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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 23, de 20/08/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2008 IX Legislatura Núm. 23
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión de la Diputación Permanente núm. 3 celebrada el miércoles 20 de agosto de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional (número de expediente 062/000006), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, para que explique los contactos llevados a cabo por la Oficina Económica del Presidente del Gobierno a favor de determinadas empresas españolas. (Número de expediente 213/000143.)... (Página 8)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Administraciones Públicas (número de expediente 062/000010), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la Ministra de Administraciones Públicas para que informe sobre las medidas proyectadas por el Gobierno ante las nuevas informaciones aparecidas sobre la actuación del señor David Taguas, ex responsable de la Oficina Económica del Presidente... (Página 8)

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Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa (número de expediente 062/000007), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la Ministra de Defensa para explicar las medidas que va a adoptar para garantizar la seguridad de la flota pesquera del pabellón español que faena en el Índico frente a la amenaza de los piratas somalíes... (Página 12)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento (número de expediente 062/000008), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la Ministra de Fomento con el objeto de informar sobre las actuaciones del Gobierno para la reforma del modelo aeroportuario y sobre la posibilidad de privatización parcial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), con las repercusiones que ello tendría para el traspaso de la gestión de los aeropuertos catalanes a un consorcio con participación mayoritaria de instituciones públicas y privadas catalanas... (Página 16)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento (número de expediente 062/000012), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la Ministra de Fomento para que explique el proceso de privatización de AENA y la ausencia de las Comunidades Autónomas en la nueva forma de gestión aeroportuaria de los principales aeropuertos españoles. (Número de expediente 213/000147.)... (Página 16)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento (número de expediente 062/000013), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la Ministra de Fomento para que explique el nuevo modelo aeroportuario aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes 1 de agosto, y su incidencia territorial. (Número de expediente 213/000148.)... (Página 16)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte (número de expediente 062/000009), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la Ministra de Educación, Política Social y Deporte para explicar la reducción de los fondos destinados a la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el año 2008, así como las previsiones presupuestarias para el año 2009. (Número de expediente 213/000140.)...
(Página 23)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional (número de expediente 062/000009), con el siguiente orden del día:

- Debate de la propuesta de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de creación, en el seno de la Comisión Constitucional, de una Subcomisión sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general. (Número de expediente 158/000007.)... (Página 27)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional (número de expediente 062/000011), con el siguiente orden del día:

- Para que se constituya la Subcomisión, solicitada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general. (Número de expediente 158/000007.)... (Página 28)

Página 3


Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo e Inmigración (número de expediente 062/000014), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Ministro de Trabajo e Inmigración para que presente las medidas que va a tomar el Gobierno ante la preocupante situación del mercado de trabajo que reflejan los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, así como la Encuesta de Población Activa. (Número de expediente 213/000149.)... (Página 32)

Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000015), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Presidente del Gobierno, para que informe de la reforma del modelo de financiación autonómica tras el debate suscitado.
(Número de expediente 210/000008.)... (Página 36)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000016), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del Presidente del Gobierno para que informe en el Pleno sobre el incumplimiento de los acuerdos de financiación previstos en la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña... (Página 36)

Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Administraciones Públicas (número de expediente 062/000017), con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la Ministra de Administraciones Públicas, para informar sobre el incumplimiento del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por el Parlamento español mediante la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. (Número de expediente 213/000153.)... (Página 36)

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S U M A R I O

Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, para que explique los contactos llevados a cabo por la Oficina Económica del presidente del Gobierno a favor de determinadas empresas españolas... (Página 8)

Petición, formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Administraciones Públicas, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la ministra de Administraciones Públicas para que informe sobre las medidas proyectadas por el Gobierno ante las nuevas informaciones aparecidas sobre la actuación del señor David Taguas, ex responsable de la Oficina Económica del presidente... (Página 8)

Defiende la primera petición de comparecencia el señor Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Defienden la segunda petición de comparecencia el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y el señor Jorquera Caselas, del Grupo Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la ministra de Defensa para explicar las medidas que va a adoptar para garantizar la seguridad de la flota pesquera del pabellón español que faena en el Índico frente a la amenaza de los piratas somalíes... (Página 12)

Defiende la petición de comparecencia el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y se adhiere a sus palabras el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), también proponente de la petición.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Ridao Martín, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.


Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la ministra de Fomento con el objeto de informar sobre las actuaciones del Gobierno para la reforma del modelo aeroportuario y sobre la posibilidad de privatización parcial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), con las repercusiones que ello tendría para el traspaso de la gestión de los aeropuertos catalanes a un consorcio con participación mayoritaria de instituciones públicas y privadas catalanas... (Página 16)

Petición, formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración

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de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la ministra de Fomento para que explique el proceso de privatización de AENA y la ausencia de las comunidades autónomas en la nueva forma de gestión aeroportuaria de los principales aeropuertos españoles... (Página 16)

Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la ministra de Fomento para que explique el nuevo modelo aeroportuario aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes 1 de agosto, y su incidencia territorial... (Página 16)

Defienden las peticiones de comparecencia, por orden de presentación, los señores Maciá i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Herrera Torres y Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la ministra de Educación, Política Social y Deporte para explicar la reducción de los fondos destinados a la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el año 2008, así como las previsiones presupuestarias para el año 2009... (Página 23)

Defiende la petición de comparecencia el señor Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto; Ridao i Martín del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, con el siguiente orden del día:

- Debate de la propuesta de los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de creación en el seno de la Comisión Constitucional de una subcomisión sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general... (Página 27)

Petición, formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, con el siguiente orden del día:

- Para que se constituya la subcomisión, solicitada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general... (Página 28)

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Defiende en primer lugar la petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Delgado Arce.


En defensa de la segunda petición, de similar contenido, intervienen los señores Jorquera Caselas, del Grupo Parlamentario Mixto, y Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Quijano González, del Grupo Parlamentario Socialista.


Según los términos en los que se ha producido el debate, los señores proponentes de las dos peticiones de creación de la subcomisión sobre posibles modificaciones del régimen electoral general en la Comisión Constitucional, retiran sus iniciativas, puntos 5 y 7 del orden del día.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo e Inmigración, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración para que presente las medidas que va a tomar el Gobierno ante la preocupante situación del mercado de trabajo que reflejan los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, así como la encuesta de población activa...
(Página 32)

Defiende la petición de comparecencia el señor Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del presidente del Gobierno para que informe de la reforma del modelo de financiación autonómica tras el debate suscitado... (Página 36)

Petición, formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unidad-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia del presidente del Gobierno para que informe en el Pleno sobre el incumplimiento de los acuerdos de financiación previstos en la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña... (Página 36)

Petición, formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Administraciones Públicas, con el siguiente orden del día:

- Comparecencia de la ministra de Administraciones Públicas para informar sobre el incumplimiento del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por el Parlamento español mediante la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña... (Página 36)

Defiende la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la señora Sáenz de Santamaría Antón.


En defensa de las dos peticiones de comparecencia siguientes intervienen los señores Herrera Torres y

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Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y el señor Jorquera Caselas y la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Rodríguez-Piñero Fernández y el señor Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista.


Examinados todos los puntos del orden del día y habiéndose retirado los puntos 5, 7 y 12, se procede a la votación de los restantes.


Sometida a votación la petición número 1, formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia para que explique los contactos llevados a cabo por la Oficina Económica del presidente del Gobierno a favor de determinadas empresas españolas, se rechaza por 21 votos a favor y 31 en contra.


Sometida a votación la petición número 2, de los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), para que se reúna la Comisión de Defensa y comparezca la señora ministra de Defensa para explicar las medidas que va a adoptar para garantizar la seguridad de la flota pesquera del pabellón español en el Índico, se rechaza por 25 votos a favor y 27 en contra.


Sometida a votación la petición número 3, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) para celebrar sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento y que comparezca la señora ministra de Fomento para explicar la reforma del modelo aeroportuario y la posibilidad de privatizar parcialmente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), queda aprobada por unanimidad.


Sometida a votación la petición número 4, formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Popular pidiendo la reunión de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, a fin de que comparezca la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte y explique la reducción de los fondos destinados a la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el año 2008, así como las previsiones presupuestarias para 2009, se rechaza por 22 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.


Sometida a votación la petición número 6, formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto para que se convoque reunión de la Comisión de Administraciones Públicas y comparezca la señora ministra e informe sobre la actuación del señor Taguas, se rechaza por 21 votos a favor, 30 en contra y una abstención.


Sometida a votación la petición número 8, formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto para que comparezca la señora ministra de Fomento e informe sobre el proceso de privatización de AENA y la ausencia de las comunidades autónomas en la nueva forma de gestión aeroportuaria, se aprueba por unanimidad.


Sometida a votación la petición número 9, formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que se convoque la Comisión de Fomento y comparezca la señora ministra y explique el nuevo modelo aeroportuario aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto y su incidencia territorial, se aprueba por unanimidad.


Sometida a votación la petición número 10, formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a fin de que se celebre sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo e Inmigración y comparezca el señor ministro de Trabajo e Inmigración y presente las medidas que van a tomar el Gobierno ante la preocupante situación del mercado de trabajo que reflejan los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, así como la encuesta de población activa, se rechaza por 23 votos a favor, 28 en contra y una abstención.


Sometida a votación la petición número 11, formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, solicitando que se celebre una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara para que comparezca el señor presidente del Gobierno para informar sobre la reforma del modelo de financiación autonómica tras el debate suscitado, se rechaza por 20 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones.


Sometida a votación la petición número 13, formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Administraciones Públicas para informar sobre el incumplimiento del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por el Parlamento español mediante Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del

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Estatuto de Cataluña, se produce un empate con 25 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones.


Se repite la votación dos veces más, según el artículo 88 del Reglamento, y habiéndose producido la votación en los mismos términos, la Presidencia declara rechazada la petición.


Antes de levantar la sesión el señor presidente anuncia que la Comisión de Economía se reunirá el 28 de agosto a las 18 horas y la Comisión Constitucional el día 5 de septiembre a las 12 horas, quedando pendiente de convocatoria la Comisión de Fomento.


Se levanta la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.


PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL (número de expediente 062/000006), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DE LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, PARA QUE EXPLIQUE LOS CONTACTOS LLEVADOS A CABO POR LA OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A FAVOR DE DETERMINADAS EMPRESAS ESPAÑOLAS. (Número de expediente 213/000143.)

PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (número de expediente 062/000010), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA QUE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS PROYECTADAS POR EL GOBIERNO ANTE LAS NUEVAS INFORMACIONES APARECIDAS SOBRE LA ACTUACIÓN DEL SEÑOR DAVID TAGUAS, EX RESPONSABLE DE LA OFICINA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la Diputación Permanente.


Los puntos del orden del día son los que SS.SS. conocen y la Presidencia ha procedido a la agrupación de algunos de ellos que también les ha sido comunicada a todos los grupos sin que ninguno haya manifestado objeción a la agrupación realizada. Antes de iniciar la sesión, ¿algún miembro de la Diputación Permanente desea objetar la agrupación que se ha efectuado? (Pausa.)

En esos términos vamos a examinar, en primer lugar, los puntos primero y sexto del orden del día. Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional en la que comparezca la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia y explique los contactos llevados a cabo por la Oficina Económica del presidente del Gobierno a favor de determinadas empresas españolas.
Igualmente, la petición, formulada por los grupos parlamentarios Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de que se acuerde la celebración extraordinaria de la Comisión de Administraciones Públicas con el orden del día de comparecer la ministra de Administraciones Públicas para que informe sobre las medidas proyectadas por el Gobierno ante las nuevas informaciones aparecidas sobre la actuación del señor David Taguas, ex responsable de la Oficina Económica del presidente. Estos dos asuntos se examinarán de manera conjunta y por el orden de presentación; para la defensa de la petición que he dado cuenta en primer lugar tiene la palabra don Andrés Ayala por tiempo de siete minutos.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días en este mes de agosto a todos los diputados de la Diputación Permanente.


Señor presidente, si la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia declaró el 28 de julio que estaba convencida de que la Oficina Económica de Moncloa hizo su trabajo con escrupuloso respeto a la legalidad y a la ética, entendemos que el Grupo Parlamentario Socialista no tendrá ninguna dificultad o inconveniente en apoyar la petición de que este miembro del Gobierno comparezca en la Comisión Constitucional y también, por el punto acumulado, que la ministra de Administraciones Públicas comparezca en la Comisión correspondiente. Si eso fuera así nos quedaríamos todos mucho más tranquilos, pero sospecho que no parece tan sencillo. Si ya fue preocupante la actuación del señor Sebastián al frente de la oficina, que ha sido premiado, por cierto, con un ministerio a pesar de su magnífica actuación como candidato a la alcaldía de Madrid, la actuación de sus sucesores parece algo más sórdida.


Señores diputados, como le gusta decir al presidente de esta Cámara y cuya cita me agrada hacer, ante hechos

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no valen razones. Está acreditado que el que luego fuera director de la Oficina Económica de Moncloa hasta el mes de abril de 2008 propició la entrada de ENEL en Endesa tras su reunión en Italia con Fulvio Conti, administrador delegado y director general de ENEL, y tras el fracaso de la operación del señor Sebastián con Caixa y Gas Natural. Señores diputados, también está acreditado, ante hechos no valen razones, que el señor Taguas intervino en la salida de una empresa española del capital de la constructora francesa Eifagge e imaginamos que no sería por iniciativa propia, alguien mandaría y autorizaría al señor Taguas a esa negociación internacional tras una situación en la que incluso ya habían intervenido los tribunales franceses y fueron soslayados después de que Taguas negociara con François Pérol, secretario general adjunto de la Presidencia francesa, una vía de escape del capital de Eiffage. Está acreditado, ante hechos no valen razones, que el señor Taguas intervino en los problemas de Unión Fenosa con algún país hispanoamericano. Está acreditado, ante hechos no valen razones, que el señor Taguas intervino en la obtención de avales ICO a conocidas constructoras españolas.


Toda esta actividad, evidentemente aséptica y escrupulosa, no impidió su fichaje por Seopan y que fuera informado favorablemente por la Oficina de Conflictos de Intereses después de que por parte del director general del gabinete de Presidencia del Gobierno y del secretario de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos se emitieran sendos informes sobre la actividad del hasta entonces presidente de la oficina. Y ahora, conocemos de muy buena fuente que la Oficina Económica del Gobierno en los últimos meses de 2007 urdió una estrategia encaminada a evitar escándalos financieros y el conocimiento de situaciones de insolvencia en el sector de la construcción cuya publicidad sería inoportuna antes de las elecciones y propició que el Gobierno pudiera seguir engañando y manteniendo que no había crisis, que no pasaba nada. Entre las actuaciones y estrategias planteadas, el que fuera su presidente en la propia Moncloa garantizó a don Fernando Martín, presidente de Martinsa-Fadesa, ayudas públicas tras las elecciones si mantenía soterrada la delicadísima situación de su empresa, más que comprometida por la gestión y la crisis. Cambiado el rango de la oficina, sustituido el señor Taguas, no sabemos bien por qué ni por influencia de quién y si su fichaje por Seopan fue un ascenso, un descenso, una salida airosa, colocar un control en las empresas o simplemente un pago de los servicios prestados o que pudiera poner en práctica en otro lugar y en otra institución sus métodos de trabajo, como digo, cambiado el rango de la oficina y sustituido el señor Taguas, algunas de esas promesas y expectativas quedaron en agua de borrajas y, por ejemplo, la empresa Martinsa ha tenido que presentar expediente concursal, creando una situación laboral, financiera, de inseguridad crediticia y de inseguridad de compradores y proveedores de magnitudes gravísimas, cuyas consecuencias no son todavía mensurables. Eso sí, todo esto hay que agradecérselo a un gobierno al que le interesa más mantener el poder que el bienestar de los ciudadanos. Todo esto ha sido ocultado y no sabemos qué otras promesas o actuaciones se han cumplido o no. Lo evidente, por mucho que se quiera esforzar la vicepresidenta, es que la actuación de la oficina económica no es escrupulosa con la legalidad y con la ética. Se sabe que la oficina se ha dedicado a intermediar con los bancos para ayudar a empresas, entre ellas Martinsa, y que ha actuado para ocultar la situación real de algunas empresas y hacer promesas de futuro para después de las elecciones. Tanto si se actuó de una manera, de otra o de las dos, es más que evidente que se hizo con desviación de las finalidades del organismo público que es la oficina y que esa actuación debe ser revisada por el Congreso. Tal y como vemos que se actuaba en la oficina económica, su paso por ella no es garantía de solvencia, sino de experiencias difícilmente confesables en maniobras aún más dudosas y desde luego nada edificantes y no contrastables en un Estado de derecho y, por lo que vemos, el Gobierno no solo protege estas prácticas, sino que las potencia y las premia. El nombramiento del señor Taguas al frente de Seopan fue duramente criticado por mi grupo y por otros y el Gobierno, poco menos que sin mover un músculo, se atrincheró en las formalidades para dar una apariencia de normalidad. Nada más lejos de la realidad. El Gobierno ha hecho todo lo posible para que los ciudadanos no conozcan los entresijos de este nombramiento y de su plácet por el presidente del Gobierno. Ha evitado contestar a las peticiones de información, escudándose en la Ley de Protección de Datos. ¡Menudo sarcasmo! A pesar de lo que dijo la ministra de Administraciones Públicas, ha pospuesto para septiembre y octubre la remisión de la documentación solicitada por mi compañero, el señor Merino, todo ello esperando a que pasara la tormenta y escampara. Pues bien, lejos de escampar y de que la tormenta Taguas pasara, llega la tormenta Taguas 2 y probablemente vendrán más.
Por eso, la revisión de la actuación de la oficina económica es incuestionable y la revisión del expediente...


El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, le ruego que termine de manera rápida, porque todos los grupos han pedido a la Presidencia que sea especialmente estricta. Ha sido S.S. el primero en hablar y por eso le hago la advertencia, por ser el primero. Le ruego que en segundos acabe.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Acabo inmediatamente.


Estaba señalando, señor presidente, que escudarse en formalismos sobre actuaciones concretas es una excusa inaceptable. Está claro que hablar de sociedades o empresas, como hace la Ley de Asociaciones en su interpretación teleológica, necesariamente tiene que influir en revisar la intervención del señor Taguas al frente de Seopan y al frente de la oficina económica.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.


También como proponente, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


El pasado mes de mayo nuestro grupo parlamentario presentaba una moción consecuencia del debate que había habido sobre el conocido como caso Taguas. Lo que pretendíamos con aquella moción era cambiar la Ley de Incompatibilidades y subrayar la manifiesta incompatibilidad por haber presidido la Oficina Económica de Moncloa y pasar a presidir Seopan, la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional. Finalmente, nos encontramos con una decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses, en la que se decía que no había incompatibilidad alguna porque Seopan se entendía que era una organización sin ánimo de lucro. En el debate de aquella interpelación y de la moción subsiguiente, los grupos que rechazaron la moción, y el mismo Gobierno, argumentaron que si había elementos nuevos se podría reabrir el debate sobre el conocido como caso Taguas y la incompatibilidad, desde nuestro punto de vista, entre la presidencia de Seopan y el haber presidido la Oficina Económica de Moncloa.


En aquel debate nosotros dijimos, y así lo planteamos, que con el fichaje del señor Taguas por parte de Seopan era posible que se pagasen favores prestados o que se quisieran comprar posibles influencias. Lo cierto es que las informaciones de las que hemos tenido conocimiento confirman lo que nuestro grupo parlamentario planteó, y es que hemos sabido que seguramente se le pagaron favores prestados. Taguas, presidiendo la Oficina Económica de Moncloa, tuvo una intervención muy activa en la crisis que atravesó Martinsa-Fadesa. Medió ante bancos y cajas de acreedores para que accedieran a negociar la deuda de 4.000 millones de euros que arrastraba Martinsa. Es una información de la que hemos tenido conocimiento. Se habló con las principales entidades acreedoras para que accedieran a la refinanciación del crédito indicado. Se realizó finalmente un pacto, un pacto supeditado a la refinanciación, a la consecución de un crédito por parte del Instituto de Crédito Oficial de 150 millones de euros. Ese fue el papel que jugó Taguas desde la Oficina Económica del presidente. Y eso lo hemos podido conocer con posterioridad al debate de aquella moción y al debate que surgió en los meses de mayo y junio. Pero es que Seopan, esa pretendida organización sin ánimo de lucro, lo fichó para ganar influencia, y las informaciones de las que hemos tenido conocimiento así lo acreditan. Taguas medió ante miembros del Gobierno para que se mostraran comprensivos con las dificultades del sector inmobiliario, lo cierto es que hubo una actitud por parte de Seopan de intentar ganar influencias y de lo que no cabe ningún género de dudas es que se pagaron también favores.


Hasta el momento la actitud del Gobierno no ha sido transparente. De hecho, cuando diferentes grupos parlamentarios presentamos la petición de información, se ampararon en la Ley de Protección de Datos para negar el listado de las personas que visitaron a Taguas cuando este ocupaba ese cargo en Moncloa. Lo cierto es que a día de hoy no ha habido desarrollo reglamentario de la Ley de Incompatibilidades, tal y como marcaba la propia ley. Ese era un compromiso no parlamentario, sino legal. En aquel entonces se dio por buena la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses. Lo cierto es que a fecha de hoy, 20 de agosto de 2008, tenemos nuevos elementos que acreditan, desde nuestro punto de vista, la incompatibilidad de habiendo ocupado la presidencia de la Oficina Económica de Moncloa, pasar después a presidir Seopan. El hecho de haber elementos nuevos nos mueve a pedir la comparecencia en este caso de la ministra Salgado, de acuerdo con el compromiso que ella adquirió en esta misma Cámara ante nuestro grupo parlamentario en el sentido de que si había elementos nuevos se produciría una modificación del criterio del Gobierno y se instaría también a modificar la ley y a conseguir que un caso tan flagrante como este fuese declarado como un caso manifiesto de incompatibilidades. Por todo ello, pedimos la comparecencia de la ministra y por eso instamos al Gobierno a que aproveche esta oportunidad para realizar un cambio de actitud en un tema tan relevante como el de las incompatibilidades entre el cargo del señor Taguas en la Oficina Económica de Moncloa y su nuevo cargo en Seopan.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


También como grupo proponente, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.


El Bloque Nacionalista Galego dio su firma a esta solicitud simplemente por una cuestión de cortesía parlamentaria para permitir que esta iniciativa de Iniciativa per Catalunya, valga la redundancia, pudiera tramitarse y, por tanto, pudiese someterse a debate en esta sesión de la Diputación Permanente. Dicho esto, voy a ser extraordinariamente breve a la hora de fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego. Sin discrepar con el fondo de la argumentación, tanto de las solicitudes formuladas por el Grupo Popular como por Iniciativa per Catalunya, desde nuestro punto de vista no hay razones de urgencia que justifiquen la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional al respecto. Es por este motivo por el cual no vamos a dar apoyo a estas solicitudes, insisto, sin discrepar del fondo de la argumentación que acaban de exponer tanto los portavoces

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del Grupo Popular como el portavoz de Iniciativa per Catalunya.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Para fijar posición, por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en primer lugar, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Tampoco hemos sabido nosotros discernir las razones de urgencia que justifican la comparecencia en este momento. Sin negar la verosimilitud o la veracidad de las informaciones que nos han transmitido los portavoces que nos han precedido en el uso de la palabra y que resultan preocupantes, señor presidente, pensamos que se puede esperar al periodo ordinario de sesiones para que se produzcan estas comparecencias y estas aclaraciones en sede parlamentaria. Señor presidente, usted sabe que nosotros en relación con el señor Taguas hemos tenido siempre dudas respecto a la correcta aplicación de la Ley de Conflictos de Intereses, y acabo con una reflexión de carácter filosófico, si me lo permite. Si vamos a aprobar en este Parlamento leyes relativas a la moralidad pública estrictas, tampoco sería malo, para tranquilizar a la opinión pública, cumplirlas; no sería superfluo tampoco. Desde esa perspectiva, esperamos que en el periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre, todas estas cuestiones que han surgido y que se han propuesto o se han denunciado por los portavoces anteriores que me han precedido en el uso de la palabra, sean debidamente aclaradas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, en sentido coincidente con el representante del Grupo Vasco y con el representante del Bloque Nacionalista Galego, tampoco Convergència i Unió observa en estas peticiones que existan esas razones de urgencia para celebrar esas sesiones, que serían de dos comisiones, por un lado, la Comisión Constitucional y, por otro lado, la Comisión de Administraciones Públicas, y para que comparecieran dos miembros del Gobierno, la vicepresidenta y la ministra de Administraciones Públicas.
Por tanto, nuestro grupo no comparte esa urgencia, no votará a favor de estas dos peticiones de comparecencia y queríamos además, desde Convergència i Unió, abrir una reflexión adicional sobre el tema de fondo. Tuvimos ya ocasión de hacerlo en el propio Pleno de la Cámara del pasado 20 de mayo y hoy reiteramos un argumento que para nosotros es esencial. Este Parlamento, estas Cortes Generales, cuando aprobaron la Ley 5/2006, quisieron que, en el ámbito del análisis de posibles conflictos de intereses, hubiera una oficina, que tiene autonomía funcional, que es la Oficina de Conflictos de Intereses, que es la competente para tratar temas que pudieran vulnerar la legalidad o las incompatibilidades y esa oficina, a través del artículo 16 de la ley, tiene la obligación de informar a esta Cámara. Por tanto, hay un control parlamentario posterior, pero dejemos también a los órganos previstos legalmente que hagan su cometido. No fue intención de estas Cortes Generales que fuera este Parlamento el que, en primera lectura, sometiera lo que es ese control de posibles conflictos de intereses. Por tanto, nuestro grupo entiende que debemos establecer los cauces legalmente previstos y dejar actuar en este caso a la propia Oficina de Conflictos de Intereses que, a través de sus informes, la propia ministra, doña Elena Salgado, como ministra de Administraciones Públicas, será la competente para informar en esta Cámara de los informes que se le soliciten a tal efecto.


