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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 12, de 03/06/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2008 IX Legislatura Núm. 12
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 12 Celebrada el martes 3 de junio de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad ciudadana. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 21-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000003.)... (Página 5)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de la deducción por inversión en vivienda habitual. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 51-1, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 122/000028.)... (Página 13)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la crisis alimentaria global. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 19, de 23 de mayo de 2008. Corrección de error en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 25, de 3 de junio de 2008. (Número de expediente 162/000055.)... (Página 19)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre reformas en el Código Penal en relación con los delitos de abusos sexuales a menores.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 2, de 11 de abril de 2008. (Número de expediente 162/000002.)... (Página 25)

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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Díez), sobre la necesidad de ampliar el concepto legal de "víctimas del terrorismo". (Número de expediente 173/000006.)... (Página 31)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para estudiar y evaluar el trasvase del Ródano. (Número de expediente 173/000007.)... (Página 37)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las actuaciones que pretende llevar a cabo el nuevo Gobierno para dar cumplimiento, en el marco constitucional, al artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía vigente para el País Vasco. (Número de expediente 173/000008.)... (Página 42)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estructura de la Administración Central del Estado. (Número de expediente 173/000009.)... (Página 47)

Exclusión del orden del día... (Página 52)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votaciones.)... (Página 52)

Proposiciones no de Ley. (Votaciones.)... (Página 52)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votaciones.)...
(Página 53)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley... (Página 5)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad ciudadana... (Página 5)

Defiende la proposición de ley el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Ridao i Martin, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de la deducción por inversión en vivienda habitual... (Página 13)

En defensa de la proposición de ley interviene el señor Matos Mascareño, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Colldeforns i Sol del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposiciones no de Ley... (Página 19)

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la crisis alimentaria global... (Página 19)

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En defensa de la proposición no de ley interviene el señor Madina Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Madina Muñoz.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre reformas en el Código Penal en relación con los delitos de abusos sexuales a menores...
(Página 25)

Defiende la proposición no de ley la señora Sáenz de Santamaría Antón, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martin, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Sáenz de Santamaría Antón.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página 31)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Díez), sobre la necesidad de ampliar el concepto legal de "víctimas del terrorismo"... (Página 31)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martin, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


La señora Díez González pide la palabra por alusiones, al amparo del artículo 71, que no le es concedida.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para estudiar y evaluar el trasvase del Ródano... (Página 37)

En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente interviene el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto; Herrera Torres y Ridao i Martin, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Macias i Arau.


Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las actuaciones que pretende llevar a cabo el nuevo Gobierno para dar cumplimiento, en el marco constitucional, al artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía vigente para el País Vasco... (Página 42)

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En defensa de la moción interviene el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández-Capel Baños, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Buen Lacambra, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estructura de la Administración Central del Estado... (Página 47)

En defensa de la moción interviene la señora Sánchez García, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ridao i Martin, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Olabarría Muñoz.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Sánchez García.


Exclusión del orden del día... (Página 52)

La Presidencia informa a la Cámara de la petición del Gobierno en Junta de Portavoces del aplazamiento, y por tanto exclusión del orden del día, de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Perestelo), sobre la estrategia que se plantea el Gobierno en relación con la situación actual de la comercialización del plátano de Canarias, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.)... (Página 52)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad ciudadana, se aprueba por 314 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de la deducción por inversión en vivienda habitual, se rechaza por 142 votos a favor, 173 en contra y 13 abstenciones.


Proposiciones no de Ley. (Votación.)... (Página 52)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la crisis alimentaria global, con la incorporación de la enmienda transaccional, se aprueba por 329 votos a favor y uno en contra.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre reformas en el Código Penal en relación con los delitos de abusos sexuales a menores, con la incorporación de todas las enmiendas presentadas, se aprueba por 330 votos a favor y uno en contra.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.)... (Página 53)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (señora Díez), sobre la necesidad de ampliar el concepto legal de "víctimas del terrorismo" con la incorporación de la transacción presentada, se aprueba por 328 votos a favor y tres abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para estudiar y evaluar el trasvase del Ródano, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 184 votos a favor, cinco en contra y 142 abstenciones.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las actuaciones que pretende llevar a cabo el nuevo Gobierno para dar cumplimiento, en el marco constitucional, al artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía vigente para el País Vasco, se rechaza por 28 votos a favor y 303 en contra.


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la estructura de la Administración Central del Estado, con

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la incorporación de la enmienda transaccional, se rechaza por 154 votos a favor y 177 en contra.


Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 122/000003.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Punto I del orden del día: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad ciudadana. Para la defensa de la proposición tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, Convergència i Unió trae hoy al Pleno de la Cámara una proposición de ley orgánica importante; importante por su contenido, importante también por el momento en que se plantea e importante porque da respuesta a una clara demanda social. El momento es oportuno. Quiero destacar, señor presidente, que va a ser esta la primera proposición de ley, en este caso de ley orgánica, de grupo parlamentario que se tramita en esta legislatura, y precisamente vamos a plantear la reforma del Código Penal ante un aspecto que, si me lo permiten, fue una asignatura pendiente de la pasada legislatura. La necesidad de modificar el Código Penal estableciendo de manera expresa una mejor tipificación de aquellos delitos perpetrados por bandas organizadas era una petición que había realizado Convergència i Unió desde el inicio de la pasada legislatura, que había incluido el propio Gobierno en el proyecto de ley global de Código Penal que finalmente decayó y que Convergència i Unió -y lo saben también otros portavoces de Justicia-, cuando se modificó el Código Penal en los aspectos relativos a seguridad vial, planteó también como enmienda el hecho de poder incluir estos aspectos relativos a la seguridad ciudadana.


Señor presidente, señorías, hagámonos una pregunta: ¿por qué razón en España existen tantas bandas organizadas que cometen delitos? ¿Por qué razón en este ámbito tenemos un difícil récord, un récord a nivel europeo que causa preocupación a la ciudadanía? ¿Por qué razón hay inventariadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más de 470 bandas organizadas? ¿Por qué aquí se instalan con más facilidad que en otros países? ¿Es que aquí tienen un tratamiento penal distinto o más favorable? Entendemos que ésta puede ser parte de la respuesta a una pregunta que muchos se realizan.


Señorías, en ocasiones, ante una tentativa de robo que no llega a perpetrarse pero que es una acción delictiva porque alguien encuentra ya a los delincuentes prácticamente en el jardín de su casa, el actual Código Penal se llega a aplicar por un delito menor a dos años, se aplica la suspensión de la ejecución de la pena, con lo cual aquí no se aplica prisión provisional. Podría hacerse, de acuerdo con el artículo 503.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no se aplica esa prisión provisional y, por tanto, se da la sensación de que esa acción delictiva, esa tentativa de delito que se ha producido, al final no ha tenido el castigo que la ciudadanía espera, que es una pena de prisión para esos individuos delincuentes que forman parte de una banda organizada.
Convergència i Unió entiende -como entendía una mayoría de grupos en la pasada legislatura- que en el actual ordenamiento existe una laguna y que debemos regular mejor estos supuestos, ya que nos lo piden también las propias directivas europeas. Por tanto, planteamos la necesidad de que el Pleno de la Cámara tome hoy en consideración esta proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal introduciendo este nuevo artículo 385.bis que propone Convergència i Unió. Es un nuevo artículo que supera la rigidez del concepto de asociación delictiva que tenemos actualmente; una rigidez que provoca que prácticamente queden englobadas bandas terroristas, bandas de narcotraficantes, pero la pertenencia a determinadas bandas que tienen como objeto cometer un delito llegan, señorías, a escaparse de la acción penal y, sobre todo, de una pena de prisión, porque no está bien tipificada la mera pertenencia a las mismas.
Con la redacción que proponemos, esa mera pertenencia a la misma va a tener una pena de prisión de dos a seis años; ya no será una pena inferior a dos años, con lo que se puede eludir la ejecución de la pena de prisión, no se va a poder suspender porque se impondrá una pena de dos a seis años y, además, la pena para el delito se va a aplicar siempre en su mitad superior cuando se trate de organizaciones que quieren cometer determinados tipos de delitos. ¿Cuáles? Aquellos que más preocupan a la sociedad, aquellos que más indignan a la ciudadanía, aquellos delitos que van contra la vida, contra la integridad de las personas y también contra la libertad sexual o bien contra el patrimonio. Y aquí entran -lo sabemos muy bien- muchísimos delitos, pequeñas acciones que sumadas en su conjunto preocupan muy mucho al conjunto de la sociedad.


Señorías, todos tenemos realidades cercanas de acciones delictivas, por ejemplo, un intento de robo; quizá no lo consiguen, quizá tenemos la suerte de que

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las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado logren detenerlos, pero en el actual marco penal quedan englobados en penas menores de dos años, no se ejecuta esa pena y en ningún caso se aplica la prisión provisional que permitiría la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se escapa, por tanto, de aquella respuesta penal que la ciudadanía nos pide. Y nosotros, desde Convergència i Unió, queremos dar respuesta a esa preocupación. Alguien podría decir que con el actual contexto de recesión económica la inseguridad ciudadana ha dejado de preocupar a la ciudadanía.
Lamentablemente no es así. La seguridad ciudadana sigue preocupando, siguen preocupando las acciones delictivas, sigue preocupando esa multitud de atracos que después quedan sin esa necesaria respuesta y, por tanto, hoy desde Convergència i Unió, en positivo, buscando el consenso del resto de los grupos parlamentarios, pedimos que se apoye esta proposición de ley orgánica y que este texto pase a ser nuevo articulado del futuro Código Penal. Esta es nuestra intención. Para ello colaboraremos evidentemente con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también con las de las comunidades autónomas. Aquí todos vamos en la misma dirección.


Está aquí presente el que fue ministro del Interior, actual portavoz del Grupo Socialista, el señor Alonso, que sabe bien, desde que fue ministro del Interior, en cuántas ocasiones había una demanda de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el sentido de dar una respuesta distinta en el ámbito penal a lo que son esas bandas organizadas, esas bandas criminales, que así se definen y se van a definir en el próximo Código Penal si esta proposición de ley hoy, como espera Convergència i Unió, recibe la toma en consideración favorable de la mayoría de los grupos parlamentarios.


Termino ya, señor presidente, con una reflexión de conjunto. No vamos a arreglar los problemas de seguridad ciudadana modificando este artículo del Código Penal. Esta no es la varita mágica que por sí sola tenga el efecto de salvar los problemas de seguridad ciudadana que todos tenemos y que la sociedad percibe con alarma social. No es esta reforma la varita mágica, pero es un elemento importante entre los muchos que debemos acordar en esta legislatura. Es necesaria, señor presidente, señorías, una reforma global de la justicia. Necesitamos ya que la justicia, como servicio público, dé una respuesta más ágil, dé una respuesta más inmediata, dé una respuesta que la ciudadanía espera. Por tanto, ¿modificar el Código Penal? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Es el momento oportuno? Sí. ¿Pedimos el consenso? Sí, lo pedimos; pero debemos dejar claro hoy que pedimos también el esfuerzo de todos con un pacto de Estado en materia de justicia que nos incluya a todos y que dé los medios materiales necesarios y procure esa reforma de la oficina judicial también necesaria, porque si no iremos por mal camino. Reformaremos en esta Cámara el Código Penal y no tendremos en la sociedad que debe aplicarlo, en el sistema jurídico en su conjunto que debe aplicarlo, en el sistema judicial que debe aplicarlo, la respuesta necesaria porque hace falta esa mayor inversión en medios, el desarrollo de estatutos de autonomía como el catalán o el andaluz, que tienen en el ámbito de la justicia un mayor protagonismo de lo que deben ser las competencias de las comunidades autónomas, también con consejos de Justicia en las comunidades autónomas. Todo eso quedó pendiente en la pasada legislatura y ahora debemos esforzarnos para realizar ese acuerdo global que desde Convergència i Unió entendemos que es más necesario que nunca.
Lamentablemente, cada día tenemos ejemplos de mala práctica en el día a día de la Administración de Justicia; no mala práctica por culpa de los abogados, de los procuradores, de los jueces, no; mala práctica global porque el sistema necesita de una atención en su conjunto que en este momento no está recibiendo. Por tanto, bienvenida sea esta reforma hoy del Código Penal; llega tarde pero, al final, llega. A Convergència i Unió nadie le podrá decir que no hemos aprovechado el primer turno que se nos ha dado. La primera proposición de ley que presenta Convergència i Unió en esta legislatura ante este Pleno es precisamente para modificar el Código Penal y para dar una respuesta distinta en materia de bandas organizadas. Entendemos que la sociedad así nos lo pide. Quiero recordar que en el último año de la pasada legislatura, el propio portavoz de nuestro grupo, el señor Duran i Lleida, hizo una apelación pública a todos los diputados, a todos los miembros de esta Cámara y de las Cortes Generales en su conjunto. Decía Duran i LLeida que no nos podíamos ir de vacaciones sin que se aprobara la reforma del Código Penal en materia de bandas organizadas. Hoy quizá, aunque lleguemos unos meses tarde, daremos esa respuesta necesaria. Se la daremos. Antes le aludía a usted, señor Alonso -que estaba en otros temas dentro del Pleno-, que ha sido ministro del Interior, y sabe bien que las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad piden también reformas en el mismo sentido a las que hoy espero que esta Cámara dé la luz verde.


Acabo con una cuestión de técnica jurídica, señor presidente. En esta Cámara tenemos la responsabilidad de legislar, y esta responsabilidad de legislar también nos obliga a todos a no legislar por parches. Somos conscientes de ello en Convergència i Unió. Hoy planteamos esta reforma porque es urgente, oportuna, necesaria y nos la pide la sociedad ante ese fenómeno de las bandas organizadas, de los hurtos que después no tienen esa respuesta penal que todos esperamos. Pero sabemos bien que no es el mejor sistema ir modificando el Código Penal por etapas, por fragmentos y por parches. Por tanto, ya digo desde hoy que si se toma en consideración esta proposición de ley, como esperamos, y después el Gobierno presenta en este mismo año 2008 un proyecto de ley de reforma de aspectos del Código Penal -hay casos como el de Mari Luz que también van en la línea de la necesidad de modificar el Código Penal-, Convergència i Unió entiende que deberemos realizar una ponencia conjunta para acometer una única modifi

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cación normativa del Código Penal en la que esta parte, la de las bandas organizadas que hoy plantea Convergència i Unió, tendría el protagonismo de ser ya una parte del Código Penal tomada en consideración por la Cámara. Por ello, atendiendo a esta demanda social y atendiendo también a esta voluntad política que hoy Convergència i Unió plantea ante la Cámara, pido a todos los grupos consenso, apoyo y un sí a dicha toma en consideración que seguro será una buena noticia que hoy daremos a la ciudadanía desde el Congreso de los Diputados, en el sentido de que vemos que hay un problema con las bandas organizadas y le damos respuesta, y una primera respuesta es esa modificación del Código Penal que plantea Convergència i Unió.


Señor presidente, señorías, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Para fijar posición respecto de esta proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar tengo que manifestar que al Bloque Nacionalista Galego esta proposición de ley propuesta por Convergència i Unió le merece ciertas reservas. Consideramos cuestionable que el simple endurecimiento de las penas vaya a contribuir a la reducción de la delincuencia organizada. Debemos recordar que el Código Penal ya prevé el delito de asociación ilícita para castigar a las bandas, con la posibilidad de condenar como coautores del delito a todos los miembros de las mismas con independencia de cuál haya sido su participación en la comisión del delito. Desde nuestro punto de vista, más que reformar el Código Penal lo que resulta necesario es garantizar una mejor organización y coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, no solo dentro del Estado español, sino a nivel europeo, porque se facilitaría el trabajo de jueces y fiscales en la persecución de los delitos cometidos por bandas organizadas. La mejora de la eficacia policial y judicial constituye la mejor fórmula para combatir este tipo de delincuencia. En este sentido, endurecer las penas sin garantizar los medios necesarios para que el sistema judicial y policial pueda actuar con eficacia en la investigación de estos delitos no es el camino más eficaz. Además, se ha comprobado estadísticamente que los países que han endurecido las penas no han conseguido una disminución sustancial de este tipo de delincuencia, como ha sido el caso de Francia con la figura de la asociación de malhechores. Al contrario, lo que sí se ha demostrado disuasorio para los delincuentes es no tanto la amenaza de la pena como la seguridad de que se cumplirá la misma. Por otra parte, la inmensa mayoría de los penalistas y criminólogos coinciden en señalar que las penas previstas en nuestro ordenamiento jurídico son suficientemente duras, sobre todo si tenemos en cuenta que las penas por delitos patrimoniales se han venido endureciendo desde el año 1995 sin que ello haya supuesto una disminución de este tipo de violencia.


Por todas estas razones, señorías, al Bloque Nacionalista Galego le merece reservas esta proposición de ley. En particular, consideramos que hay que dotar al Código Penal de cierta estabilidad, consideramos que no es serio, no es lógico introducir continuas reformas parciales en el Código Penal que lo doten de una situación de inestabilidad permanente. No obstante, y teniendo en cuenta que el señor Jané verbalizó el compromiso de que si en el marco de esta legislatura se llega a un proyecto de ley de reforma del Código Penal que contemple la reforma del Código Penal en su integridad y no como resultado de una adición de reformas parciales considera subsumida esta proposición de ley en ese compromiso, pese a las reservas que nos merece esta proposición de ley, y porque la posición del Bloque Nacionalista Galego ha sido siempre no dificultar la tramitación de proposiciones de ley, que después de su tramitación parlamentaria y a través de la presentación de enmiendas son mejorables, vamos a modificar nuestra posición inicial de voto en contra de la misma y optaremos por abstenernos.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Para fijar la posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTIN: Muchas gracias, señor presidente.


Quisiera empezar esta intervención con una reflexión sobre la oportunidad de la misma, para referirme posteriormente a la naturaleza y el contenido de la proposición de ley que hoy nos trae el Grupo Catalán de Convergència i Unió.


Esta proposición de ley, como ustedes saben, tiene algunos antecedentes remotos, otros más recientes. Concretamente, tal y como indica la misma exposición de motivos y lo recordaba hace unos minutos el señor Jané, se adoptó en esta misma Cámara una resolución durante el debate de política general por la que se instaba al Gobierno, entre otras cosas, no solo a reforzar la lucha contra el crimen organizado, sino también a garantizar los derechos de las víctimas y, lo más relevante, a actualizar y modernizar los instrumentos legales, a armonizar el derecho penal español con el europeo y a incrementar en algunos supuestos la penalidad en este tipo de delitos. Esta resolución traía causa a su vez no solo de algunos episodios de los que generan especial alarma social, recuérdense algunos asaltos en domicilios y recuérdese también el llamado caso Tous, sino también de lo que prevén ya algunos instrumentos, acuerdos de derecho internacional, como la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada de carácter transna

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cional, conocida como la Convención de Palermo, y también el mismo proyecto de decisión marco del Consejo de Ministros de la Unión Europea en relación al crimen organizado, de abril de 2006. De ahí que no faltan algunas razones, en nuestra opinión, para emprender algunas reformas del Código Penal en los términos que se plantean, hasta tal punto que quisiera decir que esta nos parece una propuesta -la de introducir un nuevo tipo penal- que es casi literalmente tributaria de la que llegó a esta Cámara la pasada legislatura a través de un proyecto de ley de reforma global del Código Penal por parte del Gobierno, pero que decayó al final de la legislatura. Consiguientemente reitero que compartimos la necesidad de legislar sobre esta cuestión, de hacerlo además sin ningún tipo de alarmismo, señor Jané, porque no hace falta invocar aquí la doctrina del efecto llamada, no creo que los delincuentes a nivel internacional se pasen el día leyendo el Código Penal español. Dicho esto -y este es el reproche que nuestro grupo quisiera hacer a esta iniciativa y es el motivo por el que no va a dar su apoyo-, creemos que hay que abordar en profundidad la reforma del Código Penal. Esta es una recomendación también del fiscal general del Estado en sus últimas memorias anuales. Hay en esta misma casa una propuesta de la pasada legislatura, y así lo reclaman también los distintos operadores jurídicos y la misma doctrina penalista. Hay que abordar en profundidad y de forma global la reforma del Código Penal.


En ese sentido, estamos de acuerdo con lo expresado hace unos instantes por parte del Grupo Mixto. No nos parece aconsejable retornar a la dinámica espasmódica de microrreformas del Código Penal y todavía menos legislar en caliente. Quiero recordar que en 2003 se produjeron hasta dos reformas del Código Penal, la Ley Orgánica 15/2003 y la Ley Orgánica 20/2003, y en la pasada legislatura se operaron hasta dos reformas también del Código Penal a través de la Ley Orgánica 4/2005 y de la Ley Orgánica 15/2007, etcétera.


Finalmente, en cuanto a la sustancia, a la materia de la propuesta, ya he dicho que compartimos algunos de los extremos de la propuesta, entre otros, la necesidad de reforzar la respuesta ante la delincuencia organizada, ni que sea tipificando la pertinencia o colaboración con grupos o asociaciones delictivas, para facilitar la respuesta judicial y policial ante este fenómeno emergente e incluso también configurando un subtipo agravado con la imposición de penas en su mitad superior para algunos supuestos en los delitos contra la vida, contra la libertad de las personas y también contra la indemnidad sexual y patrimonial. Sin embargo, la propuesta adolece de algunos defectos, en nuestra modesta opinión; concretamente dos. En primer lugar, omite concretar la responsabilidad de las personas jurídicas, a través de que se concreten otras formas de delincuencia organizada como, por ejemplo, el llamado o conocido delito de corrupción privada. Y, en segundo lugar, no consta de forma precisa la definición del concepto de organización o de grupo criminal, lo que obligaría a llenar este vacío legal a través de criterios jurisprudenciales o dejando una amplísima libertad a la interpretación del juzgador, lo cual, evidentemente, no solo contraviene el principio de legalidad sino también el de seguridad jurídica, sobre todo, en un orden como el penal.


Por tanto, por estos motivos, tanto de oportunidad como en relación al contenido concreto de la propuesta, nuestro grupo no va a dar su apoyo a esta iniciativa y anuncia su voto en contra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Jané, comprendo perfectamente la patología que con su proposición quiere reprimir, la ha expuesto con la facundia que le caracteriza y le felicito por ello. (Risas.) No obstante, comprendiendo estas circunstancias y no siendo ajeno a la problemática que se suscita por S.S., tengo que comentarle algunas dudas conceptuales que me asaltan o que embargan a mi grupo en este momento con su propuesta. Comprendemos que el Estado, el poder coactivo del Estado no puede permanecer inerme ante nuevas fenomenologías delictivas, algunas de ellas caracterizadas por su extrema crueldad, por la búsqueda de víctimas particularmente vulnerables, gente que vive en zonas periféricas, alejadas, buscando ancianos o niños como elementos de referencia; gentes, bandas u organizaciones que poseen muchas veces, como usted sabe perfectamente, formación militar, que dimanan de Estados que se han disuelto y de ejércitos que en esos Estados se han difuminado; gente que actúa con una crueldad desproporcionada. Son fenomenologías que debemos atender, pero aquí vienen las dudas, señor Jané, dudas que un jurista prestigioso como usted seguramente estará en condiciones de resolverme, luego públicamente o en privado, si acaso.


En primer lugar, yo no soy partidario ni nadie en esta Cámara -y hay ilustres juristas que nos acompañan- de reformas del Código Penal por retazos o parciales. Me quedo con sus últimas palabras que me parecen las más relevantes de su intervención, que usted asumiría incardinar esta reforma particular o concreta que aquí preconiza en una reforma global, incluyendo otros tipos penales que han devenido de forma sobrevenida en extemporáneos o inadecuados para atender fenomenologías criminales nuevas. Me quedo con esta expresión, entre otras cosas, porque tenemos que utilizar como una referencia inevitable los requerimientos del artículo 15 del Pacto de derechos civiles y políticos, que exige que la norma fundamental del ordenamiento jurídico en el ámbito punitivo, el Código Penal, tiene que poseer consistencia sistemática, y la consistencia sistemática siempre se resiente con reformas parciales y con reformas, como el señor Ridao comentaba, en caliente, que atienden a situaciones de alarma social espasmódi

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camente -utilizaba una expresión quizá un tanto exagerada-, pero que tienen un cierto carácter esporádico a veces y sobredimensionadas también mediáticamente.


En segundo lugar, lo que no termino de comprender tampoco, señor Jané, es la ubicación sistemática que usted preconiza en relación a este precepto, porque usted pretende crear un artículo 385 bis nuevo. Le voy a leer lo que dice el artículo 385 original, no bis, que es el relativo a aquellos delincuentes que colocan en la vía obstáculos imprevisibles derramando sustancias deslizantes o inflamables, o mutando, sustrayendo o anulando la señalización por cualquier otro medio. Ya me explicará usted la conexión conceptual entre este tipo delictivo que usted pretende incorporar al ordenamiento jurídico como un bis de este precepto al que me estoy refiriendo.


En tercer lugar, tampoco termino de comprender la conexión y coherencia de este precepto que usted pretende introducir en el Código Penal con otro que es sustancialmente idéntico, que está ya ubicado en nuestro Código Penal, el artículo 515, y además reformado recientemente en la Ley 11/2003, de la cual usted es perfecto conocedor. Este tipo que usted preconiza ya está tipificado en el Código Penal y concretamente en el artículo 515, 516 y siguientes, pero además con una pena superior. Luego si usted lo que pretende es reprimir esta fenomenología criminal con una pena que es inferior, no deja de resultar un tanto paradójico su argumentario. Si la pena tiene que cumplir los tres fines que todos conocemos, el de prevención especial, prevención general y retribución, no me parece que sea el mejor procedimiento reducir la cuantía de la pena en este caso. Contra la opinión de quienes me han precedido en el uso de la palabra, lo que aquí usted está proponiendo es reducir la cuantía de la pena nada menos que de 15 años a seis mediante un tipo penal sustancialmente idéntico al previsto en el artículo 515, que dice que son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración las que tengan como objeto cometer algún delito. Es exactamente lo que usted regula, el tenor literal exacto del precepto que usted pretende incardinar, con una ubicación sistemática un tanto peculiar, un tanto atípica, en mi opinión. Desde esa perspectiva, no sé hasta qué punto la reforma que usted pretende es beneficiosa para las finalidades que ha preconizado en su primera intervención.


En definitiva, son dudas de naturaleza técnico-jurídica que seguramente se podrán resolver si damos a esta reforma del Código Penal, y a otras que van a ser debatidas esta misma tarde y en plenos posteriores de esta Cámara, una dimensión de carácter general. Es común la opinión en el ámbito de la doctrina científica de que el Código Penal 10/1995, el llamado pomposa y petulantemente Código Penal de la democracia, resulta en estos momentos extemporáneo e inadecuado para atender fenomenologías delictivas de nuevo cuño; absolutamente inadecuado. Luego, en una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tendremos la oportunidad de volver a comprobarlo. De todas formas no deben ser reformas aisladas y asistemáticas, que priven a la norma de consistencia sistemática, la norma más relevante de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución en negativo, las que provean las modificaciones sobre fenomenologías delictivas de nuevo cuño. Quizás lo que resulte pertinente es lo que usted dijo in fine, al final de sus palabras, que una ponencia específica debería revisar todas aquellas cuestiones que han devenido de forma sobrevenida extemporáneas e inadecuadas en la regulación normativo-punitiva del Código Penal actualmente vigente. Por cierto, ha sido ya objeto de múltiples reformas y también en caliente la mayoría de ellas.


Voy a poner un ejemplo y con esto acabo, señor presidente. La Ley 11/2003, que antes mencioné, hace referencia a la tipificación nueva del delito de violencia doméstica. Aquí ya se comprueba estadísticamente que reformas en caliente, asistemáticas y para atender problemas puntuales que ante una alarma social utilizan inadecuadamente el Código Penal para resolver problemas más complejos, profundos y globales que aquello que el Código Penal puede resolver resultan normas insuficientes. Esta insuficiencia es la que yo invoco en este momento, señor presidente, para pedir que cualquier reforma del Código Penal se haga atendiendo a la consistencia sistemática debida junto a los demás principios que la ontología del Código Penal nos exige a los legisladores: proporcionalidad de las penas, principio de mínima intervención, lesividad y consistencia sistemática.
Con reformas de esta naturaleza perdemos la consistencia sistemática. En todo caso, señor Jané, y atendiendo a sus últimas palabras, la posición de nuestro grupo en este momento será la de abstención.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular ante la solicitud de toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que pretende introducir un nuevo título XVII bis al Libro II del Código Penal, añadiendo un nuevo artículo, el 385 bis, que tipifica la pertenencia a organizaciones constituidas para delinquir y asimismo recoge la figura del arrepentido.


En la explicación de motivos de esta proposición de ley se dice que el texto que ahora se propone es una copia literal del que en su día proponía el proyecto de ley de modificación del Código Penal que el Gobierno trajo a esta Cámara para su debate la pasada legislatura, en enero de 2007, y que como es sabido ha caducado

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por no haberse terminado su tramitación antes de la disolución de las Cortes. Sin perjuicio de otras consideraciones de fondo, permítame que de inicio me sume a las críticas que otros grupos han puesto de manifiesto, no por el hecho de la presentación de esta proposición de ley sino porque a estas alturas tengamos que debatir sobre ella. Coincidirá conmigo la mayoría de los grupos de la Cámara en que si la pasada legislatura el Gobierno socialista hubiera hecho los deberes en materia de justicia, esta y otras muchas reformas, no solo del Código Penal, ya estarían aprobadas y en vigor; es evidente. ¿Cómo fue la legislatura anterior en materia de justicia? La verdad es que deja un balance bastante patético, dramático, un suspenso. ¿Qué fue, señores de la mayoría, de la promesa de modernizar la justicia? Caducaron los proyectos. ¿Qué han hecho ustedes de la oficina judicial? Dicen ahora en su programa electoral que van a culminar la oficina judicial. Arranquen; no sé si culminar, pero por lo menos empiecen. ¿Qué pasó con la reforma de la jurisdicción voluntaria? En este caso no caducó, la retiraron. Podía haber pasado cualquier cosa y salir una auténtica chapuza jurídica, y no porque nosotros les pusiéramos alerta sino porque no hicieron caso a todos los operadores jurídicos que en aquel caso, y en otros, les decían que era lo más saludable y razonable; y no solo en eso. Es cierto que el Código Penal se tramitó rápido, sin consenso y tuvo el final que ahora vemos, pero también caducaron la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afectaba al recurso de casación, la generalización de la doble instancia, la reforma de la justicia de proximidad, el proyecto de reformar la navegación marítima; y en materia de enjuiciamiento criminal hicieron una serie de promesas y anunciaron una reforma que ahora también anuncian pero que todavía no hemos visto.


