políticas sociales, fiscales, etcétera, y hacerlo además de forma participativa, tal como se recogía. En cuanto al incremento del porcentaje de reserva para las personas con discapacidad en el empleo público, en la pasada legislatura se incrementó en un 5 por ciento la reserva de estas plazas.
En la oferta para 2008, se ha previsto incrementar este 5 por ciento hasta el 7 por ciento cuando se haya cumplido el cupo de reserva del cinco por ciento en la anterior oferta de empleo público. Es un avance y una buena línea de trabajo. En cuanto a la bonificación inicial de las cuotas de la Seguridad Social para las personas con discapacidad que se establezcan como autónomos, se incrementó recientemente al 50 por ciento.
Conviene estudiar en profundidad el incremento, pero hay que hacer un análisis para ver si hay algunas variables a tener en cuenta. Es muy importante destacar el esfuerzo que ha realizado el Gobierno del Partido Socialista en la anterior legislatura en materia de atención a las personas con discapacidad. En torno a las acciones positivas para

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el colectivo de personas con discapacidad se ha legislado en 24 leyes y 42 reales decretos. En lo que se refiere al empleo para las personas con discapacidad, ha sido muy importante tanto la reforma laboral, que contemplaba ayudas para el empleo con importantes bonificaciones en las cotizaciones, como contemplar las variables de sexo, edad, tipo de discapacidad y grado de minusvalía; el incremento del cupo de reserva para el acceso al empleo público; el real decreto que regulaba las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social en los centros especiales de empleo; lo que fue el real decreto que reguló el empleo con apoyo; la aprobación del Plan de acción para las mujeres con discapacidad, que incluía un apartado específico para el empleo que evitara la doble discriminación que tiene la mujer con discapacidad en materia de acceso al empleo, por no hablar del tratamiento...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Sánchez, por favor, tiene que ir terminando.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Termino, señora presidenta.


Decía que por no hablar del tratamiento que en materia de integración se ha dado en leyes tan importantes como la Ley Orgánica de Educación, la reforma de la Ley de Universidades o el Estatuto del trabajo autónomo.
Todo ello ha supuesto que en 2007 se contratara a casi 86.000 personas con discapacidad, frente a las 39.000 que se contrataron en 2003. Ha sido un esfuerzo importante. Para terminar, las tasas de participación en el empleo de las personas con discapacidad en nuestro país no son satisfactorias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Sánchez, tiene que terminar de verdad.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Por lo tanto, todo lo que hagamos para favorecerlo estará bien empleado. Estaremos de acuerdo en esas medidas.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Muy brevemente. Saludo también la iniciativa del Partido Popular, saludo sus objetivos y saludo que haya sido presentada y defendida en la forma en que lo ha sido. Habíamos presentado tres enmiendas buscando una mayor precisión en el texto, buscando una mayor coherencia con los compromisos, tanto de la ley como del proceso de negociación colectiva. La parlamentaria portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho alusión a algunas de las medidas que ya se han puesto en marcha y que han merecido la aprobación después de un trabajo muy importante realizado por el Cermi, por las propias asociaciones representativas. Conozco la enmienda transaccional que se ha presentado, que incorpora lo mejor de todo lo que cada uno de nosotros hemos aportado y anuncio que estamos de acuerdo con esta enmienda transaccional y adelanto nuestro voto favorable. Como miembro del Grupo Parlamentario Mixto y representante de Unión, Progreso y Democracia me siento muy complacida, tanto por el trámite como por la iniciativa y por el resultado final.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señora Díaz.


Pasamos al turno de fijación de posición para aquellos grupos que no han presentado enmiendas. Por cinco minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Vañó, le agradezco la presentación de la iniciativa, que me parece muy pertinente y planteada con la lucidez y ponderación que caracteriza sus reflexiones en relación a esta materia.
Se lo agradezco sinceramente.


El empleo de los discapacitados es una historia de fracasos colectivos e individuales y de incumplimientos de normas, de planes y de la propia Constitución, en concreto del contenido esencial del artículo 49, que atribuye a las personas con discapacidad los mismos derechos que atribuye a los demás ciudadanos. En esa perspectiva, vamos a ver si ahora acertamos. Ya no es un problema normativo sino de voluntad política a efectos de que esta transacción ofertada, realizada y defendida por el Grupo Socialista y por el Grupo de Esquerra Republicana se materialice en acciones concretas que fomenten el empleo de los discapacitados. El dato que usted ha proporcionado, señor Vañó, es muy elocuente. De 1.300.000 personas con discapacidad en edad de trabajar solo lo hace el 32 por ciento, con lo cual estamos manifiestamente incumpliendo dos preceptos de la Constitución: el artículo 49, en relación a los discapacitados y, con carácter general, el artículo 35, que consagra el derecho y el deber de trabajar. Cuando he hablado de fracasos colectivos estoy hablando de todos los grupos parlamentarios que tienen presencia en esta Cámara, señor Vañó. Existió una comisión en la anterior legislatura en la que estuvimos representados todos los grupos y fuimos capaces de consensuar una serie de conclusiones -hubo disenso sobre otras-, pero no fuimos capaces de elevarlas al Pleno de esta Cámara para convertirlas en un requerimiento normativo que luego diera lugar a un texto articulado que corrigiese lo que no han sido más que promesas que se han quedado en humo al final, promesas no cumplidas. Me acuerdo de que el Partido Socialista, en su programa electoral de 2004, llevaba el compromiso de aprobar un plan estatal, nada menos, de promoción de la formación y empleo de las personas con discapacidad para el periodo 2004-2008. Nada. No se ha

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hecho nada; es una asignatura pendiente. Recuerdo la estrategia global de empleo para personas con discapacidad para las fechas comprendidas entre 2008 y 2012, negociada además con el Cermi, representativo del sector.
Nada. No se han cumplido en absoluto los requerimientos dimanantes de este plan. El Real Decreto-ley para la mejora y crecimiento del empleo, la llamada reforma laboral, del año 2006 estableció el plazo de seis meses para la aprobación de una estrategia global de empleo para personas con discapacidad para el periodo comprendido entre 2007-2008. Nada, otro incumplimiento, el tercero. Reiterados incumplimientos que se transformaron luego en requerimientos o planes para fechas diferidas en el tiempo. Por tanto, en este momento no solo estamos incumpliendo este precepto de la Constitución y la jurisprudencia constitucional, el derecho y el deber de trabajar que tienen también los discapacitados, como los demás ciudadanos, sino que estamos incumpliendo además dos resoluciones de Naciones Unidas. Me estoy refiriendo a dos importantes que usted, señor Vañó, conoce bien. En el año 1993 la Asamblea Nacional de Naciones Unidas aprobó la histórica resolución titulada Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad -ya existe tratado de ratificación por el Estado español y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno- que se está incumpliendo manifiestamente y, por último, el 13 de diciembre del año 2006 se aprobó la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, fruto del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social. Tantos incumplimientos nos deberían sonrojar a todos los que estamos aquí. Desde esa perspectiva el contenido material de su proposición me parece que se complementa perfectamente con las enmiendas presentadas y que espero que usted, dada su flexibilidad intelectual -reconocida en esta Cámara por todos- y su talante, permita su aceptación y se promueva y se incremente el porcentaje de reserva a personas discapacitadas en el empleo público, se incremente la bonificación inicial -no ha dicho una fecha la portavoz del Partido Socialista, nos hubiese gustado mayor concreción- y, en relación a las cuotas de Seguridad Social sobre la base de cotización de las personas con discapacidad que se establezcan como autónomas, se promueva una formación profesional específica para cada tipo de discapacidad. En definitiva, todo lo que es pertinente para cumplir con estos requerimientos normativos que no están vinculados a la vieja, pretérita y preconstitucional concepción de la beneficencia relativa a las personas con discapacidad, sino que son un derecho subjetivo que pertenece a todos los discapacitados. Ojalá con la aceptación de esta enmienda, donde también se invoca el respeto a los títulos competenciales autonómicos específicamente, podamos por fin cumplir algo a lo que las personas con discapacidad de este país tienen derecho, derecho legítimo, derecho subjetivo, derecho constitucional. Ojalá sea así, señora presidenta, y con esto acabo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


De entrada, señor Vañó, quiero felicitarle por la iniciativa. Nos parece oportuno que en este inicio de la legislatura abordemos precisamente las políticas de empleo en relación con las personas con discapacidad.
También deseo felicitarle por haber alcanzado un acuerdo con el Grupo Socialista y con el conjunto de los grupos enmendantes en esta materia.
De nuevo se caracteriza usted por ese esfuerzo en el campo de la discapacidad y por saber construir alianzas amplias para procurar que se produzcan esos avances absolutamente necesarios.


Su iniciativa, eso sí, nos permite elevar algunas consideraciones de Convergència i Unió en relación con las políticas de empleo y las personas con discapacidad, constatando -y en su intervención inicial hacía referencia a ello- que desde finales de los años noventa se ha producido un incremento significativo de las personas con discapacidad que han conseguido empleo, tanto en la empresa ordinaria como en el campo del empleo protegido. Las medidas acordadas por el Cermi y los gobiernos de la primera mayoría relativa del Partido Popular marcaron una buena tendencia a lo largo de estos años; ahora bien, abordamos esta legislatura con algunas preocupaciones. En primer lugar, ¿va a afectar la crisis económica en marcha al empleo para las personas con discapacidad, tanto en la empresa ordinaria como en el empleo protegido? ¿Tenemos políticas públicas suficientemente preparadas para dar respuesta a esta nueva situación? ¿En sectores, por ejemplo, como el del empleo protegido para personas con discapacidad intelectual, están los centros especiales de empleo en condiciones de superar no tan solo la crisis económica que está en marcha sino también algunos déficits que hace años arrastramos? Hace pocas semanas uno de los centros especiales de trabajo históricos de Barcelona anunciaba un expediente de regulación de empleo. Algunos centros especiales de trabajo muy vinculados al manipulado, al sector industrial, viven con preocupación la nueva dinámica económica. Incluso algunas previsiones, como las que se incorporaron en la última modificación de la Ley de Seguridad Social, las contempladas en su artículo 161 bis, que permiten procesos de jubilación anticipada de personas con discapacidad, están sin desarrollar. En los centros especiales de empleo se está planteando la cuestión del envejecimiento de sus plantillas, personas que llevan más de veinte años trabajando en esos centros y que, por su condición de discapacitados, difícilmente van a llegar a los 65 años. Son cuestiones que nos preocupan. En un contexto de crisis económica, el empleo protegido, el de los sectores más vulnerables, ¿tiene hoy los instrumentos suficientes para dar respuesta a este

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nuevo escenario? También nos preocupa que esa Lismi del año 1982, en su configuración legal y a pesar de las modificaciones introducidas en 1998 y 1999, continúe respondiendo a un esquema de la empresa, a un esquema de la economía y a un esquema del mundo de la discapacidad más propio de los años ochenta que del principio del siglo XXI.


Hoy no toca en relación con su iniciativa, pero Convergència i Unió está muy convencida -y ahí coincidimos con nuestra portavoz en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, la señora Tarruella- de que en esta legislatura hay que hacer un enorme esfuerzo para actualizar la Lismi al nuevo escenario de la economía de la empresa en el siglo XXI, de que los paradigmas de hace treinta años no nos son útiles, y de que debemos resolver algunas cuestiones que venimos arrastrando desde hace tiempo, como la actualización de la ayudas para la creación de puestos de trabajo congeladas desde 1985; cómo la evolución del salario mínimo interprofesional está afectando a aquellos centros especiales que trabajan con trabajadores con unos niveles de productividad muy bajos; si tiene sentido continuar protegiendo las empresas o hay que ir a proteger al trabajador, con independencia de la empresa en la que trabaje. Ahí están las cuestiones de fondo. Hoy el consenso alcanzado con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos parece que va en la buena dirección, pero necesitamos un debate muy a fondo en este campo. En todo caso, desde la perspectiva de Convergència i Unió van a contar con nuestro apoyo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Campuzano.


