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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 731, de 16/03/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 731
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 40
celebrada el miércoles, 16 de marzo de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. (Número de expediente 121/000101.) ... (Página 2)

Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
(Número de expediente 121/000101.) ... (Página 2)

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Celebración de las siguientes comparecencias en relación con la tramitación del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (número de expediente 121/000107) y del proyecto de ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía. Por acuerdo de la Comisión de Interior. (Número de expediente 121/000108).


- Del señor presidente Nacional del Sindicato Profesional de Policía, SPP (Fuentes Gago). (Número de expediente 219/000739.) ... (Página 11)

- Del señor secretario General del Sindicato Unificado de Policía, SUP (Sánchez Fornet). (Número de expediente 219/000740.) ... (Página 11)

- Del señor secretario General de la Unión Federal de Policía, UFP (Arrillaga Rejano). (Número de expediente 219/000741.) ... (Página 11)

- Del señor secretario General de la Confederación Española de Policía, CEP (López García de la Torre). (Número de expediente 219/000742.) ...
(Página 11)

Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS. (Número de expediente 121/000101.)

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


Vamos a iniciar el orden del día de esta Comisión, en primer lugar, con la ratificación de la ponencia designada para informar la iniciativa que a continuación vamos a debatir. ¿Lo podemos hacer por asentimiento? (Pausa.) Queda ratificada la ponencia.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS.
(Número de expediente 121/000101.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al proyecto de ley por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
Como han quedado enmiendas para ser defendidas en esta Comisión por los diferentes grupos, aunque alterando un poco el orden de intervenciones porque algunos miembros de la Comisión van a llegar más tarde, le tocaría el turno en este momento a Esquerra Republicana-Izquierda Unida, que no están, y en segundo lugar al señor Olabarría, del PNV, que tampoco está, pero les mantendremos el turno, porque supongo que llegarán en unos minutos. Por lo tanto, abriríamos ahora con la intervención de la señora Pigem, del Grupo Parlamentario de CiU. En cualquier caso, no vamos a votar antes de las cinco menos cuarto. Tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: El proyecto de ley por el que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas llega hoy a su último trámite en esta Cámara, puesto que la Comisión actúa, como se sabe, con competencia legislativa plena y quiere, a nuestro juicio, dar respuesta a la ausencia en España de normativa con rango de ley que clarifique responsabilidades y obligaciones de los distintos actores implicados, así como a la necesidad de trasposición de la Directiva 2008/114/CE, del Consejo, que es algo además con lo que ya llevamos un cierto retraso, puesto que se ha agotado el plazo para su trasposición.


Ustedes conocen bien que los atentados de Madrid pusieron con tremenda crudeza encima de la mesa la necesidad de adoptar medidas legislativas para proteger las infraestructuras críticas, esas infraestructuras, básicamente en el ámbito de la energía y los transportes, cuyo correcto funcionamiento es esencial para la sociedad y que si fruto de atentados terroristas sufren una perturbación en su funcionamiento, pueden provocar, de hecho provocan, un auténtico colapso para nuestro sistema económico y social. Por ello, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito español se han estado promoviendo diversas actuaciones en este sentido. En el ámbito europeo culminó con la directiva a la que antes he hecho mención y en el ámbito español, aunque a partir de 2007 se ha aprobado un primer plan nacional para protección, el Consejo de Ministros adoptó también el 2 de noviembre un acuerdo sobre protección de infraestructuras críticas y también hay que decir que en lo que se refiere a la

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protección civil hay una amplia reglamentación relacionada con la seguridad y el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, lo cierto es, como he mencionado antes, que no existe ninguna regulación con rango de ley sobre responsabilidades y obligaciones tanto de las empresas titulares de muchas de las infraestructuras, como de los poderes públicos de cara a la protección de estas infraestructuras si se producen los ataques terroristas, físicos o cibernéticos, algo a lo que, como también he mencionado, pretende dar respuesta el proyecto de ley que estamos debatiendo.


Mi grupo parlamentario presentó ocho enmiendas al texto inicial, enmiendas esencialmente de carácter competencial que tenían como objetivo garantizar que la ley articulara de forma adecuada al reparto competencial existente entre el Estado y las comunidades autónomas la respuesta en materia de protección de las infraestructuras críticas, porque no hay que olvidar que Cataluña, por ejemplo, donde gobierna mi formación política, tiene además de la competencia exclusiva en materia de protección civil, una competencia concurrente en materia de seguridad pública, porque al amparo de su Estatuto de Autonomía y al amparo de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tiene atribuida la competencia de protección de las personas y bienes y del mantenimiento del orden público. Es evidente, pues, que no solo por un tema de fuero, que también, sino por articular de forma eficaz la protección de las infraestructuras críticas, es necesario regularla adecuadamente. A nuestro juicio esto quiere decir ensamblar la actuación del Estado y la de las comunidades autónomas sobre la base de las competencias de cada uno de ellos. A ello, como he dicho, han obedecido las ocho enmiendas que mi grupo ha presentado y que fruto del intenso trabajo de la ponencia y de las negociaciones que han seguido tras ella y si, como esperamos, cuaja -que parece que sí- la última transaccional que se nos ha ofrecido por parte del Grupo Parlamentario Socialista a nuestra enmienda número 34, pueda hoy manifestar que mi grupo ve reflejadas e introducidas prácticamente todas sus enmiendas en el texto que hoy vamos a votar. Por lo tanto, si todo transcurre como está previsto, anuncio ya que vamos a votar favorablemente.


Algunas de nuestras enmiendas han sido literalmente aceptadas en ponencia, como la número 31 y la número 38, en función de las cuales pasa a regularse en una disposición adicional, que a nuestro entender supone una mejora técnica legislativa, que queda excluido de esta ley lo relativo a la protección civil, que se regirá por la normativa autonómica, de acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes estatutos de autonomía.
Otra enmienda, la número 33, ha sido aceptada mediante una transacción y configura un apartado 3 (nuevo) del artículo 9, en función del cual las comunidades con policías integrales serán las que, ante una alerta de seguridad, desarrollarán respecto a las infraestructuras ubicadas en su territorio la coordinación de los cuerpos policiales y autonómicos y activarán el plan de apoyo operativo, todo ello porque son comunidades que cuentan con policías integrales y, por lo tanto, desarrollarán estas facultades que en las otras comunidades que no cuentan con estas policías integrales se desarrollan a través de la Delegación del Gobierno.


La cuestión principal del resto de nuestras enmiendas, 34, 35, 36 y 37, radica para nosotros en que en la ley se recoja de forma clara la necesaria participación de las comunidades autónomas que tienen estatutariamente reconocidas competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público en todos los organismos en donde se decida la declaración de zona como crítica, los planes de apoyo operativo, etcétera, es decir, en toda la trayectoria que se prevé en la ley y, en definitiva, la necesidad de que sean miembros de pleno derecho de la comisión nacional para la protección de las infraestructuras críticas. Con satisfacción he de decir que se me ha ofrecido por el Grupo Socialista -lo he avanzado antes- una última redacción de enmienda transaccional que recoge estas propuestas, de manera que estas comunidades autónomas participarán en el proceso de declaración de una zona como crítica, en la aprobación del plan de apoyo operativo que corresponda y en las reuniones de trabajo interdepartamental y que asimismo -y esta es la novedad- serán miembros de la comisión nacional para la protección de las infraestructuras críticas. Si así se formaliza -creo que sí, espero el turno de intervención del portavoz socialista-, reitero mi satisfacción y procedería a retirar -lo haré al final, señora letrada- todas las enmiendas que me quedan vivas, con la excepción de la número 32, que voy a someter a votación, porque entendemos, y este es el contenido de la enmienda, que el catálogo nacional de infraestructuras estratégicas debe, de manera imperativa y no solo facultativa, incluir las propuestas de las comunidades autónomas que tengan competencias estatutariamente reconocidas para la protección de personas y bienes.


Quisiera, en unos últimos minutos antes de concluir mi intervención, poner en valor el trabajo de la ponencia legislativa. Viene siendo ya una tradición en esta Comisión, señora presidenta, que las ponencias dediquen cuantas horas y sesiones sean necesarias para poder trabajar los temas en profundidad, intentando aunar posiciones y debatir razones técnicas y políticas para poder llegar a textos legislativos que se acerquen lo más posible al consenso. Así lo manifiesto y lo expreso porque creo que es de justicia que este loable método de trabajo quede reflejado en el "Diario de Sesiones". Así ha sido también en la tramitación de este proyecto de ley y quiero reflejar tanto la disponibilidad de todos los ponentes que han asistido a las reuniones, como la voluntad del Grupo Socialista -y lo quiero personalizar en don José Manuel Bar- para recoger las aportaciones de todos los grupos, máxime en un proyecto de ley como el que estamos viendo, en que el principio de acuerdo que había entre los dos grupos mayoritarios habría hecho

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técnicamente innecesario el ingente trabajo que ha realizado para incorporar la voluntad de los grupos nacionalistas, al menos en lo que a Convergència i Unió se refiere. Quiero agradecer también al ponente del Grupo Popular, don Francisco Márquez de la Rubia, no solo los conocimientos y el profundo estudio que ha realizado sobre este tema, con el que nos ha enriquecido, sino la combinación de firmeza y flexibilidad para conjugar posicionamientos competenciales de nuestros respectivos grupos parlamentarios que en ocasiones están tan alejados. Por supuesto y de nuevo, mi agradecimiento a doña Rosa Ripollés, letrada de la Comisión, no solo por sus aportaciones, fruto siempre de su gran competencia y conocimientos, sino también por su diligente trabajo y sus excelentes notas que tanto facilitan nuestra guía de trabajo a medida que la tramitación va avanzando. Con ello finalizo, señora presidenta. Cuando concluyan las intervenciones diré, para que quede constancia, si mantengo alguna enmienda viva y cuál es.


La señora PRESIDENTA: Tiene el turno ahora el señor Olabarría, si está en condiciones de defender sus enmiendas.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Podemos intentarlo.


Quiero empezar mis palabras iniciando mi discurso con lo que ha constituido la parte final de la intervención de mi compañera Mercè Pigem. La verdad es que esta Comisión no era así antes, pero en los últimos tiempos tiene una metodología de trabajo basada en el consenso, en la proclividad a buscar puntos de encuentro y en una posición proactiva a buscar elementos de interacción entre las posiciones de distintos partidos políticos. Es una cosa que hay que poner de relieve en una Comisión en la que se tratan asuntos que, por usar una expresión eufemística, podríamos calificar, cuando menos, de delicados con carácter general. No sé si será el fenotipo de los portavoces, serán las características de la Comisión o puede ser lo que se ha convertido ya en un uso parlamentario que voy a reproducir, que son las felicitaciones a la letrada, a la señora Rosa Ripollés -un uso parlamentario que, además, nosotros no lo destacamos desde una perspectiva puramente formal, sino sinceramente, porque su trabajo es ímprobo-. Por ello nos tenemos que felicitar todos, porque a mi grupo parlamentario, desde las posiciones mantenidas ab initio, le queda poco que argumentar, en tanto en cuanto han sido transadas o aceptadas en sus propios términos las enmiendas que van a prefigurar nuestra posición política con relación a este importante, aunque poco conocido, proyecto de ley.


Creo -y también yo voy, como la señora Pigem, a esperar la intervención del portavoz del Grupo Socialista- que va a ser aceptada en sus propios términos la enmienda 16 de mi grupo parlamentario. Nosotros damos mucha relevancia a esta enmienda, que ajusta una materia constitucionalmente prevista en el bloque de constitucionalidad, que distribuye competencias entre comunidades autónomas y la Administración General del Estado, un tanto deletérea, poco definida; hay una posición muy proactiva al reconocimiento del rol y de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas y particularmente a aquellas comunidades autónomas que poseen policías de carácter integral, que tienen competencias estatuarias reconocidas en relación con la protección de personas y bienes para el mantenimiento del orden público, y otras que no se consignan en las enmiendas ofertadas, como son las del ejercicio de competencias de policía judicial, de protección civil, etcétera. No hay ninguna diferencia entre una policía de carácter integral autonómica y un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, salvo las que estatutariamente están consignadas como tales, que son la emisión de determinados documentos oficiales y la protección de las fronteras. En este sentido vemos como en esta materia de la determinación, de la catalogación de las infraestructuras que eventualmente pueden tener carácter crítico, de la comisión de evaluación, etcétera, de las posibilidades de intervención y de reconocimiento, por lo tanto del carácter plural o compuesto del Estado español, han sido objeto de una atención en nuestra opinión suficiente.


Se nos ha ofertado una transacción con relación al artículo 10, en donde se establece que las comunidades autónomas participarán en el proceso de declaración de una zona como crítica, en la aprobación del plan de apoyo operativo que corresponda, en las reuniones del grupo de trabajo interdepartamental y serán miembros de la comisión nacional -y esta es una locución que me gustaría enfatizar- para la protección de las infraestructuras críticas. Este es el elemento troncal -y la señora Pigem, con la lucidez que la caracteriza lo ha manifestado así- de las reservas con que originariamente nuestro grupo afrontó el debate de este proyecto de ley. La posibilidad de participar que se confiere a las comunidades autónomas, respetando el ordenamiento jurídico, la posibilidad, en definitiva, de atender al ordenamiento jurídico constitucional y que las comunidades autónomas puedan participar en una comisión nacional para la protección de infraestructuras críticas era un asunto troncal para determinar la posición de nuestro grupo parlamentario. Por último, en el número 3 también se dice, con relación a este precepto, que las comunidades autónomas no incluidas en los apartados anteriores participarán también en el sistema de protección de infraestructuras críticas y en los órganos previstos en esta ley. Desde esa perspectiva y en cuanto a la determinación del catálogo de las infraestructuras críticas, las comisiones creadas para la protección y gestión de las infraestructuras críticas para las comunidades autónomas, el reconocimiento de policías que tienen competencias integrales en materia de seguridad ciudadana y en las demás materias que corresponden a la policía, en la extensión o desagregación de las directivas que se trasponen y que constituyen el fundamento de esta ley, particularmente la 2008/114,

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y algunas de las demás, el hecho autonómico y el carácter compuesto del Estado, hacen que estemos en la tesitura -desde una posición también cautelar, señora presidenta, nos gustaría oír las reflexiones del grupo mayoritario en este momento que soporta al Gobierno- de decir que nuestras enmiendas de forma sobrevenida carecen de sentido y estaríamos en condiciones de retirarlas prácticamente todas y de apoyar en sus propios términos el contenido dimanante de estas transacciones, de estas enmiendas aceptadas en sus propios términos, en definitiva, de una ley que se ajusta, y esto no es algo frecuente desafortunadamente en esta Cámara, a los requerimientos de constitucionalidad, a los requerimientos estatutarios, en una materia que hace referencia a la seguridad de las personas.


El valor de la seguridad no hace falta glosarlo en un momento en que acontecimientos catastróficos nos están sensibilizando de forma más intensa, acontecimientos ocurridos en otros países, particularmente los de Japón, con los que mi grupo quiere manifestar su solidaridad. Normas de esa naturaleza contribuyen seguramente a aminorar efectos que esperemos que nunca se produzcan en nuestro país, pero que necesitan una infraestructura normativa que permita optimizar todos los recursos para evitar que los daños sean mayores que los que se producen por los efectos catastróficos o de otra naturaleza que en esta ley se prevén. Señora presidenta, tengo que decirle que, afortunadamente, en este proyecto de ley no tenemos que hacer un discurso basado en la confrontación normativa constitucional desde la perspectiva autonómica y que la sensibilidad del Grupo Socialista ha posibilitado desarmar nuestro discurso tradicional, lo cual es un buen precedente.


La señora PRESIDENTA: Para defender sus enmiendas tiene la palabra el señor Márquez de la Rubia por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: En primer lugar, quisiera mencionar que es mi primera intervención ante esta Comisión de Interior en estas Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, y quisiera manifestar, para que así conste en el "Diario de Sesiones", lo honrado que me siento por el papel de ponente adjunto que para este proyecto el Grupo Parlamentario Popular me ha encomendado y que me siendo orgulloso de comparecer ante todos ustedes.


