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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 6, de 13/05/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2008 IX Legislatura Núm. 6
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 6
celebrada el martes, 13 de mayo de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados... (Página 2)

Declaración insitucional... (Página 3)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la facilitación del voto en la elección del Senado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 6, de 25 de abril de 2008. (Número de expediente 162/000020.)... (Página 3)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para garantizar el principio de igualdad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 12, de 9 de mayo de 2008. (Número de expediente 162/000033.)... (Página 8)

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SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados... (Página 2)

Declaración institucional... (Página 3)

Proposiciones no de ley... (Página 3)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la facilitación del voto en la elección del Senado... (Página 3)

El señor Aranda Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, presenta la proposición no de ley.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Vera Pro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jorquera Caselas y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda interviene el señor Aranda Álvarez.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para garantizar el principio de igualdad... (Página 8)

Presenta la proposición no de ley el señor Alonso Aranegui, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Alonso Aranegui.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la facilitación del voto en la elección del Senado, se aprueba por 179 votos a favor, uno en contra y 147 abstenciones.


Sometido a votación el apartado a) de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para garantizar el principio de igualdad, se rechaza por 148 votos a favor, 177 en contra y tres abstenciones.


Sometido a votación el apartado b) de la misma proposición no de ley se rechaza por 149 votos a favor, 177 en contra y dos abstenciones.


Se suspende la sesión a las cinco y cuarenta minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Antes de comenzar el desarrollo del orden del día vamos a proceder, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, a tomar juramento o promesa a las nuevas diputadas proclamadas por la Junta Electoral Central. En consecuencia, en sustitución de doña María Cristina Narbona Ruiz pregunto a doña María Virtudes Cediel Martínez si jura o promete acatar la Constitución.


La señora CEDIEL MARTÍNEZ: Sí, prometo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


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En sustitución de don Eduardo Zaplana Hernández-Soro pregunto a doña María Eugenia Carballedo Berlanga si jura o promete acatar la Constitución.


La señora CARBALLEDO BERLANGA: Sí, juro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Doña María Virtudes Cediel Martínez y doña María Eugenia Carballedo Berlanga han adquirido la condición plena de diputadas. Enhorabuena.
(Aplausos.)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes también, y como asunto previo, de comenzar el desarrollo del orden del día de esta sesión se va a proceder a efectuar una declaración institucional que la Mesa y la Junta de Portavoces han conocido y aceptado.


El pasado 3 de mayo falleció don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo. El Congreso de los Diputados transmite a su viuda y familia su sentida condolencia. El presidente Calvo-Sotelo ha servido de modo ejemplar al Estado democrático. Su trayectoria política encarnó los valores de la libertad en un momento decisivo de nuestra historia, el de la transición a la democracia. Supo recorrer un camino difícil y complicado con inteligencia y con acierto. Afrontó en primera persona el ataque que contra su investidura llevaron a cabo en este mismo salón de sesiones un grupo de elementos armados. Con aquel comportamiento delictivo e indigno faltaron a su compromiso de honor con los uniformes que vestían. Ahora, en un acto de justicia y de reparación históricas, soldados de España y guardias civiles con esos mismos uniformes han acudido armados, de manera excepcional, a la sede de la soberanía popular y han rendido honores a quien encarnó la máxima magistratura electiva de España. Cualquier nación se empobrece cuando le faltan sus hombres ilustres, pero sin duda un país se hace más grande cuando es capaz de retribuir con justicia a quien ha dedicado a servirle lo mejor de sus empeños. La figura y la memoria del presidente Calvo-Sotelo quedarán entre nosotros como un símbolo de convivencia y como testimonio de que en España todo el poder emana del pueblo y de que ya no tiene vigencia otro imperio que el imperio de la ley, al que todos estamos honrosamente sometidos y comprometidos en su defensa.


Muchas gracias. (Aplausos.)

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FACILITACIÓN DEL VOTO EN LA ELECCIÓN DEL SENADO. (Número de expediente 162/000020.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos el desarrollo del orden del día, consistente en dos proposiciones no de ley, las cuales serán votadas al final de la sesión de esta tarde.


En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la facilitación del voto en la elección del Senado. Para su defensa, por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Elviro Aranda.


El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señor presidente, señorías, tengo el honor de subir a esta tribuna en nombre del Grupo Socialista para presentar una proposición no de ley a la Cámara que pretende facilitar y mejorar el voto en las elecciones al Senado. Como todas y todos ustedes saben, el proceso de votación en las elecciones al Senado, con la complejidad y con la dificultad de administrar y de gestionar la papeleta electoral, genera no pocos problemas y no pocos votos nulos.


Señorías, cuando hablamos del sistema electoral todos tendemos a hablar de las grandes cuestiones, que hacen referencia evidentemente a la democracia representativa: hablamos del modelo proporcional o mayoritario, hablamos de las circunscripciones, hablamos de la forma de transformar el voto en escaños. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema electoral como el español de estos años -que, en términos generales, ha funcionado bien durante más de treinta años- tenemos que hablar también de cuestiones menores, de cuestiones técnicas que tienen una gran relevancia. Una de ellas es precisamente la que presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista en esta proposición no de ley.


En la legislatura pasada también tuvimos oportunidad de hablar de cuestiones de este tipo. Por ejemplo, la mejora del voto para que los invidentes pudiesen hacerlo libremente o la ampliación del plazo para los ciudadanos que están en el extranjero. Señorías, el Partido Socialista siempre ha estado dispuesto a hablar sobre las reformas electorales, sobre las pequeñas y sobre las grandes; sobre todas las reformas electorales. También ahora. El Gobierno, por boca de su presidente, en esta Cámara y en el debate de investidura señaló que está dispuesto a que se hable, a que se discuta sobre la reforma electoral. La vicepresidenta del Gobierno la semana pasada en la Comisión Constitucional estableció la hoja de ruta para el proceso de discusión de las reformas electorales.
Como ya señaló: solicitud de informe al Consejo de Estado, subcomisión para el estudio y búsqueda de acuerdos y, después, iniciativa legislativa para la reforma. El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con esta hoja de ruta que ha presentado el Gobierno en la Cámara y con esta iniciativa quiere empezar a hacer camino andando. Nosotros, con esta iniciativa, queremos indicar que hay una cuestión -muchas otras también, por supuesto- que puede ser de interés para la reforma electoral. Como todos ustedes saben, el Senado se articula mediante un sistema mayoritario corregido que se organiza mediante una papeleta de voto múltiple limitado. El ejercicio del voto en este sistema, con esa amplitud de la papeleta, genera, como decía antes, notables errores, notables equivocaciones. Lo que solicita de la Cámara el Grupo Parlamentario Socialista es que se apruebe esta proposición no de ley para que el

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Gobierno estudie una cuestión que sin duda es importante para el ejercicio del derecho del voto y que desde luego necesita de propuestas inteligentes y que, una vez hechas esas propuestas, se remitan a la ponencia del Senado, si se constituye -tenemos entendido que se va a constituir-, o a la subcomisión del Congreso de los Diputados. A partir de ahí podemos empezar a discutir sobre la reforma del sistema electoral en nuestro país.


Señoras y señores diputados, como decía, la proposición que presento pretende ponernos a la cabeza del proceso de reforma electoral. Lo hacemos en el marco de lo establecido por el Gobierno en la presentación de su programa legislativo por parte de la vicepresidenta del Gobierno e indicando uno de los temas que nos parecen de interés, que nos parecen preocupantes y con necesidad de estudio, aunque, como decía antes, seguro que hay muchos más.


