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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 682, de 14/12/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 682
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
Sesión núm. 41
celebrada el martes, 14 de diciembre de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Empleo (Rodríguez Fernández), para explicar:

- Las líneas generales de las políticas que va a desarrollar desde la Secretaría de Estado de Empleo y para presentar el informe a que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 14/2009 por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001376.) ... (Página 2)

- Las líneas generales de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001364.) ... (Página 2)

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Proposiciones no de ley:

- Por la que se insta al Gobierno a que defina y desarrolle el cambio presupuestario necesario para reponer en su cantidad inicial los recursos destinados al Fondo para la acogida, la integración y el refuerzo educativo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001011.) ... (Página 31)

- Sobre la Carta social europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000724.) ... (Página 32)

- Sobre elaboración de un Plan de empleo para los jóvenes. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001938.) ... (Página 34)

- Sobre la remisión de informes en relación con los planes integrales de empleo para aquellas zonas que presenten altas tasas de desempleo y para la valoración de la efectividad de los planes integrales de empleo ya aprobados. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001977.) ... (Página 36)

- Sobre la regulación de la relación laboral de los asistentes personales.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/001862.) ... (Página 38)

- Sobre la ampliación a 12 años de la edad del menor requerida para acceder al derecho de reducción de jornada por cuidado de menores.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001875.) ... (Página 41)

- Sobre bonificaciones y ayudas a las empresas de inserción. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001692) ...
(Página 45)

Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ), PARA EXPLICAR:

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LAS POLÍTICAS QUE VA A DESARROLLAR DESDE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y PARA PRESENTAR EL INFORME AL QUE SE REFIERE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY 14/2009, POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO E INSERCIÓN. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001376.)

- LAS LÍNEAS GENERALES DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001364.)

El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración con la celebración, en primer lugar, de la comparecencia de doña Mari Luz Rodríguez Fernández, secretaria de Estado de Empleo, para explicar las líneas generales de las políticas que va a desarrollar desde la Secretaría de Estado de Empleo y para presentar a la Comisión el informe al que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 14/2009, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción. Esta comparecencia ha sido solicitada, en primer lugar, por el Gobierno, y también, coincidiendo con los mismos contenidos, por el Grupo Parlamentario Popular. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la palabra.)

Tiene usted la palabra.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Mi grupo quiere dar la bienvenida a la secretaria de Estado a esta Comisión, pero reconociendo tristemente que la suya ha sido una mala entrada en la misma, porque, como usted sabe, señor presidente, el informe correspondiente a las prestaciones tendríamos que haberlo tenido, según dice la disposición de la ley, en el mes de mayo o cuando menos, según dice el Reglamento, cuarenta y ocho horas antes de la celebración de esta Comisión. Mi grupo se siente en una situación claramente injustificada, porque además el informe tiene fecha de 3 septiembre y no entendemos por qué no ha sido enviado

con la debida antelación. Nos vemos en la imposibilidad

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de hacer un análisis riguroso, como el que nos gusta hacer en nuestro grupo parlamentario, y ponemos de manifiesto nuestra más enérgica protesta por esta primera mala entrada de la secretaria de Estado.
Desearíamos que modificase esta forma de actuación respecto a esta Comisión, porque así vamos a tener un mal funcionamiento en algo que es tan importante como la situación del empleo en nuestro país. Por tanto, señor presidente, en primer lugar y como una cuestión de orden, quiero poner de manifiesto nuestra más enérgica protesta por el tratamiento que ha tenido esta Comisión y por la carencia de tiempo para estudiar algo tan serio y riguroso, que fue solicitado y que no se nos ha enviado en el tiempo establecido en la disposición adicional primera de la ley que regulaba el Prodi, ni tampoco -insisto- en las cuarenta y ocho horas que establece el Reglamento de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Lleva usted razón. Efectivamente, la cuestión que usted plantea esta amparada por las disposiciones del artículo 69, pero como entiendo que lo que hace usted en su intervención es manifestar su protesta, no intentaré impedir el normal desenvolvimiento de la comparecencia. Su protesta formal por el retraso constará en el "Diario de Sesiones" y continuaremos con la comparecencia de la secretaría de empleo. De todas maneras, la justificación, según se me ha explicado, era mandar un documento lo más amplio posible. Eso es lo que ha justificado -entre comillas- la tardanza en el envío del documento. Con la constancia de la protesta de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, damos inicio a la comparecencia de la señora secretaria de Estado de empleo.
Doña Mari luz, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Rodríguez Fernández): Señor presidente, señorías, antes de empezar mi comparecencia, ante la intervención del Grupo Parlamentario Popular, quiero pedir disculpas por el retraso en el envío del informe sobre el programa temporal de protección por desempleo e inserción. La justificación es que queríamos dar una imagen lo más fiel posible e incorporar los datos más actualizados. Repito, pido disculpas por esa tardanza en el envío este informe.


Señorías, hoy es la primera vez que comparezco ante esta Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados y tengo que reconocer que es para mí un gran honor hacerlo. A partir de esta primera comparecencia y antes que nada, ofrezco a sus señorías Mi plena disposición para comparecer ante esta Comisión cuantas veces lo consideren oportuno, a fin de proporcionar toda la información que soliciten sobre las distintas áreas que conforman la Secretaría de Estado de Empleo. Me comprometo también, como no puede ser de otra forma, a dialogar con todos los grupos políticos presentes en esta Comisión.


En el día de hoy mi intervención tiene un doble objetivo: en primer lugar, informar a sus señorías de las líneas generales de la política de la Secretaría de Estado en los ámbitos en los que tiene competencia, y en segundo lugar, dando cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 14/2009, que regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, y también en la resolución número 32, adoptada por unanimidad en el Pleno de esta Cámara en el último debate del estado de la Nación, presentar los resultados más destacables del informe sobre las actuales prestaciones y subsidios por desempleo.


Pues bien, antes de desglosar ambos contenidos, quiero subrayar ante todos ustedes, dado que es mi primera comparecencia en esta Comisión, algunas señas de identidad. La primera es que creo firmemente en el diálogo social. Creo que el diálogo social es la forma más transparente y más participativa de hacer política y también la más equilibrada y la más cercana a los intereses de la ciudadanía, porque cuando se produce un acuerdo social se logran aunar la línea política del Gobierno con los deseos anhelos o reivindicaciones de trabajadores y empresarios. Nada mejor, en efecto, que el hecho de que la toma de decisiones políticas se nutra de los intereses de aquellos a los que va dirigida. Pero también creo con la misma firmeza que el Gobierno, cualquier gobierno, no puede abdicar de la responsabilidad de gobernar que adquiere con la ciudadanía y ningún gobierno en democracia puede ampararse en la falta de acuerdo en el diálogo social, por mucho que valore este método, para no tomar las decisiones políticas que considere necesarias, al objeto de solucionar los problemas de los ciudadanos o salvar situaciones tan complejas como la que vive en este momento nuestro país. Por eso, aunque vaya a dedicar todo mi esfuerzo a reconstruir el diálogo social, mi agenda política está marcada y no se va a parar. Quiero -y lo digo claramente- que sindicatos y organizaciones empresariales participen en todas las decisiones políticas que vamos a adoptar desde la Secretaría de Estado de Empleo, pero si no lo hacen por las razones que sean y que por respeto a su autonomía colectiva jamás valoraré, las decisiones políticas se tomarán igual. No hay marcha atrás en el proceso de reformas. Nuestro país necesita un cambio en el modelo económico, un cambio en el modelo productivo y un cambio en el mercado de trabajo que estamos dispuestos a afrontar.


Decía, señorías, que mi agenda política está marcada; la marcan por encima de todo lo demás los más de 4 millones de personas que hoy están en situación de desempleo. Conseguir que puedan volver a trabajar es el objetivo primero y central de la Secretaría de Estado de Empleo. El segundo es desarrollar en tiempo los mandatos de la reforma laboral, que no son un fin en sí mismos -al menos no los concebimos como tales-, sino los medios que nos pueden llevar a un mercado de trabajo que pueda incorporar con más facilidad a las personas en situación de desempleo.
Con la vista puesta en ellas, en las personas en situación de desempleo, el

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primer cometido será reformar en profundidad las políticas activas de empleo. Tenemos que atender a más personas en situación de desempleo, tenemos que atenderlas mejor y tenemos que atenderlas igual en todo el territorio de nuestro país, porque nuestro objetivo tiene que ser prepararlas para volver al mercado de trabajo. Para ello, lo primero que hemos hecho ha sido reforzar los servicios públicos de empleo. Al personal que trabaja en ellos y que ha demostrado en esta crisis su gran profesionalidad -quiero reconocer en este momento la gran profesionalidad de los trabajadores de los servicios públicos de empleo- se sumaron, en 2008, 1.500 orientadores que diseñan con los desempleados que atienden -casi 900.000 desempleados en el último año- el camino para poder encontrar nuevamente un trabajo. A esos 1.500 orientadores van a sumarse próximamente otros 1.500 promotores de empleo -se sumarán a partir de febrero del año próximo- y su objetivo primero será -lo anuncio ya- atender y preparar para la búsqueda de empleo a los desempleados que agoten prestaciones o subsidios por desempleo.


Al tiempo que reforzamos los servicios públicos de empleo, vamos a tratar de sumar todos los esfuerzos para encontrar trabajo a los desempleados.
Hoy, con más de 4 millones de personas en situación de desempleo, en esa tarea de conseguir trabajo a quien no lo tiene no sobra nadie. Por eso, al esfuerzo que ya realizan los servicios públicos de empleo, pronto, el 31 de diciembre de este año, se sumará al esfuerzo de las agencias privadas de colocación, articulando un sistema de colaboración público-privado en la búsqueda de empleo. Estas agencias, al igual que los servicios públicos de empleo, deberán atender a todos los desempleados y no solo a aquellos que tienen mejores posibilidades de encontrar un empleo. Deberán ofrecer servicios gratuitos a los trabajadores y respetar la igualdad de trato y la intimidad de las personas. Su funcionamiento, en todo caso, deberá ser autorizado por los servicios públicos de empleo, con los que van a poder trabajar en la colocación de desempleados mediante la suscripción de convenios de colaboración. Era, como bien saben ustedes, señorías, un compromiso que habíamos asumido en la reforma laboral, pero es sobre todo el compromiso que hemos asumido con la ciudadanía de hacer todo lo posible para que los desempleados encuentren un trabajo.


En esta reforma de las políticas activas de empleo de la que les estoy hablando, a las que en 2011 vamos a dedicar una inversión cercana a los 7.400 millones de euros, debe ocupar también un lugar central la formación para el empleo. Bien saben sus señorías que la finalidad de las políticas activas de empleo es preparar a los desempleados para que tengan más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, por eso nuestra obligación es prepararlos ya hoy para un escenario productivo y económico diferente, marcado con toda seguridad por la eclosión de sectores de actividad productiva llamados a tomar el relevo fundamentalmente del sector de la construcción y por la exigencia de una mayor cualificación profesional. Todos los expertos anuncian, señorías, que a medio plazo, el 85 por ciento de los puestos de trabajo exigirá una cualificación intermedia o superior y sin embargo la mayor parte de nuestros desempleados tienen cuando más el título de Educación Secundaria Obligatoria. Esto va a exigirnos, y somos perfectamente conscientes de ello, un esfuerzo en formación, pero también un esfuerzo en certificación de competencias adquiridas por la vía de la experiencia o la educación no formal, y ello con el fin de mejorar la cualificación profesional de nuestros desempleados, pero también de aflorar a la realidad productiva la cualificación que muchos de ellos ya tienen aunque no posean un título que así lo acredite.


Lo mismo sucede en relación con los sectores de actividad productiva que parecen llamados a crecer en el futuro, sectores vinculados al medio ambiente, a la eficiencia energética o a las energías alternativas; sectores donde se pueden construir empleos sin construir viviendas; sectores del cuidado de personas o el propio desarrollo de las nuevas tecnologías. Hacia ahí, justamente ahí, hay que encaminar a nuestros desempleados, buena parte de los cuales -somos también perfectamente conscientes de ello- proceden del sector de la construcción o de las industrias auxiliares de este, lo que supone nuevamente un esfuerzo en recualificación profesional. Por eso, en la reforma de las políticas activas de empleo tienen un papel crucial la formación para el empleo y las conexiones que podamos hacer con el propio sistema educativo, y ello pensando en todos los desempleados, pero especialmente en los más jóvenes. Para empezar, señorías, hemos propuesto a los agentes sociales invertir la proporción de los fondos que se destinan a la formación de personas ocupadas y desempleadas. Hasta ahora, a la formación de personas ocupadas se dedica el 60 por ciento de los fondos destinados a la formación para el empleo y el 40 por ciento restante a la formación de los desempleados. Nuestra propuesta es que sea justamente al revés, que destinemos el 60 por ciento de las inversiones en formación a las personas desempleadas, porque sin que pierda valor la necesidad del aprendizaje permanente, hoy tenemos, señorías, la urgencia de formar a nuestros desempleados para tener más seguridad de que puedan incorporarse a ese escenario productivo que ya empieza a apuntar.


La reforma de la formación para el empleo no es nuestra única propuesta.
En toda la oferta formativa del año que viene, del año 2011, habrá -también lo anuncio ya, señorías- una cuota reservada para los desempleados que agoten su protección por desempleo. Debemos planificar mejor nuestra oferta formativa, de manera que sea el resultado de sumar las necesidades de formación de los desempleados, las de las empresas y las de los sectores de crecimiento económico. Debe tener más calidad, debe dirigirse cada vez más hacia formación que pueda certificarse mediante certificados de profesionalidad y debe ser también más fluida, para que la

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incorporación de los desempleados a las acciones formativas se haga de forma inmediata.


También hay que reformar y mucho -lo anuncio ya- las fórmulas de atención a las personas en situación de desempleo y compaginar mejor la competencia normativa sobre las políticas activas de empleo que tiene el Estado con la competencia de ejecución de estas mismas políticas que tienen las comunidades autónomas. Nadie duda de que también en este ámbito de las políticas activas de empleo deba preservarse la unidad de mercado, ya que el tratamiento que recibe una persona en situación de desempleo no puede ser sustancialmente diferente en una comunidad autónoma que en otra. Hasta ahora, como saben sus señorías, esa unidad se ha conseguido sobre la base de definir programas nacionales de política activa de empleo, sin tener en cuenta la realidad presente en cada comunidad autónoma y por tanto si esos programas nacionales de empleo se adaptan o no se adaptan a esa realidad. De ahí que a partir de ahora puede operarse un cambio en una doble dirección: de un lado, preservar la uniformidad en el tratamiento que reciban las personas en situación de desempleo, claro que sí; de otro, dar una mayor libertad a las comunidades autónomas para configurar sus propios programas de política activa de empleo. Para ello, la reforma de las políticas activas de empleo debe definir, en primer lugar, un modelo o metodología uniforme de atención a las personas en situación de desempleo y, después, una carta de servicios básicos a la ciudadanía. El modelo o metodología de atención a las personas en situación de desempleo debe ser, o al menos así lo creemos, el itinerario personalizado que ya regula la propia Ley de Empleo. Este itinerario no ha de ser una obligación, señorías, ha de ser un derecho de todos los desempleados y configurarse como un requisito previo a su participación en programas de formación o de formación y empleo. La carta de servicios a la ciudadanía debe, por su parte, incluir las prestaciones que necesariamente deben proporcionar los servicios públicos de empleo a las personas en situación de desempleo, en primer lugar, pero también a las personas ocupadas y especialmente a las propias empresas. Lo anterior debe completarse con la elaboración de una estrategia nacional de empleo en la que se fijen objetivos a alcanzar por las comunidades autónomas, objetivos como el número de personas en situación de desempleo que deben atender cada una de ellas, como los colectivos prioritarios a los que debe dirigirse esa atención o también, por qué no, las ratios de inserción laboral. Además de los objetivos, esta estrategia nacional de empleo debe fijar las inversiones destinadas a políticas activas de empleo, las fórmulas de reparto de estas inversiones y también y por primera vez los criterios de evaluación del cumplimiento de los propios objetivos por parte de las comunidades autónomas. Hecho esto, nada impide señorías, que las comunidades autónomas puedan tener un mayor margen de maniobra y libertad a la hora de configurar sus propios programas de política activa de empleo. Deberán en todo caso respetar la metodología de atención a las personas en situación de desempleo, el itinerario de inserción socio-profesional; deberán respetar la provisión de los servicios que incluya la carta de ciudadanía y, por supuesto, porque ese es su fin, los objetivos marcados en la estrategia nacional, pero, hecho esto, nada impide que puedan configurar con más libertad las vías o programas de política activa de empleo a emprender para conseguir esos mismos objetivos. Es dentro de este marco, muy parecido, como pueden ver sus señorías, al método abierto de coordinación que se aplica a las políticas de empleo que se diseñan en el marco de la Unión Europea, donde puede plantearse una mejor relación entre las políticas activas de empleo y las pasivas -con la protección económica, si quieren que hablemos así-, porque creo sinceramente que todos podemos estar de acuerdo en que es deseable que las políticas activas de empleo estén en mejor relación con las prestaciones y subsidios por desempleo y que a la protección económica de los desempleados se una de manera prácticamente indisoluble su rápida preparación para volver al mercado de trabajo.


Señorías, una vez que les he dado información sobre la reforma de las políticas activas de empleo, permítanme que retorne a la reforma laboral, ya que, como señalé al inicio de mi intervención, es el cumplimiento en tiempo de todos los compromisos que asumimos con su aprobación el que marca la agenda política de la Secretaría de Estado de Empleo.


Como saben sus señorías, uno de los objetivos que persigue la reforma es reforzar los mecanismos de flexibilidad interna en las empresas, de modo que ante situaciones de dificultad económica que puedan atravesar las mismas la solución no sea el despido de sus trabajadores, como ha sucedido en buena parte de esta y de las anteriores crisis económicas, sino que la solución pueda venir dada por una modificación de las condiciones de trabajo, una adecuación del salario, la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de la jornada laboral. Esta forma de ajuste interno, que no tiene por qué repercutir o minorar la seguridad de los trabajadores, nos puede permitir salvar situaciones de crisis sin perder empleo y sin perder tejido empresarial. Este nuevo enfoque de la reforma laboral debe llevarse ahora al reglamento que habrá de regular los expedientes de regulación de empleo. El objetivo que nos hemos planteado en este ámbito es avanzar en una dirección que posibilite una mayor seguridad jurídica para trabajadores y empresarios, así como para las autoridades laborales y los propios órganos jurisdiccionales, reforzando de una manera equilibrada la causalidad de los despidos por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. No vamos a tocar sus causas, porque están ya reguladas en la reforma laboral, pero sí anuncio ya que seremos especialmente exigentes en los modos y fórmulas para acreditar las mismas por parte de los empresarios y que para nosotros cobran una importancia cru

cial el Plan de acompañamiento social y los compromisos

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que debe asumir la empresa de recolocación y atención especializada en la búsqueda de empleo de las personas afectadas por el expediente de regulación de empleo.


En este mismo texto se regulará el llamado modelo alemán. La reforma, lo decía antes, ha ampliado notablemente las posibilidades de suspender el contrato de trabajo o reducir la jornada laboral en situaciones de dificultad económica para la empresa como mecanismo alternativo a la propia extinción de los contratos de trabajo. Esta fórmula permite conjugar la adaptación de la empresa a las necesidades cambiantes del mercado, con un alto grado de seguridad para el trabajador, tanto en la conservación de su puesto de trabajo, porque sigue manteniéndolo, como en el mantenimiento de su nivel de ingresos a través del sistema de protección por desempleo. La aplicación inicial de este modelo, mediante el Real Decreto-ley 2/2009 y la Ley 27/2009, ha tenido ya, señorías, un efecto muy favorable para preservar los puestos de trabajo en la actual crisis económica. Comparando datos de 2009 con datos de 2007 nos encontramos con que las extinciones de contratos vía expediente de regulación de empleo se han multiplicado por 2,5 y sin embargo las suspensiones de contratos se han multiplicado por 14. Del total de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en el año 2009, el 11,5 por ciento lo fueron por expedientes de extinción, frente al 84,6 por ciento -casi el 85 por ciento- de afectados por expedientes de suspensión. Por otra parte, únicamente el 7,7 por ciento de los trabajadores afectados por expedientes de suspensión han solicitado a la fecha la reposición de sus prestaciones por desempleo, lo que indica que la extinción de contratos de trabajo después de la suspensión contractual ha sido realmente baja, con lo que perfectamente puede deducirse que durante esta crisis y después de las medidas adoptadas por el Gobierno las suspensiones de empleo han funcionado como alternativa al despido en muchas ocasiones. Se trata ahora, señorías, de ahondar en este mismo fenómeno y hacer crecer las reducciones de jornada como vía alternativa al despido y a la propia suspensión del contrato de trabajo. Por cierto, señorías, no he dado ese dato, pero es bueno tenerlo en mente: Los expedientes de regulación de empleo que afectan a la reducción de jornada, desde el año 2007 a 2009, se han multiplicado por 91.


También vamos a reformar la negociación colectiva. Es verdad que en este terreno seguimos pensando que la mejor forma de hacerlo es llevar a la ley lo que previamente pacten sindicatos y organizaciones empresariales.
Quiero recordarles, señorías, que nuestra Constitución les atribuye a ellos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, el poder de gestionar las relaciones de trabajo y la capacidad normativa sobre trabajadores y empresarios y que, en uso de ese poder que les atribuyen los artículos 7, 28 y 37 de la Constitución, deben ser en primer lugar los sindicatos y las organizaciones empresariales los que decidan de común acuerdo cómo ejercer ese poder que tienen sobre las condiciones de trabajo; que sean ellos, sindicatos y organizaciones empresariales, los que decidan dónde negociar o qué negociar, para quién negociar, mediante qué sujetos o qué fórmulas de representación, cuánto tiempo va a durar su convenio o qué sucederá cuando la negociación se bloquee. Nuestros agentes sociales han demostrado sobradamente a lo largo de los últimos treinta años que poseen una madurez y un sentido de la responsabilidad fuera de toda duda. Han sido capaces de ponerse de acuerdo en momentos muy difíciles y de gobernar de forma conjunta las condiciones de trabajo en muchas ocasiones. Ahora, señorías, esperamos que vuelvan a hacerlo y que sean ellos los que conjuntamente definan un nuevo modelo de negociación colectiva. Ya lo han hecho antes, en 1997, si hablamos del pasado, y este mismo año, en su Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2010-2012. Allí mismo expresaron su voluntad compartida de reformar la negociación colectiva. Pues bien, esperamos que lo hagan, que cumplan con ese compromiso que han adquirido conjuntamente, que asuman en definitiva la responsabilidad que les corresponde en la gestión de las relaciones de trabajo. De no hacerlo, el Gobierno reformará, no les quepa la menor duda, la negociación colectiva, aunque hoy por hoy -quiero volver a insistir en este dato- no contemplamos la falta de acuerdo de los agentes sociales en algo que está tan intrínsicamente ligado a ellos.


Finalmente, como desarrollo de la reforma a más largo plazo, estamos preparando el diseño del fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar, tal como han hecho ya otros países de nuestro entorno; un fondo que cada trabajador podrá -lo saben sus señorías- utilizar en los casos de despido para completar su formación o como complemento de su pensión de jubilación. Con la creación de este fondo se dará respuesta a los problemas vinculados con la extinción de los contratos de trabajo y con la tensión temporalidad-estabilidad de nuestras propias relaciones laborales. Adelanto que nos fijaremos en los modelos europeos, pero adaptándolos a nuestra tradición y que buscaremos nuevamente en este terreno el consenso con los interlocutores sociales.


No nos vamos a olvidar -ya para terminar esta parte- de los autónomos, que el próximo año tendrán su consejo del trabajo autónomo y empezarán a percibir su prestación por cese de actividad. Tampoco nos vamos a olvidar de la economía social, cuya ley reguladora se está tramitando ahora en esta Cámara y que para nosotros es una forma de actividad económica importante llamada a crecer, pero también un modo de democratizar el acceso al poder económico y a la propia empresa; ni nos vamos olvidar, por supuesto, de la lucha contra la siniestralidad laboral, cuya tendencia es hoy afortunadamente a la baja; más de un 12 por ciento ha bajado la incidencia de los accidentes de trabajo en el último año. Pero ade

lanto ya, señorías, que en este ámbito de la siniestralidad

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laboral ni vamos a hacer un discurso complaciente, porque mientras haya una persona que fallezcan en su puesto de trabajo hay motivos más que de sobra para seguir luchando contra los accidentes de trabajo, ni vamos a bajar la guardia, porque debemos aspirar a un índice de siniestralidad laboral cero y a un modelo productivo y económico que tenga como elemento central la seguridad de los trabajadores.


Inicio ahora, señorías, la segunda parte de mi intervención para presentarles los resultados más relevantes del estudio sobre la prestación temporal de protección por desempleo e inserción, más conocida como Prodi, así como sobre las vigentes prestaciones y subsidios por desempleo y la renta activa de inserción. La crisis económica, y con ella el incremento del número de personas que han perdido su puesto de trabajo, ha hecho que de manera paralela se haya ido incrementando el número de personas perceptoras de prestaciones y subsidios por desempleo.
En febrero de 2010 alcanzamos la cifra más alta de personas con protección por desempleo, más de 3,2 millones de beneficiarios. Desde entonces la cifra ha ido descendiendo, situándose en octubre de ese mismo año en más de 2,9 millones de beneficiarios. Hasta llegar aquí hemos pasado por varias etapas. La primera, desde enero de 2007 hasta octubre de 2007, con un aumento constante de beneficiarios, pero de muy baja intensidad; les estoy hablando, señorías, de un incremento en el número de beneficiarios del 0,3 por ciento. La segunda, desde octubre de 2007 hasta septiembre de 2008, con un incremento en el número de beneficiarios ya importante; estoy hablando en este caso de un incremento del 29,4 por ciento. La tercera, desde septiembre de 2008 hasta febrero de 2009, con un crecimiento muy acentuado en el número de beneficiarios; les estoy hablando en este caso de un incremento en el número de perceptores de prestaciones y subsidios del 38,5 por ciento. La cuarta etapa, desde febrero de 2009 hasta septiembre de 2009, que presenta una estabilización en este caso en el crecimiento del número de beneficiarios debido, con toda probabilidad, a los efectos del PlanE y a un mayor dinamismo del sector de los servicios en esos meses. En esos meses los incrementos en el número de perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo era del 3,7 por ciento. La quinta, desde septiembre de 2009 hasta octubre de 2010, cuyo incremento en el número de beneficiarios, del 10,12 por ciento, se debe exclusivamente a la entrada en vigor del Prodi, del programa temporal de protección por desempleo e inserción. Estas cifras, señorías, suponen un máximo en los últimos veinticinco años en cuanto a la protección de los desempleados -un máximo en los últimos veinticinco años- y están, sin ninguna duda, ejerciendo su papel como estabilizador automático de nuestra economía.


Señorías, saben bien que la protección por desempleo supone uno de los pilares básicos de nuestro Estado del bienestar; con ella se intentan paliar, al menos en parte, los efectos de la crisis sobre los hogares y las familias, proporcionando un determinado nivel de ingresos a los desempleados. En términos macroeconómicos, la protección por desempleo supone también el principal elemento de la política económica estabilizadora o anticíclica, ya que con esta protección se intenta compensar la caída en el consumo agregado de bienes y servicios asociada a la pérdida generalizada de empleo. Este efecto expansivo de la protección por desempleo sobre la demanda agregada se alcanza además de manera automática en cuanto aumenta el número de desempleados, ya que no requiere de la decisión discrecional del Gobierno para su aplicación, por lo que los retardos de este tipo de instrumentos de la política económica son nulos y la convierten, por eso mismo, en el principal estabilizador automático de la política coyuntural anticíclica. Pero para nosotros, más que este efecto macroeconómico importa su efecto social, el efecto social de la protección por desempleo, porque lo que ha permitido este aumento inmediato del número de beneficiarios de la protección por desempleo es que haya habido muchos trabajadores y trabajadoras que han podido seguir subsistiendo a pesar de haber perdido su puesto de trabajo. Para ello, ha habido que hacer un esfuerzo económico, también sin precedentes, que ha sido y sigue siendo un ejemplo de solidaridad. Entre 2007 y 2009 el incremento del gasto social en protección por desempleo ha sido, señorías, del 105 por ciento. Por tipo de prestación, el mayor incremento del gasto corresponde a la prestación contributiva, que ha crecido en 117,6 por ciento, seguido por los subsidios por desempleo, incluidos el Prodi y la renta agraria, que han crecido en términos de gasto social en un 92 por ciento. La renta activa de inserción ha tenido, por su parte, un crecimiento económico cercano al 50 por ciento, lo que supone destinar en torno al 3 por ciento del PIB a la protección de los desempleados y también que desde el año 2009, dada la insuficiencia para abordar este gasto social de las cuotas por desempleo, haya habido aportaciones del Estado. Como saben, señorías, el gasto previsto para el año 2011 en protección por desempleo será de más de 30.000 millones de euros.


Por otra parte, a medida que ha ido avanzando la crisis ha ido cambiando también, como es lógico, la propia composición de la protección por desempleo. Entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 la prestación contributiva tuvo incrementos de proporciones desconocidas; sin embargo, a partir de marzo de 2009 los incrementos en el número de beneficiarios se suavizan e incluso alcanzan valores negativos en parte de ese periodo.
Un año después, a partir de febrero de 2010, la prestación por desempleo ha iniciado, mes a mes, un paulatino descenso en el número de beneficiarios. En paralelo a esta tendencia está la de los subsidios por desempleo. Hasta julio de 2009 el número de beneficiarios de estos subsidios va creciendo, pero de manera moderada. A partir de esa fecha, y como consecuencia del propio agotamiento de las prestaciones contributivas, empieza a crecer de forma mucho más intensa. Hoy, los beneficiarios de subsidios por desempleo representan

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el 53 por ciento del total de personas con protección por desempleo; el 43 por ciento son beneficiarios de subsidios; el 5 por ciento de la renta activa de inserción y el 5 por ciento restante de subsidios eventuales agrarios. No cabe duda de que este notable incremento en el número de personas beneficiarias de subsidios por desempleo tiene mucho que ver, guarda absoluta relación con la entrada en vigor del programa temporal de protección por desempleo e inserción; es más, se calcula que la aplicación de este programa a quienes hubieran agotado su protección por desempleo ha supuesto un incremento de cerca de 3,3 puntos en el grado de cobertura por desempleo en el periodo entre enero y octubre del año 2010.


