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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 706, de 16/02/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2011 IX Legislatura Núm. 706
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 38
celebrada el miércoles, 16 de febrero de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas:

- Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre coste por los conceptos de obras y suministros, de la cocina del centro penitenciario de Alcalá-Meco (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/088896).
(Número de expediente 181/003282.) ... (Página 3)

- Del diputado don Manuel Domínguez González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre planes del Ministerio del Interior para Puerto de la Cruz-Los Realejos. (Número de expediente 181/002472.) ...
(Página 3)

Página 2


- Del diputado don Sebastián Quirós Pulgar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desarrollo de las actuaciones del Ministerio del Interior incluidas en el programa de medidas de activación Jaén XXI.
(Número de expediente 181/002202.) ... (Página 5)

- De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre grado de ejecución de la proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a mejorar la seguridad de los cuarteles de la Guardia Civil. (Número de expediente 181/002461.) ... (Página 7)

Del diputado don Jaime Reinares Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:

- Fecha prevista para acometer las obras de reparación y acondicionamiento del cuartel de la Guardia Civil de Trevías, Asturias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/091078). (Número de expediente 181/003206.) ... (Página 9)

- Fecha prevista para acometer las obras de reparación y acondicionamiento del cuartel de la Guardia Civil de Vegadeo, Asturias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/091079). (Número de expediente 181/003207.) ... (Página 9)

- Fecha prevista para acometer las obras de reparación y acondicionamiento del cuartel de la Guardia Civil de Colombres, Asturias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/091080). (Número de expediente 181/003208.) ... (Página 9)

- Fecha prevista para acometer las obras de reparación y acondicionamiento del cuartel de la Guardia Civil de Cabañaquinta, Asturias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/091081). (Número de expediente 181/003209.) ... (Página 9)

- Fecha prevista para acometer las obras de reparación y acondicionamiento del cuartel de la Guardia Civil de Moreda, Asturias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/091082). (Número de expediente 181/003210.) ... (Página 9)

Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:

- Fecha prevista para cumplir el mandato de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de publicar mensualmente los datos de delincuencia en su página web (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/070328). (Número de expediente 181/003279.) ...
(Página 11)

- Número de análisis de ADN pendientes en la Comisaría General de Policía Científica (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/087236). (Número de expediente 181/003280.) ... (Página 12)

- Número de análisis de ADN pendientes en el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/087237). (Número de expediente 181/003281.) ... (Página 12)

- Cantidad que se transferirá en 2011 a la Generalitat de Cataluña para la financiación de la Policía autonómica de dicha Comunidad (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/091986). (Número de expediente 181/003283.) ... (Página 14)

- Número de horas de servicio anuales menos por efectivo que va a suponer la nueva reglamentación del horario de servicio en la Guardia Civil (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/091987).
(Número de expediente 181/003284.) ... (Página 15)

- Número de horas de servicio anuales menos por efectivo que va a suponer la nueva reglamentación de vacaciones, licencias y permisos en la Guardia Civil (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/091988). (Número de expediente 181/003285.) ... (Página 15)

- Planes del Gobierno para la adaptación del estatus legal de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil al ordenamiento actual (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/096216).
(Número de expediente 181/003286.) ... (Página 17)

Página 3


- Intención de modificar la segunda actividad en la Policía Nacional (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/096241).
(Número de expediente 181/003287.) ... (Página 19)

- Motivos por los que se tardó tres años en identificar a una mujer fallecida cuya desaparición había sido denunciada por su familia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/096345).
(Número de expediente 181/003288.) ... (Página 20)

- Medidas adoptadas por el Gobierno tras la aparición en Lugo de una red de prostitución (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/096358). (Número de expediente 181/003289.) ... (Página 21)

- De la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre disposición por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de una relación de atentados terroristas con resultado de muerte, secuestro o lesiones recogidas en los artículos 149 y 150 del Código Penal cometidos por la organización terrorista ETA, que estén pendientes de resolver (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/089979). (Número de expediente 181/003291.) ... (Página 22)

- De la diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para atajar el problema de la inseguridad en el ámbito rural en la Comunitat Valenciana. (Número de expediente 181/002661.) ... (Página 24)

- Del diputado don Luis Antonio Gómez Piña, en sustitución del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento de los objetivos del Plan director para la mejora de la convivencia y la seguridad escolar, puesto en marcha por el ministerio en el año 2007. (Número de expediente 181/001341.) ... (Página 27)

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE COSTE POR LOS CONCEPTOS DE OBRAS Y SUMINISTROS DE LA COCINA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ALCALÁ-MECO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/088896) (Número de expediente 181/003282.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la sesión, cuyo orden del día conocen sus señorías, pero antes les voy a proponer unas modificaciones del mismo por si están de acuerdo en que se hagan. La primera modificación es que las preguntas 20 y 22 pasarían a estar en primer lugar -así nos lo han propuesto algunos portavoces- y luego iría la pregunta número 1 en tercer lugar. Esa es la primera modificación.
Otra modificación es que la pregunta número 10 se suprimiría en este orden del día porque va ser tramitada por la secretaria general de Instituciones Penitenciarias. ¿Están de acuerdo en esas modificaciones? (Asentimiento.) Comenzamos primero saludando al director general de la Policía y la Guardia Civil, que viene a contestar una serie de preguntas que son preguntas orales de la Comisión ordinaria y otras que proceden de preguntas escritas, alguna de las cuales probablemente estará ya en poder de sus señorías, pero en cualquier caso, como había pasado la fecha, están reconvertidas en preguntas orales en Comisión por los propios grupos. Así que doy la bienvenida al director a la Comisión.


- DEL DIPUTADO DON MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PLANES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA PUERTO DE LA CRUZ-LOS REALEJOS. (Número de expediente 181/002472.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a empezar, como acabamos de acordar, con la pregunta número 20, que trata sobre los planes del Ministerio del Interior para Puerto de la Cruz-Los Realejos. Para formularla tiene la palabra don Manuel Domínguez. Perdón, señor diputado, les recuerdo que por acuerdo de Mesa y portavoces el trámite de preguntas tiene una extensión de cinco minutos; no es lo que habitualmente se hacía, pero estamos todos de acuerdo en que vamos a tratar de que sea así. Por tanto, agrupando su tiempo si quiere o no quiere hacer la réplica, en cualquier caso son dos minutos y medio para cada uno, lo que también le voy a pedir al director general.


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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ¿De cinco minutos o dos minutos y medio?

La señora PRESIDENTA: A mí me da igual. En alguna Mesa hemos acordado eso.
Es posible que hayamos dicho cinco minutos para cada interviniente o cinco minutos en total. ¿Piensan que cinco minutos para cada interviniente? (Pausa.) Pues ustedes mismos saben que los cinco minutos tienen que gestionarlos como quieran, en una sola intervención o en dos, pero en total serían cinco minutos la pregunta y lo que tenga que contestar el director general.


Tiene la palabra el señor Domínguez.


El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: En primer lugar quiero agradecer que hayan permitido el cambio de orden de las preguntas en esta sesión, puesto que por motivos de vuelo nos urgía que estuvieran en este orden. También quiero agradecer la presencia del director general, darle la bienvenida y hacerle directamente la pregunta que en el día de hoy planteo: ¿cuáles son los planes que tiene a corto plazo el Ministerio del Interior para la comisaría de Puerto de la Cruz-Los Realejos? Hago la pregunta y formulo en la exposición de motivos una referencia en primer lugar a los municipios donde tiene competencia dicha comisaría: Puerto de la Cruz por un lado, municipio del norte de Tenerife, con unos 32.500 habitantes aproximadamente y una superficie de tan solo 9 kilómetros cuadrados. A esta situación habría que sumarle que estamos hablando de un municipio turístico en el que la población flotante es de aproximadamente 20.000 habitantes/día, lo que lo convierte junto con las Palmas de Gran Canaria en el municipio con mayor densidad de población de todo el Archipiélago.
Por otro lado, Los Realejos es un municipio también del norte de la isla de Tenerife, con 37.600 habitantes, con 57 kilómetros cuadrados, que tiene una desconcentración importante de sus núcleos de población. Como ven, son dos municipios a los que tiene que prestar sus servicios una misma comisaría, que se ha visto afectada negativamente por varias promesas del Gobierno socialista que hasta este momento han sido incumplidas. En primer lugar tenemos que recurrir al año 2008, cuando por la Delegación del Gobierno se promete que se construirá en una parcela de al menos 3.000 metros cuadrados una nueva comisaría en Puerto de la Cruz, que a día de hoy ni está ni se la espera. Las condiciones actuales de la comisaría, de las instalaciones, son dignas de una inspección ocular por su parte para que palpe la realidad que allí se vive. Por otro lado, en el año 2006 se hace una promesa también por la Delegación del Gobierno confirmando la construcción en los dos años siguientes de un cuartel de la Guardia Civil en el municipio de Los Realejos. La semana pasada, en contestación por escrito a una de mis preguntas, se me respondía que no hay previsión de la construcción de dicho cuartel de la Guardia Civil en este municipio. Eso ya es una realidad: no existirá cuartel de la Guardia Civil con ustedes.


Se preguntarán en qué afecta todo esto a la comisaría de Puerto de la Cruz, qué relación puede tener o no el cuartel de la Guardia Civil de Los Realejos con esta comisaría. Se lo explico haciendo hincapié en dos aspectos principalmente, dos motivos que han dado lugar a que en el día de hoy plantee esta pregunta: por un lado, aunque no sea de forma directa, tras un error de la redacción del catálogo de dicha comisaría, hay un mayor número de oficiales en detrimento del número de agentes, lo que imposibilita la prestación de un óptimo servicio de dicha comisaría.
Por otro lado, de una forma ya directa, y vinculado con ese cuartel de la Guardia Civil, en dicho catálogo se recoge un menor número de efectivos debido a que con la construcción de ese cuartel en el municipio de Los Realejos los servicios que tendría que prestar esa comisaría a ese segundo municipio serían menores. A día de hoy, ante la situación cambiante que hemos vivido y ante el incumplimiento de la promesa o ante la respuesta por escrito de que no habrá cuartel, yo me reafirmo en la misma pregunta: ¿cuáles son los planes a corto plazo del Ministerio del Interior para dicha comisaría?

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para responder el director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): En primer lugar quiero manifestar mi satisfacción por estar de nuevo aquí para contestar todas las preguntas que pueda, incluyendo aquellas que no son exactamente de mi competencia. En todo caso, son competencia del ministerio y estaré, en la medida en que tenga información, dispuesto a dársela, como no podía ser de otra manera.


El señor diputado me hace una pregunta en relación con Puerto de la Cruz-Los Realejos, y yo quisiera hacerle primero una exposición básica del sistema de despliegue de la Policía y de la Guardia Civil.
Genéricamente la Guardia Civil está más en áreas rurales y la Policía más en áreas ciudadanas. Ambos son cuerpos con un ámbito competencial de policías integrales con algunas especificidades, como usted conoce perfectamente, sobre todo en materia de documentación y extranjería por parte del Cuerpo Nacional de Policía y en materia aduanera y de resguardo fiscal por parte de la Guardia Civil, genéricamente hablando. Sobre esa base, en los últimos años hemos realizado algunas actuaciones en las que de alguna manera mantenemos el despliegue existente con carácter tradicional por parte de los dos cuerpos. ¿Por qué le digo esto? Lo digo en el sentido de que la respuesta a la que usted se ha referido de que no vamos a hacer ningún cuartel en Los Realejos obedece, de alguna manera, a este planteamiento. La comisaría de Puerto de la Cruz-Los Realejos, en principio y de acuerdo con los datos de que dispongo y que usted también conoce, presta servicios a ambos municipios y los presta razonablemente bien. Si no me equivoco, ambos municipios distan, como mucho,

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10 kilómetros de distancia entre uno y otro. Esta situación se produce en varios casos en el territorio nacional. Es decir, la existencia de comisarías no está ligada a la existencia de los municipios, sino que está ligada a la existencia de una capacidad de despliegue y una capacidad de actuación eficaz. Nosotros entendemos, primero -y así lo demuestran los datos-, que la comisaría de Puerto de la Cruz-Los Realejos cumple adecuadamente sus funciones. Segundo, hemos incrementado fuertemente la plantilla, con independencia de algunos ajustes. En algún caso usted se ha referido a que el número de oficiales puede ser mayor.
Estudiaremos ese supuesto concreto y a lo mejor tiene usted razón, en cuyo caso podremos ajustar un poco la plantilla en relación con las diversas categorías existentes en el Cuerpo Nacional de Policía.


Resumiendo la respuesta y contestándole a otra cuestión, usted de alguna manera me ha señalado la conveniencia de que fuera a echar un ojo a la comisaría. Ya se lo eché; estuve hace un año aproximadamente y entiendo que las condiciones son dignas pero mejorables. Estoy de acuerdo con que se puede construir una mejor comisaría, como por ejemplo la que acabamos de construir en Plasencia, que se inauguró ayer, que es realmente magnífica, e invito a todos ustedes a que vayan a verla porque además es desde el punto de vista arquitectónico un edificio moderno y luminoso. En todo caso, resumiendo, señalo, primero, que efectivamente no está prevista la construcción de un cuartel en Los Realejos; segundo, entendemos que la comisaría de Puerto de la Cruz cubre perfectamente Los Realejos; tercero, entendemos que, de alguna manera, en la medida en que tengamos disponibilidades presupuestarias, acometeremos obras de importancia en esa comisaría, que ya tiene unos años de existencia, como usted conoce, y en consecuencia es mejorable, se lo acepto.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Domínguez.


El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: Sinceramente, señor director general, me hubiese gustado escucharle no que posiblemente se estudiará la situación del número de oficiales en el catálogo de la comisaría, sino una realidad. Ha sido el propio sindicato el que ha hecho la protesta por escrito, esa reclamación, porque ha sido un error de redacción de dicho catálogo, en el cual existe un número de oficiales superior al que correspondería a una comisaría como esta, lo que merma el número de agentes de la misma y lo que lleva a prestar un servicio inferior al que se debería. Usted ha dicho que considera que se está prestando un buen servicio a Los Realejos. Soy vecino de Los Realejos, vivo en ese municipio, y le puedo garantizar que el servicio no es el deseado. Es un municipio en el que de vez en cuando, cuando la UVP está cerca y viene a esa comisaría patrulla las calles de este municipio, pero en tanto en cuanto no existe esa presencia no se patrullan las calles del municipio de Los Realejos. Sigo insistiendo en que es un municipio rural, un municipio acorde a esas características que usted ha dicho de la Guardia Civil y que, por tanto, me hubiese gustado que siguiese siendo una realidad la promesa que en el año 2006 se hizo por el delegado del Gobierno, entonces también del Partido Socialista. En la situación actual en la que nos encontramos económicamente entiendo que no sea factible.
Ahora bien, me gustaría ver un esfuerzo por su parte, ya que ha hecho esa inspección ocular en la zona y ha visto que las condiciones no son las que se merece una ciudad turística como Puerto de la Cruz, y mucho menos para dar cabida al número de agentes que le pertenecería. Me gustaría que cuando saliera de aquí hiciera una lectura del catálogo y viese cómo el número de población que le acabo de dar, los metros o los kilómetros cuadrados, la dispersión de población, la zona rural, la costa, el turismo, la población flotante...


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, señor diputado.


El señor DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ: No corresponde -termino enseguida- a lo que en él se plasma. Por tanto, me gustaría cambiar lo de posiblemente por una realidad próxima y a corto plazo.


