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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 14, de 10/06/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2008 IX Legislatura Núm. 14
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 14 elebrada el martes 10 de junio de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la gestión de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell por la Generalitat de Cataluña. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 22-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000004.)... (Página 4)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 52-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000029.)... (Página 12)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en la sociedad del conocimiento.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 23, de 30 de mayo de 2008. (Número de expediente 162/000069.)... (Página 20)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el fin de establecer un contrato de integración para aquellos inmigrantes que deseen establecerse en nuestro país. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 23, de 30 de mayo de 2008. (Número de expediente 162/000070.)...
(Página 26)

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la gestión de las infraestructuras del Estado en Cataluña. (Número de expediente 173/000010.)... (Página 32)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la subida de precios de los carburantes. (Número de expediente 173/000011.)... (Página 37)

Tramitación directa y en lectura única:

- Del Proyecto de Ley por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007. (Número de expediente 173/000001.)... (Página 44)... (Página )

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 44)

Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 44)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 45)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley... (Página 4)... (Página Página)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la gestión de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell por la Generalitat de Cataluña... (Página 4)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas y Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE)... (Página 12)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Gómez Trinidad, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martínez López, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de Ley... (Página 20)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en la sociedad del conocimiento... (Página 20)

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Defiende la proposición no de ley la señora Muñoz Santamaría, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Fernández Davila y Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el fin de establecer un contrato de integración para aquellos inmigrantes que deseen establecerse en nuestro país... (Página 26)

En defensa de la proposición no de ley interviene el señor Hernando Fraile, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Hernando Fraile.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 32)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la gestión de las infraestructuras del Estado en Cataluña... (Página 32)

En defensa de la moción interviene el señor Ridao i Martin, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Santa Ana Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Ridao i Martin.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la subida de precios de los carburantes... (Página 37)

En defensa de la moción interviene el señor Nadal Belda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Jorquera Caselas y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres y Ridao i Martin, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Nadal Belda.


Tramitación directa y en lectura única... (Página 44)

Del Proyecto de Ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007... (Página 44)

Página 4


La Presidencia somete a la Cámara el acuerdo de Mesa y Junta de Portavoces en relación con la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 44)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la gestión de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell por la Generalitat de Catalunya, se rechaza por 25 votos a favor y 311 en contra.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley Orgánica de Educación, se rechaza por 151 votos a favor y 185 en contra.


Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 44)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en la sociedad del conocimiento, se aprueba por 188 votos a favor y 148 abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el fin de establecer un contrato de integración para aquellos inmigrantes que deseen establecerse en nuestro país, se rechaza por 148 votos a favor y 188 en contra.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 45)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la gestión de las infraestructuras del Estado en Cataluña, con la enmienda del Grupo Socialista, se aprueba por 188 votos a favor y 148 en contra.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la subida de precios de los carburantes, se aprueba por 336 votos a favor.


Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA LA GESTIÓN DE LOS AEROPUERTOS DE GIRONA, REUS Y SABADELL POR LA GENERALITAT DE CATALUÑA. (Número de expediente 122/000004.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Primer punto del orden del día: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para la gestión de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell por la Generalidad de Cataluña.


Para defender la proposición, por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una proposición de ley para la gestión de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell por parte de la Generalitat de Catalunya. Como SS.SS. conocen perfectamente, no es la primera vez que mi grupo trae a esta Cámara una proposición de ley para cambiar el modelo de gestión aeroportuaria.
Quizás la novedad en esta ocasión es que, a efectos de poder tratar separadamente la problemática de los aeropuertos teóricamente menores, aunque no tanto, es decir, los de Girona, Reus y Sabadell, de la del aeropuerto de El Prat de Barcelona, hemos desdoblado la proposición de ley y, por tanto, hoy simplemente vamos a traer a colación la gestión de estos tres aeropuertos.


Como saben SS.SS., los aeropuertos constituyen hoy día no solamente pistas para el aterrizaje de los aviones o terminales de transporte, sino algo mucho más importante: un factor de dinamización, un factor de desarrollo económico y social de cualquier territorio. Por tanto, nuestra idea de la gestión aeroportuaria pasa por una visión integral del desarrollo de un determinado ámbito. En este sentido, parece lógico pensar -después veremos otros ejemplos parecidos en todo el mundo- que cuando se plantea un modelo de gestión no se está hablando simplemente de quién construye, mantiene, explota una determinada pista o una terminal, sino de quién construye un modelo apto para el desarrollo y para el futuro de un determinado territorio. Creo que una gran mayoría de las señoras y señores diputados estarán de acuerdo conmigo en que, por el principio de subsidiariedad, pero también por la legítima voluntad de autogobernarse, las sociedades, las ciudades y los territorios pretenden poder participar de forma cada vez más eficaz en el diseño de su futuro y, por tanto, en este concepto de ciudad aero

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portuaria que cada vez más es un aeropuerto y su entorno.


Desde este punto de vista, nuestro grupo desde hace ya unos cuantos años, con el concurso de otras fuerzas políticas catalanas, ha planteado la necesidad de cambiar el modelo de gestión aeroportuaria del que venimos disfrutando en el Estado español. Este es un modelo aeroportuario creado a principios de los años noventa. De hecho, el ente público AENA se crea como parte de la famosa Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, en este caso del año 1990, en los que se crea el llamado Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Este organismo, que en su momento seguramente tenía como razón de ser profesionalizar y racionalizar la gestión de la red de aeropuertos, parece que hoy día se está quedando solo como modelo de gestión aeroportuaria.


Quisiera decir de forma muy clara que hay estudios comparativos muy solventes amparados por destacados profesionales, como el catedrático don Germà Bel -por cierto, ex diputado de la mayoría socialista actual- o don Ramón Tremosa, profesor de teoría económica de la Universidad de Barcelona, de la gestión aeroportuaria de todos los aeropuertos del mundo y han llegado a una conclusión clara y meridiana: AENA es hoy ya un caso único de modelo de gestión centralizada en todo el mundo. Estoy hablando de gestión centralizada, no estoy hablando de otro binomio donde sí hay una gran variedad, gestión pública o gestión privada; ahí hay todas las modalidades: gestión solo privada, gestión pública, concesiones, propiedad de aeropuertos, fórmulas donde se encuentra la Administración local, la Administración regional o la Administración del Estado; todo tipo de combinaciones. Pero desde el punto de vista de redes de aeropuertos ya no queda en el mundo más que la red de AENA. Esto hace suponer que el devenir de los tiempos va por determinados derroteros y sería bueno atender a lo que está sucediendo en otros lugares.


Esta pretensión de Convergència i Unió es una pretensión que, además de haber conjugado diversos acuerdos en amplios sectores políticos, algunos de ellos incluso unánimes en el Parlamento de Cataluña, ha contado también, no en Cataluña, sino en todo el Estado español, con amplios apoyos. Por ejemplo, las cámaras de comercio españolas reclaman un cambio de modelo de gestión aeroportuaria. La Asamblea General de Cámaras de Comercio celebrada en Madrid reclamó la participación de los entes camerales en la gestión de las infraestructuras. Estas organizaciones argumentan que, por desgracia, en estos momentos no existe una conexión entre las infraestructuras de los aeropuertos y el entorno metropolitano que los rodea a escala social, económica y territorial. Esta es una opinión expresada también -no sé si es oportuno mentarlo hoy- por la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la señora Esperanza Aguirre, que en más de una ocasión ha reclamado para la Comunidad Autónoma de Madrid la capacidad de intervenir decisivamente en la gestión del aeropuerto de Barajas por la importancia que tiene para la economía de Madrid. Por tanto, existe un amplio bagaje argumental para defender el hecho de que cambiemos de modelo aeroportuario. Convergència i Unió, como les decía, lo ha planteado en diversas ocasiones. Lo planteó de forma notoria, como recordarán muchas señoras y señores diputados, a lo largo de la tramitación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. También recordarán las señoras y señores diputados que este fue el único tema que no concitó una mayoría suficiente ni en esta Cámara ni en el Senado para que pudiera ser llevado a cabo e incluido en el propio Estatuto de Autonomía, a pesar de haber sido pactado entre las fuerzas políticas catalanas que defendieron el Estatuto de Autonomía y el Grupo Parlamentario Socialista. A última hora todo parece indicar que por algún tipo de argumento muy decisivo que les llegó desde la propia AENA aquel acuerdo político no consiguió el visto bueno de una mayoría suficiente y naufragó en el Congreso y en el Senado. A mí me tocó en el Pleno del Senado hacer la defensa de la última moción de Convergència i Unió en relación con este cambio de modelo referido a los aeropuertos de Cataluña. Las cosas son como son, el Estatuto se aprobó como se aprobó, pero la sociedad catalana y las fuerzas políticas catalanas en su gran mayoría no hemos renunciado a plantear esta reivindicación. De hecho, esta reivindicación ha ido avanzando y ha generado una doble línea de actuación. Por una parte, una línea de actuación en relación con el aeropuerto de El Prat, el aeropuerto de la ciudad de Barcelona, que hoy curiosamente va a estar presente también en una proposición no de ley presentada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a la cual nuestro grupo va a dar apoyo porque cualquier avance es positivo, aunque sea menor que el que nosotros querríamos. Y, por otra parte, hay otra línea de actuación para los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell. ¿Qué es lo que pretende la proposición de ley que se somete a la consideración de sus señorías? Pretende utilizar un mecanismo sencillo, que es la desclasificación por ley como aeropuertos de interés general de tres de estos aeropuertos -los tres aeropuertos teóricamente menores, aunque uno de ellos, el aeropuerto de Girona, está ya entre los diez primeros aeropuertos por tráfico de pasajeros en lo que se refiere al Estado español-, con el fin de que estos tres aeropuertos, una vez desclasificados y, por tanto, no sujetos -según la Ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado, se asignaban a AENA todos los aeropuertos de interés general- a la tutela del Estado, fuera de aeropuertos AENA, pudieran ser traspasados a la Generalitat de Catalunya y, por tanto, sometidos a un nuevo modelo de gestión. A nosotros se nos antoja que esta es una vía que además podía dar satisfacción a una voluntad reiteradamente expresada, no en esta legislatura pero sí en la anterior. De hecho, hay pronunciamientos del propio presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, según los cuales se avanzaría en el nuevo modelo aero

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portuario, que incluso tenía fecha: antes del fin de 2007. Sin embargo, esto no ha llegado a buen puerto. Por tanto, a nuestro grupo, como pueden imaginar, le encantaría que esta proposición de ley fuera aprobada, pero en el caso de que no fuera así se trataría simplemente del anuncio por parte de Convergència i Unió de que este es un tema de los que consideramos fundamentales para cualquier acuerdo con nosotros.
Convergència i Unió no va a poder llegar a acuerdos de ningún tipo con ninguna fuerza política que no dé satisfacción a planteamientos como el que supone el traspaso de estos aeropuertos. Por consiguiente, repito, más allá de que esto sea aprobado hoy o no -aunque intentaré que ustedes lo aprueben-, Convergència i Unió ya advierte que esta es una cuestión que va a tener en su agenda y que si alguien va a requerir en el futuro la participación de nuestros escaños va a tener que dialogar con nosotros acerca de esta cuestión.


Los que no son diputados catalanes pueden pensar que este es un tema que les interesa relativamente poco, pero yo creo que esto interesa mucho, porque si este es un buen modelo para los aeropuertos catalanes también podría ser un muy buen modelo, por ejemplo, para los aeropuertos andaluces, canarios, baleares o de muchas otras comunidades autónomas.
Dar este primer paso en forma del traspaso a la Generalitat de Catalunya de estos tres aeropuertos sería un avance fenomenal, significaría que ya no tenemos una visión de los aeropuertos como unas pistas de vuelo, unas terminales y una autoridad -de hecho, antes era una autoridad militar que lo controlaba todo- sino que ahora queremos participar, junto con las administraciones, las instituciones y los ciudadanos, en la gestión aeroportuaria, que es tanto como decir en la gestión del crecimiento y del desarrollo de unos territorios. Nos gustaría ser pioneros en dar un paso adelante -que seguramente se va a acabar dando- que contribuiría al desarrollo de todas estas áreas urbanas alrededor de tantas ciudades de todo el Estado español. Por todo ello, nuestro grupo recaba el apoyo de los distintos grupos parlamentarios para la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Para fijar posición sobre esta proposición de ley tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Bloque Nacionalista Galego tiene entre sus objetivos para esta legislatura conseguir el traspaso de la titularidad a Galicia de los tres aeropuertos gallegos para, de esta forma, impulsar en Galicia un sistema aeroportuario integrado que procure la especialización y la complementariedad entre los distintos aeropuertos gallegos para atender a las diferentes necesidades y demandas de nuestra sociedad. Por ello, comprendemos y compartimos plenamente la proposición de ley presentada por Convergència i Unió. Los aeropuertos constituyen una infraestructura fundamental para el desarrollo económico y social de un país y, de ahí, como bien se apunta en la exposición de motivos de la proposición de ley, la importancia de una gestión más estrechamente vinculada al territorio que favorezca una mayor implicación de los distintos agentes y una mejor atención a las demandas y a las necesidades, lo cual, desde nuestro punto de vista, asegura de manera inequívoca una gestión mucho más eficiente.


Señorías, con excesiva frecuencia se afirma que el Estado español es uno de los Estados más descentralizados del mundo. El Bloque Nacionalista Galego, desde luego, no comparte esta afirmación, pero si a algo no es de aplicación esta afirmación es al modelo aeroportuario. Como muy bien ha afirmado el diputado Pere Macias, el modelo aeroportuario español es, en lo que respecta a su gestión, uno de los más centralizados del mundo, como también se caracterizan por su concepción extraordinariamente centralista las conexiones aéreas en el Estado español. Esto no es casualidad, porque un modelo de gestión normalmente conlleva un modelo de organización del territorio y, por tanto, el establecimiento en este caso de un sistema de jerarquías entre las distintas infraestructuras. Desde nuestro punto de vista -y permítanme que ilustre esta afirmación con un ejemplo-, no es de recibo que cada vez más usuarios gallegos, para desplazarse al exterior del Estado español, estén recurriendo a viajar a Porto, a utilizar el aeropuerto Sa Carneiro, porque representa una ventaja en términos de ahorro económico y de ahorro de tiempo con respecto a los viajes con partida en Galicia y con destino en el exterior, que en la gran mayoría de los casos siempre se efectúan vía Madrid. Esto, desde luego, tiene que ver con el modelo de gestión aeroportuaria. Que en la Comunidad de Madrid las actividades relacionadas con el aeropuerto de Barajas, tanto en lo que respecta al transporte como a la logística, representen ya alrededor del 18 por ciento del PIB es un síntoma de la importancia que estas infraestructuras tienen para el desarrollo económico y social de un territorio, pero no deja de ser un síntoma de un modelo hipertrofiado en la organización de las infraestructuras aeroportuarias, que nosotros consideramos que hay que superar, y para superarlo hay que avanzar claramente hacia un nuevo modelo de gestión, superando el actual modelo centralista y transfiriendo la gestión de los aeropuertos a entes autonómicos. Por este motivo, no me reitero en la explicación. Manifiesto nuestro total apoyo a la proposición de ley presentada por Convergència i Unió, que tendrá, como no podría ser de otra manera, el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jorquera.


Señor Perestelo, tiene la palabra.


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El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria, dentro del Grupo Mixto de esta Cámara. En primer lugar, quiero felicitar al Grupo de Convergència i Unió por su iniciativa. No es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar de este tema en sede parlamentaria con el antes senador y hoy diputado Pere Macias.


Si importantes son las comunicaciones para cualquier territorio, indudablemente para un territorio archipielágico, para un territorio insular, son vitales y fundamentales en el desarrollo de su sociedad y de su economía. Coincidimos con el diputado Macias, cuando dice en su exposición de motivos que el hecho de que una gestión eficiente de las infraestructuras aeroportuarias esté estrechamente vinculada al territorio es una condición necesaria para garantizar su competitividad futura. Efectivamente, esa reflexión que se hace en la exposición de motivos confiere su verdadera dimensión al tema que nos ocupa. Es una constante preocupación del Grupo de Convergència i Unió. Como bien decía su portavoz, existe una proposición de ley de Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya Verds en este mismo sentido.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque coincidimos con los objetivos que se plantean, en este caso tres aeropuertos, pero indudablemente habría que avanzar en la cogestión de otros aeropuertos de interés general, tal y como se ha planteado. Tendremos ocasión de debatir los diferentes apartados y artículos del proyecto de ley en su momento en la tramitación parlamentaria, si hoy -como esperamos y como decía también el proponente- se acepta la tramitación en este Parlamento de esta iniciativa legislativa, que, repito, Coalición Canaria aplaude y por tanto va a apoyar en este debate del día de hoy.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: También de forma breve, quiero trasladar al señor Macias que estamos de acuerdo por una razón, porque lo que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) forma parte del denominador común de las reivindicaciones, en este caso que vienen de Cataluña y del Parlament de Cataluña. Es más, sería propio de un Estado descentralizado -lo decía el señor Jorquera- que una institución como AENA funcionase también con elementos de descentralización, teniendo presente además que las infraestructuras aeroportuarias son fundamentales para el desarrollo económico de cualquier zona de España, de cualquier comunidad autónoma. Por eso entendemos que esta iniciativa es positiva precisamente porque puede abrir vías. No vamos a hacer ascos a una propuesta, aunque venga de otro grupo parlamentario distinto al nuestro, que entendemos que avanza en la buena dirección. Es más, siempre hemos dicho, por activa y por pasiva, que necesitábamos ya estos elementos de descentralización en los aeropuertos de interés general, en este caso en el aeropuerto de El Prat, garantizando una mayoría decisoria por parte de las diferentes administraciones catalanas, con un modelo de gestión público. Una proposición de ley como esta, más allá de que se tramite o no, sería un elemento políticamente relevante a la hora de hacer lo que es de sentido común, que a esta mayoría decisoria en el aeropuerto de El Prat tendría que acompañarla la desclasificación como aeropuertos de interés general del aeropuerto de Reus, de Girona y de Sabadell. Esto debería conllevar una estrategia coordinada y concertada con los diferentes aeropuertos. Hoy existen en las distintas regiones europeas diferentes aeropuertos que actúan de forma coordinada. Si visitan Londres, Paris o cualquier capital europea verán que no operan con un solo aeropuerto sino con distintos. Lo cierto es que hoy en Cataluña deberíamos poder desarrollar una estrategia aeroportuaria de forma concertada con los aeropuertos de Girona, de Reus y de Barcelona, entendiendo que todos ellos forman parte de una misma realidad.


Esto me lleva a la siguiente reflexión, y aquí sí entraré en contradicción, no con lo que ha dicho pero sí con lo que piensa el señor Macías, creo que también el señor Ridau, e incluso algunos compañeros del PSC. ¿Tiene algún sentido la ampliación de un aeropuerto cuando tenemos aeropuertos tan cercanos como el de Reus o el de Girona? Ninguno. Es más, en un contexto de subida de precios de los carburantes que va a durar unos cuantos años más, mientras hay quien especula con cuartas pistas en el aeropuerto de El Prat el sentido común dice que, antes que una cuarta pista, lo que tendríamos que hacer es coordinar bien aeropuertos como el de Girona, el de Reus o el de Barcelona, porque quizá la cuarta pista del aeropuerto de El Prat esté en las comarcas de Girona o en la comarcas del Camp de Tarragona. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hay que hacer en materia de infraestructuras es también de sentido común, y en un contexto de subida del precio del carburante, donde viajar a Roma no va a continuar siendo tan barato como coger un taxi de Girona o de Barcelona al aeropuerto, lo lógico sería desclasificar estos aeropuertos como de interés general -iniciativa positiva-, hacer una política concertada con el aeropuerto de El Prat con mayoría decisoria de las administraciones, en este caso catalanas, Generalitat y entes locales, y con marcos de coordinación con AENA o aquellos responsables que a nivel estatal se encarguen de la gestión aeroportuaria. El marco para que esto sea efectivo es el de la negociación bilateral, de Gobierno a Govern, y la Comisión bilateral que va a tener lugar en el mes de julio. Lo cierto es que este es un tema que continúa aparcado y es tan de sentido común que entendemos que, de prosperar la tramitación

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de esta proposición de ley, podría contribuir a que finalmente se desencallase. Es curioso ver cómo estamos discutiendo hoy una propuesta que en la mesa de negociación del Estatuto -los que allí estuvimos lo sabemos perfectamente- formaba parte de ese sentido común, acompañada de otra propuesta, la gestión con una mayoría decisoria por parte de las administraciones catalanas.


Confío en que no tengamos que esperar muchos años más a que lo que es de sentido común, lo que se hace en Europa, que es el liderazgo desde la proximidad, con estrategias concertadas, sea simplemente efectivo. Aunque le pese también al señor De la Encina, desearía que finalmente se acabe imponiendo el sentido común, que es que la administración cercana gestione los aeropuertos, que se pueden definir estrategias racionales, que en Cataluña tenemos ganas de hacerlo con el aeropuerto de El Prat, con el de Reus, el de Girona y el de Sabadell, para que lo que hagamos no sea apuntarnos a gestiones disparatadas, sino a gestiones concertadas desde la proximidad.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, todas las razones en las que basa Convergència i Unió la proposición de ley que hoy somete a debate y votación de esta Cámara sobre la gestión de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell por la Generalitat de Catalunya son razones conocidas, yo diría que hasta archiconocidas. Son conocidas y archiconocidas -por lo menos en el ámbito parlamentario- porque, entre otras cosas, han sido expuestas reiteradamente por muy diversos miembros con ocasión de una gama variada de iniciativas que han mantenido los diversos grupos parlamentarios. Han sido expuestas, han sido requeteexpuestas y van a seguir siéndolo, me temo mucho. Esta misma semana, hoy mismo seguramente en el curso de esta sesión, volverán a ser expuestas con ocasión de una moción consecuencia de interpelación urgente de la pasada semana que debatiremos sobre la gestión de las infraestructuras del Estado en Cataluña, presentada por Esquerra Republicana de Catalunya. A resultas, es inútil venir aquí con la intención de exponer nuevas ni más razones que las que han sido expuestas en todas estas iniciativas. Ahí están -insisto, por todos conocidas- razones de legalidad, razones de lógica y de coherencia política, razones de eficiencia y de gestión. Hablando, por ejemplo, de lógica y coherencia políticas, son razones que a mi entender obligarían al Gobierno -a nadie más que a él- a cerrar un dosier que, en cierto sentido, él mismo ha abierto en más de una ocasión en la pasada legislatura y que no cerró a pesar de promesas en tal sentido. El Gobierno se movió y se mueve en este tema -y hemos vuelto a tener ejemplos por boca del presidente en fechas recientes- sin saber si está aterrizando o despegando, diría yo. Al menos este grupo no acierta a adivinar si el avión sube o baja en este asunto. En esa indeterminación se mueve el Gobierno.


Por lo que a razones de legalidad se refiere, es evidente que existen razones muy diversas. Está el cumplimiento estatutario, que Convergència i Unió reclama con rigor. Hay razones legales, diría yo que hasta en negativo, si nos pusiéramos a analizar la historia pasada: la constatación, que es más bien deprimente, de cómo es posible tener un texto legal como el Real Decreto 2858/1981, de 27 de noviembre, sobre calificación de aeropuertos civiles y la aplicación que de ese decreto se hace y en concreto de su artículo 1, que es el que establece los criterios básicos para limitar técnica y administrativamente la discrecionalidad -dice el texto- con que se han de calificar los aeropuertos según se consideren o no de interés general. Pues bien, si uno analiza con algún detalle este viejo texto legal verá que aporta los típicos criterios embudo, donde entra lo que alguien desea que entre y donde lo que no se desea que entre no entra nunca, es decir, criterios abiertos a la arbitrariedad. Que Girona, que Reus, que Sabadell o, por citar un caso que afecta más a este diputado, el aeropuerto de San Sebastián sigan siendo veintisiete años después de este real decreto aeropuertos de interés general y que, por tanto, el artículo 1 de la proposición de ley de Convergència i Unió deba ser el que desclasifique como de interés general los aeropuertos que quiere que pasen a ser gestionados por la Generalitat, da una idea clara del escaso sentido, del escaso ajuste a la realidad y a la dinámica de nuestros días que está ya en el propio texto legal que he citado. Hablando de legalidad, también habría a estas alturas que hablar de la normativa europea, como habría que hablar también, de lo que ya ha hablado el diputado de Convergència i Unió, de homologación con prácticas europeas y hasta mundiales en este caso a la hora de la gestión. Por lo que hace referencia a la normativa europea, esta establece que para cada aeropuerto o sistema aeroportuario debe constituirse una unidad de gestión diferenciada, que es la que debe llevar a cabo la administración y gestión de las infraestructuras aeroportuarias y la coordinación y control de las actividades. Esta misma normativa europea es la que establece y prevé una separación entre la gestión y regulación aeroportuaria, atribuyendo una y otra a entes diferentes. Nada de esto ocurre entre nosotros. Razones de legalidad -entre comillas- europea obligarían también, pues, a caminar en otra dirección diferente de aquella en la que se ha venido caminando y que es la nueva dirección en la que intenta Convergència i Unió que caminen las cosas.