Paso ahora a exponerles, señorías, algunas de las características más reseñables de este programa. El número total de solicitudes ha sido de poco más de un millón, 1.066.985, de las cuales se han aprobado 743.760.
Las comunidades autónomas con mayor número de solicitudes del Prodi son: Andalucía, que representa el 24,8 por ciento del total; Cataluña, que representa el 13,9 por ciento y la Comunidad Valenciana que representa el 13,4 por ciento. La inversión económica que ha supuesto hasta ahora este programa ronda los 1.400 millones de euros. Cerca del 55 por ciento de los beneficiarios son hombres y algo más del 45 por ciento son mujeres.
Más del 56 por ciento de los beneficiarios están en edades comprendidas entre los 25 y los 40 años, siendo el intervalo de edad entre los 25 y los 29 años el más numeroso, lo que significa, señorías, que el Prodi ha beneficiado especialmente a los trabajadores y trabajadoras más jóvenes, lo que es de todo punto lógico si pensamos que son los jóvenes los que tienen las carreras de cotización más cortas y, por tanto, agotan antes su protección por desempleo. En consecuencia con el dato anterior está el de las unidades familiares, ya que más del 48 por ciento de los beneficiarios del Prodi no declaran familiares con los que conviven y más del 18 por ciento declara la convivencia con una sola persona. Los sectores de actividad productiva y económica de los que proceden los beneficiarios del Prodi son, como era de esperar, por otra parte, los asociados a las actividades inmobiliarias y a los sectores relacionados con ellas, y ello tanto para hombres como para mujeres; en su mayoría son españoles, ya que casi el 78 por ciento de los beneficiarios lo son, de manera que únicamente 22 por ciento de los beneficiarios son trabajadores no españoles. La causa de entrada en el Prodi en un 44 por ciento de las situaciones es el agotamiento de la prestación contributiva y en un 66 por ciento el agotamiento del correspondiente subsidio, lo que significa que una gran mayoría de los perceptores de este programa ha recibido, primero, la prestación por desempleo; después, el correspondiente subsidio por desempleo y, finalmente, el programa temporal de protección por desempleo e inserción. La gran mayoría de los perceptores este subsidio, más del 86 por ciento, han seguido ya, señorías, itinerarios de inserción profesional y del total de beneficiarios casi el 45 por ciento, esto es, más de 333.000 personas han encontrado finalmente un empleo. Por cierto, además no han consumido la duración total de este programa temporal.


En líneas generales, estos son los rasgos más destacables de los beneficiarios del Prodi, en su mayoría hombres, en su mayoría jóvenes, en su mayoría procedentes del sector de la construcción y cuyo nivel de estudios es también mayoritariamente la educación primaria y la educación secundaria. Este programa estará en vigor, como saben sus señorías, hasta el 15 febrero, de forma que hasta esa fecha, todos los trabajadores y trabajadoras que vayan agotando su protección por desempleo podrán percibir esta ayuda económica de 426 euros mensuales durante los seis meses siguientes. A partir de entonces se iniciará una nueva fase. En el marco de la reforma de las políticas activas de empleo, a la que antes me refería, queremos pactar también con sindicatos y empresarios la preparación para el empleo de las personas que agoten su protección.
Quiero dejar claro, señorías, que estamos muy orgullosos de haber puesto en marcha el Prodi y de haber destinado 1.400 millones de euros al sostenimiento económico de aquellos a los que ya no les quedaba nada porque habían perdido su empleo y habían agotado también su protección por desempleo. Pero creemos que ha llegado el momento de dar un paso más, que hay que seguir reparando, como hemos hecho hasta ahora, las situaciones de necesidad económica que provoca el desempleo, claro que sí, no está prevista ninguna modificación de la protección por desempleo, repito, hay que seguir reparando las situaciones de necesidad. Pero casi más importante que eso es preparar de forma intensiva a estos trabajadores para que puedan encontrar cuanto antes un puesto de trabajo, porque lo que quiere toda persona en situación de desempleo no es percibir un subsidio sino trabajar y lo que tiene que hacer el Gobierno es justamente eso: utilizar todos los medios a su alcance para preparar a estas personas para que puedan volver al mercado de trabajo. No queremos, y lo digo claramente, tener una generación subsidiada y perdida para el empleo y el mercado de trabajo, ni podemos desaprovechar toda la capacidad productiva, el talento y la experiencia profesional de miles de trabajadores que hoy están en situación de desempleo; no queremos, si lo quieren ustedes decir así, señorías, que todos estos trabajadores estén parados, aunque sabemos que están en situación de desempleo, porque la experiencia enseña que cuanto más tiempo permanece un trabajador fuera del trabajo más difícil es también que pueda volver a incorporarse a él.
Así que ha llegado el momento de activar toda esa fuerza productiva, de aprovechar todas las potencialidades de la orientación y la recualificación profesional para que estos trabajadores puedan volver a trabajar. Si hemos dicho -así lo decía- que la orientación diseña los caminos de la búsqueda de empleo y la formación mejora las posibilidades de encontrarlos, apliquemos la orientación y la formación a estos trabajadores, porque será

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de este modo como hagan lo que realmente quieren hacer, señorías, que es trabajar. Por eso he anunciado ya a lo largo de mi intervención que los 1.500 nuevos promotores de empleo tendrán como objetivo primero y central ayudar a la búsqueda de empleo a quienes agoten su protección por desempleo y también que en todas las acciones formativas del año 2011 estas personas tendrán una cuota reservada para participar en ellas. A ellos se unirá un nuevo programa de orientación y formación intensiva de estos trabajadores que tendrá, en algunos casos, en función de la acción formativa de que se trate, y ante la falta absoluta de otras rentas, ayudas económicas para la participación en los procesos de formación que mejoren el grado de inserción profesional.


Señorías, no vamos a dejar que nadie se quede atrás, porque hay algo que siempre hemos tenido claro a lo largo de esta crisis, y es que de ella tenemos que salir cuanto antes, claro que sí, pero casi más importante que eso es que salgamos todos, que podamos salir todos, los que tienen empleo y los que no lo tienen y lo tienen que encontrar, y también que tenemos que salir juntos. Para ello, señorías, hoy es mi primera intervención, hago un llamamiento a la unidad, a que todos nosotros, cada uno desde nuestro papel y desde nuestra responsabilidad, sumemos esfuerzos y arrimemos el hombro para salir de esta crisis y luchar contra el desempleo. Creo, señorías, que hay más de cuatro millones de razones para hacerlo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Rodríguez Fernández, por su intervención y por los datos aportados a la Comisión.


Una vez concluida esta primera intervención de la secretaria de Estado, iniciamos el turno de los portavoces. En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Carmen Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señora secretaria de Estado, lo primero que le quiero decir es que toda su intervención, sobre todo sus primeras reflexiones, me han hecho sentir como si usted proviniera de otra galaxia; ya no le digo de otro país diferente a España, porque en cualquier otro país del mundo hoy día con la información globalizada saben la situación que tenemos aquí. Por tanto, efectivamente la considero como una extraterrestre, y perdóneme que se lo diga, con todo respeto, pero es lo que he sentido oyendo sus palabras. Nos ha descrito usted la situación y parece como si acabara de aterrizar en un Gobierno que no tiene nada que ver con los seis años que lleva el señor Zapatero, que no tiene nada que ver con las negativas al reconocimiento de la crisis que se nos venía encima, que no tiene nada que ver con ese discurso tan manido, que tenemos superado ya en esta Cámara y que, desde luego, está superado en la sociedad española. Habla ahora de que la culpa la tienen el ladrillo y la construcción, habla de los servicios públicos de empleo, de los mil quinientos orientadores, etcétera, pero, señora secretaria de Estado, su antecesora, doña Maravillas Rojo, nos lo ha contado muchas veces. En cuanto a los orientadores, ahora van a incrementar su número en otros mil quinientos, pero no sabemos para qué, porque si evidentemente el resultado no ha sido el esperado, ni muchísimo menos, y usted lo sabe igual que yo, no sé por qué ahora sí lo va a ser poniendo más personas. A lo mejor lo que hay que hacer son cosas diferentes, y no las mismas y además incrementándolas.


Me centraré en algunas cuestiones importantes. Vuelvo a insistir en lo mismo que se ha dicho al principio. Ustedes han incumplido flagrantemente el mandato de una disposición adicional de la Ley 14/2009, y lo han incumplido desde el ministro señor Corbacho y su antecesora, doña Maravillas Rojo, hasta ustedes. No venga ahora a ser buena, bondadosa y decir que nos querían traer los últimos datos, porque nosotros no les pedíamos los últimos datos; si hubiera sido así lo hubiéramos puesto: tráigalo usted media hora antes para que venga absolutamente al día.
Señora secretaria de Estado, esto tenía una razón, que era que lo tuviéramos seis meses antes, es decir, en mayo, para que cuando se volviera a prorrogar el Prodi tuviéramos elementos evaluativos suficientes para saber por dónde podíamos ir a la hora de aprobar o no, a la hora de prorrogar o no, y ya no le quiero ni contar a la hora de enmendar o no. Señoría, nos encontramos con que el último real decreto del Gobierno, tramitado como proyecto de ley con la aprobación de trescientos cuarenta y dos diputados de esta Cámara, sigue en el limbo.
Llevamos desde el mes de septiembre, con prórrogas y prórrogas solicitadas por el Grupo Socialista, y tendrán que dar una explicación a los ciudadanos de por qué las han solicitado, porque el Grupo Popular presentó sus enmiendas, las tenía muy claras, desde luego desde nuestro conocimiento, pero no porque ustedes nos hubieran dado los datos que les habíamos solicitado. Le reitero que nuestra petición tenía una lógica, que era que estuviera en mayo para que pudiéramos trabajar sobre el Prodi de una manera más certera. Lo hemos hecho sin esos datos, porque ustedes han pensado que era mejor; usted no, su antecesora. Usted, que lo tiene hecho, según las fechas que vienen aquí, desde el 3 diciembre, ha considerado que era preferible no traerlo a esta Cámara, pero no habrá sido para traer datos más actualizados, porque tiene fecha, repito, de 3 diciembre. Usted podía haber cumplido con el Reglamento de esta Cámara ya que no lo ha hecho con la ley. Nos encontramos con que todavía no hemos enmendado el último proyecto de ley en el que se reforma el Prodi, que curiosamente el Gobierno lo tramitó como proyecto de ley porque había modificaciones que mandaba esta Cámara, otra cosa que es inexacta, por no decir falsa, porque esta Cámara nunca dijo que se sacara de ahí a las personas de entre 35 y 40 años sin cargas familiares; se dijo que se tuviera en cuenta principalmente -hay que saber leer; la gramática española es muy rica- a unos colectivos, pero no que se excluyera a otros.


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Hechas estas consideraciones de carácter general, la felicito porque ha hecho un canto al diálogo social que me parece estupendo y nosotros estamos deseando verlo plasmado, porque el señor Corbacho empezó en el mismo sentido cuando llegó al Gobierno y nos habló de veintidós mesas, que siempre le dije que serían para poner un restaurante, pero para poco más, porque no nos han servido absolutamente para nada. Nosotros coincidíamos con el ministro Valeriano Gómez cuando llegó; era un hombre que venía de la UGT, un hombre con una sensibilidad social, que había estado en la primera línea de la huelga general y cuando anunció que iba a prorrogar los 426 euros del Prodi, porque no habían cambiado las condiciones, desde nuestro grupo -porque no nos duelen prendas por coincidir con el Gobierno sino todo lo contrario- dijimos: hombre, el ministro ha dicho una cosa sensata, pero media hora más tarde su propio ministerio corrigió sus palabras y la vicepresidenta segunda, que debió ser la que indujo a que el Ministerio de Trabajo modificara ese criterio, dijo que había que tener en cuenta la deuda y el presupuesto.
Evidentemente, no se van a prorrogar los 426 euros del Prodi. Esa es la conclusión definitiva después, como siempre, de las rectificaciones, de las improvisaciones, porque unos dicen una cosa y desde el mismo Gobierno dicen la contraria. Pero nosotros coincidimos.


No han cambiado las condiciones que se dieron cuando el señor presidente del Gobierno aprobó el Prodi el 13 de agosto de una manera grandilocuente, porque no podía dejar a nadie en la cuneta. A mí aquella frase me impactó, y también estuve de acuerdo con el señor Zapatero. No se puede dejar a nadie en la cuneta, y usted lo ha vuelto a repetir esta mañana. Pero, señorías, cómo pueden decir que no van a dejar a nadie en la cuneta cuando en este momento ya tenemos más personas que están cobrando el subsidio que las prestaciones, que dentro de poco van a dejar de cobrar ese subsidio y a las que ustedes no van a dar ninguna ayuda, además de las que están ahora mismo en el Prodi y que van a salir de él.
Sinceramente, no termino de entender ese sentido social que ustedes tienen, salvo para las palabras grandilocuentes, porque los hechos son que ustedes van a dejar en la cuneta a más de un millón y medio de personas. Esa es la realidad que constatan los españoles por la calle, y no tiene usted más que darse una vuelta; bájese del coche oficial y escuche a la gente, porque lleva ya un tiempo en Castilla-La Mancha y quizá es que ha perdido un poco la referencia, que, por cierto, tampoco es que Castilla-La Mancha ande muy bien en políticas de empleo.


La tasa de cobertura ha bajado en cinco puntos, estaba en el 80 por ciento y está en el 75 -son datos del Ministerio de Trabajo-; por tanto, en una situación regresiva desde el punto de vista social ustedes eliminan aquello que decían que era bueno para corregir esa situación.
Sinceramente no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, porque a ustedes les aprietan en Europa y lo que les dicen es que lo que hay que hacer es generar empleo, generar ingresos y no llevar a cabo políticas de subsidio. La realidad de muchísimas familias en este país, señorías, es que han tenido que volver con sus hijos al hogar de sus padres y entre los 426 euros y la pensión de los padres pueden comer. Pues ustedes van a acabar con eso: no les van a dar los 426 euros y además las pensiones están congeladas. Esa es la realidad social de este país. Luego está Cáritas, que cada día tiene que dar de comer a más millones de españoles porque la pobreza llega a unos límites absolutamente insostenibles, si no fuera -insisto- por el colchón familiar que todavía funciona de una manera solidaria en España.


¡Para qué voy a hablar del informe! No voy a entrar en el informe, señora secretaria de Estado, aunque tengo que decir con sinceridad que en aras a mi curiosidad y a mi responsabilidad como diputada me lo he leído, pero no voy a analizarlo, no voy a entrar en el fondo, porque usted ha incumplido el mandato de la Cámara y su Reglamento. Le voy a decir más.
De la simple lectura de este documento se desprende que es informativo, analítico, pero no hace una evaluación. Es informativo y analítico, pero no es evaluativo, que era lo que le pedíamos. No sé si se ha leído la resolución de esta Cámara, pero decía de forma clara y contundente que el Gobierno realizará un estudio para poder evaluar en los próximos seis meses -quiere decir que terminaba en mayo- los resultados de la prestación extraordinaria por desempleo, así como renta activa, perceptores, cuantías, etcétera. Insisto en que aquí hay muchos datos pero muy poca evaluación. No voy a entrar a analizarlo porque, como manda el Reglamento, tendremos que tener tiempo para hacerlo con rigor y usted tendrá que volver a comparecer en esta Cámara.


Nos ha hablado de formación. Insisto en que no sé si usted lleva mucho tiempo viviendo aquí, pero es que esto de que la formación es lo más importante, que hay que unirlo con el sistema educativo, lo de las certificaciones, etcétera, he sido viceconsejera de Empleo en la Comunidad de Madrid y lo llevo oyendo mucho tiempo. Siguen sin avanzar los sistemas de cualificación y de certificaciones del catálogo de formación profesional; la ligazón entre educación y formación profesional sigue siendo inexistente en este país. Y para colmo, que nos diga usted ahora que van a dedicar el 60 por ciento de los costes de formación a parados y el 40 por ciento a formación continua, nuevamente es una improvisación o una rectificación sobre lo que su propio ministro dijo en esta Cámara hace dos semanas, porque anunció que iba a ser el 50-50. Les ruego que tengan un poco de rigor y que vengan a esta Cámara a decir lo mismo, ya no digo qué, pero sí lo mismo, por favor, porque lo que no se puede hacer es cambiar de criterio cada dos semanas. Me parece que estamos hablando de cosas suficientemente serias, como que usted nos venga a decir aquí que la siniestralidad laboral ha bajado. Naturalmente, ¡pero si ha bajado el índice de actividad una barbaridad! Usted y yo sabemos que eso tiene una clara relación progresiva. Si hay un descenso de actividad baja la siniestralidad y

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muchísimo más cuando ha bajado en el sector en el que más siniestralidad se produce, que es la construcción. Es curioso que nos haya dicho usted que de los parados que perciben el subsidio del Prodi hay un 45 por ciento de mujeres, pero no creo que provengan de la construcción, porque las mujeres no participan de manera clara en ese sector (La señora secretaria de Estado, Rodríguez Fernández, hace signos negativos.) y todos sabemos, señorías, que donde está aumentando el paro últimamente -usted puede decir que no, pero es la realidad y los españoles lo saben- es en el sector servicios y en la industria. Esta es una realidad, mucho más allá del ladrillo y de lo que ustedes quieran decirnos.


Señora secretaria de Estado, para finalizar, hay una cuestión que me preocupa mucho, y es que ustedes se proponen suprimir el Prodi cuando finalice en febrero de 2011, puesto que llegaba hasta esa fecha, y vamos a dejar a estas personas en la cuneta. Pero, sobre todo, si usted nos dice que de los que han estado en el Prodi se han colocado casi 300.000 personas, y ese es el objetivo -en eso coincidimos, en que de lo que se trata es de que la gente trabaje y no cobre subsidios-, ¿por qué lo quitan? Dénos una razón social para quitar esto, porque es socialmente intolerable y políticamente injustificable. Usted tiene que venir aquí a dar una explicación del porqué, más allá de la deuda, porque la deuda se puede soslayar de otra forma que no sea a costa de los más débiles y de los más necesitados de la sociedad. Ustedes pueden reducir la deuda de muchas maneras, y no nos vuelvan a decir que les digamos cómo. Nosotros lo hicimos cuando llegamos al Gobierno porque era nuestra obligación, ahora es la de ustedes. Se lo puede trasladar a su Gobierno, porque es usted secretaria de Estado y los secretarios de Estado forman parte del Gobierno. La oposición no tiene por qué decírselo, lo haremos, y la sociedad española sabe que lo sabemos hacer y que somos capaces de hacerlo. Ustedes están demostrando que ni saben ni pueden y creo que incluso ni quieren.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Rodríguez, gracias por sus explicaciones y aclaraciones. Creo que es su primera comparecencia ante esta Comisión y, por tanto, le doy la bienvenida; una bienvenida preñada de buenos deseos, se lo aseguro, porque además de buen hacer va a necesitar bastante suerte en el desempeño de sus funciones en este particular negociado que le ha tocado en suerte asumir.


He estado oyendo la última parte de su exposición y me llama la atención -se lo digo honestamente- algo que nos hace rememorar una conocida película, que usted habrá visto seguramente, que se llama Qué pasa con Sally. Yo le preguntaría qué pasa con el Prodi. No sé si usted ha tenido que hacer estas reflexiones apologéticas en relación con el Prodi por mor de los requerimientos reglamentarios, a pesar de las dudas que mi compañera del Grupo Popular ha expresado, pero hoy tocaba hacer una exposición, evaluativa o no evaluativa, pero sí, al menos, explicativa o ilustrativa de lo que en términos generales podríamos denominar políticas pasivas del Ministerio de Trabajo, las que hacen referencia a la protección por desempleo, incluido el Prodi. ¿Qué pasa con el Prodi? No lo sabemos bien en este momento, lo que sabemos es que no se va a prorrogar en su configuración habitual, es decir, no se va a prorrogar esa prestación de 426 euros porque no lo hace el real decreto-ley que con toda probabilidad se va a convalidar esta tarde. Tampoco sabemos qué ocurre con la ley -una ley que no es compleja, es casi de artículo único, de contenido material muy simple- en la que se establece una prórroga del Prodi para dos ámbitos o segmentos de la población desempleada: los mayores de 45 años y los menores de 30 años, con las dudas que esto ha generado y con ciertas polémicas de las que tristemente -en mi opinión- ha sido protagonista el propio ministro de Trabajo afirmando que su opinión -y la mía, seguramente la suya también- es que si hubiera alguna prórroga de esta prestación -de peculiar naturaleza jurídica, por cierto, porque nunca ha sido bien identificada en la normativa- debería afectar a todas las personas con necesidades acreditadas en relación, fundamentalmente, con su empleabilidad y con sus circunstancias personales. Entonces, ¿qué pasa con el Prodi? Lo único que sabemos en términos reglamentarios todos los aquí presentes -el presidente de la Comisión también- es que se va solicitando prórroga tras prórroga en relación con un proyecto de ley, lo que nos hace pensar que existen dudas en el Gobierno que usted representa aquí, en el Grupo Parlamentario Socialista y qué le voy a decir en todos los demás, que no tenemos información, sobre cuál va a ser la nueva configuración de esta protección. Conocemos palabras o reflexiones hechas por la vicepresidenta segunda, hechas por el presidente Zapatero, absolutamente deletéreas, inconcretas: se trata de que esta prestación tenga unas características diferentes; de un tratamiento individualizado respecto a los beneficiarios, a los prestatarios, o de una actuación no basada tanto en ayudas de naturaleza económica, en subvenciones o en prestaciones, como en ayudas proactivas a la incorporación al mercado de trabajo, utilizando como elemento troncal característicamente la formación profesional. Lo que pasa es que tampoco vemos que los mecanismos de formación profesional sean objeto de transformación en las leyes que la regulan, cuando en lo único en lo que quizás podemos estar de acuerdo todos los aquí presentes es en que la formación profesional no está bien configurada en la actualidad, y no lo está porque lo dice todo el mundo, lo dicen las reflexiones que proceden del ámbito académico, lo dicen las organizaciones sindicales, lo proclaman las organizaciones empresariales y es fácil constatarlo empírica y experimentalmente en la realidad.
Existen requerimientos del mercado de trabajo a los cuales la formación profesional, tal como está configu

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rada en la actualidad, no provee de conocimientos o destrezas suficientes y existe una formación profesional que está formando a nuestros jóvenes fundamentalmente en actividades que no tienen ningún tipo de futuro profesional desde la perspectiva de la empleabilidad. Además existe otro problema en relación con la formación profesional continua. Perdonen mi recurrencia en esta materia. No sé si la formación profesional continua va a seguir con el formato de su privatización o su gestión a través de fundaciones de cuyo patronato van a formar parte los interlocutores sociales, organizaciones empresariales y organizaciones sindicales, y si va a haber mecanismos fehacientes de control para que el uso de estas consignaciones presupuestarias para la formación profesional sea destinado eficientemente a actividades formativas de verdad y no a otros usos que en este momento el presidente me va a permitir que no glose aquí, pero que están en la mente de todos. Para el mantenimiento de ciertas estructuras están previstos en nuestro ordenamiento jurídico otros mecanismos y no se pueden realizar desviaciones semifraudulentas -por utilizar una expresión que no provoque problemas ante la jurisdicción penal- de determinadas consignaciones presupuestarias que tienen un fin teleológico y finalista, que es formar a los trabajadores.
Pero además esta actividad de la formación profesional que continua gestionada por los interlocutores sociales tiene que desglosarse en dos, porque hay dos acuerdos interprofesionales en el Estado español que tienen la misma naturaleza jurídica: el acuerdo del que dimanó la Forcem en su día, entre ciertas organizaciones empresariales de ámbito estatal que ostentaban la condición de mayor representatividad sindical, y otro, en el ámbito autonómico de la comunidad autónoma vasca, entre organizaciones empresariales que ostentaban también la misma condición de más representativas, del que dimanó otra fundación llamada Hobetuz, que no se financia de la misma manera que la primera. Me gustaría saber si este vidrioso problema, que ha provocado diversos enfrentamientos a lo largo de los últimos años, va ser objeto de atención por parte del ministerio que usted representa y si los acuerdos interprofesionales, cuando tienen la misma naturaleza jurídica, van a ser objeto de un tratamiento similar y no disímil o no injusto o desequilibrado como ha ocurrido en la actualidad.


¿Qué va a ocurrir con los orientadores? ¿Cuál va a ser su función? No sé si pensar al final que la fórmula que ustedes están siguiendo para crear empleo es crear plazas de orientadores que busquen itinerarios sociales.
El único mecanismo eficaz que estamos observando en cuanto a la actuación de los orientadores ya existentes es que por lo menos los 1.500 que existen han encontrado su propio empleo; lo que no sabemos es si han posibilitado sinergias suficientes para buscar empleo para otras personas. Tenemos dudas razonables, porque las cifras de desempleo son particularmente lacerantes y acreditan que estas funciones, estas actuaciones están siendo de dudosa eficiencia, señora Rodríguez. Desde esa perspectiva, éstas son las preguntas que a mi grupo parlamentario le gustaría hacer: ¿Cómo se va a reformular la formación profesional? ¿Cómo lo van a hacer? ¿A través de la recuperación del diálogo social en este ámbito, si es que existe la posibilidad de recuperarlo en este ámbito y también en otros? Me gustaría que el diálogo social se intentase restablecer en la medida que sea materialmente posible. En un país en el que el diálogo social no funciona es difícil que sus normas laborales, las que se aprueben en esta Cámara o las de carácter reglamentario que se aprueben en su ministerio, puedan ser trasladadas a la sociedad y puedan cumplir sus objetivos y sus finalidades. Si además de la formación profesional, los itinerarios y los orientadores profesionales van a empezar a realizar funciones con una metodología manifiestamente diferente a la anterior, a la que hemos conocido hasta ahora, con los malos o cuando menos insuficientes resultados que conocemos, nos gustaría saber qué pasa con los dos acuerdos interprofesionales existentes y las dos fundaciones y si el sistema de financiación de ambas va ser similar, pero la pregunta troncal, la pregunta más relevante es: ¿Qué va a pasar con el Prodi? ¿Cuál va a ser su naturaleza?, si usted lo sabe. No quiero que realice reflexiones de naturaleza puramente especulativa, ni le voy a obligar a que realice un esfuerzo de prospección sociológica para la cual ni usted ni yo estamos dotados y que además resultaría políticamente una frivolidad. Si alguien sabe en este momento -y usted puede ser la que más próxima esté a este nivel de conocimiento, a esta gnosis- qué va a pasar con el Prodi, le agradecería muy particularmente que nos informarse.


El señor PRESIDENTE: Me temo que el señor Campuzano ha medido mal los tiempos, porque ha debido pensar que iba a haber alguna intervención más y no ha encajado. Lo siento por él.


A continuación, para cerrar este turno de portavoces, hará uso de la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor Presidente, señorías, creo que el señor Campuzano puede intervenir si se incorpora posteriormente. Creo que es un problema puramente técnico y le rogaría a la Mesa que así lo hiciese.


El señor PRESIDENTE: Es usted muy generoso.


El señor MEMBRADO GINER: Sí, soy muy generoso.


Quisiera trasladar en este momento a la secretaria de Estado nuestra bienvenida y felicitarla por su intervención, agradeciéndole al mismo tiempo que en las primeras seis semanas de su gestión haya comparecido en la Comisión, cosa que no es habitual ni natural. Señora secretaria de Estado, usted puede comprender que los

cien días de gracia no se dan en esta casa; aquí ni siquiera

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se dan horas de gracia; aquí se puede tratar a uno como proveniente de otra galaxia por haber hecho una intervención, yo creo que ajustada y medida, y dentro de un rato se le puede culpar también de la evolución del vuelo de una mosca en una dirección no adecuada. Estamos acostumbrados a ello y le rogaría que su trabajo se centrase fundamentalmente en sacar adelante los problemas que tienen los ciudadanos, porque contestar al Grupo Popular y a los portavoces de Trabajo es una materia agotadora (El señor Echániz Salgado: Sí, pero es una obligación.) Sinceramente, se ve que a estas horas de la mañana ya estamos agotados, después de la gran capacidad dialéctica y de la enorme experiencia intelectual en los temas que nos ha transmitido esta mañana.


Usted ha hecho una intervención que, desde mi punto de vista, tendríamos que haber valorado de otra manera por una razón fundamental. Es cierto que el documento que se ha presentado no ha venido en el momento correspondiente, pero no es menos cierto que ha habido un cambio de ministerio y que ese cambio ha llevado consigo unos ajustes. No era en mayo cuando se tenía que presentar; se tenía que haber presentado en septiembre, porque eso es lo que dice la ley. No obstante, en estos momentos, a pesar de la desviación de un mes o de dos meses, para los que hemos ojeado el documento -no lo hemos estudiado adecuadamente- hay materia suficiente para tener una posición sobre las coberturas de desempleo en este momento, las contributivas y las no contributivas, sobre los efectos que tienen en nuestra sociedad y sobre el grado de presencia en determinados estratos sociales y formativos. Me parece que es interesante. Por eso voy a empezar por ahí y posteriormente me voy a referir a algunas de las líneas de actuación que usted ha presentado.