Está anunciada una transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular y he de preguntar si algún grupo se opone a la tramitación de dicha transaccional. (Denegaciones.) En tal caso, la pasaremos a votación en su momento.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO), SOBRE LA ESTRATEGIA QUE SE PLANTEA EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL PLÁTANO DE CANARIAS. (Número de expediente 173/000012.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto III del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la que propone el Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de la moción, por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Comparezco en nombre de Coalición Canaria, en el Grupo Parlamentario Mixto de este Congreso, y lo hago desde una perspectiva y un estado anímico completamente diferente al que me gustaría haberlo hecho en lo que pensaba incluso podía ser un consenso en torno a un tema que nos preocupa a los canarios, pero donde siempre hemos encontrado la solidaridad del resto del Estado. Hasta estos momentos pensaba que íbamos a conseguir un consenso porque la iniciativa que planteamos tuvo su antecedente no solo en la interpelación que planteamos a la señora ministra en el Pleno anterior sino en un acuerdo tomado por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Por eso esperábamos ese consenso, por eso estábamos dispuestos a ceder en una transaccional con todos los grupos de la Cámara para conseguir el consenso al que se llegó en el Parlamento de Canarias. En todo caso, somos conscientes de que defendemos en esta Cámara a muchas familias cuya economía depende del cultivo del plátano; no solo a agricultores, sino a sectores vinculados a los empaquetados, al transporte y, en definitiva, señorías, no les miento si les digo que esto afecta a la economía de Canarias.


En Canarias, el plátano significa no solo una renta económica, significa una cultura y un paisaje, pero es que además, en estos momentos en que se están tomando medidas de Estado y de los Gobiernos autónomos para paliar la crisis por el alza de precios al consumo, la pérdida de competitividad de nuestro plátano significa también un incremento notable del índice de precios al consumo en Canarias. Los costes que nos produce el traslado de los plátanos de Canarias a la Península son los mismos que produce el traslado de los productos de consumo desde la Península a Canarias y eso, señorías, incide notablemente en el precio final del producto que tienen que pagar las familias canarias. Por tanto, una pérdida de nichos de mercado de nuestro plátano significa un incremento notable en el precio de la cesta de la compra final de otros productos que se consumen en Canarias.


Hace catorce días la ministra nos decía que desde su departamento se era sensible con la cuestión del plátano en la Unión Europea. Sin embargo, señorías, en aras de aclarar el posicionamiento del Gobierno y sobre todo del partido que le apoya en relación con este asunto, hay dos cuestiones de la intervención de la señora ministra que nos dejaron preocupados. Por un lado nos plantea que no hay problema, que en estos momentos la situación es de tranquilidad y de normalidad en el marco de las relaciones con la Unión Europea. Sin embargo, a día de hoy se sigue, por parte de la Unión Europea, sin presentar apelación a lo que es el panel que da razón a Ecuador y a Estados Unidos en el contencioso del arancel en el tema platanero. La señora ministra nos decía en su intervención -y algo se recoge en la enmienda que plantea el Grupo Socialista en esta Cámara- que, una vez producido un problema, detectada una incidencia negativa

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en el sector platanero, se arbitrarían medidas de Estado para ayudar a los agricultores a resolver la situación concreta que se produzca en el sector en ese momento. Señorías, no se tiene que esperar a que se produzca esa incidencia negativa, primero porque no podemos. No somos productores de multinacionales, de grandes superficies, somos pequeños agricultores cuya economía depende de esa producción y no pueden esperar siquiera una semana sin comercializar sus plátanos. Pero es que no solo hay que esperar una rebaja del arancel para que se produzcan efectos negativos en la comercialización del plátano, la propia liberalización de los productos ACP ya ha incidido de manera negativa en el mercado del plátano. Hemos perdido este año la comercialización de 6 millones de kilos, lo que incide de una manera directa en la renta de los productores canarios y, por otro lado, en este último año se ha producido un incremento del 19 por ciento de plátanos de terceros países en la Unión Europea, con el actual arancel. Señorías, somos conscientes de que una rebaja de este arancel va a producir un efecto perverso que afectará a la comercialización y, por tanto, a la actividad económica de los agricultores en Canarias.


Otra preocupación nos dejó la ministra en su intervención fue cuando manifestó que en la ayuda Posei, de 141 millones de euros para los agricultores canarios, estaba contemplado el tema del transporte. Nada más lejos de la realidad. Cuando se discutió el tema Posei en el marco de las negociaciones con la Unión Europea -muchas veces nos entiende mejor a los canarios la Unión Europea que el Gobierno del Estado-, se dejó a Canarias la posibilidad de plantear, conjuntamente con el Gobierno de España, el marco de cobertura de las ayudas Posei y en ese momento quedó claro que las ayudas Posei se referían a los cultivos al aire libre, a los cultivos ecológicos, a los cultivos en invernadero, al porcentaje de producción con respecto a los cinco últimos años, a lo que llamamos la mochila de cada agricultor en cuanto a producción, pero en ningún caso la ayuda Posei se refería a recoger en el marco de esa ayuda la subvención al transporte. Por tanto, no existe incompatibilidad, como entonces se dijo por la anterior ministra de Agricultura, hoy de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, porque no se olvide que veníamos de una OCM del plátano y se nos dijo a los canarios que el nuevo marco del Posei posibilitaba el establecimiento de ayudas de Estado, que es lo que estamos planteando en esta moción hoy ante este Pleno. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, pedimos la solidaridad, como en tantas otras ocasiones se ha producido en esta Cámara, con una producción de 9.500 hectáreas -más de 12.000 familias son agricultores, pero, como les digo, todo lo que se refiere al cultivo del plátano afecta a la economía de Canarias- y, sobre todo, apelamos a las fuerzas que tienen ámbito de actuación en comunidades autónomas concretas y no a nivel de todo el Estado, porque estamos hablando de una resolución del Parlamento de Canarias aprobada por la unanimidad de todas las fuerzas políticas. A ese marco hemos invitado a todas las fuerzas políticas hoy al consenso; en ese marco seguimos llamando al consenso; en ese marco todavía esperamos que en el Pleno de hoy sea posible acercar posiciones y estamos dispuestos a firmar la transaccional correspondiente para llegar al marco de consenso establecido en el Parlamento de Canarias. Señorías, somos conscientes de las dificultades que puede entrañar en ciertos momentos el establecimiento de medidas concretas para un sector. Estamos hablando de un territorio alejado, de una insularidad alejada, de un territorio ultraperiférico con un cultivo de ese territorio de Canarias que es exclusivo en el Reino de España. Estamos pidiendo la solidaridad de esta Cámara con unos agricultores que en estos momentos empiezan a tener dificultades en el nuevo marco de comercialización de nuestro plátano que se ha establecido en la Unión Europea. Yo espero y confío en el apoyo de SS.SS. a la iniciativa que Coalición Canaria plantea hoy en sede parlamentaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perestelo.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Mato.


El señor MATO ADROVER: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y, asimismo, para fijar nuestra posición sobre esta moción. Hace escasos días subía a esta tribuna una ministra de este Gobierno para contestar a una interpelación del Grupo Mixto sobre la estrategia del Gobierno en relación con el futuro del plátano. Esa ministra, evidentemente, no era la ministra de Agricultura. ¿Saben por qué? Simple y llanamente porque el presidente Zapatero, de forma absolutamente injustificada y absurda, decidió eliminar el Ministerio de Agricultura, poniendo en evidencia lo poco que a los socialistas les interesa este sector. La primera de nuestras enmiendas precisamente viene a rectificar la alusión al Ministerio de Agricultura que se hace en el punto segundo, por cuanto este ministerio, por desgracia, ya no existe.
Pero la ministra del Medio, que no de Agricultura -lo ha dicho ya el señor Perestelo-, tomó la palabra y afirmó que no había razones -y leo textualmente- que justifiquen una preocupación por la situación actual de la comercialización del plátano canario. Además, reiteró que no había modificaciones que justificaran caídas de renta de los productores para que precisaran de nuevas ayudas para el mantenimiento de la actividad. Es decir, doctrina Zapatero al cien por cien: no hay que preocuparse por el plátano, ni por el paro, ni por las hipotecas, ni por el precio de los combustibles, ni por la cesta de la compra o por la subida de la luz y de los impuestos; tampoco por la ganadería o por la pesca ni por la agricultura en general. No hay crisis, no hay problema.


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Frente a esa irresponsabilidad del Gobierno, es la realidad de la calle, la de los ciudadanos, la de los productores de plátano la que pide que se aclare la posición del Gobierno. Los productores le piden a la ministra el 18 de febrero que les reciba, petición que reiteran el 15 de mayo y que vuelven a reiterar el 20 de junio con nulo éxito; productores que alertan de las dificultades de competir sin ayudas al transporte, con la liberalización ya producida para los países ACP; productores que ni siquiera son capaces de aventurar qué puede suceder si ese arancel de 175 euros por tonelada para la importación de países terceros no ACP -que ya es un arancel bajo, como la propia Comisión sabe tras los estudios, que planteaban un arancel de 230 euros- se baja. De ahí nuestra enmienda. Es un hecho el que todas las negociaciones ahora mismo en marcha ante la Unión Europea, la Organización Mundial de Comercio, Ecuador y Estados Unidos van encaminadas a llegar a un acuerdo que implicaría una bajada del arancel en dos etapas. Una primera etapa que fijaría el arancel en 150 euros y una segunda etapa que lo rebajaría a 123 euros. Señorías, lo voy a decir alto y claro, lo voy a decir con firmeza y con plena convicción de lo que digo: el Grupo Popular rechaza rotundamente cualquier negociación que implique la rebaja de un arancel ya insuficiente; rechaza cualquier acuerdo que implique poner a los productores comunitarios, y por tanto a los productores de Canarias, en una situación insostenible, y rechaza el que se acepte negociar renunciando a la apelación de las resoluciones de los paneles de Ecuador y Estados Unidos. En ese sentido van nuestras enmiendas a esta moción.


En cuanto al resto de la moción, nuestro grupo va a ser coherente con la proposición no de ley que presentamos en el Parlamento de Canarias, que ha explicado el señor Perestelo, y que es idéntica a la que hoy debatimos; una proposición no de ley que entonces fuimos capaces de modificar rebajando la pretensión del cien por cien de ayuda al transporte al 50 por ciento, en aras de llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista. Por cierto, algún diputado socialista entonces votó en el Parlamento de Canarias esa proposición no de ley. Yo confío en que hoy vuelva a hacer lo mismo; confío, desde luego, en su coherencia. Apoyamos, por tanto, como no puede ser de otra manera, la totalidad de la moción.
Lo hacemos porque sabemos perfectamente cuál es la situación actual de nuestros plataneros, sabemos lo que han supuesto las importaciones de terceros países, cómo han aumentado en los dos últimos años -un 20 por ciento-, y sabemos también cuántos millones de kilos -han sido seis millones- han ido a la pica en las últimas semanas. Compartimos con los plataneros de Canarias que no es necesario hacer más estudios ni, desde luego, esperar, como dice la enmienda del Grupo Socialista, a la disminución de las rentas de los agricultores que haga inviable la producción y comercialización del plátano de Canarias. Sinceramente le digo que cuando estaba leyendo la enmienda creía que se trataba de un error. No me cabía en la cabeza que por lo menos los diputados socialistas de Canarias que hubieran leído esta enmienda pudieran admitir que así se plasmara, pero así ha sido. ¿De verdad proponen que haya que esperar a que disminuyan las rentas de los agricultores hasta hacer inviable la producción y comercialización del plátano de Canarias para tomar medidas? ¿Están diciendo a esas miles de familias que lo están pasando mal, que viven del plátano, que tienen que seguir pasándolo mal hasta que la cosa no tenga remedio y sea inviable la producción y que entonces actuarán? Sinceramente, sigo sin creérmelo, pero ahí queda, señorías. Ahí está perfectamente clarificada por escrito y con registro de entrada la posición del Grupo Socialista, que yo confío en que modifiquen: esperar a ver cómo disminuyen las rentas de los agricultores y cuando sea inviable la producción y la comercialización, actuar.


El señor PRESIDENTE: Señor Mato, debe ir acabando.


El señor MATO ADROVER: Termino ya, señor presidente.


A todos los diputados del Partido Popular que hoy van a votar como diputados de Canarias del Partido Popular nos preocupa el futuro del plátano y, por tanto, vamos a apoyar la moción y confiamos también en que el grupo proponente de la misma acepte las enmiendas presentadas.


Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mato.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Coello.


La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna con el objeto de fijar la posición del Grupo Socialista sobre la moción consecuencia de interpelación del Grupo Mixto sobre la estrategia que se plantea al Gobierno en relación con la situación actual de la comercialización del plátano de Canarias. En primer lugar, no cabe duda de que la postura que va a adoptar el Grupo Socialista tiene que ser la que piensa un socialista canario. Yo, además de pertenecer al grupo del Gobierno, al grupo mayoritario de la Cámara, también soy canaria y, por lo tanto, sé lo que significa el plátano de Canarias para la economía de las islas.
Además, por otro lado, nosotros hemos intentado llegar en todo momento a un acuerdo con todos los grupos y con los distintos ministerios que intervienen en la moción referente a buscar una manera de consenso de forma que esto llegara a un acuerdo entre todos los grupos, y no ha podido ser pese al disgusto que esto supone desde luego para esta diputada que les habla.