Señores del PSOE, ¿vamos a padecer otra legislatura como la pasada en materia de justicia? ¿Qué modelo de Código Penal es el que van a defender y a impulsar en esta legislatura? ¿Van ustedes a aceptar que ahora modifiquemos el Código Penal a golpe de proposición de ley; proposición de ley a proposición de ley, artículo a artículo, proposición no de ley de un grupo, proposición no de ley de otro, una moción, otra moción, o van ustedes a ponerse a trabajar y a traer una modificación global del Código Penal? Porque los problemas están ahí y los grupos no podemos permanecer silentes. Hoy vemos esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la que se pide la tipificación de la delincuencia organizada. Más tarde, hoy mismo, veremos una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que pedimos que se incrementen las penas de forma ejemplar a los que delinquen contra la libertad e indemnidad sexual, sobre todo cuando la víctima es especialmente vulnerable. Mañana veremos proposiciones no de ley de este grupo para combatir la violencia de género; pasado mañana otras iniciativas que pretenden la agilización y calidad de la justicia.
Y eso porque ustedes, señores de la mayoría, no están haciendo los deberes. La semana pasada un conocido periodista se quejaba en su informativo de que los ministros estaban aterrizando suavemente en los ministerios. Sin que sirva de precedente, en este caso estarán conmigo en que algo de razón tiene. No creo que se refiriera al ministro de Justicia, porque él si que ha repetido en el suyo y ha tenido continuidad al hacerse cargo de la misma cartera y del mismo despacho; ni siquiera ha tenido que hacer una reforma en esta nueva legislatura. Señores de la mayoría, ustedes se preocuparon y se interesaron más por reformar y mejorar el piso del ministro de Justicia que por reformar los problemas de la justicia. (Protestas.-Aplausos.) Que el Gobierno no haga nada para combatir la inseguridad no parece el mejor instrumento para que esta descienda. Me temo que a falta de más información, que el Gobierno tampoco da o da con cuentagotas, la inseguridad ciudadana y la delincuencia que la provoca están aumentando de una forma más que significativa día a día. Y en esto no hay peor ciego que el que no quiere ver. Se habla estos días de aplicar el pesimismo o el optimismo para enfocar los problemas. El Gobierno en este tema -pesimismo u optimismo aparte- lo que tiene que hacer es ser realista y dar los datos fiables, porque mucho nos tememos que ni siquiera son capaces de ver que estamos ante un problema socialmente muy grave y, así, difícilmente sabrán darle una solución.


Señor Jané, estamos de acuerdo en que hay que dar una respuesta clara y contundente y afrontar con valentía este grave problema que está causando mucho daño y una alarma social evidente. Es verdad que todos los partidos lo hemos recogido en nuestros respectivos programas políticos. Nosotros llevamos denunciando el aumento de los delitos de esta naturaleza durante toda la anterior legislatura porque la seguridad es un bien necesario.
Difícilmente podemos hablar de que vivimos en una sociedad libre si no garantizamos la seguridad de los ciudadanos. Por eso, junto a la tipificación y aumento de penas para este tipo de delincuencia, planteamos en nuestro programa medidas destinadas a adoptar una estrategia de seguridad integral coordinada para todo el territorio nacional tanto en la prevención como en la investigación, aumentar las unidades especializadas en el crimen organizado, incrementar los medios materiales y en especial los de mayor innovación tecnológica, para que la policía pueda luchar contra la delincuencia organizada, adoptar la organización judicial y fiscal para enjuiciar las bandas organizadas que actúan en todo el territorio, asegurar el cumplimiento efectivo de las penas en delitos de especial gravedad, impulsar instrumentos de cooperación policial europeos, poner en marcha equipos conjuntos de investigación con otros países, crear una malla europea de agregados policiales, crear equipos de intervención rápida, propiciar la interconexión entre las bases de datos de control de las salidas y entradas, etcétera; toda una batería de medidas que junto a estas deberíamos aplicar durante esta legislatura.


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En todo caso, desde el punto de vista estrictamente jurídico, permítame decirle, señor Jané, que nosotros, como han dicho otros oradores, somos más partidarios de hacer una reforma global, una reforma profunda y una reforma que afecte, como en su día se pretendía, a todos los aspectos que interesa modificar y que sería mejor que no hacerlo -se ha utilizado la palabra- parche a parche, por mucho que los problemas sean importantes y haya que darles cara. En el caso de que sea aceptada la toma en consideración, nosotros creemos que el texto es manifiestamente mejorable. El señor Olabarría ha puesto algunas cautelas y algunas cuestiones que dan pie a reflexionar. En todo caso, tenemos el informe del Consejo General que en su día emitió al proyecto de ley que trajo el Gobierno y que realiza una serie de recomendaciones, reflexiones y conclusiones importantes sobre este tema, está el proyecto de decisión marco relativo a la lucha contra el crimen organizado de la Unión Europea, que también debería hacernos pensar, está el tema de las cuantías y si la sistematización es o no la correcta. Si se toma en consideración el texto, nosotros haremos las aportaciones adecuadas para que al final el texto que resulte sea lo más útil posible para poder combatir esta lacra y este tipo de delincuencia.


Lo malo de que no sepamos cuál va a ser el rumbo del Gobierno y de que parezca -según dice ese famoso periodista- que los ministros están de vacaciones es que los problemas se agudizan, la inseguridad no disminuye, la delincuencia aumenta y nada hace presagiar que este ministro vaya a tener la capacidad y el talante para poner orden y concierto en una materia tan sensible, porque los señores de la mayoría, que todos sabemos que son los campeones del diálogo, del consenso y del talante, yo creo que en materia de justicia han hecho una excepción, porque no han hecho en este tiempo ni un mínimo esfuerzo por ofrecer un pacto, por establecer puentes, por despolitizar aquello que es básicamente técnico, por avanzar soluciones prácticas sugeridas o aceptadas por los operadores jurídicos, y así nos va. Lo cierto es que el PP demostró, y lo hizo en su día, incluso con mayoría absoluta, que sabía llegar a acuerdos con el entonces principal grupo de la oposición en materia de justicia, y fueron más de diecisiete proyectos de ley los que aprobamos dentro de un gran pacto sobre la justicia. Por eso somos creíbles cuando ofrecemos nuestra colaboración nuevamente, nuestra colaboración sincera en esta materia. En la pasada legislatura, el Grupo Parlamentario Popular presentó una serie de medidas que afectaban tanto al mundo de la justicia como al área de interior, para mejorar la justicia y combatir la delincuencia; medidas que ahora, actualizadas en el programa electoral, deberemos activar nuevamente porque el Gobierno no parece tomar la iniciativa y, en todo caso, ponemos a su disposición porque forman parte de un paquete muy amplio y muy completo. Sería bueno por el bien de todos que fijaran un rumbo claro y no dejen pasar ni un minuto más las reformas absolutamente necesarias que necesita la justicia y que nos demandan con mucha preocupación los ciudadanos.


Señorías, la seguridad es el requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos y las obligaciones. La primera obligación de un Estado democrático tiene que ser garantizarlas. Los mejores indicadores de la calidad de vida de un país son la seguridad y la libertad de la que goza o está privada su ciudadanía. Sin libertad, la democracia es papel mojado. Esta es la primera asignatura que debería aprobar un Gobierno democrático...


El señor PRESIDENTE: Señor Salvador, tiene que ir acabando.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Voy terminando, señor presidente.


Señores de la mayoría, suspendieron esta asignatura la pasada legislatura y por lo que se ve van nuevamente camino de hacerlo, al menos hasta septiembre, porque según algunos por lo visto han empezado las vacaciones. Nosotros les pedimos y les exigimos sinceramente que se pongan manos a la obra, que se pongan a trabajar de una vez.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Muñoz.


El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, señores del Partido Popular, señor Salvador, veo que comienzan ustedes la IX Legislatura, desgraciadamente, igual que terminaron la VIII. Cuando ustedes se suben a esta tribuna deberían tener cierto respeto al menos a su pasado, y cuando hablen de consenso en las reformas legislativas, especialmente en aquellas que tienen que ver con algo tan importante como el Código Penal, conviene que recuerden -pondré solo algún ejemplo- cómo fueron capaces de reformar con una enmienda en el Senado en la Ley de Arbitraje el Código Penal. ¿Recuerdan? Utilizaron en el Senado la Ley de Arbitraje para reformar el Código Penal. Esa es la forma en que entendían ustedes el consenso en materia tan importante como el Código Penal.


Debatimos hoy, señorías, una iniciativa importante presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que tiene que ver con el incremento de la seguridad ciudadana. Es cierto, también se ha puesto de manifiesto, que ha habido varios antecedentes en la VIII Legislatura. Es verdad que se tomó en consideración y fue aprobada una propuesta de resolución en el debate sobre el estado de la Nación del año 2006. Por cierto, señor Salvador, una propuesta en esta materia que le recuerdo que fue votada favorable

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mente por nuestro grupo, por el Grupo Catalán, por Izquierda Unida y por Coalición Canaria, y que ustedes votaron en contra. Por tanto, poco interés debió suscitarles en el año 2006 esta materia cuando votaron en contra de ella. En cumplimiento de aquella resolución del debate sobre el estado de la Nación se presentó y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el 15 de enero de 2007, el proyecto de reforma del Código Penal del Gobierno que ya contenía un artículo que es exactamente del mismo tenor del que aquí se formula y se somete a la consideración de esta Cámara. Recuerdo al señor Salvador que en aquel momento ustedes presentaron una enmienda de totalidad al Código Penal, una enmienda que no prosperó, que decayó por el cumplimiento del plazo y el término de la legislatura; le recuerdo que ustedes votaron en contra de un artículo que es del mismo tenor del que ahora se somete a la toma en consideración de esta Cámara. Es verdad que también hubo una nueva iniciativa en el debate sobre el estado de la Nación, pactada entre varios grupos parlamentarios, con el fin de adoptar medidas legislativas que garantizaran y aumentaran la seguridad ciudadana, especialmente en materias de delincuencia organizada.


En cuanto al contenido de esta proposición de ley, como bien ha explicado en nombre del grupo proponente el señor Jané, estamos hablando de la existencia de bandas que tienen por objeto delinquir; estamos hablando de una situación en la que hay dificultades actualmente en la persecución de estas bandas, y a nosotros nos parece que es adecuado (entre otras cosas porque coincide en su tenor literal con el proyecto de reforma del Código Penal que se presentó por el Gobierno en el año 2007 de creación de un nuevo artículo 385 bis del Código Penal) no solamente con la creación de este tipo sino también con el incremento y la agravación de la pena cuando se dirigen a delitos contra la vida, contra la integridad de las personas, contra la libertad, la identidad sexual, el patrimonio, la Hacienda pública y la seguridad social. Estamos -también se ha dicho por alguno de los portavoces de los grupos parlamentarios- ante la anticipación del contenido del proyecto de decisión marco adoptado en el Consejo Jai de 25 de abril de 2006, ante una iniciativa que también recibió el espaldarazo del fiscal general del Estado en la memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2006 y, por tanto, estamos intentando solucionar un problema en el que la respuesta policial está ahí, pero conviene -por eso nos parece que es oportuna esta reforma y esta iniciativa que hoy se plantea y por ello vamos a votar a favor de su toma en consideración- que esa respuesta regule perfectamente, en los términos en que se está haciendo -sin perjuicio de lo que luego me referiré que puede ser objeto de enmienda en todo el trámite parlamentario-, esta figura delictiva. Nos parece que esta figura delictiva hay que crearla en los términos en que se hace en esta iniciativa parlamentaria. Junto a esa agravación de las penas hay el correlato de la disminución de las penas en aquellos casos en que los miembros de las bandas organizadas, de la delincuencia organizada, quieran colaborar con la policía para la obtención de pruebas para la detención y la desarticulación de estas bandas. Es verdad que tomar solo uno de los artículos de los que componían el conjunto de la reforma del Código Penal puede producir alguna asimetría, pero nosotros creemos que puede resolverse en relación con la tramitación parlamentaria. Por supuesto, no pretendo indicar al señor Olabarría cuál es la solución que debería darle el proponente de esta iniciativa, pero quizás en ayuda del mismo le diría que cuando usted ha sacado a relucir el artículo 515 del Código Penal, que se refiere a las asociaciones ilícitas, debemos entender que este artículo está en el Título XXI del Código Penal, concretamente dentro del capítulo IV en la sección 2.ª Estamos hablando de delitos contra la Constitución y dentro de esos delitos del derecho fundamental de asociación y, por tanto, el correlato de la asociación ilícita. Estaríamos hablando de cuestiones distintas y por ello es necesaria la creación de este tipo específico.
Estamos dispuestos a debatir esta iniciativa -con usted siempre es un placer- en todo el trámite parlamentario.


Concluyo, señorías. El Gobierno se ha comprometido a aumentar la seguridad ciudadana y en el compromiso en esta legislatura de aumentar el número de efectivos de la Policía y de la Guardia Civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llegar a los 140.000 efectivos. Mientras esto ocurre, recordemos por un momento que la política que ustedes hicieron, señores del Partido Popular, fue la de reducir el gasto en seguridad; quitaron a 7.000 guardias civiles y policías de las calles. Nosotros hemos incrementado la plantilla de Policía y Guardia Civil en la VIII Legislatura en 17.000 efectivos, les hemos pagado mejor, les hemos dotado mejor, les hemos coordinado más y el resultado es que hoy España es más segura. Pero, como digo, eso no es suficiente. Junto con iniciativas parlamentarias como la que hoy debatimos aquí y cuya toma en consideración nosotros proponemos, es objetivo del Gobierno, y así lo ha dicho el ministro del Interior en su comparecencia para explicar las líneas maestras y fundamentales de esta legislatura en ese departamento ministerial, aumentar y multiplicar los especialistas para combatir este tipo de delitos. Votaremos por tanto favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, sin perjuicio de la capacidad que todos tendremos de enmendarla. Pero nuestro voto ha de entenderse en el sentido de que esta iniciativa pueda ser tramitada de forma acumulada o subsumida en otras iniciativas, cualquiera que sea la reforma que se pueda hacer en la legislación penal con mayor o menor amplitud, o incluso cualquiera que sea la reforma que se pueda hacer en algún tipo concreto atendiendo a razones de oportunidad en materia penal.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz.


Las votaciones, si les parece bien, las haremos al final de la sesión.


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DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL. (Número de expediente 122/000028.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al incremento de la deducción por inversión en vivienda habitual. Para defenderla tiene la palabra el señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.


Señorías, a comienzos de 2007 advertíamos al Gobierno de que la economía española necesitaba ajustes. Nuestro déficit exterior, la pérdida de competitividad en nuestra economía y el incremento de los precios del petróleo así lo aconsejaban. Le decíamos que vivir de las rentas de lo que en Europa se denominó el milagro económico español duraba lo que duraba. Mariano Rajoy utilizó para describir la situación económica el símil del reloj, de un reloj de los de antes, un reloj que mientras tiene cuerda funciona bien, pero de vez en cuando hay que darle cuerda porque si no se para. El presidente del Gobierno le contestó, con un alarde de ingenio, que los relojes actuales funcionan con pilas y por tanto no hay que darles cuerda. Así nos va. En el último tercio del año los síntomas que anunciaban la crisis que se nos venía encima eran evidentes. El incremento del precio del petróleo y también el de los alimentos, así como el aumento de los tipos de interés de las hipotecas, amenazaban con mermar la capacidad adquisitiva de los españoles. Esto no solo podía dañar su bienestar sino que también podía afectar a la economía. Lo dijimos y se nos llamó antipatriotas por ello. Y hoy para el presidente Zapatero antipatriotas somos muchos más: somos nosotros, pero también todos los analistas financieros, los dirigentes de las asociaciones empresariales, los sindicatos, el Banco de España, el Banco Central Europeo, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, las miles de pequeñas y medianas empresas que han cerrado, los 100.000 ciudadanos que han perdido su empleo y los millones que no llegan a final de mes y que ven peligrar la vivienda en que habitan y que constituye su hogar familiar.
Ya entonces proponíamos al Gobierno medidas similares a las que hoy defendemos dirigidas a incrementar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas, y el Gobierno ni caso, estaba en otra cosa. Como recordarán todos, hablo de los días en que el Gobierno nos recomendaba comer conejo y no dejar propina. Para el Gobierno y el Partido Socialista adoptar medidas anticrisis era reconocer la crisis, y eso a las puertas de unas elecciones generales era un tremendo error y prefirieron decir que no había crisis, que todo era pasajero y que a partir de marzo todo cambiaría. El Gobierno y el Partido Socialista optaron por engañar a los ciudadanos en vez de tomar las medidas necesarias para afrontar una situación de crisis económica que era evidente. Esa indignante pasividad del Gobierno, su inactividad, ese no hacer absolutamente nada es la causa de la gravedad de la situación en la que hoy nos encontramos.


Hoy, las medidas que hay que tomar no son para prevenir la crisis económica sino para combatirla. Nosotros pensábamos que tras las elecciones generales el Gobierno iba a adoptar medidas anticíclicas o, al menos, alguna medida que pudiera aliviar el impacto de la crisis en la economía de las familias; pero el Gobierno -como dije hace unos días- ni está ni se le espera; la culpa es del euribor y del precio del petróleo, y no se puede hacer absolutamente nada. Eso es absolutamente falso. Para eso están los gobiernos de las naciones, para tomar decisiones diferentes para situaciones distintas. No se puede llevar la misma política económica o fiscal con los tipos de interés al 2 ó al 5,5; o con el barril de petróleo a 60 dólares o a 120; o con una inflación del 1,5 ó con una del 4,7. Proponer medidas es lo que hizo mi compañero Cristobal Montoro hace dos semanas y es lo que hice yo también desde esta tribuna hace tan solo unos días. Todas esas medidas y esas propuestas tuvieron el mismo resultado: el rechazo del Gobierno y del Partido Socialista. Para el vicepresidente Solbes con los famosos 400 euros ya se acaba el margen de maniobra del Gobierno y, además, si cientos de miles de ciudadanos pierden su empleo no tienen por qué preocuparse pues para eso está el subsidio del paro.


Señorías, la pasada semana defendí un conjunto de medidas dirigidas a facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda y dinamizar el sector de la construcción, entre las que se encontraba la contenida en la proposición de ley para la que hoy solicito su toma en consideración.
Eran medidas que pretendían incrementar la capacidad adquisitiva y la protección de las familias con hipotecas, impulsar el desarrollo de los suelos destinados a viviendas protegidas, y reducir la carga fiscal que grava la vivienda y que incide negativamente en su precio. El único argumento esgrimido por la portavoz socialista en su rechazo a nuestra propuesta no tiene desperdicio. Nuestra propuesta pretendía, según ella, que los empresarios siguieran ganando dinero de forma masiva. Es decir, para la señora Fuentes, incrementar la deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por adquisición de vivienda habitual, facilitar a las familias la conversión de hipotecas de tipo variable a tipo fijo, dotar a los ayuntamientos de capacidad financiera suficiente para impulsar el desarrollo de los suelos destinados a viviendas protegidas, suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados que se paga en la adquisición de una vivienda o en la constitución o subrogación de un préstamo hipotecario son, todas ellas, medidas que persiguen exclusivamente que los empresarios sigan ganando dinero de forma masiva.
Pocas veces se había visto en esta Cámara tanta demagogia y tanta pobreza de argumentos.


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Señorías, la proposición de ley para la que hoy pido su toma en consideración persigue devolver parte de la capacidad adquisitiva que los ciudadanos han visto mermada por el aumento de los tipos de interés con referencia al euribor y por el aumento de la inflación. Para ello proponemos modificar el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que regula la deducción por inversión en vivienda habitual. La modificación que planteamos pretende, por un lado, aumentar la parte estatal de la citada deducción del 10,05 al 20,05 por ciento, alcanzando así una deducción total del 25 por ciento de las cantidades satisfechas en la adquisición de la vivienda habitual, y, por otro, aumentar el límite de la base máxima de la deducción de 9.015 euros a 10.000 euros. Asimismo, proponemos que la aplicación de esta deducción tenga efectos inmediatos en las tablas de retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para lo cual hay que modificar el reglamento del impuesto. Esta medida podrá suponer una mejora de las nóminas mensuales de los contribuyentes de hasta 2.500 euros anuales, es decir, el 25 por ciento de los 10.000 euros anuales, esto es, 208 euros mensuales. También proponemos aumentar la deducción por inversión en vivienda habitual derivada de las obras o instalaciones para mejorar las condiciones de accesibilidad llevadas a cabo por personas dependientes. En concreto, queremos aumentar el porcentaje de la deducción estatal del 13,4 por ciento actual al 23,4 por ciento, alcanzando un total del 30 por ciento, y, al igual que en el caso general, de la deducción se amplía la base máxima hasta 13.500 euros.


Señorías, tras la última subida del euribor, que ya está en el 4,97 por ciento, la cuota mensual media de un préstamo hipotecario se aproximará a 900 euros mensuales, 390 euros más mensualmente que en marzo de 2004.
Esta situación no solo provoca que la mayoría de los españoles ni siquiera puedan pensar en comprar una vivienda, lo cual ya es bastante grave, sino que está provocando que miles de familias, miles de españoles que compraron su vivienda hace cuatro, cinco o seis años, justo en esos años terribles en los que los españoles podían ir a un banco, pedir un préstamo, que se lo concedieran y comprar una vivienda, ahora, tras cuatro años de Gobierno socialista, ya no pueden pagarla y eso es dramático. Hace quince días el vicepresidente Solbes le dijo al señor Sánchez i Llibre en relación con la destrucción de empleo en el sector de la construcción que no se preocupara, que para eso estaba el paro y el subsidio de desempleo. A los que pierdan su vivienda, ¿qué les va a decir el Gobierno? ¿Que lo siente? ¿Que el euribor no lo fijan ellos? ¿Que con los 400 euros ya están terminadas las medidas anticrisis del Gobierno? Lo que nosotros proponemos no es otra cosa que dejarles algo más de dinero a los ciudadanos que pagan su hipoteca, con un máximo de 10.000 euros al año de deducción. No creo que ningún portavoz suba a esta tribuna para decir que esto favorece a los empresarios ricos. Les invito a que, si no están de acuerdo con esta propuesta, lo digan, pero también les invito a que propongan una mejora o al menos una distinta, aunque no sea mejor. Lo que no pueden hacer es subir a esta tribuna a rechazar la propuesta sin más, sin proponer nada a los miles de ciudadanos que esperan una respuesta del Gobierno.


De verdad, la situación es dramática y ustedes lo saben. Durante estos días se han publicado nuevos datos sobre los índices de morosidad y estos datos reflejan que la morosidad ha crecido en el último año un 83 por ciento, del 0,66 por ciento en marzo de 2007 al 1,2 por ciento actual. Es tan grave que los registradores de la propiedad, compañeros de profesión, por cierto, de la ministra de Vivienda, han reclamado al Gobierno por primera vez una ley que regule la insolvencia de los particulares.
Estamos a tiempo de tomar medidas que eviten males mayores a miles de ciudadanos. Esta mañana en la Comisión de Vivienda la portavoz socialista se refirió a esta propuesta y la rechazó, manifestando que Rodrigo Rato y la OCDE en el año 2005 se declaraban contrarios a incrementar las deducciones por adquisición de vivienda. Lo que no ha dicho la portavoz socialista es que en 2005 los tipos de interés estaban en el 2,5 por ciento y hoy en el 5,5, que la inflación estaba en el 2 por ciento y hoy en el 4,7 por ciento y que en 2005 se creaba empleo y hoy se destruye. A día de hoy, 15.000 más en este mes de mayo que en el mes pasado.


Por todo ello les pido su voto a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Admítanla y después presenten las enmiendas que estimen convenientes y que puedan mejorar el texto, pero no abandonen a miles de familias a su suerte.


Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos.


Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Intervengo para posicionarnos en relación con esta propuesta que en su exposición de motivos justifica la deducción que se propone basándose en el encarecimiento de la vivienda experimentado en los últimos años y, en especial, en la fuerte subida del euribor desde 2004 hasta la actualidad.
Por tanto, el objetivo anunciado de la medida es, por un lado, reactivar el sector de la construcción y, por otro, facilitar el acceso a la vivienda en las mejores condiciones posibles. Desde luego analizamos la propuesta detenidamente y fuimos capaces de ver diferentes aspectos de la misma. Entre ellos que si bien reconocemos el principio de que cada contribuyente debe aportar a las arcas del Estado según su capacidad de pago, también es necesario señalar que la capacidad de pago de los adquirientes de una vivienda ha

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descendido vía incremento de hipotecas. Por tanto, este incremento en la deducción que establece la propuesta que acaba de defender el portavoz del Grupo Parlamentario Popular estaría en principio justificado. Sin embargo, el Bloque Nacionalista Galego, a la hora de valorar la proposición en sí, tiene que tener presente nuestra visión del sistema fiscal y, concretamente, del IRPF. Por lo tanto, esa visión del sistema fiscal nos obliga a oponernos a un uso masivo de las deducciones puesto que es necesario mantener la equidad y la progresividad del tributo.
Además, desde nuestro punto de vista, existen diversos hechos económicos y diversos colectivos que por sus características específicas serían susceptibles de demandar mayores beneficios fiscales. Por otro lado, apoyar la propuesta que acaba de defender el diputado del Grupo Parlamentario Popular sería, asimismo, incoherente con la política que el Bloque Nacionalista Galego está defendiendo hasta el momento en materia de vivienda y que prioriza las ayudas a la vivienda protegida, entre otras cuestiones.


Con respecto a la deducción por las inversiones en vivienda habitual llevadas a cabo por personas dependientes, es necesario señalar que las personas dependientes incurren en mayores gastos por lo que tienen una menor capacidad contributiva. En todo caso, en los últimos años se han introducido diversos beneficios fiscales a favor de este colectivo, por lo que valoramos con cautela la introducción en este caso de una mayor deducción.


La propuesta que se nos hace es una consideración a trámite y de ahí que algunas de las cuestiones que sería conveniente analizar y llevar a cabo en materia de apoyo al sector de la vivienda se podrían incorporar en el trámite parlamentario. Sin embargo, la semana pasada cuando nos posicionamos con relación a una moción -en aquel caso de Convergència i Unió- ya manifestamos nuestra opinión de que como las políticas de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, todas aquellas medidas que se tomen deben ser consideradas y negociadas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Nosotros entendemos que debería ser así, y aunque hay medidas que en el trámite de una proposición como esta se podrían introducir, tales como ampliar la deducción a programas de rehabilitación, que defiende el Bloque Nacionalista Galego, repito que consideramos que esto se debe hacer en la negociación con las comunidades autónomas y que todas las medidas en relación con la vivienda deben ser acordadas en estas negociaciones. Por eso nos posicionamos en contra de la propuesta que hoy acabamos de debatir.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Señor Matos, usted conoce cuál es nuestra postura, que no es nueva de esta sesión del Pleno sino que lo es de toda la legislatura anterior. Hace cuatro años nosotros hacíamos un diagnóstico y decíamos que la política en materia de vivienda en este país no se hacía bien. Nos gastábamos mucho menos que la Unión Europea en vivienda, en torno a un 0,70 por ciento del PIB, porcentaje del que 5.695 millones de euros se destinaban a políticas de deducción y apenas 878 millones a políticas activas de vivienda. Lo que pasó a lo largo de la legislatura es que se corrigieron parcialmente esas cifras, pero hoy continuamos destinando muchos menos recursos a las políticas activas de vivienda, un 0,84 por ciento del producto interior bruto, y lo que es más grave, el 71 por ciento de esos recursos que destinamos a la vivienda se dirigen a políticas de desgravaciones. Usted hoy nos viene con una proposición de ley a decirnos que volvamos a incrementar lo que destinamos a la política de desgravación. Usted sabe cuál ha sido siempre la postura de nuestro grupo. Lo que tenemos que hacer en cualquier caso es incrementar las políticas activas en materia de vivienda y en todo caso disminuir esas políticas de desgravaciones fiscales que acaban siendo, a efectos prácticos de la Administración del Estado, una transferencia de capital al promotor, subiendo los precios, evitando políticas activas y no permitiendo precisamente que haya una mejora de la situación de la gente joven y de todos los colectivos en el acceso a la vivienda.


Nuestro sistema fiscal, señor Matos, continúa primando la compra de vivienda frente al alquiler con generosas desgravaciones. Incluso la OCDE -lo dije yo esta mañana antes de que la ministra Corredor lo apuntase- llegó a afirmar que estas deducciones a la compra logran el efecto contrario al deseado, elevando el precio de la vivienda y fomentando la inversión en vivienda de los sectores más pudientes, no para satisfacer su necesidad de residir, sino como medio de aumentar su patrimonio. Esta es una de las razones -no la única- que inflaron los precios de la vivienda en España creando una burbuja que ahora se desinfla y atrayendo capital que acabó alimentando esa burbuja inmobiliaria. Según la OCDE incrementar las deducciones fiscales a la compra de vivienda aumenta su precio, en lugar de hacerla más accesible a la ciudadanía. En España, según diferentes estudios, se estima que entre 15 y 20 puntos porcentuales del incremento en el precio de la vivienda se debieron a la famosa deducción por compra. Ustedes saben que la deducción por compra tenía un origen y el origen fue un momento de recesión económica en la que esa deducción se planteó. Eso sirvió precisamente para reflotar el sector de la construcción, y la paradoja es que esa deducción por compra, pensada en los años ochenta para un contexto muy determinado, se mantuvo en los años noventa y a principios de la actual década.