De los datos que nos ha trasladado esta mañana y de los informes que tenemos aquí presentes podemos deducir que está muy claro que las prestaciones no contributivas en estos momentos son una malla de la que es difícil prescindir en nuestro país, a pesar del coste que conlleva.
¿Por qué? Porque está cubriendo prácticamente el 50 por ciento de las ayudas a las personas que tienen desempleo. ¿Y por qué también? Porque hay un alto grado de ocupabilidad de las personas que están recibiendo en estos momentos prestaciones que podríamos meter en el cajón de sastre de subsidios, aunque algunas de ellas, como el Prodi, tienen una característica de definición diferente al subsidio habitual en nuestro país. Por tanto, quiero trasladar a la secretaria de Estado y al conjunto de los diputados y diputadas que formamos esta Comisión, primero, que las prestaciones derivadas del Prodi están en estos momentos en tramitación parlamentaria en esta Comisión; que estamos en periodo de enmiendas y que la limitación de la prestación a 15 febrero, lógicamente, tendrá que ampliarse, modificarse o cerrarse en función del trabajo, de las aportaciones, de las enmiendas y del debate parlamentario. Esa es la primera cuestión. Por tanto, depende de nosotros y por supuesto de la voluntad del Gobierno, pero en estos momentos está en esta casa. La segunda cuestión es que me parece que de las palabras que usted ha dicho se deduce que el Gobierno tiene intención de darle un cambio al Prodi, pero no de prescindir del mismo. ¿Qué significa darle un cambio al Prodi? Significa transformar las políticas pasivas en políticas activas, es decir, intentar que el Prodi siga siendo una malla, pero para transformar el desempleo en empleo, para resolver itinerarios de inserción no cubiertos con la prestación contributiva habitual y para terminar siendo un incentivo para que la gente se forme y busque empleo. Eso es lo que se está planteando, desde mi punto de vista, por lo que he escuchado en su intervención de esta mañana. Nosotros estamos de acuerdo con esa filosofía. Posteriormente habrá que ver cómo se plasma entre todos. Me gustaría que la solución al Prodi fuese fruto de un acuerdo amplio, mayoritario e incluso unánime de esta Comisión, porque, señorías, ustedes saben muy bien que tradicionalmente, hasta hace aproximadamente cinco meses, en los debates en esta Comisión ha habido amplias mayorías, por no decir unanimidades, en proyectos de ley muy importantes. Si recuperásemos el consenso en esa línea y diésemos una orientación diferente pero también una garantía de prestación al Prodi, habríamos avanzado suficientemente. ¿Por qué? Porque habríamos dado sensación de confianza a aquellos que no tienen ningún tipo de prestación y una obligatoriedad de adecuación de los recursos públicos a aquellas actuaciones que les permitiesen recuperar su puesto de trabajo y la formación adecuada. Este documento avala las posiciones que pretenden dar una vuelta al Prodi tal y como está, pero no prescindir de la malla social tal y como la tenemos.


La segunda cuestión que usted ha planteado a lo largo de la mañana es qué objetivos tiene la Secretaría de Estado dentro del nuevo Ministerio de Trabajo. Se ha referido fundamentalmente a dos aspectos. Uno de ellos es el desarrollo de la ley que reforma el mercado de trabajo y que aprobamos el día 29 julio y posteriormente se publicó en el BOE el 17 septiembre.
La Ley de la reforma del mercado de trabajo, como se la denomina en estos momentos, es una ley que tiene todavía recorrido y de la que veremos su aplicación posterior y sus efectos. En estos momentos, no me parecen análisis objetivos y racionales aquellos que dicen que esta es una ley que no sirve, porque no ha creado empleo, pero al mismo tiempo dicen que si no modificamos las condiciones económicas y reactivamos la economía, no se creará empleo. Contradicciones las hay, pero especificarlas permanentemente no es una contradicción es demagogia. Nosotros sabemos que es una ley que tiene un objetivo fundamental, que es no ayudar a destruir empleo, sino ayudar a mantenerlo -ese es el objetivo- y a transformar empleo precario en empleo fijo. Esos son los dos elementos cardinales que mandata la ley y por tanto su aplicación tendrá resultados a medio y largo plazo, como los tienen todas las leyes del mercado de trabajo, que no son fórmulas mágicas y no lo van a ser.


En este sentido, hay que seguir defendiendo la reforma,

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no solamente porque haya salido del Gobierno y porque sea una ley en estos momentos, sino porque objetivamente no se puede pedir a una ley que resuelva los problemas de un país en el terreno del empleo.


La segunda cuestión que usted está planteando, el desarrollo de la ley, supone en estos momentos, lógicamente, poner en marcha algunos desarrollos reglamentarios y algunos acuerdos tan importantes como los correspondientes a la negociación colectiva, a las políticas activas, a las oficinas de colocación, a la nueva reglamentación de las ETT, a la reducción de jornada en los ERE, con un cambio reglamentario importante o, indudablemente, a las posibles explicaciones o ajustes en las causas de despido objetivo. Hay diecisiete encomiendas y tres reglamentos que hay que desarrollar. La parte más dura en estos momentos estaría en la negociación colectiva. Usted ha dicho en su intervención que cree en el diálogo social y que considera que es importante su desarrollo; pues en el ámbito de la negociación colectiva lo es mucho más, porque tradicionalmente ha sido un acuerdo de partes, aunque indudablemente hubo una reforma, que es la que estamos viviendo en estos momentos, que es el artículo 33 del estatuto, que se hizo a través de Unami y que fue firmada exclusivamente por CEOE y UGT. Lo que quiero decir con esto es que la negociación colectiva es un tema importante en el que sería necesario que hubiese un alto grado de consenso, porque es muy difícil llevar esto a las empresas si los sindicatos y los empresarios no están de acuerdo con su aplicación. Son ellos los que firman y negocian los aproximadamente 4.700 convenios que se producen en este país y los miles de acuerdos de empresa. Sería muy conveniente, aunque lógicamente el Gobierno no puede hacer dejación de sus funciones. Esa es una parte.


¿Qué otra parte nos preocupa en el desarrollo reglamentario y en los mandatos de la ley de la reforma? La parte que hace referencia a las empresas de trabajo temporal y a las agencias de colocación. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de las empresas de trabajo temporal en determinados sectores habría que intentar alcanzar el mayor grado de acuerdo. Ahí sí que pido a los grupos parlamentarios su apoyo, porque si incidimos en exceso en ampliar el efecto de las ETT en determinados sectores, seguramente no las estaremos beneficiando sino perjudicando.
Las empresas de trabajo temporal precisan sobre todo acuerdos para su expansión en los ámbitos constreñidos en este momento, acuerdos sindicales, porque en caso contrario van a tener una contraofensiva como la de 1994, cuando por la vía de la negociación colectiva se taponó su desarrollo. Eso es muy importante, porque las empresas de trabajo temporal necesitan una ampliación del grado de mercado que tienen ahora mismo en sectores importantes de la Función pública y en sectores de la construcción, con algunos riesgos de siniestralidad. Esos son dos temas.
El otro tema es el de las agencias de colocación. ¿Por qué necesitamos que haya un alto componente de acuerdo ahí? Por lo mismo. Porque las agencias de colocación, que pueden ser elementos complementarios al sistema público de empleo, si no tienen un grado de consenso en estos momentos van a estar estigmatizadas de partida y van a tener limitado su campo de actuación. Es necesario desarrollarlo con acuerdos, señorías.


¿Qué otra cuestión sería muy conveniente en este tema? Que los expedientes de regulación de empleo, tal como los tenemos en estos momentos, siguiesen manteniendo la prevalencia de los expedientes temporales sobre los expedientes de extinción, y para eso necesitamos que la reforma que hemos planteado en la ley de la reducción de jornada en los ERE venga por la vía del acuerdo y no por la vía de la confrontación. El Gobierno y sobre todo la Secretaría de Estado conocen perfectamente la materia, saben cuáles son los procedimientos. Por la exposición que usted ha hecho a lo largo de la mañana, no tiene pinta de que podamos tener grandes dificultades. El Grupo Parlamentario Socialista se congratula y sobre todo desea que así sea.


En la parte correspondiente -y con esto termino, señor presidente- a las políticas activas, señorías, hay un planteamiento muy interesante por parte del Gobierno, que todos los grupos habíamos venido defendiendo hasta ahora, y es que las políticas activas tengan un papel más importante. Cuando este ministerio tiene un presupuesto de casi 38.000 millones de euros para el próximo año, de los cuales 30.000 son para políticas pasivas, hay que intentar trasvasar recursos a las políticas activas que no dejen a la gente colgada de la brocha, pero que la estimulen a la formación y a la recolocación. Para eso los 1.500 orientadores son importantes, porque, si no, la orientación y los planes de inserción individualizados no se pueden hacer. Estos 3.100 nuevos orientadores que hemos cubierto a lo largo de estos dos últimos años no son ni con mucho la tercera parte de los orientadores por número de desempleados que hay en Francia, en Alemania, en el Reino Unido y son un número muchísimo más disparatado si lo comparamos con Holanda o con Bélgica. Por tanto, tenemos margen y colchón suficiente para avanzar por ahí.


La otra parte, la parte que usted ha planteado de convertir el derecho de los ciudadanos en un derecho a tener orientación, itinerarios de inserción y casi, casi un expediente propio en el que se marque la formación que van recibiendo para su cualificación es una experiencia interesante que también nos gustaría que se desarrollase con el mayor grado de apoyo social y con el mayor grado de apoyo político, porque eso es lo que hemos venido demandando en el último año y medio, y como lo hemos venido demandando en el último año y medio, que la sensibilidad del Gobierno esté claramente enfocada por ahí, lógicamente, nos congratula.


Solo me queda decirle, como lo he hecho anteriormente, que deseamos poder desarrollar los planes de trabajo que usted ha definido aquí de la manera más rápida posible, porque, indudablemente, de ellos se van a beneficiar los ciudadanos, al margen de las diatribas políticas que lógicamente van a conllevar.


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El señor PRESIDENTE: Supongo que ningún portavoz pondrá objeción alguna a que dé la palabra al señor Campuzano, que ya se ha incorporado a la Comisión.


Señor Campuzano, cuando usted quiera.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco al señor presidente su flexibilidad y al resto de los portavoces que me hayan permitido incorporarme a este turno en este momento. En el piso quinto de este mismo edificio hay otra comparecencia solicitada por mi grupo y he intentado combinar la presencia en las dos comisiones.


Quiero dar la bienvenida a la señora secretaria de Estado a esta Comisión en su primera comparecencia y desearle suerte en ese año más o menos que le queda de mandato.


Poco o mucho usted ha planteado una comparecencia que ha desarrollado, quizás con un poco más de detalle, algunas cuestiones planteadas por el ministro en su comparecencia de hace unos quince días. Tal como dijimos al señor ministro, nos parece que muchas de estas medidas que el Gobierno anuncia llegan tarde. Si el tono y el contenido de algunas de las propuestas de esta comparecencia se hubieran producido al inicio de esta legislatura, podríamos esperar que las medidas empezaran a tener resultados durante los próximos meses, pero lamentablemente estamos en el final de esta legislatura, estamos en el último presupuesto previsiblemente aprobado. Vamos a ver si hay tiempo para que ustedes cumplan con esas reformas, pero en todo caso es evidente que difícilmente van a dar resultados. Por ejemplo, desde la pasada legislatura y desde el inicio de esta venimos reclamando la flexibilización de las políticas activas de empleo, precisamente para garantizar que el conjunto de los ciudadanos mantenga un determinado nivel de protección social equiparable, pero sobre todo para permitir que esas políticas se adapten a la distinta realidad de las comunidades autónomas. Usted nos lo anuncia ahora; bienvenido sea, mejor ahora que nunca, pero llega tarde. Desde el inicio de esta legislatura venimos insistiendo también en la necesidad de vincular políticas pasivas con políticas activas. Parece ser que el Gobierno empieza a avanzar en este sentido. También hemos insistido en la necesidad de promover la colaboración con la iniciativa privada en materia de colocación y recolocación y en la reforma laboral se introdujo esa previsión. Ustedes han presentado ya un borrador de reglamento que desarrolla estas actividades, pero antes de que esto tenga impacto en la vida real de los ciudadanos van a pasar unos cuantos meses o unos cuantos años. Incluso en el borrador de reforma de políticas activas ustedes nos plantean un calendario que en algunas cuestiones va hasta 2013. De aquí a 2013 habremos tenido otras elecciones y habrá otro Gobierno, del mismo signo o de otro distinto. Da la sensación de que se llega tarde para realizar una agenda imprescindible que debería haberse abordado en el inicio de esta legislatura. Además, estas medidas se anuncian en un contexto presupuestario marcado por la austeridad y por los recortes, incluidos los recortes en las partidas destinadas a políticas activas de empleo, que disminuyen; aumenta el número de personas sin protección y no aumentan los recursos destinados a estas personas desempleadas.


En el contexto de esta cuestión, le diré que creo que el conjunto de portavoces terminamos sin tener del todo claro qué va a suceder con el denominado Prodi, porque las intervenciones del ministro, del presidente del Gobierno, la suya, lo que leemos en los medios de comunicación tienden a confundirnos. El presidente del Gobierno anunció la desaparición de ese programa, y en algún momento pareció que ese programa de políticas pasivas iba a reconvertirse en otro de políticas activas.
Creo que sería bueno que esta Comisión sirviera para aclararlo, al menos que sirviera para aclarar dos cuestiones importante para Convergència i Unió. ¿Piensan destinar el conjunto de recursos que hemos gastado hasta ahora para financiar el Prodi a financiar una política activa para estos desempleados? ¿Quizá cuando se anuncia una política de acompañamiento para estas personas se piensa financiar con los recursos presupuestados para las políticas activas? Sería bueno que lo aclarásemos, porque si se trata del primer caso, si el conjunto de recursos para financiar el Prodi va a destinarse en 2011 a las políticas activas, nos parece una medida adecuada. Si lo que vamos a hacer con el conjunto de las políticas activas es destinar preferentemente una parte a estos colectivos, bienvenido sea para estas personas, pero eso querrá decir que habrá otros desempleados que van a estar menos acompañados en ese proceso. Le pido claridad, si es que el Gobierno está en condiciones de explicarlo.


En segundo lugar, ustedes plantean un cambio de los recursos de la formación para el empleo destinando más a la formación para los desempleados y menos para la formación de los empleados. Eso no es neutro en sus efectos sobre la empleabilidad del conjunto de los trabajadores hoy ocupados y más cuando un lugar común que compartimos en el ámbito de las políticas de empleo es que para un persona empleada la mejor garantía de asegurar su futuro en caso de perder el empleo es su capacidad de reincorporarse a otro puesto de trabajo. Eso tiene mucho que ver con sus propias características personales y con su nivel de formación. Disminuir los recursos para la formación de los empleados es poner en riesgo la capacidad de esas personas de reincorparse al empleo. Ustedes tienen poco margen presupuestario para aumentar los recursos para la formación de los desempleados sin disminuir la formación para el empleo, pero quizá ahí tocaría ser más imaginativos, más valientes, más audaces y plantear que aquellas empresas que opten por invertir en la formación de sus empleados, más allá de las cuotas que se puedan bonificar a través de la formación, puedan tener deducciones en el impuesto sobre sociedades. Ahí mi grupo le exige un planteamiento. Nos gustaría conocer el calendario que tienen en relación con esta reforma de las políticas activas, los contactos que

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han tenido con las comunidades autónomas y con los agentes sociales.


En relación con el informe que ha presentado sobre el sistema de protección al desempleo, tengo que decirle que es -y ahí coincido con la portavoz del Grupo Popular- extremadamente descriptivo de una realidad, muy interesante en lo cuantitativo, pero muy poco sugerente desde el punto de vista de la cuestión de fondo que le planteaba el Parlamento cuando se lo exigió. La cuestión de fondo era qué orientación debe tener la política de protección al desempleo y pedíamos una visión estratégica de los diversos instrumentos que tenemos: las prestaciones contributivas, las prestaciones asistenciales, la renta activa de inserción, el Prodi y las rentas mínimas de las comunidades autónomas. En ese documento no se plantea dicha visión estratégica. En Cataluña suceden cosas extrañas, porque hay 60.000 beneficiarios de la renta mínima de inserción frente a 3.000 beneficiarios de la renta activa de inserción. ¿Tiene sentido que la renta mínima de inserción, muy orientada hacia colectivos con enormes dificultades de integración en el mercado de trabajo, deba flexibilizarse para garantizar la protección social de más personas, y en cambio la renta activa de inserción que gestiona el Estado en Cataluña tenga ese número tan poco significativo de beneficiarios? Ahí hay realidades que no terminan de funcionar. También quisiera conocer el criterio del Gobierno sobre esta cuestión.


Ha anunciado ese borrador que regula las agencias de colocación. Queremos trasladarle nuestra preocupación, porque una mala regulación de las agencias de colocación puede permitir que en el mercado de las políticas activas se instalen empresas sin el suficiente músculo para garantizar buenos servicios a los ciudadanos. Nos parece que es necesario realizar una regulación para que quien opere en este nuevo mercado lo haga en condiciones de ofrecer servicios de calidad. Le pedimos que en esa revisión de las políticas activas de empleo no se pierda de vista el papel que las entidades del tercer sector social tienen en relación con colectivos de difícil integración en el mercado de trabajo. Ayer por la tarde me reuní en Barcelona con gente que trabaja con personas que salen de prisión, parados que llevan más de dos, tres o cuatro años en situación de desempleo y con pocas posibilidades de encontrar trabajo, jóvenes que provienen del fracaso escolar, todos ellos atendidos hoy a través de entidades del tercer sector y sería bueno que esa revisión de las políticas activas no los excluyese de ninguna de las maneras.


Finalmente, me ha chocado que en su intervención no haya hecho ninguna referencia -al menos así me lo ha parecido- a los ámbitos de la discapacidad y de la responsabilidad social de la empresa. Son dos cuestiones que sabe que preocupan e interesan a Convergència i Unió y me gustaría conocer la opinión de la nueva secretaria de Estado sobre dichas políticas.


Voy a intentar, si aún estoy a tiempo, intervenir en la Comisión de Cooperación al Desarrollo, aunque intuyo que no va a poder ser, pero me reincorporaré a esta Comisión en unos minutos.


El señor PRESIDENTE: Para responder a todas las cuestiones formuladas por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra la secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Rodríguez Fernández): Antes de empezar a subrayar o a contestar a alguno de los temas que se han ido planteando en las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios, me gustaría agradecerles su tono, el que yo he notado, constructivo y positivo, en la gran mayoría de ellas.


Si les parece, una vez agradecido el tono, me gustaría contestar a algunas cuestiones que han ido surgiendo y, en primer lugar, a la señora Álvarez, pero aunque veo que no se encuentra en la sala voy a comenzar igualmente.
La verdad es que tengo que reconocer que no esperaba otra tarjeta de bienvenida a esta Comisión de Trabajo e Inmigración por parte del Grupo Popular y no la esperaba porque lejos de estar alejada -valga la redundancia- de lo que sucede en la arena política diaria de los datos de empleo, de los datos de paro, de los datos de la reforma del mercado de trabajo, he estado bregando todos los días con ello y he conocido la posición del Partido Popular, así que tengo que reconocer que no me extraña que hoy se haya producido un nuevo episodio en cuanto a esa misma posición. No me ha extrañado que en ningún caso la señora Álvarez haya planteado inquietudes, dudas (La señora Álvarez-Arenas Cisneros entra en la sala.) o propuestas alternativas -gracias, señora Álvarez- a lo que yo intentaba que fuera el centro de mi intervención. Yo he dicho que el primer cometido que queremos abordar desde la Secretaria de Estado de Empleo es una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo -luego volveré sobre ello-, de la formación para el empleo, de los programas de empleo; pero yo no sé qué piensa la señora Álvarez ni tampoco, por cierto, los dirigentes del Partido Popular, de esta reforma de las políticas activas de empleo porque no se ha dicho nada, no se ha dicho si se está a favor, si se está en contra, si se llega -como han dicho otros grupos parlamentarios- pronto o tarde, si se tiene una propuesta alternativa a la reforma de las políticas activas de empleo.
Cero propuestas, como habitualmente sucede en las intervenciones del Partido Popular. Tampoco sé lo que piensan la señora Álvarez y los dirigentes del Partido Popular cuando se habla de temas tan importantes para las relaciones de trabajo como son la reforma de la negociación colectiva o la elaboración de un fondo de capitalización para pagar indemnizaciones por despido o la próxima regulación de los expedientes de regulación de empleo. (El señor Echániz Salgado: Es que no estaba usted cuando debatimos la ley.) Yo he expresado los puntos de partida

en esas actuaciones de política que quiere desarrollar la

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Secretaría de Estado de Empleo pero no sé si el Partido Popular piensa que están bien, que están regular o que están mal. Nuevamente, cero propuestas, crítica por criticar y, por cierto, muchos de los lugares comunes que están utilizando durante esta situación de crisis.


Voy a contestar a algunas cosas y luego me voy a referir al contexto en el que se ha producido la intervención de la señora Álvarez. Empezaré por algo que para mí es muy importante, que es la siniestralidad laboral.
Señora Álvarez, usted y yo sabemos que cuando medimos la siniestralidad laboral por los índices de incidencia, por si suben o bajan los índices de incidencia, estamos teniendo en cuenta, naturalmente que sí, si sube o baja la población ocupada con sus riesgos profesionales cubiertos. Por tanto, cuando hablamos de índices de incidencia estamos marcando si sube o baja la siniestralidad laboral teniendo en cuenta si sube o baja al mismo tiempo la población ocupada. Pero voy a darle un dato, señoría, para demostrarle que la tendencia de la siniestralidad laboral en nuestro país tiene que ver con la pérdida de actividad productiva, pero afortunadamente tiene que ver más con el compromiso de empresarios, sindicatos, trabajadores y gobiernos, incluidos los de las comunidades autónomas, en la lucha contra la siniestralidad laboral. Señoría, en el último año el índice de incidencia de la siniestralidad ha bajado más de un 12 por ciento, el de todo tipo de accidentes, de los leves, de los graves y también de los mortales, y ha bajado en todos los sectores de actividad, en la agricultura, la industria, la construcción y en el sector servicios. Señoría, ¿sabe cuál ha sido la reducción de la población ocupada con su riesgos profesionales cubiertos en este mismo periodo? Ha sido de poco más de un 2 por ciento y de más de un 12 por ciento la reducción de la siniestralidad laboral. Creo señoría que no se puede decir tan frívolamente, cuando hablamos de la salud y de la seguridad de los trabajadores que el único componente de la rebaja de la siniestralidad laboral es el de la reducción de la actividad productiva y del número de trabajadores, porque es mucho más intensa la rebaja de la siniestralidad laboral y porque, señoría, le hace usted un flaco favor, perdone que se lo diga, no a este Gobierno, que está empeñado de raíz en la lucha contra la siniestralidad laboral, sino a quienes están luchando con nosotros contra los accidentes de trabajo, que son, como decía antes, los sindicatos y también los empresarios, además de todos y cada uno de los gobiernos de las comunidades autónomas, de uno de los cuales, como decía usted misma, ha formado parte hasta hace bien poco tiempo. Eso, con respecto a la siniestralidad laboral.


Señoría, no sé lo que piensa de las políticas activas de empleo porque no hay propuestas, ni siquiera hay un posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario Popular; no sé lo que piensa usted de la negociación colectiva porque no hay propuestas, ni siquiera hay un posicionamiento por parte del Grupo Popular; pero sí conozco lo que hacen ustedes habitualmente y lo que han hecho en el pasado cuando les ha tocado gobernar situaciones tan complicadas, tan complejas como la que estamos gobernando en este momento. Señoría, cuando dicen que saben lo que hay que hacer para salir de esta situación de crisis -lo dicen así: nosotros sabemos lo que hay que hacer para salir de esa situación de crisis- no están mirando lo que sucede en la realidad española, porque todas las comunidades autónomas, todas, incluidas aquellas en las que ustedes gobiernan la crisis, en las que llevan las riendas de la salida de la crisis, están afectadas por la situación de desempleo. Más de la mitad de la pérdida de empleo del último año, el 54 por ciento, se ha producido en comunidades autónomas donde gobiernan ustedes. Y que conste que yo no estoy echando la culpa de lo que está sucediendo en materia de empleo y desempleo ni a sus comunidades autónomas ni a las otras, porque todos estamos afectados por igual por esta crisis económica que ni sus comunidades autónomas ni las nuestras hemos causado; no estoy echando la culpa del paro a las comunidades autónomas como, por cierto, ustedes hacen a la inversa cuando hablan de las cifras del paro. No les estoy echando la culpa, pero, señoría, no venga usted a decirnos que tienen las recetas para salir de la crisis o que tienen la recetas para luchar contra el desempleo cuando en las comunidades autónomas donde gobiernan ustedes hay tanto paro o más que en las comunidades autónomas donde gobernamos nosotros. Eso puede significar dos cosas: o bien que ustedes no tienen ninguna receta -porque hay que reconocer que nadie tiene varita mágica para una crisis internacional tan profunda como esta, señorías, ni ustedes ni nadie; varita mágica no tiene nadie- o bien, señoría, que puede ser la segunda alternativa, que las que tienen y están aplicando allí donde gobiernan ustedes son tan malas que producen más paro que donde gobernamos nosotros. Todos afectados, pero ustedes con mucho más paro que donde gobernamos nosotros. (Aplausos.) Señoría, o no tienen recetas o son muy malas.


Lo que tienen también para salir de la crisis, y permítame que se lo diga con todo respeto, son lugares comunes y banalidades. Los hechos demuestran que no saben lo que hacer, porque en sus comunidades autónomas hay tanto paro como en las otras; pero, además, su discurso dejar ver que no tienen esas propuestas o que si las tienen las tienen metidas en el cajón, aunque me voy a referir a continuación a ellas. No las tienen, porque cada vez que escucho su discurso -y hoy he vuelto a escucharla, señoría, con mucho respeto- no encuentro ni una sola propuesta. Es más, como no las encuentro en su discurso tengo la costumbre de acudir a sus fuentes para leer dónde están sus propuestas, y por supuesto que sigo lo que dice FAES, claro que sí, señoría; por supuesto que sigo lo que dicen sus decálogos para salir de la crisis, los conozco todos; y en el afán de saber lo que harían ustedes para salir de esta crisis tuve también el honor -lo digo así- de leer el libro del señor Aznar en el que nos dice cuáles son la recetas para salir de la crisis. Señoría, ¡qué fórmulas magistrales encontré! Tenemos

que tener una economía competitiva; claro, y yo también

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lo quiero, pero ¿cómo se hace la economía más competitiva? No está en el libro ni en su decálogo ni en sus propuestas. Dice el señor Rajoy: tenemos que tener una economía que cree empleo. Claro que sí, señoría, completamente de acuerdo. Pero, por favor, dígame cuáles son las propuestas para crear empleo; cuáles son sus recetas para crear empleo.
(El señor Echániz Salgado: La que viene a comparecer es usted. Esto es un mitin. Dé las suyas, las del Gobierno.) Las mías, las del Gobierno, he intentado ir desgranándolas en mi comparecencia. Pero no solamente no tienen propuestas, señorías, sino que, además, seguramente ustedes tienen escondida una agenda oculta que no se atreven a sacar. Digo esto, a lo mejor es una presunción por mi parte, porque he estado revisando lo que hicieron en el pasado, cuando gobernaron. (El señor Echániz Salgado: Hay cinco millones de parados.) He estado revisando lo que han hecho recientemente en la reforma laboral, cuáles eran sus propuestas, dónde podíamos beber de sus iniciativas, ya que estaban haciendo propuestas a la reforma laboral; lo he hecho atentamente. Miren ustedes, señorías, lo que me he encontrado. Ustedes siempre hablan de la reforma del año 1997 y me extraña mucho que hoy no haya apelado a las bondades de la misma, que, por cierto, las tuvo, pero no la hicieron ustedes, se la encontraron, la hicieron los sindicatos y los empresarios; ustedes simplemente la trajeron. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Eso es diálogo social.) Bondades tuvo, pero casi nunca hablan ustedes, señorías, de lo que hicieron en el año 2001 cuando convirtieron el contrato de formación -ese contrato que ahora también quieren tocar-, porque lo llevaron a la ley, en un contrato barato de inserción para inmigrantes y para jóvenes. Eso ustedes no lo dicen. Tampoco hablan de lo que hicieron en el año 2002 (El señor Echániz Salgado: Crear empleo.- Rumores.) cuando les tocó gobernar una situación no tan compleja como la que estamos viviendo en este momento. ¿Se acuerdan de lo que hicieron en el año 2002? Por cierto, señorías, hablando del año 2002, cuando ustedes nos dicen que estamos haciendo -lo ha dicho otra vez- guiños al mercado, que estamos gobernando para el mercado, que lo único que hacemos es gobernar para esos mercados, quiero recordarles algo que decía en el año 2002 su jefe de filas, el señor Aznar, cuando hizo esta reforma a la que me voy a referir a continuación. Lo publicaba el diario El País el día 3 de junio del año 2002. Decía el señor Aznar que había hecho esa reforma, primero, porque tenía que corregir desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo y, a continuación -cito textualmente-, porque tenía que enviar un mensaje a los mercados internacionales. Ahora se dice que nosotros gobernamos para los mercados; en esto, como ven, señorías, no somos tan diferentes, ustedes también enviaban mensajes a los mercados, pero los enviaban de forma más contundente que la nuestra. Lo que ustedes hicieron en el año 2002 fue abaratar claramente el despido. Se cargaron ustedes -y perdonen la expresión- todos los salarios de tramitación incluidos en los despidos nulos por discriminación, cuando ustedes sabían, como lo sabíamos todos, que los salarios de tramitación eran la parte más importante de la indemnización por despido de muchos de los trabajadores de este país.
Cortado de raíz; abaratamiento del despido. Segunda cosa que hicieron ustedes, señorías: facilitar el despido, facilitarlo hasta límites insospechados. (El señor Echániz Salgado: ¡Ya está bien! La comparecencia es para que ella lo cuente.-La señora Méndez Monasterio: Habla de los cinco millones de parados.-Rumores.-La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Yo voy a consumir un turno para contestar. Eso está claro; si no, nos vamos.)

El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías...Tendrá usted su turno y espero que se lo respeten mucho más de lo que están haciendo sus compañeras y compañeros con el de la secretaria de Estado. (El señor Echániz Salgado pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Echániz, le voy a avisar por primera vez, porque ya es reiterativa su falta de respeto en esta Comisión. Cuando han intervenido ustedes les hemos...(El señor Echániz Salgado: Es que la que comparece es la secretaria de Estado, no la oposición.) ¡Le he dicho que se calle! Es la segunda vez que le llamo al orden. Cuando ha intervenido su compañera, el resto de los grupos han escuchado respetuosamente todos y cada uno de sus argumentos. Ustedes son incapaces, concretamente usted, de escuchar con respeto cualquier argumento que le contradiga y eso no es tolerable. (El señor Echániz Salgado: Eso no es verdad, señor presidente.) Les ruego que escuchen con el respeto debido a la secretaria de Estado. Y por supuesto, doña Carmen Álvarez-Arenas, tendrá luego su derecho a réplica, como es lógico y absolutamente reglamentario. ¿De acuerdo? (Pausa.)

Señora secretaria de Estado, puede continuar.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Rodríguez Fernández): Muchas gracias, señor presidente.