Por lo que hace referencia a prácticas europeas o a prácticas mundiales, como acaba de decir don Pere Macias, al uso, todo el mundo ha subrayado ya en numerosas ocasiones la excepcionalidad del caso español a través de AENA. Además de que todo el mundo ha citado

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en numerosas ocasiones casos como el de Alemania, donde los aeropuertos se gestionan por sociedades en cuyo capital participan relevantemente la ciudad y el land; el ejemplo de Francia, donde de acuerdo con la ley de 2004 la propiedad de los aeropuertos locales y regionales -es el objeto de la proposición de ley de Convergència i Unió- pasaron a ser gestionados por los entes locales, por cierto, una ley de 2005 estableció posteriormente que los grandes aeropuertos también se constituyen como unidades autónomas de gestión, si bien se dejaban fuera las funciones públicas tales como la navegación aérea y la seguridad. Por aquí van las prácticas europeas y mundiales, por donde no va AENA, por donde no va el sistema aeroportuario español. Ahí están también las razones, o cuando menos los convencimientos razonados, de que esté o no agotado el modelo de AENA, que es un tema sobre el que se podría debatir. Es más que posible en todo caso plantear un modelo alternativo de mayor eficacia, de mayor eficiencia para la gestión de los aeropuertos, partiendo entre otras cosas del acercamiento de la gestión de los aeropuertos a las entidades locales, públicas y privadas, donde están situados los mismos.
De esa descentralización, por hablar en términos generales, a la que mi grupo uniría también fórmulas de gestión empresarial público-privadas, todo puede resultar en beneficio de una mejor gestión de los aeropuertos tal y como propone Convergència i Unió respecto a los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell.


Hay razones sobradas -conocidas por todos, pero sobradísimas- para que mi grupo apoye la toma en consideración de la proposición de ley que hoy a traído a debate y votación Convergència i Unió.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, no es nuevo este debate, ya lo ha dicho el señor Macias al comienzo. Es cierto que esta proposición de ley tiene la misma exposición de motivos que la que se presentó en el Congreso de los Diputados en 2004 y también muy parecidas a las que el propio señor Macias presentó en el Senado en 2005 y 2007. El Grupo Parlamentario Popular, en 2003- que ya se debatió con anterioridad una proposición de la misma naturaleza-, en 2004, en 2005 y en 2007 ha presentado proposiciones de ley idénticas o parecidas en el mismo sentido, porque en el Partido Popular mantenemos nuestros principios y nuestra idea de la gestión y, como no puede ser de otra manera, de la gestión aeroportuaria.


Señor Macias, no hay que torturar el ordenamiento jurídico. Lo peor que puede hacer un político es utilizar medias palabras, argumentos partidos para, siempre cojeando, tratar de crear una ficción que aparentemente, como toda ficción, le dé una imagen de supuesta verdad, de caminar erguido, pero en realidad andando con un pie por la acera. La verdad es que la cojera es difícil de disimular, y no otra cosa es la proposición de ley que hoy nuevamente volvemos a debatir, porque los argumentos se quedan a medias y las afirmaciones sin justificar. Señoría, vamos a hacer un análisis del contenido de la proposición de ley que nos parece más serio. Como decíamos cuando estudiábamos los silogismos, nego prima, señor Macias. Primero, no es verdad que Cataluña cuente con una importante red aeroportuaria. No, el Estado tiene en Cataluña cuatro aeropuertos que se integran en una red de 47 aeropuertos y un helipuerto, que es la red aeroportuaria del Estado. Que la gestión de AENA dificulta la adopción de soluciones adecuadas a la demanda en el ámbito del transporte aéreo lo dicen ustedes pero no lo demuestran, y mucho menos que los aeropuertos no son lo eficientes que podrían ser, y ya en el colmo del paroxismo dicen que los aeropuertos llegan a constituir un freno para el desarrollo económico de Cataluña. Señoría, usted ha puesto el ejemplo de Girona, un aeropuerto que está el décimo en pasajeros y precisamente porque unas empresas no catalanas han apostado por este aeropuerto para dar un servicio a un territorio que creo que excede al de Cataluña. No creo que haya sido AENA la que haya perjudicado los tráficos de Girona.


Señor Macias, me gustaría que todo esto se dijera con bastante más justificación; que nos dijeran aquí qué es lo óptimo; que nos dijeran cuál es el perjuicio concreto y nos dijeran quién es el culpable de esos supuestos males. Y ustedes nos dicen que el marco legal permite modificar la rígida estructura de gestión de los aeropuertos. Señor Macias, el marco legal se puede cambiar en cualquier momento en que nos pongamos de acuerdo en esta Cámara. Cualquier marco legal se puede cambiar, pero lo que ustedes quieren no es cambiar el marco legal de la gestión; lo que ustedes quieren es cambiar la naturaleza de los aeropuertos, y, señoría, la naturaleza no se modifica por ley, se tiene o no se tiene. Si Reus, Girona y Sabadell no tienen naturaleza de interés general, no la tendrán, pero hay una definición clara de qué es un aeropuerto de interés general, y desde luego nosotros no podemos cambiar la naturaleza porque en el artículo 1 de su proposición de ley se diga que dejan de ser aeropuertos de interés general. Insisto, la naturaleza se tiene o no se tiene, pero no podemos cambiársela. Por otra parte, el argumento se cae estrepitosamente cuando dicen -y usted lo ha repetido esta tarde- que es el primer paso para la transferencia del aeropuerto de El Prat. Si la razón es que Cataluña tiene su red y los aeropuertos están en Cataluña, ¿por qué no se incluye El Prat? ¿Quizás ahora estos tres aeropuertos sí son susceptibles de ser considerados de no interés general y El Prat lo va a ser en el futuro? ¿Acaso este planteamiento pretende en algún momento que El Prat deje de ser también aero

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puerto de interés general? Señor Macias, su argumento se cae absolutamente si dice usted -como ha dicho esta tarde- que este es el primer paso para el aeropuerto de El Prat. Y si está claro que tenemos una red aeroportuaria o no la tenemos, está claro que El Prat tendrá que estar siempre dentro de Cataluña y dentro de esa red aeroportuaria. Por tanto, señor Macias, le digo, como le he dicho anteriormente, que todo cojo, muy cojo, porque los argumentos no se sostienen. Y fíjese que todo eso lo hacen para que la Generalitat intervenga en un modelo más flexible, descentralizado y dinámico. ¿Cuál es el modelo? ¿Dónde está el modelo? ¿En sus mentes, descentralizado quiere decir desestatalizado? ¿Pero quiere decir con centralidad en Barcelona después de desestatalizarlo? ¿Y esa centralidad en Barcelona quiere decir que no puede ser centralidad en Reus, en Sabadell o en Girona? ¿Qué es lo que están ustedes diciendo cuando hablan de un modelo que ni siquiera explican?

Lo maravilloso es cuando sentencian que también indudablemente esta transferencia dotaría de mayor eficiencia a todo el sistema aeroportuario español; en definitiva, los beneficios que el sistema aeroportuario tendría de esto. Me va a ahorrar el comentario, pero desde luego en ningún caso se puede admitir ese argumento. Y el punto más extraordinario que encontramos en la proposición de ley es cuando el artículo 4 culmina: Las competencias se ejercerán cuando se transfieran los medios personales, materiales y presupuestarios precisos. ¿Qué medios presupuestarios si AENA no dispone de dinero del presupuesto y tiene gestión económica diferenciada? ¿No dicen que es un modelo eficiente, flexible y dinámico? Lógicamente, no creo que si AENA no necesita traspaso presupuestario lo vayan a necesitar los aeropuertos administrados por la Generalitat, porque entonces la Generalitat estaría demostrando ser bastante peor gestor que la propia AENA, si ustedes necesitan esta transferencia. Es un puro despropósito, señor Macias.
Ustedes se quedaron con el aeropuerto de El Prat como el emblema de lo que el Estatuto no había conseguido. Creo que no hay que hacer aquí apuestas por que se consigan o no transferencias; estamos hablando de gestión, estamos hablando de la gestión aeroportuaria de un modelo que hasta ahora está funcionando. No estamos hablando de competencias. El Partido Popular en ningún caso está en contra de mejorar la gestión de nuestra red aeroportuaria, nuestro presidente lo ha dicho tanto en el programa electoral como en la campaña. Y precisamente fue en Barcelona donde por primera vez habló del modelo aeroportuario de nuestro programa en las pasadas elecciones: sí a la mejora de la eficiencia, sí a la gestión privada, sí a mantener la estructura de red de nuestros aeropuertos y sí a la intervención de los entes territoriales en la toma de decisiones estratégicas. Ello no es incompatible y, por supuesto, es mucho más eficiente, flexible y dinámico que sustituir una Administración autónoma por una territorial. Porque, no nos engañemos, ustedes proponen sustituir AENA, que es un organismo autónomo y autosuficiente, por la pesada estructura de la Generalitat. Es decir, sustituir la centralidad de AENA por el centralismo del Palacio de la plaza de Sant Jaume. Eso es lo que estamos pretendiendo. Por tanto, no se puede pretender improvisar en ningún caso y, desde luego, lo que también está claro es que el Gobierno, nuestro Gobierno de España, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero tiene alguna responsabilidad porque también ha estado improvisando. En esto tendrá usted razón. El señor Rodríguez Zapatero, siguiendo con su política de sacarina -la política de edulcorar lo que cada uno quiere oír pero sin sustancia, es decir, como la sacarina-, el 30 de mayo ha dicho en Barcelona que dentro de un año se incorporarán a la gestión de El Prat la Generalitat y los órganos locales. Ya se había hecho en 2006, usted lo ha recordado aquí hoy, pero no sabemos cuál es el modelo que tiene el Gobierno para nuestro sistema aeroportuario, y, evidentemente, sin saber siquiera qué piensa el Gobierno no se puede ir a ninguna parte. En eso, como le he dicho anteriormente, usted tiene razón: con políticas de sacarina no vamos a ningún sitio.


El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, tiene que ir acabando.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Estoy concluyendo, señor presidente. Muchísimas gracias.


El Partido Popular, de acuerdo con sus planteamientos y principios, que ha venido manteniendo siempre, gobierne o no gobierne -no así como otros partidos que en este momento gobiernan-, cree que el modelo que tenemos es eficiente y sostenible y está de acuerdo en mejorarlo, pero sin duda no queremos iniciar un camino que no se sabe adónde conduce y con un modelo inexistente basado en este momento en el oportunismo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández González.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Antes de entrar en el meollo de la propuesta que ha defendido Convergència i Unió respecto a la gestión de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell, me permitirán que realice una breve exposición, con vocación notarial, sobre la situación actual y las perspectivas de estas tres infraestructuras aeroportuarias.


Despeguemos en Girona. En el aeropuerto de Girona, la inversión ejecutada durante la legislatura anterior ha sido de 40,6 millones de euros, se multiplicó por 2,6 lo ejecutado durante la legislatura 2000-2004. Se han puesto en servicio la nueva central eléctrica, el edificio de aparcamientos y la obra del puesto de inspección fronteriza. Resultados: se ha triplicado el volumen de pasajeros, alcanzando 4,8 millones en 2007, y desde

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enero hasta abril de este año se ha registrado un incremento del 32,4 por ciento, casi 400.000 pasajeros más. ¿Y sobre el futuro? Pues bien, la inversión prevista para esta legislatura se duplicará respecto a la anterior, alcanzando 98,7 millones de euros. Con esta inversión se remodelará el edificio terminal, se pondrá en marcha una nueva torre de control, se construirá un nuevo edificio de aparcamientos y se ampliará la plataforma norte-sur. El objetivo de estas nuevas inversiones nos ha de permitir pasar de cinco a ocho millones de pasajeros, mejorando al mismo tiempo la seguridad de las operaciones de baja visibilidad en el aeropuerto de Girona.


Volemos a Reus. En el aeropuerto de Reus, la inversión ejecutada durante la legislatura anterior ha sido de 28,8 millones de euros, multiplicándose por casi cinco lo ejecutado durante la legislatura 2000-2004. Se han puesto en servicio la terminal de llegadas, la remodelación de la central eléctrica, el recrecido de la pista y las calles de rodadura. ¿Con qué resultado? Con el de un aumento del 54,2 por ciento de pasajeros a lo largo de la legislatura, 459.000 nuevos pasajeros, hasta alcanzar la cifra de 1,3 millones en 2007. Pero hablemos del futuro de Reus. En esta legislatura está prevista una inversión de 134,5 millones de euros, que multiplica por 4,5 veces la inversión respecto a la legislatura anterior. Esta inversión hará posible ampliar el edificio terminal y construir en 2012 una nueva área terminal, la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, así como la nueva torre de control. Gracias a estas actuaciones, el aeropuerto de Reus, señorías, duplicará su capacidad durante esta legislatura.


En fin, aterricemos en Sabadell. Respecto al aeropuerto de Sabadell, la inversión ejecutada durante la pasada legislatura fue de 15,6 millones de euros, incrementándose un 52,4 por ciento lo ejecutado en la legislatura 2000-2004. Se ha ampliado la central eléctrica y se han adecuado el campo de vuelos y la urbanización de la zona de hangares. Durante esta legislatura se prevé invertir 19,7 millones de euros, un 26 por ciento más que en la legislatura anterior, con el fin de intervenir en el área de seguridad del campo de vuelos, en el edificio terminal, en la torre de control y en la plataforma de estacionamiento de aeronaves. Con estas actuaciones, el aeropuerto de Sabadell podrá atender, con altos niveles de seguridad y calidad, la demanda prevista de aviación general y deportiva.


Señorías, tal vez estas cifras puedan parecer a algunos farragosas e incluso prescindibles en un debate que tiene lugar en el Pleno. Pero si la realidad debe impregnar todos nuestros debates, un debate sobre infraestructuras no puede hacerse de espaldas a unos hechos y a unas previsiones que no dejan lugar a dudas. Los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell gozan de una excelente salud y de unas magníficas perspectivas de futuro. El compromiso del Gobierno con los mismos se ha expresado, se expresa y se expresará con hechos, como tiene que expresarse, y cualquier propuesta de mejora de la gestión de estos tres aeropuertos ha de partir de esta realidad si quiere contar con un mínimo de credibilidad y aspirar a ser de alguna utilidad. En ese sentido, afirmar, como hace Convergència i Unió en la exposición de motivos de esta proposición de ley, que los aeropuertos catalanes incluso llegan a veces a constituir un freno para el desarrollo económico de Cataluña no resiste un contraste serio y sincero con la realidad en los tres casos, Girona, Reus y Sabadell, que hoy nos ocupan. A no ser, está claro -esto reconozco que se me escapa-, que dicha afirmación se refiera a los años en los que Convergència i Unió y el Partido Popular gobernaban Cataluña, España, aeropuertos incluidos.
(Aplausos.) Pero de la misma manera que supone una equivocación negar la realidad para fortalecer una determinada argumentación parlamentaria, también sería erróneo, señorías, pretender que la situación de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell ha alcanzado o alcanzará en esta legislatura la perfección, la pura perfección, o que no es mejorable nuestro modelo de gestión aeroportuaria en el conjunto de España. No es esta, y ustedes lo saben, la posición ni del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Socialista. La reflexión y el análisis sobre la modificación de nuestro modelo de gestión aeroportuaria es un trabajo iniciado por el Gobierno en la anterior legislatura y que tiene continuidad en la presente. El presidente del Gobierno ha concretado precisamente en el Pleno de esta Cámara la posición del Gobierno en esta materia. Nuestro objetivo es que los usuarios tengan el transporte aéreo con el mayor nivel de seguridad y calidad. Para ello queremos contar con la participación activa de las comunidades autónomas, de las entidades locales y de otras entidades de relevancia social en la gestión actual de la red de aeropuertos del ente público AENA.


Un nuevo modelo de gestión que tenga como misión mejorar la calidad y la seguridad de los ciudadanos y usuarios del transporte aéreo ha de contemplar necesariamente, en primer lugar, obviamente lo establecido en la Constitución; en segundo lugar, lo establecido en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, instrumento de planificación que algunos equivocadamente tienden a olvidar o a orillar y que es la verdadera hoja de ruta que guía la política de inversiones de este Gobierno -en ese sentido, conviene recordar que es el propio PEIT el que contempla la apertura de la gestión de los aeropuertos a la participación de las administraciones autonómicas y locales, así como de otras instituciones-; en tercer lugar, los marcos estatutarios vigentes, que en el caso de Catalunya se concreta en el artículo 140.1 de su actual Estatuto. Ha de contemplar, en definitiva, este nuevo modelo de gestión aeroportuaria la novedad que supone la incorporación de las comunidades autónomas o los municipios a la gestión aeroportuaria en el marco de un modelo público de gestión en red, es decir, un modelo de gestión -la gestión en red- alejado de dos modelos que ocupan extremos radicalmente opuestos, el de la centralización y el de la atomización. El nuevo modelo aeroportuario español ha de garantizar eficacia operativa del conjunto y de cada

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una de sus partes, así como su autosostenibilidad económica y financiera.
Conviene recordar también que el conjunto de inversiones aeroportuarias que se realizan en nuestro país - y por tanto también las que he señalado que se han realizado y se realizarán en Girona, Reus y Sabadell- se llevan a cabo sin la necesidad de utilizar fondos públicos originados por los contribuyentes. En definitiva, el nuevo modelo aeroportuario en el que viene trabajando el Gobierno ha de garantizar la mejora de la calidad y la seguridad de cada uno de nuestros aeropuertos y la mejora del conjunto del sistema, con el fin de asegurar que también en este terreno la cohesión y la vertebración territorial son compatibles con el aprovechamiento al máximo de las energías de cada uno de nuestros territorios, de las energías de cada una de nuestras ciudades. Una reforma de este calado precisa una reflexión y un análisis profundo del modelo de gestión de nuestros aeropuertos. En este contexto, difícilmente mi grupo, el Grupo Socialista, puede apoyar -de hecho, no lo haremos y votaremos en contra- la proposición de ley que hoy estamos discutiendo.


Estamos en una tarea que requiere una visión global del conjunto de nuestro sistema aeroportuario y cuya propuesta ha de nacer del ámbito gubernamental. La propuesta de Convergència i Unió carece de estas dos características: ni nos ofrece un enfoque global ni, evidentemente, tiene un carácter gubernamental. Intuyo que estos argumentos no convencerán a los diputados de Convergència i Unió o, mejor dicho, al diputado de Convergència i Unió señor Macias, porque si realmente es tan relevante -ahora tenemos una nueva diputada que nos acompaña- este tema para Convergència i Unió quizá tendría que haber estado más acompañado a lo largo de todo el debate, aunque ahora está muy bien acompañado. (Risas.) Intuyo que esos argumentos, insisto, no los convencerán, pero como fuerza política de Gobierno que gobernó Catalunya durante 23 años, como mínimo, creo yo, deberían ser sensibles al hecho de que este asunto forma parte del diálogo institucional entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat. Una relación, la de Gobierno a Gobierno, que defendían ustedes con especial celo cuando eran Gobierno, pero que ahora que ejercen dignísimas tareas de oposición en Cataluña parecen no valorar con el mismo énfasis. En fin, estamos en un momento de maduración del nuevo modelo aeroportuario español que debe llevarse a cabo también a través del diálogo entre las distintas instituciones y, en particular, evidentemente en lo que afecta a los aeropuertos de Cataluña, con la Generalitat de Catalunya. Lamentablemente, esta bienintencionada iniciativa de Convergència i Unió, más que ser útil en este proceso de maduración, tendría, de aprobarse, un efecto distorsionador y, por tanto, inútil y contraproducente, incluso para los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell. De alguna manera, el texto de la iniciativa pretende colocar el carro por delante de los bueyes, sin tener en cuenta ni el camino que carros y bueyes están recorriendo ni, lo más importante, el camino que quieren recorrer.


Acabo, señorías. El Gobierno tiene el compromiso firme, reiterado en sucesivas ocasiones en esta Cámara, de llegar a una propuesta acordada y satisfactoria en este tema. No hubo acuerdo cuando se negoció el Estatuto de Cataluña, se ha recordado en esta tribuna. Conviene recordar que no fuimos precisamente los socialistas los que impedimos este acuerdo. Pero esto es agua pasada y agua pasada, como ustedes saben, no mueve molino.
De lo que se trata ahora es de seguir madurando un nuevo modelo de gestión aeroportuario sin caer en la tentación de adentrarse en atajos que no nos llevarían a ninguna parte, a través del diálogo y la colaboración con el Gobierno de la Generalitat y con los gobiernos de las distintas comunidades autónomas, manteniendo a los bueyes por delante del carro, si me permiten la expresión tan poco aeronáutica.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


Las votaciones las efectuaremos al final de la sesión.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE). (Número de expediente 122/000029.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la Ley Orgánica de Educación. Para su defensa tiene la palabra el señor Gómez Trinidad.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, hace casi dos meses que se abrieron las puertas grandes y magníficas de esta casa para celebrar el comienzo de esta legislatura y, como suele ser habitual, se abrirán de modo simbólico el día de la Constitución para que el pueblo pueda visitar su casa.
Paradójicamente, esos días no estaremos todos nosotros aquí, sus representantes. Mientras tanto, son otras puertas más pequeñas, con control y recovecos, desconocidas para la mayoría del pueblo al que representamos, las que sirven de acceso.


Señor presidente, señoras y señores diputados, es la primera vez que subo a esta tribuna y, más allá del tema concreto que me trae esta tarde, quisiera suscitar, si se me permite, una reflexión sobre esta casa. No pueden ser las puertas grandes una alegoría del funcionamiento de esta Cámara. No podemos estar sordos al clamor del pueblo soberano al que representamos y no podemos hacer oídos sordos amparándonos en hábiles estrategias de partido o en intereses más o menos inconfesables. El clamor popular llama a las puertas de este edificio y nos pide insistentemente que alcancemos un pacto educativo.


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No hay semana que no recibamos una petición de organismos o instituciones, peticiones por parte del mundo empresarial, educativo o social, para que nos pongamos de acuerdo. El Partido Popular, al cual yo represento en este momento, quiere dar respuesta a ese clamor y se ofrece para alcanzar dicho pacto. Sin duda alguna esto requerirá esfuerzo, creatividad y generosidad. Tendremos que cultivar más aún el arte de poder no tener razón. Tendremos en materia educativa que aparcar los prejuicios e ir a los hechos. Tendremos que olvidar generosamente quién ha entorpecido en el pasado reciente o lejano ese pacto. Ni con la nostalgia del pasado ni con el recuerdo permanente de los errores se pueden construir el presente y el futuro. Sé que no será fácil, pero en esta casa y en este hemiciclo se han conseguido pactos más difíciles.


Hace unas semanas, el Partido Popular se estrenaba en esta legislatura con una proposición sobre la igualdad de los españoles y el derecho a aprender el castellano en igualdad de condiciones en todas las comunidades. Hoy venimos a propiciar esa misma igualdad para todos los españoles en el aprendizaje del inglés desde los 3 años. La materia que hoy traigo aquí puede ser, si así lo consideramos, el inicio de un pacto, porque creo que es difícil no estar de acuerdo en la importancia que tiene el aprendizaje de un idioma extranjero, y más en concreto del inglés, por parte de nuestros alumnos. Sin duda alguna, señorías, ustedes son conscientes de la importancia que tiene el aprendizaje del inglés, y me van a permitir que lo recuerde brevemente. En primer lugar, es un compromiso adquirido por España en los foros internacionales, y especialmente en esa Europa que entre todos estamos construyendo. Es un objetivo de Estado y es un objetivo de la estrategia de Lisboa. Es necesario para la construcción de esa Europa en la que todos estamos comprometidos y es necesario para el futuro y el porvenir del Estado español. En segundo lugar, los españoles no serán ni competentes ni competitivos sin el conocimiento del inglés. Todos ustedes coincidirán conmigo en que el dominio de este idioma en este mundo globalizado supone un incremento de las oportunidades de los jóvenes. Me atrevo a decir que en el presente, y más en el futuro, el desconocimiento del inglés produce un analfabetismo funcional, que pone y pondrá a aquellos que no lo conozcan y no lo dominen en inferioridad de condiciones. El desconocimiento del inglés va a suponer una fractura educativa laboral y, a la larga, social. En tercer lugar, tengo que recordar que los diferentes partidos, o al menos los dos mayoritarios que están en esta Cámara, han manifestado a lo largo de la campaña electoral el compromiso de que en el plazo de diez años nuestros jóvenes puedan alcanzar un uso ordinario del inglés como lengua de conocimiento, de comunicación y de trabajo. Y es conveniente un acuerdo del Congreso para que, desde el inicio de esta legislatura, esa promesa electoral se cumpla. He de señalar al respecto mi extrañeza de que la ministra en su comparecencia no hiciera ninguna mención a nuevas medidas o programas que desarrollen y que logren alcanzar este objetivo. El punto de partida en el que nos encontramos es ciertamente preocupante. Y no es una opinión mía ni es una opinión del Partido Popular, es lamentablemente un dato objetivo que todos podemos constatar.