¿Qué proponemos nosotros? Precisamente una orientación contraria a lo que ustedesseñalaban. Obviamente,

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no quitar las deducciones existentes, porque no puede ser que aquellas personas que se están deduciendo el piso, cuyas deducciones ya se han internalizado en el precio de su vivienda, vean que desaparecen; pero sí entendíamos -y así lo planteamos en la última reforma fiscal- que lo que tenía que haber era una disminución de esas deducciones, garantizando que en España nos acerquemos a los niveles europeos en gasto en políticas de vivienda y haciendo que de cada cien euros que se inviertan setenta vayan a políticas activas y treinta a desgravaciones, y no como pasa hoy, que setenta van a desgravaciones y treinta a políticas activas.


Nuestro diagnóstico es claramente contradictorio con lo que ustedes nos plantean y entendemos que el Gobierno en la legislatura anterior, aprovechando la oportunidad de una coyuntura económica buena, tendría que haber hecho los deberes y lograr que se invirtiese el orden. En cualquier caso, lo que no compartimos es que hoy lo que tengamos que hacer sea eso.
En este contexto, aprovecho para decir que las medidas tienen que ser otras: por ejemplo, avales en aquellos créditos que no se dan, pero no en la vivienda libre sino en la vivienda protegida, a aquellas personas, aquellas ciudadanas y ciudadanos que hoy no pueden acceder a una vivienda protegida. Lo que hay que hacer es una modificación de la Ley del Mercado Hipotecario, garantizando que aquellas personas que están en una situación de insolvencia transitoria no acaben desalojadas de sus pisos y realizándose una intervención por parte de la Administración, en una Ley del Mercado Hipotecario que proteja precisamente a aquellas familias endeudadas; también se puede hacer realidad lo que planteaba hace pocos días el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, que es tipificar en el Código Penal con penas de inhabilitación a aquellos que incumplen sistemáticamente las leyes del suelo, por ejemplo, la reserva del 30 por ciento en vivienda protegida. Medidas como estas son las necesarias y las políticas activas son imprescindibles.


Si hoy se tramitase su proposición de ley, lo que haríamos sería ahondar en el error de otras épocas. Lo que necesitamos hoy son políticas activas de vivienda, dirigidas a garantizar ese derecho que no se garantiza, que es el derecho a la vivienda y no encaminadas a mantener el globo inflado cuando lo necesario es no que el globo se desinfle sino, simplemente, que los precios obedezcan a lo que las cosas valen en realidad. Por eso nuestro voto -y supongo que también se lo esperaba porque en este tema es una postura que venimos manteniendo hace mucho tiempo- va a ser contrario. Algunos deberían reflexionar hoy y pensar que las políticas en materia de vivienda no pueden seguir siendo el ir tirando y el intentar liderar desde el ministerio la micropolítica que deben hacer las comunidades autónomas, sino que el reto precisamente está en abordar las reformas en materia fiscal, en la Ley del Mercado Hipotecario, en el cumplimiento de la Ley del Suelo y en garantizar, en definitiva, de una vez por todas, en el país en el que menos se respeta el derecho al acceso a la vivienda, políticas activas en esta materia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


En opinión de nuestro grupo parlamentario, la iniciativa que plantea el Grupo Popular, con el fin de aumentar las deducciones fiscales por la compra o rehabilitación de la vivienda habitual, es un tanto precipitada, poco meditada y carente del necesario análisis coste-beneficio que es necesario para tener una fundada opinión sobre la bondad económica de la medida. No ponemos en cuestión el análisis que se realiza en la exposición de motivos, pero la subida del euribor, la del precio de la vivienda en los últimos años, el esfuerzo que han de realizar las familias para adquirir vivienda, junto con los problemas del sector que van a implicar un aumento considerable del paro son las dos caras de la moneda del problema de la vivienda, la de los compradores y la de los constructores o vendedores.


Nos parece curioso el período de análisis seleccionado, de 2004 a 2008, pero esto supongo que forma parte de su guerra dialéctica particular con el Grupo Socialista, y ahí no tengo nada que decir, salvo que quizá hubiera sido oportuna la referencia a un período más amplio. Lo que me causa cierta confusión son los cálculos que realizan para estimar el coste de la medida y el ahorro, según reza en la proposición, que va a suponer a las familias. Si me permiten un cálculo sencillo, un 10 por ciento de 10.000 euros, que es límite máximo desgravable, son 1.000 euros familia-año. Si hay 5,5 millones de familias afectadas, el coste máximo puede alcanzar los 5.500 millones de euros. Un coste que beneficiará a 5,5 millones de ciudadanos pero que soportan el conjunto de los ciudadanos, incluidos los propios beneficiarios. Un coste presupuestario similar al de la famosa medida de los 400 euros impulsada por el presidente Rodríguez Zapatero, que ha supuesto en la actual coyuntura la desaparición del superávit presupuestario. Por tanto, con esta medida el déficit estaría garantizado; y no es que el déficit nos preocupe especialmente, tan solo nos preocupa si se deriva de unas medidas ineficaces e ineficientes. No dudamos en que una parte de la subvención pueda aliviar el coste del endeudamiento de las familias; quizá una parte inferior a la deseada, pero otra -la deducción planteada- impulsará el aumento del precio de las viviendas -efecto no deseado- o atemperará la reducción de los precios que se ha de dar en la actual coyuntura. En nuestra opinión, es necesario que se produzca un ajuste a la baja en los precios de las viviendas después de las subidas constantes que han experimentado al margen de toda lógica económica. La

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espiral incremento de las viviendas-incremento de precios, más incremento de viviendas y más incremento de precios tiene que corregirse y esta, desde luego, no nos parece una buena medida para ello. Sin embargo, nuestro grupo está dispuesto a debatir sobre esta y otras cuestiones orientadas a la mejora del sector de la vivienda y de las familias que realizan un enorme esfuerzo para contar con algo tan básico como es la vivienda habitual. El debate presupuestario es un buen momento para ello, para engarzar la medida tanto en el cuadro macroeconómico como con el resto de las medidas de política económica. Por lo argumentado, vamos a votar en contra de esta proposición de ley que hoy nos plantea el Grupo Popular.


Nada más.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, el Grupo Popular presenta hoy su proposición de ley sobre políticas de vivienda, solicitando el incremento de la deducción por inversión en vivienda habitual. Entendemos que su objetivo es incrementar el principal incentivo de la actual política fiscal sobre políticas de vivienda, como son las deducciones en sede del impuesto sobre la renta de las personas físicas que, en el marco de la actual legislación, tienen un peso muy significativo. Si miramos las cifras globales del presupuesto de beneficios fiscales para el 2008, por tributos, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la deducción por inversión en vivienda habitual se cifra en 4.227 millones de euros; y si miramos la clasificación de los beneficios fiscales, según las políticas de gasto, de los 9.116 millones de euros que corresponden al acceso a la vivienda y fomento de la edificación, casi un 50 por ciento corresponden a las deducciones en el impuesto sobre la renta.


No cuestionamos, en ningún caso, las deducciones actuales, que entendemos son positivas y se encuadran en un marco de política fiscal en materia de vivienda que no podemos desequilibrar. Cuestionamos una medida que entendemos aislada y, por tanto, menos efectiva y también más costosa, como evidencian las cifras globales del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En la política de vivienda hemos de perseguir la efectividad y ésta pasa por medidas integrales; medidas integrales que permitan aportar soluciones globales y coordinadas y afrontar la crisis del sector y su impacto en los ciudadanos de manera global y no desde una vertiente exclusivamente fiscal. Una política global es la que la actual situación económica demanda para reactivar un mercado en plena crisis y la que las familias y los ciudadanos necesitan para poder tener un mejor acceso a un derecho fundamental como es la vivienda, especialmente en momentos de menor capacidad financiera y de mayores restricciones en el acceso al crédito.


Por todo ello nuestro grupo parlamentario propuso recientemente un conjunto de medidas en materia de vivienda, que perseguían mayores niveles de efectividad e inmediatez en la reactivación del sector y en el acceso a la misma y que presentamos en nuestra moción consecuencia de la interpelación urgente sobre medidas destinadas a contener la crisis del sector de la construcción y su impacto en el crecimiento económico y la creación de empleo. En esta moción nuestra propuesta de medidas recogía cuatro objetivos fundamentales que marcan nuestra política de vivienda: el estímulo al alquiler, políticas más activas de vivienda de protección oficial, mayor activación de la rehabilitación y el incentivo al ahorro a través de la compra. Cuatro objetivos que desde nuestro punto de vista habían y han de contribuir a dinamizar el mercado y por tanto a una reactivación económica y del sector, han de favorecer y estimular el ahorro y han de permitir mejorar un acceso a la vivienda frenado en los últimos años y acentuado en los últimos meses por una deteriorada situación económica y por el incremento de los tipos de interés.


Sobre estas bases nuestra moción apostaba fundamentalmente por una serie de medidas integrales que no incorporaban únicamente las del ámbito fiscal sino también otras de carácter presupuestario, administrativo, financiero o laboral como un conjunto de medidas de estímulo. En concreto la moción presentada por nuestro grupo parlamentario, a partir de una propuesta de medias de carácter presupuestario y administrativo proponía también un conjunto específico de medidas para favorecer el acceso a la vivienda ampliando del 80 al cien por cien el porcentaje máximo de financiación destinada a la adquisición de viviendas protegidas dentro de los planes de vivienda del Estado o fomentando nuevas fórmulas de acceso a la vivienda mediante el alquiler con opción a compra. También incorporaba otras medidas para impulsar la construcción de viviendas protegidas, por ejemplo alcanzando nuevos acuerdos con ICO y con las entidades financieras y al mismo tiempo incorporaba medidas para favorecer la recolocación de los trabajadores en el sector. Por último y en este marco global, la moción proponía medidas de carácter fiscal que fundamentalmente perseguían dos objetivos: estimular fiscalmente las actividades de rehabilitación de viviendas, sobre todo gracias a la financiación de un tipo único del 7 por ciento del IVA para todas las obras de rehabilitación, adecuación y mantenimiento de edificios y viviendas con diversas propuestas al respecto, y también estimular el ahorro a largo plazo en vivienda de alquiler en el marco del IRPF con una nueva deducción específica.


Señorías, si un objetivo prioritario es mejorar el acceso a la vivienda, no podemos apostar única y aisladamente por un instrumento fiscal. Hemos de impulsar una política integral de vivienda que con medidas de carácter fiscal, laboral, administrativo, presupuestario y financiero persiga mejorar las políticas de alquiler, impulsar en mayor medida la rehabilitación de viviendas,

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estimular el ahorro a través de la compra e incrementar la inversión y por tanto los recursos del Estado que deben cederse a las comunidades autónomas; comunidades autónomas como administraciones públicas competentes en materia de vivienda.


Por todo lo expuesto y entendiendo esta necesidad de abordar el problema de la vivienda desde políticas integrales que permitan conseguir una reactivación del sector y mejorar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, nuestro grupo parlamentario no votará a favor de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la posición del Grupo Socialista va a ser la de rechazar la toma en consideración de esta proposición de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Popular. Nos hallamos ante una propuesta que afecta al impuesto sobre la renta en tres aspectos muy concretos, que no voy a detallar porque ya han sido explicados en esta Cámara. Sí voy a recordar el objetivo -así consta en la exposición de motivos y nos lo ha recordado el diputado que ha defendido la proposición-, que es reactivar el sector de la construcción residencial y así crear empleo y facilitar acceso a la vivienda. Señorías, creo que todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo y compartimos estos objetivos, desde luego el Grupo Socialista los comparte. Sin embargo, resulta que precisamente estos objetivos se verían no impulsados sino obstaculizados por la aplicación de esta medida. Señorías, desde luego no era la señora Fuentes quien decía que esto tenía efectos contrarios, no era solamente el señor Rato quien lo manifestaba en el año 2005, era el Fondo Monetario Internacional a lo largo de muchos años, la OCDE, también lo ha recordado el diputado Herrera; es decir, todos están de acuerdo en que una de las causas del boom inmobiliario español, es decir, exceso de viviendas y espiral de precios, ha sido un tratamiento fiscal extremadamente favorable a la adquisición de la vivienda, muy por encima de la existente en la mayoría de los países europeos. Me dirá, porque lo ha mencionado, que esto lo decía el señor Rato en 2005, pero le recuerdo que esto viene de mucho antes y es consistente con el conjunto de más de 10 ó 15 años. O sea, que para solucionar un problema ustedes proponen reincidir en aquellas medidas que lo han generado. No deja de ser un poco sorprendente, pero para nosotros es una causa poderosa para rechazarlo.


Señorías, la vivienda es una prioridad de este Gobierno y lo fue ya en el año 2004, en el mismo mes de abril de 2004, porque precisamente estábamos donde no debíamos de estar, estábamos donde el Partido Popular lo dejó, con unos incrementos de precio cada vez más rápidos, unos aumentos crecientes. Digo lo que quiero decir, digo que cada año aumentaban más deprisa y esto hacía que los ciudadanos cada vez vieran más lejos la posibilidad de tener una vivienda. Por eso, en la pasada legislatura se pusieron en marcha un conjunto notable de medidas que permitieron relanzar la vivienda protegida, desaparecida después de ocho años de Gobierno del Partido Popular, y potenciar el mercado de viviendas de alquiler, desaparecido después de ocho años de Gobierno del Partido Popular. Por cierto, señorías, acabamos de recuperar la desgravación fiscal en el impuesto sobre la renta para alquiler, no para compra.
También pudimos aprobar medidas de largo alcance como la Ley del Suelo.
Todo ello ya está en el haber del Gobierno socialista, mejor dicho, está en el haber de España y de los españoles porque ahora tenemos un marco regulatorio mucho más adecuado. Puede que estén pensando que la situación actual es diferente y que esto necesita medidas decididas, coyunturales, etcétera. Pues bien, esto es exactamente lo que hemos hecho, lo hizo el Gobierno en enero de 2008 y lo hemos vuelto a hacer en abril de 2008 con el real decreto-ley de medidas urgentes. Mencionar todas las medidas que hemos tomado sería demasiado largo, le voy a señalar muy rápidamente solamente las de tipo fiscal: beneficios fiscales para promotores de viviendas en alquiler, ayudas a propietarios para la puesta en el mercado de viviendas, beneficios fiscales en el IRPF para arrendadores e inquilinos, modificación del IVA para que el concepto de rehabilitación, hasta ahora bastante restrictivo, facilite la actividad en el sector de la rehabilitación que, como ustedes saben, es intensivo en empleo. Por cierto, con igual efecto en la desgravación en el IRPF a efectos de gastos en rehabilitación.


Señorías, son tantas las medidas, que la semana pasada aprobamos una proposición no de ley que propuso Convergència i Unió para fomentar la difusión de todas las medidas aprobadas relacionadas con el sector de la vivienda. Ustedes votaron en contra. ¿Es que no quieren que la gente sepa cómo se pueden beneficiar de todas las medidas? Además, la propuesta que hoy nos hacen tiene otro inconveniente, que tiene un coste muy elevado.
Por favor, señor Olabarría, me gustaría que trasladara al señor Azpiazu mi agradecimiento por los cálculos que ha hecho, que así me los ahorra.
Les voy a recordar una cosa. El Gobierno socialista ha más que duplicado las aportaciones directas a la vivienda. El Partido Popular dedicó cerca de 3.400 millones de euros en cuatro años, el Plan de Vivienda 2002-2005; el Plan 2005-2008, que está terminando, supone 8.300 millones de euros, bastante más del doble; y, señorías, esto es lo que vamos a seguir haciendo.


Estamos comprometidos con la mejora de la protección social en España; estamos comprometidos con todos aquellos que necesitan crear su propio hogar, no los hemos abandonado, no los vamos a abandonar; vamos a

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dedicar todos los recursos necesarios a las acciones directas que sirvan para financiar el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012, que echa a andar el próximo día 17, plan que servirá, por cierto, para lo que todos queremos: potenciar las viviendas protegidas, impulsar la rehabilitación en su aspecto más amplio, poner la puesta a disposición de suelo público y conseguir un verdadero mercado de viviendas de alquiler. La verdad, señorías del Grupo Popular, veo que ninguno de estos objetivos puede alcanzarse con la propuesta de aumento de la deducción, y creo que el conjunto de los grupos de la Cámara, o casi la mayoría, es de nuestra misma opinión.


Si tengo tiempo -creo que sí-, quiero hacer referencia a un punto que los otros diputados no han mencionado. En esta proposición de ley ustedes proponen modificar también el sistema de retenciones para que este aumento de deducción se pueda ir realizando a lo largo de todo el año con el objetivo de inyectar liquidez. Bien, si este es el objetivo, la reciente aprobación de la deducción de 400 euros es una notable inyección de liquidez, casi un billón de las antiguas pesetas, 6.000 millones de euros, y si el objetivo es inyectar más liquidez todavía, les diría que este aumento no compensa el aumento de costes de gestión que generaría tanto para las empresas como para la Administración tributaria como para el propio contribuyente. Desde luego, con solo pensar un minuto es muy fácil darse cuenta de que esta medida es casi impracticable.


Resumiendo, señorías, y termino, esta propuesta no solamente es costosa e inútil para los objetivos que dice perseguir, sino que rema en contrario; echa leña al fuego que dice que quiere apagar. Las alternativas del Gobierno son poderosas, están en marcha; el nuevo plan de vivienda echará a andar en quince días. A nuestro entender, esta propuesta del Grupo Popular es fruto, bien de un populismo irresponsable, o bien de una ceguera económica francamente preocupante en el principal partido de la oposición.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Colldeforns.


Realizaremos la votación de esta proposición de ley al final de la sesión.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA CRISIS ALIMENTARIA GLOBAL. (Número de expediente 162/000055.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la crisis alimentaria global.


Para su defensa tiene la palabra el señor Madina.


El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, todos nosotros conocemos bien la severidad, la profundidad y el alcance de la actual crisis alimentaria mundial. Entre las razones que habitualmente se esgrimen para definir las raíces de esta situación se encuentran, como todos ustedes saben, la incorporación a la demanda de zonas altamente pobladas del mundo, la especulación financiera con materias primas vinculadas a la industria alimentaria, las malas cosechas de los últimos años en un marco de calentamiento global, las escasas reservas de cereales, la subida del precio del petróleo hasta la frontera de los 130 dólares y la consecuente elevación de la demanda de biocombustibles en algunas regiones de algunas zonas del mundo. Pero mi grupo parlamentario opina que, tras las razones evidentes que explican esta coyuntura, residen algunas otras que, cuando va pasando el tiempo, se van convirtiendo en los pilares estructurales sobre los que en el momento actual una situación como esta impacta de la forma en la que lo está haciendo. La ausencia de una estrategia global coherente y justa con la producción de alimentos; las injusticias comerciales que sufren los países del mundo que, por estar en vías de desarrollo, no tienen recursos suficientes para la subvención pública de sus productos agrícolas y, en consecuencia, pierden competitividad en los mercados internacionales; la ausencia de un programa sólido de ayuda a la inversión agrícola o agraria de los agricultores más débiles en los países más pobres del mundo son, sin duda, las razones que residen en el fondo de esta trágica forma que ha adoptado esta situación de crisis alimentaria mundial.


Señorías, es un tsunami silencioso que está condenando al hambre más extrema a más de 860 millones de personas en el mundo y que puede aumentar hasta los 1.200 millones en los próximos años a consecuencia de esta crisis en un contexto de cambio climático. En la actualidad, 37 países se están viendo fuertemente afectados por esta crisis y, entre ellos, lugares como Eritrea, Níger, Haití o Liberia se están viendo brutalmente golpeados por esta situación. Además, los datos del Banco Mundial no son para el futuro nada esperanzadores. Más de treinta países se pueden ver todavía más desestabilizados por situaciones de violencia interna provocadas por la ausencia de alimentación básica suficiente.


Por todo ello, mi grupo parlamentario considera que este Parlamento no puede quedarse callado, que debe representar a una ciudadanía española altamente sensibilizada con la búsqueda de respuestas a una situación que desde una perspectiva ética sencillamente no puede seguir así. Además, debemos hacer saber al Gobierno que el total de los grupos parlamentarios de esta Cámara miran fijamente esta situación de injusta hambre extendida en el mundo y se compromete a buscar junto a él soluciones que allí donde golpee el hambre sean útiles en la defensa de la vida. En ese sentido, quiero señalar que mi grupo parlamentario valora muy positivamente los avances realizados por el Gobierno en los últimos

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años en el combate contra el hambre y contra la pobreza en el mundo. Si en el año 2003 las contribuciones de España al programa mundial de alimentos tenían una cifra notable, 6,7 millones de euros, en el año 2008 las contribuciones alcanzaban los 40 millones de euros, a los que hay que añadir los últimos 7 aportados de forma extraordinaria por España en marzo pasado tras el último llamamiento realizado por Naciones Unidas para paliar la actual situación de crisis, un total de 47 millones de euros que colocan a España entre los primeros países del mundo en esfuerzo de financiación realizado a través del programa mundial de alimentos. Además, mi grupo parlamentario, de forma coincidente con el Gobierno, respalda las orientaciones de gasto que desde la FAO se están diseñando para paliar esta crisis: creación de redes de seguridad para la producción agrícola tanto en apoyo a pequeños agricultores como en rehabilitación de infraestructuras; optimización de sistemas de producción agrícola y ganadera en los países en vías de desarrollo, y más y mejores intervenciones diseñadas para la conexión de los pequeños agricultores con los mercados. En ese sentido, el modelo de ayuda al desarrollo en general y de los programas que se aprueben en el marco multilateral para paliar esta crisis debe, desde nuestro punto de vista, cumplir tres requisitos básicos plenamente conectados con la Declaración de París: buena programación y previsibilidad de la ayuda y de sus orientaciones, sostenibilidad en el tiempo y búsqueda de una mayor y mejor forma de impacto en los países en los que se desarrollen las actuaciones.


Señorías, en esta proposición no de ley solicitamos que el Gobierno incremente sus contribuciones y participaciones en los organismos multilaterales directamente implicados con las cuestiones agrícolas y ganaderas, que siga avanzando en materia de coherencia de políticas, que focalice de forma especial el esfuerzo en África occidental y en Latinoamérica, dos zonas del mundo donde está golpeando de forma especialmente brutal esta crisis, y que apueste en la cumbre que hoy se ha inaugurado en Roma de forma contundente en el combate que desde Naciones Unidas se libra contra esta crisis. Señoras y señores diputados, quiero recordarles el honor que, como ciudadanos de esta país, supone para los miembros del Grupo Parlamentario Socialista la aportación anunciada por el presidente Zapatero en esa cumbre de Roma para los próximos cuatros años de un paquete de ayuda y de programas por valor de 500 millones de euros, destinados a seguridad alimentaria, en el año 2012. (Aplausos.) De la misma manera, nos alegramos también de la propuesta de celebración de una cumbre de seguimiento de la respuesta a esta crisis en el próximo otoño en nuestro país. España se coloca así en la cabeza de la reacción internacional a esta situación de crisis alimentaria mundial y mi grupo se siente muy orgulloso por ello.


Señor presidente, hemos hecho un estudio profundo del elevado número de enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. Quiero felicitar a los grupos por el debate que han provocado con todas ellas y decir que mi grupo ha hecho una labor de transacción profunda, importante, que recoge el sentido prácticamente pleno de la mayoría de todas ellas; una propuesta de transacción de adición de tres nuevos puntos, señor presidente, que le daré al letrado al finalizar mi intervención. Por tanto, pido que, con esa incorporación al texto que votaremos, se produzca el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta proposición no de ley con la que el Parlamento solicita del Gobierno y se suma a él en la continuación por esta senda de contundencia en la respuesta que da España a las injusticias más graves del hambre y de la pobreza en el mundo.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madina.


Para defender las enmiendas presentas, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Subo a esta tribuna para fijar nuestra posición en relación con esta proposición no de ley, dado que el tema que trata la misma es del máximo interés de nuestro grupo parlamentario y político. No es casualidad que el 25 de septiembre del año 2007 aprobáramos en esta Cámara una moción relacionada con este tema presentada por nuestro grupo, que finalmente fue aprobada después de una transacción con otros grupos, y en un momento en el que parecía que el problema de la subida de los precios de los productos alimenticios, y concretamente el de los cereales, no preocupaba suficientemente a aquellas personas que tienen responsabilidad en estas cuestiones. Desde entonces hasta ahora el incremento de estos productos ha sido desmesurado, de tal manera que está provocando una crisis alimenticia a nivel mundial, en estos momentos ya reconocida. La FAO ha advertido que se avecina una situación de máximo riesgo en 37 países que puede llevar a una catástrofe humana, una situación que no parece tener límite, puesto que los precios de estos productos, agrarios fundamentalmente, continúan con una tendencia alcista, como puede comprobarse con la subida reciente del arroz.


La subida de los costes de estos productos agrarios básicos en la alimentación mundial tiene su origen en la coincidencia de diversos factores, tal como han puesto de manifiesto los expertos en la materia, algunos de ellos ya explicados hace un momento por el proponente, y prácticamente todos los que voy a enumerar han sido dichos también por esta misma diputada en la defensa de la moción del 25 de septiembre. Las malas cosechas debido a catástrofes naturales, el bajo nivel de existencias, la mayor demanda proveniente de países como China o la India, el crecimiento demográfico mundial,

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el cambio climático, el problema del agua, el importante aumento del precio del petróleo, la utilización de los cereales con destino a la producción de biocombustibles e incluso la especulación financiera sobre estos alimentos son factores que concurren, como digo, en este gran problema. De ahí que nuestro grupo tenga que valorar positivamente la propuesta que hoy nos hace el Grupo Socialista, puesto que insta al Gobierno a actuar con el objeto de aportar soluciones a un problema que se ha acentuado en los últimos meses, lo que supone mayor esfuerzo e implicación de los países desarrollados. La ayuda se canaliza en la propuesta principalmente a través de la FAO, institución de acreditada solvencia, dependiente de Naciones Unidas.


La propuesta encaja en la visión que el Bloque Nacionalista Galego tiene sobre política internacional, en especial en lo relativo al fomento de la solidaridad, la erradicación de la pobreza y, por tanto, en la configuración de un mundo más justo, solidario y equitativo. De todas maneras, no dejamos de hacer una reflexión crítica de esta proposición no de ley que hoy estamos debatiendo, ya que, si bien se hace referencia a las causas del encarecimiento de los alimentos, en cambio no se propone ninguna medida que suponga cambios estructurales que eliminen dichas causas, especialmente las derivadas de la especulación en los mercados de cereales por parte de los grandes fondos de inversión y del masivo uso de cereales destinados a biocombustibles o las peores cosechas derivadas del cambio climático. De ahí que quisiéramos aportar con nuestra enmienda algo que nos parece importante, y es llevar a los organismos internacionales el debate de la necesidad de que no se limite la capacidad de producción de estos productos agrarios en los diferentes territorios del planeta, como está ocurriendo en este momento; unos, porque los destinan a otras producciones para la exportación...


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, debe ir acabando.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Voy finalizando, señor presidente.


Y otros, porque los están destinando a la producción de materias para biocombustibles. Esto está generando que haya un desabastecimiento, sobre todo en los países más pobres, de los productos fundamentales en la alimentación. El encarecimiento de estos productos es motivo de preocupación en todo el planeta, pero evidentemente hemos de tener en consideración aquellas zonas que están en las peores condiciones para la alimentación de su población. Vamos a apoyar la iniciativa, pero esperamos, como acaba de exponer el proponente, que se incluyan algunas de las enmiendas presentadas por los distintos grupos.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.


Para fijar posición tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Kissinger hizo en 1970 un comentario escalofriante, que explica lo que está sucediendo hoy. Decía: Controla el petróleo y controlarás a las naciones, controla los alimentos y controlarás a los pueblos. En ninguna parte del mundo, ningún genocidio, ninguna guerra extermina tanta gente por minuto como el hambre y la pobreza en nuestro planeta. La actual crisis o emergencia alimentaria, que ha provocado la imparable escalada de los precios de la comida, está provocando la muerte de 20 millones de personas al año y coloca al planeta al borde de una catástrofe. No es, señorías, un problema técnico, es un problema social y político. La emergencia alimentaria actual es consecuencia de graves desequilibrios en el orden económico internacional; algunos de ellos los podemos considerar causas inmediatas: el precio del petróleo, que encarece la producción; la crisis financiera, que restringe los créditos, y los más determinantes, el desvío abusivo de granos y cereales para la producción de biocombustibles y la especulación en materias primas, empujando al alza sus precios. Existen otras causas que podemos considerar mediatas y que tendrán un efecto duradero, como la sequía y la inundación, agravadas por el cambio climático, el descenso de la ayuda al desarrollo, y otras medidas que tienen que ver con el orden económico internacional. El aumento de los precios de alimentos está extendiendo la pobreza y generando nuevos movimientos migratorios. Además crece la inestabilidad y las dificultades de consolidación de los sistemas democráticos, todo ello con la paradoja de un mundo que produce más de dos veces la cantidad de alimentos que necesita para alimentar a su población. Contrariamente a la advertencia en el siglo XVIII de Thomas Malthus y sus seguidores modernos, hay alimento más que suficiente para alimentar a todos, el problema no es falta de alimentos, el problema es otra cosa: la dificultad para acceder a ellos. La causa fundamental es una globalización neoliberal que hace de la hambruna una crisis crónica. Eso sí, el hambre coexiste con el escandaloso aumento de beneficios de un puñado de multinacionales agroalimentarias y también químicas, que controlan mercados y han cambiado el modo en que se cultivan las plantas y su distribución en el mundo, el denominado agrobusiness. Han obligado a los países pobres a abrir sus mercados, luego los han inundado con alimentos subvencionados y han promovido en ellos cultivos de exportación, cultivos industriales en lugar de alimentos para consumo interior, reemplazando la agricultura familiar por una agricultura intensiva y produciendo el absurdo resultado de que millones de personas producen alimentos para la exportación y mueren de hambre al mismo tiempo, con efectos insostenibles. La industria alimentaria global, señorías, no está organizada para alimentar a los hambrientos, está organizada sola

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mente para originar beneficios. La pregunta es ¿por qué si hay tantos alimentos disponibles hay más de 850 millones de personas hambrientas o desnutridas? ¿Por qué mueren 18.000 niños de hambre cada día?

