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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 559, de 25/05/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 559
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MADERO JARABO VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 39
celebrada el martes, 25 de mayo de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor secretario general del Mar (Martín Fragueiro), para:

- Explicar la propuesta del Gobierno del compromiso del presidente del Gobierno de un "deslinde de costas justas" para la isla de Formentera. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000100.) ... (Página 2)

- Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo para delimitar el espacio correspondiente al dominio público marítimo terrestre en municipios de la provincia de Girona. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000315.) ... (Página 2)

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- Explicar las medidas de urgencia que piensa adoptar el Gobierno, en colaboración con la Generalitat de Catalunya y las corporaciones locales afectadas, para hacer frente a los daños catastróficos ocurridos en el litoral costero catalán causados por los temporales de los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2008. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000259.) ... (Página 2)

- Explicar en qué situación se encuentran los compromisos del Gobierno en materia medioambiental, calidad de las aguas y saneamiento de Galicia de acuerdo a lo presupuestado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000474.) ... (Página 2)

- Informar del impacto que supondría la reducción de los actuales límites de control de biotoxinas marinas en la economía nacional y particularmente en la de Galicia. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000626.) ... (Página 2)

- Informar sobre los criterios de reparto y gestión de la cuota de caballa. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000665.) ... (Página 2)

- Informar sobre la propuesta de incorporación del atún rojo en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites). A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000696.) ... (Página 2)

- Valorar el acuerdo actual de pesca UE-Marruecos y, como consecuencia, la posición del Gobierno ante la próxima renovación de dicho acuerdo. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000702.) ... (Página 2)

- Informar sobre las retenciones de los buques Lameiro I y Loremar por las autoridades de Mauritania y la aplicación del actual acuerdo de pesca UE-República Islámica de Mauritania. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000730.) ... (Página 2)

Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Iniciamos la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca con la comparecencia del señor Martín Fragueiro, secretario general del Mar, para sustanciar distintas comparecencias que se habían solicitado desde hace ya tiempo. Ya están perfectamente delimitadas las intervenciones que habrá por parte del Grupo Popular; otro de los solicitantes de las comparecencias es la señora Surroca, de Convergència i Unió, y asimismo hay otra solicitud por el Grupo Mixto, de la señora Davila.


Para iniciar la Comisión y al efecto de que realice una exposición general de todos los temas planteados tiene la palabra el señor secretario general. Cuando quiera señor Martín Fragueiro.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Antes de nada quisiera, una vez más, mostrar mi satisfacción por estar de nuevo ante esta Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados. Los asuntos que hoy nos reúnen aquí abarcan distintos ámbitos competenciales de la Secretaría General del Mar, por lo que voy a estructurar mi exposición iniciándola con las solicitudes de comparecencia del Grupo Popular relativas a la política de pesca, tanto en la vertiente interna como en la vertiente externa, sobre los acuerdos de pesca de la Unión Europea, específicamente los de Marruecos y de Mauritania. En concreto las solicitudes hacen referencia a los siguientes asuntos: primero, criterios de reparto y gestión de la cuota de caballa, la propuesta de incorporación del atún rojo en la Convención sobre comercio internacional de especies amenazadas, de la Fauna y Flora Silvestres, CITES, la valoración del acuerdo actual de pesca UE-Marruecos, y como consecuencia, la posición del Gobierno español ante la próxima renovación de dicho acuerdo; las retenciones de los buques Lameiro I y Loremar por las autoridades de Mauritania, y la aplicación del actual acuerdo de pesca UE-República Islámica de Mauritania; y finalmente el impacto que supondría la reducción de los actuales límites de control de biotoxinas marinas. Con posterioridad me referiré a las comparecencias referidas a la gestión del dominio público marítimo terrestre, en particular al procedimiento de deslinde llevado a cabo en la provincia de Girona y en la isla de Formentera, solicitadas por los Grupos Parlamentarios

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Catalán CiU y Popular respectivamente. En tercer lugar, me referiré a las medidas que va a adoptar el Gobierno, en colaboración con otras administraciones, para paliar los daños causados en el litoral de la costa catalana, en contestación también a la petición del Grupo Parlamentario Catalán CiU. Y por último también contestaré a la comparecencia del Grupo Mixto BNG sobre compromisos del Gobierno en materia medioambiental, calidad de aguas y saneamiento de Galicia, de acuerdo a lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2009.


En cuanto a la primera de las cuestiones sobre recursos pesqueros, acuerdos de pesca Unión Europea con terceros países, y muy en particular en cuanto al criterio de reparto y gestión de la cuota de caballa, tengo que decir que, comenzando con los criterios de reparto y de gestión de la cuota de caballa, saben SS.SS. que este es un recurso ampliamente extendido por el Atlántico, dividido a efectos de su gestión en varios componentes, de los cuales España participa en el stock sur, que se corresponde a las aguas españolas del Cantábrico noroeste y las aguas de Francia en el golfo de Vizcaya, y también la parte del golfo de Cádiz. Si bien la pesquería fundamental en el Cantábrico noroeste es el Scomber Scrombus, más conocido como caballa, en el stock sur, me refiero al golfo de Cádiz, la especie predominante es el Scomber japónicus, más conocido como estornino. Se trata de una pesquería que involucra a un amplio número de buques pertenecientes a diferentes censos de la flota del litoral, y que mayoritariamente llevan a cabo sus capturas en los primeros meses del año; se considera la primera costera pelágica anual, siendo además entre los meses finales de enero hasta principios de abril los periodos de mayor actividad, aunque durante el resto del año se sigan realizando capturas con mucha menor intensidad por parte de las flotas del litoral Cantábrico noroeste. En los últimos años se ha venido constatando un creciente interés por el sector de la caballa; obviamente eso está muy vinculado a que la pesquería de anchoa, como saben, ha estado cerrada desde el año 2005, con lo cual las flotas que se dirigen a estas especies pelágicas han centrado fundamentalmente su actividad en la especie de la caballa. Por ello la Secretaría General del Mar se vio obligada, ya en el año 2009, a cerrar la pesquería por el mes de junio, tras haberse alcanzado la cuota de captura de este stock de que dispuso España.


Los trabajos y estudios para analizar la distribución de la cuota entre las diferentes flotas afectadas se iniciaron ya en el año 2008, y a lo largo de ese año y el siguiente se mantuvieron un gran número de reuniones con el sector pesquero y las comunidades autónomas, al objeto de fijar los criterios que permitieran un reparto del stock de caballa en España entre las diferentes flotas afectadas. En el año 2010, al constatar que el interés de las flotas españolas por la caballa varía de unas a otras, y que la dependencia de este recurso también es diferente según la modalidad de captura, tras consultar con el sector de las comunidades autónomas, se consideró la necesidad de llevar a cabo un reparto de la cuota de caballa entre las diferentes flotas o subsegmentos. Fruto de las consultas realizadas, y teniendo en cuenta la actividad desarrollada por los distintos censos de buques a lo largo de un periodo suficientemente representativo, se ha tomado como referencia el periodo 1998-2007, así como la importancia socio-económica de esta pesquería en cada uno de los segmentos de flota implicados. La ponderación del reparto de esa cuota ha sido un 80 por ciento en base a la captura histórica del periodo antes referenciado, y un 20 por ciento en cuanto a la dependencia social de esta pesquería. El reparto ha quedado plasmado en la Orden de 10 de febrero, por la que se establecen los criterios para el reparto y la gestión de la cuota de caballa. Esta norma concede un 99 por ciento del stock de caballa al Cantábrico noroeste y aguas comunitarias no españolas, dejando el uno por ciento restante para el golfo de Cádiz. De las cantidades atribuidas al Cantábrico noroeste el reparto ha quedado de la siguiente forma: el 30,5 por ciento para el arrastre de fondo; el 32,78 para el cerco, de los cuales una parte solo se puede capturar en el segundo semestre para la flota de menos de 50 GT; un 34,63 por ciento para los buques de artes menores, y finalmente el 1,14 por ciento para la flota de arrastre que faena en aguas francesas, y el uno por ciento restante para llegar al cien por cien corresponde al stock del golfo de Cádiz. También se establecieron topes máximos de captura por buque y día, que quedaron fijados en 18.000 kilos por buque/día, en el caso de arrastre y cerco de más de de 100 GT, de 15.000 kilos por buque y día en el caso de cerco de menos de 100 GT, y para las artes menores el tope diario de capturas se estableció en 1.000 kilos por tripulante embarcado y día.


A la vista de los datos de capturas y desembarques realizados por los buques que han llevado a cabo la pesquería de la caballa, y con el fin de que las capturas de los distintos segmentos de flota se ajustaran al porcentaje de cuota asignada a cada uno de ellos, la Secretaría General del Mar procedió al cierre de la pesquería para los diferentes segmentos de flota. El cierre para el cerco se realizó el pasado 5 de marzo, para las artes menores el 12 de marzo, y para el arrastre de fondo el día 16 de marzo; finalmente para la flota de arrastre que faena en aguas francesas se cerró la pesquería el pasado 19 de marzo. Con el objeto de evitar los descartes de caballa en otras pesquerías se ha conseguido una cuota complementaria a través de un intercambio con Portugal, de 500 toneladas, cuyas condiciones de utilización para la flota de artes menores quedó regulada en la Orden del día 23 de abril, dicha disposición permite la captura de caballa por la flota de artes menores a condición de que el volumen de captura de esta especie, por buque y marea, no exceda el 10 por ciento del total desembarcado en cada marea. Por otra parte, la orden también establece el tope de capturas diario para los buques cerqueros de menos de 50 GT que lleven a cabo esta pesquería en el segundo semestre del año en 700

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kilos por buque y día. En fechas próximas se iniciarán las conversaciones con el sector dedicado a la pesquería de la caballa con el fin de revisar las medidas adoptadas para el presente año, y plantear con tiempo suficiente las que sean de aplicación en la próxima campaña. Mañana concretamente mantendremos la primera reunión con las cuatro comunidades autónomas del Cantábrico.


En conclusión, señorías, el ministerio ha llevado a cabo el reparto y la gestión de la cuota de caballa de que ha dispuesto España en el presente año con el máximo grado de transparencia, y con la participación de todos los sectores interesados, así como de las comunidades autónomas. Los criterios de reparto utilizados por la Secretaría General del Mar se han basado en una serie histórica lo más larga posible -estamos hablando de diez años- para tener en cuenta la trayectoria seguida por las distintas flotas en un periodo de tiempo representativo, y además se han tenido también en cuenta criterios socioeconómicos en las claves de reparto de la cuota por flotas. Hemos realizado un seguimiento diario de la cuota de caballa, comunicando el consumo de la cuota a las organizaciones del sector interesadas, al objeto de que estas pudieran conocer la situación en cada momento y planificar de mejor forma su actividad. Y por último hay que reiterar que la Secretaría General del Mar iniciará esta misma semana los contactos con el sector de las comunidades autónomas para establecer, con tiempo suficiente, los criterios con los que se llevará a cabo la pesquería de caballa en el próximo año. Estamos abiertos a flexibilizar, si fuera necesario, los criterios que hemos establecido para este año, obviamente buscando el consenso entre todas las flotas implicadas.


En cuanto a la segunda de las cuestiones objeto de esta comparecencia, que es la propuesta de incorporación del atún rojo en Cites, he de decir que sobre la valoración de la propuesta de esta incorporación del atún rojo, España está razonablemente satisfecha de los resultados que finalmente se han obtenido en relación con este asunto. Quiero recordar que España ocupa durante este primer semestre la Presidencia rotatoria de la Unión Europea, y que en todo momento ha tenido presente esa circunstancia para actuar con la prudencia y mesura que dicha situación comporta, sin dejar en ningún momento de defender los intereses de nuestro sector, actuando responsable y coherentemente. Pero me van a permitir que haga una síntesis del desarrollo en los acontecimientos. Como saben, desde que Mónaco planteó la propuesta de incorporar el atún rojo en el Apéndice 1 de Cites para prohibir su comercialización, España no respaldó esa propuesta por entender que ya se estaba aplicando el plan de recuperación, establecido en la reunión anual de 2008 del Iccat, en Marrakech, y que había que esperar a los resultados de la campaña en curso y analizar la misma en la reunión de Iccat, que se iba a celebrar en Recife, Brasil, en noviembre del año 2009.


España ha defendido en todo momento que el objetivo debería ser fortalecer el papel de las organizaciones regionales de pesca y en particular el de Iccat. Quiero trasladarles información detallada sobre lo ocurrido en los últimos meses sobre este tema. El Colegio de Comisarios de la Comisión Europea aprobó, por procedimiento escrito el día 22 de febrero de este año, una propuesta que se presentó en el Comité de Medio Ambiente el 23 de febrero. Esa propuesta consistía en proponer la inclusión del atún rojo en el Apéndice 1 de Cites, condicionada a lo siguiente: por un lado, que la entrada en vigor no se produciría hasta después de la reunión anual de noviembre de 2010 de Iccat, y por otro lado, facultar al Comité permanente de Cites para que valore, teniendo en cuenta la evaluación científica de Octubre de 2010 de Iccat, y la evaluación del Comité anual de Cites, primero, si Iccat, en su reunión del año 2009, ha puesto en marcha la Recomendación Iccat 09-06; si Iccat ha suspendido la pesquería por detección de colapso para la misma; si Iccat garantiza el cumplimiento total del nuevo plan, en especial el TAC; si en base a la mejor opinión científica disponible el comercio puede continuar. Además se autorizaba al Comité permanente de Cites a que, si se cumplían las condiciones del punto b) -que son estas cuatro que acabo de mencionar- la inclusión del atún rojo en el Apéndice 1 no entraría en vigor. En el caso de que se incluyera porque no se hayan cumplido las condiciones anteriores, la Comisión Europea debería: primero, adoptar medidas para permitir el comercio intracomunitario de las capturas realizadas por la flota artesanal o las almadrabas, y en aguas bajo soberanía de los Estados miembros; en segundo lugar, establecer apoyos financieros dentro del FEP para los sectores involucrados por la prohibición del comercio; y en tercer lugar, recomendar una mejor puesta en marcha a todas las partes contratantes de Iccat de los controles y sanciones para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.


Durante los días siguientes se celebraron las reuniones del Comité de Medio Ambiente el 1 de marzo, y del Coreper el 5 de marzo, una semana antes de la reunión de Cites en Doha, en las que se siguió discutiendo la propuesta condicionada de la Comisión de incluir el atún rojo en Cites.
Los resultados de los debates concluyeron con dos bloques enfrentados que implicaban una minoría de bloqueo por ambos, sin permitir la posibilidad de alcanzar una posición de la Unión Europea por mayoría cualificada. Por una parte se han alineado España, Francia, Italia, Malta, Grecia, Chipre y Portugal con 116 votos en total, que apoyaban la propuesta de la Presidencia que respecto a la propuesta de la Comisión incluye dos cambios importantes en las derogaciones, pesca no industrial en lugar de flota artesanal, y fondos financieros extraordinarios aparte de los que están establecidos en el FEP. El segundo bloque, sobre una propuesta de Reino Unido, solicita el listado inmediato en el Apéndice 1 y la eliminación de las derogaciones a las que se han sumado Lituania, Países Bajos, Polonia, Finlandia, Hungría, Austria, Reino Unido y Suecia, con un total de 108 votos.


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Finalmente se consiguió un acuerdo unánime en el Coreper del día 10 de marzo, dos días antes de empezar la reunión de Cites, incorporando las siguientes modificaciones: primero, será la Conferencia de las Partes y no el Comité permanente quien decida sobre el listado o no del atún rojo; y segundo, en caso de listado en el Apéndice 1 se establecen derogaciones para modalidades de pesca artesanal, y este es un concepto acuñado por la Presidencia española. La 15.ª Conferencia de las Partes de Cites, que se desarrolló en Doha, tuvo como principal foco de atención las dos propuestas que estaban sobre la mesa: la propuesta de Mónaco y la propuesta de la Unión Europea, para la limitación de las exportaciones del atún rojo, mediante su inclusión en el Apéndice 1 de esta organización. Como saben, en esa reunión de Cites la propuesta de Mónaco de incluir el atún rojo en el Apéndice 1 de Cites fue rechazada por 20 votos a favor, 68 en contra y 30 abstenciones; asimismo la propuesta de la Unión Europea fue también rechazada por 43 votos a favor, 72 en contra y 14 abstenciones. Estos resultados pueden interpretarse, obviamente, como un indudable apoyo de las partes contratantes de la organización a la gestión de las ORP, en la regulación de pesquerías comerciales como el atún rojo, e igualmente supone un apoyo a la necesidad de conocer las correspondientes evaluaciones científicas de forma previa a tomar ninguna decisión sobre la prohibición consecuente del comercio internacional de una especie pesquera comercial. Precisamente estas condiciones constituían el elemento esencial que diferenciaba la propuesta de Mónaco de la posición común de la Unión Europea. También en este sentido hay que destacar que los principales elementos de la propuesta de la Unión Europea, presentada por la Presidencia española, han sido avalados por las decisiones tomadas en esta reunión. Estos elementos eran la adopción de medidas en base a los resultados de las evaluaciones científicas, y reforzar el papel de la Comisión para la conservación del atún atlántico Iccat, organización responsable de la conservación y gestión adecuada de la población del atún rojo. El representante de Iccat en la reunión solicitó una mayor colaboración entre ambas organizaciones para el futuro, propuesta que cuenta con el apoyo de muchas de las partes, entre ellas España.


En conclusión, señorías, estos resultados han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el papel de las ORP para la gestión de los recursos pesqueros, así como la necesidad de estrechar las relaciones y la cooperación entre todas las instituciones involucradas en estos temas, con el fin de adoptar, de una forma uniforme, medidas efectivas que garanticen la supervivencia de los recursos vivos. En definitiva respalda la posición que desde el primer momento defendió España; nuestro país defendió diplomática y oportunamente a nuestro sector pesquero, en este caso el de la pesquería del atún rojo.