Señor presidente, señorías, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Monteserín.


La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Socialista también votará en contra de sendas comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios para que comparezca la señora vicepresidenta en la Comisión Constitucional y la ministra de Administraciones Públicas en la Comisión de Administraciones Públicas. Votaremos en contra por dos motivos que nos parecen fundamentales. En primer lugar, porque el Gobierno en el periodo de sesiones anterior ha dado todo tipo de explicaciones sobre la actuación de la oficina económica del mismo y de su anterior responsable y de los informes técnicos sobre la compatibilidad de su nuevo cargo, y lo ha hecho ante el Pleno del Congreso, el 14 de mayo, en una interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y sobre la relación entre la política y los lobbies o grupos de presión; posteriormente, el 20 de mayo, en la moción consecuencia de interpelación urgente anterior; igualmente, ante el Pleno del Congreso se han respondido varias preguntas orales del Grupo Popular sobre el nombramiento del señor Taguas; y, el pasado 19 de junio, en la Comisión de Administraciones Públicas la ministra respondió en comparecencias solicitadas por tres grupos de la Cámara. Además, señorías, desde entonces no hay nada nuevo y, por tanto, nada urgente que tratar en un periodo extraordinario de sesiones. Las supuestas nuevas informaciones no aportan nada nuevo sobre la actuación de la Oficina Económica del presidente ni de su anterior

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responsable, más allá de titulares de periódico de verano que puedan ser útiles a una cierta demagogia, pero no a los datos ni a la transparencia informativa ni a la actuación responsable y rigurosa del Gobierno que, por supuesto, explicará en periodo ordinario tantas veces como sea necesario cuantas cuestiones quieran SS.SS, porque, sinceramente, mi grupo cree que este Gobierno no tiene nada que ocultar, como ha demostrado en el anterior periodo de sesiones y que les he relatado anteriormente.


Al señor Herrera quiero decirle que esta petición se contradice con lo que él planteaba en la propia moción, subsiguiente a la interpelación de la ministra de Administraciones Públicas, donde él se expresaba con claridad y mantenía un planteamiento más de fondo respecto a la necesaria claridad y transparencia en las relaciones del Gobierno con los lobbies o grupos de presión o como usted quiera llamarlos. La señora Malaret, en aquellos momentos portavoz de mi grupo, le explicaba muy bien nuestra disposición, la del Grupo Parlamentario Socialista, a trabajar de manera conjunta para definir un nuevo marco de relaciones entre instituciones públicas y organizaciones privadas. Sin duda, este es el camino; pero si este es el camino no sabemos a qué viene esta urgencia. Este camino se hace pausadamente, con reflexión y nunca a golpe de titulares, y en un periodo de sesiones habitual porque, señorías, cuando les decía que no había nada nuevo, sinceramente creo que no hay nada nuevo. Si la supuesta acusación es que el anterior responsable de la oficina económica se interesó por la situación de crisis de una empresa importante para el país, ¿es que no era una de sus obligaciones hacerlo? ¿No está el Gobierno obligado a analizar los sectores y las empresas? Cuando estas tienen dificultades que, por su tamaño o capacidad, puedan arrastrar problemas para el propio sector, ¿no debe el Gobierno hacer algún movimiento? ¿Tiene el Gobierno que cerrar los ojos y mirar para otro lado o está obligado, al menos, a enterarse de cuáles son las circunstancias y, en su caso, analizar si hay alguna posibilidad de viabilidad para esas empresas? No es mirando para otro lado como se solucionan los problemas, sino analizándolos y proponiendo soluciones; soluciones que en este caso se vieron imposibles porque, además, es evidente que el Gobierno no puede arreglar algunos desaguisados empresariales, pero no por la actitud activa del Gobierno, más bien porque estamos hablando de una empresa que desgraciadamente ha estado mal gestionada, por decirlo de una manera suave. En fin, lo que parece claro es que queda bien criticar al Gobierno cuando actúa porque actúa y cuando no actúa porque no actúa. Ese es el problema. El núcleo del problema es la empresa en cuestión, su trayectoria, algunos errores en su política de inversiones, cruzado por una desaceleración del sector inmobiliario. Por tanto, señorías, no hay una justificación de la urgencia para sendas comparecencias y sí trabajo por delante en el periodo normal de sesiones para clarificar y profundizar aquellos temas en los que todos queremos más eficacia en la transparencia y en la ética de las relaciones, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista los primeros.


Señorías del PP, a demagogia de verdad no hay quien les gane. Ustedes no pueden dar lecciones. Mírense a los ojos. Miren a los ojos de la señora Aguirre, del hermano de la señora Aguirre; miren a los ojos del presidente de Caja Madrid, del señor Carlos Vela, y de paso pueden echar una mirada hacia paisajes verdaderamente contaminados, que no son el caso que tratamos hoy ni mucho menos. Les sugiero que echen una mirada hacia Baleares, hacia Castilla y León, hacia Murcia. Puestos a mirar, tienen ustedes todo un panorama boscoso por delante. Y cuando digan alto y claro qué ven, hablaremos con tranquilidad de ética, de transparencia y de estética.


El señor PRESIDENTE: Señora Monteserín, tiene que ir acabando.


La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Termino.


Hablaremos sin urgencias, con la tranquilidad necesaria para mejorar y hacer más eficaces los instrumentos necesarios para garantizar la confianza en las instituciones y en sus funcionarios o representantes públicos, que es el interés general que nos debe convocar a todos los grupos políticos en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA, (número de expediente 062/000007), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE DEFENSA PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA FLOTA PESQUERA DEL PABELLÓN ESPAÑOL QUE FAENA EN EL ÍNDICO FRENTE A LA AMENAZA DE LOS PIRATAS SOMALÍES.


El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), para que se acuerde la celebración de sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa y que en ella comparezca la ministra de Defensa y explique las medidas que va a adoptar para garantizar la seguridad de la flota pesquera de pabellón español que faena en el Índico frente a la amenaza de piratas somalíes. Para la defensa de la propuesta, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Beloki.


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El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


El 28 de agosto del año 2007, hace un año menos ocho días, el entonces presidente del Congreso, don Manuel Marín, iniciaba una Diputación Permanente al estilo de la de hoy, dando la palabra a mi compañero y portavoz del Grupo Vasco, señor Erkoreka, en relación con una petición formulada por los grupos Vasco y Catalán, como la de hoy, para que se acordara la celebración de una sesión extraordinaria, urgente y conjunta de las Comisiones de Defensa y Asuntos Exteriores, para que se informara a la Cámara de las medidas que iba a adoptar el Gobierno de cara a proteger la seguridad de las embarcaciones y de los tripulantes de la flota cercoatunera española que opera en el Índico. El señor Erkoreka iniciaba entonces su disertación con las siguientes palabras: "Señorías, el asunto que hoy traemos a colación no es nuevo en la Cámara." Pues eso, señorías. Lo recuerdo con un triple objetivo. Para empezar, para que aquellas señorías que sean nuevas en esta Cámara tomen conciencia de que estamos ante un tema que es todo menos nuevo; en segundo lugar, para ahorrarme y ahorrar a SS.SS. todas aquellas explicaciones que en la Cámara se han escuchado ya sobre la situación de Somalia y los riesgos que corren nuestros pescadores, entre otros, y que me permito dar por conocidas, y en tercer lugar, para dejar constancia expresa de la razón de ser principal de que hoy mi grupo vuelva a solicitar, conjuntamente con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la comparecencia urgente de la ministra de Defensa, para que de una vez nos explique las medidas que va a adoptar para garantizar la seguridad de la flota pesquera de pabellón español que faena en el Índico frente a la amenaza de los piratas somalíes o, si prefieren, enunciando el tema de otra manera, que siendo que una resolución adoptada por el Congreso el pasado 11 de julio del año 2007 obligaba al Gobierno a desplegar una patrullera o fragata, con apoyo de un helicóptero, en el borde de las 200 millas de Somalia para la protección de sus aguas exteriores durante los meses de agosto, septiembre y octubre, coincidentes con la presencia de la flota cercoatunera española en aquella zona -así decía aquella resolución-, nos explique de una vez si esta resolución se va a cumplir y en qué términos o si, por las razones que fuere, no se va a cumplir tampoco este año.


A mi grupo no se le ocultan, señorías, los pasos y las explicaciones que tras aquella Diputación Permanente y, sobre todo, tras los desgraciados sucesos del secuestro y posterior liberación del pesquero Playa de Bakio, han dado en esta Cámara sucesivamente el secretario de Asuntos Exteriores, el ministro de Asunto Exteriores en fecha reciente, el 22 de mayo de este año, y la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en fecha todavía más reciente, el 10 de junio del año 2008; pasos de indudable interés en Europa, abriendo un dossier al respecto, y en Naciones Unidas, sumándose al que otros abrieron, y explicaciones diversas llenas de una indiscutible buena voluntad de poner en marcha planes, como el que nos anunció el titular de Exteriores, el llamado Plan de acción de lucha contra la piratería, con seis líneas de actuación, que pretendía llevar a efecto de forma urgente. Pero tras lo hecho, que reconocemos, y tras lo mucho hablado y dicho a lo largo de este último año, la situación real de los pescadores de bandera española -y no solo pescadores de la zona en cuestión- por lo que a su seguridad se refiere, hoy, 20 de agosto de 2008, se parece como una gota de agua a otra a la que existía el 28 de agosto de hace un año, el año 2007, y que como todo el mundo recuerda desembocó posteriormente en los hechos graves del secuestro y posterior liberación del pesquero Playa de Bakio. Esa es la realidad, que, por lo que a los pescadores y demás personal embarcado en aquella zona se refiere, les hace encontrarse inquietos, preocupados y preguntándose qué va a hacer finalmente este Gobierno, si finalmente algo va a hacer, para que puedan desempeñar su labor en la campaña que están iniciando con la seguridad que el Gobierno les ha venido prometiendo y que desde luego les debe, y no para un futuro indeterminado sino para esta fechas. Son numerosas las declaraciones de miembros del Gobierno en esta dirección, las últimas las de la propia ministra de Defensa, todavía en fecha tan reciente como la de 27 de julio de este mismo año.


Cierto es que sobre estas expectativas creadas por el propio Gobierno, por diversos miembros de este Gobierno, cayó como un jarro de agua fría la comparecencia conjunta en rueda de prensa de la propia ministra, acompañada por el ministro de Defensa francés, donde se vino a afirmar que los pescadores se olvidaran prácticamente de que fueran a contar con un sistema de seguridad en esta campaña que está arrancando estos días.
Pero esta, señorías, no es ni en su contenido ni en su forma una respuesta cabal aceptable -entendemos nosotros- ni para los pescadores ni desde luego para este grupo parlamentario. La responsabilidad más importante de todo Gobierno es proveer de seguridad a sus ciudadanos, a todos ellos, estén donde estén, por supuesto a quienes se muevan, vivan y desarrollen su actividad en el marco de las fronteras estatales, pero también a quienes se desplacen fuera de las mismas. Y si el Gobierno a pesar de sus esfuerzos no sabe cómo hacerlo, no acierta a hacerlo, que dé explicaciones en esta Cámara y las dé también a los propios afectados en el momento en que estos tienen temores fundados. Es lo mínimo que debe hacer y debe hacerlo con urgencia.


Esta es la razón por la que mi grupo ha solicitado la comparecencia urgente y solicita el apoyo de todas sus señorías. Estimamos que debe ser urgente no ya tanto para que este grupo se tranquilice sino para que los pescadores que están ya en la zona iniciando la campaña tengan una explicación cabal de lo que va a ser de ellos y de lo que puede esperarles respecto a su seguridad en esta campaña que están empezando.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


¿Desea hacer uso de la palabra, como grupo también proponente, el Grupo Catalán? (Pausa.)

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.


No solamente por motivos de cortesía parlamentaria sino por motivos de convencimiento, nosotros suscribimos lógicamente esta petición y avalamos su carácter de urgencia, por los motivos que ha explicado el señor Beloki. Por tanto, vamos a darle nuestro voto positivo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Turno de fijación de posición. No hay nadie del Grupo Parlamentario Mixto.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Hace pocas semanas, concretamente el 22 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores compareció ante esta misma Cámara para explicar la actividad diplomática desplegada por el Gobierno con motivo de la liberación del pesquero Playa de Bakio. En aquella comparecencia el ministro habló de que la acción del Ejecutivo español se había iniciado mucho antes de aquel incidente, en concreto habló de algunas acciones contra la piratería que se habían iniciado ante instituciones y organismos de carácter internacional, concretamente ante Naciones Unidas para liderar un auténtico lobby o grupo de presión de Estados no miembros del Consejo de Seguridad para consensuar una resolución, que pocas semanas más tarde recayó, auspiciada por países como Francia y Estados Unidos. En segundo lugar, impulsando ese debate e introduciendo esta cuestión en la agenda de la Unión Europea y, por tanto, propiciando una misión PESC en el marco del programa mundial de alimentos y, finalmente, ante la Organización Marítima Internacional para sensibilizar a este organismo con objeto de adoptar en el futuro un cuerpo normativo para la salvaguarda marítima internacional.


Como es sabido, entre julio y octubre los pesqueros están faenando e intensificando sus trabajos en la zona, y es verdad que no hemos de lamentar ningún percance hasta ahora. Quizá este hecho es el que avala la petición de urgencia que realiza el Grupo Vasco. Nuestro grupo considera que es pertinente que la ministra de Defensa venga a esta Cámara a dar explicaciones -otra cosa es que no apreciamos esa urgencia y no vemos la necesidad de que sea este mismo mes de agosto, puesto que ella misma ha comprometido esa comparecencia para el mes de septiembre-, entre otras cosas, porque subsisten algunas dificultades y algunos interrogantes. En primer lugar, porque es evidente que hay una total ausencia de un marco legal que autorice, por ejemplo, el envío de una fragata de apoyo a la zona. Hay que desarrollar con carácter previo un marco jurídico internacional adecuado, también a nivel interno, es decir, una reforma penal y procesal contra la piratería, porque, ¿qué pasa si esa fragata apresa a esos piratas? ¿Hay que librarlos a Somalia? ¿Se dan las garantías procesales y jurídicas necesarias? Hay que impulsar iniciativas de carácter legal que prevengan y que combatan la amenaza de la piratería, pero también al amparo de la normativa internacional y de la Carta de Naciones Unidas. También hay una cuestión pendiente de negociación con los socios comunitarios, como es la necesidad de disponer de una fuerza permanente de los países damnificados, probablemente bajo un comando rotatorio y bajo los auspicios de la propia Unión Europea, pero pudiera ser también de la propia NATO.


Finalmente, existe la necesidad de intervenir en los conflictos internos que, como en Somalia, favorecen la piratería, con medidas de ayuda al desarrollo y a la cooperación con esos países en vías de desarrollo, etcétera, y eso depende, evidentemente, de las directrices y de las determinaciones de organismos internacionales que superan la política doméstica.


Por esas razones nos parece interesante que la ministra venga a informar de las novedades sobre este particular, pero nuestro grupo no aprecia, evidentemente, la urgencia de la petición para que comparezca antes de finalizar este mes de agosto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Gracias, señor presidente.


Señorías, como portavoz de Defensa quisiera empezar mi intervención haciendo llegar nuestra condolencia por la muerte de los soldados franceses, ayer, en Afganistán. Queremos enviar nuestro apoyo a nuestras fuerzas que están corriendo allí muy serios riesgos y pedir además -lo formalizaremos, pero lo anunciamos ya- la presencia de una delegación parlamentaria de nuestra comisión allí, cerca de los soldados, que creo que en este momento necesitan el máximo apoyo.


Entro ya en la cuestión que han planteado el Grupo Vasco (PNV) y Convergència i Unió. Creemos que se trata de una cuestión no solo grave sino gravísima y no solo urgente sino urgentísima. Decía la señora Valenciano -que hace unos minutos estaba por aquí- un 22 de mayo: Si en el futuro no ponemos los medios, ¿qué va a ser de ellos? Pues el futuro fue ayer, el mes de julio, el mes de agosto; el futuro se nos ha pasado y, efectivamente, ¿qué va a ser de ellos? Frente a esto, reconocemos -como ha hecho el señor Beloki- la buena voluntad del Gobierno, sin duda ninguna; creo que todos los grupos de la Cámara lo hemos apoyado, hemos actuado con prudencia, con lealtad, hemos dado al Gobierno un

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margen de maniobra, pero nos encontramos con que se han tomado cero medidas, con que los compromisos han tenido un grado de cumplimiento cero y con que de los mecanismos anunciados ninguno se ha puesto en marcha.
Estamos hablando -también lo dice el señor Beloki- de la defensa de nuestros nacionales, de la solución de sus problemas, de un sector que está en una situación verdaderamente angustiosa, y estamos hablando de la defensa de nuestros nacionales en materia de seguridad, la primera obligación del Estado. Por tanto, haciendo una retrospectiva, de cuando el Gobierno negaba la evidencia y luego pasó a reflexionar, evaluar, proponer, pero nunca a tomar una medida, hemos pasado, a nuestro juicio de modo enfático pero inútil, a decir que lideramos una gran fuerza. Pues bien, esta fuerza, como nos anuncia el ministro de Defensa francés, no sabemos cuándo va a poder estar operativa y no tenemos información ninguna. En este momento tenemos más de 30 barcos faenando allí, el momento es crucial y estamos esperando información de la señora ministra, que, como el ministro de Asuntos Exteriores y la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, tendría que haber estado mucho más presente. Por tanto, sí creemos que urge esta comparecencia. Si el Grupo Socialista pudiera garantizarnos que esta se va a hacer de modo inmediato, posiblemente el grupo proponente podría considerar si tiene que hacerse con la urgencia que se está planteando o no. De cualquier manera nosotros anunciamos nuestro voto favorable a la petición de la comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señor presidente.


Después de seguir atentamente las intervenciones, creo que este debate que hoy mantenemos aquí no se hubiera producido si estuviéramos enfrentándonos a la respuesta a un problema de seguridad nada menos que en el océano Índico, en 3.500 kilómetros de costa de Somalia, que afecta cada año a casi 300 ataques de piratas y que preocupa, como no puede ser de otra manera, a la comunidad internacional, como antes preocupaba el estrecho de Malaca que era el más serio problema para la seguridad en el tráfico mercante en el mar. No estaríamos discutiéndolo si no existieran -y me lo he estado preguntando en todas las intervenciones que se han producido- otras razones que lo pudieran explicar. Porque no podría entender, señora Rodríguez-Salmones, que el Partido Popular nos estuviera proponiendo que España garantice la seguridad en el océano Índico. No podría ser. Si fuera algo tan serio, el señor Rajoy seguramente estaría presente en esta Diputación Permanente, con la gran preocupación que le caracteriza por los problemas de España en el mes de agosto. No puede ser. Tiene que haber otras razones y voy a dedicar el tiempo que me corresponde a preguntarme por qué hoy, en el mes de agosto, en esta Diputación Permanente estamos discutiendo el tema de la seguridad en el océano Índico, que afecta a la comunidad internacional, y que, por cierto, también afecta a la ayuda humanitaria, que nadie ha citado, y que es el principal problema de inseguridad ya que 1.200.000 personas dependen de los barcos que llevan alimentos a Somalia por ese estrecho.
Eso es lo más grave que está ocurriendo allí, no es solo un tema de atuneros solo, y voy a hablar de atuneros también y de los 26 marinos españoles y no españoles, gallegos, vascos, etcétera, que tuvieron una gravísima situación hace unos meses. La pregunta es: ¿por qué estamos discutiendo aquí? ¿Por qué, señora Rodríguez-Salmones, me ha dicho esta mañana que el Partido Popular cambia su voto? Esta es mi pregunta y yo voy a dar la interpretación del porqué.


En primer lugar, señorías, es verdad que por mayoría esta Cámara aprobó mandar una fragata y un helicóptero cargado en ella para asegurar el tráfico y las faenas de los atuneros españoles en el océano Índico. Es verdad. Se aprobó por 168 votos contra 164 votos, y mi grupo parlamentario voto en contra con absoluta coherencia porque no quiere titulares en prensa que no respondan a las necesidades de la gente, y hoy, después de conocer todos los informes, no solo del Ministerio de Defensa de España, sino de todos los grandes Ministerios de Defensa, el de Francia, Estados Unidos, Italia, Japón, eso es ridículo. Mandar una fragata con un helicóptero para vigilar el océano Índico es patético. Y como ya lo deberíamos reconocer todos, volver a preguntar aquí cuándo se cumple aquella resolución es ridículo, aunque lo hubiera votado el cien por cien de la Cámara. Es absurdo, es una medida absurda. Si alguien le quiere decir a los atuneros, a cualquier barco atunero, que su seguridad va a depender de que mandemos allí -se decía en la resolución- una patrullera o un F-100, está jugando con la sensibilidad y el sentido de la seguridad de las personas. No se les puede decir eso, señora Rodríguez-Salmones. No se les puede decir que si mañana hay un ataque de piratas en el Índico va a depender de que no mandamos una fragata y un helicóptero a hombros de la fragata. Eso es absurdo y muy irresponsable.
Señorías, no estamos hablando de regular el tráfico en la Castellana (Risas), estamos hablando de la seguridad en el Índico. Hay un informe muy serio del Ministerio de Defensa que lo dice con absoluto detalle, pero esto ya fue explicado en sede parlamentaria, no es nuevo. Este informe ya se explico hace un año en sede parlamentaria y, por tanto, no se puede volver a decir lo mismo sin querer insistir en objetivos que nada tienen que ver con la seguridad de los atuneros españoles. Por cierto, atuneros españoles, mercantes, ayuda humanitaria, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadrado, tiene que acabar.


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El señor CUADRADO BAUSELA: Sí, señor presidente, con una última consideración. Se ha comparecido para este tema en multitud de ocasiones.
Se ha reconocido por parte de todos. Pero, señorías, el problema más importante de seguridad en el mundo en el tráfico marítimo está en el Índico. Antes era en Malaca y ahora es allí, y justó allí España está liderando, no detrás de otros, señor Beloki. No estamos en el Consejo de Seguridad y no fuimos nosotros los que propusimos la resolución 1816, pero somos los impulsores, los creadores. Hemos ido por delante de todos para la seguridad en el Índico, que es algo que afecta a la comunidad internacional. Hacer creer que España podría resolverlo por su cuenta es, repito, señorías, una gran irresponsabilidad.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO (número de expediente 062/000008), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE FOMENTO CON OBJETO DE INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO PARA LA REFORMA DEL MODELO AEROPORTUARIO Y SOBRE LA POSIBILIDAD DE PRIVATIZACIÓN PARCIAL DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA), CON LAS REPERCUSIONES QUE ELLO TENDRÍA PARA EL TRASPASO DE LA GESTIÓN DE LOS AEROPUERTOS CATALANES A UN CONSORCIO CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CATALANAS.


PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO (número de expediente 062/000012), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE FOMENTO PARA QUE EXPLIQUE EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE AENA Y LA AUSENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA NUEVA FORMA DE GESTIÓN AEROPORTUARIA DE LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 213/000147.)

PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO (número de expediente 062/000013), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE FOMENTO PARA QUE EXPLIQUE EL NUEVO MODELO AEROPORTUARIO APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS DEL PASADO VIERNES 1 DE AGOSTO, Y SU INCIDENCIA TERRITORIAL. (Número de expediente 213/000148.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar los puntos 3, 8 y 9 del orden del día. En todos ellos se solicita la convocatoria de la Comisión de Fomento para que comparezca la señora ministra de Fomento en relación con la reforma del modelo aeroportuario y en relación con AENA. Todos los grupos parlamentarios, excepto el Socialista, lo han solicitado y, en consecuencia, les ahorro leerles cada una de las peticiones a las que seguramente harán referencia los intervinientes. En primer lugar, y por orden de presentación, tiene la palabra para defender su propuesta, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Macias

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente. Nuestro grupo solicita la comparecencia de la ministra de Fomento en la Comisión de Fomento con el objeto de que informe sobre las actuaciones del Gobierno para la reforma del modelo aeroportuario y sobre la posibilidad de privatización parcial de AENA, con las repercusiones que ello tendría para el traspaso de la gestión de los aeropuertos catalanes a un consorcio con participación mayoritaria de instituciones públicas y privadas catalanas. Este es el texto de nuestra solicitud, que tuvo entrada con fecha de 29 de julio de este año. Dos días después, la señora ministra presentó, a través de un Consejo de Ministros, su propuesta de nuevo modelo aeroportuario. Este es un tema de gran importancia y antes de justificar nuestra propuesta quisiera hacer una manifestación.
Nosotros queremos reconocer el trabajo excelente que los profesionales y todos los trabajadores al servicio de AENA están haciendo. Por tanto, lo que queremos y hemos propuesto que cambie, y deseamos que el cambio vaya en el buen sentido, es el modelo aprovechando evidentemente esta gran fuerza profesional que AENA tiene.


En primer lugar, en relación con el anuncio del cambio de modelo presentado por la señora ministra, hay un aspecto extremadamente positivo por cuanto por fin se acepta que hay que cambiar el modelo. Esto es como la crisis. No se aceptaba que había crisis hasta que se aceptó

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que hay crisis. Pues, cuando se acepta que hay crisis, hay que tomar medidas. Hasta hace pocos meses se nos decía a los que hemos pedido un cambio de modelo que este era un modelo que estaba en todo el mundo, al menos en el contexto occidental, y se nos preguntaba por qué pedíamos un cambio de modelo. Ahora ya estamos diciendo que hay que cambiar de modelo. Bienvenidos al reconocimiento de cambio de modelo y al reconocimiento de que España no puede quedarse sola en el mundo occidental con un modelo absolutamente caducado.


De todas maneras, el anuncio y el informe hecho público por la señora ministra nos dejó francamente intranquilos y por eso creemos que hace falta esta convocatoria urgente. ¿Por qué? En primer lugar, por la escasa concreción del modelo. La información que aparecía, por ejemplo, en la web de La Moncloa tenía escasamente siete líneas y no decía más y nos parece que para un tema tan importante es muy poca cosa y, sobre todo, por las contradicciones de la propia señora ministra y del propio presidente del Gobierno al cabo de dos días. Al día siguiente de la presentación del modelo se decía que en dos aeropuertos, los que superan los 30 millones, Madrid y Barcelona, habría un determinado tipo de gestión; después, con ocasión de un viaje a Palma de Mallorca, el aeropuerto de Palma de Mallorca también y al cabo de unos cuantos días ya son todos. Es una improvisación que nos parece intolerable y hay que explicar por qué se pasa de dos, a tres, luego a cuatro, también Málaga, y finalmente a todos. Pero sobre todo hay un tema que nos preocupa y del que la señora ministra tiene que dar cuenta, y es que no se acomete el principal reto para transformar nuestro caduco modelo en un modelo como el de las sociedades occidentales normales, que es la gestión individualizada de los aeropuertos. Ustedes habrán leído estos días que en el contexto de Gran Bretaña se está pidiendo a una compañía, por cierto, de capital español, que venda alguno de sus aeropuertos porque tiene una red de demasiados aeropuertos, tiene cinco aeropuertos y son demasiados. Tiene que vender alguno, no puede operar en red. Pues aquí seguimos defendiendo, a pesar de todo y además metiendo capital privado, que se trabaje en red. Hay que dar cuenta de esto y es urgente hacerlo.


Además, nos parece que hay un motivo accesorio que justifica la petición de esta comparecencia de la señora ministra en el mes de agosto y es que el último Consejo de Ministros volvió sobre el tema y una de las 24 medidas para solucionar la ahora ya aceptada crisis consistía en que antes de final de año se presentaría el modelo. No sé qué se va a presentar del modelo, pero se supone que algo ya más trabajado. Por tanto, si es que se está trabajando en este nuevo modelo es bueno que la señora ministra comparta con los grupos parlamentarios la opinión. Desde luego, la opinión de Convergència i Unió está clara, tiene su referencia en un acuerdo muy mayoritario del Parlamento de Cataluña en el cual se pide de manera clara que en la gestión de los aeropuertos catalanes haya una posición determinante y mayoritaria por parte del Gobierno de la Generalitat. Queremos conocer la opinión de la señora ministra sobre este aspecto.


Finalmente, es importante que la señora ministra pueda venir a contarnos qué estudios y qué documentación tiene y en qué se basa este modelo que ahora está intentando defender. También, que nos cuente algo que parece que es un secreto de Estado, que es la contabilidad analítica de los distintos aeropuertos. Si es que quiere vender un 30 por ciento tendrá que informar de la contabilidad y hasta ahora no ha cumplido los mandatos parlamentarios. Ahora hay un mandato parlamentario que no se cumple porque no lo ha votado el PSOE, pero es que hay mandatos parlamentarios votados por el Partido Socialista, como el que obliga a AENA a hacer puzles de contabilidad por separado de cada aeropuerto, que tampoco se están cumpliendo. Es importante además precisar el modelo y poder debatir a fondo sobre un tema tan esencial. Señor presidente, señores portavoces de los distintos grupos, señores diputados y diputadas, para Convergència i Unió este es un tema no menor y justifica, ya que la ministra lo presentó el 31 de julio, que no nos tomemos más vacaciones y que podamos debatir a fondo sobre un aspecto tan fundamental para el futuro de nuestro sector aeroportuario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Cerramos, como quien dice, el primer periodo legislativo de la IX Legislatura con la siguiente promesa, nada original ni novedosa por lo demás, de la ministra de Fomento sobre un nuevo modelo portuario. Dijo ella: Por supuesto que estamos trabajando, y lo presentaremos públicamente, en un nuevo modelo aeroportuario para mejorar el actual, no para estropearlo. Cierro comillas. Lo dijo respondiendo al señor Ridao con ocasión de la interpelación presentada por él sobre la gestión de las infraestructuras del Estado en Cataluña, entre ellas las que hacen referencia al aeropuerto de El Prat. Esto ocurrió el 4 de junio. Una semana después, el 10 de junio, debatíamos en el Pleno del Congreso una de las dos proposiciones de ley presentadas por CiU, en concreto la que hacía referencia a la transferencia a Cataluña para su gestión por la Generalitat de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell, propuesta que conocía el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular. Ese mismo día, el 10 de junio, el Pleno del Congreso aprobaba una moción de sustitución, presentada por el Grupo Socialista a la moción original de Esquerra Republicana, consecuencia de la interpelación de la semana anterior, en relación con la gestión del aeropuerto de Barcelona, El Prat, en la que se afirmaba

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entre otros extremos que se instaba al Gobierno a -abro comillas-: presentar el nuevo modelo de gestión aeroportuaria comprometido por el Gobierno, y que para el caso concreto de El Prat suponga contar con la participación determinante de la Generalitat de Catalunya, de las instituciones locales y del sector privado en el futuro, y en la gestión de este aeropuerto, coincidiendo con la puesta en servicio de la terminal sur. Mi grupo votó favorablemente, como lo ha hecho sin excepción en cuantas ocasiones se ha planteado este tema en el Congreso -no han sido pocas-, a favor de todas estas iniciativas. Lo hemos hecho convencidos de que esa es la vía única, y desde luego la mejor, para cumplir con los compromisos estatutarios, con las obligaciones estatutarias, por ejemplo el artículo 140.1 del Estatuto de Cataluña, pero también para plantear sistemas de gestión aeroportuaria de mayor eficacia y eficiencia en el futuro. El Gobierno ha hablado finalmente y lo ha hecho como le gusta tanto hacerlo. Ha dejado pasar los debates parlamentarios -esos tan recientes- sin avanzar ningún extremo de su supuesto nuevo modelo aeroportuario para después, a través de una rueda de prensa, comunicarnos lo que acaba de comunicarnos. Así ha procedido y el Gobierno sabrá por qué procede así. Lo cierto es que ni en su exposición larga y detallada con la que la ministra abrió esta legislatura ni en los debates a los que he hecho alusión habló para nada de este nuevo modelo aeroportuario, al parecer cuando estaba prácticamente culminado, pero, en fin, ha hablado.
Han aprobado -dicen- las líneas generales de lo que ellos mismos han llamado un nuevo sistema aeroportuario y digo han llamado un nuevo modelo. No está en el ánimo de este diputado entrar hoy a debatir qué novedades aporta este modelo, pues además contiene incógnitas que a día de hoy, con las informaciones transmitidas, este diputado no es capaz de descifrar y resolver.


Es difícil saber a qué atenerse -al menos para este diputado-, después de lo que ha adelantado el Gobierno sobre el nuevo modelo aeroportuario. No es fácil saber en qué consiste la novedad o si estamos ante un remiendo, si ha llegado la hora del cambio en el modelo o simplemente se trata de salir del paso, si responde a lo que los socialistas en una moción presentada por ellos mismos entienden como participación determinante de la Generalitat o no, si es un modelo para El Prat, para Madrid, no sabemos si para Palma de Mallorca o para el conjunto, si en el modelo entra también la solución a los problemas que tantas veces hemos debatido, en el caso de Cataluña de otros aeropuertos que no son de esos que se denominan de interés general, en qué consiste en este tema el supuesto interés general, y tantas y tantas cosas sobre las que este diputado se pregunta. Y cuando uno se pregunta a alguien tiene que acudir para que le responda, y cuanto antes mejor. Esta es la razón por la que este diputado y este grupo van a apoyar la comparecencia de la ministra de Fomento, comparencia que ella misma ha dicho que está deseosa de hacer.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds van a hacer uso de la palabra dos portavoces, en primer lugar, el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


El motivo por el que hemos presentado esta petición de comparecencia no es otro que la necesidad de una explicación. Hace tiempo que se viene reivindicando por parte de diferentes fuerzas políticas, también por parte de la sociedad civil catalana, la necesidad de un modelo de gestión diferente, especialmente desde Cataluña. Queríamos que ese modelo de gestión lo liderase y lo aprobase el Gobierno. Es más, en una moción presentada por Esquerra Republicana hace apenas unos meses, se hablaba de conseguir que hubiese una opción determinante por parte de la Generalitat en la gestión aeroportuaria. Finalmente, se ha traído una propuesta y lo más relevante, desde nuestro punto de vista, no es la autonomía de la gestión, sino el proceso de privatización, de momento parcial, por parte de AENA. Mientras, el papel de las comunidades autónomas se reduce a un 19 por ciento, en un principio en los aeropuertos de Barcelona y de Madrid, y después se ha dicho que para el conjunto de comunidades autónomas. Lo cierto es que no sabemos exactamente hasta dónde llega esa propuesta; por tanto, nos quedamos en que las comunidades autónomas tienen un papel marginal y consideramos que es una propuesta más de maquillaje, desde nuestro punto vista, que otra cosa.


Se nos dice que el modelo a seguir es el de la autonomía de la gestión aeroportuaria, cuando la experiencia nos dice que el modelo que se pactó en el pasado entre Convergència i Unió y el Gobierno de entonces no ha funcionado bien y no ha permitido esa autonomía de gestión aeroportuaria.
Además, esa propuesta llega en un contexto en el que, por ejemplo, cuando el Gobierno catalán y el Gobierno del Estado se han puesto a hablar no han conseguido siquiera la desclasificación de aeropuertos de interés general, de aeropuertos como los de Reus, Girona o Sabadell. Mientras, el Gobierno abre lo que algunos sindicatos han clasificado como el típico proceso de privatización encubierta de una empresa pública, entre otras cosas, porque el Gobierno necesita dinero. Así dicen dar un paso inexistente en la gestión individual de los aeropuertos, cuando en realidad lo que se busca seguramente es la liquidez que pueda aportar el sector privado.


Por todos estos motivos, creemos que nos merecemos una explicación para saber hacia dónde vamos, y para que no se nos dé gato por liebre explicándonos que avanzamos hacia la gestión autónoma de los aeropuertos, cuando el avance real se produce en la privatización parcial, de momento de AENA, abriendo la puerta a una

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futura privatización. Por todo ello pedimos la comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Por el mismo grupo, el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Ya se ha expresado, además con una meridiana claridad, por parte de otros portavoces que el Gobierno viene especulando estos últimos días sobre un futuro modelo de cogestión en los aeropuertos del Estado. Esa es una cuestión, como es sabido, que se planteó ya hasta la saciedad durante el debate del Estatuto catalán y es, por tanto, una vieja aspiración de las instituciones y de la sociedad civil catalana, que puso de relieve, como también se ha dicho anteriormente, la necesidad de revisar esa concepción radial, centralista, casi napoleónica de kilómetro cero que hasta ahora han tenido los sucesivos gobiernos y AENA. Digo que el Gobierno viene especulando porque los hechos hasta el día de hoy son los siguientes. En primer lugar, el Gobierno ha anunciado que va a implantar un modelo de gestión basado en la privatización parcial de cada autoridad aeroportuaria. En segundo lugar, ha habido hechos también consumados como la reciente licitación de buena parte de los servicios terciarios asociados a la terminal sur del aeropuerto de El Prat, sin la participación del Gobierno de la Generalitat y, finalmente, ha habido también públicamente una aceptación del posible traspaso de los aeropuertos que no son de interés general y que no son rentables, como los de Reus y Sabadell, pero nada se sabe del aeropuerto de Girona-Costa Brava. Por tanto, el Gobierno, insisto, viene especulando sobre esta cuestión y además lo hace con una medida que forma parte o integra un paquete de supuestas medidas económicas anticrisis, pero luego ha modificado su criterio -yo diría que cediendo a la presión legítima, en todo caso, de distintos gobiernos autonómicos- hasta el punto de que la ministra de Fomento ha significado recientemente que el ministerio está elaborando estudios para ir encajando las aspiraciones de todo el mundo.
Por tanto, el Gobierno ahí se enmienda la plana. Lo que se anunció en primera instancia como una medida, todavía no tiene ni rostro ni calendario. La ministra ha dicho que no va a hablar de plazos, que lo más importante es acertar en el modelo, pero por nuestra parte creemos que lo peor es que el conjunto de propuestas que hay encima de la mesa son claramente insuficientes, entre otras cosas porque no se ajustan ni tan siquiera a recientes mandatos de esta Cámara a instancias de nuestro grupo parlamentario. Por tanto, se trata, como también se ha dicho, de una auténtica, por decirlo así, montaña de maquillaje para enmascarar una resistencia atávica a la gestión descentralizada de los distintos aeropuertos y, consecuentemente, para mantener el monopolio de facto de AENA. Quiero recordar, como se ha dicho también por otros portavoces, que las infraestructuras aeroportuarias en el contexto español han permanecido históricamente en un régimen de gestión centralizada por parte del Estado, lo cual es una anomalía en términos europeos. Hay pocos Estados que han sido tan impermeables a esa tendencia, ya cada día más generalizada, a reconocer la autonomía de gestión como necesidad que provoca hoy la extrema competencia y también las necesidades que tienen los distintos territorios. Por todos estos motivos, señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo ha presentado esta iniciativa y nos parece pertinente y además urgente que si es verdad que la ministra además ha dicho que está deseosa de comparecer, se haga efectiva esa comparecencia para dar explicaciones sobre esta cuestión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


La participación de las comunidades autónomas en la gestión de las unidades aeroportuarias ha surgido en el panorama político español casi inesperadamente, pero no como un proceso de estudio, de reflexión y de diálogo, como el que suele inspirar las cosas bien hechas, sino como resultado de la improvisación y -digámoslo así- el oportunismo de quienes pretenden contentar con unas migajas competenciales las aspiraciones estatutarias de una comunidad autónoma a la que no se acaba de cerrar el marco estatutario que se le había prometido. En este asunto los canarios no nos pronunciamos a remolque de nadie, porque a nadie extrañará que haya sido el Gobierno de Canarias y Coalición Canaria los que más han tocado las puertas del Ministerio de Fomento para demandar siempre diálogo y corresponsabilidad en un tema auténticamente crucial, no sólo para el futuro de las islas, sino para su permanente día a día. Tantas y tan buenas razones hemos dado como para que AENA se mostrara abierta y dispuesta a la firma de un convenio, mediante una colaboración permanente con las autoridades canarias, para hacer de nuestro sistema aeroportuario una auténtica red de cohesión interna, al tiempo de mejorar las condiciones para convertir a nuestros aeropuertos en un potente imán de atracción de tráfico, riqueza y empleo, tanto de nuestro entorno inmediato africano, como de Europa y América.


Nosotros -y lo saben cuantos gobiernos han sido- hemos sido constantes y leales en nuestros planteamientos. No hemos estimulado pleitos comparativos y hemos colaborado con AENA y con la Dirección General de Aviación Civil cuando ecologismos mal entendidos han pretendido limitar los sistemas de navegación. El sistema aéreo canario es mucho más vital que cualquier otro sistema en otro territorio por dos dependencias

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fundamentales: no existe otro sistema de transporte rápido alternativo, como la carretera o el tren, y nuestro pulmón económico, la industria turística, depende totalmente de la fluidez del sistema para mantener su actual vitalidad y para adaptarse, sobre todo, a los cambios del futuro.
Tan justas y razonadas han sido siempre nuestras demandas, que a mediados de la pasada legislatura llegamos a avanzar en un paso pequeño pero importante, como importantes son los movimientos que abren camino. A la vista de la cerrazón constante de dar entrada a los representantes canarios en la gestión de los aeropuertos, se alcanzó un acuerdo de principio con los niveles directivos de AENA para la firma de un convenio que encauzara la colaboración de ambas administraciones. Era una primera piedra que solo podía tener beneficios para ambas partes y, sobre todo, para los usuarios.


AENA que participa en los países extranjeros en la gestión de aeropuertos, paradójicamente no ha desarrollado esta experiencia en España. La primera iba a ser la canaria. Con sus más de 35 millones de pasajeros, más del 15 por ciento del tráfico estatal, Canarias era y es un magnífico campo de pruebas para ensayar la cogestión aeroportuaria, porque contiene en su red unidades de la más alta calificación internacional junto a las más pequeñas como la de Hierro y la Gomera. Además, constituye un subsistema propio, como solo existe en España en el caso de sus dos archipiélagos: un tercio de sus pasajeros lo hace entre islas, con más de 30.000 pasajes vendidos cada día para ir al médico, para ir a hacer una gestión, para ir y volver a trabajar en el mismo día. No es difícil imaginar la presencia que el transporte aéreo tiene en siete islas, con dos millones de habitantes que interactúan cada vez más entre sí y a los que el transporte marítimo solo ofrece eficientes y rápidos servicios entre las dos islas capitalinas. El proyecto de convenio ponía las bases para la futura cogestión con dos objetivos principales. El primero y más importante era aligerar cualquier tipo de procedimiento y de coste, que hace sufrir diariamente a los isleños de las cinco islas periféricas lo que llamamos el coste de la doble insularidad, ya que no existen líneas entre todas las islas y, con frecuencia, hay que dar dos saltos para llegar de punto a punto. El segundo era potenciar la capacidad de los aeropuertos como mediadores en la captación de visitantes y en el tráfico de mercancías.


Necesitamos más vuelos y frecuencias si no queremos que el sistema aeroportuario se convierta en un cuello de botella de nuestro desarrollo.
Todos estos conceptos los hemos expresado por activa y por pasiva de mil maneras durante años. Cuando se estaba a punto de cerrar la firma del convenio sufrió un nuevo parón por motivos estrictamente políticos. Desde el ministerio se entendió que no era bueno que Canarias se adelantara, siquiera tímidamente, estando otras comunidades a las puertas. Por aquellos tiempos la ministra de Fomento anunciaba que estaba trabajando en la solución y que cuando la tuviera la presentaría públicamente dentro de la legislatura. Lo de menos en este momento es el incumplimiento de los plazos, lo de más es la falta del más mínimo respeto a las dos comunidades archipielágicas que podría decirse que están unidas casi umbilicalmente al tráfico aéreo. Por ello a estas alturas de la película anunciar que solamente los aeropuertos de más de 30 millones de pasajeros accederán en los próximos años a una cogestión, suena a portazo en las narices después de tantos años. Un dirigente socialista canario tuvo la desfachatez de decirlo en público esta semana: No vamos a permitir que Coalición Canaria y el Partido Popular metan sus garras -dijo- en los aeropuertos canarios. Usando ese lenguaje de tebeo de quien se cree Batman o alguno de los héroes de La Guerra de las Galaxias, lo dijo apenas unas horas antes de que el presidente Rodríguez Zapatero rectificara parcialmente sus primeros anuncios y admitiera ante el presidente balear que Mallorca estaría poco después entre los aeropuertos cogestionados.


Ante tamaña demostración de improvisación y oportunismo político, es necesario que la ministra de Fomento aporte la información necesaria en esta Cámara, información que ni siquiera se ha dado a las comunidades autónomas, para que no sigamos con la sensación de que en este tema también se gobierna a golpe de ocurrencia, de ocurrencia en ocurrencia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Mucho se ha hablado en los últimos años en el Congreso del cambio del modelo aeroportuario, fundamentalmente motivado por el empeño en cambiar la titularidad de El Prat, y hoy también parece que con cierto empeño de las islas Canarias. También es verdad que a lo largo de los últimos tiempos el presidente Zapatero ha prometido, se ha comprometido, ha dado fechas, pero hasta ahora no hay nada concreto ante peticiones y presiones fundamentalmente provenientes de su compañero de partido, el señor Montilla. Parece que ahora ha llegado el momento, y parece que utilizando un motivo aparentemente más justificativo, cual es la crisis económica, para el cambio del modelo aeroportuario, y se establece como uno de los elementos clave, una de las medidas estrella del Gobierno para superar la crisis; tristes e ineficaces medidas estrella por otra parte.


Lo que han anunciado el Gobierno y la ministra hasta ahora -se ha dicho por los demás grupos- es improvisación e inconcreción, incluso trasluciendo posturas contradictorias dentro del gabinete. Tras las escuetas y evanescentes declaraciones públicas y los siete renglones, a los que hacía referencia el representante de CiU, sobre lo que ha aparecido en el acuerdo del Consejo

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de Ministros de La Moncloa, hemos conocido, también por la prensa -porque a pesar de haberlo pedido se nos ha ocultado-, que el Consejo Consultivo de Privatizaciones ha dicho que el modelo elegido por Fomento es el peor posible a la vista de experiencias internacionales, de las que luego hablaré y de las que tanto se presume aquí, y especialmente contrario a la entrada de las administraciones autonómicas y locales en la gestión.
Solo esto por sí es importante para que la ministra comparezca y explique su modelo, porque hasta ahora sabemos muy poquito: que va a separarse AENA en dos entidades, una de navegación y otra de gestor aeroportuario; que AENA mantiene la gestión -eso es lo que se dice en principio-; que se va a vender hasta el 30 por ciento al sector privado, y que junto al sector privado las administraciones autonómicas participarán en aeropuertos con más de 30 millones de pasajeros, a través de filiales en las que la posición de la comunidad autónoma será determinante; que el proceso va a durar dos años; que interviene un banco de negocios y que podría salir a Bolsa. Luego, la ministra de Fomento, ante la presión del Gobierno de la comunidad, aseguró en Mallorca textualmente: Todos los aeropuertos españoles, desde el de Jerez hasta los de Palma, Barcelona, Ibiza o Madrid, tendrán el mismo trato en el proceso de privatización de AENA y en el modelo de cogestión -palabra nueva empleada por la ministra en Mallorca- que está abierto a la participación de todas las comunidades autónomas, de acuerdo con las características de cada aeropuerto. La verdad es que -ya se ha dicho- las noticias son tan contradictorias que los ciudadanos, las empresas y los trabajadores no saben a qué atenerse.
Por tanto, el Gobierno tiene que definir cuanto antes el modelo, aclarar las modificaciones legislativas que conlleva, su incidencia en la política europea -de lo cual, por cierto, nadie se acuerda-, y justificar la trascendencia de la medida dentro del paquete con el que el Gobierno pretende atajar la crisis -porque quiero recordar que ahí es donde se enmarca- o aclarar si responde a otras cuestiones.