Señorías, ojalá que esta cumbre mundial de alimentación del sistema de Naciones Unidas reaccione y los Estados reunidos en Roma pongan en marcha un plan global de acción del conjunto del sistema internacional para acabar con el tercer jinete del Apocalipsis e inmediatamente, sobre todo, afrontar la emergencia alimentaria, aunque, en nuestra opinión, no cabe ser optimistas, teniendo en cuenta magros resultados de cumbres anteriores. El mundo, sin embargo, debe aprender de los errores del pasado y devolver la soberanía y la seguridad a la agricultura y a la alimentación, el lugar que les corresponde después de muchos años de comercio, de olvido y de marginación. En primer lugar, para que la Organización Mundial del Comercio acepte un cambio de reglas de juego para garantizar un comercio justo de productos agrícolas abriendo los mercados de los países ricos. En segundo lugar, para que se cambie la ayuda alimentaria, que no sea una ayuda vinculada sino una ayuda de inversión a las agriculturas locales. Y en tercer lugar, para que se limiten o supriman los subsidios al cultivo de biocombustibles, cuya producción debe ser compatible con la satisfacción de las necesidades alimentarias. Estas son nuestras enmiendas, señorías.


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, debe ir acabando.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino.


En definitiva, se da la paradoja de que millones de consumidores del primer mundo fallecen por enfermedades relacionadas con el sobrepeso mientras que en el tercer mundo la gente muere de enfermedades provocadas por la desnutrición. Para los que no tienen capacidad de consumir, la tiranía de consumo hunde a las muchedumbres despojadas en la convicción de ser más pobres incluso de lo que son, no en la insatisfacción del insaciable sino en el resentimiento de quien se siente desterrado del festín de la vida, o en la resignación de quien no se siente digno de ella.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Para defender su enmienda tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, esta iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en relación con la crisis alimentaria nos permite poco o mucho al conjunto de la Cámara relacionar esta brutal alza de precios, esas hambrunas, esa especulación financiera en relación con los alimentos y esos disturbios relacionados con esas problemáticas con diversas crisis o disfunciones del mundo en el que vivimos. Nos permite relacionar esa crisis alimentaria con la crisis energética, con los precios del petróleo y su afectación a todo el proceso de la agricultura y con la irrupción de los biocombustibles, que generan de manera incierta pero significativa una evolución al alza de los precios. Nos permite también poner encima de la mesa la emergencia de Asia, el incremento de la población en Asia y el acceso a una mejor alimentación de millones de ciudadanos asiáticos y cómo afecta eso a la propia demanda de los alimentos. Pone encima de la mesa de manera muy clara también las reglas de funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio y decisiones de ajuste estructural que desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario se han impulsado en los últimos años, e incluso pone encima de la mesa la propia lógica de las reformas introducidas en la PAC en los últimos años. Se vincula también al cambio climático y a cómo ese cambio climático afecta a las cosechas, así como al funcionamiento de los mercados financieros.


Hablar de la crisis alimentaria, más allá de las hambrunas, de las carestías, de los disturbios, de la hambruna que afecta a millones de personas, nos lleva a esas discusiones tan amplias que afectan a muchísimos aspectos del mundo. Más allá de la iniciativa del señor Madina y del anuncio del presidente del Gobierno en relación con los compromisos que se van a asumir en Roma, sabemos hoy que esa crisis alimentaria y esas crisis que tienen relación con ella difícilmente van a tener respuesta en las decisiones que tome un Estado, que tome el Gobierno español. Son cuestiones que ponen en evidencia los límites de las políticas en el marco de los Estados, los límites de los debates que tenemos en esta misma Cámara en relación con estas cuestiones. Pero en ningún caso eso puede excluir de responsabilidad a esta Cámara ni al Gobierno español frente a esa crisis alimentaria, frente a esas crisis globales. En este sentido, las enmiendas que nuestro grupo ha planteado intentan reforzar tres aspectos que, a nuestro entender, deberían formar parte de la respuesta española en el marco multilateral a esta crisis. En primer lugar, todo lo que concierne a las políticas de cooperación al desarrollo que se impulsan desde el sistema de Naciones Unidas, tanto en relación con la FAO como con el programa mundial de alimentos, y al mismo tiempo, cómo se alinea la cooperación bilateral española a esos objetivos de los organismos multilaterales del sistema de Naciones Unidas.


Quizá sería bueno saber si el Gobierno va a reorientar el plan director, que en estos momentos está en fase de elaboración, a este nuevo escenario derivado de la crisis alimentaria y si en nuestra cooperación al desarrollo de carácter bilateral y en relación a nuestra participación en los proyectos multilaterales todo aquello relacionado con el desarrollo agrario va a formar parte de una prioridad de la cooperación española. En segundo lugar, sería también bueno saber qué posiciones va a mantener España en los próximos años en el seno de la Organización Mundial de Comercio, en el seno del Banco Mun

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dial o en el seno de la propia Unión Europea con relación a las discusiones sobre la capacidad de los países en vías de desarrollo de exportar sus productos agrarios a las sociedades europeas. Creo que Coalición Canaria tiene planteada para esta misma semana o para la próxima una interpelación en relación con la protección del plátano. ¿Qué posiciones mantenemos en estos organismos internacionales? ¿Qué posiciones mantiene España en el seno del Banco Mundial en relación con políticas de ajuste que afecten a las capacidades de los países pobres de defender sus propios mercados, en un contexto, señorías, en el que en esta Cámara, en relación con esas posiciones, pocos debates hemos tenido hasta ahora?

Y finalmente, en el marco de la política energética...


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, tiene que acabar.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino.


¿Qué posición tiene el Gobierno en relación con el impacto de los biocombustibles en la generación de este problema? Este es un debate necesario y pendiente. Las enmiendas las hemos planteado en esta dirección, señor presidente. La transacción que nos plantea el señor Madina, en la medida que recoge algunos aspectos cruciales de esta propuesta, especialmente en lo que hace referencia a la coherencia de políticas en el marco de la OMC, nos parece suficiente para que Convergència i Unió se pueda sumar hoy al consenso del conjunto de la Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Señor presidente, señorías, nos presenta el Grupo Socialista una proposición no de ley sobre un tema que es de extraordinaria actualidad pero, sobre todo, de extraordinaria gravedad.
El texto de la proposición no de ley que habla de crisis alimentaria debería, realmente, hablar de crisis humanitaria. Sería mucho más correcto, porque cuando hablamos de crisis alimentaria, sobre todo en el preámbulo de la proposición no de ley, lo que básicamente nos dedicamos a dar es una serie de datos estadísticos sobre los países, sobre cómo afecta a los precios, sobre el porcentaje, sobre lo que sube cada una de las cosas y los alimentos. Indiscutiblemente eso es muy interesante, es muy bueno saberlo para tomar decisiones, pero nos hace perder un poco la perspectiva de, realmente, qué es lo que está detrás de eso que llamamos crisis alimentaria. Y lo que realmente está detrás de eso que llamamos crisis alimentaria es, sin lugar a dudas, en este momento, una crisis humanitaria de una profundidad extraordinaria. Cuando decimos que en los próximos años van a aumentar los precios entre un 20 y un 80 por ciento, realmente lo que decimos es que va a ampliarse muchísimo el número de países pobres y, sobre todo, va a ampliarse muchísimo el número de personas que, desgraciadamente, van a entrar en la extrema pobreza y que, por tanto, van a tener serios problemas en su vida, por no decir que va a aumentar extraordinariamente la mortalidad.


Estamos hablando de que hay más o menos mil millones de personas en el mundo que viven con menos de un dólar al día. Estamos diciendo -con los datos que acaba de facilitar la FAO para adornar, de alguna manera, esta nueva cumbre- que son 850 millones de seres humanos los que en este momento pasan realmente hambre, los que en este momento están prácticamente incapacitados para poder llevar adelante su vida, de los cuales 178 millones son niños. Si avanza la crisis humanitaria, aparte de la crisis alimentaria, significará que más de cien millones de personas se van a incorporar a estos datos estadísticos de una enorme gravedad.
Significa, por tanto, que uno de los objetivos del milenio que teníamos planteado, que era reducir los índices de pobreza, prácticamente, en este momento, ya ha fracasado. Y significa también -en datos del Banco Mundial- que esa franja que habla de, aproximadamente, dos mil millones de personas que están en extrema pobreza, se va a convertir en dos mil millones de personas que van a estar en extrema pobreza, que van a tener incapacidad de poder llevar adelante su vida y vamos a ver aparecer de nuevo hambrunas, enfermedades y mortalidad infantil. Por tanto, yo creo que sería mucho más justo hablar de crisis humanitaria.


A mí, que comparto la proposición no de ley del Grupo Socialista y que adelanto que la vamos a apoyar, me hubiera gustado ver en el preámbulo, en la justificación de esta proposición no de ley, no solamente los datos de los países y el encarecimiento de los alimentos, sino los datos y las cifras de los seres humanos que van a padecer realmente esta crisis humanitaria. Está bien que nos lo planteemos, está bien que en este momento haya una cumbre de la FAO en Roma, está bien que pongamos todas las ayudas de emergencia que podamos, pero no podemos perder de vista que todo eso son soluciones a corto plazo. Lo que estamos haciendo en la reunión que se está celebrando en Roma deberíamos llamarlo, más bien, ayudas de emergencia, porque lo que en este momento vamos a hacer es poner dinero para paliar los efectos más inmediatos, más terribles, más graves de una crisis humanitaria, pero son soluciones exclusivamente a corto plazo.


En el año 1996 se celebró una cumbre mundial para analizar estos temas, y muchas de las cosas que hoy se están debatiendo se debatieron ya en ese año. ¿Y qué ha sucedido desde el año 1996 hasta ahora? Pues que prácticamente todo sigue igual. Por tanto, lo que estamos haciendo en este momento, que es aportar recursos económicos, hay que hacerlo, hay que apoyarlo, y nosotros lo vamos a hacer, pero no podemos olvidarnos de que

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verdaderamente tenemos que atajar las cuestiones de fondo, las cuestiones estructurales. En este momento tenemos que hablar de las reglas del comercio internacional, de los biocombustibles y del cambio climático; tenemos que hacer más esfuerzos para desarrollar los países en vía de desarrollo y para aumentar la producción de alimentos en todos ellos y por tanto tenemos que abordar no solo las causas coyunturales, que es de lo que hoy se está hablando en Roma, sino también las causas estructurales de la pobreza en el mundo y de las crisis humanitarias.


Lo que plantean las tres enmiendas que hemos presentado a la proposición no de ley del Grupo Socialista es -lo hacemos de corazón, como lo hemos hecho siempre, apoyando las inversiones que haya que hacer para ayudar a esa crisis humanitaria- que se vaya al fondo de la cuestión y que se sepa cuál va a ser la posición del Gobierno español en las próximas rondas del comercio mundial, en la próxima ronda de Doha.


El señor PRESIDENTE: Señor Robles, tiene que ir acabando.


El señor ROBLES OROZCO: Termino, señor presidente.


Se trata de saber qué va a hacer el Gobierno español en la Unión Europea en la reforma de la política agraria, qué vamos a hacer con la política del cambio climático; se trata de abordar las cosas de fondo, las cuestiones estructurales. La OCDE acaba de decirnos que la crisis está provocada precisamente por las barreras arancelarias, por los efectos indeseados del proteccionismo. Pues bien, para evitar todas estas cuestiones, hemos presentado una serie de enmiendas que llevan a fijar la posición del Gobierno en la ronda comercial de Doha, a saber cómo está una de las iniciativas más importantes, que es la iniciativa contra el hambre, y a hablar del cambio climático. Hemos visto en este momento unas enmiendas del Grupo Socialista que vienen a transaccionar las que hemos presentado todos los grupos. Nosotros estamos de acuerdo básicamente con las enmiendas transaccionales, pues recogen lo más importante, que es entrar en las cuestiones de fondo, en las cuestiones estructurales, por ello, vamos a apoyar tanto la PNL como las enmiendas transaccionales.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.


A los efectos de ordenar la votación de esta proposición no de ley, pregunto a la Cámara si hay algún grupo parlamentario que se oponga a la tramitación de la enmienda transaccional presentada por el señor Madina.
(El señor Esteban Bravo pide la palabra.)

Adelante, señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: No quiero oponerme, pero entiendo que no ha acabado el turno de intervenciones.


El señor PRESIDENTE: No.


¿Hay alguna oposición a la tramitación de la transaccional? (Pausa.) En consecuencia, se tramitará.


Respecto de las enmiendas presentadas, señor Madina, le pregunto: ¿Hay por su parte voluntad de aceptar alguna de las presentadas?

El señor MADINA MUÑOZ: No, señor presidente, no las aceptamos.
Incorporamos la transaccional para valoración de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para fijar su posición, como grupo no enmendante, tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


Evidentemente, el tema que nos ocupa es de vibrante actualidad, no solo por la cumbre de la FAO hoy en Roma, en la que por cierto hemos tenido que ver cómo asisten personajes -lo digo expresamente- como Mugabe, que ha provocado un auténtico genocidio en su país y el exilio de millones de personas -ellos solos ya son responsables del caos alimentario que se produce en concreto en su país-, sino porque incluso ha dado pie a la creación de un nuevo término. Se habla ya de agflación término que acuña una especie de definición de la inflación acelerada, de la subida brusca de los precios de los alimentos, inflación en la agricultura.
Evidentemente, no estamos hablando solo de una situación humanitaria y de hambre, sino de mucho más. Estamos hablando de una situación en la que se puede producir una desestabilización en determinados países si la situación social se sigue deteriorando, y esa desestabilización puede dar lugar incluso a la lucha por los recursos naturales en algunas zonas del planeta.


Lo que nos ha conducido a todo esto no se reduce a una sola razón sino a muchas y variadas, pero algunas sí que convendría mencionarlas. Algunas de ellas no son fácilmente controlables. El aumento de la calidad de vida en Asia y el aumento del consumo de carne ha producido que se dediquen más cereales a la ganadería, y, evidentemente, caloría por caloría, se necesita más grano para convertirlo en carne que para consumirlo directamente como pan. Otros aspectos tampoco son fácilmente controlables, como el precio del petróleo, por la comunidad mundial. Pero hay otros que sí están más en manos de la comunidad mundial, como el problema de los biocombustibles y, en concreto, del etanol. Que un tercio de la producción de maíz en Estados Unidos se concentre en el uso para convertirlo en etanol es evidentemente un dato que llama la atención, sobre todo porque eso contribuye a disminuir la producción de otros cereales como el trigo y también en la soja. Pero el etanol en sí y los

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biocombustibles no son, a modo de ver de nuestro grupo, el verdadero problema. Los biocombustibles pueden incluso, dentro de unas condiciones internacionales diferentes a las actuales, servir para mejorar la economía de los países pobres y en vías en desarrollo. El problema real de los biocombustibles son los subsidios exagerados por parte de Estados Unidos en particular y de Europa en menor medida. Es evidente también que se ha ido produciendo una menor inversión en el campo de la agricultura y en todo lo que esta conlleva: irrigación, mejoras de semillas, etcétera.
Si unimos a esto los aranceles, hay países pobres que hoy en día importan en vez de exportar. Si los subsidios en Europa y en Estados Unidos se redujeran, las economías de los países pobres y de los países en desarrollo ganarían inevitablemente. Y es ahí donde nosotros queremos ver una oportunidad en esta crisis alimentaria. No lo tenemos que ver únicamente como un problema, también puede ser una oportunidad para la mejora de la calidad de vida en todo el globo. Si lo gestionamos correctamente, puede ser una oportunidad única para reducir las diferencias de ingresos entre la ciudad y las zonas rurales en los países en vías de desarrollo y para ayudar a las economías de esos países, sobre todo a los agricultores pobres. Evidentemente, eso supone esfuerzos y decisiones duras de retirada de subvenciones y de subsidios que no se sostienen hoy en día aunque en su momento pudieron haber tenido sentido.
Además, si actuamos eficazmente en este ámbito, la influencia de lo que podamos hacer va a ser mucho mayor. El Banco Mundial reconocía que las economías pobres y las poblaciones pobres reciben un 3 por ciento más de ingresos cuando se incrementa la producción agrícola que cuando esta se incrementa en la industria o en los servicios. Es curioso que aun con malas cosechas la producción de cereales ha ido aumentando año tras año -en el último año también-, lo cual quiere decir que el problema es de orden internacional, de redistribución de recursos, de uso de esos recursos, y no de la producción en sí. En ese sentido no es de recibo que España se aferre a la PAC, tal y como la conocemos.


El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, debe ir acabando.


El señor ESTEBAN BRAVO: Acabo en un minuto, señor presidente.


Entendemos que hay que afrontar un estudio y una redefinición de la política de la PAC. Es necesario que la Organización Mundial de Comercio redefina sus políticas y sus normativas sobre el comercio internacional.
En este sentido reclamamos para la Comisión de Cooperación Internacional la posibilidad de orientar a priori las políticas que el Gobierno español vaya a ir implementando en los diferentes foros internacionales, y lo vamos a reclamar así en esa Comisión. Que se ponga dinero nos parece bien, pero hay que ver también cómo se gasta y hay que condicionar ese gasto, no simplemente aportar por aportar. Y desde luego que no sea para eliminar los stocks de sobra de los países europeos, sino para invertir en los alimentos que, evidentemente, también existen en esos países, porque se da la paradoja de que en muchos países en que hay hambruna existen esos alimentos pero no hay suficiente dinero para adquirirlos.
Ahí es donde se tiene que invertir, no en los surplus, en las sobras, en los stocks de los países desarrollados.


El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, tenga la bondad de terminar.


El señor ESTEBAN BRAVO: Por último, señor presidente, se nos hace una propuesta concreta que creemos que es demasiado genérica. Aun así, la vamos a apoyar. Entendemos también que definir en este foro las propuestas concretas es complicado porque además -lo digo ya y de manera clara- aquí se ha hablado mucho -por mi parte también- de eliminación de subsidios, etcétera. Veremos qué es lo que ocurre y si hay esa unanimidad también cuando que tengamos que poner negro sobre blanco y tengamos que reducir determinados subsidios a la agricultura, a la ganadería y en concreto a la española.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REFORMAS EN EL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN CON LOS DELITOS DE ABUSOS SEXUALES A MENORES.
(Número de expediente 162/000002.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre reformas en el Código Penal en relación con los delitos de abusos sexuales a menores. Para su defensa tiene la palabra la señora Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero saludar con todo respeto a la familia Cortés -a Juan José, a Valentín y a Diego Cortés-, que nos acompaña esta tarde en la tribuna, así como al alcalde de Huelva. (Aplausos.)

Hace unos meses los españoles estuvimos en vilo muchas semanas -54 días- por la desaparición de Mari Luz. Todos quedamos conmovidos por su muerte.
Tenía apenas cinco años de edad. Todos quedamos alarmados por la concatenación de errores cometidos en el sistema judicial, con la duda de que quizá esa muerte podía haber sido evitada. Pero también quedamos impresionados y seguimos estándolo por la actitud serena y ejemplar de unos padres que, lejos del sentimiento de venganza, expresan un llamamiento a la sociedad para que se haga justicia, para que casos como este no vuelvan

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nunca a repetirse. Esta familia ha confiado en las instituciones, ha confiado en el Estado de derecho; confía esta tarde en nosotros, y nosotros no podemos defraudarles. La generosidad, la serenidad y la paciencia de esta familia debe ser nuestro compromiso.


Señorías, en el caso de Mari Luz han fallado muchos mecanismos del Estado de derecho, los mecanismos esenciales que garantizan la seguridad y la justicia de nuestra democracia, los que aseguran a los ciudadanos algo tan básico como saberse protegidos en su vida cotidiana; en la suya y en la de sus hijos. Está en nuestra mano devolverles esa confianza, trabajar juntos para poner en marcha cuantos instrumentos sean necesarios; los instrumentos que dentro del marco de la Constitución sean posibles. Y no debemos tener miedo a ningún debate.


Todos conocemos los retrasos, las dilaciones y los fallos que aquejan a nuestra justicia. No es momento para caer en la resignación, para aceptar que el retraso, las demoras y las injusticias son un mal endémico e irrecuperable. La principal obligación de un Estado moderno es impartir justicia, y lejos nos encontraremos de una sociedad avanzada si no somos capaces al menos de trabajar para lograrlo. Por eso, porque somos conscientes de nuestra responsabilidad, hemos ofrecido al Gobierno, y estamos trabajando para ello, un acuerdo de bases de reforma de la justicia que evite situaciones como las que hemos vivido, para que se ejecuten las sentencias judiciales, para que estén conectados entre sí los juzgados y tribunales, para que de verdad exista el derecho a un juicio justo y sin dilaciones indebidas. Todos tenemos que hacer el esfuerzo necesario para lograr el acuerdo, y mi grupo tiene la confianza y la voluntad de que así sea. Pero ello no basta. A nuevos desafíos, a nuevas formas de criminalidad hay que dar nuevas respuestas; respuestas que han de salir de una reflexión común, y esa reflexión pasa por reconocer que al tiempo que han crecido las garantías judiciales para todos los ciudadanos no ha crecido la eficacia del Estado de derecho para atajar la acción criminal de aquellos que abusan de esas garantías y de la confianza de los demás, especialmente de los más indefensos.


Señorías, los ciudadanos observan con alarma que algunos delincuentes son condenados a penas notoriamente insuficientes y que la mayor parte de ellos no cumple ni siquiera una parte de esa condena. Ven con preocupación que una vez que han cumplido la condena, y pese a no estar rehabilitados, no hay mecanismos para proteger a la sociedad de su reincidencia y reclaman que al menos las autoridades públicas puedan conocer de esos crímenes para evitar, en lo posible, que se cometan en el futuro. Nuestra responsabilidad como legisladores nos obliga a dar un paso más y, si es posible, a mejorar la respuesta con que la ley reacciona a estas conductas y a estos crímenes.


La proposición no de ley que presentamos a la Cámara, y para la que pedimos el voto de SS.SS., insta al Gobierno a presentar, a la mayor brevedad posible, una reforma de nuestro Código Penal; una reforma que contemple la elevación de las penas que deben sufrir los infractores de los delitos contra la libertad y la dignidad sexual cuando la víctima sea especialmente vulnerable por su edad, por su enfermedad o por su situación; que tienda al cumplimiento efectivo de las penas impuestas para esos delitos; que permita adoptar en la sentencia medidas eficaces de seguridad para proteger a la sociedad del riesgo que lleva la puesta en libertad de estos delincuentes no rehabilitados. Entre ellas, proponemos, por adición, la creación de un registro de pederastas, tal y como ha reclamado la familia, para que, con las debidas garantías judiciales, las administraciones públicas competentes puedan evitar la comisión de mayores delitos en el futuro.


Señorías, agradezco y aprecio el esfuerzo de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a nuestro texto: el Grupo Socialista y el Grupo de Convergència i Unió. El primero de ellos ha presentado una modificación al punto segundo, relativo al cumplimiento de las penas, que para nosotros es aceptable. También le digo a Convergència i Unió, que presenta una enmienda alternativa a la de adición sobre la creación del registro de pederastas, que entendemos que es una enmienda técnica, hecha para mejorar, y en aras de ese acuerdo que esta tarde sería para todos muy deseable, consideramos que puede ser aceptada por nuestro grupo.


Señorías, termino ya. Tan solo depende de nosotros conseguir que el fallo de la justicia, que acabó en tragedia en el caso de Mari Luz Cortés, sea esta tarde un acierto de todos, del Congreso de los Diputados en su conjunto, para que no tengamos que volver a ver estos dramas ni haya que volver a discutirlos en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.


Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, en el último pleno del Congreso este diputado, en nombre de Convergència i Unió, se dirigía al ministro de Justicia y le planteaba un pacto de Estado para priorizar la justicia, para que casos como, lamentablemente, el de la niña Mari Luz, no se vuelvan a repetir. Y quiero rendir la solidaridad de nuestro grupo a todos sus familiares y a todas aquellas otras familias que han padecido de cerca lo que son fallos de la Administración de Justicia en su conjunto, de los que no podemos culpabilizar a nadie en concreto, pero de los que, al final, todos los poderes públicos somos responsables si en esta legislatura no realizamos ese esfuerzo de llegar a un acuerdo global para que el sistema judicial en su conjunto dé una mejor respuesta ante supuestos que causan la indignación

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de la ciudadanía. Yo preguntaba al ministro de Justicia de qué manera podemos explicar que una persona que ha cometido delitos de pederastia no haya ingresado en prisión porque no se ha comunicado, porque ha habido un fallo de comunicación, cuando todavía hoy los colegios de abogados nos están denunciando que no pueden dirigir un correo electrónico a un juzgado. Este sistema global no funciona. Debemos priorizar cuanto antes ese pacto de Estado.


Por tanto, estamos de acuerdo con esta proposición no de ley. Votaremos a favor de esta proposición no de ley. La creemos oportuna, como creíamos oportuno el primer punto del orden del día de hoy, cuando desde Convergència i Unió pedíamos un aspecto concreto, la modificación del Código Penal en el tema de las bandas criminales para dar una respuesta distinta ante supuestos de inseguridad ciudadana. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Por tanto, vamos en la línea correcta. ¿Y qué mensaje estamos dando, señor presidente, señorías, hoy al conjunto de la ciudadanía? Le estamos dando el mensaje de que nos pondremos de acuerdo en esta legislatura y en este periodo de sesiones para reformar el Código Penal, para elevar esas penas. Pero no se trata únicamente de elevar penas; que sí. Estamos de acuerdo en que se eleven. No se trata únicamente de darle un cumplimiento más íntegro, que sí que estamos de acuerdo en que se dé cumplimiento más íntegro; se trata, al final, de que el sistema funcione porque de nada nos va a servir que aumentemos hoy las penas en el Código Penal, de nada nos va servir que pidamos un cumplimiento más estricto de la pena si después el sistema en su conjunto no funciona y personas que deberían estar en prisión están, quizá, paseando por la calle en estos momentos.
Por tanto, sí a la proposición no de ley. Nuestro grupo plantea hoy de manera expresa la adición de un punto número 4. Entendemos que es necesario, entendemos que es darle forma a un compromiso que el ministro de Justicia asumió a la propuesta de este diputado en el Pleno de la Cámara cuando le pedía un registro en materia de pederastas. El ministro me dijo que sí, que se crearía esa unidad específica dentro del registro central de penados y rebeldes. Hoy le damos forma y se votará ese compromiso en esta proposición no de ley con esa enmienda de adición.


Quiero también especificar que la primera de nuestras enmiendas -que se refería al punto número 2-, como se ha llegado a un acuerdo respecto a otra enmienda de otro grupo, mi grupo la retiraría y someteríamos únicamente a votación la enmienda que adiciona un nuevo apartado 4.
Estamos en la línea correcta y hoy el mejor mensaje que podemos dar a la ciudadanía, a los familiares, al conjunto de la población que está preocupada por cómo funciona la justicia en nuestro país, es decirles: hemos llegado a un consenso en el Pleno de la Cámara. Hoy mismo se va en la dirección de reformar el Código Penal en dos aspectos. En el primer punto del orden del día que hoy se está debatiendo, el tema de abusos sexuales, estamos de acuerdo en que algo debe modificarse y solo lo modificaremos, señorías, si somos capaces, a través de ese pacto de Estado, de darle más medios a la justicia en todos los ámbitos, en el ámbito de la oficina judicial; más medios también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se sienten muchas veces con una presión de que ni el sistema penal ni el sistema judicial en su conjunto dan esa respuesta que esperan. Por tanto, también necesitamos más efectivos policiales; necesitamos, entre todos, remar en la misma dirección, que no nos vuelva a ocurrir. Yo espero, en este caso desde Convergència i Unió, que esta sea realmente la legislatura de la justicia, y nuestro grupo hoy plantea la creación de ese registro de pederastas. Esperamos que ese punto 4, que hoy pide Convergència i Unió, sea también aprobado, si puede ser por unanimidad. Es el mejor mensaje que daríamos hoy a la sociedad, que está muchas veces perpleja ante un sistema judicial que, en su conjunto, no funciona, y de todos es responsabilidad darle los medios, hacer las reformas necesarias para que funcione mucho mejor y sea realmente efectivo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jané.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero, cómo no, mostrar también la solidaridad de mi grupo con la familia de la niña Mari Luz Cortés diciendo, sin mencionarla más -precisamente por respeto a lo ocurrido- que el mejor homenaje que nosotros podemos hacer aquí es llegar a un consenso y cumplir con nuestra obligación para intentar que no se vuelvan a producir sucesos como estos tan lamentables que hemos tenido que vivir.


Señorías, quiero manifestar, en primer lugar, que compartimos la preocupación del problema planteado en la proposición no de ley y estamos de acuerdo con la necesidad de reformar el Código Penal. Conviene precisar que la regulación actual en esta materia es la recogida en la reforma llevada a cabo mediante Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por el Partido Popular y con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista. Por situarnos un poco. Tan de acuerdo estamos con la necesidad de corregir la regulación actual en esta materia que ya en la legislatura anterior el Gobierno presentó un proyecto de ley, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 15 de enero de 2007, que no llegó a ver la luz de su tramitación por la disolución de las Cortes al convocarse las nuevas elecciones. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda de sustitución en la que se recogen los tres apartados de la proposición no de ley del Partido Popular en los siguientes términos, resu

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midos. Primero, pretensión principal de elevación de penas que deben sufrir los infractores que cometan estos delitos cuando la víctima sea especialmente vulnerable. Tan solo suprimimos la expresión "de forma ejemplar" del texto presentado. Estamos de acuerdo, y así se recoge en el proyecto de ley publicado el 15 de enero de 2007 ya aludido.