Seguidamente paso a dar cumplida respuesta a la comparecencia sobre la valoración del acuerdo actual de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, y la posición del Gobierno ante la próxima renovación del mismo. En relación con el acuerdo Unión Europea-Marruecos y la posición del Gobierno de España ante la próxima renovación del mismo, quiero destacar antes de nada que, como saben SS.SS., el actual acuerdo de pesca supuso el reinicio de las relaciones pesqueras entre España y el reino alauí, suspendidas desde el año 1999. En líneas generales este acuerdo presenta, respecto del anterior, diferencias que están directamente relacionadas con el aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros, en aras de la sostenibilidad, de la actividad y de su rentabilidad, respondiendo igualmente a la nueva dinámica de partenariado de la Unión Europea con terceros países en materia de pesca, implicando por lo tanto una participación activa tendente al desarrollo del sector pesquero de Marruecos. Así, mediante el diálogo y la concertación previa entre ambas partes, se han perseguido los siguientes objetivos: el primero, la promoción de la pesca racional y sostenible y la lucha contra la pesca ilegal; la cooperación económica, financiera, científica y técnica en el ámbito pesquero; y el fomento de la cooperación e integración entre empresas en el ámbito pesquero. El nuevo componente de cooperación incluido en el acuerdo está contribuyendo de forma positiva a valorizar el sector pesquero en nuestro vecino del sur, mejorando las expectativas laborales de su sector pesquero, generando un empleo más estable que ayude a combatir la inmigración ilegal. Del montante global anual de la contrapartida financiera,que asciende a 36,1 millones de euros, un total de 13,5 son destinados cada año al desarrollo y la puesta en vigor de una política sectorial de pesca duradera en Marruecos, con medidas tan importantes como la modernización y adecuación de su flota.
Un 37 por ciento del montante de esta contrapartida es destinado a ayuda al desarrollo pesquero de Marruecos, lo que supone un gran avance y beneficia también al sector español de sociedades mixtas instaladas en el país alauita.


El análisis de la utilización actual, al segundo trimestre de 2010, y algunas consideraciones por modalidades pesqueras son: primero, en la categoría 1, pesca artesanal en el norte, especies pelágicas, se ha tramitado el total de las 20 licencias, 19 de Barbate y una de Punta Umbría, con una utilización del cien por cien de las posibilidades concedidas. La media de utilización del resto de los trimestres supera el 95 por ciento; solo desciende en el primer trimestre de cada año, y esto es debido a que la parada biológica en Marruecos, como saben, es en los meses de febrero y marzo para esta modalidad, por lo que el tiempo efectivo de pesca es de un mes, y dado que esta flota también pesca en caladero nacional ya que tiene la posibilidad de simultanear los dos caladeros y el paro biológico en el golfo de Cádiz incluye el mes de enero, para poder cobrar la ayuda por esta parada los armadores optan por no ir a Marruecos e incorporarse al golfo de Cádiz el 1 de febrero, y a Marruecos a partir del 1 de abril en el segundo trimestre. Pero, como ven, con la utilización en un 95 por ciento estamos hablando de una utilización prácticamente plena

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del acuerdo. Saben que en diferentes comisiones mixtas se han incluido algunas modificaciones para facilitar y mejorar la actividad de esta flota, como ha sido la posibilidad de utilizar las luces en las maniobras de izado de las redes. También, en cuanto a los desembarques, que aparece en la ficha del acuerdo que tenían que ser progresivos, hasta alcanzar el 50 por ciento en el último año del acuerdo, hay que decir que sigue habiendo incumplimientos de esta obligación; se ha establecido un plan rotatorio semanal que permitiría la descarga en Tánger de al menos un buque al día, y en la última reunión de la Comisión Mixta UE-Marruecos, celebrada en Rabat en febrero de este mismo año, se expresó nuevamente la intención de cumplir con este compromiso.


En la categoría 2, pesca artesanal en el norte, palangre de fondo, se han tramitado en este segundo trimestre 19 licencias, y hay una que está pendiente por un problema de la gestión de la misma, no imputable obviamente ni a la Administración comunitaria ni a la alauita; en general, se da una satisfactoria utilización en cuanto a solicitud y concesión de licencias; casi todos los trimestres se cumplen las 20 disponibles, y estarían también interesados en esta flota, como la flota categoría número 1, en ampliar hacia el sur la zona de pesca. En la categoría 3, artesanal en el sur, que afecta a la flota con base en Canarias, disponemos de 20 licencias, y el grado medio de utilización en estos cuatro años supera el 65 por ciento. Por último, en la categoría 4 de pesca demersal, hay una utilización aproximadamente de un 25 por ciento, ya que parte de esta flota está utilizando las licencias del acuerdo de Mauritania de la merluza negra. En la categoría 5, pesca del atún -atuneros cañeros- se han tramitado licencias en el segundo trimestre del año 2010 para 18 buques -disponemos de 23 licencias- lo que supone una utilización en estos momentos del 78,26 por ciento de las posibilidades concedidas en 2010. Examinando esta pesquería desde la puesta en práctica del acuerdo en 2007 se concluye que su utilización es satisfactoria, arrojando una media del 89,13 por ciento; de las 23 licencias de las que dispone España por año se han expedido las siguientes: en el primer año 23 licencias; el segundo año 23 licencias; en el tercer año 17, y en estos momentos 18 licencias. El motivo de la pequeña reducción que se produjo en el tercer y cuarto año viene derivado del nuevo acuerdo de pesca entre España y Portugal, que permite la pesca del atún a la flota radicada en Canarias en aguas de Azores y de Madeira, y en reciprocidad, la flota portuguesa puede pescar el sable en aguas españolas.


En definitiva, la utilización de las posibilidades de pesca que ofrece a España el acuerdo, en la modalidad de cerco, la utilización media desde el año 2007 hasta el año 2010 supera el 95 por ciento; en la artesanal norte, palangre de fondo, el 98,96 por ciento; en la artesanal sur el 70 por ciento, en atuneros cañeros el 89,13 por ciento, y en la categoría 6, arrastre pelágico, en la que como saben a España se le han asignado 400 toneladas, solamente hubo una utilización el primer año por el buque gallego Festeiro, ya que también es una actividad que realmente no se lleva a cabo por la flota arrastrera española.


En conclusión señorías, quiero manifestarles que el acuerdo Unión Europea-Marruecos es satisfactorio para España, ya que permite posibilidades de captura para nuestra flota; los pequeños problemas que presenta la aplicación práctica del mismo estamos trabajando para conseguir superarlos, a través de la Unión Europea y de nuestras relaciones y contactos bilaterales con nuestros vecinos del sur; la Administración pesquera española mantiene una excelente relación con la marroquí, el 24 de febrero de este año el ministro alauita ha nombrado a un nuevo equipo de pesca, mantuvimos una reunión los día 5 y 6 de abril en Tánger, quien les habla y su homólogo marroquí, y los próximos días 10 y 11 de junio tendremos un nuevo encuentro en Madrid para profundizar en los temas de interés bilateral pesquero. Esas buenas relaciones son el elemento primordial que nos permite afrontar abiertamente la problemática que pueda presentarse en la aplicación del acuerdo de pesca.


En cuanto a las retenciones de los buques Lameiro I y Loremar por las autoridades de Mauritania, y la aplicación del actual acuerdo de pesca Unión Europea-República Islámica de Mauritania, hay que decir que, a diferencia del acuerdo con Marruecos, el protocolo del acuerdo pesquero se renovó el pasado 1 de agosto de 2008, y puede afirmarse que se mantienen las posibilidades de pesca para los buques españoles respecto al protocolo anterior: agosto de 2006 hasta agosto de 2008. El acuerdo se desarrolla en líneas generales con normalidad, salvo en lo relativo a algunos apresamientos y sanciones a buques, aspecto que ha mejorado considerablemente desde la firma del proceso verbal de la última Comisión Mixta Unión Europea-Mauritania, celebrada en Nouakchott los días 22 a 25 de marzo de este año 2010. Al ser un acuerdo también de partenariado, contribuye de manera significativa al desarrollo del sector pesquero mauritano, quedando patente en la Comisión Mixta citada los esfuerzos realizados por la parte mauritana para una utilización óptima y transparente del apoyo financiero recibido en los últimos años. La utilización actual del acuerdo es satisfactoria, sobre todo para las categorías 1, 5 y 10, que afectan a la flota española: marisqueros, cefalopoderos y cangrejo real respectivamente, una utilización algo más baja en las categorías 2, que son arrastreros y palangreros de fondo de merluza negra, ya que alternan, también con Marruecos, y la número 3, artesanales, ya que también se reparten con el acuerdo de Marruecos.
Actualmente durante los meses de mayo a junio los buques de las categorías 1, 5 y 10, es decir marisqueros, cefalopoderos y cangrejo, se encuentran en parada biológica. Como he señalado, en la última Comisión Mixta, celebrada en Nouakchott del 22 al 25 de marzo, se han abordado todos los temas principales que conciernen al acuerdo, y he de destacar la cordialidad que hubo en todo momento entre

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las dos partes y la buena voluntad de las mismas para llegar a un entendimiento en los problemas que plantea el acuerdo. Las dos partes han constatado la buena utilización del acuerdo en las categorías 1, 5 y 10, acordando ambas partes animar a los armadores para conseguir una óptima utilización en todas las categorías de pesca.


En cuanto al control de las actividades de pesca, las dos partes han convenido en mejorar los cauces de comunicación entre ambas, haciendo un seguimiento regular de los procedimientos aplicados en los casos de apresamiento y sanciones, y manteniendo una comunicación constante entre ellas, así como continuar con el grupo de trabajo establecido entre la Unión Europea y la delegación de vigilancia y control en el mar de Mauritania, para analizar y examinar los casos de infracciones que se produzcan por parte de los buques comunitarios. Se trataron en especial los problemas que se derivan de la aplicación del Protocolo VMS, de transmisión de posiciones vía satélite, en parte por la falta de comunicación entre los centros de control y en algunas ocasiones por las discrepancias en los métodos para medir las posiciones de los buques en el caladero. Las conclusiones a que se llegó respecto a este tema tratan sobre el respeto absoluto a lo establecido en el protocolo vigente, y el compromiso por parte de Mauritania de facilitar todas las pruebas existentes en los casos de algún apresamiento o imposición de sanción por presencia de un buque en zona prohibida, además del acuerdo para ambas partes de que el número de buques apresados y/o sancionados por este motivo se reduzca de forma significativa, mediante una colaboración entre las partes y una buena comunicación entre los centros de control de todos los países, incluyendo visitas a los mismos, así como establecer un procedimiento de urgencia para evitar las retenciones en puerto cuando las notificaciones se producen en jueves, que es el inicio del fin de semana mauritano, con el consiguiente peligro de pérdida de la carga de pescado del buque. Les puedo asegurar, señorías, que desde la celebración de esta Comisión Mixta se ha apreciado un descenso notable en el número de retenciones en puerto y sanciones.


Situación de los buques Loremar y Lameiro I. Respecto a la situación de los buques de la categoría 2, arrasteros de merluza negra, Loremar y Lameiro I, fueron acusados el pasado mes de marzo por autoridades mauritanas de falsa declaración de especificaciones técnicas, por considerar que las bodegas de algunos de estos buques daban temperaturas por debajo de cero grados -son buques de fresco y refrigerado-. Desde que se conocieron los hechos se iniciaron las gestiones con las autoridades mauritanas, a través de la Comisión Europea, desde la Subdirección General de Acuerdos Internacionales de esta Secretaría General, y directamente a través de la Embajada en Nouakchott, con la delegación de la Unión Europea en Mauritania. A los contactos iniciales para tratar de solucionar y aclarar la situación de los buques y el motivo de tal apresamiento, sucedieron nuevas gestiones del embajador de la Unión Europea en Mauritania con las autoridades de aquel país, dirigiendo dicho embajador una carta a la autoridad competente en Mauritania solicitando se enviaran por escrito los detalles de los motivos de la infracción, para llegar a clarificar lo ocurrido. Paralelamente nuestro embajador también contactó con las autoridades mauritanas para intentar resolver lo antes posible la situación, y evitar un mayor perjuicio a los capitanes y a la tripulación de los buques, a quienes se les apoyó en todo momento, desplazándose hasta el puerto de Nouadhibou, donde se encontraban retenidos, nuestro agregado en Mauritana, quien acompañó a los representantes de los cuatro buques afectados, dos de ellos, el Portosanto y el Fuente de Macenlle, que quedaron sin sanción alguna, a una reunión con el Servicio de Vigilancia de Mauritania, reunión solicitada por escrito por la asociación de los buques que representa a los mismos. Tras la reunión la Comisión de Conciliación concluyó con la absolución de los dos buques que he citado anteriormente -Portosanto y Fuente de Macenlle-, y una multa de 8 millones de onquillas para los buques Loremar y Lameiro I, multa reducida en un 20 por ciento respecto a la impuesta inicialmente. El motivo de estas sanciones es que las bodegas de conservación del pescado daban temperaturas inferiores a cero grados, en contra de lo establecido en la legislación mauritana, legislación que es aplicable a todo lo establecido en el protocolo vigente.


Hay que indicar además que en las solicitudes de licencia que cumplimentan estos buques, correctamente tramitadas por la Comisión Europea, aparece como modo de conservación a bordo hielo y refrigeración, mientras que sus licencias aparecía únicamente glasé, motivo que da lugar a las sanciones impuestas. El ministro de Pesca de Mauritania ha solicitado, mediante carta, al delegado de la vigilancia sean corregidas las licencias para que figure glasé + refrigeración, y evitar problemas futuros, pero las autoridades mauritanas alegaron que estos buques debían ser sancionados porque el motivo de la sanción persiste, aunque se corrijan los términos de la licencia, ya que los inspectores que subieron a bordo en los buques han detectado temperaturas en las bodegas por debajo de cero grados, cuando la legislación mauritana establece que la temperatura del producto refrigerado debe mantenerse próximo a la de fusión del hielo, es decir entre cero y cuatro grados centígrados. No obstante este motivo no figuraba en ningún parte.


Por último quiero destacar, con respecto al acuerdo Unión Europea-Mauritania, que es el más importante en el que España participa, la preocupación de la Administración pesquera española y la importancia que se da al mismo, lo que se refleja creando una plaza y destinando a un agregado de pesca en nuestra embajada desde el pasado verano en 2009, para que pueda atender con eficacia, y desde la proximidad, a cuantos armadores ejercen su actividad en aguas del caladero mauritano. Por la información de que disponemos, todos los capi

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tanes y tripulantes están muy satisfechos con el trabajo y la atención que reciben de nuestro agregado.


En cuanto al impacto que supondría la reducción de los actuales límites de control de biotoxinas marinas, quiero trasmitir un mensaje de tranquilidad y afirmar claramente que, hasta la fecha, al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino no le consta ninguna propuesta de la Unión Europea para implantar nuevos límites de toxinas para la comercialización de productos del mar. Como saben SS.SS., la posible reducción de los límites de control de biotoxinas marinas es competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo. Lo que puedo decirles desde el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino es que para cualquier modificación de los límites máximos de presencia establecidos por la Unión Europea, ya sean en contaminantes naturales, en contaminantes químicos o aditivos alimentarios, el Comité permanente de la cadena alimentaria y sanidad animal analiza multitud de informes y datos aportados por los Estados miembros, solicitan informes, incluidos datos de ingesta real, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, y del comité científico correspondiente, y finalmente propone un documento de discusión a los Estados. Quizá se haya producido una confusión respecto de lo que sí se ha planteado, que es un cambio en la metodología para determinar la presencia y cantidad de toxinas existentes en los productos del mar que han de comercializarse para consumo humano, lo que es claramente distinto. En este sentido el único documento oficial que se ha conocido es el documento Sanco/6831/2009, en su revisión 6, para la modificación del Capítulo III, del anexo III del Reglamento de la Comunidad Europea 2074/2005, y se refiere única y exclusivamente a la modificación del método analítico, pasando de un método que utiliza animales vivos -más conocido como bioensayo- a otro tipo de determinación por cromatografía líquida y espectrometría de masas, que es el método químico. Esta propuesta de la Comisión Europea contempla un período de adaptación en el que se podrán utilizar ambos métodos, y que duraría en principio hasta el 30 de junio de 2013, siempre que estuviese validado ese método antes del 30 de junio de este año 2010. La modificación de niveles no ha sido nunca presentada para su discusión en el seno del comité ni en ninguno de sus grupos de expertos, y por lo que conocemos y nos ha manifestado la propia Comisión Europea, no existe ninguna intención de presentarla, muy al contrario, y motivada por los continuos rumores de modificación de niveles la Comisión ha venido aclarando una y otra vez que no tiene intención de modificar los mismos. Pero en el supuesto de que se plantease un debate, tengo que decirles que el Gobierno no puede estar de acuerdo en que haya una modificación que, insisto, hasta el momento no está prevista por la Unión Europea. Si la Comisión iniciase consultas en ese sentido la posición del Gobierno sería beligerante ante cualquier tipo de modificación que no esté convenientemente avalada por datos científicos e informes de ingesta real. El Gobierno considera que los límites actuales son correctos, han demostrado sobradamente su eficacia, y si el Gobierno hubiera considerado conveniente una modificación de estos niveles habría solicitado a la Comisión Europea su modificación. El límite de control de biotoxinas marinas que el Gobierno considera adecuado es el existente, establecido en la decisión de la Comisión de 15 de marzo de 2002, en el Reglamento 853/2004 del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por los que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. El ministerio no encuentra justificada la realización de un estudio de evaluación del impacto que supondría la reducción de los actuales límites de control de biotoxinas marinas en la economía nacional, y particularmente en la de Galicia, puesto que no ha habido una propuesta de la Unión Europea en ese sentido, y debemos ajustarnos a lo necesario en los actuales tiempos.


En conclusión, no está previsto que la Unión Europea presente propuesta alguna de modificación de los límites de control de las biotoxinas marinas; de existir, el Gobierno se opondría a ello, pero si llegase a darse el caso de una propuesta de reducción de los niveles actualmente utilizados, el Gobierno exigiría obviamente la presentación de informes científicos que la avalasen. Ese sería el momento de presentar una evaluación del posible impacto económico.


