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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 734, de 15/03/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 734
IGUALDAD
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN CALVO POYATO
Sesión núm. 25
celebrada el martes, 15 de marzo de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas:

De la diputada doña María del Carmen Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre compromisos adquiridos por el Ministerio de Igualdad en relación a las conclusiones de la cumbre de Igualdad de París. (Número de expediente 181/000835.) ... (Página 4)

Del diputado don Joan Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre:

- Satisfacción con las actuaciones realizadas por el Gobierno español respecto a Intereconomía por las agresiones verbales de carácter machista, homófobo y transfobo. (Número de expediente 181/003384.) ...
(Página 5)

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- Razones del Gobierno para anunciar la no prohibición de la publicidad de la prostitución. (Número de expediente 181/003391.) ... (Página 6)

De la diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:

- Opinión del Gobierno acerca de las incidencias descubiertas por el Tribunal de Cuentas en relación con la contratación administrativa pública de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género durante los ejercicios 2008 y 2009. (Número de expediente 181/003373.) ... (Página 7)

- Motivos por los que está fracasando el sistema de valoración policial del riesgo y la teleasistencia a mujeres víctimas de violencia de género.
(Número de expediente 181/003374.) ... (Página 8)

Del diputado don Joseba Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre:

- Valoración de la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Número de expediente 181/003389.) ... (Página 10)

- Funciones de la Oficina contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Número de expediente 181/003390.) ... (Página 11)

- Del diputado don José Ignacio Landaluce Calleja, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre intención de colaborar con la Junta de Andalucía para la creación de una unidad de valoración integral de violencia de género, con sede en el Campo de Gibraltar y así evitar el traslado a Cádiz de las víctimas para su evaluación. (Número de expediente 181/001671.) ... (Página 12)

- Del diputado don Ignacio Uriarte Ayala, en sustitución de la diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre campañas realizadas para mejorar la corresponsabilidad familiar. (Número de expediente 181/002382.) ... (Página 13)

- De la diputada doña Eva Durán Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre autoría del estudio de trayectoria de escolares, niñas gitanas en primaria. (Número de expediente 181/002674.) ... (Página 15)

- De la diputada doña Belén María do Campo Piñeiro, en sustitución de doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre cumplimiento del Plan de atención y prevención de la violencia de género entre la población inmigrante. (Número de expediente 181/002701.) ... (Página 16)

De la diputada doña María Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre:

- Necesidad de realizar un estudio, en colaboración con las comunidades autónomas, para analizar en profundidad la situación de los menores que viven en entornos familiares de violencia de género, a fin de conocer sus necesidades reales y poder evaluar los servicios y programas de los que disponen las diferentes administraciones, para garantizar la atención a los mismos. (Número de expediente 181/003202.) ... (Página 17)

- Interlocución mantenida con el Consejo General del Poder Judicial sobre la necesidad de crear nuevos juzgados exclusivos de violencia de género.
(Número de expediente 181/003275.) ... (Página 18)

De la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:

- Acciones para la constitución y puesta en funcionamiento del Consejo de Participación de la Mujer. (Número de expediente 181/003361.) ... (Página 19)

- Valoración de la creación de ONU Mujeres que pasará a coordinar todas las políticas de igualdad en Naciones Unidas. (Número de expediente 181/003364.) ... (Página 19)

- Valoración de la creación del Consejo de promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen racial o étnico. (Número de expediente 181/003367.) ... (Página 19)

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- Principales iniciativas para el año 2011 en violencia de género. (Número de expediente 181/003369.) ... (Página 19)

- De la diputada doña María Mercedes Gámez García, en sustitución de la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones para promover la creación e implementación de los planes de igualdad en el ámbito empresarial. (Número de expediente 181/003363.) ... (Página 20)

- De la diputada doña Macarena Montesinos de Miguel, en sustitución de la diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre valoración del hecho de que la mayoría de las mujeres asesinadas en el año 2011 no hubiesen denunciado a su agresor o tuviesen una orden de protección. (Número de expediente 181/003372.) ... (Página 20)

- De la diputada doña Lucila Corral Ruiz, en sustitución de la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre valoración de la primera convocatoria para otorgar el distintivo de igualdad a las empresas. (Número de expediente 181/003366.) ... (Página 22)

- Del diputado don Daniel Méndez Guillén, en sustitución de la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre proyectos para sensibilizar a la sociedad de que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una violación de derechos fundamentales. (Número de expediente 181/003362.) ... (Página 23)

- De la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre participación social del anteproyecto de ley de igualdad de trato en su fase de información pública. (Número de expediente 181/003368.) ... (Página 24)

De la diputada doña María Mercè Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre:

- Medidas para que los niños expuestos a la violencia de género sean sujetos directos de derechos para evitar su indefensión. (Número de expediente 181/003345.) ... (Página 25)

- Actuaciones previstas ante la situación de que un elevadísimo porcentaje de las mujeres asesinadas por violencia de género no habían presentado denuncia y la única que lo había hecho no había sido convenientemente protegida. (Número de expediente 181/003346.) ... (Página 26)

Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la sesión plenaria de la Comisión de Igualdad con el orden del día que sus señorías conocen, y que dedicamos de manera monográfica a la contestación de preguntas, para lo cual está aquí la secretaria de Estado de Igualdad, a la que damos la bienvenida doblemente, puesto que es la primera vez que como tal comparece en esta Comisión, aunque obviamente para nosotros es conocida, la señora Aído.


Les advertimos a sus señorías, cosa que he hecho ya con la señora secretaria de Estado, que alteramos el orden del día a petición de todos ustedes. Vamos a intentar que la comparecencia de la señora secretaria de Estado en relación con las preguntas que hay previstas en el orden del día sea lo más cómoda y flexible para atender otras obligaciones parlamentarias que sus señorías tienen. Paso a decirles que la primera pregunta no se altera, que la formulará la vicepresidenta de la Mesa de esta Comisión. A continuación intervendrá para formular las preguntas de su grupo el señor Tardà, que son la 21 y la 24; después lo hará la señora Camarero en nombre de su grupo, y formulará las dos que tiene previstas, la 19 y la 20; después lo hará en nombre de su grupo el señor Agirretxea y formulará la 22 y la 23; a continuación seguiremos el orden del día tal cual está previsto, con otra alteración final. La 11 será la antepenúltima, que la formulará la señora Montón en nombre de su grupo, y finalmente la 8 y la 9, que las formulará en nombre de su grupo la señora Pigem, que así también me lo ha pedido porque tiene que estar en otra Comisión. Es decir, que sus señorías alteran el orden del día para poder hacer el resto de trabajo de agenda que tienen esta mañana; la Mesa y yo misma lo hacemos con mucho gusto, y le damos también las gracias a la señora secretaria de Estado, porque le hemos alterado también todo su orden.


Acordamos en Mesa y portavoces que el tiempo de formulación de la pregunta y de la contestación del

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Gobierno sería siete minutos, repartidos en tres y medio y tres y medio, siguiendo el mismo método de las preguntas en el plenario (allí es menos, dos y medio y dos y medio, aquí serán siete). Y les advierto a sus señorías que no tenemos el medio adecuado para que fuera muy cómodo para sus señorías, también para mí, de ver en pantalla los minutos que tiene, la luz que se enciende, etcétera, para que se haga con el rigor absoluto y con la mayor comodidad posible; eso no es posible porque el medio que tenemos es este. Incluso el tiempo que yo controlaré aquí de tres minutos y medio, solo puedo hacerlo de tres y tres, con lo cual tendré que estar muy pendiente de los segundos, razón por la cual se lo advierto a sus señorías completamente en serio, porque son veinte preguntas y podemos estar todos muy incómodos si no lo hacemos bien. Yo les haré a sus señorías un gesto, que me parece que es suficientemente conocido en el ámbito deportivo; a partir de este gesto no se dice ni una sola sílaba más, porque ustedes comprenderán que es un minutaje pequeño, si nos extralimitamos medio minuto en siete minutos, es muchísimo, y sobre todo que yo no tendría ya ninguna manera de ser justa con los tiempos. Para ser justa y dar a todo el mundo por igual el tiempo que hemos acordado, sus señorías tienen que ser completamente obedientes, la señora secretaria también; cuando haga este gesto es que se ha terminado el tiempo, exactamente igual que cuando la voz, desaparece en el Pleno, cosa que aquí no podemos hacer. Si todos cumplimos esto bien lo haremos bien.
Y si no, pues vamos a pasar un rato un poco incómodo.


PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN QUINTANILLA BARBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MINISTERIO DE IGUALDAD EN RELACIÓN A LAS CONCLUSIONES DE LA CUMBRE DE IGUALDAD DE PARÍS. (Número de expediente 181/000835.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a empezar con el orden del día reformulado que hemos hecho, por acuerdo en este caso y a petición de los portavoces, e iniciamos la sesión con el orden del día correspondiente.


Para formular la pregunta en nombre de su grupo, la señora Quintanilla, vicepresidenta de nuestra Comisión, tiene la palabra por tres minutos y medio.


La señora QUINTANILLA BARBA: En primer lugar quiero darle la bienvenida a la secretaria de Estado, a la señora Aído, en nombre de mi grupo parlamentario, porque hoy está presente aquí en el seno de esta Comisión, y también saludarla como al resto de los componentes.


Quisiera destacar en primer lugar que desde que hice esta pregunta han transcurrido casi tres años desde el registro y publicación en el boletín de esta pregunta hasta su exposición en esta Comisión. Teniendo en cuenta que a lo largo de este tiempo se han celebrado dos cumbres europeas de Igualdad, me gustaría, si no hay inconveniente, ampliar mi pregunta con respecto también a las cumbres posteriores celebradas en Estocolmo en el año 2009 y en Bruselas en el año 2010.


Así pues, me gustaría comenzar mi argumentación a la pregunta recordando que, coincidiendo con los primeros meses de la presente Legislatura, en el entonces casi recién creado Ministerio de Igualdad, el Gobierno de España participó en la segunda cumbre europea de Igualdad celebrada en París en el mes de septiembre de 2008, bajo la Presidencia de la Unión Europea. En aquella ocasión, a lo largo de dos jornadas, alrededor de 400 delegados de alto nivel y de todas las partes implicadas en la lucha por la igualdad se dieron cita en París para hacer balance de los compromisos adquiridos por los distintos países que participaron en el Año europeo de la igualdad de oportunidades celebrado en el año 2007, retomando la línea iniciada en la primera cumbre europea de Igualdad celebrada en el año anterior en Berlín. En los años siguientes, como decía al comienzo de mi pregunta, en los años 2009 y 2010 Estocolmo y Bruselas, bajo las presidencias europeas sueca y belga, albergaron la tercera y cuarta cumbres europeas de Igualdad, en las que también participó una representación del Gobierno español. Las distintas cumbres europeas de Igualdad demuestran el compromiso de la Unión Europea en favor de la igualdad de oportunidades y de la lucha contra la discriminación. Sin lugar a dudas estas cumbres han servido para analizar en mayor profundidad los logros en igualdad conseguidos hasta el momento, así como para establecer líneas comunes de actuación en los países miembros, con el fin de seguir avanzando en materia de igualdad.


Como decía anteriormente, el Gobierno español, a través entonces de su ex ministra de Igualdad, hoy secretaria de Estado, la señora Aído, participó en las citadas cumbres europeas. Creemos que indiscutiblemente esas cumbres han supuesto un avance para las políticas de igualdad que se deben desarrollar de cara a todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, no conocemos, y así mi grupo parlamentario quiere hacérselo saber, cuáles fueron los compromisos adquiridos en las distintas cumbres por el Gobierno de España, nos gustaría que explicara en esta Comisión cuáles han sido los compromisos y las conclusiones alcanzadas en las distintas cumbres de Igualdad celebradas en París, Estocolmo y Bruselas.
Nos hubiera gustado haber tenido mayor información, mayor claridad y mayor transparencia para haber conocido esta Comisión, que trabaja día a día por la igualdad, cuáles fueron esos compromisos adquiridos por el Gobierno en materia de igualdad en las distintas cumbres que ya le he mencionado.


La señora PRESIDENTA: Señora Quintanilla, ha terminado su tiempo.


Señora secretaria de Estado, tiene sus tres minutos y medio.


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La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Efectivamente, ha llovido mucho desde aquella primera cumbre celebrada en París en el año 2008. De hecho, a lo largo de estos dos años hemos conseguido transformar en realidad los compromisos que adquirimos en la misma. Nos comprometimos a crear un consejo para la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación de las personas por origen racial o étnico, y desde octubre de 2009 este consejo es una realidad en nuestro país. Nos comprometimos asimismo a elaborar un anteproyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación, y el pasado mes de enero el Consejo de Ministros lo aprobaba en primera lectura, encontrándose actualmente en fase de información por parte tanto de los consejos consultivos estatales como de los órganos constitucionales. Nos comprometimos a impulsar el proyecto de directiva sobre igualdad de trato, durante nuestro semestre de Presidencia europea, y lo hicimos, siendo este uno de los principales ejes de acción durante la misma. El resultado fue una propuesta mucho más completa en asuntos como la discriminación por edad, por discapacidad o el ámbito de aplicación. Su señoría ampliaba la pregunta al resto de cumbres realizadas desde la de París, y tengo que decirle que en el caso de la cumbre de Bruselas, celebrada en el año 2010, fue fruto del compromiso adquirido por el trío de presidencias, y tengo que reconocer el trabajo y la implicación realizada por parte de la Presidencia belga para dar continuidad a los compromisos que ya iniciamos por parte de la Presidencia española. Fue una cumbre centrada en la lucha contra la violencia de género, hay que recordar que durante el semestre español de Presidencia europea se adquirieron compromisos importantes eneste ámbito, conseguimos la unanimidad de los Veintisiete en la lucha contra este tipo de violencia que golpea al conjunto de las sociedades. Es un fenómeno global y por tanto requiere de respuestas globales; y conseguimos alcanzar el acuerdo de crear un observatorio europeo en la lucha contra esta forma de violencia, un número de teléfono para la asistencia y la atención a las víctimas de esta forma de violencia en el conjunto de la Unión Europea; impulsamos una euroorden de protección que también contó con el apoyo decidido por parte de la Presidencia belga, y lo que hicimos durante la cumbre desarrollada en Bruselas en el año 2010 fue precisamente dar continuidad y volver a ratificar los compromisos adquiridos durante la Presidencia española.


Se olvidó su señoría de la cumbre realizada en Cádiz, que creo que tuvo una enorme relevancia desde la perspectiva de la presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión, no solo de decisión política, sino también en los ámbitos de decisión económica, porque entendemos que para avanzar realmente hacia una sociedad más igualitaria pero también más democrática, más eficiente, más competitiva, necesitamos contar con el potencial y el talento del conjunto de la población, de los hombres y de las mujeres. Aquella fue una cumbre de referencia y así lo reconoce el resto de Estados europeos; tuvo sin duda una enorme relevancia, y creo que justo es reconocerlo en esta Comisión. La información acerca de todas las cumbres y de las conclusiones alcanzadas es pública, está colgada en las distintas páginas web, y desde luego, si quiere que le amplíe información con respecto a alguna de ellas en concreto, estoy a su disposición para hacerlo.


DEL DIPUTADO DON JOAN TARDÀ I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE EZQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE:

- SATISFACCIÓN CON LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL RESPECTO A INTERECONOMÍA POR LAS AGRESIONES VERBALES DE CARÁCTER MACHISTA, HOMÓFOBO Y TRANSFOBO. (Número de expediente 181/003384.)

La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, tiene la palabra para formular su pregunta.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias a todos los grupos parlamentarios por aceptar la alteración del orden del día, y gracias por su presencia, señora secretaria de Estado.