Tengo que señalar que a esta iniciativa el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no puede aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, pero no porque no estemos de acuerdo con el contenido de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Estamos de acuerdo con la enmienda. La enmienda señala lo siguiente. Primero, que se solicite por parte del Gobierno informe al Consejo de Estado. Eso ya lo ha dicho el Gobierno por boca de su vicepresidenta en esta Cámara. Es al Gobierno a quien le compete solicitar ese informe y ya lo ha señalado. Por tanto, la voluntad política de hacerlo está ya. Se dice, en segundo lugar, que se constituya una subcomisión. Nosotros estamos de acuerdo. Es más, le tengo que decir al Grupo Popular y al resto de los grupos que estamos dispuestos a que a partir de ya, a partir de mañana, formulemos un escrito a la Comisión Constitucional, que desde luego firmarán el Grupo Socialista y el resto de los grupos, para que se ponga en marcha todo el trámite establecido para la constitución de la subcomisión. Por tanto, estamos de acuerdo con la cuestión de fondo sobre la reforma electoral y aquí lo que se está planteando es una cuestión concreta. Se está diciendo: tenemos un problema que necesita aportación técnica, soluciones técnicas, y queremos que el Gobierno empiece también a trabajar para darnos opciones, posibilidades para corregir este problema que hemos señalado. El Grupo Socialista está en la discusión de los temas electorales y queremos que todos los grupos estén también en la solicitud al Gobierno para la mejora del voto en el Senado que, sin duda alguna, genera problemas y dificulta el voto a muchos ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aranda.


Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vera.


El señor VERA PRO: Con la venia, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Popular siempre ha estado dispuesto a impulsar, estudiar, debatir y llegar a acuerdos sobre todas aquellas reformas de nuestra Ley Electoral dirigidas a facilitar o mejorar el derecho de sufragio de los ciudadanos. No en vano el derecho de voto es la máxima expresión de la democracia. Así lo hicimos en la pasada legislatura -se refería a ello el señor Aranda- cuando garantizamos el secreto de voto de las personas invidentes y también cuando articulamos un procedimiento que permitiese ejercer el derecho de voto a los ciudadanos españoles que se encuentran temporalmente en el extranjero entre la convocatoria de un proceso electoral y su celebración. En ese mismo sentido, y en aplicación de lo ya aprobado en esta Cámara en la pasada legislatura y recogido en el artículo cuarto del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, entendemos que es necesario y urgente introducir el voto presencial en urna para nuestros compatriotas que viven en el extranjero, medida que ya concitó el respaldo unánime de esta Cámara, y que, además, seamos capaces de sacarla adelante antes de finalizar el año para que sea efectiva en todos los procesos electorales que se convoquen a partir del 1 de enero de 2009.


Señorías, hemos sido nosotros los que hemos suscitado una expectativa de derecho en nuestros compatriotas que residen en el extranjero a través de una ley aprobada en este Parlamento y tenemos la obligación de desarrollarla lo antes posible. Tenemos tiempo. Si hay voluntad política -desde luego, mi grupo parlamentario la tiene-, tenemos tiempo para hacerlo antes de que finalice este año. Tanto esta medida pendiente como la que hoy presenta el Grupo Socialista se sustentan en la misma filosofía, que es la de mejorar o facilitar el derecho de sufragio de los ciudadanos.


En relación con lo que nos propone el Grupo Socialista, es cierto y fácilmente comprobable que en el recuento de papeletas del Senado se produce un número muy superior de papeletas nulas que en el recuento de papeletas para las elecciones al Congreso. Ello puede obedecer a múltiples razones, pero fundamentalmente a las que tienen relación con el sistema que establece el artículo 172 de la ley de que todas las candidaturas tienen que figurar en la misma papeleta, lo que puede dar lugar a error entre los electores. En todo caso, no sería esta la única razón por la que deberíamos reflexionar juntos sobre el procedimiento de votación para el Senado ni tampoco la única reforma en aras de mejorar el vigente procedimiento electoral.


En la sesión de investidura -ya lo han recordado-, el señor Rodríguez Zapatero hizo referencia a constituir en la Comisión Constitucional una ponencia para estudiar el rendimiento de nuestra Ley Electoral y no hace ni una semana que la vicepresidenta del Gobierno también nos anunciaba en la Comisión Constitucional la propuesta de creación de una subcomisión para avanzar en aquellas reformas que nos permitan facilitar la participación

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de los ciudadanos y para evaluar y abordar otros cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Nosotros, en esa comparecencia, nos pronunciamos favorablemente respecto a este anuncio porque, entre otras cosas, cómo íbamos a negarnos a ello si fuimos nosotros los impulsores en la pasada legislatura de la creación de esta subcomisión.
Ahora bien, la reforma del sistema electoral no es para nosotros lo más importante ni lo más urgente. Desde luego, lo que sorprende es que el Gobierno quiera hacer de esta reforma una de las prioridades de la legislatura cuando lo que reclaman los ciudadanos es precisamente que se conteste a problemas que tiene la sociedad española como la crisis económica, el problema del paro, el problema del agua, el colapso en la justicia o el control de la inmigración ilegal. Sin embargo, nuestro grupo no se niega a ello. Nuestra posición ha sido siempre la misma: somos favorables a que se constituya esa subcomisión. Además somos favorables a que en esa subcomisión se residencien absolutamente todos los asuntos que se planteen por los diferentes grupos parlamentarios, todas las iniciativas: las urgentes, las puntuales o aquellas que tengan un mayor calado; absolutamente todas. Esto es lo que nosotros quisimos hacer en la anterior legislatura. No pudo ser por razones que ustedes conocen perfectamente y es verdad, señorías, que nuestra Ley Electoral no es una ley perfecta, desde luego, como no lo es ninguna ley electoral y, por tanto, puede ser mejorada, pero no es menos cierto que en todos estos años ha propiciado la estabilidad política y ha garantizado el pluralismo de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Señor Vera, tiene que ir acabando.


El señor VERA PRO: Termino, señor presidente.


Nosotros no entendemos que si en este momento hay varias iniciativas sobre esta ley y proposiciones no de ley como la que hoy estamos debatiendo, ustedes no quieran llevarlo a la subcomisión que nosotros proponemos en nuestra enmienda. Creemos que es la mejor manera de resolver estas cuestiones, unas con mayor urgencia que otras, porque lógicamente de las iniciativas que presentamos no es lo mismo la papeleta para el Senado, para lo que todavía hay cuatro años, salvo que el señor Zapatero quiera disolver ahora las Cortes, que otras iniciativas. No hay problema para resolver la papeleta para el Senado en cuatro años, pero hay iniciativas que afectan a elecciones que se van a convocar próximamente y que deberíamos abordar con urgencia. Esta es la razón por la que hemos presentado la enmienda. Entendemos que es en esa subcomisión donde realmente se deberían dilucidar estas cuestiones y no que estemos aquí semana tras semana debatiendo sobre las mismas. Nos gustaría que apoyaran nuestra enmienda y esperamos que por lo menos el resto de los grupos, ya que el Partido Socialista ha dicho que no, puedan apoyarla.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vera.


Para fijar posición sobre esta proposición no de ley los grupos no enmendantes, tiene en primer lugar la palabra el señor Jorquera por el Grupo Mixto.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo desde el propio escaño, dado que voy a procurar ser muy breve.
A juicio del Bloque Nacionalista Galego, en todo lo que afecta al sistema electoral hay que distinguir dos aspectos: cambios más profundos en el sistema, que afecten a las propias características esenciales del modelo, y reformas puntuales, que pretendan un perfeccionamiento del sistema vigente. Desde nuestro punto de vista, estas reformas puntuales, que pretenden un perfeccionamiento del sistema vigente, deben ser abordadas sin más dilación, sin esperar a reformas más profundas que por su complejidad requieren de estudios y de un consenso en el que participen la mayoría de las fuerzas políticas. En ese sentido, es razonable que se arbitren mecanismos para facilitar la comprensión del sistema y estructura del voto en el Senado y así evitar el elevado número de votos nulos que se producen. Por ese motivo, manifestamos nuestro apoyo a esta proposición no de ley. Pero, por la misma razón, es razonable, es exigible que exista la voluntad política de abordar ya reformas más urgentes, dado que van a afectar a convocatorias electorales mucho más inmediatas, como es garantizar que el voto de los residentes ausentes se haga con plenas garantías de que se respeta el carácter libre, secreto y directo del voto. Esto pasa por homologar el procedimiento de votación en el exterior al del interior, por que el voto sea en urna y por que el voto por correo sea siempre rogado en los casos excepcionales en que no sea posible votar en urna y con todas las garantías de control democrático que eviten su manipulación. En cualquier caso y para concluir, vamos a apoyar esta proposición no de ley. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre las enmiendas, dado que es el grupo proponente de la proposición no de ley el que tiene que manifestarse sobre si las acepta, pero la enmienda presentada por el Partido Popular respecto a la necesidad de abordar con urgencia la reforma del sistema de votación de los residentes ausentes nos parece acertada y manifiesto nuestro apoyo a la misma.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