Señorías, no sé si ustedes saben cuántas horas de inglés recibe un alumno español a lo largo de la enseñanza obligatoria, obligatoria legalmente, desde los seis hasta los dieciséis años: 1.050 horas, que pueden ser hasta 1.150, si se comienza antes, como de hecho lo hacen en algunas autonomías. ¿Y cuál es el resultado de esas 1.050 horas? Lamentablemente ustedes mismos tienen conocimiento de la situación, pero con esas 1.050 horas los alumnos no se desenvuelven normalmente en una relación laboral o personal en inglés. Ustedes saben de sobra qué lugar ocupamos en la evaluación Pisa; evaluación en la que se analizan las materias de ciencias, matemáticas y lectura. No se evalúa el conocimiento de inglés.
Sabemos que el Instituto de Evaluación está haciendo pruebas piloto para medir el conocimiento de inglés de nuestros alumnos. A falta de otros indicadores podemos fijarnos en el eurobarómetro que nos dice que solo un 36 por ciento de los ciudadanos españoles pueden tener una conversación en otro idioma, además de en su lengua materna, frente al 50 por ciento de la Unión Europea, al 62 por ciento de Alemania o al 66 por ciento de Italia. En cuanto a los idiomas más usados, el inglés lo habla y escribe solo un 22 por ciento, y ni lo habla ni lo escribe un 65 por ciento. Así podíamos seguir aportando datos. Es curioso que los ciudadanos consideran que el lugar natural donde debe aprenderse este idioma es en el colegio o en el instituto. Nos encontramos con una realidad: la carencia del dominio de un idioma extranjero y la exigencia de que el lugar natural para aprenderlo sea el colegio o el instituto y múltiples recursos que en estos momentos se están poniendo en práctica. Me consta, y así lo reconozco, que el antiguo Ministerio de Educación y Ciencia -hoy de Educación, Política Social y Deporte- a lo largo de las últimas legislaturas ha ido desarrollando cada vez más programas, como también me parece sumamente positivo que las administraciones educativas hayan ido más allá y por iniciativa propia hayan desarrollado múltiples programas que están demostrando su eficacia. Son ya varias las comunidades que han implantado el inglés desde los 3 años, entre otras La Rioja, comunidad de la que procedo y en la que se viene impartiendo el inglés a los 3 años desde el año 2002.


No estaría de más que el Congreso realizase un estudio en profundidad del conocimiento del inglés por parte de los alumnos, así como de los distintos programas y recursos de todas las administraciones educativas, incluido naturalmente el ministerio, y se hagan propuestas constructivas.
Ahora bien, aun reconociendo que se están haciendo muchas cosas, falta coordinación y que se compartan objetivos, programas y recursos. Ante un objetivo tan importante y fundamental, como es el dominio del inglés por parte de nuestros jóvenes, que

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van a ser nuestros adultos el día de mañana y por tanto es un objetivo de Estado, no podemos dejar esta situación al arbitrio, al voluntarismo, a la discrecionalidad de las comunidades autónomas. Esto, señorías, es lo que a nuestro entender se está produciendo, tal como está redactado el artículo 14.5 de la LOE. Por ello, proponemos que se sustituya el carácter de recomendación que se deriva de "fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de educación infantil, especialmente en el último año" por "implantar con carácter general y en todos los cursos la enseñanza del inglés en la segunda etapa de educación infantil". Es decir, pasar de la recomendación a la prescripción. O, dicho en un lenguaje más claro, pasar de los 6 años en los que se comienza de forma obligatoria el estudio del inglés a los 3 años.


Yo creo que bastarían las razones antes aludidas para consensuar un acuerdo en este sentido, pero hay otras razones tan poderosas o más. Hay una de tipo pedagógico hoy día incuestionable y es que todos los expertos coinciden en que es en esa edad, a partir de los 3 años, cuando tienen en la mente tabula rasa, cuando los niños tienen la edad más idónea para aprender sin dificultad el idioma extranjero como si del materno se tratara. En segundo lugar -esto es muy importante y quiero destacarlo-, la modificación de este artículo va a producir una mayor igualdad social, puesto que ofrece igualdad de oportunidades, es decir, que todos los niños españoles de 3 años puedan tener las mismas oportunidades al comienzo de su educación, que es cuando más lo necesitan. De lo contrario, si lo dejamos con carácter opcional, queda al arbitrio de las administraciones educativas y con frecuencia, lamentablemente, dependerá del poder adquisitivo y de la sensibilidad de los padres para buscar recursos educativos fuera del horario escolar. La exigencia de los compromisos políticos, la exigencia social, la conveniencia pedagógica y la oferta de igualdad de oportunidades exigen un cambio legislativo como el propuesto. De sobra sabemos que no basta un cambio normativo legal para solucionar el déficit lingüístico existente, necesitamos asegurar que la preparación del profesorado sea la idónea. En este sentido, tendremos mucho que hablar para pactar primero y regular después, pero esa es una cuestión que otro día abordaremos.


Señorías, se lo dije hace unos momentos y se lo reitero, todo gran viaje comienza por un primer paso y será muy difícil explicar a la sociedad, que nos demanda diálogo y pacto sobre educación, que no lleguemos a un acuerdo ni siquiera en un tema en el que a priori existe un consenso.
Cada uno tendrá que explicar por qué no llegamos a un consenso para fortalecer un aspecto tan fundamental, y a la vez independiente de posturas partidistas, como es asegurar el conocimiento del inglés desde los 3 años. Como dice el título de la convocatoria de hoy, les pido a SS.SS. que tomen en consideración esta propuesta. Nuestra mano está tendida y ahora ustedes tienen la palabra.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Trinidad.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Subo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo, del Bloque Nacionalista Galego, en relación con esta modificación de la Ley Orgánica de Educación, que solo hace dos años que fue aprobada, que presenta el Grupo Popular en la tarde de hoy y que brillantemente ha sido defendida por su portavoz; digo brillantemente, porque efectivamente ha elaborado una defensa muy consistente y muy oportuna del idioma que acaba de hacer en este momento, del idioma inglés. No voy a entrar en la valoración de la defensa que se ha hecho de esta propuesta de modificación de la ley, dado que mi lengua materna es el galego y, por tanto, no voy a entrar en matices que creo que otros portavoces sí podrían hacer. Lo que sí parece desprenderse, señor portavoz del Grupo Popular, o puede entenderse atendiendo a la defensa que hizo de su propuesta, es que realmente a partir de ahora o hablamos inglés o no tenemos alternativa en el planeta.
Por tanto, es algo así como decir que no merece la pena hablar español.
Por eso digo que no soy yo quien tendría que entrar en esta cuestión, sino que tal como lo dijo y tal como defendió esta propuesta parecía más un embajador de la reina Victoria que otra cosa (Aplausos.) y se lo iba a decir en inglés, pero por timidez no lo voy a hacer. Porque, efectivamente, aquellos que tenemos una lengua materna distinta del español y hablamos nuestra lengua y al mismo tiempo el español, estamos abiertos también a hablar otras lenguas, entre ellas el inglés, que puede ser el caso de muchas personas, como yo misma.


Queríamos posicionarnos en concreto sobre la propuesta que ustedes nos hacen, que es la modificación de la ley orgánica, como dije anteriormente, aprobada en el año 2006. No entendemos cómo se puede hacer una propuesta de modificación, sobre todo en un aspecto que fue suficientemente debatido en aquel momento, y en el que había una cuestión que era fundamental para que este aspecto quedara como quedó en la ley, y son las competencias autonómicas. Efectivamente, cuando en la ley se dice que las administraciones públicas tendrán que fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera, está hablando de las administraciones públicas competentes en la elaboración de los currículos correspondientes, y estas, señor portavoz del Grupo Popular, son las comunidades autónomas. Por tanto, no compartimos la propuesta que hacen ustedes porque realmente es injerirse en una competencia que en este momento está transferida a las comunidades autónomas y, además, quedó claro en la ley aprobada el 3 de mayo del año 2006. Por otro lado, señor portavoz, ampliar, además como una necesidad, la implantación de la lengua a los 3 años como obligación, en un momento en

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el que aún no hay establecidas plazas en todas las escuelas públicas para todos los niños y niñas que tienen esa edad, es decir, de 3 a 6 años, nos parece que es adelantarse a la realidad social que hay en el Estado.


Usted decía -no soy yo sino el portavoz socialista quien tendrá que hablar de esto- que la ministra no habló de este tema en su comparecencia, pero a mí me parece importante. Habló la ministra y hablamos los portavoces de la necesidad de que se financie desde el Estado, de que se transfiera la financiación oportuna a las comunidades autónomas para que haya una plaza pública de 3 a 6 años en todas las comunidades autónomas. Y efectivamente ya estamos en la fase de 0 a 3 años. Por otro lado, señor portavoz del Grupo Popular, usted nos dice que el mal nivel de inglés que hay en este momento en el Estado español, sobre todo cuando hay que asumir determinadas profesiones, es debido a que no se empieza a aprender el inglés a los 3 años. ¡Por favor! Le recuerdo a usted que no hace mucho tiempo el Partido Popular montó una campaña impresionante en Galicia porque en las galescolas, en las escuelas infantiles de Galicia, se incorporó el aprendizaje del gallego. Decían que no se le puede imponer a un niño de 3 años hablar en galego, que es la lengua madre de un neno o una nena galega. Usted ahora nos viene a decir que hay que imponer el inglés y nosotros decimos que pueden empezar a iniciarse en el inglés, en el galego, en el euskera o en el catalán, porque compartimos con usted la idea, de la que participan muchos expertos, de que cuando en la primera infancia se aprende más de una lengua se tiene más capacidad para incorporar más aprendizajes lingüísticos. En eso podemos estar de acuerdo, pero no vamos a compartir con ustedes que el mal nivel de inglés que existe en el Estado español sea debido a que no se empieza el aprendizaje de este idioma a la temprana edad de los 3 ó de los 6 años.
Efectivamente hay muy pocas horas destinadas al aprendizaje de esta lengua, señor portavoz del Grupo Popular, pero supongo que lo que pretende el Partido Popular no será que sea una obligación de los ciudadanos tener que aprender el inglés en el Estado español. Reconocemos que para ser competitivos -no competentes- en estos momentos a la hora de buscar empleo, no solo en la Unión Europea sino en el propio Estado español, las nuevas tecnologías o un idioma extranjero, y concretamente el inglés, tienen su importancia, pero no con la desmesura que usted nos acaba de exponer ahí. Por tanto, no vamos a apoyar esta iniciativa que usted acaba de defender en la tarde de hoy, entre otras cosas porque la progresividad que marca la LOE en el aprendizaje de la lengua extranjera es la progresividad que se creó si no por unanimidad sí con el consenso, hace dos años, cuando se aprobó la ley. Esta es nuestra postura y así la expresamos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Para fijar la posición tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como quiera que es la primera iniciativa que llega a este Parlamento en esta nueva legislatura relacionada con la Ley Orgánica de Educación, quisiera poner encima de la mesa algunos antecedentes. Nuestro grupo parlamentario en este tema se sitúa entre Herodes y Pilatos, pues, la verdad sea dicha, nosotros estábamos muy orgullosos de haber trabajado conjuntamente con el Gobierno. De hecho, la Ley Orgánica de Educación la habíamos trabajado, debatido conjuntamente e incluso la habíamos aprobado. Por cierto, un paréntesis, hicimos un gran esfuerzo puesto que contemplamos cómo el Partido Socialista se plegaba a los intereses de la Conferencia Episcopal y finalmente la religión entraba en el horario escolar, lo que para nosotros supuso francamente un gran sacrificio en aras de buscar el consenso con el Grupo Socialista y poder aprobar la Ley Orgánica de Educación. Pero aquello fue la antesala, por cierto, de una deslealtad que creo que hay que sacar hoy a colación y que fue la aprobación de los reales decretos de primaria y secundaria, porque habíamos pactado con el Gobierno socialista que el despliegue de la ley seguiría el mismo tono de trabajo lleno de unanimidades que hubo durante el transcurso de la elaboración de la misma. Pero ustedes, aprovechando que en aquel momento no estábamos en el Gobierno de Cataluña y que la responsabilidad de Educación la llevaba entonces el señor Del Pozo, conseller del Partido Socialista de Cataluña, desplegaron los reales decretos -en su día dijimos que no lo haríamos así- y esto nos llevó, por cierto, a plantear -y digo el Gobierno de Cataluña, fíjense qué contradicciones- un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. De aquellos conflictos hoy tenemos en Cataluña un gran problema que incluso está llegando a la calle y está afectando también a la vida parlamentaria y gubernamental, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la tercera hora de lengua castellana. Pues bien, esto enmarca una situación a la que no deberíamos haber llegado, pero antes ya he dicho que estamos entre Herodes y Pilatos. No tendríamos que haber llegado a esta situación, pero ya ven ustedes que resulta que hoy el Partido Popular vuelve a la carga.


Durante toda la pasada legislatura estuvieron buscando el conflicto -no solo en la calle sino también con la ayuda de la misma Conferencia Episcopal-, intentando en todo momento llegar incluso a la insumisión -concepto que para nosotros, francamente, era paradójico viniendo de donde venía- respecto a la asignatura de educación para la ciudadanía. Y ahora vuelven a la carga. De hecho nosotros hubiéramos deseado recibir por parte del Partido Popular, a modo de primeras iniciativas, temas tan interesantes como de qué manera se incrementan las asignaciones presupuestarias a las comunidades autónomas para situar la inversión pública en educación al nivel europeo ante los nuevos retos con que nos encontramos, por ejemplo, la necesidad de acoger a la población escolar inmigrante que requiere

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grandes esfuerzos por parte de las administraciones competentes a fin de mantener el nivel de excelencia, sobre todo en la escuela pública, porque es evidente que es un factor de cohesión fundamental en nuestra sociedad.
Hubiéramos deseado que esta primera iniciativa del Partido Popular hubiera tenido algo que ver con esto o, por ejemplo, que hubiera tenido algo que ver con el agujero negro -sí, el agujero negro- de las becas. No tiene sentido que todavía hoy día tengamos problemas para culminar aquello que ya dejó sentado el Tribunal Constitucional respecto al traspaso de la gestión de las becas. En Cataluña en estos momentos tenemos el 15 por ciento del alumnado y, en cambio, los escolares catalanes solo reciben el 9 por ciento de las becas. Sé que hay buena voluntad por parte del Gobierno español y de la ministra para resolver de una vez por todas este problema, pero hoy por hoy también es cierto que la cuestión no está solventada. Pues bien, hubiéramos esperado del Partido Popular iniciativas de este tipo, a fin de ver que afrontaban esta legislatura con otro talante y, en cambio, hoy nos vienen con una iniciativa francamente estrafalaria, porque pretender que sea el Gobierno quien en el plazo de tres meses modifique los contenidos educativos para implantar con carácter general y en todos los cursos la enseñanza del inglés en la segunda etapa de la educación infantil no tiene ningún sentido. Además ustedes entran como en una cacharrería, como si fueran lo que son en ese sentido, sin ningún tipo de respeto competencial. Por ejemplo, hubieran podido elegir la redacción de la LOE que consensuamos con el Gobierno en el artículo 48, referido a las enseñanzas elementales de música y danza. Hicimos una redacción con un aire descentralizador que decía: Las enseñanzas elementales de música y de danza tendrán las características y la organización que las administraciones educativas determinen. ¡Ah! ¡No! Ustedes con esto no están de acuerdo. Esto tenía un aire demasiado autonómico. Pues no, no van a tener nuestro apoyo. Es más, ustedes, como sienten en el cogote -perdonen la expresión- el aliento de la señora Díez, han puesto piñón fijo y buscan todas las grietas posibles a fin y efecto de volver al talante de la pasada legislatura: una vocación absolutamente recentralizadora. Nos quedamos con la redacción que pactamos con el Gobierno y con el Grupo Socialista en la pasada legislatura, es decir, hablamos de fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera.


En Cataluña, por cierto, hace tiempo que se está llevando a cabo la introducción anticipada de la lengua inglesa en el parvulario, exactamente desde el año 2004, desde que existe el Gobierno catalanista y de izquierdas, incluso debo decir, aunque pueda parecer petulante, cuando Esquerra Republicana tuvo la responsabilidad de la Conselleria d' Educació. Se han desplegado planes experimentales, y en estos momentos puedo afirmar que más de 150 escuelas, centros de educación de primaria, ya se han incorporado a un plan experimental de lenguas extranjeras. Esta es la realidad. Tampoco hay que esconder que existe un debate en el mundo académico, en el mundo de la pedagogía sobre si la medida es más o menos eficaz. El debate existe. Aquí se da por hecho que no existe, pero el debate existe. Lo que diferencia al Estado español de otros Estados democráticos de la Unión Europea es precisamente la ausencia de la lengua inglesa en la sociedad. Hoy todavía Televisión Española no emite en dual, solamente emite en Barcelona y en Madrid. No hablemos de las cadenas privadas, excepto una de ellas, y no hablemos -paréntesis- de la obsesiva manía de los distribuidores e incluso de los productores de proyectar el cine solamente en versión doblada, obviando históricamente la versión subtitulada e incluso la versión original. Es evidente que no todas las soluciones se hallan en el centro escolar, es cierto que hay que ir incorporando cosas. He hablado antes de la experiencia catalana, pero es verdad que aquí el gran agujero negro también es la proliferación, la normalización, la socialización de la lengua inglesa en el marco social, en el marco de la calle, en el marco de las relaciones laborales, etcétera. Así pues, es evidente que no vamos a apoyar esta iniciativa del Partido Popular, entendiendo que no se trata de modificar la Ley Orgánica de Educación, puesto que estamos hablando de cosas muy serias, y es evidente que hay que buscar otro tipo de consensos y empezar por aquellos aspectos más importantes, porque ustedes en ningún momento han hablado de recursos y, francamente, no tiene ningún sentido que hablen de cambios legislativos si antes no hablan de recursos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Esteban, tiene la palabra.


El señor ESTEBAN BRAVO: Sinceramente, la iniciativa del Partido Popular y la intervención subsiguiente me han dejado perplejo y preocupado.
Perplejo porque ahora resulta que el Partido Popular es el más ferviente defensor del bilingüismo, eso sí, en inglés, no en otros idiomas. Y me deja preocupado porque en esta Cámara se acaba de afirmar que nadie será competitivo solo con el español, que vamos a ser analfabetos funcionales.
Después de la lucha que estamos teniendo en las instituciones europeas para que el español esté en pie de igualdad con el inglés, con el francés; cuando pretenden quitarnos la traducción simultánea de las reuniones, dejándonos solo inglés o francés, nosotros protestamos por que el español es un idioma tan importante, hablado por muchos millones de personas. Con lo orgulloso que me sentía yo de pertenecer a una comunidad de hablantes de 380 millones de personas, y de que eso servía para andar por el mundo; un idioma potente, después del inglés el más hablado en el mundo, y ahora resulta que el español no es nada competitivo, y lo dice el Partido Popular, no lo dice el PNV. (Rumores.) Sí, literal. Cojan

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después el "Diario de Sesiones" porque lo ha apuntado literalmente.


Me dejan preocupado porque si uno sigue sus intervenciones durante las últimas legislaturas, resulta que ahora desean que un idioma perseguido, minorizado y poco menos que en peligro de extinción como el castellano vayan ustedes a emparejarlo, a acompañarlo, nada más y nada menos que en el sistema educativo con el inglés, con el celo del converso y con carácter general. Un idioma poderoso en educación infantil, en unas mentes que, en expresión del portavoz del Partido Popular, son tabula rasa, están en blanco, puede entrar en estas edades tan primordiales para el desarrollo de la identidad cultural, de la identidad nacional, y ustedes nos van a meter el inglés. No me extraña que algunos diputados en este hemiciclo digan que este acoso a la lengua española atenta contra la igualdad. Tanta defensa de la ñ, tanta defensa del castellano en peligro de desaparición, y ahora resulta que con iniciativas como esta ustedes lo que pretenden es que vaya a pasar como en Cataluña, que los niños solo hablan catañol, o en Galicia que solo hablan galleñol, en euskera euskañol, y además con faltas de ortografía. Y ustedes ahora lo que van a hacer es que con tanto...(Pronuncia palabras en spanglish.) Me dejan decepcionado. ¿Dónde queda el castellano, dónde queda la lengua común y la lengua tan poderosa? Ahora resulta que nos dicen, y lo dicen literalmente, porque es parte de la exposición de motivos de su propuesta, que los estudios de expertos coinciden sobre el hecho de que para desarrollar una habilidad lingüística los primeros años son muy importantes. Si eso es cierto, ¿por qué defienden encarnizadamente a quienes se oponen al bilingüismo, rechazando incluso que sus hijos dominen una lengua diferente al castellano, en el caso de Euskadi o en el caso de Cataluña o en el caso de Galicia? Por tanto, a tenor de su exposición de motivos es importante que desde los primeros años ya aparezca otra lengua. ¿Qué es lo que ocurre? ¿En esos casos, español a ultranza y derecho de los padres y, en cambio, el inglés sí y por ley de las Cortes? ¿Es que el inglés es más que nuestras lenguas? Díganlo así.
Digan que el inglés es más que el euskera, que es más que el catalán y que es más que el gallego. ¿Cómo pueden decir ustedes que con 1.250 horas no es suficiente para aprender inglés -y podríamos estar de acuerdo-, y en el modelo A, en Euskadi, que ahora está en cuestión, con 1.250 horas para aprender euskera es más que suficiente según ustedes? Resulta que igual es un idioma muchísimo más fácil que el inglés o quizás no tiene la importancia que ustedes le dan. Algo que es patrimonio teóricamente del Estado, algo que es patrimonio de España, reconocido por la Constitución, resulta que tiene mucha menos importancia que el idioma de la pérfida Albión.


Dicho eso, con su propuesta parecería además que el inglés no está presente en el segundo ciclo de educación infantil, entre 3 y 6 años, y eso no es cierto. En estos momentos no es que solo el artículo 14 de la ley lo permita, sino que el Real Decreto 1630/2006 -voy a leer una parte de él- habla de la introducción del interés por participar en interacciones orales en la lengua extranjera en rutinas y situaciones habituales de comunicación, comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones habituales del aula y cuando se hablan de temas conocidos y predecibles; actitud positiva hacia la lengua extranjera. Además, en muchas comunidades autónomas y, con más conocimiento se lo digo, en la Comunidad Autónoma vasca esa pretensión que ustedes tienen de la introducción de manera general del inglés se produce ya desde hace años y no hace falta cambiar la ley. Desde luego, las comunidades bilingües son las que menos miedo tenemos a que vayamos más allá, a que seamos trilingües y a que, como también ocurre en la Comunidad Autónoma vasca, a partir de los 11-12 años se introduzca también el idioma francés. Claro que sí, si saber idiomas es algo necesario para todos. Todos los idiomas tienen su importancia y más en su propia comunidad de hablantes. Le voy a decir otra cosa muy importante: este artículo 14 es un artículo básico, y a quienes compete regular este ámbito es a las administraciones educativas. Como he dicho anteriormente, muchas de ellas ya han dado los pasos de manera efectiva en la línea que ustedes parece que ahora comienzan a preconizar. Es básico y debe quedarse ahí, corresponde -porque la competencia está así- a las comunidades autónomas el desarrollo de esa línea general o de ese enunciado general que aparece en la ley, y cada una de ellas verá en su contexto sociológico qué es lo correspondiente.


Por último, también le quiero señalar que me ha tenido confundido al inicio de su discurso porque no sabía a dónde quería llegar -las puertas, no las puertas, entramos, estrechos, anchos- y era lo del consenso.
Sinceramente, sorprende bastante teniendo en cuenta la historia de la discusión de la LOE que algunos hemos vivido en vivo y en directo, y que se tomaba como una agresión directa al Partido Popular; había un rechazo total a todo lo que no fuera quedarse exactamente con lo que marcaba la LOCE. Y ahora se habla de consenso. Ahora lo que toca es dejar a la ley que repose y no abrir el melón de la ley en estos momentos, porque si entramos en este artículo podemos entrar también en otros; por supuesto que sí, nosotros también querríamos entrar en algunos otros artículos.
Pero creemos que lo que toca en estos momentos es desarrollar la ley y, sobre todo, que cada Administración desarrolle sus competencias. En cualquier caso, me voy muy preocupado con la poca utilidad que tiene el castellano y que nos ha mostrado, claramente, el Partido Popular.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


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La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, Convergència i Unió podría compartir con el grupo proponente la necesidad de abordar la generalización del aprendizaje de lenguas extranjeras, y especialmente del inglés. Es conocida la importancia que tiene saber hablar y entender diferentes idiomas al materno, sobre todo ahora con el crecimiento de la Unión Europea construida en torno a la libre circulación de sus ciudadanos, bienes y servicios, y que alberga a personas de muy diferentes orígenes lingüísticos. Hablar diferentes idiomas constituye, y constituirá cada vez más, una capacidad elemental que toda la ciudadanía europea va a necesitar, y el objetivo de la Comisión Europea es el de crear una sociedad realmente políglota en la que se dominen, como mínimo, dos idiomas distintos al materno. Es más, el nuevo espacio europeo de Educación Superior tiene como uno de sus objetivos la movilidad de profesores y alumnos, especialmente para cursar los cursos de posgrado, los másteres y muchos de dichos másteres van a realizarse en inglés. Ya hoy día muchos posgrados imparten los estudios exclusivamente en inglés y, como se puede fácilmente entender, no va a ser posible dominar el inglés para cursar un estudio posterior al grado si previamente en la educación no universitaria no se ha aprendido correctamente el idioma. Es cierto que en España el dominio del inglés es todavía insuficiente. Aunque según algunos datos el 70 por ciento de los españoles reconoce que el inglés es importante o muy importante, solo el 4 por ciento lo estudia y el 11 por ciento asegura hablarlo bien, el 65 por ciento de los españoles y españolas reconocen que no son capaces de hablar ni de leer ni de escribir en este idioma.


Señor portavoz del Grupo Popular, no estamos de acuerdo en que el lastre viene porque no se incorpora el inglés a los 3 años; el lastre nos viene de bastante más lejos. En la dictadura se cerraron las fronteras al inglés durante cuarenta años y la educación se centró en la defensa y en la extensión impuesta a todo el Estado del aprendizaje solo en castellano. Por ello, en la actualidad el dominio del inglés y de otras lenguas extranjeras sigue siendo uno de los factores que más marca la diferencia entre clases sociales; y por ello es muy importante introducir el objetivo de que al término de la enseñanza obligatoria se hable inglés de forma ordinaria para poderlo utilizar en la comunicación, en el trabajo o en los estudios universitarios. Otro efecto del cierre franquista de fronteras, y que ha abonado también el escaso dominio que se tiene en España de lenguas extranjeras, ha sido la mínima presencia del inglés en la vida cotidiana. La televisión y el cine no se han emitido ni se emiten en versión original, a diferencia, por ejemplo, de Finlandia y Holanda que ven el cine y la televisión en versión original subtitulada y tienen un gran nivel de inglés.