Yo reconozco que la redacción de la pregunta tiene un poco de mala intención, cuando le pido cuál es la satisfacción que usted tiene con las actuaciones realizadas por el Gobierno español respecto a Intereconomía por las agresiones verbales de carácter machista, homófobo y transfobo.
Se lo digo porque usted recordará que el mes de junio del año 2010, en una sesión de esta Comisión proyectamos el vídeo, vergonzoso, donde un tertuliano de esta cadena de televisión, don Eduardo García Serrano, emitía unos insultos que sonrojaron a la opinión pública por lo que tenían de atentado a los derechos de las personas, y en concreto de una mujer, la consellera de Salud del Gobierno de Cataluña, doña Marina Geli.


De hecho, a partir de aquel momento usted, con sus palabras, dijo que el Ministerio de Industria ya había abierto un expediente. Usted sabe perfectamente que al cabo de unos días el Gobierno comunicó que se había impuesto una multa de 100.000 euros a esta emisora por unos hechos anteriores a raíz de la edición de un spot de la cadena en donde se insultaba y se desprestigiaba a las personas homosexuales. Es decir, que ya sabemos de dónde venimos, y hay precedentes.


Ha pasado un año. De hecho, si me permite, yo le diré que en el mes de diciembre desde la tribuna ya le dije al Gobierno que, por favor, no entendíamos cómo se iba retardando tanto el expediente, al menos no sabíamos nada, y ahora resulta que hace pocos días esta misma cadena, a través de un periodista, señor Horcajo, volvió a insultar a otra persona, por cierto, una persona también socialista, la ciudadana Carla Antonelli, que fue humillada, insultada por esta misma cadena.


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Estamos donde estamos, estamos terminando la Legislatura. Yo le pido que me diga, por favor, cuándo sabremos cuáles son las conclusiones del expediente, porque ya lo dije desde la tribuna, hay que meter en vereda a esta gente que no tiene ningún respeto hacia la diversidad de las personas que, por suerte, hemos conquistado en el orden jurídico. Dígame, por favor, cuándo sabremos cuáles son las conclusiones del expediente, porque entendemos que hay que tomar una medida ejemplarizante. Estoy esperando que me conteste cuándo lo sabremos, y a partir de aquí podremos actuar en consecuencia.


Creo que todavía me quedan unos segundos para la réplica. Me los guardo, con su permiso, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Señora Aído.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, comparto su preocupación, y ni estoy ni puedo estar satisfecha con el repertorio de comentarios, de descalificaciones y de insultos machistas y homófobos que venimos soportando, que tenemos que escuchar, que tenemos que leer de manera sistemática en determinados medios de comunicación, medios, por ejemplo, como el que usted cita.


Desde mi punto de vista, hay opiniones, hay tratamientos informativos que exceden de la crítica política y de los posicionamientos ideológicos legítimos para situarse en el terreno de la apología del machismo, de la apología de la homofobia. Se está empleando lenguaje ofensivo, soez y despectivo que, desde luego, en nada contribuye a nuestra convivencia. Y ante el lamentable episodio que usted cita de los insultos a la exconsejera de Salud de la Generalitat de Catalunya, la doña Marina Geli, el Observatorio de la imagen de las mujeres hizo lo que tenía que hacer; por una parte, contactar con el medio en cuestión, y por otra instar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones a incoar expediente administrativo a la cadena por infracción de la Ley General de Comunicación Audiovisual.


La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, tiene veinte segundos.


El señor TARDÀ I COMA: Pues me iré igual que he llegado. Es decir, hay un incumplimiento por parte del Gobierno español, que se sepa, y siento decirlo por el respeto que le tengo a la secretaria de Estado, pero el ministro de Industria no está cumpliendo y esto es una vergüenza.


La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, tiene un minuto y veinte segundos.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, a todos nos hubiera gustado una respuesta más contundente. Si acorde a los criterios del organismo competente en esta materia parece que no hay base legal para sancionar al medio, desde luego los grupos parlamentarios, quienes creemos en la igualdad, quienes tenemos responsabilidades públicas no podemos dejar de condenar este tipo de actitudes que fomentan un imaginario de desprecio y de odio hacia las mujeres.


Es verdad que estamos asistiendo a una verdadera reacción ante las políticas de igualdad protagonizada por un sector ultraconservador, yo creo que afortunadamente minoritario en este país, pero es verdad que tiene altavoces importantes. Son los mismos que insultan a una mujer cuando habla de impartir educación sexual en los centros, los que a la vez humillan a las personas por su orientación o identidad sexual, los mismos que llegan incluso a poner en cuestión la credibilidad de aquellas mujeres que deciden dar un paso adelante y romper con las relaciones de malos tratos denunciando a sus agresores. A pesar de estas opiniones, señoría, creo que no representan a la mayoría de nuestra sociedad. Créame cuando afirmo que a mí me provocan un enorme rechazo y preocupación. Los insultos descalifican no solo a quien los profiere, sino que también deterioran la convivencia democrática, y en absoluto benefician la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Por todo ello, señoría.


La señora PRESIDENTA: Señora Aído, ha terminado su tiempo.


- RAZONES DEL GOBIERNO PARA ANUNCIAR LA NO PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD DE LA PROSTITUCIÓN. (Número de expediente 181/003391.)

La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, tiene nuevamente la palabra para formular la segunda pregunta que tiene su señoría en el orden del día.


El señor TARDÀ I COMA: Hace unos meses supimos por el presidente del Gobierno y por el señor Jáuregui que el Gobierno descartaba prohibir los anuncios de prostitución, aun cuando al mismo tiempo decían que éstos deberían eliminarse. Uno siempre anda metido en un bucle del cual no sabe cómo salir. Es decir, se deben eliminar porque nos avergüenzan, pero a la vez no hay que prohibirlos. Repito que estamos instalados en el bucle. En múltiples ocasiones, incluso como tema subsidiario, se ha debatido sobre regularización sí, regularización no. Ustedes siempre han defendido que la tercera vía era la autorregulación. Pregunto: ¿Cómo vamos a autorregularnos con las empresas que tenemos? Hace un momento nos referíamos a una gente que no tiene ningún reparo en vulnerar todos los derechos humanos vehiculándolos desde sus programas. En un contexto de crisis económica, cuando lo importante es la acumulación de beneficios con urgencia, esto de la autorregulación es una falacia. ¿No es posible, aun cuando no

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quieran prohibirlos, que al menos, al menos renuncien a insertar publicidad institucional en aquellos medios que no quieran autorregularse, a fin y efecto de que sea un mensaje didáctico a la ciudadanía, y un aviso también a esas empresas que no quieren entrar en razones? Si se está a favor de la tercera vía, habrá que buscar también soluciones que no son definitivas pero que ayudan a ir resolviendo el problema. Si no pueden dar un hachazo, al menos un par de puñetazos.


La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, tiene la palabra para contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, mantengo firme mi posición con respecto a los anuncios de prostitución en los medios; posición que, por cierto, expresó también el presidente del Gobierno el pasado mes de julio durante el debate de política general. La posición es firme: los anuncios de prostitución deben eliminarse. Con la intención de optar por el procedimiento más adecuado para ello, solicitamos un informe al Consejo de Estado que nos permitiese contemplar y valorar las diferentes alternativas desde las que abordar este asunto, que a su señoría no se le escapa es un asunto complejo pero goza de un consenso prácticamente generalizado. No hemos cejado en este empeño. Los anuncios de contactos esconden en muchos casos un delito, como hemos tenido la oportunidad de comprobar con algunas de las redes desarticuladas últimamente, y desde luego ataca de forma clara a la dignidad de las mujeres.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: A ver si terminamos la legislatura resolviendo aquellos problemas que tanto daño han hecho. Todos tienen un denominador común: aquellos grupos de capital propietarios de medios de comunicación que no están por la labor de ir construyendo una sociedad con unos valores distintos; ya no digo mejores ni peores -para no ofender a nadie-, sino distintos.


La señora PRESIDENTA: Señora Aído, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, estoy totalmente de acuerdo, pero su señoría sabe tan bien como yo que este es el primer Gobierno de la historia de España que se toma en serio el tema de la trata y que pone mecanismos para luchar contra este delito deleznable. Ha sido este Gobierno el que ha aprobado un plan integral de lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual; ha sido este Gobierno el que ha tipificado el delito de trata en el Código Penal, el que ha creado un fondo de asistencia para las víctimas de trata, el que ha intensificado la lucha contra las mafias, el que está realizando campañas de sensibilización, y el que ha abordado este problema desde la perspectiva de los derechos humanos y no exclusivamente desde la perspectiva de la persecución policial.


El trabajo que estamos realizando está siendo reconocido a nivel internacional, incluso por Naciones Unidas. Por tanto, no creo que se nos pueda achacar tibieza, resignación o conformismo ante la lucha contra este delito, una forma de violencia que esclaviza a miles de mujeres y de niñas convirtiéndolas en mera mercancía. Ha sido este Gobierno también el que ha solicitado ese informe al Consejo de Estado para tener sobre la mesa las diferentes alternativas para eliminar los anuncios de contactos; informe del que aún no disponemos. No estamos hablando de anuncios sí o anuncios no; está claro que es, no. De lo que estamos hablando es de la forma más eficaz y segura para hacerlos desaparecer. Y si esto viene de la mano de un consenso con los medios de comunicación de este país, muchísimo mejor.


DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:

- OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LAS INCIDENCIAS DESCUBIERTAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de expediente 181/003373.)

La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene la palabra para formular la pregunta que figura en el orden del día.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora secretaria de Estado, el Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso un informe en el que se detectan numerosas deficiencias e irregularidades cometidas en los contratos de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género durante los años 2008 y 2009. Nosotros creemos que hay que ser muy estrictos y muy rigurosos en la gestión pública. No solamente hay que poner en marcha medidas e instrumentos más eficaces para acabar con esta lacra social, sino que hay que saber cómo gestionar adecuadamente los recursos públicos. Y ustedes han demostrado que no son capaces ni de una cosa ni de la otra. No solo han demostrado su incapacidad absoluta en la lucha contra la violencia de género, en sus siete años de Gobierno no han sido capaces ni de reducir el número de mujeres asesinadas ni de incrementar el número de víctimas que denuncian, y hoy más niños mueren por esta lacra social. Además, este informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que son ustedes muy malos gestores, y prácticamente todas las actuaciones

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desarrolladas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, todas, están salpicadas de irregularidades, de deficiencias, de malas praxis. El Tribunal de Cuentas detecta en la contratación administrativa de los ejercicios 2008 y 2009 falta de utilización del procedimiento abierto como procedimiento de adjudicación ordinario, adjudicaciones directas mediante tramitaciones de emergencia, excesiva acumulación de contratación menor, indefinición y falta de objetividad en los criterios de valoración y uso generalizado de la contratación de urgencia sin motivación.


Hablamos de discrecionalidad a la hora de elegir a las empresas que se contratan sin publicidad, transparencia y concurrencia; hablamos de tramitación de emergencia para contratos de publicidad de 5,5 millones de euros; hablamos de aprobar contratos a posteriori de la celebración de actos, de aprobar gastos tras la emisión de facturas; hablamos de fraccionamiento de contratos; hablamos de dar subvenciones a las comunidades autónomas sin evaluar resultados. Y si nos preguntamos a qué afectan estos desajustes, estas irregularidades, estas anomalías, debemos responder que a toda la gestión prácticamente. Afectan a los sistemas de seguimiento de violencia de género, al teléfono de información y asesoramiento a las víctimas de violencia, a los convenios firmados, por ejemplo, para la capacitación de los abogados del turno de oficio, a los convenios de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, a los convenios de colaboración con distintas comunidades autónomas para la reeducación de los maltratadores, convenios que se suscriben sin evaluar los resultados, sin exigir cumplimiento, sin solicitar información a las comunidades autónomas. Una desidia total: no tienen ustedes la suficiente diligencia para hacer el seguimiento de la subvención, para exigir resultados, para ver a qué se destina el dinero público. Hablamos de incidencias en las subvenciones directas a fundaciones. Nos dice el informe que el Observatorio estatal de violencia no se reúne las veces que debería reunirse. ¿Y cuáles son las explicaciones que ha dado el Gobierno? Si nos limitamos a los medios de comunicación o a la propia explicación que dan en su página web, afirman que no son ilegalidades sino irregularidades. Evidentemente, si fuesen ilegalidades no estaría usted compareciendo aquí, habríamos ido a los tribunales y estaría usted delante de un juez.


Debemos distinguir entre responsabilidades judiciales y responsabilidades políticas. El Grupo Popular considera que el tema es de tal gravedad que exige responsabilidades políticas. Debemos recordar que era usted ministra en estos años, que usted firmaba o autorizaba estos contratos, y que el delegado del Gobierno es el mismo que hay en la actualidad. Por lo tanto, usted nos tiene que decir esta mañana qué han hecho y qué van a hacer con el informe del Tribunal de Cuentas, qué van a hacer para evitar que se vuelvan a repetir estas irregularidades, y si piensan depurar responsabilidades. Este informe demuestra su dejadez, su mal funcionamiento, su falta de rigor, de seriedad, y su falta de saber hacer en su gestión; les deja muy mal como gestores, pero no ayuda, además, a esta lucha contra una lacra social tan grave. Las mujeres, las víctimas, se merecen mucho más; se merecen un Gobierno menos incapaz, más eficaz y mejor gestor.


La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, tiene la palabra para responder.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, por comenzar por lo importante, si por parte de todos los grupos parlamentarios y de todas las instituciones nos dedicáramos a señalar a quien realmente tiene la responsabilidad y es el culpable de los asesinatos, que no es otro que el agresor o el maltratador, en vez de responsabilizar a las administraciones, probablemente nos iría bastante mejor en la lucha contra la violencia de género al conjunto de las administraciones y de la sociedad.


Por responder a su pregunta, la opinión del Gobierno a este respecto queda perfectamente recogida en el contenido de las alegaciones presentadas al informe provisional del Tribunal de Cuentas el pasado mes de octubre. En ellas se explican las razones de las deficiencias administrativas puntuales, ni numerosas ni generalizadas, que se detectaron en el ejercicio 2008, a la vez que se exponen perfectamente las acciones desarrolladas para la subsanación de dichas incidencias en el año 2009, cuestión reconocida por el propio Tribunal de Cuentas en su informe.


En definitiva, señoría, se trata de incidencias puntuales detectadas y corregidas en su momento con la diligencia y con el interés con los que atiende este Gobierno las indicaciones del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene siete segundos.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: No voy a utilizar el turno.


- MOTIVOS POR LOS QUE ESTÁ FRACASANDO EL SISTEMA DE VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO Y LA TELEASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
(Número de expediente 181/003374.)

La señora PRESIDENTA: Vuelve a tener la palabra la señora Camarero para formular la siguiente pregunta del orden del día.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora Aído, cada vez que hacemos una valoración de cómo va la lucha contra la violencia de género, más allá de hablar de los instrumentos, de los medios, de las medidas que se han puesto en marcha con más o menos acierto, y que podrá contestar su grupo parlamentario, debemos hablar

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de cifras y lamentar el incremento de mujeres que son asesinadas.
Evidentemente, cada mujer que es asesinada es un drama, pero si esta mujer además había seguido todos los protocolos que estamos pidiendo y había denunciado, es un auténtico fracaso del sistema, un fracaso del Estado. Tras el espejismo de 2009 nos encontramos con que, en 2010, setenta y tres mujeres fueron asesinadas por violencia, volviendo a las cifras de los años 2007 y 2008. De esas setenta y tres mujeres, el 30 por ciento, es decir, veinte habían denunciado, y trece contaban con una orden de protección en vigor. Este año -y estamos comenzando el año- catorce mujeres han muerto ya; tres de ellas, lo que representa un 21 por ciento, habían denunciado. Hace unas semanas Susana Galeote era asesinada en Málaga después de haber pedido socorro, de haber denunciado, de que se le negase la protección, porque nadie fue capaz de detectar el riesgo evidente, inmediato, gravísimo que padecía. El señor Rubalcaba decía que no llevábamos un buen año. No lo digo yo, sino el señor Rubalcaba. Algo debe de haber fallado y alguien tendrá que investigar.