También por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


En nombre de Coalición Canaria quiero decir que nos parece realmente patético que con los problemas que tiene este país la primera proposición no de ley que

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presente el Partido Socialista sea sobre un tema que afecta a algo que sucederá dentro de cuatro años y, sobre todo, que la haya presentado en el Congreso y no en el Senado (Aplausos.) cuando -tercera cuestión- precisamente hace una semana se ha creado un grupo en el Senado para estudiar por todos los grupos políticos las reformas electorales. Si no se llevara a cabo la reforma electoral, tenemos cuatro años para resolver un tema con el que estamos todos de acuerdo, que son esas papeletas indoblables. En cualquier caso, parece lógico que se mejore el sistema de votación y, en congruencia, vamos a apoyar esto, pero, repito, no nos parece lógico que estemos hoy aquí, en el Congreso, viendo esto como primer asunto de esta legislatura.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Comparezco en nombre de mi grupo parlamentario para fijar posición en torno a la primera iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, facilitar el voto al Senado. Mi grupo parlamentario puede adoptar dos actitudes. La primera actitud es tomarse a pecho que, después de estas elecciones, en esta Cámara el primer debate en Pleno sea sobre facilitar el voto al Senado y no sobre lo problemas de nuestro sistema electoral, que afectan de forma especial a mi grupo parlamentario y a mi fuerza política, a Izquierda Unida. Pero como queremos empezar bien esta legislatura, podemos tomar otra opción, y es en vez de tomárnoslo a pecho hacer como el famoso pedagogo Pestalozzi, que decía: comencemos por lo superficial para luego tratar lo profundo. Pues bueno, empezamos hoy por lo superficial y durante la legislatura trataremos lo profundo. En ese sentido, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente, en la confianza de que esta sea una iniciativa para abordar lo profundo, que es el carácter escasamente representativo de algunos aspectos de nuestro sistema electoral y alguno de los problemas profundos y globales de nuestro sistema electoral.


Señorías, es cierto que la papeleta al Senado es realmente difícil. Hay quien hace con ella algunas cosas no precisamente para votar al Senado, sino para pintar en su casa o para otras cosas, pero se puede decir que la papeleta al Senado requiere, en primer lugar, de un ejercicio visual que disuade de cualquier defecto visual; en segundo lugar, requiere de un experto en papiroflexia -Unamuno lo era y era capaz de doblar, como la papeleta del Senado, esa gran papeleta, en ocho dobleces- y en tercer lugar, requiere por parte del presidente de la mesa una presión sobre la urna a veces insoportable. Eso, en nuestra opinión, hace necesario que se modifique la papeleta, el método de votación al Senado. Hay que tomar también una nota y es que esta dificultad no es equiparable a la importancia política del voto; es decir, además de esas enormes dificultades nos encontramos también con enormes dificultades para encuadrar el Senado en la vida política española, en definitiva, dificultad sobre dificultad que debería llevar a reconsiderar el sistema de voto.


En todo caso, voy a hacer algunas reflexiones como puntos. En primer lugar, es necesario facilitar el ejercicio material del voto; en segundo lugar, es imprescindible desmitificar el sistema de listas abiertas -este voto al Senado es una lista abierta que teóricamente favorece la participación de los ciudadanos, ¡pobres ciudadanos!-; en tercer lugar, es necesario también abordar el problema de visibilidad del Senado español y en cuarto lugar, existe un problema de fondo de representatividad y quién sabe también si de gobernabilidad de nuestro sistema electoral.


Conclusiones, señorías. Nosotros apoyamos, como digo, como medida superficial cualquiera que permita repensar el sistema electoral y facilitar el voto a los ciudadanos. Esta medida debería ir acompañada de una reforma del Senado como Cámara territorial para darle sentido, dar sentido al voto y dar sentido al Senado. Por otra parte, creemos que todo esto también tiene que ir en conjunto con una reforma del sistema electoral, anunciada por parte del presidente del Gobierno y por parte de la vicepresidenta del Gobierno, pero falta la fundamental. Está establecido el método: Consejo de Estado, subcomisión electoral, pero no está establecido el objetivo, y al igual que en la reforma constitucional, hay que establecer el objetivo. ¿Qué quiere el Gobierno que se reforme del sistema electoral? Desde luego, para nuestro grupo parlamentario hay que reformar básicamente la representatividad, es decir, que se recupere el principio democrático de una persona, un voto.
En función de eso, valoraremos la propuesta que haga el Gobierno al Consejo de Estado.


Termino, señorías. Votaremos favorablemente, en honor a Pestalozzi y a la utilización de lo superficial para llegar a lo profundo, el método para mejorar el voto al Senado con el optimismo de la voluntad pero con el pesimismo de la razón.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


Si me lo permite intervendré desde el escaño, puesto que es un tema muy puntual y voy a hacerlo brevemente. Efectivamente, es un asunto muy concreto y he de unirme a lo manifestado por mis compañeros en el hemiciclo para señalar que es sorprendente que este sea el primer

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tema que se trate en una proposición no de ley en la Cámara. En cualquier caso, es cierto, creo que todos convenimos en que la complejidad de la papeleta de elecciones al Senado es evidente, aunque entendemos también que es de bastante difícil solución, dadas las normas electorales que existen en este momento, proceder a crear una papeleta que sea más sencilla, y desde luego lo que no va a arreglar de ninguna de las maneras esa nueva papeleta será el efecto que se produce en el Senado, y el efecto, salvo muy contadas excepciones, es que el partido mayoritario en una circunscripción se lleva tres senadores y el segundo partido se lleva uno y esto es así por muchos votos nulos que haya, y desde luego los votos nulos que haya podido haber no han distorsionado los resultados concretos de todas y cada una de las circunscripciones al Senado. Por tanto, es un problema menor, está bien ocuparse de él, pero tampoco va a solucionar los retos de mayor calado que tiene ante sí el Senado, que son transformarse en una Cámara efectiva, asumir mayores competencias o, por qué no -porque todo está abierto-, quizá proceder a su propia desaparición, cosa que no se ha dicho abiertamente, pero que desde el Grupo Parlamentario Vasco creemos que también podría ser una opción.
Desde luego, lo que no es aceptable es la situación a la que está abocado en estos momentos el bicameralismo en el Estado español, con unos gastos administrativos y unos procedimientos políticos muy complejos en los que esta segunda Cámara aporta bastante poco, por el juego de mayorías parlamentarias que existen, que vienen a reproducirse prácticamente en una Cámara y en la otra, y aunque esto no sea así, como todos conocemos, es el Congreso el que tiene la última palabra y puede transformar aquellas modificaciones que haya procedido a hacer el Senado.


En la enmienda del Grupo Popular se habla de la creación de la subcomisión, etcétera. Evidentemente, esta no es la fórmula apropiada para la creación de la subcomisión, que tendría que ser presentada a Pleno por parte de la Comisión correspondiente -entiendo que la Constitucional- y además, en ese escrito de creación de la subcomisión, habría que presentar unas reglas de funcionamiento. Por tanto, la formula de la proposición no de ley que estamos debatiendo hoy no es quizá la adecuada para esto, pero quiero señalar que por parte de mi grupo no hay ningún problema. No somos nosotros quienes presentamos la iniciativa de modificar y de revisar toda la Loreg y las normas electorales vigentes, pero por parte de mi grupo no va a haber problema para proceder a su estudio y, en su caso, a las modificaciones que sean pertinentes; modificaciones que en cualquier caso deben ser apoyadas con un amplísimo consenso y cuando digo amplísimo consenso quiero decir que ese consenso debe ir evidentemente más allá de los dos grupos mayoritarios de la Cámara. Dicho esto, también quisiera que constara en el "Diario de Sesiones" que no son precisamente los partidos nacionalistas quienes distorsionan esa máxima que ha citado el representante de Izquierda Unida de una persona, un voto, puesto que, prácticamente, si hubiera una circunscripción a nivel de todo el Estado, la representación que obtendrían los partidos nacionalistas que están presentes en la Cámara sería la que tienen hoy en día. Son precisamente los partidos mayoritarios los que se benefician en un número equis de escaños del actual sistema electoral en detrimento de algunos otros.