En España a principios de los años cuarenta se prohibieron las películas en versión original con el objetivo de defender el castellano, y hasta mediados de los sesenta no se permitió minoritariamente proyectar algunas películas de autor en versión original en las llamadas salas de arte y ensayo. Es cierto que ahora el sector del doblaje es muy potente, pero si queremos mejorar nuestro nivel colectivo de inglés hemos de seguir el camino abierto en la Ley del Cine de dar incentivos y apoyos especiales a la versión original, porque facilita la incorporación del idioma a la vida cotidiana y la identificación de sus sonidos desde edades tempranas.
Con todo, el llamado gurú del inglés David Graddol manifiesta, según se ha recogido en un reciente artículo del diario El País, que aunque históricamente España ha sido uno de los países más pobres en nivel de inglés se está observando un enorme cambio desde el año 2005. Dice que una de las facilidades viene dada por tener precisamente zonas bilingües como Cataluña, el País Vasco o Galicia. Dice también Graddol que es básica la formación en inglés de los profesores, algo que reivindicó Convergència i Unió en una enmienda a la LOE que si bien -creemos que fue una lástima- no pudo trasladarse en su tenor literal al artículo 100 de la LOE, que habla de la formación inicial del profesorado, sí se introdujo en su espíritu, es decir, la necesidad de que la formación inicial permitiera afrontar los retos del sistema educativo.


Nadie discute que el aprendizaje del inglés es un reto del sistema porque para Convergència i Unió es tan importante poder impartir clase de inglés como poder impartir alguna materia, matemáticas, física o cualquier otra, en inglés. Compartimos pues, como pueden ver, el objetivo de la iniciativa que hoy estamos viendo y pensamos como ustedes que el inglés es relevante para el futuro de nuestra ciudadanía. Pero ello no nos puede hacer perder de vista que la incorporación de este objetivo en el currículo debe hacerse de acuerdo con las competencias de cada una de las administraciones educativas, de acuerdo, en definitiva, con el sistema competencial que nos hemos dado. En la materia que nos ocupa el Estatut de Catalunya es muy claro. Se dispone en el artículo 131 que la Generalitat tiene entre otras materias educativas, la competencia exclusiva en la determinación de los contenidos educativos del primer ciclo de educación infantil. Es cierto que en cuanto al resto de ciclos -estamos hablando aquí del segundo ciclo- y en lo que respecta a los planes de estudio y la ordenación curricular, la Generalitat tiene una competencia compartida que quiere decir, según el propio artículo del Estatuto, que el Estado se reserva poder fijar el marco de las bases fijadas como principios o como mínimo común normativo en normas con rango de ley, correspondiendo en estos casos a la Generalitat la potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva.


El artículo que ustedes proponen modificar, el 14.5 de la Ley de Educación, tiene carácter básico -se ha señalado hoy aquí-, a tenor de lo dispuesto en la disposición final séptima de la propia ley, lo cual quiere decir que lo que allí dispongamos es de aplicación directa en todo el territorio estatal. Si sumamos la ini

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ciativa de hoy de imponer en el currículo el inglés a la clásica del Grupo Popular de aumentar las horas de castellano, la verdad es que esta iniciativa tiene bajo una apariencia de bondad objetiva, que ya les he señalado, una carga de profundidad que no se nos puede escapar. No creo que el portavoz del Grupo Popular diga en serio desde esta tribuna que hoy puede ser el primer paso para un pacto de Estado sobre educación, presentando una iniciativa que conculca todas las competencias autonómicas. Porque esta imposición en el currículo con carácter básico conculcaría de lleno la competencia compartida que tiene la Generalitat al respecto, puesto que como se dice en reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, la legislación del Estado en los aspectos básicos tiene que ser realmente básica, tiene que ser de mínimos, y no tiene que hacer ni irrelevante ni innecesaria la legislación de las comunidades autónomas. No puede haber temas comunes -que es un término que ustedes emplearon en la LOCE-, tienen que ser disposiciones realmente básicas porque cada comunidad ha de poder complementar, desarrollar y legislar de acuerdo con sus propias competencias. Ha de poder gestionar y adaptar a sus necesidades y a su propia realidad social algo que se les estaría impidiendo de prosperar su iniciativa, especialmente en una comunidad como Cataluña -se ha señalado también por parte de los representantes del País Vasco y de Galicia-, donde además de la lengua propia, el catalán, debe programarse el currículo para un perfecto conocimiento del castellano y además de las lenguas extranjeras. Estamos a favor, por tanto, como no puede ser de otra manera, del mejor conocimiento posible del inglés, pero desde el respeto competencial y cumpliendo la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la legislación básica, lo que nos lleva, como pueden suponer, a no apoyar la iniciativa que hoy ustedes nos traen a debate.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez López.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, en el actual panorama educativo y socioeconómico, con el marco europeo como entorno próximo y en un mundo condicionado por el fenómeno de la globalización, las competencias en comunicación lingüística en lo que se refiere a las lenguas extranjeras son sin duda de trascendental importancia para nuestros escolares. Junto a su valor formativo, cultural, de comunicación y de convivencia el acercamiento intensivo a los idiomas abre una vía importantísima para la futura movilidad de quienes ahora son estudiantes, y la movilidad, como sabemos, es una de las exigencias más elementales de la Unión Europea.


Señorías, el Grupo Socialista comparte con los demás grupos de la Cámara la importancia del aprendizaje de las lenguas extranjeras en nuestro sistema educativo, y el objetivo europeo de que el alumnado adquiera al final de la educación secundaria obligatoria la competencia lingüística que le permita el uso funcional de al menos una lengua extranjera. La acción desarrollada por el Gobierno en los últimos cuatro años ha dado pasos importantes para alcanzar dicho objetivo. La apuesta decidida por mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras en nuestro país, le ha llevado a tomar medidas relevantes tanto en la propia LOE y en su desarrollo como a través de programas específicos destinados al profesorado y destinados al alumnado, como programas de inmersión lingüística, estancias en el extranjero, intercambios de profesores, etcétera; medidas que sin duda habrá que profundizar y habrá que reforzar. Pero en nuestra opinión, señorías, la proposición de ley que hoy presenta el Partido Popular no es la más adecuada para avanzar en la dirección mencionada. Varias razones sustentan la posición de este grupo contraria a la misma.


Primera. Se ha dicho en esta Cámara que la LOE ya incorpora la lengua extranjera en la educación infantil, cuando establece en su artículo 14.5 que corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil, cuestión además que se desarrolla en el correspondiente Decreto de currículo. La ley, señorías, por tanto no impide que las comunidades autónomas, en uso de sus competencias, puedan incorporar estas enseñanzas desde los 3 años, pero sí es respetuosa con las mismas y les permite decidir el grado de implantación de esas enseñanzas en la educación infantil en función de sus realidades singulares. La existencia de dos lenguas oficiales en varias comunidades autónomas, como ya se ha dicho esta tarde, junto con la llegada de niños y niñas que proceden de otros países, presenta una variedad de situaciones en las que interaccionan la lengua familiar, la lengua de instrucción y también la lengua del entorno. Esta diversidad supone una gran riqueza lingüística y el mejor aval para conseguir una educación plurilingüe y pluricultural, pero también aconseja en la introducción de la lengua extranjera una respuesta adaptada a cada una ellas. Consecuente con ello, la forma de incorporación de la lengua extranjera que la ley prevé es respetuosa, reitero, con la diversidad de nuestro país y asigna a las comunidades autónomas -en función de sus realidades singulares- la decisión del grado de implantación de estas enseñanzas en la educación infantil. Además, señorías, esta modificación supone no tener en cuenta tampoco los principios pedagógicos que inspiran esta etapa educativa que tiene que estar imbuida, más que ninguna otra, por la flexibilidad, siendo incluso los propios centros educativos los que deben concretar el ritmo de aprendizaje según las características del alumnado que escolarizan. Es contradictoria y llamativa además esta rígida implan

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tación por ley del inglés desde los 3 años, cuando en otras áreas tan importantes como la lectura, la escritura, el español, las habilidades numéricas o, si me permiten, la música, el Grupo Parlamentario Popular mantiene la redacción de la ley orgánica de fomentar una primera aproximación sin fijar nada más. Entendemos pues que la modificación propuesta por el Grupo Popular se aleja de los modelos educativos que obtienen mayores éxitos, que están basados en el reconocimiento y atención de las singularidades y en la correspondiente autonomía para entenderlos.


Segunda. A esta consideración no son ajenos los países de nuestro entorno.
En Europa, frente a lo que habitualmente se suele comentar, es bastante frecuente introducir la lengua extranjera entre los 8 y los 11 años, que se corresponde con el final de la educación primaria y el comienzo de la educación secundaria. Solamente cinco países no siguen ese modelo: Luxemburgo, Noruega y Austria, que inician la enseñanza de la lengua extranjera a los 7 años; Italia que lo hace a los 7, y la comunidad francesa de Bélgica, a los 12 años. Y en países, señorías, con tan excelentes resultados escolares como Finlandia, las autoridades centrales únicamente establecen los objetivos que se han de alcanzar en un nivel determinado, siendo los centros quienes deciden en qué momento comenzar la enseñanza obligatoria del primer idioma extranjero. Es cierto, y lo tenemos que reconocer, que en algunos países europeos se están realizando experiencias de introducción temprana de la lengua extranjera en la educación infantil, pero las condiciones de realización son siempre de forma singular y nunca obligatorias, como en la propuesta que, desde los tres años, quiere hacer el Partido Popular. Y en relación, señorías, con los estudios de los expertos, porque también se ha aludido a ello para hacer esta propuesta, creo que lo que hoy podemos afirmar aquí es que realmente no hay consenso o acuerdo entre los expertos en este sentido.
Sí se dice que es beneficioso cuando de lo que se habla es de programas de inmersión lingüística a esas edades, pero no con la propuesta que se trae. Lo que sí que se plantean los expertos es que se deben explorar distintos lenguajes, como los comunicativos, los visuales, los musicales, etcétera. Por tanto, señorías, tampoco hay razones fundadas, ni en la experiencia educativa de los países de nuestro entorno ni en la reflexión de los expertos, para modificar el citado artículo.


Tercera. Entendemos que es conveniente contribuir a la mayor estabilidad de nuestro sistema educativo con objetivos obtenidos a medio y largo plazo. Dado que España es uno de los países europeos que ha decidido incluir en la educación infantil la lengua extranjera, que estamos en la fase de aplicación de la LOE -como ya se ha señalado- y que las comunidades autónomas están ahora elaborando el currículum de educación infantil, parece prudente darle tiempo a la ley para que pueda ser aplicada; a las comunidades autónomas para hacer los desarrollos que les competen y a los centros y al profesorado para poderlos aplicar, y después las evaluaciones oportunas. Mientras tanto, como está haciendo el Gobierno y como están haciendo muchas comunidades autónomas, mejoremos aquellos aspectos que está demostrado que influyen en un buen aprendizaje de las lenguas extranjeras: la formación inicial y permanente del profesorado, promover intercambios entre centros y profesores de distintos países, programas de inmersión lingüística o incorporar progresivamente profesorado nativo de lenguas extranjeras a los centros.
Sinceramente, señorías, creo que toda la comunidad educativa nos lo va a agradecer; lo va a agradecer el profesorado, los centros y las familias.
De acuerdo con todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez López.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
(Número de expediente 162/000069.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en la sociedad del conocimiento.


Para defender la proposición no de ley tiene la palabra la señora Muñoz Santamaría.


La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, presento esta proposición no de ley para promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en la sociedad del conocimiento, en nombre del Grupo Socialista, porque queremos apostar por los derechos de ciudadanía en la nueva sociedad en red.


Las políticas públicas en el ámbito de las TIC tienen un doble objetivo; el económico, ya que el impulso de las TIC contribuye a la competitividad y el impulso de la economía, pero también tienen un objetivo social puesto que debemos conseguir que todas las personas puedan participar del uso y de los beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación. Los gobiernos no pueden mantenerse al margen del desarrollo de estas tecnologías, porque de su desarrollo depende la calidad de vida y las oportunidades que tengan o que no tengan las personas.


La nueva sociedad del conocimiento es aquella en la que la información debe ser interpretada transformada en ese conocimiento, y este será un recurso clave para poder prosperar. En el momento de plantear políticas

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públicas de impulso de la sociedad del conocimiento debemos tener claro qué modelo de sociedad del conocimiento queremos, y debemos apostar por una sociedad del conocimiento que permita el acceso de todas las personas al mismo. Debemos hablar de derecho al acceso al conocimiento, como hace décadas desde la izquierda empezamos a hablar de derecho al acceso a la educación, y debemos transitar ya en este país de la etapa de políticas públicas del más a las políticas públicas del cómo para apostar por un modelo de crecimiento compartido de toda la ciudadanía.


Las mujeres somos más de la mitad de la población y sabemos que en ningún ámbito las políticas públicas son neutras. Por tanto, debemos incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas de la sociedad de la información y analizar la situación de hombres y mujeres de partida, las posibles medidas y cómo impactarán sobre unos y otras, así como aplicar medidas específicas que garanticen la igualdad. La presencia de las mujeres en la sociedad del conocimiento supone un doble reto; por un lado, garantizar el derecho de las mujeres a la sociedad del conocimiento, a la información y a la comunicación como un derecho -así lo recogía la Declaración de Beijing de 1995, que por primera vez tenía un apartado de derechos de comunicación, de mujeres y la comunicación, y que hablaba de Internet como oportunidad de redes de mujeres y del acceso de las mujeres a las decisiones en este ámbito-, y, por otro lado, potenciar la igualdad y el uso de las TIC como una palanca para acelerar la igualdad de oportunidades, en general, de las mujeres.


Cuando hablamos de la presencia de las mujeres en Internet y del uso de las tecnologías, lo hacemos en dos sentidos, y lo quiero recalcar. Uno -el más utilizado-, como usuarias, como políticas para garantizar el acceso de las mujeres a Internet o para disminuir la llamada brecha digital de género, pero quiero poner énfasis en que no solo queremos hablar de las mujeres como usuarias o como sujetos pasivos que consumen y acceden a la red, sino como sujetos activos y protagonistas de la misma.
Debemos promover a las mujeres como creadoras de contenidos, como protagonistas de iniciativas, de proyectos y de redes. En este sentido, es clave el objetivo que hablaba de impulsar a la vez que la sociedad de la información, la igualdad de las mujeres en general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el menor acceso de las mujeres a Internet está suponiendo un freno en el avance de la igualdad. Si cogemos un parámetro en nuestro país, vemos que la primera manera de encontrar empleo es a través de Internet, con lo cual las mujeres que no tienen acceso a Internet no tienen esta oportunidad o esta forma de poder encontrar empleo.


En resumen, hablamos de políticas públicas de igualdad en la sociedad de la información como un derecho no solo como usuarias sino como protagonistas y como constructoras de esta red. El Gobierno ha hecho una gran apuesta con el Plan Avanza y una de sus cuatro líneas es el Plan Avanza Ciudadanía, que además ha incluido un programa de género que ha empezado a mover por primera vez recursos específicos en este ámbito.
Entre el año 2006 y 2007 se han movilizado 12 millones de euros del Ministerio de Industria para promocionar y dar soporte a programas de la sociedad de la información y género. Esta ha sido una cuestión prioritaria, y precisamente el éxito de estas medidas, su acogida y los resultados que están dando nos hacen ver que debemos ir más allá, a un plan específico y completo en este sentido.


Se trata de aplicar la transversalidad y, por tanto, la doble estrategia en las políticas públicas de género. Por un lado, tener organismos al nivel máximo, como un Ministerio de Igualdad que haga políticas específicas, y, por otro, que el conjunto de los departamentos, en este caso industria y sociedad de la información, tengan programas específicos y transversales para impulsar la igualdad de género.


La brecha digital de género persiste. Si vemos el barómetro del CIS de febrero, comprobamos que se conectan a Internet el 57 por ciento de los hombres frente al 42,5 por ciento de las mujeres. Aún hay una diferencia de prácticamente el 15 por ciento en el acceso entre hombres y mujeres.
Es mucho y debemos disminuirlo. Y si analizamos los usos, vemos que hay diferencias, por ejemplo, en por qué no acceden las mujeres a Internet.
Muchas no tienen acceso fácil, no tienen tanto interés o consideran que son problemáticas las TIC. Por tanto, estas diferencias se han de tener en cuenta al plantear políticas públicas.


¿Por qué proponemos un plan de acción? Porque es necesario de acuerdo con los datos que le he dicho y porque creemos en la igualdad en todos los ámbitos, porque es un compromiso socialista que estaba en nuestro programa electoral y porque la propia Ley de Igualdad incluye que hay que tomar medidas transversales en el ámbito de la sociedad de la información. Debemos promover así la plena incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y los contenidos generados por mujeres. La ley también incluye un apartado d) que quería remarcar, y es que todos los contenidos del ámbito de las TIC sufragados parcial o totalmente con dinero público deben ser no sexistas. Por tanto, debemos incluir que todo aquello que mueve, por ejemplo, el Plan Avanza, sean contenidos no sexistas.


Las condiciones sociales y los estereotipos de género, en gran parte, son causa de la desigual participación de las mujeres en la red.


El señor PRESIDENTE: Señora Muñoz, debe ir acabando.


La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Voy acabando.


Internet es un espacio idóneo para la promoción de las mujeres. Por su concepción -es una red plana- supone una oportunidad para el conjunto de las mujeres para formarse, para informarse, para emprender... Por

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tanto, Internet es un espacio idóneo para superar algunas dificultades, como la falta de tiempo o el acceso a la información.


Respecto a las enmiendas de los grupos Mixto, CiU y Esquerra Republicana-Izquierda Unida, vamos a presentar una transacción intentando recoger un sentir general que pedía poner un plazo y respetar, como queremos, las competencias autonómicas, y esperemos que así la propuesta tenga un apoyo mayoritario.


El reto de las políticas públicas de la sociedad de la información y del conocimiento debe generar oportunidades en el conjunto de la población.
Las mujeres son la mitad de la población y deben poderse beneficiar de los resultados positivos de la red, pero no solo eso, deben poder participar, liderar contenidos y contribuir al modelo de sociedad del conocimiento que estamos construyendo. Por tanto, estamos hablando de un paso más allá en la ciudadanía de las mujeres.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz.


Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, desde Convergència i Unió compartimos el objetivo de la iniciativa que hoy el Grupo Socialista nos trae a debate porque, a nuestro modo de ver, uno de los objetivos de las políticas públicas en el ámbito de las nuevas tecnologías ha de ser favorecer una sociedad inclusiva, en la que toda la ciudadanía pueda tener una auténtica igualdad de oportunidades de acceso a la red, de manera que nadie por ninguna razón, ni de edad, ni de sexo ni de nivel económico o medio en el que vive, quede excluido de este acceso. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Si no se hace así, corremos el riesgo de que lo que puede ser la gran herramienta de la información y el conocimiento, en lugar de facilitar una sociedad de la integración, produzca un efecto multiplicador de la desigualdad de oportunidades entre los y las que tienen acceso a la red y los y las que no lo tienen; la llamada brecha digital. Es sabido que la brecha digital de género existe en todos los países miembros de la Unión Europea y que reducirla es precisamente uno de los objetivos fijados por la Agenda de Lisboa. Queda, pues, poco tiempo para tener buenos resultados, puesto que estos han de estar listos antes de finalizar la primera década del año 2000, y nos hemos de aplicar para que nuestros resultados sean lo mejor posible.


La verdad es que nos han desorientado un poco los datos que se dan en la exposición de motivos de la iniciativa a este respecto. Allí se dice que el 57 por ciento de los hombres y el 42,5 por ciento de las mujeres se conectan a Internet, según los datos del CIS de febrero de 2008. Si ello es así, nos parece preocupante, porque en diciembre de 2007, es decir, dos meses antes, el entonces director general para el desarrollo de la sociedad de la información, David Cierco, en la inauguración de las Jornadas sobre Igualdad de Género en la Sociedad de la Información, afirmaba que accedían a la red el 57,4 por ciento de los hombres y el 52 por ciento de las mujeres. Si en dos meses la brecha digital de género ha aumentado al triple, es decir, ha pasado de cinco a quince puntos de diferencia, la verdad es que hay algo que no se está haciendo bien.


Pensamos también desde Convergència i Unió que hay que ligar estrechamente el acceso de las mujeres al uso de las nuevas tecnologías con el ámbito laboral. Creemos que ello no solo redundará en un factor de protección para no quedar expulsadas del mercado de trabajo formal, sino que va a permitir a las mujeres poder superar el techo de cristal de acceso a los puestos laborales de alta responsabilidad, ya que la posibilidad de trabajo no presencial redundará en la potenciación de la responsabilidad según capacidades y resultados, y no solo por disponibilidad de presencia en el puesto de trabajo que, como sabemos, discrimina a las mujeres, que son las que todavía pechan casi en exclusiva con las dificultades de armonizar la vida profesional y la vida laboral. Por todo ello, compartimos los objetivos de la iniciativa que hoy estamos viendo, aunque desearíamos hacer unas consideraciones, algunas de las cuales hemos traducido en enmiendas.


La primera de ellas es que, compartiendo la necesidad de disminuir la brecha digital de género, no podemos olvidar la necesidad de plantear políticas para que disminuya la brecha digital en general y para incentivar el uso de Internet en todos los niveles -mayores, jóvenes, amas de casa, residentes en zonas rurales-, porque no podemos olvidar que el mayor uso de Internet se sigue dando en capitales de provincia y en comunidades con mayor renta y especialmente no podemos olvidar que muchas zonas del territorio siguen sin acceso a la banda ancha.


En segundo lugar, una objeción de carácter competencial. Las políticas deben realizarse desde las administraciones competentes, y en el caso que nos ocupa tanto el artículo 153 del Estatut de Catalunya, que establece la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de políticas de género, como el artículo 21 de la Ley de Igualdad, que establece la colaboración entre las administraciones públicas, nos marcan una obligatoria cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en las actuaciones de planificación como la que hoy se nos propone.


Desde la consideración política y desde el afecto personal que la señora Muñoz sabe que le tengo, quiero manifestar que nos parece un poco excesivo que precisamente a iniciativa del Grupo Socialista tengamos que instar al Gobierno a cumplir ni más ni menos que lo que manda la Ley de Igualdad, concretamente en el

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artículo 28.2. Es más, estamos instando a realizar un plan que ayer mismo la ministra de Igualdad anunció que se iba a hacer sin que nadie le instara a hacerlo, e incluso me han dicho que hace escasos días el ministro de Industria anunció también que desde su ministerio se iba a hacer este plan. Por eso creemos que, por lo menos, hay que poner una concreción, un plazo para hacerlo, además de la cláusula de respeto competencial, y a ello iban encaminadas dos de las enmiendas que habíamos presentado. La portavoz socialista nos dice que se han transaccionado con las que en el mismo sentido han presentado también otros grupos, de lo cual nos alegramos.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Pigem, por favor, vaya concluyendo.


La señora PIGEM I PALMÉS: Voy acabando.


Finalmente, como es la segunda vez en quince días que, a instancias del Grupo Socialista, se nos pide un mandato al Gobierno para el cumplimiento de la Ley de Igualdad -la anterior recuerdo que fue en el Senado a propósito de las agentes de igualdad- creemos que deberíamos ampliar el mandato que saldrá hoy de la Cámara para pedir que se nos envíe un informe de las actuaciones que se están realizando en desarrollo de la Ley de Igualdad.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Por favor, señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: A ello obedece la enmienda de adición que hemos presentado para evitar que cada 15 días tengamos que instar un mandato al Gobierno para cumplir, artículo a artículo, una ley que fue aprobada en esta Cámara.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Pigem.


Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Socialista trae hoy a esta Cámara una proposición no de ley con el objetivo de impulsar la igualdad efectiva de las mujeres en el ámbito de la innovación tecnológica y la sociedad de la información.
Hasta ahí, nada que objetar. Es muy difícil oponerse a una declaración de este tipo. Pero la cuestión es que estamos ante una declaración de intenciones, que es a lo que habitualmente nos tiene acostumbrados el Grupo Socialista. Pero el Grupo Socialista olvida una cuestión que nosotros consideramos importante, algo tan fundamental como definir el cómo, el cuándo, el porqué y el para qué. El porqué y el para qué es precisamente la justificación de la enmienda que mi grupo ha presentado a esta proposición no de ley.


Señorías, creo que todos somos conscientes de que la consecución del pleno empleo femenino es uno de los principales retos a que nos enfrentamos.
Tenemos una tasa de paro del 11,99 por ciento, cuatro puntos por encima del empleo de los hombres. La tasa de actividad es del 49,73 por ciento, cuando la estrategia de Lisboa marca el objetivo de alcanzar el 60 por ciento para el año 2010. La temporalidad afecta mayoritariamente a las mujeres, y teniendo en cuenta además que en el último año las listas del paro han engordado con 100.000 mujeres más, es evidente -supongo que SS.SS. lo podrán compartir conmigo- que cualquier iniciativa dirigida a lograr la plena igualdad de oportunidades tiene que estar necesariamente vinculada a la consecución del empleo y a la incorporación de la mujer al mercado laboral. Por eso en este Plan de acción para la igualdad efectiva de las mujeres deben contemplarse, a nuestro juicio, no solo medidas para la igualdad en el ámbito de la innovación tecnológica y la sociedad de la información sino para lograr la igualdad efectiva en el ámbito laboral, con la posibilidad de usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para facilitar a hombres y mujeres la conciliación de la vida familiar y laboral, precisamente uno de los retos a los que nos enfrentamos.