Señorías, AENA no es una cuestión baladí ni algo que pueda prestarse a la frivolidad de los análisis nada profundos. Tengo que decir que AENA, gracias a los planes directores que en su momento aprobó uno de los gobiernos del Partido Popular, gracias a la gestión posterior y gracias a su sistema financiero autosuficiente, conforma hoy una red de aeropuertos territoriales en los que los más importantes están ya diseñados y con capacidad hasta el año 2030, incluso Málaga, el que corresponde a la circunscripción de la ministra, hasta 2050. Pero es que el 70 por ciento del turismo llega a España por vía aérea, el 10 por ciento del PIB está relacionado con el transporte aéreo, hay más de 120.000 empleados en los aeropuertos, 12.000 de AENA, 38.000 de los proveedores y concesionarios de AENA, y el resto de las compañías, y el año anterior han pasado 210 millones de pasajeros por sus aeropuertos. No hay que olvidar que los aeropuertos, por la Constitución, son del Estado, y hay cuestiones de interés o de suprainterés general que están muy por encima de otras consideraciones y que se ponen de manifiesto, por ejemplo -aunque aquí se quiera decir de otra manera-, en que hay doce aeropuertos en islas y en Ceuta y Melilla, en que hay una prestación de servicio público ineludible que el Estado tiene que tener muy en cuenta. Tampoco hay que olvidar, y hay que decirlo, que el 63 por ciento de los aeropuertos no tienen un balance equilibrado, pero aportan un porcentaje de pasajeros a los más grandes que ayuda a su superávit, y por ello, la red de aeropuertos que conforma AENA sirve al Estado por su interés general. Eso ni puede olvidarse ni debe obviarse. Por tanto, queremos saber cuál va a ser el modelo del futuro.


El PP considera que se debe mantener, y que no debe perderse, la fortaleza de AENA. El Partido Popular lleva en su programa electoral la apuesta por la privatización de la gestión aeroportuaria y también la participación de las comunidades autónomas en las decisiones estratégicas. Sin embargo, la incorporación del sector privado no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para afrontar el reto de los próximos quince o veinte años, de la misma manera que las comunidades autónomas pueden y deben intervenir en la planificación estratégica y en el control. No obstante, una cosa es planificar y otras distinta es gestionar. Por tanto, la ministra tiene que decirnos qué va a hacer con esa venta del 30 por ciento de la sociedad gestora al sector privado, porque vender el 30 por ciento no es privatizar la gestión ni muchísimo menos. Las privatizaciones o la incorporación del sector privado hay que hacerlas con eficacia, no con la mera obtención de ingresos y cuanto más mejor, porque eso tiene consecuencias nefastas, como ya hemos visto.


Tengo que decir a quienes critican la gestión que, primero, hay que pedir que acrediten la viabilidad y bonanza de otro modelo, porque aquí no está el quítate tú para que me ponga yo, porque eso parece que ya no sirve.
Queremos acabar de una vez por todas con el invento de que el sistema de AENA es único en el mundo; no es verdad. Ustedes saben que British Airport funciona en red y no tiene por qué desaparecer la red, lo que pasa es que no quieren que se diga. Saben que los países escandinavos funcionan en red, al igual que Dinamarca y Holanda, y saben que el modelo americano es público con arrendamiento de las terminales a las compañías aéreas, pero sigue siendo público. Por tanto, hay suficientes elementos para que se venga a explicar hacia dónde vamos, qué se ha querido decir con cogestión, qué se quiere decir con posición determinante, qué va a pasar con los aeropuertos cuando no rebasen los treinta millones o cuando se amplíen a todas las comunidades autónomas.


Señor presidente, hay demasiadas dudas para que la ministra, además de posar en Mallorca en el mes de agosto, venga a comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar el modelo aeroportuario.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ayala.


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Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señor Ayala, lo que se dice posar hoy no puede hacerlo el señor Rajoy, su presidente del Partido Popular, porque no se encuentra hoy aquí cuando se debate un tema tan importante como todos los grupos parlamentarios estamos poniendo sobre la mesa. Por tanto, deje a la señora ministra de Fomento. Quizás le molestó a usted que en plenas vacaciones, el primero de agosto, en el Consejo de Ministros aprobara el nuevo modelo de gestión aeroportuaria y le molestó mucho más que el día 4 de agosto, estando usted de vacaciones, según me ha dicho o me lo imagino, la ministra a petición propia, formulara la solicitud para comparecer durante este mes de agosto -confío, señor presidente, en que podamos hacerlo la semana que viene en una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento- para explicar los rasgos generales que ya han sido aprobados en el Consejo de Ministros, del pasado viernes 1 de agosto, sobre el nuevo modelo de gestión aeroportuaria. Uno se queda un poco confuso cuando se escucha decir al portavoz de CiU que por fin se reconoce, como con la crisis, que es necesario un nuevo modelo; posteriormente el portavoz del PNV, el señor Beloki, más o menos ha dicho lo contrario, y ahora usted ha hecho un tótum revolútum. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestre, ocupa la Presidencia.)

Los que llevamos aquí varias legislaturas tenemos que saber, y si no gozarán ustedes de muy mala memoria, que durante la pasada legislatura especialmente ya se habló en profundidad de un nuevo modelo de gestión aeroportuaria. Tengo aquí, sin ir más lejos, alguna de las declaraciones del presidente del Gobierno en el"Diario de Sesiones", el 13 de septiembre de 2006, donde decía que el Gobierno entiende que una vez que entre en vigor el nuevo Estatuto -le contestaba al señor Puigcercós- se empezará una fase de diálogo para llevar a cabo una política de descentralización de las grandes infraestructuras especialmente en el aeropuerto de El Prat, pero que había que llevar a cabo la aprobación del Estatuto, etcétera. Con posterioridad, el presidente del Gobierno a una interpelación urgente de Izquierda Unida-Esquerra, recientemente, el pasado 4 de junio, planteaba algo parecido pero ya concretando. Más recientemente, el pasado mes de junio, en otra interpelación, también de Esquerra, señor Macias, la ministra de Fomento decía textualmente: Estamos en el camino de un nuevo modelo de gestión aeroportuaria. Por tanto, ante un tema tan serio es lógico que estemos durante años, como estamos, hablando, estudiando desde el Ministerio de Fomento y dando todos los pasos necesarios con responsabilidad para abordar algo en lo que todos estamos de acuerdo, que es ese nuevo modelo de gestión aeroportuaria para los próximos quince o veinte años ante una nueva realidad territorial que nadie oculta, especialmente el Partido Socialista, que es el que más ha impulsado este Estado de las autonomías del que hoy gozamos en España. Ello sin olvidar, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, el artículo 2 de la Constitución española, que habla de la solidaridad, porque, efectivamente, hay una gran cantidad de aeropuertos que son deficitarios.


Todo ello tiene como consecuencia que el pasado 1 de agosto ya se marcaran las líneas básicas del nuevo modelo, que son: En primer lugar, AENA se mantiene como entidad pública empresarial estatal, con una clara segregación de lo que va a ser la navegación aérea de lo que es la gestión aeroportuaria. En segundo lugar, línea básica, se va a crear una nueva sociedad estatal que será la empresa gestora de los aeropuertos del Estado. Señor Ayala, nosotros no somos partidarios de su modelo de privatización pura y dura que contempla su programa electoral. El cien por cien del capital social pertenecerá a AENA y esta nueva empresa asumirá la gestión de los aeropuertos y dará cabida al capital privado con un porcentaje de alrededor del 30 por ciento. Y en tercer y último lugar, se dará entrada también, como no puede ser de otra manera y como viene prometiendo el presidente del Gobierno desde el año 2006 a las comunidades autónomas, a aquellos aeropuertos cuya gestión sea especialmente compleja, dados los volúmenes de tráfico en el conjunto aeroportuario. A mi grupo parlamentario, al Partido Socialista, le parece positivo, en principio -sin entrar a fondo en el debate y en cómo se va a desarrollar el modelo-, que la semana que viene cada grupo pueda hacer aportaciones en positivo, buscando lo mejor para ese nuevo modelo, con una estructura clara que pone ya sobre la mesa el Gobierno en el Consejo de Ministros, que para eso le han elegido los ciudadanos, y que tendrá derecho a llevar a cabo. Si acierta o fracasa será su acierto o su fracaso, pero tenemos un antecedente: año 1990, Felipe González, creación de AENA. Tengo que recordar que AENA, que ha servido para esta etapa de tránsito de dieciséis años, hasta el momento ha desempeñado con éxito su gestión; ha hecho que nuestros aeropuertos no solo sean de los mejores del mundo sino autosuficientes y que, por tanto, no cuesten un solo duro a los contribuyentes, a los ciudadanos, y más en un momento de crisis; tiene una de las mejores ratios de calidad del mundo. Es, en definitiva, un modelo que ha mejorado. Decía el señor Ayala: ¿Y por qué lo cambiamos? Porque el Partido Socialista cree en el progreso y cree que se puede mejorar aún más, porque tenemos una nueva realidad territorial, tenemos un mundo competitivo como nunca en el ámbito aéreo; tenemos que seguir mejorando la calidad y la eficacia del servicio. Creemos que contando con todo, como se va a hacer, con estas líneas básicas, se puede conseguir.
Por eso la ministra pidió comparecer el día 4 y espero, señor presidente, que la semana que viene cada grupo aporte lo mejor de sí para que este modelo, que en un plazo de dos años queremos tener sobre la mesa, se ponga en marcha.


Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor De la Encina.


PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (número de expediente 062/000009), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE PARA EXPLICAR LA REDUCCIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PARA EL AÑO 2008, ASÍ COMO LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL AÑO 2009. (Número de expediente 213/000140.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al punto 4 del orden del día, que se corresponde con la petición formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, del Grupo Parlamentario Popular, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, en la que comparezca la ministra de Educación, Política Social y Deporte para explicar la reducción de los fondos destinados a la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el año 2008, así como las previsiones presupuestarias para el año 2009. En nombre de ese grupo, tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO ARANEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hace ya más de año y medio que entró en vigor y que empezó a aplicarse la Ley de Dependencia, y la verdad es que después de ese año y medio el balance de lo que ha sido el devenir de la ley no se puede calificar más que de desolador. Efectivamente, se han incumplido todos los objetivos en lo que hace referencia tanto al número de beneficiarios como al empleo generado, a la expectativa de empleo que se iba a generar, en un sistema opaco, en el que no hay transparencia, sobre el que hay una amenaza de recortes presupuestarios y que se desarrolla, además, con una lentitud desesperante. Según la memoria de la ley, este año 2008 tenían que atenderse más de 400.000 dependientes, 210.000 grandes dependientes y 200.000 severos. Sin embargo, según datos facilitados por el propio ministerio a final del mes de junio, estaban recibiendo alguna prestación económica, o tenían asignado algún servicio, 65.460 personas. Hay que decir que esta cifra que se facilitó representa a los dependientes que están baremados y que tienen un plan individualizado de atención, a los que además se les ha asignado un recurso, pero no a beneficiarios nuevos.
En la mayor parte de los casos estas personas ya estaban siendo atendidas y, además, en muchos casos el recurso que se les asigna es coincidente con el que ya tenían. Por tanto, estos son los datos que nosotros tenemos y que ponen de manifiesto la escasa cobertura que está ofreciendo, de acuerdo con los objetivos previstos, la Ley de Dependencia en su segundo año de aplicación. Además, la ley preveía que este año se iban a crear 196.000 empleos en el sector de atención a la dependencia y, según los datos de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, se han creado apenas 6.000. Por tanto, solo supone el 3 por ciento de los objetivos de creación de empleo que venían en la memoria de la ley.


Esta ley, que fue la ley estrella de la legislatura anterior, hablaba de la creación de nuevos derechos, fue presentada a bombo y platillo y generó una enorme expectativa a muchas personas que estaban necesitadas, más que nadie, de la atención de las administraciones públicas, que muchas veces son la parte más débil de nuestra sociedad y, por tanto, tiene que constituir una prioridad de la acción de la Administración. Sin embargo, esa expectativa se ha venido traduciendo con el paso del tiempo en frustración, seguramente porque es una ley que, desde el principio tuvo una previsión de dotación económica claramente insuficiente. Para este año en los Presupuestos Generales del Estado se contemplaba la cantidad de 871 millones. Dentro de estos 871 millones, para la financiación del nivel convenido con las comunidades autónomas, había una expectativa de 435 millones. El pasado día 23 de julio, el Consejo Territorial de Dependencia acordó la cifra de 241 millones para los convenios que se van a firmar con las comunidades autónomas a partir del mes de septiembre. Hay que decir que en 2007 las comunidades autónomas recibieron 220 millones de euros para la atención de 200.000 dependientes y que este año recibirán 241 millones para atender a 400.000 dependientes. Pero, si sumamos a esto la supresión de los 71 millones con que estaba dotado el Plan de acción para mayores y que ya no reciben este año las comunidades autónomas, el hecho es que las comunidades autónomas van a recibir de la Administración General del Estado 50 millones de euros menos para atender a 200.000 dependientes más. Por tanto, el esfuerzo está recayendo de manera principal y creciente en las comunidades autónomas, que asumen ya el 66 por ciento de la responsabilidad económica, frente al 14 por ciento que está asumiendo la Administración General del Estado, cuando la ley hablaba de que había que repartirlo en proporciones iguales.


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Nos preocupa también la falta de transparencia en el desarrollo de la ley.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado 329 iniciativas en relación con esta ley (37 solicitudes de informe, 257 preguntas escritas, 35 preguntas orales en Comisión) y no hemos tenido respuesta a nada. No se nos está informando de lo que está pasando. Seguramente, se quieren ocultar la realidad y los hechos, y la gente debería conocer, sobre todo los que representamos a la soberanía popular, el fiasco de la aplicación de la Ley de Dependencia y las expectativas frustradas año y medio después. Por tanto, creo que la ministra Cabrera debe comparecer en el Parlamento y explicar y aclarar por qué se recorta la financiación de las comunidades autónomas, por qué las dotaciones son insuficientes y, lo que es peor, menguantes; debe comprometerse a una aplicación y un desarrollo viable de la Ley de Dependencia, no solo en este ejercicio sino también para ejercicios futuros; debe comprometerse a priorizar la atención a los dependientes en los presupuestos para el año 2009 y debe explicarnos qué es lo que está pasando cuanto antes.


Quiero recordar que la propia ministra, a pesar de que el Gobierno anunció que no habría recortes sociales en la situación de crisis económica, en declaraciones el 23 de julio no descartó que la actual coyuntura económica pueda tener alguna influencia en el despliegue de la Ley de Dependencia. Nosotros nos preguntamos con preocupación qué es lo que significa esto, qué significa tener alguna incidencia, y si con motivo de la crisis los que van a sufrir las consecuencias de las limitaciones del presupuesto van a ser los más débiles.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al turno de fijación de posición. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias.


En primer lugar y en nombre del Bloque Nacionalista Galego, quiero expresar mi total acuerdo con las razones de fondo expuestas por el portavoz del Partido Popular. Quiero recordar que la llamada Ley de Dependencia fue una de las grandes banderas del Gobierno en la pasada legislatura, hasta el punto de afirmarse reiteradamente que con ello se estaba edificando el cuarto pilar del Estado de bienestar. El Bloque Nacionalista Galego dio apoyo a la llamada Ley de Dependencia y creo que con nuestra actuación parlamentaria contribuimos incluso a mejorarla.
Quiero recordar que ante una situación de crisis económica profunda como la que estamos viviendo, el presidente del Gobierno manifestó en reiteradas ocasiones su compromiso de mantener en esta legislatura las políticas de gasto social para evitar que una situación de crisis castigue a los sectores más desvaforecidos y más desprotegidos. Pero este compromiso, verbalizado en reiteradas ocasiones por el presidente del Gobierno, entra en contradicción con el incumplimiento de los compromisos a los que se había llegado con las comunidades autónomas para el despliegue de la ley en el presente año. Esto, aparte del perjuicio que causa a los beneficiarios de la Ley de Dependencia, que es lo que nos tiene que preocupar a todos en primera instancia, también significa transferir la responsabilidad y el esfuerzo a las comunidades autónomas sin acompañarlo de los fondos necesarios, por tanto, transferir también a las comunidades autónomas los costes políticos de las dificultades para el despliegue de esta ley. Tenemos en Galicia un ejemplo reciente, quizás porque en Galicia ya estamos en plena dinámica preelectoral. Ayer, sin ir más lejos, el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento gallego pretendió descalificar una serie de iniciativas que quiere impulsar el Bloque Nacionalista Galego para hacer frente a la situación de crisis económica, diciendo que el vicepresidente de la Xunta de Galicia, departamento del que dependen estas políticas en Galicia, de lo primero que tenía que preocuparse es de acelerar el despliegue en Galicia de la Ley de Dependencia. En Galicia el despliegue está siendo muy superior a la media del Estado, pero aún no hemos escuchado a un portavoz del Partido Socialista en Galicia criticar al Gobierno central por incumplir sus compromisos con las comunidades autónomas y no dotar de los fondos comprometidos con éstas para el despliegue de esta ley. Quiero manifestar nuestro acuerdo total con los argumentos de fondo. No obstante, en los contactos mantenidos previos a esta Diputación Permanente, se nos ha hecho saber por parte del Partido Socialista que existe plena disposición para que pueda comparecer la ministra a lo largo del mes de septiembre.
Si es así, el Bloque Nacionalista Galego consideraría que no hay razones de urgencia que fundamenten la necesidad de que esta comparecencia se produzca la próxima semana y que es posible esperar a septiembre. En ese caso, no apoyaríamos esta solicitud, compartiendo, no obstante, sus argumentos de fondo. Nos gustaría que el portavoz del Partido Socialista en esta Diputación Permanente verbalizase claramente ese compromiso de cara a nuestra posición de voto final.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTE (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra su portavoz, el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Con suma brevedad porque nuestro grupo se adhiere a las valoraciones que ya han expresado otros portavoces, y solo para añadir algunos datos elocuentes y algunas novedades respecto del despliegue y la aplicación de la llamada Ley de Dependencia. Quisiera remitirme a finales del mes de julio, porque fue en esas fechas cuando, en el marco del pleno del Consejo Territorial del

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llamado sistema de dependencia, se dieron a conocer los criterios de reparto de los créditos comprometidos por el Estado para financiar la ley. En el caso de Cataluña supimos que el Estado va a destinar 39,3 millones a ese capítulo. Eso quiere decir que el Estado va a aportar alrededor de 145 millones de euros para el conjunto de comunidades autónomas, mientras que, si no estamos equivocados y se aplican rigurosa y estrictamente los criterios previstos en la ley, debería aportar algo más de 300 millones de euros. Por tanto, si no mejora la financiación de la ley, no hay que ser, permítanme la expresión, precisamente Einstein para ver que las comunidades autónomas van a tener serias dificultades para aplicarla, sobre todo a medida que las personas con menor grado de dependencia vayan entrando gradualmente en el sistema.


Cataluña, hoy por hoy, aporta 3,25 euros por cada euro que aporta el Estado. Solo este año ha habido 55.000 personas beneficiarias, lo cual ha supuesto que el Gobierno de la Generalitat, para hacer frente a esta creciente presión y a esta demanda, haya tenido que doblar los recursos y, por tanto, poner 702 millones de euros, lo cual, evidentemente, es insostenible. Por ello, para afrontar el déficit, en la reunión del Consejo Territorial el Gobierno de la Generalitat ya propuso incrementar lo acordado anteriormente en el marco de cooperación hasta los 436 millones en lugar de los 241 actuales y que además se compense el incremento del mínimo garantizado en idéntico porcentaje que han crecido las prestaciones económicas, que lo han hecho en un 4,1 por ciento en lugar del 2 por ciento, que es lo que supone el incremento que ha experimentado esa cantidad. Por tanto, señorías, señoras y señores diputados, vemos la necesidad de que la ministra, que en su día ya dijo que estaba dispuesta a dar las explicaciones oportunas, venga a esta Cámara. Otra cosa es que deba hacerlo inmediatamente, este mes de agosto, y si, como se ha dicho también por parte de otro portavoz, el Grupo Socialista se compromete a la presencia del Gobierno durante el mes de septiembre para tratar esta cuestión, evidentemente, nuestro grupo, compartiendo las razones de fondo que apoyan esta iniciativa, no la va a suscribir ni apoyar.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


El señor Alonso ha expuesto una radiografía muy correcta de la calamitosa aplicación de esta ley, que efectivamente fue la ley estrella de la anterior legislatura, la llamada, mediante expresión absolutamente desproporcionada, nada menos que cuarto pilar del Estado del bienestar.
¡Pobre Constitución de Weimar y los principios y paradigmas del Estado del bienestar que ahí se definieron! Calamitosa aplicación por muchas razones. En primer lugar, todavía no somos capaces, ninguno, nadie, ni la doctrina científica ni el ámbito político, de identificar el derecho subjetivo que en esta ley se establece. Sabemos que no es un derecho de seguridad social, pero en todo caso es un derecho subjetivo que no tiene referencia constitucional alguna. Es una especie de derecho subjetivo fantasmagórico que se reconoce a los dependientes. En segundo lugar, se utilizó para la aprobación de la ley, señora presidenta, un título competencial impropio, el previsto en el artículo 149.1.1 de la Constitución que no atribuye a las Cortes del Estado competencia legislativa en aquellas competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas. Y en tercer lugar, la financiación está resultando verdaderamente insuficiente. Los compromisos previstos en una ley que se aplica en forma de tracto sucesivo en ocho años y que va a costar a las arcas del Estado pretendidamente 15.000 millones de euros no van a poder ser cumplidos y, de hecho, se están incumpliendo ya. Los grandes dependientes tenían que estar a estas alturas, en estos momentos ya históricos o cronológicos, cubiertos totalmente. En este momento no estamos hablando de un nivel de cobertura que llegue ni siquiera al 15 por ciento de los grandes dependientes.


La creación de empleo ha sido expuesta por el señor Alonso. Las expectativas o la prospección en materia de creación de empleo para el trabajo a favor de los dependientes también están resultando manifiestamente insuficientes. Evidentemente, hay una desproporción que nos preocupa, señora presidenta, porque de alguna forma desestructura los equilibrios financieros entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, entre el esfuerzo presupuestario de las comunidades autónomas que, como el señor Alonso decía, llega al 66 por ciento y el del Estado que no llega ni al 14 por ciento en estos momentos, cuando el sistema de financiación de la ley se hace en virtud de tres tercios, un primer tercio corresponde en exclusiva a la Administración del Estado, un segundo tercio que se distribuye por mitades entre la Administración Central del Estado y las comunidades autónomas y un tercer tercio que corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas. Este último es el que está funcionando bien.