Decía que en el año 2002 se produjo una clara facilitación del despido. El llamado despido exprés, que aún funciona hoy y que dice algo así como: hoy te despido, mañana reconozco que no tenía causa para despedir y pacto la correspondiente indemnización por despido improcedente, se lo inventaron ustedes, señorías, en el año 2002. Hablando de las prestaciones por desempleo hicieron más: recortaron también la protección por desempleo. Por tanto, lo que ahora nos dicen -y quiero unir esto con el debate sobre el Prodi- que nosotros pretendemos hacer ya lo habían hecho ustedes antes de forma mucho más clara y contundente: recortar las prestaciones por desempleo y poner bajo sospecha a todos los perceptores de dichas prestaciones. Claro que en aquel año 2002 no importaba que lo hicieran, porque ya en su reforma de la Seguridad Social del año 1997 habían quitado la protección por baja por enfermedad a los

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propios trabajadores en situación de desempleo. Eso es lo que hacen ustedes cuando gobiernan y tienen que afrontar una crisis. Entonces, cuando hablamos de modelos de confrontación y de gestión de una crisis, es verdad que se puede enjuiciar, y se tiene que enjuiciar, el modelo que se está desarrollando en ese momento; pero para enjuiciar ese modelo hay que tener memoria y saber qué modelo han tenido otros para gobernar esa misma situación de crisis.


Señorías, esta falta de propuestas y estas fórmulas regresivas para afrontar una situación de crisis han vuelto a manifestarlas cuando han tenido ocasión de debatir la reforma del mercado laboral. La verdad es que he estado mirando sus enmiendas una tras otra a ver si podía deducir de las mismas cuál es ese modelo alternativo que va a generar tanto empleo para nuestro país. Resulta que me encuentro con que la gran mayoría de sus enmiendas son técnicas: que si poner la coma aquí, que si quitarla de allí. Creo que eso -y lo digo con todo respeto- no manifiesta un modelo de lo que hay que hacer para salir de la situación de desempleo. Pero además, cuando se atreven a decir algo de lo que harían para gobernar esta crisis, nos encontramos con una cosa parecida. Según ustedes, habría que facilitar el despido por absentismo; según ustedes habría que elevar la duración del contrato de obra o servicio hasta cinco años, como si fuera poco estar en un contrato temporal hasta tres años; según sus enmiendas, cada vez que a los trabajadores les modifican unilateralmente el convenio colectivo, dichos trabajadores no tienen que tener derecho alguno para afrontar esa situación. Ahí se les ve, señorías, claro que se les ve; en esas poquitas enmiendas que se atreven a proponer, en esas poquitas, se les ve: facilitar el despido por absentismo, incrementar la temporalidad de la contratación y deducir y rebajar los derechos colectivos de los trabajadores cuando enfrente tienen a unos empresarios que les modifican unilateralmente los convenios colectivos. Menos mal, señorías, que dicen ustedes que son el partido de los trabajadores, aquí se ve hasta qué punto defienden sus intereses.
Además, señoría, en el mes de octubre, hace poco tiempo, propusieron una vuelta de tuerca más a la precarización de la contratación temporal -les recuerdo que esta propuesta es suya-: que el contrato de formación, un contrato temporal, tiene que llegar, según ustedes, señorías -es su propuesta-, hasta los 30 años y durar y encadenarse cuando el trabajador tenga otro puesto de trabajo en la misma empresa. Es decir, que según sus fórmulas los jóvenes de este país deberían estar casi llegando a viejos y trabajando todavía con un contrato de formación. Menos mal, señorías, que la reforma laboral ha dignificado y mucho las consecuencias de este contrato, que por primera vez ha reconocido que tienen que cobrar estos trabajadores salario mínimo interprofesional, que por primera vez, señorías -y no lo han hecho ustedes, lo hemos hecho nosotros-, dice que estos contratos de formación tienen que tener protección por desempleo.
Menos mal que lo hemos hecho así en la reforma del mercado de trabajo, porque si no tendríamos trabajadores de hasta 40 años contratados a través de contratos temporales y precarios, sin reconocer la profesionalidad de los propios trabajadores.


Señoría, me dice que le dé una razón social para cambiar el Prodi. Se la voy a dar, aunque pensé que ya se la había dado en mi intervención, pero, por lo que se ve, no me debo haber expresado con mucha solvencia. La razón es que el Gobierno quiere que estos trabajadores tengan trabajo; que el Gobierno quiere que estos trabajadores se preparen para volver al trabajo; que queremos dedicar todos nuestros esfuerzos, señorías -y luego voy a continuar con las explicaciones-, a que estos trabajadores tengan lo que quieren tener, que es un trabajo; a que estos trabajadores puedan hacer lo que quieren hacer, que es incorporarse al mercado de trabajo.
¿Le parece poca razón social querer que trabajadores que no tienen trabajo lo tengan? ¿Querer estar con ellos todos los días para prepararles para que vuelvan al mercado de trabajo? Creo que esa es, efectivamente, una fuerte razón social. Como creo que también lo es -y con esto termino esta parte de mi intervención con respecto a las alegaciones y a las observaciones del Grupo Popular- haber dedicado hasta la fecha más de 85.000 millones de euros a cubrir la situación de necesidad de la prestación por desempleo; más de 85.000 millones de euros. No ha habido un esfuerzo tan grande en protección por desempleo como el que se ha hecho en este país durante los últimos tres años.
Nosotros hemos continuado protegiendo a los desempleados, no hemos alterado ni siquiera un poco la protección por desempleo, la regulación de la protección por desempleo. Hubo otros gobiernos anteriores que cuando se vieron conminados económicamente a seguir contribuyendo a sufragar las necesidades de las personas en situación de desempleo reformaron las prestaciones por desempleo para no seguir incrementando el gasto social. Este Gobierno no lo ha hecho, señorías, no ha modificado las reglas de la protección por desempleo; es más, la hemos ampliado con la puesta en práctica del Prodi y ahora queremos -y esa es nuestra razón social- preparar a los trabajadores para que puedan volver al mercado de trabajo.


Señor Olabarría, le agradezco de verdad el tono de su intervención. Voy a intentar explicarle qué es lo que queremos hacer en relación con la sustitución de ese programa de protección por desempleo e inserción.
Creemos -lo decía antes- que durante un tiempo ha sido muy valioso -por eso decía que el Gobierno está muy orgulloso de ello- que las personas en situación de desempleo que han ido agotando su prestación por esta causa hayan tenido una renta con la que subsistir económicamente. Creemos que ha sido muy valioso durante todo este tiempo, pero también pensamos que ese sistema, que -repito- ha sido muy valioso, puede cambiar y dar un giro hacia algo que nos parece en este momento de más importancia y es que estas personas no cobren un subsidio y estén en su casa esperando a que vuelva el empleo, sino que tengan una ayuda económica cuando no tengan rentas, pero que en lugar de

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estar en su casa esperando a que vuelva el empleo estén en procesos de orientación y de formación para volver a encontrar un puesto de trabajo.
Eso es lo que queremos hacer en sustitución de la renta de los 426 euros que supone el programa temporal de protección por desempleo y de inserción. Se trata de no dejar que se vayan a su casa sin más, aunque tengan cubierta una mínima parte de su economía. Queremos ayudarles económicamente cuando no tengan rentas, sí -lo dicho antes: ayudas económicas para la participación en la formación que mejore su reinserción profesional-, pero no solo eso, queremos también lo otro, que se orienten, que mejoren su cualificación, que mejoren sus métodos de búsqueda activa de empleo, porque consideramos que de esa manera pueden encontrar un puesto de trabajo con más facilidad. Ese es el cambio: pasar de una política pasiva o de protección económica, a una política activa, que busca que la persona en situación de desempleo tenga una ayuda económica cuando no tenga otra fuente de subsistencia, pero al mismo tiempo no esté parada, sino realizando todo el itinerario que sea necesario para volver a encontrar un puesto de trabajo. Antes daba el dato en este informe, que he pedido ya disculpas por haber entregado con tardanza: más del 86 por ciento de las personas que han recibido el Prodi han realizado acciones de orientación, han realizado itinerarios de inserción profesional, y el 45 por ciento de ellas han conseguido tener un puesto de trabajo, en torno a 333.000 personas. Ese es un ejemplo a seguir, es algo que nos debe llevar a la reflexión. Mejoremos la orientación, mejoremos la formación y seguramente conseguiremos, a través de esas mejoras, que no el 45 por ciento sino mucho más puedan encontrar un puesto de trabajo. Si quiere, puedo resumirlo así: Orientación más formación -pero participación activa en la formación- más ayuda económica ante la falta de rentas. Eso nos llevará a la sustitución del programa de protección temporal de las personas en situación de desempleo.
Orientación, más formación, más ayuda económica, cuando esa persona no tenga ninguna renta, para que pueda participar en ese programa intensivo de formación, cuando participe a su vez en él.


Comparto con usted, señoría, que hay que reformar en profundidad la formación profesional, claro que sí, y que hay que reformar la formación profesional del sistema educativo. Como sabe, señor Olabarría, el presidente del Gobierno en su última comparecencia dijo que durante el segundo semestre del año próximo se iba a reformar la formación profesional del sistema educativo. Hay que reformar también la formación para el empleo, claro que sí, y hay que hacerlo en una triple dirección.
Actualmente la mayor parte de la formación para el empleo está centrada en sectores de actividad productiva que hoy por hoy no absorben trabajadores, no porque esté centrada en el sector de la construcción -afortunadamente el nivel de formación para el empleo en el sector de la construcción no es más que un 4 por ciento-, pero sí porque está muy centrada en la formación para el empleo en el sector de auxiliares administrativos, en el sector que tiene que ver con la administración de empresas. También está centrada en las tecnologías, pero dentro del ámbito de las tecnologías está fundamentalmente centrada en niveles tecnológicos -por decirlo así- de bajo nivel. Hay muchas acciones formativas de usuarios de primer nivel de las nuevas tecnologías. Eso es lo que nos hemos encontrado en el diagnóstico. Sin embargo, en el otro lado del diagnóstico que estamos haciendo hemos encontrado sectores de actividad productiva que están empezando a crecer a pesar de la situación de crisis económica y que no se corresponden con los sectores en los que se está produciendo la formación para el empleo. Esos sectores de actividad productiva que están llamados a crecer -lo decía antes y si quieren podemos dar datos más explícitos- tienen que ver con las nuevas tecnologías, con los servicios a las personas, con el cuidado de las personas dependientes, con el cuidado de las personas mayores, con las empresas que tienen que ver con la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, con la eficiencia energética o con la economía verde, tienen que ver con eso. Nos encontramos con un gap: la acción formativa está situada en sectores que hoy por hoy no absorben trabajadores y sin embargo tenemos sectores que están absorbiendo trabajadores para los que no tenemos acción formativa. Es bastante honesto reconocer -y así lo voy hacer en este momento- que nuestra pretensión de reformar la política activa de empleo y de reformar dentro de ella la política de formación para el empleo tiene que ver efectivamente con ese gap, con esa quiebra que se está produciendo en este momento en el sistema de formación para el empleo. Lo mismo sucede, señor Olabarría, con algo que usted seguramente conoce, que son los programas de formación y empleo, que tienen nombres: escuelas-taller, talleres de empleo, casas de oficio. Lo mismo sucede ahí. Nos hemos encontrado con que la mayor parte de estos programas de empleo están muy centrados todavía en el sector de la construcción, tienen todavía mucha querencia -por así decirlo- a realizar rehabilitaciones del sector de la construcción. Son programas metodológicamente muy buenos, pero que se están aplicando a personas que no van a tener después un trabajo, porque el sector de la construcción ha dejado ya de absorber trabajadores. (El señor Echániz Salgado: No puede.) ¿Qué vamos a hacer? Reformarlo. Es honesto reconocer, ante ese diagnóstico de las políticas activas de empleo que estoy haciendo con toda honestidad, que hay que hacer una reforma de todas estas políticas de empleo, sobre todo porque si queremos preparar a las personas en situación de desempleo para la vuelta al mercado de trabajo tendremos que prepararlas para el futuro y no para lo que representa nuestro pasado en el modelo productivo. Así que sí, señoría, hay que reformar la formación para el empleo.


En cuanto a los orientadores: 1.500 orientadores más 1.500 orientadores.
Me pregunta usted para qué nos

van a servir. Voy a intentar explicarlo. Estamos diciendo

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que queremos cambiar la Ley de Empleo para que la entrada de la persona en situación de desempleo en el sistema de política activa sea el itinerario de inserción socioprofesional, es decir, para que la entrada de la persona en situación de desempleo en la búsqueda de empleo sea justamente el trabajo personal y profesionalizado de un experto, de un técnico que trabaje con esa persona para intentar que puede encontrar de forma más fácil un empleo. Para eso nos sirven los orientadores. Son los orientadores los que tienen que tener a su cargo ese nuevo modelo que queremos hacer de política activa de empleo, que reposa sobre la atención personalizada y profesionalizada a las personas en situación de desempleo y que va ser un derecho de esas personas; no una obligación, como hoy está configurado, sino un derecho de la persona en situación de desempleo. Para eso necesitamos a estos 1.500 que ya tenemos y a los 1.500 que se incorporarán el próximo mes de febrero. Le puedo decir, señoría, si le sirve mi corta experiencia a pie de tierra de lo que sucede con los orientadores o con otras políticas activas de empleo, que el mayor revulsivo que han tenido en los últimos años los servicios públicos de empleo en la actuación con las personas en situación de desempleo ha sido la introducción de los primeros 1.500 orientadores que atendieron a los desempleados. Hasta entonces nuestros servicios públicos de empleo ejecutaban en el mejor de los casos subvenciones; a partir de ese momento empezamos a tener personal que se dedicaba a atender a las personas en situación de desempleo. Se trata de fortalecer ese personal, de hacerlo más operativo, más eficaz y, por cierto, de que haga mayor prospección -como están haciendo los primeros 1.500- en las empresas de la zona, porque el orientador no solo atiende a las personas con desempleo, sino que hace prospecciones en las empresas de la zona para convertirse no solo en el que ayuda a caminar al desempleado hacia el empleo, sino en el que intenta encontrar el empleo al que encaminar a esa persona en situación de desempleo. Le digo una cosa, señor Olabarría, en vez de 3.000 me gustaría tener 5.000 orientadores que estuvieran trabajando con las personas en situación de desempleo. Lo haremos poco a poco. Por eso planteamos -y luego responderé al señor Campuzano- un sistema de política activa de empleo que empieza en el año 2011, pero que acaba con la universalización completa en el año 2013, para lo cual hay que seguir reforzando los servicios públicos de empleo.


Termino con su parte, señor Olabarría. Lo decía al principio con más o menos solemnidad: Creo en el diálogo social, creo firmemente en el diálogo social, creo que es la mejor forma de hacer política, creo que la mejor forma de tomar decisiones políticas es llevar a esas decisiones lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren las organizaciones sindicales en representación de los trabajadores y las organizaciones empresariales en representación de los empresarios, claro que sí. Estamos intentando hacer todo lo que está en nuestra mano para recomponer, de partida, una pequeña complicidad rota tras la huelga general, y seguidamente, intentar volver a retomar el diálogo social. Desde luego, todos los días, todos los días voy a intentar que volvamos a la senda del diálogo social, pero igualmente le digo que si no lo puedo lograr, aunque lo intente todos los días, nuestro país -lo decía antes- necesita cambios, cambios muy importantes, y la falta de diálogo social no puede llevar al Gobierno a la parálisis. El Gobierno tiene que hacer todo lo posible para que esos cambios se produzcan y haya un mercado de trabajo que permita que dentro de un tiempo -no voy a poner fechas- tengamos menos personas en situación de desempleo.


Voy a invertir, si les parece, los términos y voy a contestar primero al señor Campuzano para finalizar con el señor Membrado. Me decía el señor Campuzano que llegamos tarde. No sé si llegamos tarde o pronto, pero lo que sí tenemos son razones para llegar. Tarde o pronto, en este momento tenemos más de 4 millones de razones para modificar de raíz las políticas de empleo. Repito, no sé si es tarde o pronto, pero que sigue habiendo razones para modificar las políticas activas de empleo está claro, señor Campuzano. Hay más de 4 millones de razones, más de 4 millones de personas que están en situación de desempleo y que bien merecen una reforma -aunque desde su punto de vista sea tardía- de las políticas activas de empleo. Estará para finales de enero. Esa es nuestra propuesta, que la reforma pueda estar a finales de enero y pueda tener una incidencia real en la realidad que se conforme partir del mes de febrero. Tanto queremos que tenga una incidencia real en la realidad que se conforme a partir del mes de febrero que nos hemos adelantado -esa es la razón- en la aprobación de los 1.500 orientadores, porque pensábamos: En febrero tienen que estar trabajando los 1.500 orientadores; en febrero tienen que empezar a atender a las personas que agoten su protección por desempleo. Los procesos de selección necesitan unos meses y la razón de haber aprobado un decreto-ley aprobando a su vez los 1.500 orientadores ha sido justamente esa, que el 1 de febrero todo estuviera en marcha para que la reforma de las políticas activas de empleo tuviera un efecto real.
Toda inversión en política activa de empleo es buena, porque es la política que prepara a la persona para volver al mercado de trabajo. Todo incremento de la inversión es bienvenido, pero también es verdad que podemos hacer muchas cosas reorientando las inversiones en materia de política activa de empleo. Voy a poner un ejemplo que no sé si se conoce demasiado pero que es bueno tener en cuenta. Cada joven en situación de desempleo que pasa por una escuela-taller en este momento supone una inversión por joven menor de 25 años en situación de desempleo de en torno a 14.000 euros. Las escuelas-taller tuvieron en el pasado un grado de inserción sociolaboral altísimo, hasta el 150 por ciento en los años 2006 y 2007. En este momento las escuelas-taller, no por su metodología, sino porque están todavía muy vinculadas al sector de la construcción, tienen un grado

de inserción que supera poquito, poquito el 40 por ciento.


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Cuatro de cada diez chavales, por decirlo así, que estudian, se forman y trabajan en una escuela-taller encuentran después un puesto de trabajo, no porque no estén bien formados, sino porque se han formado para un sector como el de la construcción que no absorbe trabajadores. Sin embargo, hay programas de política activa de empleo, que usted conoce tan bien como yo y que conforman los itinerarios de inserción socioprofesional que queremos establecer, que combinan acciones de orientación en la búsqueda de empleo, acciones de recualificación profesional, prácticas laborales en empresas y reinserción en el mercado de trabajo. Quiero explicar que para que se considere inserción en el mercado de trabajo es necesario un contrato como mínimo de seis meses, si no, no se considera inserción. Estos programas, que ya están en marcha con carácter experimental -de hecho se llaman así, programas experimentales-, en este momento, con la situación de crisis que tenemos, están teniendo grados de inserción de en torno al 38 por ciento -se exige un 35- y las organizaciones del tercer sector -hay que batirse por ellas porque lo están haciendo muy bien- están consiguiendo grados de inserción de entre el 38 y el 40 por ciento. ¿Sabe, señoría, qué inversión suponen estos programas por trabajador en situación de desempleo que participa en ellos y que en más del 40 por ciento de las ocasiones consigue un trabajo? En torno a 2.500 euros. Comparemos; comparemos y veamos que si hacemos girar los programas de política activa de empleo hacia una mejor atención a la persona en situación de desempleo a través de la orientación, la formación, las prácticas laborales y la entrada en la inserción en el mercado de trabajo, si la reorientamos hacia eso, hacia la preparación para la vuelta al mercado de trabajo en las empresas, vamos a poder atender a más personas y vamos a poder atenderlas mejor, aunque no tengamos incrementos sustanciales de los presupuestos en materia de política activa de empleo. Eso es lo que vamos a hacer, reorientar la política activa de empleo para llevarla hacia donde pensamos que la debemos llevar, que es hacia la atención personalizada y la reinserción de las personas en situación de desempleo. Si quiere usted, señoría, se trata de contratar menos de lo que hemos contratado hasta el momento para insertar más de lo que hemos insertado hasta el momento.


Compartimos, claro que sí, que las comunidades autónomas tienen que tener mayor libertad en la definición de estos programas. Ahí he intentado ser lo más clara posible. Hasta ahora las comunidades autónomas han tenido que hacer programas nacionales de empleo, les casara con su realidad productiva o no, y ello en aras de preservar la uniformidad en el tratamiento de las personas en situación de desempleo. Creo que se puede preservar la uniformidad en el tratamiento de las personas en situación de desempleo a través de otros mecanismos que terminen permitiendo mayor libertad a las comunidades autónomas para configurar sus propios programas de política activa de empleo, claro que sí. Alguien me preguntaba, creo que era usted mismo, señor Campuzano, si habíamos tenido contacto con los agentes sociales y las comunidades autónomas. Pues bien, le anticipo que este es un contacto que ya hemos tenido y estamos teniendo con todas las comunidades autónomas y que todas ellas sin excepción, sin importar su color político, nos están pidiendo que haya más flexibilidad y más libertad a la hora de configurar los programas de política activa de empleo; todas ellas, señaladamente la Comunidad de Galicia y la Comunidad de Madrid, que dijeron ante la prensa que ya era hora de que reformáramos las políticas activas de empleo y que todas las comunidades autónomas piden más libertad para configurarlas.


Me pregunta también por las agencias privadas de colocación y me dice que tengamos cuidado. Sí, señoría, tenemos que tener cuidado. Que conste que ha sido una vez reforzado el servicio público de empleo con los 1.500 más 1.500 promotores de empleo cuando hemos abierto la posibilidad de que entrasen agencias privadas de colocación. Yo dije inicialmente: Cuando se refuerce el servicio público de empleo, habrá un mejor sistema de colaboración público-privado en la colocación de trabajadores. Lo dije y en poco más de un mes lo hemos cumplido. Hemos reforzado el servicio público de empleo y hemos dado ya el primer paso para que el 31 diciembre todo este listo para que entren agencias privadas de colocación. Y claro que tienen que ser eficientes, porque, si no, no habríamos hecho este viaje. Tienen que ser eficientes, porque tienen que ser grandes, porque tienen que ser potentes y sobre todo y fundamentalmente porque tienen que ejercer ese oficio que es el de recolocar trabajadores. Por eso, la regulación de las agencias privadas de colocación que vamos a poner en marcha tiene como finalidad que sean fuertes, que sean eficaces. Vamos a exigir, y no lo hacemos por casualidad, requisitos que tienen que tener los centros de trabajo donde van a operar -quizás sea lo de menos, pero es importante-; vamos a exigir requisitos que tiene que tener el personal que trabaja en las agencias privadas de colocación, porque tienen que ser técnicos en recolocación de trabajadores, porque eso es lo que tienen que hacer, y vamos exigir también requisitos que tienen que ver con su propia actividad, es decir, vamos exigir -al menos esa es esta propuesta inicial- que las agencias privadas de colocación no sean solo empresas que vivan de la transferencia de fondos públicos hacia la empresa privada para recolocar trabajadores, sino que tengan una vida propia y, a partir de ahí, se ganen la entrada en el mercado de la intermediación. Nuestra primera propuesta, como bien sabe, es que al menos el 40 por ciento de su actividad provenga de fondos que no sean de los servicios públicos de empleo, sino de fondos de su propia actividad como empresas autónomas que tienen que operar en el mercado. Ahí es donde vamos a canalizar al tercer sector. Tiene usted razón en algo que ha dicho, y es que el tercer sector ha hecho prácticas de reinserción laboral admirables. Conozco bien esa rea

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lidad, conozco bien cómo operan las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro que están vinculadas al mundo de las personas con discapacidad. Esas son las que están logrando que en algunos programas de reinserción se llegue incluso al 50 y el 55 por ciento de reinserción laboral. Por eso vamos a poner en valor ese trabajo que se ha hecho desde la agencia privada de colocación sin ánimo de lucro y por eso, cuando hemos dicho que toda agencia privada necesita tener un cuerpo propio para operar en el mercado de trabajo, a la empresa privada con ánimo de lucro le hemos dicho: como mínimo un 40 por ciento, porque tienes que fortalecerte para trabajar con nosotros. Pero precisamente, en aras de la especialidad que tienen las agencias del tercer sector, hemos dicho: Las agencias del tercer sector, mucho menos de actividad propia. La actividad propia será de un 10 por ciento o incluso menor, porque queremos reconocer el papel y el trabajo que están haciendo, pero al mismo tiempo no queremos que haya microagencias de colocación que no tengan ninguna eficacia en su labor, que es colocar a personas en situación de desempleo, en este caso muy centradas en colectivos con especiales dificultades en el acceso al mercado de trabajo. Tiene razón, no me he referido a las personas con discapacidad ni a las propuestas de responsabilidad social. En aras de una intervención más breve he dejado temas que también son notablemente importantes. Sí quiero decirle que sabemos que la propia reforma del mercado de trabajo nos mandata volver a regular la relación laboral especial de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. Como bien sabe, ya está constituido un grupo de trabajo para analizar cuál debe ser la especialidad en esa relación laboral que tengan las personas con discapacidad. Voy a darle un dato para que vea usted que nuestro grado de compromiso con las personas con discapacidad y el empleo no ha decrecido, a pesar de que estamos sometidos a un presupuesto con mucha tensión. En el año 2010 hemos dedicado 311,8 millones de euros a programas de empleo de personas con discapacidad; en el año 2011 vamos a destinar 373,4 millones de euros, es decir, vamos a incrementar las inversiones en empleo de personas con discapacidad casi un 20 por ciento. Estamos sometidos a mucha tensión presupuestaria en este momento, pero las personas con discapacidad, como ve su señoría, siguen siendo una prioridad y un compromiso absolutos en el acceso al empleo, y lo son porque creemos firmemente -y esto seguramente lo compartimos- en la igualdad de oportunidades de todos en el acceso al mercado de trabajo.


Quiero dar las gracias al señor Membrado por su intervención, toda ella marcada por la necesidad de recuperar el consenso y el diálogo social. Lo decía antes, señor Membrado, somos un Gobierno que cree firmemente en el diálogo social. Las personas que estamos al frente del Ministerio de Trabajo e Inmigración creemos -en una expresión poco ortodoxa- a pies juntillas en el diálogo social. Creemos que debemos establecer todos los puentes que haya que establecer con las organizaciones empresariales y sindicales, que queremos que participen de todas las decisiones que tengamos que tomar en materia de desarrollo de la reforma y en materia de empleo, desempleo y gobierno de las relaciones de trabajo. Lo estamos intentando por todos los medios, pero a veces sucede que por sus propias razones las organizaciones sindicales y empresariales prefieren quedarse fuera de este juego. Lo que sí le puedo expresar, señor Membrado, es mi compromiso de no cansarme, de no dar esta batalla por perdida. Día a día llamaré si hace falta a las organizaciones sindicales y empresariales para traerlas nuevamente a la mesa de negociación. Anuncio mi compromiso de no cansarme y mi compromiso de hacer todo lo posible por volver a una senda que siempre nos ha dado resultados muy positivos. Todos los avances sociales y económicos de nuestro país han venido de la mano del diálogo social y queremos que siga siendo así. No me cansaré ni un solo día de intentar recuperar el diálogo social, no daré la batalla por perdida por muchas dificultades que tenga. Ahora bien, señor Membrado, quiero remarcar -y con esto quiero terminar- algo que decía en mi primera intervención y que quiero que sea también -por eso lo decía ahí- una seña de identidad: Jamás valoraré su posición, jamás valoraré sus razones, porque igual que creo a pies juntillas en el diálogo social, creo a pies juntillas en la autonomía colectiva y creo que sus decisiones, sus posicionamientos y sus estrategias merecen todo nuestro respeto.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Doña Carmen, tiene usted la palabra.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señora secretaria de Estado, una cuestión primera es que no me llamo señora Álvarez, mi apellido es Álvarez-Arenas, es un solo apellido. Dicho esto, que es importante para mí, porque es mutilar mi apellido, voy a entrar en el fondo de su intervención.


Señora secretaria de Estado, su tono me resulta bastante conocido y le voy a explicar por qué. He estado ocho años en la oposición en la Comunidad de Madrid y el tono del Gobierno del señor Leguina en aquellos años era exactamente el mismo que ha traído usted aquí. ¿Sabe qué consecuencias ha traído? Dieciséis años fuera del Gobierno. Siga usted por ese camino, señora secretaria de Estado, que no va nada mal.


Dice un refrán español, que es muy inteligente y muy sabio: Ladran, luego cabalgamos. (Rumores.) Usted ha venido aquí a ladrar (Rumores.), en el sentido figurado de los refranes. No se alarmen, señores del Grupo Socialista, estoy hablando del refranero español. (Rumores.-El señor Membrado Giner: No; si la escuchamos lo suficiente.) Estoy hablando en el sentido figurado de los refranes, que son muy inteligentes en el uso de la lengua española. Mire usted, señora secretaria de Estado, usted puede venir aquí a hablar del señor Aznar, de FAES y de

lo demás. Evidentemente, sin una economía competitiva

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es imposible crecer, y si no se crece, esas recolocaciones de las que usted nos habla se quedan en el lenguaje demagógico que nos ha traído hoy, no se concretan en realidades. La prueba está muy clara. Los ciudadanos saben perfectamente que con esas políticas competitivas del Partido Popular se crearon 5 millones de puestos de trabajo y con las de ustedes nos vamos sistemáticamente al 22 por ciento; lo hicieron en la etapa del señor González y lo están haciendo otra vez. Todos los españoles saben que ustedes generan paro y que el Partido Popular arregla los entuertos que ustedes generan. Esto ya está en la filosofía de los ciudadanos y las encuestas lo demuestran claramente; y no hablemos ya de la comunidad de la que usted proviene, donde ya ni siquiera están en el 22, sino en el 23,38 por ciento.


Usted ha dicho aquí que nosotros hemos sido regresivos. Por cierto, también mandábamos mensajes a los mercados, claro, pero de credibilidad.
Eso es lo que les falta a ustedes. A los mercados hay que mandarles mensajes -hasta ahí podíamos llegar en una economía liberal y globalizada-, pero con credibilidad. Ustedes tienen cero credibilidad y ese es el problema que están reflejando los mercados. Dice usted que nosotros hemos hecho políticas antisociales y que hemos abaratado los despidos. Vamos a ver si ordenamos un poco esto. Mire usted, el único Gobierno que en España se ha atrevido a hacer un contrato sin cobertura social ha sido un gobierno socialista, el de don Felipe González, que creo que a usted le debe de sonar. (Un señor diputado: Pero, ¿qué dices?) Mire usted, la única consecuencia que ha tenido la última reforma laboral que han hecho ustedes -como tiene memoria histórica para acordarse de cosas de hace cincuenta años, creo que se acordará de eso- ha sido el abaratamiento del despido. Lo dice el Grupo Popular y lo dicen los sindicatos y esos agentes sociales a los que usted está echando los tientos para que vengan al diálogo social. Ustedes han rebajado el despido; han permitido que se despida por unas causas que no están en absoluto bien descritas en ese decreto, y lo hemos dicho -aunque usted lee lo que quiere-, cuando se ha hablado de reforma laboral -ahora le hablaré de nuestras enmiendas, en las que usted ha visto alguna coma y algún punto-. Han rebajado el despido a veinte días, cuando hay situaciones de baja productividad, económicas, que otra vez dejamos en manos de los jueces; pero, mientras tanto, el trabajador se ha ido con veinte días. Eso lo han hecho ustedes recientemente, no me venga a contar otras historias.