En cuanto a lo que ha dicho el diputado señor Mato sobre la introducción de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, tengo que decirle que no es ni más ni menos que lo que ya estaba incluido en el acuerdo al

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que se llegó en el Parlamento de Canarias, ni más ni menos que cuando la renta de los agricultores fuera insuficiente se buscarían soluciones, como siempre se ha hecho, por otro lado, señor Mato. Cada vez que el plátano de Canarias ha tenido algún problema, entonces se han buscado soluciones. No es esperar a que aparezcan las dificultades para que se presenten las soluciones, porque saben con lo que nos estamos enfrentando. No nos estamos enfrentando solo a los plátanos ACP ni a los plátanos de Madeira, no, nos estamos enfrentando a los plátanos de todo el mundo y fundamentalmente a los de América, que son los que nos hacen realmente daño porque son el 70 o el 80 por ciento de los que están entrando en Europa. Esto quiere decir que los socialistas canarios por supuesto que nos preocupamos por la renta per cápita de los plataneros.
Usted como yo y como el señor Perestelo vivimos en una isla donde la renta per cápita tiene mucho que ver con la producción del plátano, sabemos lo que significa la producción del plátano y siempre hemos estado muy pendientes de lo que esto representa para los plataneros y la ciudadanía en general que vive de esto. Pero hacer demagogia con esto es muy malo porque puede hacer ver a los ciudadanos que nosotros no nos preocupamos. Si yo no recuerdo mal, la ministra Elena Espinosa, la misma que usted dice que ahora no le parece ministra de Agricultura, pero a mí sí me parece porque existe un concepto moderno de lo que es el medio ambiente, y si en el medio ambiente no está incluido el medio agrícola, el medio rural y el medio marino que venga Dios y lo vea -este es el concepto que hoy en día avanza por el mundo-, estuvo en La Palma y los agricultores le hicieron un homenaje. ¿Sabe por qué? Porque ella y nuestro Gobierno se preocuparon por conseguir que llegaran los fondos del Poseicán, que fueron 141 millones de euros. Evidentemente, los agricultores y otras personas, porque allí había mucha gente de todos los estratos sociales, fueron a felicitar a la ministra por las negociaciones que se habían hecho en Europa referentes al plátano. Por lo tanto, no se puede decir que esta ministra no se ha preocupado, se ha preocupado y mucho. Por eso tengo que decirle también que estamos luchando en Europa, y ella también lo dijo, por el mantenimiento del arancel. Usted sabe que somos tres países comparados con veinticuatro y seguiremos luchando por que esto sea lo más tarde posible. Esta no es la primera vez que nos enfrentamos a un arancel. No es la primera vez que el plátano de Canarias se encuentra con este problema. Esperemos que sea la última y que logremos encontrar una solución que compatibilice el crecimiento del sector platanero con la persistencia del sector.


También la ministra dijo aquí que desde Europa íbamos a reclamar ante la Organización Mundial de Comercio la resolución contra los paneles de Estados Unidos y Ecuador. Lo sabe perfectamente, y así va a ser, estoy absolutamente segura, porque en mi opinión y seguro que en la de usted y en la de todos los ciudadanos no cabe pensar que una ministra se suba a esta tribuna para mentir a los ciudadanos. Sabe que vamos a seguir luchando desde el Grupo Socialista, desde los socialistas canarios y desde toda la oposición. Está claro que esta no va a ser la última vez que hablemos del plátano de Canarias en esta tribuna, pero sí le digo que ahora, como siempre, el Grupo Socialista seguirá luchando por buscar soluciones consensuadas al problema; soluciones que signifiquen que esto puede llegar a un buen término y que podamos encontrar la salida pactada que a todos nos interesa. El sector lo sabe, los ciudadanos lo saben y así se lo vamos a hacer llegar. No hay ninguna discordancia en que lo que apoyemos en el Gobierno de Canarias no vaya a apoyarlo usted, porque usted ha estado en el Gobierno y sabe lo que significa estar en el Gobierno. Esto no quiere decir que no sigamos luchando por el plátano de Canarias, y así va a ser hasta el final del problema, la resolución del conflicto y la pervivencia, porque el sector del plátano no es solo agricultura, no es solo economía para las islas sino que además está asociado al concepto general de las islas Canarias, al paisaje, a la economía en todos los sentidos, hasta el propio turismo está vinculado al mundo del plátano. Por tanto, no diga que nosotros nos estamos desprendiendo de este problema porque es todo lo contrario: seguiremos luchando desde los ministerios que correspondan.


El señor PRESIDENTE: Señora Coello, debe ir acabando.


La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Voy acabando, señor presidente.


Nosotros nos hemos responsabilizado de modificar el Real Decreto 199, de ayudas al transporte, y así será. Estoy segura de que tarde o temprano modificaremos el Real Decreto del Transporte de Mercancías y lograremos incluir el transporte del plátano con coste cero. Este es nuestro compromiso. Ha sido el compromiso del presidente del Gobierno y de la ministra, y estoy segura de que el sector es conocedor de esto, y así va a ser.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Coello.


¿Debo entender que los restantes grupos no van a hacer uso de la palabra en fijación de posición? (Pausa.) Así es.


Señor Perestelo, le pregunto: ¿De las enmiendas presentadas S.S. acepta alguna para que sean votadas junto con su moción?

El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente para afirmar que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, defendida por el señor Mato, la vamos a aceptar.
Forma parte de la estrategia...


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El señor PRESIDENTE: Señor Perestelo, en este trámite S.S. -dice el Reglamento- debe limitarse a decir las que acepta y las que no acepta, pero no cabe explicación de por qué las acepta.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señor presidente, la enmienda presentada por el Grupo Socialista no fue defendida en la tribuna, según el criterio de este diputado. Por tanto, quería hacer una matización.


El señor PRESIDENTE: Señor Perestelo, yo comprendo su deseo y su intención, pero no le ampara el Reglamento. El debate está tasado y, de manera explícita la Junta de Portavoces así lo define, S.S. debe decir las que acepta y las que no acepta sin entrar en explicación.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Acepto el Reglamento, como es lógico, como no puede ser de otra manera y como siempre hemos aceptado desde este grupo. Aceptamos la enmienda del Grupo Popular y no aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perestelo, pero debe comprender que es así siempre y así lo aplicamos. Le agradezco su comprensión. Así se votará esta moción, con la incorporación, por tanto, de la enmienda del Grupo Popular.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO DE ACTUALIZAR EL MODELO DE FINANCIACIÓN LOCAL DE FORMA SIMULTÁNEA Y VINCULADA A LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 173/000013.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la voluntad del Gobierno de actualizar el modelo de financiación local de forma simultánea y vinculada a la reforma de la financiación autonómica.
¿Quién va a defender la moción?

El señor TARDÀ I COMA: El señor Llamazares está ausente. Damos por defendida la moción.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por consiguiente, para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señoría, damos por defendidas estas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Aunque lo que me pide el cuerpo también es darlas por defendidas, por respeto a la Cámara y pese a que no hay oportunidad de debate, considero que debo explicar por qué hemos presentado estas enmiendas.


En primer lugar, compartimos los criterios genéricos de la moción.
Consideramos que es necesario abordar la reforma de la financiación local porque los municipios tienen una financiación muy deficiente, agravada por el hecho de que han asumido muchos servicios sin las consiguientes dotaciones presupuestarias, pero discrepamos de algunos de los contenidos concretos y vamos a supeditar nuestro sentido de voto final al pronunciamiento del grupo proponente respecto a nuestras enmiendas. En particular, no entendemos la necesidad de que la reforma de la financiación local se acometa de forma paralela y coordinada con la autonómica, a no ser que se pretenda confrontar a las comunidades autónomas con el poder local intentando fijar la idea de que aquellas absorben demasiados recursos públicos, introduciendo la falsa percepción en los ciudadanos de que las comunidades autónomas son insaciables y son sus demandas las que impiden una mejor financiación local. El BNG no comparte este criterio y considera que la financiación de los municipios depende fundamentalmente del Estado. En cualquier caso, lo que hay que revisar es el reparto del gasto público entre las distintas administraciones dado que las comunidades autónomas tienen una participación en el gasto público insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que en ellas descansan los servicios más importantes para los ciudadanos. El BNG no comparte la teoría de la necesidad de una segunda descentralización -desde nuestro punto de vista un concepto equívoco en virtud del cual se ha transferido mucho poder a las comunidades autónomas y ahora estas deban transferir mucho poder a los municipios-, en primer lugar, porque sobre todo las competencias que afectan al régimen local siguen residenciadas en la Administración General del Estado y nosotros consideramos que deben residenciarse en el ámbito de las comunidades autónomas para poder diseñar políticas integrales en cada territorio, y en segundo lugar porque no son realidades homologables dado que los municipios carecen de potestad legislativa. Por tanto, proponemos por estas razones la supresión del punto 2. Por último, defendemos la modificación del punto 5, atendiendo a los siguientes criterios. La Federación Española de Municipios y Provincias no es una institución, es una asociación de municipios -hay otras asociaciones-, no representa a todos los municipios, y por tanto es necesario el diálogo con todas las asociaciones municipales, pero no se puede

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supeditar el acuerdo a lo que diga la FEMP. Para mayor abundamiento, señor presidente -ya concluyo-, la Federación Española de Municipios y Provincias no asume reivindicaciones básicas de los municipios gallegos, como la necesaria ponderación del envejecimiento de la población, la superficie del municipio y la dispersión de la población en el coste de los servicios y, por tanto, en la participación de los municipios en los ingresos del Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Mixto también tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


La moción nos parece oportuna y Coalición Canaria la va a apoyar, sobre todo en un momento en que los ayuntamientos son los que realmente están asumiendo la crisis de los ciudadanos. Todos sabemos que en el año 2009 la mayoría de los ayuntamientos de España tendrán probablemente unos ingresos inferiores en un 25 por ciento, no solo por la recaudación sino también por las transferencias correspondientes, y sin embargo al día de hoy es a las puertas de los ayuntamientos adonde acuden los ciudadanos, los pensionistas no contributivos con 320 euros al mes, la gente que a la que van a desahuciar, las familias sin recursos, la gente que se queda en el paro. No va a haber un momento peor para los ayuntamientos que el año 2009. El ayuntamiento es la institución que tiene las competencias de todo y que no tiene la financiación correspondiente; la que tiene la asunción de la Ley de Dependencia, que no tiene financiación, y la que tiene la financiación de la crisis económica de todas las familias que no tienen adónde ir y que tocan a la puerta de los ayuntamientos. En ese sentido, nos parece oportuno, urgente y vital resolver y coordinar la financiación de los ayuntamientos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Por el Grupo Parlamentario Popular y para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Moreno.


El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la moción que hoy nos ocupa se refiere a un tema del que hemos hablado a lo largo de la pasada legislatura y que ha sido objeto de multitud de iniciativas por parte del Grupo Parlamentario Popular que, desgraciadamente, tengo que decir desde esta tribuna que fueron absolutamente desatendidas, todas y cada una de ellas, por parte del grupo que sostiene al Gobierno. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular comparte el objetivo de esta moción, pero creemos que es conveniente incorporar algún tipo de propuestas, de modificaciones, con el objeto de darle mayor concreción, pues a nuestro juicio es poco ambiciosa dada la terrible situación financiera que vive el conjunto de los ayuntamientos españoles.


Partimos de la posición de apoyar esta iniciativa porque consideramos acertado, necesario y urgente que se aborde la reforma de la financiación local y que se haga de forma simultánea y vinculada a la de la financiación autonómica, y lo hacemos, creo que por enésima vez por parte del Grupo Parlamentario Popular, desde el convencimiento de nuestro grupo y desde el reconocimiento que hace de ello también la Constitución española. Los ayuntamientos democráticos, que van a cumplir próximamente treinta años, han colaborado de una manera clara y contundente en el progreso, en el desarrollo y también en la propia consolidación de la democracia. Por tanto, creo que hoy nadie puede dudar de las importantes responsabilidades, de la audacia y de la inteligencia que han tenido el conjunto de los ayuntamientos para llevar una gran variedad de servicios públicos de calidad al conjunto de los ciudadanos españoles. Hay muchos rincones de España donde no llega la Administración General del Estado, donde no llegan las comunidades autónomas pero donde sí llega el servicio de los ayuntamientos. Pese a todo eso, las corporaciones locales siguen siendo hoy las grandes olvidadas del entramado institucional de España.
Por tanto, ya va siendo hora de que se les reconozca de una manera clara, de una manera práctica y transparente el esfuerzo que han realizado a lo largo de todos estos años.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado unas enmiendas que enriquecen sin lugar a dudas la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Nuestra propuesta pretende acelerar esta iniciativa y aprobar de una vez por todas una reforma estructural de la financiación local. La cada vez más acentuada crisis económica, que no quiere reconocer el Gobierno de la nación, está afectando de una manera contundente a las arcas municipales, a los ingresos que están teniendo el conjunto de los ayuntamientos y, por tanto, está repercutiendo y va a seguir repercutiendo en la posibilidad de seguir dando servicio de calidad a millones de ciudadanos. Pero hay que decir que hasta ahora, desgraciadamente, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no ha tomado en consideración estas iniciativas. Lo único que ha pasado a lo largo de estos años ha sido que el gasto público total de las corporaciones locales ha pasado del 13,1 en el año 2004 al 12,8 en el año 2006, según reconoció el propio ministro Solbes en comparecencia en la Comisión de Entes Locales, y hasta las propias corporaciones locales han reconocido la falta de voluntad política del Gobierno y le han plantado cara precisamente a través de su presidente, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el señor Castro, destacado

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militante socialista, que ha expresado que se siente absolutamente engañado por la falta de respuesta y voluntad política que tiene el Ejecutivo respecto a los gobiernos locales.