Seguidamente paso a abordar las comparecencias solicitadas sobre el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, comenzando por la isla de Formentera, en Baleares. Me van a permitir que haga primero una referencia a sus características naturales. La isla de Formentera se encuentra situada en el archipiélago Balear, en la parte más occidental al sur de la isla de Ibiza. Es una isla prácticamente plana, con 70 kilómetros de costa. Su morfología domina zonas de playa de gran longitud, de equilibrio inestable debido al constante movimiento de los depósitos arenosos, con costa abrupta y acantilada con pequeñas calas asociadas. En el norte de la isla se sitúan dos grandes lagunas, el Estany Pudent y el Estany des Peix, de evidente influencia marina. El deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre de la totalidad de la isla de Formentera, incluyendo las islas de Espalmador y Espardell, tras cumplir los trámites administrativos y legales establecidos, fue aprobado por Orden ministerial el 21 de noviembre de 1997. Contra este deslinde se interpusieron un total de 55 recursos ante la Audiencia Nacional, de los que dos de ellos caducaron, con lo que permanecieron 53 recursos. Por primera vez, en el ámbito de un deslinde de dominio público marítimo-terrestre, los magistrados de la Audiencia Nacional efectuaron un reconocimiento judicial sobre el terreno, desplazándose a la isla de Formentera al objeto de poder valorar con toda precisión los recursos planteados. De los 53 recursos, 43 fueron desestimados mediante sentencias actualmente firmes; de los 10 recursos restantes, en 9 de ellos se dictó sentencia estimatoria parcial, y solo en un caso se estimó totalmente: el 1/305/98 tan solo

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afectaba a la servidumbre de protección. En todos estos casos las sentencias son firmes. Las demás sentencias lo que han hecho es anular la delimitación en los tramos de costa referidos a las parcelas de los recurrentes por falta de justificación, obligando a la Administración a realizar nuevo deslinde en el que se justificara adecuadamente la línea propuesta. Todos ellos son pequeños tramos, excepto el que afecta a los brazos arenosos del Estany Pudent, que fue objeto de la tramitación de un nuevo expediente de deslinde, aprobado por Orden ministerial de 20 de junio de 2007. En la actualidad, la situación en la que quedarían las diversas ocupaciones afectadas; se han mantenido diferentes reuniones con la plataforma de afectados por el deslinde de costas de Formentera, al objeto de recopilar información sobre la situación de cada una de las ocupaciones, tanto desde el punto de vista jurídico -año de construcción, licencias, posible aplicación de las disposiciones transitorias de la Ley de Costas- así como social -negocios familiares, segundas residencias-, al objeto de buscar una solución acorde con la Ley de Costas, con los derechos adquiridos y con el respeto al medio ambiente litoral. Por otra parte, en los tramos de costa en los que se produjo una sentencia estimatoria o estimatoria parcial se están realizando los trabajos necesarios para conseguir que, dentro del respeto a la Ley de Costas, se realice un deslinde que minimice las afecciones a los derechos de los particulares.


Por lo que respecta a los deslindes del dominio público marítimo-terrestre en la provincia de Girona, en Girona la longitud del dominio público es de unos 345 kilómetros, de los cuales 255 corresponden al frente marítimo, y unos 90 kilómetros corresponden a marinas interiores y ríos.
Existe deslinde vigente, y conforme a la Ley 22/1988, de Costas, en aproximadamente el 95 por ciento del frente marítimo de la provincia de Girona, cuya longitud, como decía antes, es de 255 kilómetros. Tras haber casi completado dicha tarea prioritaria, se iniciaron los trabajos para deslindar las marinas interiores y las desembocaduras de los ríos, con objeto de completar el deslinde de la costa. Los expedientes actualmente en tramitación son los siguientes: uno en cada uno de los municipios de Tossa de Mar, Pals, L'Escala, Montgrí, Sant Pere Pescador y Castelló; dos expedientes en cada uno de los siguientes municipios: Blanes, Roses, Cadaqués, Port de la Selva y Llancá; y tres expedientes en Castelló d'Empúries. De los dos de Blanes, uno es de 1.140 metros, en la playa de S'Abanell; el segundo de 673 metros en la margen izquierda del río Tordera. En Tossa de Mar son 1.000 metros entre Es Bordims y Cap de Pola.
En Pals son 3.672 metros desde las Basses d'en Coll y la desembocadura del río Daró. En Montgrí son 2.932 metros en la desembocadura del río Ter. En L'Escala son 33 metros en la Punta de Romaní. En Sant Pere Pescador y Castelló son 23.375 metros en la desembocadura del Fluvià-Sirvent. En Castelló d'Empúries 3.055 metros en la desembocadura del río Salins. En Castelló d'Empúries 44.626 metros en la marina interior de Empuriabrava. En Castelló d'Empúries 5.802 metros en la desembocadura del río Muga. En Roses 85 metros en la playa de Almadraba, también en Roses 2.000 metros en Punta Halconera, y en Cadaqués-Port de la Selva 5.000 metros en Club Mediterranée; igualmente en Cadaqués-Port de la Selva 500 metros en la parcela forazo. En Llancà 522 metros en Els Estanys, y en Llancà 110 metros en los mojones 1 y 7 de la playa de Carboneras.


En conclusión, somos conscientes de todas las implicaciones de los deslindes efectuados, tanto en Formentera como en la provincia de Girona, y hay que decirles que desde la Secretaría General del Mar estamos haciendo y haremos todo lo posible por encontrar soluciones en cada caso, en la medida de las posibilidades, pero -como no podía ser de otra forma- siempre condicionadas al marco legal existente.


En cuanto a los daños causados en el litoral catalán y las medidas que ha adoptado el Gobierno, en colaboración con la Generalitat y las corporaciones locales afectadas, para hacer frente a los daños catastróficos en el litoral costero catalán, causados por los temporales de los días 26, 27 y 28 de diciembre del 2008, términos de la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Catalán de CiU, presentada el 22 de diciembre de 2008, y por tanto, referida a ese ejercicio, les diré que con objeto de paliar los daños catastróficos provocados por los temporales de finales del año 2008, el Ministerio de Medio Ambiente puso en marcha durante el año 2009 diversas actuaciones que, por un importe global de 19,5 millones de euros, paso a desglosarles por provincias. En Barcelona, de han realizado actuaciones en los municipios de Caldes d'Estrac, Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, El Masnou-Montgat y Barcelona, con un presupuesto total de casi 11,6 millones de euros. En Caldes d'Estrac el objeto de la actuación ha sido la demolición y retirada de los restos de la caseta de la Cruz Roja, situada en la playa y completamente destrozada por el temporal; la construcción de una nueva caseta de la Cruz Roja en un nuevo emplazamiento más seguro, así como los desvíos y reposición de servicios pertinentes, prolongación del muro de protección en el arranque de espigón existente para garantizar la estabilidad de las instalaciones de los pescadores, limpieza y retirada de restos, y reperfilado de la playa. El presupuesto ha sido de 314.870 euros, IVA incluido; la fecha de inicio de los trabajos fue en septiembre de 2009, en lo relativo a la escollera, y la aportación de arena se realizó antes del inicio de la temporada estival.


En Cabrera de Mar el objeto de la actuación ha consistido en reparar parte de la protección longitudinal de la escollera existente, que había quedado inestable, destrozada tras los citados temporales, y realizar una aportación de arena para que la playa estuviese disponible para los usuarios en la temporada estival, pues la superficie de playa seca había desaparecido completamente. Se trata también de restituir la senda peatonal en la zona del frente de escollera, realizando un extendido de sauló

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compactando, es decir arena que resulta de la descomposición de los granitos, y restituyendo las instalaciones y mobiliario destruidos por los temporales. En esta obra se distinguen dos zonas de actuación: la zona norte, que se extiende desde la riera de Cabrera 600 metros hacia el norte, donde existía una protección de escollera en talud, apoyando una ligera senda peatonal; la zona sur, que se extiende 300 metros hacia el sur, desde la riera de Cabrera hasta la riera Torrent del Molí, y en ese tramo no existía ninguna protección de escollera, por lo que ha quedado completamente indefensa al desaparecer la protección de la arena de la playa. Para restablecer la defensa longitudinal se ha ejecutado una sección tipo, compuesta de un revestimiento de escollera sobre el talud, y una berma de pie con doble función: disipar el oleaje y mitigar la erosión. También en el trasdós de la sección se ha ubicado una capa de escollera más pequeña, para que actúe de filtro con las tierras del talud, y se permitan disipar las presiones de poro. El presupuesto ha sido de 2,7 millones de euros aproximadamente, la fecha de inicio de los trabajos fue el 8 de junio de 2009, la aportación de arena fue de 172.483 metros cúbicos, procedentes del entorno del puerto de Arenys, la fecha de inicio del 16 de julio de 2009, y la fecha de terminación el 6 de agosto del 2009.


En Vilassar de Mar el objeto de la actuación ha sido reparar un tramo de protección longitudinal de escollera existente, que había quedado inestabilizada tras los citados temporales, dejando en precario una parte de la senda peatonal, así como proteger otro pequeño tramo de la senda peatonal en el lado más occidental. Se ha aportado también un pequeño volumen de arena para que la playa estuviera disponible para los usuarios en la temporada estival, pues la superficie de playa seca había desaparecido en su totalidad. Se trata también de recomponer la senda peatonal en la zona del frente de escollera, realizando un extendido de sauló compactado y restituyendo las instalaciones y mobiliario destruidos por los temporales. La protección de escollera sobre la que se ha actuado se ubica en la playa del poniente del municipio y se extiendo 340 metros al sur de un pequeño espigón, en el espigón del Astillero, que se encuentra junto a la estación del ferrocarril hasta la desembocadura de la riera de Vilassar. En esta zona, por la acción de los temporales, la escollera de protección se había derrumbado completamente y quedado las piezas de escollera diseminadas de manera errática sobre la poca superficie de playa seca. Al desaparecer la protección de escollera, el talud de tierras de la senda peatonal que discurre paralela a las vías del ferrocarril se desmoronó y quedó expuesto a los oleajes; la senda quedó intransitable y las vías del ferrocarril sin protección. Al norte del espigón del Astillero se encuentra la playa del Astillero; en esta playa la protección de escollera tras el temporal de diciembre se encontraba suficientemente estable y por ello no se ha actuado sobre la misma, pero desapareció completamente la superficie de playa seca y, por esto y en consonancia con la deriva litoral predominante, la aportación de arena se realizó sobre esta playa. Para restablecer también la defensa longitudinal se ha ejecutado una sección tipo similar a la mencionada para Cabrera del Mar y el presupuesto ha alcanzado 2.191.979 euros, la fecha de inicio de los trabajos fue el 22 de junio del 2009; la aportación de arena ha sido de casi 85.000 metros cúbicos, también procedente del entorno del puerto de Arenys, la fecha de inicio de esta aportación fue el 1 de julio y la terminación el 19 de julio de 2009.


En El Masnou-Montgat, el objeto de la actuación en el frente marítimo de los municipios de El Masnou y Montgat ha consistido en reparar los deterioros sufridos en un tramo de la protección de escollera existente, la cual había quedado inestabilizada tras los temporales de los últimos días de diciembre de 2008, dejando en precario una parte de la senda peatonal existente, por otro lado intensamente utilizada por paseantes y ciclistas a lo largo de todo el año. Como en alguna de las actuaciones anteriormente detalladas, en este frente marítimo también se ha aportado un cierto volumen de arena para mejorar la disponibilidad de playa seca por parte de los bañistas en la temporada estival, pues la superficie de playa seca había desaparecido en su totalidad en algunos tramos y en gran medida en otras zonas. Para restablecer los 1.300 metros de la defensa longitudinal desestabilizados por el oleaje se ha ejecutado una sección tipo similar a la mencionada para Cabrera del Mar y Vilassar del Mar. El presupuesto ha ascendido a 3,8 millones de euros, los trabajos se iniciaron el 16 de junio del año 2009; en cuanto a la aportación de arena, el volumen ha sido de 121.000 metros cúbicos aproximadamente, la procedencia el entorno del puerto de Masnou, la fecha de inicio fue el 6 de julio de 2009 y la de terminación el 14 de julio de ese mismo año.


En Barcelona, el objeto de la actuación han sido las playas y defensas de la ciudad de Barcelona y las actuaciones que se autorizaron han consistido en reconstruir y reparar todos los deterioros sufridos en varias de las defensas de escollera. También se debieron restituir pavimentos, instalaciones y mobiliario urbano en algunos puntos de los paseos marítimos. Las playas vieron mermada su superficie de playa seca y también, en consecuencia, disminuyó su capacidad para defender los terrenos colindantes, por lo cual se aprobó una aportación de arena en algunas de las playas, las más afectadas. El presupuesto ha sido de 2,5 millones de euros, la fecha de inicio de los trabajos el 16 de junio de 2009, la aportación de arena por medios terrestres ha sido de un volumen de 5.000 metros cúbicos en la playa de Barceloneta poniente, la procedencia era de la playa seca de San Sebastián, la fecha de inicio el 14 de junio y la de terminación el 17 de julio de 2009. En la playa de Barceloneta poniente, el volumen aportado ha sido de casi 60.000 metros cúbicos, la procedencia es el entorno del puerto de Masnou, la fecha de inicio de los trabajos fue el 17 de junio de 2009 y la de terminación el 23 de junio. En la playa de Levante, el volumen ha sido

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de 121.000 metros cúbicos, la procedencia fue también del entorno del puerto del Masnou, la fecha de inicio el 23 de junio de 2009 y terminó el 29 de junio. En la playa de Bogatell, el volumen ha sido de casi 70.000 metros cúbicos, la procedencia, el entorno del puerto del Masnou, la iniciación fue el 29 de junio de 2009 y la finalización el 6 de julio.


En la provincia de Tarragona, las actuaciones realizadas en cada uno de los municipios de Vendrell y Alcanar, por un importe total de más de un millón de euros. En el Vendrell, se produjeron unos efectos destructivos provocando la desaparición de la playa y amenazando las partes posteriores en una longitud de 1,2 kilómetros. Como resultado de ello, se ha producido una gran regresión en la línea de costa, con la consecuente pérdida total de arena en las playas, afectando a los bienes situados tras la misma y ocasionando la caída de protecciones y demás bienes en la parte posterior de la playa. Se ha realizado, por tanto, una aportación de arena de 72.000 metros cúbicos, lo que ha supuesto una inversión de 500.120 euros. En la costa de Alcanar se produjo un desmoronamiento de los acantilados en una longitud de unos 400 metros, provocando desprendimientos y afectando gravemente el camino que transcurre por la parte superior de los mismos; la socavación producida en la parte inferior del acantilado suponía una grave amenaza para la estabilidad del mismo y la seguridad de los usuarios que transcurran por el camino. Las obras realizadas en ese término municipal han consistido fundamentalmente en la excavación de la zona desmoronada, colocación de escollera y reparación de accesos, con una inversión total de 515.040 euros.


En la provincia de Girona, las obras de emergencia por los temporales de los días mencionados anteriormente han sido las siguientes: en los municipios de Blanes y L'Escala principalmente, aunque también en otros municipios, con un importe total de casi 7 millones de euros, concretamente 6.928.202 euros. En Blanes, la obra consistió en reparar una gran parte del paseo marítimo, que había quedado seriamente dañado por los temporales acaecidos, se reconstruyó la sección del paseo dañado mediante una sección de escollera de tres toneladas con talud y berma de pie, se retranqueó la alineación del paseo con el objetivo de aumentar el resguardo de la playa frente a futuros temporales y adoptar una traza de paseo compatible con futuras actuaciones en el mismo. Debido a la gran pérdida de material de playa se puso de manifiesto la necesidad de recuperar volumen de arena mediante la realización de un dragado de procedencia marina estimado en unos 100.000 metros cúbicos. La parte del proyecto de obras de emergencia correspondiente al dragado de los sedimentos fue sometido a consultas previas ambientales para evaluar la posible afección a los hábitat y al medio socio-económico. Las obras del paseo se iniciaron en febrero de 2009 y el proyecto fue presentado a los diferentes organismos relacionados con la gestión del medio ambiente y el territorio para realizar las alegaciones oportunas al dragado de arena.
Por resolución de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático y la Dirección General de Evaluación Ambiental, se ha adoptado la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de obras de emergencia y recarga en la playa de S'Abanell, en el cual se incluía la realización del presente dragado. Este se realizó entre el 30 de julio y el 20 de septiembre de 2009, con un aporte de 150.000 metros cúbicos de arena en la playa de S'Abanell. El presupuesto ha sido de 2,3 millones de euros y los trabajos se iniciaron el 20 de febrero y finalizaron el 20 de septiembre de ese ejercicio 2009. La aportación de arena, con un volumen de 150.000 metros cúbicos, procede del entorno del puerto de Arenys de Mar. En La Escala el objeto de la actuación de la obra consistió en reparar una gran parte del paseo del municipio de L'Escala que había quedado seriamente dañado por los temporales, el oleaje también había causado daños en el muro de contención del paseo que produjeron el escape material de relleno del paseo y el posterior hundimiento en diferentes puntos del mismo. Las obras consistieron en la reconstrucción del muro dañado mediante colocación de bloques de hormigón y pantallas de hormigón armado, se ha repuesto el pavimento deteriorado y se completó la sección de tránsito del paseo. El presupuesto total ascendió a 3,7 millones de euros aproximadamente, los trabajos se iniciaron el 15 de febrero de 2009 y finalizaron el 20 de julio de ese mismo año.


En otros municipios también se han llevado a cabo obras de emergencia. El objeto de la actuación concreta ha consistido en reparar diversas infraestructuras litorales que habían sufrido daños puntuales en varios municipios de Girona por el temporal. Las actuaciones se concretaron en la reparación del paseo marítimo de Tossa de Mar, con el fin de evitar futuros daños que afecten a la estabilidad del mismo; reparación de un tramo de pasarela en el camino de ronda de Sant Pol en Sant Feliu de Guixols; reparación de la pasarela de acceso a Cala Joncas y zona de Port Salvi; reparación del paseo marítimo en Platja d'Aro, reposición del pavimento en los accesos a la playa, con el fin de garantizar la estabilidad del mismo; recolocación y aporte de escollera perdida en los morros de los diques de protección que sustentan la arena de playa de Sant Antoni de Calonge; la reparación de la estructura del muro en el trazado de las Ribas de Cadaqués y en Es Poal, reposición del pavimento y accesos a la playa; y reparación del muro situado en el trasdós de la playa de La Vall y reconstrucción puntual de algunos accesos al mar en el camino de ronda entre Port de la Selva y Llançà. El presupuesto fue de 815.000 euros y los trabajos se iniciaron el 10 de marzo de 2009 y finalizaron el 20 de septiembre de ese año. (El señor vicepresidente, Reyes Martínez, ocupa la Presidencia.) En conclusión, la Secretaría General del Mar ha invertido 19,5 millones de euros de su presupuesto de 2009 para paliar los daños

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causados en el litoral de la costa catalana como consecuencia de los temporales acaecidos en los últimos días de diciembre de 2008, lo que supone, como habrán comprobado, una cifra muy considerable.