Quisiera también hacer una primera mención a la predisposición favorable a la redacción del proyecto de ley que mantiene el Grupo Popular y que sin duda es fruto del buen ambiente de trabajo que se ha desarrollado en la ponencia, en la que hemos venido trabajando las últimas semanas, un ambiente de trabajo constructivo, participativo e integrador, con gran amplitud de miras y que creo que era sobre todo consecuencia de la convicción de que el asunto que nos traía a esos trabajos era muy importante y exigía el máximo consenso. Por otra parte, quiero que no se me olvide destacar y agradecer la labor de la letrada, doña Rosa Ripollés, sin cuya exactitud en los procedimientos y asesoramiento puntual y permanente no hubiera sido posible alcanzar el grado de acuerdo con el que nos hemos encontrado en los trabajos que he mencionado. Dicho todo lo anterior, también he de mencionar que subsisten discrepancias y que aún mantenemos la esperanza de que se logren corregir y diluir en este trámite en aras del adecuado consenso que exige la materia que estamos tratando en este momento.


Entrando en el fondo del asunto, ya se ha mencionado por los anteriores intervinientes como la sociedad actual se enfrenta a una amenaza global, principalmente de carácter terrorista, que para conseguir imponer sus ideas y la consecución de sus objetivos se basa fundamentalmente en la perpetración de acciones violentas ante diferentes intereses. Algunos de los intereses objetivo o foco de este tipo de acciones son infraestructuras de interés vital para los ciudadanos, debido a que prestan una serie de servicios públicos esenciales, a su vez, para el normal funcionamiento de la sociedad. Creo que no debemos perder de vista que la noción de infraestructuras críticas que da nombre al proyecto de ley que hoy debatimos se vincula directamente al concepto de tecnologías de la información y al denominado ciberespacio, las TIC. Estas TIC, tecnologías de la información, se emplean hoy en la gestión de cualquier actividad, proporcionando grandes ventajas a los ciudadanos, a los prestadores de esas tecnologías de la información, pero también a sus usuarios finales. Ahora bien, hay que reconocer que esas grandes ventajas también han creado nuevas amenazas a la intimidad y a la seguridad de personas, organizaciones e instalaciones, al estar automatizados casi todos los procesos de las mismas. La dependencia de esas infraestructuras vitales de los Estados actuales respecto de las tecnologías de la información es un hecho incuestionable, como lo es también que dichas infraestructuras están sujetas a nuevas amenazas procedentes, por ejemplo, de la red global, de la red de redes, de Internet.


Entre las infraestructuras vitales del Estado se cuenta con determinadas infraestructuras críticas compuestas por sistemas de información que aseguran el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. En esto hemos hecho particular hincapié en las enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Estas infraestructuras críticas se constituyen a modo de sistema nervioso de los Estados desarrollados y entre ellas se encuentran algunas tales como las redes de distribución, los servicios de emergencia, los medios de transporte, las instituciones financieras, los servicios públicos, las administraciones y un largo etcétera que a todos se nos viene a la mente en estos momentos. Son absolutamente imprescindibles para que las administraciones públicas y las empresas puedan desarrollar sus tareas; de ahí su carácter necesario para el normal desarrollo de la vida cotidiana.


Quisiera que distinguiéramos todos entre infraestructuras estratégicas e infraestructuras críticas. Las críticas

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son aquellas estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable para la población y que no permiten soluciones alternativas, por lo que su perturbación tendría un grave impacto sobre los servicios públicos esenciales. Me parece importante esta distinción entre las estratégicas y las críticas ya que las infraestructuras críticas tienen algunas características singulares: no están de ordinario bajo el control de la organización que se sirve de ellas y, sin embargo, la dependencia de la organización es completa respecto a ellas; están ampliamente interconectadas y la alteración de una repercute irremediable y gravemente en las demás, produciendo efectos cascada de difícil control y un anormal funcionamiento que genera una acción de efectos psicológicos multiplicadores. Creo que a todos se nos vienen a la mente algunos ejemplos muy recientes que algún portavoz ha mencionado ya en su turno de intervención. Estas características evidencian la vulnerabilidad de las infraestructuras y la importancia, la necesidad, la obligatoriedad por parte del Estado de asegurar su indemnidad y el correcto funcionamiento.


Dos son las cuestiones fundamentales que se plantean en relación con las infraestructuras críticas. En primer lugar, la repercusión generalizada de cualquier alteración en su funcionamiento; y en segundo lugar, la vulnerabilidad ante ataques provenientes del ciberespacio. Ante ello, la reacción internacional ha sido de forma extensa. Creo que algunas iniciativas ya se han recordado, provenientes, en primer lugar, de Estados Unidos, como esa Directiva de decisión presidencial del año 1998, a raíz de la cual todos los Estados federados incorporaron mecanismos para identificar las infraestructuras críticas y para establecer mecanismos y estructuras protectoras de las mismas, y a posteriori, ya en nuestro ámbito de influencia, las decisiones adoptadas por la Unión Europea, entre las cuales las más importantes se remontan al Consejo de Europa de junio de 2000, en el cual se aprobó el Plan de acción eEurope o el Plan europeo de infraestructuras críticas de 2004, hasta llegar, por último, a la Directiva 2008/114, de 8 de diciembre, de la cual trae consecuencia el proyecto de ley que ahora estamos debatiendo. En nuestro país tampoco es nuevo el estudio, el debate, la reflexión y la toma de decisiones sobre la necesidad de la protección de las infraestructuras críticas, y a nivel nacional se aprobó el Plan nacional de infraestructuras críticas, así como la creación del centro nacional adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Por eso yo diría que la vocación de este proyecto de ley, más que creadora, es una vocación homogeneizadora, codificadora, si quieren, armonizadora de los mecanismos, muchos de ellos ya existentes y que disfrutamos en la actualidad.


En cuanto a la decisión del sistema de organización para la protección de las infraestructuras que nos ocupa, existen dos modelos en nuestro ámbito. El primer modelo prevé que cada uno de los titulares de infraestructuras disponga de sus medios de protección, que estos se agrupen sectorialmente en centros públicos que ejerzan la labor de coordinación y por encima de estos se contempla un gran centro de coordinación nacional enmarcado en el más alto nivel de la Administración del Estado y específicamente en el seno del Ministerio del Interior. Hay un segundo modelo más propio de Estados Unidos y quizá de algún otro país, en el cual la protección de las infraestructuras críticas se encomienda a las propias empresas u operadores, sean públicos o privados, que organizan su propia coordinación en el ámbito sectorial. La Unión Europea y consecuentemente también nuestro país ha optado por el primero de los modelos. Por ello, hay que detenerse a reflexionar y a meditar sobre la adaptación a nuestra particular organización competencial y territorial de ese modelo, y esa particular reflexión y adaptación del modelo que la Unión Europea y consecuentemente nuestro país ha querido adoptar debe hacerse sin debilitar su estructura, sin debilitar sus pilares ni tampoco sus características esenciales. Repito que estas características esenciales son una serie de operadores titulares de las infraestructuras críticas que se agrupan sectorialmente en centros públicos de coordinación -se definen en el anexo que acompaña el proyecto de ley- y que después hacen recaer la responsabilidad última de la coordinación en un gran centro tutelado también al más alto nivel de la Administración del Estado. Es vital no perder el enfoque multidisciplinar de la materia que nos ocupa, que trasciende límites físicos, geográficos, departamentales y, si se me permite, incluso competenciales. Es ese enfoque desde el punto de vista de la seguridad integral -ámbito físico y ámbito lógico- el único que puede contribuir a asegurar una reducción de la vulnerabilidad frente a los riesgos de acciones terroristas y actos criminales. Esto hace que necesariamente para conseguir esos objetivos sea imprescindible el refuerzo de la coordinación estatal y de la no replicación cuando no sea necesario de estructuras a nivel territorial.


Esta postura del proyecto de ley, que no es otra cosa -recuerdo- que la trasposición de la directiva comunitaria, es la que apoya con firmeza el Grupo Popular en aras del interés general y de una real consecución de los objetivos que se persiguen en la misma. Esto significa que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervengan en el sistema planteado, pero desde nuestro punto de vista en dos estadios conceptuales. En el estadio primero, estadio ejecutivo, con estricta sujeción a la distribución competencial existente en cada uno de los territorios, las comunidades autónomas y ciudades autónomas que componen nuestro Estado. Esto implica el respeto absoluto a las competencias de las policías así llamadas integrales de las comunidades autónomas, que las tienen bajo los principios que se estipulan en la normativa que regula estas policías de cooperación, coordinación y mutua colaboración con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero constatando como ese papel ejecutivo es también aplicable -competencias concurrentes se oía anteriormente- a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esas comunidades, que

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siguen teniendo un papel que cumplir y que le adjudica la ley en todo el territorio nacional, que es de todos conocido en ámbitos tales como el resguardo fiscal del Estado, la custodia de fronteras y aduanas y otros, así como también en actuaciones delictivas en materia de terrorismo, de ciberterrorismo, que es algo sobre lo que estamos debatiendo en este momento. Pues bien, en ese estadio ejecutivo, los planes que contempla el actual articulado de la ley serían los que definirían las misiones concretas de cada uno. Pero decía antes que el Grupo Popular concibe el sistema que estipula el articulado del actual proyecto de ley en dos estadios. El primero era el estadio ejecutivo, que ya he mencionado, y un segundo estadio, el estadio conceptual, y es en este último en el que entendemos imprescindible la dirección y coordinación nacional para poder aplicar una adecuada política de protección de infraestructuras críticas.
Por tanto, desde nuestro punto de vista, es primordial la participación en este estadio de la organización del Ministerio del Interior y concretamente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque entendemos que dan coherencia, dan visión de conjunto, armonizan y cohesionan el mismo conjunto integral.


He dicho anteriormente que en este planteamiento de posición favorable al conjunto del articulado del proyecto de ley que se presenta subsistían algunas discrepancias y es necesario también mencionar algún aspecto crítico. A ello me voy a referir en este momento de mi intervención. En primer lugar -es algo que también ha salido a relucir en alguna de las intervenciones que me han precedido-, creo que llegamos tarde en cuanto a la redacción del proyecto de ley. Como todos ustedes saben, trae consecuencia de la necesaria trasposición de la Directiva comunitaria 2008/114, que establecía a su vez unos plazos, unos límites temporales, para que se incorporara a la normativa nacional. Esos límites vencían en enero de este año 2011 y por tanto llegamos tarde. Creemos que ha habido un primer intento, que conocemos porque evidentemente así se hace constar en cuanto a la aplicación o la aprobación y la regulación mediante real decreto de lo que ahora se nos hace llegar vía proyecto de ley, pero eso no impide decir que la Administración General del Estado tenía que haber activado los mecanismos con la antelación suficiente, diría yo, para que no se cumplieran los plazos que nos hicieran llegar tarde a la trasposición necesaria de la directiva. Ese real decreto se intentó aprobar, pero, como conocemos, el dictamen del Consejo de Estado exigía la redacción mediante la forma de ley al objeto de garantizar las obligaciones que se incorporaban al articulado del entonces real decreto.
Creo que algunas de las recomendaciones que hacía el Consejo de Estado, más allá de la transformación en proyecto de ley de lo que era real decreto, seguirían subsistiendo si en este momento se sometieran al mismo dictamen. En algunas de ellas encontramos que la memoria del análisis de impacto normativo no ha sido elaborada con el rigor deseable y con la profundidad suficiente, adoleciendo realmente de una cierta superficialidad. Lo que se decía en el dictamen del Consejo de Estado sobre que no se examinaban y ponderaban adecuadamente las cargas administrativas, creemos que se mantiene; el cálculo sobre el coste económico de la elaboración de los planes que rozaba la excesiva superficialidad, creemos que se mantiene; y el cálculo sobre la carga que supone la creación de la estructura administrativa que se impone en el articulado del proyecto de ley, que realmente adolecía de cierta levedad en su planteamiento, creemos que se mantiene. Esto debería haber llevado al Gobierno a que esa memoria del impacto pudiera haber tenido mayor profundidad. En eso nos hemos centrado en el Grupo Popular. Todas las enmiendas que hemos presentado intentaban aportar y mejorar el proyecto y se basaban básicamente en dos puntos de vista. El primero, relativo a la adecuación normativa y de técnica legislativa. Agradecemos en ese sentido que el grupo mayoritario, el Grupo Socialista, haya sido proclive a incorporar las enmiendas 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, al igual que la enmienda 26, que incorporaba la necesaria diferenciación entre operadores del sector público y privado al articulado del mismo. Agradecemos esa especial sensibilidad en cuanto a la incorporación de esas enmiendas con el carácter de aportación a la mejor técnica legislativa o adecuación normativa. También hemos incorporado una enmienda aceptada por el grupo mayoritario, que estipulaba el plazo necesario para que el Gobierno de la nación desarrollara reglamentariamente los mandatos que le encomienda el articulado del proyecto de ley. Por último, también se nos ha aceptado una enmienda que recogía una necesidad que para el que les habla era particularmente importante. Soy el representante de la circunscripción electoral de Ceuta, diputado por Ceuta, y entendía que era necesario incorporar esa sensibilidad de un territorio singular, específico, que necesitaba un tratamiento diferenciado. Eso se hace mediante esa disposición adicional, que permite que el Consejo de Gobierno de las ciudades de Ceuta y de Melilla, junto con la delegación del Gobierno de ambas ciudades, pueda incorporar informes o propuestas al sistema en su conjunto.


La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Márquez de la Rubia.


El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Termino inmediatamente, señora presidenta.
Por último, quisiera decir que mantenemos las enmiendas 27 y 28, y a la espera de la intervención del portavoz del Grupo Socialista, estaremos en condiciones de poder transar lo que está en el espíritu de la enmienda número 27. Sin embargo, mantendremos la enmienda número 28 a efectos de su votación.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Bar Cendón.


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El señor BAR CENDÓN: Seré breve porque hemos hablado mucho en Comisión y creo que ahora lo que tocaría es consolidar y formalizar todo lo hablado.


Señorías, creo que habrán reparado en que el debate de este proyecto de ley viene a coincidir con el aniversario de los terribles atentados del 11 de marzo de 2004. Por esta razón me gustaría comenzar con una mención expresa a su recuerdo por ser su aniversario y también porque precisamente lo que hoy debatimos aquí tiene que ver con nuestra permanente deuda moral hacia las víctimas. Esto es, el esfuerzo que estamos obligados a hacer desde todas las instancias para reducir al máximo las posibilidades, para que sea muchísimo más difícil que aquel horror vuelva a repetirse jamás. Quizá sea este el principal motivo por el que este proyecto de ley nace con verdadera vocación de unanimidad.
Hay otras razones para ello, lógicamente; una, porque todo lo que atañe -lo decía el señor Olabarría- a la prevención antiterrorista es una cuestión de Estado sobre la que debe primar el consenso. Otra, porque tenemos un compromiso con nuestros socios europeos que no en vano pusieron o pusimos -porque estábamos allí- en marcha en junio de 2004, como consecuencia de los atentados, el mandato de elaborar una estrategia global sobre protección de infraestructuras críticas.