En esa reforma laboral hemos presentado enmiendas muy importantes sobre temas que están demandados por la sociedad española y por los agentes sociales, por ejemplo, la negociación colectiva. Ustedes no han entrado en ello porque no se atreven. Hemos presentado enmiendas sobre la formación que usted viene aquí a ponderar, y coincido con usted en que es la clave de la productividad en este país, que no de la recolocación, por lo que a continuación le diré. Que la formación es parte esencial de una reforma laboral, de un cambio de sistema productivo y de la competitividad de nuestro país, es de catón, pero no es de ahora sino de hace muchos años. Desde que ustedes están en el Gobierno, año tras año vengo oyendo hablar de esta cuestión. Que me venga a hablar ahora de las comunidades autónomas... Después entraré en ello. Desde que está su maravillosa reforma laboral se ha conseguido un 92 por ciento de contratos temporales y un 8 por ciento de contratos indefinidos. Según ustedes el objetivo era completamente distinto.


Me dice que no presentamos alternativas -esto me deja alucinada- sobre algo tan importante como las políticas activas de empleo. Señora secretaria de Estado -mírese los diarios de sesiones-, cuando debatimos el Prodi, cuando debatimos la reforma laboral desde este grupo parlamentario se hicieron propuestas al Gobierno para incrementar las políticas activas. Cuando el presidente del Gobierno aprobó el 13 de agosto el Prodi yo misma dije en el Pleno -y ya habíamos hecho una proposición no de ley en este sentido- que lo más importante no era incrementar los subsidios sino dar alternativas y que las políticas activas lo eran; que las escuelas-taller, las casas de oficios, los talleres de empleo eran unas alternativas de políticas activas que tenían que ser modificadas en función de las necesidades de las comunidades autónomas -lo dijimos claramente en el debate-, para que cada una, según sus demandas productivas -porque no es lo mismo Andalucía que Cataluña ni Madrid que Valencia o que Galicia-, pudiera definir sus programas dentro de unas actividades de políticas activas que permiten la formación, la actividad laboral, el alta en la Seguridad Social, es decir, cobertura social, y la obtención de ingresos de una manera mucho más razonable que el Prodi. En aquel momento el Gobierno se negó, pero el Partido Popular lo puso sobre la mesa. Dicho esto, como ustedes se empeñaron, lógicamente no íbamos a decir que no a algo que podía venir, a nuestro juicio de una manera peor, a subsanar las situaciones de abandono, para no dejar en la cuneta a muchos ciudadanos; pero claro que dimos alternativas. Otra alternativa más. Mi compañero, el portavoz en esta Comisión, señor Echániz, dijo en el debate que se podía incrementar hasta el salario mínimo interprofesional, en vez del Prodi, a todos aquellos desempleados que se comprometieran a trabajar en actividades de interés social, algo que usted nos ha venido a ponderar aquí, como trabajar con personas mayores, etcétera. Eso está propuesto por el Partido Popular. El señor Echániz, además, también dijo concretamente: Se incentivarían de esta manera la actividad laboral, la cotización, los ingresos, y se evitaría algo muy importante, de lo que no hemos hablado aquí, que es la economía sumergida. Todos lo sabemos, señoría. ¿Por qué no hay en España una conflictividad social? Lo ha reconocido el ministro Corbacho, porque la gente está con el Prodi o sin nada, pero en la economía sumergida, incluso con algún subsidio. Estamos casi en niveles del 30 por ciento de economía sumergida. No ponga usted esa cara, porque es

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desconocer una realidad. Si no fuera así, tendríamos en la calle una revolución social. Es así de claro. Todo lo que hagamos para que la gente esté trabajando, formándose paralelamente y dada de alta en la Seguridad Social está contribuyendo a que tengan más cobertura, más formación e ingresos.


No diga usted que no hemos dado alternativas, porque las hemos dado y ustedes las han desoído. Esto es como cuando les decíamos que había crisis -remóntese usted al debate entre el señor Solbes y el señor Pizarro-, aquello era antipatriota, era la hecatombe; pero ahora ha venido lo que se estaba anunciando. Les dimos alternativas, nos dijeron que no y ahora viene usted a darnos lecciones. No. Yo le digo que me parece muy bien que ahora incrementen las políticas activas, por supuesto, pero usted no reconoce que hemos dado las alternativas y que creemos en ello.


Le voy a decir algo más. No se crea que usted sola con las políticas activas lo va a conseguir; no. Las políticas activas pueden formar a mucha gente y pueden estar durante seis meses haciendo una escuela-taller, una casa de oficios, pero, al final, para esa reinserción que todos buscamos hace falta que la economía crezca, y eso no se consigue, como está haciendo el Gobierno socialista, poniendo hoy una cosa y quitándola mañana para poner otra. Hoy vamos a aprobar un decreto de medidas económicas y entre ellas hay una pequeña cosa para las pymes, que en sí misma no es mala, que es que se puedan dilatar las amortizaciones; perfecto, lo hemos pedido muchas veces. Pero, ¿por qué vamos deshilvanando las cosas? ¿Por qué no se hace un cómputo de cosas que pueden ser beneficiosas? Seguimos sin aprobar que no se tenga que pagar el IVA que no ha sido cobrado, porque eso sí que está dejando sin tesorería a las pymes. Si no arreglamos las políticas financieras, las políticas de tesorería, la reforma laboral, las políticas de costes, energético, laborales, de todo tipo, si no hacemos una política global no conseguiremos pasar a un crecimiento que sea capaz de generar empleo. Las previsiones que tenemos, si se cumplen, es que vamos a crecer el 0,3.
Usted me dice que todo el mundo mundial está así. Señoría, en Alemania y en Francia ya están creciendo. No está todo el mundo igual, ni muchísimo menos. Se pueden pedir sacrificios a los ciudadanos cuando las soluciones van con unas medidas encaminadas a lo que van, pero con un 0,3 de crecimiento usted no va a poder reinsertar a todas esas personas, por muy buena voluntad -que yo se la presumo- que tenga.


Deje ese tono de demagogia, deje ese tono de oposición, porque me parece muy bien que nos considere Gobierno, pero usted no viene aquí a criticar a la oposición sino a dar explicaciones, porque podrán criticarnos cuando nos sentemos ahí; mientras tanto, es usted la que tiene que soportar las críticas. Nuestras responsabilidades como parlamentarios señalan que estamos aquí para dos cosas: para hacer una crítica y un seguimiento al Gobierno y para dar alternativas. Usted no puede imputar a este grupo que no cumpla alguna de las dos, porque no se lo vamos a tolerar. Hay iniciativas y alternativas planteadas; que usted quiera ignorarlas, falsearlas o mandar mensajes equivocados a la sociedad española, es cosa suya. Pero, ¿sabe lo que le digo? Que tampoco son creíbles -las encuestas lo dicen-; no les cree nadie, a pesar de su tono demagógico y teatral. De manera que circunscríbase a la realidad, aprenda la lección y procure colaborar más con sus compañeros de Economía, porque usted sola, por muy buena voluntad que tenga, mucha demagogia y mucho teatro que haga aquí, no lo va a conseguir.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Rodríguez, la verdad es que esta impronta electoralista que subyace de un tiempo a esta parte - todos los debates se articulan entre Gobierno, Grupo Socialista y Grupo Popular particularmente- nos obliga a todos a realizar reflexiones de trazo grueso, de brocha gorda; es muy difícil encontrar puntos de matización, puntos de consenso relevantes. Y yo bien que lo siento, porque esta es una cuestión en la que todos deberíamos manifestar posiciones más proactivas al consenso que a la búsqueda de réditos electorales, lo cual tampoco es ilegítimo. Esto está en la naturaleza de las cosas y eso es así ya desde La República, de Platón. No vamos a cambiar, no hace falta retrotraerse al señor Leguina, podemos retrotraernos mucho más atrás en el tiempo y en la historia.


En todo caso, el señor Membrado ha comentado algo que me preocupa -le voy a hacer tres preguntas concretas-. Ha dicho que una de las funciones que usted asume es la de intentar determinar, pormenorizar o perfilar la causalización de las causas de despido por razones objetivas, bien sean productivas, económicas o de fuerza mayor. Este fue uno de los debates gruesos de la reforma del mercado de trabajo, en el que la participación de mi grupo, como usted sabrá perfectamente, no fue irrelevante. El proyecto de ley vino absolutamente descausalizado y se llegó a una aproximación, de una forma un tanto alambicada, lo reconozco, que impedía la descausalización de este tipo de despidos que hubieran posibilitado -la portavoz del Grupo Popular tiene razón- que sistemáticamente se hubiera recurrido a la fórmula más barata de despedir, que es el despido objetivo, aunque no fueran criterios objetivos atinentes a la legitimación para resolver esa relación contractual. Desde esa perspectiva se causalizó. Pero yo no sé si ustedes van a perfilar y si lo que dice el señor Membrado es cierto, que dentro de las competencias de los desarrollos reglamentarios de su ministerio ustedes van a perfilar todavía mejor la causalización. Me sorprende mucho, porque esto quedó cerrado mediante un acuerdo de última hora en los antecedentes del debate final, no sin complicaciones y fórmulas de aproximación muy complejas y muy discutibles todas ellas. No me gusta la reforma

laboral, seguramente a usted tampoco, no es la mejor de

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las posibles, es la que se puede hacer; es algo mejor que la legislación previgente, pero es una reforma laboral limitada. No sé si la va a desarrollar o vamos a intentar perfilar otra.


Señor Membrado, hay una gran oportunidad de articular, no por la vía de desarrollo reglamentario, la negociación colectiva. La negociación colectiva se tiene que articular a través de un nuevo proyecto de ley que ustedes tienen que presentar, en el que hagamos lo que nos dicen los agentes económicos y los interlocutores sociales: invertir los puntos de concurrencia. En primer lugar, hay que dar prevalencia al convenio más pequeño, al más ajustado a los problemas, el de empresa; en segundo lugar, al del ámbito territorial menor, al de provincia o territorio histórico; en tercer lugar, al de comunidad autónoma; en último lugar, al estatal. Yo sé que eso -y hay gente de su ministerio que lo ha preconizado recientemente- va a provocar un efecto que consideran -inadecuadamente, en mi opinión- perverso, que es la multiplicación de convenios colectivos. Me parece más importante, desde la perspectiva de la competitividad de nuestra economía, el ajuste a los requerimientos de las realidades más pequeñas, que no son igual que los requerimientos de las realidades mayores, en sus dimensiones territorial y sectorial, incluso en su dimensión personal.


Señor Membrado, cuando ha hablado de las obligaciones o deberes pendientes para la Secretaría de Estado se le ha olvidado que este ministerio tiene que elaborar un proyecto de ley, que es el relativo a la sustitución del Fogasa por el llamado modelo austríaco. Creo que es imposible, que no lo van a poder hacer, salvo que usted me diga lo contrario. El modelo austríaco lo conozco bien, fui en su día un apologeta del mismo, y en año y medio de legislatura ya me dirá si estamos en condiciones de permitirnos licencias, atrevimientos o humoradas -utilice la expresión que quiera- como la de sustituir un modelo tan petrificado y consolidado como el del Fogasa por un modelo que requiere porcentajes de capitalización del 1,57 para los empleados a añadir a las cotizaciones que ya están realizando. Si ustedes se atreven a tanto, no sé si agradecerle su valentía o reprocharle su temeridad; ahí me nuevo en una posición un tanto esquizofrénica. Ya me responderá que es lo que van a hacer sobre esta cuestión.


No me ha contestado al problema de la formación continua, si va a seguir estando en manos de estas fundaciones beneméritas, a las que antes nos referíamos, y si los fondos destinados a formación continua se van a dedicar a la formación de trabajadores o a otras finalidades.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No es menor mi reproche sobre el retraso o el carácter tardío de estas medidas y no es inocente, porque es evidente que el actual Gobierno tiene unas responsabilidades concretas en esa situación. No se lo puedo atribuir a usted ni al actual ministro, porque llevan poco tiempo en sus cargos, pero no es una cosa menor. A esa realidad, mi grupo le da el valor político que tiene. Ojalá hubiésemos abordado estas reformas en el inicio de esta legislatura, porque quizá hoy estaríamos un poco mejor, también esos cuatro millones de desempleados.


Usted tiene el reto del desarrollo normativo de la reforma laboral, de ese reglamento, de ese proyecto de ley en relación con la capitalización de las indemnizaciones por desempleo, de la reforma de la negociación colectiva, de activar la colaboración privada con las políticas activas de empleo. Eso exige que usted genere confianza a los agentes sociales y económicos, así como a la iniciativa empresarial. De su segunda intervención me queda una preocupación, que quizá es una percepción muy subjetiva. Me parece que la secretaria de Estado de Empleo en su fuero interno debería estar muy convencida de que en la salida de la crisis si no hay confianza en la capacidad de creación de empleo de las empresas, si no hay confianza en que las empresas tienen vocación de aplicar la legislación de manera adecuada, en que las empresas no se crean para abusar de los trabajadores sino que están dispuestas a generar empleo, si la secretaria de Estado no tiene esa confianza, repito, podemos generar un punto de conflictividad, más allá de la que necesitamos. Yo reclamaría al Gobierno confianza en la capacidad de las empresas para salir del atolladero en el que estamos y no instalarnos en la desconfianza hacia la iniciativa empresarial; también en la aplicación del derecho del trabajo y el carácter tuitivo que este tiene, porque básicamente vamos a salir de esta situación en la medida en la que el conjunto de la sociedad sea capaz de activar sus energías, y muy específicamente en la medida en la que el mundo empresarial vuelva a generar empleo. En este sentido, el desarrollo de la reforma laboral debe ser realizado, en esa clave de la tutela de los derechos de los trabajadores -faltaría más, para eso tenemos un derecho del trabajo-, desde la necesidad de generar confianza en quien debe crear empleo, que son las empresas.


Haga usted un desarrollo adecuado de la reforma laboral, pero hágala desde la confianza en la propia iniciativa de las empresas, y que sean asumidos por el Gobierno esos requerimientos de flexibilidad y de seguridad que forman parte del acervo que desde la Unión Europea se impulsa en relación con nuestras políticas de empleo, con nuestra regulación del marco laboral. Ahí me queda un punto de preocupación después de escuchar su intervención.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno de réplica de los portavoces, tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Quisiera comenzar haciendo un alegato a favor de la intervención de la

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secretaria de Estado que ha tenido un contenido importante, desde el punto de vista programático y de las decisiones que se están tomando para desarrollar en los próximos meses, algunas de ellas de forma inmediata.
Creo que ha pormenorizado claramente cuáles son las políticas activas de empleo que se van a desarrollar; ha dejado clara cuál es la posición respecto del Prodi, aunque lógicamente está en sede parlamentaria y veremos qué es lo que se saca en el propio desarrollo de la ley; también ha manifestado la postura de cómo se tiene que desarrollar la reforma del mercado de trabajo, sin introducir elementos novedosos en ningún aspecto que puedan modificar lo que es el corazón de la reforma y, como decía anteriormente el señor Olabarría, uno de los puntos que forman parte de ese corazón son las causas objetivas de despido. Creo que eso ha quedado claro y, además, ahí hay una parte importante de desarrollo de cara al futuro.


Nos parece que desde esta área se está haciendo frente al problema de desempleo que tiene nuestro país, se está haciendo una defensa adecuada.
En ese sentido, lo que le quería decir es que no se preocupe, que ha hecho una defensa adecuada y eso molesta a quien no tiene nada que defender, a quien solamente tiene como defensa el retrotraerse a la miseria, y la palabra miseria está referida a cuando se basan en las mentiras. Señora secretaria de Estado, usted conoce muy bien que hay dos mentiras que se están acuñando por la derecha cavernícola española. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¿Cuál es la derecha cavernícola?) No sé cuál es la derecha cavernícola española, cada uno que se lo aplique. Una de ellas es aquella que dice que ellos son los que han creado empleo, porque en la época en la que gobernaron fueron los que generaron cinco millones de empleos. Eso es falso. En el año 1994 este país tenía casi un 25 por ciento de paro, con una población activa que no llegaba a los 17 millones de trabajadores. En el año 1996, cuando empezó a gobernar el Partido Popular, estábamos ya en el diecinueve y pico por ciento de desempleo y se había incrementado en casi medio millón la población activa. Gobernando nosotros, con el apoyo de los españoles, de los empresarios, de los trabajadores y de todas las fuerzas políticas, en el año 2007 llegamos a tener el 7,8 por ciento de desempleo, con 23 millones de trabajadores dispuestos a hacerlo. Quien no quiera interpretar estos datos está mintiendo, y esa es una de las falsedades. Otra de las falsedades que se está acuñando es: no se nos ha tenido para nada en cuenta en los temas relacionados con la reforma del mercado de trabajo, porque no quisieron aceptar ninguna de las setenta y cuatro enmiendas. La mayoría de esas enmiendas eran inaceptables y otra parte importante eran negociables. Señora secretaria de Estado, si siguió el debate del día 29 de julio pudo percatarse de que mientras portavoces del Grupo Parlamentario Popular estaban hablando con este portavoz parlamentario para ver cómo podíamos acordar alguna transaccional, nos llegó la noticia de que la señora Sáenz de Santamaría había hecho público que no es que fueran a abstenerse sino que iban a votar en contra. Difícilmente se puede transaccionar cuando ya han decidido votar en contra. Eso fue lo que ocurrió el día 29, lo que pasa es que para tapar esa verdad se utilizan determinadas mentiras. Ese es el problema.


¿Qué es lo que creemos? Hay un hecho real, y en estos momentos nadie nos puede tapar la boca, que es que mientras gobernó el Partido Popular bajó el 6 por ciento el salario mínimo interprofesional respecto del incremento del IPC y durante el tiempo que nosotros llevamos gobernando lo hemos subido un 14 por ciento. Mientras ellos recortaban la tasa de cobertura del desempleo nosotros no solamente la ampliábamos sino que añadíamos el Prodi. En ese sentido, me parece que usted ha dejado claro que la transformación del Prodi tiene que hacerse porque creemos que estamos en una etapa en la que las políticas activas pueden ser un motor para la recuperación de empleo, no solamente desde el punto de vista del apoyo por parte de las empresas, que van a tener confianza e iniciativa suficiente para ello, sino para recolocar una bolsa fundamental de trabajadores con escasa cualificación, que son los novecientos y pico mil que nos han venido de la construcción, que en estos momentos no tienen ninguna operatividad para su inserción en el sector servicios o en el sector de la industria. Esa es la finalidad de hacer unas políticas activas. Lo ha explicado el ministro, lo ha explicado usted, lo explicaremos todos, pero no se preocupe que siempre se seguirá el método Ollendorf: Dónde vas, manzanas traigo.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar esta comparecencia y para responder a las cuestiones que en este turno de réplica han planteado los portavoces de los grupos, tiene la palabra la señora secretaria de Estado.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Rodríguez Fernández): Intervendré brevemente para contestar algunas preguntas que efectivamente me había dejado, señor Olabarría, en la intervención anterior, así como para hacer alguna precisión respecto a las intervenciones del señor Campuzano y de la señora Álvarez-Arenas.


Si les parece, en esta ocasión voy a dar la vuelta a las respuestas y no voy a respetar el turno de intervenciones sino que empezaré por el final.
Señor Campuzano, le decía antes que no sé si esta reforma de las políticas activas de empleo la estamos haciendo pronto o tarde, lo reconocía abiertamente; lo que sí le decía es que hoy tenemos razones para seguir haciéndolo. Si en este momento nos encontráramos en el estadio de una mejor situación económica, en el que claramente estuviera bajando la situación de desempleo, en el que estuviéramos recuperando el empleo en nuestro país, en el que hubiéramos pasado ya una situación muy difícil de desempleo y propusiéramos una reforma de las políticas activas de empleo, cuando todo estuviera ya recuperándose y, por tanto, todo estuviera haciéndose ya, por algo

en lo que usted tiene razón, por el propio dinamismo de

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las empresas y la reactivación económica, efectivamente estaríamos llegando, como dicen -y con mucho respeto lo repito en mi casa-, tarde, mal y nunca, porque habríamos llegado cuando el problema ha pasado ya.
Pero es que estamos en un momento en el que el problema, y lo sabemos todos -estoy siendo muy honesta en esta respuesta-, no está todavía resuelto. Es verdad que en los últimos tiempos hay una normalización de los datos de las personas que pierden el trabajo, mes a mes se está reduciendo el número de personas que pierde su trabajo, pero también lo es que la crisis económica todavía no se ha terminado y que nos queda tiempo por delante para intentar recuperar el empleo de más de cuatro millones de personas. Lo que en este momento apremia al Gobierno no es si llegamos tarde o pronto sino que tenemos razones más que sobradas para operar una reforma de las políticas activas de empleo -eso es lo que queremos hacer-, y además, aunque no está expresada directamente como tal en la reforma laboral -a ella voy a volver de inmediato- se deduce directamente de la reforma laboral. En la reforma laboral se habla ya de un plan que intente mejorar la empleabilidad de los jóvenes, y hay que hablar de ello en la reforma de las políticas activas de empleo; en la reforma laboral se habla de un plan que intente la reincorporación al mercado de trabajo de los parados de larga duración, y de eso hay que hablar en la reforma de las políticas de empleo; en la propia reforma laboral se habla de que hay que fortalecer los servicios públicos de empleo, y de eso hay que hablar en la reforma de las políticas activas de empleo; en la reforma laboral se habla de que hay que hacer un plan específico de trato y de trabajo directo con las personas en situación de desempleo procedentes del sector de la construcción, y de eso se tiene que hablar en la reforma de las políticas activas de empleo. Le decía antes que no sé si llegamos tarde o pronto, pero sí que tenemos razones de sobra para hacer una reforma de las políticas activas de empleo que permita atender más y mejor a esos más de cuatro millones de personas en situación de desempleo. Esa reforma sale directamente de la reforma laboral, y en eso creo que podemos estar completamente de acuerdo.


Ha expresado una percepción suya. Naturalmente, señor Campuzano, sobre sus propias percepciones ni entro ni salgo; como en todo, las percepciones son absolutamente personales y también en alguna medida, por qué no, subjetivas. Pero sí le digo una cosa, y es que hace muchos años que dejamos atrás viejos prejuicios y que hace muchos años que pensamos -y lo vamos a seguir pensando- que en una economía de mercado como la que tenemos constitucionalizada en nuestro país, los que crean empleo y cuando vienen mal dadas, con perdón, lo destruyen son las empresas y que, por tanto, solo apoyando directamente a las empresas, que son las que crean empleo, podemos salir cuanto antes de esta situación de crisis y de desempleo. ¡Vaya si lo creemos! De hecho, si usted se da cuenta, en la reforma de las políticas activas de empleo se habla por primera vez de las empresas; por primera vez, cuando hablamos de la Carta de ciudadanía y de lo que tienen que hacer los servicios públicos de empleo decimos: atender a las empresas, conocer las necesidades de las empresas, trabajar junto con las empresas en la creación de puestos de trabajo; claro que sí, porque son ellas -y creo que en eso podemos estar todos de acuerdo- las que tiran de la economía, las que hacen que crezca la economía y las que proveen de puestos de trabajo a nuestro sistema. No sé cuál es su percepción personal, como le decía antes, quizá, como todas, subjetiva, pero creo firmemente que son las empresas las que tienen que tirar de la economía y que buena parte de las medidas que se han adoptado en esta situación de crisis -por eso mismo- han tenido que ver con las propias empresas.


Señor Olabarría, perdóneme por no haber respondido a una de las inquietudes manifestadas en su anterior intervención, referida -si podemos plantearlo así- a la completa territorialización de los fondos, fundamentalmente, de la formación continua, porque usted sabe, igual que yo, que la formación de las personas en situación de desempleo está ya completamente territorializada. En este momento, la mayor parte de los fondos de formación para el empleo ya se territorializan. Ayer hacía un cálculo sobre el total de las inversiones en materia de formación para el empleo. Casi el 60 por ciento de los fondos destinados a la formación están territorializados en el ámbito de las comunidades autónomas. Queda una pequeña parte sin territorializar que es, efectivamente, la de la Fundación Tripartita para la Formación. Es bien probable -y lo digo claramente- que tengamos que dar pasos en ese sentido, pero en este momento -se lo digo con la misma honestidad- creemos que en la configuración de la formación para el empleo es más urgente, más necesario, dada la situación actual, que invirtamos el 40-60 de los fondos destinados a la formación, es decir, más dinero para la formación de personas en situación de desempleo, y que, al mismo tiempo, aquilatemos cómo debe ser -y le digo que ese es uno de los elementos sobre los que habrá que reflexionar en la propia reforma de las políticas activas de empleo-, voy a decir una palabra que no sé si sonará un poco grandilocuente, la gobernanza del sistema de formación para el empleo; es decir, cómo debe ser el gobierno, si queremos decirlo así, de la formación para el empleo, si los agentes sociales deben estar en el gobierno, deben ser también proveedores de formación o solamente deben estar en el diseño y la planificación de la acción formativa. Eso es algo que en este momento está abierto en la reforma de las políticas activas de empleo y en lo que poco a poco vamos a ir avanzando, pero quiero que sepa que está en el diseño de lo que queremos hacer en materia de política activa de empleo. Tanta es la centralidad y la importancia que damos a la formación, que hay que plantearse efectivamente -y usted tiene razón- cómo debe ser el gobierno en general de la formación, cómo mejorar la calidad de la acción formativa que se desa

rrolla en este momento y cómo adaptarla más y mejor a

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las necesidades de nuestro modelo productivo. Eso está en la línea de flotación de la reforma que queremos hacer en el mercado de trabajo.


Despejo sus dudas, por si me he expresado mal, señor Olabarría. Creo que he dicho textualmente que no vamos a tocar la causa de despido porque está en la reforma laboral. No lo recuerdo muy bien, pero creo que esas han sido mis palabras textuales: No vamos a tocar la causa de despido porque está ya regulada en la reforma laboral. Yo me hago cargo de mis propias palabras; en cuanto a las de los demás, cada uno tiene sus cargos. ¿Qué queremos hacer, señor Olabarría, en la reforma de los expedientes de regulación de empleo? Teniendo en cuenta cuáles son las causas del despido, las causas que están tasadas en la reforma, efectivamente con una participación importante de su grupo parlamentario, queremos intentar establecer cómo se acreditan esas causas. Ese es el papel de un reglamento. Un reglamento -lo sabemos los dos- no puede modificar lo que dice una ley. Sería -perdonen ustedes la expresión un poco pedante- ultra vires, lo sabemos los dos muy bien. No lo puede modificar y este reglamento no lo va a modificar, lo que va a intentar hacer es especificar cómo se acreditan las causas para extinguir los contratos de trabajo, cómo se acredita que hay una pérdida prevista en el futuro que puede dar lugar a la extinción de los contratos de trabajo. Va a intentar única y exclusivamente introducir una mayor seguridad jurídica a esa causa que está establecida en la ley, que no podemos tocar, pero que tenemos que aquilatar al funcionamiento diario de la autoridad laboral -que tendrá que autorizar o no, según se cumpla y se acredite la causa- y de la propia jurisdicción social, a la que le va a tocar, quiera o no quiera, enjuiciar despidos individuales si se cumple o no se cumple esa causa. No se van a tocar las causas, se va a desarrollar cómo se acreditan esas causas. Ahí creo que no entraríamos en un mecanismo ultra vires, sino en una especificación -que es el papel de un real decreto- de la causa que establece la propia reforma.


En materia de negociación colectiva, conocía su posición, porque ya se expresaba en las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco presentó en la reforma del mercado de trabajo. Creo que no es el momento de pronunciarse sobre la posición que cada uno tenga en la reforma de la negociación colectiva. Le digo por qué creo que no es el momento. No porque no tengamos un proyecto ni ustedes ni nosotros -luego hablaré con más profundidad de los proyectos en materia de negociación colectiva-, sino porque si decimos que creemos en el diálogo social -y usted señor Olabarría lo ha dicho tanto como yo en su primera intervención-, si decimos que creemos en que la negociación colectiva se tiene que reformar bilateralmente por las organizaciones empresariales y sindicales, dejémoslos, démosles la oportunidad de que lo hagan y reservémonos nuestra posición, que todos la tenemos, para cuando ellos -espero que no, lo digo sinceramente, porque confío en la responsabilidad de los agentes sociales- no lleguen a un acuerdo. Si ellos no llegan a un acuerdo, debatamos entonces los modelos en el marco de cada uno de ellos.


Solamente quiero hacer un apunte, señor Olabarría. Cuando hablamos de negociación colectiva estoy convencida de que podemos compartir que no es lo mismo que el tejido empresarial de un país esté compuesto por grandes empresas o esté compuesto como el nuestro por pequeñas y pequeñísimas empresas. Creo que eso lo podemos compartir y no estamos avanzando ninguna posición en materia de negociación colectiva. Todos los expertos en negociación colectiva, todos los que han trabajado en esta materia, nos dicen que solo hay negociación colectiva real, eficaz y que cumpla esa función de flexibilizar y adaptar las condiciones de trabajo a las circunstancias cambiantes que afectan a la empresa cuando hay un cierto equilibrio en el poder de negociación, cuando el poder de negociación de unos y otros es real. Es entonces cuando se alcanza el grado de eficiencia en la negociación colectiva. Lo dejo ahí, porque en nuestro país la mayor parte de las empresas son pequeñas y pequeñitas empresas y, como bien sabe usted, señor Olabarría, en algunos de los casos sin ni siquiera representación de los trabajadores. Sabemos que se ha intentado dar forma a la alternativa a través de la propia reforma laboral; por cierto, hay que valorar muy positivamente esas alternativas, porque van a dar mayor flexibilidad al ajuste interno que van a hacer las empresas a partir de ahora.