Por último, en cuanto a los compromisos del Gobierno en materia medioambiental, calidad de aguas y saneamiento de Galicia, de acuerdo con lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, y para dar respuesta a la solicitud de comparecencia del Grupo Mixto, BNG, quiero decir que desde la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, durante este año 2010 se ha continuado con la ejecución de varias obras previstas en el ejercicio de 2009, aunque también les voy a trasladar información correspondiente a 2010. Las más destacadas son las gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, aunque también me referiré a la gestión correspondiente a las confederaciones hidrográficas del Cantábrico y del Duero, para finalizar con las obras de la sociedad estatal AquaNorte. Comenzando por las primeras, es decir, las obras gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en Galicia son las siguientes. Obras en ejecución en el año 2009. Durante el presente año se ha continuado con la ejecución de varias obras en marcha, entre las cuales se puede destacar las siguientes: La EDAR de Bens, A Coruña, presupuesto vigente 94,5 millones de euros; ejecutado en origen 66,3 millones de euros; en estos momentos se encuentra ejecutado más del 94 por ciento de la obra civil y un 30 por ciento de los equipos, las obras van al ritmo esperado y se espera que no tengan problemas para finalizar en el plazo previsto. En cuanto al emisario submarino de Bens, el presupuesto vigente es de 16,2 millones de euros, del cual están ejecutados hasta la fecha 12,8 millones de euros y la finalización de la obra está prevista para septiembre de 2009. La parte terrestre ya está finalizada desde hace meses, las obras marítimas se están ejecutando en la actualidad, restando exclusivamente las labores de protección de tubería e instalación de los difusores; las dificultades climatológicas que se habían sufrido sobre todo en el mes de julio pero también durante gran parte de agosto hicieron necesario retrasar el final de la obra hasta el mes de noviembre, existiendo el riesgo de no poder completarla en el año en curso. De cualquier forma, los trabajos pendientes serían mínimos, por lo que la no finalización en plazo del emisario no comprometería la puesta en marcha de la planta.


Respecto a la EDAR de cabo Prioriño, el presupuesto vigente es de 30,4 millones de euros, ejecutado en origen 13,4 millones, las obras avanzan a buen ritmo, habiéndose ejecutado aproximadamente un 80 por ciento de la obra civil y un 25 por ciento de los equipos; se prevé el cumplimiento del plazo y la ejecución de la anualidad prevista para el presente año.
En cuanto al emisario submarino de cabo Prioriño, el presupuesto vigente son 10,8 millones de euros, el ejecutado en origen 4,3, la climatología adversa durante los meses de julio y agosto ha impedido la ejecución de las obras al ritmo previsto por lo que solo será posible completar este año el fondeo de uno de los tramos de tubería; la obra finalizará en este verano 2010. De la EDAR de Lugo, el presupuesto vigente es de 36,4 millones de euros, ejecutado en origen 18,9 millones de euros, la finalización prevista es julio de este año y la ejecución de las obras marcha según el ritmo previsto, habiéndose ejecutado más del 80 por ciento de la obra civil. Acondicionamiento de márgenes del río Arenteiro en Carballino; el presupuesto vigente es 1,5 millones de euros y la obra ya finalizó en marzo de 2009. El colector interceptor de la margen derecha del río Miño en Ourense, tramo Puente Nuevo-Balneario; el presupuesto vigente es de 14,7 millones de euros, ejecutado en origen 4,6 millones de euros, con la finalización prevista para noviembre de este año 2010. Se encuentran ejecutados la mayor parte de los colectores e infraestructuras de los aliviaderos, las obras marchan a buen ritmo, estando previsto el cumplimiento de la anualidad y el plazo vigente. En cuanto al colector interceptor de la margen derecha del Miño en Ourense, tramo Eiras Vedras-Tarascón, el presupuesto vigente es de 4,3 millones de euros, ejecutado en origen 1,6 y con finalización prevista para este año 2010. Ejecutados ya una gran parte de los colectores y el bombeo de Tarascón, se trabaja fundamentalmente en el bombeo de Eiras Vedras y en el del cruce del Miño, las obras marchan a buen ritmo, estando previsto el cumplimiento de la anualidad y el plazo vigente. El colector interceptor de la margen derecha del Miño en Ourense, tramo Vinteún-Puente Nuevo, presupuesto vigente 4,9 millones de euros, está ejecutado en origen 2,3; prácticamente ejecutados la totalidad de los colectores y el aliviadero de Oira, a día de hoy se trabaja en la construcción del aliviadero de Vinteún. Las obras marchan también a buen ritmo, estando previsto el cumplimiento de la anualidad y del plazo vigente.


En cuanto a la reparación de daños causados por el vandalismo y el paso del tiempo en la EDAR de Guillarei y en el sistema general de saneamiento del Louro, el presupuesto vigente es de 1,7 millones de euros, ejecutado 1,7 millones de euros, la finalización vigente está ya ejecutada; tras los más de dos años transcurridos desde la finalización de la EDAR de Guillarei y algunos más en relación con los distintos tramos del sistema general de saneamiento del Louro, el vandalismo y el propio paso del tiempo fueron causando diversos deterioros en las instalaciones de saneamiento. En el marco de un acuerdo alcanzado con la Xunta de Galicia en el año 2009, se adjudica esta obra con el fin de solucionar todos los problemas que pudieran existir y proceder a la entrega de la planta y del sistema de colectores a la Xunta de Galicia, en condiciones que permitan la inmediata puesta en marcha de las instalaciones. El colector interceptor del río Sar, tramo Pontepedriña-Ponte San Lázaro, con un presupuesto vigente de 8,8 millones de euros, ejecutado en origen 7,9; la finalización vigente es noviembre de este año 2010, pendiente de aprobación de un modificado y prevista su finalización en el plazo señalado. Esta obra fue gestionada por la Confederación

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Hidrográfica del Cantábrico hasta el 31 de diciembre del año 2009. El colector interceptor del río Sar, tramo Pontepedriña-EDAR de Silvouta, con presupuesto vigente de 21,4 millones de euros está ejecutado en origen 3,6 y la finalización vigente es marzo del 2013; esta obra fue gestionada también por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico hasta el 31 de diciembre de 2009. El colector de saneamiento en el muelle Fernández-Ladreda de A Malata, en Ferrol, presupuesto vigente 5,5 millones de euros, ejecutado en origen 1,7; la finalización es en octubre de este año 2010. Las obras han comenzado recientemente y se ejecutan al ritmo previsto. La restauración hidrológico-forestal Miño-Sil de las áreas afectadas por escombreras de pizarras en las márgenes del río Sil, del río Seco y el arroyo Pereanes, son 4,2 millones de euros y la obra ya ha sido recibida. La restauración de escombreras que invadían el río, liberación DPH y recuperación de 750 metros del río Seco y 900 metros del arroyo Pereanes. La restauración hidrológico-forestal de áreas afectadas por escombreras de pizarras en las márgenes de los ríos Casayo y Santana y de la confluencia de los ríos Casayo y Ardemouro por importe de 9,7 millones de euros, con una longitud de la actuación de 5,7 kilómetros; la obra ya está recibida. Acondicionamiento para uso público del paraje de Fervenzas do Touron, en el río Cerves, 0,5 millones de euros; es un sendero, pasarelas peatonales y mirador y se ha iniciado en este año 2010.


En cuanto a las obras del PlanE, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil gestiona un total de 20,7 millones de la Dirección General del Agua correspondientes al PlanE y que abarcan varias actuaciones de acondicionamientos de cauces y saneamientos. Con posterioridad puedo ampliarles esta información, si así lo desean.


Obras programadas para este año 2010. Tenemos el interceptor general de la margen derecha de la ría de Ferrol, tramo A Malata-A Gándara, en Ferrol, A Coruña; la inversión prevista es de 14,2 millones de euros. La situación actual es que el proyecto se encuentra en proceso de supervisión, el inicio de estas obras está previsto en este año 2010 y su plazo de ejecución es de 36 meses. En el interceptor general de la margen derecha de la ría de Ferrol, tramo A Gándara-Xubia, en Ferrol, A Coruña, la inversión prevista es de 21,2 millones de euros; el proyecto se encuentra en fase de redacción y el inicio de estas obras también está previsto en este año 2010, siendo su plazo de ejecución de 36 meses. En cuanto al saneamiento y recuperación ambiental del río Inxerto y saneamiento del río Tronco, en Ferrol, la inversión es de 4 millones de euros, la situación actual es que el proyecto se ha enviado a la Dirección General del Agua con vistas a ser licitado dentro del PlanE; el inicio de estas obras está previsto para este año 2010 y su plazo de ejecución es de 9 meses. La estación depuradora de aguas residuales de Santiago de Compostela tiene una inversión prevista de 70,4 millones de euros; actualmente se están desarrollando conversaciones con la Xunta de Galicia con la intención de llegar a un acuerdo para la cofinanciación de esta obra. Culminado el tramite ambiental, se está procediendo es este momento al inicio de la expropiación de terrenos, habiéndose completado el tramite de información pública. El inicio de esta obra está previsto para finales del año 2010, también con un plazo de ejecución de 36 meses.
En las obras complementarias de la EDAR de Lugo, la inversión prevista es 1,6 millones de euros; en estos momentos se encuentra pendiente la aprobación definitiva del anteproyecto para sacar a licitación el correspondiente contrato de elaboración del proyecto y ejecución de obras. La fecha prevista de inicio de obras es a mediados de este año 2010, con una duración estimada de 6 meses. El proyecto de terminación de la obras de acondicionamiento de la margen derecha del río Miño en Lugo tiene una inversión prevista de 1,7 millones de euros; la situación actual es que está a punto de iniciarse la licitación de obras y se prevé también el inicio después del verano. Proyecto de mejoras en la EDAR de Xinzo de Limia, inversión 1,2 millones de euros; en estos momentos está en fase de adjudicación provisional, el inicio de la obra será en este año 2010 y su plazo de ejecución es 7 meses.


Proyecto de colectores y estación depuradora en A Bola, Ourense, la inversión prevista en torno al millón de euros; actualmente está pendiente la aprobación del pliego de prescripciones técnicas para la realización del proyecto y las obras también se iniciarán en este año. El proyecto de colectores y estación depuradora en Vilar de Santos, Ourense, tiene una inversión prevista de en torno al millón de euros; también está pendiente la aprobación del pliego de prescripciones técnicas para la realización del proyecto y las obras se iniciarán este mismo año 2010. En cuanto a la mejora del saneamiento de Ourense, la EDAR de Ourense de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, declaración de interés general por Ley 10/2001, la actuación que ha de culminar toda la mejora del saneamiento de Ourense está presupuestada en 79 millones de euros. Como saben, señorías, hay problemas en la actual EDAR de Reza, inaugurada en el año 1995, y hay una necesidad perentoria de esta nueva EDAR. En cuanto a operativos, hay una falta de capacidad de tratamiento y diseños obsoletos en varios procesos. Funcionales, es inundable para avenidas de periodo retorno menor de cien años y las obras incluidas en el protocolo de ejecución del Plan nacional de calidad de las aguas, saneamiento y depuración 2007-2015, MARM-Xunta de Galicia, protocolo suscrito el 30 de enero del año 2009. En el año 2008 se procedió a la terminación de emplazamiento y proceso de depuración, concurso convocado por el ayuntamiento; el emplazamiento más idóneo en aguas abajo de la EDAR actual, entre esta y el llamado parque de Outariz. Proceso convencional de fangos activados con eliminación biológica de nutrientes. En el año 2009 se procedió a la redacción del anteproyecto, concurso de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, finalizado recientemente y para 180.302 habitantes equivalentes. El 12 de febrero del año 2010 se obtuvo la

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contestación de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que envió el documento inicial del anteproyecto en septiembre de 2009, determinando la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y trasladando las consultas previas de distintos organismos.


Respecto a la situación actual en cuanto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, quiero decir que hay una adaptación del anteproyecto a las prescripciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, próximamente se hará la información pública del anteproyecto y envío del estudio de impacto ambiental a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para que emita la correspondiente DIA. El plazo previsto para la licitación es el primer trimestre de 2011, si hay una tramitación acelerada de la declaración de impacto ambiental; comienzo de las obras en el verano del 2011. En cuanto a la pasarela peatonal sobre el Miño en Ourense, el presupuesto es de 2,07 millones de euros, que corresponde al presupuesto de la Dirección General del Agua, financiado con créditos del PlanE; la población beneficiada será 110.000 habitantes y el inicio también está previsto en este año 2010. Debido a la reciente incorporación de los créditos del PlanE, el expediente se encuentra en la Intervención delegada para la retención del crédito y posterior fiscalización. Estimamos en 15 días el plazo de tramitación necesario para poder encargar a Tragsa la ejecución de estos trabajos.


En cuanto a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, desde el 1 de julio de 2008, fecha de entrada en funcionamiento de algunos organismos de cuenca constituidos por segregación de la antigua Confederación Hidrográfica del Norte, el ámbito de actuación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en Galicia se circunscribe en materia de obras hidráulicas a las actuaciones de interés general o convenidas con la Administración autonómica, a desarrollar en la parte gallega de las cuencas cantábricas del Eo y el Navia. Excepcionalmente, el MARM encomendó a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico la gestión de las obras declaradas de interés general de saneamiento de Santiago de Compostela, en A Coruña, correspondientes a las cuencas intracomunitarias de Galicia ya transferidas a la comunidad autónoma en los años ochenta.
Desde el uno de enero de 2010 la gestión de dichas actuaciones, como saben, está asumida por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Las obras en ejecución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico desde el año 2009 son las siguientes: acondicionamiento del cauce y márgenes desde el río Eo, en la zona de la Chousa de Abaixo de Villaodriz, en el término municipal de A Pontenova, en Lugo, con un presupuesto vigente de 4,2 millones de euros, certificación en el año 2009 de un millón de euros y la finalización vigente será en diciembre del 2010; las obras se han iniciado en agosto del año 2009, los trabajos se están desarrollando al ritmo previsto y la anualidad para este ejercicio de 2010 será de 3,2 millones de euros, con lo que se completa el presupuesto total de los 4,2, como mencioné hace un momento.


Obras de emergencia para restauración de cauces con motivo de las avenidas de noviembre de 2008 en los ríos de la zona occidental de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El presupuesto vigente es de 3,6 millones de euros, lo certificado en 2009 fueron 3,6 millones de euros y la finalización también ha sido en diciembre de 2009. De las cinco obras de emergencia comprendidas en la actuación, una se desarrolló en Galicia y consistió en la reposición de muro en el cauce del río Eo, en ría de Abres, termino municipal de Trabada, Lugo, y Vegadeo, Asturias.
El presupuesto ha sido de 0,4 millones de euros. Desde el 1 de julio de 2008, fecha de la entrada en funcionamiento de los nuevos organismos de cuenca constituidos por segregación de la antigua Confederación Hidrográfica del Norte, el ámbito de actuación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en Galicia se circunscribe, en materia de obras hidráulicas, a las actuaciones -como decía antes- de interés general o convenidas con la Administración autonómica a desarrollar en la parte gallega de las cuencas cantábricas del Eo y el Navia.
Excepcionalmente, el MARM ha encomendado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico la gestión de las obras declaradas de interés general de saneamiento de Santiago de Compostela, correspondientes a las cuencas intracomunitarias de Galicia ya transferidas a la comunidad autónoma en los años ochenta.


En cuanto a las obras del PlanE, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico gestiona en Galicia tres actuaciones por un presupuesto de 6,8 millones de euros, de los cuales 4,4 millones de euros son a ejecutar entre 2009 y 2010 en la provincia de Lugo. La primera de las actuaciones son las obras del proyecto de saneamiento en Cuiña y San Cibrao, en el término municipal de Cervo, en Lugo. El presupuesto total son 3.090.010 euros, la anualidad del año 2009 han sido 585.598 euros y en ejecución el resto de la obra. La segunda de las actuaciones es la mejora del estado ecológico y los ríos de la cuenca del Cantábrico en las comunidades autónomas de Galicia y Asturias, también en la provincia de Lugo. El presupuesto ha sido 1,3 millones de euros aproximadamente, la anualidad ejecutada en 2009 ha sido de 757.809 euros. La limpieza del río Redil, en la cuenca del río Eo en O Mazo, término de A Fonsagrada, 23.958 euros, ya finalizada. La demolición de Azud y acondicionamiento del entorno en el río Eo en O Navallo, en Fonsagrada, 8.549 euros, también finalizada.
Limpiezas, podas, desbroces y retirada de residuos naturales en el río Turía, en la cuenca del río Eo, en A Pontenova-Valindarcas, en Fonsagrada, 41.750 euros, también finalizada. Limpiezas, podas, desbroces y retirada de residuos naturales en el río Torto, cuenca del río Eo, en el término municipal de A Pontenova, 62.072 euros, también finalizada.
Talas, podas y desbroces en el término municipal de A Pontenova, en Santalla-Xudán, 39.257 euros, también finalizada. Talas, podas, desbroces

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en el río Reigadas, en Bogo-A Panturreira, en A Pontenova, 17.071 euros, también finalizada. Lo mismo en el río Eo, en Fonteo Cortevella, en el término municipal de Baleira, 42.213 euros, también finalizada. La limpieza y acondicionamiento del río Lúa en San Martín de Lúa-O Pontigón, en el término municipal de Pol, 20.535 euros, también finalizada. La retirada de residuos antrópicos en el río Eo, en Santalla, en el término municipal de Ribeira de Piquín, 11.298 euros, también finalizada. Las limpiezas, podas y desbroces en el río Eo, en Santalla-Lamas, en Ribeira de Piquín, 51.666 euros, también finalizada. Acondicionamiento y limpieza, recuperación de márgenes y mejora medioambiental en el río Machón-Carboeiro, en As Rodrigas, en el término municipal de Riotorto, 66.828 euros, también finalizada. Acondicionamiento, limpieza y recuperación de márgenes y mejora ambiental en el río Machin Carboeiro, cuenca del río Eo, en As Rodrigas, término municipal de Riotorto, 157.639 euros, en ejecución. Protección de márgenes mediante técnicas de bioingeniería, recuperación de la sección de desagüe del cauce, acondicionamiento y limpieza del arroyo Requeixo, cuenca del río Eo, en Trabadela, término municipal de Trabada, 111.424,65 euros, sin empezar.
Retirada de sedimentos en el cauce, limpiezas, podas y desbroces en el río Sante, también en A Retorta Abres, en el término municipal de Trabada, 61.297 euros, en ejecución. Protección de márgenes mediante técnicas de bioingeniería, adecuación de área recreativa, retirada de residuos antrópicos y naturales, en Fraga da Belosiña, también en el término municipal de Trabadas, 7.541 euros, sin empezar.
Acondicionamiento y limpieza en el río Navia en Espariz-Barreiro, en el término de Becerrea, 43.352 euros, ya finalizada. Acondicionamiento y limpieza en el río Navia en Cervantes-A Arroxina, término municipal de Cervantes, 37.648 euros, sin empezar. Acondicionamiento y limpieza del río Cervantes, cuenca del río Navia, en A Ponte-Doiras-As Pontes de Gatín, término municipal de Cervantes, 122.642 euros, finalizada. El acondicionamiento y limpieza en el río Navia en Embernallas-A Arroxina, término municipal de Navia de Suarna, 55.902 euros, finalizada.