Señorías, como dice la memoria que acompaña al proyecto de ley, el escenario de la seguridad mundial ha cambiado drásticamente en la última década, y tal vez el 11 de septiembre de 2001 haya sido el punto de inflexión principal, como para nosotros lo fue el 11 de marzo. ¿Qué es lo que más caracteriza ese nuevo escenario? Que, paradójicamente, la expansión del Estado del bienestar, la revolución de las nuevas tecnologías, la globalización, en suma, han hecho a los ciudadanos, a los gobiernos y a las administraciones más dependientes de unos servicios esenciales que a su vez están altamente interconectados y que con frecuencia resultan excesivamente vulnerables. Estos servicios esenciales y las infraestructuras que los sustentan se convierten así en el objetivo más apetecido para los terroristas de diverso signo, incluidos los llamados ciberterroristas, porque pueden provocar reacciones en cadena con efectos devastadores sobre grandes segmentos de la población. Lo hemos visto ya en varias ocasiones y lo estamos viendo estos días en Japón, aunque esta vez por una calamidad natural. Por eso la prioridad estratégica en materia de seguridad tiene que dirigirse ahora hacia esas infraestructuras más complejas e interdependientes que pueden afectar en mayor medida a la población, a su vida y a su salud, así como a la capacidad de los gobiernos y administraciones de mantener los servicios esenciales y recuperar con prontitud la normalidad ciudadana. Son dos las grandes tareas más inmediatas. Una, determinar y catalogar cuáles son esos servicios más esenciales y sus infraestructuras y, dos, diseñar las más eficaces medidas de prevención, protección y restauración. En realidad esto es algo que ya se viene haciendo de forma reglamentaria desde hace años; por eso no coincido con la valoración que hace el ponente del Grupo Popular. No llegamos tan tarde realmente. El primer plan nacional lo pusimos en marcha, si no recuerdo mal, en mayo de 2007, pero ahora se convierte en una obligación legislativa a partir de la directiva 2008/114, que aquí trasponemos con este proyecto de ley. Es decir, puede ser que en un aspecto formal llevemos un par de meses de retraso pese a que la voluntad del ministerio, como saben, fue hacerlo mucho antes, pero también es cierto que el dictamen del Consejo de Estado al que se refiere el ponente del Grupo Popular ha incidido en la modificación del proyecto de ley que aquí se presenta, asumiendo por tanto las recomendaciones que hacía. En resumen, estas son las pretensiones de la ley: regular la protección de las infraestructuras críticas y definir un sistema organizativo que aglutine a las administraciones públicas y a las entidades privadas que las gestionan.


Señorías, siguiendo esa vocación de unanimidad, se ha hecho un proyecto de amplia cabida. Esa es la primera lectura que podemos hacer del proyecto, y es que cabemos con comodidad todos, aunque creo que también por voluntad de consenso, los grupos -lo agradecemos desde el Grupo Socialista- han presentado relativamente pocas enmiendas: 38. Ya en las reuniones de ponencia el esfuerzo de aproximación se plasmó en un gran nivel de acuerdos, ya fuese por incorporación en sus términos de casi una veintena de enmiendas o por transacción de una docena o más de estas. Hoy mismo hemos traído aquí -se nos pedía por parte de Convergència i Unió, PNV y Grupo Popular- la aceptación de una enmienda más y de tres transacciones -dos, pero que realmente en la práctica son tres-. A continuación haremos un resumen por grupos.


En las enmiendas propuestas por el Grupo Popular entendemos que se ha dado satisfacción prácticamente a todas; en torno a correcciones técnicas y adaptación a la terminología de la directiva comunitaria, enmiendas que van de la 19 a la 26; criterios para determinar la criticidad de las infraestructuras, enmienda 22; precisiones en torno al papel de los delegados del Gobierno en los planes específicos y operativos, enmienda 27; adopción de medidas específicas para Ceuta y Melilla, enmienda 29; establecimiento de un plazo de seis meses para el desarrollo reglamentario, enmienda 30; y la presencia de todas las comunidades autónomas en los órganos colegiados, incluida en el artículo 10.
Únicamente se ha mantenido una cierta discrepancia sobre el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la elaboración de los planes operativos, enmienda 28. En resumen, acuerdo en once de las doce enmiendas presentadas, lo que creemos que es un muy elevado nivel de aceptación.


Respecto de las enmiendas del Grupo Vasco, PNV, se ha intentado dar satisfacción a las preocupaciones en torno a la definición del papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la colaboración o coordinación entre cuerpos policiales, enmiendas 4 y 6; la capacidad de desarrollo reglamentario por parte de las comunidades

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autónomas en su ámbito competencial para la protección de las personas y el orden público, enmienda 11, que se incluye en la disposición final tercera -si no recuerdo mal-; y en general, aunque no se defina en una enmienda concreta, a la visualización del papel de las comunidades autónomas en la ley con el respeto competencial correspondiente, más patente en los artículos 1 y 5, por poner ejemplos. Sin embargo, no se han aceptado las enmiendas que pretendían incorporar la creación de los centros autonómicos por entender que suponía una cierta invasión competencial de la ley. No podemos desde una ley estatal decir a las comunidades autónomas que creen estos centros autonómicos, porque eso estaría en el ámbito de sus competencias. No acabamos de coincidir con ese riesgo de atomización de los organismos por territorios -lo mencionaba el portavoz del Grupo Popular-, pero es que, además, las comunidades autónomas conservan -y esto se recoge en una disposición adicional- su propia capacidad de desarrollo reglamentario indiscutible.
Por tanto, a mi entender, no es necesario incorporar otro tipo de organismos atomizadores.


En cuanto a Convergència i Unió, se ha intentado dar satisfacción a las preocupaciones que giraban en torno al respeto competencial de las comunidades autónomas con competencias en protección de personas y orden público, sobre todo en la protección civil, que son las enmiendas 31 y 38; la presencia y participación de las comunidades autónomas en la Comisión Nacional, que son las enmiendas 34 y 37. Por tanto, confirmo la presentación de esa transaccional que demandaba la ponente de Convergència i Unió. También estaría el papel concurrente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en los territorios con infraestructuras críticas. No se ha podido dar satisfacción a la enmienda que plantea la obligatoriedad por parte del centro nacional de asumir todas las propuestas de incorporación al catálogo de infraestructuras críticas que plantean las comunidades autónomas. Ahora bien, las comunidades autónomas tienen totales garantías de ser escuchadas ya que participan en esa Comisión nacional. En lo que discrepamos es en la obligatoriedad o no de incorporar al catálogo esas propuestas. Pensamos que la última transaccional presentada por nuestro grupo, relacionada con el artículo 10, en la que se garantizan cuatro tipos de participación, a saber, presencia en la Comisión nacional, declaración de una zona como crítica, participación en el grupo de trabajo interdepartamental y la aprobación de los planes de apoyo operativos, debería dar completa tranquilidad a las demandas de los grupos nacionalistas.


A Esquerra Republicana-Izquierda Unida les proponíamos la aceptación de la transaccional a su enmienda 18 que hemos presentado al citado artículo 10, puesto que tiene un contenido similar. Tenemos que votar negativamente la número 17 por las razones de orden competencial ya expuestas.


Señorías, no puedo acabar mi intervención sin antes agradecer el esfuerzo, muchas veces callado, de mucha gente; a la letrada, doña Rosa Ripollés, porque pone orden en el caos; a todos los ponentes por su generosidad y su paciencia -con esto le devuelvo el elogio a doña Mercè Pigem-; a los asesores del Ministerio del Interior, a la Secretaría General Técnica, y a mis compañeros ponentes en esta ley, Joan Canongia y Guadalupe Martín.


La señora PRESIDENTA: Necesitaríamos que las enmiendas transaccionales se pasaran a la Mesa por escrito, si puede ser.


El señor BAR CENDÓN: Las tenemos por escrito, se las hemos dado a los ponentes y las acercaremos a la Mesa. Creo que no es necesario leerlas, ¿o considera la Presidencia que sí?

La señora PRESIDENTA: No, pero sí al menos tenerlas, a efectos del acta.
(El señor Canet i Coma pide la palabra.)

Por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Sencillamente para aceptar la transaccional que nos proponen y para que se pueda votar la otra enmienda pendiente.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, en relación con las enmiendas transaccionales, el señor Márquez de la Rubia.


El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: La transaccional al artículo 10 queríamos que se votara por puntos, si es posible.


La señora PRESIDENTA: ¿Alguna otra aclaración con respecto a las enmiendas transaccionales por parte de los grupos enmendantes?

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Aceptamos las enmiendas ofertadas y retiramos todas nuestras enmiendas, salvo la número 9, que hace referencia al artículo 7, que la vamos a mantener.


La señora PRESIDENTA: ¿Retira la 16?

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Retiro todas, salvo la 9.


La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, entendemos que hay un error en la propuesta que hace respecto a retirar la 16 y mantener la 9, creemos que es al revés. Debe retirar todas menos la 16.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La 16 la retiro, señora presidenta; retiro todas y mantengo la 9.


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La señora PRESIDENTA: Entonces es como ha dicho usted antes. (La señora Pigem i Palmés pide la palabra.)

¿Tiene que decir algo sobre las enmiendas, señora Pigem?

La señora PIGEM I PALMÉS: Quiero decir las enmiendas que retiro, pero no sé si es el momento oportuno. Retiro todas las enmiendas y mantengo únicamente la número 32.


La señora PRESIDENTA: Vamos a suspender unos minutos para aclararnos con las enmiendas transaccionales. (Pausa.)

Por nuestra parte tenemos claro lo que hemos de votar. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.) Creo que el señor Olabarría quería hacer alguna aclaración.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Puesto que parece ser que el posicionamiento de mi grupo es uno de los focos de confusión, quisiera aclarar que mantenemos vivas las enmiendas número 9 y 16 y retiramos todas las demás.


La señora PRESIDENTA: Ahora nos aclaramos más todos.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es lo que he dicho antes, pero me alegro de haberlo aclarado.


La señora PRESIDENTA: Entendimos que retiraba también la 16.


Iniciamos las votaciones. Empezamos por las enmiendas transaccionales. En primer lugar, la transaccional al artículo 9, que tiene un apartado nuevo. El uno se mantiene igual, el dos es nuevo y el tres es el de la ponencia. Por tanto, solo votamos la transaccional del artículo 9.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Se aprueba por unanimidad.


Votamos ahora la segunda enmienda transaccional al artículo 10, que tiene un apartado dos y un apartado tres y que vamos a votar por separado.
Votamos en primer lugar el apartado dos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votamos el apartado tres de la enmienda transaccional al artículo 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votamos las enmiendas que han quedado vivas de los grupos. En primer lugar, la enmienda número 17 del Grupo de Esquerra.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 36.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Ahora votamos la enmienda número 16 del PNV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos la enmienda número 32 de CIU.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 28 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Por último, votamos el dictamen. Como saben, en esta ley tenemos competencia propia en la Comisión y no pasará al Pleno. Votamos todos los artículos, con las enmiendas ya aprobadas, el anexo y la exposición de motivos.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.


Quiero dar las gracias a todos los ponentes de esta ley, así como a la letrada, al igual que han hecho todos los ponentes.


Suspendemos durante unos minutos la sesión. (Pausa.)

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CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (Número de expediente 121/000107) Y DEL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DE PERSONAL DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INTERIOR. (Número de expediente 121/000108).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE NACIONAL DEL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍA, SPP (FUENTES GAGO). (Número de expediente 219/000739.)

- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA, SUP (SÁNCHEZ FORNET). (Número de expediente 219/000740.)

- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN FEDERAL DE POLICÍA, UFP (ARRILLAGA REJANO). (Número de expediente 219/000741.)

- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA, CEP (LÓPEZ GARCÍA DE LA TORRE). (Número de expediente 219/000742.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos los trabajos de la Comisión con el siguiente punto del orden del día, que, como saben sus señorías, es la celebración de las comparecencias en relación con la tramitación del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y del proyecto de ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la Mesa y pedir disculpas por los minutos de retraso, porque les hemos citado a la hora que pensábamos que habríamos terminado la otra parte del orden del día. Todos ellos están aquí como consecuencia de las solicitudes que han hecho los grupos parlamentario. Como saben, es habitual que en los proyectos de ley comparezcan personas relacionadas con los temas que se van a tratar en ese proyecto de ley para ser oídas. Habíamos pensado que cada uno de ustedes podría hablar durante unos diez minutos, con cierta flexibilidad, y después intervendrían los portavoces de los grupos parlamentarios.
Salvo que haya alguna cuestión muy concreta por la que quieran preguntar los diputados o diputadas, y para lo que habría una segunda intervención, con la primera sería suficiente.


Para empezar, tiene la palabra don José Ángel Fuentes Gago, presidente nacional del Sindicato Profesional de Policía.


El señor PRESIDENTE NACIONAL DEL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍA (Fuentes Gago): Señora presidenta, con su permiso.


Señorías, quiero agradecerles que nuevamente nos hayan brindado la oportunidad de comparecer ante ustedes para tratar de mejorar o completar, con las enmiendas que les vamos a presentar, estos dos proyectos normativos. Me gustaría comenzar diciéndoles que se presentan a esta Comisión dos proyectos normativos importantes para nosotros, puesto que afectan a nuestro estatuto profesional, que son fruto de un trabajo intenso que hemos realizado durante largas sesiones con el director general, que se presentaron a un pleno del Consejo de Policía, donde no se suscitó todo el consenso que estas leyes deberían tener, por cuanto a nuestro modo de ver quedaron algunas cuestiones pendientes de incluir, y esta tarde tenemos la oportunidad de ponerlas en su conocimiento. He de decirles como cuestión previa que tenemos presentadas conjuntamente con la Confederación Española de Policía unas enmiendas a los dos proyectos normativos, razón por la que yo haré alusión a algunas de estas y el secretario general de la Confederación Española de Policía hará referencia a aquellas que no toque yo, por no repetir nuestra exposición.
Hablo en nombre del Sindicato de Comisarios, con el que estamos en un proceso de unificación o de fusión. Juntos aglutinamos a cerca de 30.000 funcionarios, con vocales en todas las escalas que se representan en el Consejo de Policía.


Comenzando ya por los proyectos normativos en cuestión, empezaré haciendo alusión a las enmiendas que presentamos a la ley orgánica de derechos y deberes. He de decir que la misma es bastante completa, pero falta por concretar o introducir alguna cuestión para que se garanticen de forma más amplia algunos derechos de los funcionarios. En el artículo 2, haciendo referencia a los derechos, echamos a faltar algunas cuestiones -luego mi compañero las ampliará- como la antigüedad, en el punto 2.c); la no discriminación por razones sindicales, en el artículo 2.k); derecho a un horario que permita una conciliación y a un descanso compensado, que puede ir acompasando al 2.n); el principio de jerarquía, el derecho a no ser mandado por un funcionario de categoría inferior; el derecho a una equiparación económica y social con otros operadores de seguridad en el Estado español. Y en lo relativo al artículo 14, responsabilidad y asistencia jurídica, me remito a lo que más adelante manifestará mi compañero sobre la necesidad de concreción de un seguro de responsabilidad civil para los actos con ocasión del servicio. Como les digo, después mi compañero tocará esta parte más ampliamente.


Por lo que respecta a la ley de régimen de personal, inicialmente planteamos las siguientes enmiendas. Lo relativo al artículo 2, sobre el principio de jerarquía, será desarrollado después más ampliamente también, pero nosotros entendemos que este principio no solo debe ser inspirador sino también vertebrador de todo el Cuerpo Nacional de Policía.


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En cuanto al tema de la rehabilitación, proponemos la inclusión de un nuevo artículo, el 6 bis, puesto que, pese a que existe una remisión en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, de régimen disciplinario, no se regula nada al respecto cuando dicho derecho se regula expresamente para los demás funcionarios en el Estatuto básico del empleado público en el artículo 68.2.


En relación con el artículo 7, funcionarios jubilados, nosotros proponemos que, al igual que pueden conservar el carné profesional, puedan conservar también la placa-emblema, puesto que en el artículo 16 se estipula que son los distintivos identificativos de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.


En el artículo 9 proponemos la inclusión de una letra e), de la escala de facultativos y técnicos, con dos categorías: facultativo o facultativa, técnico o técnica; la introducción de una letra d) en el punto 3, también en el artículo 9, donde se dice que la escala de facultativos y técnicos se clasificará en el grupo profesional A, subgrupos A1 y A2 respectivamente, establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. Y en justa correlación con lo que acabo de establecer, en el artículo 10, las funciones, habría que introducir una nueva letra e) que diga que a la escala de facultativos y técnicos le corresponderá las funciones de apoyo, de dirección o ejecución de actividades instrumentales especializadas que reglamentariamente se determine.


En el artículo 11, las especialidades, proponemos también una redacción alternativa, puesto que entendemos que el concepto de especialidad es muy genérico y debería acotarse o aglutinarse de una forma más precisa.