Después de las semanas que han transcurrido, me gustaría saber a qué conclusiones han llegado, qué han investigado, qué ha fallado y qué están haciendo para que esto no vuelva a ocurrir. Desde mi punto de vista, en Málaga falló todo, pero me parece deleznable que ante un hecho como el sucedido en Málaga, ustedes, en lugar de asumir responsabilidades, se limiten a lanzar balones fuera, a echar la culpa a terceros y a no poner soluciones para que esto no vuelva a ocurrir. Porque más allá de la teleasistencia, tenemos que hablar evidentemente de la valoración del riesgo policial de las víctimas, obligatorio cuando se presenta una denuncia. Una valoración realizada por una aplicación informática, que debe determinar no solamente el riesgo que padece la víctima, sino también las medidas de seguridad asignadas a la misma y su nivel de protección, un sistema que nosotros hemos mantenido desde su puesta en marcha, que no nos parecía el adecuado para valorar con suficientes garantías el riesgo de las víctimas. Lo ideal, para nosotros, es que funcionase adecuadamente y que se estuviesen generalizando las unidades integrales de valoración forense, que, junto con una primera valoración policial, pudieran dar al juez elementos precisos para determinar qué protección individualizada y personalizada requiere cada víctima. En cualquier caso, ni este sistema ni ningún otro detectaron que Susana podía estar en peligro, que tenía un riesgo más que elevado de ser asesinada, y por tanto no se pusieron en marcha los medios humanos, ni materiales, ni telemáticos, necesarios para salvarle la vida. Y no es un hecho aislado: el 18 de diciembre en Ciudad Real pasó algo similar.


Señora Aído, no sirve de nada aprobar instrumentos que después son incapaces ustedes de desarrollar adecuadamente; pasó con el tema de los brazaletes. Ustedes prometieron 30.000 brazaletes y hay poco más de 500 puestos en marcha. Hace unos años, el señor Caldera nos prometió 25.000 pulseras de teleasistencia y no han llegado a más de unas 10.000. Todos los instrumentos que ustedes están prometiendo no están funcionando y me gustaría saber a qué conclusión han llegado y qué razones nos puede dar de ello.


La señora PRESIDENTA: Señora Aído, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, he de decirle que me parece profundamente irresponsable y que además hace un flaco favor a la confianza de las víctimas y de la sociedad en su conjunto en la lucha contra la violencia de género que se trate de utilizar un caso puntual, como el sucedido en Málaga el pasado 12 de febrero, para cuestionar todo el sistema de protección y de atención a las víctimas de este tipo de violencia. Máxime cuando los datos están ahí. Estamos hablando de un sistema que protege a más de 96.000 mujeres en nuestro país, de las que 31.000 cuentan en estos momentos con protección policial activa. En el caso concreto de Málaga es cierto que hubo un problema, que tenemos perfectamente claro dónde se produjo, pero le puedo garantizar que ese problema no tuvo nada que ver con la conducta planificada y premeditada del agresor, quien es, como siempre, el único culpable.


Mezcla usted en su pregunta, probablemente de manera intencionada, dos cuestiones completamente diferentes; por una parte la valoración policial del riesgo y, por otra, la asistencia telefónica. Con respecto a la primera de ellas, la valoración inicial del riesgo se realiza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante un criterio fijado, sin perjuicio de que el órgano judicial solicite una valoración adicional a través de las unidades de valoración forense. Y con respecto a la segunda, la asistencia telefónica, es fundamentalmente una medida de acompañamiento en el proceso de recuperación de la víctima. Es un servicio que atiende a más de 9.000 mujeres en nuestro país, que durante 2010 realizó 650.000 llamadas de seguimiento y que atendió más de 200.000 consultas. Estas son las cifras y detrás de ellas hay mujeres que están luchando todos los días por salir de los malos tratos. Ahí están los datos, puede juzgar usted misma. Desde luego, a este Gobierno no nos va a encontrar en un cruce de acusaciones sobre qué administración tiene o no la responsabilidad ante un determinado caso. El culpable, señoría, siempre es el mismo, el agresor.


La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene treinta segundos.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señoría, no es un caso concreto, y usted lo sabe, es la irresponsabilidad de este Gobierno. Lo que nosotros, por responsabilidad con las víctimas, no vamos a hacer es consentir su incompetencia en esta cuestión, ser cómplices de su parálisis, de su falta de eficacia. Llevan ustedes instalados mucho

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tiempo en la autocomplacencia y en la falta de un análisis crítico. La ley integral no puede servirles de excusa para no hacer nada. Son ustedes un gobierno paralizado, agotado, desnortado, un gobierno sin presente y sin futuro.


La señora PRESIDENTA: Ha terminado su tiempo, señora Camarero.


Señora secretaria de Estado, tiene un minuto y veinte segundos.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Autocomplacencia, ninguna, señoría, de hecho no paramos de adoptar medidas en colaboración con las distintas administraciones, porque obviamente todas en el ámbito de nuestras responsabilidades tenemos que luchar contra esta forma de violencia tan deleznable. Lo que sí es difícil de entender es cómo se puede tratar de relacionar un homicidio llevado a cabo en febrero de 2011 con la solicitud de un recurso de asistencia realizada en julio de 2010. Y más difícil todavía de entender es cómo puede llegar a la conclusión de que las limitaciones que tiene el sistema son un fracaso de la valoración policial del riesgo del sistema de teleasistencia, cuando los datos lo que indican es precisamente todo lo contrario. Se los he dado antes, señoría, se los he dado antes. La inmensa mayoría de las mujeres valoradas y de las usuarias de la teleasistencia logran una mejor asistencia y una mejor protección gracias a los recursos disponibles.


Hay que insistir en la culpabilidad del agresor, es siempre el único responsable, el único culpable. Y desde luego las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de ir de la mano, porque desgraciadamente nos queda mucho camino por recorrer en la lucha contra la violencia de género.


DEL DIPUTADO DON JOSEBA AGIRRETXEA URRESTI, DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE:

- VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 181/003389.)

La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, tiene la palabra para formular su pregunta.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señora secretaria de Estado, bienvenida. La pregunta que voy a realizar yo no tiene trampa, porque parece que siempre todas las preguntas deben tenerla; la mía, esta primera, no tiene trampa.
Solo quiero tener información, porque es lo que no hemos tenido. Esta Comisión, como usted bien sabe, trabajó, desarrolló y aprobó una de las leyes más complicadas y más confrontadas de esta legislatura. Algunos participamos muy activamente en la elaboración y verdaderamente creo que fue un buen trabajo parlamentario, independientemente de que el resultado a algunos les satisfaga más o les satisfaga menos y de si el texto es el que a todos nos hubiera gustado o no. La verdad y la realidad es que ya está en vigor la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, como decía, una ley que generó mucha controversia. Pero lo que no hemos tenido es, en el momento en que se empezó a aplicar, una información detallada y una información, digamos, objetiva de los resultados de esa aplicación.


La pregunta se la formulo quizá de diferente manera a como está formulada en el texto, porque hablar de valoración puede ser muy subjetivo; me gustaría un planteamiento más objetivo. ¿Cuál es la percepción objetiva que tiene el Gobierno de la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo?

La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, como usted bien sabe, entró en vigor el pasado 5 de julio de 2010. Desde esa fecha a esta parte se ha elaborado y aprobado la estrategia nacional de salud sexual y reproductiva en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en colaboración con las comunidades autónomas, las sociedades científicas, personas expertas y distintos colectivos implicados. Asimismo realizamos el desarrollo reglamentario de la ley a través de dos reales decretos, que regulan cuestiones como la composición de los comités clínicos, la información previa a las usuarias, la acreditación de los centros o el tratamiento de los datos, entre otras. Señoría, aún estamos pendientes de recibir los datos pormenorizados de todas las comunidades autónomas en relación con la aplicación de la ley. En cuanto dispongamos de los mismos, obviamente, como no puede ser de otra manera, realizaremos una evaluación exhaustiva para valorar el primer año de aplicación de la ley.


Quiero subrayar, porque me preguntaba su señoría acerca de mi percepción, que la ley es perfectamente aplicable y que se encuentran claramente delimitadas las competencias autonómicas y estatales. Es cierto que se están produciendo determinadas anomalías, no tengo ninguna duda de que las incidencias y las anomalías que se están produciendo en el desarrollo de esta ley por parte de determinadas comunidades autónomas obedecen más a planteamientos ideológicos que a dificultades reales. Vemos cómo donde hay problemas gobiernan partidos que se opusieron a esta ley en el Parlamento. Por ello, considero que no aplicar correctamente esta norma constituye un fraude, no solo a esta Cámara, sino al conjunto de la ciudadanía y, conforme a lo previsto por el artículo 4 de la ley, que garantiza la igualdad en el acceso a la prestación, estamos estudiando todas las

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incidencias durante este primer año para actuar de forma conveniente en cada uno de los casos.


La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, tiene todavía casi un minuto y medio de su tiempo.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Casi no lo voy a emplear. Yo hablaba de su elaboración. Podemos diferenciar perfectamente. Sí nos gustaría, por lo menos a mi grupo, que desde su ministerio o desde su secretaría de Estado, en el momento en que tenga una información objetiva con datos de cómo se está aplicando, con qué incidencia en cada una de las comunidades autónomas, qué problemas están surgiendo, qué tipos de problemas y qué solución está dando el Gobierno a esos problemas que se están dando, nos la diera para que los grupos parlamentarios pudiéramos hacer una valoración. Mientras tanto, esperaremos y solamente queremos que asuma usted el compromiso de informar a esta Cámara de la valoración ya objetiva de la aplicación de esta ley.


La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, tiene todavía un minuto y treinta segundos.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, por supuesto, en cuanto dispongamos de toda la información pormenorizada la trasladaremos a esta Cámara, como no puede ser de otra manera. Quiero insistir en que la ley es perfectamente aplicable y se está demostrando en los casos de comunidades como, por ejemplo, Andalucía o Asturias, donde sí existe voluntad de aplicarla y así se hace. No le quepa la más mínima duda de que vamos a velar por que las comunidades autónomas establezcan los recursos precisos para garantizar esta prestación sanitaria, como le puedo garantizar que vamos a continuar trabajando para el desarrollo de la estrategia de salud sexual y reproductiva, para conseguir ese objetivo marcado de reducir el número de embarazos no deseados y el número de interrupciones voluntarias del embarazo. En 2009, por primera vez en la historia de nuestro país, se registró un descenso en el número de abortos y vamos a continuar esa senda marcada de trabajar en prevención, trabajar en información, en formación de profesionales y en responsabilidad en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, porque tenemos la convicción de que ese es el camino adecuado y de que recorrerlo termina dando sus frutos.


- FUNCIONES DE LA OFICINA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 181/003390.)

La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, tiene nuevamente la palabra para formular la segunda pregunta que tiene, según figura en el orden del día.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señora secretaria de Estado, en la página web de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Política Territorial y Administración Pública aparece un apartado que es: servicios que ofrecen las delegaciones del Gobierno y subsidiariamente las subdelegaciones en cada una de las provincias, en nuestro caso territorios históricos, que dependan de la comunidad autónoma. Hay una retahíla de funciones y hay un apartado que dice: Actuaciones contra la violencia de género. En la Unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer se prestan los siguientes servicios: apoyo a la protección integral de las víctimas de violencia de género, seguimiento de las situaciones de violencia de género, elaboración de informes de los ministerios competentes.


Señora secretaria de Estado, conociendo como conozco cuáles son las competencias del Gobierno central y cuál es el régimen competencial del Gobierno vasco en este caso, le formulo la pregunta tal y como está escrita: ¿Cuáles son las funciones de la Oficina contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco?

La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Las unidades de coordinación de violencia sobre la mujer y las unidades de violencia sobre la mujer creadas en 2007 en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno tienen una serie de funciones asignadas, como el apoyo a la protección integral de las víctimas o el seguimiento individualizado de los casos que se producen en el territorio, con especial atención a los calificados de mayor riesgo o el análisis de los mismos, entre otras.
Estas funciones son iguales en todas las provincias y en todas las comunidades autónomas. Constituyen además para el Gobierno un cauce de comunicación y una referencia, tanto de recepción como de difusión de la información en los distintos territorios y comunidades autónomas, en relación con la lucha frente a esta violencia. Es una tarea a través de la cual acumulan una valiosa experiencia que nos sirve para contar con un diagnóstico de la situación de cada comunidad y, en consecuencia, para mejorar las acciones que desarrollamos desde las distintas administraciones en la lucha contra esta lacra social.


La señora PRESIDENTA: Señor Agirretxea, tiene casi dos minutos.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Las competencias de coordinación y ejecución de las políticas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres se encuentran, en el caso que a mí me compete, en las instituciones vascas, tanto en el ámbito autonómico como en los ámbitos forales y municipales, y esas competencias dotan de estructuras dirigidas al diseño, planificación, ejecución y

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evaluación de dichas políticas. Durante los últimos veinte años nuestra comunidad ha puesto en marcha programas de investigación, sensibilización, formación y prevención y atención dirigidas a profesionales de diferentes ámbitos, a la comunidad educativa, a las propias mujeres víctimas y a la sociedad en general. En este recorrido se han establecido los canales de interlocución con el resto de las autonomías y con el propio Gobierno central, a través de las conferencias sectoriales, donde se ha buscado la colaboración, el intercambio de buenas prácticas en materia de igualdad entre hombres y mujeres y por tanto también en materia de violencia contra las mujeres.


Verdaderamente, no tienen ningún sentido unas delegaciones en esta materia, a no ser que ustedes pretendan plantear un movimiento de contenido político más que de contenido de eficacia, para dejar claro que el Gobierno español tiene estructuras de coordinación, en este caso en Euskadi, aunque no le correspondan competencialmente. Además, la paradoja más grande es que lo que, estando en el Gobierno, mi partido no hizo, estando en el Gobierno vasco su partido sí lo ha hecho, pues dentro del Departamento de Interior ha creado una oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, cosa de la que mi partido siempre ha estado en contra porque no consideramos que es un tema de Interior, es un tema mucho más transversal. Para eso estaba Emakunde, que tenía esas funciones y el señor Rarés, consejero in pectore, ha creado una oficina de atención. Si le leo las funciones que tiene, es que no sé si las tiene su secretaría de Estado incluso, porque son 15, solamente dedicadas a atención a víctimas de violencia de género.


La señora PRESIDENTA: Ha terminado su tiempo, señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Por lo tanto creo que no tiene ningún sentido.


La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, tiene dos minutos y treinta segundos para contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señor Agirretxea, creo que la inversión de recursos, tanto por parte del Gobierno central, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, de los ayuntamientos, en la lucha contra esta forma de violencia, no solo no es un problema sino todo lo contrario, es una forma de sumar esfuerzos, de aunar voluntades. Sin duda, la lucha contra la violencia de género requiere de la máxima implicación, de la colaboración y de la coordinación entre las distintas instituciones. Solo así podemos ofrecer la mejor de las respuestas a las mujeres que sufren este tipo de violencia. Es la mejor fórmula para trabajar en la prevención y en la detección temprana, para concienciar a la ciudadanía de que acabar con el fenómeno de la violencia es una responsabilidad compartida.