La señora PRESIDENTA: El director también tiene un brevísimo tiempo de réplica, si la quiere.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Solamente voy a repetir lo que he dicho porque quizá me he expresado mal. Vamos a estudiar el catálogo, y si efectivamente existe una descompensación entre las diversas categorías del Cuerpo Nacional de Policía, no tenga usted duda de que la modificaremos. En todo caso, las organizaciones sindicales señalan con frecuencia planteamientos que no son coincidentes con los de nuestras unidades de personal. En todo caso, haremos un estudio y, en su caso, una revisión. Y en relación con la mejora de la comisaría, está entre las prioridades en la medida en que tengamos disponibilidades presupuestarias suficientes. Estuve viéndola y reconozco que es mejorable, como le he señalado con anterioridad, y también entiendo las razones en cuanto a que Puerto de la Cruz es un municipio turístico en el que hay que atender especialmente algunas cuestiones como incluso la estética de determinados organismos oficiales.


- DEL DIPUTADO DON SEBASTIÁN QUIRÓS PULGAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN JAÉN XXI.
(Número de expediente 181/002202.)

La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, la número 22. Para su formulación tiene la palabra el señor Quirós.


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El señor QUIRÓS PULGAR: Señor director general de la Policía y de la Guardia Civil, el 20 de enero de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el programa de medidas de activación Jaén XXI, conocido por todos como Plan Activa Jaén. Este programa específico y extraordinario de inversión de un gobierno central hacia la provincia de Jaén surgió para corregir una sequía inversora a la que sometieron los gobiernos del PP a la provincia de Jaén durante sus ocho años de Gobierno. Para terminar la contextualización del Plan Activa Jaén, le diré que durante los gobiernos del PP la provincia de Jaén siempre ocupó el vagón de cola de los Presupuestos Generales del Estado y por eso en los ocho años de Gobierno del Partido Popular no se construyó ninguna obra significativa en nuestra provincia. De ahí que el Plan Activa Jaén sea más que nada un programa de inversión de infraestructuras fundamentalmente de carreteras, ferrocarril y obras hidráulicas, pero que también contempla actuaciones en las infraestructuras de seguridad de la provincia que redundan en la mejora de las condiciones de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan su servicio en la provincia de Jaén, lo que sin duda se traduce también en la mejora de la seguridad de los jienenses.


La pregunta que le quiero dirigir, señor Vélazquez, se enmarca dentro del apartado 5.3, de mejora de las infraestructuras de seguridad del programa de medidas de activación Jaén XXI, que contemplaba la modernización de seguridad, en la que se incluía un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Linares, el plan de viabilidad de una academia de suboficiales en la antigua academia de enseñanza de Úbeda, la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Alcaudete, así como estudiar también la viabilidad sobre el traslado de la comandancia de Jaén a otro emplazamiento. Durante el periodo 2006-2009 se han ido sumando más actuaciones al compromiso inicial del Ministerio del Interior con la provincia de Jaén, como la casa cuartel de la Guardia Civil de Villanueva de la Reina, de Cabra del Santo Cristo, de Peal de Becerro, de Baeza, Cazorla y la nueva comisaría de Policía Nacional de Andújar. Me gustaría comentar también que fruto del Plan Activa Jaén se ha podido llevar a cabo un convenio entre el Ministerio del Interior con la Junta de Andalucía y la diputación provincial que ha permitido también la rehabilitación de las casas cuartel de Arjona, Cambil, Lopera, Santisteban del Puerto, Alcalá la Real y Martos. Posteriormente, el 26 de marzo de 2010, el Consejo de Ministros acordó ampliar las medidas del programa de medidas de activación Jaén XXI. Concretamente, el Ministerio del Interior contempla no ya el estudio de viabilidad, sino la reapertura de la academia de suboficiales de Úbeda, con una inversión de 57 millones de euros, y la adecuación del centro de prácticas operativas de la Enira de Linares. Estas dos actuaciones constituyen toda una apuesta para que la provincia de Jaén sea un referente a nivel nacional en la formación y cualificación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no nos olvidemos de que en la provincia de Jaén se encuentra la academia de guardias civiles de Baeza, que también ha recibido una importante inyección de inversión a través del PlanE, más de 1,8 millones de euros.
Por eso, señor Velázquez, puedo decirle que ha cambiado el panorama de la inversión del Ministerio del Interior en la provincia de Jaén desde que gobierna el Gobierno de Zapatero. Su apuesta no es solo por la mejora de la seguridad de la provincia, sino que también es una apuesta para mejorar en la medida de lo posible la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las dos infraestructuras que he dicho anteriormente -la academia de suboficiales de la Guardia Civil de Úbeda y el centro de prácticas operativas de la Enira-, todo un paquete de infraestructuras que pueden superar los 86 millones de inversión en nuestra provincia, por lo que me gustaría conocer el desarrollo de las actuaciones recogidas en el Plan Activa Jaén actualmente.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Quirós, veo que tiene excelente información sobre la situación general y sobre los proyectos. (El señor Grau Reinés: ¿Quién se la habrá pasado?). En cualquier caso, voy a decirle exactamente la situación concreta de cada una de las cuestiones.


En el ámbito del Plan Jaén, como usted conoce y conoce todo el mundo, el Ministerio del Interior tiene una serie de actuaciones previstas. La primera es la construcción de un nuevo centro de formación permanente en las instalaciones de la Enira, en Linares, destinadas a prácticas operativas de unidades especiales como los GEO y la UIP, la unidad de intervención policial. Las obras han sido ya recepcionadas y por un importe de 2.300.000 euros se pondrán en funcionamiento en muy próximas fechas. En segundo lugar, se ha construido una nueva casa cuartel en Linares por importe de 1.700.000 euros y está prevista su recepción a finales del mes de febrero. En tercer lugar, se firmó el 5 de octubre de 2009 un protocolo de intenciones entre el Ministerio del Interior, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda, en orden a la reapertura de la academia de suboficiales de la Guardia Civil que, como usted sabe, existió en su momento en Úbeda. La viabilidad el proyecto está determinada por la segregación de parte de los terrenos de la antigua academia, para que una vez que el ayuntamiento proceda a cambiar su calificación puedan ser enajenados por la junta. Con el capital obtenido en la enajenación, el Ministerio del Interior se compromete a construir en los terrenos no segregados una nueva academia de suboficiales de la Guardia Civil y un centro de formación a distancia, también de la Guardia Civil, con sus instalaciones complementarias.
También la diputación provincial se compromete a construir un polideportivo para que

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pueda dar servicio a los usuarios de las nuevas instalaciones. La Junta de Andalucía se compromete a rehabilitar las viviendas existentes dentro de las nuevas instalaciones, así como a construir otras nuevas en el interior de las instalaciones tanto de Úbeda como de la actual academia de Baeza. En el año 2011 se tiene previsto licitar y adjudicar la redacción del proyecto del plan director para la construcción de estas instalaciones que le acabo de referir. Otra de las actuaciones comprendidas en este protocolo es la construcción de una nueva casa cuartel de la Guardia Civil en Úbeda en unos terrenos cedidos al efecto por el ayuntamiento de esta ciudad. En cuarto lugar, el Plan Jaén incorpora también la construcción de dos nuevos acuartelamientos en Cazorla y Villanueva de la Reina, así como obras de mantenimiento en varios cuarteles de la provincia. Las obras de acuartelamiento de Cazorla, de 2.700.000 euros, han finalizado y está previsto que se recepcione la obra y se entregue a finales también del mes de febrero. El acuartelamiento de Villanueva de la Reina, por un importe de 1.560.000 euros, está previsto que sea finalizado en la anualidad 2014-2015. En lo que respecta a las obras de mantenimiento integral de los cuarteles, han sido acometidas en los cuarteles de Porcuna, Alcalá la Real y Martos.
Todas las obras, por importe de 111.000, 187.000 y 384.000 euros respectivamente, se encuentran finalizadas en estos acuartelamientos que le he señalado. Finalmente, en Baeza se ha procedido a la ampliación de las dependencias del servicio sanitario de la Guardia Civil por un importe de 1.500.000 euros y a la rehabilitación parcial de viviendas en la academia por importe de 275.000 euros y ambas obras han sido ya recepcionadas. Por otro lado, se está construyendo un nuevo acuartelamiento por un importe de 5.900.000 euros, cuya finalización está previsto que culmine este año.


En conclusión le diría que los compromisos adquiridos por el ministerio dentro del programa de medidas de activación Jaén XXI están ejecutándose según lo previsto, incluyendo actuaciones que han sido financiadas con los fondos que en un principio estaban destinados a este plan, a los que se han añadido los del PlanE, obviamente en aquellos casos en los que ha sido posible.


La señora PRESIDENTA: Señor diputado, ¿quiere hacer uso del medio minuto que le queda?

El señor QUIRÓS PULGAR: Solo quiero hacer una aclaración porque ha habido unos comentarios de los diputados del Partido Popular. (El señor Bermúdez de Castro Fernández: Excusatio non petita...) Si tengo esa información es porque soy el coordinador del Plan Activa Jaén, por lo que conozco bastante el desarrollo de esa actuación y pongo en evidencia que gracias al compromiso del Gobierno de Zapatero esta provincia tiene una inversión total en infraestructuras de 1.600 millones de euros, la que no tuvimos con el Partido Popular.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE GRADO DE EJECUCIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY POR LA QUE SE INSTABA AL GOBIERNO A MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expedien-te 181/002461.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, la número 1 del orden del día. Para su formulación tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Bienvenido, señor director general. Usted sabe que a esta diputada le preocupa y le ocupa la seguridad de los acuartelamientos e instalaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional así como el equipamiento de policías y guardias civiles. Por eso, ya a finales del año 2008 presentamos una proposición no de ley, que fue aprobada en el mes de diciembre, que versa expresamente sobre el grado de ejecución por el que le pregunto. Después de esta proposición no de ley, aprobada y no ejecutada, desde mi punto de vista, a satisfacción, esta diputada le ha formulado varias preguntas. Algunas de ellas han sido contestadas, otras todavía no. Sobre una pregunta realizada en el año 2009 usted me informaba de que había un presupuesto de 5 millones de euros, de que había un plan especial de 600.000 euros. Posteriormente le he vuelto a preguntar sobre la ejecución de esos 5 millones de euros, y todavía a día de hoy, mientras le estoy hablando, no tenemos respuesta al respecto. Estamos hablando de un tema que no me cabe la menor duda de que a usted, como responsable directo del asunto, le preocupa y le ocupa, pero que a mí me preocupa sobremanera y que desde mi perspectiva no ha tenido ni una respuesta ni una solución satisfactoria. Sin perjuicio, como le decía anteriormente, de que no nos hayan respondido sobre el grado de ejecución de esos 5 millones de euros presupuestados para el año 2010, lo que me importa, lo que exigimos es que se cumplan las medidas para garantizar la seguridad y para proteger, por una parte, a quienes nos protegen, que son los destinatarios de este trabajo, pero también para proteger la vida de quienes viven, conviven y les acompañan en esos recintos, y me refiero en este caso concretamente a las casas cuartel de la Guardia Civil. Han ocurrido y siguen ocurriendo en los últimos años desde que se aprobó esta proposición no de ley cosas que me preocupan. De algunas que conozco y que conoce el director general -porque tiene documentación que lo acredita- hablaré por encima porque estamos hablando de cuestiones de seguridad, aunque usted identificará cada una de las cosas que le diga. Ha habido algunos hechos preocupantes y relevantes en este tiempo. Citaré un par de ejemplos. El primero de ellos es que por primera vez en la historia -que yo sepa- existe ante los tribunales una demanda de la asociación de policías víctimas de ETA que exigen responsabilidades

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al Estado por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Burgos precisamente porque a su juicio se incumplían las normas de seguridad en las instalaciones, lo que añade un riesgo innecesario a un trabajo y a una convivencia con sus familias ya de por sí enormemente arriesgados.
Ese es un hecho relevante que indica algo que no nos gusta que esté ocurriendo.


Por otra parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha presentado hace varios meses al ministro un detallado informe sobre la situación de los cuarteles de toda España y los medios de seguridad que han de utilizar los agentes, sobre las dos cuestiones: el acuartelamiento y el equipamiento. Como le decía, señor director general, precisamente por razones de seguridad este informe y el mapa que allí se dibuja no pueden hacerse públicos. No será esta diputada la que los haga públicos, pero ustedes lo tienen y a mi juicio no actúan con la debida diligencia. La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha analizado 1.600 cuarteles de los 1.700 existentes en España y aunque solo han abordado en ese informe cuestiones básicas -como videos de vigilancia, perímetros de seguridad y medios técnicos- la imagen, el retrato que nos devuelven de la situación es desolador. Un 50 por ciento de las instalaciones no cumplen los mínimos de seguridad y adolecen de requisitos tan básicos como chalecos antibalas personales o mamparas para el traslado de los detenidos. No estamos hablando solamente de aquellos cuarteles o instalaciones ubicadas en sitios donde hay mayor riesgo de terrorismo y que por tanto incluso tienen un equipamiento mayor. Los riesgos para la seguridad de quienes viven y trabajan en esas instalaciones en unos sitios de España son mayores que en otros, pero en todos los sitios -le he citado, por ejemplo, las mamparas de seguridad para el traslado de delincuentes- tienen que convivir por su trabajo con delincuentes. Insisto en que este informe -que ustedes conocen y que no pueden desmentir, porque no lo han desmentido- confirma una percepción subjetiva que tenían los agentes y que tenemos nosotros, al menos yo -no hablaré más que en mi nombre-, respecto de las deficiencias de la seguridad en los cuarteles y en estas instalaciones; confirma a la vez una estructura territorial -quiero llamarle la atención sobre esta cuestión- inadecuada y obsoleta para la España del siglo XXI, que no es capaz de prestar adecuadamente el servicio debido a los conciudadanos y que lastra la modernización y la adaptación a los tiempos del cuerpo, en este caso, refiriéndome al informe, de la Guardia Civil.


Dígame, señor director general, qué van a hacer para terminar con esta situación y para dar cumplimiento a esta proposición no de ley que le he mencionado aprobada en el año 2008 sobre la seguridad en estos equipamientos y también en los equipamientos e instalaciones de la Policía Nacional.


La señora PRESIDENTA: Señoría, ya le comento que ha completado su tiempo de pregunta.


Tiene la palabra el director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Muchas gracias, señora Díez, por su pregunta.


Le voy a dar algún dato que completará los que tiene. El número de acuartelamientos y de otras instalaciones de la Guardia Civil es de 2.392 y el número de comisarías es de 748. En total, estamos hablando de 3.140 instalaciones entre ambos cuerpos de seguridad, de 6.500.000 metros cuadrados y de unos presupuestos importantes que hay que administrar, los de toda la dirección general en sus dos ámbitos, Policía y Guardia Civil, cuyos responsables están hoy aquí conmigo. Le diré previamente -después le daré los datos correspondientes al cumplimiento de la proposición que fue aprobada- que, en general, nuestra estructura territorial no está obsoleta. Sobre todo en el ámbito de la Guardia Civil y también en el ámbito de la Policía, como usted ha tenido oportunidad de escuchar con anterioridad, vamos realizando ciertos ajustes y suprimiendo en algún caso algunos pequeños puestos, siempre con la oposición de los alcaldes correspondientes porque ningún pueblo de España quiere que eliminemos ningún cuartel de la Guardia Civil. Por tanto, todos aquellos proyectos realizados en algunas oficinas, sean estos de carácter asociativo-profesional o de otra naturaleza, en el sentido de agrupamientos, cuentan siempre con muchas dificultades desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la conciencia de seguridad que tienen los ciudadanos. Los ciudadanos desean siempre que la Guardia Civil y la Policía estén muy cerca de su casa y se oponen tajantemente a que concentremos, eliminemos o dejemos de tener en funcionamiento las instalaciones ya existentes. Por tanto, nuestro deber en el Ministerio de Interior y en la dirección general es tener en cuenta los intereses de los ciudadanos y de los ayuntamientos, que tengo que decirle que con mucha frecuencia colaboran, incluso financieramente, al mantenimiento de los cuarteles, de las comisarías y a las medidas de seguridad correspondientes.