En el artículo 34, promoción interna, el sistema de concurso-oposición para el ascenso a la categoría de comisario principal no es aceptado por la mayoría de los integrantes de la escala superior del Cuerpo Nacional de Policía. Desde nuestro punto de vista, el ascenso debería ser exclusivamente por antigüedad selectiva; que lo que se pidiera para ascender fuera una verdadera antigüedad selectiva, basada en el historial profesional, en la evaluación del desempeño, con una mayor exigencia en el mínimo de baremo para ascender, y también podría consistir en defensa pública del historial profesional de cada uno de los funcionarios que decidiera ascender a la categoría más alta, a la última categoría de los funcionarios de la escala superior del Cuerpo Nacional de Policía. A nuestro modo de ver, el ascenso de comisario a comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía debería haberse recogido, al igual que para el ascenso a la categoría de subinspector jefe desde la de subinspector, exclusivamente bajo la modalidad de antigüedad selectiva con las acotaciones o matizaciones que les hemos hecho anteriormente.


En el artículo 39, procedimientos de provisión de puesto de trabajo, debería figurar en el punto 1, como principio a tener en cuenta para la provisión de puestos de trabajo, la antigüedad. En el punto 3, al hablar del concurso general, debe recogerse que el concurso general debe ser la forma ordinaria de obtener un puesto de trabajo al ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía. Les explico por qué. Lo contrario haría que cuando una persona ingresa en el Cuerpo Nacional de Policía en las dos modalidades se le pudiera asignar un puesto de concurso específico de méritos sin tener méritos suficientes acreditados o de libre designación, que son puestos de especial responsabilidad o de confidencialidad. Ahora lo tenemos regulado así en el reglamento de provisión de puestos de trabajo con unos resultados a nuestro modo de ver óptimos. En el punto 5 de este artículo 39, el procedimiento de libre designación, no estamos muy de acuerdo con la redacción que se le ha dado por cuanto que no se recogen todos los requisitos jurisprudenciales para este sistema de provisión de puestos de trabajo. Por supuesto que proponemos quitar la última parte del segundo apartado del punto 5, que dice que por razones de seguridad el acuerdo de nombramiento de los puestos de subdirector para arriba podrá realizarse sin convocatoria pública. Desde nuestro punto de vista, el principio de publicidad es un principio general del ordenamiento jurídico y no acertamos a comprender cuáles son las razones de la exclusión de esta circunstancia si tenemos en cuenta que estamos hablando de personas públicas, de personas que van a tener un protagonismo público, puesto que son la alta jerarquía del Cuerpo Nacional de Policía. En el punto 6, el procedimiento de concurso específico de méritos, proponemos añadir al final del primer párrafo una garantía que tiene ahora mismo este procedimiento en el reglamento del provisión de puestos de trabajo, que es el correspondiente a expediente de remoción. Se quita, y esto es un grave perjuicio para los puestos que se obtienen acreditando unos méritos.


El artículo 42, comisión de servicios, y el artículo 43, atribución temporal de funciones, también deben concretarse de una forma más garantista, al igual que el artículo 45, las garantías, que explicará posteriormente mi compañero.


Voy a ir concluyendo con tres referencias y luego hablaré de las disposiciones finales y derogatorias. El artículo 46, cuando habla de las clases de situaciones administrativas, no recoge la del servicio en otras administraciones públicas que se tipifican en el artículo 85.c) del Estatuto básico del empleado público; no sabemos por qué razones, pero la remisión a este artículo 85 debe ser completa. Sin embargo, en el artículo 49, al hablar de las excedencias, proponemos suprimir la letra e), puesto que nos introducen una excedencia, la excedencia por prestación de servicio en el sector público, que no se regula en el Estatuto básico del empleado público y sí en dos textos normativos de carácter militar, que son la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, y la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, del régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.


Finalmente, dentro del articulado, puesto que algunas cuestiones que quedan ya las explicará mi compañero, en el artículo 51, relativo a la segunda actividad, nosotros

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proponemos mantener la redacción del artículo 5 de la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. Mediante este artículo se establece la posibilidad del pase a la situación de segunda actividad a petición propia con 25 años de servicio efectivo en la situación de servicio activo o, en su defecto, incluir una nueva redacción alternativa que les damos. Desde nuestro punto de vista esto no produce ningún perjuicio para la Administración, puesto que son cupos de vacantes voluntarias, es decir que la Administración puede ofertar o no anualmente estos cupos de plazas; puede suponer un incentivo para desbloquear, cuando las ofertas de empleo público vuelvan a ser numerosas, aquellas categorías que estén muy congestionadas y, evidentemente, es un beneficio para el funcionario que lleva 25 años en una profesión, tal y como se recoge en la Ley de segunda actividad, dura, difícil, para que pueda hacer uso de este derecho. Igualmente, en la segunda actividad proponemos mantener la segunda actividad con destino como un derecho del funcionario compatible con el artículo 2.h) de la ley de derechos y deberes donde dice que a los 58 años de edad el funcionario puede pedir un puesto adecuado a sus condiciones psicofísicas. Dentro de esos puestos nosotros entendemos que se podría hacer una relación de puestos de segunda actividad con destino.
Es un derecho que tenemos hoy en la Ley de segunda actividad, la 26/1994, es un derecho que vamos a suprimir y es un derecho que han conseguido otras policías autonómicas; es decir, donde nosotros lo teníamos lo quitábamos y otros han cogido esta vía. Finalmente, solicitamos la retirada del punto 2 de la disposición transitoria primera para que las retribuciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en segunda actividad conserven el espíritu del legislador de la Ley 26/1994, es decir que la diferencia retributiva entre segunda actividad sin destino y activo no exceda del 80 por ciento de percepción. En la actualidad esta cifra supera el 35 por ciento en algunas escalas, lo cual ha convertido la situación de segunda actividad sin destino en el Cuerpo Nacional de Policía en una situación de castigo. Esta es la realidad por la que el 87 por ciento de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía opta por permanecer en activo o acogerse a un puesto de trabajo de segunda actividad con destino y no pasar a segunda actividad sin destino. Proponemos también una redacción alternativa, que luego explicará mi compañero.


Acabo ya haciendo alusión a la disposición derogatoria única. Solicitamos excluir el artículo 5 de la Ley 26/1994, por las razones que expuse antes al hablar del artículo 51 y el artículo 2.2 de la misma ley para garantizar los derechos de la segunda actividad.


Pido perdón, señora presidenta, por haberme excedido.


La señora PRESIDENTA: He dicho diez minutos, pero tampoco voy a ser absolutamente estricta, como comprenderá, en un momento en que están ustedes hablando sobre una ley importante para todos ustedes.


Tiene ahora la palabra don José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA (Sánchez Fornet): Gracias por el privilegio que supone poder trasladar a sus señorías nuestras opiniones respecto a las dos normas que se están tramitando. Somos conscientes de que este privilegio no es en función del mérito de nuestras organizaciones sindicales sino gracias al trabajo que realizan nuestras compañeras y compañeros del Cuerpo Nacional de Policía.
El SUP y la UFP hemos planteado en unidad de acción todas las enmiendas a las leyes de derechos y deberes y de personal que hoy tratamos, por ello, para evitar repeticiones, nos hemos dividido el trabajo. Yo voy a hablar en nombre de SUP y UFP de la ley de derechos y deberes y el secretario general de UFP hablará en esa condición y también como portavoz del SUP en la ley de personal. No obstante, antes de centrarme en la ley de derechos y deberes me gustaría exponer dos asuntos positivos que se contemplan en la ley de personal y que han sido determinantes para que le diéramos el apoyo en el Consejo de Policía. El primero de ellos es el incremento de la edad voluntaria hasta los 65 años, lo que llamamos la jubilación a la carta, que en nuestra opinión viene a hacer justicia y a impedir una situación de castigo, que es en lo que se ha convertido la segunda actividad sin destino debido a la considerable pérdida salarial que se produce en la misma. Esta situación, que comenzó siendo un privilegio respecto al resto de funcionarios públicos ha derivado en un castigo por cuanto la pérdida salarial, que antes era del 20 por ciento de las retribuciones complementarias, es hoy muy superior, al interpretarse desde la Administración que hay determinados conceptos retributivos como la productividad o el complemento específico singular que no son tenidos en cuenta como retribución salarial complementaria a efectos de establecer el salario en la situación de segunda actividad sin destino. Por esto pedimos a sus señorías que si plantean acortar la vida profesional en activo al mismo tiempo establezcan el incremento salarial correspondiente en segunda actividad sin destino si no quieren cometer una gran injusticia con nosotros, con todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Este hecho del incremento de edad conlleva la desaparición de puestos de trabajo en segunda actividad con destino. En la actualidad hay 2.245 puestos de trabajo en segunda actividad con destino que están vacantes.
¿Por qué están vacantes si se garantiza el total del salario? Están vacantes fundamentalmente por dos razones: la primera, porque estos puestos de trabajo suponen una especie de degradación, una humillación profesional para los funcionarios porque un policía de la escala básica acaba haciendo funciones de recadero y un inspector

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jefe que ha sido jefe de brigada acaba siendo secretario de los zetas, queda para recoger los partes de los vehículos en las comisarías. La segunda razón es porque la concesión de estos puestos de trabajo en segunda actividad con destino depende del informe favorable del jefe de la unidad, lo que en la práctica significa que se cubren por el sistema de libre designación, con lo discrecional e injusto que lleva aparejado este sistema para estos puestos de trabajo. Entre ampliar la edad de permanencia en activo con carácter voluntario, que es un derecho individual del funcionario para seguir desarrollando labores policiales, y pedir un puesto de segunda actividad con destino, que es una concesión graciosa del jefe para realizar labores auxiliares, no tenemos ninguna duda de que la inmensa mayoría del colectivo considera más justa la ampliación de la edad voluntaria. Una segunda cuestión para nosotros fundamental para dar el visto bueno a la ley de personal ha sido la creación de una segunda categoría en la escala de subinspección, la única escala que hasta ahora tiene una sola categoría. Esta categoría y el incremento de edad han sido las dos razones fundamentales por las que hemos apoyado la ley. Después el compañero de la UFP planteará en nombre de la alianza sindical varias propuestas con las que, en nuestra opinión, dicha norma mejoraría sustancialmente.


Pasando a la ley orgánica de derechos y deberes, la enmienda más importante, porque afecta a la propia filosofía de la configuración del cuerpo, está en el artículo 1. En este artículo se establece que esta norma regula los derechos y deberes exigibles a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía como cuerpo con carácter de instituto civil armado y nada se dice del Estatuto básico del empleado público, en cuyo artículo 2.5 se establece el carácter supletorio de dicho estatuto para todo el personal de las administraciones públicas no incluidos en el mismo. Este artículo 1 nos configura como un cuerpo especial, un híbrido entre lo civil y lo militar, en el que se aplica el EBEP para unas cosas, aquello que consideramos que nos perjudica o recorta derechos, pero no en otras cuestiones que suponen una asimilación de derechos con el resto de funcionarios públicos civiles. Queremos ser un cuerpo civil, salvo en aquellas cuestiones que por nuestras peculiaridades sean expresamente señaladas y no al revés, como establece esta ley, la ley de personal; un cuerpo especial al que le son de aplicación, como excepciones, algunos apartados del estatuto de los funcionarios públicos. Esto tiene para nosotros mucha importancia porque tiene que ver con la concepción que se quiere para la policía civil estatal de nuestro país, que queremos que sea la misma que tienen las policías civiles estatales de los países de nuestro entorno. Lo queremos así porque creemos que nuestra Constitución así lo establece y nuestros ciudadanos así lo merecen.


Pasando al artículo 2 de la ley de derechos y deberes, en la letra c) planteamos añadir la palabra antigüedad porque, aunque es cierto que una parte de los méritos evaluables son la antigüedad, creemos que cuanto más claro quede que la antigüedad y la experiencia son un valor a tener en cuenta esto será mejor para el colectivo.


En el artículo 3 planteamos el derecho de libre afiliación a cualquier sindicato, aun confesando que esta no es una demanda mayoritaria en el colectivo, ni mucho menos. A pesar de ello, por una cuestión de principios que hemos mantenido desde la clandestinidad, creemos que de la misma forma que nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato que no quiera, no tiene sentido hoy mantener esa restricción de afiliación solo a sindicatos corporativos cuando, en cambio, podemos estar afiliados a partidos políticos. Es un derecho individual que los policías deben poder ejercer como ejercen todas las policías civiles estatales y las autonómicas y las locales, y que decidan si se afilian a un sindicato de los que estamos aquí o a Comisiones, a UGT, a CSIF o a cualquier otra organización. Igualmente planteamos ser beneficiarios de lo dispuesto en los artículos 15, 31, 33 y 35 del EBEP, que reconocen y desarrollan el derecho a la negociación colectiva en el ámbito de la Función pública.
Sería regular algo que de hecho ya existe, pero no regularlo supone negar la evidencia y un considerable retroceso sobre la práctica actual.


En el artículo 9 puede entenderse por su redacción que se facilitará un único local para todas las organizaciones sindicales, sean o no representativas, para las cuarenta que hay inscritas, aunque algunas no existen o no tienen afiliados. Nosotros consideramos que sería más garantista y respetuoso con nuestro trabajo y la función que desempeñamos dejar claro que es un local para cada organización, pero de aquellas que resulten representativas, que creo que vamos a ser solo cuatro.


En los artículos 10 y 11 planteamos un cambio del sistema electoral de tal forma que los miembros de cada organización puedan votar a todos los miembros de la lista que presente esa organización de todas las escalas, aunque se mantenga la obligatoriedad de que todas las escalas tienen que estar representadas en el Consejo de Policía. Incluimos ahí también a los facultativos y técnicos. De esa forma, la lista que presentara cualquier sindicato sería votada por todos los afiliados de ese sindicato y no tendrían que votar unos a una escala y otros a otra, como ocurre en la actualidad. Es decir, la afiliación de este sindicato, los 31.000 afiliados tienen que votar en cuatro escalas distintas porque presentamos candidaturas a las cuatro escalas. Al hilo de esto debemos decir que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional hace pocos meses nos han dado la razón en la defensa de los derechos de facultativos y técnicos y que la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 4/2011, por la que se regula el sistema de votación en las escalas ejecutiva y de subinspección de los facultativos y técnicos, en nuestro criterio no cumple ninguna de las tres sentencias. Todas ellas establecen sin ningún género de dudas que siendo miembros de pleno derecho del CNP, los

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facultativos y técnicos no son miembros de ninguna escala y al integrarlos en dos de ellas para ejercer el voto no se respetan sus derechos sindicales ni otros como la carrera profesional o el acceso a la segunda actividad que los mantiene discriminados. En esa reforma del sistema electoral que planteamos bien podría encajarse la solución a ese problema que no está resuelto, y de hecho los servicios jurídicos del sindicato están buscando la fórmula de recurrir la referida disposición.


En el artículo 12 proponemos acotar la obediencia debida a las órdenes legítimas.


En el artículo 14 proponemos añadir a la responsabilidad y protección jurídica de la Administración la protección económica con la contratación de un seguro de responsabilidad civil que garantice los daños originados en acto de servicio por los funcionarios.