Con ese ánimo, señoría, el Gobierno creó las unidades de violencia, integrándolas en su estructura territorial, y con ese ánimo trabajamos con las comunidades autónomas desde la colaboración y la coordinación. Y en el caso concreto de Euskadi, no se preocupe, señoría, porque me satisface informarle de que no hay ningún problema de coordinación con el Gobierno vasco, ningún problema de coordinación con esa oficina creada en el Departamento de Interior; todo lo contrario, las relaciones son excelentes, las competencias de cada administración están perfectamente definidas y entre ambas existe una buena relación de cooperación en este asunto. Considero además que este ánimo de colaboración mutuo es el que la sociedad y las víctimas particularmente esperan y desean de las administraciones.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE INTENCIÓN DE COLABORAR CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD DE VALORACIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CON SEDE EN EL CAMPO DE GIBRALTAR Y ASÍ EVITAR EL TRASLADO A CÁDIZ DE LAS VÍCTIMAS PARA SU EVALUACIÓN. (Número de expediente 181/001671.)

La señora PRESIDENTA: Señor Landaluce, tiene la palabra en nombre de su grupo para formular la pregunta.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Señora secretaria de Estado, señorías, todos sabemos en esta Comisión y en cualquier otra que la violencia de género sigue siendo ese fatal protagonista de la vida diaria en el seno de muchas familias españolas, y la provincia de Cádiz no se libra de ello.
Dentro de la provincia de Cádiz, la comarca del Campo de Gibraltar, que cuenta con un juzgado de violencia en Algeciras, también tiene ese negativo protagonismo. Durante el pasado año, para buscar las cifras, si contabilizamos los once primeros meses, se registraron en el juzgado 225 casos relacionados con la violencia en el entorno familiar. De ellos, más de la mitad correspondía a víctimas de las principales localidades, Algeciras y La Línea, en concreto 130 -67 de Algeciras, 63 de La Línea-, y el resto se repartía por los otros cinco municipios que conforman el Campo de Gibraltar.


En la actualidad, como bien conoce la secretaria de Estado, la Unidad de valoración de víctimas de violencia doméstica más cercana está en la capital de su provincia, que también es la mía, en Cádiz capital. A la hora de acceder a este servicio, estas víctimas tienen que soportar más de cien kilómetros de distancia, hecho al que hay que añadirle que las mujeres y los niños en algunos casos están ya de por sí en delicada y desagradable situación y también el gasto, el esfuerzo y el riesgo en las carreteras. Sabemos que la comunidad autónoma es la responsable

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en materia de administración de justicia y por tanto corresponde a la Junta de Andalucía llevar a cabo la instauración de una unidad integral de valoración para las víctimas de malos tratos en el partido judicial de Algeciras. Confiamos en que la Secretaría de Estado de Igualdad debe asumir una parte de la responsabilidad a la hora de poner en marcha políticas activas que den solución a los problemas de estas víctimas a manos de sus agresores.


Como sabemos, las unidades de valoración forense integral tienen como principal función auxiliar al juez al evaluar la situación del riesgo que concurre en cada caso, efectuada por un equipo multidisciplinar, con esa especialización y esas habilidades necesarias para poder obtener un diagnóstico más certero que el que se puede actuar en este momento en los primeros datos con que se cuenta al inicio de las causas. Una de las conclusiones aprobadas en la subcomisión sobre el desarrollo de implantación de la ley integral que tuvo lugar en el seno de esta Comisión de Igualdad hacía referencia a la necesidad de una mayor implantación de las unidades forenses de valoración integral, así como fomentar que su valoración sirva como prueba pericial en el juicio oral, que nos va a servir también para disminuir la impunidad del agresor. Son unidades que cuentan con un equipo multidisciplinar, con personal especializado en violencia de género, que auxilia eficazmente a los jueces en la valoración en cada caso de violencia, de manera que puedan adoptarse las medidas que protejan más eficazmente a las víctimas como consecuencia del conocimiento exhaustivo y especializado, en su caso, impidiendo de esta manera que los asesinatos de mujeres que solicitaron medidas de protección se puedan continuar.


Retomando el epígrafe de la pregunta, señora secretaria de Estado, y con esto termino: ¿Cuáles son las previsiones de colaboración del Gobierno para la creación de una unidad de forensía integral que valore a las víctimas de violencia de género en el Campo de Gibraltar?

La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señor Landaluce, como bien expone, las unidades de valoración forense integral son recursos de la Administración de Justicia, por lo que en Andalucía su organización depende de la comunidad autónoma, que tiene transferidas las competencias en esta materia. En el caso de Andalucía, contamos con ocho unidades de valoración integral, una en cada capital de provincia, incardinadas en las sedes del Instituto de Medicina Legal. Pero la información relativa a nuestra provincia no se ajusta a la realidad. En el caso de la provincia de Cádiz, y dada la singularidad de la misma, este instituto tiene una sede central ubicada en Cádiz capital y un área comarcal en el Campo de Gibraltar, con sede en Algeciras, que atiende a los partidos judiciales de Algeciras, San Roque y La Línea de la Concepción. Señoría, por tanto, la valoración forense en los procesos instruidos por los juzgados con competencia en violencia sobre la mujer del Campo de Gibraltar se lleva a cabo en la sede del área comarcal por el personal médico forense adscrito a la misma.


La señora PRESIDENTA: Señor Landaluce, tiene siete segundos.


El señor LANDALUCE CALLEJA: En cuando al fiscal de Violencia de Género que ustedes durante dos años eliminaron se equivocaron y han rectificado.
Espero que en esto también rectifiquen.


La señora PRESIDENTA: Señor Landaluce, ha concluido su tiempo.


Señora secretaria de Estado, tiene dos minutos y un segundo.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, la información es la que se me traslada por parte de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, las víctimas no tienen ninguna necesidad de desplazarse, es un equipo el que atiende en esa área comarcal; incluso, si se requiere de informes periciales adicionales, es el equipo de la sede central el que tendría que desplazarse, el que podría desplazarse al área comarcal. Esa es la información de la que dispongo. En cualquier caso, todas las administraciones somos conscientes de la singularidad del Campo de Gibraltar. De hecho, son muchos los recursos disponibles en la comarca. Permítame recordarle, por ejemplo, que el primer juzgado de Violencia sobre la Mujer en la provincia de Cádiz precisamente se situó en Algeciras, o que recientemente se ha recuperado, como usted recordaba, la Fiscalía de Violencia de Género como parte de la Fiscalía de área de Algeciras, cuestión que usted mismo reclamó en su momento. Se suman a estos recursos aquellos destinados a la atención policial de las víctimas de violencia de género, con unidades del servicio de atención a las familias en las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras y de La Línea.


Señoría, considero que no podemos hablar ni de desatención a las víctimas ni de falta de sensibilidad de las administraciones hacia la comarca del Campo de Gibraltar.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO URIARTE AYALA, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA MEJORAR LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR. (Número de expediente 181/002382.)

La señora PRESIDENTA: Señor Uriarte, tiene la palabra para formular su pregunta.


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El señor URIARTE AYALA: Hace pocos días estábamos celebrando todos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y, entre otras cosas, se aprovechó la ocasión para plantear la necesidad de la igualdad real entre hombres y mujeres, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida familiar y laboral a través de nuevas vías. Todo el mundo sigue dibujando grandes pretensiones y grandes avances, pero, señorías, las grandes conquistas de un país se logran paso a paso, andando con pasos firmes y sin dar un paso atrás. Y ese día se habló de todo pero no se habló de que ustedes, el Gobierno socialista, han dado un paso atrás en el derecho de los hombres al permiso de paternidad, que es un paso fundamental para alcanzar la igualdad real y descargar las obligaciones y renuncias que tienen que hacer las mujeres que quieren seguir trabajando y que quieren conciliar la vida laboral y familiar.


Aprovechando la pregunta sobre las campañas realizadas para mejorar la corresponsabilidad familiar, quería preguntar a la secretaria de Estado qué iniciativas tiene en este camino de la igualdad real.


La señora PRESIDENTA: Señora Aído, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señor Uriarte, me sorprende que diga usted esto en sede parlamentaria; permítame recordarle que fue el Gobierno socialista el que desarrolló e impulsó la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres que recoge la creación del permiso de paternidad, al que ya se han acogido más de 800.000 hombres que han sido padres en nuestro país. Es decir, en absoluto hemos dado un paso atrás, sino todo lo contrario, ha sido el Gobierno socialista el que puso ese permiso de paternidad encima de la mesa, porque entendemos que la conciliación no puede verse como un problema exclusivamente de las mujeres. La conciliación no es un problema, es un derecho, y desde luego lo es para las mujeres y para los hombres. Y le puedo garantizar que el Gobierno socialista es el que más ha hecho por la conciliación y por la corresponsabilidad de toda la historia en nuestro país.


La señora PRESIDENTA: Señor Uriarte, tiene dos minutos.


El señor URIARTE AYALA: Estamos de acuerdo en esto, secretaria de Estado, en que desde luego hace falta la complicidad de los hombres en estas políticas de igualdad real y que se nos permita también adquirir ciertos derechos, derechos que sí se han cargado ustedes de un plumazo y que han ido en contra de la propia Ley de Igualdad de 2007, que fue cuando se amplió el permiso de paternidad a cuatro semanas en los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Lo han hecho con la excusa de la crisis y porque esta ampliación tenía un coste de 200 millones de euros. Así desde luego no van a solucionar los problemas de España, pero sí se suman, señora secretaria de Estado, a los recortes en políticas sociales que el Gobierno socialista se ha obligado a hacer en los últimos meses. Ese permiso de paternidad de 13 días que sería ampliado hasta las cuatro semanas el 1 de enero de 2012 sí lo han echado atrás, sí lo han recortado, y sí han dado un paso atrás en políticas de igualdad para las mujeres del país.


La señora PRESIDENTA: Señora Aído, tiene dos minutos y veinte segundos.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Sí, señoría, puede tratar de negar la evidencia, pero fue el Gobierno socialista el que creó el permiso de paternidad a través de la aprobación de la Ley de Igualdad, ley que, por cierto, ustedes no apoyaron, como no han apoyado ninguna de las leyes que suponen avanzar en la ampliación de derechos sociales o en igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Desgraciadamente, nos hubiera gustado encontrarles en ese camino en alguna de las ocasiones.


Lo que sí es cierto y se lo decía al inicio es que ha sido este Gobierno el que más ha apostado por la corresponsabilidad y por la conciliación. Y no solo lo ha hecho a través de campañas, que sin duda sirven para concienciar a la ciudadanía acerca de la importancia de este tipo de políticas y acerca de la importancia de que compartamos espacios privados y espacios públicos, sino también con medidas concretas. No solo el permiso de paternidad, la Ley de Igualdad también establece los planes de igualdad, obligando a su implantación en las grandes empresas, y esta es la mejor herramienta para avanzar en conciliación, para avanzar en corresponsabilidad. Por ello también apoyamos su desarrollo en las pymes.
Hemos creado el distintivo de igualdad precisamente para reconocer a aquellas empresas que apuestan por la flexibilización de los horarios, por la conciliación, por la corresponsabilidad o por la representación equilibrada en los ámbitos de decisión. Hemos puesto en marcha con las comunidades autónomas el Plan Educa 0 a 3 para la financiación de las plazas de educación infantil de 0 a 3 años; se han reconocido los periodos de excedencia por cuidado como periodos de cotización efectiva, y serán ampliados, por cierto, de dos a tres años en virtud del reciente acuerdo social y económico suscrito entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales; se han equiparado los derechos y prestaciones por maternidad y paternidad a los trabajadores por cuenta ajena, etcétera.


Nos queda mucho, señoría, pero creo que la implicación y el compromiso del Gobierno en esta materia son claros.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA EVA DURÁN RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE AUTORÍA DEL ESTUDIO DE TRAYECTORIA DE ESCOLARES NIÑAS GITANAS EN PRIMARIA. (Número de expediente 181/002674.)

La señora PRESIDENTA: Señora Durán, tiene la palabra para formular su pregunta.


La señora DURÁN RAMOS: Señora Aído, quiero agradecerle de antemano la explicación que seguramente me va a dar para enriquecer de qué forma se ha hecho -y se lo podíamos escuchar a la directora general del Instituto de la Mujer hace aproximadamente ahora un año en su comparecencia- un estudio de trayectorias escolares de niñas gitanas en primaria. Quiero saber en qué consiste este estudio, quién lo ha elaborado, dónde y qué presupuesto ha tenido.


La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, el estudio sobre la evaluación de la normalización educativa de las alumnas y los alumnos gitanos en educación primaria al que pienso que usted se está refiriendo fue elaborado el pasado año por la Fundación Secretariado Gitano, con la financiación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, y del Ministerio de Educación, a través del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa. Es un estudio que está contemplado tanto en el plan de igualdad de oportunidades como en el plan de acción para el desarrollo de la población gitana 2010-2012.


La señora PRESIDENTA: Señora Durán, tiene dos minutos todavía de su tiempo.


La señora DURÁN RAMOS: Señora Aído, nos preocupa el pueblo gitano y nos preocupan las mujeres gitanas. Sabe muy bien la problemática que hay a la hora de ir cumpliendo su propia cultura y a la hora de ir quitando a los menores, más a las niñas que a los niños, de la educación. Sí es verdad que se ha conseguido mucho en primaria, pero ahora nos preocupa la secundaria. Todos conocemos el trabajo y la labor que con las diferentes subvenciones el Secretariado Gitano y muchas entidades gitanas trabajan para evitar justamente lo que en el año 2011, en el siglo XXI, está ocurriendo todavía en muchas poblaciones de España. También, como diputada por Madrid y concejala en un distrito donde tengo la suerte de convivir con un número importante de familias gitanas, nos preocupa este problema. Yo creo que desde las diferentes administraciones se está trabajando muy bien con el absentismo escolar, colaborando y tratando de que, con muchos programas, evitemos este fracaso escolar, que aumenta el porcentaje, lógicamente, por el pueblo gitano y por estas niñas a las que se evita la posibilidad de tener una formación.


Nos preocupa también que, con los recortes sociales que el Instituto de la Mujer ha tenido lógicamente, reduzca ahora mismo la posibilidad de que estas entidades puedan seguir trabajando en evitar que estas niñas puedan terminar no solamente la primaria. Efectivamente ahora mismo el porcentaje de niñas escolarizadas, niños escolarizados gitanos, ha aumentado bastante y terminan la primaria, pero nos preocupa la secundaria; no sé si en el instituto tienen previsto que pueda haber un estudio y las ayudas correspondientes con relación a estas entidades para contribuir entre todos, entre todas las administraciones locales, autonómicas y estatales, a que estas niñas tengan la posibilidad de tener derecho a esta educación.


La señora PRESIDENTA: Señora Durán, su tiempo ha terminado.