En cuanto a las medidas de seguridad a las que usted hace referencia en su pregunta, le diré que, además de las medidas habituales que tomamos cada vez que construimos un cuartel o remozamos alguna de las instalaciones, hemos hecho muchas actuaciones de carácter extraordinario, algunas -usted se ha referido lateralmente a ellas- han estado motivadas esencialmente porque en los años 2008 y 2009 hubo determinados atentados terroristas que nos obligaron a hacer actuaciones de esta naturaleza. Precisamente el primer plan al que usted se ha referido es el Plan de mejora de medidas de seguridad en acuartelamientos de la Guardia Civil del País Vasco y Navarra que el Consejo de Ministros aprobó en septiembre del año 2008 como consecuencia del atentado de Legutiano que costó la vida, como usted recordará, a un guardia civil del acuartelamiento. El Consejo de Ministros el 12 de septiembre de 2008 tomó razón de las obras de emergencia para ampliar las medidas de seguridad existentes en los

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diversos acuartelamientos de la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra por valor de 5 millones de euros. En virtud de este acuerdo hemos hecho diversas actuaciones de las que le cito algunas: colocación de muros perimetrales de hormigón armado tratados con pintura especial para reducir las consecuencias de una hipotética explosión, instalación o mejora de los circuitos cerrados de televisión -los CCTV-, la implantación en las aceras colindantes de bolardos de protección de fundición de hierro o de bolardos escamoteables de alta resistencia en los casos de accesos a los garajes para impedir la colocación de coches bomba junto al acuartelamiento o la prohibición de la circulación en calles adyacentes con la colaboración con frecuencia de los ayuntamientos de las localidades afectadas.


Más tarde, el 16 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo acuerdo por importe de 15 millones tanto para la rehabilitación del cuartel de Burgos, al que usted se ha referido, afectado por un atentado, como para el realojo de las familias afectadas. Estos atentados pusieron en evidencia que se necesitaba intensificar nuestros esfuerzos para estudiar y poner en práctica las medidas de seguridad en otros acuartelamientos. Por eso se redactó y se aprobó un plan de mejora de la seguridad de las infraestructuras, del personal y de los vehículos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Así, por acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de octubre del año 2009, se autorizó la aplicación del Fondo de contingencia por un importe total de 20 millones de euros para financiar los suplementos de crédito en el Ministerio del Interior para gastos de esta naturaleza; en concreto, fueron 7 millones a la Policía y 13 millones a la Guardia Civil. Respecto a la Guardia Civil le puedo contar que la distribución de estos 13 millones fue: en el País Vasco, Navarra y zonas limítrofes, 4.100.000 euros; circuito cerrado de televisión (CCTV), 2 millones; chalecos antibala y espejos detectores de bombas lapa, 4.600.000; inhibidores de frecuencia, 2.100.000. En total, 13 millones de euros. Termino señalándole que el total de las actuaciones que hemos hecho en esta materia para incrementar la seguridad de nuestros cuarteles y comisarías de policía y de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en estos dos años asciende a un total de 40 millones de euros.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


DEL DIPUTADO DON JAIME REINARES FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:

- FECHA PREVISTA PARA ACOMETER LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE TREVÍAS, ASTURIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/091078). (Número de expediente 181/003206.)

- FECHA PREVISTA PARA ACOMETER LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE VEGADEO, ASTURIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/091079). (Número de expediente 181/003207.)

- FECHA PREVISTA PARA ACOMETER LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE COLOMBRES, ASTURIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/091080). (Número de expediente 181/003208.)

- FECHA PREVISTA PARA ACOMETER LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE CABAÑAQUINTA, ASTURIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/091081). (Número de expediente 181/003209.)

- FECHA PREVISTA PARA ACOMETER LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE MOREDA, ASTURIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/091082). (Número de expediente 181/003210.)

La señora PRESIDENTA: Para formular las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6, que son coherentes entre sí, tiene la palabra el diputado don Jaime Reinares Fernández.


El señor REINARES FERNÁNDEZ: Bienvenido, señor director general. Estas cinco preguntas, efectuadas por escrito el pasado 13 de octubre, no fueron contestadas por el Gobierno en tiempo y forma, incumpliendo el Reglamento del Congreso. Transcurrieron los veinte días que establece el Reglamento de la Cámara sin ser contestadas y se elevan a orales mediante escrito del día 14 de diciembre de 2010. Cuando el Ministerio del Interior recibe mi escrito para elevar a oral las preguntas, el 14 de diciembre de 2010, emite la respuesta que presenta en el Congreso el 22 de diciembre y le pone fecha 1 de diciembre. Señora presidenta, señorías, torpe, pero muy torpe, engaño del Gobierno. Señor director general, las trampas afloran siempre. Este tipo de trampas en este ministerio vienen siendo habituales desde que lo dirige quien lo dirige, pero qué vamos a hacer, habrá que aguantar hasta que aparezca un juez y tome cartas en el asunto.


Pero voy a centrarme en las preguntas que nos ocupan. ¿Va a acometer el Ministerio del Interior algún tipo de obras de reparación y acondicionamiento de los edificios que utiliza la Guardia Civil de Trevías, Vegadeo, Colombres,

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Cabañaquinta y Moreda, en Asturias, en el año 2011? Estos edificios, si se pueden llamar así, que albergan actualmente los cuarteles de la Guardia Civil, yo les digo, porque los conozco, que no son habitables. Espero su respuesta, señor director general.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Velázquez.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Trataré de responderle lo más rápidamente posible, aunque usted hace varias preguntas en relación con diversos cuarteles.


Haré una introducción de carácter general. Evidentemente, con cargo a los créditos ordinarios de la Guardia Civil, en Asturias estamos ejecutando obras en los años 2008, 2009, 2010 y asimismo en 2011. Para que usted tenga los datos, en el año 2008 fueron 800.000 euros; en el año 2009, 1.450.000 euros; en el año 2010, 628.000 euros y las previsiones para el año 2011 son de 177.000 euros. Hay también créditos extraordinarios, especialmente el PlanE, con los que hemos hecho algunas encomiendas de gestión, especialmente con la empresa Tragsa, y se han ejecutado obras por valor de 450.000 euros. Refiriéndome a los gastos que hemos hecho en algunos ayuntamientos concretos, usted no se ha referido, por ejemplo, a Llanes, donde hemos hecho una nueva casa cuartel cuyo importe total es de 4.600.000, una cantidad muy respetable. Y a partir del año 2008 también podemos citar importantes cantidades en cuanto al mantenimiento de los edificios, capítulo 2. En el año 2008, 820.000 euros; en el año 2009, 920.000 euros; en el año 2010, 1.300.000 euros y en el año 2011, 617.000 euros.


Voy a referirme ahora a los cuarteles concretos a los que usted ha hecho referencia. En Trevías, la Guardia Civil ocupó un acuartelamiento, propiedad particular, construido en el año 1928. Se abona una renta muy escasa, afortunadamente para nosotros, consta de unas dependencias oficiales y cuatro pabellones, y su estado general de conservación es regular. En los años 2009 y 2010 hemos invertido algunas cantidades, no demasiado altas; pero en todo caso 15.000 euros en el año 2009 y 21.000 euros en el año 2010. En el municipio de Vegadeo, la Guardia Civil ocupa un inmueble de propiedad estatal construido en el año 1972 que consta de dependencias oficiales y 26 pabellones, siendo su estado general de conservación regular, y de los créditos descentralizados asignados a la zona de Asturias se han invertido en los dos últimos años 123.000 euros y están previstos para el año 2011, 47.000 euros. En Colombres, la Guardia Civil ocupa un inmueble de propiedad estatal construido en 1968 que consta de dependencias oficiales y catorce pabellones y su estado de conservación desde luego es mejorable. En el año 2010 se sustituyeron las ventanas de las dependencias oficiales. En el caso de la localidad de Cabañaquinta, en el término municipio de Aller, la Guardia Civil ocupa desde el año 1990 un inmueble cedido por el ayuntamiento que consta de dependencias oficiales y dos pabellones, siendo su estado de conservación regular. La zona de la Guardia Civil está en conversaciones con el ayuntamiento con el fin de conseguir la cesión de unas nuevas instalaciones que mejoren las actuales. En el caso de Moreda, también en Aller, la Guardia Civil ocupa desde finales del año 2010 unas dependencias cedidas por el ayuntamiento en las que se ubica el puesto de la Guardia Civil y en las que se han invertido 3.600 euros en reparaciones, y en nuestro plan plurianual de inversiones se contempla la construcción de un nuevo acuartelamiento, con anualidades en 2012-2013, por un importe total de 2.118.000 euros.


Espero haber respondido a sus preguntas.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Reinares.


El señor REINARES FERNÁNDEZ: Señor director general, yo no le he preguntado por lo que se había hecho anteriormente. Y además ha puesto usted el peor ejemplo, el de Llanes. ¿Sabe cuánto tiempo se tardó en hacer el cuartel de la Guardia Civil de Llanes? Quince años.


Mire, yo ya no les creo a ustedes. Ustedes no tienen ninguna credibilidad.
Ustedes mienten permanentemente y además se quedan tan panchos anunciando proyectos y obras que después son todas fallidas. Tengo aquí documentación de la prensa asturiana en que anunciaban que se iban a acometer obras en todos estos cuarteles que le he citado anteriormente.
Pero no solo hablaban de hacer reparaciones, sino que incluso algunos dirigentes socialistas... Les voy a leer los titulares. Cabañaquinta tendrá cuartel de la Guardia Civil en marzo. No dijeron de qué año. La Guardia Civil se traslada de Moreda a Caborana. Para trasladarlo, cómo estaría el edificio. Moreda tendrá un cuartel de la Guardia Civil. ¿Para cuándo? Si quieren les leo más hemeroteca, como por ejemplo lo que dice el máximo representante de la Unión de Guardias Civiles. Los cuarteles de Vegadeo y Trevías son unas ratoneras. El edificio de Colombres está totalmente inhabitable.


Señora presidenta, señorías, quiero hoy, aquí, en sede parlamentaria y ante el señor director general, denunciar la falta de atención que el Ministerio del Interior muestra hacia los miembros de la Guardia Civil que prestan sus servicios en estas localidades asturianas. En Trevías, 9 efectivos; en Vegadeo, 17; en Colombres, 7; en Cabañaquinta, 9, y en Moreda, 14. En total son 56 efectivos de la Guardia Civil que tienen que estar en unos edificios que yo considero ruinosos, con goteras en los tejados, humedades en techos y paredes, con suelos de madera con polilla, sin cristales en las ventanas, con cartones para que no entre agua por la lluvia. Y las viviendas de las casas-cuartel no pueden ser utilizadas porque son inhabitables. Y esto también se lo decía para el cuartel de la localidad de Noreña, que tengo otra pregunta hecha sobre esto.


Señora presidenta, señorías, la Guardia Civil no se merece este trato. Se nos llena la boca de elogios cuando la

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Guardia Civil hace misiones de alto riesgo; presumimos de su profesionalidad, de su espíritu de trabajo hacia la sociedad; decimos que son imprescindibles y algunos políticos incluso aprovechan sus logros y méritos para hacerse la foto, y sin embargo en estas localidades de Trevías, Vegadeo, Colombres, Cabañaquinta, Moreda y Noreña, en Asturias -Dios sabe cómo estarán otros lugares-, no pueden ni hacer sus necesidades fisiológicas, tienen que salir del cuartel porque tal vez les caiga el tejado encima. Señora presidenta, señorías, delante del director general les muestro unas fotografías que tengo aquí, que se las paso posteriormente, señor director general, de algunos de esos cuarteles: son vergonzosas. Y aquí es donde están esos 56 guardias civiles en Asturias, en Trevías, Vegadeo, Colombres, Cabañaquinta y Moreda. Vergüenza, vergüenza nos debería dar a los políticos tenerlos así. Señores socialistas, esto ya no es política, esto es sentido común.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para finalizar el turno el señor director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Utilizando el sentido común, con lo que usted ha terminado, le diré que si hemos tardado en hacer el cuartel quince años, ustedes estuvieron ocho sin hacerlo y este Gobierno lo ha hecho. Por tanto, quizá le corresponde un poquito más de culpa que a nosotros.


Respecto a que determinadas instalaciones no tengan las mejores condiciones de habitabilidad, puedo señalarle, primero, que hemos puesto de manifiesto los créditos que tenemos y las actuaciones que estamos haciendo, incluso tenemos un fondo de emergencia para, cuando se dan situaciones de esta naturaleza, ir inmediatamente a solucionarlas. Pero le recuerdo la contestación que le he dado con anterioridad a alguno de los intervinientes: tenemos muchos miles de instalaciones y, en consecuencia, intentamos por todos los medios, con la ayuda de todas las administraciones públicas, subvenir a las necesidades. Lógicamente, cuando estas necesidades son auditadas y se ha visto que son necesarias, pues lo hacemos, incluso aunque no lo tengamos previsto en el plan de inversiones, como muy probablemente vamos a hacer en el acuartelamiento de Mieres de forma inmediata, en los próximos meses.


DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:

- FECHA PREVISTA PARA CUMPLIR EL MANDATO DE LA COMISIÓN DE INTERIOR DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE PUBLICAR MENSUALMENTE LOS DATOS DE DELINCUENCIA EN SU PÁGINA WEB (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/070328). (Número de expediente 181/003279.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta número 7. Para su formulación tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor director general, el 27 de mayo de 2009 esta Comisión aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a incluir en la página web del Ministerio del Interior la evolución mensual de delitos y faltas conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por tipos de delitos y por provincias, con un formato de fácil acceso para los ciudadanos, tal y como hacen la mayoría de las democracias occidentales. En segundo lugar, se le pedía al Gobierno que facilitara puntual y detalladamente los datos sobre criminalidad solicitados en las preguntas parlamentarias de los diputados y senadores, cumpliendo el mandato constitucional que tiene el Ejecutivo.
Mi pregunta, señor director general, es si ustedes piensan cumplir este mandato de la Comisión y cuándo.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Muchas gracias por sus palabras de bienvenida, señor Cosidó. Es un placer estar de nuevo aquí para recibir sus preguntas.


Efectivamente, en mayo de 2009 esta Comisión aprobó por unanimidad una proposición no de ley y le diré que el Ministerio del Interior el 28 de octubre de 2008, que fue la primera vez que presentó ante esta Cámara los resultados de criminalidad -la primera vez que un ministro a petición propia lo hacía, porque el señor Mayor Oreja lo hizo a petición del Grupo Socialista-, dio en aquel momento un balance de los datos de criminalidad en los últimos cuatro años. Desde esa fecha, repito, octubre de 2008, con carácter periódico y semestral -y usted lo conoce perfectamente-, tanto el vicepresidente primero y ministro del Interior como el secretario de Estado acuden a esta Comisión y a la correspondiente del Senado para dar cumplida cuenta de los datos estadísticos de delincuencia. En este sentido está prevista la comparecencia del vicepresidente en fechas próximas, antes incluso de los seis meses de las últimas comparecencias sobre este tema, que fueron el 18 de septiembre de 2010 en el Congreso y el 18 de octubre de 2010 en el Senado. En cuanto a la publicación de los datos en la página web del ministerio, debo manifestarle que en ella se encuentran permanentemente disponibles todos los datos territorializados en el anuario estadístico que se encuentra en su página principal. Anoche mandé imprimir las 234 páginas que tienen estas referencias de las que, señora presidenta, le hago entrega para su administración correspondiente.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cosidó.