Para concluir, quiero trasladar a sus señorías una gran preocupación del SUP y la UFP sobre el modelo de policía que hemos implantado en la práctica operativa, que en nuestro criterio pone en grave riesgo la seguridad jurídica de los policías y vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos. No podemos decir cuántos millones de identificaciones, pero son millones, se producen en España cada año, sumando las que llevamos a cabo todas las policías, las del Estado, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil más las autonómicas y las locales, pero si solo en Madrid se hicieron en 2009 casi 500.000, y nos consta que la dinámica operativa de exigir un determinado número de identificaciones a los servicios operativos de seguridad ciudadana y prevención está extendida en toda la nación y es aplicada por muchas policías, podemos asegurar que son millones, y la mayoría de ellas no cumplen los requisitos que exige el Tribunal Supremo para que un agente de la autoridad pueda exigir la identificación en la vía pública a un ciudadano que resulte sospechoso de haber cometido un delito o de que puede cometerlo. Cada año no nos pueden resultar sospechosos millones de ciudadanos, salvo que lo que interese sea una justificación estadística de la actividad policial que se lleva a efecto atentando contra los derechos de los ciudadanos. Creemos que esa deriva que se inició con la aprobación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana de 1992, aunque muy lentamente, nos ha conducido a una situación de trabajo policial operativo en relación con los ciudadanos que ha dinamitado el discurso de la libertad y la seguridad como una balanza en permanente equilibrio. La libertad ha sucumbido escandalosamente a la seguridad. Hoy parece normal y es habitual que se instale un control en cualquier ciudad de España y se exija el documento de identidad a cualquier ciudadano que pasa por allí, o un control de vehículos, en el que si eres joven te cachean y registran el vehículo en la vía pública sin ninguna razón legal para ello y durante el tiempo que sea necesario. Y eso cuando no se provocan atascos monumentales en esos mismos controles, perjudicando a miles de ciudadanos. Nosotros creemos que salvo en el control de alcoholemia, en el que no se identifica al conductor sino que sopla y se hace en unos segundos y es un control necesario para impedir un mal mayor, en todos los demás estamos actuando con gran desprecio a los derechos de los ciudadanos y ponemos en riesgo la seguridad jurídica de los policías, que no son los responsables de actuar así porque se limitan a cumplir las órdenes que reciben de sus superiores. Señorías, no vale seguridad a cualquier precio ni vale cualquier cuerpo de policía. Y aquí enlazo este comentario con lo dicho antes respecto al artículo 1 de la Ley de derechos y deberes y el modelo de policía que se pretende.
Nosotros somos la policía civil del Estado español y queremos tener los beneficios y servidumbres que se deriven de ello, ni más ni menos, pero tenemos claro, y nadie nos va a imponer otra cosa, que queremos ser policías constitucionales que respeten escrupulosamente los derechos de los ciudadanos, porque solo así se puede honestamente plantear la exigencia de respeto a nuestros derechos profesionales, sindicales y civiles.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra don Javier Jesús Arrillaga Rejano, secretario general de la Unión Federal de Policía.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN FEDERAL DE POLICÍA, UFP (Arrillaga Rejano): En primer lugar quiero agradecer a la Comisión y a sus señorías la posibilidad que brindan a las organizaciones sindicales Sindicato Unificado de Policía y Unión Federal de Policía de realizar esta comparecencia.


La unidad de acción estratégica formada por el Sindicato Unificado de Policía y la Unión Federal de Policía considera la importancia de los procesos negociadores y la adaptación de una normativa existente que necesitaba una compilación que, aunque insuficiente, puede suponer la incorporación de cuestiones como el reconocimiento administrativo de las escalas del Cuerpo Nacional de Policía, eliminación del deber de residencia, la creación de una nueva categoría en la escala de subinspección, supresión de la edad de 35 años para el acceso a la escala ejecutiva por promoción interna, establecimiento de 58 años como edad de pase a servicios menos penosos y la eliminación de la graciosa segunda actividad con destino. Como consecuencia de la unidad de acción de ambas organizaciones y para la agilización de las comparecencias, expondremos nuestras enmiendas de manera separada, correspondiendo a la organización que represento, la UFP, la defensa de las relativas a la Ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, considerando que hay cuestiones que son de obligada petición y que a continuación les enumero.


Artículo 3. Establecimiento del Estatuto básico del empleado público como norma supletoria. Actualmente se aplica si expresamente se hace referencia a la misma como de aplicación subsidiaria. Consideramos que debe ser al contrario, de aplicación directa y subsidiaria a no ser que expresamente se diga lo contrario.


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Artículo 6. Desarrollo de la posibilidad de rehabilitación en caso de condena a pena de inhabilitación contemplada en la Ley de régimen disciplinario.


Artículo 9. Creación de las escalas facultativas y técnicas. Diversas sentencias, incluida la última del Tribunal Constitucional, reconocen la posibilidad de participación de dichos funcionarios del CNP en las elecciones al Consejo de la Policía. Por parte de la dirección general se les ha incluido en las escalas ejecutivas y subinspección respectivamente, en contraposición, por ejemplo, con la dirección de los Mossos d´Esquadra, que ha creado escalas exclusivas para cada uno de ellos.


Artículo 18. Ingreso al Cuerpo Nacional de Policía solo por la escala básica, que conllevaría la apuesta definitiva por un solo cuerpo y que obligaría a establecer una nueva carrera profesional, según se posea o no titulación, y que llevaría a dos velocidades de ascenso. Las organizaciones sindicales SUP y UFP consideramos dicha modificación de inaplazable consecución.


Artículo 21. Participación de las organizaciones sindicales en los procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo, tal y como establece el artículo 60.1 del EBEP.


Artículo 34. Clarificación del ascenso a la escala ejecutiva desde la escala de subinspección con referencia expresa a las dos modalidades, concurso-oposición y antigüedad selectiva, y desde las dos categorías, subinspector y subinspector jefe, así como el ascenso a subinspector jefe solo por antigüedad. Establecimiento de la antigüedad selectiva y del concurso-oposición al 50 por ciento para el ascenso a oficial de policía.


Artículo 38. Supresión de la evaluación del desempeño al considerarlo arbitrario y difícilmente aplicable a la función policial, salvo que se acepten como derechos supletorios las disposiciones del EBEP, cuyo artículo 20 recoge este sistema.


Artículo 39. Acotar la libre designación a los niveles 29 y 30 de la Administración. No permitir remoción de los puestos de trabajo conseguidos mediante concurso específico de méritos por una negativa evaluación del desempeño.


Artículo 41. Limitaciones a la adscripción provisional de puestos de trabajo, recogiendo la referencia al artículo 63 del Real Decreto 364/1995, de reglamento general de ingreso al personal al servicio de la Administración General del Estado.


Artículo 42. Limitación temporal a seis meses, tal y como establece el Real Decreto 997/1989, de provisión de puestos de trabajo en la CNP, de las comisiones de servicio de carácter forzoso.


Artículo 43. Garantías sobre las funciones y percepción de retribuciones en los supuestos de la atribución temporal de funciones.


Artículo 45. Imposibilidad o limitación temporal de los traslados forzosos en caso de puestos de trabajo provistos mediante el procedimiento de libre designación. Añadir la posibilidad de movilidad por razones de salud o de rehabilitación de familiares, con los correspondientes informes de las unidades administrativas de prevención de riesgos laborales y servicios sanitarios.


Artículo 47. Limitaciones de tareas por razones operativas o de horarios a los funcionarios mayores de 58 años.


Artículo 49. Eliminación del periodo máximo de quince años de permanencia en la situación de excedencia por interés familiar y por agrupación familiar. En la actualidad dicho plazo no existe.


Artículo 51 y Disposición Transitoria Primera. Mantenimiento de la posibilidad de pase a la segunda actividad sin destino con veinticinco años de servicio mediante las resoluciones de convocatorias del secretario de Estado y establecimiento del pase a la misma situación con carácter voluntaria una vez cumplidos treinta años de servicio activo.
Respecto a las retribuciones de los funcionarios que en acto de servicio y como consecuencia de accidente laboral pasen por insuficiencia de actitudes psicofísicas a segunda actividad sin destino al no tener la suficiente entidad las lesiones para la jubilación total o parcial...


Artículo 54. Limitaciones y garantías del salario ante la incapacidad temporal durante los tres primeros meses.


Y por último, la Disposición Transitoria Segunda. Establecimiento de la posibilidad de reingresar a los que han pasado a segunda actividad con destino durante los dos años anteriores a la aprobación de la presente ley.


No nos queda otra cuestión más que agradecer en nombre de las organizaciones sindicales SUP o UFP, que representamos a más de 47.000 funcionarios, su comprensión y su tiempo.


La señora PRESIDENTA: Finalmente tiene la palabra don Ignacio López García de la Torre, secretario general de la Confederación Española de Policía.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA, CEP (López García de la Torre): Señoras y señores diputados, la primera reflexión que quisiera hacer antes de entrar en la presentación de las normas que voy a efectuar es señalar la estabilidad y la longevidad de las normas de rango superior que han afectado históricamente al Cuerpo Nacional de Policía, de forma singular o de forma general a todo el aparato de seguridad de este país. Precisamente en estos días se cumple el 25º aniversario de la vigencia de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. Esto nos indica quizás el ansia que tenemos todos nosotros de incluir enmiendas, de proponer mejoras al texto que se ha presentado ante sus señorías, sobre todo ante la certeza de la imposibilidad histórica de corregir defectos que pudieran incluir los textos si definitivamente son aprobados o correcciones de desviaciones que se puedan efectuar. En ese sentido, les indico la especial preocupación que tiene el colectivo en estos momentos de cerca de 70.000 personas en que estos textos, ambos textos, gocen en todo momento de las garantías suficientes para

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otros veinticinco años de eficacia policial y de garantías a la sociedad española.


Me ha tocado intervenir el último y eso tiene su parte francamente negativa, que básicamente todo ha sido tocado ya. Por tanto, voy a intentar ir muy rápido, pero voy a incidir de manera puntual en determinados aspectos que, precisamente por esa longevidad de las leyes, nos gustaría que quedaran reflejados. El primero de ellos es que, centrándonos en la Ley orgánica de derechos y deberes, concretamente en el artículo 2 proponemos la inclusión como elemento determinante del derecho a un horario que permita, atendiendo a las particularidades de cada puesto de trabajo, la conciliación familiar, el descanso, compensando económicamente o en horas libres por el exceso de horas, la disponibilidad, turnicidad y demás aspectos que atienden particularmente a las peculiaridades de la función policial. Esto puede estar relacionado con el artículo 2 n) o configurarlo como un derecho aparte. Pero necesitamos tener esa jornada laboral porque hoy por hoy como funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, como funcionarios civiles del Estado, no tenemos una jornada laboral que concilie las particularidades de la función policial con las del policía como ciudadano y como trabajador. Carecemos de ese marco que nos regule y que nos permita atender la conciliación familiar u otros aspectos a los que, como ciudadanos que somos, consideramos que tenemos idéntico derecho que el resto.


Otro aspecto que el devenir de los tiempos nos aconseja incluir es el derecho a no ser mandado, dirigido por un funcionario de inferior categoría. Entiendo que todos ustedes están al tanto de las situaciones y las paradojas que se dan en este cuerpo policial cuando un funcionario de inferior categoría ostenta un puesto de nivel de complemento de destino superior y, por tanto, puede llegar a dirigir la acción operativa, la acción funcionarial, de funcionarios que figuran tanto en el escalafón como en la categoría por encima. También como cuestión fundamental y circunscrito a esta derecho nos gustaría que se contemplara por parte de sus señorías el establecimiento de un escenario en el cual se nos garantice el derecho que tenemos como funcionarios policiales a tener unas condiciones sociales, laborales y retributivas al menos semejantes a las del resto de operadores que operan -y valga la redundancia- en territorio español. Todos ustedes son plenamente conscientes de las diferencias sociales y retributivas que tenemos en estos momentos. Por supuesto, no me refiero a entrar en las competencias que tienen otras administraciones, pero sí en cualquier caso a establecer una equivalencia que creo que nos hemos ganado fruto de muchos años de trabajo.


Pasando al artículo 14, planteamos la necesidad, y coincido en ello con el resto de compañeros que así lo han señalado, de tener un seguro de responsabilidad civil para que en las ocasiones en las que la actividad policial trae consigo una repercusión civil y económica en el funcionario exista el mecanismo por el cual la Administración, de forma automática, se haga cargo de esa responsabilidad, que en no pocos casos podemos atestiguar que repercute en el patrimonio privado y particular del funcionario. Me estoy refiriendo a aquellos casos en los que, en ausencia de dolo, negligencia o demás circunstancias en las que se podría achacar esa responsabilidad directa al funcionario, esta no existe. Pues bien, les atestiguo en esta Comisión que estas situaciones se están dando y llevan consigo que funcionarios que no han tenido mayor problema que tener que atender a una necesidad social como es el de la seguridad vean en serio peligro su patrimonio.


Centrándome en el proyecto de ley de régimen de personal del Cuerpo Nacional de Policía, en el artículo 2, naturaleza y dependencia del Cuerpo Nacional de Policía, tenemos que hacer referencia al principio de jerarquía y tenemos que hacer referencia a él como un principio que debe vertebrar las relaciones internas del cuerpo, puesto que así está expresado en la propia ley orgánica cuando dice que el Cuerpo Nacional de Policía es una estructura jerarquizada, también recogida al referirse a las escalas cuando dice que se promocionará de la inferior a la superior, etcétera; es decir, no solo está atestiguado por la Ley orgánica 2/1986, sino además por una serie de sentencias en las que también se pone de manifiesto ese carácter que debe vertebrar, que es el de la jerarquía.


Ahora me refiero al artículo 6 bis, la rehabilitación. No llegamos a entender por qué si figura en el Estatuto básico del empleado público se nos excluye a nosotros de esa situación haciendo una vaga referencia a la Ley orgánica 4/2010, del régimen disciplinario. Nosotros proponemos, en justa correspondencia con lo que figura en el Estatuto básico del empleado público, la siguiente redacción: Si la pérdida de la condición de miembro del Cuerpo Nacional de Policía es como consecuencia de una pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de un cargo público que tuviere carácter definitivo, el Ministerio del Interior, en atención a las circunstancias o entidad del delito, podrá conceder la rehabilitación, oído el Consejo de Policía.
Evidentemente, esto es en justa correspondencia con lo que ocurre con el resto de funcionarios públicos.


En el artículo 21, que se refiere a los tribunales, y coincidiendo plenamente con lo que han apuntado los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, en el Cuerpo Nacional de Policía las organizaciones sindicales sufrimos unas limitaciones que tampoco se corresponden con lo que ocurre en el resto de la Función pública.
Entendiendo que todo tipo de tribunales deben atender a los principios de independencia, discrecionalidad, imparcialidad, transparencia y profesionalidad, creemos que la inclusión de las organizaciones sindicales, aunque solo sea a los meros efectos de observadores, es una cuestión que nos garantizará que en todo el proceso tanto de concesión de condecoraciones -que, como ustedes muy bien saben, es fruto año a año de grandes polémicas y grandes disgustos en el colectivo- como de promoción en puestos de trabajo tengan esa

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condición de observadores, lo que sin duda nos redundará en satisfacción de todo el colectivo.


El artículo 45, las garantías, nos parece que tiene una muy pobre redacción en el sentido de que más que ofrecer garantías nos parece que las resta. Por ello proponemos la siguiente redacción del artículo: En caso de cese en puestos de libre designación, remoción de los obtenidos por concurso específico o por supresión de los puestos de trabajo, el funcionario afectado será adscrito provisionalmente a un puesto de su escala o categoría en el mismo municipio donde desempeñaba el puesto de trabajo. Dicho puesto no debe tener un complemento de destino inferior al mínimo de la categoría profesional. En el supuesto de supresión del puesto del funcionario, tendrá derecho a un complemento personal y transitorio para compensar dicha pérdida retributiva en tanto obtenga un puesto de trabajo con carácter definitivo. A tal efecto está obligado a participar en el concurso general de méritos anual de su categoría o en el concurso específico o de libre designación anterior a la oferta de plazas a los funcionarios promocionados a las categorías profesionales superiores del cuerpo, en los que tendrá preferencia por una sola vez.
Este texto que he leído entiendo que pudiera ser matizado, lo tienen a su disposición en las alegaciones que hemos efectuado y, sin duda, asegura un espacio de garantías en la supresión de los puestos de trabajo.