En cuanto a las obras de la Confederación Hidrográfica del Duero, actuaciones en cauces, total de Presupuestos Generales del Estado de 2009, restauración hidrológico-forestal en Ourense, 250.000 euros y total, también en Presupuestos Generales del Estado, lo que corresponde a la red de control de caudales y conservación y mantenimiento de cauces, 242.000 euros en varias provincias de Galicia. Actuaciones del PlanE de la Confederación Hidrográfica del Duero en Galicia con cargo al mismo; en el año 2009 comenzaron las obras correspondientes a las cuatro actuaciones que a continuación voy a detallar, con una inversión total de 2.131.962,41 euros, incluyendo el contrato de dirección de obras, que ha generado 70 empleos y ha beneficiado a una población de 200.000 habitantes. La restauración ecológico-ambiental de los ríos Bubal y Rubín, con una inversión de 377.631 euros; la adecuación ambiental y defensa contra avenidas en la cuenca del río Támega, en Verín, 678.189 euros; la defensa contra avenidas y adecuación ambiental del río Támega y afluentes en el término municipal de Oímbra, 429.026 euros; y la defensa contra avenidas del núcleo de Albarellos, en Monterrei, por importe de 480.000 euros. Salvo la actuación de restauración ecológico ambiental de los ríos Bubal y Rubín, en el término municipal de Monterrei, que ha finalizado recientemente y por la que ha comparecido el 20 de mayo de este año el secretario de Estado de Medio Rural y Agua en el Senado, todas fueron recibidas dentro del año 2009.


Por último, en cuanto a las obras gestionadas por la Sociedad Estatal AquaNorte, tengo que decir que no se ha modificado su ámbito de actuación en Galicia, que comprende el término municipal de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y Cantábrico. La relación de actuaciones encomendadas a la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Norte en Galicia, con detalle del importe de la inversión incluido en el convenio de gestión directa aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 14 de mayo de 2010, la inversión realizada en el ejercicio 2009 y la acumulada a 31 de diciembre de 2009, así como la actividad más relevante a realizar o realizada en el ejercicio 2010 es la siguiente: en Lugo, el abastecimiento de agua a Lugo, primera fase, cuyo importe de la inversión era de 32.172.000 euros, lo ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2009 ha sido de 32.253.790 euros, con lo cual la actuación está finalizada y se encuentra en explotación. La segunda actuación es la segunda fase del abastecimiento de agua a Lugo, el importe de la inversión en el convenio de gestión directa es de 8.699.000 euros, lo ejecutado hasta 31 de diciembre de 2009 es de 255.271 euros y, como más relevante en este ejercicio 2010, diré que se están ejecutando las obras. La tercera actuación es la ampliación y mejora del sistema de tratamiento de agua potable en Monforte de Lemos, por importe de 6,18 millones de euros; hasta el 31 de diciembre de 2009 se han ejecutado 97.350 euros, ya se ha adjudicado el contrato conjunto de redacción del proyecto y ejecución de las obras. En Ourense, el abastecimiento de agua a Ourense, el importe de la inversión son 24 millones de euros, lo ejecutado hasta diciembre de 2009 han sido 216.097 euros, y como actividad más relevante en el ejercicio de 2010 diré que se trata de la adjudicación del contrato conjunto, redacción del proyecto y ejecución de las obras. En Pontevedra, saneamiento de Vigo, 238.187.000 euros; ejecutado hasta 31 de diciembre de 2009, 1.413.000 euros aproximadamente, y como actividad más relevante para este ejercicio 2010, la firma del convenio con la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo y adjudicación del contrato conjunto de redacción del proyecto y ejecución de las obras. Nuevo abastecimiento de agua a Pontevedra y su ría, por importe de 41.660.234 euros; hasta el 31 de diciembre de 2009 la inversión acumulada es de 112.095 euros, y como actividad más relevante en este año 2010 tenemos la redacción del anteproyecto y la adjudicación del con

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trato conjunto de redacción de proyecto y ejecución de las obras. En cuanto al abastecimiento de agua a Ourense, AquaNorte, la captación, transporte, tratamiento y almacenamiento, el presupuesto base son 23,7 millones de euros, el inicio de la licitación ha sido el 9 de diciembre de 2009 y la adjudicación prevista es mayo de 2010. Del conjunto de obras, destaca obviamente las correspondientes al saneamiento de Vigo, que supondrá -como habrán podido escuchar- una movilización de inversiones de más de 238 millones de euros. Saben SS.SS. que el ministerio está trabajando y colaborando para que la Xunta y el Concello de Vigo y el ministerio lleguen a un acuerdo y celebren el convenio de colaboración que requiere este proyecto.


En conclusión, señorías, el Gobierno cumple con sus compromisos medioambientales en Galicia y lo seguirá haciendo en próximos ejercicios, aunque hay que tener en cuenta las actuales circunstancias presupuestarias. Sí les puedo afirmar que nuestra voluntad es seguir trabajando en la mejora ambiental de Galicia y por supuesto del resto de España.


Creo haberles dado profusa información sobre todos y cada uno de los numerosos temas que hoy me han traído a esta Comisión y estoy a su entera disposición para cualquier aclaración que les suscite.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Muchas gracias, señor Martín Fragueiro, por su intervención.


Abrimos ahora un turno de intervenciones para los grupos parlamentarios que han solicitado las diferentes comparecencias que figuran en el orden del día de esta Comisión. Empezamos por el Grupo Parlamentario Popular.
Van a dividir el tiempo asignado al grupo en tres intervenciones. En primer lugar el señor Fajarnés.


El señor FAJARNÉS RIBAS: Quiero, en primer lugar, advertir que la comparecencia que se había solicitado por parte del Grupo Parlamentario Popular era para que estuviese hoy aquí la señora ministra, comparecencia, por cierto, hecha en el verano de 2008. Cabe decírselo al señor secretario general del Mar porque en ese verano de 2008 salían informaciones de que por parte del ministerio se tenían propuestas para un cambio de deslinde en la isla de Formentera. Yo quiero agradecerle al señor secretario general que hoy comparezca en nombre del ministerio, en nombre de la ministra y que en esta cuestión dé S.S. la cara. Lamento profundamente que la ministra -una vez más, porque no es la primera vez, lo suele hacer- en temas que para nosotros y para una isla como Formentera, hoy no esté aquí para exponer cuáles son sus intenciones de cara al futuro con respecto a la citada isla de Formentera. No me sorprende, entre otras cuestiones, porque desde que la ministra es ministra aún están esperando los afectados que les reciba; habrán tenido algún contacto, pero con la ministra no. Esto también demuestra cuál es la intención que tiene el ministerio y la ministra con respecto al deslinde de Formentera y con respecto a sus habitantes.


Dicho esto, señoría, a estas alturas de su mandato, del mandato del Gobierno socialista, y con la que les cae por falta de credibilidad, no nos puede venir aquí hoy a contar las milongas de tres minutos, milongas antiguas, no nos puede venir a decir lo que nos ha dicho sobre el deslinde de la isla de Formentera, sobre todo teniendo en cuenta, y se lo quiero recordar, que el 28 de junio de 2006 se aprobó en esta misma Comisión del Congreso de los Diputados una proposición no de ley, por unanimidad -proposición del Partido Popular, que consensuó con el exdiputado socialista, señor Mateos- en la que acordamos que hubiese un deslinde justo para la isla de Formentera. Hace cuatro años, señor secretario general. Yo sé que usted no es el culpable, la culpable es la ministra y su Gobierno. Cuatro años que ustedes han incumplido un mandato parlamentario, ratificado además por el Senado de España, ratificado con acuerdos múltiples en el Parlament de les Illes Balears por el propio Consell de Formentera, por cierto, con los votos del Partido Socialista.
Cuatro años, señor secretario general, en los que ustedes no han hecho nada, han incumplido y, permítame que se lo diga, han engañado al pueblo de Formentera y al pueblo de las Islas Baleares. Y ya está bien de paripés. Depende de si hay elecciones o si no hay elecciones, se inventan que hay negociaciones, se inventan que hacen propuestas, se inventan que están preparando algo para el tema de deslinde, pero la realidad es que no han hecho absolutamente nada y que, además, su intención es no hacer nada. Pero díganlo, sean valientes, díganlo, que no quieren cumplir con el mandato parlamentario de este Congreso de los Diputados, de sus propios diputados socialistas. Díganlo. Y, lo que es peor, a consecuencia del acuerdo parlamentario que hubo aquí en el año 2006, poco después va -¿quién?- el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, y se presenta en Formentera, grandes titulares: yo sí creo habrá un deslinde justo para la isla de Formentera. Ya vemos cuál es la credibilidad, evidentemente, de los compromisos del señor Rodríguez Zapatero, ya sabemos cómo van.


Yo, sinceramente, hubiese preferido hoy no tenerle que reprochar nada, lo hubiese preferido; hubiese preferido además tenerle que decir: han tardado cuatro años pero están en la línea de cumplir. O que hoy hubiese expuesto una propuesta de cambio de deslinde para la isla de Formentera, como se comprometió su presidente, el señor Rodríguez Zapatero. Yo hoy hubiese intervenido y hubiese dicho: hemos tardado pero por lo menos hay algo en claro. El Partido Popular ha sido paciente, hemos sido cautelosos, y lo sabe muy bien el exdiputado señor Mateos, incluso socialistas de la isla de Formentera; hemos colaborado, hemos sido leales, porque al final lo único que perseguimos es que se solucione el problema de deslinde de costas de la isla de Formentera, que afecta, nada más y nada menos, que a una tercera parte de la isla; pero lo que no podemos aceptar, señoría, son

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los engaños, lo que usted ha venido hoy aquí a explicar, lo inexplicable, los incumplimientos parlamentarios. Eso es una vergüenza, señor secretario general, es una vergüenza. ¿Para qué sirve el Parlamento y para qué sirve la Comisión de Medio Ambiente, si sus acuerdos luego no se ejecutan por parte del Ejecutivo? Yo quiero decirle, señor secretario general, para que se lo diga a su ministra, que por favor retornen a la vía que se marcó en esta misma Comisión con el exdiputado socialista señor Mateos, con el acuerdo que hubo en esta Comisión para el cumplimiento del acuerdo y, evidentemente, señoría, haga caso de los acuerdos del Consell de Formentera, del Consell de Ibiza, del Parlament de les Illes Balears, que, por cierto, hace una semana aprobó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista pidiendo lo mismo que se había pedido aquí y que se aprobó en el año 2006. Háganlo, cumplan con los acuerdos y con aquello a lo que se comprometió el señor Rodríguez Zapatero en la isla de Formentera. Por lo menos, tengan vergüenza torera, los acuerdos que firmó el Partido Socialista igual que el Partido Popular, que firmó en Formentera y aquí están las actas con las firmas, al igual que grupos ecologistas, pidiendo un deslinde justo para una isla como la de Formentera, cúmplanlos. Y si no, digan que no lo van a hacer, pero no engañen más.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): También por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Son muchas, efectivamente, las comparecencias, nosotros habíamos solicitado hacer dos bloques de comparecencias, nos hubiera gustado mejor casi una comparecencia por sesión o una sesión por comparecencia, pero, evidentemente, imposibles ya no pedimos, hemos desistido; también nos hubiera gustado que la ministra viniera con más frecuencia. De estas nueve comparecencias que hoy sustanciamos, ocho estabas dirigidas a la ministra, finalmente están siendo sustanciadas por usted, señor secretario general del Mar, así también lo acordó la Mesa, pero vamos a ver si somos capaces de poner alguna luz sobre tanto autobombo, porque a mí me ha llamado la atención, y es una primera valoración que hago del conjunto de la intervención, de la hora y 35 minutos que ha hablado el señor Martín Fragueiro, escuchar mucho autobombo y muy poquita autocrítica, yo diría que nada de autocrítica.


Por enlazar con la comparecencia en temas medioambientales, que había pedido también el Grupo Mixto y de la que estaba hablando también el señor Fajarnés, en temas de medio ambiente, costas y demás, solamente quiero aportar un dato y es que se tiene que recordar aquí que fue la Comisión Europea la que denunció a España por la falta de depuración de aguas en 38 ciudades españolas. Usted ha hablado de la costa gallega, porque así se lo ha solicitado el Grupo Mixto, pero no olvidemos también que en el resto de España hay muchos núcleos denunciados. Yo solamente quiero hacer una pregunta en este tema para saber si, de ese relato que nos ha contado, que no es otra cosa que lo que dicen los Presupuestos Generales del Estado en el Plan de Inversiones, hay alguna de estas obras que, a la vista, usted ha dicho, de lo que está cayendo a nivel presupuestario, yo diría a la vista de la rectificación del Gobierno que preside José Luís Rodríguez Zapatero en cuanto a sus compromisos, se van a caer a corto plazo o a medio plazo. Si nos lo puede concretar.


En cuanto a las comparecencias que son ya materia de pesca propiamente dicha -hay cinco- yo hablaré de cuatro de ellas y mi compañero don Aurelio Sánchez Ramos lo hará en el tema del acuerdo con Marruecos. Voy a empezar por el orden en que figuran en el orden del día. La primera de ellas hace mención a la problemática que se puede suscitar con el cambio en el método y en los actuales niveles de identificación de biotoxinas en los productos de marisqueo, en acuicultura. Es el único punto donde usted ha dicho algo que yo comparto, ha dicho que piensan ser beligerantes en el caso de que se llegue a producir una modificación, o un intento de modificación. Con lo que no puedo estar de acuerdo es con que usted haya afirmado aquí que al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, no le consta o no tiene conocimiento -no sé exactamente cómo lo ha dicho- de ninguna propuesta sobre modificación de biotoxinas. Yo le quiero recordar que, al menos que yo sepa, el día 23 de junio del pasado año, 2009, la autoridad europea de Seguridad Alimentaria, en reunión aquí en Madrid, dio conocimiento oficial de cuál era el estado de los informes científicos y cuál era su propuesta. Ahí empezó la preocupación en el Gobierno gallego y empezaron a dirigirse a la ministra de Sanidad y a la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por carta, desde el pasado 15 de septiembre, empezaron a intervenir en el Parlamento gallego con distintas iniciativas, en este Parlamento fue en ese momento cuando nosotros pedimos la comparecencia de ambas ministras, presentamos una proposición no de ley que está por debatir, etcétera. Pero es verdad que este problema no es solo de Galicia, aunque afecte fundamentalmente a Galicia; hay más de 18.000 empleos asociados, aparte de las 3.500 bateas, etcétera.


La valoración para nosotros más importante es que esa intención que hay de modificar la normativa está injustificada, como también lo ha compartido el control del medio marino de Galicia y la Dirección General de Salud Pública. ¿Por qué? Porque no está sustentado en ningún tipo de evidencia científica y puede no ser asumido por la comunidad internacional en el marco de los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias. Este es un problema que hay que tomárselo muy en serio. A mí, como he dicho, lo único que me ha alegrado en cierta medida es escucharle que el Gobierno no está de acuerdo con estas modificaciones y que será beligerante en el supuesto de que la Unión Europea presente alguna modificación. Esperemos que sea así, que no pase como en

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otros temas a los que me referiré después. Yo, desde luego, le voy a reclamar este proceder, esta actitud, porque no vemos hasta ahora una actitud enérgica y comprometida. Me da igual que sea el Ministerio de Sanidad que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, es el Gobierno de España el que tiene que comprometerse con este sector. Me quedo intranquilo porque, si hay tanta transparencia como nos ha dicho, no entendemos por qué, a las preguntas que hemos firmado todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que somos de Galicia, de su tierra, no hemos recibido respuesta cuando finalizó el plazo el 18 de febrero de este año para contestar. Por lo tanto, simplemente quiero preguntarle si esta preocupación es compartida, si el diagnóstico es compartido y si esa postura que usted nos ha anunciado va a ser llevada hasta el final con las últimas consecuencias.


Siguiente comparecencia. El tema de la caballa, la gestión de las cuotas de la caballa. Nos ha hablado de flexibilidad, de que en fechas próximas van a iniciar conversaciones con el sector, concretamente se ha referido a una reunión mañana; yo espero que se traduzca en mejores cuotas para nuestra flota, porque no es precisamente favorable la situación en los caladeros españoles, que están sometidos a la regulación de TAC, y aunque el Mediterráneo no está sometido a esta regulación, su estado no es mejor. Y ya que he nombrado el Mediterráneo -aunque no estaba expresamente solicitado, por la actualidad que tiene en el día de hoy y dado que usted nos ha dicho que está dispuesto a aclarar cualquier cuestión, aunque no sea de las que estaban en la comparecencia-, hago la pregunta y si usted puede me la contesta y si no puede quedamos emplazados para cuando toque. Ya que ya que hablamos del Mediterráneo, dentro de seis días, el día 31 de este mes, van a entrar en vigor algunas de las normas que regula el Reglamento comunitario 1967/2006, hay mucha preocupación en el Mediterráneo por el problema del tamaño de las mallas, por el problema del hilo, del torzal que se usa en esas mallas, y a nosotros nos ha llegado mucha preocupación, pero también nos llega inquietud y preguntas. Solamente le voy a hacer una por si la puede contestar, si no puede, repito que quedaremos para más adelante: ¿cree que en la Secretaría General del Mar, entiendo, se aceptará que se pueda pescar en los barcos de arrastre en el Mediterráneo con una malla de aproximadamente 50 milímetros en forma romboidal y con un hilo con un torzal entre 5 y 6 milímetros? Lo digo porque esta decisión parece ser que se ha pactado con la Comisión, pero en el Mediterráneo no tienen información y hay mucho problema.