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El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor director general, a ver si nos comportamos con un mínimo de rigor. Le he leído el texto de un mandato de esta Comisión que pide al ministerio la publicación mensual de los datos provincializados. Eso se aprobó hace más de año y medio, y esos datos no están y no tienen nada que ver con el anuario estadístico que usted acaba de entregar a la presidenta de la Comisión y que se encuentra además muy disminuido respecto a lo que tradicionalmente contenían como datos los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior. El Gobierno está incumpliendo el mandato de esta Comisión, lo está incumpliendo en eso y lo esta incumpliendo en la respuesta a las preguntas parlamentarias. Yo tengo aquí los datos de sesenta preguntas parlamentarias que yo le he formulado sobre datos de criminalidad relativos al año 2009 y me dicen: En relación con las preguntas formuladas por su señoría se significa que los datos de delincuencia y criminalidad se facilitarán de la forma acordada entre los grupos parlamentarios en la proposición no de ley relativa a los datos de criminalidad y sistema estadístico de seguridad.
Lo que le pedimos y que fue aprobado por esta Comisión es que faciliten puntual y detalladamente los datos sobre criminalidad solicitados en las preguntas parlamentarias escritas. Ustedes están incumpliendo también esta obligación. Eso significa una grave falta de respeto al Parlamento.
En una democracia parlamentaria, como es la que define la Constitución española de 1978, una falta de respeto al Parlamento es una falta de respeto a la democracia y en última instancia a los ciudadanos a los que representamos.


Ustedes mantienen en términos de delincuencia una opacidad extrema, hasta el punto de que hoy no sabemos cuántos delitos se cometen en España. No sé si no lo saben o si no nos lo quieren decir, porque en sus estadísticas han borrado por completo todos los delitos conocidos por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad autonómicas. No sabemos hasta año y medio después, que es lo que usted le acaba de entregar a la presidenta, cuáles son los datos de criminalidad en cada una de nuestras provincias. Hasta año y medio después, en que ustedes publican el anuario estadístico, no lo conocemos. Y conocer los datos sobre la inseguridad ciudadana en su ciudad o en su provincia no solo es un derecho de los ciudadanos, es que es básico si queremos mejorar nuestra política de seguridad, porque si no sabemos cómo está esa política de seguridad es imposible que podamos mejorarla. Y la única explicación posible para esta opacidad que mantienen ustedes con los datos de delincuencia, que es inédita, porque siempre el Gobierno había contestado a las preguntas de los parlamentarios, siempre, y ese es el mandato que tiene de esta Comisión, el mandato que le acabo de leer textualmente, es que o esconde una manipulación o ustedes no quieren reconocer cuál es la situación real, pero no tiene otra explicación posible esa ocultación sistemática de los datos que no sea la manipulación de los datos estadísticos de seguridad.
Por tanto, le vuelvo a exigir formalmente que cumpla el mandato de esta Comisión, que ustedes no están cumpliendo; cumpla lo que le acabo de leer, que no lo están cumpliendo. Y se lo pido, a pesar de las enormes dudas que me genera que el Gobierno cumpla un mandato de esta Comisión cuando ni siquiera es capaz de cumplir la ley, por ejemplo en lo que se refiere a la Ley de Personal de la Guardia Civil, cuando no cumplen las resoluciones judiciales, por ejemplo en lo que se refiere a la aplicación del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía. Con esos antecedentes, me parece mucho más difícil que ustedes cumplan las resoluciones de esta Comisión, pero mi obligación como parlamentario es pedirles por lo menos respeto.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Velázquez.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Intervendré muy rápidamente para señalarle, señor Cosidó, que muy próximamente, como le he dicho, tendrá usted tiempo de hablar de forma continua y ampliamente sobre las tasas de criminalidad con el ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno o si no con el secretario de Estado. Yo he entregado a la presidenta de la Comisión unos datos que, por supuesto con la administración adecuada por parte de la Presidencia, nuestro deseo es que sean objeto de análisis por parte de todos y cada uno de los diputados. En segundo lugar, nuestras tasas de criminalidad y los datos que tenemos, tanto el ministro como el secretario de Estado y nosotros también los damos a conocer -los que tenemos-, y obviamente, como usted sabe, el Ministerio del Interior ha hecho un esfuerzo cuantioso en inversiones y en personal precisamente para tener a disposición del Congreso de los Diputados y de todos los españoles todos los datos de la forma más célere posible; en eso estamos trabajando.
También le diré que hemos avanzado muchísimo desde la época en que ustedes tenían la responsabilidad sobre la materia.


DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:

- NÚMERO DE ANÁLISIS DE ADN PENDIENTES EN LA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/087236). (Número de expediente 181/003280.)

- NÚMERO DE ANÁLISIS DE ADN PENDIENTES EN EL SERVICIO DE CRIMINALÍSTICA DE LA GUARDIA CIVIL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/087237). (Número de expediente 181/003281.)

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La señora PRESIDENTA: Pasamos a las preguntas números 8 y 9, que se van a contestar conjuntamente. Para su formulación tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Seguro que coincidimos el director general y yo en que los análisis de ADN constituyen una herramienta cada vez más importante en la lucha contra el delito y seguro que coincidimos también en reconocer que los laboratorios tanto de Policía científica del Cuerpo Nacional de Policía como de criminalística de la Guardia Civil son laboratorios punteros que se encuentran en la vanguardia de las ciencias criminalísticas en toda Europa, gracias en buena medida a una excelente labor de los profesionales que en ellos trabajan. El problema que tenemos es que estos laboratorios están absolutamente desbordados, y seguramente en eso también coincidiremos. Le voy a dar un solo dato. En la base de datos de ADN a la que ustedes se comprometieron además en un tratado internacional, en el Tratado de Prüm, España tiene en estos momentos 90.000 identificaciones de ADN. El Reino Unido tiene 5 millones, es decir, el Reino Unido tiene cincuenta veces más datos de ADN en su base policial que nosotros. Además, la Guardia Civil y la Policía Nacional acumulan al menos 30.000 informes de retraso, es decir, tienen 30.000 informes pendientes en estos momentos, y es un retraso que además cada año va a aumentando porque, como reconocen en su propia respuesta por escrito -que me llega con posterioridad a la reconversión de esta pregunta en oral-, en 2009 se pidieron 57.061 informes y se realizaron 44.084, generando a los más de 30.000 informes de tapón que existen actualmente otros 13.000 informes más como déficit del último año. Señor director general, mi pregunta es ¿qué medidas va a adoptar la dirección general para poder acabar con este significativo e importantísimo retraso en un instrumento que, insisto, es fundamental para garantizar la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, de acuerdo con mis datos, que coinciden básicamente con lo que usted ha señalado, en el año 2010 hemos realizado algo más de 260.000 análisis. ¿Son todos? No, no son todos. ¿Por qué no son todos? En algún caso hay una necesidad de mayor inversión, que estamos acometiendo, por ejemplo la compra de alguna herramienta de automatización en la Comisaría General de Policía Científica, por valor de algo más de 100.000 euros, que ya estamos en proceso de compra. Le diré entre paréntesis que, como los diputados que lo han deseado lo han podido ver, nuestra Comisaría General de Policía Científica y nuestro laboratorio es probablemente uno de los más avanzados del mundo, pero no le voy a negar el retraso, señor diputado. El retraso lo tenemos, aunque nos estamos esforzando dotando con mayor número de personas a la Comisaría General de Policía Científica y al ámbito de criminalística de la Guardia Civil.
Vamos a hacer una inversión cuantiosa en Tres Cantos con un nuevo laboratorio de la Guardia Civil. En este sentido, podría decirle que las inversiones que hemos acometido en los últimos años para la Policía han sido mayores que para la Guardia Civil, pero también es verdad que la demanda de análisis de ADN es mucho mayor en el ámbito urbano, para entendernos, en el ámbito de la Policía Nacional, y en este sentido sí coincido con usted.


En segundo lugar, me da los datos de otro país que, por cierto, tuvo algún problema de carácter jurídico en relación con la toma de muestras, como usted conoce. Nosotros hemos empezado no hace demasiados años, como usted también sabe, pero estamos acelerando nuestra capacidad de emisión de informes. Esta capacidad de emisión de informes con frecuencia no llega a colmar la demanda que nos llega del ámbito judicial, y lo que estamos estableciendo es con frecuencia también prioridades en función de la importancia de los asuntos, de acuerdo también, por supuesto, con el Poder Judicial. Para que usted se haga una idea, en el caso de Arriate, Málaga, obviamente no se ha esperado a la cola teniendo en cuenta la alarma social existente. En todo caso, lo que sí intentamos es cuando los asuntos son de mayor importancia, desde luego hacerlos lo más rápidamente posible.


En resumen, señoría, estamos incrementando la inversión en función de nuestras disponibilidades. Estamos dándole una prioridad absoluta porque esto es la demanda de nuestro tiempo. En nuestro tiempo obviamente el ADN constituye una prueba determinante, como podemos ver en los periódicos en los casos que mayor alarma social han obtenido. Asimismo, estamos acometiendo determinadas inversiones, tanto en infraestructuras como en equipamiento, que aceleren nuestra capacidad de llegar a colmar esta demanda, que reconozco con usted que se incrementa.


La señora PRESIDENTA: Señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: El problema, señor director general, no es que exista un retraso de 30.000 informes pendientes, el problema es que cada año el número de informes pendientes es mayor y, por tanto, algo hay que hacer. Ustedes en su programa electoral se comprometían a crear algo así como un servicio nacional de Policía científica. Me gustaría saber si en el año que les queda de legislatura -si es que la agotan- ustedes van a acometer este proyecto o no. Se ha hablado también dentro de la Guardia Civil de la creación de un nuevo edificio para el servicio de criminalística en Tres Cantos. Me gustaría saber si van a acometer ese proyecto o no. Por último, también quisiera conocer si en el año 2011 el presupuesto para poder realizar estos análisis de ADN, de consumibles y de informes incluso externalizados

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-nuevamente estamos en otro caso de externalización también, al menos en el caso de la Guardia Civil- se incrementan de forma tal que consigamos que si no podemos atender esos 30.000 informes pendientes, por lo menos no sigan año a año incrementándose. Le pediría que en la medida de lo posible me diera respuesta concreta a estas tres preguntas.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor diputado, en relación con la propuesta del programa electoral del partido en el Gobierno, el servicio nacional de Policía científica, fíjese que estamos ya logrando de alguna manera llegar a ese planteamiento en la medida en que hay una base de datos común, SAID, como usted conoce, en la medida en que ha habido una inversión importante en el ámbito del laboratorio especial de Policía científica, y vamos a hacer el laboratorio de criminalística en el ámbito de la Guardia Civil. En este momento, el proyecto está en fase de redacción y en cuanto esté aprobado lo vamos a licitar porque, efectivamente, ese servicio de criminalística es una de nuestras grandes prioridades. Lo vamos a hacer en Tres Cantos, donde ya hay un terreno preparado para ello. En relación con lo que le preocupaba a usted en lo que se refiere a los consumibles -veo que tiene una información correcta-, los consumibles, uno, son caros y, dos, se agotan. Todos los años tenemos que subvenir a estas necesidades a partir normalmente del mes de septiembre u octubre, porque nuestra capacidad de gasto es mucho mayor que lo que le habíamos asignado. De manera que al menos en los tres años que yo voy a hacer en esta dirección general, en los tres casos, sobre todo en Policía, lo hemos tenido que hacer así. En el ámbito de la Guardia Civil hemos incrementado los créditos relativos a nuestra colaboración con uno de los institutos de la Universidad de Granada, como usted conoce, que nos ayuda a realizar este tipo de análisis, pero le diré que es nuestra voluntad trabajar para que también el servicio de criminalística llegue a ser alguna vez totalmente autosuficiente, como en este momento es la policía, aun reconociéndole que existen determinados retrasos porque la demanda es mucho más alta que nuestra capacidad de oferta.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CANTIDAD QUE SE TRANSFERIRÁ EN 2011 A LA GENERALITAT DE CATALUÑA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA POLICÍA AUTONÓMICA DE DICHA COMUNIDAD (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/091986). (Número de expediente 181/003283.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, la número 11. Para su formulación tiene la palabra de nuevo el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Ustedes dicen que no saben cuánto dinero van a transferir a la Generalitat de Catalunya para financiar su Policía autonómica. Lo sabíamos en el año 2005, en el que había una partida, como bien conoce el director general, en el Ministerio del Interior de 338 millones de euros; lo sabíamos también hasta el año 2010 en el que esa cantidad se había duplicado, ya no estaba en la sección 16, estaba en la sección 32, y era una cantidad de 655 millones de euros. Estamos, por tanto, ante un nuevo caso de opacidad, es decir, en estos momentos el Gobierno no sabe cuánto dinero transfiere por este concepto a la Generalitat de Catalunya; transfiere una cantidad global para el conjunto de competencias, pero ni siquiera tiene una estimación de cuáles son los costes de las competencias para las que está transfiriendo ese dinero. Le pediría al director general que, sobre la base de que en el año 2010 esta transferencia inicial era de 655 millones de euros, que nos dé una estimación de qué cantidad de la total que se ha transferido a la Generalitat de Catalunya tiene como objeto cubrir las necesidades de la Policía autonómica catalana.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Velázquez.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor diputado, como usted conoce perfectamente, entre el año 2005 y el año 2009 estos conceptos estaban recogidos en la sección 32, entes territoriales. Cuando se culmina el despliegue, a partir del año 2008, se acordó entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma la integración de la financiación en el sistema general de financiación, al igual que el resto de competencias. Hay un acuerdo de la Comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat de Catalunya, de 22 de diciembre del año 2009, donde se señala que la financiación de la Policía autonómica se integra en el nuevo sistema de financiación regulado por la Ley 22/2009. Este nuevo sistema también fue aceptado por la comunidad en dicha reunión de la Comisión. En el año 2011 la comunidad percibirá las entregas a cuenta de los diversos mecanismos del sistema de financiación regulados por la Ley 22/2009, en los que se incluyen los recursos correspondientes al ejercicio de esta competencia, sin que sea posible diferenciar las cuantías que corresponden a la misma y las que corresponden a las restantes competencias de la comunidad autónoma. Por otra parte, en cuanto a los rendimientos definitivos, los acuerdos adoptados fijan para el periodo 2010 a 2013 un régimen transitorio durante el cual la valoración de esta competencia se establece en función del número de efectivos y del valor de actualización de los módulos

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recogidos en el último convenio suscrito con la comunidad. Por ello, el valor definitivo de los recursos que percibirá la comunidad autónoma correspondientes al año 2011 a fecha actual aún no puede ser determinado.
En todo caso, le diré que no están ya en el presupuesto del Ministerio del Interior, sino que forman parte del conjunto de la financiación de la comunidad autónoma a la que usted se refiere.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor director general, el acuerdo para la financiación de la Policía autónoma catalana lo firmó un Gobierno del Partido Popular, por tanto, no seré yo quien lo critique; ni siquiera voy a poner en cuestión si un incremento del cien por cien de esta partida desde que ustedes gobiernan es mucho o es poco. Pero lo que sí le voy a pedir son dos cosas: en primer lugar, le voy a pedir transparencia, porque creo que es fundamental que cuando desde el Estado se financia un servicio público como el de la seguridad pública en Cataluña, se sepa cuál es el coste de ese servicio, y creo que sería muy importante que ustedes lo dijeran y no lo ocultaran. En segundo lugar, le voy a exigir también que me explique, si quiere no a mí, pero precisamente usted que está al mando de miles de guardias civiles y de policías nacionales, que les explique por lo menos a ellos por qué el Estado paga 10.000 euros más por cada mosso d'esquadra de lo que le cuesta un guardia civil o un policía nacional; que les explique por qué la diferencia entre lo que gana un policía autonómico en Cataluña y lo que gana un guardia civil o un policía nacional en cualquier punto de España se ha duplicado desde que ustedes gobiernan, cuando ustedes en el programa electoral lo que prometían era que iban a acabar con esa discriminación salarial y que iban a equiparar las retribuciones; que les explique por qué la oferta de empleo público de este año de los Mossos d'Esquadra es tanta como la de la Policía y la Guardia Civil juntos; o que les explique por qué el coste por efectivo de un policía en Cataluña se ha incrementado en un 40 por ciento en esta transferencia, mientras que el de un policía o un guardia civil se ha incrementado en un 24 por ciento. Insisto, a mí no me parece mucho la cantidad que se transfiere a Cataluña, pero claramente este Gobierno lo que ha hecho es tratar muy mal financieramente a la Policía y a la Guardia Civil en relación con el tratamiento financiero que le ha dado a Cataluña. Creo que habíamos llegado a tal grado de escándalo, sinceramente lo creo, que es por lo que ustedes ahora ocultan cuál es la cantidad que se va a transferir para pagar la Policía autónoma en Cataluña porque a usted, como director general que tiene a su mando a los policías y a los guardias civiles, se le debería caer la cara de vergüenza cuando, insisto, un guardia civil o un policía nacional cuesta al Estado 10.000 euros menos de lo que cuesta un policía autonómico, que pagamos también todos los españoles con nuestros impuestos.