Segundo: "Atendiendo a que la sociedad demanda una protección más eficaz frente a las formas de delincuencia más graves, tender al cumplimiento efectivo de las penas en la forma que determinen las leyes". Eliminamos el resto del correlativo de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que se refería a la modificación del artículo 76 del Código Penal en relación al cumplimiento íntegro de la condena. La enmienda no supone lógicamente ninguna merma de los principios recogidos en el artículo 1 de la Ley General Penitenciaria, que tiene como fin principal la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad. Obviamente no estamos hablando del cumplimiento íntegro de las penas sino del cumplimiento efectivo en la forma que determinen las leyes. En este sentido es importante la regulación del tercer grado, que exige el cumplimiento de los requisitos del artículo 102.4 del reglamento penitenciario y del cuarto grado o libertad condicional, como es conocida más popularmente, que exige para su aplicación el cumplimiento de los requisitos del vigente artículo 90 del Código Penal.


Tercero: "Introducir medidas más eficaces de seguridad que permitan el control y la prevención del riesgo que entraña la puesta en libertad de delincuentes patológicos con pronóstico elevado de reincidencia una vez cumplida la condena". De acuerdo. En aras al consenso asumimos la propuesta literal inicial de la proposición no de ley, en los mismos términos, bien entendido que en nuestro ordenamiento jurídico no cabe la posibilidad de adoptar medidas que puedan suponer una prolongación de la condena, sí otro tipo de medidas no punitivas siempre dentro del respeto a la línea marcada por el propio Tribunal Constitucional. En todo caso, el proyecto de ley que se presente abordará la cuestión, previo análisis en profundidad, y luego pasará el filtro del trámite parlamentario, donde intentaremos concluir con el mejor texto posible. Ahora estamos aprobando la proposición no de ley con un amplio consenso.


Voy terminando, no sin antes hacer una mención al punto 4 de la enmienda de Convergència i Unió. Estamos de acuerdo, es muy positiva, recoge además los compromisos, aunque no literalmente, pero veremos el desarrollo de lo recogido y comprometido por el propio Gobierno ante esta Cámara, no la creación de un nuevo registro, sino dentro del registro central de penados y rebeldes, acotar y anotar todas las sentencias firmes y no firmes, incluso las medidas cautelares. Lo desarrollaremos para que con los medios telemáticos y con la utilización de las administraciones públicas que determinemos en el desarrollo de la ley, podamos abordar y eliminar fallos intolerables que nuestro sistema ha producido.


Quiero concluir, señora presidenta, agradeciendo el esfuerzo de consenso por todos los grupos, también por el principal partido de la oposición.
Quisiera pensar que esto pueda ser el preludio y el ejemplo de que cuando hay voluntad política de verdad se puede llegar a consensos y acuerdos, para que el servicio público de la justicia, tan deteriorado todavía, pueda recibir una mejora con un pacto, un acuerdo, no solo con el principal partido de la oposición sino con la mayoría de los grupos de la Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Villarrubia.


A continuación pasamos al turno de los grupos que no han presentado enmiendas y que van a fijar posición. ¿Entiendo que el Grupo Mixto no va a fijar posición? (Denegación.)

Pasamos entonces al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y en su nombre tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el debate de esta proposición no de ley nos remite nuevamente en esta sesión, como ya se ha visto en un punto anterior, al recurrente, al eterno debate entre los que preconizan la necesidad de más leyes penales y más duras ante cualquier episodio de los que generan alarma social y los que defendemos que lo que hace falta es básicamente aplicar las leyes y proveer a la Administración de Justicia de los medios necesarios.
Ciertamente el caso Mari Luz Cortés o mejor el caso Del Valle -y digo caso en el sentido más extenso de la palabra- a todas luces encarna la sordidez e incluso la miseria de la condición humana. No me negarán que es indudable que el que alguien que de niño abusó de su hermana menor y de adulto hizo lo propio con su propia hija y que pese a ello, y aun habiendo sido condenado por la justicia, jamás ingresó en la cárcel y que precisamente por ello es quizás hoy el más que probable autor de la muerte de otra niña de cinco años, es un caso repugnante y además clama al cielo. Sin embargo, en el Estado español, que es un Estado de derecho, nadie puede actuar por la propia mano, quien debe actuar es evidentemente la justicia ordinaria, mejor o peor. Por tanto, quienes deben actuar -repito- son los jueces, que es a quienes corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado. En esta ocasión, como en tantas otras, la justicia lo ha hecho mal. No solo lo ha hecho mal, sino que diría que se ha cubierto de gloria. Este caso no solo está plagado de auténticas felonías sino que está lleno de incompetencia por parte de la justicia. Fíjense si no, en síntesis, en el relato de los hechos. En 2002 un juez penal de Sevilla condena a Del Valle por abusar de su hija. La sentencia revisada en apelación para ante la Audiencia Provincial,

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que no se entera de que otro juzgado ya le ha condenado por otro abuso y para más inri tarda tres años en devolver la resolución al juzgado de Instancia y este a su vez falla a la hora de controlar la ejecución de la sentencia. Evidentemente, es un relato pavoroso. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Moraleja, aquí se ha equivocado más de uno y más de una vez. ¿Y ello tiene remedio?, podíamos preguntarnos. ¿Es necesario quizás endurecer el Código Penal como hoy se plantea? Nosotros creemos sinceramente que no es necesario. La pregunta es: ¿por qué la Agencia Tributaria dispone de todos los datos de los contribuyentes debidamente informatizados de forma centralizada y los juzgados no? Podríamos preguntarnos: ¿esta va a ser, como dijo el ministro de Justicia el otro día, la legislatura de la justicia, la que recupere el espíritu y también la letra del que fue en su día el esperanzador Pacto por la justicia? ¿Se va a dotar a la justicia de los medios materiales y personales necesarios? ¿Se va a descentralizar la Administración de Justicia? ¿O bien va a ser una nueva legislatura en la que se opte por la inflación legislativa, por los parches? Es decir, la disyuntiva es si van a ser prioritarias, una vez más, las modificaciones penales, procesales, es decir, mover los papeles literalmente, o bien va a ser la legislatura en que se dote de los medios necesarios a la Administración de Justicia. Nosotros creemos, señorías, que lo que apremia en este caso es ponerse a aplicar efectivamente la ley, el Código Penal, que las sentencias se dicten en tiempo y forma, que se ejecuten sin ningún tipo de dilación, porque las más de las veces basta con que se cumpla la ley con absoluta diligencia. Por tanto, hágase justicia, pues, aplicando la ley que tenemos.


Sin embargo, ha llegado a nuestro conocimiento una propuesta de transacción a través de la enmienda presentada por el Grupo Socialista y también de una enmienda de Convergència i Unió que pretende, de un lado, elevar las penas en algunos delitos contra la libertad sexual, particularmente en los supuestos en que las víctimas son especialmente vulnerables sobre todo por razón de edad; y, de otro lado, se plantea que se tienda al cumplimiento efectivo de las penas. Nótese que cuando se habla del cumplimiento efectivo no estamos hablando del cumplimiento íntegro de las penas, de forma que en cualquier caso se está hablando de lo que en su caso establece el propio Código Penal, artículos 76 y 90, lo que establece ya la propia Ley General Penitenciaria en cuanto a los beneficios, en cuanto a la condena condicional, etcétera. No vamos a estar, por tanto, en desacuerdo con ello.


Finalmente se plantea también, a raíz de la enmienda de Convergència i Unió, adaptar o modernizar el registro central de penados y rebeldes para dotarle de mejor funcionamiento, para centralizar los datos y también para automatizar los mismos. Tampoco vamos a estar en contra, evidentemente, ese es un planteamiento que nosotros compartimos, y es por ese motivo que vamos a dar apoyo finalmente a esta iniciativa con las enmiendas del Grupo Socialista y de Convergència i Unió, en el bien entendido que va a ser el Gobierno, el Ejecutivo, el que tiene en este caso el mandato encima de la mesa, que emana de esta Cámara, de traer una reforma del Código Penal en los términos que se han establecido y que acabo de exponer.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Tiene la palabra para fijar su posición el señor Olabarría por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, quiero que mis primeras palabras sean también de saludo y de condolencia a la familia Cortés que nos honra con su presencia hoy aquí. Quiero además no solo saludarles y manifestarles mi condolencia, sino agradecerles el ejemplo de ciudadanía que han aportado no solo a los ciudadanos del Estado español sino a sus representantes políticos aquí residenciados. Gracias por su actitud, gracias por su templanza, gracias por saber gestionar una crisis cuyo dolor no podemos compartir pero sí podemos implicarnos en la sensibilidad que lo que han padecido provoca. Desde una perspectiva personal incluso yo podría hablar porque tengo tres hijos pequeños y sé lo que esto puede llegar a suponer, o lo puedo intuir por lo menos.


Desde esa perspectiva, señor presidente, quiero decir que es el segundo debate relativo a las reformas del Código Penal que se articula a lo largo del día de hoy; estamos haciendo reflexiones o antinomias, y particularmente la última articulada por el señor Ridao, portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, no la comparto. Desde luego, es necesario mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, siempre es necesario, de hecho mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia del Estado español es absolutamente necesario, es manifiestamente mejorable. Pero a veces también es necesario incrementar el aspecto retributivo de las penas; sobre todo cuando las penas devienen fenómenos delictivos o patologías delictivas, hacen que el componente de prevención especial y de prevención general, que es el sentido finalista de las penas, no resulte suficiente. En este momento, en determinadas fenomenologías criminales, en determinadas patologías criminales, y muy particularmente aquellas tipificadas por el título VIII del Código Penal, nosotros entendemos que resultan particularmente insuficientes. Por tanto, felicitamos al Partido Popular por la oportunidad de presentar una proposición no de ley porque, a pesar de que es parcial y que convendría incardinarlo en una reforma global del Código Penal para que este no pierda la consistencia sistemática que invoca incluso el artículo 15 del Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, en este caso la manifiesta extemporaneidad de este fenómeno delictivo exige una reforma con un cierto carácter de

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urgencia. Además, ha de ser una reforma consensuada. Lo único que puede servir de bálsamo quizá para el dolor que ustedes están sufriendo es el valor del consenso que aquí se va a poder manifestar explícitamente hoy.
Si es verdad que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular va a asumir la enmienda presentada y explicada por el señor Villarrubia y a su vez integrando la presentada por Convergència i Unió, la verdad es que estamos ante una reforma muy pertinente desde el punto de vista de lo que se invoque en esta reforma del Código Penal.


El Título VIII ha devenido de forma sobrevenida insuficiente y extemporáneo, y parecen manifiestamente insuficientes las penas sobre una fenomenología criminal muy peculiar. Las redes de pederastas están constituidas muchas veces por criminales de alto standing. Nos encontramos con redes de pederastas donde existen desde grandes de España hasta sacerdotes, pasando por médicos prestigiosos, profesores universitarios, gente que incluso puede proveerse de cierta protección en sede institucional. Nos encontramos con otro fenómeno que también hay que reprimir, que es la existencia de personas que cumplen las penas de privación de libertad o que adquieren el cuarto grado, la libertad condicional, y sin embargo no están recuperadas, porque la medicina no posee instrumentos para ello, de las patologías que les han conducido a la comisión de delitos tan aberrantes como los cometidos contra la indemnidad de los menores. Nos encontramos, en definitiva, con patologías y fenomenologías criminales que refieren, desde luego, un incremento de tipos penales. Parece que los previstos en los artículos 180 a 187 son manifiestamente insuficientes. Quizá no tanto los previstos en el artículo 180, que es el que regula el injusto penal de agresión sexual, pero sí el de acoso sexual, donde la pena no llega al año, acaba en siete meses; sí el de la inducción a la prostitución de menores, penas de uno a cuatro años; sí penas como las realizadas a través de los procedimientos de Internet de prostitución informática de menores mediante la proyección de su imagen a todos los países del mundo con la conexión de mafias internacionales manifiestamente impúdicas y terriblemente crueles que proveen y cargan a estos mecanismos telemáticos e informáticos que utilizan para la comisión de estos delitos.


En relación con esta antinomia hay que incrementar la punición, las penas y, sobre todo, hay que mejorar el funcionamiento de la justicia. Aquí hay corresponsabilidad compartida. En el caso de Mari Luz resulta verdaderamente lacerante y estamos esperando con rapidez e inquietud una respuesta por parte del Consejo General del Poder Judicial sobre cómo este criminal, que estaba en orden de búsqueda y captura emitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, tenía que comparecer en el número 8, seguramente colindante con el número 1 de los Juzgados de Instrucción de Sevilla, los días 1 y 15 de cada mes.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Hay un funcionamiento de la justicia -y con esto ya voy acabando, señor presidente- que nos lleva a la reflexión que ha hecho recientemente en relación con esta cuestión el catedrático de derecho penal Javier Álvarez García. Estamos en un Estado de derecho muy peculiar cuando los tribunales dicen dónde está el derecho, con mucha lentitud, por cierto, pero son incapaces de imponerlo. Los tribunales son incapaces de imponer el derecho cuando estamos en una situación en que 270.000 ejecutorias penales están pendientes de ejecución. Desde esta perspectiva, evidentemente, estamos en un peculiar Estado de derecho. Por tanto, falta la normativa penal o es inadecuada y extemporánea y falta eficiencia de la Administración de Justicia.


Para acabar esta locución, señor presidente, en este caso de verdad, indico a la señora Sáenz de Santamaría que la única refutación que nosotros estamos en condiciones de hacer respecto a su oportuna proposición no de ley es su vinculación o adhesión a las previsiones del artículo 76 del Código Penal. Nosotros nunca hemos creído en el contenido de este precepto porque en él se contradice la esencia ontológica del artículo 25 de la Constitución. No se puede introducir de rondón la cadena perpetua, exigir penas de cumplimiento efectivo...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que ir acabando.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Desde esa perspectiva, agradeciendo su sensibilidad y proclividad al consenso, y excluyendo esta posibilidad, creo que llegamos al punto de consenso que permite que esta patología por lo menos en el futuro o profuturo estemos en condiciones de mejorar la reprensión de las personas vulnerables y sujetas a una relación de dominio. Es lo mínimo que se debe exigir al legislador y lo mínimo que se debe exigir a la Administración.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Señora Sáenz de Santamaría, ¿debo deducir de su intervención que acepta las enmiendas en los términos en que se han producido en el debate?

La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Aceptamos las enmiendas en los términos en que han sido planteadas y agradecemos además a los grupos enmendantes su esfuerzo para llegar al acuerdo esta tarde.


El señor PRESIDENTE: Así se votará en su momento oportuno.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ), SOBRE LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL CONCEPTO LEGAL DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de expediente 173/000006.)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Díez, sobre la necesidad de ampliar el concepto legal de víctimas del terrorismo.


Para su defensa, tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, señorías, hay tardes que se hace presente y se puede comprobar cómo la política es el arte de hacer posible lo que es necesario. Con el debate que hemos vivido hemos podido comprobar que cuando es necesario, somos capaces de ponernos de acuerdo en algo que hace nada parecería imposible que se hubiera producido. Así ha ocurrido en el debate que acabamos de vivir y que nos reconcilia con la política, en el sentido de reconciliarnos con nuestro trabajo de resolver problemas y no de confrontar entre nosotros. El tema que me trae a esta tribuna es otro ejemplo de una actuación política, la de los portavoces de los distintos grupos políticos, que van a contribuir a que se haga posible lo que también es necesario. Antes de empezar a hablar del contenido de esta moción, quiero agradecer precisamente eso, la actitud de los portavoces de los grupos parlamentarios, que han querido favorecer el acuerdo, el consenso y que han querido que de aquí saliera un acuerdo que fuera útil para aquellos a los que va destinado, para las víctimas del terrorismo, y que fuera útil para el objetivo de trabajar más y mejor en defensa de la igualdad y de la libertad de todos los ciudadanos, para el objetivo de trabajar más y mejor para erradicar a ETA, a los terroristas, para erradicar a los enemigos de la democracia de nuestro entorno y de nuestra vida. Insisto, agradezco a los portavoces parlamentarios su actitud, su posición para buscar el acuerdo, en particular a los dos grupos parlamentarios, Grupo Socialista y Grupo Popular, que han presentado enmiendas y que han dado paso a la enmienda transaccional que acabo de presentar y que será sometida a votación.


Como todos saben, lo que nos ocupa es algo tan sencillo y, por otra parte, tan necesario, algo que yo calificaría como aprobar la asignatura pendiente de la democracia, como es reconocer su condición de víctimas del terrorismo a todos aquellos ciudadanos que cotidianamente son perseguidos por los terroristas, perseguidos y acosados por ser ni más ni menos que nuestros escudos, por ser ciudadanos que se enfrentan cotidianamente en su vida privada, en su vida de cada día, al fanatismo y al totalitarismo, por ser ciudadanos que viviendo una vida plena de defensa de libertades y de democracia hacen posible que los que viven fuera del País Vasco, los que no son conscientes del sacrificio de toda esta gente, puedan disfrutar de sus libertades y de su libertad. Como les digo, reconocer la condición de víctima del terrorismo a los perseguidos y acosados cotidianamente por los terroristas era y es una asignatura pendiente de la democracia que hoy vamos a aprobar. Como pueden ustedes suponer, no me refiero solamente a los políticos, que son muchos los perseguidos y los acosados, me refiero a tantísimos ciudadanos cuyas vidas no conocemos a veces hasta que se convierten en víctimas de un atentado terrorista, a muchísimos ciudadanos -profesionales, profesores, estudiantes, jueces y periodistas- que cada día, por defender la libertad, por enfrentarse a los totalitarios son perseguidos por los terroristas que hacen de la socialización del miedo un instrumento para el desistimiento de los demócratas. A esos me refiero cuando hablamos precisamente de las víctimas vivas, de esas personas que resisten el totalitarismo, y que al resistirlo en toda España, pero particularmente en el País Vasco y en Navarra, nos hacen un poco más libres al resto de los españoles.


Señorías, como tuve oportunidad de destacar más detenidamente en la intervención de la pasada semana cuando presentamos esta interpelación urgente, conocen ustedes la vida privada de libertades, la vida llena de persecuciones, llena de miedo de muchísimos ciudadanos anónimos del País Vasco y de Navarra -insisto, fundamentalmente que viven en el País Vasco y en Navarra-; muchas víctimas vivas, personas que son víctimas precisamente para que otros no lo sean, para impedir que el totalitarismo traspase las fronteras. Ayer vimos -hoy hemos visto también en las páginas de los periódicos- una imagen de un concejal socialista de Pasajes, Bixen Itxaso, agredido por uno de los asistentes a un pleno en el que se presentaba una moción ética contra una alcaldesa, contra una corporación que no tendría que estar presidida en este momento por los cómplices de los terroristas. Bixen Itxaso era una víctima antes de que le agredieran. Ayer fue además agredido, pero era una víctima en el sentido de que le privaban de su libertad y le perseguían, como lo es Regina Otaola, como lo eran tantísimas personas que han salido a la luz pública cuando han sido asesinadas, como lo era la familia Recalde cuando tuvo que trasladar su librería de la parte vieja al centro de San Sebastián para evitar que les quemaran la librería continuamente; víctimas vivas -insisto- por resistir al totalitarismo.


Hoy, con esta moción, que espero que tenga la unanimidad de la Cámara, que tiene una enmienda transaccional, como he dicho al principio, aprobada y apoyada por los dos grandes grupos políticos de la Cámara -si me permiten, aunque pueda parecer excesivo-, lo que hacemos es empezar a aprobar esa asignatura pendiente de la democracia, esa asignatura pendiente del reconocimiento a todas esas víctimas vivas. Perdonen que insista, gracias a su esfuerzo, a su sacri

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ficio, a su vida cotidiana -en fin, estudiando, porque hay hasta estudiantes que llevan escolta, cuyo nombre ni siquiera quiero pronunciar aquí para proteger su privacidad, gente que va a la universidad escoltada porque un día tuvo la osadía de ser candidato en una lista del Partido Popular- a resistirse cada día, a estar allí, nosotros podemos disfrutar en el resto de España de un poco más de libertad, y eso merece el reconocimiento político que será incorporado en el futuro en una ley. Yo les agradezco a todos ustedes su actitud, su consenso, su acuerdo; les agradezco a todos ustedes que hayan contribuido con esa actitud, que es la que engrandece la acción de la política, a que hoy hagamos en esta Cámara algo que debería ser tan sencillo, pero que es tan poco habitual, como es utilizar la política para hacer posible lo que es necesario, para hacer ese pequeño milagro del que hablaba Hannah Arendt, cuando decía que lo esencial del hombre reside precisamente en su capacidad para obrar milagros, para iniciar lo que parece improbable, lo que parece imposible y convertirlo en una realidad. Ponernos todos de acuerdo en esta materia después de tantísimo tiempo de desacuerdo, yo creo que es un mérito y un éxito de todos nosotros.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero comenzar la defensa de esta enmienda expresando la solidaridad de mi grupo con Vicente Itxaso, el concejal socialista de Pasajes, que ayer fue agredido y herido, y hacer extensivo este homenaje que hago desde esta tribuna a los cientos de concejales del País Vasco, a los miles de ciudadanos del País Vasco y de Navarra que diariamente son insultados, amenazados y agredidos por defender nuestra democracia y por defender la libertad de todos. La democracia española tiene una deuda impagable con las víctimas del terrorismo, y es impagable no solo porque no podamos compensar nunca ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la sangre, ni devolver la vida a quienes han sido víctimas; es impagable porque ningún otro colectivo social en España ha hecho tanto por afianzar nuestra democracia como las víctimas del terrorismo. Por tanto quiero dar por sentado el apoyo de mi grupo no solo a esta iniciativa sino a cualquiera que, venga de donde venga, se presente en esta Cámara o en cualquier otra institución que vaya dirigida a dar amparo y apoyo a las víctimas del terrorismo y a quienes sufren cotidianamente la violencia de los terroristas y de sus cómplices en el País Vasco y en Navarra.
(Aplausos.)

Desde este apoyo, que es absoluto, incondicional, presentamos una enmienda que pretendía mejorar, aun si cabe, lo que nos planteaba el grupo proponente, primero, para exigir al Gobierno que remita cuanto antes la ley, porque ya hace casi tres años que el Gobierno se comprometió a enviar esta ley al Parlamento. Yo creo que ya es hora de que esta ley llegue definitivamente al Parlamento. Segundo, pedíamos también que, además de los supuestos que se reconocen en la moción, se incluyera como posibles víctimas del terrorismo a los hermanos de los fallecidos en acto terrorista, porque se produce la paradoja de que quienes han liderado el movimiento del colectivo de víctimas del terrorismo son precisamente en muchos de los casos los hermanos. No voy a citar ningún nombre porque son muchos; yo diría que son todos los hermanos los que han estado movilizando a las víctimas del terrorismo y a la sociedad en esta batalla. Por tanto, pedíamos que se considerase, se estudiase también esta posibilidad. Tercero, hay una laguna -que es evidente, que es compartida por todos los grupos- que es que el sitio donde se cometa un acto terrorista no puede ser condición para que sea declarada víctima de ese acto terrorista quien lo sufre en primera persona, por tanto que cualquier español que en el extranjero sea víctima de un acto terrorista tiene que estar incluido de forma automática en la ley como víctima del terrorismo. Cuarto, pedíamos -me alegra mucho que se recoja, así como el primer punto de los que he expuesto en la moción- que se escuche a las víctimas, porque si en cualquier colectivo es fundamental que escuchemos cuáles son sus peticiones, sus demandas y sus anhelos, creo que en el caso de las víctimas del terrorismo estamos especialmente obligados a ello.


Termino, señor presidente, con dos últimas reflexiones muy rápidas diciendo que mi grupo es perfectamente consciente de la complejidad y de la delicadeza que tiene la regulación jurídica en una ley de un concepto como el de víctima del terrorismo. Somos conscientes pero creemos que es necesario e imprescindible. Por un lado, es obvio que dentro de este concepto de víctimas del terrorismo habrá realidades que requieran definiciones jurídicas muy precisas y que además generarán derechos que, en función de las consecuencias de ese acto terrorista, serán distintos.
Por otro lado, las víctimas del terrorismo son un patrimonio común del conjunto de la democracia española, por tanto, cuando debatimos o cuando legislamos en relación con las víctimas del terrorismo tenemos que aspirar no al consenso, debemos aspirar a la unanimidad, que plasmamos en la ley de 1999, y que yo no pido sino que exijo en la reforma de la ley que vamos a acometer próximamente. Por último quisiera decir que para mi grupo el mayor homenaje, el mayor reconocimiento, la mayor protección, lo mejor que como sociedad española podemos ofrecer a las víctimas del terrorismo no es más que la derrota del terrorismo, la derrota de ETA.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cosidó.


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Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, como no podría ser de otra forma, quisiera unirme, y agradecer, al homenaje al concejal socialista de Pasaia que ayer fue objeto de una agresión precisamente por ser un demócrata que está intentando, junto con otros muchos demócratas, junto con otros partidos, echar a los fascistas de las instituciones, echar a esos fascistas que no condenan la violencia y que la utilizan para agredir a los legítimos representantes de los ciudadanos. (Aplausos.) Las víctimas del terrorismo han merecido, merecen y merecerán siempre todo nuestro respeto, apoyo y reconocimiento. Por eso las iniciativas como la que hoy nos presenta la señora Díez, que promueven la culminación de sus aspiraciones, serán siempre bienvenidas y contarán con nuestra máxima consideración. Lo dijo el pasado miércoles el ministro de Interior cuando expresó que nadie puede oponerse a pretensiones legítimas y honorables respecto a las víctimas. Desde luego el Grupo Parlamentario Socialista nunca lo hará. En este sentido, valoramos positivamente la oportunidad política de esta iniciativa, si bien no coincidimos con su formulación concreta pero sí con la transaccional que se nos ofrece desde el Grupo Parlamentario Mixto. Por eso hemos presentado una enmienda que en nuestra opinión es más omnicomprensiva de lo que tendría que ser la Ley de protección y reconocimiento de las víctimas del terrorismo. La legislación española en materia de víctimas es, seguramente por nuestra experiencia, por desgracia, una legislación muy avanzada, muy desarrollada. Es justa y minuciosa, pero también es una legislación mejorable. Es necesario que entre todos la mejoremos. Bienvenida sea la espera de tres años si va a dar lugar a esta unanimidad a la que se refería el diputado del Grupo Popular.


Señorías, del espanto y la rabia silenciosos frente al terrorismo pasamos en su día a la movilización y al coraje cotidianos frente a los violentos. De una normativa dispersa, incompleta, pasamos a desarrollar una legislación pionera y vanguardista en muchos aspectos. Hay que reconocer que ello fue posible por el trabajo de las asociaciones de víctimas. Ese empeño estuvo acompañado de un impulso político que consiguió que la causa de las víctimas fuese socialmente reconocida y jurídicamente trasladada a nuestra legislación. Esa estrategia -no lo olvidemos- ha sido clave en la deslegitimación social de la violencia, en la recuperación de la calle para la democracia y para la ciudadanía y en la progresiva marginación de los violentos y quienes les jalean.
Señorías, los sucesivos gobiernos de la democracia han realizado en este terreno un importante trabajo, y ya hace mucho que han incorporado las miradas de las víctimas a nuestra arquitectura legal y administrativa de apoyo y reconocimiento a las mismas. Para todos nosotros la prioridad de las víctimas es una evidencia desde la perspectiva ética pero también desde la perspectiva legal. Señora Díez, somos perfectamente conscientes de la realidad que usted relata en su proposición. Coincidimos con usted en que hay más víctimas del terrorismo que aquellas que han sido objetivo de los atentados terroristas, sin embargo hemos de tener en cuenta que nuestra legislación no quiso limitar las víctimas a una clasificación cerrada para así dar a la Administración, a las administraciones, a los gobiernos la posibilidad de tener un amplio margen y flexibilidad a la hora de reconocer a las víctimas del terrorismo. El legislador de 1999 optó por un buen criterio, que hay que mantener en la próxima ley. Al fin y al cabo debemos tener en cuenta que, aunque el sujeto pasivo de la acción terrorista es quien sufre la acción criminal y a quien esta va dirigida, es la sociedad en su conjunto quien se convierte en acreedora del perjuicio y del sufrimiento que provoca el terrorismo; es a toda la sociedad a la que se quiere infundir miedo para coartar nuestra libertad.
En el año 1999 todos los grupos de la Cámara consiguieron una ley fruto del consenso y la unanimidad política que plasmase el reconocimiento de toda la sociedad a las víctimas del terrorismo. Consiguieron que ese reconocimiento se canalizase y se concretase a través de diversas medidas indemnizatorias (honoríficas, asistenciales). Hoy estamos dando un paso más para que también haya un reconocimiento político a esas otras víctimas que no han sido objeto de atentados terroristas en sentido estricto. Posteriormente, en 2003 se aprobó un reglamento que mejoró las prestaciones, se aumentaron las medidas asistenciales y de otra naturaleza, se reforzó la estructura administrativa; siempre hemos ido a más, siempre hemos ido en el buen camino y así creo que tenemos que seguir.


Señorías, el Estado ha resistido el embate de los terroristas a lo largo de cuatro décadas. Los gobiernos de la democracia, las fuerzas de seguridad, los jueces, los partidos políticos, sus militantes y sus dirigentes, junto con docentes, empresarios, abogados, estudiantes -como usted decía-, y todos aquellos que han levantado la voz contra el horror han resistido el ataque de los terroristas. Se trata ahora de que tras más de 850 personas asesinadas, de miles de heridos, de 70 secuestros, todos juntos en este clima de consenso, de unidad, de nuevo hagamos una ley que reconozca, proteja y recuerde a todas las víctimas en su compleja diversidad, sin olvidar que las víctimas de ETA lo fueron porque no cabían en el ensueño totalitario en el que ninguna pluralidad es admitida y ninguna diversidad reconocida.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.


Para fijar posición los grupos que no han presentado enmiendas, en primer lugar, por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Ridao.