Sigo con lo que había anunciado con relación a la comparecencia de la caballa, que está sometida, como usted ha dicho, al TAC en la Unión Europea. Yo creo que lo que usted nos ha contado aquí no se parece en nada a la realidad, aunque lo importante sea el futuro. Lo cierto es que ha hecho un relato que a mí me merece simplemente la conclusión de muy mala gestión en la orden y en todo el procedimiento; le diré por qué muy rápidamente. Primero, porque se generó una pesca sin tregua, y se lo demuestro. El ministerio publica una orden ministerial de reparto de la cuota el 13 de febrero, pero es que a los siete días tuvieron que publicar una nueva orden rectificando la anterior, y pocos días después, el 3 de marzo, tiene que cerrar esta pesquería para toda la flota de cerco. Y todo ello bajo una posición de presión de esta flota, concretamente, de los armadores, que se ve obligada a amarrar para que ustedes puedan recibirles. Quince días más tarde queda agotada la cuota para los arrastreros y para la flota artesanal, se produce un descontento generalizado y se generan enfrentamientos entre arrastreros, cerqueros y pesca artesanal. ¿Y sabe por qué? A nuestro juicio, porque no hubo diálogo entre los representantes del ministerio, la ministra, usted, con el sector. Ustedes siempre dicen aquí, cuando comparecen, que lo hacen todo en perfecta connivencia con el sector después de mucho diálogo, pero nosotros entendemos, y por eso le he dicho lo que acabo de decirle, que es justo lo contrario. Además, se marginó a las comunidades autónomas, porque concretamente a la mía -que también es la suya- la gallega, que tiene, solamente en el cerco, más de 117 unidades, le remitieron el borrador de la orden con menos de 48 horas de antelación, para estudiarla. Y no acaba aquí todo porque tuvieron que publicar una tercera orden sobre la caballa, el 23 de abril, a la que usted se ha referido también, que modificaba aspectos de la orden del 10 de febrero. He sido crítico porque hay descontento, ese descontento está más que justificado.
Me gustaría saber qué criterios se van a poner sobre la mesa a partir de mañana en la reunión, porque, además de lo que yo le he dicho, durante varios días de esta campaña los barcos tuvieron que arrojar al mar más de 10.000 kilos diarios de caballa por no tener cuota. Y esto, además de irracional, creo que es altamente contaminante. Por eso, insisto, me gustaría saber si sobre esa flexibilidad a la que ustedes están abiertos mañana se va a concretar algo y si nos puede adelantar cuales son los criterios del ministerio.


Siguiente comparecencia, la cuestión relacionada con Cites, sobre el atún rojo. Aquí, permítame que le diga, señor Fragueiro, que se ha pasado tres pueblos, por decirlo en un tono coloquial y distendido, sin echar mucha más harina a la empanada. Es realmente grave que, después de lo que cayó y después de estar a punto de meternos un gol en propia puerta, como he tenido ocasión de decir en muchos sitios, venga usted a decir hoy aquí que defendió en todo momento fortalecer el papel del Iccat, que fue siempre abanderado de la pesca artesanal, que fue siempre el que defendió la posición, siendo los resultados ampliamente satisfactorios, etcétera.
Yo simplemente le preguntaría qué votó España después de todo ese abanderamiento, porque tanto decir que fuimos los primeros, fuimos los que más defendimos, me recuerda el excusatio non petita accusatio manifiesta. No sé a qué ha venido tanta defensa en lugar de haber hecho aquí un poquito de autocrítica, aunque

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solo fuera un poco, porque, insisto, ustedes dicen que no compartieron lo que decía Mónaco, pero por seguir el juego a Mónaco y a otros, a punto estuvimos de que los miembros de esta Comisión que hemos estado recientemente en Barbate, en L'Ametlla de Mar, hubiéramos visto cómo toda esa actividad hubiera tenido ahora mismo un letrero de "Cerrado por la postura del Gobierno español ante Cites". Eso es el pasado, que yo lo resumo así y usted lo ha resumido con otras palabras que no se parecen en nada, evidentemente.


Lo cierto es que mirando al futuro, que es lo que nos debe preocupar en este momento, lo primero que le quiero decir es que hay que impedir que se sobrepasen las cuotas que aprobó Iccat para así garantizar el futuro del atún rojo. Usted habla de darle más fuerza a Iccat, lo compartimos plenamente y yo creo que ahí es donde está la clave. Nos alegramos de que la Agencia Comunitaria de Control de Pesca tenga en su programa la realización de un control eficiente y eficaz del atún rojo y me gustaría saber si ustedes lo van a apoyar. Y no nos contentamos con esto, porque hay que plantearse el objetivo de que todos los países, sean miembros o no de la Unión Europea, cumplan con su cuota, que es a lo que me refería hace un momento, incluir en esta tarea a los de la ribera sur mediterránea, y para ello es necesario que Iccat adquiera competencias en el control pesquero. Por lo tanto exigimos ese control a nivel internacional, no solo de la Unión Europea, y más competencias de Iccat en la inspección.


Más deprisa no puedo ir, señor presidente, termino esta comparecencia y paso a la última que quiero solventar, la de Mauritania, donde también el señor secretario general del Mar ha pasado de puntillas sobre lo que a mí me parece más preocupante. No nos interesaba tanto recordar aquí el relatorio de los acuerdos con Mauritania, lo que creo es que aquí sí que había que haber hecho una auténtica autocrítica o pedir perdón, como mínimo, y le diré por qué. Usted nos ha dicho lo que han hecho, yo le voy a decir ahora lo que nunca haría. En primer lugar, dice muy poco a favor del ministerio que intentaran impedir que las retenciones de los barcos, de los dos barcos que usted ha citado, saltaran a la opinión pública, porque les pidieron silencio a la flota. Señor Martín Fragueiro, usted mejor que yo sabe cómo se las gastan algunos de estos países, yo no voy a criticar aquí el que se retuviera a los barcos, pero sí tengo que censurar muy firmemente que se intentara ocultar estas retenciones, o por qué no llamarlas apresamientos, porque estaban custodiados por militares a bordo. Tampoco dejaría las negociaciones exclusivamente -como usted ha dicho- en manos de los representantes diplomáticos; es verdad que hay que pasar ese trámite, pero hecho el trámite por la embajada -había que quemar esa baza efectivamente-, la actuación política a otros niveles, cuando se agota la diplomática, es necesaria y no solamente cuando los patrones de la flota anuncian que se retiran del caladero, o mi grupo parlamentario o el Partido Popular es el que sale a la opinión pública a exigirlo. Este proceder queda reflejado no porque lo diga yo aquí, sino que lo dijeron los patrones, y hay una frase que yo tengo aquí anotada de todo lo que se publicó en prensa que me parece la más significativa: "No nos sentimos defendidos". No sé quién era el que los tenía que defender, supongo que se referían al Gobierno de España. Y otra cosa que no haríamos nosotros nunca, de tener la responsabilidad que ustedes tienen ahora, es impedir que los patrones de los pesqueros retenidos pudieran subir a bordo del buque Intermares, que es propiedad del Estado español, de la Secretaria General del Mar, a una reunión con el delegado de la Unión Europea, el agregado de la Embajada española en Mauritania. No entendemos el porqué de esta prohibición, yo creo que ha sido una desconsideración que ha herido los sentimientos de cualquier ciudadano español, pero mucho más de los hombres de la mar, que yo sé que se tienen ganado a pulso ese derecho. Por eso, en su momento, yo pedí públicamente que por parte de la ministra se le pidiera perdón a estos armadores y a sus tripulantes, cosa que hasta ahora no se ha producido y usted tiene hoy una ocasión espléndida de poder rectificar su discurso y de hacerlo, porque nosotros lo vamos a seguir reclamando.


Por si todo esto fuera poco -y voy terminando ya-, lo que tampoco haríamos es marginar al Gobierno de la Xunta de Galicia de lo que estaba pasando en esos momentos; independientemente de la cortesía y de quién forme el Gobierno en cada momento, yo le digo que la Comunidad Autónoma de Galicia no se puede olvidar de que los dos barcos tienen puerto base en Galicia y que la mitad de la tripulación son gallegos, y creo que podían haber colaborado y podían haber intentado ayudar, cosa que hicieron pero no les dejaron.


Para finalizar solamente le dejo en el aire también tres cuestiones, por si en su segunda intervención las puede contestar. Primero, Dios no quiera que esto se vuelva a repetir, pero si se repite que el comportamiento y el proceder del Gobierno español sea otro. Y me gustaría conocer, no el importe de la sanción, que lo ha dicho en la moneda local, no sé si lo tiene en euros, porque yo ahora mismo no sabría traducirlo, pero sí me gustaría saber en qué ha quedado la discusión sobre la refrigeración o congelación, esa discusión que se produjo y que fue el motivo del apresamiento, si ha quedado subsanado, si ha quedado aclarado.
Y aunque no hay necesidad de que se lo pregunte porque usted lo ha escuchado, pero vuelvo a formulárselo por si queda alguna duda: ¿por qué se impidió subir al barco Intermares a los dos patrones de las embarcaciones? Es un resumen exactamente realizado en 16 minutos, que es ajustarme mucho a la concreción de tanta comparecencia solventada de esta manera. Nosotros vamos a intentar, supongo que sin mucho éxito, que para ocasiones futuras se establezcan otros sistemas, otros criterios y, si es posible, que venga la ministra.


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El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Para finalizar la intervención del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: Una vez más, queremos mostrar nuestro agradecimiento y dar la bienvenida al señor secretario general del Mar y, una vez más, ponemos falta a la ministra, que viene poco a esta Comisión, solamente viene para temas que le interesan políticamente y nunca a dar la cara o a dar respuesta al sector.


El Grupo Popular pedía una valoración del actual acuerdo de pesca con Marruecos -que, por cierto, no coincide en nada la valoración que ha hecho el señor secretario del Mar con la valoración que hace el sector y con la que hace el Grupo Popular- y también que nos dijera la posición del Gobierno ante la próxima renovación de dicho acuerdo, porque no ha dicho nada. Le ruego que en su próxima intervención nos dé las pautas a seguir en esa posible renovación del acuerdo. Mire, se nos dice que uno de los logros de este acuerdo ha sido el reinicio de las relaciones pesqueras, interrumpidas desde el no acuerdo en 1999. Yo quiero recordar y reiterar una vez más que, según los socialistas, el Partido Popular fracasó y no fue capaz de lograr una renovación del acuerdo ya en el año 2001; se olvidan, y hay que recordarlo, que lo que Marruecos ofreció fue rechazado por el sector, por el Gobierno, entonces del PP, y por el PSOE, entonces en la oposición, porque se llegó al acuerdo de que estuvieran presentes todas las modalidades de pesca y, al negarse Marruecos, fue una decisión unánime de Gobierno, sector y oposición el no renovar dicho acuerdo. Del pretendido fracaso del PP pasamos al éxito del PSOE en este acuerdo que se inició en 2007. De nuevo quisieron apuntarse un tanto, el tanto que no consiguió el Partido Popular, esa fue su gran apuesta política, y lo único que consiguieron fue que la ministra fuera a Barbate a las seis de la mañana con el pañuelito y dijera adiós al sector pesquero que partía con cierto interés y expectativa hacia Marruecos, pero la ministra ya no ha vuelto más y dudo que vaya por las condiciones en que se ha dado este acuerdo y la falta de rentabilidad, que es el motivo fundamental por el que ha sido un fracaso. Este logro -entre comillas- lo vendieron con gran profusión mediática y en realidad ha sido un fiasco.


Señor secretario general usted ha dicho en su intervención que los objetivos de este acuerdo eran: lucha contra la pesca ilegal, fomento pesquero, valorizar el sector pesquero marroquí, evitar la inmigración ilegal, modernización de la flota pesquera marroquí. Le pregunto, señor secretario general del Mar, ¿dónde están aquí los objetivos de la flota española? ¿Objetivos internacionales? ¿Objetivos de Marruecos? ¿Objetivos de inmigración? ¿Objetivos de la pesca ilegal? Perfecto, todo eso está muy bien, pero ¿dónde están los objetivos para el sector pesquero español, que no ha dicho ninguno? El acuerdo era técnicamente inviable por la falta de rentabilidad previsible que había. ¿Y por qué? Porque Marruecos se reservó las mejores especies, quitó toda la flota del Mediterráneo, quitó todos los puertos de Andalucía, salvo Barbate, Tarifa y Algeciras, que hoy no están pescando, salvo Barbate; hoy hay un barco pescando de las 18 licencias primeras. Marruecos, además, se reservó la mejor zona de pesca, al norte del cabo Nun, cuando la pesca se está dando al sur del cabo. Entonces, ya sabían ellos que ahí no íbamos a poder pescar, por eso era la zona que nos daban. Se dejó fuera, como he dicho, a la flota del Mediterráneo, a todos los puertos, pero, además, Marruecos solo permitió, como en el anterior, la flota artesanal. Y hemos pasado -fíjese qué éxito, el optimismo que usted ha demostrado con este acuerdo- de 400 barcos que había en el anterior a 100 que hay ahora, y de esos 100 no sé si con los dedos de una mano sobran los que hoy día están pescando.
Para colmo, los flecos, que son unas dificultades que se ponían a la rentabilidad y además en manos de Marruecos, flecos que no estaban incluidos dentro del articulado del acuerdo: no se podía pescar con luces, como estaban acostumbrados, con la consiguiente falta rentabilidad; había que descargar un 50 por ciento en puerto marroquí, con los problemas sanitarios, de limpieza, de salubridad, de seguridad personal y de precios más bajos que esto conlleva porque el barco español que descargaba en Marruecos vendía a menos precio que el barco español que descargaba en puerto español, como es lógico. Y, por si esto fuera poco, ustedes dieron el visto bueno a este convenio sabiendo que allí la pesca no iba a ser rentable porque el Instituto Español de Oceanografía ya había hecho previamente prospecciones de esas aguas y de las especies allí y todas estaban prácticamente en sobreexplotación. Ustedes forzaron esta situación con un loable objetivo, del cual yo también participo: si esta flota sale de caladero del golfo de Cádiz y va a Marruecos se aliviará el caladero. Pues no se ha conseguido, el caladero del golfo de Cádiz estaba mal antes y sigue mal ahora también. Como ve, señor secretario general del Mar, no hay ningún éxito en este acuerdo, ningún éxito del Gobierno, ningún éxito de su partido, que tanto nos ha criticado, y realmente es un fracaso. ¿Por qué un fracaso? Porque se pesca muy poco, y como se pesca poco y no es rentable, la flota no va a pescar. Me hace gracia porque usted ha hablado por categorías, la categoría uno, especies pelágicas, 19 licencias y utilización del cien por cien de las posibilidades. Señor Martín Fragueiro, vamos a ver, he tomado nota textual, revise lo que usted ha dicho, ¿el cien por cien de las posibilidades? Sí, las posibilidades son el cien por cien porque se les ha forzado a renovar el acuerdo, entre otras cosas porque si no se renuevan las licencias perderían los derechos, pero eso no quiere decir que el cien por cien vaya a pescar. Le estoy diciendo que hoy, de las 17 licencias, porque una está fuera, hay un barco pescando. ¿Cuántos están pescando de los barcos canarios? ¿Cuántos palangreros están pescando? Creo que tres. No se está haciendo. Y además con el agravante de que esto ha costado 144

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millones de euros, nada menos que 1.400.000 euros por cada barco en los cuatro años es lo que ha pagado la Unión Europea para que nosotros podamos ir a pescar. Además a ese coste hay que añadirle las contraprestaciones, las concesiones al sector agrícola, las promesas de ayuda millonaria, los asesoramientos en acuicultura a Marruecos, la formación en programas de embarque, las campañas de prospección pesqueras... España se ha volcado, ha costado muchísimo dinero y resulta que ni nuestros pescadores ni los marroquíes han recibido ese dinero ni esa ventaja. ¿Por qué? Porque también usted sabe que en la comisión de seguimiento Marruecos no ha justificado las inversiones que tenía que hacer. Es decir, ni el sector pesquero marroquí al que iba destinado ni el sector pesquero español para el que también debería ir destinado han recibido nada de todo ese esfuerzo.


Resumo, señor secretario general, y termino, señor presidente. De este acuerdo se han beneficiado el Gobierno marroquí, el que más, con 144 millones de euros que además no ha tenido que justificar, el Gobierno de España, que se ha puesto la medallita de que hemos conseguido que vayan allí, pero no el sector pesquero español ni el sector pesquero marroquí.
Entones yo le pregunto: ¿es consciente de la falta de rentabilidad hoy día de la pesca en este acuerdo? Y si eso es así, ¿qué posición tiene el Gobierno español ante la renovación del acuerdo pesquero? Le ruego que me lo diga porque o no he oído nada o no lo ha dicho en la anterior intervención el señor secretario general del Mar.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Señor secretario general del Mar, esta es una sesión prolija con muchos intereses, muchos temas y muchos extremos. Yo me voy a centrar en el punto número 2.º del orden del día referido a la afectación de la Ley de Costas y a la definición del espacio del dominio público marítimo terrestre en distintos municipios de la costa de la demarcación de Girona, pero quiero hacer esta referencia con una consideración previa.


El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, cuando se discutió y se votó la llamada Ley de Costas en el año 1988, si no recuerdo mal, votó en contra y fue un voto en contra de la Ley de Costas, claramente en contra, por distintos motivos. En primer lugar sosteníamos y sostenemos que por motivos de carácter competencial, decíamos que se creaba la quinta provincia en Cataluña, con una gran rigidez en la gestión de la zona marítima de toda España desde el ministerio, en aquel momento el MOPU, y algo de razón nos ha dado el paso del tiempo cuando algunas de aquellas competencias que eran intransferibles se han transferido a las comunidades autónomas. Aunque sea la guinda del pastel, los planes de uso de temporada eran algo innegociable en el año 1988 y en los años noventa y ahora ha sido objeto de traspaso a la Generalitat de Catalunya, pero esta es la excepción que confirma la regla. Hay un gran jacobinismo en la gestión de la política de costas, con una gran inflexibilidad en los criterios que nos ha llevado a situaciones absolutamente absurdas y contrarias al sentido común. Después de más de veinte años de la entrada en vigor de la Ley de Costas, el Gobierno puede hacer gala de que se ha deslindado más del 85 por ciento de la costa española. Justo al revés, cuando desde hace más de veinte años de la entrada en vigor de la ley aún tiene pendiente la aplicación de una parte notable y cuando se ha tenido que aplicar con tanta lentitud es una prueba más que evidente del fracaso de los criterios que rigen y que inspiran a la Ley de Costas.