Dicho esto y denunciada de esta manera tan clara -espero, señora presidenta- la calamitosa aplicación de una ley que tiene tantas dificultades y provoca tantas reservas mentales, a mi grupo parlamentario cuando menos, respecto de la cual se han aplicado títulos o enunciados absolutamente desproporcionados, ilegítimos, este no es el cuarto pilar del Estado del bienestar, ni siquiera se le parece, señora presidenta. Y tampoco desde una perspectiva de futuro tenemos motivos para ser particularmente optimistas. Si es verdad que para el próximo ejercicio presupuestario la capacidad de gasto del Gobierno del Estado, como comunicó el vicepresidente económico del Gobierno, señor Solbes, es de 3.000

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millones de euros y con 3.000 millones de euros hay que afrontar la financiación autonómica, las obras de infraestructuras, el mantenimiento del gasto social, etcétera, me gustaría que la portavoz del Grupo Socialista me explicara cómo se puede cumplir el requerimiento con respecto a la parte de cobertura de los dependientes que corresponde cubrir en el año segundo de aplicación, en virtud de estos ocho años de aplicación en forma de tracto sucesivo de una ley que teóricamente obliga al Estado a desembolsar 15.000 millones de pesetas. Por lo pronto no está provocando prácticamente desembolso, mínimos desembolsos, desembolsos irrelevantes, aunque está incrementando el compromiso presupuestario de las comunidades autónomas. En definitiva, no vemos ninguna claridad en la aplicación y desarrollo de una ley que se aprobó con un gran acompañamiento mediático, con la utilización de calificativos desproporcionados respecto a sus bondades, una ley cuyos déficits, cuyas lagunas estamos sufriendo todos en este momento. Desde esa perspectiva, a pesar de la promesa realizada por la ministra de este ministerio tan coherente llamado nada menos que de Educación, Política Social y Deporte, entendemos que la comparecencia de la ministra es absolutamente perentoria y por lo tanto vamos a apoyar la propuesta presentada por el Grupo Popular, tan lúcidamente explicitada por su portavoz.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) va a ser la de no votar favorablemente la petición del Grupo Parlamentario Popular para que comparezca con carácter de urgencia la ministra de Educación, Política Social y Deporte. Coincidimos básicamente con los planteamientos que han hecho los diferentes portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y solo quiero manifestar que mi Grupo Parlamentario, Convergència i Unió, y el Partido Nacionalista Vasco fuimos los dos únicos grupos que votamos en contra de esta ley estrella de la pasada legislatura del Gobierno socialista. En el momento de su tramitación ya planteamos una serie de dificultades en relación con su aplicación y, lamentablemente, los hechos nos han dado la razón. Planteamos que desde una óptica estructural esta ley tenía lagunas importantes en su aplicación, las cuales en algunos aspectos invadían competencias autonómicas y al mismo tiempo vaticinábamos que con toda probabilidad harían falta recursos para la aplicación de la misma. ¿Qué hizo el Gobierno en aquel momento, en la pasada legislatura? Aprobó la ley con la complicidad de todas las fuerzas parlamentarias de la anterior legislatura, con el único voto en contra del Partido Nacionalista Vasco y de Convergéncia i Unió, y en el desarrollo y en la aplicación de la misma hemos podido observar -digo lamentablemente otra vez- que desde nuestra perspectiva a esta ley cabría calificarla como el gran engaño del Partido Socialista a todos los ciudadanos españoles. Y es así porque, por una parte, no se han cumplido las expectativas iniciales. Hay muchísimas peticiones para la asignación de gran dependencia y hemos observado que poder llegar a una asignación de gran dependencia es prácticamente imposible o impensable, al menos en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Al mismo tiempo, hemos visto que el Gobierno aprobó una ley muy alegremente contando con los recursos de las comunidades autónomas, que lamentablemente tampoco tienen estos recursos para poder hacer frente a la misma. Por tanto, difícilmente vamos a subsanar los defectos estructurales de esta ley con una comparecencia de urgencia para la próxima semana. Repito que, compartiendo los argumentos de la mayoría de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, como lamentablemente no lo vamos a resolver, daríamos como bueno que la ministra de Educación, Política Social y Deporte comparezca durante el mes de septiembre para poder atender a las peticiones de los diferentes grupos parlamentarios.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, al grupo que solicita esta comparencia quiero negarle la mayor, y es que se esté produciendo reducción alguna en los créditos destinados a la financiación de la Ley de la Dependencia. Señor Alonso, el Gobierno de España está destinando a la financiación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2008, aprobados por esta Cámara y conocidos -o al menos eso esperaba yo- por todos los grupos desde hace bastante tiempo, también por el suyo. Por tanto, ni existen recortes ni reducciones del gasto del Gobierno central en materia de dependencia, se están cumpliendo los créditos que están presupuestados.


Déjeme recordarle o informarle, porque usted no se ocupa habitualmente de estos temas, por si lo desconoce, que este año 2008 el Gobierno de España destina a la aplicación de esta importantísima ley la cantidad de 870.998.370 euros. Señor Alonso, eso significa 207 millones de euros, un 26 por ciento más que la cantidad consignada en la memoria económica de la ley, que debería usted haberla mirado, que preveía una aportación

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de la Administración General del Estado para 2008 de 678 millones. Señor diputado, a esta operación de añadir -no como dicen ustedes en su convocatoria- se la conoce como adición o suma y en ningún caso como reducción o como recorte. No se ha restado nada ni se ha reducido, se han sumado 207 millones de euros. Esa cantidad total de 871 millones presupuestados se destina íntegramente, y así se está haciendo, a la financiación -¿de qué, señor Alonso?- del nivel mínimo que se corresponde con el pago a las comunidades autónomas por número de dependientes valorados y atendidos. Tal vez usted debería preguntar qué está sucediendo en algunas comunidades autónomas que ni valoran ni reconocen prestaciones. Se destina al pago de la Seguridad Social de los cuidadores y al nivel acordado del que han hablado distintos grupos en esta sesión; nivel acordado que ha tenido también un incremento y que se distribuyó, como usted ha dicho, el pasado 23 de julio con el acuerdo de las comunidades autónomas tanto en los criterios como en la distribución correspondiente. Pero si su grupo quiere buscarle tres pies al gato, yo le ayudo a usted a encontrar dónde está el problema de que algunas comunidades autónomas reciban menos. Si se ha fijado usted, este año se han introducido nuevos criterios para el reparto de ese nivel. Se ha hecho así, señoría. En 2007, por ejemplo, el dinero del nivel acordado se repartía con un criterio que era el número de dependientes susceptibles de ser atendidos. Estábamos hablando de estimaciones, era el primer año de aplicación de la ley y no se sabía cuántas personas realmente iban a ser valoradas. Pero en 2008 resulta que, además de las estimaciones, ya hay personas valoradas que están recibiendo prestaciones y se incorpora ese nuevo criterio, el de la realidad de las valoraciones que se han hecho comunidad autónoma por comunidad autónoma, que son quienes tienen la responsabilidad de la gestión de la ley. Es decir, el nuevo criterio se corresponde con el número real de dependientes atendidos que estén valorados y recibiendo prestación o servicio. Y vaya que sorpresa para ustedes el día 23, porque antes debe de ser que no se habían enterado de nada, que no para quienes venimos denunciando lo que está sucediendo en determinadas comunidades autónomas ni para los ciudadanos que padecen esa mala gestión. Resulta que es escaso el número de valorados en algunas de ellas y más escaso aún el número de personas que están recibiendo esos servicios o esas prestaciones. Como tiene usted también los cuadros y ha sido publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, me voy a limitar a leerle dos. Si Madrid hubiera atendido a las personas estimadas, le correspondería un 13 por ciento ponderado en ese criterio de reparto.
Pero mire usted, señoría, a duras penas ha conseguido alcanzar el 4 por ciento de personas realmente valoradas, no digo ya las que estén recibiendo prestación o servicio. Pregunte usted a la señora Aguirre antes de venir a la comparecencia de la ministra porque a lo mejor tiene algunas cosas que contarle. Mientras, en otras comunidades autónomas se da el caso justamente contrario, como en Andalucía, cuya estimación era de un 16 por ciento y han superado con creces el 30 por ciento de las personas que realmente están siendo atendidas en este momento. No sé si me sigue. Le puedo decir cuáles son todas las que no han llegado ni a la estimación: Murcia, Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, y le puedo decir las que han cumplido las estimaciones previstas en la ley y las que las han superado con creces, que son exactamente el resto.


Señor Alonso, no voy a entrar a discutir sobre una ley en la que ustedes no tuvieron ningún interés, y fueron mi grupo, mi partido y mi Gobierno los que la incorporaron a la agenda política y la hicieron realidad. Creo que a todos nos interesa el desarrollo y aplicación de esta ley y entiendo el interés de grupos como Convergència i Unió, Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Esquerra, que han solicitado la comparecencia del Gobierno con carácter ordinario, porque queremos saber qué está pasando (El señor Merino Delgado: Usted lo sabe.), qué está pasando en esas comunidades donde no se aplica la ley, por qué otras la están aplicando, qué dificultades tienen, cómo poder solucionarlas, que es en lo que están trabajando todas las comunidades autónomas en el consejo territorial. Señoría, nosotros estamos preocupados por la ley, por la aplicación de la ley y por los ciudadanos de Madrid y de Valencia que no reciben las prestaciones, y no por el espectáculo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Pérez Domínguez, debería ir finalizando, por favor.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Termino, señoría.


Así lo entiende mi grupo y el próximo 4 de septiembre se reunirá la Comisión delegada del consejo territorial y será pues lógico -y es el compromiso de este grupo y del Gobierno- que la ministra comparezca con carácter ordinario en la Comisión a lo largo del mes de septiembre para explicar tanto los trabajos de la comisión delegada como para exponer las líneas básicas de actuación del ministerio, ejecución presupuestaria y previsiones. Le aseguro, señor Olabarría, que de nuevo para el año 2009 las previsiones presupuestarias de esta ley superarán con creces la memoria económica que está aprobada también por esta Cámara en el proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE QUE SE

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ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL (número de expediente 062/000009), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- DEBATE DE LA PROPUESTA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV), DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE CREACIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL, DE UNA SUBCOMISIÓN SOBRE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 158/000007.)

PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL (número de expediente 062/000011), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- PARA QUE SE CONSTITUYA LA SUBCOMISIÓN, SOLICITADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, SOBRE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 158/000007.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a los puntos 5 y 7 del orden del día, en los que se van a debatir la petición de un número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional y misma solicitud presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán de Convergència i Unió, Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de creación en el seno de la Comisión Constitucional de una subcomisión sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general. Para ello tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Popular reitera una vez más en esta Diputación Permanente su deseo de que en los próximos comicios que se convoquen puedan participar con voto presencial en urna los 1.222.000 electores que están inscritos en el censo de españoles residentes ausentes. Para que eso sea posible nuestro grupo parlamentario ha trabajado desde que se inició la legislatura; lo hicimos, como ya hemos reiterado, el 13 de mayo de 2008 cuando hubo un debate sobre la facilitación de voto en la elección en el Senado, en el que introdujimos la necesidad de que inmediatamente se abordase este tema -iniciativa que fue rechazada por el Grupo Parlamentario Socialista-; lo hemos hecho cuando el 29 de mayo este grupo parlamentario con los demás que integran esta Cámara solicitamos la creación de una subcomisión que estudiase las modificaciones del régimen electoral general, solicitud que está admitida a trámite por la Mesa del Congreso el 6 de junio, pero que todavía está pendiente de constituir pese al tiempo transcurrido. El 11 de julio de este año nuestro grupo interesó una reunión de la Diputación Permanente para que se acordase la comparecencia de la vicepresidenta y gracias a esa iniciativa la señora vicepresidenta comparece el día 30 de julio en esta Diputación Permanente y hace una serie de afirmaciones que yo quiero recordar. La primera y más clara es que ha dicho que está dispuesta a priorizar el voto CERA, a regularlo y a tenerlo en consideración, más allá de que se pueda discutir, incluso también en el Parlamento, la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia por acuerdo de los grupos para poder trabajar sobre ella. Reiteró en esa comparecencia una cantidad enorme de planteamientos a favor de que eso fuera así, si bien se dedicó también a plantear toda suerte de inconvenientes técnicos que de alguna manera viniesen a trasladar la sensación de que era inviable esta reforma. Pues bien, nosotros, señorías, además de recoger el emplazamiento que nos hizo de que trabajáramos en agosto sobre este tema, ya al día siguiente, el 31 de julio, pedimos esta solicitud de comparecencia aquí ante la Diputación Permanente, porque creemos que esta reforma es inaplazable. Por ello pedimos una reunión de la Comisión Constitucional en sesión extraordinaria para que se constituya inmediatamente esta subcomisión, que luego debe ser ratificada por el Pleno.


Una vez más manifestamos que llevamos esperando desde el año 2004 para que esta reforma se materialice. Existieron compromisos del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno socialista que no fueron cumplidos. Vuelvo a recordar que han transcurrido ya veinte meses desde que aprobamos el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que ordenaba -no sugería- la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para posibilitar el derecho de voto, y que se han obviado cantidad de proposiciones no de ley y de mociones en las que se instaba lo mismo. Por tanto, advertimos que el Grupo Socialista está buscando coartadas para evitar acometer la reforma, que se está claramente utilizando un doble lenguaje. Se dice y se vota una cosa en el Parlamento de Galicia. Hemos aprobado una proposición de ley orgánica por unanimidad después de un trabajo bastante concienzudo en la ponencia del

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Parlamento de Galicia. Se aprueba, se hacen grandes declaraciones, pero aquí no se impulsa, no se tiene voluntad política de que esto salga adelante, y es importante en Galicia porque hay nada más y nada menos que 330.000 gallegos residentes en el exterior que quieren votar en urna de modo presencial. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señorías, que pidamos que se constituya la subcomisión es razonable, pero tenemos que decir muy claramente que no es imprescindible para que se reforme la ley orgánica en este aspecto puntual, que es el del voto exterior, que esta subcomisión se constituya, puesto que esta iniciativa debería ser recogida por el Gobierno a través de un proyecto de ley, que podría tomar como eje conductor esta proposición de ley orgánica del Parlamento de Galicia, que aquí en el trámite parlamentario no se va a ver hasta que transcurran más de dos años, por el cupo que existe en estos momentos, proposición de ley que está pendiente además de calificación por la Mesa del Congreso. Por tanto, si el Gobierno realmente considerara urgente esta reforma, presentaría un proyecto de ley. Si el Grupo Parlamentario Socialista quiere realmente explicitar que más allá de declaraciones hay una voluntad concreta, que suscriba con todos los grupos parlamentarios ya una proposición de ley orgánica de reforma de la Loreg que tome -repito- como eje conductor la del Parlamento de Galicia. En trámite parlamentario le haremos toda clase de enmiendas, toda clase de modificaciones, toda clase de aportaciones y así podríamos intentar llegar a tiempo. No caben excusas de tipo técnico. No caben excusas de que nuestro país no dispone de una administración preparada. Somos un país potente en medios económicos y somos un país potente en medios materiales. Es inexplicable que puedan votar en territorio español ciudadanos de países como Ecuador, Colombia o Perú para sus elecciones generales y que siga sin ser posible que lo hagan tantos españoles que residen en el exterior. Por eso, señorías, reiteramos esta petición, pero también somos conscientes, señor presidente, de que esta solicitud que hicimos el 31 de julio era para una diputación permanente que probablemente se hubiera celebrado antes.
Estamos en la penúltima semana del mes de agosto y somos conscientes de que también tenemos septiembre a las puertas y que necesariamente este acuerdo debe luego ratificarse por un pleno -el primero según nuestras noticias será el 10 y el 11 de septiembre-. Por todas estas razones escucharemos el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista y en función de lo que se manifieste, tomaremos nuestra decisión definitiva.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.


En el mismo sentido existe iniciativa acumulada para su discusión en este punto de los grupos parlamentarios Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto. Por tanto, en primer lugar tiene la palabra por el mismo tiempo y para defender su iniciativa el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.


Como es obvio, esta petición es consecuencia a su vez de la solicitud de comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno ante la Comisión Constitucional, que fue objeto de debate y resultó aprobada en la reunión de la Diputación Permanente celebrada el pasado mes de julio, y es consecuencia también de los términos en los que se dio el debate en esa Comisión Constitucional. No voy a repetir en esta sesión de la Diputación Permanente argumentos ya expuestos en la anterior y en la propia reunión de la Comisión Constitucional. No voy a reiterar las razones por las que el Bloque Nacionalista Galego considera urgente esta reforma. Sí quisiera aprovechar para manifestar que el Bloque Nacionalista Galego considera que no hay tantas dificultades técnicas como se arguyen para no poder acometer esta reforma en el plazo más breve posible. También quiero manifestar mi escepticismo con respecto a algunas de las hipótesis alternativas puestas encima de la mesa en ese debate por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno, como el voto electrónico.


El Bloque Nacionalista Galego no descarta que el voto electrónico pueda ser una solución a largo plazo, pero a nadie se le escapa que su implementación a corto plazo es realmente dificultosa. A ese respecto sí que estamos hablando de una dificultad real. Pongo un ejemplo. Pasados treinta años de democracia y pese a muchas iniciativas del Bloque Nacionalista Galego en las Cortes españolas al respecto, sigue sin haberse habilitado un mecanismo de votación para que el personal que está embarcado durante el periodo electoral pueda votar en los procesos electorales. Me estoy refiriendo a un contingente que tiene una particular importancia en Galicia, a todos los trabajadores de la pesca gallega que trabajan en la flota de altura y gran altura o a los trabajadores de la marina mercante. Ahí el voto electrónico sí que podía ser un mecanismo para que esas personas pudiesen votar, pero aún estamos esperando a que puedan hacerlo. Por tanto, para nosotros lo que sí es urgente, y es lo que hay que preservar, es garantizar la limpieza de los procesos electorales y el carácter libre, secreto y directo del voto de los llamados residentes ausentes. Eso pasa simplemente por homologar el procedimiento de votación en el exterior al que existe en el interior y, por tanto, por que la opción preferente sea que voten en urna. No nos gustaría que esta hipótesis del voto electrónico no fuera otra cosa que una maniobra -y permítanme que me exprese así- de despiste o de dilación para encubrir la falta de voluntad política para abordar esta reforma con urgencia.


Ustedes se preguntarán no obstante cuál es la razón que motiva esta solicitud de urgencia cuando estamos a 20 de agosto y cuando yo mismo he manifestado sobre otros puntos que, compartiendo el fondo, entendía que

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no había razones de urgencia que lo fundamentasen y que se podía esperar al nuevo periodo de sesiones. Las razones de la urgencia las ha establecido la propia vicepresidenta primera en su intervención en la Comisión Constitucional. En dicha Comisión hubo un emplazamiento muy claro al Gobierno para que este manifestase si estaba dispuesto a asumir los contenidos básicos de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Electoral aprobada por el Parlamento gallego y tramitara ante esta Cámara con la máxima urgencia un proyecto de ley presentado por el propio Gobierno. La vicepresidenta dijo que entendía que la iniciativa no correspondía al Gobierno, que correspondía al Parlamento e hizo una apelación explícita a que la subcomisión se constituyera y empezara a trabajar y a que si los grupos parlamentarios así lo consideraban, abordasen como primera cuestión la reforma del voto de los llamados residentes ausentes para iniciar de inmediato su tramitación parlamentaria, hasta el extremo de invitar a los grupos parlamentarios a ponerse a trabajar en agosto. El Bloque Nacionalista Galego no juega en la política al confusionismo. Solo faltaría que al final se pretendiese dar a entender que es la falta de voluntad del BNG y de otras formaciones políticas lo que impide que esta reforma se acometa. Por eso nosotros nada más celebrarse esa reunión de la Comisión Constitucional y hacer esa afirmación la vicepresidenta registramos una solicitud para que este tema se tratase en esta Diputación Permanente y se pudiera constituir de inmediato esa subcomisión para ponerse a trabajar, porque eso fue, en definitiva, lo que dijo la vicepresidenta: Pónganse ustedes a trabajar, lleguen a un acuerdo, que el Gobierno no va a poner impedimentos, y háganlo ya ahora si lo estiman oportuno. Pues nosotros lo estimamos oportuno. Este es el motivo por el cual sí consideramos que aquí estamos ante un tema de urgencia. En todo caso, nos gustaría que el Grupo Socialista en su intervención esclareciera, dado que al final la Diputación Permanente se celebra el 20 de agosto y estamos a las puertas de la reanudación de las sesiones ordinarias, si está dispuesto a que la Comisión Constitucional se reúna ya en la primera semana de septiembre para que la constitución de la subcomisión encargada de estudiar una posible reforma de la Ley Electoral pueda ser ratificada en el primer Pleno de septiembre. Si es así, estaríamos dispuestos a retirar de la votación esta solicitud; si no, teniendo en cuenta el emplazamiento hecho por la vicepresidenta, desde luego la mantendríamos a votación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Por el otro grupo proponente tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Nosotros firmamos la petición no solo por compromiso sino por coincidencia en este caso con los promotores de la iniciativa, con el Bloque Nacionalista Galego. Entendíamos y entendemos que precisamente ese compromiso de la vicepresidenta en la Comisión Constitucional tenía que materializarse de forma inmediata en la creación de esa subcomisión para tratar lo que ha planteado el portavoz del BNG, pero también para tratar elementos como la reforma electoral, un debate que existe y que saben que nuestro grupo parlamentario ha planteado y en el que ha insistido. Por estos motivos finalmente firmamos esta petición, por un compromiso pero también por una coincidencia. Entendemos precisamente, como ha dicho el portavoz del BNG, que de existir un compromiso por parte del Grupo Socialista, podríamos optar por esa retirada, pero que en cualquier caso coincidiríamos con los principales promotores de la propuesta, que no son otros que el Grupo Mixto y el Bloque Nacionalista Galego.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Para fijar posición ¿desea hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Asentimiento.) Señor Olabarría, tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


La verdad es que nos parece -voy a hacer esta reflexión con todos los respetos- un tanto superflua esta petición que debatimos en este momento en la Diputación Permanente, puesto que ya se aprobó la creación de la subcomisión. Me imagino que la apuesta por su constitución formal para que inicie sus trabajos se realizará de forma inmediata.


Señor presidente, cuando hablamos de la legislación electoral estamos hablando de una ley no ordinaria. Estamos hablando de una ley que está incardinada en lo que se denomina bloque de constitucionalidad. Estamos hablando de los pactos de la transición política para, parafraseando las expresiones que se utilizaron entonces, articular el sistema de distribución de poder entre el poder central y los llamados poderes periféricos. Estamos hablando de algo demasiado importante para que cualquier reforma que acometa el sistema de representación política que en definitiva configura estas Cámaras no merite un pacto de Estado o un gran acuerdo.


Yo aconsejaría la lectura, señor presidente, de un grupo de estudios de la Universidad de Granada, el informe GIME-08, que ha sido remitido a todos los diputados de esta Cámara, cuyo título es Propuesta de modificación del sistema electoral para el Congreso de los Diputados en España. Apela efectivamente a la necesidad de un amplio consenso, de un pacto de Estado para definir un nuevo sistema electoral que mantenga las virtudes -esta es una expresión literal del informe- del sistema electoral actual: estabilidad del Gobierno, estabilidad

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del sistema de partidos políticos, proporcionalidad, y al mismo tiempo corrija los comportamientos más cuestionados del mismo: falta de equidad entre partidos con similar número de votos, listas cerradas y bloqueadas, etcétera.


La subcomisión está ya constituida; por tanto, mi grupo no termina de comprender la perentoriedad con la que se invoca hoy la creación de esta subcomisión. Parafraseando las palabras del señor Jorquera, si realmente en el mes de septiembre la subcomisión va a empezar a trabajar, parece que este debate resulta un tanto superfluo y como es superfluo, tengo la impresión subjetiva, señor presidente, de que ya me estoy excediendo en la longitud en el uso de la palabra, y por tanto votaremos en contra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Para fijar posición si lo desea tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy se nos plantea en la Diputación Permanente un debate sobre la solicitud de convocar una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional. Aquí está el presidente de la dicha Comisión, el diputado don Alfonso Guerra, y sabe bien que en la fecha en la que hoy nos encontramos el cauce es que se reúna la Comisión para que haga su propuesta al Pleno. Este es el mecanismo previsto en el Reglamento. Por muy rápido que celebráramos una sesión de la Comisión Constitucional la próxima semana, para crear la subcomisión igualmente deberíamos elevarlo al Pleno, el Pleno tiene ya unas fechas previstas y tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces que se produzca la primera semana de septiembre, será el día 10. Este es el objetivo final de las peticiones de hoy, que el día 10 pueda votarse y acordarse la creación de esta subcomisión. Si llegamos al día 10 con el compromiso del grupo mayoritario, en el sentido de que convocará una sesión de la Comisión Constitucional la primera semana de septiembre y que en ella las peticiones ya formuladas por los grupos de crear una subcomisión se aprobarán para elevarlas al Pleno, que es quien finalmente la crea, nada ganaríamos hoy si provocásemos que los diputados de la Comisión Constitucional viniesen la próxima semana; pueden venir la primera de septiembre, no va a pasar nada a efectos de calendario y el resultado final será el mismo, que en el Pleno del día 10 u 11 de septiembre tendremos creada esta subcomisión, a la cual mi grupo también da apoyo por razones de fondo, pero entiendo que por razones de forma, señor presidente, hoy ya no procede votar estas solicitudes, porque en el momento procesal en el que estamos podemos esperar a que se convoque esa Comisión la primera semana de septiembre.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Quijano.


El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, creo también que esta última intervención ha situado razonablemente bien el tema en el momento exacto en el que nos encontramos. Luego haré una propuesta en un sentido bastante similar.
Convendría quizás aclarar algún concepto previo en relación con las intervenciones que se han producido y me voy a limitar a hacer ese tipo de consideraciones. En primer lugar es cierto que la subcomisión no está aún constituida. Está solicitada por acuerdo de los distintos grupos y está aceptada a trámite la solicitud por parte de la Mesa, pero falta justamente el paso de la constitución formal, en la que se tienen que acordar la composición y las normas de funcionamiento, y este es el trámite que nos trae ahora a la Diputación Permanente la petición de dos grupos parlamentarios. En esa aclaración de conceptos añadiré también que, en efecto, hemos reproducido de manera sintetizada la sesión de la Comisión Constitucional que se celebró a finales de julio, con la comparecencia de la señora vicepresidenta primera del Gobierno. Creo que allí quedaron claras dos cosas, primero, que el Gobierno consideraba preferible la iniciativa por acuerdo entre los grupos a la iniciativa del propio Gobierno. Creo que ese planteamiento debe seguir en pie y, desde luego, nosotros actuaremos en consecuencia. Segundo, que las iniciativas de reforma se plantearan en el seno de la subcomisión creada al efecto.
Ese debe de ser también el lugar para valorar, discutir, y en su caso asumir en lo que tenga de asumible, la iniciativa del Parlamento gallego en esta materia, no sin dejar de reconocer las dificultades que se minimizan en exceso en algunas intervenciones. El tema tiene sus dificultades de tipo técnico y jurídico, que discutiremos en el momento oportuno. De tipo técnico porque hay problemas de operativo, de intendencia y de procedimiento electoral que no se pueden minimizar.