Señorías, este es el porqué de la enmienda que presentamos a esta proposición no de ley y este es el porqué de la enmienda que hoy defiendo. A nuestro juicio, es necesaria la inversión en capital humano, con el fin de que los sistemas de formación se adapten a las exigencias de un mundo cada vez más globalizado. Es preciso impulsar programas de formación en nuevas tecnologías -qué duda cabe- y que estos permitan además a las mujeres trabajadoras un mayor impulso en su desarrollo profesional, el uso de las nuevas tecnologías como instrumento, sin lugar a dudas, para que hombres y mujeres puedan conciliar su vida laboral y familiar, para abrir nuevas posibilidades de empleo, para impulsar la flexibilidad de horarios; en definitiva, señorías, para abrir nuevas vías hacia la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.


Estamos hablando de medidas concretas, estamos hablando de concreción, de efectividad. Es el momento de que esta Cámara se deje de buenas intenciones y ponga sobre la mesa la concreción que los ciudadanos precisan. Por cierto, debo compartir con la portavoz de Convergència i Unió una extrañeza, y es el hecho de que el Grupo Socialista traiga aquí una proposición no de ley para el cumplimiento de una ley que se supone de obligado cumplimiento por parte del Gobierno, y después de que dos ministros que han comparecido en esta Cámara, entre ellos el de Industria el pasado 4 de junio, hicieran referencia precisamente a la elaboración de este plan. Nos preocupa con toda sinceridad que el Grupo Socialista tenga que instar al Gobierno al cumplimiento de algo ya anunciado. Quizá es que el grupo no se fía de

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la palabra que dan sus propios ministros en esta Cámara. En cualquier caso, como antes he advertido, al Grupo Popular nos encontrarán en medidas concretas para lograr objetivos concretos. A nuestro juicio, este plan genérico no logrará nada de lo que nosotros nos proponemos en esta legislatura, y es que la plena igualdad de oportunidades pase por la plena igualdad del empleo entre hombres y mujeres.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Moneo.


Es ahora el turno de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto. Tengo entendido que comparten su tiempo. Tendrá entonces un tiempo de dos minutos y medio, en primer lugar, la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo, el BNG, en esta proposición no de ley que acaba de defender la señora Muñoz y que nosotros circunscribimos no solamente a las políticas de implementación de la igualdad de género, y por tanto de la eliminación del impacto negativo que tienen en nuestra sociedad diferentes aspectos, sino también a la intención de la señora Muñoz de traer a este hemiciclo el debate que significa avanzar en esa lucha tan importante que tenemos en nuestra sociedad fundamentalmente las mujeres. Digo esto último porque, evidentemente, es una proposición no de ley que se circunscribe en un aspecto muy concreto y determinado, donde efectivamente se da el impacto de género desde el punto de vista negativo y por tanto es interesante la propuesta, pero es un sector más de la sociedad. Echamos de menos planes relacionados con otras cuestiones mucho más amplias, como puede ser un plan orientado a eliminar esa discriminación y ese impacto de género que existe en los medios de comunicación, de manera fundamental en los audiovisuales. No quisimos incorporar una enmienda a esta proposición no de ley en esa dirección porque entendemos que la cuestión que acabo de introducir nos puede permitir un debate más amplio, aunque no sería la primera vez que hablamos de esta cuestión.


Sí presentamos una enmienda en el sentido de que el Gobierno elabore un plan, en colaboración con las comunidades autónomas, en la medida en que estas tienen competencias en estas materias, e incluso algunas de ellas -como el Gobierno galego- ya están actuando en dirección semejante a la que hace esta propuesta, y por otra parte está la temporalidad, porque entendemos que si el grupo que apoya al Gobierno nos presenta una proposición tiene que tener temporalidad -no es lo mismo la que podemos presentar otros grupos parlamentarios-, ya que el Gobierno tiene que tener vocación de llevar adelante la propuesta que hace una diputada del grupo político que lo apoya. Por tanto, entendíamos conveniente la temporalidad que recoge nuestra enmienda. Apoyamos esta iniciativa, como sigue siendo la práctica habitual del BNG de apoyar todas las iniciativas en defensa de los derechos e igualdad de las mujeres.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Fernández.


Tiene la palabra por el resto de tiempo que le queda al Grupo Mixto la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Muy brevemente diré que compartimos el objetivo de la proposición que ha planteado el Grupo Socialista, si bien quería hacer una brevísima consideración.


El Grupo Parlamentario Socialista, en el texto que nos ha presentado, confunde, a mi juicio, las causas con las consecuencias. Ha presentado una exposición de motivos que, a nuestro juicio, no es suficientemente rigurosa. Está más que probado que el mayor o menor acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, a Internet en concreto, depende fundamentalmente de la edad, de la formación y de su situación económica mucho más que del sexo o del género, que se dice ahora. Por eso digo que confunde las causas con las consecuencias. Es verdad que hay menos mujeres mayores que acceden y, por tanto, se nota el porcentaje mucho más, pero es que hay muchas más mujeres mayores que normalmente son de niveles de renta menores y además de formación también menor.


Me parece que para ser una iniciativa planteada por el partido del Gobierno sería exigible algo más de rigor. Por ejemplo, un énfasis mayor en algo que aparece en su exposición de motivos y que tiene que ver con la conciliación. Dice que Internet es un espacio idóneo para las mujeres precisamente porque estas tienen mayor falta de tiempo, por tanto, habría que establecer medidas para favorecer la conciliación real. De la misma manera que destaco ese párrafo en positivo, me gustaría, señora diputada portavoz del Grupo Socialista, destacar un párrafo que, a mi juicio -lo digo con todo respeto y con toda prudencia-, es más bien de novela rosa.
Me refiero al párrafo en el que expresan exactamente que Internet es un espacio ideal para que participen las mujeres -ideal para las mujeres-, debido a su diseño y concertación. El término ideal por el diseño, reiteradamente, en una iniciativa que tiene que ver con la igualdad de las mujeres y de los hombres, en este caso de las mujeres a la hora de acceder a las nuevas tecnologías, no me parece lo más apropiado. Por eso, insistiendo en que, como estamos de acuerdo con el objetivo, mi voto será un voto favorable, le pediría al partido del Gobierno que fuera más riguroso a la hora de plantear una iniciativa de estas características, porque -insisto- las dificultades para acceder a las nuevas tecnologías tienen mucho más que ver con la edad, con la formación y con la renta que con el sexo o con el género, que se dice en el lenguaje políticamente correcto.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, como el resto de grupos, no podemos estar en contra de una iniciativa de este tipo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Estamos absolutamente de acuerdo con que la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres afecta al mundo de las nuevas tecnologías, modifican nuestra manera de vivir, de pensar, de aprender, de trabajar, y pondré luego algunos ejemplos que justifiquen esta necesidad de impulsar al máximo políticas en esta línea de la igualdad. Se ha hablado también de riesgo. Es cierto. Puede haber un riesgo de desigualdad en el acceso a las nuevas tecnologías, que puede provocar que algunos colectivos queden marginados, y no solo las mujeres. El riesgo es la pérdida de cohesión social por el cambio tecnológico, lo cual sería un contrasentido; por eso hablamos de la brecha digital, que es más un aviso que un peligro serio si ponemos en marcha todas las medidas posibles, mucho más allá de las que propone esta iniciativa que hoy vamos a votar. La realidad de los veinte millones de internautas en el Estado español nos permite hablar de colectivos marginados. De todas formas, y sin entrar en el baile de cifras que ha enfrentado a tres portavoces -nosotros creemos que las cifras suelen estar en torno al 10 u 11 por ciento de distancia entre el colectivo de hombre y de mujeres; en cualquier caso, no es un problema de cifras-, la realidad es que las mujeres sufren en ese sentido una marginación, pero no menor que la que podrían sufrir colectivos como el de las personas mayores o las personas con menos recursos, no solamente económicos; hay zonas con poco acceso a infraestructuras fundamentales para el mundo de las nuevas tecnologías. En cualquier caso, estamos de acuerdo en que hay que mejorar el acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación. Por poner algún ejemplo -algunos se han dicho y otros no-, en Cataluña la experiencia de creación de chats del Institut Català de la Dona es excelente, aunque sea un instrumento insuficiente, en la lucha contra la violencia de género. Es evidente que el acceso de la mujer a las nuevas tecnologías facilitará su autonomía económica. La integración en el mundo laboral, el trabajar no presencialmente o, como dicen algunos, desde casa, la participación en ámbitos distintos de la vida política, aunque no solamente política, el aprendizaje -es fundamental el aprendizaje no presencial- de estudios universitarios, el acceso a estudios de bachillerato y a los estudios de secundaria no terminados en su momento, afecta mucho más al colectivo de mujeres que al de hombres. Por tanto, estamos de acuerdo en que el acceso a Internet facilita la igualdad. En Cataluña -hagamos un paréntesis-, una de las discusiones recientes respecto a la supresión o no de estudios de bachillerato nocturno se justificaba por el acceso más fácil a Internet, cosa que no es tan sencillo de explicar. Al colectivo de las mujeres esta supresión le perjudicaría de manera clara por lo que estamos diciendo.


Por lo tanto, de acuerdo con el planteamiento general, hemos presentado enmiendas porque la proposición no de ley del Grupo Socialista necesitaba concreción. Estamos de acuerdo, como también se ha dicho, en que es un mandato de la Ley de Igualdad -ayer estuvo precisamente la ministra- que debería estar en marcha. Quizá esta iniciativa podría llegar a ser innecesaria, pero seguramente acaba siendo necesaria. Una de nuestras enmiendas iba en dos direcciones. Por una parte, como ayer le dije a la ministra, pretende evitar los brindis al sol y, por tanto, había que acotar el tiempo -desde Esquerra Republicana proponíamos seis meses y en la transacción finalmente queda en un año; nos parece excesivo pero aceptable- y, por otra parte, el respeto competencial tanto al Estatuto de Autonomía de Cataluña como a la propia ley. Por tanto, eran dos aspectos que queríamos que quedasen bien reflejados en nuestras enmiendas; eso nos inclina a votar favorablemente, respetando el marco de negociación que el grupo proponente ha utilizado y, por tanto, aceptamos otras incorporaciones, no sin dejar de decir que veríamos bien la sugerencia que se ha hecho de que el Gobierno debe desarrollar la ley con rapidez, con plenitud y que un informe de dónde estamos no sobraría, es más, seguramente sería muy positivo. En cualquier caso, la Cámara debe pedir cuentas y obligar a desarrollar la ley, y saber dónde estamos sería fundamental; por tanto, también nos gustaría que el Partido Socialista apoyase esa sugerencia. En cualquier caso, y aunque no lo haga, nos damos por relativamente satisfechos, vemos el vaso medio lleno y aprovecharemos el apoyo a esta proposición no de ley, que esperamos que sea mayoritario, porque la brecha digital haberla hayla y entre todos hemos de ponerle remedio.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente. Con su venia, intervengo desde el escaño.


El acceso a las tecnologías de la información, el conocimiento y la comunicación es un reto global y más, en su caso, el acceso de las mujeres, sobre todo de las mujeres mayores de 35 años. La brecha digital hoy en día es una rémora que ninguna sociedad avanzada se puede permitir.
Dicho esto -y seré muy breve-, en nombre de mi grupo quiero expresar en primer lugar mi perplejidad -otros grupos también lo han hecho- por la iniciativa que el Partido Socialista Obrero Español nos

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trae a la Cámara con rango de proposición no de ley. Perplejidad no porque el contenido de esta iniciativa refleje unos objetivos con los que estemos en contra, en absoluto, o porque lo que plantee en su parte dispositiva tenga elementos que generen algún problema en mi grupo, no; perplejidad por el mero hecho de tener que traer una iniciativa de esta índole por parte del partido que está en el Gobierno. Señores diputados del Partido Socialista, ustedes nos han traído a esta Cámara la modificación de la papeleta del Senado, nos han traído el tema de la discusión de la cumbre de la FAO cuando el Gobierno ya estaba mostrando su posición mientras nosotros debatíamos aquí y lo que nos parece absurdo es que el partido del Gobierno tenga que escenificar este tipo de iniciativas en sede parlamentaria cuando tendría que ser el propio Gobierno, sin necesidad de tanto circunloquio, el que ejecutara este tipo de programas, siendo automáticamente parte de su programa de gobierno. No nos confundamos, porque es como si -voy a hacer una pequeña caricatura y permítanme la ironía- trajéramos una proposición no de ley instando al Ministerio del Interior a que detenga a los delincuentes o al Ministerio de Educación a que los maestros enseñen en la escuela. Es decir, nos parece que es algo de obligado cumplimiento. Lo que estoy diciendo nada tiene que ver con el contenido de la proposición no de ley, estoy hablando del mero hecho de traer una proposición de esta índole a la Cámara. En Euskadi, que es la comunidad, el país al que pertenezco, el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, lleva ya tiempo desarrollando programas de esta índole. Tenemos Emaweb, el proyecto DANA, Ematek. Y le voy a leer, por ejemplo, el objetivo del proyecto DANA: Incorporar a la sociedad de la información y del conocimiento al colectivo formado por mujeres mayores de 35 años no incorporadas al mercado laboral remunerado, a la vez que incrementar su tasa de actividad, etcétera. Por tanto, nos parece positivo, pero a veces nos obsesionamos con proponer cosas que ya se están haciendo y bien además; se lo decía ayer mismo a la ministra de Igualdad en su comparecencia, por lo menos se están haciendo y bien en mi país. Crear programas para potenciar el acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación no debería ni plantearse, es decir, se debería hacer por convicción; eso se hace y debería ser obligación del ministerio correspondiente hacerlo sin necesidad de que tuviéramos que traer iniciativas de esta índole a esta Cámara, por muy bondadosas que sean en su objetivo. Nadie en esta Cámara lo cuestionaría.
Eso sí, lo que es de las comunidades autónomas lo tienen que hacer las comunidades autónomas, y en aquellas comunidades en las que se detecta esta carencia, lo que hay que hacer es denunciarlo. La igualdad, señorías, no debe ser el mérito de ningún gobierno, debe ser su obligación; el demérito es no trabajar por ello. Para que el Ministerio de Industria desarrolle un programa para la incorporación de la mujer en las tecnologías de la información y la comunicación ¿se lo tiene que pedir la Cámara? Apliquemos la Ley de Igualdad, que para eso está y que mi grupo, como otros tantos, apoyó en su día. Nosotros apoyaremos esta iniciativa por obvia, pero que quede clara nuestra pequeña perplejidad por el mero hecho de tener que traer este tipo de proposiciones a la Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Se ha presentado una enmienda transaccional por parte de los grupos Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Mixto y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


¿Algún grupo de la Cámara manifiesta su oposición para que sea tramitada y en su caso votada? (Pausa.)

No habiendo oposición, en su momento se pasará a votación la enmienda transaccional presentada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, CON EL FIN DE ESTABLECER UN CONTRATO DE INTEGRACIÓN PARA AQUELLOS INMIGRANTES QUE DESEEN ESTABLECERSE EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 162/000070.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, con el fin de establecer un contrato de integración para aquellos inmigrantes que deseen establecerse en nuestro país. Para defender la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, señorías, en los últimos diez años la inmigración llegada a nuestro país se ha convertido en un fenómeno social de primera magnitud y relevancia. Mientras que en 1997 el número de extranjeros empadronados en España era de apenas 675.000 personas, hoy en día son más de 4,5 millones los inmigrantes empadronados entre nosotros. La llegada de esas personas ha contribuido con su esfuerzo al crecimiento económico de España, pero la avalancha -término empleado por el ministro del Interior- de los últimos cuatro años, causada por el efecto llamada de la pasada regularización, ha venido a provocar tensiones y preocupación entre la población española. Durante los últimos cuatro años se empadronaron en España 2.800.000 nuevos inmigrantes, el 60 por ciento del total de la inmigración empadronada en nuestro país. Nos hemos convertido en el segundo receptor del mundo de inmigrantes tras Estados Unidos. En los últimos años han llegado más inmigrantes a España que a Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia y Holanda juntos. Además, el Gobierno ha sido incapaz de frenar la inmigración ilegal y fomentar la legalidad del proceso de entrada en nuestro país al conceder la legalidad a los que entraban ilegalmente, primándoles sobre aquellos que querían entrar en nuestro país respetando nuestras leyes. Hace cuatro años, la inmigración,

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señorías, ocupaba el noveno lugar entre las preocupaciones de los españoles, hoy es la tercera. Esto evidencia que las cosas no se han hecho bien, sino todo lo contrario, y que deben cambiar si queremos evitar que la crisis económica causada por el Gobierno agrave aún más el problema y surjan conflictos que debemos evitar. Por eso nosotros creemos que la política de inmigración de un Gobierno responsable debe basarse en tres elementos fundamentales: en primer lugar, en luchar contra la inmigración ilegal; en segundo lugar, en establecer medidas que favorezcan la inmigración legal y el retorno a sus países de aquellos que quieran hacerlo, y en tercer lugar, en fomentar la integración de aquellos que permanezcan entre nosotros y así lo deseen. Este es el aspecto que pretendemos impulsar con esta iniciativa.


España ha sido en el pasado un país de emigrantes, ahora lo es de inmigrantes, y eso nos hace ser comprensivos con este fenómeno.
Ciudadanos de numerosas y distintas nacionalidades, culturas, valores, creencias y proyectos vitales, siguen llegando a España y desean permanecer entre nosotros y lo seguirán deseando en el futuro. Muchos de ellos, casi la mitad procedentes de Iberoamérica, tienen la fortuna de conocer y compartir nuestra lengua, nuestros valores, nuestras costumbres incluso nuestras normas y leyes, lo que sin duda favorece su integración, pero otras muchas, no. Por ello, es necesario articular medidas que faciliten su integración real, señorías, algo que conseguirán mejor con un empleo y estimulando medidas desde la Administración que favorezcan la integración de esas personas en nuestra sociedad y les permita aprender nuestra lengua y conocer nuestras instituciones, normas, costumbres y valores, porque la integración será más fácil desde el respeto y conocimiento mutuo entre los ciudadanos extranjeros y los ciudadanos españoles. España es un país abierto, pero es un país en el que es preciso respetar los derechos y libertades democráticos y constitucionales que hemos ido alcanzando con el paso del tiempo y que hoy son conquistas sociales asimiladas por nosotros, que forman parte de nuestro ordenamiento y de nuestro acervo cultural y normativo, y a las que no debemos renunciar en base a un inane multiculturalismo que aparece a veces como sustento de aquellos que fomentan valores antidemocráticos.
Por ello, conductas o incluso creencias que defiendan las restricciones a las libertades individuales o a los derechos civiles y humanos de las personas, los que promocionen el sometimiento de la mujer al hombre, los que alientan la violencia, incluida la política o la religiosa, o no lo condenan, los que practican la poligamia, la mutilación genital, el repudio conyugal, los que no respetan los derechos de la infancia o practican la explotación sexual o el tráfico de seres humanos, no deben tener cabida entre nosotros. Es preferible tenerlo claro desde el principio y que lo tengan claro quienes desean permanecer conviviendo entre nosotros que llamarse a engaño y sentirse horrorizado cuando uno sale retratado entre gente que no le gusta. Por ello y para ello, creemos que es positivo este contrato de integración.


En marzo de 2006, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, y también España, se reunieron en una cumbre informal para debatir la posibilidad de crear un contrato o examen europeo de integración para inmigrantes que quisieran convertirse en ciudadanos de un estado miembro. Por su parte, Francia, Bélgica y Holanda ya han puesto en marcha contratos como el que hoy proponemos que se apruebe en esta Cámara, y parece ésta ser una iniciativa de la Presidencia francesa para el próximo semestre europeo. Un contrato de compromiso mutuo entre la sociedad española y nuestra Administración y el inmigrante que desea permanecer de forma estable en España, y que implica deberes y compromisos para ambas partes, porque los inmigrantes deben tener los mismos derechos que todos, pero también las mismas obligaciones que todos. Es, por tanto, una iniciativa que supone una garantía para ambas partes. Así lo han entendido numerosas organizaciones no gubernamentales que en Valencia ya han manifestado su apoyo y su respaldo a ese compromiso de integración que ha llevado adelante como iniciativa la Comunidad Valenciana. Y así también lo ha entendido la Unión Europea, que ha respaldado al Gobierno valenciano en esta iniciativa.


Señorías, atrévanse a reconocer que se equivocaron con sus ataques a esta propuesta sensata y necesaria, porque es de sabios rectificar, y eviten que sus excesos o errores del pasado, incluso trufados de insultos durante la campaña electoral, les lleve de nuevo a equivocarse. Tienen la oportunidad hoy votando que sí. Los ciudadanos se lo agradecerán, sin duda. Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.


Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, efectivamente, España se ha convertido en un Estado receptor de inmigración, seguramente de los que ha recibido un mayor número de ciudadanos extranjeros en los últimos años. Entramos en un nuevo escenario económico, por primera vez vamos a vivir una situación que combina una importante y significativa tasa de desempleo con un porcentaje elevado de personas de origen extranjero. Tenemos abierto el reto de la integración de las segundas y terceras generaciones de origen inmigrante y aún tenemos pendiente el reto de que nuestro Estado autonómico se acomode también en las políticas de inmigración a esa nueva realidad. Estamos, señorías, en un escenario complejo, difícil, que va a exigir una nueva política, seguramente en esta legislatura, en el campo de la política de inmigración. Y una nueva política en un escenario complejo, en un escenario difícil y con nuevos retos que tiene planteados el conjunto de la sociedad y de las organizaciones públicas, va

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a exigir un acuerdo político de fondo de todas las fuerzas parlamentarias, de todas las administraciones, de todos los agentes sociales y de la propia sociedad civil para dar respuesta a esa situación. Esa es la enmienda que Convergència i Unió le plantea al Grupo Parlamentario Popular, que su proposición no de ley se reconvierta en un mensaje al Gobierno de que impulse ese acuerdo de fondo entre todos para hacer frente a ese reto. A nosotros nos gustaría que en el primer debate que tenemos en esta legislatura sobre inmigración el Grupo Popular tuviese ese sentido de la responsabilidad y aceptase esta enmienda de Convergència i Unió, para que entre todos apostásemos por ese acuerdo de fondo en esta materia.


Mi grupo no va a entrar a demonizar la propuesta que el Partido Popular legítimamente planteó en la campaña electoral, no lo vamos a hacer, es legítima la propuesta que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular, pero sí que nos gustaría recordarles algunas cuestiones. Una, que a veces no está nada presente en nuestros debates sobre las políticas de inmigración, es el artículo 3.2 de la vigente Ley de Extranjería, donde se afirma: Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarias a las mismas. Hoy, nuestro marco legal deja muy claro que, frente al choque de los valores fundamentales de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cualquier práctica cultural, prevalecen siempre esos valores fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los valores del propio marco legal del que nos hemos dotado. En segundo lugar, es bueno también que recordemos que la directiva que establece el permiso de residencia de larga duración -en nuestro caso el permiso de residencia permanente-, pendiente de trasposición al ordenamiento jurídico español, en su artículo 5 establece la posibilidad de que los Estados miembros podrán requerir a los nacionales de terceros países que cumplan las medidas de integración, de conformidad con la legislación nacional, a efectos de la obtención del permiso de residencia permanente. Lo que nos marca la Unión Europea es que para obtener el permiso de residencia permanente -que en España se alcanza al cabo de cinco años de residencia legal continuada y después de sucesivas renovaciones del permiso de residencia temporal, con el correspondiente permiso de trabajo- se puedan establecer pruebas de integración. La posición que Convergència i Unió defendió en la campaña electoral iba en esa línea, no en la primera renovación del permiso de residencia que ustedes plantean en su iniciativa, sino que en el momento en el que el ciudadano extranjero pretenda ya de manera definitiva establecerse en España utilicemos esa previsión, que es en la que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea están entrando. Señor Hernando, es evidente que en esa perspectiva de facilitar y estimular la incorporación de los ciudadanos extranjeros a nuestra sociedad debemos también incorporar dos elementos fundamentales: uno, la realidad plurinacional y pluricultural del Estado. Ese proceso de integración debe producirse en las sociedades que, como en el caso de Cataluña, nos definimos como sociedades nacionales, lo que, creo, todos los diputados catalanes de esta Cámara, de todos los grupos, compartimos. Poco o mucho el Estatuto de Autonomía vigente marca esa dirección. Además, quien puede estar en mejores condiciones de garantizar esa integración social y ese proceso de acomodación a esa nueva realidad son las comunidades autónomas. En ese sentido, las lenguas que se hablan en los territorios -en nuestro caso en Catalunya- van a ser fundamentales para garantizar esa plena integración. Señor Hernando, existe también el manual, el handbook, de la Unión Europea sobre principios básicos de integración, que deja muy claro que un conocimiento básico de la lengua del país es fundamental para garantizar la integración.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, tiene que ir acabando.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino.


Vamos a tener semanas para discutir su iniciativa, señor Hernando. Hoy les invitamos a alcanzar un acuerdo en esta materia para marcar los objetivos del pacto de Estado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Tiene la palabra para defender las enmiendas del Grupo Socialista la señora Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. En este sentido, la posición del Grupo Socialista es contraria al contrato de integración que plantea el Grupo Popular. Hemos presentado una enmienda de sustitución porque damos mucha importancia a las políticas de integración y creemos que hay amplios retos a los que hay que dar respuesta. Además lo hemos hecho porque queremos recoger la propuesta de consenso y diálogo lanzada por el Gobierno socialista recientemente.