Señorías, en mi grupo parlamentario creemos absolutamente necesario dar más voz a los municipios españoles, y por ello proponemos a través de una enmienda institucionalizar la Federación Española de Municipios y Provincias como órgano de representación y a través de este órgano impulsar la necesaria participación de los municipios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por otro lado, señorías, quiero subrayar que el nuevo sistema de financiación local también tiene que apostar por identificar y cuantificar los gastos impropios que actualmente están lastrando de manera importantísima los presupuestos de los ayuntamientos.
Del mismo modo, y para destacar el importante papel que desempeñan también en nuestro país diputaciones, cabildos y consejos insulares, se hace hoy más necesario que nunca actualizar y modernizar sus funciones, en especial las de la asistencia que prestan a pequeños municipios de nuestro país.


Concluyo ya, señorías. Si la pasada ha sido una legislatura claramente perdida para el conjunto de los ayuntamientos españoles, desde el Grupo Parlamentario Popular pedimos que esta sea la legislatura de los municipios, la legislatura del municipalismo. Precisamente por eso hemos presentado una enmienda para concretar y para pedir al Gobierno que en el primer semestre del próximo año, del año 2009, nos traiga aquí, a esta Cámara, un proyecto de ley que contemple no solamente una nueva financiación local, que es absolutamente necesaria y demandada por el conjunto de los ayuntamientos, sino también un nuevo proyecto de ley de gobierno local que clarifique de una vez por todas el ámbito competencial del conjunto de los ayuntamientos.


El señor PRESIDENTE: Señor Moreno, tiene que acabar.


El señor MORENO BONILLA: Señor presidente, acabo en un segundo.


Les puedo asegurar, señorías, que cualquier iniciativa que sirva para mejorar la situación de nuestros ayuntamientos tendrá el apoyo leal y responsable del Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, presidente.


Intervengo muy brevemente para fijar nuestra posición, que es de apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, con el fin de instar al Gobierno a que revise el modelo de financiación local vinculado a la reforma de la financiación autonómica. Compartimos básicamente lo expuesto en los seis puntos que conforman la moción y que recogen también la voluntad de la Federación Española de Municipios y Provincias en esta cuestión. Hemos de ser conscientes, sin embargo, de que no estamos en el mejor momento económico para abordar una reforma de estas características. En épocas de crecimiento económico y de holgura presupuestaria hubiera sido mucho más fácil llegar a un consenso. En este momento de ralentización y de recesión económica quizá sea más complicado, pero posiblemente también se logre un acuerdo con mayor racionalidad económica. Con todo ello, nuestro grupo reitera el apoyo a esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, esta moción es una magnífica oportunidad para resaltar la importancia de la autonomía local, del relevante papel que juegan las ciudades y los ayuntamientos a la hora de prestar los servicios públicos y atender los intereses de las ciudadanas y de los ciudadanos. Hoy son los ayuntamientos modelos de gestión política, de gestión social, de gestión e innovación en los servicios públicos y además un punto fundamental de nuestra organización territorial -alguien ha llegado incluso a usar el concepto de municipio del bienestar-, y detrás de un planteamiento de financiación de ayuntamientos está precisamente lograr ayuntamientos más competentes para poder prestar más y mejores servicios.


Segunda consideración: no es la autonomía local una autonomía subordinada.
Por eso, cuando en España se está debatiendo sobre la reforma de la financiación autonómica sería un gran error dejar al margen la reforma de la financiación local. Por eso hay una gran oportunidad en estos momentos. Además, esta moción coincide con otra que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado en el sentido de instar a un gran acuerdo para lograr en este marco una financiación que dé coherencia general al sistema de financiación del conjunto de las administraciones territoriales, reclamando una financiación local nueva, una reforma. Fue una moción impulsada por el Grupo Socialista y aprobada por el Senado el pasado 10 de junio. Pero yo quisiera también resaltar algo mucho más importante, que es un compromiso presidencial, un compromiso programático en el debate de investidura. No estamos acostumbrados en el Congreso de los Diputados a escuchar en el ámbito de los ayuntamientos compromisos de los presidentes de Gobierno. Pues bien, el presidente del Gobierno, el señor

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Zapatero, en su debate de investidura de la sesión de 8 de abril de este año asumió un gran compromiso. Dijo literalmente: "Además del nuevo sistema de financiación autonómica es necesario abordar la discusión de la situación financiera de las entidades locales y su necesaria reforma".
La situación financiera local requiere una reforma más estructurada, vinculada a la del sistema general de financiación autonómica, que permita una financiación suficiente para los servicios que asumen los ayuntamientos. Por tanto, hoy podemos decir que existe un compromiso político serio, un acuerdo del Senado. El nuevo Gobierno local y su financiación están en la agenda política, y no cabe comparación. Antes he escuchado al portavoz del Grupo Popular, pero cuando el Partido Popular gobernaba y gestionaba la política de financiación local la situación era de asfixia; en los cuatro últimos años, de 2004 a 2008, la situación ha sido de incremento del 41,5 por ciento en los recursos y en la financiación local. Es más, hubo que arreglar desaguisados porque hubo que compensar por la reforma del impuesto sobre actividades económicas y se creó un fondo adicional para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a favor sobre todo de ayuntamientos que estaban siendo discriminados en la financiación por habitante y que necesitaban hacer frente a muchos servicios. Es decir, ha habido una gestión incomparable y además es un compromiso de futuro seguir en esa senda de la financiación.
Señorías, ya se ha iniciado el procedimiento de reforma de la financiación local por vía de la negociación entre el Gobierno de España y la FEMP. El 21 de mayo se produjo una reunión en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, en concreto la subcomisión de Régimen Económico y Financiero. El 23 de mayo hubo una reunión al máximo nivel entre la representación del Gobierno y la representación de los ayuntamientos. Ya se ha constituido la Comisión bilateral para la reforma de la financiación local, integrada por representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de las Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias. También se ha creado una comisión técnica de apoyo para estas negociaciones y ya se ha producido una reunión muy importante el día 19 de junio en el sentido de acordar todas las líneas de diagnóstico, análisis y fijación de los criterios generales, de la misma manera y con la misma metodología que se está haciendo en el ámbito de la negociación de la reforma del sistema de la financiación autonómica.


En conclusión, señorías, estamos de acuerdo con esta moción; recoge nuestro programa electoral; recoge un compromiso de investidura y recoge los criterios de la moción que aprobó el Senado el 10 de junio. Estamos de acuerdo en impulsar un pacto que refuerce la autonomía local, la suficiencia financiera y el principio de subsidiaridad; en reformar la financiación local de forma paralela y coordinada o, por usar las palabras del presidente, vinculada con el sistema de financiación autonómica; en identificar y reconocer las necesidades de financiación de los entes locales, evaluando el papel de los municipios en la prestación de servicios cuyas competencias corresponden a otras administraciones públicas; en impulsar los cambios normativos necesarios en la Ley de Haciendas Locales y en la Ley de bases de régimen local; en buscar diálogo y acuerdo con la representación del municipalismo español.


El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, tiene que ir acabando.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Ya concluyo.


También estamos de acuerdo en impulsar la lealtad fiscal e institucional entre las administraciones públicas y la financiación de toda nueva competencia. Por eso, por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista, que considera que en el futuro de la democracia, en la calidad de los servicios, en el impulso de nuevas técnicas de modernización en la gestión de los intereses de los ciudadanos, los ayuntamientos son fundamentales en aras de esa filosofía del municipio de bienestar para ayuntamientos más competentes, con más y mejores servicios financiados a disposición de los ciudadanos, votará sí a esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta.


Pregunto al señor Llamazares si acepta alguna de las enmiendas para que se incorporen a su moción.


El señor LLAMAZARES TRIGO: No, señor presidente, mantenemos el texto de la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En esos términos será sometida a votación.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROPICIAR LA RÁPIDA RECOLOCACIÓN DE LAS PERSONAS QUE QUEDEN EN SITUACIÓN DE PARO, A CAUSA DE LA BRUSCA DESACELERACIÓN ECONÓMICA QUE PADECEMOS. (Número de expediente 173/000014.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para propiciar la rápida recolocación de las personas que queden en situación de paro a causa de la brusca desaceleración económica que padecemos. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


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Señorías, hace quince días mantuvimos un debate interesante con el ministro de Trabajo e Inmigración, señor Corbacho, en relación con las políticas activas de empleo y los servicios públicos de empleo en el contexto de la crisis económica en la que estamos entrando. En aquel debate con el señor ministro coincidíamos en algunas cuestiones.
Intentamos uno y otro superar el debate terminológico sobre lo que estamos viviendo, y el señor ministro decía que efectivamente para quien hoy ha perdido el empleo o para quien lo puede perder en los próximos meses la situación es preocupante, es mala. Coincidíamos en una previsión de incremento del desempleo en los próximos meses. Yo le dí al señor ministro un 11 por ciento de tasa de desempleo a finales de este año y el señor ministro dudaba de esa cifra. Esta mañana, en un encuentro con la prensa, el señor ministro ha reconocido que nos vamos a acercar a esa tasa del 11 por ciento. Y coincidíamos también en que en ese contexto de destrucción de empleo, de personas que pierden el empleo, el papel de los servicios públicos de empleo y de las políticas activas de empleo va a ser relevante para acompañar a las personas en ese proceso, para ofrecer formación, para ofrecer itinerarios individuales y adaptados a las características de esas personas paradas, la incorporación de estímulos concretos a esa búsqueda de empleo. También coincidíamos en que los servicios públicos de empleo en la actualidad no estaban preparados para hacer frente a esa nueva realidad. Posteriormente aparecía un comunicado del conjunto de los sindicatos que hoy representan a los trabajadores de esos servicios públicos de empleo, en el que se ponía de manifiesto ese incremento sustancial de las personas en situación de desempleo, un incremento del trabajo de alrededor de un 32 por ciento y una incapacidad de esos servicios para dar respuesta a esa nueva situación. También aparecían informaciones de prensa en las que se nos decía que del conjunto de colocaciones que se producen en el mercado de trabajo los servicios públicos tan solo intermedian alrededor de un 7 por ciento de esas oportunidades.


Señorías, todo ello configuraba una realidad que pretendíamos que al inicio de esta legislatura nos permitiese abordar de manera compartida por parte del conjunto de los grupos de la Cámara las medidas que debemos impulsar en este campo. En este sentido, junto con el señor Membrado -al que agradezco el esfuerzo que ha hecho de aproximación-, hemos podido ofrecer al conjunto de los grupos parlamentarios una enmienda transaccional entre el Grupo Socialista y Convergència i Unió que responde a esa hoja de ruta para modernizar nuestras políticas públicas de empleo de común acuerdo con las comunidades autónomas, que hoy son las que ejercen las competencias concretas en el campo de las políticas activas de empleo y en la gestión de los servicios públicos de empleo prácticamente en todo el territorio del Estado, con la excepción de Euskadi -supongo que el señor Olabarría hará una reflexión sobre ello-, y en el marco del diálogo social, en un contexto en el que el gran objetivo que nos debemos marcar es el de procurar que quien pierda el empleo en el menor tiempo posible tenga capacidad de volver a encontrar otro empleo.
Esa es la pretensión que queremos implementar.