Yo les voy a hablar de la demarcación de Girona, pero el diputado, buen amigo y buen conocedor de la isla de Formentera, Enrique Fajarnés, hace un momento nos hablaba de Formentera. Creo que cuando una tercera parte de una isla está afectada por los criterios de la Ley de Costas y queda constreñida en su capacidad de desarrollo normal y equilibrado, ponderado y con respeto al territorio y al medio natural, es que algo falla. Y los casos que nos ocupan de la demarcación de Girona son también casos que chocan con el sentido común y ante los cuales el ministerio durante más de veinte años no ha podido o no ha sabido dar una respuesta que traslade tranquilidad a las personas afectadas, a los miles de ciudadanos afectados y que les dé una cierta seguridad jurídica. Es un mal Estado, un Estado ineficiente aquel que durante más de un cuarto de siglo no puede trasladar seguridad jurídica a sus ciudadanos.


Yo quiero hacer referencia a tres situaciones que vivimos en la demarcación de Girona y que estoy convencido de que el señor secretario general del Mar conoce, debe haber estudiado y nos podrá dar respuestas más concretas en su segunda intervención. Quiero hacer referencia a la zona de Santa Margarita, en el municipio de Rosas, a la marina de Ampuria Brava, en el municipio de Castelló d'Ampúries, y a la zona de S'Abanell, una zona de campings pero también de propiedades dentro del municipio de Blanes. Estamos hablando de tres zonas con miles de personas, con propiedades construidas antes del año 1988 y que con los criterios de amojonamiento o de deslinde y en aplicación de la ley, se tendría que proceder al derrumbe de zonas perfectamente consolidadas y con derechos de propiedad. Se está trasladando incertidumbre y se está limitando la propiedad a personas que desde hace cuarenta años tienen propiedades consolidadas y que ven en estos momentos su derecho a la propiedad con gran constreñimiento porque los registradores de la propiedad de la zona no se atreven a inscribir compra-ventas y no se permite por parte de los ayuntamientos la obtención de licencias de obras por la gran incertidumbre que provoca la expectativa del deslinde de estas tres zonas.


Con respecto a este punto referido a la provincia de Girona, a la costa de Girona, quiero recordar que esta Comisión ha aprobado dos proposiciones no de ley

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mandatando al Gobierno a dos extremos: el primer extremo es a paralizar el deslindamiento de Ampuria Brava y el segundo a trabajar con las administraciones afectadas, y evidentemente esto es con ayuntamientos y también la Generalitat, pero básicamente ayuntamientos, para encontrar una solución sensata y equilibrada.


En su primera intervención el secretario general del Mar nos ha hablado de buscar soluciones en cada caso, pero condicionadas al marco legal.
Entenderá, señor secretario general, que yo le formule una pregunta muy concreta, que nos traslade -no con nombre y apellidos pero sí con líneas y un mapa concreto- cuáles pueden ser las soluciones concretas en cada caso y dentro del marco legal. Algunos hemos estudiado en profundidad estos casos, creemos incluso que algunas líneas de la zona marítimo-terrestre quizás han estado mal dibujadas en el pasado. Yo aquí tengo el mapa de la zona de Santa Margarita, en el municipio de Rosas, y esta es la zona que, en aplicación estricta e inflexible de la Ley de Costas, debería proceder a ser derrumbada. Estamos hablando de miles de viviendas donde desde hace cuarenta años viven miles de personas o tienen su segunda residencia miles de personas. Y desde el año 1988 en que se aprobó y entró en vigor la Ley de Costas, durante más de veinte años, a estas personas no se les ha trasladado ninguna seguridad jurídica. Quizás el criterio de que esto es zona marítimo-terrestre sea un criterio revisable, un criterio que se debería revisar. Igualmente la zona de las marinas interiores es una zona sobre la cual deberemos dar una respuesta sensata porque creo que no podemos afrontar el derrumbe de esta zona consolidada. Sea dicho de paso, esta no es la Comisión de Asuntos Exteriores, estamos en la Comisión de Medio Ambiente, pero quiero recordarles que en esta zona viven ciudadanos de distintos estados miembros de la Unión Europea que han hecho reverberar en los medios de comunicación del conjunto de Europa la poca seguridad jurídica que se vive en España en sus segundas residencias, y hay una comunidad de alemanes muy importante que, en contacto con un vicepresidente del Parlamento Europeo, han querido trasladar y han trasladado la situación de la marina de Santa Margarita de Rosas al marco del Parlamento Europeo.


Con respecto a las otras zonas, doy por reproducidos los mismos argumentos. Según información de los medios de comunicación, el Gobierno quiere proceder al deslinde de la zona de Blanes el próximo 19 de junio.
Pues bien, señor secretario general del Mar, le pido formalmente y en sede parlamentaria que el ministerio no proceda al deslinde de la zona de S'Abanell, en el municipio de Blanes, el día 19 de junio porque esto supone invalidar, cancelar, llevarse por delante distintas actividades de campings y distintas propiedades privadas que nadie en el municipio y nadie en la Costa Brava entiende por qué pueden ser afectadas directamente; no limitada su propiedad, como está pasando en estos momentos en Rosas, sino directamente derrumbada su propiedad. Los criterios de la Ley de Costas son muy claros sobre la zona de dominio marítimo-terrestre, las zonas de servidumbres y los cien metros libres de construcción en zonas no urbanizables, pero este criterio tan rígido, que es el criterio que inspira la ley de 1988, ha sido un fracaso. Señor secretario general del Mar, en 1988 usted no tenía esta responsabilidad, pero creo que es de personas sensatas e inteligentes revisar los criterios que, fruto de su extremada rigidez, nos han llevado a situaciones como las que se nos están planteando en puntos tan distintos de la geografía española. Es por esta razón por la que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la Ley de protección del medio marino para modificar la Ley de Costas y para adecuar aquellos aspectos de la Ley de Costas a las distintas problemáticas.


Esta es la disposición adicional nueva que nosotros planteamos en la tramitación de la Ley de protección del medio marino. Invitamos al Gobierno, al grupo de la mayoría, pero también a los restantes grupos políticos, a hacer frente a una sensata modificación de la Ley 22/1988, para hacer una gestión de la costa respetuosa con el medio natural pero llena de sentido común, que es lo que ha faltado durante estos años en los casos que le venimos planteando distintos portavoces sobre distintos puntos de la geografía española.


Señor presidente, pudiera ser que fruto de la coincidencia con la actividad de la Comisión de Asuntos Exteriores yo no pudiera estar en el momento en que me respondiera el señor secretario general del Mar, espero que esto no lo entienda como una descortesía sino como el cumplimiento de otras obligaciones parlamentarias.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor secretario general, antes de entrar en la materia motivo de nuestra solicitud de comparecencia permítame algunos breves comentarios en relación con aquellas otras cuestiones tratadas esta mañana y que se refieren la pesca. En el asunto de los acuerdos con Mauritania y en concreto con la detención de las embarcaciones Lameiro y Loremar, sin entrar ya en más valoraciones, que por cierto ya han sido también planteadas por otros portavoces en la mañana de hoy, sí que nos gustaría pedir -en tanto que usted en su exposición en diferentes ocasiones habló de la satisfacción existente en relación con el funcionamiento del acuerdo UE-Mauritania, a excepción, nos decía usted, de la detención o retención de los buques- que usted en su respuesta, si es posible, nos pudiera aclarar algo en relación con el hecho de que los armadores durante la detención de estos buques dijeran en todo momento que realmente el Gobierno mauritano estaba incumpliendo los acuerdos establecidos con la Unión Europea. Eso por un lado. Y por otro lado también nos gustaría conocer, en la medida en que la detención duró muchísimo tiempo, si efectivamente la razón es la que usted nos acaba de exponer -y no dudamos que sea

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así, solamente hacemos el comentario-: que había una diferencia de temperatura en las bodegas de los buques, según la normativa mauritana en comparación con la europea, y nos preguntamos cómo es posible que tardara tanto en resolverse el asunto, y en qué Administración podemos considerar que estuvo la responsabilidad o cuáles fueron las razones de la falta de entendimiento que impidieron que se pudiera resolver la cuestión con más celeridad, teniendo en cuenta además que había cuestiones relacionadas incluso con la condición personal de aquellas personas -en este caso incluso el patrón de alguno de los buques- para poder volver a casa. Por lo tanto sí que nos gustaría que de esa cuestión nos comentara algo.


En cuanto a la caballa deseo hacer un breve comentario. Usted habló del tema; el señor García Díez también expuso una serie de cuestiones, y nosotros también tenemos que decir algo al respecto. Usted al finalizar este tema anunciaba que a partir de ya iba a haber negociaciones y diálogo con el sector, entendemos que de cara a los acuerdos para la próxima temporada. Nos preguntamos por qué no se produjo ya con anterioridad ese diálogo que posibilitara los acuerdos, y no que ocurriera lo que ocurrió en esta campaña anterior -que por cierto no es la primera vez; en las anteriores también se dieron problemas como los acontecidos en esta campaña 2010-, que se evidencia en las diferentes modificaciones que el Gobierno hizo de las órdenes correspondientes, es decir la de febrero, la de marzo, la de abril, etcétera, y todas estas modificaciones estuvieron motivadas -así lo entendemos nosotros- por la importante movilización que existió en el sector, no solo ante el ministerio, sino también ante el propio Congreso de los Diputados, y por la presencia en esta casa de una representación del mismo, que fue atendida por los diferentes grupos parlamentarios. No sabemos -y nos gustaría saberlo, si usted nos lo puede decir, como digo, en la segunda intervención- si han previsto para el futuro considerar que la pesquería no solamente se permita durante esos meses establecidos, como usted ha dicho y que la orden establece, sino si se considera necesario, como el sector considera, que el 7 por ciento de la cuota se permita capturarla en el segundo semestre del año.


Con respecto a los armadores del noroeste, y concretamente con los de la costa gallega, se aduce algo que parece irrefutable: que se tenga en cuenta que es la temporada donde más pesquería existe, donde más caballa abunda, y por lo tanto más posibilidades de pesquería hay, lo que evitaría el problema de los descartes en estos momentos, aunque usted mismo dijo que el 23 de abril hubo una modificación de la orden donde se incorporaban 50 toneladas para poder capturar, y evitar así los descartes correspondientes; es importante que ustedes lo tuvieran en cuenta, ya que es una demanda del sector.


Han modificado -nosotros no estamos seguros si de acuerdo a las necesidades del sector- también los criterios por los que las licencias se daban por GT de las embarcaciones -hicieron alguna excepción, pero fue un mes y pico después de la orden correspondiente, de esos mil kilos por marinero en las embarcaciones, no solamente en el tema de los GT-, pero nosotros entendemos que son cuestiones fundamentales para la flota gallega, donde la inmensa mayoría de las embarcaciones no llega a 200 GT, y por tanto es importante tener en cuenta el número de tripulantes de las mismas para dar estas licencias de pesca en la temporada correspondiente.


Sí que nos gustaría, señor secretario general, que de estas cuestiones que le hemos planteado nos pudiera dar alguna respuesta, y sobre todo si el Gobierno está dispuesto a negociar, en ese diálogo que va a establecer con el sector, a resolver estos asuntos junto con una cuestión que nos parece fundamental que es el tema de las demandas de Noruega. El sector da explicaciones muy claras sobre la supeditación que la Unión Europea tiene a las demandas de Noruega, que parece que se le otorga el privilegio de controlar el mercado centroeuropeo, cuando resulta que no existe ningún problema desde el punto de vista de la capacidad de la pesquería para limitar la pesca en el Atlántico noroeste o más concretamente en la costa gallega. Nosotros pensamos que muchos de los problemas que se tienen en la pesca, y concretamente en esta cuestión de la caballa, se deben a que el Gobierno español tiene falta de disposición a defender delante de la Unión Europea que España, y concretamente Galicia, es zona altamente dependiente de la pesca.


Con estas cuestiones que nos gustaría que nos contestara entramos ya en la comparecencia que hemos solicitado el Bloque Nacionalista Galego, y que está relacionada con la calidad de las aguas en Galicia. Nosotros hicimos una solicitud de comparecencia genérica, pero a pesar de que agradecemos toda la profusa -como usted denominó- información que nos acaba de aportar, y que además toda ella es de nuestro interés, nos vamos a centrar en aquellas cuestiones que para nosotros son más relevantes, desde el punto de vista de la calidad de las aguas de las rías y también de los ríos de nuestro país, y lo vamos a hacer, señor secretario general, porque llevamos muchos años reclamando solución a este problema, y llevamos muchos años esperando que estos problemas se resuelvan. Usted incluso en la información que nos da, y cuando habla del EDAR de Bens, dice con toda claridad que el EDAR de Bens finalizará en 2009, en septiembre del año 2009. Estamos en el año 2010; usted efectivamente reconoció después que hubo atrasos, tanto en el EDAR como en el emisario, pero teniendo en cuenta que usted nos habla ya de la finalización en el año 2009, y que aún no se ha producido, no sabemos si realmente esas fechas que usted nos dice ahora de finalización se van a cumplir o no se van a cumplir, y como ocurre con el ejemplo que acabamos de dar del EDAR de Bens podríamos extendernos a otras de las informaciones que usted nos ha dado, como es el tema de la depuradora de Santiago, de Lugo o también de Orense.


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Cuando yo le decía que nos íbamos a centrar más en aquellas actuaciones que tienen relación directa con la calidad de las aguas de las rías, es porque, como usted sabe, recientemente la Comisión Europea -y recientemente fue el 5 de mayo- acordó denunciar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la directiva comunitaria que obliga a contar con una adecuada red de saneamiento para verter aguas residuales al mar, a los ríos o a las rías. Es verdad que la decisión de la Unión Europea en relación con el Estado español afecta a 40 municipios de todo el Estado, pero en concreto se habla de 11 poblaciones de Galicia, y entre esas poblaciones de las ciudades de Vigo, La Coruña y Santiago.


Señor secretario general, se lo decía al principio, llevamos muchos años con esta cuestión. Usted seguramente recuerda que a partir del año 2004 nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, ya presentó distintas iniciativas, en aquel momento como consecuencia de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas presentara un recurso, en enero de 2004, por no adaptarse -en aquel momento era específicamente la ría de Vigo- al programa de reducción de la contaminación, incumpliendo así en aquel momento, pero podemos decir que incumpliendo en la actualidad, el artículo 5 de la Directiva 79/923 de la Comunidad Europea relativa a la calidad exigida a las aguas para la cría de moluscos. Evidentemente la contaminación de las rías de Galicia y en concreto de la ría de Vigo no solamente afecta a la cría de moluscos, sino a la rica fauna que tienen estas rías, porque aunque es importante la cría de moluscos, desde luego son importantes también las diferentes pesquerías que existen en las mismas. A nosotros nos preocupa porque, en primer lugar, si esto no se soluciona el Estado español tendrá que hacer frente a las multas que la Unión Europea establezca, y aunque en este momento, por ejemplo, usted reconocía en el caso de Santiago que se está negociando con la Xunta para acordar la cofinanciación, en Lugo pasa otro tanto de lo mismo, y en las diferentes ocasiones que hemos hablado del tema en relación con el EDAR de Vigo una u otra Administración, en la medida que son tres las implicadas, tratan de decir que la responsabilidad viene a ser de la otra, y evidentemente, señor secretario general, el Ayuntamiento de Vigo no va a ser el que tenga que pagar la multa de la UE, e incluso nosotros dudamos de que sea responsabilidad de la comunidad autónoma. Esto es responsabilidad del Estado, sin dejar de considerar en absoluto la importancia y también la responsabilidad que tienen la Administración autonómica y la Administración municipal de Vigo, usted tiene de alguna manera que darnos la razón sobre que es importante la responsabilidad del Estado en que una infraestructura como el EDAR de Vigo aún no esté resolviéndose, aún no esté creándose la infraestructura, desarrollándose, y en definitiva en obra. Usted habla de 236 millones; evidentemente ya no es del año 2010, no lo fue en el año 2009, tenemos el reconocimiento en los Presupuestos Generales del Estado de la financiación correspondiente a esta infraestructura, pero a día de hoy está la cuestión sin resolver.
Por lo tanto nosotros, señor secretario general, queremos aprovechar esta comparecencia para volver a insistir en la cuestión de Vigo, quizá porque es la más atrasada, la que va a tardar más tiempo en finalizar la obra, y por eso la vemos como la más grave; le pedimos que resuelvan de una vez las diferencias que puedan tener con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo; que asuman aquellas cuestiones que sea necesario asumir, pero que se resuelva definitivamente el asunto, y por supuesto también con aquellas cuestiones que tienen relación con la calidad de las aguas de nuestras rías, como en Ferrol, porque por unas cosas o por otras el proyecto que usted nos decía en esta comparecencia que está en revisión está teniendo continuos retrasos, como también otros proyectos de los que estamos hablando. Hay que tener en cuenta que además tiene un plazo de 36 meses para su ejecución, y nosotros entendemos que son plazos excesivamente largos para poder dar cumplimiento a las exigencias que en materia de calidad de aguas está poniendo de manifiesto la Unión Europea, de acuerdo con las directivas europeas, tanto las de calidad de las aguas o medioambientales, como aquellas relacionadas con la cuestión de la pesca o la cría de moluscos.


Señor secretario general, nos gustaría que pudiera concretar más sobre todo en la cuestión de Ferrol, en la cuestión de Vigo, y en el cumplimiento de los plazos del emisario de Bens, si se van o no a cumplir. Dado que también Santiago está dentro de la denuncia de la Unión Europea, nos gustaría conocer la disposición del Gobierno a cumplir, de manera que esa denuncia no pueda transformarse en la correspondiente sanción, con todo lo que eso significa para el Estado español en tiempos de crisis. Tenemos que ahorrar, no vaya a ser que tengamos que pagar multas por no hacer los deberes primero.