El modelo austriaco es un compromiso, señor Olabarría. Lo tenemos, está marcado en tiempo y lo vamos a intentar hacer. Desde luego, no nos asusta la complejidad técnica, que la tiene y mucha; no nos asusta conocer qué vamos a hacer con la cotización o no, que tiene problemas, claro que los tiene. Es un ámbito con mucha complejidad técnica y con mucha complejidad social, porque estamos hablando de cómo sufragar una parte del coste de las extinciones de los contratos de trabajo; claro que tiene complejidad, pero nos asusta y vamos a intentar hacerlo y además, como le decía antes, vamos intentar hacerlo en tiempo, porque además merece la pena el intento. Tener un sistema en el que el trabajador pueda tener ayudas para que se mueva entre una empresa y otra porque hay un fondo de capitalización para su despido o pueda tener, si no es despedido, un fondo que se añada a su pensión de jubilación o pueda tener en tiempos de no prestación de trabajo ayudas para su formación, que todos creemos que es necesaria, me parece sinceramente una buena idea y uno de los logros de la reforma laboral. Tiene una complejidad importante, pero vamos intentar abordarlo y el tiempo dirá si somos capaces o no de hacerlo.


Señora Álvarez-Arenas, perdone que haya invertido el orden de mi intervención, pero no quería centrarme solo en el diálogo tú a tú con el Grupo Popular. Voy a hacer dos apuntes nada más, señora Álvarez-Arenas.
Ustedes siempre dicen en sus intervenciones que crearon 5 millones de puestos de trabajo en ocho años. (El señor Echániz Salgado: Netos.) Puestos a medir

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quién crea más o menos empleo -le confieso que no me gustaría entrar en esta medición, pero es el camino que ustedes marcan siempre- le voy a recordar solo dos datos. El primero, que en los cuatro años de crecimiento económico que tuvimos en la anterior legislatura se crearon más de 3 millones de puestos de trabajo. (El señor Hernando Fraile: Herencia recibida.) Si tuviéramos que hacer una división, el resultado sería: ustedes 5 millones de puestos de trabajo en ocho años y nosotros 3 millones en cuatro años. (El señor Echániz Salgado: ¿Dónde están?) Si tuviéramos que hacer una competición, dividan ustedes y verán quién sale ganando en la creación de empleo. Además, quiero destacar algo que ya decía el señor Membrado. Este país en este momento sufre una grave crisis económica y tiene un problema importante -nunca lo negaré- de desempleo, y me importan más que las cifras, señorías, los dramas que he visto asociados a las situaciones de desempleo, que los he visto, señorías, y los conozco. Sin embargo, quiero recordarles que nuestro país llegó al pleno empleo en el tercer trimestre del año 2007 y que en el tercer trimestre del año 2007, cuando este país llegó al pleno empleo porque estábamos creciendo económicamente de forma muy potente, no gobernaban ustedes. Lo siento, pero los datos son así. (El señor Membrado Giner: ¡Muy bien!)

En materia de despido, señoría, no me gusta apelar habitualmente -se lo digo sinceramente, señora Álvarez-Arenas- en mi actividad política a mis conocimientos como técnica, pero aquí voy a tener que hacer una mínima apelación. El despido objetivo con una indemnización de veinte días, que yo sepa -si no, corríjame-, lleva en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1980. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: No.-El señor Membrado Giner: ¿Cómo que no!) El Estatuto de los Trabajadores, trayendo una figura que se había creado en el sistema italiano, reguló un despido objetivo que tiene una indemnización de veinte días. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: No, no.) Hasta donde yo sé, señora Álvarez-Arenas, este Gobierno, que según usted ha hecho muchas cosas mal -posiblemente alguna hayamos hecho, fíjese, se lo reconozco-, no ha tocado las indemnizaciones por despido. Los contratos temporales siguen teniendo una indemnización de ocho días que crecerá hasta doce; los despidos objetivos con causa siguen teniendo una indemnización de veinte días; los despidos de los contratos de fomento de la contratación indefinida -no les parecerá mal, porque fueron ustedes los que lo auspiciaron en la ley después del acuerdo de sindicatos y empresarios- siguen teniendo una indemnización de treinta y tres días de salario por año de servicio. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros. ¿Y el Fogasa?-El señor Membrado Giner: Pero, ¿qué dice del Fogasa?) Y los despidos improcedentes siguen teniendo una indemnización de cuarenta días de salario por año de servicio. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¡Qué poca vergüenza!) No hemos tocado ni una coma las indemnizaciones. Lo que hemos hecho, y lo saben tan bien como yo, ha sido ayudar a los empresarios a que cuando tengan que pagar esas indemnizaciones por despido, que nosotros no hemos tocado, puedan hacerlo con más facilidad.
(La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Ya, ya.) Son cosas distintas.
Nosotros no hemos rebajado la indemnización, nosotros no hemos rebajado los salarios de tramitación. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Nada, nada; una santa.) No, no, señoría, nosotros no hemos hecho nada de eso, hemos mantenido las indemnizaciones que estaban en el Estatuto de los Trabajadores; por cierto, señoría, la de los veinte días, desde el año 1980, cuando se dictó el primer Estatuto de los Trabajadores. ¿Sabe lo que hemos hecho nosotros en materia de despido?, bien o mal, porque aquí hay percepciones diferentes. ¿Sabe usted, señoría, lo que hemos intentado hacer en materia de despido? Corregir las disfunciones de nuestro sistema de despido que estaba provocando el sistema de despido improcedente que habían creado ustedes en el año 2002. Lo decía antes: Quien se inventó eso de despide hoy, mañana reconoce que has despedido sin causa y pasado o en el mismo día pacta la indemnización por despido no fuimos nosotros, señorías, fueron ustedes en el año 2002. ¿Sabe lo que ha sucedido a partir de ese invento? Que en plena crisis económica, lloviendo piedras -como diría un gran director de cine-, en lugar de que las empresas canalizasen la extinción de los contratos de trabajo a través del despido por causas económicas -que era lógico y normal porque estábamos viviendo una situación de crisis económica-, la mayoría de los despidos, hasta el 85 por ciento, se estaban canalizando por un despido que se inventaron ustedes, señorías, y que dice al final que no hace falta ni siquiera alegar la causa; no que no la tenga, sino que ni siquiera hay que alegarla, basta con decir: Te despido, no tengo causa y te indemnizo. Eso es lo que hemos intentado corregir, señorías, que las empresas que tienen dificultades económicas reduzcan su número de personal a través de la vía jurídica que tienen que utilizar, que es el despido objetivo por causas económicas, que tiene una indemnización de veinte días, y que no pase lo que está sucediendo en este momento, que por utilizar las empresas el despido que ustedes inventaron, la indemnización media por causa económica encubierta a través de un despido exprés está siendo entre treinta y tres y treinta y cuatro días. Hemos intentado que las empresas utilicen la ley para despedir y no el sistema espurio, perdone que le diga, que se inventaron ustedes en el año 2002. Pero fíjense si es raro ese sistema que se inventaron que en lo que va de 2010 hasta la entrada en vigor de la reforma, que es hasta cuando tengo los datos, ha habido en nuestro país, con la crisis económica sin terminar, pero bajando en su intensidad, 65.000 personas afectadas por expedientes de regulación de empleo, 110.000 personas afectadas por despido objetivo y casi 500.000 personas, en plena crisis económica, despedidas a través del despido exprés que se inventaron ustedes, señorías del Partido Popular. No nos imputen ni una rebaja de las indemnizaciones por despido, que

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nosotros no hemos hecho, ni una descausalización del despido, que tampoco, porque lo que hemos intentado hacer ha sido reforzar la causalidad del despido a través de la reforma del despido objetivo y del despido colectivo. Y hablando de negociación colectiva, señorías, lo he dicho antes: Claro que nos vamos a atrever a hablar de negociación colectiva.
Por cierto, señoría, usted habla de enmendar el sistema de negociación colectiva, pero su enmienda número 271 presentada a la reforma laboral lo único que dice es cómo se prorroga año a año un convenio, qué pasa con la parte normativa y la obligacional y que cuando a unos trabajadores les modifican el convenio colectivo de manera unilateral no pueden defenderse, porque no pueden utilizar el derecho de huelga, pero no como establece el Decreto de 1977, que dice: Cuando a algunos trabajadores les modifican unilateralmente el convenio colectivo... (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: No. Los militarizamos.) Estaban pensando ustedes, señorías, aunque no lo dijeran, en lo que había sucedido en el conflicto del metro de Madrid, donde había habido una modificación unilateral del convenio colectivo y ustedes pretendían que, modificado unilateralmente el convenio, los trabajadores no pudieran defenderse. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Más vale que se vaya.) Bien, se lo decía antes, señoría, en cuanto a negociación colectiva... (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: Vaya secretaria de Empleo. Unilateral, dice; con el Decreto del 3 de diciembre.) Claro que tenemos una posición de negociación colectiva, pero, sinceramente, señoría -y con esto quiero terminar-, dudo que ustedes tengan una posición en materia de negociación colectiva o dudo que la posición que ustedes tengan esta vez se la vayan a aceptar los empresarios, porque les recuerdo que ustedes gobernaron ocho años (El señor Hernando Fraile: Sí; hace ya siete años.); les recuerdo que los presuntos males del sistema de negociación colectiva existían ya entonces, no se han producido después, y les recuerdo que intentaron reformar la negociación colectiva, de manera unilateral por cierto. Menos mal, señorías, que el señor Cuevas les dijo a ustedes, le dijo al señor Aznar que sabía de muchas cosas, pero que desde luego no sabía de negociación colectiva. Espero que para las enmiendas a la reforma de la negociación colectiva hayan aprendido. (Aplausos.-La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¡Qué poca vergüenza! Venir aquí a esto.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por su comparecencia y sus explicaciones. Espero que esta comparecencia le haya resultado lo suficientemente estimulante como para volver en otra ocasión.


Vamos a hacer cinco minutos de receso para despedir a la secretaria de Estado y continuar después con las proposiciones no de ley. (Pausa.)

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE DEFINA Y DESARROLLE EL CAMBIO PRESUPUESTARIO NECESARIO PARA REPONER EN SU CANTIDAD INICIAL LOS RECURSOS DESTINADOS AL FONDO PARA LA ACOGIDA, LA INTEGRACIÓN Y EL REFUERZO EDUCATIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001011.)

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración con el debate y la votación de las proposiciones que se han presentado. En primer lugar, quiero informar a sus señorías que la proposición no de ley que figura como número 3 en el orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ha sido retirada. Por tanto, empezaremos con la número 4. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.)

Señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, quiero hacer una intervención mínima por una cuestión de orden, para comentar un asunto que creo que es bueno que conozca la Comisión. Si me da la palabra durante un minuto, intentaré explicar las razones.


El señor PRESIDENTE: Sí.


El señor HERNANDO FRAILE: Hace dos semanas, en la reunión de Mesa y portavoces, al plantear la configuración del orden del día, decidimos limitar las iniciativas de los distintos grupos en lo que se refería a las proposiciones no de ley. Mi grupo, como usted sabe, señor presidente, tenía la intención de presentar hasta tres. Se alegó que no podían ser tres, porque el Grupo Socialista, el grupo parlamentario mayoritario, pretendía presentar dos iniciativas y la prolongación del orden del día no hacía aconsejable que mi grupo parlamentario presentara tres. Con sorpresa hemos visto que a la hora de configurar el orden del día el Grupo Parlamentario Socialista solo ejerció ese derecho para presentar una, y la sorpresa esta mañana ha sido mayor cuando esa única proposición no de ley se ha retirado. No voy a entrar en el fondo del asunto ni en las complicaciones de los grupos parlamentarios en su relación con las tareas del Gobierno o los vetos del Gobierno a los grupos parlamentarios, pero considero que este hecho que se ha producido es una tomadura de pelo a la Cámara y a mi grupo parlamentario, que había presentado una enmienda a la iniciativa del Grupo Socialista. Quiero que esto sirva de precedente para la configuración de otros órdenes del día en los que espero que no se pretenda limitar las iniciativas de mi grupo parlamentario sobre la base de las iniciativas que pretenda presentar el Grupo Parlamentario Socialista, porque, si no, nuestra actitud en esta Comisión y en las reuniones de la Mesa tendrá que cam

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biar y no va a ser tan contemplativa como ha sido hasta ahora. (El señor Membrado Giner pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Lo que ha planteado el señor Hernando es cierto pero incompleto. Vamos a intentar completarlo.


Nosotros planteamos la existencia de proposiciones no de ley en la reunión de Mesa y portavoces compatibilizándolo con una larga comparecencia de la secretaria de Estado. Por eso propusimos que no fuesen muchas, para que hoy, que terminaremos a las tres, pudiéramos llegar a la reunión de Pleno a las cuatro de la tarde. Así es como lo planteamos; es más, es así como transigimos en celebrar la reunión a las nueve en lugar de a las diez, como este grupo y yo mismo pretendíamos, para evitar dilatar en exceso.
Hemos venido a las nueve de la mañana y a lo largo del viernes vimos que era innecesario mantener una proposición no de ley. Ayer se planteó retirarla y no se habrá comunicado al portavoz del Grupo Popular, de lo cual, sinceramente, me excuso. No pudimos cubrir las dos PNL que teníamos asignadas, porque como la Mesa y portavoces no se reunió la semana anterior, no se pudieron calificar algunas aportaciones que habíamos hecho. No contábamos con que no iba a celebrarse esa reunión y por eso decayeron tres PNL que habíamos presentado, no con la intención de traerlas aquí, sino con la intención de cubrir nuestro cupo tranquilamente. No ha habido ninguna intencionalidad, señor presidente.
Pido disculpas por no haber trasladado anteriormente al portavoz la retirada de esta proposición no de ley. Espero que no vuelva a ocurrir, señor Hernando. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


La nuestra es una solicitud de menor cuantía, señor presidente. Quiero pedir un favor a los portavoces de la Comisión. No estando dotado de la capacidad de ubicuidad del ex compañero Mardones (Risas.) y teniendo que defender otras dos iniciativas en dos comisiones diferentes a esta con expectativas ciertas de que prosperen ambas, pediría que la proposición de mi grupo relativa a la Carta Social Europea se pudiera debatir en primer lugar. Me harían un gran favor.


El señor PRESIDENTE: Señor Uriarte, ¿tiene usted alguna dificultad en acceder a la petición del señor Olabarría de debatir su PNL la primera?

El señor URIARTE AYALA: No tengo ningún problema.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Socialista?

El señor MEMBRADO GINER: Nosotros tampoco.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Convergència i Unió tampoco.


- SOBRE LA CARTA SOCIAL EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000724.)

El señor PRESIDENTE: Comenzamos el debate de las proposiciones no de ley con la que figura con el número 7 en el orden del día, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Vasco.


Para su defensa tiene la palabra don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, se trata de una proposición no de ley que solicita la ratificación por el Estado español de la Carta social europea; el pedimento es tan simple como este. La Carta social europea es un documento del Consejo de Europa, institución que no por poco conocida es menos relevante. Se han aprobado en el Consejo de Europa documentos institucionalmente tan importantes como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, del año 1950, y la Carta social europea del año 1961, que incorporaba o configuraba derechos sociales, un poco con la metodología del Tratado Comunitario de Amsterdam, dándoles casi el carácter de derechos fundamentales para los ciudadanos afectados por no haberse producido el instrumento de ratificación por los Estados concernidos por estos derechos sociales; el Tratado de Turín de 1961 fue ratificado por el Estado español en 1980. La reforma de la Carta social europea, que se acometió por el Consejo de Europa en el año 1990, actualizando algunos derechos que se habían convertido en inadecuados a los tiempos, en extemporáneos, e intentando incorporar otros derechos sociales, otros derechos de los llamados de la nueva generación, otros derechos de ciudadanía diferentes, está pendiente de ser ratificada por el Estado español; ya han ratificado la Carta social europea cuarenta y un países, entre los cuales están Azerbayán, Armenia, Letonia y Lituania.
Señor presidente, si me permite la licencia o la humorada, estamos peor que en Eurovisión, porque hay países que no se caracterizan precisamente por la incorporación a su ordenamiento jurídico de los derechos sociales preconizados y configurados por el Consejo de Europa, que la han ratificado con más diligencia que el Estado español, que se está manifestando particularmente renuente a la ratificación de la actualización de la Carta social europea, en la que se consignan derechos muy relevantes, como son los relativos a la vivienda, a la salud, a la educación, al empleo, al movimiento de las personas, a la no discriminación por razones étnicas, de género, de raza, de condición sexual, etcétera.


No sabemos cuál es la razón por la que no se ha procedido a la ratificación de un documento tan relevante como la Carta social europea revisada de 1996, realizada por el Consejo de Europa. Sencillamente -y este es el

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único pedimiento-, instamos al Gobierno de España a que ratifique, a la mayor brevedad posible, la Carta social europea revisada de 1996 como instrumento básico para la defensa de los derechos sociales y la mejora del nivel de vida y bienestar de la ciudadanía europea.


Comprendo que corren malos tiempos para la música, señor presidente, en el ámbito de consideraciones de derechos sociales y de ciudadanía. Los requerimientos del Ecofin, de los mercados, los del Fondo Monetario Internacional al socaire de la estabilidad financiera, de la estabilidad de los mercados, de las turbulencias financieras que afectan a todas las estructuras económicas, están provocando lo contrario de lo que se pretende mediante la ratificación de la Carta social europea: recortes, relativizaciones de los derechos bajo la proclama de la necesaria austeridad o de la imposibilidad de mantener los paradigmas del Estado del bienestar en su configuración primigenia, la de la Constitución de Weimar en el periodo entre guerras.


Creo que en esta Comisión debemos poseer la sensibilidad suficiente para seguir luchando por los derechos sociales; y en este caso, señor presidente, seguir luchando por los derechos sociales supone algo tan simple como la ratificación urgente e inmediata de los derechos que se consignan en la Carta social europea reformulada por el Consejo de Europa en el año 1996. A pesar de la desfavorable coyuntura, creo que es una obligación ética, política, moral, una obligación que debería cohonestarse perfectamente con el fenotipo progresista que para sí mismos proclaman en muchas ocasiones el Grupo Socialista y otros grupos de esta Cámara. Esta es la petición, señor presidente.


En estos términos doy por defendida la proposición no de ley de mi grupo parlamentario, no sin agradecer a todos los compañeros la atención especial e intensiva con la que han escuchado las explicaciones y argumentaciones de este humilde diputado. En todo caso, nos bastaría con que el voto se corresponda con las razones de justicia invocadas en esta argumentación.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley.


Para fijar la posición en torno a la misma tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Creo que tenemos que agradecer al señor Olabarría esta iniciativa que da luz a una cuestión que no deja de ser sorprendente y quizá sería bueno que los portavoces, tanto los del grupo que apoya al Gobierno como los del principal grupo de la oposición, aprovechasen el momento para aclarar por qué España hasta ahora no ha ratificado esa modificación de la Carta social europea. Afirmaba el señor Olabarría que quizá su planteamiento de hoy choca con algunas de las lógicas en las que están instalados algunos países de la Unión Europea, pero, en todo caso, el Consejo de Europa siempre ha jugado un papel avanzado, de vanguardia en el reconocimiento de los derechos sociales del conjunto de las personas de ese espacio que va más allá de la Unión Europea. Por tanto, un compromiso claro de España en esa dirección va a contar con el apoyo de Convergència i Unió de manera indiscutible.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Quintanilla.


La señora Q UINTANILLA BARBA: Quiero manifestar de forma clara que nuestra posición, señor Olabarría, va a ser de apoyo a la importante iniciativa que trae hoy a esta Cámara, en la que se recoge claramente la importancia de la modificación de la Carta social europea por parte del Consejo de Europa en el año 1996. Una Carta social europea revisada que, además, profundiza, como no podía ser de otra manera, en crear un Estado social europeo de mayores beneficios en materia social para el conjunto de la ciudadanía.


Desde luego, coincido con usted en que efectivamente muchos países del entorno comunitario, y también de los que componen el Consejo de Europa, treinta países de los cuarenta y ocho que conforman el Consejo de Europa, han ratificado y firmado esta carta, como son Lituania, Malta, Moldavia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, etcétera; sin embargo, en estos momentos España no ha ratificado la carta. Pero se le ha olvidado una cosa importante, señor Olabarría, y es que fue un Gobierno del Partido Popular el que el 23 de octubre del año 2000 firmó la carta, que no ha sido ratificada por el actual Gobierno, por lo que dicho documento todavía no ha entrado en vigor en nuestro país.


Desde nuestro grupo parlamentario entendemos que la revisión de la Carta social europea ha sido importantísima para el contexto de los países del Consejo de Europa. Entendemos que esta Carta social europea incide en garantizar y consolidar las políticas sociales a través de las cuales los españoles y las españolas, los trabajadores y las trabajadoras, las familias, los mayores, los niños y los jóvenes, así como las personas con discapacidad pueden disfrutar de muchos más derechos. Estamos convencidos de que hoy más que nunca es necesario llevar a efecto esta ratificación.
Estamos pasando por momentos difíciles, estamos atravesando una crisis económica con más de cuatro millones de personas en paro, y lo que vemos son los recortes en el gasto social, los recortes en políticas sociales que está llevando a cabo el Gobierno de España y que están poniendo en serio peligro el disfrute de los derechos básicos y fundamentales que contempla la Carta social europea.


La posición de mi grupo, como no podía ser de otra manera, es apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Vasco y sumarnos así a su petición de que el Gobierno de España de forma inmediata se comprometa con el resto de los países miembros del Consejo de

Europa en ratificar la revisión de la Carta social europea

de 1996. Como usted decía, y también otros portavoces,

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es importante que cuando se autoproclama ser el Gobierno más social no debe solo parecerlo sino que también debe serlo con un compromiso firme y serio, por medio de políticas sociales eficaces y efectivas como las que contempla la Carta social europea promovida por el Consejo de Europa.


Damos la enhorabuena al señor Olabarría por traer esta iniciativa, repitiendo que tiene nuestro apoyo y que votaremos a favor de la misma.


El señor PRESIDENTE: Señora Quintanilla, ha hecho usted la intervención justa para que le dé tiempo al portavoz del PSOE a intervenir, cosa que me imagino que le agradecerá a continuación.


Tiene la palabra el señor Carro.


El señor CARRO GARROTE: Señora Quintanilla, gracias por su colaboración.
Pido perdón, porque vengo de intervenir en otra Comisión y ha sido imposible llegar antes.


La iniciativa que presenta el PNV es de alto interés para el Partido Socialista y para el Gobierno. De hecho, desde el año 1996 hasta en tres ocasiones el Gobierno elaboró sendos informes y estudios para evaluar la posibilidad de ratificación de la Carta social europea. Tengo que decir que para los socialistas siempre fue una reivindicación la adhesión a la Carta social europea; tanto los gobiernos de Felipe González como el actual han mantenido esta posición, incluso en el debate del proyecto de Constitución europea, donde pretendíamos que se incorporara la Carta social. Finalmente, las circunstancias son las que son, la Carta social europea revisada se aprobó en 1996, en el proyecto de Constitución europea no fue posible y, en todo caso, estamos en la situación en la que estamos. Como decía, en el año 1999 se hizo un estudio preliminar para ver la posibilidad de su ratificación; luego, se hicieron otros en los años 2007 y 2009. En el informe que elaboró el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el que se analiza cumplimiento por parte de España de los estándares internacionales de protección a las familias, se detallan las primeras actuaciones para la ratificación de los instrumentos internacionales más relevantes del Consejo de Europa y de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo.


En definitiva, las reticencias o las cuestiones que han provocado el retraso en la ratificación de la Carta social europea se ciñen especialmente a la dificultad que suponen para la ratificación algunas interpretaciones que lleva a cabo el Comité Europeo de Derechos Sociales que no tiene en cuenta únicamente el tenor literal de los preceptos sino también la interpretación que de ellos realiza el propio comité, lo que viene llamando la jurisprudencia del comité. Así, es frecuente, por ejemplo, que la carta utilice para fijar ciertos compromisos de los Estados expresiones vagas e imprecisas, tales como, por ejemplo, la fijación de una -entre comillas- razonable duración diaria y semanal de la jornada de trabajo; el derecho de los trabajadores a una remuneración -entre comillas- suficiente que les permita mantener junto a sus familias -otra vez entre comillas- un nivel de vida decoroso, etcétera. Son expresiones que se prestan a interpretaciones del propio Comité Europeo de Derechos sociales, que además no son interpretaciones estables en el tiempo sino que evolucionan con el tiempo, por lo cual en algunos casos suponen dificultades de encaje con la legislación española.


De cualquier forma, España está a favor de dar la máxima prevalencia a la Carta social europea y desde ese punto de vista, y después del informe presentado por el Ministerio de Trabajo en el año 2009, apoyará el contenido de la Carta social europea renovada y llevará a cabo desde el Ministerio de Trabajo una ronda de consultas encaminadas a adoptar una decisión sobre la ratificación de la misma. Por esta razón votaremos a favor de la propuesta que hace el Partido Nacionalista Vasco.


- SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE EMPLEO PARA LOS JÓVENES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001938.)

El señor PRESIDENTE: Recuperamos ya el orden que figura en el orden del día y pasamos, por tanto, a la proposición no de ley que figura con el número 4, sobre elaboración de un Plan de empleo para los jóvenes, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa tiene la palabra don Ignacio Uriarte.


El señor URIARTE AYALA: Mi grupo presenta esta proposición no de ley para denunciar, por un lado, la dramática situación que está viviendo la juventud española y, por otro, para intentar poner algún remedio real y eficaz a los increíbles y dramáticos datos que estamos viviendo. La realidad a día de hoy, señorías, es que más de millón y medio de jóvenes parados tienen entre 16 y 29 años; que la tasa de paro juvenil alcanza ya al 42 por ciento y sigue subiendo, cuando otros países como, por ejemplo, Alemania alcanzan tan sólo una tasa del 8 por ciento de paro joven y baja mes a mes; que un 15 por ciento de los jóvenes españoles ni estudian ni trabajan y que, por ejemplo, un 53 por ciento de los jóvenes entre 18 y 33 años no pueden independizarse. Otra realidad, señorías, es que mientras el Gobierno, como hemos podido escuchar ampliamente esta mañana, dice que está haciendo cosas para mejorar la situación de los jóvenes en paro, los datos no hacen más que empeorar a mes. Es incalculable, señorías, el dramático impacto que va a tener esta situación para nuestro país y para toda una generación de jóvenes que han crecido con el maldito sello de ser los jóvenes de la generación Zapatero. Se pueden poner remedios urgentes, que quizá realmente sólo serán parches, pero al menos serán parches que podrán parar la sangría que se está provocando en toda una generación de jóvenes en España.


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Para poder salir de esta crisis que vive la juventud española hace falta más que el Plan de empleo joven que presentamos hoy aquí, hace falta un plan económico, un plan productivo, hace falta credibilidad y confianza en un Gobierno. Todo eso solo va a venir, y lo sabe ya la ciudadanía española, con un cambio de Gobierno; todo eso va a venir cuando se convoquen elecciones generales. Mientras tanto hoy, señorías, podemos hacer algo para ayudar a generar confianza entre los empresarios y que quieran contratar a la juventud en España. Son parches, en definitiva, a la incapacidad de un Gobierno sin ideas, sin proyecto y que ha manipulado a la juventud. Estoy convencido de que ustedes hoy, como llevan haciendo en los últimos meses con todos los planes, proyectos e iniciativas parlamentarias que hemos presentado en torno a la juventud, van a votar en contra; van a decir, como ha dicho la secretaria de Estado, que no tenemos propuestas, que tenemos una agenda oculta. Aquí hay propuestas y no hay ninguna agenda oculta; hay más de veinte propuestas en relación con la formación profesional, con el fomento del espíritu emprendedor, con el contrato para la formación y con la bonificación de cuotas para la contratación joven a menores de 30 años. Son propuestas reales, señorías, que pueden ayudar, como digo, a paliar esta situación. Ustedes van a decir que queremos fomentar la precariedad. La precariedad real, señorías, diputados del Partido Socialista, es que los jóvenes se levanten por las mañanas y se queden en sus casas, que no tengan nada que hacer; la precariedad real es que las madres se van a trabajar por la mañana y ven que sus hijos siguen metidos en la cama porque no tienen absolutamente nada que hacer. La juventud española está dispuesta a moverse, solamente quiere oportunidades y libertad para poder elegir lo que quiere hacer en cada momento. Den a los empresarios la posibilidad de contratarles; confíen, como ha dicho la secretaria de Estado, en los empresarios, que no van a utilizar a la juventud y que estoy seguro de que les dará caminos para poder salir de la crisis. No sigan de forma sistemática cercenando toda posibilidad de la juventud española de incorporarse al mercado laboral.


Espero que no lamentemos durante muchas generaciones esta situación. Desde luego, los jóvenes de hoy, que serán los adultos del mañana y los que llevarán las riendas de este país en un futuro, se van a acordar siempre, y estarán muy agradecidos, de cómo han vivido con ustedes.


El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley no tiene enmiendas.


Para consumir un turno de fijación de posiciones tiene la palabra la señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Solo intervendré para fijar nuestra posición porque, efectivamente, mi grupo no ha presentado enmiendas a esta PNL del Grupo Parlamentario Popular; posición que se reflejará en un voto en contra, no porque no coincidamos, además de manera clara, con el qué, con el objeto de la PNL presentada por el señor Uriarte, sino porque no coincidimos en absoluto en el cómo pretende hacerse frente a una situación que a todos nos preocupa, como es el amargo, grave y preocupante problema de las cifras de empleo joven que tenemos en nuestra sociedad.


Voy a ceñirme a los capítulos de la propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Popular. Formación profesional. Estamos absolutamente de acuerdo en que hay que acometer la reforma del sistema del que nos hemos dotado -y que actualmente organiza la formación de las personas empleadas o de las desempleadas-, pero no a través de herramientas como las que no propone, como el cheque formación. Con respecto al fomento del espíritu emprendedor, pasa otro tanto. Contrato para la formación. Sinceramente, entendemos que es una manera de ligar el empleo joven a una mayor precarización del sistema de empleo. Por último, las bonificaciones, que a lo largo de estos dos últimos años se han demostrado claramente incapaces, en fórmula o en herramienta, para hacer frente al desempleo, de resultar de especial utilidad al empresario a la hora de contratar.


Por tanto, en la medida en que sí en el qué pero no en el cómo -supongo que a eso se le llama ideología-, votaremos en contra.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don César Luena.