En este sentido, la enmienda transaccional que hemos acordado con el señor Membrado responde a siete mandatos. En primer lugar, una información antes de fin de año al Parlamento sobre la situación de nuestro mercado laboral. Nos parece necesario que esta Cámara tenga una foto precisa de aquello que nos está pasando y de aquello que nos puede pasar en los próximos meses. En segundo lugar, un compromiso de aumentar las actuaciones de las políticas activas de empleo. Hoy representan alrededor del 32 por ciento del gasto en políticas de empleo, tanto pasivas como activas. Las activas representan un 32 por ciento. Hemos de lograr un incremento de esa cifra para dar efectivamente esas oportunidades a las personas que han perdido sus empleos. En tercer lugar, avanzar en la vinculación entre las prestaciones de desempleo y las actividades de formación y búsqueda de empleo. Señorías, eso, a ojos de Convergència i Unió, quiere decir incrementar la presencia de las comunidades autónomas en el seguimiento de las políticas pasivas, de las prestaciones por desempleo. En cuarto lugar, avanzar sin complejos en aquello que el conjunto de países de nuestro entorno están desarrollando, que es que las políticas activas de empleo, los servicios de empleo, no son un patrimonio exclusivo de la Administración pública, sino que debemos avanzar en fórmulas de colaboración con el sector privado, en fórmulas de colaboración con las agencias privadas de empleo. Nos parece que aquellas personas que han perdido el empleo y que hoy no encuentran en los servicios públicos de empleo la oportunidad de que alguien les ofrezca un empleo, pueden encontrar en agentes del sector privado ese instrumento que les puede permitir encontrar ese nuevo trabajo. Y eso hay que hacerlo, señorías, garantizando el derecho de gratuidad de los trabajadores en desempleo de poder beneficiarse de esos servicios. Nos parece que una concepción moderna de las políticas activas de empleo debe incorporar esa colaboración con el sector privado. En el marco del diálogo social, aunque eso no forma parte de esta moción, habrá que avanzar en superar el concepto de empresa de trabajo temporal y avanzar hacia el concepto de agencia de empleo colaboradora del sector público; una política moderna que sea capaz de articular con la sociedad civil y con la iniciativa mercantil nuevas fórmulas de colaboración en este campo. En quinto lugar, señorías, dos cuestiones vinculadas al ámbito de lo autónomo contempladas en el Estatuto del Trabajo Autónomo y que en el contexto actual nos parecen relevantes. Avanzar en un aumento de la capitalización del desempleo para permitir que aquellas personas que han perdido su puesto de trabajo puedan emprender un nuevo negocio, superando todas las desconfianzas que hoy existen, y permitir esa puesta en marcha de nuevos negocios. En sexto lugar, concretar, de una vez por todas, la regulación de la prestación por desempleo. En un incremento del

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desempleo hay que garantizar que los autónomos tengan protección ante estas situaciones. Y, finalmente, el incremento de las políticas impulsadas desde la economía social. Ahí, señorías, mi grupo quiere hacer una referencia explícita al papel que las empresas de inserción pueden tener en este campo.


Nos parece que esta moción puede permitir, porque también creo que recoge las cuestiones de fondo que nos han planteado las enmiendas de otros grupos parlamentarios, que nos pongamos de acuerdo, justo ahora que se inicia el diálogo social, en una agenda de reformas que en esta legislatura hay que impulsar para garantizar que quien pierde un empleo, más allá de lo que hagan las empresas y la economía, pueda tener oportunidades de recuperarlo en otro campo y en otras actividades.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero pedir disculpas por no haber podido presentar la iniciativa en relación con los municipios. No ha sido porque me haya resbalado con el plátano canario, sino porque no he llegado a tiempo. He calculado mal el tiempo y me he quedado en el ascensor. En todo caso, pido disculpas.


Respecto a la moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), nosotros creemos que es una iniciativa redundante en relación con iniciativas anteriores. En nuestra opinión, introduce un tema que para nosotros es condición sine qua non y por tanto pediremos su votación separada.


En relación con la iniciativa en general al planteamiento global de apoyo a las políticas activas de empleo, nosotros compartimos ese objetivo. Lo hemos dicho en su momento en relación con las políticas de empleo más globales y lo hemos dicho recientemente con respecto a la iniciativa de medidas de choque presentada en forma de decreto por parte del Gobierno.
Es una iniciativa que a nosotros en su momento nos pareció insuficiente, al igual que también consideramos insuficiente la iniciativa que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone. En primer lugar, porque no refleja un acuerdo fundamental que es mucho más ambicioso que el contenido de la iniciativa y que permanece incumplido por parte del Gobierno.


Quiero recordar que, fruto de la negociación social, se elaboró y se aprobó en el diálogo social de 2006 un plan global de modernización de los servicios públicos de empleo, en particular en lo que respecta a la atención personalizada a los desempleados, con la elaboración de itinerarios profesionales y una red global de orientadores profesionales.
Pues bien, esta iniciativa está pendiente desde 2006. Ha sido incorporada parcialmente a las medidas de choque del Gobierno frente a la desaceleración o crisis económica y, sin embargo, en nuestra opinión, es un plan que, de incorporarse, sería mucho más ambiciosos que estas iniciativas particulares a las que estamos asistiendo en los últimos tiempos. Contiene no solo iniciativas de itinerarios de empleo, no solo incrementos presupuestarios en esta materia, sino órganos consultivos, órganos de participación de los agentes sociales para desarrollar estas políticas activas de empleo. Por esta razón consideramos que la enmienda que hemos presentado al apartado segundo aporta algo muy importante a la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y significaría una posición por nuestra parte más favorable al conjunto del texto.


En segundo lugar, hemos presentado una enmienda en relación con las políticas pasivas porque estamos convencidos de que es necesario, desde el punto de vista político y presupuestario, atender a estas prestaciones por desempleo, teniendo en cuenta la importancia del impacto de la crisis o desaceleración sobre el empleo en nuestro país y la necesaria red de protección suficiente para atender a quien pierde el empleo, especialmente en los colectivos con mayores dificultades de recolocación.
A nosotros, la incorporación de las políticas pasivas, la incorporación de la protección al desempleo nos parece de la mayor importancia y no creemos que esto esté garantizado únicamente a través de los mecanismos presupuestarios ya previstos, sino que creemos, al igual que el plan de empleo creía, que debe haber también mecanismos presupuestarios extraordinarios para favorecer las políticas pasivas de empleo, al igual que comentaba antes respecto al plan de empleo de 2006 y a las políticas activas. Pero lo que nos separa de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán es el apartado cuatro, que propone una colaboración prácticamente global con la iniciativa privada en materia de empleo.
Nosotros consideramos que las empresas de trabajo temporal no solo no son una aportación a la mejora de la calidad del empleo y a la empleabilidad en nuestro país, sino que contribuyen a la principal lacra del empleo en nuestro país, que es la precariedad. Contribuye el conjunto del sistema económico, contribuye también el trabajo temporal y contribuyen las empresas de trabajo temporal. Por tanto, no estamos de acuerdo con esta iniciativa.


Hemos presentado también una enmienda, en este caso por parte de Esquerra Republicana de Catalunya, para la creación de un fondo para las comunidades autónomas en formación de los trabajadores del sector de la construcción. Creemos que todas estas enmiendas mejorarían el texto. En todo caso, pediremos votación separada de la propuesta que hace Convergencia i Unió y que significa un cambio en la política de empleo en este país, que es la colaboración con las empresas de trabajo temporal o, de otra manera, la privatización de las políticas activas de empleo.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, debatimos hoy la moción presentada por Convergencia i Unió como consecuencia de la interpelación del último Pleno. Hace cuatro semanas debatíamos en esta misma tribuna una moción del Grupo Parlamentario Popular que contenía una propuesta de carácter integral de política económica para superar la actual situación de crisis, cortar la sangría del paro y recuperar lo antes posible el crecimiento económico creador de empleo. Era un bloque de medidas integrales, coherentes y eficaces para abordar esta situación en la que nos ha metido el Partido Socialista y fue votada en contra por el Grupo Parlamentario Socialista. Algunos pensarían entonces que quizá era porque tenían una alternativa a este plan. Pues no. Hoy sabemos que no había alternativa. Sabemos que el Gobierno va por la cuarta vez que rebaja sus previsiones y recalcula a la baja el presupuesto de este año. Hoy sabemos que nos hemos comido el superávit. Sabemos que tendremos déficit y que este verano se habrá consumido ya el presupuesto de prestación de desempleo. Hoy sabemos que había en enero un plan urgente, que no debía ser tan urgente porque se ha pospuesto para después del verano -eso con mucha suerte- y, por tanto, va a llegar un año tarde, un año después de los primeros síntomas de desaceleración del mercado de trabajo. Hoy ya sabemos también que se reconoce un paro para final de este año del 11 por ciento, lo que es lo mismo que decir que en cuatro años el Gobierno socialista va a dejar la misma tasa de empleo que la que se encontró en el año 2004. Y eso que se encontró una tasa doce puntos por debajo de la que recibió el Gobierno del Partido Popular -un 23 por ciento- de otro Gobierno socialista.


Señorías, la gran medida, la gran idea, la gran estrategia del gurú Rodríguez Zapatero para lograr austeridad ha sido ahorrar un 0'01 por ciento. Una centésima del presupuesto y, eso sí, congelar el sueldo a los altos cargos que antes se había encargado de casi duplicar, lo que va a significar, en cualquier caso, una partida prácticamente igual a la del año pasado. Quédense tranquilos por tanto, señorías, porque los españoles con estas medidas tan sólidas, tan solventes y tan importantes se han quedado mucho más tranquilos. Los casi 400.000 nuevos parados se han podido por fin relajar, las casi 500.000 familias que tienen a todos sus miembros en el desempleo han rebajado su nivel de preocupación, los 2.350.000 parados y los miles que están pendientes en este momento de un expediente de regulación de empleo han podido por fin respirar tranquilos con estas medidas.


No es de extrañar, señorías, que hoy el Grupo de Convergència i Unió presente también una moción que, circunscrita al ámbito laboral, intente mejorar la situación de los servicios públicos de empleo y las políticas activas de empleo. Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa porque forma parte de nuestra visión, de nuestra preocupación, de nuestro programa si quieren, de las iniciativas que hemos venido presentando y vamos a seguir presentando en materia de empleo. Por este motivo, señorías, hemos querido ser más ambiciosos con nuestras enmiendas.
Además, creemos que es necesario un informe sobre la valoración de la eficacia y de la eficiencia de las medidas adoptadas en materia de políticas de empleo, porque queremos conocer su eficacia, dónde están los puntos negros y abordar este tema con el rigor y la solvencia adecuada.


También hemos pedido que se remita al Congreso el informe de la comisión de expertos sobre el cese de actividad de los trabajadores autónomos, porque entendemos que este es un colectivo que está sufriendo especialmente la crisis. También queremos que se remita lo antes posible, al inicio del periodo de sesiones después del verano, el proyecto de ley que resuelva esta cuestión tal como reza el Estatuto del Autónomo. Hemos pedido facilitar la movilidad geográfica de los trabajadores y hemos aumentado la posibilidad de que los parados puedan capitalizar la prestación de desempleo para convertirse en trabajadores por cuenta propia desde el 40 por ciento hasta el cien por cien de su prestación. Se empieza diciendo que en este Estado autonómico el Ministerio de Trabajo es el que menos tiene que decir en políticas activas de empleo y se acaba, como ahora, estando cruzado de brazos.


Señorías, en 2003 un Gobierno del Partido Popular elaboró el proyecto de ley de empleo. Esta ley preveía la elaboración de un reglamento para desarrollar y modernizar los servicios públicos de empleo. El retraso de cuatro años en la aprobación del reglamento a finales de la anterior legislatura, muestra claramente la importancia que el Grupo Socialista concede al desempleo y a las políticas activas. La intensidad de generación del paro bajo el Gobierno del Partido Socialista ha incrementado un 35 por ciento la presión de trabajo en las oficinas de empleo que las está sometiendo a un estrepitoso colapso, algo lamentable en un momento donde este servicio tenía la obligación de ser especialmente eficaz. El Grupo Parlamentario Popular defiende unos servicios públicos de empleo que sean modernos, eficaces, ágiles, preventivos y que desarrollen una tarea personalizada pero, sobre todo, que tengan un carácter proactivo. Ahí es donde el Partido Socialista ha fracasado estrepitosamente.


Señorías, necesitamos políticas activas de empleo, pero, sobre todo, necesitamos políticos activos para el empleo, y esos ahora escasean en el Gobierno y en el Grupo Parlamentario Socialista.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.


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Para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es, desde nuestro punto de vista, oportuna y enormemente constructiva porque nos va a permitir debatir y conocer cuáles son las posiciones de los distintos grupos y qué explican sobre los objetivos que quieren conseguir con las políticas activas de empleo.