La señora PRESIDENTA: Para finalizar esta pregunta tiene la palabra el señor director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): El señor Cosidó ha hecho una serie de afirmaciones que yo entiendo que son bastante gratuitas, señala el coste de cada policía y cada guardia civil relativo a cada uno de los miembros de la Policía autónoma, en este caso catalana, y pone de manifiesto cómo el acuerdo fue firmado en su momento por el Partido Popular. Este Gobierno lo que ha hecho es cumplir esos acuerdos y en este caso concreto, a partir del despliegue definitivo, estas cantidades están incluidas en el ámbito del sistema de financiación de carácter general. La pregunta que usted formulaba se refería a cuánto era en el año 2011. El año 2011 acaba de empezar y hasta que no se vea el número definitivo de efectivos no lo podremos saber. En todo caso, ya le señalo que cuando termine el año 2011 probablemente lo sabremos y podremos hablar del asunto. En relación con si este Gobierno ha tratado mal, desde el punto de vista financiero, a policías y guardias civiles, le diré que nuestros incrementos retributivos son bastante superiores a los que se tuvieron en anteriores gobiernos, de los cuales estamos bastante orgullosos, sin que esto suponga que evidentemente el ministerio y yo como responsable de los esforzados policías y guardias civiles obviamente siempre deseemos una mejor situación. En este sentido, hemos hecho todos los esfuerzos posibles y los seguiremos haciendo para que se mejore la calidad de vida y el poder adquisitivo de los policías y los guardias civiles.


DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE:

- NÚMERO DE HORAS DE SERVICIO ANUALES MENOS POR EFECTIVO QUE VA A SUPONER LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DEL HORARIO DE SERVICIO EN LA GUARDIA CIVIL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/091987).
(Número de expediente 181/003284.)

- NÚMERO DE HORAS DE SERVICIO ANUALES MENOS POR EFECTIVO QUE VA A SUPONER LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DE VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS EN LA GUARDIA CIVIL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/091988). (Número de expediente 181/003285.)

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La señora PRESIDENTA: Pasamos a las preguntas números 12 y 13, que se contestarán conjuntamente. Para su formulación tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor director general, verá que lo que le aporto son los datos, y nuevamente en esta pregunta le voy a aportar más datos, y los datos lo que dicen es que la diferencia retributiva entre un policía autónomo en Cataluña y un guardia civil y un policía nacional se ha duplicado, y eso es bastante difícil de desmentir. También es muy difícil de desmentir que en enero de 2009 había un total de 69.673 guardias civiles en activo y que a fecha de hoy hay 69.106. Por tanto, hay una minoración de los guardias civiles en activo de año a año, desde enero de 2010 a enero de 2011, de 567 guardias civiles menos, que tienen que ver con una oferta de empleo público del año anterior de 384 plazas, que son insuficientes para cubrir el personal que ha pasado a la reserva o a situaciones de retiro a lo largo de este último año. Y como se mantiene esa oferta de empleo público en el año 2011, nuevamente este año vamos a tener menos guardias civiles de los que tenemos ahora, porque por mucho que ustedes se empeñen, incluso en el supuesto de que todos los guardias civiles se acojan a la ampliación de edad que sabe que hemos validado recientemente en esta Cámara a través de un real decreto-ley, aun así se van a seguir perdiendo efectivos. Simultáneamente a esta pérdida de efectivos, ustedes han hecho dos órdenes, una orden de vacaciones, permisos y licencias y una orden que regula la jornada laboral. Ustedes me contestan en una respuesta posterior a haber transformado esta pregunta en oral, que la primera de las órdenes, la de vacaciones, permisos y licencias, supondrá una minoración de 10,7 horas en el tiempo de servicio anual que presta un guardia civil. Y usted, en una rueda de prensa dada el 19 de septiembre del año 2010, dos días antes de que se produjera una manifestación de guardias civiles, anunció que la nueva regulación de horario de servicio, de jornada laboral, supondría 150 horas menos anuales por efectivo. Por tanto, estamos hablando de 160 horas menos de servicio por efectivo, según su rueda de prensa, lo que supone una reducción del 10 por ciento en el potencial de servicio que tiene la guardia civil, que, traducido a efectivos, significa que de aplicarse esa normativa tal y como está redactada, que usted sabe mejor que yo que no se está aplicando, supondría 5.000 efectivos menos en las calles, en los pueblos o en las carreteras, garantizando nuestra seguridad ciudadana, y que al final de año se habrían reducido más de 6.000 efectivos. Estando de acuerdo con la necesidad de regular tanto la jornada laboral como las vacaciones y permisos, lo que le planteo es qué medidas va a adoptar para que no se produzca una merma de presencia policial de la Guardia Civil y que al final sean los ciudadanos los que vean resentida de alguna manera su propia seguridad.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, estoy seguro de que le ha bailado algún número al principio, pero carece de importancia porque sé que usted los tiene. Ha dicho que teníamos 69.000 a principios de año. Evidentemente, teníamos 83.000 u 84.000, dependiendo del día que lo tomemos. Pero le diré varias cuestiones. En primer lugar, hemos adoptado algunas medidas para que el número de efectivos no disminuya. Es evidente que la oferta de empleo público ha disminuido en el año 2010 y muy probablemente va a disminuir en el año 2011 como corresponde a la situación presupuestaria y de crisis económica que tenemos, lo que usted conoce y conoce perfectamente el Parlamento que aprueba las medidas económicas de carácter general. Pero hemos tomado algunas iniciativas en este sentido como, por ejemplo, la prolongación de la edad de jubilación de los guardias civiles, creo recordar que con la abstención de su grupo. En consecuencia, este Congreso de los Diputados la aprobó y esto nos ha supuesto un éxito bastante considerable para lo que era tradicional en la Guardia Civil, que solo en muy pocos casos las personas pedían la prolongación de la vida activa que, como usted conoce, estaba prevista. En estos momentos estamos en porcentajes superiores al cincuenta y tantos por ciento, casi el 60 por ciento, lo cual es bastante positivo. Pero le diré otra cosa, desde que el Gobierno se hace cargo en el año 2004 de las responsabilidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en ese momento teníamos 69.000 guardias civiles; en este momento tenemos 84.000. No hay una disminución alta respecto al año pasado. Sí que hay alguna, pero es que estábamos acostumbrados a incrementos de entre 2.500 y 5.000 personas cada año. Pero estamos adoptando ese tipo de medidas y otras que ahora le paso a comentar. En cuanto a las órdenes que hemos dictado en los últimos tiempos de jornada, horario, vacaciones, etcétera, lo relaciona con si estas han supuesto una disminución de los efectivos en las calles. Le diré que no. Lo que ha supuesto la adquisición de estos derechos absolutamente necesarios, y que usted también comparte con nosotros, de los guardias civiles y que con anterioridad tenían los policías, es una priorización de determinados servicios. En segundo lugar, ha supuesto el establecimiento en algunos casos de los servicios con prioridad respecto a otros. Y, en otros casos, dejar determinadas actividades para hacerlas en los momentos en que no hay tantas personas que están en períodos vacacionales o de permiso. Los servicios están cubiertos, señor Cosidó. Así lo demuestran nuestras tasas de criminalidad. Me dirá que estas tasas de criminalidad no las conoce, pero sí las conoce al menos cada vez que el ministro, el secretario de Estado y yo mismo venimos, se las señalamos y hacemos públicas aquellas tasas de las que disponemos. En todo caso, todas estas prioridades, todas estas actuaciones

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están suponiendo, como lo revelan las encuestas y la percepción que tenemos en este caso de la Guardia Civil y de su actuación ciudadana, que los ciudadanos están razonablemente contentos con nuestra actuación. Y le diré que no se ha modificado sustancialmente por la adopción de estas órdenes generales la prestación del servicio de los guardias civiles, sino todo lo contrario. En todo caso, los guardias civiles están más satisfechos con su profesionalidad, con su trabajo y también con sus momentos de ocio y descanso.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra de nuevo el señor Cosidó. Le quedan dos minutos.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Lo de las 150 horas no lo he dicho yo, lo ha dicho usted. La media de horas de servicio de un guardia civil está estimada en 1.600 horas anuales. Lo que le planteo es que si reducen los efectivos como los están reduciendo, a pesar de que el 50 por ciento de los guardias civiles quieran prolongar su situación en activo -se están reduciendo, usted lo sabe-, y además se reduce el potencial de servicio, al final, lo pinte usted como lo pinte, eso se traduce en una menor presencia policial. También le digo que si hacen como con la equiparación de las retribuciones que prometieron en el programa electoral, les promete a los guardias civiles un día antes de que se manifiesten que les va a reducir 150 horas de servicio y luego no lo cumple, va a tener usted un problema, pero lo vamos a tener también todos los españoles, que en definitiva es lo que a mi me preocupa más. Señor director general, creo que han perdido ustedes cualquier capacidad de anticipación a los problemas. Cuando se legisla o se regula a golpe de manifestación, las cosas se hacen mal. Ahora tiene un problema para aplicar la normativa que ha aprobado y para cumplir el compromiso que tiene contraído de las 150 horas. Además, eso genera una dinámica que es muy negativa para la institución, muy negativa para el cuerpo, porque lo hemos dicho muchas veces, y estoy seguro de que usted lo comparte conmigo, la naturaleza militar de la Guardia Civil que usted y yo compartimos, no todo el mundo en su partido la comparte, pero usted y yo sí y el Gobierno, por fortuna, también la comparte en estos momentos, exige que usted como máximo responsable de los guardias civiles deba tener un especial celo en la salvaguarda de esos derechos a los que usted se refería, y cuando usted lo que hace es ir por detrás de la movilización, algo no funciona. No funciona el liderazgo que es exigible a un director general de la Guardia Civil en este caso. Por tanto, le insisto a que no se comprometa a cosas que no puede cumplir, no engañe a los guardias civiles, porque le puedo asegurar que eso es lo peor que llevan los guardias civiles, mucho más que trabajar 1.600 o 1.700 horas al año.


La señora PRESIDENTA: Para terminar tiene el turno el director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor diputado, los guardias civiles trabajaban antes de las órdenes correspondientes un total de 1.741 horas. A partir de la entrada en vigor de ambas trabajan 1.599,64 horas efectivas, lo que significa que por la primera de las dos preguntas que usted hace han sufrido una disminución de 10,7 horas y por la segunda aproximadamente 141 ó 142 horas anuales. Eso ya está en vigor desde hace varios meses. El servicio continúa prestándose bien. Todos los guardias civiles han hecho uso de sus derechos, y se está aplicando en la totalidad del territorio nacional. Por tanto, no hay ningún engaño ni ninguna dificultad, y, lo que es más importante, tampoco hay ninguna disminución del servicio, como corresponde -usted lo conoce, al igual que todos- al hecho de que en los ámbitos de competencia de la Guardia Civil la seguridad ciudadana no ha sufrido merma alguna.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PLANES DEL GOBIERNO PARA LA ADAPTACIÓN DEL ESTATUS LEGAL DE LA ASOCIACIÓN PRO-HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL AL ORDENAMIENTO ACTUAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/096216.) (Número de expediente 181/003286.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, que es la 14. Para su formulación tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Esto empieza a parecerse un poco al realismo mágico, porque menos efectivos, menos horas, más servicio. (Un señor diputado: Eficiencia.) Yo diría que magia, no eficiencia.


Mire, señor director, nuevamente compartirá usted conmigo que la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil es probablemente una institución pionera en asistencia social en nuestro país. Fue creada en 1844, justo cuando se creó el cuerpo de la Guardia Civil, y yo quiero hacer público el reconocimiento, porque creo que se ha hecho pocas veces en esta casa, de la labor realizada por esta asociación a lo largo de más de siglo y medio de existencia. Incluso me atrevo a decir que en mi opinión es un modelo de cómo la colaboración entre sociedad civil y Administración pública puede servir con eficacia al bien común y a los intereses generales. El reglamento de esta asociación está dado por una orden del Ministerio de la Gobernación del 16 de marzo de 1960, por lo que estamos ante un reglamento claramente preconstitucional; por tanto, parecería lógico abordar un cambio en la normativa interna, en el reglamento de esta asociación.


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Además, como usted muy bien conoce, este cambio viene obligado por la Ley 11/2007, que en su artículo 38.3 señala el derecho de los guardias civiles a participar en la elección de miembros de los órganos de representación, gobierno y dirección de las mutualidades, asociaciones y restantes entes de prestación social y asistencias constructivas por miembros de la Guardia Civil. Es un artículo importante que yo recuerdo bien porque, como muy bien sabe el director general, se introdujo a instancias de una enmienda presentada por el Grupo Popular y aceptada lógicamente por el resto de los grupos. Sabe asimismo el director general que el Senado aprobó el 9 de marzo de 2009 una moción en la que pedía al Gobierno que se actualizara el estatuto jurídico de esta asociación sobre la base precisamente de lo que marca esa ley. Han transcurrido más de tres años desde la promulgación de esa ley, casi dos desde que el Senado le recordó el mandato que tiene esa ley. De ahí mi pregunta: ¿Cuándo piensa el Gobierno actualizar el reglamento de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil?

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Velazquez.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Le acepto la mayor, señor Cosidó. Efectivamente, la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil es del año 1844 y está regulada en este momento por una orden del Ministerio de la Gobernación del año 1960, pero tenga usted en cuenta que también ha habido numerosas sentencias, algunas de ellas del año 2008, que continúan validando incluso su régimen jurídico, la existencia, sus procesos, sus procedimientos y su forma de actuación. Por tanto, esa orden está en vigor. Muy probablemente la mayor discordancia con la realidad sea esta que usted ha señalado, y en este sentido lo hemos planteado porque la representación asociativa no coincide en el número con la representación asociativa de la propia entidad. Es decir, los representantes dentro del Consejo de la Guardia Civil no son trasladables directamente en su número y composición al propio reglamento de la entidad asociativa a la que hacemos referencia.
Hay que hacerlo, qué duda cabe que así lo dispone nuestra legislación y así lo vamos a hacer. Estamos viendo en este momento cuál es la mejor solución, que ya le adelanto que trataremos que sea una solución igualmente consensuada con las asociaciones profesionales, como es lógico. No sé si conseguiremos que todas estén representadas y en la misma proporción que en este momento en el consejo de la Guardia Civil pero, en todo caso, es una de las cuestiones que estamos estudiando. Hay que tener en cuenta, como usted conoce perfectamente, que en esta entidad el director general es simplemente presidente honorario, ya que ella funciona con su propia normativa, de manera independiente y tiene un patrimonio muy cuantioso e independiente del que pertenece al Estado. En todo caso, nuestra capacidad es siempre indirecta. De todas formas estamos trabajando, elaborando un borrador para llegar a una solución definitiva en este tema.