Señora secretaria de Estado, le restan dos minutos y veinte segundos para contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, me satisface especialmente su preocupación acerca de un asunto como este.
Obviamente, para la Secretaría de Estado de Igualdad y para el Instituto de la Mujer también lo es, como hemos venido demostrando en toda nuestra trayectoria. Obviamente, los estudios y las investigaciones que se realizan desde el Instituto de la Mujer están sometidos a unos criterios de transparencia y de rigor, son convocatorias perfectamente transparentes y por tanto, en función de cuáles sean los estudios y las solicitudes que se realicen y en función de lo que determinen las comisiones de evaluación, podrá realizarse o no un estudio de las características del que usted plantea de cara a la próxima edición. En cualquier caso, está más que demostrada la implicación del Gobierno en lo que tiene que ver con la integración de la población gitana en nuestro país. Trabajamos de manera estrecha con la mayoría de asociaciones y organizaciones que representan al pueblo gitano en nuestro país, trabajamos no solo con la Federación Secretariado Gitano, también con Unión Romaní, con la asociación nacional Presencia Gitana, Alboreá, Camira, iniciativa gitana Gaz Caló, etcétera.


Y no nos quedamos solo ahí. Creo que hemos hecho una seña de identidad de este Gobierno precisamente de la lucha contra la discriminación, con iniciativas importantes, como la puesta en marcha del Consejo para la igualdad de trato y no discriminación de las personas por origen racial o étnico o la elaboración del anteproyecto de ley de igualdad de trato.
Entendemos que el pueblo gitano aún sufre rechazo, incomprensión y discriminación, y el trabajo por su integración es uno de nuestros objetivos, es uno de nuestros ejes de actuación. Por cierto, es reconocido en toda Europa como un referente a seguir, como tuvimos la oportunidad de comprobar en la II cumbre europea sobre población gitana celebrada en abril, el pasado año, en el marco de la Presidencia española del Consejo.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA BELÉN MARÍA DO CAMPO PIÑEIRO, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LA POBLACIÓN INMIGRANTE. (Número de expediente 181/002701.)

La señora PRESIDENTA: Es ahora el turno de la señora Do Campo para formular su pregunta.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señora secretaria de Estado de Igualdad, el año 2010 ha sido uno de los peores años de violencia de género junto con los años 2006 y 2007, en los que se produjo el mayor número de víctimas mortales. Muchas de estas víctimas son mujeres extranjeras que vinieron a nuestro país en busca de una oportunidad y que se encontraron, desgraciadamente, aquí con la muerte. Desde el Grupo Popular nos preocupa que el balance de violencia de género siga siendo muy negativo en nuestro país y que los datos a los que voy a hacer referencia, que no son nuevos y que son ya la manifestación de lo expresado en su día por la subcomisión de violencia de esta Cámara, que recomendaba al Gobierno que realizara estudios específicos que permitiesen visibilizar la incidencia de la violencia de género entre las mujeres inmigrantes.


Si hacemos una valoración de datos de mujeres víctimas de violencia, nos encontramos con que en 2003, de estas mujeres el 12,7 por ciento eran extranjeras, el 22 por ciento en 2004, el 28 por ciento en 2005, el 29 por ciento en 2006, casi el 40 por ciento en 2007, y se superó incluso el 43 por ciento en 2008; como vemos, incrementos sucesivos año tras año.
Incluso en 2008, la propia presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género había manifestado que el número de víctimas inmigrantes agredidas por sus parejas alcanzaba el 50 por ciento.


Señora Aído, en una pregunta parlamentaria en noviembre de 2008, usted, siendo ministra, respondía que se debería prestar una especial atención a dos colectivos especialmente: a los menores y a la población inmigrante, reconociendo ya en ese momento el incremento de víctimas mujeres inmigrantes, que pasaban del 22 por ciento del total de víctimas a un 45 por ciento en 2008. Y es por lo que usted nos anunciaba en ese momento el trabajo de un plan especial de atención e información que tuviese en cuenta a estas mujeres. Nos lo anunciaba sin detalle y, lo que es peor, sin presupuesto. Unos meses más tarde, señora Aído, volvía a reconocer usted públicamente que las mujeres extranjeras víctimas de violencia suponían un 37,5 por ciento de las mujeres asesinadas en lo que iba de año, alegando que su presencia estaba sobrerrepresentada respecto al resto de víctimas; también los asesinos, de los que el 43,8 por ciento era de nacionalidad extranjera. Es por lo que usted nos anunciaba ese plan de atención y prevención de la violencia de género en la población inmigrante 2009-2012, con una serie de objetivos y que se articularía en cinco: información, formación, sensibilización, atención específica e integración. En estas medidas usted quería destacar además la formación del personal, tanto de la Administración local como de las oficinas de extranjería; nos hablaba también de la reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo, que reconoce la condición de mujeres refugiadas a las víctimas de violencia.


Está claro que las mujeres extranjeras que han sufrido la violencia de género, con especiales circunstancias muchas de ellas, han hecho que las solicitudes de residencia temporal por circunstancias excepcionales debidas a razones humanitarias se hayan incrementado desde 2005 de manera significativa. El 31 de diciembre de 2009 eran ya casi 1.500 las víctimas extranjeras que habían obtenido la autorización de residencia temporal en España, lo que suponía casi un 44 por ciento de autorizaciones más que en el año 2008. Está aflorando que la violencia no solo se está frenando, sino que vemos cómo los datos se están incrementando. Por eso, señora secretaria de Estado, explíquenos qué falla para que el número de mujeres víctimas extranjeras siga aumentando; explíquenos por qué los planes se quedan en papel frío y no llegan a la realidad y ni siquiera tienen presupuesto y explíquenos por qué, a pesar del plan, estas mujeres no denuncian. Vemos cómo ha habido un número importante de denuncias presentadas por inmigrantes, que se ha reducido en el último año. Y lo peor es que casi el 60 por ciento no lo hace por miedo.


Señora Aído, estos datos nos hacen reflexionar y pedir que usted nos haga una valoración.


La señora PRESIDENTA: Señora Do Campo, su tiempo ha terminado.


Señora secretaria de Estado, puede contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, voy a tratar de realizarle una muy breve valoración del plan, porque me consta que disponemos de poco tiempo. Fue aprobado en Consejo de Ministros en enero de 2009, precisamente con la finalidad de mejorar la atención a un colectivo de víctimas que por su condición de extranjeras pueden presentar una mayor indefensión ante la violencia de género. Se puso en marcha con diferentes líneas de acción, cinco ejes, a los que usted ha hecho referencia. En cada una de ellas me gustaría destacar algunas de las actuaciones más significativas. En el ámbito de la información: ampliamos a 51 el número de idiomas en los que se atiende el 016, así como tradujimos impresos de solicitud de orden de protección o renta activa de inserción, entre otros. En el aspecto de la formación, suscribimos sendos acuerdos con Cermi y con la FEMP para la formación específica en la materia al personal de la Administración local. En lo referido a sensibilización, he de recordar la campaña Maltrato cero, desarrollada

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con la Secretaría General Iberoamericana, y en todas las campañas genéricas que realizamos incorporamos mensajes específicos dirigidos a la población inmigrante. En lo que se refiere a la atención, por una parte el Fondo de apoyo a la acogida e integración de los inmigrantes tiene en cuenta a las víctimas de violencia de género; y por otra, hemos introducido como uno de los criterios para el reparto del Fondo de asistencia social integral, tanto en 2010 como para este año, el criterio del número de mujeres inmigrantes. En lo que respecta a las medidas legales, no solo contamos con la reforma de la Ley de Asilo, a la que ha hecho referencia, sino que el actual reglamento de la Ley de Extranjería elimina la incoación automática de expediente sancionador a las víctimas en situación irregular que presenten denuncia. El plan finaliza en el año 2012, y en cuanto tengamos una evaluación del mismo, por supuesto que lo pondremos a disposición de esta Cámara. En estos momentos podemos hablar de que el nivel de cumplimiento está en torno a un 60 por ciento.


Le agradezco, señoría, que se preocupe por esta situación. Desde esta secretaría de Estado hemos sido conscientes desde el primer momento de la especial vulnerabilidad de las víctimas inmigrantes. Precisamente por ello, pusimos en marcha este plan de prevención de la violencia de género en la población inmigrante, y por eso quisimos priorizar esta cuestión en el reparto del fondo a las comunidades autónomas para la asistencia social integral; criterio que, por cierto, fue cuestionado por parte de algunas comunidades autónomas gobernadas por su partido, con el peregrino argumento de que así quitábamos dinero a las nacionales. Precisamente mañana celebramos la conferencia sectorial con las comunidades autónomas para repartir el fondo de 2010, con un enorme esfuerzo para mantener los recursos, teniendo en cuenta el contexto de rigor presupuestario que atravesamos. De nuevo vamos a mantener este criterio en esta nueva ocasión, y esperamos que ahora las comunidades autónomas gobernadas por su partido muestren la misma sensibilidad por esta cuestión que usted muestra hoy en esta Comisión.


DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE:

- NECESIDAD DE REALIZAR UN ESTUDIO, EN COLABORACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, PARA ANALIZAR EN PROFUNDIDAD LA SITUACIÓN DE LOS MENORES QUE VIVEN EN ENTORNOS FAMILIARES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, A FIN DE CONOCER SUS NECESIDADES REALES Y PODER EVALUAR LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LOS QUE DISPONEN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS MISMOS. (Número de expediente 181/003202.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Fernández Davila para formular su pregunta.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora secretaria de Estado, si hacemos esta pregunta al Gobierno es porque, aun siendo conocedoras de que existen por parte de los servicios sociales, y de acuerdo además con el punto 5 del artículo 19 de la Ley contra la violencia de género, mecanismos y servicios de atención a los menores que viven en entornos de violencia de género, en muchas ocasiones -puede que muchas ocasiones parezca exagerado, pero dado el tema del que hablamos algunas ocasiones son muchas ocasiones- nos encontramos con situaciones que, desde nuestro punto de vista, deben llevarnos a una reflexión en el sentido de buscar la mejor forma de atención a los menores que permita prevenir tanto un fin trágico, como en ocasiones hemos conocido, como situaciones continuadas de abuso o de maltrato a menores.


Somos conocedoras del estudio realizado por el Consejo General del Poder Judicial sobre violencia de género referido a los menores, en el que se pone de relieve la necesidad de actuar desde el primer momento en el que se tiene conocimiento de una agresión, abuso, maltrato, lesiones, abandono, amenazas, y por tanto de la necesidad de que se activen las medidas de protección sin esperar a la resolución de la investigación que debe efectuarse sobre el hecho denunciado. En consecuencia, se trata de agilizar los sistemas de tutela. Nosotros coincidimos con estas dos cuestiones que se recogen en este estudio, sobre todo porque, como digo, desgraciadamente conocemos casos en que, en ese tiempo que va entre la denuncia del posible delito y lo que entendemos, que además está suficientemente razonado, que debe ser la protección de la presunción de inocencia del denunciado, pues efectivamente nos encontramos con un tiempo en el que, al no habilitar la tutela necesaria sobre el menor, pueden estar consumándose los delitos, e incluso en algunas ocasiones, desgraciadamente, consumándose el delito de asesinato, y estoy pensando ahora en un tema muy concreto, que si bien es verdad que era razonable que la Guardia Civil no actuase porque el padre estaba en tiempo de disfrutar de la compañía del menor por sentencia judicial, también era razonable la preocupación de la madre por algún indicio que, efectivamente, al final constató el drama y la tragedia cuando ya no se podía hacer nada. Probablemente no se podría hacer nada, a lo mejor, si se actuara con antelación, pero lo que planteamos es la necesidad, de acuerdo con la experiencia que se tiene después de poner en práctica las medidas con las que contamos actualmente y de acuerdo con hechos concretos que demuestran que son insuficientes, la necesidad -además la reflexión cuenta incluso con ese estudio del Poder Judicial- de hacer un estudio.


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Davila, ha terminado su tiempo.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora secretaria de Estado, por favor, respóndanos en la dirección que le preguntamos.


La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, puede contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Sí, señoría, compartimos la preocupación; desde luego siempre es positivo profundizar en el conocimiento de los problemas para abordarlos de la manera más efectiva posible. El caso de los menores que viven en contexto de violencia de género siempre nos ha preocupado especialmente; de ahí nuestra colaboración con organizaciones como Save the Children para tener un mejor diagnóstico de la situación, o el convenio suscrito con la Universidad Complutense de Madrid, en el que también han colaborado las comunidades autónomas para analizar la violencia de género entre adolescentes. Asimismo, dentro de los grupos de trabajo del Observatorio estatal de violencia contra la mujer se han realizado dos informes sobre los menores víctimas de violencia, uno de ellos en relación con el supuesto síndrome de alienación parental y otro sobre los menores expuestos a la violencia de género que sufren sus madres.


En relación con el trabajo con las comunidades autónomas, el Gobierno acordó con ellas un protocolo marco de atención especializada de los menores que viven en estos contextos de violencia. Entre las actuaciones a financiar se establece de manera expresa la mejora del conocimiento acerca de este problema. Este año se podrá continuar trabajando en esta materia, ya que, a pesar del contexto y de los rigores presupuestarios, se mantiene una partida de un millón y medio de euros destinada a este fin. Además, me gustaría recordarle otras acciones importantes, como el convenio suscrito con la Fundación ANAR, que nos permite atención telefónica especializada a los menores que puedan verse en estas situaciones. Asimismo, estamos trabajando en el ámbito educativo con programas específicos; en la concienciación social, a través de campañas; y en la formación de los profesionales. Este tema nos preocupa especialmente. De hecho, el pasado 21 la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y esta secretaria de Estado mantuvimos una reunión con las organizaciones y colectivos dedicados a la protección de la infancia, con la finalidad de abordar esta problemática, y como resultado de esta reunión el Gobierno adquirió una serie de compromisos, como la inclusión de un capítulo específico en el plan de infancia. Todas las organizaciones, además, coincidieron en la necesidad de trabajar en detección precoz de esta violencia en menores a través del trabajo conjunto de los servicios de atención primaria y de pediatría.
Precisamente, la Secretaría General de Sanidad trabaja a día de hoy en la elaboración de un protocolo a este respecto. Conjuntamente con el Ministerio de Educación vamos a impulsar la coordinación entre los equipos de orientación de los centros educativos con los equipos de menores de los servicios sociales, asuntos todos estos que van a ser objeto de discusión en el foro conjunto que vamos a propiciar entre asociaciones de mujeres que trabajan en el ámbito de la violencia de género y asociaciones de infancia. En definitiva, señoría, no nos olvidamos de los menores, sino todo lo contrario; nos encontramos dando pasos junto a los colectivos implicados para tratar de hacer frente, de la manera más adecuada posible, a la situación que viven.


- INTERLOCUCIÓN MANTENIDA CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR NUEVOS JUZGADOS EXCLUSIVOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
(Número de expediente 181/003275.)

La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Davila, vuelve a tener la palabra para formular la siguiente pregunta que tiene.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Hacemos esta pregunta porque usted sabe, señora secretaria de Estado, que en diferentes ocasiones nuestro grupo ha solicitado al Gobierno la creación de nuevos juzgados de violencia de género en Galicia, y aquí en esta Comisión se ha acordado incluso a nivel de Estado incidir en esta cuestión. En esta ocasión, si hacemos esta pregunta es porque somos conocedores de que desde la sección del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial se comparte plenamente lo que estamos manifestando, incluso se ha hecho una propuesta al Gobierno para la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, en la medida en que desde este organismo se considera necesario ampliar esos juzgados en todo el territorio del Estado; aunque, evidentemente, por el conocimiento que tenemos nosotros, nos ciñamos al entorno de Galicia. Por eso le hacemos esta pregunta, señora secretaria de Estado.