Hoy hemos visto en esta Cámara cómo la exposición del señor Campuzano ha suscitado unas alegaciones por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en la línea de construir políticas activas de empleo que mejoren las condiciones de los parados, y hemos visto la demagogia clásica de intentar trasladar una crisis a un momento exclusivamente puntual y hacer a este Gobierno receptivo de todas las catástrofes que pueden ocurrir en el mundo ahora y en el futuro. Creo que esa es la diferencia de cómo se tiene que hacer la política en temas laborales, con estrecho margen porque está vinculada siempre al crecimiento o decrecimiento económico, pero indudablemente el Gobierno de turno tiene capacidad de actuación, que es lo que, desde nuestro punto de vista, está haciendo este Gobierno.


Señorías, la primera medida que tomó el primer Consejo de Ministros de esta legislatura fue el plan de choque por el cual se pusieron en marcha una serie de medidas que tenían como objetivo la reducción del paro, la eliminación de rugosidades que permitiesen en un momento determinado rebajar la tasa de crecimiento que, desgraciadamente, desde hace ocho meses se está produciendo. Pero esto es una situación en la cual las políticas activas de empleo ya se están desarrollando. ¿O es que no es una política activa de empleo consecuente tener en estos momentos el 85 por ciento de los parados con cobertura de desempleo? Por cierto, veinte puntos por encima de cuando gobernaba el partido del señor Echániz. ¿O es que no es en estos momentos importante haber creado tres millones de empleos? ¿O es que no es en estos momentos importante haber incrementado en un 40 por ciento los recursos destinados a la formación ocupacional y la formación continua? Un 40 por ciento más para formación ocupacional y continua, señor Echániz; eso es lo que se está haciendo en estos momentos, 2.255 millones de euros, y ustedes se quedaron en 1.600.
Nosotros estamos intentando que los parados tengan orientación y formación adecuada para buscar empleo cuando había menos paro y cuando haya más paro, desgraciadamente, dada la situación. Esas son las políticas activas de empleo que se están planteando. Pero a nosotros nos parece interesante la moción que hoy presenta el señor Campuzano por varias razones, porque nos permite elementos de reflexión y también porque nos permite en estos momentos plantear una serie de actuaciones que en el futuro tendrán plasmación práctica.


Para nosotros es importante haber hecho una transaccional conjunta con Convergència i Unió que incide fundamentalmente en tres elementos. Uno de ellos es intentar hacer una recopilación de la situación de nuestros parados a finales de año. ¿Por qué? Porque sabemos dónde tenemos que concretar nuestras políticas activas y dónde tenemos que incentivar nuestras actuaciones. Eso no es un discurso baladí, eso es un discurso serio, potente, que tiene objetivos y que merece una estrategia. Por otro lado, ¿qué es lo que estamos buscando? Que los autónomos que salgan fruto de la crisis económica por la capitalización del desempleo tengan un seguimiento, se les pueda hacer un mayor incremento de su capitalización, uedan transformarse en emprendedores y, por tanto, puedan defender su empleo y su puesto de trabajo de cara al futuro.


Señor Llamazares, no somos remisos a discutir qué pasa en estos momentos con las actuaciones de las entidades privadas en el ámbito de la intermediación y en el ámbito de la búsqueda de empleo. No somos remisos sabiendo que tenemos una ley marco, que es la ley de empleo, que no permite en estos momentos la utilización de las entidades privadas, y sabemos que si damos un paso ahí tiene que ser fruto de la concertación, fruto del consenso con los sindicatos y con los empresarios, fruto, por tanto, de la puesta en marcha de la mesa de concertación pendiente de los acuerdos desde el año 1984. Por eso pensamos que esta es una moción que, desde nuestro punto de vista, debería tener el mayor grado de apoyo posible, porque conlleva trasladar al conjunto de la sociedad una visión desde el Parlamento que tiene como objetivo incrementar las prestaciones sociales de nuestros parados, garantizarles el menor coste posible cuando pasen al desempleo y poner instrumentos para que consigan un empleo con el mayor coste de tiempo y personal posible. Esa es una obligación de este Parlamento y estoy convencido de que ustedes me apoyarán.


El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, debe ir acabando.


El señor MEMBRADO GINER: Termino, señor presidente.


De ahí que les pida nuevamente a todos los grupos el apoyo a la moción.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño para comentar varias cosas. En primer lugar, han sido muy elocuentes las exposiciones que me han precedido. El señor Campuzano

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ha planteado en términos lúcidos y correctos la cuestión, y la transacción presentada por el señor Membrado complementando algunas cuestiones nos parece parcialmente pertinente.


El señor Campuzano ha adivinado cuáles son algunas de las reservas mentales que en relación con esta moción tenemos. Se ha referido el señor Campuzano -ahí se equivoca- a que la Comunidad Autónoma vasca es la única que no posee la transferencia en materia de políticas activas de empleo.
No somos los únicos. Las ciudades de Ceuta y Melilla nos acompañan en esta digna situación. Nunca se han transferido las políticas de empleo a la Comunidad Autónoma vasca por efervescentes y evanescentes razones que no hemos sabido todavía discernir, pero el caso es que nosotros no podemos realizar el ejercicio que se preconiza en el seno de la moción, señor Campuzano, por no poseer la competencia. En todo caso, intentaremos inspirar a los que vayan a desarrollar estas políticas para que sean más proactivas en una situación de ciclo declinante económico y tengan la dimensión de lo que se denomina medidas anticíclicas, que puedan potenciar la creación de empleo y la actividad económica, la creación de la empleabilidad, en definitiva.


Las previsiones del señor Campuzano me parecen generosas. No sé si vamos a poder hablar al fin del siguiente ejercicio presupuestario de un 11 por ciento del desempleo. Ya hay augures que están hablando del 12 y hasta del 13 por ciento del desempleo. Esto nos plantea, señor Campuzano, otra cuestión que sorprendentemente no ha sido glosada por ninguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que es la relativa a la carga financiera de los cotizantes, una cuestión importante que tenemos que valorar. La prevista por el INEM para el periodo entre 1996 y 2020 eran incrementos parciales del 10,5 entre 1996 y 2000, del 15,3 entre 2001 y 2005, y solo del 2,9 de 2006 a 2020. Este incremento del 2,9 de 2006 a 2020 se tiene que incrementar necesariamente. Por tanto, las pretensiones o previsiones en relación con la cotización por esta prestación, señor Membrado, las vamos a tener que evaluar al alza, vamos a tener que incrementarlas, y esto forma parte de lo que usted denomina genéricamente -mediante una concepción un tanto laxa de las políticas de empleo- las políticas activas de empleo que hay que implementar, y también, por tanto, el compromiso presupuestario que la Administración Central del Estado, para compensar este quebranto económico, tiene que realizar.


Paradójicamente, el señor Campuzano apenas ha hablado de formación profesional continua y ocupacional. En estos momentos -esto ha sido indicado por informes de prestigiosas instituciones, como el último de la Fundación del BBVA-, la formación profesional reglada y la formación profesional continua no se corresponden en las estructuras o currículos formativos a los exactos requerimientos de un mercado de trabajo cada vez más sofisticado y que tiene requerimientos tecnológicos que no se proveen en las escuelas de formación y en los instrumentos o en las estructuras de formación profesional. Esta es otra asignatura pendiente, señor Membrado; tendríamos que realizar un buen plan -creo que el presidente Zapatero en el debate de investidura se comprometió a ello- de formación profesional de carácter integral, incluso integrando la formación profesional ocupacional y la formación profesional reglada. Aquí también tenemos otra reserva de naturaleza competencial, señor presidente, que es el problema de Hobetuz, la existencia de dos acuerdos interprofesionales que dan lugar a dos fundaciones, la Forcem, que es la que desarrolla las políticas de formación continua en el Estado español, y Hobetuz, que es la que desarrolla o debería desarrollar las actividades de formación continua en Euskadi, pero que no es objeto de financiación porque la Administración del Estado impide, ilegítima y fraudulentamente -mediante una interpretación fraudulenta de la legislación-, que las cuotas para formación continua destinadas a esta finalidad se ingresen en Hobetuz, en la fundación creada en el Gobierno vasco ad hoc; a pesar de que se ha ganado un recurso ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, se impide que se destinen a financiar las actividades de formación continua en Euskadi, diseñadas por Hobetuz. En definitiva, hay muchas cuestiones desarrolladas aquí y todas nos parecen pertinentes. La modernización de los servicios públicos de empleo es la gran asignatura pendiente en el Estado español, tanto en lo relativo a la conexión de la oferta y la demanda de empleo, como a las actividades proactivas a la creación de empleo. Hacen falta creadores de empleo; no solo funcionarios que conecten la oferta y demanda de empleo, sino creadores activos de empleo.


Por último -con esto acabo, señor presidente-, las alusiones a la economía social, a las cooperativas y sociedades anónimas laborales nos parecen particularmente pertinentes. Los datos de la Alianza Cooperativa Internacional acreditan que al día de hoy en el seno de la economía social, las cooperativas en su conjunto, en términos macroeconómicos, no han perdido un solo empleo. Luego es una fórmula que conviene preconizar y promocionar como estructura de organización empresarial, porque tiene una capacidad de resistencia a los embates de la crisis económica digna de encomio. Dicho todo esto, señor presidente, por esta tarde doy por concluidas mis intervenciones; muy amable por su paciencia. Vamos a votar a favor de la transacción realizada entre el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Socialista. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Pregunto al señor Campuzano si tiene la bondad de decirnos si acepta alguna de las enmiendas presentadas.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, acepto la enmienda conjunta que hemos hecho Convergència i Unió con el Grupo Parlamentario Socialista de sustitución del texto de nuestra moción, ninguna más.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias. En esos términos se pasará a votación.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS POLÍTICAS DE FAMILIA. (Número de expediente 173/000015.)

El señor PRESIDENTE: Último punto que examinamos en la sesión de esta tarde: Moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre políticas de familia. Para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, vaya por delante, como declaración de principios, que las medidas que propongo en esta moción son solo aspectos prácticos de una idea mucho más abstracta, de un concepto tan importante como para merecer no solo una sesión plenaria en exclusiva sino un debate a fondo, una reflexión que trascienda las paredes de este hemiciclo, un diálogo que implique a toda la sociedad, partidos, sindicatos, intelectuales y asociaciones civiles, medios de comunicación e incluso universidades. La familia, señorías, esa institución que algunos pretenden identificar con restos del pasado, en realidad es el futuro, el único futuro posible, porque sin ella todos los caminos llevan al horror totalitario o a la barbarie. La familia es el inicio de la comunidad porque el individuo no surge por generación espontánea; no somos esporas sino animales racionales y sociales, y desde el instante de nuestro nacimiento ya formamos parte de la sociedad porque cualquier comunidad política surge de una unión de familias. Este es un discurso que interesa y debe interesar a todos, sea cual sea su adscripción ideológica o política. Los que estén más cerca de un planteamiento liberal y temen una excesiva intervención del Estado sobre el individuo encontrarán que es la familia la barrera natural frente a los excesos del poder político, el único refugio capaz de resistir las intromisiones ilegítimas en las que pueda derivar un Estado. Por el contrario, quienes se identifiquen más con la postura clásica de la izquierda, ya sea socialista, comunista o incluso anarquista, encontrarán motivos similares para la defensa a ultranza de la familia, porque desde estas posiciones tradicionalmente se tema por la indefensión de la persona frente al mercado, al capital o a las multinacionales, como quieran ustedes llamarlo. Escribe Michel Houellebecq que las familias son el último islote del comunismo primitivo en el seno de la sociedad liberal, las últimas comunidades intermedias que separan y protegen al individuo del mercado. Yo lo creo así, y no me parece extraño que en nuestro mundo, de una forma mayoritariamente abrumadora, las gentes elijan vivir en familia, formar una familia. La familia es una ONG natural espontánea, y quienes maniobran contra ella, como decía Chesterton, no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Hoy vamos a debatir algunas medidas concretas para proteger a las familias españolas, para ayudarlas en la medida en la que el poder político puede hacerlo, aunque en realidad -ya lo dije durante mi interpelación del otro día- casi sería bastante con que se suprimiesen las realidades discriminatorias que hoy día sufre la familia, con que se terminase con el discurso ultraindividualista que solo puede interesar a quienes precisamente desean controlar al individuo, ya sea desde un Gobierno o desde una multinacional. Sobre estas medidas concretas, que ya digo que espero que sean el inicio de un debate de mayor profundidad, diremos lo siguiente.