En resumen, vamos a votar afirmativamente la iniciativa, aunque creemos que es de menor calado y que no resuelve el problema de fondo, pero no entendemos que haya razones para oponerse, y esperamos que en un futuro podamos ocuparnos de buscar soluciones a los problemas estructurales que tienen nuestro régimen electoral y nuestro régimen parlamentario también.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para fijar la posición esta tarde en la que en el Congreso de los Diputados, en la primera sesión ordinaria de esta legislatura, vamos a hablar del Senado, del sistema de elección de senadores y no de la función de la Cámara Alta. ¿Es necesaria esta reflexión? Seguramente sí. ¿Es sorprendente que esta reflexión se proponga como primer punto del periodo ordinario de esta IX Legislatura? También. En la anterior legislatura fueron posibles algunas reformas importantes, por ejemplo la reforma del voto secreto para invidentes, que en su momento impulsaron los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y de Convergència i Unió y de la cual nos sentimos muy orgullosos, y también el voto para residentes ausentes de cortos periodos, el llamado voto para estudiantes Erasmus. Asimismo, en la anterior legislatura, se fijó claramente el compromiso del voto con urna, del voto absolutamente secreto para los residentes CERA.


Ahora el Grupo Socialista nos propone a partir del respeto a los criterios básicos que conformaron el Pacto constitucional, esto es, criterio de proporcionalidad y elección a partir de circunscripciones provinciales, otras reformas. Sea dicho de paso, la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno anunciaba la creación de una subcomisión de estudio para la reforma electoral. Quiero recordar que esto no se debe proponer, creo, por medio de una proposición no de ley pero tampoco mediante una iniciativa del Poder Ejecutivo. Como ya se ha dicho, es el Poder Legislativo, a través de la Comisión Constitucional y del Pleno de este Congreso, el que debe aprobar esta subcomisión. Nosotros la apoyamos y creemos que se debería aprobar en breve, para así plantear las propuestas programáticas de Convergència i Unió durante la última campaña electoral, que tuve la oportunidad de

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expresar la semana pasada en la Comisión Constitucional y que evidentemente también conformarán la aportación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en esta reflexión sobre las reformas electorales.


Se nos interpela sobre la necesidad de la mejora del voto en el Senado y nos podríamos interpelar todos sobre por qué hay tantos votos nulos.
Quizá sería bueno también interpelarnos por qué después de tantos discursos en los cuales se plantea la necesidad de las listas abiertas, en un caso de listas abiertas puras como es el sistema de elección de los senadores, se producen tantos votos nulos y se producen tantos fallos.
Alguien podrá hablar de problemas de información. Yo creo que también hay una explicación de carácter político, hay mucha o poca deliberación en la elección de senadores. Pues bien, señorías, la elección del Senado queda tapada por la elección de esta Cámara, el Congreso de los Diputados, que es la responsable de la investidura del presidente del Gobierno. Quizá sería mejor que la elección de senadores coincidiera con las distintitas elecciones autonómicas. O nos podemos preguntar, sensu contrario, por qué en Italia la elección del Senado suscita más interés: porque la confianza del Gobierno requiere de la confianza de las dos Cámaras.


Señorías, vamos a votar favorablemente la primera propuesta del Grupo Socialista en esta legislatura, una propuesta que no apunta ningún tipo de reforma, que no apunta ningún elemento sustantivo de la reforma, bien sea porque el Grupo Socialista es muy prudente a la hora de plantear este debate, bien sea por el Grupo Socialista no tiene ideas respecto a cómo afrontar la reforma que se suscita en este debate. Tendremos ocasión en esa eventual subcomisión de afrontarla y de aportar ideas. Por ejemplo, para terminar quiero aportar dos ideas. Ya que la representación del Senado es la representación territorial por excelencia, quizá sería bueno un mínimo número de ciudadanos que avalaran las candidaturas por la demarcación. Seguramente esta apuesta simplificaría notablemente la sopa de siglas que nos mandata el artículo 162 de la Loreg, candidaturas con un mínimo arraigo territorial. Ya que hablamos de candidaturas con listas absolutamente abiertas, de acuerdo con otros sistemas electorales, no tendríamos que tener ningún temor a identificar candidato con candidatura: foto del candidato en las papeletas. Sirvan simplemente estas dos modestas reflexiones para abrir el debate sustantivo que formalmente nos plantea el Grupo Socialista.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Señor Aranda, del tenor de su intervención deduzco que no acepta la enmienda presentada.


El señor ARANDA ÁLVAREZ: Así es, señor presidente. No aceptamos la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. (Número de expediente 162/000033.)

El señor PRESIDENTE: Producido el debate de la primera proposición no de ley, que votaremos al final de la sesión de esta tarde, pasamos a la segunda proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para garantizar el principio de igualdad. Tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Señor presidente, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos querido que nuestra primera proposición no de ley fuera esta que me corresponde a mí presentar en defensa del principio de igualdad. La traemos con el ánimo de establecer un objetivo compartido en los albores de este mandato. Pretendemos en efecto que el Pleno se ratifique hoy en un aspecto esencial de nuestro sistema político y de nuestro modelo de convivencia, porque España es una nación, una nación de hombres y mujeres libres e iguales en derechos. Así lo proclama la Constitución, que consagra el principio de igualdad como fundamento de nuestro sistema político y de nuestro modelo de convivencia. Considero, por tanto, que este es un valor compartido por todos o que debiera serlo, y en ese sentido confío en obtener el apoyo de los grupos a esta iniciativa, pues la búsqueda de una igualdad efectiva y real entre todos los españoles, residan en la comunidad en la que residan, es inherente a la propia democracia, condición para ser libres y requisito indispensable para el ejercicio de los derechos que la condición de ciudadanos nos reconoce. Pero es evidente que no basta con la mera enunciación de estos principios y su proclamación más o menos solemne. De hecho, invocamos el principio como justificación de nuestra acción política, y la lucha contra las distintas formas de desigualdad y de discriminación es para muchos de nosotros razón determinante de una vocación política. En esta ocasión llamo la atención sobre algunos aspectos concretos en los que la igualdad efectiva de derechos entre todos los españoles se encuentra cercenada y, por tanto, necesitada de amparo y de protección, en primer lugar, en un derecho tan básico como es el de la utilización de la lengua propia, el castellano, en la educación de nuestros hijos.


Se está efectivamente produciendo en algunas comunidades con lengua cooficial un arrinconamiento del castellano que lleva en la práctica a que resulte imposible para los padres elegir la lengua en que sus hijos reciban la enseñanza. Bajo la bandera de la defensa del euskera o del catalán se imponen unos modelos que impiden la enseñanza en la lengua castellana. Se imponen los pretendidos derechos de las lenguas sobre los derechos de las personas. Esto es algo que viene ocurriendo desde hace ya mucho tiempo, que genera angustia en miles de familias, que establece fronteras dentro de nuestra nación. Hay lugares en España donde no es posible

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matricular a los niños en su lengua materna cuando esta es el castellano.
Dicho de otro modo, España es el único país del mundo occidental al menos donde no se garantiza que los niños puedan recibir la enseñanza en su lengua materna aun siendo esta la lengua oficial del Estado.


Hubo un tiempo en España en que los derechos de las minorías lingüísticas fueron aplastados; un tiempo de tiranía en que unas leyes ciegas, no ya a la libertad sino a cuanto es humano, imponían a todos la enseñanza exclusiva en castellano con total desprecio de la realidad sociolingüística y de la diversidad de España. Pero en nuestra España democrática y constitucional vuelven por desgracia a darse la imposición y el abuso. En la mayor parte de Cataluña y del País Vasco es simplemente imposible encontrar un centro educativo que oferte la enseñanza en castellano. El propio Gobierno vasco obliga ahora por decreto a que la única lengua vehicular en la enseñanza sea el euskera. ¿Es esto libertad? ¿No ha de reaccionar esta Cámara cuando los derechos de miles de ciudadanos son pisoteados en nombre de un nacionalismo ciego? Nosotros venimos defendiendo y promoviendo un bilingüismo integrador, pero defendemos también que todos los españoles tienen derecho a hablar y a utilizar la lengua común en todos los ámbitos de la vida en cualquier lugar de España. Por eso pedimos hoy no solo que se reconozca este derecho, sino que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que sea efectivo y remueva los obstáculos que menoscaban e impiden su realización.