La señora PRESIDENTA: Señora Aído, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, el Gobierno mantiene esa interlocución de manera permanente con el Consejo General del Poder Judicial. Sabemos que solo desde la colaboración y la corresponsabilidad podremos acabar con un problema tan grave como la violencia de género. La propia ley integral menciona de manera expresa la necesidad de esa colaboración. Para ello contamos con dos instrumentos específicos de encuentro, de análisis, de estudio y de elaboración de propuestas: por una parte, el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, y por otro el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, órganos donde coinciden tanto la Delegación del Gobierno para la violencia de género como el Consejo General del Poder Judicial. El consejo,

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por su parte, informa todos los años la propuesta de creación de nuevas unidades judiciales, como es preceptivo, pudiendo en cualquier momento trasladar al Gobierno sus estimaciones en las necesidades de la planta judicial. Existen mecanismos eficaces para asegurar la participación del Consejo General del Poder Judicial en el procedimiento de definición sobre los órganos judiciales a crear en cada sitio. La comunicación es fluida y constructiva.


En el caso concreto de Galicia, señoría, en 2010 el Gobierno, a partir de las peticiones de las distintas comunidades autónomas y de los tribunales superiores de justicia, elaboró una propuesta para crear 150 nuevas unidades y 50 jueces de adscripción territorial. Tres de esas unidades son nuevos juzgados de violencia sobre la mujer que ya están creados, en Gijón, en Alcobendas y en Alcorcón. El Consejo General del Poder Judicial informó dicha propuesta y sugirió la sustitución, además, de un juzgado de lo Penal previsto en Pontevedra por un juzgado de Violencia sobre la Mujer; tal petición no se aceptó por no corresponderse con la petición remitida por la Comunidad de Galicia. La interlocución existe con todos y cada uno de los poderes públicos y administraciones, que han de actuar conjuntamente; y las decisiones se toman llegando a acuerdos y contando con todas las opiniones pertinentes en cada materia. En el caso de Galicia fue el Gobierno autonómico quien no consideró necesaria la sustitución planteada.


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Davila, le restan dos minutos y medio.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora secretaria de Estado, por la información. Desde luego, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que en Galicia se creen más juzgados; en este momento solo hay dos, y desde luego, además del de Pontevedra que usted acaba de mencionar, nosotros pensamos que es necesario también en Ferrol, Santiago, Lugo y Ourense. De todas maneras, evidentemente nos parece muy importante la información que nos hace llegar en este momento de que en el de Pontevedra sí había posibilidades por parte del Gobierno, y más la consideración o la información positiva que pasaba el Consejo General del Poder Judicial, y de no estar en estos momentos aprobado es porque la Xunta de Galicia no lo ha manifestado. Eso nos parece muy importante, porque en la Xunta de Galicia, y concretamente en el Parlamento Galego, con anterioridad, es decir, estamos hablando de aproximadamente tres años, sí había un acuerdo de solicitar no solamente el juzgado de violencia de Pontevedra, sino los otros de los que estamos hablando. Por lo tanto, es lamentable que el Gobierno de Galicia no lo haya incluido en las consideraciones que hizo al Gobierno del Estado en esta materia. De todas maneras, señora secretaria de Estado, seguimos manifestando esa necesidad de juzgados de violencia de género en Galicia, porque desde luego, que se estén atendiendo los casos de violencia en los juzgados de Instrucción o de Primera Instancia está demostrando que no se está atendiendo debidamente a las mujeres, no solamente por el tipo de juzgados, sino porque estos no cuentan con el personal debidamente cualificado y de acuerdo con lo que se contempla en la Ley contra la violencia de género. Por eso insistimos en este tema, independientemente de la negligencia que tenga el Gobierno gallego, y trabajaremos en esta línea en Galicia. Pero seguimos insistiendo al Gobierno del Estado, que tiene que contemplar esta cuestión y hacer la gestión, aunque somos conocedores de que es al Gobierno gallego al que le corresponde solicitar al Estado la creación de estos juzgados. Por tanto, queremos manifestarle nuestra preocupación por esa cuestión, al margen de que, evidentemente, como digo, en Galicia hagamos nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante que informe hoy de que si el juzgado de violencia de género no está creado en Pontevedra es por negligencia del Gobierno de Galicia.


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández Davila, ha concluido su tiempo.


Señora secretaria de Estado, le resta un minuto y medio para contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Brevemente, señoría, quería insistir en que la interlocución entre las distintas administraciones es fluida, y que en este caso la necesidad de la creación de ese juzgado tiene que ser, obviamente, vista también por parte de la Xunta de Galicia, por parte del Gobierno gallego.


DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:

- ACCIONES PARA LA CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER. (Número de expediente 181/003361.)

- VALORACIÓN DE LA CREACIÓN DE ONU MUJERES QUE PASARÁ A COORDINAR TODAS LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN NACIONES UNIDAS. (Número de expediente 181/003364.)

- VALORACIÓN DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS POR SU ORIGEN RACIAL O ÉTNICO. (Número de expediente 181/003367.)

- PRINCIPALES INICIATIVAS PARA EL AÑO 2011 EN VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 181/003369.)

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La señora PRESIDENTA: Antes de entrar en la siguiente pregunta, he de advertir a sus señorías que el Grupo Parlamentario Socialista ha retirado las preguntas números 10, 13, 15 y 17 correspondientes al orden del día inicial, que no formarán parte, por tanto, de las preguntas que formulará el grupo parlamentario.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES GÁMEZ GARCÍA, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ACTUACIONES PARA PROMOVER LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL. (Número de expediente 181/003363.)

La señora PRESIDENTA: Señora Gámez, tiene la palabra para formular su pregunta.


La señora GÁMEZ GARCÍA: Señora secretaria de Estado, dentro de las actividades cotidianas de una persona, y que suponen, si cabe, el mayor desarrollo de su personalidad y autorrealización, está el desempeño de una actividad laboral. Esta actividad laboral, que en su desempeño acerca cada vez más a hombres y mujeres, ya que desde hace años las instituciones desarrollan políticas para romper desequilibrios, debe favorecer precisamente la eliminación de roles preestablecidos de carácter discriminatorio en el desarrollo de la actividad. De este modo, como instrumento de detección de desigualdades, como por ejemplo la diferencia de salarios, la adaptación al puesto o la conciliación, y de desarrollo de medidas adecuadas y efectivas contra las mismas, surgen los planes de igualdad en la empresa, que se desarrollan de forma obligatoria en las grandes empresas y de forma voluntaria en las pymes, esto es, en la mayor parte del tejido empresarial español, pero que se realizan también apoyadas con instrumentos y recursos públicos. Este mecanismo, tan adecuado para este fin, nació de la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ley muy discutida por algunos e incluso no apoyada y recurrida, pero que supone el establecimiento de una serie de medidas y actuaciones reales y adecuadas para salvar las discriminaciones, distancias e injusticias que a día de hoy siguen sufriendo las mujeres en el desarrollo de su vida por el mero hecho de su género. Por este motivo, señora secretaria de Estado, le pregunto cuáles son las actuaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para promover la creación e implementación de los planes de igualdad en el ámbito empresarial.


La señora PRESIDENTA: Señora Aído.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, destinada a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, para quienes no es obligatoria la implementación de planes de igualdad, pero que supone la mayor parte del tejido productivo en España, el Gobierno convocará en 2011 por cuarto año consecutivo la línea de ayudas para la puesta en marcha de este tipo de planes; planes que se han revelado como instrumentos eficaces a la hora de promover y garantizar la igualdad en el ámbito de la empresa, abordando asuntos como pueden ser la conciliación, la formación, la igualdad en el acceso y en la promoción a puestos de responsabilidad o la lucha contra el acoso laboral. Mediante la redacción y el desarrollo de estos planes, las propias empresas se convierten en protagonistas en el avance hacia una igualdad real y efectiva en el mercado de trabajo, lo cual implica, como demuestra la experiencia vivida en otros países, una mayor competitividad, un mayor producto interior bruto, a la vez que una mayor garantía de las prestaciones sociales. El número de empresas que han concurrido de manera competitiva a esta convocatoria ha ido en aumento, desde las 369 del año 2008 hasta las 600 del año 2010.


Una prueba más de la implicación cada vez mayor de las empresas con la igualdad la aportan las cifras del servicio de asesoramiento on line sobre planes de igualdad, un servicio disponible desde hace un año y que en sus seis primeros meses de funcionamiento recibió más de 7 millones de visitas y atendió más de 40.000 consultas individualizadas. Por tanto, señoría, tenemos medidas en marcha que están ofreciendo resultados. Si en 2009 el porcentaje de convenios colectivos publicados en el Boletín Oficial del Estado, que contenía previsiones relativas a la elaboración de planes de igualdad, era de un 34 por ciento, en el año 2010 este porcentaje alcanzaba el 61,5 por ciento. Continuaremos, pues, incentivando los planes de igualdad en la pequeña y mediana empresa, a la vez que vigilando su cumplimiento en aquellas empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras en plantilla, a través de planes de inspección específicos como los que venimos realizando desde el año 2008.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MACARENA MONTESINOS DE MIGUEL, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DEL HECHO DE QUE LA MAYORÍA DE LAS MUJERES ASESINADAS EN EL AÑO 2011 NO HUBIESEN DENUNCIADO A SU AGRESOR O TUVIESEN UNA ORDEN DE PROTECCIÓN. (Número de expediente 181/003372.)

La señora PRESIDENTA: Me comenta la señora Montón Giménez que la señora Corral se ha tenido que ausentar, por tanto vamos a pasar a la siguiente pregunta por orden de registro, que es la de la señora Montesinos.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: ¿Qué valoración hace la secretaria de Estado del hecho de que

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la mayoría de las mujeres asesinadas en el año 2011 no hubiesen denunciado a su agresor o tuviesen una orden de protección?

La señora PRESIDENTA: Señora Aído, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, agradezco su interés y preocupación al tomar conciencia del problema que significa que muchas mujeres que están sufriendo violencia por parte de sus parejas no lo denuncien. Sin duda alguna, en ningún otro tipo de violencia ocurre algo similar; esta situación nace de la desigualdad que lleva a muchos hombres a entender que el recurso de la violencia es algo admisible, y a muchas mujeres a entender que se trata de cuestiones privadas que han de ser resueltas en el contexto en que se producen. Sin embargo, la situación está cambiando en nuestro país; cada vez son más las mujeres que salen de la violencia, muchas más las que denuncian.
Concretamente, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, que hace referencia a los tres primeros trimestres de 2010, se ha producido un incremento del 10,2 por ciento, lo cual demuestra que cada vez le estamos restando espacio a la desigualdad y a la violencia de género y se lo estamos dando a la convivencia y a la igualdad. En cualquier caso, señoría, es una cuestión en la que tenemos que seguir incidiendo. Por eso, en cada uno de los mensajes y campañas de sensibilización que llevemos a cabo en este año se insistirá en la importancia de la denuncia.


La señora PRESIDENTA: Señora Montesinos, tiene casi tres minutos.


La señora MONTESINOS DE MIGUEL: En primer lugar, quería decirle a la secretaria de Estado que los datos que usted baraja o los porcentajes que usted aplica no corresponden con los mismos que está facilitando el ministerio, porque no olvidemos que este año ya llevamos 14 víctimas y solo el 21 por ciento de ellas había denunciado; y que el año pasado desgraciadamente fueron 73 víctimas y solo un 30 por ciento había denunciado. Por tanto, algo está fallando. Fíjese, si comparto algo con usted después de haberla oído a lo largo de toda la mañana es que el único culpable es el agresor; pero desde luego, para mí el único responsable es el Gobierno; y esto es lo mismo que ustedes decían cuando éramos nosotros los que estábamos en él. Por tanto, no vamos a entrar en ese asunto, que creo que compartirá usted, seguro, conmigo.


Mire, su política está fracasando absolutamente. Primero, ni somos referente en Europa, ni ha mejorado la atención integral; por contra, como decíamos, se están incrementando alarmantemente los casos de violencia. Este Gobierno no consigue dar confianza a las mujeres para que denuncien, porque si no, las cifras no serían las que son, que son las que están publicadas, y yo me las he bajado de la página del ministerio.
Y entre otras cosas, las medidas estrella que ustedes pusieron en marcha a lo largo de su mandato, una de ellas que yo recuerdo de su comparecencia, que es la famosa del teléfono para atender a los agresores, además de costarnos 800.000 euros -y no ponga esos gestos-, además de esos 800.000 euros, resulta que ha tenido que ser colgado, es decir, cerrado, cortada la línea. Pero lo alarmante, además, es que sean cada vez más las víctimas y menos las denuncias que se presentan.


Señoría, nuestro grupo siempre ha colaborado al máximo, y buena prueba de ello es la labor y la tarea que desarrollamos a lo largo de lo que duró la subcomisión de Violencia de Género. Pero ustedes han incumplido, que esa es su práctica habitual, el 80 por ciento de las recomendaciones que allí se acordaron: ni han incrementado la financiación, ni han mejorado la atención, ni se les protege adecuadamente a las víctimas. Mire, es de una insensibilidad asombrosa que el Gobierno deposite -fíjese lo que les voy a decir a todos- la valoración para determinar el riesgo que padece la víctima en un programa informático; por tanto, así entendemos la insensibilidad, porque ese programa es el que tiene que decidir el grado de valoración de protección de la víctima. Es decir, que de todas las medidas que se puedan poner en marcha, como los 3.000 brazaletes, etcétera, solo se podrá utilizar un número muy determinado precisamente porque la protección no es la adecuada. Mire, rectifiquen y apuesten por las unidades integrales de valoración forense, que, junto con la primera valoración policial, daría elementos suficientes al juez para decidir qué medidas requiere cada víctima. Porque lo más importante para atajar este problema es que las víctimas puedan denunciar y, por supuesto, que se sientan protegidas; y para sentirse protegidas hay que emplearse a fondo, y no a través de sistemas informáticos, sino dándole instrumentos a un juez para que así lo haga.


Señoría, colaboración por nuestra parte, toda, y se lo hemos demostrado, insisto; pero desde luego, cómplices de su autocomplacencia y de su ausencia de análisis crítico, ninguna. Porque le recuerdo sus palabras a lo largo de los años que estuvieron en la oposición, siempre decretaban la insensibilidad de un Gobierno cada vez que moría una víctima, siempre decretaban insensibilidad cada vez que se ponía en marcha un instrumento.
¿Qué es lo que les correspondería ahora a ustedes? Hacer autocrítica y de verdad hacer un ejercicio que pusiera en marcha los instrumentos para atajar esta.


La señora PRESIDENTA: Señora Montesinos, ha terminado su tiempo.


Señora Aído, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, me alegra que coincida en el análisis de que el único culpable de la violencia de género es precisamente el agresor, es precisamente el maltratador. En cuanto a la responsabilidad,

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considero que no hay una sola persona o institución que tenga toda la responsabilidad, ni nadie que no tenga alguna. Esta es una responsabilidad compartida, del conjunto de las instituciones, como así lo han asumido, y también del conjunto de los grupos políticos y de la sociedad española, que está demostrando una gran altura de miras y una enorme responsabilidad para afrontar un problema como este.