A mí me extraña que se haya vuelto a traer a colación una comparación con la simplicidad de elecciones que son de tipo presidencial en las que se vota con una papeleta. Ese no puede ser un elemento de comparación o un precedente que aclare dificultades en procesos electorales donde juegan circunscripciones electorales múltiples que complican enormemente la cuestión. Como digo, las dificultades existen desde el punto de vista técnico y jurídico y vamos a ver cómo en todos los casos garantizamos los principios sagrados del voto libre, igual, directo y secreto en este tipo procesos en la votación en urna cuando en una circunscripción electoral haya solo un votante en un lugar y el sentido de su voto se sepa en el recuento de forma inmediata. Espero que sean situaciones excepcionales que no es el momento de discutir.


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Deseo hacer una propuesta a los grupos en el sentido que ya se ha indicado. A la altura del calendario en el que estamos -este es un hecho incontestable-, una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional, que no podría avanzar definitivamente en el tema hasta que no se celebrara el primer Pleno, no añade nada desde el punto de vista operativo porque habrá que esperar a que se celebre la reunión del Pleno.
Parece que lo lógico es celebrar una sesión de la Comisión Constitucional en la primera semana de septiembre, con el periodo de sesiones ordinario ya en marcha, con el fin de que el primer Pleno de los días 10 y 11 pueda ratificar la decisión de la Comisión de constituir formalmente la subcomisión de reforma de la Ley Electoral. En esa sesión de la subcomisión, previa las conversaciones oportunas entre los grupos, se acordará la composición y el régimen de funcionamiento de la subcomisión y podremos empezar a trabajar en ella en cuanto se celebre el primer Pleno y ratifique esa decisión. Esta es la propuesta formal que traslado a los grupos parlamentarios que han presentado la solicitud de reunión urgente que creo no sería necesaria ni añade nada...


El señor PRESIDENTE: Señor Quijano.


El señor QUIJANO GONZÁLEZ: Confío y espero que esta propuesta les permita retirar la solicitud de esta reunión extraordinaria y, por tanto, que no se llegue a la votación de estos puntos del orden del día.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En los términos que se ha producido el debate, pregunto al Grupo Parlamentario Popular si acepta la propuesta de retirada de la iniciativa que ha defendido.


El señor DELGADO ARCE: En función de lo que ha manifestado el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y teniendo en cuenta que aquí está el presidente de la Comisión Constitucional, don Alfonso Guerra, si efectivamente es así y se convoca para la primera semana de septiembre la Comisión Constitucional y eso posibilita que la Mesa del Congreso la incluya en el orden del día del Pleno de los días 10 y 11, retiramos la petición que hoy traemos a la Diputación Permanente.


El señor PRESIDENTE: Queda retirada.


En los mismos términos, solicito el criterio al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


El señor JORQUERA CASELAS: Y el Grupo Mixto.


El señor PRESIDENTE: Sí, el Grupo Mixto también.


El señor JORQUERA CASELAS: Dado que actué como portavoz, porque fue una iniciativa del BNG aunque tuviese la firma de los dos grupos, por las razones expuestas aceptamos la retirada de este punto.


El señor PRESIDENTE: Y así debemos entender que también se pronuncia el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Quedan, por tanto, retirados los puntos V y VII del orden del día, en los términos en que sus portavoces lo han expresado.


PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (número de expediente 062/000014), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN PARA QUE PRESENTE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO ANTE LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO QUE REFLEJAN LOS DATOS DE PARO REGISTRADO Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. (Número de expediente 213/000149.)

El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Petición formulada por un grupo suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Popular, para que se acuerde la celebración de una comisión extraordinaria de Trabajo e Inmigración y que comparezca el ministro de Trabajo e Inmigración para presentar las medidas que va a tomar el Gobierno ante la preocupante situación del mercado de trabajo que reflejan los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, así como la encuesta de población activa. Para la defensa de este punto tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular don Cristóbal Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.


La solicitud del Grupo Parlamentario Popular es una iniciativa política desarrollada y desarrollable durante estos meses de verano, habida cuenta de que estamos atravesando una crisis económica que es dura y complicada en la que todo va mal, pero lo que peor va es claramente el empleo. Lo que está subiendo es el paro hasta hacerlo insoportable. A este paso vamos a llegar pronto a una cifra que debemos calificar de indecente para un país europeo y desarrollado, en términos de situación de

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paro. Todos los indicadores económicos son negativos y las previsiones para los trimestres siguientes son todavía peores. Pero la tasa de paro no es un indicador más, no es un indicador económico en sí mismo; es la conclusión, el resultado definitivo que sanciona a toda la política económica de un gobierno. La crisis nos está empobreciendo a todos, pero cuando afecta al empleo se está cobrando el precio peor que puede cobrar en el tejido de una sociedad, como le ocurre a España. El empleo es la sangre de la economía y cuando falta el empleo, la sociedad y la economía empalidecen.


El verdadero problema que tenemos ante nosotros es la destrucción de puestos de trabajo, el paro que está aumentando en todos los sectores de la actividad económica y que, en definitiva, está paralizando la vida económica de nuestro país y está llevando a una auténtica crisis de confianza, puesto que detrás está la destrucción de los proyectos vitales de cientos de miles de personas afectadas directamente, pero también del propio proyecto vital de la sociedad española que estaba viendo al alcance de su mano la consecución del pleno empleo que hoy aparece como un objetivo inabordable.


En España nos ha cogido el toro del paro y estamos perdiendo vitalidad a raudales, mientras el Gobierno se limita a mirar al tendido. El Gobierno está haciendo el recuento, especialmente el ministro de Trabajo que realizó en el mes de julio unas afirmaciones escalofriantes. Vino a decirnos que era normal que cuando hay crecimiento económico hay más empleo y cuando baja el crecimiento económico lo que hay son más parados.
Si para eso tenemos un ministro de Trabajo, lo mejor sería que cerrara la tienda porque nos saldría mucho más barato a todos los españoles. El Ministerio de Trabajo es un ministerio muy importante a la hora de fomentar y promulgar las políticas activas para que los españoles vean soluciones y salidas a los peores resultados de la crisis económica que estamos viviendo.


Señorías, el Gobierno se está liando con una serie de medidas dispersas, aleatorias, incluso contradictorias porque no quiere ver la gran sangría del paro que está representando esa destrucción de empleo, esa pérdida de afiliados a la Seguridad Social. Hoy hay menos afiliados a la Seguridad Social que a finales del año 2007 y estamos apuntando hacia tasas de paro que parecían completamente superadas para la sociedad española. Hoy los expertos, dentro y fuera de España, hablan de tasa de paro para el año próximo, 2009, de un 14 por ciento, que es expresión de que cada vez hay menos ocupados en nuestro país, menos empleados y estamos ante un sistema productivo que, al perjudicar comparativamente a la pequeña y mediana empresa que es la gran creadora de empleo, está frustrando lo que antes he llamado la gran aspiración de la sociedad española de conseguir pronto el pleno empleo.


Estamos, por tanto, ante una iniciativa política: promover esa reunión extraordinaria de la Comisión de Trabajo con la comparecencia del ministro de Trabajo, que arregla estadísticas de afiliación a la Seguridad Social -ahora el Ministerio de Trabajo ya no nos da el número de afiliados a final de mes, el que no nos lo dé es un gran avance técnico, aunque da igual porque eso aparecerá y seremos capaces de cuantificarlo el mes siguiente- y hace esas operaciones que ni siquiera son cosméticas en el momento en que estamos viviendo. La situación no es la más propicia para arreglar las estadísticas y sí para facilitar las condiciones para que los españoles afronten realmente esta crisis económica con la menor pérdida de puestos de trabajo posible.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.


Tiene la palabra para fijar posición el Grupo Mixto. (Pausa.)

Por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


Los datos preocupantes sobre la situación económica continúan acumulándose y se confirma no solo un crecimiento por debajo del uno por ciento -de hecho, un 0,1 por ciento durante el segundo trimestre de este año-, sino que la inflación, aunque sea provocada por factores exógenos, se sitúa en un 5,3 por ciento, rompiendo todos los techos previstos y obteniendo el peor dato en muchos años. El índice de producción industrial ha disminuido un 8 por ciento y, lo que es más relevante y lo que nos trae hoy aquí a discutir esta petición de comparecencia del ministro de Trabajo, el desempleo se sitúa por encima de las 300.000 personas, casi un 27 por ciento más que un año antes. Por tanto, estamos ante un dato auténticamente escalofriante. Ya no es posible echar la culpa exclusivamente al precio del petróleo porque, a pesar de que han bajado los precios, continúan auténticamente desbocados. Ante todo ello, persiste la sensación de inacción del Gobierno que, de momento, se limita a adoptar una serie de medidas supuestamente liberalizadoras e insiste en una cierta política que podríamos calificar de escaparate, con gestos simbólicos como el de colgar el bañador en plenas vacaciones para aprobar un supuesto paquete de medidas anticrisis, medidas que me atrevo a calificar de auténtico refrito porque constituyen un simple remedo, por no decir un auténtico plagio, de otras medidas anteriores adoptadas por el propio Gobierno con el objetivo yo diría que muy poco disimulado de contraprogramar los malos datos del IPC en el mes de agosto. Digo refrito porque son medidas tales como la supresión del impuesto de patrimonio que el Gobierno ya enarboló como bandera electoral antes del mes de marzo y que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de junio, un plan Renove de infraestructuras hoteleras que ya fue introducido por nuestro grupo en los presupuestos del ejercicio de 2005, la reducción de trabas administrativas a las pymes, ya recogidas en el informe de la Oficina Económica del Gobierno, presentado

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ante el Consejo Económico y Social, y así podríamos seguir. Todo ello conscientemente aderezado con mensajes de tipo optimista tales como que no estamos tan mal y que en el futuro inmediato -es decir, el año que viene- las cosas van a ir mucho mejor. O sea que navegamos en un mar de contrastes entre un pesimismo que indican los datos económicos y la persistencia de ese optimismo oficial que exhibe el Gobierno. Desde ese punto de vista sobradamente conocido -no voy a insistir en el diagnóstico-, nos parece razonable que el Gobierno venga a esta Cámara a dar explicaciones sobre la evolución de la situación económica y de los datos de la destrucción de empleo y del paro. Nuestro grupo va a dar en este punto su apoyo y voto favorable a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Nosotros vamos a apoyar también la iniciativa del Grupo Popular entre otras cosas porque la orientación de las políticas económicas dirigidas hacia el pleno empleo constituye un mandato constitucional y en este momento al menos mi grupo desconoce cuál es la orientación de estas políticas económicas. Nos parece indispensable la comparecencia del ministro de Trabajo en la fecha más breve posible.


La petición del Grupo Popular se circunscribe a la comparecencia del ministro de Trabajo, pero también otros ministros deberían comparecer. No comparto en su totalidad las reflexiones apocalípticas realizadas por el señor Montoro, pero sí el tronco de sus valoraciones. Estamos ante una situación de desempleo lacerante y preocupante no solo porque crece el desempleo, sino porque crece con mucha rapidez. Incluso en momentos que estacionalmente son buenos para el empleo, como son los meses de julio y agosto, los datos de desempleo son preocupantes, señor presidente. Los exámenes de prospectiva realizados por el propio Ministerio de Trabajo incrementan prácticamente cada mes la previsión de desempleados para el año que viene, 2009. Se ha pasado de una expectativa a una proyección de desempleados para el año 2009 del 12 al 13 por ciento y ya hay personas que están hablando del 14 por ciento; cifras realmente preocupantes. En este momento mi grupo desconoce cuáles son las actuaciones del Ministerio de Trabajo, ministerio importante efectivamente para actuar en las medidas atinentes al empleo en relación con la reforma de los servicios públicos de empleo, una cuestión de relevante prioridad, y cómo reconfigurar las políticas activas, también las pasivas y las formativas, en materia de empleo. Esta es la verdadera política estructural que puede servir como medida anticrisis o de lucha, la manifestación más calamitosa de la crisis económica que es realmente el desempleo.


No sabemos si se están realizando acuerdos entre los interlocutores sociales para buscar fórmulas consensuadas entre empresarios, asociaciones de empresarios y sindicatos; todos, no los cuatro que habitualmente suelen pactar este tipo de acuerdos interprofesionales, para que de forma consensuada con los interlocutores sociales se pueda actuar contra el desempleo. Tampoco conocemos si las medidas de prospección en cuanto a la cobertura de la prestación y el subsidio de desempleo se está actualizando en función de las expectativas o de la prospección del desempleo que crece mes tras mes preocupantemente.


Todo esto nos preocupa, señor presidente, preocupa a la sociedad española, preocupa sobre todo a los que ya están sufriendo en sus propias carnes el azote de esta manifestación de la crisis económica cual es el desempleo.
No hay información suficiente desde el Gobierno, cuando menos de las medidas para atajar desde la perspectiva de las competencias atinentes a este ministerio este problema y, por tanto, nos parece perentoria y pertinente la comparencia cuanto antes del ministro de Trabajo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aun compartiendo la mayoría de inquietudes mostradas por los diferentes grupos parlamentarios respecto a la evolución del desempleo en nuestro país y dentro de la coyuntura económica actual, entiende que la comparecencia urgente de la última semana del mes de agosto no resolvería los problemas estructurales que nuestro mercado de trabajo tiene hoy ni tampoco resolvería la situación económica actual. A pesar de todas aquellas medidas que en su momento nuestro grupo parlamentario planteó, que definimos como medidas anticrisis y que en la segunda semana del mes de septiembre se van a ver a través de una moción presentada por nuestro grupo parlamentario, como digo, la comparecencia urgente no resolvería esta situación, pues desgraciadamente el Gobierno ha hecho muy poco o no ha podido hacer lo que se debe hacer para reorientar la nueva política económica hacia planteamientos que hemos definido tales como determinar la nueva política española sustituyendo la actual política económica establecida hasta la fecha a través del círculo virtuoso de liquidez-productividad.


El Ministerio de Trabajo ha sido sensible a los diferentes planteamientos que mi grupo parlamentario hizo en el anterior periodo de sesiones, en el cual pactamos

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con el Gobierno una moción con siete puntos importantes que pretendían reformar los sistemas públicos de ocupación, iniciativa que contó con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias y hemos dado algunos pasos importantes en esta cuestión. El desempleo y el cambio de política económica no solamente habrán de implementarse a través de políticas activas del Ministerio de Trabajo, sino también mediante un cambio radical de la política económica española, algo en lo que deberán incidir sistemáticamente el Ministerio de Economía, el departamento de Hacienda, el Ministerio de Industria, etcétera. Pensamos sinceramente que la urgencia de esta comparecencia, estando de acuerdo con el fondo de la misma, se puede sustanciar en el periodo de sesiones, que, como ustedes saben, empezará dentro de quince días aproximadamente.


Muchísimas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, la comparecencia urgente del ministro de Trabajo que plantea el Grupo Popular no requiere los condicionantes de la urgencia y tampoco responde a una situación objetiva de no comparecer el ministro de Trabajo a requerimiento de la Diputación Permanente, como se hizo anteriormente, ya que la última comparecencia del ministro es de hace apenas un mes, el 22 de julio de este mismo año, en una comisión extraordinaria, donde durante cinco horas estuvimos hablando de los temas relacionados con el empleo y con la inmigración. En menos de un mes difícilmente puede cambiar la situación, por lo que consideramos que lo justo y lo adecuado en este caso es que el ministro, que así lo ha planteado, comparezca en el mes de septiembre en la Comisión de Trabajo, en una sesión ordinaria, donde es necesario suscitar este tema.


Nos preocupa y estamos trabajando en el paro en una dirección, en la reactivación económica y en dotar a los parados del mayor grado de protección social posible. Lo estamos haciendo con medidas concretas que emanan del mes de abril. En estos momentos hay un plan específico de actuación para los temas relacionados con el incremento del paro. Lo sabe el Partido Popular y el conjunto de la Cámara. Las medidas aprobadas suponen un coste de 202 millones de euros, que tienen varios objetivos: primero, orientar a los parados para mejorar el empleo; segundo, recibir una formación adecuada vinculada a la empresa, con 350 euros de incentivo a los parados que entren en esos programas; tercero, facilitar la movilidad de los parados para que encuentren empleo en otras zonas geográficas y, cuarto, dar mayor cobertura a los parados mayores de 45 años. Esto se está haciendo. Lleva su tiempo, de acuerdo, pero se está haciendo dentro de un proyecto más amplio, que son políticas activas de empleo que desarrolla este Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2008, que tienen un incremento considerable.


Señor Montoro, no puede preguntar qué está haciendo el Gobierno cuando sabe muy bien que las políticas activas de empleo de este Gobierno han tenido un incremento de casi el 45 por ciento respecto de las que ustedes dejaron en el año 2003. Tampoco me pueden decir en estos momentos que lo más importante es la formación, como si no estuviésemos haciendo políticas de formación para el empleo cuando el incremento de casi 650 millones de euros en los Presupuestos Generales de 2008 respecto de los que ustedes dejaron en 2004 es flagrante, estamos hablando de más de 100.000 millones de las antiguas pesetas de incremento para la formación ocupacional y para la formación continua, no para la reglada, que eso supondría un incremento mayor. Se están haciendo esas políticas y están teniendo repercusión en una mayor cobertura de los parados. Más del 85 por ciento de nuestros parados reciben hoy un tipo de protección u otro.
Ustedes nos lo dejaron en el 65 por ciento. De acuerdo, hemos subido 20 puntos solamente, pero la efectividad de la norma supone que casi el 92 por ciento de nuestros parados recibe algún tipo de ayuda bien a través del subsidio bien a través de la prestación complementaria; un subsidio que nosotros hemos incrementado en casi 130 euros en estos años y un salario medio de desempleo que ronda los 800 euros hoy, más de 200 euros respecto de lo que ustedes dejaron. ¿Por qué? Porque subimos el salario mínimo interprofesional e adoptamos también la medida de diferenciar el salario mínimo interprofesional de la cobertura social que en aquel momento tenía de referencia el salario a través del Iprem. Eso es lo que hemos estado haciendo. Eso son políticas continuas. Eso son políticas continuadas de protección. Pero también hemos estado trabajando, y seguiremos haciéndolo, en conseguir un acuerdo con las organizaciones sindicales y la patronal.


Señor Montoro, el hecho de que el día 29 de julio la patronal y los sindicatos hiciesen un diagnóstico compartido de la situación económica y de las previsiones de futuro por dónde tiene que ir es un paso importantísimo para este Gobierno y para la sociedad española en general, porque hay un compromiso de los agentes económicos y sociales con el Gobierno en sacar adelante la situación económica que tenemos sin histrionismo, sin demagogia, sin salirse del marco, como muchas veces parece que está haciendo el Partido Popular cuando habla de economía, que le gusta más que vaya mal que que vaya bien. Este es un tema que está en este momento en marcha...


El señor PRESIDENTE: Señor Membrado, tiene que ir acabando.


El señor MEMBRADO GINER: Para terminar, estas son medidas que se están haciendo y veremos las consecuencias en los próximos meses. Estas medidas nos

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avalan para decir que estamos trabajando y que no es necesaria la comparecencia extraordinaria del ministro en los próximos días porque ya se hará en el mes de septiembre.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Membrado.


PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de expediente 062/000015), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PARA QUE INFORME DE LA REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA TRAS EL DEBATE SUSCITADO.
(Número de expediente 210/000008.)

PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de expediente 062/000016), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARA QUE INFORME EN EL PLENO SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE FINANCIACIÓN PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA 6/2006, DE 19 DE JULIO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA.


PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (número de expediente 062/000017), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA INFORMAR SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL VIGENTE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA APROBADO POR EL PARLAMENTO ESPAÑOL MEDIANTE LA LEY ORGÁNICA 6/2006, DE 19 DE JULIO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA. (Número de expediente 213/000153.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el último punto del orden del día, en el que se han agrupado los puntos XI, XII y XIII. Se trata de la petición formulada por el Grupo Parlamentario Popular, con el fin de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara para que comparezca el presidente del Gobierno e informe sobre la reforma del modelo de financiación autonómica tras el debate suscitado.
Igualmente, de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, para que se acuerde la celebración de una sesión del Pleno y comparezca el presidente del Gobierno e informe sobre el incumplimiento de los acuerdos de financiación previstos en la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Igualmente, petición formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Administraciones Públicas y comparezca la señora ministra e informe sobre el incumplimiento del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña.


Acordada la acumulación sin dificultad por ninguno de los proponentes, pasamos a examinar conjuntamente este punto del orden del día. Tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Sáenz de Santamaría, por ser este punto de especial trascendencia comparativa respecto de los anteriores, al haberlo solicitado así los grupos, la medición del tiempo se hará con mayor laxitud.


Muchas gracias.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Agradecemos profundamente su flexibilidad, presidente. Muchas gracias.


Señorías, espero que todos hayan descansado estos días y cogido fuerzas.
Creo que las vamos a necesitar, no hay más que ver cómo se ha desarrollado esta Diputación Permanente y sus días previos, ha sido un aperitivo de lo que nos espera en el próximo periodo de sesiones. Hasta hace 24 horas todo apuntaba a que Zapatero comparecería finalmente en esta Cámara, todos parecían tener mucho interés en conocer las explicaciones del presidente del Gobierno, de primera mano, sobre su posición acerca de la financiación autonómica. Todos queríamos conocer qué tiene pensado para Cataluña y el PP también, de paso, qué tiene pensado para el

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resto de España. Queríamos saber si tiene un criterio común y conjunto que pueda resolver para todos el asunto de la financiación. El espectáculo de declaraciones, acusaciones y dimes y dirites con que nos ha amenizado este verano el Partido Socialista no era para menos. Los españoles merecían y siguen mereciendo su explicación, pero el Gobierno se ha empleado a fondo, hay que reconocerlo. Toda esa energía que echamos en falta para solventar la crisis económica y toda esa voluntad de la que carecen para solucionar los principales problemas de los españoles las han desplegado muy bien y con un solo fin: evitar que Zapatero dé la cara y que explique a los catalanes, primero, y al resto de los españoles, después, qué va a pasar con la financiación de sus principales servicios públicos: de la sanidad, de la educación y de la dependencia. Aquí sí que ha dado el Gobierno el resto, no ha escatimado esfuerzos para zafarse de lo que debería ser normal en democracia, que su presidente dé explicaciones en la sede de la soberanía nacional, con luz y con taquígrafos; señorías, con trasparencia. Eran otros tiempos cuando al entonces aspirante a la Presidencia del Gobierno se le llenaba la boca proclamando: Haré del Parlamento el centro de la vida política. Y ahora Zapatero intenta hacer su vida lo más lejos posible de este Parlamento.
No seré yo quien juzgue la candidez de algunos renunciando a una comparecencia que tenían ya ganada, cambiando a Zapatero por Solbes y confiando en un hipotético acuerdo a tres meses vista. Ya sabemos el valor de la palabra de Zapatero, algunos lo conocen incluso mejor que nosotros, mejor que nadie. Por eso precisamente querían que él contestara dónde estaba la palabra dada a los catalanes y lo que significaba para él el Estatuto de Autonomía de Cataluña.


Es evidente que Zapatero le tiene temor al debate, por eso se esconde tras las anchas espaldas de Solbes. La pregunta es: ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Siente pudor acaso de que en sede parlamentaria le recuerden uno a uno todos los compromisos que asumió y que ha ido sistemáticamente incumpliendo? Y es que Zapatero ha mentido tanto, a tantos y tantas veces que su credibilidad hace aguas por todas partes y no solo en esta casa, sino ante una inmensa mayoría de españoles que ya no confían en él para resolver los principales problemas de este país. Será que no quiere de nuevo quedar en evidencia, como ha quedado, después de jurar y perjurar tantas veces que en España no había crisis. ¿Tiene miedo de que sus explicaciones no convenzan a nadie o quizá de que a quien menos convenza sea a sus propios compañeros de filas? Porque no ha habido socialista que se precie en este verano que no haya afeado su conducta en el tema de la financiación, eso sí, cada uno por un motivo diferente a falta de un único y solo criterio socialista.