Me voy a centrar en la segunda actividad. La segunda actividad es sin duda el punto más polémico de toda la negociación que se ha llevado a cabo hasta llegar a esta Comisión de Interior para el inicio del trámite parlamentario. Creo sinceramente que las polémicas y las discrepancias que mantenemos las diferentes organizaciones sindicales entre nosotros e inclusive con la Administración son por un problema de forma más que de fondo. Es rigurosamente cierto que el 87 por ciento de la población policial que llega a la edad de pase a segunda actividad opta por continuar en ese puesto de trabajo. Pero no nos equivoquemos, esa voluntariedad se debe única y exclusivamente a la merma de dinero que sufre. El legislador dictaminó en la Ley 26/1994 que por razones objetivas de merma de la capacidad psicofísica de un policía para ejercer la función policial era recomendable el pase a segunda actividad. En aquel momento se estipuló una pérdida del 20 por ciento del salario. La inclusión de nuevos conceptos y la lectura interesada en este caso por la Administración para excluirlos del complemento de disponibilidad, que es lo que debería corregir esa minoración económica, nos lleva a que el policía -en diferentes categorías por supuesto- pueda llegar a perder el 40 por ciento de su salario. Esa es la voluntariedad que existe para continuar en el Cuerpo Nacional de Policía y con la que estamos completamente de acuerdo. Existe esa necesidad, y no somos nosotros los que nos oponemos a ella. Lo que proponemos es establecer un sistema que garantice las necesidades de todas las partes. Entendemos que no es bueno que un policía con 62 o 63 años pueda estar en la calle patrullando o intentando detener delincuentes. Somos conscientes también de la inclusión del derecho a ocupar un puesto de trabajo acorde a nuestra situación psicofísica, pero el conocimiento que tenemos de cómo funciona este colectivo y de las particularidades que tienen las diferentes plantillas nos lleva a afirmar que va a ser materialmente imposible que la plantilla que pueda optar a ese derecho se pueda acoger a ese puesto, porque no tenemos suficientes puestos para garantizar esa adecuación a los 62, 63 o 64 años. Por tanto, nos resulta muy difícil conciliar ambas necesidades, que puedan seguir nuestros compañeros, porque evidentemente tienen derecho a prolongar su vida laboral, sobre todo si la situación de segunda actividad lleva aparejada esa merma económica, o, por el contrario, la opción que existe de segunda actividad con destino, como muy bien han apuntado mis compañeros, se otorga con unos criterios discrecionales que en absoluto garantizan poder acceder a esos puestos de trabajo, por lo que esta situación nos lleva a pedir varias cuestiones.
La primera es que me ratifico o me adhiero a las propuestas que han hecho mis compañeros de la permanencia del pase a segunda actividad una vez que se hayan conseguido los veinticinco años de servicio. Por supuesto, en caso de no ser atendidas nuestras reclamaciones -que creo que son en el fondo secundadas por todas las organizaciones sindicales-, la situación salarial de los funcionarios que pasen a segunda actividad sin destino tiene que ser ineludiblemente revisada al alza. No se puede excluir un componente salarial tan importante como es en este momento la productividad y el complemento específico singular de esa lectura que da la Ley 26/1994, pero también pedimos que se contemple la permanencia de la segunda actividad sin destino, a la cual se podrá acceder por un procedimiento de garantías y se podrá optar libremente bien a prolongar su vida laboral con un carácter activo o bien -porque así lo entienda él, porque su especialidad así lo demande o porque no existan esas vacantes de carácter operativo, que les garantizo que no las va a haber- puedan optar a un puesto de trabajo que satisfaga las necesidades tanto propias de continuar en activo hasta la edad de jubilación como de ocupar puestos de trabajo.


En definitiva, somos plenamente conscientes de que la segunda actividad es el plato fuerte y también somos plenamente conscientes de que todas las organizaciones sindicales estamos jugando con un derecho que durante muchísimos años el resto de colectivos policiales ha anhelado. En este momento se está debatiendo aquí desprendernos de un derecho que coincido con aquellos que han señalado que más que un derecho se ha convertido en una situación de castigo. Está en ustedes reparar esa situación. Nosotros entendemos que cualquier tipo de policía, después de veinticinco o de treinta años de media, que llega a la edad de pasar a segunda actividad se han ganado -con mucho- el derecho a tener un retiro digno, pero también se han ganado el derecho, si quieren y es su voluntad, de prolongar su actividad profesional y a tener un puesto de trabajo garantizado en

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cuanto a su seguridad, digno en cuanto a la prestación de servicio y, sobre todo, que satisfaga las necesidades de estas personas.


Las alternativas al texto las tienen todos ustedes, no voy a reiterarlas porque ya sería entrar demasiado en el tema. Se lo dejo a sus señorías para que hagan una reflexión sobre esto que les he indicado, pero sobre todo les quiero trasladar, ya como conclusión a mi intervención, que el colectivo está deseoso de ver la entrada en vigor de estas normas. Está en ustedes garantizar que esta norma, que probablemente tenga también una duración longeva, cumpla con esas garantías, cumpla con esas expectativas y sobre todo que nos dote de un marco jurídico de eficacia, de dignidad y de satisfacción para aquellos que nos ha tocado desempeñar este puesto de trabajo.


La señora PRESIDENTA: Concluidas las intervenciones de nuestros invitados aquí esta tarde, ¿grupos parlamentarios quieran intervenir para formular alguna pregunta u observación? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Seré muy breve por razones físicas, pero también porque para mí lo más importante de esta comparecencia era escucharlos a ustedes, sin perjuicio de que conocemos sus documentos y hemos tenido y tendremos en el futuro la posibilidad de seguir trabajando juntos de cara a que estas dos iniciativas legislativas importantes salgan adelante de la mejor manera posible, eso es, atendiendo de la mejor manera al objetivo de las mismas.


No voy a consumir más que un minuto para agradecerles su comparecencia y el trabajo que están haciendo -de lo que su comparecencia de hoy no es más que una expresión muy puntual-, un trabajo que si me permiten que se lo diga, supera lo que es la obligación de los sindicatos que ustedes representan y que yo al menos lo veo no solamente desde la perspectiva de que hacen su trabajo en representación de sus compañeros, sino desde la perspectiva de unas organizaciones y unas personas que nos ayudan a nosotros como legisladores a hacer mejor nuestro trabajo. En ese sentido, les agradezco que ustedes hayan sobrepasado con su tarea la mera obligación de representar a sus compañeros, lo cual es ya en sí mismo algo importante y de mucha responsabilidad, y que nos estén ayudando en este trámite, como harán en otros -en los trámites previos y en los que seguirán hasta que estas dos normas se aprueben-, a llevar a cabo una tarea importante para el conjunto de la sociedad española.


Como alguno de ustedes ha dicho en su intervención -creo que ha sido el secretario general de la Confederación Española de Policía-, estamos legislando sobre cuestiones de Estado. Todas las cuestiones sobre las que se legisla en la Cámara son importantes y lo son casi todas aquellas sobre las que trabajamos en esta Comisión. Una ley que se ha visto antes de que entraran ustedes ha sido objeto precisamente de esta reflexión en el sentido -hablábamos de infraestructuras críticas- de que estamos legislando sobre cuestiones de Estado, lo cual nos obliga no solamente a buscar el máximo consenso -algo que siempre es bueno porque enriquece los textos-, sino a pensar a lo grande, eso es, con tiempo y con perspectiva, y a que las leyes que salgan sean las mejores, y serán las mejores si tienen no solamente vocación sino capacidad de tener continuidad en el tiempo y de que durante mucho no nos tengamos que volver a ocupar nosotros de ellas. En la medida en que creo que esa es la actitud con la que los diputados nos enfrentamos a esta tarea, insisto en que les agradezco mucho su trabajo y que nos ayuden a hacer mejor el nuestro.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias a todos los interlocutores, a las personas que han comparecido y nos han ilustrado -les puedo asegurar- en el sentido más etimológico del término. Comparto buena parte de su argumentario, por no decir que casi la totalidad. En lo que parece subyacer en las múltiples reivindicaciones pormenorizadas por ustedes, creo que sería algo así como intentar la convergencia entre la identidad de su condición de funcionarios con la regulación a la que provee el Estatuto del empleado público. No veo ninguna objeción ni ninguna dificultad, salvo que alguien recurra a argumentaciones de carácter más o menos telúrico o vinculadas a la historia, perniciosamente singularizadoras, de que esto no pueda ser así. Cuando les digo que no veo porque esto no puede ser así se lo digo desde múltiples perspectivas: lo que ustedes están preconizando y lo que ustedes están pidiendo es lo que los funcionarios con carácter general tienen ya reconocido en sus propias normas, y ustedes no dejan de ostentar la condición de funcionarios civiles del Estado. Esto lo digo con el mismo énfasis con que yo he pedido la desmilitarización del cuerpo de la Guardia Civil por razones parecidas a las que estoy invocando en este momento.


¿Cuáles son las especialidades que los separan tanto a ustedes de la condición de funcionarios o de la regulación de los derechos y deberes que les asisten a los funcionarios de la Administración General del Estado o a los funcionarios autonómicos? ¿O es que acaso la estructura de estos cuerpos de funcionarios no está jerarquizada también? No está jerarquizada además con criterios homogéneos, donde parece una aberración que una persona que ostenta una condición jerárquica inferior pueda superponerse a alguien que ostenta una condición jerárquica superior.
Desde esta perspectiva, ¿qué impide que ustedes se puedan afiliar a sindicatos no corporativos o profesionales? ¿Cuáles son las limitaciones del derecho de libertad sindical o dónde están consignadas en relación con los funcionarios que ostentan funciones policiales? En la Constitución no, en la jurisprudencia constitucional

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tampoco; en las leyes sí, pero las leyes pueden ser contrarias al contenido esencial del derecho de sindicación y al contenido esencial del derecho de sindicación desarrollado por ya prolija jurisprudencia constitucional. ¿Cómo se puede negar el derecho a cualquier funcionario, a cualquier trabajador o a cualquier persona a poseer instrumentos de conciliación de la vida laboral y familiar?

Comprendo las singularidades de las funciones que ustedes desarrollan, son complejas, pero este es un derecho que está vinculado, y es fundamental, a la dignidad del ser humano y a la dignidad de las personas. ¿Por qué los mecanismos de promoción o de configuración de la carrera profesional no tienen que ser similares a los de los demás cuerpos de funcionarios existentes, basados en la cualificación profesional y en la antigüedad? ¿Cuál es el elemento singular? El elemento singular no puede ser la condición que ustedes ejercen de monopolizar la actividad violenta del Estado. Es el Estado el que monopoliza la actuación legítimamente violenta. Ustedes son unos funcionarios al servicio de esta función, pero la función corresponde a la Administración del Estado, que en un Estado compuesto corresponde, en su caso, a la Administración General del Estado y a ciertas administraciones autonómicas. ¿Qué singularidad incorpora esto al estatuto funcionarial y a los derechos y deberes que como trabajadores o funcionarios les corresponden? Ninguna.


Para acabar con esta intervención, en donde comparto la filosofía -y además me permito pedirles un favor, si se puede utilizar esta locución, que nos traspasen sus documentos, porque casi tienen el formato de enmienda; solo faltaría incorporar la justificación correspondiente y las podríamos presentar-, debo indicarles que aquí hay residuos y elementos intelectuales inerciales respecto a cuerpos policiales en un pasado reciente. En un régimen franquista o en un régimen fascista, las policías cumplían otras funciones, proyectaban una simbología diferente que igual leyes de esta naturaleza pueden contribuir a remover, y sería muy buena la normalización de las condiciones laborales. Las condiciones laborales además, cuando están bien articuladas, son una garantía de eficiencia en la función policial, y la eficiencia en la función policial es una garantía de eficiencia de la seguridad ciudadana y de las otras competencias que a ustedes les corresponden: como policía judicial, como cuerpos de funcionarios que realizan funciones de protección civil, etcétera.


Ahora me voy a sincerar absolutamente, señora presidenta, y les voy a decir que ustedes no pueden ser guardias pretorianas de nadie. Ustedes son funcionarios del Estado. Yo no me atrevería a utilizar esta reflexión o esta identificación de la naturaleza de su cuerpo con relación a todas las policías locales o a las policías locales de todos los municipios.
Aquí tengo algunas reservas intelectuales que no voy a pormenorizar y creo que ustedes comprenden perfectamente lo que quiero decir. Pero desde esta perspectiva comparto su argumentación, comparto la filosofía de sus propuestas y sencillamente me gustaría tenerlas, poseerlas, porque esto nos puede ayudar -a mí me han ilustrado completamente- para perfeccionar las leyes que van a regular los derechos y deberes. Es mucho decir, derechos y deberes de un cuerpo policial. Los derechos y deberes de un cuerpo policial en el derecho comparado son derechos y deberes fácilmente asimilables a los de cualquier otro cuerpo de funcionarios de la Administración del Estado, con singularidades específicas que hacen referencia a la actividad, pero la actividad es algo diferente a los derechos y deberes, y esa asimilación entre actividad y derechos y deberes es intelectualmente perversa y supone relativizar -lo posibilita muchas veces- o limitar derechos que la Constitución reconoce a cualquier funcionario público. En ese sentido, estamos a su disposición para intentar mejorar las leyes.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Quiero empezar mi intervención diciéndoles algo que sé que no les gusta a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y es felicitarlos, felicitarlos por un doble motivo, en primer lugar, por la operación que hace muy pocos días se ha desarrollado en el norte de Francia deteniendo una vez más a uno de los cabecillas del aparato criminal de la banda terrorista ETA. Creo que, por la importancia y la dimensión de esta operación, es justo que, aprovechando su presencia aquí, la pongamos de manifiesto para que quede constancia en el "Diario de Sesiones". En segundo lugar, quiero felicitarlos también porque en una muy reciente encuesta, creo que del Centro de Investigaciones Sociológicas, el Cuerpo Nacional de Policía, junto con la Guardia Civil, figuraban como las dos instituciones más valoradas por los españoles. Les hago esa felicitación desde una sana envidia que no les oculto, porque en esa misma encuesta he de reconocer que los miembros del Parlamento no recibían la misma valoración, pero no desistimos de acercarnos a la valoración tan alta que en estos momentos tienen los ciudadanos del Cuerpo Nacional de Policía.


Aprovecho para decir que la portavoz de Convergència i Unió se ha despedido y me pidió que la disculparan porque tenía que coger un vuelo, pero ha escuchado atentamente sus intervenciones y estoy seguro de que tomará buena nota de ellas.


Quiero agradecerles su presencia hoy aquí y decirles que como uno de los grupos proponentes, junto con el Grupo Parlamentario Socialista, de su comparecencia la consideramos importante. Nos consta que su trabajo para la elaboración de esta ley ha sido muy intenso en el Consejo de Policía, pero nos parecía importante que también el Poder Legislativo, el Parlamento, escuchara de viva voz cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas en relación con una norma que, como muy bien decían varios de ustedes, va a afectar de manera tan

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directa a un colectivo tan importante -nunca me pongo de acuerdo con el ministro en el número exacto de policías nacionales que hay, pero en todo caso está en el entorno de los 70.000 efectivos, que es un colectivo nada despreciable-.


Quiero decirles además que la calidad de las intervenciones que han hecho ustedes aquí creo que los prefiguran como unos interlocutores muy privilegiados, por lo menos desde nuestro punto de vista, para poder abordar una reforma legislativa de esta entidad. Si me lo permiten y sin querer abrir polémicas con nadie, me han ratificado en el acierto histórico que tiene la regulación de una sindicación profesional en el Cuerpo Nacional de Policía. Sus propias intervenciones son una prueba más, de las muchas que han dado a lo largo de su ya dilatada existencia, de que no hay una necesidad -insisto, en mi opinión y en la opinión de mi grupo- de un cambio en el modelo sindical en el Cuerpo Nacional de Policía, porque este modelo funciona. Tenemos algunos políticos especialistas en crear problemas donde no los hay, pero la posición de mi grupo siempre es intentar no estropear aquello que funciona y, por el contrario, intentar arreglar aquello que no funciona, y a mí me parece que el movimiento sindical en el Cuerpo Nacional de Policía funciona y funciona bien.


Hemos tenido conocimiento de las propuestas que prácticamente todos ustedes nos han hecho también por escrito, lo cual es muy de agradecer, y eso va a hacer más fácil nuestro trabajo. En ese sentido, me van a permitir que no haga una enumeración pormenorizada de cuál será la posición de mi grupo en cada una de las enmiendas o propuestas que ustedes nos han realizado, porque entre otras razones para eso tenemos un proceso de presentación formal de enmiendas y un debate en Comisión y no se trata de duplicar o triplicar los debates.