La señora PRESIDENTA: Tiene de nuevo la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Yo le diría, señor director general, que si tiene la voluntad, se ponga a ello, porque realmente el tiempo se le acaba. Quiero reafirmarle tres principios que desde el punto de vista de mi grupo parlamentario deberían recogerse en esa regulación jurídica nueva que se le dé a la asociación: primero, el mantenimiento de sus fuentes de financiación que, como muy bien señalaba el director general, está ratificado reiteradamente por los tribunales de Justicia; segundo, garantizar un funcionamiento democrático de la asociación, porque no solamente lo exige esta Ley de derechos y deberes, sino también nuestra propia Constitución; y, tercero, plantear una posible ampliación de fines sociales, porque es evidente que el que tenía todo el sentido en 1844, para atender a los huérfanos de los guardias civiles, por fortuna hoy es menos necesario, puesto que cada vez hay menos huérfanos de guardias civiles. Es mi impresión, pero creo existen otras muchas necesidades sociales en el cuerpo que perfectamente podrían ser atendidas, si así lo deciden sus miembros, que es la clave, ya que por eso hablamos de un funcionamiento democrático.


Únicamente quiero decirle que si ustedes no mueven ficha, igual que en el Senado se aprobó en el año 2009, tendremos que hacerle un nuevo recordatorio -espero que no- desde esta Cámara. Confío en que lo pueda abordar a la mayor brevedad.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra de nuevo el director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Muchas gracias por su referencia al tiempo que me queda. En todo caso le recordaré de nuevo que la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil es independiente de la Guardia Civil, de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Usted conoce en general que su funcionamiento es democrático, que sus fines son sociales y que sus fuentes de financiación son esencialmente dos. Proceden, en primer lugar, de esa especie de ayuda, cotización, tarifa que cada uno de los miembros paga y, en segundo lugar, de sus numerosos bienes patrimoniales, que son importantes para satisfacción de todos. Las actuaciones de futuro muy probablemente deben ir ligadas a la apertura de nuevas actuaciones, estoy totalmente de acuerdo, pero le recuerdo que nuestra prioridad en este momento va relacionada directamente con lo que le he señalado. Vamos a ver si conseguimos hacerlo de tal manera que la representación que ha habido para el consejo de la Guardia Civil sea trasladable, exportable, o por

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lo menos sirva de referencia, para la representación dentro de esta Asociación Pro-huérfanos. Reitero que es una asociación que no forma parte de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, y en consecuencia serán sus propios órganos rectores los que tendrán que decidir. Su presidente, cuando hemos hablado de esta materia, coincide totalmente en estas tres finalidades que usted ha señalado, que son también las mías.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE INTENCIÓN DE MODIFICAR LA SEGUNDA ACTIVIDAD EN LA POLICÍA NACIONAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/096241). (Número de expediente 181/003287.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, que es la 15. De nuevo tiene la palabra el señor Cosidó para formularla.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Es agradable estar de acuerdo en algo en esta Comisión, aunque sea sobre los huérfanos de la Guardia Civil.


La pregunta sobre la intención de modificar la segunda actividad, como bien conoce el director general, me la ha contestado con el proyecto de ley que el Gobierno ha remitido a esta Cámara. La respuesta, le he de confesar, no me gusta mucho, porque lo que hace básicamente es eliminar la posibilidad de ocupar un destino estando en segunda actividad. Es evidente que en el trámite de la ley vamos a poder hablar largo y tendido sobre este y otros muchos aspectos. Aprovechando que la preguntaba estaba formulada, le quiero adelantar dos preocupaciones que tiene mi grupo parlamentario. La primera tiene que ver con el envejecimiento que se puede producir en la Policía como consecuencia de la aplicación de los preceptos de la ley, tal y como vienen diseñados. Le quiero dar solamente un dato que seguro que el director general conoce, y espero que esté de acuerdo conmigo. Estamos de acuerdo en casi todo porque, cuando usted me decía 80.000 y yo le mencionaba sesenta y tantos mil, yo hablaba de guardias civiles y usted se refería al total de efectivos, incluyendo a los mandos, que en el caso que nos ocupaba, de regulación de horarios, no tenían nada que ver, porque es evidente que a los mandos de la Guardia Civil no se les va a aplicar la normativa de horario de servicio, que se les aplica a los que tienen una jornada de servicio. Si no es así, me desmentirá el director general, pero no quiero reabrir el debate de la pregunta anterior. En todo caso, le quiero dar algún dato con el que seguramente esté de acuerdo conmigo.


A fecha de hoy el número de policías nacionales que se encuentran en la franja entre 55 y 65 años es de 9.000; tengo el dato exacto, pocos más de 9.000. A fecha de cinco años, es decir para 2015, estamos hablando de 15.000 policías nacionales en ese espectro de edades entre 55 y 65 años.
Ustedes me reconocen que la tasa de policías nacionales de los que cumplida la edad para poder pasar a segunda actividad permanece en servicio activo está en el ochenta y tantos por ciento. Eso significa que vamos a tener una bolsa en torno a 6.000 policías nacionales. Mi pregunta es si ustedes están pensando en tener policías nacionales de más de 60 años persiguiendo delincuentes por las calles. Yo creo que no hay país del mundo en el que eso exista, y pienso que no será su idea. Por tanto, mi primera preocupación es el envejecimiento, el efecto envejecimiento que ustedes van a provocar. La segunda se refiere a una cierta incongruencia, si me lo permite, entre estar pactando en los Presupuestos Generales del Estado que los ertzainas se puedan jubilar a los 59 años y suprimir a los policías nacionales una segunda actividad con destino, que es un derecho, si quiere, bastante consolidado en la historia reciente del cuerpo.


Le quiero anunciar -ya le digo a la presidenta que no voy a consumir segundo turno en esta pregunta, salvo que haya algún matiz que haya que introducir por la intervención del director general- que si ustedes quieren llegar a acuerdos en esta ley -yo creo que sería bueno y desde luego cuentan con la voluntad de mi grupo de llegar a un consenso en torno a ella- sin duda esta va a ser una cuestión importante sobre la que tendremos que hablar, que discutir. Porque -insisto- en principio no me parece acertado que una buena iniciativa, como la segunda actividad con destino, que había tenido un grado de aceptación muy importante, se pueda suprimir de un plumazo en la nueva regulación.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, como usted mismo señala -tuvimos ya ocasión de hacerlo en relación con otras leyes y espero que con alguna más que presentemos a este Congreso de los Diputados, si usted me da tiempo obviamente-, tendremos ocasión de discutirlo, pero en todos nuestros debates con los sindicatos de la Policía, al final, la posición mayoritaria coincide con la que hemos establecido en el proyecto de ley, que no es otra que la segunda actividad continua, pero es la segunda actividad sin destino; la segunda actividad con destino se transforma en situación de activo. Es decir, habíamos tenido en cuenta la demanda de la inmensa mayoría de los policías que, a la edad a la que se jubilaban o pasaban a la segunda actividad, deseaban quedarse, y por inexistencia de puestos concretos no podían. Por tanto, hemos atendido una demanda que hacían estos policías. Segundo, hemos establecido la posibilidad, incluso el derecho, de que aquellas personas que lo consideren oportuno a partir de los 58 años puedan tener puestos de trabajo especiales para esa edad, y así lo vamos a establecer en los catálogos de puestos de trabajo correspondientes, después

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de consensuarlo con las organizaciones sindicales. Y tercero, la organización policial es cada vez más una inmensa organización de gestión, que tiene puestos de trabajo -como usted conoce perfectamente, y lo mismo le ocurre a la Guardia Civil, usted puede verlo en Canillas o en cualquier comisaría- en los que no todos los policías están por la calle corriendo detrás de los delincuentes. En todo caso, también le diré que hay personas con más de 60 años que son capaces de correr, y muy rápidamente. (Risas.)

La señora PRESIDENTA: Bueno, ha dicho que no iba a hacer dúplica. ¿Lo mantiene?

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Tiempo tendremos de discutir esta cuestión.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE SE TARDÓ TRES AÑOS EN IDENTIFICAR A UNA MUJER FALLECIDA CUYA DESAPARICIÓN HABÍA SIDO DENUNCIADA POR SU FAMILIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/096345). (Número de expediente 181/003288.)

La señora PRESIDENTA: Le vuelvo a dar la palabra, señor Cosidó para que intervenga por su pregunta 16.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor director, el 4 de julio de 2007 desaparece una joven auxiliar de enfermería y al día siguiente, el 5 de julio de 2007, su madre denuncia su desaparición en la Comisaría de Móstoles. Un día después, el 6 de julio de 2007, el cadáver de esta mujer aparece en un piso en el distrito de Moncloa-Aravaca. Lógicamente hay una intervención policial en la identificación de este cadáver. En diciembre la documentación de esta persona aparece en un parque de Madrid, en el parque de La Villa, y no es hasta el 20 de octubre de 2010 cuando la Policía comunica a la familia de esta mujer que se ha encontrado el cadáver de su hija. Esto significa que durante tres años la familia de esta persona ha estado buscando desesperadamente a su hija porque no tenía constancia de que hubiera fallecido. Me gustaría que nos explicara qué ha pasado, porque entendemos que es un grave error, y además -y casi más importante- que nos informe sobre las medidas que ha adoptado para que un caso de esta naturaleza no vuelva a suceder.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Velázquez.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, de nuevo coincido. Evidentemente es un episodio lamentable porque la investigación no fue tan efectiva ni tan ágil como es costumbre en nuestros servicios policiales y se produjo una clara tardanza en los primeros rastreos, en los cotejos de las bases de datos, que inicialmente resultaron negativos por la identificación del cadáver y finalmente fueron positivos. No es algo que suceda con frecuencia. De acuerdo con mis datos, el 82 por ciento de los cadáveres que aparecen sin identificación de ninguna clase son resueltos. Tengo constancia de un total de 828 cadáveres en el año 2010, de los que fueron identificados de manera rápida y eficaz cerca de 700, aunque para algunos de ellos se tarda algunos meses más. Para hacer frente a este tipo de situaciones se dictó por parte del secretario de Estado la instrucción 1/2009, que aprobó el protocolo de actuación ante la desaparición de personas, común para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay una base de datos comunes ligada al ámbito judicial, a la fiscalía. Estamos intentando, por resumir -esta es nuestra actuación-, que actuaciones lamentables como esta no vuelvan a ocurrir. Coincido con su valoración en relación con el tema.


Hemos creado también una base de datos sobre personas desaparecidas. En el año 2010 hubo un total de 13.388 desapariciones. Muchos de ellos son españoles, algunos son menores, muchos son resueltos, en otros casos aparecen las personas desaparecidas pero no es comunicado a la Policía o a la Guardia Civil. Usted sabe que esto es un tanto dificultoso, pero constituye una de las prioridades de actuación de la Policía y de la Guardia Civil, y en coordinación con la fiscalía y con el Consejo General del Poder Judicial estamos intentando mejorar la situación, aunque no siempre lo logramos, como refleja este caso.


La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir de nuevo, señor Cosidó? (Asentimiento.) Tiene la palabra.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muy rápidamente, señora presidenta. Hablamos mucho de coordinación entre Policía y Guardia Civil o entre cuerpos, pero cuando el intercambio de información sobre una persona muerta entre dos comisarías vecinas en una misma ciudad no funciona es que está fallando algo importante. Yo sé que lo fácil en estos casos es echar la culpa al policía, decir que se equivocó. Creo que hay un problema de procedimiento porque no es normal que durante tres años este caso esté sin resolver. Le quiero decir algo más que seguro que comparte conmigo. Al final casos como estos, que por fortuna son puntuales, denotan que muchas veces no situamos suficientemente a la víctima como elemento central en nuestra política de seguridad. Detrás de un número en un nicho hay una persona, hay una familia a la que tendríamos que prestar mucha más atención a lo largo de todo el procedimiento de cualquier investigación, ya sea policial, ya sea judicial. Mi grupo parlamentario tiene planteada una iniciativa sobre el derecho de las víctimas de los delitos, porque me parece

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que probablemente el eslabón más débil que tengamos en todo nuestro sistema judicial, policial y penal sea el de la víctima. En todo caso, le hacía esta pregunta porque me parece que hay un fallo no solamente por una persona, que lo pudo cometer, sino por el procedimiento, pero lejos de la intención de mi grupo hacer cualquier tipo de desgaste al Gobierno con un caso como en definitiva es el sufrimiento de una familia que durante tres años ha estado buscando a su hija de una manera bastante lamentable.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para cerrar este punto el señor director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Comparto en buena medida lo que ha señalado. Por eso se dictó por parte del secretario de Estado la instrucción 1/2009, de personas desaparecidas, y se estableció un protocolo mucho más estricto. Hay todo un sistema de comprobación y aquellos cadáveres que no son reconocidos vuelven a ser analizados; tratamos siempre de que incluso desde el punto de vista informático se reitere y se recuerde que la conexión con las familias y el servicio a las víctimas es algo determinante. Reitero que es un episodio lamentable e intentamos que no se repita.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO TRAS LA APARICIÓN EN LUGO DE UNA RED DE PROSTITUCIÓN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/096358). (Número de expediente 181/003289.)

La señora PRESIDENTA: El siguiente punto es la pregunta número 17, la última del señor Cosidó, que tiene la palabra para su formulación.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Todo llega a su final.


Usted conoce bien que en Lugo se han solapado dos redes de corrupción muy relevantes. Todavía se está investigando en sede judicial una red que se dedicaba a traficar con carnés de conducir y con multas de tráfico que se levantaban. Ese caso está todavía bajo investigación judicial, pero ya ha habido la dimisión del subdelegado del Gobierno y del jefe provincial de Tráfico, que estaban implicados en esta trama, y ahora -no ahora, porque como bien sabe es una investigación que lleva tiempo- se trata de una red de extorsión a prostitutas que tiene ya cincuenta personas imputadas, nueve de ellas en prisión, entre las que se encuentran guardias civiles, policías nacionales, policías locales, funcionarios de la Administración central del Estado, del ayuntamiento y últimamente existe una derivación hacia instituciones penitenciarias por el uso de teléfonos móviles por algunos de los detenidos por esta operación dentro del propio centro penitenciario. Estamos hablando de delitos graves (agresión sexual, inducción a la prostitución, tráfico de seres humanos, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, revelación de secretos, tenencia ilícita, delitos contra los trabajadores, contra la intimidad, contra la salud pública, inducción al aborto). En fin, la panoplia de delitos es realmente escalofriante. Yo le pediría en primer lugar al director general una explicación de qué es lo que ha pasado y en segundo lugar que aclare qué medidas ha adoptado el Gobierno más allá de la investigación judicial que está en curso, que tiene una parte todavía secreta y otra que se ha hecho pública. Me parece que por la gravedad de esta red exigiría la adopción de algunas medidas de carácter más político. Me gustaría saber si es que la dirección general ha hecho algo además de esperar a que los jueces depuren las responsabilidades penales que en su caso se deriven de este asunto.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Velázquez.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, usted sabe perfectamente que el caso de esta operación, la operación Carioca, es algo que está llevando el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. Las diligencias han sido declaradas secretas, con el número 4.449/08. Nuestra información es muy reducida, solamente tenemos aquella en la que por parte del juzgado se nos comunica la imputación en ciertos delitos de determinadas personas miembros del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil. Como consecuencia de ello nosotros hemos adoptado diversas decisiones, como suele ser habitual en el ámbito disciplinario, que usted bien conoce. Del Cuerpo Nacional de Policía hay seis personas suspendidas porque se les ha imputado unos delitos graves, así como por la alarma social que ha conllevado. Es una acción que solemos llevar a cabo siempre que la alarma social es grande y el delito que se imputa es grave. En el caso de la Guardia Civil hay imputado un cabo primero por un delito grave; incluso ha aparecido su fotografía en diversos periódicos. Esta persona fue suspendida igualmente. Hay otras que están imputadas, pero la trascendencia social de sus delitos no ha sido tan importante, o al menos así lo hemos valorado.