Señorías, nada de esto ha cambiado de ayer para hoy, los incumplimientos de Zapatero están ahí, aunque ahora tendremos que conformarnos con que venga a adormecernos un rato el señor Solbes. Habrá debate, por tanto, en esta Cámara, que era lo que algunos querían evitar, pero, eso sí, será un debate de perfil bajo. Sí, señorías, el vicepresidente segundo pretende venir ahora a darnos una clase teórica -técnica, diría el portavoz Alonso- sobre modelos de financiación. El señor Solbes ya no está para dar clases a nadie, ni resuelve la crisis ni resolverá la financiación y además a este Parlamento venimos todos aprendidos, algunos con más tardes que otros.


Señorías, no se trata de discutir conceptos técnicos, se trata de dar a los españoles, a los 45 millones de españoles, una explicación y algunas certidumbres políticas. Algunos queremos saber si Zapatero se sigue creyendo el estatuto que impulsó y que ahora se resiste a cumplir.
Nosotros hemos sido sinceros y congruentes, no hemos defendido una cosa y cumplido la contraria. Cuando planteamos el recurso de inconstitucionalidad frente a este Estatuto lo hicimos porque sabíamos que esto iba a pasar. Lo que está pasando ahora podía haberse evitado.
Somos los primeros -lo digo alto y claro- que queremos mejorar la financiación de Cataluña. Lo hicimos cuando gobernamos, cuando prometimos y cumplimos y ahí están los datos. Lo reconoció incluso el señor Maragall, aunque yo ya no sé en qué filas milita. En lo que divergimos es en la forma que debe hacerse y en la forma bilateral. Nosotros nunca hemos engañado, como otros, prometiendo que iban a cumplir lo que quizá ya pensaban que nunca llevarían a cabo, y encima ahora se esconden cuando toca explicarlo. Todo el mundo sabe nuestra posición sobre ese Estatuto, pero nos gustaría saber cuál es la que tiene ahora Zapatero y, a ser posible, el conjunto del Partido Socialista. Queremos conocer qué va a hacer el Gobierno con la financiación socialista. Queremos saber si negociará con todos o primero con unos y los demás que se queden a las resultas. Queremos saber si Zapatero está más por la bilateralidad o por la multilateralidad, porque salvo en su diccionario, que todo cabe, ambos conceptos son incompatibles. Queremos saber si preservará la solidaridad o si, al final, pondrá limitaciones a la igualdad entre españoles.
Queremos su garantía, aunque sirva para poco, de que el nuevo modelo no saldrá de los bolsillos de los españoles a costa de más o de nuevos impuestos, y queremos saber si se llevará a cabo de tal modo que la capacidad del Estado para cumplir las funciones esenciales sigue existiendo para lograr la cohesión territorial. Queremos saber si la negociación de la financiación al final irá unida a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Queremos saber si estos Presupuestos Generales del Estado lo serán para solventar la crisis económica o de nuevo para tratar de ganar apoyos para solventarle a Zapatero su crisis política. Son muchas las incertidumbres para que Zapatero huya de las respuestas vendiendo humo para ganar tiempo. Porque no nos engañemos, de eso se trata, señores, de ganar tiempo con una única finalidad, que es resolver el monumental lío que tiene montado Zapatero entre sus propias filas socialistas. Ese es su drama: su propio partido, el partido que está logrando a costa de sus propios compromisos en materia de financiación y en otros temas, un partido desvertebrado

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que carece de un proyecto común y congruente para toda España. Faltando estos mimbres es muy difícil hacer un buen cesto. Es imposible articular un proyecto de cohesión, que es el proyecto que necesita para sacar a España de la crisis económica en la que estamos, sin merma del bienestar de ninguno de los españoles.


Señorías, seguimos defendiendo que es bueno que Zapatero comparezca en esta Cámara. Es bueno para Cataluña, es bueno para Galicia, es bueno para Andalucía, es bueno para toda España y para que todos sepamos a qué atenernos, empezando por los barones socialistas, que piden a gritos una reunión y un acuerdo previo. Reflexionen sobre ello. Nosotros estamos dispuestos a contribuir a un debate fructífero, a construir entre todos un modelo de financiación que satisfaga a todos. Así lo hemos logrado en el pasado. Hemos demostrado que se puede y que nosotros somos capaces de hacerlo. Venimos con los deberes hechos. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han acordado un decálogo en materia de financiación que puede servir para el conjunto de las comunidades autónomas. Es una buena propuesta, una reforma para que nadie pierda, para que las ganancias de unos no sean a costa de las pérdidas de otros.
Está a su disposición. Es un buen punto de partida para un buen acuerdo.
Es una propuesta que da respuesta fiel a las necesidades de todas las comunidades autónomas, sin apartarse de la Constitución. Es una buena propuesta para ayudar a cerrar el sudoku. Como no podrán hacerlo es negándose el presidente a comparecer en esta Cámara, porque el camino que ha elegido, el que eligió hace cuatro años, ya sabemos que no llega a ninguna parte. Creemos que para empezar a arreglar el primer problema, este problema, tiene que comparecer en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, el que lo ha generado; el que pactó un modelo de financiación bilateral en Moncloa a puerta cerrada sin contar con el resto; el que está generando enormes tensiones territoriales, empezando por el Gobierno socialista de Cataluña, a costa de sus propios incumplimientos; el que una vez más parece estar dispuesto a utilizar los Presupuestos Generales del Estado, los presupuestos y el dinero de todos los españoles para granjearse los apoyos que no es capaz de conseguir con su propia política; un presidente sin liderazgo que no se pone a trabajar para resolver la crisis económica porque se halla lo suficientemente enredado con la propia crisis política interna que tiene su partido. En definitiva, señorías, con la que está cayendo el presidente del Gobierno da la espantada -sí, señores, la espantada-, la espantada y a esconderse en las espaldas de Solbes, y no puede interrumpir sus vacaciones para explicarnos a todos y en esta Cámara si tiene alguna idea para resolver la financiación autonómica. (Rumores.) Señorías, no sé si serán capaces de explicarlo, pero yo, desde luego, no lo entiendo, y me imagino que la inmensa mayoría de los españoles, cuando le sigan viendo de vacaciones en Doñana, tampoco.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra, en primer lugar, por la mitad del tiempo, el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, presentaré la primera de las propuestas y el señor Ridao la segunda.


El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, las propuestas han sido acumuladas en un solo punto. Cada grupo puede hacer uso de un turno que la Presidencia concede que dividan, pero en ningún caso dos turnos del mismo tiempo, de modo que tiene la palabra por tiempo generosamente medido.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señor presidente.


Desde Iniciativa per Catalunya Verds pretendíamos con esta petición de comparecencia una explicación por parte del Gobierno y un punto de inflexión; una explicación ante el incumplimiento de una ley orgánica, el Estatut de Catalunya, en lo que se refiere al acuerdo en materia de financiación, que se tenía que materializar el 9 de agosto, y un punto de inflexión a partir de un compromiso, el del Gobierno del Estado, de abordar un acuerdo de financiación concreto y específico, con calendario.
Con esta petición estamos adoptando una actitud de firmeza y de responsabilidad, porque estábamos y estamos ante la necesidad de no dar por buena la explicación, conforme se ha cumplido el Estatuto, desde nuestro punto de vista, y estábamos y estamos ante la responsabilidad de impulsar y favorecer el acuerdo en materia de financiación. Fue en ese contexto de exigencia y de responsabilidad en el que nos pusimos a hablar con el Gobierno, y desde ese mismo contexto conseguimos un compromiso. El compromiso es que haya un acuerdo en los próximos tres meses, antes del mes de noviembre, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado.
Para que ello sea posible se tendrá que hacer con una propuesta que concrete cifras y diga los recursos que va a aportar el Estado, con una propuesta concreta y no solo con principios, asumiendo por parte de todos que el compromiso no se puede posponer más allá de los próximos meses, porque la situación financiera de las comunidades autónomas será entonces insostenible, y entendiendo que es en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado en el que se tiene que abordar precisamente el nuevo modelo de financiación.


En segundo lugar, entendemos que tiene que hacerse desde el reconocimiento de la ley -y la ley no es otra que el Estatuto de Cataluña-, desde el reconocimiento de la bilateralidad, desde el reconocimiento de lo que establece el Estatuto de Cataluña. Dicho de otra manera, si en el Estatuto se fijan criterios como el de la inmigración,

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en un acuerdo en materia de financiación se deberán respetar. Si se habla del criterio de nivelación parcial, se tendrá que respetar, porque es una ley orgánica, votada por las Cortes y ratificada en referéndum por el pueblo de Cataluña.


En tercer lugar, necesitamos que sea un acuerdo sin apriorismos, sin límites de partida, porque con límites, con cortapisas será muy difícil el acuerdo. Nuestro punto de vista en este sentido es claro. Para que haya un acuerdo satisfactorio se debe partir de la base de que alguien debe adelgazar, y desde nuestro punto de vista ese alguien no debe ser ninguna comunidad autónoma. En el año 1999 el Estado tenía un 45 por ciento de los recursos y las comunidades autónomas un 55 por ciento.
Desde ese año los ingresos del Estado han venido incrementándose, pero los ingresos de las comunidades autónomas no lo han hecho de la misma manera, mientras que sus gastos se han multiplicado. Por eso, entendíamos y entendemos que tiene que haber un acuerdo para que esa negociación se haga sin apriorismos, más en el contexto de una financiación que está apareciendo como un acuerdo en materia de financiación con conflicto territorial, con conflicto entre territorios. Ese conflicto solo se puede resolver si finalmente todo el mundo gana, si finalmente el Estado aporta y aporta más. Por eso, para nosotros era fundamental que ese acuerdo fuese sin apriorismos. Esos compromisos fueron los que alcanzaron la vicepresidenta del Gobierno y el presidente de mi formación, en calidad de presidente de Iniciativa per Catalunya Verds, los pasados días.
Precisamente, son esos compromisos, desde un acuerdo antes del mes de noviembre, materializado en los próximos Presupuestos Generales del Estado, desde el reconocimiento de la bilateralidad y del Estatuto, como no podría ser de otra manera, y desde la necesidad de un acuerdo sin apriorismo, sin límites de partida, los que nos llevan a renunciar a pedir la comparecencia del presidente del Gobierno, sin renunciar a una explicación por parte del Gobierno, en este caso del vicepresidente, la próxima semana. Damos así una nueva oportunidad para el acuerdo, desde el mantenimiento de la exigencia de una explicación por parte del Gobierno.
Señor presidente, entiendo que el Gobierno debe explicarse y debe aprovechar la oportunidad para explicar cómo piensa cumplir con ese mandato legal y político que consiste en llegar a un nuevo acuerdo en materia de financiación, que es además una oportunidad para un punto de inflexión, para que las cosas empiecen a funcionar y a funcionar bien.
Además, entendemos que el Gobierno tiene que hacer un discurso efectivo y concreto sobre la necesidad de solidaridad entre las comunidades autónomas, pero solidaridad con criterios objetivos y por qué no, reivindicar principios federales, como el principio de ordinalidad, que existe en todos los modelos de solidaridad, para que explique qué significa un modelo como el actual, que desde nuestro punto de vista tiene elementos injustos, insatisfactorios y poco equitativos.


Acabo ya, señor presidente. Entendemos precisamente que esa comparecencia no rompe -lo he oído- principio de bilateralidad alguna. Entendemos que es en el Congreso de los Diputados donde el Gobierno tiene que explicarse, donde tiene que explicar cuando, desde nuestro punto de vista, ha incumplido con una ley. Esperamos que finalmente se cumpla y desde la autoridad de haber sido los promotores de la iniciativa, que propusimos a otros grupos parlamentario y que no quisieron firmar, precisamente es desde la que hemos negociado. No era una propuesta unitaria, lamentablemente no lo pudo ser, pero era una propuesta de Iniciativa. Por eso, ante elementos que hemos puesto encima de la mesa y ante el compromiso que espero oír de la portavoz socialista, nuestro grupo retirará la propuesta a partir de una explicación del vicepresidente y a partir de ese triple compromiso: un compromiso de que en tres meses haya un acuerdo de financiación, un compromiso de respetar el Estatuto y la bilateralidad y un compromiso de abordar la negociación sin apriorismos que signifique un punto de inflexión y que signifique, por supuesto, esa explicación que requeríamos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera.


Señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.


Dejo de lado, en primera instancia, nuestra perplejidad por el hecho de que hasta hace muy pocas horas todo apuntaba a que el presidente del Gobierno iba a comparecer ante la Cámara y que esa expectativa a la que se ha referido el diputado Herrera, que era en primer lugar dudosa desde el punto de vista de la unidad de acción del Gobierno en los partidos catalanes, finalmente se haya visto defraudada por un acuerdo que podría calificar de interruptus porque no aporta nada y se trata simplemente de humo. Las cortinas de humo pueden disimular el vacío, pero evidentemente, como se sabe, nunca lo pueden llenar.


Por otra parte, y en cuanto a la iniciativa que se está sustanciando a instancias del Grupo Popular, después de escuchar a la señora Sáenz de Santamaría no abrigamos ninguna duda en cuanto a que no vamos a dar nuestro apoyo. No le vamos a dar nuestro apoyo no solo por lo que yo ya he reproducido aquí ante esta Diputación Permanente, sino porque quiero recordar simplemente lo que ya se sabe. El Partido Popular ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Estatuto, el Partido Popular no abona el acuerdo unitario de los partidos políticos catalanes y del Gobierno catalán y el Partido Popular pretende simplemente hoy también erosionar a todas las partes en conflicto, en litigio, para pescar en río revuelto.


En cualquier caso, señor presidente, quiero ir brevemente a la cuestión, que no es otra que la del incumplimiento del Estatuto y la financiación autonómica. Hubiera sido bueno escuchar dentro de pocos días al

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presidente del Gobierno hablar de esta cuestión. Por lo pronto ya sabemos algo del presidente del Gobierno, y es que hace pocos días, el pasado 9 de agosto, nos dio una explicación que podríamos denominar como preventiva, autojustificativa, expulsándose de encima toda responsabilidad sobre la ausencia de un acuerdo en esta cuestión. Por tanto, nos dio una explicación del todo punto intolerable, con una evidente falta de respeto, porque el presidente del Gobierno reputa toda responsabilidad a la parte catalana, o sea, lo que nos vino a decir es que si no hay acuerdos es porque los catalanes piden demasiado y no son solidarios. Además, paradójicamente, lo hace en un momento en el que anuncia un paquete de medidas anticrisis, entre las cuales hay una supresión del impuesto sobre el patrimonio, sin decir, por cierto, cómo va a compensar a las comunidades autónomas por la disminución de sus ingresos.


La semana que viene vamos a hablar con el vicepresidente económico, pero hoy sí quiero dejar constancia, señor presidente, señorías, de que las cosas han cambiado. Desde Cataluña difícilmente se va a aceptar una versión mejorada del clásico café para todos, un simple remiendo del modelo vigente, que no solo deje insatisfechas las legítimas demandas de la parte catalana sino que vuelva a dar un portazo sonoro a la mejora de la financiación autonómica. Las cosas también han cambiado porque desde Cataluña, y con una sola voz, se están diciendo las cosas sin ningún tipo de complejos. Quiero decir que a pesar del episodio que estamos viviendo hoy, señorías, la unidad de acción de los partidos catalanes y de su Gobierno no es un órdago, no es una argucia táctica, no es una pose, no es un qué hay de lo mío, sino que es un consenso básico sobre el sangrante déficit fiscal y sus consecuencias sobre el bienestar y la competitividad económica de Cataluña. Por tanto, esta vez no basta con un simple golpecito en la espalda, con una financiación de estas son lentejas, las tomas o las dejas. Lo que conviene hoy es una financiación justa y equitativa. Ya sé que en Madrid y en este Congreso esta unidad de acción, diría que inédita durante la negociación del Estatuto, se ve con perplejidad, con una cierta displicencia, incluso con la convicción de que va a ser algo efímero a la vista de los antecedentes, pero les aseguro que no se trata de un credo minoritario. Les quiero decir que no es un nuevo memorial de agravios del nacionalismo burgués que viene a Madrid a pedir más aranceles. Y no se olvide -evidentemente no es ninguna amenaza sino un simple recordatorio- que el catalanismo en esta casa, para bien o para mal, condiciona y refracta la política española desde hace más de 150 años; además, aporta una quinta parte de la riqueza, es una sexta parte de la representación política, tiene el 40 por ciento de las patentes, una cuarta parte de las exportaciones, etcétera. Digo eso, porque si no hay un buen acuerdo y si Zapatero quiere hundirnos -valga la expresión-, evidentemente se va a hundir con todos nosotros. Han pasado más de diez días del plazo fijado por el Estatuto, el 9 de agosto; un plazo que no es cualquier plazo, porque la disposición final primera del Estatuto encomienda a la Comisión Mixta, a la que remite a un acuerdo, que se fijaran los trazos genéricos de ese modelo de financiación. Todo estaba previsto. La parte catalana hace meses que hizo su propuesta, la Administración del Estado ha tenido hasta dos años para haber avanzado en esta materia, cosa que no ha hecho, porque ha hecho una propuesta genérica, un decálogo que no cumple con los mínimos para ser considerada como tal.


Acabo diciendo, señor presidente, ¿y ahora qué? Ahora vamos a seguir trabajando y negociando para alcanzar un buen acuerdo; estaremos, evidentemente, hasta el último segundo de la prórroga sin levantarnos de la mesa, pero sin firmar cualquier cosa, porque es preferible un no acuerdo que un mal acuerdo, esa es la mejor expresión de la bilateralidad. Por tanto, desde ese punto de vista, vamos a continuar trabajando. Pero para que haya un buen acuerdo, señorías, es preciso que se den dos condiciones, y con eso acabo. Primero, que se respete la bilateralidad. Es evidente que en el Estatuto hay muchas variables que son bilaterales que no se pueden ponderar multilateralmente. Segundo, que se redistribuyan de nuevo los recursos públicos. El Estado, como ha dicho siempre Esquerra Republicana, debe adelgazar, porque desde 1999 padece una obesidad burocrática evidente, ha incrementado un 10 por ciento sus recursos mientras las comunidades autónomas han asumido los servicios que tienen más costos asociados al Estado del bienestar.


El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe terminar ya.


El señor RIDAO I MARTÍN: Por tanto, señor presidente, esta es la razón de la ley, pero también tenemos la fuerza de los hechos, de la justicia y de la realidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Muchas gracias, señor presidente.


Pese a su generosidad en la administración de los tiempos, voy a procurar ser muy breve, dado que voy a compartir el tiempo con mi compañera de Grupo doña Ana Oramas. En primer lugar, quiero comentar que el Grupo Mixto facilitó con su firma que Iniciativa per Catalunya pudiese presentar esta solicitud de comparecencia, y dado que Iniciativa per Catalunya fue la promotora de esa iniciativa le corresponde, desde nuestro punto de vista, tomar la decisión final sobre si mantiene o no esta solicitud para su votación. Desde ese punto de vista lo único que podemos manifestar es nuestro respeto a la decisión que tome Iniciativa per Catalunya. No obstante, nosotros queremos aprovechar esta ocasión

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para manifestar nuestra preocupación sobre cómo se está conduciendo el proceso de reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Creemos que en el Estado español se da una situación paradójica. Es un Estado con un alto grado de descentralización del gasto pero, en cambio, es un Estado enormemente centralizado en los ingresos, y esto es lo que habría que corregir. Es necesario incrementar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas e inyectar más dinero en el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen general. Para ello se debe ponderar de una manera más ajustada, más real el coste de los servicios. Desde ese punto de vista nos parece justo y lógico que se tenga en cuenta el factor de población y los cambios habidos en la población desde el censo del año 1999, pero no se pueden ignorar otros factores que también tienen extraordinaria importancia en el coste de los servicios: por ejemplo, la dispersión de población, el envejecimiento de la población y la existencia de un importante colectivo de emigrantes.
Por supuesto que hay que ponderar el coste de la inmigración, pero en esta Diputación Permanente debatimos en dos sesiones sobre la pertinencia de acometer la reforma del voto de los residentes ausentes, de los emigrantes, por lo que, en definitiva, una de dos, o se distingue entre nacionalidad y ciudadanía y tan solo tiene ciudadanía y, por tanto, tienen derechos políticos los residentes en el Estado español, o si también tienen ciudadanía los emigrantes, no solo tienen derechos políticos, también tienen derechos sociales y tienen que ser receptores de prestaciones sociales y eso también hay que ponderarlo a la hora de evaluar el coste de los servicios. Por tanto, pensamos que un contexto de crisis económica no puede ser un argumento para no inyectar más dinero en el sistema, porque precisamente muchas políticas fundamentales para convertir las consecuencias de la crisis están transferidas a las comunidades autónomas. Por eso, discrepamos de la posición de partida de que el Estado tiene que reservarse el 50 por ciento del gasto público.


Para concluir quiero manifestar que el Bloque Nacionalista Galego, como no podía ser de otra manera, piensa que hay que respetar y cumplir escrupulosamente lo establecido por los estatutos de autonomía, por tanto, que hay que respetar y cumplir lo establecido por el Estatut de Catalunya, y por eso el Grupo Mixto también es cofirmante de la solicitud formulada por Esquerra Republicana de Catalunya. Pero dicho esto, quiero añadir una obviedad: el Estatut de Catalunya hay que cumplirlo con Cataluña, no se puede generalizar al resto. ¿Por qué digo esto? Porque para el Bloque Nacionalista Galego lo fundamental es asegurar la igualdad en la resultante final para asegurar la suficiencia financiera del conjunto de las comunidades autónomas, no establecer la igualdad en la posición de partida cuando la situación de partida de cada comunidad autónoma es sustancialmente distinta, porque esto sí que podría conducir a importantes desequilibrios e injusticias. Estos son nuestros criterios.
En cualquier caso, respetamos la decisión tomada por Iniciativa per Catalunya y daremos apoyo a la solicitud formulada por Esquerra Republicana.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.


Tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Hasta hace veinticuatro horas todas las fuerzas políticas parlamentarias consideraban bueno y necesario que compareciera el presidente del Gobierno; bueno, necesario y conveniente. Es más, incluso alguna fuerza en este momento que ha participado en el debate ha manifestado que creía que era bueno que compareciera. El Partido Socialista ha dicho que no conviene para no perjudicar la negociación. ¿Qué es lo que no podía decir o no podía callar para que no perjudicara la negociación? No lo sabemos.
El presidente manifestó reiteradamente, y el Gobierno también, que la financiación de las comunidades no se podía unir al debate de presupuestos ni al pacto de los presupuestos. Lo dijo públicamente, y quiero decir aquí que lo ha dicho en privado en las reuniones que ha tenido con los portavoces parlamentarios, y, de pronto, en veinticuatro horas, ahora mismo el portavoz don Joan Herrera ha manifestado que ha llegado a un compromiso en las últimas veinticuatro horas en que el acuerdo se hace en el marco de los Presupuestos Generales del Estado. Esa afirmación que ha hecho el diputado don Joan Herrera contradice las manifestaciones públicas y privadas que han hecho el presidente y el Gobierno. Uno se pregunta si esa decisión de negociación que se ha tomado a última hora puede ser por no perder una votación que visualice la soledad política del Gobierno en esta materia o si se ha tomado una decisión para evitar esa visualización de la soledad política que sí complique la negociación. Esa es la duda que nos planteamos en este momento muchos diputados, muchos ciudadanos y muchos responsables de comunidades autónomas. Quiero aclarar que no se está decidiendo en este momento qué le va a corresponder a Cataluña. Eso no es lo que se está negociando. Lo que le corresponderá a Cataluña y lo que fije su Estatuto es de obligado cumplimiento, igual que nuestro Régimen Económico y Fiscal, que tiene amparo constitucional y que no se ha estado cumpliendo.
Pero parece que en la negociación que se ha hecho en las últimas veinticuatro horas, se han pactado unos temas en materia de Cataluña y que el tema de la financiación de todas las comunidades autónomas y que afecta a todos los ciudadanos, ya no es importante. ¿Es que resulta que el debate es bueno o no en función de que lo pida un grupo parlamentario? ¿Ya deja de ser necesario? El debate parlamentario no estará en función de quién lo pida ni de la intervención más o menos afortunada que pueda tener un portavoz u otro portavoz; está en función de lo que manifieste el presidente del Gobierno, con tranquilidad, con serenidad y con la autoridad

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política que le corresponde en un momento de incertidumbre absoluta. En este momento, el dato más importante es poner sobre la mesa de una vez cómo va a ser el Fondo de Suficiencia y el Fondo de Compensación Interterritorial. No se puede estar alargando esa materia hasta decidir si se cierra con Cataluña o no. Estoy de acuerdo en que tiene que haber reuniones bilaterales, claro que tiene que haber cuestiones específicos con Cataluña o con Canarias en los temas económicos. Ahí tenemos la negociación del ITE, ahí tenemos los temas del Régimen Económico y Fiscal, como me imagino que tendrán otras comunidades. Pero para Coalición Canaria, que ha apoyado la comparecencia del presidente en un momento que todos consideramos que era bueno, oportuno y conveniente, no ha sucedido nada entre ayer y hoy que cambie esa postura. Para nosotros es indiferente qué grupos la habían pedido. Otros grupos parlamentarios tendrán que explicar por qué hoy ya no es conveniente, urgente, prioritario y bueno que comparezca el presidente del Gobierno. Nosotros somos coherentes y creemos que las comunidades autónomas, los ciudadanos, tienen derecho a saber en este momento qué piensa el presidente del Gobierno cuando en las últimas horas ha habido unas desautorizaciones de manifestaciones públicas, incluso del Gobierno. En este momento se une, como muy bien ha dicho el señor Herrera, y se condiciona el marco del acuerdo de financiación al marco de los presupuestos. Es otro marco. No diremos que no estamos de acuerdo, pero es otro marco, y tendrá que explicarlo el responsable político que ha cambiado ese criterio que ha manifestado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas. A continuación, los grupos no proponentes pueden fijar posición, en concreto el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente. La reclamación, el desarrollo y la defensa del autogobierno del País Vasco constituyen, como conocen todas SS.SS., la vocación y el quehacer político fundamentales de mi partido y, consecuentemente, de este grupo vasco, del Partido Nacionalista Vasco; una reclamación, un desarrollo y una defensa democráticos. Para eso nació sobre todas las cosas mi partido hace 113 años y a eso seguimos dedicando lo mejor de nuestros saberes y lo mejor de nuestros empeños y trabajos. No solo reclamamos y defendemos el autogobierno del y para el País Vasco. Esa reclamación y esa defensa se extienden por igual solidariamente hacia las reivindicaciones de autogobierno que, con derecho igual o análogo al nuestro, se alzan en otros ámbitos políticos, especialmente en el seno del Estado español. El caso de Cataluña, nación con pleno derecho al autogobierno, es uno de estos. Constituye incluso, como lo atestigua la historia de los últimos setenta años, un caso especialmente querido para nosotros. Nuestro interés, nuestro apoyo y nuestra defensa de otros autogobiernos, además del nuestro propio, han ido en todo momento acompañados de un estricto respeto a la voluntad, a la forma de entender, a la manera de defender y desarrollar el autogobierno por parte de cada cual. Este ha sido el eje con el que hemos actuado en la defensa y en el apoyo de otros autogobiernos además del nuestro. Así hemos entendido que debíamos hacer las cosas, así lo entendemos hoy y así lo seguiremos entendiendo.