El Gobierno socialista en la pasada legislatura puso en marcha por primera vez en nuestro país un conjunto de políticas de inmigración, uno de cuyos pilares básicos era precisamente la integración. También abordó un tema que dejó pendiente el Partido Popular ante una situación de más de 700.000 personas con contratos irregulares y en economía sumergida, un proceso de normalización

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ejemplar basado en el diálogo social. Además se creó un importante fondo específico para las políticas de acogida y de integración que multiplicaron por ocho los recursos que con anterioridad había fijado el Partido Popular. En la presente legislatura el Gobierno ha hecho una oferta de diálogo y consenso político, territorial y social para avanzar en la consecución de un pacto de Estado en materia migratoria y ha puesto sobre la mesa el Plan de ciudadanía e integración, dotado con 2.000 millones de euros hasta el 2010, para lograr una efectiva integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. En este sentido, el Grupo Socialista es partidario de profundizar en estas políticas puestas en marcha por el Gobierno y por eso hemos planteado esta enmienda de sustitución.


En relación con la proposición no de ley del Grupo Popular, la posición del Grupo Socialista es claramente contraria. ¿Por qué? Si ustedes lo que pretenden con ese contrato es que se garantice el acatamiento de la legalidad, consideramos que la propuesta es inútil, redundante y degradante, y si lo que pretenden es introducir trato discriminatorio para los inmigrantes en cuanto a derechos y obligaciones en relación con cualquier otro ciudadano, no podemos aceptarlo ni en el fondo ni en la forma. Plantear discriminaciones de trato, además de situar su propuesta fuera del marco constitucional, entendemos que puede generar movimientos xenófobos que mi grupo quiere combatir en todo caso. Frente a esto, los socialistas partimos de un principio y es que los inmigrantes en España disfrutan de iguales derechos y están sujetos a los mismos deberes que cualquier otro ciudadano. Es requisito esencial la legalidad, pero el cumplimiento de la ley no puede dejarse a un contrato, señoría. La ley nos obliga a todos los que estamos en España por el mero hecho de estar aquí. Pagar impuestos y cotizar a la Seguridad Social son obligaciones establecidas por la ley que obligan al trabajador, al empresario y al empleador. Cuando se incumple el ordenamiento jurídico, se incurre en responsabilidad y es la propia ley la que establece las consecuencias que se derivan de ese incumplimiento. En el caso de un extranjero puede llevar incluso a la expulsión, como S.S. conoce. Por eso comentaba que su propuesta que se refiere al cumplimiento de la ley es inútil, redundante e incluso degradante para la propia ley. Cumplir la ley es una forma de respetar los principios y valores constitucionales. Respecto a su referencia a la Unión Europea, le puedo decir que el Gobierno socialista está haciendo por primera vez y por iniciativa española una política común en materia de inmigración. Esta política común incluye no solo el reforzamiento y vigilancia de las fronteras, la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas, sino también una auténtica política de integración, gestión de flujos migratorios y los acuerdos de cooperación con los países de origen y tránsito.


Señorías, tal y como se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones en este Parlamento, el Gobierno socialista viene desarrollando una política global de inmigración que contempla el contrato de trabajo en origen, la vinculación de la inmigración legal al mercado de trabajo teniendo en cuenta nuestra capacidad de acogida, los acuerdos con países de tránsito y origen, la ayuda al desarrollo, la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas, y un acuerdo básico, que es garantizar que quienes vivan aquí disfruten de iguales derechos y estén sujetos a las mismas obligaciones que cualquier otro ciudadano. Planteamos que el modelo de integración que está en marcha en nuestro país es el plasmado en el Plan de ciudadanía e integración para el periodo 2007-2010; que este plan ha sido elaborado con apoyo de las distintas administraciones, sindicatos, organizaciones empresariales, ONG, asociaciones de inmigrantes, mundo académico, y que ahí es posible esa participación de todos y ese consenso. La propuesta que ustedes traen aquí da la impresión de que es una propuesta humo, una forma de salvar la cara a quien planteó en la última campaña electoral precisamente ese contrato de integración que pretendía basarse en las costumbres, pero usted sabe que eso no es posible, porque las costumbres españolas a respetar...


El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene que ir acabando.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Usted no puede decir aquí cuáles son las que deben respetarse por ley y las que no, porque nuestra propia sociedad es lo suficientemente plural y compleja que integra a españoles de diferentes religiones, opciones políticas, lenguas y costumbres. Esa propuesta que realizaron fue una llamada a la desesperada con una peligrosa deriva subliminal a la xenofobia, anticonstitucional, y ante el aluvión de críticas que recibieron por situarse nuevamente al margen del marco constitucional, dieron marcha atrás.


El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora diputada, pero tiene que acabar.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Muy amable.


Para fijar la posición por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor presidente, señorías, la primera vez que fui a Estados Unidos, al llegar te daban un papel que tenías que rellenar en el que te preguntaban: ¿Viene usted con intenciones de atentar contra el presidente de Estados Unidos? Y tenías que poner en la casilla sí o no; estaba en el papelito. Después te preguntaban si venías con intenciones de cometer delitos, de realizar tráfico de drogas, de asesinar a gente, etcétera. Y los españoles, que cuando vamos en grupo somos tan graciosos, a veces

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dicen: Voy a poner que sí, y el lío en el que te metes en el aeropuerto como pongas que sí es del demonio.


Señorías, hoy empiezo con esa ironía porque, en una reflexión, los terroristas que atentaron en septiembre contra las Torres Gemelas habían rellenado ese papel. Uno tiene que pensar que el 90, 95 ó 98 por ciento de la gente cuando viene a este país deja atrás una familia, su tierra, porque busca una esperanza y una oportunidad en la vida -a veces la vida después se tuerce-, y los que no vienen a eso firman lo que se les ponga delante.


Yo hoy quería hacer una reflexión en esta Cámara: al final de la legislatura pasada tuvimos una subcomisión de inmigración. Todos los diputados que estábamos en esa subcomisión hicimos un esfuerzo increíble, incluso vinimos a Canarias en un momento difícil para ver los centros de menores, y hubo un consenso en un pacto con la inmigración en casi del 98 por ciento de los asuntos. Al final, en ese pasillo, estuvimos un día a punto de firmar las conclusiones de aquella subcomisión y, por una campaña electoral y por unas posiciones intransigentes tanto por parte del Partido Socialista como del Partido Popular, aquello no se firmó. Hoy ha habido un cambio de discurso en el Gobierno socialista en el tema de la inmigración y creo que también hay un cambio de discurso del Partido Popular en esta cuestión. Hay que retomar ese pacto basándonos en el documento que tuvimos aquí la última semana de la legislatura pues eso es lo que está pidiendo la ciudadanía.


Quiero decir que hay algo importante. El Partido Popular en esta proposición no de ley habla en una parte con mucha inteligencia de los ciudadanos extranjeros. Tenemos ciudadanos extranjeros que llevan veinte años viviendo en este país pero que no han aprendido el español ni nuestras costumbres ni nada. A los señores que tienen un chalé en Marbella, que vienen de Canadá y de Estados Unidos, ¿les vamos a exigir que aprendan el español? ¿O solo se lo vamos a exigir a los que vienen sencilla y dignamente a buscar un trabajo? (Aplausos.) A lo mejor esas lecciones de ciudadanía, de Constitución y de valores deberíamos empezar a enseñárselas a nuestros propios jóvenes, porque hay mucha gente que viene de América Latina que tiene valores que nuestra sociedad ha perdido, y tenemos que aprender mucho de valores sociales.


En materia de integración, la principal responsabilidad y capacidad la tienen los ayuntamientos de este país, con la colaboración y en parte responsabilidad en aspectos educativos de las comunidades autónomas, pero eso no se puede hacer si no hay una ficha financiera en este país para esas instituciones que van a tener que asumir la responsabilidad de la integración social, de la educación, del idioma y de las medidas sociales, que son las fundamentales. Hace falta que este Gobierno también se tome en serio la ficha financiera de los ayuntamientos de este país, que han visto aumentada su población hasta un 30 y un 40 por ciento en los últimos cinco años, con una población que viene a trabajar, pero no tienen capacidad financiera, sobre todo en la parte social, para asumir ese reto de la inmigración. Eso hay que hablarlo, no se puede quedar en palabras. A mí me gusta mucho el ministro, porque él ha sido alcalde -lo dijo el primer día-, pero esto no se puede quedar en frases de ex alcaldes ni de alcaldesas -como soy yo-, sino que se tiene que hacer realidad. Y la integración en los colegios, en las ciudades y en la política de vivienda pasa por fichas financieras a aquellos ayuntamientos que tienen un peso importante.


Quiero acabar diciendo que es necesario el pacto, que el pacto es posible y que estuvimos a punto de firmarlo en ese despacho de ahí afuera hace cuatro meses, pero hubo un problema de dos frases. Seamos serios y respondamos al reto mayor que tiene este país y seguramente la Unión Europea.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Para fijar su posición por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario tiene la opinión de que nos encontramos, como en otras ocasiones, ante lo que podemos denominar hipotecas de la política electoral, en donde la política de alguna forma se degrada y deja de ser política orientada por valores y por responsabilidad y se acerca peligrosamente al populismo. Esta iniciativa es peligrosamente populista.
Una iniciativa basada en prejuicios que propone discriminación, porque prejuicio es hablar de la avalancha de inmigrantes en nuestro país. Es verdad que una inmigración rápida e intensa, pero una inmigración en la media o por debajo de la media de la Unión Europea. Prejuicio es, asimismo, hablar del peligro para el Estado del bienestar, cuando quien propone esta iniciativa sabe que los ingresos de la inmigración son, por lo pronto, bastante mayores que los gastos y que fundamentalmente son los inmigrantes los que, a lo largo del último periodo, han contribuido a nuestro crecimiento económico, al sostenimiento de la Seguridad Social y al apuntalamiento de nuestro sistema de bienestar. Y prejuicio también es el mensaje de una sociedad de manga ancha ante la inmigración, al punto de discriminar de forma inversa a los ciudadanos de nuestro propio país.
Es un prejuicio, en nuestra opinión, inaceptable.


Señorías, no solamente estamos ante prejuicios, sino que estamos también ante una propuesta discriminatoria que va más allá de la política electoral y de la legislación simbólica. Porque es verdad que este es un contrato electoral y es fundamentalmente legislación simbólica, pero va más allá. Va más allá porque se inscribe en una política populista que en estos momentos hace furor en la Unión Europea. Corren malos vientos en la Unión Europea, en estos momentos, en relación con la política migratoria.
Si unimos este contrato de vasallaje, que no

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otra cosa es la propuesta que hace el Partido Popular, a las propuestas de la Directiva de Retorno, nos encontramos ante lo que Angaben diría que es una legislación de excepción para un sector de la sociedad europea, que nos remite a tiempos oscuros de la Unión Europea. Y de todo hemos tenido en la Unión Europea, somos capaces de lo mejor y hemos sido capaces de lo peor. Por tanto, sería necesario que en esta materia primasen los valores y la responsabilidad y no el populismo que en estos momentos traduce esta iniciativa legislativa. A nosotros nos parece que esta iniciativa debería ser sustituida por un acuerdo amplio que racionalizase este asunto y que diera solución a la cuestión migratoria desde una perspectiva positiva, no desde una perspectiva negativa, de prejuicio, de exclusión o de rechazo. En ese sentido, consideramos que la Constitución es un buen marco para la igualdad de derechos, para garantías y obligaciones de todos los ciudadanos, inmigrantes o no, y no es necesario ningún documento anexo a nuestra Constitución, que es una Constitución garantista.


En segundo lugar, hay un marco general, que es la Ley de Extranjería y la modificación que ha introducido el Tribunal Constitucional en materia de derechos y obligaciones. Creemos que esa ley, con las modificaciones que podamos establecer, es también un marco adecuado para abordar desde el punto de vista legal los temores que en estos momentos traduce el Partido Popular. Creemos, asimismo, que si hay inquietud sobre las políticas de bienestar, no es negando el bienestar a una parte sino ampliando las políticas de bienestar como esa inquietud se despeja y, por otra parte, si es malo, como plantea el Partido Popular, un mensaje que haga prácticamente un llamamiento a la inmigración, mucho peor es que les llegue a los países de origen un mensaje de exclusión y de expulsión de la inmigración, porque probablemente reaccionen de una manera que nosotros no queremos y es desregulando aún más esa política de flujos.
Nos interesan los valores, nos interesa la responsabilidad y nos interesa la razón, mucho más allá del populismo electoral.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor Hernando, con la honestidad que caracterizan mis palabras y la amistad que nos profesamos, yo creo que ni usted mismo cree en esta proposición. La criminalización simbólica del extranjero no forma parte del acervo cultural, por lo menos, del sector del Partido Popular que usted representa, que es un sector progresista, moderado, centrado, y nosotros, desde luego, no estamos en condiciones de avalar una postura de estas características. Ustedes no se pueden convertir en émulos del señor Sarkozy -cosa que no les honraría, por cierto- en esta materia por distintas razones. En primer lugar, porque el tema es peor de lo que han comentado los que me han precedido en el uso de la palabra. Estamos hablando de extranjeros regularizados en situación legal en el Estado español y usted sabe que en relación con estos extranjeros el artículo 13 de la Constitución preconiza que tienen exactamente los mismos derechos que los ciudadanos españoles, salvo la limitación que se establece mediante la vinculación al artículo 23 relativo al sufragio. Los derechos constitucionales que se reconocen a estos extranjeros en su integridad en la Constitución española contradicen absolutamente el sentido y el tenor literal de su proposición no de ley. Un reconocimiento constitucional de derechos como el que se consagra tan enfáticamente en el artículo 13 de la Constitución no puede estar sujeto a condición resolutoria, y menos mediante un instrumento de carácter jurídico privado como es un contrato.
Ustedes dicen que tendrán que vincularse con un contrato. Un contrato podría disponer de derechos que la Constitución reconoce expresamente a estos ciudadanos extranjeros. ¿Un contrato de qué naturaleza? No lo explicitan tampoco. ¿Es un contrato civil? ¿Es un contrato mercantil? ¿Es un contrato administrativo? ¿Es un contrato bilateral? ¿Es un contrato conmutativo? ¿Es un contrato que dimana de la libertad de las partes contratantes como ocurre en todos los contratos que regula nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué contrato? ¿De qué naturaleza es este contrato? ¿Es un contrato de naturaleza jurídico-pública? ¿Es un contrato administrativo? ¿Cuáles son las contraprestaciones de las partes? ¿Cómo se articulan? ¿Dónde se articulan? (El señor Hernando Fraile muestra un documento.) No, no me señale su proposición no de ley porque no hay ni una sola contraprestación identificada. Ni una sola. No sabemos tampoco las consecuencias dimanantes del incumplimiento de las pretendidas contraprestaciones, que ustedes no regulan en ningún sitio. Podríamos estar quizás, por intentar ayudarle por la amistad que tenemos usted y yo, ante una figura que también regula el Código Civil, que es el cuasicontrato. Estaríamos ante la gestión de negocios ajenos, ante la negotiorum gestio. Es decir, ¿ustedes se subrogan en la posición de la Administración y gestionan los derechos reconocidos por la propia Constitución a los extranjeros en situación regular en el Estado español? Me temo que tampoco van por ahí. De nuevo, es una posición retrógrada, como émulos del señor Sarkozy, basada en la preterición de los derechos de los extranjeros y en la criminalización simbólica de los mismos. Por otra parte, cuando ustedes invocan determinados posicionamientos como la integración en la metacultura o en los principios metaculturales, en los valores y principios que proclama la Constitución y que son los propios del Estado español, ¿a qué valores y a qué principios se están refiriendo? Y, sobre todo, ¿cómo se cumplimenta esta pretendida contraprestación que dimana de un contrato nulo de pleno derecho porque su naturaleza jurídica

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es de imposible incardinación en nuestro ordenamiento jurídico? Es decir, ¿la integración metacultural tiene que ser mediante la realización de un cursillo de sevillanas en determinados lugares del territorio del Estado? O, como decía un compañero de su partido en un debate televisivo con el que tuve la oportunidad de debatir en la campaña electoral sobre otra cuestión, ¿si viven en Euskadi estos extranjeros tendrían que hacer un cursillo de aurresku? ¿Qué lengua es la que tienen que aprender? ¿La lengua española? ¿La lengua española más las cooficiales? ¿De dónde dimana la legitimidad para exigir a alguien que aprenda la lengua si ni siquiera a los ciudadanos españoles se les obliga a aprender la lengua española? ¿De dónde dimana esta obligación?

Por último, señor Hernando, me sorprende mucho esa invocación que ustedes hacían, que resulta una burla tácita y de naturaleza colectiva a todos los extranjeros que trabajan en este país, a la necesidad de cumplimentar las obligaciones dimanantes de las ordenanzas sociosanitarias aprobadas por los municipios del Estado español. Esto es una burla, esto es calificar a los extranjeros de una forma que yo no voy a glosar en este momento. En la campaña electoral, entre las contraprestaciones de este contrato de naturaleza difusa que ustedes preconizaban, obligaban solo a los extranjeros. A ver si en el Estado español solo los extranjeros van a tener que cumplimentar aquello que prevén las ordenanzas en materia sociosanitaria, lo cual supone presumir que no las cumplen los extranjeros colectivamente, porque ustedes lo preconizaron así. Señor Hernando, esto no tiene ningún tipo de recorrido. Nosotros vamos a votar las enmiendas que se han presentado, que nos parecen mucho más pertinentes, relativas a la necesidad de afrontar con seriedad un fenómeno de estas características y con esta profundidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, termine, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo con estas palabras. Voy a terminar citando a un filósofo que a usted le resulta particularmente directo, Karl Popper, que afirmaba que una forma de medir la civilidad de una sociedad es su capacidad de interacción con otras culturas. S.S. me tiene que reconocer -y honestamente me lo reconocerá después- que de esta proposición no de ley poca civilidad puede dimanar.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Señor Hernando, le pregunto a los efectos de la votación: ¿Acepta S.S.
alguna de las enmiendas presentadas?

El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, agradezco a los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Las aceptaría en el caso de que se tratara de enmiendas de adición, en ningún caso al tratarse de enmiendas de sustitución. Si me permite un detalle, por alusiones, al señor Olabarría...


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, no es un problema de concesión generosa, es que está tasado el debate y debe limitarse S.S. a lo que ha dicho.


El señor HERNANDO FRAILE: Se lo diré en privado, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Yo le preguntaré al señor Campuzano si aceptaría que su enmienda se convirtiese en adición, en vez de sustitución.
(Denegaciones.) No. Igualmente a la señora Gutiérrez. (Denegaciones.) En ese caso, señor Hernando, se votará la proposición no de ley en los términos en que ha sido presentada y defendida, sin ninguna enmienda añadida.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADO EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000010.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre gestión de infraestructuras del Estado en Cataluña.


Para su defensa tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, lo que plantea esta moción es clarificar y concretar, en otras palabras, poner negro sobre blanco por primera vez en esta Cámara dos relevantes compromisos adquiridos por el Gobierno español ante la Generalitat de Catalunya por lo que se refiere al traspaso de los servicios ferroviarios y también la definición del futuro modelo de gestión del aeropuerto de El Prat de Barcelona. Por lo que se refiere a los servicios ferroviarios, ya dijimos el otro día durante la interpelación que sustanciamos que estamos en junio de 2008. Pronto habrán transcurrido dos años desde la aprobación del Estatuto de Cataluña, y podríamos decir que casi estamos donde estábamos al principio, porque ni siquiera se reúne hasta el momento el grupo técnico que debería preparar el acuerdo para hacer efectivo el pertinente traspaso. Admitiendo que se trata de una cuestión compleja, cosa que no negamos, mucho nos tememos que hasta ahora el problema se reduce a la práctica ausencia de voluntad política, porque lo cierto es que, aunque fue el propio presidente del Gobierno quien en su día puso fecha al

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traspaso de cercanías de Renfe a la Generalitat -1 de enero de 2008-, hasta ahora todas las propuestas que ha hecho el Gobierno español han sido de todo punto inaceptables.


La posición de la Generalitat, que el otro día tuve oportunidad de expresar desde esta tribuna, es muy clara, razonable y se resume en tres conceptos. El primero es que debe reconocerse de forma clara la competencia exclusiva de la Generalitat por lo que se refiere a todos los servicios ferroviarios que transcurren íntegramente por el territorio de Cataluña, y eso afecta no solo a cercanías, sino también al servicio de trenes regionales, aunque sea de forma gradual y por etapas. En segundo lugar, debe otorgarse también a la Generalitat el control y la dirección efectiva de este servicio y, por tanto, la capacidad, el mando y la autoridad tarifaria sobre los mismos. Finalmente, deben estar en manos del titular del servicio, por tanto de la Generalitat, los recursos económicos necesarios que expresen de forma clara y patente que quien paga manda. La Generalitat, pero también, como ustedes saben, el conjunto de la sociedad catalana de agentes sociales y económicos, la sociedad civil organizada ya ha expresado en más de una ocasión que se opone de forma tajante a esa peligrosa y más que discutible concepción de que la Generalitat es una especie de ente gestor y de operador ferroviario, porque la Generalitat básicamente es un poder político, nunca una empresa concesionaria ni un simple operador ferroviario. Quizá por eso hasta el día de hoy persiste el desacuerdo, aunque cierto es que más vale un desacuerdo que un mal acuerdo, pero la obligación de todas las partes en este litigio es procurar un entendimiento. Quiero saludar, señorías, que nuestro grupo ha llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista, a través de una enmienda que ha presentado a esta moción, en la que de forma explícita se reconoce, en primer término, la competencia sobre los transportes ferroviarios en Cataluña a favor de la Generalitat; en segundo lugar, se propone agilizar las tareas del grupo de trabajo entre el Estado y la Generalitat para hacer efectivo el traspaso de cercanías, cuanto antes mejor; y en tercer lugar, aprobar ya el plan de cercanías de Barcelona y, por tanto, las inversiones necesarias.


Por lo que se refiere al aeropuerto, no me resisto, como los escolásticos, a negar la mayor, porque decía la señora ministra el otro día que El Prat se hincha. Eso no es verdad. No es verdad, diga lo que diga la señora ministra, enmascarando la realidad bajo una auténtica cortina de cifras, porque en abril El Prat perdió casi 150.000 viajeros y el número de vuelos se ha reducido en solo un año casi un 3,5 por ciento. ¿Por qué? En primer lugar, porque El Prat tiene un grave problema de subsidiariedad con relación al aeropuerto de Barajas y no solo porque existe un sinfín de convenios internacionales sobre transporte aéreo suscritos por el Estado español entre 1953 y 1993 que imponen Madrid como destino o como partida de rutas internacionales, sino porque hasta ahora el Gobierno, AENA, y también me atrevo a decir el monopolio de facto que supone Iberia, han decidido potenciar Barajas como centro de conexiones de vuelos de alto radio. Y, además de no operar ninguno de ellos desde Barcelona, Iberia ha abandonado, como ustedes saben, la mayoría de vuelos regulares de media distancia para cedérselo a su compañía de bajo coste; es decir, están de acuerdo en que El Prat sirva básicamente para alimentar los vuelos intercontinentales que parten desde Madrid. Nosotros lo que queremos, y lo que plantea Cataluña con su Estatuto y también desde esta tribuna en esta intervención, es algo muy sencillo: que haya conexiones rápidas desde Barcelona sin tener que pasar por Madrid, enlazando con las principales ciudades del mundo en los cinco continentes. Eso es posible si El Prat es competitivo y si se apuesta por él como un auténtico hub, pero el actual modelo de gestión no solo es un freno a su competitividad, sino que es una auténtica rémora del pasado.


Decía la ministra que el modelo AENA es el mejor modelo del mundo. Para El Prat, lo dudo. Quizá para el conjunto del sistema aeroportuario español que, hoy por hoy, es todavía un auténtico monstruo de 47 cabezas, de 47 aeropuertos provinciales, la mayoría deficitarios. Pero, más allá de la eficiencia, lo que nadie negará es que el modelo AENA, el modelo español no es un modelo homologable en términos europeos, porque la mayoría de aeropuertos operan como empresas que compiten entre sí y, por tanto, no existen monopolios de facto como aquí y están gestionados por entes con participación de capital privado, pero también de los poderes locales y regionales, además de por el propio Estado.


Termino, señorías, señor presidente, diciendo que la moción que presentamos y la enmienda del Grupo Socialista por primera vez -y este es un acuerdo relevante e histórico- plantea que el futuro modelo de gestión del aeropuerto de El Prat corresponda a un ente gestor, a un consorcio u otro ente, en el que la Generalitat vaya a tener una participación determinante y que las decisiones estratégicas se adopten siempre con la participación determinante de la Generalitat porque, si es de otra forma, no va a ser positivo. Si AENA continúa cortando, como hasta ahora, el bacalao, eso no solo no aporta nada al autogobierno sino que condena a El Prat, como hasta ahora, a ser un aeropuerto de segunda.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vallès.


El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.