Resumiendo. ¿Qué hemos hecho? Uno, hemos suspendido a un total de siete funcionarios. Dos, nuestro conocimiento es relativamente escaso, porque así lo ha decidido el juzgado correspondiente, aunque efectivamente las investigaciones las realizan funcionarios en este caso concreto de la Guardia Civil. Y tres, cuando hay una imputación concreta por parte del juzgado hacia un agente de la Policía o de la Guardia Civil, adoptamos las providencias que están establecidas en nuestra Ley orgánica de régimen disciplinario.


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La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor director, yo creo que hay veces que no basta con la persecución del delito, que corresponde a los tribunales, a los jueces, a la policía, en definitiva, actuando en su calidad de Policía judicial, y me parece que cuando menos este caso nos plantea una reflexión de cómo es posible que una trama de esta naturaleza y con estas implicaciones haya podido operar durante años y no haya podido ser descubierta hasta que ya ha habido una denuncia. Algo falla en el sistema cuando no tiene capacidad para detectar este tipo de conductas con carácter mínimamente preventivo y que sea únicamente cuando ya se ha cometido toda esta cantidad de delitos por esta cantidad de personas cuando la justicia se ve abocada a actuar, con cierta pasividad por parte de la Administración.


En segundo lugar, pienso que coincidirá conmigo en que este caso, por su gravedad, por su dramatismo, nos sitúa en la cara más oscura de un fenómeno como es el de la prostitución, actividad que tantas veces está asociada a la comisión de delitos como los que aparecían en este caso.
Usted sabe que España es el país con más prostitutas de toda Europa, con más número de locales dedicados a la prostitución y probablemente uno de los países donde la prostitución supone una mayor actividad económica.
Trascendiendo lo que es un caso muy lamentable y sobre el que me gustaría escuchar alguna asunción de responsabilidad, creo que debemos tener una actitud desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especialmente vigilante y atenta a este mundo en el que muchas veces, insisto, se producen casos que contienen una clara actividad delictiva, ya sea a través de la inmigración ilegal, de la explotación, de la coacción o de otros muchos delitos que están en nuestro Código Penal. Por tanto, me atrevería a sugerirle que hubiera una acción más decidida y más eficaz en la lucha contra este tipo de delitos asociados con la prostitución.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para responder el señor director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, usted sabe que la prostitución es un fenómeno absolutamente poliédrico, que está muchas veces en el ámbito de otro tipo de delitos, otro tipo de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, con el tráfico de menores, con la inmigración ilegal, con muchas de estas actuaciones. Si usted sigue esta cuestión, por los periódicos y por nuestras estadísticas de criminalidad, verá que son numerosas las veces que hacemos operaciones de esta naturaleza. Yo no diría tanto como que nuestro país está a la cabeza de fenómenos de esta naturaleza pero que existen es una cosa absolutamente cierta y, como digo, lo podemos ver en los periódicos que leemos habitualmente.


Segundo, tengo que decirle que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están siempre vigilantes en relación con esta materia. Y tercero, nuestra Administración, responsable, actúa y lo hace con la máxima celeridad posible y aplicando rápidamente la ley cuando se trata de alguien que está inmerso en algún tipo de delito como son los conexos a este tipo de actividad, y por eso se lo he señalado. Incluso antes de lo que en su momento serán las condenas penales a las que hipotéticamente estas personas lleguen, nosotros hemos hecho las actuaciones administrativas necesarias, porque nos parece que se crea una inmensa alarma social cuando algún funcionario de la Policía o de la Guardia Civil está siquiera acusado de la comisión de un delito de esta naturaleza.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE DISPOSICIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE UNA RELACIÓN DE ATENTADOS TERRORISTAS CON RESULTADO DE MUERTE, SECUESTRO O LESIONES RECOGIDAS EN LOS ARTÍCULOS 149 Y 150 DEL CÓDIGO PENAL COMETIDOS POR LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA ETA, QUE ESTÉN PENDIENTES DE RESOLVER (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/089979.) (Número de expediente 181/003291.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto, pregunta número 18. Para su formulación tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo.


La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Señor director general, me alegro de que el Gobierno vaya a responder a la pregunta que presenté por escrito hace ya seis meses y de la que solo obtuve una respuesta huidiza cuando tramité su conversión a oral, pero sobre todo me alegro de que sea precisamente usted quien haya venido a contestarla porque, como responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que investigan y persiguen el terrorismo, estoy segura de que podrá aclararme una de las cuestiones que más preocupan a las víctimas de ETA y que estas han planteado en diversas ocasiones al Gobierno, sin que de momento se haya satisfecho su más que razonable demanda.


¿Dispone ya el Gobierno de una relación de todos los atentados de ETA contemplados en los artículos 149 y 150 del Código Penal, es decir, asesinatos, secuestros y lesiones que están pendientes de resolver? ¿Cuántos son? Espero su respuesta con mucho interés.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor director general.


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El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señora diputada, la pregunta que yo tengo es: ¿Dispone la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo...? En todo caso le contestaré a la de carácter general. En relación con la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo le diré que es una dirección general que se encarga esencialmente de dos cuestiones; en primer lugar, de dar apoyo rápido y eficaz a las víctimas en el momento en que se produce una actuación de carácter terrorista y, en segundo lugar, de acuerdo con la ley que este Congreso de los Diputados aprobó recientemente, al pago de las indemnizaciones correspondientes a los familiares de las víctimas existentes. Pero, como he tenido oportunidad de señalarle en el pasillo con anterioridad, lamentablemente llevamos más de cincuenta años con atentados terroristas y lamentablemente también en algunos casos todavía hay atentados terroristas en los que no ha habido forma de encontrar a las personas que fueron dañadas en su momento, a aquellas personas que hipotéticamente tendrían algún derecho a indemnizaciones o a otro tipo de actuaciones por parte de la Administración General del Estado.


Nosotros trabajamos en el esclarecimiento de todos los hechos, la fiscalía también, igualmente lo hace la Abogacía del Estado, y cada uno de nosotros tenemos un conjunto de datos que, en la medida en que se produce cualquier reclamación, cualquier petición, cualquier actuación, evidentemente la ponemos en marcha, pero todavía, señora diputada, hay determinadas actuaciones terroristas que están sin clarificar y, en algunos casos incluso, en los que sabemos que se produjo alguna víctima -no mortal, quizás, pero sí heridas o daños patrimoniales-, todavía no tenemos la totalidad de los datos. Tenemos incluso un programa especial por parte de la Fundación de la Guardia Civil que trabaja específicamente en esta materia, para lograr el conjunto de los datos y en su caso otorgar las indemnizaciones o la asistencia que corresponda a las víctimas del terrorismo.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo.


La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Señor director general, se escabulle usted por los vericuetos de la Administración para eludir su responsabilidad, me manda de una ventanilla a otra, que por cierto es lo que les pasa a muchas víctimas del terrorismo, y lo denuncian, que al final tienen que enterarse por los periódicos de la situación procesal de sus verdugos. La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y el Ministerio del Interior, al que usted representa hoy aquí, no pueden hacerse los distraídos ni lavarse las manos en este asunto. La dirección debería saber cuántos atentados de ETA quedan por resolver. Primero, porque como bien reconoce el ministerio en su página web, entre las obligaciones de la dirección está la colaboración con las oficinas de atención a víctimas del terrorismo establecidas en los tribunales y fiscalías y, segundo, porque la dirección tiene encargada la gestión de las indemnizaciones, como usted bien ha señalado. Por la indemnización que recibe cada víctima, la dirección tendría que saber cuántos casos tienen sentencia y cuántos no. Es cuestión, creo, de hacer el esfuerzo, de mostrar un poco más de voluntad.


De sus palabras deduzco en todo caso que el Gobierno sigue sin hacer su trabajo y esto creo que a usted debería preocuparle al menos tanto como a mi grupo, porque precisamente a usted compete impulsar las investigaciones policiales para que todos los crímenes de ETA se resuelvan. Si no sabe cuáles son los casos pendientes de aclarar, ¿cómo los va a investigar? Y estamos hablando al final, y esto es lo más importante, de intentar impedir aquello que más temen las víctimas del terrorismo, que es la impunidad. Como supongo que sabe usted, la Fundación Víctimas del Terrorismo presentó hace ya ocho meses un informe sobre los atentados sin resolver, basado en datos no oficiales -porque no existen, claro- y en las investigaciones publicadas en un libro, imprescindible, titulado Vidas rotas, de Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Marcos García Rey. Los datos que aporta dicho informe son realmente escalofriantes, señor Velázquez. Más de 300 asesinatos cometidos por ETA desde la Ley de Amnistía -ya no hablamos de hace cincuenta años- estarían todavía pendientes de esclarecer, concretamente unos 330. Son asesinatos sin sentencia, bien porque no se conocen los autores, bien porque no han podido ser localizados. Y lo peor es que muchos de estos casos, hasta unos cien, habrían prescrito o estarían a punto de prescribir. Son cientos las víctimas que no habrán obtenido ese mínimo consuelo, esa reparación básica que es la justicia. Para ellos/ellas, el desamparo es inmenso, inconmensurable, y todas sufren lo que podríamos llamar una doble impunidad. Sufren, en primer lugar, la impunidad de la memoria.


Las víctimas de ETA insisten con razón en una idea que yo creo que es esencial, que es esa idea de que nadie escriba la historia por nosotros.
La historia de estos cincuenta años no puede ser nunca la de dos bandos enfrentados por un conflicto político, sino que tiene que haber un relato claro, con vencedores y vencidos, porque unos han muerto y otros han matado. Y para esa tarea es esencial lo que yo le vengo a preguntar aquí hoy. Porque si bien conocemos los nombres de casi todas las víctimas de ETA -efectivamente, no existe ni siquiera un relato oficial de todas pero conocemos casi todas-, desde luego lo que no conocemos son los nombres de todos los verdugos, y para escribir la historia tal y como ha sido tenemos que empezar por poner nombre a los asesinos, saber quiénes fueron, atribuirles su responsabilidad criminal y que paguen por lo que hicieron. Y con esto llego al otro tipo de impunidad que sufren las víctimas cuyos casos no se resuelven y que es quizá la más dolorosa: la impunidad judicial. Lo explican esto muy, muy bien, mucho mejor que yo, los psicólogos, que hablan de que la sensación de que se ha hecho justicia es absolutamente

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capital para las víctimas del terrorismo, para cerrar su círculo del duelo. Este tipo de impunidad, la impunidad judicial, es especialmente terrible evidentemente cuando se produce la excarcelación o la concesión de un beneficio penitenciario a un asesino, pero también es devastador y absolutamente inadmisible que graves delitos terroristas se pierdan en el limbo de los crímenes sin castigo y vayan prescribiendo de acuerdo con el plazo de veinte años que establece el recientemente reformado Código Penal.


Por último, diré que también existe un tercer tipo de impunidad, la impunidad política, que es verdad que preocupa mucho a las víctimas de ETA en estos momentos en que algunos saludan con euforia la nueva marca con la que ETA-Batasuna se quiere presentar a las elecciones. Y quiero aprovechar su presencia para dar todo el apoyo y el ánimo de mi grupo parlamentario al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, para que aporten todas las pruebas necesarias tanto para ilegalizar a la nueva trampa de ETA que anida bajo las siglas de Sortu como para abortar cualquier otro plan B o C que puedan estar tramando; estamos seguros de que han hecho y que harán, como siempre, un excelente trabajo y esperamos que el Gobierno también lo haga, porque su responsabilidad en esta encrucijada es previa y por tanto incluso superior que la de los tribunales.


Para terminar diré -y se lo diré con toda claridad- que el Gobierno tiene la obligación política, y moral, desde luego, de acabar con el agujero negro de la impunidad que son los atentados de ETA sin resolver. Para ello debe crear ya, sin más dilación, un registro con la situación procesal de todos los atentados graves de ETA. ¿Que hay que revisar sumario a sumario? Pues se hace. Tampoco es tan complicado, es cuestión de asignar suficientes medios materiales y humanos. Las víctimas se lo han pedido al Gobierno en reiteradas ocasiones, ahora también se lo pedimos nosotros y se lo seguiremos pidiendo y exigiendo hasta que cumplan con su obligación. Porque lo que está en juego es nada menos que la credibilidad del Estado de derecho ante las víctimas y ante el conjunto de la sociedad.


La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señora Álvarez de Toledo.


La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Termino ya. Se trata, señor director general, de impedir que las víctimas de ETA se conviertan también en víctimas de la impunidad por falta de diligencia o por dejadez. Se trata también, y es mi obligación decirlo, es importante, después de lo que hemos escuchado esta mañana y también la semana pasada al señor Rubalcaba, de alardear menos de un presunto final de ETA para tapar tal o cual Faisán y de cumplir más con las víctimas.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para responder el director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Después de este alegato que usted nos ha hecho en relación con este tema, me reitero en la respuesta que le he dado con anterioridad.
Primero, desde luego no le quepa duda de que la Policía y la Guardia Civil investigan y continúan investigando hechos de hace más de treinta años; lo hacen y muchas veces en los informes, y ustedes han tenido oportunidad de verlo, se relaciona una cosa con otra, se relacionan hechos que ocurrieron hace muchos años. Y así lo hace el servicio de información de la Guardia Civil y lo hace la Comisaría General de Información. Afortunadamente nuestras bases de datos son grandes y funcionan muy razonablemente, hasta tal punto de que no son pocos los países que vienen a estudiar cómo trabajamos nosotros en esta materia, porque lamentablemente estamos a la vanguardia en lo que se refiere a este tipo de actuaciones. Segundo, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, aun teniendo en cuenta que no es de mi competencia, pero lo sé por la documentación que me han suministrado, hace esencialmente dos labores: asistencia, incluyendo el acompañamiento a las personas, las sugerencias y observaciones correspondientes en cuanto a los procesos penales, y por supuesto otorgarles las indemnizaciones correspondientes así como la asistencia social a la que tienen derecho.


A todos nos preocupa lo que usted ha señalado de que no tenemos el cien por cien del conocimiento de la materia. Es más, como usted lo sabe perfectamente, se ha referido a una publicación financiada entre otros también por la Fundación de la Guardia Civil y por otras instituciones de carácter público, como es lógico y natural. Estamos en contacto con las víctimas y seguimos investigando todo este tipo de materias y, en la medida en que lo logremos o en la medida en que lo logramos en cada uno de los casos -algunos se van resolviendo a pesar del número de años que han transcurrido-, tratamos de que la sociedad de alguna manera subvenga a las necesidades de todas aquellas personas que han sido víctimas directamente o que lo ha sido algún familiar de algún atentado terrorista.


- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA ATAJAR EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD EN EL ÁMBITO RURAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA. (Número de expediente 181/002661.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta siguiente, que es la número 19, y para su formulación tiene la palabra la señora Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor director general, el problema de la inseguridad en el ámbito rural de la Comunidad Valenciana es tan grave que una pregunta,

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esta, que registramos en el mes de mayo del año pasado hoy se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes de la Comunidad Valenciana. (Un señor diputado: ¡Vaya, hombre!-Rumores.) Especialmente por encontrarnos en plena campaña citrícola y por los momentos de dificultad económica que también vive este sector. Y es que la inseguridad en los campos valencianos está incrementándose de forma alarmante en los últimos meses, provocando serios daños a los agricultores. Los propios agricultores denuncian que, ante el aumento de robos, se ven obligados a dormir en los campos para evitar ser esquilmados; hablan de situaciones de asedio y se lamentan de las grandes pérdidas que sufren así como del miedo que tienen a sufrir daños personales. Es esta una circunstancia que obliga tanto a agricultores como a cooperativas a contratar seguridad privada para vigilar sus cultivos. Porque los ladrones, según nos explican, se han profesionalizado tanto que roban cosechas enteras de hasta 20 toneladas, demostrando gran conocimiento del terreno y del valor de lo que roban.


Sinceramente, señor Velázquez, la situación de los campos valencianos es insostenible para el sector, que empieza a tener uno de los peores años de producción. El expolio de la naranja llega a tal extremo que, según la Asociación Valenciana de Agricultores, las pérdidas del año 2010 ya se cifran en 15 millones de euros, que supone un 50 por ciento más de pérdidas que en el año 2009. Ante esta dificultad, ante la dificultad del momento, desde hace meses se ha hecho un frente común compuesto tanto por las asociaciones agrarias más representativas de la Comunidad Valenciana -hablamos de AVA, de la Unió, de Asaja, de UPA o de Fepac- como por el Gobierno valenciano, con su presidente a la cabeza, para solicitar, tanto al anterior delegado del Gobierno como a la nueva delegada, la firma de un convenio de colaboración para llevar a cabo medidas preventivas para mejorar y garantizar la seguridad en el ámbito rural de la Comunidad Valenciana, además de hacer constar la necesidad de destinar más medios de la Guardia Civil para proteger los campos valencianos.


Hoy queremos conocer de su boca, señor director general, la postura del Gobierno. Queremos saber qué piensa el Gobierno de la nación, queremos saber qué piensan hacer, qué medios, qué instrumentos y qué medidas van a poner en marcha para solucionar este drama que viven los agricultores valencianos, queremos conocer si el Gobierno tiene intención de firmar el convenio durante el año 2011. Porque el convenio está preparado, la Generalitat Valenciana lo tiene preparado, y solo falta la voluntad política del Gobierno de la nación para su firma, una voluntad que hoy le pedimos, que hoy queremos que nos manifieste en esta Comisión. ¿Puede decirnos, señor director general, si firmarán el convenio este año?

La señora PRESIDENTA: Señor director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): En la Comunidad Valenciana hay una tendencia general -también la hay a nivel nacional- de descenso del número de infracciones penales conocidas, en concreto, del menos 1,4 por ciento en el ámbito de la Guardia Civil y del menos 6,2 en Policía. Han descendido en dicha comunidad incluso más que en la media nacional. Creo que no podemos hablar de un problema de inseguridad específico de la Comunidad Valenciana, ni en el ámbito urbano ni en el rural. No obstante, sí hemos detectado en el año 2010 un aumento, respecto al año 2009, en las sustracciones en las explotaciones agrícolas, en cortijos, en fincas, en casas aisladas en su mayor parte deshabitadas. También ha aumentado la tasa de esclarecimiento de este tipo de hechos por parte de las unidades de la Guardia Civil -es de un 0,68 por ciento superior a la alcanzada en el año 2009- y el número de detenidos ha aumentado incluso en un 60 por ciento. Para afrontar el incremento del que hablamos, que lo ha habido en concreto en las sustracciones en explotaciones agrícolas, desde la Guardia Civil se han establecido unos planes específicos que incluyen algunos dispositivos particularizados: refuerzo de los servicios en el medio rural, potenciación de actividades de investigación, concienciación de la población respecto a la importancia de la colaboración ciudadana y potenciación de la colaboración con las organizaciones agrarias, que suministran abundante información, como también lo hacen los guardas particulares de campo y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.


En relación con la pregunta concreta que usted realiza, la firma del convenio, tenemos varios convenios con la comunidad autónoma. Uno de ellos se refiere a la colaboración específica con el número 112 para asignar la información que llega a dicho número a la comunidad autónoma; esto creo que en muy pocos días va a ser objeto de firma. Segundo, hay otros convenios en materia de seguridad con la comunidad autónoma en los que existe un importante diferendo de carácter económico. En concreto, de acuerdo con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la llamada Policía adscrita debe ser financiada al 50 por ciento. Después de casi veinte años, la Generalitat de Valencia no ha suministrado ni un solo euro a la Administración General del Estado y, en consecuencia, hasta que no arreglemos esta diferencia, como ha ocurrido con alguna otra comunidad autónoma, no llegaremos a ningún acuerdo.


La señora PRESIDENTA: Señora Camarero, tiene la palabra.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Como veo, señor director general, no quiere usted contestar a la pregunta que le he hecho. Habla usted del descenso del número de infracciones. ¿Qué quiere decir con ello, que los agricultores valencianos están exagerando, que mienten, que no es cierta y que no tiene fundamento la preocupación que todos los días nos muestran?

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Señor director general, aquí no valen ni medias tintas, ni demagogias, ni falsas promesas, ni datos manipulados, como nos ha traído usted esta tarde, ni alargar la agonía de los agricultores. Aquí hay solamente dos formas de entender un único problema: como hace el Gobierno valenciano, que es apoyando al sector y poniendo todos los recursos a su alcance para paliar esta situación, y lo que hacen ustedes, el Gobierno de la nación, que es el silencio, la parálisis, la falta de interés y la falta de compromiso, como hoy ha vuelto a demostrar usted en esta ocasión. El Gobierno valenciano ha mostrado su compromiso total con los agricultores, ha venido poniendo en marcha iniciativas para remediar este problema, como es el dispositivo de seguridad preventiva en el ámbito rural, en lo que ha participado la Policía de la Generalitat y han colaborado las policías locales, con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las asociaciones agrarias a la cabeza, un dispositivo realizado entre el 13 de noviembre y el 26 de enero que se ha centrado en los puntos más castigados por la inseguridad y donde han participado casi 1.300 efectivos, 875 patrullas de la Policía de la Generalitat, y donde se han efectuado 527 controles en 80 términos municipales. El citado dispositivo ha dado sus frutos, ha logrado incautar 76.600 kilos de fruta y más de 200 kilos de cobre robado, demostrando que, cuando se ponen medios, cuando se hacen cosas, cuando se ponen en marcha medidas y se buscan soluciones, las cosas mejoran.


Insisto, ¿qué reclaman las asociaciones agrarias y qué reclama el Gobierno valenciano? Lo más importante, la firma del convenio de colaboración, señor director general, un convenio que usted debería conocer, el convenio de colaboración entre la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para llevar a cabo medidas preventivas para mejorar y garantizar la seguridad en el ámbito rural, así como una mayor presencia y mayores actuaciones de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, haciendo especial hincapié en los planes de choque en zonas y periodos de tiempo concretos y en el control de la trazabilidad del producto, sin olvidarse de la necesidad de facilitar las denuncias a los agricultores, porque no parece razonable que un 40 por ciento de los agricultores consideren que no les sirve para nada denunciar.


Señor director general, mirar hacia otro lado, manipular las cifras, no sirve para nada, no soluciona el problema a los agricultores, solo consigue desesperar a los agricultores, que viven una situación bien distinta a la que intenta pintar el Gobierno y usted esta tarde. Por eso tiene todavía usted la oportunidad de dar un paso adelante, de reconocer la situación y comprometerse con los agricultores y con los ciudadanos valencianos, poner en marcha la solución que reclama el sector, que es, sin duda, la urgente firma del convenio que permita garantizar la seguridad en el ámbito rural. No nos hable esta tarde, porque no se lo he preguntado, ni del convenio con el 112, que, por fin -esperemos que sea así- se va a firmar, ni de la Policía adscrita.


La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señora Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Comprométase, señor director general, y diga si durante el año 2011 firmará este convenio -si no lo tiene, yo se lo entrego- para asegurar una eficaz acción contra la inseguridad rural en el campo valenciano.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Velázquez para terminar esta pregunta.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Efectivamente, existe un proyecto de convenio de colaboración entre la Delegación del Gobierno, la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, por el que se acuerdan medidas de actuación para la seguridad en el ámbito rural; fue presentado el 16 de septiembre del año 2010 y se han hecho al respecto algunas observaciones por parte de la Guardia Civil. Primero, estas observaciones se refieren a que existen mecanismos para llevar a cabo las medidas que recoge el convenio, como son las juntas locales de seguridad y, segundo, hay una deficiente, a nuestro modo de ver, regulación de la llamada Guía Cónduce.
Está en este momento en debate, en discusión, y veremos en su momento si conviene y si estamos de acuerdo. En todo caso le reitero lo que hemos señalado con anterioridad, en todo el territorio nacional se han dado las situaciones que usted ha señalado. Nosotros hemos cambiado también el tipo de explotaciones agrarias y hay con mucha frecuencia personas que tienen una explotación agraria, que tienen casas de aperos, tienen algunas edificaciones que están prácticamente vacías y que tienen algunos objetos que, con frecuencia, los desvalijadores se llevan. En el último año y medio hemos notado un incremento, hemos hecho planes especiales más en determinadas zonas que en otras. ¿En qué zonas? Esencialmente en Castilla-La Mancha, en parte de Aragón y en la Comunidad Valenciana.
También hemos hecho algunas operaciones de cierto relieve formadas incluso por grupos que estaban especializados en la realización de estas materias. Lo mismo nos ha ocurrido en relación con otro tipo de delitos.
Nuestro sistema de actuación no es más que el seguimiento absolutamente puntual de qué delitos son los que se cometen en un determinado territorio y la elaboración de un plan específico en colaboración con todas aquellas instituciones que nos pueden ayudar y, a partir de ahí, logramos mejorar nuestra tasa de esclarecimiento y, en consecuencia, reducir también el número de delitos de esta naturaleza que se cometen.
Esto es lo que estamos haciendo con estos problemas que hay en el ámbito rural y, en concreto, con los que usted señala en el ámbito de la Comunidad Valenciana.


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- DEL DIPUTADO DON LUIS ANTONIO GÓMEZ PIÑA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNÁNDEZ VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD ESCOLAR, PUESTO EN MARCHA POR EL MINISTERIO EN EL AÑO 2007. (Número de expediente 181/001341.)

La señora PRESIDENTA: Finalizada esta pregunta, pasamos a la última que aparece en el orden del día, la número 21, para cuya formulación tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ PIÑA: Señorías, en nombre de todo mi grupo y en el mío propio quiero darle la bienvenida y agradecer la presencia del compareciente, señor director general de la Policía y de la Guardia Civil, don Francisco Javier Velázquez López, para dar contestación a las preguntas de los miembros de esta Comisión.


Existe un consenso social sobre la relación entre la educación de nuestros jóvenes y su comportamiento futuro, siendo la escuela una de las instituciones básicas para la adquisición de valores, así como para la prevención de conductas contra la convivencia. El conocimiento en el ámbito escolar de las funciones de los cuerpos policiales ayuda a mejorar la confianza de nuestros menores y jóvenes en los mismos, favoreciendo su implicación en valores vinculados a la seguridad y colaboración ciudadana y al desarrollo de conductas proactivas en el rechazo y denuncias de aquellos actos violentos de los que sean testigos y víctimas. Por eso se han puesto en marcha una serie de iniciativas. El 20 de abril de 2006 el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana acordó la constitución de un grupo de trabajo sobre juventud y seguridad, para proponer medidas en el campo de la cooperación policial con las administraciones públicas y los agentes sociales, para contribuir a abordar las materias de seguridad ciudadana relacionadas con los jóvenes. Este grupo de trabajo alcanza el 18 de diciembre de 2006 un acuerdo marco entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior. La Secretaría de Estado de Seguridad ha aprobado la instrucción 3/2007 a fin de desarrollar dicho acuerdo. Siguiendo dicha instrucción, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ha elaborado el Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en el ámbito escolar, a aplicar con experiencias piloto en el curso 2006-2007 e íntegramente en los cursos 2007-2008 y 2008-2009, que tienen los siguientes objetivos: primero, responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad de los niños y jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar; segundo, impulsar el desarrollo de actividades, charlas y conferencias en los centros escolares dirigidas a los alumnos e impartidas por expertos policiales; tercera, mejorar la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros escolares y, cuarta, impulsar el establecimiento de mecanismos estables de colaboración entre los expertos policiales y las autoridades docentes, comunidad educativa, asociaciones de padres y madres de alumnos y otras organizaciones. Acoso escolar, consumo y tráfico de estupefacientes, violencia contra la comunidad escolar, bandas juveniles, abusos y agresiones sexuales, maltrato en el ámbito familiar, riesgos asociados a Internet, comportamientos racistas, etcétera, son los problemas sobre los que trata el plan e incide en sus líneas de actuación; entre ellas mejorar la vigilancia de las inmediaciones de los centros escolares, incrementando los esfuerzos ya iniciados de vigilancia del entorno de los centros escolares con la instrucción 25/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad para dar respuesta al tráfico minorista y consumo de drogas en los centros educativos y sus entornos. Con la instrucción 9/2009 la Secretaría de Estado de Seguridad da continuidad al Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar en los cursos escolares 2009-2010 y 2010-2011, incorporándose determinados compromisos de formación y colaboración de actividades en materia de igualdad relacionados con la prevención de la aparición en la escuela de comportamientos proclives a la violencia de género o cualquier forma de discriminación por razón de sexo u orientación sexual.


Dicho todo ello, le planteo la siguiente pregunta al señor director general de la Policía y la Guardia Civil sobre el cumplimiento de los objetivos del Plan director para la mejora de la convivencia y la seguridad escolar puesto en marcha por el ministerio en el año 2007.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el director general.


El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Básicamente en cumplimiento de la instrucción del secretario de Estado, que a su vez viene referida a otras instrucciones anteriores, hemos puesto en marcha el Plan director en la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil con este tipo de actividades que usted señalaba: conferencias y actividades en centros escolares, mecanismos de comunicación y colaboración, mejora de la vigilancia en las inmediaciones y otras actuaciones dirigidas a los alumnos. La conclusión, después de haber dado 9.101 charlas y conferencias para alumnos de 3.357 colegios, 13.086 reuniones con el personal docente, 1.752 reuniones con asociaciones de madres y padres de alumnos y 261.547 servicios de seguridad y protección en 5.689 colegios, es una conclusión razonablemente satisfactoria; es decir, este es un programa, un plan que debe continuar. Hemos conseguido atajar algunos de los problemas que teníamos, que los docentes nos reclaman con mucha frecuencia y creo que estamos cumpliendo un servicio muy razonable, incluso intentando, lográndolo en ocasiones, que por ejemplo las actuaciones en

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materia de drogas o las actuaciones en materia de violencia se alejen de nuestros centros escolares; centros que en general podemos decir que funcionan razonablemente bien desde el punto de vista de la convivencia, lo cual nos obliga a tener muchos efectivos, tanto de Policía como de Guardia Civil, destinados a esta materia, aunque entendemos que estamos de alguna manera invirtiendo en los ciudadanos del futuro.


La señora PRESIDENTA: Supongo que no querrán intervenir más.


Agradeciendo a todos su participación en esta Comisión, se levanta la sesión habiendo sido visto todo el orden del día.


Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.

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