Únicamente quería hacer dos reflexiones de carácter general. Nuestra coincidencia es plena con varios de los intervinientes sobre la importancia de que esta sea una ley que nazca con consenso, porque afecta al régimen de personal y a los derechos y deberes, en definitiva, al régimen jurídico del Cuerpo Nacional de Policía, y no es bueno que estas cosas cambien cada vez que hay un cambio de Gobierno. No sé si podemos aspirar a la longevidad de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero en todo caso sí creo que estas leyes deben tener una vocación de permanencia, porque no podemos someter a los funcionarios a la indeterminación jurídica de que su estatuto vaya a cambiar cada vez que haya unas elecciones en este país. Por tanto, cuando menos -y en esta Comisión tenemos buena experiencia previa con la Ley disciplinaria-, que aquellos partidos que tenemos vocación de gobierno podamos llegar a un acuerdo y si a este acuerdo además incorporamos a las fuerzas que no tienen vocación de gobierno, pero como si la tuvieran, siempre será motivo de especial satisfacción. Dicho eso, ya les advierto que no nos lo ponen ustedes muy fácil. Se ha visto que hay diferencias importantes en algunos de los planteamientos que ustedes han hecho esta tarde, y si no hay un acuerdo sobre algunos puntos importantes entre las propias fuerzas sindicales, no sé si será más difícil o más fácil que lo haya entre los partidos políticos en torno a esos puntos. Sepan que vamos a realizar el esfuerzo, pero sean conscientes también de que la tarea que nos ponen por delante de alcanzar ese consenso no es una tarea fácil.


La segunda y última reflexión que haré de carácter general es en relación con la intervención de mi buen amigo Emilio Olabarría, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco. Mi grupo sí cree que la especificidad del Cuerpo Nacional de Policía exige una regulación de su régimen de personal y de su régimen estatutario propio y que además hacerlo a través de un conjunto legal -de dos leyes, una de ellas orgánica- da una seguridad jurídica a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que es muy de agradecer.Compartimos la idea de que las singularidades o las especificidades que den lugar a diferencias respecto a los derechos que son comunes para el resto de funcionarios públicos deben ser las menores posibles, pero entendemos que sí está justificada en este caso la iniciativa legislativa que ha adoptado el Gobierno en relación con el Cuerpo Nacional de Policía.


No les voy a decir las muchas cosas en las que estoy de acuerdo con lo que han dicho -porque esas ya las verán reflejadas en las correspondientes enmiendas de mi grupo-. Tampoco me voy a centrar estrictamente en lo que no estamos de acuerdo, sino en aquello que nos plantea dudas, en aquello sobre lo que tenemos que reflexionar y probablemente hacerlo de forma conjunta. Quizá lo que más me preocupa del proyecto de ley, en los términos en los que nos lo ha remitido el Gobierno, es que, al final, lo que va a significar es tener policías en activo con 65 años. Nosotros compartimos la filosofía de que es posible alargar el servicio activo de un policía, por muchas razones, por la propia evolución de la sociedad, y consideramos que sería oportuno que hubiera un aumento de la edad máxima para el pase a la segunda actividad en su caso o directamente a la situación de retirado, en caso de que se aprobara a los 65 años. Con la reforma ahora mismo de las pensiones que está llevando a cabo el Gobierno de la edad de jubilación entre los 65 y los 67 años, quedarían dos años ahí susceptibles de segunda actividad, pero no tenemos un prejuicio conceptual a la idea de ampliar.


A expensas de estudiar con más profundidad el tema y también de ver algo de derecho comparado -estoy seguro de que los servicios de la Cámara nos van a proporcionar información-, creo que hay muy pocos países que tengan policías en activo de 65 años. Entiendo que la solución no es fácil y, es más, si yo fuera policía nacional, con ese carácter voluntario no me plantearía el más mínimo problema y entiendo perfectamente que ustedes no hayan planteado ningún problema y que no hayan propuesto ninguna modificación de ese extremo. Mi pregunta es si ustedes consideran, como profesionales

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que son de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que con 65 años se está en plenitud de facultades para poder desempeñar un servicio operativo, de servicio activo en todos los puestos del Cuerpo Nacional de Policía. Esto mismo se lo preguntaremos al Gobierno, pero me gustaría escuchar su opinión.


El segundo tema que querría plantearles es si el incremento de la situación de servicio activo, es decir, de la edad para el pase a retirado o a segunda actividad, va a influir de alguna forma en las expectativas de carrera profesional. Al no retirarse inspectores o comisarios y producirse los ascensos normalmente con motivo de vacante, esto va a suponer un retraso en las expectativas de carrera y me gustaría saber si nos pueden dar alguna información al respecto.


Tomo buena nota de lo relativo a la segunda actividad y me temo que en esta materia no hay consenso. Sobre la base de algunas propuestas que algunos de ustedes han realizado, veremos cómo podemos abordarlo, pero me gustaría que nos dijeran cuál es el número de policías de que estamos hablando susceptibles de acogerse o no a esta segunda actividad y cuál es el efecto que, en su opinión, con las ofertas de empleo público tan raquíticas -por decirlo de una manera muy generosa- que estamos teniendo en los dos últimos años, va a provocar -junto con este aumento de la edad de pase a la segunda actividad- en términos de envejecimiento del Cuerpo Nacional de Policía, sin que eso tenga un carácter peyorativo, es decir, que muchas veces la experiencia o los años de servicio son un grado para demostrar la eficacia. Me preocupa que podamos producir una pirámide de edad que quede un poco desvirtuada y me gustaría que aportaran algunos datos al respecto.


Estamos recibiendo con mucha intensidad peticiones para el aumento de la edad máxima para el ingreso, que si no me equivoco actualmente está establecida -y la ley lo mantiene- en los 30 años. Esta Comisión, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y con una brillante defensa del diputado Juan Carlos Grau, aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a que elaborase un estudio al respecto, estudio que estamos todavía esperando. En la seguridad de que serán ustedes más diligentes, les agradecería que nos dijeran cómo ven un posible aumento de la edad máxima de acceso al Cuerpo Nacional de Policía. Creo que la Policía autónoma vasca y la Policía autónoma catalana la tienen establecida en los 35 años y la mayoría de las policías locales también. Me gustaría saber si en su opinión ese horizonte de los 35 años produciría algún tipo de perjuicio al funcionamiento del Cuerpo Nacional de Policía.


Una de las preocupaciones máximas de mi grupo tiene que ver con la politización de la policía. Consideramos que una policía profesional, una policía independiente es básica en el funcionamiento de un Estado de derecho, en el funcionamiento de un Estado democrático y entendemos que, por desgracia, en el momento actual hay una utilización en ocasiones por parte del Gobierno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Cuerpo Nacional de Policía, que no resulta adecuada. No les quiero hacer a ustedes entrar en el debate político, pero me gustaría que me dijeran si a su entender hay un problema en este momento de respeto a la profesionalidad y a la independencia del Cuerpo Nacional de Policía en cuestiones como puedan ser la concesión de condecoraciones o el desarrollo de la promoción profesional. En materia de destinos, no hace falta que me lo digan, porque soy buen conocedor de todos los recursos y todas las sentencias que les dan a ustedes la razón porque entienden que hay una discrecionalidad, una arbitrariedad y un abuso excesivo por parte del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en la asignación de destinos. Ni mucho menos pretendo que hagan ustedes una crítica al Gobierno. Lo que pretendo es que me digan, de las propuestas que ustedes hacen, cuáles les parece que serían las más importantes, las más esenciales para garantizar ese criterio profesional y esa independencia en el Cuerpo Nacional de Policía.


La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Cosidó, ha pasado su tiempo.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidenta, vamos, gracias por el aviso.


Termino ya con dos reflexiones. A raíz de sus intervenciones compartimos plenamente la preocupación que ha expresado alguno de ustedes por prácticas policiales que entendemos que son de discutible eficacia, pero que en todo caso no siempre son compatibles no sé si con la literalidad de la ley, pero sí al menos con el espíritu de la ley. En lo que se refiere a las identificaciones saben que mi grupo ha denunciado con mucha intensidad, por ejemplo, el establecimiento de cupos de identificación de extranjeros en algunas comisarías de Madrid y no solamente de Madrid.


Compartimos plenamente la inquietud que han manifestado ustedes por el tema de la equiparación, de la homologación. Saben bien que esta Comisión, a una iniciativa del Grupo Catalán que planteaba una equiparación de las condiciones de jubilación de las policías autonómicas, introdujo por primera vez -creo- en esta Cámara el principio de que esa equiparación tendría que ser no solamente en lo que se refiere a las jubilaciones, sino también en lo que se refiere a las retribuciones y a las condiciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, salvaguardando siempre las diferencias evidentes que existen entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero eliminando discriminaciones que sinceramente nos parece que no podemos aceptar para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a otras fuerzas de seguridad.


Quiero decirles que, a pesar de la dificultad, estudiaremos alguna forma para que, bien en el preámbulo de la ley o en el propio articulado, podamos introducir alguna cláusula que haga imposible que, al menos, las

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condiciones retributivas de los cuerpos se separen cada vez más en lugar de converger en mayor medida.


Dándole las gracias anticipadamente por sus contestaciones, les reitero que ha sido de enorme utilidad escucharles y que mantendremos un diálogo más bilateral con todos ustedes para tratar de ir perfilando nuestras enmiendas, con el ánimo de que mejoren una ley que creo que es positiva en si misma, pero que también es mejorable.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor González Serna.


El señor GONZÁLEZ SERNA: En primer lugar, quiero comenzar también dando la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista al señor López García de la Torre, al señor Arrillaga Rejano, al señor Fuentes Gago, al señor Sánchez Fornet y al señor Santiago, que también nos acompaña, y al que se referían antes como representante del sindicato de comisarios. Les agradezco a todos, en nombre de mi grupo y en el mío propio, su presencia en la Comisión de Interior y el esfuerzo que, sin duda, supone para ustedes estar aquí y también para sus respectivas organizaciones. Sobre todo, les agradecemos el tono constructivo y positivo que, en general, ha envuelto sus aportaciones y sus reflexiones. También quiero aprovechar que están ustedes aquí para expresarles la felicitación del Grupo Socialista por los importantes éxitos que el Cuerpo Nacional de Policía viene cosechando en su tarea de cumplir con la valiosa misión constitucional y, especialmente, por los importantes éxitos que vienen cosechando en la lucha contra el terrorismo y contra la criminalidad organizada. En definitiva, queremos felicitarles por un trabajo riguroso y profesional que vienen desempeñando cada día; un trabajo bien hecho que hace que los ciudadanos depositen en ustedes, en el Cuerpo Nacional de Policía, una alta confianza como institución; una alta confianza que revelan, como decía el señor Cosidó, las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas; algo que nos enorgullece a todos y que nos hace sentirnos muy satisfechos. Por ello, les pedimos que trasladen a sus afiliados y al conjunto del Cuerpo Nacional de Policía nuestra sincera felicitación.


En segundo lugar, queremos que sepan que su presencia aquí, que sus comparecencias y las aportaciones que han realizado esta tarde no son un simple paso más en la tramitación parlamentaria de estos proyectos de ley, sino que las consideramos un momento determinante en el proceso de gestación de estas leyes; las consideramos una fase crucial cuyo sentido último no solo es darles voz y participación en esta Comisión, sino que es favorecer que los proyectos de ley en los que estamos trabajando se aproximen al máximo a los intereses en juego y a las legítimas aspiraciones de sus destinatarios que, en buena medida, son ustedes. En conclusión, queremos que sepan que damos una gran importancia a su presencia y a sus aportaciones. Decía el señor Sánchez Fornet que es un privilegio trasladar aquí sus opiniones. Yo quisiera decir que el privilegio es para nosotros poder escuchar sus interesantes aportaciones y sus reflexiones.


En tercer lugar, quiero poner de manifiesto el ánimo con el que el Grupo Parlamentario Socialista afronta la tramitación de estos dos importantes proyectos de ley. Estamos ante dos proyectos que regulan aspectos que son esenciales para los miembros de una institución -la Policía-, que a su vez es fundamental para la convivencia democrática. Los miembros del Grupo Parlamentario Socialista sentimos que nos encontramos ante el reto político y legislativo de regular el complejo elenco de los derechos y deberes, así como el régimen estatutario especial que es de aplicación a la Policía. A ese reto, el Grupo Parlamentario Socialista acude con sentido de la responsabilidad y con voluntad de consenso. Por tanto, queremos que sepan ustedes que nuestra voluntad es hacer el mayor esfuerzo para forjar un amplio consenso político que a su vez posibilite el mantenimiento del gran consenso sindical con el que esta ley llega al Parlamento.


Permítanme que me detenga brevemente en esta cuestión porque este grupo parlamentario también considera deseable y necesario que estas leyes sean no digo inmutables, pero sí normas jurídicas con gran vocación de permanencia y estabilidad, como lo ha sido y sigue siéndolo todavía la propia Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El señor López habló de longevidad y nosotros compartimos y coincidimos con esa argumentación. Es más, decimos y queremos subrayar en esta Comisión que queremos que sean leyes también para los próximos veinte o veinticinco años, leyes que resistan bien los normales cambios de partido en el Gobierno. En definitiva, señorías, señores representantes de los sindicatos, mi grupo desea que cuando estas leyes lleguen por fin al Boletín Oficial del Estado sean leyes de todos, que se conviertan en ese marco jurídico estable que para su buen funcionamiento requieren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


En cuarto lugar, quiero compartir con ustedes que mi grupo no entiende estas leyes como un hecho puntual o como una mera circunstancia aislada, sino que ambas forman parte de un planteamiento más global y de un planteamiento legislativo integral del Gobierno. Primero comenzó con las leyes que ampliaron y modernizaron el régimen disciplinario y la esfera de derechos y deberes de la Guardia Civil; ha continuado con la ley orgánica de régimen disciplinario en vigor desde hace menos de un año, y que también suscitó un amplio consenso, y ahora se trata de dar un paso más, de actualizar, de sistematizar y de mejorar el estatuto jurídico del Cuerpo Nacional de Policía. El fin último de este planteamiento integral que ha tenido más medidas en términos de plantillas, en términos de efectivos, en términos de aumento del gasto -siempre insuficiente, pero en definitiva aumento del gasto destinado a seguridad y mejora de las condiciones laborales- no es otro que contribuir a

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modernizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, por tanto, modernizar la Policía y mejorar las condiciones de trabajo para posibilitar que puedan cumplir en mejores condiciones la misión constitucional que tienen atribuida.


Por último, quisiera hacer una referencia directa a los planteamientos que han realizado aquí a lo largo de esta tarde. De sus intervenciones se deduce con claridad, primero, que los proyectos vienen con mucho trabajo detrás, con muchas horas de arduo trabajo y con una dosis que yo calificaría amplia, aunque no total, de entendimiento y de consenso también a sus espaldas. En segundo lugar, destacaría que se advierte de lo que ustedes nos han contado que hay aspectos prioritarios en los que consideran que es necesario avanzar más y perfeccionar la regulación y que hay otros aspectos que, no siendo tan prioritarios y esenciales, también revisten una considerable importancia para mejorar esos proyectos. Desde luego también ha quedado claro que hay cuestiones que pueden ser deseables para unos grupos, para unos sindicatos y al mismo tiempo pueden constituir un problema o una línea roja para otros, algo que, por otra parte, es absolutamente normal en un colectivo plural.
Decía el señor Cosidó que no nos lo ponen fácil. Tengo que suscribir sus palabras, no nos lo ponen fácil, pero vamos a hacer todo lo posible por intentar armonizar los importantes intereses que hay en juego. Mi grupo se compromete a reflexionar en profundidad, a hacer un análisis detallado, a trabajar a fondo en las cuestiones que ustedes nos han dicho que les interesan. Les hemos escuchado atentamente, hemos tomado buena nota de los que creemos que son los asuntos clave y nuestro compromiso es trabajar todas esas propuestas y esos planteamientos, siendo conscientes de que podremos dar satisfacción a unos y no podremos dar satisfacción a la totalidad -decir lo contrario sería engañarnos-, pero sí tienen que saber que vamos a trabajar para conseguir un amplio acuerdo parlamentario, como decía anteriormente, que resuelva algunas, bastantes o la mayor parte de las cuestiones que ustedes planteaban.