Quería empezar mi intervención agradeciendo al señor Ridao el tono empleado en su intervención tanto en el día de hoy como en la interpelación que el pasado miércoles efectuó a la ministra de Fomento y también su

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predisposición a alcanzar un acuerdo sobre la moción que hoy sometemos a la consideración de esta Cámara. Sin embargo, con la misma franqueza y sinceridad tengo que decirle que mi grupo no puede compartir el fondo de la interpelación que efectuaron ni el contenido de la moción que ustedes han presentado como consecuencia de esa interpelación. Y no lo podemos compartir por dos motivos esenciales. En primer lugar, porque la política de este Gobierno en relación con las infraestructuras de Cataluña, fundamentalmente las ferroviarias y las aeroportuarias, se encuentra en el periodo de mayor inversión de toda su historia; una política sobre infraestructuras que se basa en cuatro aspectos fundamentales: una planificación coherente y comprometida con las necesidades pasadas, presentes y futuras de Cataluña; la disposición de los recursos presupuestarios necesarios para hacer frente a esa planificación; el incremento de las inversiones y las licitaciones de obra pública y la necesaria coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat.


Sobre la base de estas premisas, señorías, el Gobierno ha invertido en infraestructuras en Cataluña más de lo que invirtió el Partido Popular en las dos legislaturas anteriores conjuntamente; una inversión que ha crecido más que el peso poblacional de Cataluña e incluso más que el PIB, de conformidad con lo que prevé la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña. En el ámbito de ferrocarriles, como ya le dijo la ministra la semana pasada, se han firmado más de 50 convenios y protocolos con la Generalitat, más de cien con las entidades locales y hasta 16 conjuntamente con la propia Generalitat; una inversión que, sinceramente, está fuera de cualquier duda. En el ámbito del aeropuerto de El Prat, al cual nos hemos referido también, se están ejecutando inversiones por valor de 3.000 millones de euros, lo que significa que en muy poco tiempo vamos a convertir a El Prat en uno de los mejores aeropuertos del mundo, a pesar de que usted, señor Ridao, parece que se resiste a reconocerlo.


Tampoco podemos compartir, como le decía al inicio de mi intervención, el contenido de la moción que han presentado hoy aquí, porque, como usted bien sabe, en la actualidad hay en marcha una negociación de gobierno a gobierno, una negociación bilateral entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Catalunya, unos gobiernos que están trabajando sobre este asunto y con la voluntad manifiesta de proceder tanto a la transferencia de cercanías como a la implantación de un nuevo modelo de gestión para el aeropuerto de El Prat. Hay un diálogo abierto entre gobiernos, con reuniones al más alto nivel -la última de ellas se celebró en enero de este mismo año-, en las que se han puesto las bases para alcanzar un acuerdo, lo que sin duda conlleva que se va a proceder a efectuar la transferencia de cercanías cuando la Generalitat dé el visto bueno, es decir, cuando se llegue a un acuerdo sobre las condiciones de dicho traspaso. Pero reitero, señor Ridao, el compromiso del Gobierno es llevar a cabo esa transferencia; una transferencia que se va a efectuar habiendo desarrollado una gran inversión en modernización y con los recursos suficientes para que Cataluña y Barcelona tengan las cercanías que se merecen. Exactamente lo mismo sucede con la gestión del aeropuerto de El Prat, sobre la cual el presidente del Gobierno ya ha anunciado en varias ocasiones su firme compromiso de implementar un nuevo modelo de gestión aeroportuaria en el que la participación de la Generalitat y de las entidades locales sea determinante. Ese es nuestro compromiso, señor Ridao; un compromiso que usted conoce perfectamente, al igual que las negociaciones que están en marcha entre ambos gobiernos, porque usted pertenece a un partido que forma parte del Gobierno de la Generalitat, protagonista precisamente de esas negociaciones bilaterales. Vamos a dejar en manos de ambos gobiernos el desenlace de las negociaciones.
Vamos a respetar el marco de la negociación bilateral que está en curso.
El proceso de transferencias de infraestructuras está ya en marcha, señorías. Por ello, debemos preservar su carácter bilateral y no inmiscuir a este Parlamento en una negociación mediante la introducción de algún tipo de elemento que puede condicionar u obstaculizar dicha negociación. Por eso mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución a su moción original, enfatizando las competencias que sobre esta materia debería llevar a cabo el Parlamento en su función de impulso al Gobierno, pero respetando el carácter bilateral de las negociaciones. Es una enmienda que pretende, por un lado, instar al Gobierno a agilizar las negociaciones que actualmente están en marcha en relación con la transferencia de los servicios ferroviarios de cercanías en Cataluña y, por otro, instarle a avanzar en el diseño de un modelo de gestión del aeropuerto de El Prat en el que la participación de la Generalitat y de las entidades locales sea determinante y que deberá presentarse coincidiendo con la entrada en servicio de la terminal T-Sur, tal y como ya se ha comprometido públicamente el presidente del Gobierno. Este es, señorías, nuestro compromiso y por eso solicitamos el apoyo del resto de grupos de la Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vallès.


Por el Grupo Mixto, y para fijar su posición, tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.


Voy a intervenir desde el escaño, dado que voy a ser muy breve, simplemente voy a fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego con respecto a esta moción. Al igual que ocurre con la proposición de ley de Convergència i Unió que debatimos como primer asunto del orden del día en el Pleno de esta tarde, esta moción coincide -referidas lógicamente a Cataluña- con demandas que el BNG y buena parte de la sociedad gallega reclama también para nuestra comunidad

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autónoma. Nosotros también aspiramos a que Galicia tenga la competencia exclusiva en el transporte ferroviario, bien de pasajeros, bien de mercancías, que discurra íntegramente por nuestro territorio. Aspiramos al traspaso a Galicia de los servicios regionales y de los servicios de cercanías, con una diferencia con respecto a Cataluña. En el caso de Cataluña esta aspiración es con la voluntad de mejorar sensiblemente los servicios de cercanías, en particular en el área metropolitana de Cataluña; en el caso de Galicia, si aspiramos a que Galicia pueda gestionar los servicios de cercanías es simplemente para poder implantarlos.


Por tanto, nos parece lógico que estos traspasos se acompañen de la asunción, por parte del Gobierno autónomo, de la capacidad efectiva de dirección y control del transporte ferroviario interno y de los recursos financieros y económicos que lo hagan posible, igual que nos parece lógico, en congruencia con el debate que tuvimos con motivo de la proposición de ley presentada por Convergència i Unió, que mientras no se haga efectivo el traspaso del aeropuerto de El Prat a la Generalitat de Cataluña se asegure la participación mayoritaria de la sociedad catalana y de sus instituciones en el consorcio que lo gestione. Creemos que avanzar en una gestión descentralizada de estos servicios y de estas infraestructuras asegura una mejor atención a las demandas y necesidades de cada territorio y además pensamos que siempre es bueno avanzar en una política de responsabilización de las comunidades autónomas.


En cualquier caso, sí que nos merece alguna reserva el punto 5 de la moción que se somete a debate y voy a intentar explicar brevemente por qué. El Bloque Nacionalista Galego no niega que en las pasadas legislaturas Cataluña haya acumulado un déficit de inversiones del Estado en materia de infraestructuras, ni ignora que esto tuvo un impacto en problemas que todavía todos tenemos fijados en nuestra memoria reciente.
Por eso el Bloque Nacionalista Galego no discute la justicia de demandar un esfuerzo inversor en Cataluña que ayude a corregir esos déficits. Pero el Bloque Nacionalista Galego no es partidario, vía moción, de comprometer al Congreso de los Diputados a que se pronuncie sobre cantidades concretas a asignar a determinadas inversiones en una comunidad, simplemente porque nos parece que no es el marco más adecuado; el marco más adecuado es el debate y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Sabemos que las mociones, aun en el caso de aprobarse, no son vinculantes para el Gobierno, pero una fuerza política seria y responsable si vota a favor de una moción es con la voluntad de que esta se cumpla, y se estaría comprometiendo un gasto que lógicamente afecta a la estructura general de los Presupuestos Generales del Estado y compromete indirectamente las inversiones en otros territorios. Somos conscientes de las necesidades que tiene Cataluña y son lógicas estas demandas, pero yo pertenezco a un territorio que tiene necesidades incluso mucho más acuciantes, mucho más apremiantes que Cataluña y creo que el marco para discutir cantidades no es una moción consecuencia de interpelación. En cualquier caso, interpreté por las palabras del señor Ridao que este aspecto ya se ha modulado en el compromiso de transacción a que ha llegado con el Partido Socialista y, por tanto, y como coincidimos en las orientaciones generales de la moción, anuncio el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a la misma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señor Ridao, tras escuchar primero y leer -releer, incluso- los términos del debate que usted mantuvo la pasada semana con la ministra de Fomento con ocasión de la interpelación urgente de la que trae causa la moción que hoy debatimos, no supe concluir -lo reconozco con toda sinceridad-, al menos no con una mínima seguridad, si hoy estaríamos ante un acuerdo entre ustedes y el Gobierno o, por el contrario, ante un desacuerdo. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Leí posteriormente los términos de su moción y tampoco fui capaz de adivinar.
Hoy he escuchado el debate, los términos en que usted ha hablado y en que ha hablado el representante del Grupo Socialista, y si ustedes no hubieran anunciado que tienen un acuerdo tampoco hubiera sido capaz de concluir que hoy iba a haberlo. Pero permítame exponerle las razones de esta confusión o perplejidad mía porque con ello seguramente podrá usted entender más cabalmente, y con usted todas las señorías aquí presentes, la posición de mi grupo ante este tema.


Cuando usted hablaba, recogido posteriormente en la moción que han presentado ustedes, del reconocimiento explícito de la competencia exclusiva de la Generalitat, la ministra le respondía cosas como la siguiente: Venimos cumpliendo el Estatut antes incluso de que existiera el Estatut -vino a decir algo parecido-. Hemos superado incluso lo que plantea el Estatut; no hemos tenido que esperar al Estatut para dar a Cataluña el trato que se merecen las infraestructuras que le hacía falta -frase textual; lo dijo la ministra-.


Usted hablaba de reanudar de forma inmediata las tareas del grupo de trabajo Generalitat-Estado y la ministra le respondía: Hemos tenido cuatro reuniones, permita que le diga; además una reunión del secretario de Estado con representantes de la Generalitat, de la máxima importancia, y que usted lo ha minusvalorado.


Es decir, cada vez que usted planteaba una reivindicación la ministra le decía: yo más que usted. Reclamaba usted garantizar que la Generalitat asumiera la capacidad efectiva de dirección y control sobre el transporte ferroviario y la ministra le respondía recordándole que están en una campaña de promoción del aeropuerto de El Prat

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con un comité donde está la Generalitat, etcétera, para convertir a El Prat en un verdadero hub internacional. Estamos trabajando -le dijo- y presentaremos públicamente un nuevo modelo aeroportuario para mejorar el actual, no para estropearlo. Es decir, a una reivindicación suya o a un planteamiento suyo la ministra le decía: yo más; yo misma más de lo que usted reivindica o plantea. Usted habló de traspasar los servicios con las transferencias de los recursos económicos y financieros y la ministra declaró: Ya dije aquí que cuando diéramos ese paso definitivo de las transferencias sería porque tendríamos garantizada la calidad del servicio.


Cabría aportar otros ejemplos, porque estos son citas textuales del debate que usted mantuvo la pasada semana, pero entiendo que son suficientes para concluir que en este juego de yo -en este caso usted, ERC- expresando sus preocupaciones, proponiendo soluciones, y yo -en este caso la ministra de Fomento- respondiéndole que para preocupaciones, propuestas y actuaciones las mías, podía haber concluido que no iba a ser difícil un acuerdo. Los dos en la misma dirección a ver quién tira más, parecería que el acuerdo iba a ser fácil. Pero no todo en la interpelación caminaba en esa dirección, de ahí mi perplejidad y mi desorientación. Hubo en la interpelación y hay en la moción que ustedes han presentado elementos en los que yo sabía que difícilmente iba a ponerse usted de acuerdo con el Grupo Socialista y con el Gobierno, principalmente hay uno, aquel que hacía referencia a los compromisos de inversión -compromisos electorales, eso sí, de inversión-, lo que usted calificó como el plan ferroviario del Estado en Cataluña 2008-2012. Este punto hizo recordar a mi grupo lo que una semana antes le había ocurrido con otro planteamiento en otra moción sobre la transferencia de I+D+i al País Vasco. También a nosotros nos dijeron que para innovación en el País Vasco nadie más interesado ni con más preocupación que ellos mismos, aunque también nos dijeron con claridad: pero olvídense de la transferencia. A ustedes también les han dicho que están más preocupados que ustedes, pero olvídense de ese supuesto plan ferroviario del Estado en Cataluña que, al parecer, la hoy ministra de Defensa, Chacón, difundió ampliamente en la campaña electoral. De forma que esta es la confusión.
Había elementos en sus planteamientos que yo sabía que eran de imposible acuerdo y había otros elementos en los que parecía que iban a competir por quién iba a hacer más. Ustedes, al parecer, han llegado a un acuerdo y mi grupo no tiene ningún inconveniente.


Le quiero decir, para terminar, que vamos a apoyar esta transacción a la que ustedes han llegado, pero también hubiéramos apoyado su moción original si usted la hubiera mantenido.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Beloki.


Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Macias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, presidenta.


Nuestro grupo analizó con atención la moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana y, como coincidía con varios de nuestros puntos de vista, pueden imaginarse que nuestra intención era votarla favorablemente. Teníamos una cierta percepción de que hacía falta complementar algunos aspectos que no figuraban en la misma, básicamente en relación con la necesidad de actuar no solo sobre los servicios de transporte sino también sobre la infraestructura, cosa que no contemplaba dicha moción de Esquerra Republicana. A la postre, la enmienda presentada por el Grupo Socialista y aceptada por el de Esquerra Republicana supone, como es de esperar, una rebaja y algunos planteamientos que nos parecen un tanto arriesgados. Por ejemplo, cuando supedita las tareas del grupo de trabajo a: teniendo presente garantizar la calidad del servicio y el consenso con los agentes sindicales. Evidentemente esos son dos aspectos básicos, pero me parece que tanto los representantes de la Generalitat como los del Estado siempre tienen en cuenta estos aspectos y anotarlo aquí me parece que es introducir ya alguna cláusula para limitar algunos de los efectos de los traspasos. Es un riesgo. El Grupo de Esquerra Republicana lo ha aceptado y nosotros advertimos del riesgo que conlleva.
También nos gustaba muchísimo más -no siendo perfecta y reproduciendo en algunos de sus términos una moción nuestra que fue votada en contra por el PSOE hace algunos meses- el tema de la creación del consorcio para El Prat, con una posición mayoritaria y determinante de las instituciones catalanas. No se habla ahora de este consorcio, se habla de que se va a contar con una supuesta participación determinante -se utiliza la palabra determinante, que a nosotros nos gusta pero evidentemente en el conjunto de una frase mucho más solvente- y se habla no de los aspectos de los que la moción inicial hablaba -materia presupuestaria, materia de gestión de slots, establecimiento de tarifas, etcétera-, sino del futuro, como dejando un cierto escape para un eventual incumplimiento. En cualquier caso, nos parece que puede suponer un avance -tímido, pero avance- y, por tanto, nuestro grupo nunca, nunca va a dejar de votar algo que sea un avance, por tímido que sea, por riesgos que conlleve, por lenguajes ininteligibles que se introduzcan o por trampas que uno ya ve que están introducidas en esta moción; nosotros nunca vamos a dejar de dar confianza a un avance en este sentido, pero desde el punto de vista de Convergència i Unió quiero advertir, eso sí, dos cuestiones fundamentales. El traspaso de los servicios supone tres aspectos: la titularidad del servicio, el operador que lo presta y la infraestructura sobre la que se presta. Para Convergència i Unió, sin que se tengan en cuenta estos tres aspectos no habrá un buen traspaso de cercanías y no podrá garantizarse a los ciudadanos un buen servicio, que

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es lo que supongo que a todas SS.SS. y a nuestro grupo especialmente preocupa.


Por lo que se refiere al aeropuerto de El Prat y a esa promesa aprobada en el último debate sobre el estado de la Nación, a propuesta de Convergència i Unió, de realizar el traspaso a la Generalitat de Cataluña del servicio de cercanías, son compromisos que vamos reiterando, pero no se hacen efectivos. Creemos que vale la pena, como siempre, reclamar que los compromisos se cumplan. Hace dos meses, desde esta tribuna se estableció un compromiso importante: balanzas fiscales. A día de hoy no se ha cumplido. Siempre hay un margen de confianza, esperamos que se cumpla; desde luego, en los temas de cercanías y de los aeropuertos la confianza que Convergència i Unió tiene en el grupo del Gobierno es infinitamente baja.


Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Santa Ana.


La señora SANTA ANA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, la pasada semana el Grupo Socialista y Esquerra Republicana se interpelaban en esta Cámara; los mismos que son socios de Gobierno en Cataluña. ¿Qué está fallando, señorías? ¿El Gobierno de Cataluña o el Gobierno de España? ¿El señor Montilla está dinamitado por el señor Puigcercós o por el señor Rodríguez Zapatero? ¿Cómo es posible que estando en un Gobierno de coalición en el que se han repartido las competencias -estando, por cierto, las de infraestructuras en manos del Partido Socialista de Cataluña y del señor Nadal- vengan a ser interpelados por Esquerra Republicana en el Congreso? Posiblemente porque el Partido Socialista de Cataluña ha perdido su crédito en las infraestructuras catalanas. La ineficacia del Gobierno catalán está escenificando el desencuentro del Gobierno catalán. Como ustedes comprenderán, el Partido Popular no se presta a estos desencuentros.
Ustedes nos hablan del transporte ferroviario de viajeros y mercancías que discurre íntegramente por Cataluña, con independencia del titular de la infraestructura. Pues bien, al margen de las mejoras necesarias, el Estado estaría perdiendo de forma caprichosa la gestión de un servicio al ciudadano. Señorías, ¿se verá esto reflejado en un incremento de las tarifas a soportar por el usuario? Ante cambios que en todo caso son susceptibles de generar incertidumbre al ciudadano mi grupo apuesta por las inversiones en materia ferroviaria destinadas a la mejora de la calidad del servicio, por el desarrollo de las conexiones entre los territorios y, en definitiva, por un modo de transporte competitivo y eficiente, apostando por la intermodalidad y por el incremento de las inversiones; apostando por la modernización de las instalaciones, por la remodelación y la mejora de las estaciones; apostando también por la creación de planes de adaptación de dicho transporte para personas con minusvalía o con movilidad reducida; apostando por la mejora de la red ferroviaria, por la reposición del material móvil para la mejor explotación de las líneas y de los servicios a prestar a los ciudadanos.


Ante el caos que el Gobierno socialista originó en los servicios de cercanías de Barcelona, con el interés puramente electoralista de empeñarse en cortar la cinta de la alta velocidad en un determinado día y demostrando de esa manera muy poca sensibilidad con miles de barceloneses que a diario necesitan esos servicios, la gran mayoría de las veces para acceder a sus puestos de trabajo, ustedes entenderán que mi grupo defienda que lo prioritario sea la garantía del servicio público y, sobre todo, el futuro de un medio de transporte que es vital para miles de catalanes. Por tanto, un desarrollo del acuerdo para la transferencia de los servicios de cercanías, como no puede ser de otra manera, debe garantizar escrupulosamente un buen servicio al ciudadano y contar con el acuerdo de agentes sindicales y trabajadores.


Quiero también recordar, señorías, el caos que en julio de 2006 tenía lugar en el aeropuerto de El Prat, afectando a miles de ciudadanos que pretendían y tenían todo el derecho de comenzar sus vacaciones. Caos originado por la pérdida por parte de Iberia de la concesión del servicio de asistencia en tierra a pasajeros y aviones, creando con ello preocupación en los trabajadores. ¿Estamos dispuestos, señorías, a asumir nuevas incertidumbres en la situación política en la que se encuentra el señor Montilla con sus actuales socios de gobierno? Para que Esquerra Republicana ahora acepte la enmienda de sustitución del Partido Socialista, podrían ustedes haberse puesto de acuerdo antes con una enmienda totalmente ajena a la moción presentada. Estamos a punto, señorías, del comienzo de la época estival. Velemos por la responsabilidad de los poderes públicos ante los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Santa Ana.


Pregunto al señor Ridao si acepta la enmienda presentada para su inclusión a la hora de la votación.


El señor RIDAO I MARTIN: Sí, señor presidente, vamos a aceptar la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Así se someterá a votación la moción del grupo que acaba de ser examinada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LA SUBIDA DE PRECIOS DE LOS CARBURANTES. (Número de expediente 173/000011.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto a examinar en la sesión de hoy, moción del Grupo Parla

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mentario Popular, en relación con la subida de precios del carburante.
Para defender la moción tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL BELDA: Señor presidente, señorías, mi grupo trae a esta Cámara una moción para tratar el que sin duda es el tema más importante para los ciudadanos en este momento, la situación económica y la subida del precio de los carburantes. No creo que en estos momentos sea lo más útil seguir con malabarismos semánticos de no llamar crisis a lo que es una crisis, que no solo está en las cifras económicas, sino que ya está en la calle. Aprovecho este momento en la tribuna para lamentar la muerte de un miembro de un piquete en Granada ocurrida esta misma tarde, lo cual demuestra que la tensión es mayor que la que nadie desea.


Traemos esta moción con la responsabilidad de saber lo que se juega este país. La gran mayoría de la flota pesquera está amarrada y una buena parte de los transportistas están movilizados. Los agricultores también están seriamente afectados. Estamos hablando de casi dos millones de empleados por cuenta propia o ajena en estos sectores. La sociedad española está atenazada por la subida de los tipos de interés, la escasez del crédito, el endeudamiento y la subida de los carburantes. Al Gobierno le gusta decir que no es culpa suya. Que suba el petróleo o suban los tipos de interés, no es culpa del Gobierno, pero lo que no reconoce es su responsabilidad por haber preparado tan mal a la economía española para este momento y para estas circunstancias. En los últimos cuatro años, España ha aumentado su déficit exterior y su endeudamiento, haciéndonos extremadamente vulnerables a las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, especialmente la subida del precio del precio del petróleo.


España es, junto con Italia, el país europeo en que son mayores los márgenes de distribución de gasolinas y gasóleo y donde menos han bajado estos márgenes a medida que la crisis iba haciendo que subiera el precio del petróleo. Hay menos competencia, más dependencia de los hidrocarburos y menos eficiencia energética, y esto al final se paga. España es uno de los países de Europa donde más se hace recaer el ajuste de la crisis en el usuario final. No es de extrañar la situación de los transportistas, de los agricultores o de los pescadores que estamos viviendo en estos momentos. El Gobierno tiene la obligación de actuar para que el ajuste se reparta equitativamente. Las familias ya llevan tiempo ajustándose el cinturón y solo en los dos últimos años -sin contar las subidas de este último mes- han pagado 400 euros más en alimentación, 100 por la electricidad y el gas y otros 400 por el transporte, especialmente gasolinas y gasóleo. Por lo que parece, todavía se han de ajustar más el cinturón, por lo menos eso es lo que les dice el Gobierno, y este mismo mensaje es el que está lanzando a los sectores más afectados.


Nuestro grupo aboga por un reparto equitativo y gradual de la carga que supone la subida del petróleo. Esta subida, en la interpelación de la semana pasada, el ministro de Industria la cifró en 16.000 millones de euros. No es razonable que la factura la paguen más unos que otros o que se pague de golpe. Equidad y gradualidad son los conceptos claves en esta negociación y en esta crisis. Para afrontar la situación tenemos que hacer que esta carga se reparta entre todos de una manera equitativa y espaciada en el tiempo, en la medida de lo posible.


No es la primera vez que sube el petróleo en España. Si cogemos el ejemplo de lo que ocurrió de 1998 a 2004 vemos que en aquel entonces el precio se triplicó y el Gobierno de entonces se sentó con los sectores afectados para buscar soluciones a una crisis que, de no resolverse, ahogaría la economía nacional; sectores que todos sabemos que son estratégicos para la economía española. En aquel momento se aliviaron cargas fiscales, se facilitó la reestructuración del sector y la renovación de su stock de capital. Se produjo un acuerdo que permitió a nuestra economía salir adelante y seguir creciendo. Y es precisamente un acuerdo similar el que con esta moción el Grupo Parlamentario Popular quiere propiciar, consciente de la importancia de este asunto, porque pensamos y porque lo hicimos cuando tuvimos la oportunidad de gobernar. Conscientes de la necesidad de ayuda que tiene el Gobierno -porque parece que el Gobierno está necesitado de ayuda-, cuyos máximos responsables no parecen tener la capacidad de involucrarse en la negociación -porque aquí el que está dando la cara es un director general de Transportes, que es el único que está informando y contando cómo va esta negociación-, presentamos a la Cámara esta moción para buscar entre todos y con la urgencia que el momento requiere una solución a la crisis económica. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular quiere agradecer el interés expresado por los demás grupos políticos de esta Cámara por la moción y esperamos que esta situación llegue a buen fin. A este respecto, todos los grupos minoritarios han hecho aportaciones muy relevantes en una enmienda transaccional que marca un gran consenso entre prácticamente todos los grupos de la Cámara para buscar soluciones entre todos a esta situación de conflicto. Desde nuestro punto de vista, lo democrático sería respetar esa voluntad mayoritaria de la Cámara y permitir la tramitación de esa enmienda transaccional.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nadal.


Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.