Se ha utilizado y se utiliza también la lengua como elemento de discriminación en los procesos para el acceso a la Función pública. En unas administraciones que prestan sus servicios a los ciudadanos en dos lenguas oficiales, parece necesario que determinados puestos y funciones concretas sean ejercidos por personal debidamente capacitado desde el punto de vista lingüístico y entendemos que a la Administración corresponde sin duda un papel importante en la promoción de las lenguas propias de cada comunidad, pero esto no implica que se prescinda de la consideración de la realidad sociolingüística concreta ni que se niegue el derecho fundamental que corresponde a todos los españoles en el acceso a la Función pública, y ocurre así, como hemos visto recientemente, que se alcanzan situaciones absurdas como que se dé una valoración de 16 puntos por el hecho de acreditar un determinado perfil lingüístico y solamente 4 por el título de doctor en la selección de un médico. Los políticos nacionalistas que promueven tales abusos buscan al menos tres objetivos: primero, la exclusión de la Función pública de cualquier persona ajena a su comunidad y la fragmentación de los cuerpos superiores de la Administración General del Estado; segundo, un mensaje a las siguientes generaciones, en el sentido de que nadie que no sea lingüísticamente como ellos determinen podrá acceder a la Función pública, y tercero, una discriminación entre quienes acrediten el conocimiento del idioma, que obtienen la condición de funcionarios de carrera, y quienes no sean bilingües, que permanecen en situación de interinidad indefinida. En la España del siglo XXI se están levantando fronteras con las que los nacionalismos no quieren ya defender la diversidad sino disgregar la nación. Los llaman proyectos de construcción nacional y convierten sus comunidades en laboratorios sociales al servicio de una obsesión identitaria. Defendemos frente a ello un proyecto de concordia respetuoso con la diversidad territorial, pero convencido de que los derechos de las personas son inherentes a su dignidad y no proceden ni pueden modularse en función del lugar de residencia.


El tercer punto de la proposición defiende el derecho de todos los españoles a tener asegurado en cualquier lugar de España, por una parte, el acceso a los recursos naturales esenciales y, por otra, derechos sociales fundamentales en materia de sanidad, cobertura de desempleo y pensiones. En los últimos tiempos, en efecto, el debate político ha venido territorializándose de forma creciente, sin duda porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha renunciado a hacer un discurso nacional y ha alentado las particularidades y los recelos entre distintas comunidades autónomas. Así, frente a un plan hidrológico nacional que ofrecía una visión de conjunto al problema del agua en España, se ha pasado de manera irresponsable a una patrimonialización del agua por parte de algunos, a despecho de la solidaridad y la cohesión que nos debemos. Hemos pasado del agua para todos a la guerra del agua; por eso la solución pasa por recuperar un discurso nacional en torno a la igualdad de derechos y de deberes de los españoles, un discurso respetuoso con la diversidad, consciente de las ventajas de nuestro sistema autonómico, que ha sido y es un factor esencial de progreso y de prosperidad, pero que fortalezca también el papel del Gobierno de la nación y de las instituciones nacionales para la garantía de los derechos básicos y la eliminación de las desigualdades. Aceptar este principio supone además que el modelo de financiación de las comunidades autónomas quede supeditado al derecho de todos a recibir las mismas prestaciones sociales...


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, tiene que ir acabando.


El señor ALONSO ARANEGUI: Voy terminando, señor presidente.


...y no a satisfacer reivindicaciones nacionalistas en función de los intereses partidistas del momento. Hemos de abrir un tiempo nuevo.
Treinta años después mucho es lo conseguido en esfuerzo colectivo por la libertad, por la igualdad y por la justicia social, pero España es un proyecto que ha de ser común y compartido por todos, un espacio abierto que da cabida a todos sin más exclusiones que la violencia y el totalitarismo. Es una nación, la más antigua de Europa, que alberga una de las sociedades más avanzadas del mundo desde el punto de vista democrático. Ahora debemos reafirmar nuestros valores,

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consolidar nuestro proyecto en común, frenar una tendencia centrífuga que amenaza los cimientos del Estado. Me atrevo por ello, señorías, a pedirles que voten hoy a favor de nuestra iniciativa, que demos hoy una esperanza nueva, que recobremos la senda del pacto y del acuerdo en aquello que no puede sino unirnos. La defensa de la libertad y de la igualdad de todos los españoles no es patrimonio de nadie; es un acervo que compartimos, que nos obliga por encima de nuestras siglas.


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, tiene que acabar.


El señor ALONSO ARANEGUI: Termino ya.


Y en nuestro caso, sin duda, señor presidente, en el del grupo al que represento, constituye nuestro primer compromiso con los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.


A esta proposición no de ley ha presentado la señora Díez, del Grupo Parlamentario Mixto, cuatro enmiendas. Para su defensa tiene la palabra.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, he escuchado atentamente la intervención del portavoz del Grupo Popular y no he podido saber cuál es la posición respecto de las enmiendas que he presentado. Me hubiera gustado saber, antes de defenderlas, si tenía una posición respecto de ellas. En todo caso, voy a explicar el motivo de dichas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Señora Díez, según el trámite previsto en el Reglamento, el señor diputado puede manifestarse al final. Es así, además, como estaba previsto.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Comparto en lo fundamental y en lo sustancial, naturalmente, el objetivo que el señor portavoz del Grupo Popular ha planteado a la hora de explicar la iniciativa; sobre todo comparto -permítanme que lo diga así- el enunciado de la proposición no de ley: garantizar el principio de igualdad. Pero me parece que el texto de la proposición no de ley es un tanto impreciso y un tanto equívoco y eso es lo que ha motivado la presentación de estas enmiendas. Nosotros creemos -primera enmienda-, en lo que se refiere al primer párrafo, que es confuso hablar de bilingüismo equilibrado. No sé lo que es el bilingüismo equilibrado, lo de equilibrado es una cosa subjetiva. Por tanto, hemos presentado una enmienda en la que este párrafo queda redactado de una forma que nos parece más coherente, más clara y más garantista del bilingüismo, porque de lo que se trata es de garantizar el bilingüismo en aquellas comunidades autónomas en las que existan dos lenguas oficiales y garantizar el bilingüismo en todo el trámite; con eso se termina con pretensiones que verdaderamente puedan terminar con un derecho a la igualdad y con el derecho a no ser discriminados por el uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales.


En el párrafo segundo y correspondiéndose con nuestra segunda enmienda, creo que también hay una imprecisión -por eso es una enmienda técnica- a la hora de hablar de los méritos determinantes. Determinantes todos los méritos lo son, desde las titulaciones hasta la experiencia; un punto más en un mérito o en otro puede ser determinante al final de la suma de todos los méritos. Lo que creo que hay que evitar son los méritos excluyentes. Por eso hemos presentado una enmienda en la que esos términos se clarifican y lo que se hace es evitar que haya méritos excluyentes que no tengan que ver con el trabajo que han de hacer aquellas personas a las que se les selecciona con méritos excluyentes, insisto, no determinantes, porque un punto más arriba o abajo termina siendo determinante.


En tercer lugar, hemos hecho otra enmienda solicitando la supresión del párrafo tercero, este que empieza con: "Todos los españoles deben tener asegurado, en cualquier lugar de España, el acceso a los recursos naturales esenciales..." Señor Alonso, con este párrafo nos pasa una cosa que quiero explicar bien. Creo que incluso es contradictorio con los dos párrafos anteriores. Establece una especie de incongruencia porque, por ejemplo, cuando se refiere a la necesidad de garantizar una existencia proporcionada de un cuadro de derechos de protección -una existencia proporcionada de un cuadro de derechos de protección yo no sé lo que quiere decir- social en materia de asistencia sanitaria, luego cita desempleo y percepción de pensiones, que son competencias del Estado reguladas por leyes del Estado, con lo cual no sé exactamente qué se quiere decir aquí, tiene bastante poco que ver con lo que usted ha dicho en los dos párrafos anteriores. Después, esa apelación a que todos los españoles deben tener asegurado en cualquier lugar de España el acceso a los recursos naturales esenciales para mí también es muy equívoco, porque, ¿qué son los recursos naturales esenciales? Son declarados recursos naturales esenciales aquellos que están reservados al dominio público; a eso es a lo que se les llama recursos naturales esenciales, por ejemplo, los ríos y riberas, las costas, los subsuelos, el espacio aéreo, el espacio radioeléctrico... Creo que no se refiere a eso, pero si se refiere a eso, no me parece que el sitio sea en esta proposición, me parece que no corresponde. Para clarificar y evitar lo que a nosotros nos parece un elemento que genera confusión y equívoco, hemos pedido la supresión de ese párrafo.