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El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, permítanme que para centrar el debate y para aproximarme a esta cuestión -espero hacerlo sin ningún tipo de demagogia- diga de entrada que se puede decir lo que se quiera, pero el concepto de víctima del terrorismo en nuestro derecho es un concepto objetivo que no admite ninguna carga de subjetividad; es un concepto que está perfectamente tasado en la ley, y es un concepto que no es ni sociológico, ni criminológico, ni tan siquiera un concepto político. Es decir, cualquiera que haya leído la Ley 2/2003 -que por cierto fue aprobada por unanimidad en esta Cámara- podrá comprobar perfectamente que introduce lo que podríamos decir un auténtico silogismo; esto es, es víctima del terrorismo quien es víctima de un delito de los tipificados en el Código Penal como de terrorismo. Además, el cierre del sistema es muy claro; consiste en que ello da lugar a un cuadro de indemnizaciones o de reparaciones diversas.


La señora Díez a lo largo de su intervención el otro día se refirió a algunos supuestos, a algunos episodios como de extorsión, de coacciones, de amenazas delictivas -que ya se incluyen por cierto en el Código Penal- en los que el sujeto activo puede o puede que no sea un terrorista, pero en todos los casos, tanto si es terrorista como si no lo es, evidentemente estas actuaciones son ya merecedoras de un reproche penal.
No solo eso, sino que en el supuesto de que el sujeto activo del delito sea un terrorista administrativamente corresponde al Estado responder si se acredita que se es víctima, y evidentemente se reparan los daños consiguientes, y penalmente además esta consideración lleva aparejada una responsabilidad civil que determina el juez, y que puede ser incluso subsidiaria para el Estado en el caso de insolvencia del autor del delito. Hasta aquí impecable, esto es lo que ya establece nuestra ley. No nos engañemos, lo que nos plantea la señora Díez -además lo dijo clarísimamente en su intervención muy hacia el final- es otra cosa. Es otra suerte de concepto de víctima desvinculado totalmente del derecho.
De hecho la señora Díez lo dijo muy clara y honestamente al final de su intervención, insisto, cuando habló de un reconocimiento político. He ahí la cuestión de lo que nos plantea. Nos dice: hace falta un reconocimiento político para la gente que sufre pero que no son técnicamente víctimas del terrorismo. Lo dijo claramente la propia interpelante hace una semana.


Estoy convencido, como dijo la señora Díez, de que hay gente que sufre; de hecho hay gente que sufre no solo como consecuencia de hechos de terrorismo sino incluso algunas víctimas de torturas por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; no lo digo yo, lo ha dicho un relator de Naciones Unidas y lo ha dicho Amnistía Internacional que nos merece todo tipo de crédito. Por tanto, aquí ya estamos, señora Díez, señorías, en un terreno arcilloso; estamos en un terreno ya mucho más delicado. Lo que se nos propone es declarar terroristas a personas a las que la justicia no considera en ningún caso que lo son, y eso es un auténtico despropósito.
En todo caso, en su comparecencia de hace muy pocos días el ministro Rubalcaba, el ministro del Interior, ya anunció una reforma de la ley, se entiende que para mejorar de un lado el sistema y para armonizar la normativa en vigor, además de para ampliar los beneficios a las víctimas y para mejorar el estatuto de las mismas durante el proceso penal. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero quiero recordar que, aunque en su día esta ley se aprobó por unanimidad, también es verdad que no todos los partidos estuvimos de acuerdo al cien por cien con la ley de 2003. Me refiero a algunos supuestos o a algunas actuaciones violentas que en su día estaban amparadas por el ejercicio de los poderes públicos, pero que eran contrarias al Estado de derecho, que quedaron fuera de la ley, por ejemplo algunos episodios y hechos acaecidos durante la transición. Me refiero no solo a algunas actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también a algunos hechos que están en la memoria de todo el mundo, los hechos de Montejurra, de Vitoria, de Ferrol y de Granada. También quiero recordar que la ley dio cobijo a algunas decisiones erróneas, como la condecoración, más bien impúdica, de Melitón Manzanas. Por tanto, señorías, estamos ante una cuestión muy delicada, que aconseja prudencia, tiento y consenso, un consenso que creo que hoy no merece esta iniciativa que presenta la señora Díez. En todo caso, mi grupo se va a abstener y lo va a hacer porque cree que queda mucho por debatir, entre otras cosas porque también hay víctimas del Estado.


El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, tiene que ir acabando.


El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señor presidente.


Hay víctimas de la transición política y también hay víctimas en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay un amplio espectro de víctimas que también merecen un reconocimiento y un trato por la ley. Por este motivo mi grupo se va a abstener en esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) para fijar su posición tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, le saludo de nuevo para glosar las intervenciones de la proponente y de los demás portavoces.


Señor Hernando, me han sorprendido algunas de sus afirmaciones. Recordará usted que en la reciente comparecencia del ministro del Interior en la Comisión de Interior llegamos a la conclusión -por cierto, indiscu

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tible- de que todos los representantes institucionales en las instituciones vascas (forales, municipales o de cualquier naturaleza) lo son porque el Tribunal Supremo ha decidido que lo sea y porque la Ley de Partidos Políticos no incorpora el principio de democracia militante, concepto jurídico respecto al cual no tengo que realizar ningún tipo de exégesis adicional.


La conversión del concepto de víctimas, un concepto de víctima jurídica, y la incorporación al ordenamiento positivo español del concepto de responsabilidad difusa en relación con el concepto de víctima del terrorismo político, no víctima del terrorismo jurídica, tal como configuran las leyes de 1991 y la 2003, nos lleva a unos derroteros argumentales verdaderamente complejos. Yo comparto buena parte de las argumentaciones del señor Ridao.


La exposición de motivos, señora Díez, y la intervención de la semana pasada dista mucho de la moción que se ha consensuado hoy. Nos temíamos -así sucedió la semana pasada y así consta en la exposición de motivos de la moción que usted ha redactado antes de proceder al consenso- que usted no pretendía definir o ampliar el concepto de víctima, sino, como sospechábamos, definir el concepto de victimario. Pues bien, en esa cosmovisión -usted y yo nos conocemos desde hace muchos años- que tiene usted del victimario o del terrorista estamos todos o casi todos, particularmente los que practicamos ideologías o estamos incardinados en ideologías políticas nacionalistas. Usted lo ha dicho en más de una ocasión, incluso se deduce de la exposición de motivos, cuando habla de la labilidad y debilidad de la actuación de las instituciones vascas en relación con las víctimas. Otra manifestación mucho más atrevida todavía se refiere a los jueces y fiscales como débiles a la hora de actuar contra el favor de las víctimas y contra los victimarios. Es una especie de cosmovisión del terrorismo que nos ubica a todos -me atrevería, si no es ofensivo para el Grupo Popular, a incluir a parte del sector llamado moderado del Partido Popular- dentro de ese concepto absolutamente omnicomprensivo de víctimas. Usted ha hecho un juego malabar políticamente inteligente asumiendo unas transacciones propuestas tanto por el Grupo Popular como por el Grupo Socialista que hacen que seamos menos renuentes al apoyo de esta moción. Ya nos aproximamos a una definición de víctima de carácter político en la cual podremos llegar a puntos de consenso cuando se debata posteriormente este problema, dado que esto tiene que ser objeto de un debate posterior. Aquí no se cierra la cuestión evidentemente. Yo reproduzco las reflexiones hechas por el señor Ridao, que constan en el informe del Relator europeo para los Derechos Humanos de la Asamblea de Naciones Unidas, el señor Scheinin, indicando que le consta que existen torturas en el Estado español, que estas no se investigan con celeridad, que la legislación antiterrorista que posibilita cinco días de internamiento en centros de detención resulta contraria al artículo 15 del Pacto de Derechos Internacionales y Políticos, y que artículos como el 471 y siguientes no responden a los requisitos de tipificación formal que normas de esta naturaleza, que definen tipos como colaboración con banda armada o kale borroka, tienen que poseer. En fin, el tema de víctima política es muy deletéreo, muy complejo y requiere consensos muy amplios. Yo le sugeriría -usted que es amiga personal del profesor Antonio Beristain, que tiene una obra muy importante y que usted conoce perfectamente que empieza citando a Sófocles y a su obra fundamental Antígona, primera víctima conocida en la historia y que podría servir de referencia- que recurra a la definición de víctima que se introdujo o se configuró en el III Simposio Internacional sobre Victimología celebrado por la Sociedad Mundial de Victimología en la ciudad de Münster en Westfalia. Se habla efectivamente de victimización causada por víctimas del terrorismo internacional, víctimas del homicidio y sus familias, de delitos sexuales, víctimas de accidentes laborales y de tráfico, víctimas del abuso de poder, víctimas del holocausto y del genocidio, víctimas del secuestro y sus familias, víctimas de medio ambiente y nucleares y victimización de grupos especiales: ancianos, niños, adolescentes, mujeres.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que ir acabando.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy acabando ya.


Desde esta perspectiva, señora Díez, le tengo que reconocer -con todo respeto y no pretenda percibir ningún tipo de actitud en estas palabras- que nosotros no necesitamos su espectacular irrupción en la arena política para saber que ETA es una organización asesina, que es una organización criminal, que ETA provoca daños y provoca miedo. ETA asesinó a un amigo personal mío, al sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea. ETA asesina a mucha gente. No necesitamos que usted nos glose esta situación en este largo exordio. Cuando utilizamos el problema o intentamos en sede parlamentaria utilizar la patrimonialización del dolor de las víctimas estamos causando el máximo dolor que a las víctimas se les puede causar.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Las víctimas necesitan justicia, necesitan memoria y necesitan reparación. A eso nos comprometemos en los consensos preconizados tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, pero desde luego a la cosmovisión de terrorismo o de victimario que usted pretendió cuando redactó la exposición de motivos, a eso, nos oponemos rotundamente.


Gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, desde Convergència i Unió compartimos, como no puede ser de otra manera, el reconocimiento y el relato que el pasado miércoles se hizo aquí tanto por la señora Díez como por el ministro Rubalcaba acerca de la dramática situación que muchas personas padecen por causa de la banda terrorista, aunque no sean víctimas de ETA en el sentido recogido en la legalidad vigente. Es un hecho notorio que ETA utiliza todas las maneras posibles de extorsión y de presión para imponer el terror creando un gran sufrimiento a las personas destinatarias de estos métodos de presión y amedrentamiento, a sus familias y a la sociedad entera, que se duele de todos y cada uno de los actos de terror, porque, como usted señaló, señora Díez, el objetivo de ETA no es otro que acabar con el orden social que nos hemos dado y destruir la democracia. Es obvio que hay otras conductas que son también absolutamente reprobables, pero nosotros queremos circunscribir nuestro posicionamiento al tema de la actuación de la banda terrorista ETA. Y con respecto a esto, la posición de Convergència i Unió ha sido siempre muy clara y ha sido siempre la misma.
Convergència i Unió ha estado siempre apoyando a los gobiernos, a todos ellos, fueran del signo que fueran, en la lucha contra la banda terrorista; ha estado apelando a la necesidad de unión de los demócratas; ha estado reconociendo el gran papel y el buen trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de todos, también de la Ertzaintza, como recordó el otro día el portavoz de mi grupo parlamentario, y ha estado, por supuesto y como no podía ser de otra manera, al lado de las víctimas, de todas las víctimas de esta tremenda lacra social. El terror nos amenaza a todos y quiero recordar en este sentido que en Cataluña el zarpazo del terrorismo ha sido brutal. Baste recordar, por ejemplo, el atentado de Hipercor, los atentados contra los cuarteles de fuerzas de seguridad o el asesinato de Ernest Lluch.


Desde estas consideraciones nos habíamos acercado a la moción que hoy nos trae la señora Díez a debate, y pese a compartir el objetivo de dar a las víctimas todo nuestro reconocimiento y la mayor y mejor cobertura posible, no podíamos coincidir con los términos literales de la misma.
Una moción a la que, como aquí se ha explicado, se han presentado dos enmiendas de sustitución y que, fruto de un acercamiento siempre deseable entre el grupo proponente y los grupos enmendantes, se nos anuncia que se ha llegado a una enmienda transaccional; una enmienda que en su redacción final concreta algo más el alcance de la ampliación del concepto legal de víctimas del terrorismo que se propone y que aparecía muy inconcreto y muy difuso en la propuesta inicial; una redacción que potencia el reconocimiento de las víctimas por la sociedad civil, que propicia el diálogo con las asociaciones de víctimas, con todas ellas, y que remite la concreción de la propuesta al marco de la reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo, que es una reforma que ya fue anunciada por el ministro Pérez Rubalcaba, tanto en su primera comparecencia en la Comisión de Interior como el pasado miércoles desde esta misma tribuna.


Por todo ello el texto de la enmienda transaccional permite superar, a nuestro entender, las objeciones que teníamos al texto original de la moción de las cuales quiero señalar únicamente dos. Una primera era que no considerábamos justo circunscribir alguna de las medidas a las personas residentes en el País Vasco y Navarra. La situación a la que se aludía, necesidad de escolta por riesgo de atentado terrorista, afecta a ciudadanas y ciudadanos vascos y navarros, desde luego, pero afecta también a muchísimos otros ciudadanos residentes en cualquier otra parte del Estado que sufren la amenaza terrorista por razón de su profesión o del cargo político que desempeñan, que deben ir escoltados ellos y en ocasiones sus familias, que también a veces y por su propia seguridad tienen que cambiar de domicilio y que son también evidentes víctimas del terrorismo en el amplio concepto sociológico que aquí se ha venido empleando.


Por otra parte, la moción no concretaba a qué medidas específicas o derechos tendrían acceso las víctimas a quienes se extendiera esta calificación, pero sí se hacía en el texto de la misma una remisión al artículo 3 de la Ley de Víctimas del Terrorismo que, como es sabido, es el que abre la puerta al reconocimiento de todos los derechos previstos en la ley; una remisión que ya no aparece en el texto transaccional sino que su precisión o alcance se deja abierto a la tramitación parlamentaria, lo que nos parece más adecuado y ponderado, teniendo en cuenta que los recursos públicos no son tampoco ilimitados. Es una enmienda transaccional de la que queremos señalar que nos agrada especialmente la invitación al diálogo con todas las asociaciones de víctimas porque nos parece de capital importancia tener en cuenta su opinión.


Finalmente, desde mi grupo parlamentario valoramos en gran medida el consenso que se propugna en la moción para que tramitemos la reforma de la Ley de protección y reconocimiento a las víctimas del terrorismo desde el acuerdo de todos los grupos; un acuerdo que, como aquí se ha señalado reiteradamente, se logró en la Ley de 1999, que se perdió en las pasadas legislaturas y que creo que tenemos ahora una magnífica oportunidad de recuperar.


Muchas gracias. (La señora Díez González pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


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Señora Díez, ¿qué desea?

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, pido la palabra por alusiones -artículo 71-, alusiones del señor Olabarría.


El señor PRESIDENTE: Concretamente, señora Díez, ¿a qué alusión es a la que desearía contestar?

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Deseo contestar a una alusión del señor Olabarría en la que atribuye a mi persona tener una cosmovisión de los victimarios en la que textualmente dice que estamos todos. Para su tranquilidad, señor Olabarría, en mi visión de lo que son victimarios solo están los terroristas.


El señor PRESIDENTE: Señora Díez, con independencia de que ha introducido en su solicitud una parte de la contestación que deseaba hacer al señor Olabarría, desde mi punto de vista S.S. ha sido mencionada, ha sido contradicha, pero, a mi entender, no se ha producido un juicio de valor o una inexactitud sobre su conducta. Es verdad que puede molestarle lo que diga el señor Olabarría en el terreno político, pero no ha sido una mención a su conducta o a su persona y, por tanto, señora Díez, para lo que me ha pedido la palabra no la tiene. (La señora Díez González pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Díez, no la tiene.
(Aplausos.) Le ruego que no debata con el presidente sobre este asunto.
No tiene la palabra. Pero sí la va a tener para contestarme, si lo desea, a la pregunta que le hago en relación con las enmiendas presentadas.


Antes, señora Díez, vamos a preguntar a la Cámara si se opone algún grupo parlamentario a que se tramite la enmienda transaccional presentada por la señora Díez y la señora Oramas. (Pausa.) En consecuencia, no habiendo oposición, se tramitará.


Ahora pregunto a la señora Díez, aun cuando adivino su respuesta, ¿de las tres enmiendas presentadas, siendo las tres completas y de sustitución, cuál acepta para su votación?

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


No quería debatir con usted, solo quería decirle que acepto su criterio. A continuación le digo que la enmienda que apoyo es, naturalmente, la enmienda transaccional que he presentado y que ha sido pactada tanto con el Grupo Socialista como con el Grupo Popular. Agradezco a todos sus intervenciones, más allá del acuerdo o no que se haya producido.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


En consecuencia, y en esos términos, se pasará a votación la moción que acaba de ser tratada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA ESTUDIAR Y EVALUAR EL TRASVASE DEL RÓDANO. (Número de expediente 173/000007.)

El señor PRESIDENTE: Siguiente moción, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para estudiar y evaluar el trasvase del Ródano. Para exponer y defender la moción tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como dicen en mi país: en aquest país no sap ploure (en este país no sabe llover). Nos convocó aquí hace pocas semanas la ratificación de un real decreto de medidas para hacer frente a una situación excepcional de sequía, y justamente un mes después en Euskadi, pero también en Zaragoza y en la desembocadura, en el tramo final del río Ebro, vemos imágenes de un río caudaloso desbordándose. No sabe llover, y como no sabe llover hay problemas. Hay problemas que sufren muchos miles de ciudadanos, y quiero hacer una apelación especial en estos momentos a las personas que viven en el mundo rural, a las que viven de la agricultura, que son los que soportan los grandes sacrificios en estas épocas de sequía. Como quiera que sea, hemos salido de la situación de excepcionalidad en Cataluña y vamos a tener que plantearnos unas cuantas cuestiones. En primer lugar, si es que esto ha sido algo excepcional, nunca visto, o bien ha sido un episodio más dentro de un mismo modelo climático, que incluso, por cierto, puede agravarse con el llamado cambio climático. Los estudios de distinguidos profesores universitarios de las universidades de Barcelona y la Politécnica de Cataluña han concluido que en estos diez últimos años se ha acentuado el problema de la irregularidad en las lluvias. Hemos salido de esta situación de excepcionalidad, pero cabe preguntarse si hemos resuelto o no el problema. Mi grupo, Convergència i Unió, quiere proclamar muy claro y muy alto que rotundamente no, no hemos solucionado nada. ¿Vamos a salir para siempre de esta situación de excepcionalidad simplemente porque, como dijo el presidente del Gobierno y la señora ministra, el día 1 de junio del año que viene, es decir de aquí a un año, tendremos en funcionamiento una planta desalinizadora? Rotundamente no. La aportación de estos 60 hectómetros cúbicos -suponiendo que esté en servicio- no es suficiente para hacer frente a estas situaciones de excepcionalidad que, según los estudios que les presenté la semana pasada, ocupan un 30 por ciento de los meses. Es decir, desde hace diez años el 30 por ciento de los meses estamos en Cataluña -en otras regiones, por cierto, también sucede- en situación de excepcionalidad. Además, señoras y señores diputados, se continúa

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actuando como auténticos depredadores del río Ter, y si no pregúntenselo ustedes a sus usuarios, que esta semana se van a manifestar porque ven que se sigue trasvasando contra la ley -por cierto, una ley franquista, pero que en estos momentos aún está vigente- que protegía unos caudales no llamados ecológicos, pero sí unos caudales mínimos, que no se respetan y que simplemente, señoras y señores diputados, con esta desaladora no se van a suplir. Por tanto, tenemos un problema estructural. No tenemos un problema coyuntural, no es un episodio de estos que sucede una vez cada 500 años; sucede treinta de cada cien meses. Y para los problemas estructurales hacen falta soluciones estructurales. Convergència i Unió ha defendido que una de estas soluciones estructurales puede ser la aportación de caudales del río Ródano, que está a una distancia absolutamente moderada con respecto a lo que podría ser una aportación desde este curso que tiene unos caudales realmente muy importantes, y existe la posibilidad efectiva de trasvasar una parte de estos caudales a Cataluña o, incluso, al conjunto de las regiones del Levante.


En ese sentido, hemos planteado una moción en la que solicitamos, conforme al compromiso del presidente del Gobierno en la sesión de investidura, que se acometa cuanto antes el estudio de la posibilidad de esta aportación del río Ródano. Preveíamos a tal efecto la constitución inmediata -antes del 31 de julio- de una comisión técnica en la cual podría participar, además de la Administración General del Estado, la Generalitat de Cataluña. Ha habido, por cierto, una enmienda de la diputada Rosa Díez que decía que, además del Gobierno de la Generalitat, participaran la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Murcia y la Junta de Andalucía. Yo no hubiera tenido ningún reparo en aceptarlo pero, en cambio, debo decir que conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda -que lógicamente mi grupo va a aceptar- en la cual se sustituye este mecanismo, el de la comisión, por el de que sea directamente el Gobierno del Estado el que se comprometa a realizar el estudio técnico para evaluar la posibilidad de incorporar los recursos hídricos procedentes de la cuenca del Ródano. Esta posibilidad a nosotros nos gustaba, a mí me hubiera gustado que mi Gobierno, el Gobierno de la Generalitat, hubiera tenido voz. Parece ser que a otros grupos no les ha gustado. En cualquier caso, lógicamente, suscribimos la enmienda conjunta y hemos de mostrar nuestra satisfacción. Esperamos que esta enmienda sea apoyada por otros grupos y que cuente con el apoyo de la Cámara. Va a ser una muy buena noticia, no solo para Cataluña; va a ser una muy buena noticia para todos los que creemos en la política.


El señor PRESIDENTE: Señor Macias, tiene que ir acabando.


El señor MACIAS I ARAU: Voy acabando, señor presidente.


Para todos los que creemos que para dar respuesta a los ciudadanos no hay que mirar al cielo sino mirar los documentos, a las personas, buscar consensos y buscar pactos. Por tanto, señoras y señores diputados, nuestro grupo de Convergència i Unió expresa su satisfacción por haber llegado a este acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, sobre todo si, caso que esperamos, se aprueba esta moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Para la defensa de la enmienda y por el orden de presentación tiene la palabra, en primer lugar, la señora Díez. (Pausa.) ¿Renuncia al uso de la palabra? (Asentimiento.) Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de su enmienda tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Presidente, señorías, el Grupo Socialista presenta una enmienda que ha sido objeto de un acuerdo transaccional con el grupo proponente porque, tal como manifestó la ministra en esta tribuna, los socialistas, en gestión del agua, hacemos política y no dogma. Por tanto, contemplaremos todas las medidas de futuro que sean viables económica, social y medioambientalmente para poder dar solución a los problemas de agua en nuestro país. En este sentido, pensamos que el texto objeto de la transacción firmado por los dos grupos recoge muy bien este compromiso. El texto, también al amparo de la Ley de Plan Hidrológico Nacional que contempla en la disposición adicional novena la posibilidad de realizar estudios sobre trasvases futuros, insta precisamente al Gobierno a que en un plazo de nueve meses se realice este estudio, que deberá incorporar, como no puede ser de otra manera, los mandatos establecidos en la Directiva marco del Agua: los costes económicos, la repercusión necesaria en los precios incentivadores de una política de gestión racional de los recursos y todos sus impactos medioambientales y sociales tanto en la cuenca cedente como en la cuenca receptora.


No obstante, el trasvase objeto de este estudio se enmarca en lo que hemos venido denominando tradicionalmente como políticas de oferta, cuya incongruencia es manifiesta con una política racional de recursos hídricos; política racional de recursos hídricos que marca la política que ha llevado a cabo el Gobierno socialista y que llevará a cabo en la presente legislatura. Por tanto, dentro de esta política, que es acorde con las prioridades fijadas por la Directiva marco del Agua, tanto desde el punto de vista de la cantidad del agua a disponer como de la calidad de la misma, el Grupo Parlamentario Socialista tiene que manifestar que existen diferentes alternativas, entre las que ya se cuentan, y están contenidas en el programa AGUA, especialmente las instalaciones de desalación, que tienen la ventaja adicional de modular

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su funcionamiento y desarrollo de acuerdo con la evolución de la demanda, evitando costes fijos y amortización de coste innecesario, permitiéndonos hacer también una política necesaria de gestión de la demanda.


Desde el punto de vista de la calidad del agua, el esfuerzo que se está haciendo dentro del Plan nacional de saneamiento y depuración para mejorar tanto las aguas superficiales como las subterráneas, así como todos los avances tecnológicos y disminución de costes en las nuevas tecnologías de mejora de las aguas terciarias, están mejorando la calidad del agua y por tanto la cantidad de la misma. Desde este punto de vista no nos parece, por tanto, que el trasvase objeto del estudio sea una acción prioritaria, ya que existen y se están poniendo en marcha por el Gobierno socialista otras alternativas que dan mayor garantía de suministro y proporcionan más autonomía de funcionamiento, siendo, además, desde el punto de vista del coste medioambiental y de la racionalidad económica, mucho más eficientes y más inteligentes. No obstante, como ya tuve ocasión de manifestar en esta tribuna, el Grupo Socialista no descarta ninguna posibilidad que pueda resolver los problemas de sequía en España. Por ello, hoy aquí el Grupo Socialista pide a la Cámara el apoyo a esta moción, fruto de una negociación y de una transacción con el grupo proponente para que se realice un estudio técnico y multidisciplinar que analice la viabilidad del trasvase del Ródano como posible solución a largo plazo.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Ramos.


Para fijar posición y por el tiempo que bien conoce el diputado tiene la palabra el señor Herrera. (El señor Perestelo Rodríguez pide la palabra.)

Había entendido que el Grupo Mixto renunciaba. (Pausa.) ¿Cómo fijación de posición? En ese caso, no se había advertido a la Presidencia, pero tiene la palabra, señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Entiendo que se había comunicado a la Mesa incluso el reparto de tiempo con la diputada Díez en este turno de fijación de posiciones. En todo caso, intervendré brevemente para fijar una posición favorable a la iniciativa tanto en su versión original como en la aceptación de la enmienda, tal como parece que va a ser, puesto que la transaccional que se está debatiendo está avalada también con la firma del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Ya lo dijimos en el momento de la toma en consideración y cuando desde este grupo apoyamos la convalidación del decreto-ley. Decíamos entonces que apoyábamos ese decreto-ley, pero que indudablemente era necesario tomar iniciativas que permitieran en el futuro hacer una previsión para no vernos obligados en un futuro próximo a convalidar nuevamente un decreto de urgencia aprobado por el Gobierno. Por tanto, la iniciativa de Convergència i Unió trata precisamente, como decía el diputado proponente, de establecer medidas estructurales que eviten situaciones como las que se han planteado y que llevaron al Gobierno a aprobar ese decreto-ley de urgencia y que tuvimos que convalidar en esta Cámara. Por eso precisamente Coalición Canaria, dentro del Grupo Mixto, va a apoyar la iniciativa planteada hoy por Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perestelo.


Para fijar posición tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quería destacar que la iniciativa tiene algo de insólito.
Y es que es insólito que sea el Partido Socialista Obrero Español quien en una enmienda enmiende a Convergència i Unió, grupo nacionalista, en torno a lo que tendría que haber hecho el Govern de la Generalitat. Creía yo que no era menester de este Congreso de los Diputados decidir dónde participaba el Govern de la Generalitat, pero paradójicamente el Grupo nacionalista Convergència i Unió en su moción así lo planteaba. Quiero decir que agradezco en este caso que el Congreso de los Diputados no decida lo que ha votado en contra el Parlament de Catalunya. Lo que ha votado en contra el Parlament de Catalunya es que el Govern de la Generalitat estudie el trasvase del Ródano. Por eso, superada la fase bochornosa, tengo que decir que la moción presentada, que seguramente se va aprobar, tiene mucho de incoherente, por no decir todo. ¿Por qué es incoherente? Porque está fuera del sentido común. Si las infraestructuras van a estar hechas en el año 2010, si las desaladoras se van a poner en marcha con una aportación, que sumada a la reutilización y a la recuperación de acuíferos asciende a un montante de 300 hectómetros cúbicos, ¿es de sentido común que nos pongamos a estudiar lo que no será necesario? Parece que no. Es más, según se acredita en los estudios que sí se han realizado, parece que el agua del Ródano es mucho más cara, muchísimo más cara. Por tanto, por partida doble, moción incoherente: el agua del Ródano, 0,85 euros el metro cúbico; la de las desaladoras, 0,60.
Si a esto le sumamos la reutilización y los acuíferos, mucho más barata.
Asimismo parece que no tiene sentido porque allí donde se deciden las políticas de agua que tienen que abastecer a Cataluña en este caso, y donde ustedes dicen que está la soberanía de Cataluña, que yo tenga entendido se ha votado en contra del trasvase del Ródano, ¿o es que acaso quieren ustedes decidir en el Congreso de los Diputados lo que vota en contra el Parlament de Catalunya? Hoy mismo el Govern de la Generalitat ha dicho: no estamos de acuerdo con el trasvase del Ródano. A esto se le suma que esta política se basa en la política de la oferta, ¿y tiene sentido alguno que el Partido Socialista, que dice que apuesta por la nueva cultura del agua

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y la gestión de la demanda, haga una apuesta a favor precisamente de esta gestión?

Podría continuar leyendo las intervenciones del presidente del Gobierno a lo largo de la anterior legislatura...


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Herrera, pero su tiempo ha acabado.


El señor HERRERA TORRES: Termino ya, señor presidente, citando a la portavoz socialista del PSC, que dice que no tiene sentido.


Quiero decir simple y llanamente que hoy lo que estamos haciendo es un acto de incoherencia, y si lo hacemos es por algo muy sencillo: porque algunos quieren abrir expectativas al sector de la construcción quizás a cambio de una votación vergonzosa hace quince días, y lo que digo es que hoy no solo Convergència i Unió, sino el Partido Socialista y el PSC deberían votar en contra de esta moción.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para fijar también su posición el señor Ridao tiene la palabra.


El señor RIDAO I MARTIN: Gracias señor, presidente.


Señorías, antes que nada quiero decir que Esquerra va a votar que no a esta moción del Grupo de Convergència i Unió básicamente porque Esquerra no defiende ningún modelo trasvasista en la gestión del agua, y porque una cosa son medidas de carácter coyuntural, provisional, de refuerzo, los barcos, una interconexión de redes provisional, algunos aprovechamientos, recuperar acuíferos para atender a una situación de emergencia y de excepcionalidad como la extrema sequía que ha afectado a Cataluña estos últimos meses, y otra cosa es plantear un debate de carácter estructural con medidas a largo plazo como la que plantea esta moción de CiU.