Señoría, que nos acuse usted de insensibilidad con respecto a un tema como este, creo que le confiere muy poca credibilidad. El conjunto de la sociedad española sabe perfectamente cuál fue el Gobierno que puso la lucha contra la violencia de género en la primera página de la agenda política, y ese fue un Gobierno socialista. Me parece poco responsable que se insista en determinados mensajes que en absoluto contribuyen a generar un clima de confianza para las víctimas de la violencia de género. Hay determinados mensajes, determinadas opiniones que se vierten a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, que contribuyen de manera preocupante a relativizar el problema de la violencia de género, a restar credibilidad e incluso a culpabilizar a las mujeres que se atreven a dar el paso de salir de la violencia, que se atreven a denunciar a sus agresores; eso es lo que vemos que está sucediendo, ese desánimo permanente que se provoca en aquellas otras que aún no han denunciado. Es una responsabilidad compartida, señoría, el desautorizar este tipo de mensajes, transmitiendo confianza a las víctimas, confianza en una sociedad que las va a apoyar, confianza en un sistema de protección, confianza en que es posible salir de la violencia. No tengo tiempo para darle a usted la cifra acerca de lo mucho que hemos avanzado en este país. Es curioso que solamente se centren en el número de víctimas mortales para evaluar una ley como es la Ley integral contra la violencia de género. No veo que hagan lo mismo para evaluar el Código Penal, no lo miden en función del número de delitos cometidos; no veo que hagan lo mismo con el Sistema Nacional de Salud, no lo miden en función del número de fallecimientos. Señoría, un poco de responsabilidad en torno a un tema como este, porque lo está pidiendo a gritos.


- DE LA DIPUTADA DOÑA LUCILA CORRAL RUIZ, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE VALORACIÓN DE LA PRIMERA CONVOCATORIA PARA OTORGAR EL DISTINTIVO DE IGUALDAD A LAS EMPRESAS. (Número de expediente 181/003366.)

La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra para formular la pregunta en nombre de su grupo la señora Corral.


La señora CORRAL RUIZ: Diputadas y diputados, secretaria de Estado, en nombre del Grupo Socialista le doy la bienvenida; es muy grata su presencia en esta su Comisión, secretaria de Estado.


La pregunta que voy a hacer es una pregunta amable; se refiere a la Ley Orgánica 3/2007, de la que nos sentimos tan orgullosos y orgullosas, nos sentimos así porque es un gran instrumento para combatir las discriminaciones que todos los días se demuestra que siguen existiendo, que siguen subsistiendo, discriminaciones directas, indirectas, visibles, invisibles, como decimos, discriminaciones simplemente por razón de género, y esta ley realmente es un avance para promover esa igualdad real entre hombres y mujeres. Pero hay un reto que se plantea esta ley, un reto importante, un reto en el que encontramos muchas resistencias, que es el ámbito laboral, la igualdad real en el ámbito laboral. Estamos avanzando, es cierto; el Gobierno está haciendo esfuerzos, es cierto; pero las mujeres todavía sufrimos más desempleo, todavía somos un 15 por ciento menos de población activa, todavía siguen pesando sobre nosotras los contratos temporales, la brecha salarial, las dificultades de conciliación, la escasa participación de las mujeres en los puestos de decisión, todavía quedamos muy lejos de los consejos de administración, y sobre todo persisten esos estereotipos que se demuestran porque ahora mismo nuestras universitarias son el 60 por ciento, son más, tienen mejores calificaciones, y sin embargo los indicadores de su inserción laboral tampoco las favorecen.


Señora secretaria de Estado, este grupo tiene puesta su confianza en el desarrollo y en la implantación de esta Ley 3/2007, y hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho la Administración pública con el Plan Concilia.
También hay que reconocer que hay cada vez más empresas privadas comprometidas e implicadas. Esto es así, hay cada vez más empresas que apuestan por medidas y actuaciones integrales, que apuestan por planes de igualdad, las que tienen más de 200 trabajadores y las que tienen también menos de 200 trabajadores, empresas que ponen en su norte el principio de igualdad y no discriminación, que hacen procesos de selección con este principio, que piensan en la promoción y en la formación de las mujeres, que piensan en las medidas de conciliación, que tienen códigos de buenas prácticas, que tienen campañas de prevención del acoso sexual, que tienen también proyectos de prevención muy interesantes, innovadores de prevención laboral, dirigidos a la maternidad, a la paternidad, a la lactancia; y también que tienen en cuenta eso tan importante y que cuesta tanto, que es la presencia de mujeres en los...


La señora PRESIDENTA: Señora Corral, ha terminado su tiempo.


Señora Secretaria de Estado, tiene la palabra para contestar a su señoría.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señora Corral, este Gobierno realiza una valoración muy positiva de la respuesta de las empresas españolas ante la primera convocatoria

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del distintivo de igualdad en la empresa llevada a cabo el pasado año.
Este distintivo reconoce a aquellas empresas que destacan en medidas de igualdad, reconoce la excelencia; una empresa donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de formación, de promoción, o se encuentren representados de manera equilibrada en los ámbitos de decisión, será una empresa que aproveche de forma eficiente los recursos humanos y, por ende, será una empresa más competitiva. Así, de hecho, lo demuestran los estudios de los que disponemos, en los cuales queda reflejado que una mayor presencia de mujeres en los órganos de dirección de las empresas se traduce en una mayor rentabilidad. Las empresas más igualitarias son precisamente las empresas más competitivas, las que ofrecen mejores cuentas de resultados. Cada vez un mayor número de empresas es conciente de esta realidad, del talento y del potencial que representan las mujeres en nuestro país, y en consecuencia, fueron 599 empresas de todos los tamaños las que optaron a la concesión del distintivo de igualdad. Para ello se valoraron los criterios conocidos y recogidos en el Real Decreto 1615/2009, como la implementación de medidas para la igualdad en la empresa, el carácter integral de esta o la puesta en marcha de mecanismos evaluadores de las mismas. Han sido 36 empresas las reconocidas con este sello de calidad, lo cual no desmerece en absoluto el esfuerzo realizado por todas y cada una de las candidatas en implantar y desarrollar medidas a favor de la igualdad. En este año 2011 vamos a realizar una nueva convocatoria en similares condiciones a la realizada en 2010, y confiamos en que aquellas empresas reconocidas en la primera edición puedan servir de referencia para otras tantas que deseen enriquecer a nuestra sociedad en valores a la vez que mejorar su cuenta de resultados.


- DEL DIPUTADO DON DANIEL MÉNDEZ GUILLÉN, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PROYECTOS PARA SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD DE QUE LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL ES UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. (Número de expediente 181/003362.)

La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra para formular su pregunta el señor Méndez.


El señor MÉNDEZ GUILLÉN: Secretaria de Estado, la trata de seres humanos es un fenómeno de preocupantes dimensiones que constituye una de las más escandalosas y sangrantes formas de reducción del ser humano a simple mercancía, y representa una de las violaciones más graves de los derechos humanos. Esta convicción es la que ha impulsado al Gobierno a que haya abordado por primera vez la lucha contra la trata de seres humanos, cosa que ningún otro Gobierno en la historia de la democracia había hecho hasta ahora, convirtiéndolo en un eje de su política social, traducido en un plan integral de lucha contra la trata de seres humanos 2009-2012, plan que implica a todos, a la sociedad, a las administraciones del Estado -autonómica, nacional y municipal)-, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la sanidad.


En el primer año de vigencia de este plan se atendió a más de 1.300 personas víctimas de esta lacra social. Se ha actuado contra 158 grupos y han pasado a disposición judicial más de 720 personas. Pero, como usted señalaba antes, esta lacra se ceba especialmente en las mujeres inmigrantes. Por eso, este ministerio, por eso usted misma impulsó, dentro de la reforma de la Ley de Extranjería, un periodo de reflexión de treinta días para la asistencia letrada a mujeres víctimas de la trata en situación irregular. También impulsó la reforma del Código Penal que diferencia el delito de tráfico del de trata por primera vez en nuestro Código Penal, ajustándolo de esta forma a los tratados internacionales.
Todas estas acciones políticas y policiales deben ir acompañadas de acciones sociales, de concienciación de lo que significa esta lacra y de erradicación, por lo tanto, desde los ciudadanos. Su Gobierno, nuestro Gobierno, al que apoya mi grupo, a propósito, con mucho orgullo, aunque algunos no lleguen a entender por qué este tipo de política y este tipo de planes, como ha quedado demostrado a lo largo de la sesión de hoy, está preocupados por cómo podremos conseguir instalar en la conciencia colectiva esta necesidad de erradicación de la lacra de la trata de seres humanos para explotación sexual. Por eso, le pregunto qué proyectos para sensibilización social de la trata con fines de explotación sexual en violación de los derechos fundamentales está poniendo a disposición el Gobierno de España.


La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, tiene la palabra para contestar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, agradezco su preocupación hacia un asunto que es un eje prioritario de acción del Gobierno. La trata de seres humanos es un delito deleznable, vulnera los derechos fundamentales de tantas mujeres y de tantas niñas que son vendidas y compradas como si fueran mercancía, como si fueran vestidos o camisetas; y desde luego cada uno, desde el ámbito de nuestras responsabilidades, tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer frente a algo, a un fenómeno tan execrable como este. La prevención y la sensibilización de la ciudadanía son dos de los pilares sobre los que se asienta este plan. Durante el año 2010 hemos venido desarrollando una serie de campañas de concienciación para incidir en el mensaje de que la trata es una clara vulneración de los derechos humanos; campañas que tendrán su continuidad a lo largo de este año, como la exposición No seas cómplice, la compaña

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Corazón azul de Naciones Unidas, con la que colaboramos y que dio lugar a la exposición Esclavas del siglo XXI, la cual seguirá rotando por diferentes ciudades de nuestro país; mención especial, por la repercusión mediática que generó, merece la exposición Journey, que pudo visitarse en Madrid en diciembre de 2009 gracias a un convenio con la Fundación Helen Bamber; llegamos asimismo a un acuerdo con la Federación Española de Hostelería que nos permitió trasladar este mensaje a los más de 13.000 establecimientos asociados. Además, de estas campañas de sensibilización, señorías, me gustaría destacar las acciones de formación que en la lucha contra la trata se están llevando a cabo, formación al personal de las unidades de violencia existentes en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, así como al personal funcionario de las oficinas de extranjería, habida cuenta de que la práctica totalidad de mujeres víctimas de trata es de nacionalidad extranjera. De ahí que hayamos introducido en la Ley de Extranjería una serie de modificaciones precisamente destinadas a proteger a estas víctimas. En resumen, señoría, el Gobierno va a seguir trabajando en todos los frentes para acabar con esta forma de esclavitud que nos denigra como sociedad y que pisotea la dignidad y los derechos fundamentales de tantas mujeres y niñas en todo el mundo.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE IGUALDAD DE TRATO EN SU FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 181/003368.)

La señora PRESIDENTA: Es ahora el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Montón, para formular su pregunta.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señora secretaria de Estado, desde el Grupo Parlamentario Socialista quiero darle la bienvenida de nuevo a la Comisión de Igualdad, una Comisión donde ahora hay muy poca presencia del grupo mayoritario en la oposición, en un ejercicio de escucharse tan solo a ellos mismos, pero que esperamos que al menos se lean el "Diario de Sesiones" para que el interés sea general de todo lo que aquí estamos tratando. Además, desde el Grupo Parlamentario Socialista le felicitamos por seguir con la prioridad de una agenda social que supone protección y garantías al conjunto de la ciudadanía.


Sentimos especial satisfacción por traer a esta Comisión de Igualdad la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, con la que se atiende a las necesidades de impulsar y complementar el marco legislativo europeo situando a España entre los países de nuestro entorno que cuentan con los mecanismos para profundizar en el valor de la igualdad, más allá de su reconocimiento legal y para combatir la discriminación. Una ley con la que el Gobierno de España ha dado un paso más en su apuesta por la igualdad y con la que nuevamente el Gobierno socialista vuelve a cumplir la palabra dada, pues estaba propuesta en el programa electoral de 2008 y posteriormente fue comprometida en el debate de investidura por el presidente del Gobierno. Por el trabajo realizado desde el Grupo Parlamentario Socialista por fomentar la igualdad, favorecer la integración y el respeto de la diversidad, y por prevenir y corregir la discriminación, sabemos que es una ley muy esperada y bienvenida por los movimientos sociales, colectivos y asociaciones, y también por el propio Parlamento. Tenemos el convencimiento de que esta ley es necesaria. Así lo sustenta que en la actualidad muchas personas siguen siendo discriminadas, limitadas o excluidas en el ámbito social, económico o cultural, y la existencia de datos como los del barómetro del CIS de diciembre de 2008, que indica que más de la mitad de la ciudadanía desconoce cómo proteger sus derechos antes casos de discriminación y más de un 50 por ciento de la población considera que la discriminación en base a origen étnico o racial es muy o bastante frecuente.


Señora secretaria de Estado, el pasado 7 de enero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de esta ley. Entonces comenzó un periodo de información pública, de consulta y de participación ciudadana, una forma de actuar que ya se puso en práctica desde su ministerio en leyes anteriores, porque esa ha sido y es una de las señas de identidad personal que usted tiene, el diálogo, la transparencia, la participación y el consenso, una forma de proceder con la que el Grupo Parlamentario Socialista estamos muy, muy de acuerdo, por lo que nos gustaría que nos informara acerca de la participación social en el anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato y no discriminación en su fase de información pública.


La señora PRESIDENTA: Señora Aído, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, muchísimas gracias por las aportaciones. Desde su aprobación en primera lectura en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación está siendo objeto de análisis y de aportaciones por parte de una extensa relación de colectivos y de consejos estatales de participación de diversa índole, además de los informes preceptivos de los órganos constitucionales. Interlocutores sociales, consejos estatales de la Discapacidad, de las Personas Mayores, del Pueblo Gitano, de las ONG de Acción Aocial, de Consumidores y Usuarios, federaciones de defensa de los derechos humanos, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, el Foro para la integración social de los inmigrantes, el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por el origen racial o étnico, o el recién creado Consejo de participación

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de la mujer, son algunos de los órganos consultivos que se encuentran a día de hoy conociendo y debatiendo el proyecto. Y no podía ser de otra forma, señoría, porque estamos elaborando una ley de ciudadanía, una ley para todas y para todos, porque cualquier persona puede sufrir discriminación a lo largo de su vida por diferentes circunstancias, por ser mayores o jóvenes, por haber sufrido una enfermedad, por tener una discapacidad, por vivir abiertamente su orientación sexual, por ser o no ser creyentes, por defender unas determinadas ideas, o simplemente por compartir su vida con quien les dé la gana. Luchar por la igualdad de trato significa avanzar hacia una sociedad más digna, más libre, donde nadie se sienta excluido ni discriminado, ni tampoco indefenso ante la discriminación, porque, como usted bien decía, hay un alto porcentaje que no sabe a quién acudir ni qué hacer cuando se siente víctima de estas distintas formas de discriminación. Y creo que es una tarea de país el garantizar que los derechos reconocidos formen parte realmente de la vida cotidiana, de la ciudadanía, respondiendo de igual forma frente a cualquier tipo de discriminación, sea cual sea el motivo que la origine, apostando por la conciliación, pero a la vez estableciendo un régimen de sanciones de forma que discriminar no salga gratis en nuestro país, apostando por el respeto a la diversidad desde la certeza de que las desigualdades nunca nos han aportado nada, ni un solo valor a nuestra convivencia y ni un solo euro a nuestras arcas.


Confío, señoría, en que, una vez que el texto llegue a esta Cámara convertido en proyecto de ley, sea objeto de un debate riguroso y constructivo y reciba las aportaciones y el respaldo de una amplia mayoría de la Cámara. Desde luego confío en el trabajo de esta Comisión, estoy convencida de que van a enriquecer y a realizar aportaciones importantes al texto. Esta Comisión tiene demostrada solvencia a la hora de tener que trabajar sobre leyes mucho más difíciles que esta.


Con la discriminación, señoría, sólo ganan unos pocos, mientras que con la igualdad de trato ganamos el conjunto de la sociedad. Así que muchas gracias y buen trabajo.


La señora PRESIDENTA: Señora Montón, tiene medio minuto.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Tan solo quiero agradecerle la respuesta y animarla a seguir trabajando en esta importante tarea que realiza en favor de la igualdad, y para la que sabe que tiene todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, y también todo nuestro trabajo.