El señor LUENA LÓPEZ: Señores del PP, vamos a votar en contra de su iniciativa porque el Grupo Socialista siempre vota en contra de sus intentos por precarizar el empleo para los jóvenes. Animados por Rajoy, que por cierto, que yo sepa, es el único que se queda en la cama hoy en día en España, y su ya no tan oculta agenda antisocial, e inspirados por Cameron y sus políticas conservadoras, nos traen hoy aquí una propuesta que recoge, repetidas, medidas ya presentadas y rechazadas en esta Cámara y otras que no quisieron o no se atrevieron a presentar en su momento, que es cuando correspondía, al tramitarse en las cámaras la reforma laboral. Por tanto, en lo que ya conocíamos, más de lo mismo y en las novedades pasos atrás. Precariedad y temporalidad, ese es el resumen de la iniciativa a la que llaman plan o, como decía el portavoz del Grupo Popular, parche.


Señorías, el Gobierno, en parte impulsado por iniciativas parlamentarias, viene desarrollando una política laboral y de formación muy clara en relación con los jóvenes: impulsar la formación de calidad en equidad y favorecer la contratación indefinida, estable y con salarios cada vez más dignos, en un contexto muy difícil de crisis económica y de niveles muy altos de desempleo juvenil. Los socialistas somos conscientes de la gravedad de la situación y por eso esta política es una prioridad que ya está dando, por cierto, resultados. Esa política se la propusimos a ustedes en la Conferencia de Presi

dentes, pero todos sabemos que no quieren acuerdos que

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beneficien a los jóvenes sino que quieren, y así llevan muchos años, utilizarlos en su estrategia y en su discurso partidista, exclusivamente partidista. Esa política, que es estabilidad, calidad y derechos para los jóvenes, es la que se está desarrollando ahora con la reforma laboral -daré datos después- y a través de la reforma de la formación profesional que contiene el proyecto de ley de economía sostenible; ambas también sin sus propuestas y sin su apoyo. ¡Qué novedad! Esa política es la que les propondremos a ustedes en la nueva organización y funcionamiento de las políticas activas de empleo, les esperamos, a ver si nos dan una sorpresa.


Decía que el trabajo que hace el Gobierno socialista es impulsar la formación de calidad en equidad. Por ello, ya está en marcha el Plan estratégico de formación profesional, que supone una adecuación de la oferta formativa con las demandas del sistema productivo, una flexibilización del sistema a través de las pasarelas, que recoge la ley de economía sostenible, un incremento notable de los programas de cualificación profesional inicial, el 31 por ciento en el curso 2009-2010 con respecto al curso anterior, y una previsión de aumento de la matrícula para el próximo curso de 5.500 alumnos, más el desarrollo de un modelo integrado de información y orientación en colaboración con las comunidades autónomas, el portal TodoFP. Les decía también, señorías, que nuestro empeño, el del Gobierno y del Grupo Socialista, es aumentar la estabilidad y los derechos en el empleo de los jóvenes, que fue lo que hicimos en la reforma laboral; evitar el despido como solución fácil en las empresas en crisis; fomentar la contratación indefinida mediante incentivos; mejorar las condiciones de la contratación temporal con más indemnización por despido y poner más condiciones para acabar con la concatenación de contratos temporales que ustedes proponen; hacer de las prácticas un verdadero rodaje profesional y no una vía para la explotación; incentivar la contratación de jóvenes mediante bonificaciones, sobre todo para aquellos supuestos que convierten en indefinido un contrato de formación, relevo o sustitución; promover la cualificación profesional y la incorporación al empleo de los jóvenes sin formación. Señores del Grupo Popular, señor Uriarte, ahora los contratos de formación tienen una bonificación del cien por cien de las cotizaciones sociales al empresario, un límite de seis meses a dos años, el cien por cien del salario mínimo interprofesional y, sobre todo, protección por desempleo. Y los contratos en prácticas tienen también una limitación temporal, igual que la anterior, de seis meses a dos años, y la obligación de que el salario de estos trabajadores no pueda ser inferior en el primer año al 60 por ciento del salario de ese puesto de trabajo ni en el segundo año inferior al 75 por ciento del mismo. Sepan que estos contratos han aumentado desde la entrada en vigor de la reforma en un 46 por ciento respecto al año 2009 y en un 39 por ciento respecto al año 2008.


¿Qué es lo que proponen ustedes? Incentivar la precariedad, la temporalidad y el encadenamiento de los contratos; menos derechos laborales para los jóvenes. Por eso no podemos y no vamos a apoyar esta iniciativa, porque sus propuestas justifican el encadenamiento de contratos precarios y ofrecen una modalidad contractual barata en la que la formación es lo secundario; su iniciativa es una excusa para hacer permanente la precariedad sin restricción alguna. Y no la vamos a apoyar porque quieren impulsar los contratos temporales, como hicieron, por cierto, cuando gobernaron. No innovan; lo del futuro y la modernidad hace tiempo que lo llevan bastante mal.


Termino, señor presidente. Señores del Grupo Popular, les voy a pedir una cosa: por una vez sean oportunos en lugar de oportunistas; colaboren desde las instituciones y desde su partido en las políticas que ahora están en marcha, especialmente en la reforma de las políticas activas, y prediquen con el ejemplo, porque ahí donde gobiernan, véase Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, La Rioja, es donde más ha subido el paro entre los jóvenes, y siendo esto así, es donde más se ha reducido el apoyo a las políticas activas de empleo. Por eso, señorías del Grupo Popular, dejen el oportunismo electoral y hagan y propongan las políticas que los jóvenes españoles merecen, que no son ni temporalidad ni precariedad, que son calidad, estabilidad y derechos.


- SOBRE LA REMISIÓN DE INFORMES EN RELACIÓN CON LOS PLANES INTEGRALES DE EMPLEO PARA AQUELLAS ZONAS QUE PRESENTEN ALTAS TASAS DE DESEMPLEO Y PARA LA VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PLANES INTEGRALES DE EMPLEO YA APROBADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001977.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre la remisión de informes en relación con los planes integrales de empleo para aquellas zonas que presenten altas tasas de desempleo y para la valoración de la efectividad de los planes integrales de empleo ya aprobadas. Esta proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa tiene la palabra el señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, los planes integrales de empleo son un instrumento que creó la Administración del Estado para aquellas comunidades autónomas que tenían especiales tasas de desempleo con el objeto de posibilitar mejoras en la actividad y la ocupación de sus mercados de trabajo y conseguir, a través de medidas de fomento del empleo, una reducción de los desfases que las separan de la media española de tasa de paro. Para la firma de esos convenios, es necesario, evidentemente, el visto bueno de la comunidad autónoma. Se persigue que una comunidad autónoma que tenga una

situación de incidencia de desempleo muy superior a la

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media nacional, afectada por problemas coyunturales, pueda beneficiarse de ese conjunto de políticas de empleo a través de medidas como los programas de empleo, las escuelas-taller, la contratación pública de desempleados, etcétera. En la actualidad, existen planes integrales de empleo, y los de Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias o el de la bahía de Cádiz serían ejemplos de ello, y los objetivos esenciales están incorporados en ese convenio entre las dos administraciones, la estatal y la regional.


No obstante, a mi grupo parlamentario le preocupa especialmente que desde que se implantaron esos planes integrales de empleo -unos tienen fecha de inicio en el año 2007 y otros en 2009- no se haya hecho ningún balance, absolutamente ninguno, en relación con la efectividad, con la eficacia, con la eficiencia de estos planes y de su implantación. En la mañana de hoy hemos presentado una proposición no de ley para su debate y votación, con el objeto de que el Gobierno envíe un informe al Parlamento en los primeros seis meses del año próximo. Seis meses es mucho tiempo, aunque para el Gobierno no debe ser tanto, porque últimamente está incumpliendo todas las disposiciones de las leyes que le obligan a informar a este Parlamento. (El señor Membrado Giner: Ya empezamos. Con lo bien que ibas.) Esta mañana hemos tenido la oportunidad de ver cómo una disposición adicional de una ley de obligado cumplimiento es desobedecida literalmente por el Gobierno con el no envío de un informe preceptivo y obligatorio. (El señor Membrado Giner: ¿Cómo que desobedecida?) Hemos visto cómo se ha saltado por encima de su cumplimiento. Por tanto pedimos que el Congreso inste al Gobierno a enviar a este Parlamento en esos seis meses un informe detallado sobre la evaluación de estos planes, de todas y cada una de sus medidas, especialmente de los que en este momento están en vigor. Hemos tenido también la oportunidad de ver cómo el Gobierno aprobaba en el Consejo de Ministros de hace dos semanas las subvenciones para los planes que estaban en vigor en ese momento -el de Canarias, el de Extremadura, el de Castilla-La Mancha o el de la Bahía de Cádiz-, con un montante superior a los 95 millones de euros. La primera pregunta que se le podría ocurrir a cualquier español sería: ¿Cómo se le ocurre al Gobierno aprobar planes especiales de empleo, que fueron incorporados a los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y por tanto el 1 de enero, el 26 noviembre? ¿Cómo ha dejado transcurrir nada más y nada menos que once meses del año 2010, con 5 millones de parados, con una tasa de paro superior al 20 por ciento, para aprobar planes que podían estar en marcha desde el 1 de enero y que hubieran fortalecido las actuaciones de las comunidades autónomas en las que están en vigor? Esa sería la pregunta que se podría hacer cualquier español viendo la fecha de aprobación por el Consejo de Ministros de las subvenciones para la dotación de estos planes integrales de empleo.


La segunda pregunta, que no es menos evidente es: ¿Por qué solo prorrogan algunos de los planes que existían desde el año 2007? ¿Por qué han prorrogado el de Canarias, el de Extremadura, el de Castilla-La Mancha o el de la Bahía de Cádiz? ¿Por qué tienen que ver con comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Socialista o con comunidades autónomas que han pactado los Presupuestos Generales del Estado de este año y que se han incorporado también al Presupuesto de 2011? ¿Por qué ha desaparecido, por ejemplo, el Plan especial de Galicia? ¿Por qué concretamente el de Galicia en un momento en el que el Gobierno de esa comunidad autónoma ha cambiado de color? (El señor Membrado Giner: Porque ahora va muy bien.) ¿Por qué es la única comunidad en la que desaparece? Nos tememos mucho que es por una cuestión absolutamente sectaria, porque, desgraciadamente, los responsables del gobierno de esa comunidad autónoma han cambiado de signo -repito- y ha caído en las prioridades de atención de sus parados por parte del Gobierno. Desde nuestro punto de vista, para la prórroga de estos planes que tan alegremente se siguen haciendo en los últimos años es indispensable que se evalúen, que se controlen, que haya un balance de su eficacia en los últimos años, porque nos tememos que en estos momentos son un brindis al sol, que lejos de respaldar las iniciativas de las comunidades autónomas, están sirviendo para bien poco.
Es cierto que todas las comunidades autónomas que en este momento tienen planes integrales en vigor tienen tasas de paro por encima del 20 por ciento -Andalucía tiene un 30 por ciento o más de paro, Canarias tiene un 28, Castilla-La Mancha tiene un 24 y Extremadura tiene un 26-, pero no es menos cierto que la Comunidad Autónoma de Valencia tiene un 23,4, que Murcia tiene un 23,6 o que Ceuta tiene un 23 por ciento. La pregunta sería: ¿Cuál es el criterio objetivo de este Gobierno, si no es el número de parados, si no es la tasa de desempleo para aprobar o no planes especiales integrales de empleo? ¿Cuál es el criterio? ¿Que sean comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista? Si es así, díganlo, pero, si no, no se entiende que solo aprueben planes integrales de empleo para las comunidades autónomas en las que gobiernan ustedes, porque hay otras -repito- que tienen tasas superiores a la media del conjunto de la población española.


Dicho esto, entiendo que la prórroga futura de alguno de los planes desde el punto de vista presupuestario -ya he dicho que el caso de Canarias era uno de ellos- tendrá cuando menos que someterse a la información de esta Cámara, mediante un informe por parte del Gobierno que haga un balance completo de todas y cada una de las medidas y, sobre todo, de su grado de eficacia en términos de creación de empleo. Si no es así, no podremos seguir dando respaldo a determinadas iniciativas que, por una parte, no se evalúan, por otra parte, no sirven para nada y, por último, solo corresponden a comunidades autónomas de parte y no al conjunto de los ciudadanos de este país.


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El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No he podido escuchar la intervención del señor Echániz, pero mi grupo comparte la necesidad de transparencia en estas políticas públicas. Por tanto, en ejercicio de las facultades constitucionales de control de la acción de gobierno, es imprescindible que nos acostumbremos a que ese tipo de planes vayan acompañados siempre de información al Parlamento para poder conocer sus impactos y poder efectuar la correspondiente evaluación. Por tanto, apoyamos la iniciativa del señor Echániz.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Mercedes Gámez.


La señora GÁMEZ GARCÍA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar su posición en torno a esta proposición no de ley.
Señorías, mi grupo no puede más que estar a favor de estos planes y medidas, que son instrumentos adecuados y demostradamente útiles para conseguir equilibrar a todas las provincias y comunidades autónomas de España en lo que a empleo se refiere. Con estos planes se ha conseguido un gran avance en cuanto a la empleabilidad de zonas especialmente afectadas por el desempleo, ya sea por su situación geográfica o por la configuración de su propia economía y sus sectores de producción. Los planes han supuesto para las zonas en las que se han desarrollado un enorme avance o mejora y en otras zonas es necesario que sigan desarrollándose, como es el caso del Plan de la Bahía de Cádiz.
Convendrán conmigo que su desarrollo ha resultado completamente necesario dadas las enormes repercusiones sociales que tuvo la extinción de los contratos de la multinacional Delphi o la tasa de desempleo que actualmente existe en Canarias y en Extremadura, superior al 28 por ciento, que también es necesaria la creación de un nuevo plan especial para Ceuta, dadas sus tasas de desempleo.


Señoría, ha hecho usted referencia a los planes integrales que no se han renovado y ha acusado al Gobierno de hacer una política partidista por esta no renovación. Se ha referido a la no renovación del Plan integral para Galicia, pero no se ha referido a la no renovación del Plan integral para Jaén, que es mi provincia, una provincia gobernada fundamentalmente por el Partido Socialista. Le voy a decir por qué no se ha renovado este plan: porque ha cumplido su principal objetivo, de lo cual estamos muy orgullosos. Ha eliminado la enorme brecha de desempleo fundamentalmente vinculada al mundo rural y al agrario que nos separaba de la media española y lo ha hecho a través de un plan de duración de dos años circunscrito dentro del Plan Activa Jaén, proyecto a tres bandas entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén, tendente a sacar a mi provincia del vagón de cola del país en el que la colocaron. Este plan ha supuesto una inversión de 22 millones de euros, con actuaciones industriales, proyectos destinados a la mujer en el entorno rural, inserción de empresas en zonas con necesidades de iniciativas industriales, proyectos de reindustrialización, tutorización de proyectos emprendedores, atención a personas dependientes a través planes del Acuerdo para el empleo y la protección social agraria -el PER-, proyectos de diversificación de instalaciones de cooperativas oleícolas y programas de teleformación. En definitiva, este proyecto ha dado sus frutos porque ha roto con los mayores problemas estructurales vinculados al empleo. Los problemas de desempleo continúan, no podemos negarlo, pero en la actualidad se desarrollan por quien tiene la competencia, por la Junta de Andalucía, puesto que se ha reducido la enorme brecha que la separaba del resto de España.


En cuanto al contenido de la proposición no de ley que tratamos hoy sobre el informe de evaluación del desarrollo de los distintos planes desarrollados por el Gobierno de España, mi grupo no tiene ningún inconveniente en que, una vez finalizado, se proceda a su análisis y valoración, aunque, señoría, como usted bien sabe, los planes integrales de empleo se desarrollan junto con las comunidades autónomas a las que afectan, mediante la suscripción de un convenio de colaboración en el que se especifica que de los mismos se realizará un seguimiento y finalmente una valoración. Por tanto, ¿nos están pidiendo que se debatan en el seno de esta Comisión los informes de evaluación que ya se vienen realizando? Estamos de acuerdo. Votaremos a favor su proposición. (El señor Membrado Giner: ¡Muy bien!)

- SOBRE LA REGULACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS ASISTENTES PERSONALES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001862.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: Proposición no de ley sobre la regulación de la relación laboral de los asistentes personales, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta proposición no de ley que presentamos pretende impulsar una de las figuras que creó la Ley de Dependencia, orientada a facilitar la autonomía personal de las personas con discapacidad, que es la figura del asistente personal. Durante la tramitación del proyecto de ley de autonomía personal y atención a las personas con dependencia, buena parte del sector de la discapacidad insistió en la necesidad de incorporar en las políticas sociales que se venían desarrollando en España una figura que pusiese el acento en los apoyos específicos más personalizados

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que deben recibir las personas con discapacidad para facilitar su movilidad, su acceso al empleo, su disfrute del tiempo libre, en definitiva, para hacer posible una vida independiente y autónoma para esas personas. En esa filosofía se impulsaba la creación de un profesional que acompañase a esas personas para garantizar ese objetivo.
Además se ha pretendido hacer de la manera más flexible posible, adaptándose a las necesidades de las personas con discapacidad, manteniendo su libertad para elegir qué persona las va a acompañar a lo largo de todo el día, a veces en momentos muy íntimos y muy especiales.
Esa realidad del asistente personal generó importantes expectativas entre los colectivos de personas con discapacidad. Lo cierto es que el desarrollo que ha tenido la figura del asistente personal hasta la fecha ha sido muy escaso. Por ejemplo, en Cataluña tan solo se han contratado diecisiete asistentes personales en el marco de la Ley de Atención a la Dependencia. Estamos convencidos de que más allá de las dificultades que existen para la implantación de la figura del asistente personal es una figura que debe continuar potenciándose. Esa aspiración a configurar una prestación muy personalizada, muy orientada a facilitar la vida independiente de las personas con discapacidad tiene todo el sentido del mundo.


En este ámbito es relevante que las relaciones laborales que se establecen entre ese profesional y quien le contrata respondan a un marco laboral claro y adaptado a las características específicas que tiene ese tipo de relación. Hoy por hoy, el Gobierno está siendo partidario de equiparar la figura del asistente personal a la figura del trabajador del hogar. Se afirma que las características de estos profesionales se amparan en la relación laboral configurada para los trabajadores del hogar. Mi grupo coincide con el Cermi en que las características que identifican a los empleados del hogar no son aplicables a los asistentes personales, no lo son. El objeto de la relación laboral para servicios o actividades prestadas en o para la casa está más orientado a las actividades de carácter doméstico o a otro tipo de consideraciones, pero no específicamente a esa filosofía de facilitar la vida independiente de las personas con discapacidad. En este sentido, somos partidarios, tal como el Cermi ha propuesto, de regular una relación especial para garantizar una fórmula contractual adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad, para generar una fórmula estable de empleo para los asistentes personales y que eso vaya acompañado de la suficiente protección social, tanto en materia de desempleo, como en materia de riesgos laborales, como en la generación de sus propios derechos de pensión, todo ello en un contexto en el que las oportunidades de crear empleo en la atención a las personas van a ser muy importantes en los próximos años. De ahí el sentido de esta proposición no de ley, que insta al Gobierno a efectuar las modificaciones legales oportunas para regular la relación laboral de los asistentes personales de las personas en situación de dependencia. Nos parece que un mejor marco laboral, más claro, más flexible y más adaptado a las propias circunstancias de estos profesionales podría ser un impulso para que la figura del asistente personal dejase de ser tan excepcional y tan anecdótica y se empezase a entender como una fórmula de atención específica a las personas con discapacidad que aspiran a construir un proyecto de vida autónomo, independiente y lo más capaz de hacer posible el deseo de ser felices de estas personas. Espero que esta iniciativa cuente con su apoyo.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Belén do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Señorías, hoy debatimos un tema importante como es el de los asistentes personales, una figura muy conocida en otros países europeos desde hace más de veinte años, sobre todo en gran parte del norte de Europa, en países como Noruega, Dinamarca, Holanda, Suiza y Gran Bretaña. Estos dos últimos cuentan además con una legislación específica; hay que recordar que Suecia la aprobó en el año 1994 y Gran Bretaña en 1996. También hay que añadir que en Estados Unidos existe desde hace más de treinta años. Es verdad, como decía el portavoz de Convergència i Unió, que en España esta figura comenzó a ser considerada y discutida en la legislación durante la tramitación del proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.


Como bien se explica en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, hace tiempo que el Cermi planteó al Gobierno de la nación la necesidad de regular la relación laboral de los asistentes personales de las personas en situación de dependencia, ya que en la actualidad existe una inseguridad jurídica en la prestación de este tipo de servicios de proximidad. Nadie puede discutir hoy por hoy que los asistentes personales son una figura importante e imprescindible de apoyo a las personas dependientes para que puedan hacer actividades de su vida diaria. Entendemos por tanto que es un recurso imprescindible para conseguir esa autonomía y esa independencia para las personas en situación de dependencia. Es verdad que son muchas las personas que tienen mermada su capacidad y su autonomía física, lo que les impide realizar actividades diarias como vestirse, lavarse, comer, beber o desplazarse por sí solas, pero de la misma manera es verdad que tienen la capacidad de poder elegir en cualquier momento qué actividad quieren desarrollar y en qué momento, actividades como tareas personales, del hogar, acompañamiento, comunicación o conducción entre otras. Aquí aparece la figura imprescindible del asistente personal, que, a nuestra manera de entender, debe tener unos derechos y también unos deberes regulados jurídicamente. Hay que tener en cuenta que la figura del asistente personal ha sido históricamente suplida por la familia, por las madres, las hermanas, las esposas, que son las que tradicionalmente realizaban esa función.


La estructura familiar y social de España ha hecho que esas

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carencias de los servicios sociales fueran cubiertas por el propio entorno. Hoy en día está cambiando la situación. El aumento de la expectativa de vida, los cambios en la estructura familiar, así como el bajo índice de natalidad hacen que cada vez exista una mayor demanda de esta figura del asistente personal. Es verdad que la falta de cobertura jurídico-laboral de un asistente personal dificulta en gran medida que se puedan generalizar este tipo de servicios, teniendo que acudir a una relación laboral no del todo apropiada en este caso, como es la de los empleados del hogar, o contratarlos a través de una empresa privada. Por eso vemos positiva esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que insta a realizar una serie de normativas legales para establecer esa relación laboral del asistente personal y que, entre otras normas, supondría la modificación del Estatuto de los Trabajadores.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que esta nueva regulación no solo promovería empleos estables y de calidad, sino que eliminaría situaciones precarias existentes en este sector de actividad y afloraría un importante número de trabajadores que hoy en día están en la economía sumergida. El vacío del asistente personal tanto desde el punto de vista jurídico, como administrativo, ya que no existe ningún convenio legal para estos trabajadores ni tampoco se contempla esta figura dentro del INEM, hace que en muchos casos existan contratos precarios y con jornadas laborales excesivas. A esto hay que añadir la clara tendencia al envejecimiento de la población española que demandará este tipo de servicios, ante el aumento de la expectativa de vida, lo que nos obliga objetivamente a regularlo. Esto conllevará la creación de nuevos puestos de trabajo directos, que pueden ser complementados con otro tipo de servicios que beneficiarán claramente a los dependientes españoles. A modo tan solo de apunte, porque esto sería cuestión de un debate más amplio, se entendería justo regular la contratación de la figura del asistente personal en un régimen especial propio, a medio camino entre el régimen especial de empleados del hogar y el servicio de ayuda a domicilio, cogiendo la referencia de la flexibilidad y la agilidad del primero y las garantías de protección social y de Seguridad Social del segundo. Por esto, señorías, vamos a apoyar esta proposición no de ley, a la que presentamos una enmienda de adición, en el sentido de comprometer al Gobierno de la nación a que, con voluntad política, determine un plazo, en este caso, un plazo de seis meses, para regular esta normativa de los asistentes sociales, de acuerdo -como expresó el portavoz de Convergència i Unió- con el artículo 19 de la Ley de promoción de la autonomía personal y de las personas en situación de dependencia, que claramente establece la prestación económica de la asistencia personal, que tiene como finalidad la promoción de la autonomía para las personas con dependencia y cuyo objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación, al trabajo y a una vida más autónoma dentro del ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Es verdad -queremos dejar constancia de ello- que, con el previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Dependencia, se establecen las condiciones específicas de acceso a esta prestación, sin embargo -ya finalizo, señor presidente- han pasado cuatro años y el Gobierno a día de hoy no ha regulado la relación laboral de los asistentes personales.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas y para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Esperança Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Señor Campuzano, empiezo por el final. Hemos presentado una transaccional de cuyo contenido hemos estado hablando y espero que antes de la votación podamos llegar a un acuerdo. Su sensibilidad en este caso conecta plenamente con la de mi grupo y por tanto pensamos que estaría bien llegar a un acuerdo con esta transaccional y votarla conjuntamente. De todas maneras, voy intentar fundamentar esta enmienda transaccional para que quede constancia en el "Diario de Sesiones".


La figura del asistente personal se contempla por primera vez en nuestro ordenamiento en el año 2006, en la ley aprobada e impulsada por este Congreso y por el Gobierno socialista, que crea un nuevo sistema que se convierte en un hito en nuestro sistema de bienestar, que es el de la autonomía personal y la atención a la dependencia. Pero este hito ha puesto al conjunto del país en situación, pues requiere de un alto grado de cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para llegar a los acuerdos necesarios para su desarrollo e implantación en el conjunto del territorio español. La colaboración de los ayuntamientos y de las organizaciones sociales y empresariales está siendo fundamental.
Sin todos los agentes esto no sería posible. Por tanto, aprovecho para poner en valor el papel del Cermi al recordarnos que es necesario avanzar en la figura del asistente personal. Pero fíjense, va bien poner las cosas en proceso. En su día, cuando aprobamos la ley, ya aprobamos que su desarrollo nos llevaría como mínimo al año 2015 -estamos en el año 2010- por la complejidad de la puesta en marcha del sistema. Faltaban recursos previstos en el catálogo de servicios y prestaciones que después se aprobó en el consejo territorial, no existían los profesionales necesarios, tampoco existía la formación ni la capacidad de financiación, que entonces estimábamos en un uno por ciento del PIB, aunque ya sabíamos entonces y lo estuvimos comentando en su día que esta cifra, al ponerlo en marcha, iba a suponer bastante más. Sobre todo esto, había una complejidad muy grande, porque teníamos que poner a todos los actores implicados en sintonía. No podía ser una ley solo del Estado; implicaba las competencias de las comunidades autónomas -lo sabe muy bien, señor Campuzano, porque esto fue motivo de un debate muy profundo en aquel entonces- pero también de las corporaciones locales y de otras entidades.
Por tanto, el éxito de la implantación de esta ley pasaba por nuestra capacidad de poner en sintonía todos y cada uno de los elementos que la componían. Por tanto el proceso es importante.


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¿Dónde estamos ahora? Han pasado unos años, nos faltan cinco del tiempo que estimábamos para la consolidación y la implantación, y eso obliga a este Congreso de los Diputados, que en su día ya puso mucho calor, mucho cariño y muchas ansias en hacer propuestas que ayudasen a este fin. En este sentido, señor Campuzano, no puedo más que agradecer su iniciativa -la vemos con simpatía, la vemos con agrado y la vemos como una necesidad-, pero es bueno recordar el trabajo hecho, porque es un trabajo de todos. Ayer miraba los reales decretos, las resoluciones, las órdenes, los convenios que hemos hecho con las comunidades autónomas y los acuerdos que se han ido alcanzando por unanimidad. Es un trabajo tan exhaustivo que algún día tendremos que hacer una memoria del impacto que ha supuesto en las organizaciones territoriales, en las comunidades autónomas la implantación de esta ley -puesto que ha supuesto un revulsivo muy importante que vale la pena poner en valor- y también en las propias personas beneficiarias, que en este momento llegan a 1.100.000. La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿Estamos contentos con esto, porque hemos llegado al número de beneficiarios necesario, o hemos de avanzar un poquito más? Aquí es donde tiene pleno significado su proposición no de ley. La ley reza: Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Acuérdense del debate que tuvimos: autonomía versus atención. Hemos trabajado mucho en la atención a las situaciones de dependencia, porque era imprescindible. Hemos trabajado en residencias, centros de día, centros de noche -todavía estamos en proceso, porque requiere un gran esfuerzo de inversión- y también en capítulo 2, es decir, en implantación de profesionales, convenios con las empresas y demás. Pero la parte más importante, que todos sabíamos que era el gran reto, era la autonomía personal, porque suponía un cambio de paradigma, suponía pensar en otra clave, suponía pensar que el beneficiario va a serlo de su vida autónoma, alcanzando niveles de independencia cada vez mayores y que hasta ahora no estaban implantados en ese marco de referencia; aquí nos ha ayudado muchísimo la Convención de los derechos de las personas en situación de discapacidad, que nosotros fuimos de los primeros países en firmar. Los conceptos de autonomía y de independencia adquieren cada vez mayores niveles y tienen que estar más presentes en el desarrollo de esta ley. Este debe ser nuestro objetivo en estos próximos cinco años -que no empieza hoy, sino que ya se empezó, y voy acabando-, esa prestación económica de asistencia personal que la ley previó. Ya se hablaba de un número de horas, incluso de tipos de contrato, fueran a través de la figura de autónomo, en relación directa del beneficiario con la persona contratada o por cuenta ajena, pero la ley no decía nada más ni hasta estos momentos hemos avanzado más, excepto las experiencias que tenemos en las diferentes comunidades autónomas. Fíjese, señor Campuzo, decíamos que hasta 2015 no tendríamos el cien por cien del personal que preste tales servicios en relación a la autonomía personal, al asistente personal. Todavía nos falta tiempo, pero es verdad que esto hay que ponerlo en solfa. Hay que determinar la naturaleza de la relación contractual existente con la persona, ver cómo ha funcionado, cómo podemos avanzar en unos niveles más claros de cualificación, de protección, etcétera, teniendo en cuenta, además, que están excluidos del régimen de empleado de hogar, como así debe ser.


Entendemos que esto es un avance, que debe contemplarse de manera distinta en nuestro ordenamiento jurídico. Pero, señor Campuzano, también hay que hacer participar, como es de ley, a las comunidades autónomas y a las entidades. Por tanto, nuestra transacción va en esta línea: avanzar, sí, pero siguiendo con el círculo de cooperación interinstitucional que tenemos hoy ya implantado, evaluando hasta dónde hemos llegado, cuántas personas, qué tipo de fórmulas, qué funciones se le encargan, y a partir de ahí avanzar en los contenidos que usted plantea.