En relación a lo que plantea la moción de CiU quiero decir que felizmente, una vez superada la situación crítica en Cataluña, ahora no toca debatir sobre el modelo del agua, porque el modelo del agua es el modelo que tiene ya definido el Gobierno y el Parlamento de Cataluña; es un modelo correcto y es un modelo que se basa en una nueva cultura del agua con desaladoras, con ahorro, con la optimización de los recursos, con los pozos, con los acuíferos, y eso es lo que en este momento no está en cuestión.


Ródano y más Ródano, esta es la única propuesta casi con carácter taumatúrgico-mágico que invoca Convergència i Unió para la solución de todos los males de forma recurrente y persistente y que hoy el PSOE acepta, y quiero entender que lo hace con la nariz tapada y quizá para compensar algunos servicios prestados últimamente en esta Cámara. Además quiero añadir: ¿para cuándo esta propuesta que nos hace hoy CiU? Porque hasta 2020 el Gobierno francés no tiene previsto hacer llegar el agua hasta Narbona, que por cierto está a 80 kilómetros de la frontera. ¿Y a qué precio? Ya se ha dicho, porque la solución que se propone con el Ródano es la más cara además de la que va a tardar más en ejecutarse. Y otra cosa más, la llave finalmente no la tendría el Gobierno de Cataluña sino el Gobierno francés. Por tanto, insisto en que traer agua del Ródano, traer agua a espuertas sería sobre todo dar al traste con esta nueva cultura del agua que todos defendemos y dar al traste sobre todo con esa concepción de que el agua es un bien escaso, abandonando pozos, renunciando al ahorro, porque en poco tiempo, evidentemente, estaríamos no solo igual sino peor de lo que estamos ahora.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para fijar su posición tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señor presidente, seré breve en mi intervención.


Aquí no estamos debatiendo Ródano sí, Ródano no, sino si se hace o no un estudio sobre Ródano sí, Ródano no. Por tanto, mi grupo nunca se ha negado ni se negará a iniciativas de esta índole, a aquellas referidas a la realización de estudios, como propone la moción de Convergència i Unió, que en un principio estamos dispuestos a aceptar tal cual fue presentada y que después ha sido consensuada por una transaccional con el Partido Socialista. Consideramos positivo estudiar nuevas alternativas para solucionar la escasez de agua. Todos sabemos que la mejor solución es que llueva, pero como el señor Macias ha dicho no depende de nosotros y mientras tanto hay que buscar soluciones. No vamos a abrir un nuevo debate sobre la política hidrológica que se tiene que llevar a cabo, sino que estamos hablando de que se realice un estudio en torno al posible trasvase del Ródano. A nosotros también nos gustan las soluciones estructurales; las coyunturales deben ser siempre elementos complementarios, no sustitutos. La suma de soluciones coyunturales no forma una solución estructural. A problemas estructurales, soluciones estructurales. Evidentemente, la frase de que se hace política y no dogma está muy bien, pero -permítame la licencia- se puede hacer política dogmática e incluso se pueden tener dogmas políticos. Las soluciones estructurales deben partir de la planificación, como el señor Macias decía en su intervención de la semana pasada en la interpelación -estoy de acuerdo con usted-, y por ello apoyamos su propuesta, porque para planificar primero hay que estudiar esta y otras alternativas. Cómo no, nosotros estamos abiertos a que se estudien todas las alternativas. Por tanto, no nos negamos a que se haga un estudio del posible trasvase del Ródano o de traer agua a Cataluña desde el Ródano.


Cataluña tiene un problema de escasez de agua y en esta misma Cámara se presentó para su aprobación, hace

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menos de un mes, un real decreto de medidas de emergencia que mi partido apoyó, y lo seguimos haciendo, aunque en estos momentos no se sabe exactamente si se va a llevar a cabo o no. Pedimos al Gobierno que no nos mareen y que decidan si lo hacen o no. Reitero que lo apoyamos porque era algo puntual -en su momento por sentido común fue el argumento que utilizamos- y por responsabilidad política. Seguimos diciendo lo mismo.
Esperamos que se tomen medidas más serias, más profundas y más estructurales de aquí en adelante.


Por último, quiero decir que esta puede ser una de ellas. Nada que objetar a que se elabore este estudio, pero eso sí, si se acepta que se elabora este estudio, que se acepte en serio, que se lleve a cabo y que no sea una oda a la galería para dilatar en el tiempo, para hacerlo pasar y que las conclusiones de ese estudio con rigor, seriedad y profesionalidad, tal y como aparece en la moción, se traigan a esta Cámara para que las veamos todos y en el plazo que dice. No sabemos si la solución del trasvase del Ródano planteada por Convergència i Unió es la mejor, no lo sabemos, pero es una más. Por tanto, que se estudie y nosotros no pondremos ningún impedimento.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Llorens.


El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor presidente.


A nadie se le oculta que el origen de esta moción que hoy estamos debatiendo es la sequía que hemos padecido en Cataluña y que ha provocado la misma. Es imposible dejar de mencionar la ceremonia de la confusión, las contradicciones y el escándalo que se ha originado en torno a esta cuestión. No puedo dejar de mencionar la pésima gestión que sobre la crisis del agua hizo el Govern del tripartit presidido por el socialista señor Montilla. Al principio de la campaña dijimos que había el propósito de trasvasar las aguas del Segre a Barcelona para solucionar los problemas de sequía de esta ciudad, lo cual fue entusiásticamente apoyado por todos aquellos que se habían opuesto al Plan Hidrológico Nacional, a la transferencia de las aguas sobrantes del Ebro, porque los trasvases tienen que hacerse en la desembocadura de los ríos. Se nos dijo de todo; se nos dijo que era crispar la campaña, que era un invento y que era fruto de la imaginación. Se dijo en sede parlamentaria. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Todos los candidatos de los partidos del tripartito decían que eso era absolutamente falso y al pasar las elecciones descubrimos que estaban puestas las estacas del replanteo, lo cual quería decir que el proyecto ya estaba decidido, la decisión estaba tomada y que se querían transferir aguas de donde no sobraban, porque todas las aguas del Segre están en régimen de concesión para los riegos del canal de Urgel y los del Segarra-Garrigues, y aguas que eran de un afluente del Ebro. En un Estado de derecho las competencias de los ríos que discurren por más de una comunidad autónoma son del Estado. Además, propusimos desde el primer momento la solución, que era la prolongación del minitrasvase del Ebro a Tarragona, que se aprobó en época socialista, en el año 1989, con una concesión administrativa de 140 hectómetros cúbicos de los que solo se consumía el 60 por ciento.


Al final tenemos que felicitarnos porque todos los partidos de Cataluña, desde Lleida -ese es el territorio más cercano-, se incorporaron a nuestras posiciones. A partir de ahí, les ahorro el vodevil, el espectáculo al que hemos asistido en que el presidente del Gobierno dice una cosa, la nueva España que hemos construido por boca del presidente de la comunidad del mismo partido dice otra, el de otra comunidad autónoma también presidida por el mismo partido entra en contradicción y al final se llega a que la solución era esa. Cómo no voy a estar de acuerdo con la descripción fantástica que usted hizo el otro día del clima atlántico, del clima mediterráneo, con sus ventajas y sus inconvenientes, y que por ello en Cataluña como tenemos sequía hemos de recurrir a España. Yo hubiera hablado de la España húmeda y de la España seca, y hubiera hablado de la necesaria política del Estado, de la necesaria política del agua que tiene que haber cuando sobran recursos en una parte de España y faltan en otra. Al final llega esta iniciativa, que no deja de ser un balón de oxígeno para remediar el ridículo que ha hecho el tripartito presidido por el mismo partido que preside el Gobierno de España. Y cómo no, han acudido los que en estos momentos pretenden asistir a ese tripartito y están hablando de la solución del Ródano.


Déjeme que le diga algo, señoría, aparte de expresar mis simpatías y mi coincidencia en que tenemos que adoptar una solución estructural. El otro día dijo algo que todos sabemos en Cataluña, que las situaciones de emergencia y de excepcionalidad pasan a ser ordinarias, y que como ahora ha llovido y alguien ha escuchado las plegarias de la virgen de Montserrat se nos ha aplazado el problema, pero el año que viene vamos a estar igual. Ustedes ahora presentan la propuesta del trasvase del Ródano, que tiene una longitud de 325 kilómetros, 19 de los cuales tienen que pasar por los Pirineos, luego van en túnel, con lo cual hay que esperar a las obras del AVE porque no vamos a construir...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llorens, tiene que ir concluyendo porque su tiempo se ha acabado.


El señor LLORENS TORRES: Déjeme que le diga que a lo mejor no será fácil convencer a los agricultores franceses cuando vean que esa agua se va a convertir en productos transformados españoles que van a competir con los suyos cuando pasen al otro lado.


Para terminar, déjeme que le diga otra cosa. Nosotros no vamos a hacer política dogmática, como decía el otro

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día la representante del Grupo Socialista, sino que nos incorporamos a ese estudio, pero no sin antes decir que el año que viene estaremos en las mismas. Vamos a hablar de una política de Estado, de una política nacional, de un gran pacto nacional del agua que hay que hacer con los partidos...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llorens, por favor, debe concluir.


El señor LLORENS TORRES:...que lo pueden garantizar. Esa es la política.
Espero que incorporen el estudio de ...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llorens, le estoy diciendo que tiene que acabar.


El señor LLORENS TORRES: ... como aportación para bajar los costes, porque el agua nos sale al doble de lo que sale el metro cúbico...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Llorens, por favor, le estoy diciendo que ha pasado su tiempo con exceso.


Muchas gracias.


El señor LLORENS TORRES: Muchísimas gracias, señora presidenta; gracias, señores diputados, por su atención. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Macias, es su turno para aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a la moción.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.


Aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y no aceptamos la presentada por la señora Díez porque no tiene encaje.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PRETENDE LLEVAR A CABO EL NUEVO GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO, EN EL MARCO CONSTITUCIONAL, AL ARTÍCULO 10.16 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA VIGENTE PARA EL PAÍS VASCO. (Número de expediente 173/000008.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate de la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las actuaciones que pretende llevar a cabo el nuevo Gobierno para dar cumplimiento, en el marco constitucional, al artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía vigente para el País Vasco. Para defenderla tiene un turno de siete minutos el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, expuse la pasada semana las razones de fondo y de urgencia para el cumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Gernika en lo que hace referencia a la política científica y técnica. No voy a volver a exponer esas razones, conocidas por todos cuantos se han interesado por el tema y que en cualquier caso están en el "Diario de Sesiones". Dije entonces que venía con ánimo de acuerdo y que presentaría una moción para el acuerdo. Quien haya leído la moción que hoy presentamos a su consideración sin una posición política prefijada ha podido constatar que de eso se trataba, de presentar una moción para el acuerdo.


No hay de qué hablar por lo que a la transferencia en materia de investigación se refiere, vino a decirnos la ministra de Administraciones Públicas la pasada semana con ocasión de nuestra interpelación, vaciando así -como ya se lo dije- de todo contenido real lo que en el Estatuto de Gernika, en el artículo 10.16, figura ni más ni menos que como una competencia exclusiva, si bien en coordinación con el Estado.
Lamentablemente, aquella respuesta de hace una semana es la que se ha traducido ahora en una moción que por el Grupo Socialista se presenta a modo de sustitución a la nuestra, y lo propio cabe decir de la enmienda que también, al parecer, en forma de sustitución nos ha presentado el Grupo Popular. Vacían absolutamente de contenido real el Estatuto de Gernika en lo que hace referencia al artículo 10.16.


Vengo a solicitar el apoyo de la Cámara a nuestra moción. Lo pido por las razones que ya expuse entonces, sobre las que, como he dicho, no volveré.
A esas razones apelo para pedir el voto de Convergència i Unió, de Esquerra Republicana, de BNG, de Izquierda Unida, de Iniciativa per Catalunya, de Coalición Canaria, de Nafarroa Bai, de Unión, Progreso y Democracia; pero quiero dirigirme de forma especial en esta ocasión, con razones suplementarias, a los dos grupos mayoritarios de la Cámara, al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español. Me dirijo, en primer lugar, al grupo del Partido Popular. En esta ocasión -aunque no veo en el hemiciclo al señor Astarloa-, hemos descolgado previamente el teléfono, que fue una de las razones por las que dijo que no apoyaba otra iniciativa parlamentaria de mi grupo a favor del blindaje del Concierto Económico; esta vez hemos descolgado el teléfono. Pues bien, hace exactamente veinticuatro días, en el Parlamento vasco, en la Comisión de Industria, con motivo del debate del Plan de Ciencia y Tecnología del País Vasco se aprobó, entre otras, una resolución que decía textualmente lo siguiente: "El Parlamento vasco insta al Gobierno central a la transferencia de la competencia exclusiva reconocida en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco

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en materia de investigación científica y técnica, en coordinación con el Estado". Esto dice la resolución aprobada hace veinticuatro días en el Parlamento vasco. Fue una resolución presentada por el Grupo Popular a la que el resto de los grupos se sumó y se aprobó en los términos en que acabo de decir. Apelo a la coherencia del Grupo Popular consigo mismo, no ya a lo que opina el Partido Nacionalista Vasco, no ya a lo que ha dicho mayoritariamente el Parlamento vasco, no ya a lo que reclama la sociedad vasca, sino a la coherencia con los suyos en Euskadi, que acaban de aprobar la resolución a que me he referido.


Me dirijo también al Grupo Parlamentario Socialista para pedir su voto favorable, asimismo por coherencia consigo mismo, además de por las otras razones a las que hice referencia la pasada semana. Les pido coherencia con sus compañeros y compañeras en Euskadi, con el señor López al frente, para seguir aspirando, si lo desean, a tener la mínima credibilidad en Euskadi al hablar de su autogobierno y del cumplimiento del Estatuto de Gernika, entre otras cuestiones, en lo que hace referencia a la política científica y técnica. La credibilidad se gana y se pierde, y sobre todo se gana y se pierde con hechos; y si alguien cree tener credibilidad diciendo hoy una cosa y haciendo mañana la contraria, ese la pierde. Si el señor López y el Partido Socialista de Euskadi quieren tener esa mínima credibilidad deben ser coherentes consigo mismos, y debieran ser coherentes con algo que voy a citar ahora textualmente, que son los criterios y objetivos básicos para el desarrollo pleno y actualización del estatuto. Dice el texto: "Por lo que se refiere a la competencia en investigación científica y técnica que el Estatuto reconoce como competencia exclusiva en coordinación con el Estado, procede realizar una lectura detallada de los distintos componentes de la política de I+D+i, investigación fundamental aplicada a formación, para determinar qué ámbito de la Administración y qué sistemas de cooperación son los más adecuados para una eficaz actuación en la materia. Como resultado de dicha lectura y tras la definición de las cargas asumidas y no asumidas en materia de I+D+i, se procederá a la imputación de las mismas dentro del cupo y deduciéndose las cantidades correspondientes en función de las competencias que asuma la Comunidad Autónoma del País Vasco en dicha materia." Este es un texto extraído textualmente de lo que los socialistas nos presentaron bajo la denominación de Plan Guevara o Más Estatuto. Pues bien, lo que recoge la moción que hoy presentamos es prácticamente de forma textual lo que ustedes dijeron que iba a ser su forma de interpretar el Estatuto de Autonomía de Gernika y en concreto en este tema. Así no se puede querer ser coherentes; es imposible entender esta postura desde la mínima coherencia. En todo caso, si todas estas razones de coherencia no son suficientes para orientar el voto de la dirección positiva -me refiero a los socialistas-, vuelvo a citar aquí las palabras que el señor Zapatero dijo el pasado día 20 a la salida de la entrevista que mantuvo con el señor lehendakari. ¿Que quiere discutir una transferencia en materia de investigación?, preguntó en la televisión. Y se respondió: la discutimos. ¿Alguien puede decirme a mí y a la sociedad vasca qué quiso decir el presidente con esa frase si hoy su Gobierno y el Grupo Socialista dicen que nada hay de qué hablar por lo que a la transferencia se refiere. Con el no a la moción no es solo la credibilidad de los socialistas vascos la que queda tocada de ala, sino también la del propio presidente del Gobierno en estas declaraciones de hace apenas un par de semanas.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Beloki, tiene que ir concluyendo.


El señor BELOKI GUERRA: Voy terminando.


Dije en la interpelación que la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación y el hecho de que se haya puesto al frente del mismo a lo que se ha definido como cuota del Partido Socialista de Euskadi -la señora Cristina Garmendia- constituía, creíamos, una oportunidad de que pudiera contarse con ella en ese desafío central que la sociedad vasca desarrolla ahora a favor de la que se ha denominado la segunda revolución económica vasca. Rápidos nos llegan los desmentidos y las decepciones, antes incluso de que la ministra haya comparecido siquiera para hablar en el Parlamento.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Beloki, ha pasado su tiempo. Por favor, vaya concluyendo.


El señor BELOKI GUERRA: Termino con una frase, si me permite la señora presidenta. Cuando el señor Montilla -cuota del socialismo catalán- llegó al ministerio se deslocalizó la CMT, cuando ha llegado la socialista vasca no hay nada que hacer. (Rumores.) Estos son los hechos y las palabras de poco sirven.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Beloki.


Es el turno de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a esta moción. Por orden de presentación de dichas enmiendas en el registro tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular la señora Fernández de Capel.


La señora FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS: Con la venia, señora presidenta, la moción que nos ocupa hoy recoge un tema que ya ha sido debatido en esta Cámara de forma recurrente y que en la pasada legislatura dio lugar también a una propuesta de la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En I+D es muy difícil establecer una serie de criterios rígidos de blanco y negro. Hay concurrencias entre competencias reconocidas de las comunidades autónomas y del Estado central y, de otra parte, normas

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vigentes que España debe respetar porque son de obligado cumplimiento. Me quiero referir con esto a una serie de tratados, como el Tratado de Adhesión de la Unión Europea y otros en organismos internacionales también de la Unión Europea y de otros ámbitos. Las normas propias del Estado se recogen en el articulado de la Constitución -artículos 149.1.3.ª y 149.1.5.ª-, que están ratificadas por sentencias del Tribunal Constitucional. También afecta de manera directa la Ley Orgánica de Universidades, que transfiere de manera exclusiva la autonomía universitaria a las comunidades autónomas, la vigente Ley 13/1986, que es la llamada Ley de la Ciencia, recordada muchas veces en este trámite de alguna manera peculiar, y el Estatuto de Autonomía del País Vasco, recordado en su artículo 10.16. Sería discutible entrar en contradicción porque las transferencias en industria están hechas y no se puede transferir más de lo que ya lo está porque son transferencias completas.
Esas concurrencias competenciales deben servir para que un Estado moderno coordine y apoye todos aquellos proyectos de investigación y desarrollo que se inserten en un modelo articulado por el Estado para reforzar esas actuaciones. Este criterio se recoge muy bien en la vigente ley, en el Plan nacional de I+D que se basa en el capítulo 1 de la ley a la que hemos hecho referencia y cuyo fin es exclusivamente que España se pueda situar en una mejor posición en la Unión Europea y por ende en la OCDE.
Existen además unas atribuciones que podrían llamarse genéricas y existen un derecho y un diseño de un Estado moderno responsable para establecer un vínculo común entre esta multitud de normas y de administraciones públicas, como son normativas fiscales, financieras y otras que son susceptibles de poder interferir en el cuello de botella que en España dificulta la transferencia tecnológica. Nosotros producimos ciencia pero no transferimos tecnología. Es la llamada paradoja europea que en España se agrava mucho más. A la vez, desde la Unión Europea se regulan una serie de disposiciones de todo tipo que son instrumentos claves para una política internacional que sustenta muchas de nuestras mejores inversiones a largo y corto plazo.


Señorías, toda normativa sería inútil si las condiciones necesarias para desarrollar un sistema lógico de I+D no fueran estables y no se cumplieran. Yo entiendo la preocupación que tiene el partido proponente esta tarde, debido sobre todo a la falta de transparencia y a la incertidumbre que este Gobierno somete al sistema de I+D. Esto da lugar a que una comunidad en la cual la inversión en I+D del sector privado es porcentualmente mucho mayor que la media que tiene España se inquiete, y es lógico. A día de hoy la nueva ministra de Ciencia e Innovación no ha comparecido en esta Cámara, ni siquiera en la Comisión, a explicar cuál va a ser la política del ministerio y sigue retrasando su comparecencia sine díe. Es un periodo de sesiones tirado sin que aparezca ni tenga interés en explicar a los sectores afectados. Esa política de Penélope del Partido Socialista, de hago y deshago, es nefasta para el sector de la I+D, que es uno de los más sensibles que tienen los Estados modernos.
Señorías, esto asusta a la inversión, por no decir que deja claro cuánto de publicidad hay en el interés del Gobierno por la ciencia, con un ministerio que aún no tiene claras ni competencias ni organigrama, y no ha venido a esta Cámara a explicarlo.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández-Capel, tiene que ir acabando.


La señora FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente. Con su benevolencia, termino.


Esta moción se resucita del archivo del recuerdo maquillada y encuentra su justificación; encuentra su justificación porque estamos en un momento en que aquí no se sabe qué va a pasar con este Gobierno en I+D. No obstante, la política de I+D nosotros pensamos que es una política de Estado, como lo es en los Estados modernos, y por otra parte existen en este momento unos datos económicos fluctuantes e inciertos que no favorecen la inversión. Estamos viendo que la inversión en proyectos científicos se está yendo fuera de nuestras fronteras. Ya lo advertíamos cuando los indicadores internacionales del sector nos decían, en 2005, que había una serie de incongruencias autonómicas y administrativas que no favorecían la inversión de I+D en España.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández-Capel, termine.


La señora FERNÁNDEZ-CAPEL BAÑOS: Termino, señor presidente.


Pero la política presupuestaria de I+D no se puede territorializar porque va adscrita a proyectos; y pensar en territorializar la política de I+D en el siglo XXI es ruinoso y anacrónico. Hace falta una coordinación ágil. Y porque no hay nada que transferir en este momento, y porque pensamos que España en su conjunto necesita un marco adecuado, estable, moderno y ágil, nosotros votaremos en contra.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández-Capel.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Buen.


El señor BUEN LACAMBRA: Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero manifestar desde esta tribuna la satisfacción por dirigirme a ustedes como socialista vasco para defender una cuestión relacionada con la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero también, señor Beloki, con el resto de las comunidades autónomas. No sé si los demás miembros de esta Cámara al escuchar su interpelación el miércoles de la semana pasada, y al leer el texto de su moción, habrán creído que verdaderamente usted está preocupado por alguna

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transferencia en esta materia o en cualquier otra al País Vasco.
Posiblemente quien no le conozca habrá creído la literalidad del texto.
Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Usted en su interpelación, en la respuesta a la señora ministra de Administraciones Públicas, entre otras cosas habló de precios debidos, de cosas que seguramente a alguien le sonarían más a mercantilismo que al hecho de tener una idea clara de qué es lo que quiere hacer el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de I+D+i. Usted mismo anunció aquí que iba a presentar una moción que sería plenamente constitucional. Nadie se lo discute; nadie le discute que sea plenamente constitucional. Pero es que hay resoluciones del Tribunal Constitucional, que usted conoce, que determinan que en materia de investigación las competencias son concurrentes del Estado y de las comunidades autónomas, y nadie impide al Gobierno vasco invertir en esta materia o crear los centros tecnológicos o de investigación que entienda más oportunos. La Administración General del Estado traspasó en su momento determinados institutos que eran de competencia del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco con su correspondiente transferencia económica. (Rumores.) Yo he sido muy respetuoso mientras usted estaba interviniendo. Usted habla de incoherencias. Incoherencias ¿por qué? Luego le relataré algunas de las incoherencias -puesto que ha mencionado al presidente del Gobierno, que no estaba presente, y tiene todo el derecho del mundo- de nuestro presidente en la comunidad autónoma, del señor lehendakari.


El punto primero de la enmienda de sustitución que hemos presentado dice: Acordar con el Gobierno y la Administración autónoma del País Vasco un marco de actuación conjunta que, respondiendo al artículo 149.1,15.ª de la Constitución española y al artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y a la luz de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en esta materia, permita el ejercicio de esta competencia compartida de una manera más eficaz ante los retos globales que se han de afrontar en el entorno de Europa y que sirva para responder más eficazmente a los objetivos recogidos en los planes de investigación y desarrollo de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Gobierno de España. Yo le he propuesto esto, hemos hablado -usted lo sabe- en dos ocasiones y usted ha dicho que la propuesta era descafeinada. Está en su derecho de no aceptarla, pero en todo caso lamentamos que no haya querido aceptar nuestra enmienda o por lo menos haber discutido una transacción, pues eso nos obliga a votar en contra de su moción, lo cual no significa que mi grupo no inste al Gobierno, tanto al Ministerio de Ciencia e Innovación como al de Administraciones Públicas, para que discuta la mejor forma de coordinar la acción investigadora también en el País Vasco. Tenemos un ejemplo de coordinación, el proyecto de la fuente de espalación de neutrones, la joya de la corona, y ustedes lo saben, pero también tenemos un montón de proyectos de cooperación con distintas instituciones, con las universidades y con las empresas privadas, a las que también es necesario incorporar en esta materia de innovación. No se puede hacer política de innovación en pequeño, circunscrito a una comunidad autónoma, porque el tamaño en esto sí importa, señorías, y el tamaño en esto en muchos casos es Europa.


El señor PRESIDENTE: Señor Buen, tiene que ir acabando.


El señor BUEN LACAMBRA: Termino, señor presidente, diciendo a la portavoz del Grupo Popular que la señora ministra de Ciencia e Innovación tiene fijada la fecha de su comparecencia para el día 16 de este mes de junio a las cuatro de la tarde, por lo que no es sine díe su participación en esta Cámara. También quiero recordarle que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha multiplicado por tres en los últimos cuatro años la inversión que se venía realizando en esta materia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Buen.


Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, la moción que ha presentado el Grupo Vasco plantea un clásico en esta Cámara, la discordancia entre el enunciado y el ejercicio de una competencia de una comunidad autónoma fijada en su Estatuto y la coordinación que se reserva el Estado, en este caso la que afecta a la investigación científica y técnica. Lo que pide el Grupo Vasco nos parece muy razonable y le vamos a dar nuestro apoyo. Pide una clarificación de los límites de actuación de cada Administración y lo hace por la vía de la petición de una transferencia que, a juicio del señor Beloki, sigue pendiente desde hace veintinueve años. El Gobierno se opone por considerar que la realidad de sus inversiones le dan derecho a intervenir ejerciendo competencias. De hecho, la oposición de la señora ministra de Administraciones Públicas durante el debate de la interpelación urgente del miércoles pasado fue en cierto modo clarificadora. Dijo textualmente que se trataba de una diferencia de criterio entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma del País Vasco, que -sigo citando literalmente- se traduce en la posibilidad de que el Estado pueda disponer de centros propios de investigación en todo el territorio o por el contrario tenga que prescindir de ellos y deban ser transferidos a las comunidades autónomas. El Grupo Parlamentario Vasco habla de transferencias y el Gobierno habla de coordinación y cooperación. A nosotros nos parece claro el lenguaje del Grupo Parlamentario Vasco, una transferencia es una transferencia, mientras que nos parece sujeto a la coyuntura lectora e interpretativa la termino

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logía del Gobierno, porque eso de coordinar y cooperar suena bien pero tenemos experiencia en Cataluña sobre cómo suelen acabar estas cuestiones.


Se trata, pues, de un debate político de calado, de un debate que afecta a la voluntad política por más que se hagan apelaciones a sentencias del Tribunal Constitucional, como hizo la señora ministra en su intervención del miércoles pasado. Las sentencias del Tribunal Constitucional son a veces como las Leyes de Indias que, como es sabido, se obedecían pero no se cumplían. De eso en Cataluña ya acumulamos, relacionadas con el mundo universitario, algunas experiencias traumáticas. Podemos recordar la eterna cuestión del traspaso de la totalidad de las becas universitarias a la Generalitat. Una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2001 -2001- reconoce las competencias de la Generalitat en esta materia. Por ello el Gobierno de la Generalitat aprobó en marzo pasado plantear un requerimiento de incompetencia al Ejecutivo central sobre becas universitarias, a la vez que rechaza el Real Decreto, de 21 de diciembre de 2007, por el que se fijan como no territorializables las becas para cursar estudios en comunidades diferentes del domicilio familiar y para alumnos de la Universidad a Distancia. De todas formas conviene alabar y agradecer la sinceridad de la señora ministra cuando le espetó al señor Beloki -consta así en el "Diario de Sesiones", y cito otra vez literalmente- que por eso seguramente los estatutos de nueva generación, que han precisado más sus competencias sobre investigación, diferencian entre los centros propios de investigación de la comunidad autónoma y aquellos que no lo son. Efectivamente, en la negociación del nuevo Estatuto de Cataluña el Gobierno actuó -cepilló, mejor dicho- en la dirección que más le interesaba, huyendo cual gato escaldado de la situación de aparente indefinición que figura en el Estatuto vasco. En la negociación del nuevo Estatuto de Cataluña, el texto aprobado por el Parlament de Catalunya en el mes de septiembre de 2005 decía en su artículo 158 -relativo a investigación, desarrollo e innovación tecnológica- que correspondía a la Generalitat la competencia exclusiva en relación con los centros y estructuras de investigación que promueve o en los que participa la Generalitat. En el texto que finalmente aprobó esta Cámara la competencia exclusiva de la Generalitat quedó limitada a los centros de la Generalitat; resalto, de la Generalitat. Ya lo sabe el señor Beloki; ha pedido clarificación y la ha de buscar en el nuevo Estatuto de Cataluña. Queda reflejada con nitidez una postura claramente política que hace coherente -eso es cierto- la posición que adopta el ministerio en relación con la demanda planteada por el Grupo Parlamentario Vasco. Le niega la transferencia aplicando la aclaración -doctrina política, pues- que a posteriori aplicó, por ejemplo, al Estatuto de Cataluña.