El Bloque Nacionalista Galego considera que es pertinente este debate porque, desde nuestro punto de vista, la situación es de la suficiente gravedad para que el Parlamento, y no solo el Gobierno, le dé respuesta.
Por ese motivo hemos entablado un proceso de diálogo con

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los distintos grupos con la voluntad de llegar a una transacción.
Consideramos que si de algo peca -permítaseme la expresión- el texto de la moción original que se somete a debate es de excesiva inconcreción, y a eso ha intentado dar respuesta el Bloque Nacionalista Galego mediante la presentación de dos enmiendas. La primera enmienda propone modificar el punto 1 para que se aborden reformas legislativas que permitan reforzar los mecanismos de control por parte de la Administración de la competencia efectiva de los mercados energéticos. Con ello pretendemos que la Administración tenga instrumentos suficientes para poner fin a lo que desde nuestro punto de vista son prácticas monopolistas de reparto de mercados y pacto de precios que tienen su incidencia en la situación del mercado de las energías en general. La segunda enmienda pretende dotar de más concreción a un sector con especial importancia y especial peso en la economía gallega como es el sector pesquero. Por un lado, entendemos que la Administración debe promover, a través del diálogo con los agentes implicados, el establecimiento de precios mínimos de referencia por especie que eviten la competencia desleal en primera venta, y el establecimiento al mismo tiempo de mecanismos que permitan que los costes de explotación, combustible incluido, recaigan en la primera venta.
Sabemos que los instrumentos que el Gobierno tiene en este aspecto son muy limitados, pero entendemos que debe participar activamente en un diálogo con los agentes implicados para procurar, a través de un pacto, hacerlos posible. Piensen ustedes, señorías, que en la pesca los gastos de combustible representan, según el subsector, entre un 35 y un 50 por ciento del total de los gastos de explotación. Por otro lado, pensamos que hay que mejorar el control de las importaciones, porque no solo el combustible está incidiendo en la crisis del sector pesquero sino también las importaciones masivas, y hay que hacerlo con los instrumentos que tiene el Gobierno en su mano. Por eso pensamos que hay que mejorar la normativa existente en materia de etiquetaje, de manera que se identifique el origen de los productos de la pesca y el marisqueo.
Piensen que en la actualidad solo es obligatorio identificar en los puntos de venta al consumidor la cuadrícula del océano del que proceden estos productos. Esto da lugar a situaciones tan absurdas como que puede aparecer la misma cuadrícula, la misma identificación, ya se trate de una centolla de O Grove, de una navaja de Holanda o de un bacalao del norte de Escocia. Por último, y lo más importante porque es lo que tiene más que ver con el objeto de esta moción, proponemos equiparar el tratamiento fiscal de la gasolina al gasóleo en el caso de las embarcaciones pesqueras que utilicen la gasolina como combustible.


El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, tiene que acabar.


El señor JORQUERA CASELAS: Concluyo, señor presidente.


Piensen que no es un problema menor. Hay 1.500 embarcaciones en Galicia de la flota de bajura, embarcaciones que se dedican a la captura de percebe y de marisqueo a pie que utilizan como fuente de combustible la gasolina, por lo que es necesaria una equiparación en este aspecto.


El señor PRESIDENTE: Le agradezco, señor Jorquera, que acabe de verdad.


El señor JORQUERA CASELAS: Termino haciendo una apelación al Partido Popular para que tenga voluntad de transaccionar también con el Partido Socialista, y una apelación al Partido Socialista para que no bloquee el esfuerzo de diálogo e integración al que estamos intentando llegar los distintos grupos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Señora Díez, tiene la palabra.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente en el turno que me corresponde, con el tiempo que puedo utilizar, para decir que también a nosotros nos parece oportuna la presentación de esta moción. Nos parece necesaria porque tenemos el país paralizado por una crisis que afecta a muchísimos profesionales, a muchísimos trabajadores, a muchísimos ciudadanos, que afecta directamente en su forma de trabajo o en su forma de ganarse la vida. Está paralizado por esa circunstancia, conjuntamente con un cabreo que a mi juicio tiene que ver con lo que se considera -yo lo considero así- una falta de respeto por parte del Gobierno. Es verdad que hay medidas que no se han tomado o que se podían tomar, dentro de los márgenes que tiene nuestro país, pero sobre todo hay una cosa que me parece que ha sido hasta el momento presente una falta de respeto, y es haber negado la existencia de la crisis, haber negado a todos los ciudadanos y a los directamente afectados que hoy están en huelga la existencia de una crisis que les afecta gravísimamente. Por tanto, cabe que se tomen medidas, cabe que se tomen medidas urgentes. La iniciativa que nos plantea el Partido Popular es extremadamente necesaria, y he de alabar el sentido de responsabilidad y de buscar un acuerdo con el conjunto de grupos parlamentarios.
Nosotros, como Unión Progreso y Democracia, habíamos propuesto, como se ve en el texto, tres enmiendas precisamente para evitar lo que nos parecía un texto demasiado generalista. El Grupo Popular ha tratado de introducir, haciendo un transaccional, como ya se ha dicho, enmiendas de todos los grupos que habíamos planteado alguna iniciativa complementaria y más concreta. Creo que eso merece que por lo menos esta transaccional pueda ser tramitada en la Cámara. Que nadie haga filibusterismo político, por mucho que sea una costumbre de la Cámara hacerlo.


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Que nadie lo haga. Que se permita la tramitación y que luego cada cual vote lo que le parezca oportuno. Por eso mismo apoyaremos la enmienda transaccional y en todo caso la moción que se presente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Para defender la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


En primer lugar quiero decir que sobre este tema llegamos tarde, muy tarde. La española es una sociedad, si me permiten la expresión, adicta al petróleo, por un modelo de infraestructuras y de transporte que solo permite que podamos movernos con petróleo, en una economía muy dependiente energéticamente, y los deberes los tendríamos que haber hecho en la anterior legislatura. En segundo lugar, hacen falta medidas estructurales, y esas son las que no tomaron ni el Gobierno del Partido Socialista ni el Gobierno del Partido Popular, y tampoco se plantean en la moción. En tercer lugar, no vale con las políticas o con las terapias exclusivamente de choque, porque si a un adicto se le desengancha de la adicción lo que tiene es mono. En este contexto, nosotros planteábamos y planteamos propuestas que no han sido incorporadas -y lo lamentamos- en la transacción, propuestas sobre fiscalidad, sobre los beneficios no previstos de compañías petroleras -sería bueno que el Grupo Socialista tomase buena nota de lo que hoy mismo plantea Barack Obama, candidato demócrata-, reforma del PEIT y revisión del mismo garantizando que no implementamos modelos e infraestructuras más ineficientes energéticamente y que fondos provenientes de las compañías petroleras vayan dirigidos a ese objetivo. En la moción echamos en falta además una referencia a las relaciones laborales en el sector del transporte, y decimos, como dice Comisiones Obreras sin ir más lejos, que los acuerdos de hace tres años fueron insuficientes ya que no afrontaban las relaciones laborales en el sector del transporte ni una situación de absoluta desregulación en ese marco. Sin entrar en este tema, los falsos autónomos que existen en el sector del transporte, no podremos hacer bien los deberes en una materia tan delicada como esta. Dicho de otra manera, lo que se apunta es positivo pero insuficiente. Lo que se dice en la moción, incluso lo que se dice en la transacción, no entra en las deficientes relaciones laborales que existen en el mundo y en el sector del transporte, con lo que ello supone de explotación del trabajador. Por eso entendemos que la moción adolece de carencias y por eso creemos incluso que la transacción también adolece de carencias.


No obstante, señorías, hay que primar la necesidad de que haya un mensaje político por parte de la Cámara. Entendemos que es positivo que haya un mensaje político de la Cámara, y pese a que el Partido Popular, como el Partido Socialista, no entra en las medidas estructurales, no entra en la necesidad de reformar el PEIT, no entra en la necesidad de una fiscalidad ambiental con objetivos a largo plazo y no entra en la necesidad de que sean las petroleras las que aporten los recursos para una situación de crisis como la que vivimos, entendemos que ese mensaje se puede dar con una moción como la de hoy. Sí, señorías, necesitamos un mensaje, y nos gustaría que fuese el conjunto de la Cámara el que abordase...


El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, tiene que acabar.


El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señor presidente.


Nos gustaría que fuese la Cámara la que abordase las medidas estructurales, acompañadas de las medias inmediatas, haciendo que se abroche el cinturón quien más ha engordado en estos años, y quienes más han engordado han sido empresas energéticas, quienes más engordan hoy son empresas petroleras, a las que hoy, lamentablemente, nadie exige absolutamente nada.


Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Señorías, el Reglamento no obliga a escuchar al orador, pero quizá la cortesía sí obligue a reducir un poco el volumen de las conversaciones privadas, porque resulta muy incómodo para quien está hablando sentirse tan poco escuchado en el asunto que para él sin duda tiene trascendencia.


Señor Ridao, tiene la palabra para completar el tiempo de su grupo parlamentario.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Somos conscientes de que no estamos ante una crisis cíclica o más o menos perentoria, sino ante una situación que desgraciadamente se va a reproducir de forma más sostenida en los próximos años, no solo por la disminución de las reservas mundiales del petróleo sino también porque es sabido que su producción es cada día es menos sostenible en términos económicos y medioambientales. Por tanto, estamos ante una situación sin duda plenamente estructural, como se ha dicho ya, y que debería llevarnos en el futuro a abordar medidas de carácter estructural, de fondo, más duraderas, para poder afrontar con garantías posibles crisis de escalada de precios como la que estamos viviendo en estos momentos. Me refiero a la mejora de las infraestructuras, a apostar por las energías renovables, al reajuste de los precios o incluso a modernizar también las flotas pesqueras y las explotaciones agrarias.


En todo caso, lo que proponemos a través de una enmienda que hemos presentado es una medida que de

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forma coyuntural pretende minimizar el impacto de la crisis sobre algunos sectores como el del transporte, el de la agricultura y el de la pesca.
Somos conscientes de que difícilmente se puede incidir directamente en la fijación de precios a nivel mundial y menos con una moción como la que hoy espero que aprobemos; pero sí se puede crear, por ejemplo, como proponemos, un gasoil profesional. Por cierto, este es un compromiso adquirido en 2005 por este mismo Gobierno ante el propio sector a través de la creación de un tipo reducido del IVA, pasando del 16 al 7 por ciento, o a través de una exención de un impuesto especial como el de hidrocarburos y a través de una negociación con las empresas petroleras para reducir sustancialmente el precio del crudo. Se trata, en definitiva, de una medida contracíclica, como otras que ha adoptado ya el Gobierno, por ejemplo, con la deducción de 400 euros del impuesto sobre la renta. Quiero recordar que esta es una propuesta que ya se ha hecho en términos europeos por parte de Francia, por el propio presidente de la República, Sarkozy, y por el ministro de Agricultura, Michel Barnier. En consecuencia, se trata no de un tema estrictamente del Estado español sino también europeo, y por tanto debe ser ante la Unión Europea donde se plantee esta cuestión. Este es un compromiso que el Gobierno, repito, adquirió en 2005 ante los sectores afectados y que debería ponerse en marcha a partir de primeros de 2009.


En todo caso, señor presidente, nosotros vamos a abonar una propuesta de transacción que en este momento suscriben el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna y el Grupo Parlamentario Mixto, BNG y Unión Progreso y Democracia, porque en definitiva lo que plantea es utilizar en los mismos términos que nuestra enmienda los mecanismos de política económica que están a disposición del Gobierno para promover al máximo la competencia en el mercado energético y también para actuar de forma especial en los sectores que reciben un impacto más directo de esta crisis, a través de operar con la fiscalidad y adoptar medidas que faciliten la renovación del capital físico para ejercer mejor su actividad. Anunciamos desde ahora que vamos a dar nuestro apoyo a esta transaccional, y en caso contrario igualmente íbamos a dar apoyo a la iniciativa que inicialmente presentaba el Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda transaccional a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular con el objetivo básico que va en las direcciones que voy indicar.


En primer lugar, nosotros pretendemos que a través de esta enmienda transaccional que ha sido aceptada por el Grupo Parlamentario Popular se haga posible el consenso de todas las formaciones políticas que están hoy configuradas en el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, tiene la motivación o la intención de resolver una situación delicada creada por la huelga de transportistas que afecta a todo el Estado español. Nosotros entendemos que si aprobamos esta moción con el máximo consenso quizá se resolverían y acortarían los periodos de negociación. En tercer lugar, a través de esta moción aportamos soluciones viables, concretas y específicas, muchas de las cuales están demandadas por los sectores afectados y que en ningún momento están en contradicción con la normativa comunitaria; soluciones como podría ser la rebaja de los impuestos, y muchísimas otras que están contempladas en la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros pensamos que sería bueno, a través de estos tres objetivos, intentar resolver la situación delicada que está atravesando nuestra economía, que está motivada por la huelga de transportistas y que tampoco podemos perder de vista que está afectando a sectores muy importantes y muy transversales de nuestra economía, como son el sector de los transportes, el sector pesquero y el sector de la agricultura.


¿Qué es lo que nosotros planteamos para complementar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular? Nosotros planteamos soluciones específicas que podrían ser perfectamente consensuadas por todos los grupos de la Cámara. En primer lugar, intentamos reducir todos los módulos de los sectores afectos a la estimación objetiva, básicamente en IRPF y en IVA, porque entendemos que está en consonancia con la normativa comunitaria, y también sabemos que esta es una cuestión que tiene planteada la agenda del Gobierno. En segundo lugar, planteamos la posibilidad de revisar y reducir las cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores de los principales sectores afectados. También contemplamos la posibilidad del acceso a las jubilaciones anticipadas, tal como pasa en otras profesiones de riesgo elevado, básicamente en el sector del transporte por carretera.
Hemos planteado otra cuestión que nosotros entendemos que es una de las grandes demandas de estos sectores que hoy están en huelga, y es que en las actividades correspondientes al sector del transporte se pueda diferenciar en la factura el coste del carburante de las tarifas del transporte y regular la vía para facilitar revisiones de tarifas vinculadas a las variaciones de los precios de carburantes. Planteamos la posibilidad también de incorporar una pequeña modificación en la Ley de la morosidad, con el fin de que los transportistas puedan cobrar

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todas sus facturas en los plazos renovables. Pretendemos impulsar una vieja reivindicación de nuestro grupo parlamentario, como es la posibilidad de poner en marcha un plan Renove de vehículos industriales que estén afectos a sectores como el agrícola y el de la pesca que podría afectar a la maquinaria y a las embarcaciones de pesca, lo que permitiría al mismo tiempo reducir los consumos energéticos y emisiones de gases contaminantes. Proponemos, por último, la posibilidad de implementar la libertad de amortización para la adquisición de vehículos de transporte por carretera, de maquinaria agrícola y de embarcaciones de pesca, con el objetivo de favorecer la rápida renovación de las flotas y de la maquinaria, contribuyendo todo ello a una mayor reducción de emisiones contaminantes.


Señorías, podrán observar que son planteamientos específicos y concretos que podrían ser fácilmente aceptados por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. De esta manera podríamos posibilitar y ayudar a las negociaciones del Gobierno con los sectores afectados para que finalmente pudiéramos dar una solución viable y rápida a la crisis económica que afecta a estos sectores tan importantes de nuestra economía. Seguramente todos los españoles estarían encantados de que hoy pudiéramos conseguir, a través de esta enmienda que han presentado Convergència i Unió y el resto de grupos parlamentarios, un consenso que vaya directamente a solucionar este conflicto, que, repito, es una situación delicada por la que está atravesando nuestra economía.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Unzalu.


La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar quiero lamentar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la muerte de un transportista en Atarfe, Granada.


Una vez dicho esto, señorías, quiero empezar señalando que el Gobierno es plenamente consciente de la situación de los precios internacionales de los carburantes, que, como ustedes saben, han aumentado de forma significativa en los últimos años. Voy a hacer una pequeña comparación que puede servir de recordatorio para todos. El precio medio del barril durante el año 2000 fue de 28,50 dólares; en 2004, de 38; en 2007, de 72,39, alcanzando el pasado viernes la cifra récord de 138,54 dólares.
Esta es una subida espectacular. Todos los analistas coinciden en que esta subida se debe a que los países productores de crudo se encuentran al borde de su capacidad productiva; a que la oferta no puede crecer al mismo ritmo que lo hace una demanda en la que China y los países asiáticos juegan un papel cada vez más determinante; y, como ya hemos analizado en esta Cámara, a la crisis financiera de las hipotecas subprime de Estados Unidos. Por lo tanto, mi primera valoración es que este es un problema importado y que afecta no solamente a España sino a todos los países de nuestro entorno, pero la segunda reflexión es cómo vamos a resolver esta situación, qué medidas podemos adoptar y cuáles no.
Sabemos que tenemos limitaciones de acuerdo con la normativa europea, porque establece además en materia de fiscalidad de los hidrocarburos unos niveles mínimos de imposición que deben respetarse. Estos tipos españoles se hallan prácticamente en los niveles mínimos, con lo cual nuestro margen de maniobra es muy escaso. Permítame, señor Nadal -usted daba una serie de cifras-, comentarle que en el caso del gasóleo de automoción la diferencia de precio respecto a la media ponderada de la Unión Europea de los catorce países durante el mes de marzo es de 17 céntimos de euro, lo que representa un 13,1 por ciento inferior a esa media, y que el impuesto especial de los hidrocarburos en el caso del gasóleo es de un 31,3 inferior en España respecto a los países europeos.
Aquí tiene usted una tabla comparativa de la fiscalidad que aplican los diferentes países en esta materia.


Decía que tenemos unos límites para poder actuar, pero evidentemente la disposición del Partido Socialista, como todos ustedes saben, es una apuesta firme por el diálogo y el consenso en las políticas, tanto con el resto de los grupos parlamentarios como con los agentes económicos y sociales. Sinceramente les tengo que decir que nosotros hemos realizado propuestas y hemos pensado que introducir aspectos muy puntuales podía entorpecer en este momento de alguna forma la intensa negociación que el Gobierno está llevando a cabo actualmente. Por eso presentamos una enmienda de sustitución, un texto alternativo que no solamente recogía el sentir del Partido Popular, sino que también instaba al Gobierno a negociar e informar del resultado de las negociaciones a esta Cámara, efectuando además un mandato para que evaluase qué medidas de tipo fiscal y social se debían adoptar, sin su detalle, como decía antes. En paralelo, también aportábamos otra serie de elementos que nos parece relevante destacar y que no recoge su enmienda, por ejemplo, el impulso en el seno de la Unión Europea de medidas específicas para ayudar a los sectores más afectados. ¿Por qué nos parece relevante esta medida? Porque cualquier modificación del IVA tiene que ser tomada por unanimidad en el seno de la Unión Europea. Pero no solamente hemos introducido eso, sino que además proponíamos la inclusión de una evaluación para modificar la normativa mercantil en aras de dotar a los principales sectores afectados de instrumentos contractuales que posibiliten la inclusión de cláusulas para proceder posteriormente a las actualizaciones de precios en caso de que se produzcan fuertes incrementos de los carburantes como el que estamos sufriendo en estos momentos. Creemos sinceramente que el texto que ha presentado el Partido Socialista complementaba las propuestas que ha realizado el Par

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tido Popular. Creemos que es un texto que además pretende de alguna manera repartir el esfuerzo de tal forma que aquellos que menos tienen paguen menos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Unzalu.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, cuando ayer releía en el "Diario de Sesiones" la interpelación presentada la pasada semana por el Grupo Popular con relación a la subida de los carburantes y que ha derivado en la moción que hoy debatimos, tuve la sensación de que el título de la interpelación poco tenía que ver con lo que allí se dijo. Sin embargo, el momento en el que se produce este debate es adecuado, el momento en el que un sector como el del transporte se encuentra en la calle reivindicando una solución a la situación planteada; un conflicto que desgraciadamente se ha cobrado una víctima en Atarfe, a cuya familia queremos transmitir nuestras condolencias desde el Grupo Parlamentario Vasco. Y en política atinar con el momento es una cuestión clave.


Ni en la interpelación ni hoy en la moción el Grupo Popular plantea medidas concretas para paliar el tema de fondo, que no es otro que la pérdida de renta que supone para muchos colectivos la subida que están experimentando los precios de los gasóleos y de las gasolinas. Por el contrario, la enmienda transaccional del Grupo Popular a los grupos de Convergència i Unió, BNG, Esquerra Republicana y Mixto incluye medidas concretas que pueden servir para iniciar un proceso de solución. Sabemos que no es fácil acertar con las medidas, pero quizá lo sería más si tratáramos de aportar todos los grupos algo positivo al debate, que bastante ruido hay en la calle. Los agricultores, el sector pesquero y los transportistas, amén del conjunto de consumidores, tienen razón, y mucha, cuando se quejan de la subida de los productos derivados del petróleo. Les afecta directa e intensamente a sus bolsillos y a los de sus familias, y no solo ellos deben pagar las consecuencias de la subida de los carburantes, un problema que es en gran medida sobrevenido. El Grupo Parlamentario Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, está preocupado por la subida de los gasóleos y de las gasolinas y por los colectivos afectados que acabo de señalar. Urge repartir equitativamente el coste de la subida del petróleo, que se ha producido en un breve lapso de tiempo y que está afectando negativamente a la economía, y en especial a los sectores del transporte y agropecuario.


Nuestro grupo es consciente de que no es fácil reducir la fiscalidad directa de los hidrocarburos. Recuerdo que en la segunda legislatura del Partido Popular se produjo ya este debate y el entonces vicepresidente de Economía, y supongo que también el ministro de Hacienda entonces, señor Montoro, hoy diputado, autor de la interpelación, eran contrarios a reducir la fiscalidad de los hidrocarburos con carácter coyuntural apelando a que con el cambio de ciclo habría que volver a subirlos. Yo estoy básicamente de acuerdo con esta argumentación, pero amén de las limitaciones europeas, de la no fiscalidad del gasóleo en el caso del sector pesquero, etcétera, hay que aliviar la situación del transporte y del sector agropecuario. Para ello tenemos que urgir al Gobierno a que llegue a un acuerdo satisfactorio entre las partes y que traslade dicho acuerdo a esta Cámara. El Gobierno ha de dar cuentas del estado de las negociaciones y de las medidas propuestas, aceptadas y rechazadas por los sectores, y de las distancias que les separan para llegar a un acuerdo.
El acuerdo es imprescindible, tanto para resolver los problemas de los afectados como para evitar trasladar a la sociedad la sensación de desgobierno y conflicto, cuyas repercusiones son muy negativas para la economía.


En este contexto, la moción del Grupo Popular, a pesar de ser genérica de alguna manera, llega en un momento, como decía antes, oportuno. Se queda en cierto modo en mucho ruido y pocas nueces, como apunta el refrán, pero la votaremos favorablemente para que el Gobierno se ponga las pilas, como se dice vulgarmente, y eso en caso de que no se acepte la transacción, que es lo que también le gustaría a nuestro grupo parlamentario. Además, y al margen de la misma, el Gobierno, y a la mayor brevedad posible, esta misma semana diría yo, debería comparecer en esta Cámara para dar cuenta de la situación y de las medidas propuestas, sin demagogia, evitando la utilización partidaria de los temas. Nuestro grupo parlamentario demanda soluciones y acuerdos del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Terminado el debate de esta moción, pregunto al señor Nadal si la enmienda transaccional que ha llegado a la Mesa la propone el Grupo Parlamentario Popular también respecto de su enmienda. (Asentimiento.) En este caso, pregunto a la Cámara, si hay algún grupo que se opone a la tramitación de esta enmienda transaccional.


Señora Unzalu.


La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Presidente, dado que el Partido Popular nos ha vetado en la negociación, nosotros nos oponemos.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista se opone a la tramitación. En consecuencia, señor Nadal, le pregunto si acepta alguna de las enmiendas, al margen de la transaccional, para su inclusión en la moción presentada por su señoría.


El señor NADAL BELDA: Nos atenemos a la moción original, ya que el Grupo Socialista no ha aceptado la transaccional.


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El señor PRESIDENTE: No aceptan ninguna otra enmienda. Se votará, por tanto, en los términos en que ha sido presentada y defendida.


Hemos llamado a votación. Vamos a esperar unos instantes hasta que nos confirmen que han podido llegar todas sus señorías. (Pausa.)

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA

- DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE LISBOA, POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, FIRMADO EN LA CAPITAL PORTUGUESA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 121/000001.)

El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar las votaciones de los puntos examinados en el día de hoy, someto a la Cámara el acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces en relación con la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa. ¿Acuerda la Cámara, por asentimiento, que se tramite por el procedimiento de lectura única la ratificación de este tratado? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la ley orgánica de referencia.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA LA GESTIÓN DE LOS AEROPUERTOS DE GIRONA, REUS Y SABADELL POR LA GENERALITAT DE CATALUÑA. (Número de expediente 122/000004.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la gestión de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell por la Generalitat de Cataluña.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 25; en contra, 311.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE). (Número de expediente 122/000029.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votación, a continuación, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, de modificación de la Ley Orgánica de Educación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 151; en contra, 185.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
(Número de expediente 162/000069.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para promover la igualdad de oportunidades de las mujeres en la sociedad del conocimiento. Esta proposición se vota incorporando la enmienda transaccional en los términos en que ha sido debatida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 188; abstenciones, 148.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, CON EL FIN DE ESTABLECER UN CONTRATO DE INTEGRACIÓN PARA AQUELLOS INMIGRANTES QUE DESEEN ESTABLECERSE EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 162/000070.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, con el fin de establecer un contrato de integración para aquellos inmigrantes que deseen establecerse en nuestro país, en los términos en que ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 148; en contra, 188.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADO EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000010.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la gestión de las infraestructuras del Estado en Cataluña, con la enmienda presentada y defendida por el Grupo Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 188; en contra, 148.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LA SUBIDA DE PRECIOS DE LOS CARBURANTES. (Número de expediente 173/000011.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, por último, a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular, en relación con la subida de precios de los carburantes, en los términos en que ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 336.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Se suspende la sesión hasta mañana a las dieciséis horas.


Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.

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