Por último, en el cuarto párrafo hemos hecho también una enmienda técnica, por la que solicitamos sustituir principios constitucionales por derechos, porque creo que es a lo que el Partido Popular está apelando en esta proposición no de ley, aparte de que en la intervención

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del representante del Grupo Popular se ha hecho varias veces mención expresa a la necesidad de garantizar efectivamente los derechos. Por eso hacemos esa enmienda de carácter técnico.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Para fijación de posición de grupos no enmendantes, por el Grupo Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme que haga dos brevísimas consideraciones al hilo del debate que estamos manteniendo sobre esta proposición no de ley, una de orden más bien jurídico y la otra más bien político, casi ético, si me lo permiten. Desde un punto de vista jurídico, puesto que esta proposición no de ley se fundamenta aparentemente en derecho, quisiera advertir que el Partido Popular, bajo el pretexto del principio de igualdad, nos quiere traer hoy un debate un poco tramposo, a través del cual nos quiere colar por la puerta de atrás, de forma subrepticia, un debate que ya tuvimos en su día, a raíz del debate del Estatuto catalán, es decir, el debate tan traído y tan llevado -que, por cierto, ha motivado sendos recursos por parte del PP y del Defensor del Pueblo- sobre si las comunidades autónomas pueden o no regular derechos y deberes; un debate en el que el PP y el inefable Defensor del Pueblo sostienen que no es posible regular derechos por parte de las comunidades autónomas distintos a los que regula el Estado. Esta es una cuestión pendiente sobre la que el tribunal deberá pronunciarse en su día, pero, brevemente y ante la insistencia del Grupo Popular al plantear esta cuestión, hay que recordar que se trata de un argumento harto discutible. Lo digo porque es sabido que nada impide, ni en aquellos casos en que la Constitución española reserva de forma expresa al Estado, a través de ley orgánica o de la normativa básica correspondiente, el derecho a regular derechos, como tiene dicho el propio Tribunal Constitucional, que existan supuestos de colaboración interadministrativa entre el Estado y las comunidades autónomas. Eso es así porque está en función de las competencias autonómicas; por tanto, las competencias asumidas por las comunidades autónomas. Tomando como ejemplo algunas de las materias que cita esta misma proposición no de ley -lengua, función pública o educación- no creo que nadie vaya a discutir en esta Cámara que son materias donde concurren tanto el Estado como las comunidades autónomas, y es por eso precisamente por lo que los derechos y deberes no pueden ser en ningún caso homogéneos. Lo que sucede es que hay quien todavía hoy, treinta años más tarde de la autonomía política, tiene que interiorizar, aunque cueste, que el Estado español es un Estado compuesto o como mínimo complejo -ese es el problema- y que, por tanto, la igualdad no es equivalente a la uniformidad. Eso en ningún caso lo dice la Constitución, no sé si lo dice algún código de justicia militar, pero ni tan siquiera la Constitución española lo dice. Precisamente, el sacrosanto principio de igualdad territorial que invoca esta proposición no de ley del artículo 139.1 de la Constitución de una forma un tanto torticera, como tiene dicho el propio Tribunal Constitucional, entre otras sentencias, en la de 3 de marzo de 1987 o en la 173/1998, no constituye en ningún caso ni una limitación absoluta para las comunidades autónomas a la hora de regular derechos ni constituye, como tiene dicho el tribunal, un mandato de uniformidad, puesto que existen distintas posiciones jurídicas derivadas de los distintos ordenamientos jurídicos, tanto del Estado como de las comunidades autónomas.


Desde un punto de vista estrictamente político, ético, como decía antes, señorías, en política casi todo es admisible menos el engaño, menos la mentira, menos la manipulación. Y esta proposición no de ley es una iniciativa política tramposa, para empezar, porque parte de un axioma falso, que viene a decir que hay comunidades autónomas que discriminan por razón de lengua, que existen en algunas partes problemas lingüísticos en el sistema educativo o en el acceso a la función pública. Hay que tener valor para venir hoy aquí a plantear esta cuestión, porque, por ejemplo, en Cataluña el modelo lingüístico es un modelo de éxito desde hace más de treinta años, un modelo, por cierto, aplaudido por la propia Unión Europea hace muy pocos meses y un sistema que además asegura la doble competencia lingüística de cualquier niño o niña en Cataluña después de la etapa educativa obligatoria, tanto a nivel oral como a nivel escrito. O incluso nos viene a plantear esta proposición no de ley que hay privilegios, que hay diferencias con relación a algunas competencias que ni tan siquiera son de las comunidades autónomas. Es decir, el Partido Popular, llevado de ese paroxismo centralista, nos plantea la igualdad en pensiones, en las prestaciones de desempleo, en cuestiones que, como es sabido, no son ni tan siquiera competencia autonómica.


Estamos, por tanto, ante una proposición no de ley que nos acerca al Partido Popular más intransigente, más negador del diálogo, más manipulador de los últimos años, un Partido Popular que ha utilizado de forma recurrente el debate de la lengua como combustible electoral cuando cuestiona la inmersión lingüística o cuando recientemente ha hablado de una auténtica euskaldunización del sistema vasco de salud. Creo sinceramente, presidente, señorías, que este nuevo Partido Popular, que, al decir de algunos medios de comunicación, se afirma o se dice reformista, liberal y centrista ya en sus nuevos papeles congresuales, tiene derecho a cometer errores nuevos, pero no errores antiguos, que le acercan a ese Partido Popular autoritario, profundamente centralista y antisocial que les ha llevado cuatro años más a la oposición. Por ello me atrevo a sugerir modestamente, y particularmente al Grupo Popular, que retire esta proposición

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no de ley. En caso contrario, obviamente, nuestro grupo va a votar en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Alonso, esta es su primera legislatura, para mí es la segunda. (El señor Alonso Aranegui pronuncia palabras que no se perciben.) ¿La segunda? ¿Estuvo aquí en la Cámara? Pues bastantes ausencias, porque este tema se debatió una, mil y cincuenta mil veces y yo creo que quedó suficientemente explicitado, y sinceramente me sorprende que de nuevo vengan a esta Cámara -éste sí- con un discurso de construcción nacional, usted que hablaba de la construcción nacional, pero con un discurso de construcción nacional de la nación española excluyente. Esto de la igualdad como término está muy bien y absolutamente todos estamos de acuerdo en que todos los seres humanos son iguales y tienen los mismos derechos, pero si uno examina con atención el contenido de la propuesta, verá que lo que se busca en realidad es la desigualdad. El artículo 1.1 de la Constitución, que es el que mencionan ustedes, habla de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integre sea real y efectiva, debiendo remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Efectivamente, igualdad sí, igualdad en el uso de un idioma, en el trato de ese idioma, en el trato de esos colectivos que quieren utilizar cualquier idioma -idiomas, recuerdo, que son oficiales-, en el prestigio social de esa lengua. Y eso significa que necesariamente el Estado y la Administración, las administraciones en general, deben promover un ejercicio de discriminación positiva para que esa igualdad sea efectiva para todos los colectivos, que pueden optar por una u otra lengua, pero que deben optar en condiciones de igualdad a la hora del uso efectivo de esa lengua.


En fin, lo del arrinconamiento del castellano la verdad es que suena a broma cuando la mayoría de los estímulos que se reciben en el entorno de los ciudadanos y de los niños son en castellano: en los medios de comunicación, en el idioma que se maneja en la calle, en el comercio, etcétera. Dicho eso, la verdad es que no creo que ni el señor Alonso ni la señora Díez hayan tenido muchos problemas en Vitoria o en Sodupe para manejarse en castellano. No creo que su médico de familia no les haya atendido en castellano o que sus hijos sean monolingües en euskera a pesar de su voluntad claramente declarada de que sea en castellano.