Nos encantaría llegar a un acuerdo, porque creo que su objetivo es el nuestro y me gustaría que fuera el de todos.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, ¿hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y dos enmiendas del Grupo Socialista o una transaccional? Usted dirá.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Espero, señor presidente, que antes de la votación podamos cerrar un acuerdo basado en la enmienda transaccional del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: ¿Ahí van incluidas las tres?

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Lo intentaremos.


El señor PRESIDENTE: Cuando la tengan redactada, si es tan amable, nos la pasan.


- SOBRE LA AMPLIACIÓN A 12 AÑOS DE LA EDAD DEL MENOR REQUERIDA PARA ACCEDER AL DERECHO DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE MENORES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001875.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura con el número 8, sobre la ampliación a 12 años de la edad del menor requerida para acceder al derecho de reducción de jornada por cuidado de menores.
Esta proposición está planteada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Si me lo permiten, empezaré por el final, puesto que ha habido un acuerdo con el

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Grupo Popular y con el Grupo Socialista que ha permitido llegar a una transaccional. Celebro que se haya conseguido, aunque ya a priori sabíamos que el final sería feliz, puesto que no pedimos nada que no haya preconizado el Partido Socialista; es más, en el programa electoral del año 2008, expresado de forma contundente y clara para que no hubiera dudas, se dice: Se elevará de 8 a 12 años la edad de los hijos para tener derecho a la reducción de jornada. Ya sabíamos que hoy debíamos llegar, de forma ineludible, a un acuerdo con el Grupo Socialista. Debo reconocer que también ha sido gracias al Grupo Popular, que ha presentado una enmienda cargada de contenido y que ciertamente ha actuado como catalizador del acuerdo. Si hemos llegado a este acuerdo habrá sido porque todos estamos convencidos de la bondad de lo que se solicita que, repito, es algo reclamado por todas las fuerzas políticas que estamos en este Parlamento. ¿Por qué? Porque es evidente que más allá de la existencia de un agravio comparativo, que no se entiende, respecto a los funcionarios o funcionarias que pueden reducir la jornada laboral por el cuidado de hijos hasta que estos tienen 12 años, no tiene ningún sentido que los trabajadores que no pertenecen a la Administración pública no puedan ejercer este derecho después de que sus hijos cumplan 8 años. Este agravio no tiene ningún sentido.


Todos estamos convencidos de las bondades de dar un salto a favor de lo que pedimos, que son políticas natalistas, de estímulo a la ocupación femenina, de cohesión familiar, de desarrollo personal, porque crea objetivos de uso racional del tiempo y que, además, obliga al ciudadano o ciudadana a jerarquizar los valores, puesto que hay personas que optan por tener menos ingresos económicos, incluso por privarse de unos niveles de consumo que otros ciudadanos pueden permitirse, para dar prioridad a otros valores, como, por ejemplo, la educación de los hijos, que tiene beneficios, no solo en cuanto a su formación sino incluso en todo lo que tiene que ver con los resultados académicos; también en el ámbito empresarial se ha demostrado que el hecho de que los trabajadores puedan conciliar la vida laboral y familiar es un plus de excelencia, puesto que redunda en la productividad, en el trabajo realizado. Existe un universo de beneficios y todos ellos constituyen una inversión social, lo que de manera recurrente ha sido objeto de múltiples debates en este Parlamento.
Por tanto, podemos ahorrarnos parte de los ítems y del argumentario, puesto que en muchas ocasiones hemos hablado de lo beneficioso que sería para nuestra sociedad el hecho de que se pudiera conciliar mejor la vida laboral y la vida familiar.


Además, este debate llega en un buen momento. Hace quince días, estuvimos debatiendo en la Comisión del Pacto de Toledo la recomendación 5, adecuación de las bases y periodos de cotización, y precisamente introducíamos un párrafo en el que, aun cuando se afirmaba que el cálculo de la pensión debe realizarse sobre los periodos de cotización real, hablábamos de la necesidad de reconocer o favorecer determinadas situaciones y supuestos en el procedimiento de cálculo de la pensión a los efectos de añadir o minorar periodos o bases de cálculo. Ya estamos contemplando la posibilidad de recoger aquellas excepciones que se consideran necesarias para mantener la viabilidad del sistema y hacerlo no solo funcional sino socialmente progresista. En ese sentido, por un lado tenemos los avances en el debate de las recomendaciones del Pacto de Toledo y, por otro lado, los antecedentes de los progresos que se han producido en los últimos años; por ejemplo, la Ley de Igualdad, que ya significó un paso hacia delante o el programa Concilia, etcétera. Es cierto que en ese sentido este Parlamento ha avanzado mucho en los últimos años.


¿Qué pedíamos? Que el Partido Socialista, si me permiten la expresión, se mojara un poquito más; dicho en términos más académicos, pasar a un segundo nivel de concreción de sus voluntades. Por esta razón instábamos al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas oportunas para que, repito, los trabajadores que no pertenecen a la Administración pública también pudieran acogerse a la reducción de jornada para cuidar a sus hijos hasta los 12 años -se acaba con un agravio- y que todo ello no comportara, puesto que es una inversión social, pagar prenda -dicho en términos coloquiales- respecto a pérdida o reducción de derechos de prestación social o a efectos de jubilación.


Estas son nuestras dos demandas. Al final, se ha llegado a una transaccional que para nosotros es muy interesante. ¿Qué dice la transaccional? Se le dice al Gobierno que hay que realizar las modificaciones legislativas, y es cierto que, dado el calado y la enjundia de lo que se solicita, el Grupo Socialista reclama -lo aceptamos porque entendemos que es lógico y natural- que previamente esta misma Comisión y la del Pacto de Toledo reciban el informe del Gobierno, pero, eso sí -porque ya nos conocemos todos y a veces hacemos alguna trampa parlamentaria-, en el plazo de seis meses. ¿Por qué en este plazo? Porque si se hace en el plazo de seis meses y el informe es negativo -que nosotros no tenemos por qué prejuzgar que será negativo, ya veremos qué dice-, cuando llega a esta Comisión y a la del Pacto de Toledo, pero básicamente a esta que es la que tiene competencia legislativa, todos los grupos parlamentarios decidimos qué es lo que hacemos, pero ya a partir de una decisión política adoptada aquí, que es la de realizar las modificaciones legislativas oportunas. Después nos quedaría el último periodo de sesiones, antes de que finalice la legislatura, para llevar a cabo este objetivo que, repito, afecta a miles y miles de personas, básicamente a mujeres que son las que -si me permiten la expresión- pagan el pato.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Lourdes Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Creo que hoy es un día para felicitarnos; para felicitar al grupo proponente porque ha logrado que un tema de calado pueda llegar a aprobarse mediante la redacción de una transac

cional, para felicitar al Grupo Parlamentario Socialista porque ha hecho un esfuerzo para que este documento

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pueda salir adelante, y para felicitarnos a nosotros mismos, al Grupo Parlamentario Popular, porque hemos actuado, según el proponente, como grupo catalizador para que esto pueda ocurrir. Me ha gustado el calificativo de grupo catalizador y por eso lo vuelvo a repetir.


Esta proposición no de ley nos parece muy interesante y muy oportuna.
Además, el señor Tardà se basa en la encuesta de la infancia en España 2008, que nos muestra un panorama nada recomendable para los niños comprendidos entre los 6 y los 14 años. Ese estudio concluye que en España 350.000 niños de esas edades los días laborables pasan toda la tarde solos en el hogar, que más de 920.000 niños sienten soledad en su hogar y que la razón fundamental son las largas jornadas y los horarios laborales. Por tanto, lo que se solicita en la proposición nos parece muy razonable para paliar en lo posible esta situación: que exista la posibilidad de reducción de jornada para todas aquellas personas que tengan hijos menores de 12 años.


Hay múltiples argumentos -también lo comentaba el proponente- para apoyar esta resolución. El primero de ellos, es que una de las promesas electorales del actual presidente del Gobierno fue la de ampliar la edad de la reducción de jornada por cuidado de un menor de hasta 12 años, y este compromiso todavía no lo ha cumplido el Gobierno. Por tanto, esta promesa debería cumplirse de cara a 2011, incluso debería estudiarse el ampliarla hasta la mayoría de edad, pero eso quizá sería demasiado en esta legislatura. Con esta proposición se cumple una promesa del actual Gobierno en cuanto a política social; no se incrementa ninguna partida presupuestaria y se favorece el empleo con el contrato a tiempo parcial, porque no olvidemos que España tiene ahora mismo unos porcentajes muy bajos de contratos a tiempo parcial en relación con la zona euro; el nivel de contratados bajo este paraguas en España es solo de un 12,3 por ciento y en la zona euro es del 21,5 por ciento, en Holanda incluso llega al 48 por ciento.


Otro argumento para apoyar esta iniciativa es que es una medida realmente importante para conciliar la vida laboral y familiar, que además ayuda a evitar el fracaso escolar, ya que es importante que los hijos no se encuentren solos en casa cuando llegan de la escuela y tienen que realizar los trabajos o deberes; es una medida que favorece esta conciliación, porque ayuda al padre y a la madre a estar en su hogar y a la vez seguir trabajando, y también favorece la natalidad, ya que en muchos casos no se tiene que elegir entre poder tener hijos o realizar un trabajo profesional. No olvidemos que los últimos datos de nuestro índice de natalidad no son nada favorables, ya que sigue bajando. Ha salido el porcentaje del año pasado y se pasa del 1,46 al 1,40, que es un dato preocupante para una España cada vez más envejecida. Por último, es de justicia que todos los trabajadores, con independencia de si son funcionarios o no, tengan los mismos derechos en lo referente a la conciliación.


Actualmente, el tiempo durante el que se puede solicitar la reducción de jornada es insuficiente para atender a la educación de un niño. La posibilidad de estar más con tu hijo e implicarte más en su educación, tanto escolar como total, debería modificarse en el Estatuto de los Trabajadores. Los que educan hoy a nuestros niños menores de 12 años son los abuelos o las niñeras -para quien tiene la suerte de poder tenerlas- y en los casos en que los niños se quedan solos, lo que es peor, es la televisión o Internet, con todo lo que esto implica. El artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores dice textualmente que quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 8 años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada.


En la Declaración Universal de los Derechos del Niño se fundamenta también esta solicitud, ya que concretamente el artículo 2 establece que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.
Al promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. En los artículos 6 y 7 se establece que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación y dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.


La situación actual en España es que las empresas españolas que prestan algún servicio de guardería para los hijos de sus empleados no llegan al 5 por ciento y solo una de cada diez ofrece horarios flexibles. Por otro lado, el Gobierno español se encuentra entre los que menos invierte en Europa en ayudas a la familia; no voy a dar los datos, pero España es uno de los países que dedica menos porcentaje de PIB a la familia, es el penúltimo en relación con los demás países europeos, sin confundir los diferentes porcentajes de PIB que se invierten en la familia con los de Eurostat, la OCDE, etcétera; es decir, existen diferentes índices que no se pueden mezclar, como hizo la ministra en su comparecencia en esta Cámara. Solamente expondré dos ideas más, y voy terminando. El 60 por ciento de las mujeres cree que los hijos son un obstáculo para la vida laboral. El estatuto de la Función Pública, la Ley 7/2007, en su artículo 48 establece la posibilidad de que el funcionario que tenga el cuidado directo de algún menor de 12 años pueda reducir su jornada de trabajo.


Por todo lo anteriormente expuesto, nosotros presentamos esa enmienda a la que ha aludido el señor Tardà, en la que solamente sustituimos el punto 2 porque nos parecía importante y prudente que se hiciera un estudio económico para saber qué repercusión, qué impacto económico podría tener en la Seguridad Social la modificación o los derechos que se tendrían que preservar con esta medida,

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y hemos firmado esa enmienda transaccional con la que creo que debemos estar muy satisfechos. Por último, quiero volver a felicitar al proponente y reiterar que creemos que esto debe llevarse a la Comisión del Pacto de Toledo y, en última instancia, a esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Tabuyo.


El señor TABUYO ROMERO: Señorías, saben que esta PNL que hoy nos ocupa ha sido y es y será uno de los temas de actuación prioritaria del ministerio y del Gobierno. Lo es, porque somos los que a lo largo de nuestros periodos de gobierno hemos apostado por la igualdad real, por la corresponsabilidad y por la conciliación de la vida familiar y laboral.
Las medidas de conciliación, la promoción de la mujer en todos los ámbitos y la corresponsabilidad a todos los efectos han estado y están en la agenda de nuestra acción política de presente y de futuro. Hablamos de cohesión, de desarrollo, de prioridades, de beneficios sociales, de ideología, de compromiso, de vocación, de organización del tiempo, etcétera, pero debemos recordar que el camino que queda por recorrer es muy largo y las estadísticas insisten en mostrarnos una realidad en la que la mujer sigue asumiendo muy mayoritariamente la mayor parte de las cargas. Si acudimos, por ejemplo, al abandono del mercado de trabajo por razones familiares, resulta que el 96,94 por ciento de los que lo hacen son mujeres; si acudimos a datos referidos a excedencias para el cuidado de hijas e hijos, el 95,90 por ciento de los que las cogen son mujeres.
Por tanto, nos sabemos la letra de esta iniciativa y hemos demostrado que esta preocupación la plasmamos en realidades para facilitar esta conciliación, tal y como hicimos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, extendiendo al ámbito del Estatuto de los Trabajadores la reducción de jornada por cuidado de hijos a los actuales 8 años, ya que con anterioridad sólo llegaba hasta los menores de 6 años. Numerosas iniciativas y planes han desarrollado amplias medidas que suponen claros avances. Esta nueva regulación del año 2007 se acompañó en la propia Ley de Igualdad de un conjunto de disposiciones en materia laboral y de Seguridad Social para permitir que el ejercicio de este derecho no tuviera impacto, o fuese el mínimo, sobre otros derechos de los trabajadores, fundamentalmente cómputo de períodos cotizados a la Seguridad Social, protección frente al desempleo o cuantía de indemnizaciones en caso de extinción del contrato, entre otros.


Señorías, son varias las iniciativas que tienen alguna relación con esta medida, algunas realizadas por los grupos parlamentarios, pero todos conocen que una medida importante de nuestro programa electoral es la que recoge nuestro posicionamiento claro sobre este particular y que en su momento la propia ministra de Igualdad manifestó querer llegar a alcanzar esa misma ampliación de edad de la que hoy nos ocupamos. El Ministerio de Trabajo comparte la preocupación por la mejor atención a los menores, pero no debe olvidarse que la regulación de aspectos relativos a la conciliación de la vida laboral y familiar se sostiene sobre un delicado equilibrio entre los intereses de las partes afectadas y deben hacerse compatibles diferentes bienes jurídicos dignos de protección y de intereses legítimos. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana se remite a la crudeza de los datos del informe de la infancia en España 2008, en el que se recoge que 17 por ciento de las niñas y niños están solos en su casa durante toda la tarde una vez que regresan de su actividad escolar, y a otras referencias que no hacen sino poner de manifiesto la necesidad de conciliar y de impulsar medidas en esta dirección. Esta situación, derivada de una realidad social desconocida en la generación anterior, genera alarma social por las consecuencias que la soledad a tan tempranas edades pueda provocar y preocupa en qué medida puede afectar a la formación de la personalidad de nuestros jóvenes.
Ciertamente las condiciones sociolaborales de la sociedad actual han dado paso a nuevas figuras derivadas de las nuevas estructuras familiares, sobre todo en el ámbito urbano, que han facilitado unas relaciones interpersonales diferentes a las que nuestra generación y las anteriores han conocido. Los niños de la llave son un ejemplo y la organización del ocio, el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en relación con los jóvenes y otras variables como el nuevo papel que juegan los ayuntamientos y la escuela en relación con la elaboración y creación de actividades extraescolares, son elementos que interaccionan con esta nueva realidad. Por ello es importante incidir también en la mejora de la calidad del trabajo, es decir, en generar unas condiciones laborales, especialmente referidas al tiempo de trabajo, que permitan y favorezcan la conciliación.


Insistimos en esta convicción que llevamos manifestando desde antiguo: la conciliación como elemento estratégico, que debe ser una política transversal que influya en todas y cada una de las medidas que se contemplen en todas las políticas. La actual coyuntura económica imposibilita que podamos pasar directamente de las musas al teatro, dificultan la solución de responsabilidades que alteren el equilibrio de intereses del que hablamos inicialmente y complica que de manera inmediata se puedan crear nuevas modificaciones importantes, ya que la temperatura socioeconómica reinante aconseja no hacer mudanza.


El Grupo Socialista ha presentado una enmienda con la voluntad de de acordar y transaccionar con el grupo proponente y con los otros grupos un texto que recoja nuestro interés compartido de continuar avanzando en esta dirección en la que llevamos años cumpliendo objetivos, y que a pesar de la evidente importancia del tema debemos analizar, primero, cómo afecta, y cuánto nos puede afectar en el entramado laboral que hoy tenemos, la posible aplicación de esta medida. Esa transaccional a la que hemos llegado recoge los puntos de acuerdo, que son muchos, y encarga la realización de un informe que evalúe el impacto de esta medida en todos los ámbitos. Señorías, un tema de tal importancia merecía un acuerdo máximo en interés de todos y todas y gracias a la responsabilidad de los portavoces de todos los grupos ha sido posible.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Intervengo simplemente para felicitar al Grupo de Esquerra Republicana, proponente de esta iniciativa, y a los enmendantes por haber alcanzando este acuerdo tendente a facilitar la ampliación de la edad máxima para permitir que padres y madres puedan reducir su jornada laboral para atender a sus hijos.


Una política amigable y confortable para las familias con hijos pequeños a cargo exige un sistema de licencias parentales y de reducciones de jornada más amplio que el que tenemos actualmente. Si buscamos en aquellos países que han conseguido incrementar de manera sustancial sus tasas de fertilidad y fecundidad y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de las familias con hijos a cargo, nos encontraremos siempre con que son los que tienen políticas avanzadas en este ámbito.


Por las cuestiones de fondo que expresa esta proposición no de ley, es evidente que va a contar con nuestro apoyo, insistiendo en agradecer el esfuerzo realizado por todos los grupos para alcanzar ese consenso.


- SOBRE BONIFICACIONES Y AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001692.)

El señor PRESIDENTE: Finalmente, vamos a debatir la proposición no de ley que figura con el número 9, sobre bonificaciones y ayudas a las empresas de inserción, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Perestelo.


El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señorías, seré breve no solo por la hora sino porque creo que las empresas de inserción son conocidas por sus señorías.


Como saben, estas empresas tienen como objetivo primordial lograr la inserción social a través del empleo de aquellas personas que se encuentran en situación marginal o desfavorecida, que no tienen posibilidades por sí mismas de acceder a un empleo en el mercado laboral ordinario. Por ello, contratan a personas derivadas por los servicios sociales públicos, quienes certifican la situación o riesgo de exclusión del trabajador o trabajadora, se les forma en lo social y en lo laboral a través de un puesto de trabajo, se les dota de autonomía e independencia y se potencian sus habilidades sociales y personales con objeto de lograr su inserción en lo laboral. Por tanto, no son empresas mercantiles sino sociales, son de interés general, porque entenderán que no pueden competir con otras empresas por la baja productividad, ya que el objeto prioritario de la empresa es la contratación de personas con problemas sociales, lo que conlleva una baja cualificación profesional que significa un rendimiento menor en la empresa. Necesitan contratar también técnicos de acompañamiento, tutores que velen por el trabajo y sobre todo para orientar a la persona que vamos a insertar. Una parte importante también es la formación de esos trabajadores. Son costes específicos que hacen que la empresa no sea competitiva, por eso es necesario, cuando hacen un servicio que correspondería en otro lugar a las administraciones públicas, establecer rebajas en la cotización fiscal o en la cotización a la Seguridad Social.


A esta iniciativa, que como es lógico ha captado la sensibilidad de los grupos de la Cámara, los dos grupos mayoritarios han planteado enmiendas de sustitución. Las dos enmiendas van encaminadas a lo mismo, es decir, establecen la necesidad de hacer un estudio y, a partir de ese estudio, presentar a la Cámara las propuestas que se pueden aplicar a estas empresas. Creemos que la enmienda que presenta el Grupo Popular es más completa y recoge mejor el sentido de nuestra iniciativa y por eso pediríamos al Grupo Socialista que se incorporase a la enmienda que presenta el Grupo Popular, de manera que pudiésemos aprobar algo tan sensible por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Intervendré también con brevedad, habida cuenta de la hora en la que nos encontramos. Lo primero que quiero hacer es manifestar nuestro agradecimiento al señor Perestelo por la iniciativa que, en representación de Coalición Canaria, nos trae hoy aquí. Yo tuve la honra de ser ponente de esta ley. Llevo tiempo de diputado y he tenido ocasión de participar en la elaboración de muchas leyes, pero he de reconocer que esta en particular me supuso una satisfacción y que todos los grupos de la Cámara fuimos en la dirección de superar las dificultades que históricamente habían existido para regular las empresas de inserción, que, como muy bien se decía hace un momento, tienen una función social de primer grado, que es dotar de empleabilidad a gente que en otro caso estaría en la marginalidad y estaría prácticamente fuera de la sociedad. No me voy a entretener más en esto. Simplemente quiero reiterar lo que en su día expuse. Creo que la posición del Grupo Popular en ese sentido fue clara y de apoyo total y decidido a esta regulación.


Hoy, como se ha dicho, se nos plantea una iniciativa que se refiere a tres cuestiones diferentes: las bonificaciones en la Seguridad Social a la contratación de estas personas, el tratamiento fiscal del impuesto sobre sociedades y, por último, las ayudas para el mantenimiento de estas empresas. Habida cuenta de la situación en la que nos encontramos de debate profundo en relación con las bonificaciones sobre la contratación y habida cuenta también de la situación fiscal, hemos entendido que era más oportuno plantear la enmienda que a continuación les voy a leer.
Decimos que habiendo transcurrido tres años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado justamente hoy -el 14 diciembre de 2007 se publicó la Ley 44/2007,

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de 13 diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción-, procede: que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que antes de fin del primer semestre de 2011 presente al Congreso estudios sobre el análisis, evaluación y situación actual de las empresas de inserción y de su capacidad de inserción de trabajadores en el mercado laboral ordinario, así como de los problemas específicos que las puedan afectar. Asimismo dicho informe deberá contemplar la propuesta de medidas de apoyo a las empresas de inserción, especialmente en cuanto a las bonificaciones o costes sociales de la Seguridad Social, así como sobre las subvenciones previstas ya en el artículo 16.3.b) de esta ley, de la ley reguladora.


Quiero expresar mi agradecimiento al grupo proponente por aceptar esta enmienda, pero también quiero hacerlo extensivo al proponente del Grupo Socialista, el señor Oria, que planteando una enmienda que en el fondo es coincidente con la que nosotros hemos formulado y a la que acabo de dar lectura, se aviene, quizás por entender que la nuestra es más completa, a apoyarla. Quiero agradecérselo, porque de la misma forma que cuando debatimos el proyecto de ley hubo voluntades políticas para llegar a una regulación con apoyo unánime y dar un servicio a estas empresas y a la sociedad, ahora es justo reconocer la generosidad de la aceptación de nuestra enmienda.


El señor PRESIDENTE: Para expresar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Oria.


El señor ORIA GALLOSO: El señor Perestelo, con buen criterio, nos presenta una proposición no de ley en la que plantea tres peticiones: una primera, instar al Gobierno a aplicar una bonificación del cien por cien del coste de la Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas; una segunda, la bonificación del cien por cien del impuesto sobre sociedades, y una tercera, la creación de una partida presupuestaria para dotar de ayudas económicas a las empresas de inserción. En su argumentación pone de manifiesto la bondad de estas empresas, que están cumpliendo desde mi punto de vista una función meritoria, tanto por su objeto mismo, que es la inserción social a través del empleo, como por las personas a las que van dirigidas, que normalmente son colectivos en riesgo de exclusión, colectivos en situaciones de marginalidad o personas con pocos instrumentos y capacidades para poder acceder a un empleo digno. No solo no negamos estas argumentaciones, sino que estamos de acuerdo con la proposición no de ley, porque consideramos que las argumentaciones que el señor Perestelo plantea en ella forman parte de nuestros principios programáticos como partido. De todas maneras, sería conveniente explicar un poco la posición del Grupo Socialista sobre esta proposición no de ley.


Con respecto a la bonificación del cien por cien del coste de la Seguridad Social, hay que tener en cuenta que en la actualidad, dentro del programa de fomento del empleo, ya se establecen bonificaciones a la contratación en determinadas situaciones especiales, como las de los trabajadores en situación de exclusión social. Una de ellas es la ayuda de 600 euros anuales durante cuatro años para la contratación indefinida y otra es la ayuda de 500 euros anuales durante la vigencia del contrato para la contratación temporal. Por otra parte, el artículo 16.3 de la ley que regula el régimen de estas empresas recoge una serie de ayudas de las que pueden beneficiarse, como pueden ser las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social en los contratos de trabajo de las personas en situación de exclusión social, desempleadas e inscritas en los servicios públicos de empleo, con especiales dificultades para su integración en el trabajo, de 850 euros/año durante toda la vigencia del contrato o tres años en caso de contratación indefinida. Una segunda ayuda son las subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo para la inserción sociolaboral en concepto de compensación económica de los sobrecostes laborales derivados de los procesos de inserción. En tercer lugar, se establecen ayudas a la inversión fija que afecta a la realización de su objeto social. Por tanto, hay una importante cobertura social para este tipo de empresas, aparte de esa bonificación del cien por cien de la Seguridad Social.


La proposición no de ley contiene otras medidas, como la bonificación del cien por cien del impuesto sobre sociedades para este tipo de empresas.
Nuestro sistema impositivo configura el impuesto sobre sociedades como un tributo que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas.
En la medida en que las empresas de inserción realizan actividades económicas de producción de bienes y servicios con independencia de que en su objeto se aprecie cierto componente social, han de estar sometidas al mismo régimen de tributación que el resto de los sujetos pasivos del impuesto, al objeto de que el gravamen de las rentas empresariales descanse en un régimen de neutralidad, igual para todo el mundo. Cabe señalar que de acuerdo con la Ley 44/2007, que regula este tipo de empresas, pueden ser sociedades mercantiles o sociedades cooperativas, según se establece en su artículo 4, así como, provisionalmente, fundaciones o asociaciones, según establece la disposición transitoria segunda, las entidades que, de acuerdo con nuestra legislación, pueden beneficiarse de regímenes fiscales especiales por lo que se refiere al impuesto sobre sociedades, en función de su naturaleza jurídica.


La última petición es la creación de una partida presupuestaria para dotar de ayudas económicas a las empresas de inserción que compense los costes adicionales del empleo de trabajadores desfavorecidos. La misma ley, en su artículo 16.3, recoge una serie de ayudas de las que pueden beneficiarse estas empresas, entre las que cabe señalar las subvenciones por el mantenimiento de los puestos de trabajo para la inserción sociolaboral, en concepto de compensación económica a los sobrecostes laborales derivados de los procesos de inserción, y las ayudas a la inversión fija que afecta a la realización de su objeto social.


Dicho todo esto, hay que tener en cuenta que el programa de fomento al empleo, recogido en la Ley 43/2006,

se ha modificado recientemente por la Ley 35/2010, de 17

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septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, reordenando la política de bonificaciones a la contratación indefinida para hacerla más eficiente, haciendo más atractivos para empresas y trabajadores los contratos formativos y mejorando los mecanismos de intermediación laboral, con el fin de elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes. Por tanto, en este momento no se considera oportuno modificar dicho programa en tanto no se evalúen los resultados de la reforma laboral. No obstante, el Gobierno ha adquirido el compromiso de reformar en el marco del diálogo social las políticas activas de empleo, por lo que habría de ser en todo caso en dicho contexto donde se evaluase cualquier posible modificación del actual programa de fomento del empleo.


Sobre la base de todas estas consideraciones, sobre la base de la argumentación de la proposición no de ley y el acuerdo al que hemos llegado con el señor Azpiroz, vamos a apoyar la enmienda del Grupo Popular, porque recoge muy bien el sentido y el espíritu de nuestra propia enmienda. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para finalizar el debate, para que ponga el broche final, voy a dar la palabra al señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Vamos a apoyar esta iniciativa del señor Perestelo. Nos parece imprescindible dar un empujón al trabajo que vienen realizando las empresas de inserción. La enmienda que nos plantea el señor Azpiroz nos parece extremadamente positiva, como nos lo parece también ese recordatorio del tercer año de publicación en el BOE de esta ley, en la que Convergència i Unió tuvo un papel muy activo, tanto en la exigencia en su momento de la elaboración de esta normativa, como posteriormente durante la tramitación parlamentaria.


Solo quiero decirle al portavoz socialista que mi impresión -me voy a leer con mucha calma su intervención- es que es demasiado optimista sobre el conjunto de instrumentos que hoy están a disposición de las empresas de inserción. Al menos cuando hemos hablado con las empresas de inserción en Cataluña no hemos tenido la sensación de que sean tantos los instrumentos a su alcance para desarrollar sus actividades. En este sentido, la propuesta que planteaba el señor Perestelo de un aumento de esa bonificación a la contratación de las personas que se incorporen a través de empresas de inserción nos parecía sumamente interesante. Insisto, voy a leer con calma la intervención del portavoz del Grupo Socialista y quizás planteemos alguna pregunta por escrito para contrastar esas informaciones, porque, insisto, en Cataluña no existe hoy por hoy la percepción de que sean tantos los instrumentos al servicio de las empresas de inserción. En todo caso, bienvenido sea si es así.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. Para mayor claridad, vamos a votar las proposiciones no de ley por el mismo orden en el que figuran en el orden del día que obra en poder de sus señorías, aunque no haya sido ese exactamente el orden del debate.


En primer lugar, vamos a someter a votación la proposición no de ley que figura con el número 4, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar la número 5, también del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Sometemos a votación la número 6, en los términos de la transaccional que ya conocen sus señorías.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


La número 7 no tenía ninguna enmienda. Se vota en su literalidad.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


La número 8 se vota en los términos de la transaccional que conocen todos ustedes.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


La última, la número 9, se vota en los términos de la enmienda del Grupo Popular, que ha sido aceptada por el grupo proponente y por el Grupo Parlamentario Socialista, que era enmendante.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

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