No voy a entrar en si mi programa es mejor que el de los demás grupos, si nosotros hicimos o ustedes -nos referimos al Grupo Socialista- no han hecho. Lo que sí les digo es que no vamos en la dirección adecuada; que todos los indicadores nos dicen que debemos hacer política de familia; que las familias se enfrentan a problemas que día a día crecen; que en nuestra sociedad envejecida no nacen los niños que los españoles quisieran; que las adopciones son largas; que los jóvenes que quieren casarse no pueden; que la falta de una verdadera conciliación produce resultados no queridos, como incluso favorecer las rupturas, que se disparan; que cada vez hay más mayores solos; que está penalizada la maternidad y no hay apoyo suficiente a las mujeres embarazadas; que aumentan el fracaso escolar, las drogas, la delincuencia y de forma alarmante los abusos de menores. Frente a esta situación debemos efectuar una verdadera política de familia. No es colaborar al bienestar de los ciudadanos llegar poniendo parches, políticas paliativas que, además de no ser eficaces, son más costosas para la sociedad que las políticas positivas y las políticas preventivas. Sabemos que, frente a lo que pasa en España, en los países de nuestro entorno han comenzado hace tiempo a pensar en ello, y el parámetro del gasto es un elemento que así nos lo indica. Por eso he autoenmendado la moción presentada; he hecho ese esfuerzo. Sé que no es un procedimiento ortodoxo, pero sabía que con todas las medidas que yo planteaba en principio en esta moción quizá no todos los grupos podían llegar a apoyarla. He hecho ese esfuerzo porque quería que con pocas medidas y con medidas irrenunciables pudiéramos llegar a acuerdos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señora Méndez.


Les rogaría que tuvieran la bondad de rebajar el volumen de sus conversaciones particulares.


Puede seguir, señora Méndez.


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La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente.


... por la voluntad de mi grupo de poder llegar a acuerdos. Me he autoenmendado porque pienso que todos los grupos están en disposición de aprobar las medidas que se proponen, si no deberán explicar a la sociedad por qué no lo hacen. Solicitamos como premisa fundamental la elaboración de un plan integral y abrir para ello un gran debate nacional que escuche a todos los interlocutores sociales, que investigue las causas ideológicas, políticas y económicas que hoy representan amenazas para la familia, llegando incluso a la discriminación legal, como es la tarifa social eléctrica, últimamente anunciada, que nosotros queremos sustituir por una tarifa eléctrica familiar, o incluso la discriminación fiscal. No es el momento de decir lo que ustedes no han hecho -se lo digo al Grupo Parlamentario Socialista- sino lo que deben hacer. Es necesario este debate, y para poder llegar a un acuerdo hemos reducido nuestras propuestas. Nuestro grupo está dispuesto a llegar a todos los consensos posibles. Esto nos afecta a todos. Quiero agradecer a los grupos que han enmendado lo que fue mi primera moción el esfuerzo que han hecho. Quiero decirles -creo que se lo he explicado convenientemente- que yo quería que hubiera un acuerdo unánime de la Cámara o un apoyo de los grupos. Por eso pretendía que con una autoenmienda con menos medidas -que me parecen irrenunciables- pudiera llegarse a ello. Las medidas son muy simples: un plan integral, la subida del gasto familiar hasta equiparnos a la Unión Europea y, eso sí, tres medidas para hacer más llevadera esta crisis: la reducción del IVA de los productos infantiles -pañales, leche infantil-, el aumento de la deducción por la compra de la vivienda habitual de un 15 a un 25 por ciento para aliviar a las familias -les han subido de una manera espectacular las hipotecas- y sustituir la injusta tarifa social eléctrica por una tarifa familiar donde se tengan en cuenta las personas que consumen en un hogar y no solamente una tarifa que a los únicos que beneficia es a las personas que viven solas. Por último, hoy mismo, por ejemplo, nos enfrentamos a una realidad terrible, pues se promueve y publicita a través de Internet aberrantes conductas pedófilas, y no existe una respuesta lo suficientemente dura de las instituciones.


El señor PRESIDENTE: Señora Méndez, debe ir acabando.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Termino, señor presidente.


En este caso, la respuesta debía ser implacable. Nos parece urgente y necesario que se proteja a la infancia de los amplios contenidos y permisividad que existe en la red. No entendería que esta medida, como las anteriores, no fuera apoyada por todos los grupos, como tampoco se entiende que no se vaya a aprobar por ejemplo la toma en consideración del permiso de paternidad, que anteriormente ha propuesto mi grupo, con argumentos tan peregrinos como que es confusa o que no plantea nada nuevo. Ya termino, señor presidente, diciendo que soy consciente de que nada de esto es suficiente. Esta portavoz presentará más medidas, aunque solo sean parches, y apoyará todas las medidas que presenten los demás grupos en apoyo a la familia, porque este es el camino: acuerdos puntuales y concretos hasta que el Gobierno entienda que este tema necesita un gran debate nacional, una política integral de apoyo y defensa de la familia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez.


Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


La intención del Grupo Parlamentario Popular con la presentación de esta moción en su generalidad coincide con la preocupación que también existe dentro de nuestro grupo de que es necesario que cada institución vaya tomando en el ámbito que le ocupa una serie de medidas para proteger algo que es fundamental dentro de una sociedad como es la familia en sus diferentes variantes. Es cierto que la sociedad como la conocemos está cambiando, también en la familia, y evidentemente en el plano económico, social, educacional y fiscal hay que responder a esos retos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Es evidente la creciente diversidad en la composición de los núcleos familiares, siendo cada vez más numerosos los hogares unifamiliares y monoparentales, con el mayor riesgo de exclusión que acarrean estas realidades. Es evidente la reducción continuada en el número de hijos por pareja en las tasas de natalidad; un desajuste entre las expectativas respecto al propio proyecto familiar y su materialización, considerándose muchas veces que no se dan las condiciones materiales, convivenciales o de conciliación con la vida laboral para llevarlo adelante; la segregación familiar entre el núcleo con hijos menores y las personas mayores, con la consecuencia de la creciente realidad de unidades familiares formadas solo por personas mayores; la permanencia de los hijos en el hogar familiar, que continúa durante más años; la mayor fragilidad en la convivencia y en la estructura familiar; una eliminación de las discriminaciones por razón de género y, por tanto, la progresión hacia una plena igualdad de oportunidades con lo que conlleva de cambios de roles en la relación trabajo, sociedad y familia; y el potencial de creación de familias sintéticas convivenciales, especialmente entre el colectivo de mayores. A esto hay que responder con medidas en nuestra opinión evidentemente de muy diferente signo: medidas de conciliación laboral y familiar, excedencia, reducciones de jornada, medidas de servicios de apoyo a familias con hijos -evidentemente, hay que hablar de guarderías, de flexibilidad horaria-, medidas de ayudas económicas y fiscales, deducciones,

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pero también medidas de sensibilización o de acción positiva, de planes vivienda, de programas de desarrollo rural, en los que también se debe incidir para la protección a la familia. (Rumores.) Evidentemente, y voy acabando, señora presidenta en funciones,...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor, Esteban, tiene usted toda la razón. Es imposible escuchar al orador que está en el uso de la palabra.


El señor ESTEBAN BRAVO: Siendo la hora que es y como se avecina la votación, uno ya sabe que tiene que ir acortando el discurso. Me gustaría dejar claro algo, y es que hay que hacer estas medidas, cada una de las cuales se enmarca en un ámbito concreto competencial de las diferentes instituciones. Uno de los problemas con la presentación de medidas muy ambiciosas en esta Cámara que contemplan una retahíla, un sinnúmero de medidas concretas es que en ocasiones inciden en ámbitos competenciales que no corresponden a esta Cámara. Estamos de acuerdo en apoyar políticas interesantes para las familias, pero dentro de las competencias que tiene esta Cámara y de las que corresponde a otras instituciones -de hecho lo están haciendo en algunos ámbitos autonómicos y en cierta medida también en algunos ámbitos locales- realizar de acuerdo con sus competencias. En ese sentido nuestras enmiendas a la moción original han intentado retocar esos aspectos, aunque evidentemente es difícil quedar satisfecho únicamente con la presentación de esas enmiendas, pero pretendían buscar un punto de encuentro. La reducción del texto por los proponentes ha sido un esfuerzo loable por su parte, pero la diversidad de las medidas no encaja suficientemente con la coherencia que se le debía dar al texto y al apoyo mayoritario a una medida por esta Cámara. En cualquier caso, estamos abiertos a la colaboración en estos ámbitos. Creemos que se pueden hacer cosas. Nuestro grupo presentará alguna iniciativas y entendemos que otros grupos, entre ellos el proponente de hoy, también.
Estamos seguros de que, concretando más esas medidas y ajustando el ámbito de actuación que se quiere proponer, podemos llegar a acuerdos en un futuro.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Esteban.


Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto a esta moción, tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidenta.


Yo también, como la proponente del Grupo Popular, tengo una preocupación, porque me parece que en España hacen falta medidas activas de apoyo a la familia. Con la moción que presenta la representante del Grupo Popular me ocurrió que mi primera opción, cuando la leí, fue darme cuenta, como es obvio, de que estábamos hablando del programa del Partido Popular. Tras esa primera reacción la siguiente fue pensar: el Partido Popular tiene un programa y nosotros tenemos otro, ya lo discutiremos en otro ámbito.
Verdaderamente la necesidad de poner en marcha medidas de apoyo activo a la familia es algo que creo que en esta Cámara no puede negar nadie.
Hicimos el esfuerzo de plantear algunas enmiendas al texto original que, como la propia proponente ha reconocido, es la plasmación del programa con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones. Creíamos que el texto se podía concretar y ofrecimos tres enmiendas que voy a defender, aunque de facto hayan decaído por la propia autoenmienda de la proponente. En la primera de nuestras enmiendas presentamos una medida institucional. Se trataba de sustituir el texto en el que se habla de aumentar las cuantías de la prestación por hijo por un texto mucho más ambicioso, que es universalizar la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social -la universalización es algo a lo que yo creo que debemos de llegar-, aumentando la cuantía hasta alcanzar en cuatro años, con un horizonte temporal más concreto, el promedio de la Unión Europea.
Planteamos dos enmiendas, estas dos fiscales, buscando también una mayor concreción y eficacia. La primera insta a la Comisión Europea a que permita la aplicación del tipo del 4 por ciento del impuesto sobre el valor añadido, modificando la palabra productos básicos de la infancia por productos específicos, que es más exacto, porque lo básico es discutible y lo específico no, y añadiendo la tercera edad, que es una parte de la familia que también tiene un grado de desprotección, a la que debiéramos incluir. Por último, ofrecimos una tercera enmienda en la que proponemos la exención del impuesto sobre adquisición de vehículos a las familias numerosas en la matriculación de vehículos de cinco a nueve plazas. Todo esto es un esfuerzo por modificar, como ha dicho también el representante del Grupo Vasco, lo que era un programa electoral y desde la perspectiva de que este es un debate necesario y hacen falta medidas activas, porque España en protección a la familia no está precisamente en el corazón de Europa sino a la cola de Europa. España aporta 261 euros en esta materia por habitante mientras que la media de la Unión Europea son 470 euros, y en términos de producto interior bruto la aportación de España es el 5,6 por ciento mientras que la media europea es del 8,1 por ciento. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo en esta materia. Esta también es una asignatura pendiente. Lamento mucho que la forma en la que se ha producido este debate no nos haya permitido llegar a un consenso, llegar a una amplísima mayoría. La iniciativa del Grupo Popular es merecedora de ser tomada en consideración, porque este debate hay que tenerlo. Espero que próximamente, por su propia iniciativa o por la de otros grupos, podamos ponernos de acuerdo sobre un debate que está pendiente. Ustedes tienen razón a la hora de proponer la necesidad de medidas activas, pero por la manera en que se ha producido todo este debate y por

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cómo han llegado las cosas lamentablemente no puede contar con nuestro apoyo en este momento, aunque tampoco contará con nuestro voto en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Para empezar debo decir que no entendemos la autoenmienda que se ha hecho el Grupo Popular en su propia proposición no de ley. Quizás ha sido porque han visto que la propuesta inicial era demasiado extensa, poco concreta y con grandes dosis de invasión competencial, aparte de ser un tanto o muy conservadora al fijarse en un solo modelo familiar. Ustedes no han hecho una enmienda de síntesis; han hecho una nueva proposición no de ley, quizás porque eran conscientes de que no tendría mucho respaldo de esta Cámara. En referencia al nuevo texto, de entrada nos proponen una iniciativa que aunque sea de forma es un tanto incoherente, ya que en medio de una serie de medidas económicas introduce el debate de la protección de la infancia ante contenidos pedófilos, es decir mezclan churras con merinas, y sinceramente creemos que se trata de debates distintos. Una cosa es el debate de todo un paquete de medidas de carácter económico para mejorar la situación socioeconómica y la capacidad adquisitiva de las familias, máxime en un periodo como en el que estamos, de recesión económica, y otra son todas las medidas, porque, aun haciendo falta para proteger a nuestra infancia, no es este el sitio adecuado. Mezclan cosas, repito, que no tienen por qué mezclarse en este contexto. Ahora bien, en su propuesta inicial había un conjunto de medidas en las cuales también se mezclaban temas fiscales, educativos, judiciales, económicos y laborales, y tampoco tenían demasiado que ver las unas con las otras. Debo reconocer que si analizamos las medidas económicas que nos proponen con algunas de ellas podemos estar de acuerdo. Es más, esta es la razón por la cual nosotros no vamos a votar en contra, sino que nos vamos a abstener. Es cierto incluso que en algunos aspectos coincidimos, como en la aplicación de 4 por ciento del IVA a los productos básicos de la infancia, aunque nosotros vamos incluso más allá y planteamos aspectos relativos a los productos de higiene femenina o productos especiales para niños y niñas celíacos o diabéticos, etcétera. De manera que entendemos que lo que ustedes proponen en parte es de interés, por esto digo que nosotros no vamos a oponernos, vamos a abstenernos, repito, porque en algunos aspectos estamos de acuerdo y en otros no; por ejemplo, no vemos tan claro todo aquello que ustedes incorporan del porcentaje de deducción por inversión en vivienda respecto al IRPF.