Hoy observamos con interés y con preocupación lo que está ocurriendo en Cataluña con su autogobierno y, en concreto, con los términos legales que los catalanes se han dado recientemente a sí mismos como marco de desarrollo y gestión de su autogobierno, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Mejor sería decir que compartimos la preocupación que hoy se está manifestando desde buena parte de la clase política, también desde las propias instituciones de autogobierno, Parlament y Generalitat, y creemos que también por buena parte de la sociedad catalana. Nos referimos en concreto a la preocupación que se viene manifestando con claridad y rotundidad por la financiación de dicho autogobierno. La financiación constituye la columna vertebral y hasta la prueba del algodón de todo Gobierno y, por lo mismo, también de todo autogobierno.
El hecho de que no se hayan cumplido las previsiones estatutarias al respecto constituye por ello, de entrada -así lo entendemos nosotros-, un motivo de preocupación grave, tan grave que estábamos dispuestos a apoyar la petición formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto de celebración de un Pleno de la Cámara, incluida la comparecencia del presidente del Gobierno en el mismo, entendiendo -eso era lo que entendíamos- que más o menos, a trancas y barrancas si se quiere, esa era la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana y que finalmente en esa dirección se iban a decantar también la mayoría de las fuerzas políticas catalanas presentes en este Congreso. Ahora, al parecer, los derroteros por los que se va a caminar para hacer frente a esa grave preocupación y a la exigencia básica de financiación del autogobierno catalán son otros; se ha convenido que a corto plazo al menos sean otros. Nunca ha estado en nuestra mente ni en nuestra agenda fijar calendarios ni términos de reclamación y defensa del autogobierno de otros, dejamos que sean los propios afectados los que lo hagan, siempre que observemos que es una mayoría la que en el desarrollo y defensa de los mismos toma posición.
Eso mismo es lo que hoy vamos a hacer, de forma que, entendiendo que finalmente la mayoría de las fuerzas políticas catalanas va a posicionarse a favor de la nueva dirección en la que, al parecer, va a decantarse la solicitud inicial de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nosotros lo apoyaremos. Caso distinto es, a nuestro entender, la petición formulada por el Grupo Parlamentario Popular de una sesión extraordinaria del Congreso, con comparecencia

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del presidente del Gobierno asimismo, pero con un enfoque a todas luces diferente: reforma del modelo de financiación de las autonomías. Sin ánimo de discutirle al Grupo Popular no ya el derecho sino ni siquiera la oportunidad de dicho debate, nos parece sinceramente que, para empezar, no reúne las razones de urgencia suficientes para su planteamiento en los términos en que lo ha hecho y, en todo caso, que una vez acordado lo que al parecer se va a acordar, que vaya a comparecer la próxima semana el ministro de Economía, esa vía ofrece ya una oportunidad real de entrar en el debate de los temas que ellos pretenden y que en todo caso no será tiempo el que les falte para que ese debate, si así caminan las cosas, vaya a ir hacia mayores alturas políticas. De ahí que nosotros nos vayamos a abstener respecto a esta solicitud del Partido Popular. Si finalmente la tercera de las solicitudes, la comparecencia de la ministra de Administraciones Públicas, también se vota, mi grupo se va a abstener asimismo, porque entendemos que la vía abierta con el Ministerio de Economía es una vía con recorrido, que siempre hay tiempo para ir a otros niveles y a otras comparecencias y, en todo caso, que habiéndose convenido la comparecencia del ministro de Economía, no es de urgencia que también en la misma semana comparezca la ministra de Administraciones Públicas a la que se solicita su comparecencia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, dos consideraciones previas antes de fijar nuestra posición ante los puntos del orden del día que estamos debatiendo en estos momentos. En primer lugar, manifiesto que la posición de Convergència i Unió, cuando ya se planteó la primera comparecencia solicitada por Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana, era que manteníamos y seguíamos manteniendo que a Cataluña no le interesaba la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar sobre la financiación prevista en el Estatut de Catalunya. No interesaba a Cataluña dicha comparecencia. A pesar de esto, nosotros dijimos que votaríamos favorablemente la solicitud presentada por Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana.


¿Qué ha pasado a lo largo de estas semanas? En primer lugar, que esta comparecencia ha sido la serpiente de verano que ha polarizado la actividad política y mediática española. En segundo lugar, que el PP, a remolque de esta solicitud de comparencia, también ha presentado una propia para añadir más leña al fuego y, finalmente, que hoy asistimos a esta sesión de la Diputación Permanente en la cual Iniciativa per Catalunya retira su solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Esta retirada la calificamos, con el máximo respeto, como un ridículo político tremendo que la formación política de Iniciativa per Catalunya ha hecho.


También calificamos de espectáculo lamentable la posición de los dos grupos firmantes de esta solicitud, que es el mismo grupo parlamentario, Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya, en la cual hemos visto dos planteamientos diferentes, lo que a nosotros realmente nos produce una tristeza política importante. ¿Por qué nosotros creíamos que no era importante la comparecencia del presidente del Gobierno? En primer lugar, ya se lo hemos dicho también personalmente al señor Herrera, porque rompía la bilateralidad que está prevista en el Estatuto y pasábamos a una multilateralidad en el Congreso de los Diputados que sinceramente pensábamos que no sería buena para los intereses de Cataluña.
Amplificábamos este debate al resto de comunidades autónomas y hemos podido observar lamentablemente como esta solicitud de comparecencia presentada por Iniciativa per Catalunya ha despertado las iras de los diferentes barones del Partido Socialista en contra del nuevo sistema de financiación previsto en la ley orgánica que se aprobó aproximadamente hace dos años, calificándonos otra vez a los catalanes de insolidarios.


Además, hemos podido observar que esta coyuntura política, quizá positiva para los intereses del Grupo Parlamentario Popular, aunque en otra dirección, la ha aprovechado lícitamente este Grupo Parlamentario Popular para presentar una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Por tanto, repito, actuación lamentable y ridícula por parte de Iniciativa per Catalunya con la presentación y la retirada posterior y entendemos que lo que han conseguido tampoco es beneficioso para los intereses de Cataluña. En primer lugar, la aceptación de estos objetivos planteados por la vicepresidenta del Gobierno y el señor Saura pensamos que es una muestra de debilidad importante por parte del Gobierno de la Generalitat y esta es una cuestión que también preocupa a nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Y en segundo lugar, no deja de ser la asunción de la pasividad del tripartito del Gobierno de Cataluña ante el incumplimiento del Estatuto por parte del Gobierno del señor Zapatero. Si todos los aspectos del Estatuto que hacen referencia a la financiación tenían que haber estado cumplidos el día 9 de agosto, no tiene ningún sentido que, habiendo incumplido reiteradamente el Partido Socialista la ley, ahora nos tengamos que creer que con tres meses más de tiempo estos señores, que hasta la fecha no han cumplido la ley, van a cambiar radicalmente y nos van a dar todo lo que está previsto en el Estatuto, porque nosotros no pedimos absolutamente nada más. Han prometido humo, han mareado la perdiz otra vez, los señores de Iniciativa per Catalunya y del tripartito se lo han creído y nosotros volvemos a decirles otra vez que es necesario asumir la unidad de las fuerzas políticas catalanas, mostrar al Partido Socialista la fuerza de todos los votos catalanistas o fuerzas políticas catalanas para poder supeditar

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la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado a la financiación. Si no es así, estos señores difícilmente van a cumplir con lo previsto en el Estatuto, por lo que Convergència i Unió va a volver a intentar liderar esta unidad de acción de los partidos catalanes, que ustedes, los señores de Iniciativa per Catalunya, han roto unilateralmente, para tratar de forzar al Gobierno a través de la fuerza de los votos, que es lo que realmente cuenta en el Parlamento, para que cumplan con la legislación vigente. Por tanto, tampoco creemos oportuno ni pensamos que sea bueno para los intereses de Cataluña la comparencia del señor Solbes en la Comisión de Economía y Hacienda. El Grupo Socialista la ha solicitado y, lógicamente, vamos a estar activos en esa Comisión, pero pensamos sinceramente que en esta comparecencia tampoco vamos a resolver los problemas planteados en la Ley orgánica de reforma del Estatuto de Cataluña. Veremos qué pasa la próxima semana.


Respecto a la posición del Grupo Popular, que también pide la comparecencia urgente del presidente del Gobierno para hablar de la financiación de las comunidades autónomas, ya le hemos dicho privada y públicamente que los objetivos que persigue el Grupo Popular no son los mismos que perseguía el Grupo de Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya, coincidentes con los de Convergència i Unió. Los objetivos del Grupo Popular están en las antípodas de los objetivos que persigue mi grupo parlamentario, Convergència i Unió. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al Estatuto de Autonomía. Ustedes no creen en la bilateralidad y tampoco en el sistema de financiación aprobado en el Congreso de los Diputados con los votos en contra del Grupo Popular hace dos años aproximadamente, por lo que nosotros no vamos a facilitarles que comparezca el señor Zapatero. Lo hubiéramos hecho por la solicitud del Grupo de Esquerra Republicana-Iniciativa per Catalunya, pero no vamos a posibilitarlo para ustedes, que van en contra de los intereses -yo diría importantes- que persigue este Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


Voy terminando, señor presidente. Las declaraciones que hizo ayer el señor Arenas, relativas a que este sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Cataluña provocaba vientos de insolidaridad e inconstitucionalidad en todo el Estado español y que también ha provocado un incendio de grandes magnitudes en el mismo, no las compartimos, por lo que pido a los señores del Grupo Popular que no hagan uso del filibusterismo político para decir una cosa aquí y otra fuera del Parlamento. Y otra cosa muy importante, señora Sáenz de Santamaría, sí hubo negociación bilateral en la reforma de la financiación autonómica en el año 1996. Pregúntele usted al señor Rato, al señor Costa y al señor Montoro qué era el Pau Pi Paper. Pregúntele qué quería decir exactamente Pau Pi Paper y sabrá que hubo negociación bilateral.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, en primer lugar, la señora Rodríguez-Piñero.


La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, sin duda alguna la reforma del sistema de financiación va a seguir dando mucho que hablar y tendremos oportunidad de seguir discutiendo sobre esto en la Cámara, pero debo recordarles que corresponde a las Cortes Generales aprobar, en su caso, el nuevo sistema de financiación cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera haya elevado su propuesta; una propuesta que ha de venir, lógicamente, tras un proceso de negociación bilateral y multilateral. Y lo quiero decir alto y claro, porque así es el mandato constitucional y, como muy bien recordaba ahora el señor Sánchez i Llibre a la portavoz del Grupo Popular, así fue como se hizo la negociación del actual modelo. Sería conveniente que la portavoz del Grupo Popular hablara con su compañero el señor Montoro para que le explicara cómo fue aquel proceso y, si no, en cualquier momento le puedo recordar algunas cosas.


El proceso actual, como saben, está totalmente abierto. Es el momento del proceso de negociación y debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través de sus representantes institucionales. Ahora mismo está en esta fase y se acaba de iniciar el proceso de negociación. Lo que está en juego, señorías, es algo muy importante: nada más y nada menos que el modelo de financiación autonómica que necesita nuestro país a corto, a medio y a largo plazo. Necesitamos un sistema mejor. Sí, señorías, mejor que el que nos dejó el Partido Popular, más consistente, más coherente, capaz de proporcionar los recursos necesarios, con proyección futura, para garantizar la financiación de los servicios básicos del Estado del bienestar a todos los ciudadanos, independientemente del lugar donde vivan, que esa es la base y la clave de la solidaridad del Estado. Por tanto, una vez que tenemos definido claramente, después de las reformas estatutarias abordadas, el marco competencial, tenemos que dar el siguiente paso y definir de verdad los principios y las bases del modelo para asegurar la financiación de los recursos en ese ámbito competencial.


El modelo actual, que tanto alaban las señorías del Partido Popular, nació con vocación de permanencia, pero desde luego no previó ningún mecanismo de actualización y calculó mal la evolución de la población y los propios presidentes autonómicos compañeros de su partido están en contra del modelo actual. Basta con que hablen con sus compañeros, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana o, si no hablan por las dificultades internas que tienen, al menos lean la prensa regional o vayan a las hemerotecas y verán lo que están exigiendo para que corrijamos lo que ustedes dejaron mal.


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Ustedes dicen que quieren ayudar al Gobierno a alcanzar un acuerdo, pero no hacen nada al respecto, no aportan nada, siguen teniendo la misma actitud de siempre. Dicen una cosa, hacen la contraria, no aportan nada, solo saben criticar y no me extraña que no tengan la confianza de los ciudadanos y estén en el banquillo de la oposición, porque su único objetivo es desgastar al Gobierno a cualquier precio, esa es su forma de entender la política. La ciudadanía reclama que resolvamos su problemas, no quieren la confrontación, que es lo habitual en sus filas. Espero que corrijan y demuestren de verdad su voluntad de arrimar el hombro por el bien de este país y no tanto desgastar por el hecho de desgastar.


Nosotros, los socialistas, compartimos con el resto de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra la necesidad, sin duda alguna, de reformar el modelo y de corregir todos sus errores. El Gobierno está trabajando en esa reforma, teniendo en cuenta que cumpla con la Constitución, con los estatutos de autonomía y, por supuesto, también -no les quepa duda- con el Estatuto catalán.


Los socialistas -mi grupo parlamentario- confían plenamente en el Gobierno de Zapatero, en su vicepresidente económico y en la voluntad firme de seguir negociando para conseguir ese gran acuerdo que mejore la financiación en beneficio de todos los ciudadanos. Es la primera vez, y quiero decirlo también alto y claro, que se abre este proceso de negociación con transparencia, porque mientras en el banquillo popular (Rumores.) se habla de transparencia, lo que ustedes hicieron fue un sistema de negociación bilateral donde nadie sabía lo que se estaba haciendo en el otro lado. Nosotros, desde luego, no defendemos esa forma de actuar, no es nuestra forma de entender la política y no es nuestra forma de actuar.


El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez-Piñero, tiene que ir acabando.


La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Sí, señor presidente.


Insisto, defendemos el proceso de negociación con transparencia y por eso es la primera vez que se está debatiendo un modelo con la liquidación del sistema año a año y cada comunidad autónoma sabe lo que recibe del Estado cada una de las demás -nada que ver con lo que ustedes hicieron-, con un documento de bases -de bases- que ha sido objeto de un proceso de negociación bilateral con cada comunidad autónoma para conocer a priori sus posiciones y que ha de ser consensuado con todas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En eso es en lo que se va a seguir trabajando.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Piñero.


La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.


Desde luego, el grupo parlamentario al que represento está en contra de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno, porque no es el momento, porque no es necesario y porque, desde luego, lo que sí creemos que es oportuno y conveniente -y así lo hemos acordado con Iniciativa per Catalunya- es la comparecencia del vicepresidente económico y hemos presentado la solicitud en ese sentido.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Piñero; ha pasado holgadamente su tiempo.


Por el Grupo Socialista también, tiene la palabra el señor Fernández. (Un señor diputado: El PSC.)

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, para complementar la intervención de mi compañera, quiero decirles que hoy el Gobierno ya ha pedido la comparecencia del vicepresidente Solbes, tal como nos habíamos comprometido. Intervengo muy brevemente, señorías, para especificar que el Grupo Socialista votará negativamente la petición de Esquerra Republicana de que comparezca la ministra de Administraciones Públicas en una sesión extraordinaria en Comisión. Lo haremos así porque nos cuesta entender la urgencia de la misma y porque además estamos convencidos de que comparecencias de este tipo, nacidas -esta sí- de urgencias partidarias, no son útiles para el objetivo de desarrollar los nuevos estatutos de autonomía, para lo cual lo que se requiere, señorías, son más negociaciones, por muy complejas y arduas que sean, y menos declaraciones. Desde su entrada en vigor el Gobierno ha concretado en hechos su compromiso con el desarrollo del Estatuto de Cataluña. Se podrá valorar, sin duda, la lentitud de determinadas cesiones de competencias o las dificultades que entrañan determinados acuerdos, pero ¿once traspasos de funciones y servicios con una dotación prácticamente de 80 millones de euros es cumplir el estatuto? ¿Cumplen el estatuto los acuerdos de la comisión bilateral del pasado 30 de julio sobre autorizaciones iniciales en materia de inmigración o sobre inspección de trabajo? ¿Los 767 millones de euros de inversión adicional, acordados en la subcomisión de infraestructuras el pasado 12 de febrero, tienen algo que ver con el estatuto? Nosotros sinceramente creemos que sí y la ministra, no lo duden, seguirá explicando con detalle el desarrollo del estatuto sin necesidad de urgencias, que realmente no se sostienen.


Ahora bien, no deja de sorprenderme que quienes han hecho de la bilateralidad una especie de forma de vida se obcequen en traer a esta Cámara negociaciones que se desarrollan entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España en los marcos institucionales que fija el estatuto, aunque la sorpresa más olímpica, si me lo permiten, no de esta reunión, de esta diputación, sino

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de estas semanas, es evidentemente ver al Partido Popular vivamente preocupado por el desarrollo del Estatuto de Cataluña y por su financiación. Ellos, que son los padres del desaguisado de financiación autonómica que padecen, no solamente Cataluña, sino el conjunto de las comunidades españolas; ustedes, señora Sáenz de Santamaría, que, por cierto, tienen un líder que hace vacaciones prácticamente todo el año.
(Un señor diputado: ¡Hala!-Una señora diputada: Hoy no está.) En fin, cuenten con el Grupo Socialista, señorías, para seguir desarrollando el Estatuto de Cataluña y el resto de estatutos aprobados en la anterior legislatura por la vía de la negociación y el acuerdo. Que habrá dificultades, sin duda, siempre las ha habido. En todo caso, nuestro compromiso con el Estatuto de Cataluña no nace solamente del cumplimiento de la ley, sepan que nace también del hecho de que con nuestros votos lo hicimos posible. No todos pueden decir lo mismo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.


Examinados todos los puntos del orden del día y habiéndose producido la retirada del punto 5, del punto 7 y del punto 12, vamos a proceder a las votaciones en el orden que les voy indicando.


Se vota, en primer lugar, punto 1 del orden del día consistente en la petición por un grupo suficiente de diputados del Partido Popular para que se convoque la Comisión Constitucional y comparezca la vicepresidenta del Gobierno para explicar los contactos llevados a cabo por la Oficina Económica del presidente del Gobierno a favor de determinadas empresas españolas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 31.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación del punto 2. Petición de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) para que se reúna la Comisión de Defensa y comparezca la señora ministra de Defensa para explicar las medidas que va a adoptar para garantizar la seguridad de la flota pesquera de pabellón español en el Índico.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 27.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Punto 3 del orden del día. Petición formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV) para celebrar sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento y que comparezca la señora ministra de Fomento para explicar la reforma del modelo aeroportuario y la posibilidad de privatizar parcialmente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Pasamos a votación esta propuesta, que coincide con el tercer punto del orden del día.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Todos los votos son favorables. Queda aprobada.


Punto 4 del orden del día. Solicitud por un número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Popular de reunión de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, a fin de que comparezca la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte y explique la reducción de los fondos destinados a la aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el año 2008, así como las previsiones presupuestarias para el año 2009.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 27; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Punto 6 del orden del día. Petición formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto para que se convoque reunión de la Comisión de Administraciones Públicas y comparezca la señora ministra e informe sobre la actuación del señor Taguas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 30; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Perdón, un momento. (Rumores.) ¿Hay alguna confusión por parte de los secretarios? (Pausa.) ¿Se reafirma el secretario en el cómputo que me ha trasladado? (Asentimiento.) En consecuencia, queda rechazada la propuesta.


Pasamos a continuación a votar el punto 8 del orden del día: Petición formulada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, para que comparezca la señora ministra de Fomento e informe sobre el proceso de privatización de AENA y la ausencia de las comunidades autónomas en la nueva forma de gestión aeroportuaria.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad de la Diputación Permanente.


Punto 9: Petición formulada por un grupo suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Popular, para que se convoque la Comisión de Fomento, comparezca la señora ministra y explique el nuevo modelo aeroportuario

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aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto y su incidencia territorial.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad de la Diputación Permanente.


Punto número 10 del orden del día: Petición formulada por un grupo suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Popular, a fin de que se celebre sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo e Inmigración, comparezca el señor ministro de Trabajo e Inmigración y presente las medidas que va a tomar el Gobierno ante la preocupante situación del mercado de trabajo que reflejan los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, así como la encuesta de población activa.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 28; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.


Punto 11 del orden del día: Petición por un grupo suficiente de diputados del Grupo Popular, solicitando que se celebre una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día: Comparecencia del señor presidente del Gobierno, para que informe de la reforma del modelo de financiación autonómica tras el debate suscitado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.


Pasamos a la última votación. Punto 13 del orden del día: Petición, formulada por los grupos parlamentarios Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Administraciones Públicas para la comparecencia de la ministra de Administraciones Públicas, para informar sobre el incumplimiento del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por el Parlamento español mediante Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Cataluña.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 25; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Producido el empate vamos a proceder a una segunda votación, tal y como ordena el artículo 88.1 del Reglamento.


Por tanto, procedemos a reiterar esta votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 25; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: El resultado es el mismo y permanece, por tanto, el empate.


El artículo 88.1 ordena que cuando la Presidencia estime razonable se reitere la votación. La Presidencia estima que no hay que esperar más tiempo que el que tardemos en votar. Reiteraremos la votación en este mismo instante, porque no hay elementos de juicio que me hagan pensar una modificación sustancial en el sentido del voto y haremos lo que ordena el Reglamento.


Por tanto, se reitera por tercera vez la votación del punto 13 del orden del día.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 25; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Habiéndose producido en los mismos términos la votación, y de acuerdo con el artículo 88, queda rechazada la petición que ha sido objeto de triple votación.


Sin perjuicio de que formalmente se convoquen las Comisiones, les anuncio que está prácticamente acordado que la Comisión Constitucional, como ha sido objeto de solicitud por el Grupo Popular, se reunirá el próximo día 5 de septiembre a las 12 horas, y la Comisión de Economía, el próximo día 28 a las 18 horas. En cuanto a la Comisión de Fomento no puedo todavía adelantarles ni día ni hora.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.

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