Yo no voy a hablarle de derechos de las lenguas, sino de derechos de las personas. El derecho de una persona -yo, por ejemplo- a poder usar euskera en la Administración en todas sus instancias; en el médico; en los comercios, porque usted conoce perfectamente -porque es vasco como yo- el caso de Euskadi, donde el 70 por ciento de los comercios manifiestan en la última encuesta que solo utilizan el castellano; en el polideportivo; en los transportes públicos, etcétera. Y no diga que el decreto del Gobierno vasco obliga a que la única lengua vehicular en el ámbito de la educación sea el euskera; no. Lo que dice el decreto es que el fin del sistema educativo debe ser que los escolares, al finalizar el periodo educativo, deben conocer y dominar ambas lenguas con igualdad. Y en esto hay libertad en los colegios para elegir el sistema que quieran, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo es que las personas acaben conociendo ambos idiomas. Le voy a decir más, el 95 por ciento de la comunidad educativa está de acuerdo, incluso por encima de ideologías.
No solo es en el ámbito de las ikastolas -por decirlo de alguna manera-, sino que la escuela cristiana, que forma parte de la FERE, está de acuerdo y la escuela pública también. Parece que algunos lo que quieren no es que sus hijos se escolaricen en castellano, sino que no tengan relación con el euskera y no aprendan euskera. Y eso, en un país que tiene dos lenguas cooficiales no tiene sentido. Insisto, en la última elección que ha habido para idioma vehicular en clase en Euskadi solo el 5 por ciento de los padres ha elegido el castellano, solo el 5 por ciento y, desde luego, hay libertad para elegir un idioma u otro. Ustedes insisten mucho con el inglés, el inglés está cada vez más introducido en el sistema educativo en todos los niveles, pero parece que este grado de superioridad que le dan al inglés lo aplican en sentido negativo con otras lenguas. Y los alumnos en Euskadi, en Cataluña y en Galicia tienen una formación más que suficiente en castellano; no en un castellano vulgar que han aprendido en el entorno, sino un castellano rico en términos y en estructuras. Los libros de lengua castellana que se utilizan son los mismos en Palencia que en Vizcaya. Le voy a decir más.
En las últimas pruebas PISA que se hicieron en castellano a escolares vascos, su comprensión lectora superó con creces la media española, con mucha diferencia. También el índice de comprensión lectora en Euskadi fue más alto que el de la media de la OCDE. Ustedes dicen en la propuesta que se asegure el castellano en todas las etapas del sistema educativo, garantizando un bilingüismo equilibrado e integrador. No solo del castellano, deberían decir también del euskera porque en algunos ámbitos tampoco está garantizado, por ejemplo, en todo el sistema universitario.
Si tan igualitarios son, por qué no pedir esto también para otras lenguas, porque si no, no se garantiza el uso correcto del artículo 1.1 de la Constitución.


En otro de los puntos hablan de provisión de puestos de trabajo en condiciones de igualdad. Yo creo que estamos de acuerdo en que una persona que no ha hecho la carrera de Derecho no puede aspirar a ser abogada del Estado, evidentemente.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando.


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El señor ESTEBAN BRAVO: Dos minutos, señor presidente.


La función pública debe defender una igualdad de los ciudadanos, ese tiene que ser el objetivo. Y el que quien ocupe un puesto conozca un idioma va a facilitar, efectivamente, que esa igualdad entre los ciudadanos y entre las lenguas sea plena.


Luego hablan de otras prestaciones sociales y aquí llegan ya al extremo, asistencia sanitaria, etcétera. ¿Pero no hay diferencia hoy en día dentro de una comunidad autónoma -pongamos Castilla y León- entre el habitante de Serón de Nágima, provincia de Soria, y el ciudadano de Valladolid o de Madrid? ¿Tienen las mismas oportunidades de acceso a estudios, a trabajo, a asistencia sanitaria, las mismas prestaciones sociales? No, realmente no. Hablan también de la igualdad en el tema de pensiones. ¿Es igual el coste de la vida en unas comunidades autónomas que en otras? Si la pensión es exactamente igual y no se puede complementar, ¿va a producirse con esa misma cantidad la igualdad de los ciudadanos? Pues, evidentemente, no. ¡Claro que no! ¡Claro que no!

Y lo que ya me ha llegado al alma ha sido su máxima de que parecía que es algo imprescindible el mantenimiento de los cuerpos superiores de funcionarios del Estado que los nacionalistas aparentemente queremos romper. Si en el mantenimiento de los cuerpos superiores de funcionarios del Estado está la garantía de la igualdad, apaga y vámonos. En definitiva, señor presidente -acabo-, ustedes no están buscando la igualdad. Ustedes están buscando la desigualdad y la discriminación de aquellos ciudadanos del Estado español que quieren vivir y utilizar una lengua distinta al castellano.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante esta primera iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en la nueva legislatura. De hecho, terminaron la anterior legislatura con este tema y empiezan la nueva con una de sus especialidades, la propuesta de unas fórmulas de nacionalismo español, de nacionalismo de Estado, que desfiguran la propia realidad de los textos constitucionales, con algunos matices. En la anterior legislatura hablaban de discriminación y en esta lo hacen de igualdad y, una vez más, desde esta tribuna el Grupo Parlamentario Catalán les tiene que recordar que no hay nada más injusto que tratar de forma igual realidades distintas. España es un Estado plurinacional, y se tiene que reconocer sin ningún tipo de complejo su carácter plurinacional; a ninguna persona y a ningún grupo le debería molestar que millones de personas de este Estado tengamos como lengua materna una distinta al castellano. Presentando esta iniciativa, el Grupo Popular ha querido volver a uno de sus clásicos, que la realidad no nos estropee un buen relato o un buen titular, aunque esta realidad esté basada en la falsedad, aunque se falte a la verdad con este titular. Y si me permite una pequeña incursión en las reflexiones después de las elecciones, no sé si es un buen relato y no sé si es un relato que da buenos resultados. El señor Alonso nos decía: Hemos de abrir un tiempo nuevo. Pues no sé cuál de las dos almas del Partido Popular ha redactado esta propuesta, pero, para empezar la legislatura no es una buena forma de hacer amigos.


Creo que no es casual que el Grupo Popular plantee esta iniciativa. Es una iniciativa coherente con lo que el lingüista Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid, en su libro El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva define perfectamente como una de las características del Partido Popular, la práctica de un nacionalismo lingüístico de Estado que pretende que haya una lengua dominante por encima de otras lenguas en un Estado como el nuestro, que es un Estado plurinacional. Dice el profesor Moreno Cabrera: España no es capaz de asumir la variedad de lenguas que tiene. En la ideología nacionalista española solo existe la lengua española, lo que provoca que el resto de lenguas se consideren lenguas de segunda, a pesar del reconocimiento en los estatutos de la existencia de lenguas propias en las comunidades autónomas distintas del castellano, lenguas cooficiales y con un mandato, el de lenguas propias, que, evidentemente, alguna sustancia y alguna consecuencia debe tener en el día a día de nuestra convivencia pacífica. Es más, si alguna lengua en estos momentos está en proceso de minorización en Cataluña, señor Alonso, señoras y señores diputados del Partido Popular, es el catalán y no el castellano.
Seguramente esto que yo afirmo queda muy lejos del relato sobre el cual ustedes construyen su proposición no de ley bastante alejada de la realidad. Pero es una proposición no de ley, como les decía, que es estricta y fiel continuadora de los planteamientos en materia lingüística de la anterior legislatura.


Permítanme que termine leyendo una muy breve parte de una crónica del día de hoy en el periódico La Vanguardia, un análisis del periodista Enric Juliana que habla sobre el debate del PP y la orientación del PP. Escribe Juliana: La apuesta del Partido Popular es el desarrollo ideológico de una visión agónica y sufriente de España, capaz de generar una sólida mayoría social bajo la bandera del antinacionalismo; el viejo choque del carnero. Pues bien, cada uno es libre de escoger el camino que quiera.
España no se rompe, España no tiene una visión agónica y sufriente.
España, afortunadamente, es capaz de vivir en concordia con su profunda realidad de país pluricultural, plurilingüístico y plurinacional. Si quieren practicar el choque del carnero no lo podrán practicar con los nacionalistas, que no les seguiremos el

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juego, y no lo podrán practicar con todas aquellas personas que de forma absolutamente pacífica -hablen catalán, hablen castellano- asumen perfectamente que este es un Estado plurilingüístico en el cual cada una de sus lenguas merece el mismo respeto.


Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene ahora la palabra la señora Batet.


La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero decir que me gustaría que recordáramos todos sobre qué tema presentó el principal partido de la oposición su primera proposición no de ley en esta nueva legislatura.


Quiero hablar, como siempre he hecho, desde la sinceridad y desde la honestidad política e intelectual y, por eso, pido ser escuchada desde la misma posición. Todas las comunidades autónomas con lengua propia tienen una regulación de las mismas, y así lo establece el artículo 3.2 de la Constitución. La sentencia del Tribunal Constitucional 82/86 es diáfana en su redacción cuando en el fundamento jurídico quinto dice: "La instauración por el artículo 3.2 de la Constitución de la cooficialidad de las respectivas lenguas españolas en determinadas comunidades autónomas tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas comunidades y, en primer término, el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administración en la comunidad respectiva con plena eficacia jurídica. Puede esta, pues, enunciar este derecho y junto a él el consiguiente deber de todos los poderes públicos -estatales, autonómicos y locales- radicados en la comunidad de adaptarse a la situación de bilingüismo constitucionalmente prevista y estatutariamente establecida." De lo que estamos hablando es de la igualdad de los ciudadanos y de la libertad que estos tienen de dirigirse a sus administraciones en cualquiera de las lenguas oficiales, no de los funcionarios que son, al fin y al cabo, servidores públicos.


Por referirme al caso que ha suscitado mayor controversia, también quiero hacer referencia al sistema educativo de Cataluña. El marco legislativo de la política lingüística que nace en Cataluña con la Ley 7/83 contempla el catalán como la lengua vehicular en el sistema educativo, al mismo tiempo que se garantiza que todos los niños y niñas de Cataluña puedan utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano al final de sus estudios obligatorios. Esta ley fue aprobada por unanimidad cuando el consenso sobre el sistema autonómico existía. Los socialistas defendimos este modelo, que finalmente votamos todos, por ser un modelo de cohesión social y no de segregación, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, elimina los ciudadanos de primera y de segunda y hace, por tanto, más libres a las personas que viven en Cataluña. Llevamos veinticinco años con este modelo y es un ejemplo admirado por el bilingüismo real que ha conseguido. ¿Qué bilingüismo equilibrado e integrador defienden ustedes? ¿El que se da en Euskadi, por ejemplo? Lean, en este sentido, el programa del PSE para las próximas elecciones.
Eso es bilingüismo integrador. (Aplausos.) Conocer dos lenguas oficiales hace que seamos más libres, porque nuestro futuro laboral, las relaciones interpersonales, el nivel de formación y capacitación al que habremos llegado serán mejores. Este modelo permite tener una mayor integración y una mayor garantía de igualdad de oportunidades.


En realidad, esta proposición no de ley es un cuestionamiento del sistema autonómico, es un cuestionamiento del principio de autonomía de las comunidades autónomas otorgado por la Constitución española. Para hacer este cuestionamiento, además, mezclan un concepto de igualdad mal entendido, un concepto de igualdad que se debe aplicar a las personas, no a las comunidades autónomas. Se lo dice muy bien dicho la sentencia del Constitucional 37/87 en su fundamento jurídico décimo, que aquí reproduzco: El principio constitucional de igualdad no impone que todas las comunidades autónomas ostenten las mismas competencias, ni menos aún que tengan que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y del Estatuto. Así, el principio de igualdad incide en el despliegue del principio de autonomía, pero no puede desvirtuarlo, no puede confundirse, por tanto, con un principio de uniformidad.


El principio de igualdad que ustedes defienden con esta iniciativa va simple y llanamente contra la Constitución, contra el sistema autonómico y contra la jurisprudencia constitucional. Es un principio homogeneizador e igualitarista. Vaya, que parece que acaban de descubrir el principio de igualdad y toman el concepto del marxismo leninismo. Les falta una cierta evolución, como hemos hecho los partidos socialdemócratas europeos, para llegar a un concepto moderno de igualdad. (Aplausos.) Ojalá destinaran al menos la mitad de estas energías para garantizar la igualdad de verdad de las personas cuando y donde gobiernan.


El sistema autonómico implica diversidad, diferencias por elementos objetivos, como es el hecho de que exista una lengua cooficial o por el hecho de ejercer la autonomía por los distintos gobiernos, decidiendo invertir más dinero en un ámbito o en otro. Señorías, el Estado autonómico no genera desigualdad per se; permite la diferencia porque la diversidad es implícita a la autonomía y de las potenciales desigualdades que un gobierno autonómico pueda crear se ocupa este Gobierno, el Gobierno Socialista. En España hay un suelo común de prestaciones que vela por la igualdad. El Partido Socialista ha sido quien se ha ocupado de ello, ha potenciado desde todos sus gobiernos políticas vertebradoras de la

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igualdad de los ciudadanos: universalización de la educación y la sanidad pública, y muy especialmente durante la última legislatura en dependencia, emergencias, vivienda, subida de pensiones, del salario mínimo interprofesional, ampliación de becas y protección, en definitiva, de los más necesitados. Esas son políticas de igualdad y de ellas nos hemos ocupado los socialistas.


¿De qué igualdad nos están hablando, de la que practican algunas comunidades autónomas gobernadas por ustedes no aplicando la Ley de la Dependencia, privatizando los servicios públicos, por ejemplo, en Madrid con la asistencia sanitaria (Aplausos.), la privatización de la educación o la regulación sui géneris de las guarderías? ¿Esta es la igualdad que ustedes defienden? Esto sí que es desigualdad y no la adquisición de conocimiento de otra lengua. ¿O es que las lenguas de España van a ser las únicas que teniendo la oportunidad de aprenderlas decidimos no hacerlo?

El señor PRESIDENTE: Señora Batet, tiene que ir acabando.


La señora BATET LAMAÑA: Señor presidente, estoy terminando.


¿Saben lo que es igualdad? Igualdad es vertebración social, es disminución de las diferencias entre los ciudadanos, es que ofrezcamos a nuestros hijos un futuro en igualdad de condiciones, es que el conocimiento de las lenguas de la sociedad donde vamos a vivir nos permita acceder a los mismos puestos de trabajo a todos y tener así las mismas oportunidades de futuro. No se preocupen, la igualdad social, la igualdad de oportunidades, la protección de los desfavorecidos la garantizamos, y lo seguiremos haciendo nosotros, porque ese sí que es un principio de nuestra justificación política. ¿Saben lo que pienso? Que hace mucho abandonaron el concepto de libertad y nunca han entendido lo que es la defensa de la igualdad. No teman, los dos valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico estarán garantizados por este Gobierno y por este grupo parlamentario.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.


Señor Alonso, a los efectos de ordenar las votaciones, le pregunto si acepta alguna de las cuatro enmiendas que han sido presentadas a su proposición no de ley.


El señor ALONSO ARANEGUI: Lamento no poder aceptarlas porque van en contra de lo que nosotros pedimos. Pero quisiera hacerle una petición, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Dígame.


El señor ALONSO ARANEGUI: Me gustaría que la proposición no de ley se pudiera votar separadamente por puntos: primero el punto a) y luego el punto b).


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Así lo haremos. (Pausa.)

Señorías, vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la facilitación del voto en la elección del Senado. La proposición se vota en sus propios términos, de acuerdo con el debate que se ha producido.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 179; en contra, uno; abstenciones, 147.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sometemos ahora a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para garantizar el principio de igualdad, y lo hacemos como lo ha solicitado el propio grupo. En primer lugar, se vota el apartado a) de esta proposición no de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 148; en contra, 177; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Sometemos a votación el apartado b) de la citada proposición no de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 149; en contra, 177; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Se suspende la sesión hasta mañana a las dieciséis horas.


Eran las cinco y cuarenta minutos de la tarde

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