Quisiera acabar haciendo referencia a alguna cuestión que he escuchado por boca de otro portavoz, en concreto a las críticas realizadas por algún grupo político que me parecen totalmente fuera de lugar. Creo que hoy era el momento menos indicado para hablar de politización de la Policía. La dinámica parlamentaria nos permite a los grupos políticos y parlamentarios numerosos momentos, numerosas citas, numerosas ocasiones en las que se puede exhibir la divergencia y se puede buscar el enfrentamiento dialéctico y la confrontación, pero creo sinceramente que hoy no tocaba hacer una afirmación tan absolutamente improcedente y tan errónea y desafortunada como la que ha hecho el señor Cosidó. Creo que no solo es una falta de elegancia y de cortesía parlamentaria y un mal sentido de la oportunidad política, sino que además es una falta de respeto plantear una cuestión tan improcedente esta tarde.


Por último, quiero hacer referencia a una cuestión de la intervención del señor Cosidó que también me ha llamado la atención. Es muy interesante y muy ilustrativo escucharle hablar ante ustedes de equiparación salarial y de esa preocupación que tiene ahora el Grupo Parlamentario Popular por la equiparación salarial de las distintas policías que operan en el Estado.
Es curioso que esa referencia a la discriminación que ha hecho el señor Cosidó no la hiciera en ningún momento, que no reflexionaran sobre esa cuestión o que cuando menos no hicieran nada sobre ese tema en los ocho años que tuvieron para poner fin, para resolver o tan siquiera para paliar esa necesidad de equiparación salarial que ahora siente con tanta intensidad y con tanta sinceridad el señor Cosidó.


Acabo ya. Les agradezco de nuevo sus intervenciones que, como decía, nos han parecido interesantes e ilustrativas. Tienen ustedes el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista de trabajar con seriedad, con rigor, buscando ese amplio acuerdo parlamentario al que me he referido, que pueda servir para mejorar esos proyectos de ley en los que ustedes ya han trabajado bastante en los meses precedentes.


La señora PRESIDENTA: Quiero informar a todos los miembros de la Comisión de que tenemos los documentos que los sindicatos nos han enviado previamente a su comparecencia, con el contenido de lo que aquí se ha dicho por parte de los representantes de los sindicatos. Supongo que también lo tendrán los portavoces, pero, de no ser así, se les enviará a todos el contenido de estos documentos.


Entiendo que no es este un trámite de discutir enmiendas ni de discutir las proposiciones, sino de oír. En todo caso, si alguno de ustedes quiere dar alguna respuesta concreta a alguno de los temas que se hayan planteado puede hacerlo. Solamente el señor Cosidó ha planteado algún tema. No sé si entenderlo como una pregunta retórica o no (El señor Cosidó Gutiérrez: Pregunta real.), pero ha preguntado algunas cosas.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA, SUP (Sánchez Fornet): Sí, puedo contestarle.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo, le doy la palabra brevemente. Si alguien quiere hacer también alguna aclaración, puede hacerla.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA, SUP (Sánchez Fornet): Respecto a la pregunta del señor Cosidó sobre si se tienen las mismas funciones con 65 años o con menos, la respuesta clarísimamente es no. Ya la ley prevé que a partir de los 58 años se pueden desarrollar determinadas funciones, que es lo mismo que los puestos de trabajo en segunda actividad. Parece que no tiene sentido que te echen, te degraden y te vuelvan a recoger por la

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puerta de atrás para hacer lo mismo que puedes seguir haciendo en activo.
Pero evidentemente, la respuesta es no. Por cierto, habría que hablar de 64 años porque el día que se cumplen 65 años nos vamos. Es decir, ningún policía va a trabajar con 65 años, lo hará con 64 y 11 meses porque el último mes se va de vacaciones y algo más.


La segunda pregunta del señor Cosidó se refería a si el incremento de edad afecta a las expectativas profesionales. Por las tablas que nos dio la dirección general, que son los datos que hemos manejado, puede suponer un retraso en el ascenso de uno o dos años. Un inspector que va a ascender a inspector jefe a los 54, a lo mejor asciende dos años después, pero en vez de irse a los 60 se va a los 65, luego le compensa claramente esos tres años más que va a desarrollar ese puesto de inspector jefe. Hay una pelea permanente de los inspectores que quieren echar a los inspectores jefe para ascender antes, pero en cuanto ellos llegan la inmensa mayoría de los inspectores jefe quieren la ampliación de edad. En algún momento hay que partir ese cordón porque siempre estamos en esa dinámica.


Respecto al incremento de edad, nosotros decimos que sí porque se va a ampliar para todos, y además ya se está haciendo. Es verdad que hay una presión que nos bloquea los correos electrónicos, y supongo que también a sus señorías. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que no queremos ser un cuerpo especial, somos funcionarios públicos. No tenemos por qué entrar ni cinco años antes ni cinco después; si es a los 35, a los 35.


Respecto a la politización de la Policía, la hay. Los políticos nos politizan, unos y otros, unas veces más y otras veces menos. En función del color de los sindicatos o de los representantes, lo vemos más o menos en función de qué Gobierno está. Eso es así, el señor Cosidó lo conoce bien, porque hablamos mucho también de estas cosas; consulta a todo el mundo y lo sabe. En cuanto a la corrupción en las condecoraciones, nosotros decimos que existe desde que Franco era cabo. Luego no hay nadie que se pueda eximir de esa responsabilidad en cada escrito que hacemos, porque además es verdad que lo regula una ley de 1964. Ese es un sistema que nadie ha querido cambiar y que nosotros vemos bastante mal.


No sé si se me olvida algo, creo que no.


La señora PRESIDENTA: Señor Arrillaga.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN FEDERAL DE POLICÍA, UFP (Arrillaga Rejano): Seré breve, simplemente quiero responder al señor Cosidó.


Actualmente por una disposición transitoria de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2007 para pasar a la segunda actividad con destino tienes que cumplir los 60 años en activo. Después de esa edad es una concesión graciosa del responsable de la unidad policial a la que pertenece. Esa es la segunda actividad con destino, ni más ni menos. No hay ningún problema respecto a la subida de edad para entrar en el cuerpo; si las cuestiones físicas o mentales dan la talla, no hay ningún problema.


Politización. La libre designación no nos parece un buen sistema de provisión y cuanto más alto esté en los niveles de la Administración, mejor. En cuanto a las condecoraciones, creemos que está prostituido el sistema. Lo creemos y necesita una regulación. Estamos hablando de que es una legislación del año 1964 la que ampara las condecoraciones y recompensas a los policías.


Identificación, cupos. A nosotros lo que nos parece perverso en esa cuestión es que sea utilizada para la valoración de los funcionarios.


Por último, quiero decirle que los damnificados en la no equiparación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, somos nosotros. El signo político de un Gobierno o de otro no ha variado esa situación, seguimos por debajo de policías locales y policías autonómicas.


La señora PRESIDENTA: Señor López.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA, CEP (López García de la Torre): Seré breve, señora presidenta.


Respondiendo a la primera pregunta, le diré que evidentemente no coincido.
Una persona con 63 o 64 años y 11 meses no está en condiciones de desempeñar ningún puesto de trabajo hoy por hoy en la Policía que contemple unos riesgos que todos ustedes imaginan. Evidentemente, hay otros que sí, como en Policía científica, etcétera. Pero ese no es el problema y coincidimos todos. El problema es que nosotros tenemos la necesidad hoy por hoy de acometer esa situación y está en ustedes establecer el escenario que yo creo que es, en definitiva, lo que estamos buscando.


Suscribo las palabras del señor Sánchez Fornet siempre y cuando se nos garantice un catálogo de puestos de trabajo donde se contemplen, en primer lugar, esos puestos de trabajo, por supuesto ese catálogo de puestos de trabajo consensuado con las organizaciones sindicales, donde se determinen esas condiciones laborales y esas circunstancias que condicionan la propia edad del funcionario y, en segundo lugar, y no menos fundamental, el acceso universal a esos puestos de trabajo. No nos olvidemos de que el impacto que va a tener esta medida no va a ser igual en una plantilla de Madrid que tiene 22.000 funcionarios de policía a una pequeña localidad en donde cualquier impacto que tenga del aumento de la edad puede traer consigo un desequilibrio en las edades. Del trámite parlamentario debiéramos sacar esas dos condiciones que son, por un lado, la garantía y acotamiento de esos puestos de trabajo y, por otro lado, el acceso universal, para que no nos encontremos con que,

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llegado el caso, no pueda ejercitar el derecho que tengo a ostentar un puesto de trabajo acorde a mi situación psicofísica porque en la plantilla donde yo resido no hay ese puesto de trabajo y es materialmente imposible. Por tanto, quedarían dos opciones: una, o me someto a lo que hay o, dos, voluntariamente me tendré que ir porque no hay un puesto de trabajo, porque el puesto de trabajo no se puede crear por arte de birlibirloque. Por tanto, creo que en el fondo estamos todos de acuerdo y falta darle ese equilibrio para satisfacer todas las perspectivas.


Evidentemente, la plantilla va a envejecer y sobre todo si esta medida tiene una coincidencia temporal con una remisión tan fortísima de la oferta de empleo público de trescientas y pico plazas, contemplando la posibilidad de duplicar la oferta de empleo público que no llega ni al 10 por ciento de la tasa de reposición; eso también hay que tenerlo en cuenta. Si hacemos caso a los informes de impacto que la Dirección General de la Policía nos ha trasladado, evidentemente ese impacto tiene un recorrido temporal limitado. Llegará un momento en donde el propio sistema absorba, pero, en cualquier caso, es una situación que hay que valorar.


En cuanto al aumento de la edad de ingreso en la calle, en una situación extrema todos nosotros recibimos esas peticiones del colectivo. No me voy a pronunciar al respecto, pero simplemente tengo que decirles que nos vamos a encontrar con la posibilidad de que un funcionario de policía inicie su carrera policial con cerca de 38 años y son ustedes los que tienen que valorar esa situación. Si entro con 35 años, más dos años de formación, más medio año de prácticas, nos vamos a encontrar con que mi inicio de la carrera en la actividad policial será muy cercano a los 38 años. ¿Que tienen derecho? Evidentemente, tienen derecho, pero son ustedes los que tienen que ponderar estas circunstancias y que es la realidad, no nos podemos inventar otra realidad.


En cuanto al respeto a la independencia de este cuerpo funcionarial, hemos tocado aspectos en las enmiendas que hemos puesto todos encima de la mesa y además están muy de moda, por cuestiones que ustedes saben, el catálogo de puestos de trabajo, el concurso específico de méritos y el concurso general de méritos. Es decir, limitamos la libre designación, pero la politización de este tipo de cuerpos viene ya señalada en las propias funciones que nos encomienda la Constitución. Por un lado, por las cuestiones que tienen un ámbito y una importancia estatal y, por otro, por la dependencia directa del Gobierno de la nación. Por tanto, la única manera que se nos ocurre de limitar esa capacidad es a través de lo que dicen las sentencias judiciales en donde queda perfecta y meridianamente claro el margen de maniobra que tiene el Gobierno de la nación, sea el del Gobierno socialista, o sea el del Gobierno popular, de manejar determinados puestos de trabajo que, en definitiva, serían los que pudieran llegar a politizar el normal funcionamiento. En el resto, también se lo he dicho: la claridad y la transparencia en los concursos a través de la figura que en alguna conversación que he mantenido con alguna de sus señorías hemos llegado a denominar lo más parecido a los observadores de la ONU; es decir la figura de organizaciones sindicales que lo que van a hacer, en definitiva, es velar porque ese proceso se produzca con la mayor transparencia, con la mayor garantía y con la menor posibilidad de interferencia de agentes extraños.


La señora PRESIDENTA: Por último, y con brevedad tiene la palabra el señor Fuentes Gago.


El señor PRESIDENTE NACIONAL DEL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍA, SPP (Fuentes Gago): Solo quiero trasladar a sus señorías que la diferencia que hay entre aquel bloque y este bloque de exposición esta tarde, entre la UFP, el SUP, la CEP y el SPP es una cuestión formal nada más en lo relativo a la segunda actividad. Creo que ustedes que están ahí y tienen una posición más objetiva y están desprovistos de algunas cuestiones que nos preceden lo han visto.


Nosotros decimos que la Ley 26/1994, de segunda actividad, ley que hicieron personas que les antecedían -no sé si alguno de ustedes en el año 1994 tenía responsabilidades parlamentarias, pero la hicieron personas que estaban sentadas aquí donde ustedes-, ya dejaba bien claro en la exposición de motivos que en aras de las funciones eminentemente operativas y en ocasiones arriesgadas y penosas de la función policial se hacía necesario crear esta ley. Y en el artículo 2.2 se establece la figura de la segunda actividad con destino, regulada. El problema lo tenemos en el cuerpo, no en la ley. La ley decía claramente que tenía que haber relaciones o catálogos de puestos de trabajo de segunda actividad que reglamentariamente desarrollaran su forma de provisión. No lo hemos hecho y lo hemos convertido -y perdonen la expresión- en un cortijo, es verdad. Nosotros planteamos configurarlo como un derecho, y así figura en el artículo 2.h) de la ley orgánica de derechos y deberes; es decir, la posibilidad de que alcanzados los 58 años -y ponemos esa edad porque entendemos que lo que dice la Ley de segunda actividad es rigurosamente cierto todavía hoy, la penosidad de la función policial- podamos acogernos a un puesto de trabajo y qué mejor garantía para el funcionario para que no sea también un cortijo porque no va a haber posibilidad. Me decía el señor Cosidó que hoy tenemos más de 11.000 funcionarios en segunda actividad sin destino y en los próximos años, según las tablas que nos ha dado la dirección, de los años 2011 a 2015 serán 6.324 más.
Teniendo en cuenta que algunos pueden pasar a jubilación, etcétera, estamos hablando de cerca de 15.000 funcionarios, pero 15.000 funcionarios es imposible colocarlos en puestos adecuados a sus condiciones, porque estamos hablando de un porcentaje inasumible.
Nosotros queremos que se regule una garantía porque estamos aquí para defender los derechos de los funcionarios, que se establezca una relación o catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad con destino y que el funcionario,

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además por un procedimiento tasado de ocupación por concurso general, cuando llegue a la edad tenga la opción de decir: quiero uno de estos puestos o que sepa que su opción, porque no la haya en la plantilla, no dependa del criterio del jefe otra vez, que es lo que pasará, y si no puede acceder a ninguno de esos puestos o no le interesan que opte por permanecer en activo o pasar a segunda actividad. Pero que sea una garantía. Es así como entendemos que debe configurarse.


En relación con otra pregunta que hacía el señor Cosidó -el resto ya las ha contestado mi compañero- sobre si esto va a afectar a la promoción profesional, le diré que la permanencia hasta los 65 años en activo o, como bien ha introducido usted, posiblemente hasta los 67, porque esto no para aquí, es la realidad, indica que estamos hablando de unas edades inasumibles, se lo digo con todo el respeto. Esto va a afectar a la promoción profesional no en dos años, como ha dicho antes el secretario general del SUP, sino que va a afectar en tanto se prolongue la actividad. Ya la propia dirección -y nos costó un triunfo sacarle estas tablas, y así lo podrán corroborar mis compañeros- nos lo dice bien a las claras. Fíjense, hoy donde más problema hay de promoción profesional en el Cuerpo Nacional de Policía es en inspector jefe, en la primera categoría de la escala ejecutiva, donde la promoción pasa de 225 puestos de trabajo de promoción profesional que se estaban ofertando hace dos años y los cinco anteriores a 150 el pasado y este y cinco años a cien.
Es lo que nos está diciendo la propia dirección en la oferta que va a hacer, pasar de 225 hace dos años a cien. Claro que va a producir un retraso en la promoción profesional. Es difícil compatibilizar una opción con otra, pero quizá estos puestos de trabajo de segunda actividad con destinos configurados como un derecho del funcionario, nos arregla un poco la situación.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Los temas más importantes probablemente serán el contenido del debate de estas dos leyes relevantes para el Cuerpo Nacional de Policía, la de personal y la de derechos y deberes. Muchas gracias por su asistencia a esta Comisión y muchas gracias a los portavoces.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.

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