Voy a terminar refiriéndome a una cuestión planteada por el señor Beloki, aunque no ha habido coincidencia con otras posiciones expresadas desde esta tribuna, y que también desde Cataluña conocemos bien: que los diputados socialistas defiendan en su comunidad autónoma una cosa y aquí en Madrid sus compañeros defiendan -vaya usted a saber por qué, o sí lo sabemos- cosas distintas y a veces contradictorias. Lo lamentamos, pero la vida política es así.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición ante esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco y para anunciar de entrada nuestro voto favorable al texto de la moción; básicamente, porque votar a favor del texto de la moción es votar favorablemente al Estatuto de Autonomía de Gernika y a la previsión que el Estatuto de Autonomía de Gernika tiene en su artículo 10.16. Estamos, pues, de acuerdo con el desarrollo estatutario del Estatuto vasco y, como pueden comprender, de todos los estatutos. Estamos también de acuerdo con el punto segundo de la moción, aquel que hace referencia a la financiación en materia de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, concretamente a lo que plantean el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno vasco en cuanto a la imputación dentro del cupo de la política de I+D+i por parte del Gobierno vasco.


Así pues, vamos a votar favorablemente el bloque que suponen los estatutos de autonomía, y vamos a votar también favorablemente algo muy razonable que plantea el Grupo Vasco, que es la coordinación de las políticas de investigación entre las comunidades autónomas y el Estado. Es evidente que existe un artículo 149.1 de la Constitución con unas reservas competenciales importantes a favor del Estado, pero el artículo 149.1 no se puede convertir en el artículo escoba que residualmente haga una reserva competencial a favor del Estado. No me toca a mí, señor Buen, replicar en nombre del Grupo Vasco. Usted hablaba de que el tamaño importa en las competencias y yo coincido con usted, pero es que el texto del Grupo Vasco se refiere en todo momento a competencias concurrentes y por lo tanto, es absolutamente respetuoso con la articulación de las competencias estatales y de las comunidades autónomas. Como también es doctrina del Tribunal Constitucional y es doctrina de los debates estatutarios de la anterior legislatura que en la tipología competencial -y así lo votó el Grupo Socialista en los distintos estatutos de autonomía discutidos durante la anterior legislatura- hay tres tipos de competencias: competencias exclusivas, competencias concurrentes y competencias de ejecución. Lo que viene a plantear la moción del Grupo Vasco es simplemente la financiación oportuna para el desarrollo de unas compe

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tencias que el propio Grupo Vasco reconoce como competencias concurrentes.


Poco me voy a referir, señorías, a la enmienda presentada por el Grupo Popular. Simplemente quiero dejar constancia de que su enmienda es de repliegue competencial a favor del Estado, de desconfianza hacia las comunidades autónomas y de miedo sobre las posibilidades y potencialidades de que en materia de I+D+i cooperen de forma concurrente comunidades autónomas y Estado.


Finalmente, el último motivo por el cual el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará favorablemente esta moción es porque estamos muy a favor del punto 1, letra d) de la moción, que hace referencia a la necesidad de una clarificación y de un deslinde competencial entre comunidades autónomas y Estado. Este próximo otoño vamos a celebrar treinta años de Constitución y es evidente que la realidad, también la realidad tecnológica de hace veinte años y los títulos competenciales referidos a estas realidades tecnológicas, han variado desde aquel momento hasta ahora. Les voy a poner un ejemplo de algo que no raya la caricatura pero que treinta años después ha cambiado muchísimo. Hace treinta años había una reserva importante, artículo 149 de la Constitución, a favor de las competencias en materia de telégrafos porque en aquel momento los telegramas eran muy importantes. Como pueden comprender, en el año 2008 y desde hace quince años, en la era de Internet, el concepto de I+D+i, el concepto de innovación y los instrumentos de la innovación han cambiado y es oportuno que el Grupo Vasco nos convoque a esta actualización desde los contenidos de esta moción.


El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, tiene que ir acabando.


El señor XUCLÁ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muy amable. Muchas gracias.


El señor Beloki ha hecho llegar a la Presidencia su intención de no aceptar ninguna de las enmiendas presentadas. Por tanto, la moción será votada en los términos en que ha sido presentada y defendida.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000009.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última moción del orden del día de esta sesión del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la estructura de la Administración Central del Estado. Para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Sánchez.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Popular presenta esta moción consecuencia de la interpelación debatida el pasado miércoles. El Gobierno socialista ha reestructurado los departamentos ministeriales y secretarías de Estado mediante dos reales decretos aprobados el pasado mes de abril con el fin, según consta en su preámbulo, de conseguir la máxima eficacia y racionalidad en su acción de Gobierno. En ambos decretos se contempla un considerable incremento de las personas que conforman la estructura de los órganos superiores y directivos de los altos cargos de la Administración del Estado, superando la cifra de 455 personas, lo que supone un 35 por ciento más de las que había con el Gobierno del Partido Popular en 1998, que eran 341. Llama la atención el incremento de 23 directores generales y 46 nuevos asesores, lo que unido al resto de nombramientos llega al día de hoy a 85 nuevos cargos desde el año 2004, año de la primera legislatura del Gobierno socialista; cifras sorprendentes y escandalosas, teniendo en cuenta la asunción de competencias estatutarias por parte de las comunidades autónomas, lo que nos lleva a pensar justificadamente en la irresponsabilidad del Gobierno en estos nombramientos y, como he dicho anteriormente, en unos momentos de crisis cuyos parámetros económicos siguen descendiendo en caída libre, y que ahora el presidente y el vicepresidente reconocen abiertamente, independientemente de lo que todos los españoles percibimos en el día a día con la cesta de la compra o la hipoteca.


Señorías, este es el mejor momento para debatir esta iniciativa con el fin de instar al Gobierno en tres puntos concretos. En primer lugar, que emplee un criterio limitativo de altos cargos en el organigrama de la organización general del Estado. En segundo lugar, que ante las dificultades económicas y la crisis que sufre nuestro país aplique un criterio firme de contención de gasto público en la creación de nuevos órganos superiores de la Administración General del Estado. En tercer lugar, que en dichos nombramientos se aplique la profesionalización y la despolitización en la función directiva. Es decir, no pedimos ni más ni menos que lo que contempla el código de buen gobierno aprobado por el Partido Socialista en el año 2005, fijándose en los principios básicos del punto primero y principios éticos del punto segundo, que dicen que los altos cargos y los miembros del Gobierno actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía, eficiencia, ejemplaridad y austeridad.
Claro, señorías, que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad y la práctica. La realidad de todos estos principios es que ustedes están realizando los nombramientos de estos nuevos cargos, pero obviando este código de buen gobierno y vulnerando sistemáticamente la Lofage en los nombramientos de directores generales, porque ustedes no son fieles a un criterio de profesionalización

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de la función directiva y lo vulneran marginando a los funcionarios de carrera y politizando estos puestos, amén de poner en duda su profesionalidad, ya que, como la propia ley recoge, debe primar el principio de profesionalidad en la Administración General del Estado como garantía de objetividad, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. Nos estamos refiriendo, señorías, a los directores generales, cuyos nombramientos tienen que hacerse entre funcionarios de carrera. Pues bien, el Gobierno socialista ha hecho de su capa un sayo, nunca mejor dicho, es decir, un traje a medida con el nombramiento en la anterior legislatura y en la actual de veinte directores generales, entre los que hay que contar... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, ¿pueden guardar silencio? (Pausa.) Prosiga, señora diputada.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Entre los que hay que contar a la presidenta del CIS, que reconocen también como excepcionalidad de la norma anteriormente citada.


Señorías, si la reestructuración que el Gobierno plantea es una Administración mayor que la precedente, que no responde a ningún criterio lógico de organización ni distribución competencial en este nuevo organigrama de Gobierno y que viene a ser -mucho nos tememos- el avance de lo que será la anunciada reforma de la Administración, ya les decimos desde el Grupo Popular que no les vamos a apoyar, que solo les apoyaremos en la dirección de la profesionalidad, la simplificación y la modernización de la Administración General del Estado. Consideramos, ante lo anteriormente expuesto, que el Gobierno no debe ser el que incremente el gasto público y la burocracia con unos nombramientos, a nuestro juicio innecesarios, por la dimensión actual de la propia Administración General del Estado frente al aumento en la Administración autonómica.


Señorías, yo pido a todos los grupos que apoyen esta moción porque todos tenemos una tarea en este Parlamento y es que, desde nuestros escaños, hagamos todo lo posible para mejorar en esas políticas erráticas tan frecuentes del Gobierno socialista. Conocemos y tenemos las enmiendas que diferentes grupos han presentado a esta iniciativa. Tengo que decir que hemos propuesto una enmienda transaccional a la que ha presentado Unión, Progreso y Democracia, que en vez de modificación es de adición, con lo cual nosotros la hemos recogido como el punto cuarto dentro de la moción que presentamos.


Lamentamos mucho no poder votar las enmiendas del resto de los grupos, que agrademos, porque en un principio desvirtuarían lo que nosotros queremos y pretendemos con esta moción, que no es otra cosa que llamar la atención al Gobierno socialista por este injustificado aumento de altos cargos que en estos momentos de crisis no solamente no nos parecen adecuados, sino vergonzosos. Por ello, señorías, ante la imposibilidad de aceptar las enmiendas que muchas de SS.SS. nos han presentado, les agradezco mucho la atención prestada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez.


De la intervención de la señora Sánchez se deduce exactamente que había una enmienda de modificación de la señora Díez que se transforma en adición y por ello es una enmienda transaccional. Para no perjudicar el eventual derecho de la señora Díez, pregunto a la Cámara: ¿Algún grupo se opone a que se tramite la enmienda en términos transaccionales, como ha sido expuesta por la señora Sánchez? (Denegaciones.) No habiendo oposición, señora Díez, su enmienda se entiende subsumida ya y por tanto entiendo que renuncia a la intervención en su defensa. (Asentimiento.)

Siendo así, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, desde Convergència i Unió lamentamos que el Grupo Popular no acepte nuestra enmienda, porque va en la línea de lo que debería ser una clara supresión de organismos en el ámbito estructural de la Administración General del Estado. No olvidemos que la Administración General del Estado -está aquí la señora ministra de Administraciones Públicas, a quien agradezco su presencia-, de acuerdo con la Lofage, tiene unos órganos centrales y unos órganos periféricos. Nuestra enmienda, señora Sánchez, va dirigida precisamente a lo que debería ser ese objetivo compartido cuando se aprobó la Lofage; se aprobó la Lofage en tiempos de Gobierno del Grupo Popular. Invito a cualquiera a que se lea el preámbulo de la Lofage, donde figura un objetivo claro, directo: queremos conseguir la Administración única. Esto se dice en el preámbulo de la Lofage en el sentido de aplicar -incluso se decía entonces en ese preámbulo- un artículo que es tan constitucional como que está en la Constitución, que es el apartado 2 del artículo 150, que permite que el Estado pueda, mediante ley orgánica, transferir o delegar a las comunidades autónomas competencias que son del Estado. Con ese parámetro constitucional que es el apartado 2 del artículo 150 se dice en la Lofage que podemos, debemos -y nosotros queremos- impulsar la Administración única. Por tanto si hoy estamos aquí dispuestos a querer reducir esa gran estructura de la Administración General del Estado, ¿por qué no nos aceptan nuestra enmienda? En ella, de manera clara, sin discutir el objetivo que pretende hoy aquí el Grupo Parlamentario Popular, les decimos: pues ya que vamos a reducir, reduzcan ustedes la Administración periférica del Estado, tiendan ustedes hacia ese objetivo de la Administración única -que por cierto el propio don Manuel Fraga había postulado de manera solemne como un gran objetivo: la Administra

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ción única- y vayamos suprimiendo, vayamos adelgazando esa Administración periférica del Estado, y demos el protagonismo a quien debe tenerlo en el territorio, que es la Administración autonómica.


Yo simplemente quiero citar, para defender esta enmienda, señor presidente, una ley orgánica, la Ley Orgánica 6/2006 -ya sé que hay quien la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional-, que es la ley orgánica que aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que nos vincula. En esa Ley Orgánica 6/2006, que es más que una ley orgánica porque es la aprobación de un Estatuto y por tanto no puede modificarse por una ley orgánica posterior pues está vigente, se nos dice en su disposición adicional sexta, Administración ordinaria, que la Generalitat será Administración ordinaria del Estado en Cataluña. Por tanto es ese objetivo de la Administración ordinaria en la medida en que le sean transferidas, mediante los instrumentos que corresponda -150.2 de la Constitución-, las funciones ejecutivas que ejerce la Administración General del Estado a través de sus órganos territoriales en Cataluña. Por tanto el objetivo de nuestra enmienda era claro: ¿vamos a adelgazar? Sí.
Pues empecemos con ese gran objetivo marcado en la Lofage, que se aprobó gobernando el propio Partido Popular, que es la Administración única. Si no se nos acepta esta enmienda, nosotros no podemos aceptar la moción porque, ¿cómo vamos a aceptar una moción que propone adelgazar en aquello que nosotros queríamos adelgazar desde que aprobamos la Lofage y la acordamos con ustedes? Nuestro grupo votó a favor de la Lofage en un momento en el que habíamos llegado a un acuerdo sobre lo que debía ser esa Administración única que, repito, se aprobó y está en el propio preámbulo. Si hoy no se quiere cumplir con ese principio de la Administración única nosotros no vamos a creer en esa moción que hoy se nos plantea como un gran objetivo, ese gran objetivo de aminorar, aligerar, sí; fomentar y promover, pero a la hora de la verdad ni fomentar ni promover.


Nosotros queremos que ese protagonismo en el ámbito territorial lo tenga la Administración autonómica, Administración única. Por tanto si no se acepta este planteamiento, lamentamos mucho no poder dar nuestro voto afirmativo a esta moción que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Popular.


Muchas gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Para defender su enmienda, señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señor presidente.


Señorías, es evidente que la eficiencia de las administraciones públicas es una condición imprescindible si se desea que la economía progrese y que los ciudadanos en su conjunto tengan también un alto grado de satisfacción de los servicios públicos. En ese sentido nos parece bien que cualquier actuación dirigida tanto a rechazar las prácticas desviadas del interés general o a establecer algunos tipos del controles o indicadores de eficiencia y de eficacia, de simplificación, de transparencia, no solo en la contratación sino en la gestión pública y la limitación de altos cargos, se plantee en una iniciativa parlamentaria como la que estamos sustanciando con esta moción del Grupo Parlamentario Popular. Al "Diario de Sesiones" me remito, porque hace muy pocos días este diputado, en nombre de su grupo ya se dirigió a la vicepresidenta del Gobierno a raíz de esta misma cuestión que estamos tratando.
Concretamente le dijimos a la vicepresidenta que es obvio que el Gobierno tiene la potestad de autoorganizarse como desee bajo el principio de la dirección del presidente, pero evidentemente hay que asumir los riesgos derivados de cualquier opción y el riesgo de esta opción que hizo el Gobierno en su caso, en un contexto de recesión económica y de contención y sacrificio del conjunto de la sociedad española, no nos parece muy coherente cuando va acompañado de un incremento del 15 por ciento del personal, de un incremento de hasta tres millones y medio más de recursos al año. Estamos hablando de un ministerio más, de siete secretarías de Estado más, de hasta diecinueve direcciones generales más, de trece asesores ministeriales más, de veintiocho asesores adscritos a distintas secretarías de Estado, etcétera. Además, hay una cosa que dijo el otro día la señora Sánchez García muy relevante y que a nuestro grupo no le ha pasado desapercibida. Vino a decir que este crecimiento exponencial de altos cargos y de gasto de personal es inversamente proporcional a la dimensión real de la Administración General del Estado, y me explico. Lo paradójico es que a mayor nivel de competencias y de transferencias a las comunidades autónomas, crece la Administración General del Estado. Esto es, el Estado no solo adelgaza ni un solo miligramo sino que engorda, incluso hasta llegar a un nivel de auténtica elefantiasis. No podemos estar más de acuerdo con aquella expresión de que el órgano no hace la función, sino al revés. Por tanto, hay que garantizar que exista una Administración del Estado eficiente y dimensionada adecuadamente y, sobre todo, adecuada también al marco competencial y al sistema de distribución competencial, por tanto, adaptada a la nueva planta que supone la entrada en vigor de algunos estatutos de autonomía. Pongo algunos ejemplos. Si se prevé en algunos estatutos que haya una Agencia Tributaria, lo lógico es que se descentralice la inspección y también los órganos económico-administrativos. Si las comunidades autónomas tienen competencias para cuestiones como la inversión y el desarrollo, resulta que el ICEX quizás no tiene ninguna razón de ser. Si hay competencias en materia de consumo, todos los organismos de arbitraje de consumo debían estar en manos de las comunidades autónomas. Lo mismo sucede con los paradores de turismo o también en el ámbito de la agricultura con la necesidad de descentralizar los recursos y fondos de la política agraria común, o podríamos preguntarnos también qué hace todo un Ministerio de Vivienda o una Sociedad Pública de Alquiler, o qué hace, por ejemplo,

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existiendo todavía algunos equipamientos culturales, archivos provinciales, bibliotecas provinciales, en manos de un Ministerio de Cultura cuando las competencias en esta materia están residenciadas en las comunidades autónomas. Por tanto, en este sentido y complementariamente a la moción que hoy se presenta, hemos presentado una enmienda que pretende garantizar una dimensión ajustada al marco competencial. Lo que se propone concretamente es que hoy se haga un encargo a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad, para que realice un estudio sobre las funciones, los costes de los servicios actuales que presta la Administración Central del Estado y sobre la eventual continuidad o no de estos servicios, teniendo en cuenta las competencias y los traspasos que se han hecho o deberán hacerse efectivos a las comunidades autónomas para cumplir con la entrada en vigor de los nuevos estatutos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señor presidente.


Señorías, nos ha sorprendido la intervención de la señora Sánchez. Decía que no podía aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto que era clave para el Grupo Popular que hubiera criterios de competencia profesional y experiencia -habíamos añadido nosotros- según el artículo 6.10 de la Lofage. Lo que nos sorprende es que hemos estado hasta el último momento, no solo con la enmienda que se presentó esta mañana, sino también con la enmienda transaccional que hemos presentado, intentando pactar con ustedes. ¿La razón de ese pacto? Que cualquier grupo que pida austeridad, transparencia, eficacia y racionalización nos parece perfecto y, por eso, intentábamos de alguna manera que surgiese este pacto, este acuerdo, esta tarde. Sin embargo, no ha sido posible. Me sorprende aunque en un momento de su intervención ha dicho que en última instancia no aceptaba ninguna de las enmiendas de los grupos, excepto la transaccional de la señora Díez, porque lo que querían era llamar la atención al Gobierno socialista. La verdad, qué quiere que le diga, es una razón absolutamente pobre. Pero yo me voy a atener a los términos exactos de la moción que nos presenta esta tarde el Grupo Popular.


Usted, señora Sánchez, en representación de su grupo, viene a decir dos cuestiones fundamentales en su texto resolutivo, que serían: en primer lugar, insta al Gobierno a limitar el número de altos cargos teniendo en cuenta la nueva coyuntura económica por la que atravesamos; en segundo lugar, pide que se limite el número de los altos cargos precisamente porque no debe estar politizada la Administración y porque de alguna manera hay que profesionalizarla más; por eso nos ha sorprendido que no aceptase nuestra enmienda, que iba en ese camino.


Aunque nosotros estamos de acuerdo, quería hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista no solamente está de acuerdo con la primera parte de su moción, es que también está de acuerdo el Gobierno; de hecho, el Gobierno ha ido mucho más deprisa que ustedes, ha sido mucho más ambicioso y con unos criterios, en nuestra opinión, mucho más importantes. ¿Qué es lo que ha pedido el Gobierno a todos los ministerios? Austeridad, eficacia, racionalidad, etcétera, pero no solamente porque efectivamente estemos en una nueva coyuntura económica que da lugar a que se aprieten el cinturón todas las administraciones, o al menos la Administración General del Estado, que es su competencia, sino porque de alguna manera quiere cumplir dos importantísimos compromisos: uno, la estabilidad presupuestaria, y otro, nuestros compromisos de políticas sociales. Esto es así, le decía que había sido antes y ya se lo indicaba el otro día en la interpelación la ministra, la señora Salgado, le decía: es que ha habido una instrucción nada menos que el día 5 de mayo; es decir, que hoy hace casi un mes menos un día. Esa instrucción, firmada por el vicepresidente Solbes y la ministra de Administraciones Públicas, estaba enviada a todos los ministerios y era un mandato. Se la leo textual, decía esa orden: Ante las necesidades planteadas por la nueva coyuntura económica y el mantenimiento por parte del Gobierno tanto de su compromiso de estabilidad presupuestaria como del cumplimiento de sus políticas sociales, la Administración General del Estado deberá realizar -fíjese bien- un esfuerzo adicional de austeridad.
Y más adelante continúa: Por todo ello, las nuevas necesidades de gasto de los ministerios deberán financiarse según los créditos asignados a cada departamento por la Ley de los Presupuestos Generales de 2008. Este mandato de control de gasto se extiende también a la contención del gasto de personal. Esto el día 5 de mayo. Por lo tanto y en cuanto a la primera cuestión, yo le indicaba que el Gobierno ha sido mucho más rápido que ustedes, mucho más ambicioso y con criterios más importantes.


La segunda cuestión que mencionaba usted es que tenía que haber criterios, que no tenía que haber politización. Usted sabe perfectamente que solamente en dos ocasiones ha habido una sentencia del Tribunal Supremo en la que se anulaban unos nombramientos, pero no por el fondo de la cuestión, sino porque había fallos en la motivación. El Gobierno subsanó de inmediato esos fallos y el Tribunal Supremo aceptó, por tanto, tales nombramientos. Pero es que además -y no querría perder mucho el tiempo con ello porque se me acaba- el Tribunal Supremo, en una sentencia de 6 de marzo de 2007, viene a decirle al Gobierno que de alguna forma puede tener discrecionalidad, siempre con criterios objetivos, de distinguir entre dos tipos de dirección general, la dirección general de...


El señor PRESIDENTE: Señora Serna tiene que acabar.


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La señora SERNA MASIÁ: ¿Me da un minuto?

El señor PRESIDENTE: No.


La señora SERNA MASIÁ: Pues en última instancia me gustaría decirle simplemente que estos son criterios muy importantes, que se ha cumplido siempre la legalidad y que sería muy importante que lo que usted nos ha dicho esta tarde lo recordase también a otras comunidades gobernadas por ustedes, porque, mire, el señor Camps, en relación a cuando gobernaba en el año 1995 el señor Lerma, ha aumentado nada menos que en un 104 por ciento los altos cargos y los asesores; de manera que esos criterios debe usted aplicarlos a todo el mundo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serna.


Para fijar su posición, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo con brevedad desde el escaño porque estamos ya en un punto de saturación de carácter personal y colectivo, a tenor del ruido que nos rodea. Esta intervención pretende ser coherente. Nos parece razonable la moción que presenta el Grupo Popular.


Voy a realizar, como invocación de autoridad o como principios de autoridad relevantes, declaraciones del presidente del Gobierno en el debate de investidura, en debates del estado de la Nación, declaraciones del ex ministro de Administraciones Públicas, el señor Sevilla, y declaraciones de la señora Salgado, relativas a la necesidad no solo de aligerar el nombramiento de altos cargos, sino de aligerar incluso la dimensión, adelgazar la propia estructura de la Administración Central del Estado. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, ¿tendrían la bondad de guardar silencio?

Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Hay una paradoja difícil de comprender, señor presidente, que es que, según se configuraba el Estado español como un Estado compuesto y crecían las competencias autonómicas y los gobiernos autonómicos, crecía a mucho mayor ritmo todavía la dimensión de la Administración Central del Estado.
Esto ya incluso vulnera la propia esencia ontológica del principio dispositivo en el que el Estado autonómico se basa, su configuración constitucional. Desde esa perspectiva, señor presidente, esta es una disfunción que tendríamos que corregir. Incluso yo haría mías las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero los hechos no avalan sus razones. Evidentemente, ocurre todo lo contrario.
Aquí no solo existe como en el gran Leviatán, quien haya leído a Hobbes, una Administración Central del Estado que crece permanentemente, que se autoalimenta, configurada por órganos administrativos, órganos constitucionales, entidades gestoras, sociedades públicas, reales academias, órganos de todo tipo y naturaleza que multiplica por cuatro...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, resulta imposible para un diputado poder articular su intervención con el nivel de ruido que hay en la Cámara; si pueden bajar el volumen de sus conversaciones.


Adelante, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco de nuevo el amparo, señor presidente. No se preocupe por mí. Me da pena que la capacidad de ilustración que poseemos no afecte a los compañeros de la Cámara. En todo caso, voy acabando ya mi exordio, señor presidente.


Resulta paradójico y se vulnera el propio principio dispositivo cuando crece la Administración del Estado más que las administraciones autonómicas mediante procedimientos que podríamos calificar como jurídica y constitucionalmente perversos. No se pueden transferir competencias a las comunidades autónomas e incrementar esos mismos servicios en la Administración Central del Estado paralelamente. Y no puede haber órganos de la Administración Central del Estado que estén usurpando competencias autonómicas que, debiendo ser transferidas, a tenor de los requerimientos del bloque constitucional no se transfieren. Hemos tenido la oportunidad de debatir esta cuestión hoy en la interpelación presentada por mi compañero, el señor Beloki, sobre el problema de la investigación científica. Desde esa perspectiva, señor presidente, vamos a acabar con el gran Leviatán alguna vez. No podemos convivir con una Administración que crece, que se alimenta, que va a ser una Administración al final que va a trabajar para sí misma, pour soi même. Al final es una cosa que, desde una perspectiva vinculada a la propia estructura territorial del Estado español prevista en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía, no es razonable. Por eso, señor presidente, nosotros vamos a votar favorablemente la moción invocando, como digo, como criterios de autoridad relevante, las palabras del presidente del Gobierno, las palabras de la señora Salgado, las palabras del señor Sevilla y, sobre todo, viendo, como hemos comprobado en iniciativas que se han dilucidado en esta Cámara en tiempos recientes, cómo se aplica el código de conducta previsto en la Ley reguladora del Estatuto de empleado público y cómo se aplica la Ley de Conflictos de Intereses. Desde esa perspectiva, la sobredimensión de la estructura de la Administración Central del Estado constituye una patología que está vulnerando, primero, los mecanismos o los criterios de eficiencia administrativa que deben inspirar el funcionamiento de toda Administración, pero, por otra parte, estamos perturbando reque

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rimientos constitucionales consagrados ya por muy prolija jurisprudencia constitucional. Dada la generalidad y la falta de concreción, nos parece sencillamente que los criterios filosóficos que incorpora esta moción son razonables y meritan ser apoyados.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Pregunto a la señora Sánchez si, como he de entender por su intervención, la moción en sus términos queda sustituida por la enmienda transaccional aceptada a tramitación.


La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Sí, así es, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En esos términos será votada.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PERESTELO), SOBRE LA ESTRATEGIA QUE SE PLANTEA EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL PLÁTANO DE CANARIAS (Número de expediente 172/000013.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, el Gobierno ha pedido esta mañana en Junta de Portavoces el aplazamiento y, por tanto, la exclusión del orden del día de la interpelación urgente planteada por el Grupo Parlamentario Mixto (señor Perestelo), sobre la estrategia que se plantea el Gobierno en relación con la situación actual de la comercialización del plátano de Canarias. Para que pueda excluirse es precisa la votación del Pleno.
¿Puedo entender que aprueban por asentimiento la exclusión? (Asentimiento.)

Queda aprobada.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 122/000003.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones de los temas tratados en esta sesión. En primer lugar, votamos la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad ciudadana.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 314; en contra, seis; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL INCREMENTO DE LA DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL. (Número de expediente 122/000028.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al incremento de la deducción por inversión en vivienda habitual.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 142; en contra, 173; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA CRISIS ALIMENTARIA GLOBAL. (Número de expediente 162/000055.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la crisis alimentaria global, con la enmienda transaccional que ha sido repartida, aceptada a trámite y suscrita por el señor Madina.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 329; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REFORMAS EN EL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN CON LOS DELITOS DE ABUSOS SEXUALES A MENORES.
(Número de expediente 162/000002.)

El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre reformas en el Código Penal en relación con los delitos de abusos

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sexuales a menores, que tiene incorporada al texto propuesto todas las enmiendas, porque así han sido aceptadas por la diputada proponente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 330; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA DÍEZ), SOBRE LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL CONCEPTO LEGAL DE "VÍCTIMAS DEL TERRORISMO". (Número de expediente 173/000006.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la necesidad de ampliar el concepto legal de víctimas del terrorismo. Esta moción incorpora la transacción presentada por la propia diputada proponente, señora Díez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 328; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA ESTUDIAR Y EVALUAR EL TRASVASE DEL RÓDANO. (Número de expediente 173/000007.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para estudiar y evaluar el trasvase del Ródano. Este texto que se va a votar a continuación incorpora la enmienda del Grupo Socialista y del Grupo Catalán (Convergència i Unió), aceptada por el grupo proponente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 184; en contra, cinco; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PRETENDE LLEVAR A CABO EL NUEVO GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO, EN EL MARCO CONSTITUCIONAL, AL ARTÍCULO 10.16 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA VIGENTE PARA EL PAÍS VASCO. (Número de expediente 173/000008.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las actuaciones que pretende llevar a cabo el nuevo Gobierno para dar cumplimiento, en el marco constitucional, al artículo 10.16 del Estatuto de Autonomía vigente para el País Vasco. Se vota en los términos presentados por el grupo proponente, ya que no se ha aceptado ninguna de las enmiendas propuestas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 28; en contra, 303.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000009.)

El señor PRESIDENTE: Por último, pasamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la estructura de la Administración Central del Estado en los términos de la enmienda transaccional que ha sido presentada y aceptada por el grupo proponente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 154; en contra, 177.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión hasta mañana a las dieciséis horas.


Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.

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