Para sintetizar, vamos a abstenernos, primero porque en algunos aspectos estamos de acuerdo y en otros no, pero también por una cuestión que si no la dijera creo que no seríamos coherentes. La verdad es que queremos denunciar sus malas maneras parlamentarias haciendo no una autoenmienda, sino planteando a última hora una proposición no de ley que no tiene nada que ver -repito, no tiene nada que ver- con la inicial; creemos que son artimañas francamente deplorables.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias señor presidente. Desde el escaño.


Creo que hay que agradecer a la señora Méndez su iniciativa, porque permite situar el debate sobre la familia al inicio de esta legislatura; además en su intervención ha efectuado reflexiones de carácter muy de fondo. Quizás ella lo conoce, pero yo le recomiendo un libro, Familia y amor, un alegato a favor de la vida privada del filósofo francés Luc Ferry, que fue ministro de Juventud en el Gobierno de Villepin, muy sugerente por esa importancia de la familia en los tiempos en los que vivimos y desde una perspectiva progresista muy sugerente, insisto. Por lo tanto, agradecemos su reflexión y su propuesta. Todos coincidimos en la debilidad del conjunto de las políticas públicas vinculadas al ámbito de la familia, y especialmente de las políticas vinculadas a las necesidades de las familias jóvenes con niños pequeños o con adolescentes, cuestión pendiente desde hace muchos años en España. Ahora bien, una aproximación global a las políticas vinculadas a las familias necesitaría un enfoque que pusiese el acento en las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral -hemos avanzado en estos años pero aún nos queda un camino por recorrer-; que también pusiese el acento en las prestaciones económicas directas a las familias -muy especialmente todo aquello vinculado al sistema de la Seguridad Social-, en las que hoy las políticas de apoyo a las familias, especialmente a las familias con niños, con adolescentes, son tremendamente débiles, no llegando a la mayoría de las clases medias; en tercer lugar, el conjunto de servicios vinculados a esas necesidades de las familias -hay un compromiso anunciado por el presidente del Gobierno de desarrollo de toda la red de servicios de guarderías, vamos a ver si finalmente se concreta esa realidad-; en cuarto lugar, el propio desarrollo de la Ley de Familias Numerosas aprobada en tiempos del Gobierno del Partido Popular, pero que ha tenido un escasísimo desarrollo en estos últimos años; y finalmente el conjunto de medidas de carácter fiscal que se necesitan, algunas de ellas usted las plantea. La moción que nos ofrece, tanto en su texto original como en el que facilita como enmienda a su

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mismo texto, no abarca de una manera suficientemente completa ese tipo de enfoques que nuestro grupo entiende que sería necesario, y eso no permite que apoyemos su iniciativa esta tarde, pero coincidimos con usted en la trascendencia e importancia de desarrollar esas políticas que responden a una necesidad íntima de la mayoría de los ciudadanos de España.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Campuzano.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Subo a esta tribuna un poco desconcertada, porque no sabe una muy bien qué debate se tiene que producir aquí esta tarde, si sobre el texto que hemos estado manejando durante diez días o sobre la propia enmienda del grupo parlamentario que hemos conocido a las tres de la tarde. No puedo por menos que comenzar denunciando que este tipo de debate no respeta las mínimas reglas de la cortesía parlamentaria. El grupo proponente se hace a sí mismo una enmienda de sustitución total evitando que el resto de los grupos podamos enmendar o dialogar y, aún más, dejando fuera incluso las enmiendas ya realizadas por otros grupos parlamentarios. Sinceramente, señores del Grupo Popular, me parece una falta de respeto a ustedes mismos y al resto de la Cámara, y lo que es peor, al resto de las familias españolas, puesto que este es un debate muy interesante del que los socialistas nos ocupamos con intensidad. Por ello, voy a centrar mi intervención en la moción original, dada la sorpresa, y en la tesis que les ha llevado a construir la misma y que hoy nos ha vuelto a plantear aquí el Grupo Popular: la negación de la existencia de una política de familias y la afirmación por su parte de una política de familia, un modelo respetable pero no compartido por mi grupo; una política de familia anticuada, basada en esquemas ideológicos que no se corresponden con la realidad de la España del siglo XXI y con términos tan tremendos y citas tan terribles como la de Orwell. No es escondiéndose en la cueva de la familia ni poniéndola de barrera, como usted ha manifestado en esta tribuna, como se acaba con los totalitarismos y con las barbaries, sino con políticas, con instituciones, con la participación de la ciudadanía, con la participación de las propias familias -con ese- y no haciendo de la familia un reducto que no es propio de la Europa y de la España en la que vivimos.


Una política inteligente de familias pasa por una política social transversal y una importante inversión en los recursos competitivos de España. No puedo por menos que negarles la mayor. El Gobierno socialista ha hecho durante los cuatro años anteriores la política de familias más intensa que SS.SS. pueden recordar, sobre todo si recuerdan ustedes sus ocho años de gobierno, en los que descendimos de manera inmisericorde en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, o el bajo porcentaje que nos dejaron de participación en política social, muy por debajo del que dejó Felipe González cuando abandonó el Gobierno de España. Y como no es cierto, me pregunto qué comparan ustedes para decir que la situación de España es la que ustedes concluyen, porque se están refiriendo a los datos de Eurostat de 2005, que hablan todavía de un presupuesto ejecutado de 2004 de otro grupo que no es el que está gobernando. Esperen ustedes a ver la implantación de las políticas que se hicieron durante los cuatro años con el Gobierno socialista y con bastantes grupos de esta Cámara.
¿Acaso cuando se destina a los planes de vivienda ustedes 3.000 millones y nosotros más de 8.000 estamos nosotros perjudicando a las familias o las estaban perjudicando ustedes? ¿Cómo está mejor una familia, con una renta de emancipación para sus jóvenes de 210 euros o sin ella, como estaban con ustedes? ¿Cómo cree usted que es más fácil decidir a una pareja a adoptar o tener un hijo, sabiendo que tiene 2.500 o 3.000 euros o con cero pesetas en el bolsillo, que era lo que les daban ustedes? ¿Cómo creen que se las apaña mejor una familia española, con el recorte de becas o con el aumento del 80 por ciento en becas que hemos hecho nosotros y con un real decreto aprobado hace dos consejos de ministros que eleva el umbral de las rentas y que aumenta la cuantía de esas becas? ¿Cómo? ¿Con cero derechos de atención a la dependencia o con el derecho de atención a la dependencia que ya está dando cobertura a más de 400.000 personas, aprobado por el Gobierno socialista y por otros grupos de esta Cámara? Señores del Grupo Popular, ya conocen el refrán. Además de predicar y de alabar a la familia, hay que cundir, hay que predicar y hay que dar trigo, y esa es la actuación del Gobierno socialista, esa y aún más, con el reconocimiento de derechos y de la realidad de las nuevas familias españolas. Hemos seguido trabajando desde el principio de la legislatura, ¿o cree usted que estarían mejor las familias españolas sin esa inyección de liquidez de 6.000 millones de euros que va a suponer la devolución de 400 euros aprobada por este Gobierno y por esta Cámara? ¿O creen acaso que es un perjuicio para las familias que puedan aumentar los plazos de las hipotecas -que usted se queja que suben, que es cierto- sin coste alguno? Por tanto, seguiremos haciendo políticas como las subidas producidas en el umbral de rentas y en las prestaciones de la Seguridad Social por hijo. Lo hemos hecho, señor Campuzano. Ha entrado en vigor este año y llevaba nueve años sin modificarse. Seguiremos aumentando las pensiones mínimas y el salario mínimo interprofesional, desarrollando la Ley de Autonomía Personal, trabajando para todas las familias españolas y especialmente para las más vulnerables. Vamos a seguir trabajando en momentos de dificultad, señora Méndez, con más ahínco porque eso es lo que caracteriza una política socialista.


El señor PRESIDENTE: Señora Pérez Domínguez, debe ir acabando.


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La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Termino diciendo que respecto a su autoenmienda prefiero no entrar en ella. Espero que en próximas ocasiones, puesto que esto es un tema que nos interesa a todos, podamos seguir trabajando. Como habrá deducido de mis palabras, señora Méndez, sintiéndolo, no vamos a poder aprobar su iniciativa.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Domínguez.


Pregunto a la señora Méndez si acepta alguna de las enmiendas presentadas.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: El Reglamento me lo impide, señor presidente.
Al haberme autoenmendado es imposible que pueda aceptar las enmiendas al primer texto. Quiero especificar que efectivamente fue un esfuerzo para que los grupos pudieran votar esa autoenmienda. He visto que no ha tenido ese efecto. Lo siento, en cualquier caso, no puedo lo puedo aceptar.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, la única enmienda es la suya que debe constar así en el"Diario de Sesiones", a los efectos de que quienes no han seguido el debate puedan saber qué votamos en el momento en que la sometamos a votación. Es su moción con la enmienda que el propio grupo ha presentado.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Si el Reglamento me lo hubiera permitido, lo hubiera hecho.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias a usted.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA MEJORAR LAS PENSIONES DE VIUDEDAD. (Número de expediente 122/000005.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para mejorar las pensiones de viudedad.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 330.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD. (Número de expediente 122/000030.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la ampliación del permiso de maternidad y paternidad.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 149; en contra, 172; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE IMPULSO DE LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO. (Número de expediente 162/000084.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de la constitución del Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 189; en contra, tres; abstenciones, 138.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, CON EL FIN DE PONER EN MARCHA UN TERCER PLAN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 162/000050.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, con el fin de poner en marcha un III Plan de Empleo y Formación para las personas con discapacidad. Esta proposición no de ley se vota con la enmienda transaccional que ha sido repartida y conocen sus señorías.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 329.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. PERESTELO), SOBRE LA ESTRATEGIA QUE SE PLANTEA EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL PLÁTANO DE CANARIAS. (Número de expediente 173/000012.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la estrategia que se plantea el Gobierno en relación con la situación actual de la comercialización del plátano de Canarias. Esta moción se vota en los términos en los que ha sido presentada, más la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 152; en contra, 173; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO DE ACTUALIZAR EL MODELO DE FINANCIACIÓN LOCAL DE FORMA SIMULTÁNEA Y VINCULADA A LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 173/000013.)

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la voluntad del Gobierno de actualizar el modelo de financiación local de forma simultánea y vinculada a la reforma de la financiación autonómica. Por petición del señor Jorquera se pasa a votación en primer lugar el punto número 2 de la moción de referencia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 314; en contra, 14; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Por la misma solicitud del señor Jorquera se pasa a votar separadamente el punto número 5 de la misma moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 315; en contra, uno; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


A continuación, pasamos a votar los puntos 1, 3, 4 y 6 de la misma moción.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 317; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROPICIAR LA RÁPIDA RECOLOCACIÓN DE LAS PERSONAS QUE QUEDEN EN SITUACIÓN DE PARO A CAUSA DE LA BRUSCA DESACELERACIÓN ECONÓMICA QUE PADECEMOS. (Número de expediente 173/000014.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para propiciar la rápida recolocación de las personas que queden en situación de paro a causa de la brusca desaceleración económica que padecemos. Incorpora esta moción la enmienda del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 324; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS POLÍTICAS DE FAMILIA. (Número de expediente 173/000015.)

El señor PRESIDENTE: Por último, pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Popular, sobre las políticas de familia con la autoenmienda del propio Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 139; en contra, 179; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las dieciséis horas.


Eran las nueve y veinte minutos de la noche.

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