La señora PRESIDENTA: Señora Aído, le quedan veinticinco segundos.
(Denegaciones.)

DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCÈ PIGEM I PALMÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE:

- MEDIDAS PARA QUE LOS NIÑOS EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO SEAN SUJETOS DIRECTOS DE DERECHOS PARA EVITAR SU INDEFENSIÓN. (Número de expediente 181/003345.)

La señora PRESIDENTA: Las dos últimas preguntas del orden del día son las correspondientes a la señora Pigem, que tiene la palabra en nombre de su grupo.


La señora PIGEM I PALMÉS: Brevísimamente. En primer lugar, quiero darles las gracias tanto a usted como a mis compañeras y compañeros de la Comisión por haber permitido la alteración del orden del día que hace que pueda formular las preguntas.


Señora secretaria de Estado, en Convergència i Unió compartimos la preocupación por el alto número de víctimas mortales de violencia de género en lo que va de año. Y digo compartimos porque tenemos la seguridad de que el Gobierno, no sé si será el principal, pero desde luego está tan preocupado como el principal de los preocupados en este tema.


En Convergència i Unió tenemos claro que los únicos culpables son los agresores y los asesinos. Y tenemos claro también la dificultad de la erradicación de este tema, que es un fenómeno anclado en una mentalidad persistente durante siglos y que desgraciadamente no se puede borrar de un día para otro. Pero pensamos también que no hay que bajar nunca la intensidad de los esfuerzos y que no hay que desfallecer para perfeccionar día a día los instrumentos de protección. Y ahí sí que creemos también que los responsables somos todos: la sociedad, los políticos, las administraciones, el Gobierno y la oposición que debe controlar al Gobierno. Y desde este marco de aproximación le voy a formular yo las dos preguntas que figuraban en el orden del día.


La primera de ellas, que es con respecto a las medidas para que los niños expuestos a la violencia de género sean sujetos directos de derechos, se basa en que realmente el año pasado la violencia de género aumentó en intensidad con respecto a pasados ejercicios, pero además asesinaron a dos hijos de las víctimas, seguramente para asesinar con ello espiritual, psicológica, directamente a sus madres. Este hecho volvió a poner sobre la mesa el debate que ya se suscitó en la tramitación de la Ley de Violencia de Género: si los hijos debían ser contemplados como víctimas directas y sujetos directos de derecho. Convergència i Unió, y a usted le consta, era partidaria de que sí, y me remito a las enmiendas que realizamos en la tramitación de la ley. No se aprobó, pero no desde luego porque no se quisiera proteger a los hijos, sino porque entendimos que se quería focalizar el fenómeno de violencia de género en las mujeres, que son quienes directa y mayoritariamente lo padecen. Pero lo

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cierto es que algunas voces, por ejemplo, la de Save the Children en su informe del año 2010, han dicho que los hijos, con la redacción actual de la ley, no están suficientemente protegidos. Se dice: La principal conclusión de este informe es que, a pesar de la mayor sensibilidad social y política respecto a las necesidades específicas de los niños y niñas víctimas de la violencia de género, aún queda mucho por hacer; en España no se está dando un enfoque de derechos de la infancia en estas situaciones. Y concretan que falta un enfoque de derechos, sobre todo en el aspecto judicial, porque las decisiones no se toman teniendo en cuenta el interés del menor. Y a este respecto solicitan el reconocimiento de la condición de víctimas de la violencia de género a los niños y niñas expuestos a este tipo de violencia.


Parte de las medidas de la ley integral corresponden a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, pero el enfoque de derechos corresponde al Gobierno y a estas Cortes Generales.


La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, ha concluido su tiempo.


Señora Aído, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, muchísimas gracias por el planteamiento, es una cuestión que preocupa y ocupa al Gobierno y a las instituciones en su conjunto, pero permítame decirle que los niños y niñas expuestos a la violencia de género ejercida sobre sus madres son a día de hoy sujetos de derechos. La propia Ley integral de medidas contra la violencia de género reconoce una serie de derechos a estos menores, hijos de mujeres víctimas de esta violencia, en diferentes aspectos, como el derecho a la escolarización inmediata en el caso de que se vean afectados por un cambio de residencia, el derecho a la asistencia social integral, el derecho a la protección de su intimidad; se prevé también la formación del profesorado para la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar en niñas y niños, así como medidas relativas a la suspensión del régimen de visitas, incluso de la patria potestad o la guarda y custodia a aquellos padres inculpados en un caso de violencia de género, unas disposiciones que complementamos este año con la reforma del Código Civil para cerrar la posibilidad de que la guarda y custodia pueda ser concedida de forma individual a ningún hombre incurso en un proceso penal por violencia de género. En concreto la ley se refiere de manera específica a los menores en los artículos 5, 7, 14, 19, 61, 63, 65, 66 y en la disposición adicional séptima, y considero que no solo es una cuestión de articulado, sino también de las medidas y las estrategias que hemos puesto en marcha para abordar integralmente las necesidades de estos menores. Hay acciones y medidas sobre las que ya he tenido la oportunidad de responder a la señora Olaia, como pueden ser el hecho de que se haya priorizado en la asistencia social integral la atención a los menores víctimas de este tipo de violencia, los estudios que estamos desarrollando, el convenio suscrito con la Fundación ANAR, que nos permite atención telefónica especializada a los menores que viven en estos contextos, o las reuniones que estamos manteniendo con las asociaciones especializadas en infancia para desarrollar una serie de acciones, como las que tienen que ver con la detección precoz a través del trabajo conjunto de los servicios de atención primaria y pediatría, o con el Ministerio de Educación para impulsar la coordinación entre los equipos de orientación de los centros educativos y los equipos de menores de los servicios sociales, etcétera.


Señoría, el propio informe de la subcomisión que se creó en esta Comisión de Igualdad reconoce que la centralidad de género no es un obstáculo para priorizar la necesaria atención a los hijos e hijas de las mujeres maltratadas. Y efectivamente, reconocer esta realidad y actuar ante ella no debe llevarnos nunca al cuestionamiento del consenso inicial en el que se basa esta ley y que ha permitido un cambio radical en la percepción y en la tolerancia de esta violencia, en la atención a las mujeres que la sufren y en la persecución de los maltratadores. Creo que tenemos que realizar un esfuerzo por no confundir conceptos; tanto los grupos parlamentarios como la sociedad española han puesto un gran empeño en diferenciar el problema de la violencia de género y elaborar el marco adecuado para abordarlo, un marco cuyo mantenimiento es beneficioso tanto para las mujeres víctimas de esta violencia como para sus hijas e hijos.
Por tanto, la atención a los menores que sufren los efectos de la violencia de género es una prioridad para el Gobierno en esta materia, una atención que vamos a continuar mejorando, por lo que el informe de evaluación de los seis años de aplicación de la ley integral va a incluir de mantera específica el examen de las medidas destinadas a menores.
Continuar esta senda, este camino que hemos trazado y que viene además dibujado en la propia ley integral es una prioridad para el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y para esta secretaría de Estado.


- ACTUACIONES PREVISTAS ANTE LA SITUACIÓN DE QUE UN ELEVADÍSIMO PORCENTAJE DE LAS MUJERES ASESINADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO NO HABÍAN PRESENTADO DENUNCIA Y LA ÚNICA QUE LO HABÍA HECHO NO HABÍA SIDO CONVENIENTEMENTE PROTEGIDA. (Número de expediente 181/003346.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para formular la siguiente pregunta del orden del día la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: De la magnífica estadística que hay en el Ministerio de Igualdad sobre las víctimas mortales por violencia de género, realmente

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hay dos datos que son singularmente llamadores de atención, y uno es el bajo porcentaje de mujeres víctimas que habían denunciado. Yo soy consciente de que desde el Gobierno se están redoblando esfuerzos para que haya campañas para que se denuncie, etcétera, pero a mí me gustaría saber si se está haciendo algún trabajo en profundidad, de acuerdo con lo que mandató esta Comisión el pasado 26 de octubre de 2010 de que se tenía que averiguar a través de un estudio criminológico cuáles eran las causas por las cuales realmente había este bajísimo porcentaje en que se denunciaba. Y también llama la atención que dos de las víctimas habían realizado todos los pasos previstos en la ley para salvarse y, desgraciadamente, fallecieron.


Me gustaría saber qué actuaciones tiene previstas el Gobierno y qué pasos se han dado para dar respuesta al mandato de esta Comisión.


La señora PRESIDENTA: Señora Aído.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, como usted bien sabe, la violencia de género es una forma de violencia estructural, que lleva a que muchas mujeres y su entorno no la identifiquen como tal y que cuando lo hacen no vean la gravedad de la situación ni el riesgo que genera. El hecho de no denunciar esta violencia no es un problema de recursos, sino de los valores de la desigualdad que tenemos que remover de manera conjunta a través de la promoción de la igualdad.


Hoy por hoy España es el único país que tiene una respuesta para cada situación de riesgo tras la denuncia, desde la prisión provisional hasta la atención a la víctima, la reeducación de los agresores, pasando por actuaciones judiciales y policiales, por los dispositivos GPS para garantizar el cumplimiento de las medidas de alejamiento, por los dispositivos de teleasistencia. Sin embargo, es cierto que el riesgo cero no existe. Lo mismo que tampoco está presente en otros ámbitos de la vida poner en duda el sistema en su conjunto ante las situaciones puntuales que se puedan producir. De todas formas estamos trabajando para tratar de incrementar el número de denuncias, porque somos conscientes de que es la principal puerta de entrada al sistema de protección. Para ello todas las campañas que realicemos este año van a estar enfocadas a la necesidad de insistir en ese mensaje. Asimismo, me gustaría destacar otras medidas realizadas, por ejemplo, en el ámbito de la valoración del riesgo: vamos a actuar sobre las unidades de valoración forense integral, agilizando los procedimientos y gestionando la información de manera adecuada para adelantar en lo posible los informes periciales sobre el riesgo de la víctima y la peligrosidad del agresor; en el sistema de seguimiento telemático de medidas de alejamiento, lo vamos a poner a disposición de la justicia, no solo en el ámbito de la medida cautelar, sino también en el caso del cumplimiento de las penas de alejamiento; en el servicio telefónico de atención y protección de las víctimas de violencia de género, ya que abriremos la puerta a su utilización en casos donde no exista denuncia, a criterio de los servicios sociales; en la atención a los menores como víctimas de violencia, ya que, además de la reforma en materia de custodia, vamos a garantizar la valoración forense de los hijos e hijas de las mujeres maltratadas, para atenderlos asimismo de forma adecuada como víctimas de la violencia ejercida sobre sus madres.
Es decir, tenemos un paquete de acciones precisamente orientadas a seguir avanzando en este ámbito.


La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, le restan algo más de dos minutos.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señora secretaria de Estado, en Convergencia i Unió compartimos todas las medidas que pone en marcha el Gobierno, como no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que quizá pensamos que hace falta dar algún cambio estructural, más que más medidas en el mismo sentido. Y no siempre es fácil encontrar el camino. Por eso en el año 2007, después de un repunte de muertes violentas, se acordó por el Consejo de Ministros realizar un estudio en profundidad para ver cómo se podía encontrar este cambio de enfoque estructural. Un estudio que, como denunció el informe de Fiscalía, no se llegó a realizar, porque acabó la legislatura, en fin, por causas no se realizó. Por lo tanto, esta Comisión, a raíz de aprobarse una iniciativa formulada por Convergència i Unió, volvió a reiterar el mandato al Gobierno en octubre de 2010, y a mí me gustaría saber, me gustaría que me dijera qué actuaciones concretas se están realizando para implementar este estudio. Porque de este estudio sí puede salir luz. Por ejemplo, la última de las víctimas desgraciadamente tenía medidas de protección, y si no tenía más medidas de protección era porque su propia percepción de riesgo era muy baja, y así se lo comentó a los agentes de protección. Por lo tanto, si la protección se realiza tomando como base la percepción que tienen las víctimas, puede ser que las víctimas tengan distorsionado su sentido del riesgo. Y si abundamos en la protección en este sentido, a lo mejor corremos el riesgo de equivocarnos, con la víctima, pero equivocarnos. También puede ser que las campañas que se hagan para denunciar no abarquen todo el abanico de situaciones en las que están incluidas las mujeres que padecen violencia, y ellas no se vean reconocidas porque piensan que lo suyo cambiará, porque piensan que lo suyo es distinto, etcétera. O sea, yo creo que hay que aquilatar muy bien cuál es la percepción que tienen las mujeres de su propio riesgo.


Quería decirle también que usted ha hecho mención al tema de las conclusiones de esta subcomisión, y la primera, y refiriéndome a los niños -que usted también los ha mencionado al responderme a esta pregunta-, fue que la condena firme por delito de violencia conllevara la pérdida de custodia, etcétera. Esta medida, se me comentó fuera de Comisión que no se podía llevar a cabo

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porque requería una modificación del Código Penal, puesto que es la condena, tiene que haber un añadido. Sin embargo, después de la finalización de la subcomisión ha habido tres reformas del Código Penal y no se ha introducido.


La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, ha agotado su tiempo.


Señora Aído, tiene casi un minuto y medio para terminar la respuesta a la señora Pigem.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señoría, le agradezco sus aportaciones, ha mencionado algunas cuestiones que me parecen importantes, como es lo relativo a ese estudio criminológico que efectivamente acordó la subcomisión de Violencia de Género que se desarrolló en esta Comisión, un estudio que se está realizando en la actualidad y que, por supuesto, pondremos a disposición de sus señorías en el momento en que lo tengamos para que podamos analizarlo de manera conjunta, y cualquier luz que pueda arrojarnos y que nos permita adoptar nuevas medidas o emprender nuevas políticas en el ámbito de la percepción del riesgo, por supuesto, será tenido en cuenta por parte del Gobierno.
Sabe usted que todas aquellas aportaciones, todo aquello que venga a sumar un granito de arena en la lucha contra la violencia de género lo tenemos en cuenta de manera permanente.


Hay otra cuestión que es la relativa a la retirada de la custodia y de la patria potestad. Tendrán oportunidad de debatirlo cuando llegue la reforma propuesta y planteada por el Consejo de Ministros a esta Cámara; se debatirá en esta Comisión y estoy segura de que pondrán contemplarse algunas de las cuestiones a las que su señoría hacía referencia. Lo importante es seguir trabajando en la línea que hemos emprendido.
Obviamente no es fácil identificar el riesgo. Creo que hay limitaciones objetivas a la hora de identificar las diferentes situaciones de riesgo, no solo por parte de las víctimas, sino también por parte de los entornos. El problema al que estamos haciendo frente es difícil. Como usted bien señalaba, son siglos de desigualdad los que tenemos a nuestras espaldas y no podremos acabar de la noche a la mañana con esto, pero desde luego impulsar todos aquellos mecanismos que vengan a contribuir, que vengan a sumar en el cambio de la percepción social acerca de este problema, insistir, denunciar, condenar todos aquellos comentarios que ponen en duda de manera persistente y permanente la credibilidad de las mujeres cuando se atreven a dar el paso de denunciar una situación de malos tratos, cuando se atreven a decir ¡basta!, acabar con una situación de violencia de género, creo que también es una responsabilidad compartida por parte del conjunto de la sociedad y, por supuesto, por parte de aquellas personas que tenemos responsabilidades públicas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Hemos terminado las preguntas que conformaban el orden del día de esta sesión y, sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión y despedimos a la señora Aído, a la que, naturalmente, agradecemos esta primera comparecencia que ha tenido en su condición de secretaria de Estado.


Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.

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