Para finalizar, señor secretario general, quisiera hacerle un comentario.
En la medida en que para los presupuestos del año 2009 se incorporó una partida para el EDAR del Ayuntamiento de Teo, ayuntamiento cercano a Santiago, y que en aquel momento -por razones diversas como estudios, etcétera- no se pudieron acometer las obras y no se pudo ejecutar la partida, nosotros entendíamos que en los presupuestos del 2010, donde se vuelve a hacer un reconocimiento, a través de la partida correspondiente, del compromiso del Gobierno del Estado con esta infraestructura en este ayuntamiento, esto iba más en serio y asumía el Gobierno la cuestión, en la medida en que la financiación estaba en tres etapas, en tres años consecutivos, y lo entendíamos porque en el diálogo se planteaba que, dada la situación en que estaba el proyecto, no se podría acometer en un solo año y se prorrateaba la financiación en esos tres años. La cuestión es que a día de hoy una obra que, según la información que tenemos, tendría que ejecutarse a través del convenio que el Gobierno firmó con la Xunta de Galicia, no está incluida en ese

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convenio firmado. Por lo tanto, señor secretario general, nos gustaría saber si desde el Gobierno se están dando pasos con la Xunta de Galicia para, de alguna manera, llevar a cabo alguna modificación de este convenio que permita incluir esta obra del Ayuntamiento de Teo, y si por parte de la Xunta de Galicia hay receptividad a esa posición del Gobierno a solucionar este problema, un problema que desde nuestro punto de vista es no solamente relativo al compromiso con el Ayuntamiento de Teo para llevar a cabo esta obra, sino que también tiene que ver con el compromiso del Gobierno y del grupo mayoritario de esta Cámara con el propio Bloque Nacionalista Galego en relación con los acuerdos a los que se llegó en los trámites de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.
Cuando se acuerda algo nosotros entendemos que debe ser para cumplirse, y desde luego se está demostrando que no, y no solamente en el tema de Teo, sino que la cuestión del EDAR de Vigo sigue siendo de una gran relevancia en lo que a incumplimientos se refiere, porque independientemente de las discrepancias entre las diferentes administraciones, lo que sí está claro es que se están incumpliendo aquellos asuntos que se incorporan en los Presupuestos Generales del Estado, como es la financiación que correspondería a este EDAR.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Pasamos ahora a abrir un turno de intervenciones para aquellos grupos parlamentarios que no han solicitado la comparecencia, y lo hacemos en primer lugar para el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Aunque seré breve, no puedo dejar de comentar que este formato de comparecencias me parece que debería revisarse -ya lo he dicho en otras comisiones-, ya que me da la sensación de que se podría mejorar disponiendo anticipadamente de determinadas informaciones, y por tanto dando más tiempo al debate, a las réplicas y contrarréplicas. En cualquier caso hay que respetarlo, pero quiero dejar constancia de que los mecanismos de trabajo en el Congreso deberían mejorarse.


Una segunda reflexión previa es sumarme a la queja -no sé si ha sido queja o comentario- de que a veces es difícil contactar con responsables del ministerio, sobre todo por parte de algunos alcaldes que me han comentado las dificultades. Comprendemos que la ministra tiene una agenda complicada, pero no nos parece que pasar más de un mes sin conseguir que el alcalde de alguna localidad afectada por temas importantes como los del deslinde en la provincia de Girona pueda reunirse, sea una forma de dar respuesta, o intentar darla a una administración tan cercana al ciudadano, y que sufre tan directamente las quejas de los ciudadanos, como es la Administración local.


Dicho esto, quisiera agradecer la prolija información que nos ha dado el señor secretario general, y a ello me ceñiré en tres comentarios bastante breves, porque yo creo que en algún caso ya se ha dicho. En referencia a los deslindes en la provincia de Girona, es un tema muy recurrente y recurrido ya en este Congreso, sobre todo en comisión pero también en Pleno. En la superficie encontramos un problema bastante evidente: quejas constantes de ciudadanos afectados por el deslinde: en Santa Margarita en el término de Rosas; en Castelló D'Ampúries el tema de Ampuriabrava; en Sant Pere Pescador; también en Blanes, en Sabanell. Las quejas las reciben los ayuntamientos y los alcaldes sé que se están moviendo, y en algunos casos se han entrevistado con altos responsables del ministerio, pero no se acaba de llegar a un acuerdo. La realidad es que los ciudadanos, sobre todo los que tienen propiedades, tienen problemas para poder registrarlas en casos de compraventas, o se hace con determinadas limitaciones, que evidentemente influyen en el valor de las transacciones, y en algunos casos hay extremos que se hacen difíciles de entender; cuando se quiere deslindar hasta donde han llegado las mareas más altas, nos encontramos con que se afectan a zonas cinegéticas, de actividad industrial, agrícola, etcétera, y la verdad es que el sentido común nos lleva a pensar que la salinidad tantos kilómetros río arriba en el caso del Fluvià o del Rec Sirvent, insisto por sentido común, la gente no puede entenderlo, más allá de casos como el que ha comentado mi compañero Xuclà, de Convergència i Unió, respecto al grao en Santa Margarita que lleva más de treinta años con determinadas edificaciones vigentes, habitadas, etcétera.


Esto en la superficie, y no quiero insistir porque lo hemos discutido muchas veces en este Congreso, pero qué hay en el fondo. En el fondo lo que hay, aunque no se admite de una forma clara, es un conflicto competencial profundo. Desde la Generalitat, seguramente no con la vehemencia que haría falta o que desearían los ayuntamientos de todos los colores políticos afectados y los ciudadanos, se suele comentar que las disposiciones anteriores a la Ley de Costas dejarían en manos de la competencia autonómica, del órgano al que he aludido, la Generalitat, las marinas interiores. No parece ser la opinión del ministerio y por tanto, por más que le demos vueltas y más vueltas y aprobemos PNL y más PNL, la realidad es la que es: se sigue deslindando, algún departamento de la Generalitat incluso ha presentado alegaciones -como el de Medio Ambiente-, y por tanto ese es el problema de fondo que no estamos resolviendo. ¿Quién tiene la competencia? El ministerio dice que es el ministerio, la Generalitat dice que no, alguien aduce la Ley de Costas -lógicamente el ministerio-, la Generalitat aduce disposiciones y traspasos anteriores a esa Ley de Costas, y en medio del problema están los ciudadanos, que francamente no acaban de entender cómo es que no se paraliza un proceso hasta aclarar exactamente a quién corresponden las competencias. Por ello más que apelar a que se cumplan PNL, formalmente

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le pido que hagan ese esfuerzo, se comunique a los ciudadanos que, hasta que se aclare quién tiene las competencias -particularmente en marinas interiores-, el proceso se paralice. Es una petición formal que le hago, me imagino el resultado, me imagino la respuesta, pero es mi obligación plantear el conflicto en esos términos competenciales.


El último comentario era el referido al tema del atún rojo. A mi me ha gustado la explicación que ha dado el secretario general, lo digo sin ningún tipo de ironía; creo que ha hecho una distinción semántica importante, cuando ha intentado diferenciar los distintos tipos de pesca, buscando ensanchar el marco semántico para que nadie salga perjudicado, y por lo tanto aquí lo único que le haría es simplemente una pregunta.
¿Cómo podría tranquilizar a determinados sectores? En concreto, y como usted comprenderá, el que siempre se ha sentido más perjudicado, precisamente por términos a lo mejor semánticos: que si era la almadraba, el cerco, en fin, en determinados casos, es en L'Ametlla de Mar donde usted sabe que hay una importante actividad, y recientemente esta Comisión ha podido visitar precisamente las instalaciones, y en cualquier caso, insisto, agradeciendo su explicación del momento actual, le preguntaría: ¿sería usted capaz de tranquilizar a esos artesanos -yo no les llamaría otra cosa- de la pesca, pero que evidentemente dan trabajo a muchísimas personas de la zona; les podría tranquilizar más allá de lo que ha explicado?

El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: En primer lugar quiero decirle que mi grupo no solicitó ninguna comparecencia, pero como no podía ser de otra manera somos partícipes de todas las problemáticas que aquí se han planteado, de algunas más que de otras, evidentemente, algunas eran claramente localizadas en lugares de Cataluña y en lugares de Galicia, y en ellas no vamos a entrar en absoluto; creemos que los representantes políticos de esas zonas y de esos lugares son los capacitados para reivindicar, y nosotros solamente vamos a mostrar nuestro apoyo a sus reivindicaciones.


En lo que nos concierne yo me voy a centrar en el tema, y voy a utilizar un tercer término sobre la caballa, que es el verdel. Estamos hablando de lo mismo, de la misma especie, y por lo tanto yo me voy a centrar en el tema del verdel, en tres puntos. Creo que la mayoría de las quejas, por así decirlo, ya han sido planteadas en esta Comisión, y no creo que vaya a diferir mucho de lo que algunos compañeros míos han planteado, porque al fin y al cabo no se trata de criticar por criticar, ni de cuestionar por cuestionar, sino de hacer frente a una realidad que en estos momentos -y usted bien lo sabe- es bastante complicada para muchos pescadores. Hay preocupación en el sector, y esa preocupación no ha sido solamente porque hayan aparecido en los medios de comunicación, no: incluso han estado como usted sabe con nosotros, tanto individualmente como en bloque; intereses que en un principio podían ser diferentes, representantes de diferentes comunidades autónomas, de diferentes modos, se han tenido que -de alguna manera- juntar para reivindicar algo que al fin y al cabo es entendible: su preocupación no es gratuita, como bien sabe, ya que parece que, como la pesquería ha pasado, el problema ha pasado, y evidentemente el problema no ha pasado.


A mí sí me gustaría diferenciar dos cuestiones. Por una parte, todo aquello que se pueda solucionar intramuros, y cuando digo intramuros me refiero a cómo se reparte la cuota asignada a España entre las diferentes artes, entre las diferentes pesquerías, entre las diferentes comunidades autónomas, barcos, etcétera; pero lo que a mí verdaderamente me preocupa es la mayor. ¿Cómo se soluciona el reparto que le corresponde al Estado español? Al fin y al cabo quizá -y perdóneme la expresión- la madre del cordero puede estar ahí. Seguramente no hay tanto problema en cómo se reparte entre los diferentes barcos del Estado español, sino que en este caso el déficit está en que no tienen suficiente, y ellos están preparados y creo que podrían pescar más.


En la explicación que usted nos ha dado aquí ha contado todo el proceso del reparto interno: cuáles son los criterios, qué porcentajes a artes menores, qué porcentaje a cerco, qué porcentaje a arrastre de fondo, qué porcentaje de arrastre en aguas francesas, etcétera. Esto está bien; podríamos discutir si le toca más o menos a alguno, y entablar una discusión, pero creo que el problema es cómo se consigue ese 100 que se reparte, y si el Estado español verdaderamente pone toda la carne en el asador para conseguir toda la cuota que tiene asignada, o si se conforma con lo que otros dicen que le tienen que asignar al Estado español.


Aquí mi compañera del Bloque Nacionalista Galego ha aludido al tema de Noruega; es un tema que sí me gustaría que usted explicara, si verdaderamente esa presión existe o no, pero aparte del tema noruego, ¿qué capacidad de fuerza, de influencia o de presión puede tener el Estado español, como uno de los principales Estados pesqueros de la Unión Europea, a la hora de conseguir más cuota de caballa? Creo que sería absurdo cuestionar que la especie está garantizada, no es un problema de especie, y creo que habría posibilidades de conseguir más cuota de caballa. Por otro lado, dentro y como consecuencia de esta cuestión, si no hay más cuota y la cuota sigue siendo la que es, ¿qué hacemos con la flota? ¿Qué hacemos entre los meses de enero y abril con esta flota? Usted sabe perfectamente que tenemos dos cuestiones, un tema de tiempo y un tema de cantidades, y o repartimos el tiempo o repartimos las cantidades, pero usted sabe perfectamente que para ciertas fechas algunas flotas ya han consumido su cupo, y dado que el verdel ha sido la alternativa ante esta sequedad de anchoa que hemos tenido durante mucho tiempo, yo no sé cómo va a ser la siguiente costera de la anchoa, y si

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verdaderamente se recupera la especie y si se vuelve a pescar en las cantidades que antes se pescaba, quizá algunas flotas puedan renunciar a parte de su pesquería de la caballa, porque tienen sus esperanzas fijadas en la anchoa; pero en la situación en la que hemos estado, con la sequedad absoluta de la anchoa por la veda, y si verdaderamente para principios de marzo ya se acaba el verdel, entonces la situación es complicada, y usted lo sabe perfectamente. Por lo tanto esas cuestiones son las que me preocupan, y quisiera agradecer a los demás compañeros sus intervenciones, ya que muchas de las cuestiones no voy a repetirlas debido a que ya las han comentado ellos, y creo que están bien fijadas las posiciones. Por último, respecto al atún rojo solamente reitero una cuestión que mi grupo le viene pidiendo, solicitando, reclamando y planteando no ahora ni antes ni el año pasado sino el anterior y el anterior: por favor, un reparto justo y equitativo de las cuotas de atún rojo, en las que se tenga en cuenta todo aquello que verdaderamente se tiene que tener en cuenta a la hora de repartir para que los beneficiarios de ese reparto sean aquellos a los que verdaderamente les corresponde justa y equitativamente. Y ya sabe a lo que me refiero.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Permítanme que no entre en todos los temas y que haga una reflexión general. En primer lugar y ciñéndome a algo concreto, el formato, señor diputado de Esquerra Republicana, sabe usted que lo fijamos en esta Cámara, no es el Gobierno el que impone el formato, y en esta Comisión tenemos dos sesiones al mes, una de PNL y otra de preguntas y comparecencias, y en consecuencia que el Gobierno venga más por aquí no depende solamente del Gobierno sino que nosotros preferimos consumir nuestro tiempo, las dos sesiones, de manera diferente. Esto era un inciso. Pero lo que me preocupa es que creo que no tenemos interiorizado aún en esta Comisión que estamos en la Unión Europea y que en la Unión Europea somos seis o siete los países con intereses pesqueros directos y veintisiete miembros y que la política pesquera común tiene un coste que tienen que pagar los veintisiete miembros, y en consecuencia eso impone unas limitaciones que no había cuando en la Unión Europea éramos dieciséis o cuando eran trece miembros. Ahora, cada vez los fondos van a menos y los interesados en la pesca somos también menos, y por ello nuevamente posturas como la del atún rojo tuvieron éxito porque, entre otras cosas, hay países que tienen mucha más presión de los sectores preocupados por el medio ambiente que de los afectados por el sector pesquero. Esa es una realidad que no podemos eludir, y por eso cuando planteamos negociar una mayor cuota de caballa, o verdel, cuando nosotros tenemos el 82 por ciento, yo apoyo esa negociación, pero esa negociación me imagino que no nos saldrá gratis y por eso la Unión Europea no se presta muy voluntariamente al tema.


Por otra parte, quisiera hacer hincapié en otra cuestión. Estamos en un mundo globalizado donde el dinero se mueve libremente o con demasiada libertad, y las personas tienen mayores problemas para moverse pero se mueven, y para nosotros es fundamental -no nos engañemos- el desarrollo conjunto de la humanidad, pero en especial el desarrollo de los países limítrofes. Luego me parece cicatera la postura: ¿qué sacamos nosotros?, que parece que solamente saca Marruecos. Si se lograra con estos acuerdos que Marruecos consiguiera un mayor nivel de desarrollo y Mauritania lo mismo, y sirviera como estímulo al desarrollo de ese continente que parecía olvidado, que es el continente africano, ganaríamos todos, inclusive el sector de la pesca en España. Recuerdo también que no se aprobó por unanimidad, en modo alguno, y por desgracia yo estaba en esta Cámara, que no hubiera negociación o que no hubiera acuerdo con Marruecos. No se aprobó, y fuimos muy críticos en aquel tiempo -yo ya era portavoz de pesca hace unos cuantos años- con el señor ministro en aquel momento, Arias Cañete, por este tema ya que nosotros consideramos que el acuerdo con Marruecos no lo hubo al final por una cuestión de enfrentamiento político entre el Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos, en el que el Gobierno de España no supo actuar con flexibilidad. Fue una cuestión política, más que otra cosa, la que impidió que en aquel momento hubiera un acuerdo con Marruecos. Hoy hay un acuerdo que es claramente mejorable, y en esa línea creo que está trabajando el Gobierno. Tengo que decirle al secretario general del Mar que en la comparecencia de hoy y en otras saqué la conclusión de que algunos, como el secretario general del Mar, a pesar de pasar tanto tiempo volando como en tierra, tienen los pies en la tierra para afrontar los problemas derivados de la pesca y también los derivados de la recuperación del dominio público en costas y también de la recuperación de los daños en éstas. No nos olvidemos de que el mundo de la pesca está cada vez más regularizado, y esto es bueno porque ayuda a la sostenibilidad. Es un mundo donde cada vez hay menos arbitrariedad y donde aparecen países emergentes que en otro tiempo no pintaban nada y los acuerdos eran mera imposición, y ahora normalmente en los acuerdos quieren imponer condiciones y la Unión Europea a veces tiene que aceptar condiciones que en otro tiempo no aceptaría.


Empezando por las cuestiones de pesca, en el punto 5.º, el relativo a las biotoxinas, creo que hay acuerdo o coincidencia en que el ministerio no puede ser neutral en ese tema y tiene que intentar condicionar para que no vaya adelante. Nosotros también quisiéramos una mayor cuota de la caballa, pero, como dije anteriormente, el tema no va a ser fácil y además de nuestra zona España gestiona el 82 por ciento de la caballa o del verdel. En la reunión que tuvimos con el sector en su momento -cuando se sacó una nota en el

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Diario de Cantabria en la que representantes afines a otros juegos decían que los patrones iban a ser recibidos por los parlamentarios pero no por el Gobierno- el Gobierno lo decidió y después vimos los problemas, y uno de los problemas es el de coordinación del sector, porque si se quieren mantener rentas se tienen que dosificar también capturas para mantener rentas y que la pesquería dure más tiempo. Pero con todo ello la conclusión que sacábamos en aquella reunión era que el sector debía negociar los futuros planes con el Gobierno, y nos alegramos de que se esté haciendo. Por cierto, hay una anécdota que no me resisto a leerles.
En el mismo periódico donde se dice que los patrones hablarán sobre el verdel en el Congreso el día 17 sale una encuesta sobre la pregunta: ¿Cree que la subida del IVA ayudará a salir de la crisis? No, el 27 por ciento; sí, el 72 por ciento. Curioso.


Sobre Cites quería decirles que este diputado, como otros diputados, no estuvo porque el señor portavoz del Grupo Vasco no nos invitó a ver la pesquería del atún con cebo vivo, pero estuvimos en otras pesquerías, estuvimos en las almadrabas y estuvimos en el cerco. Vimos el problema y de hablar con los interesados no sacamos la conclusión de que el Gobierno no defendiera al sector, sino que los interesados que estuvieron presentes en la reunión donde se decidió eran conscientes de que el Gobierno había hecho un esfuerzo importante en defensa del sector. Lo que ocurre es que la diplomacia tiene varios caminos, la Presidencia europea tiene un camino y la diplomacia tiene otro camino, pero normalmente los afectados eran conscientes de que el Gobierno había defendido al sector.
En cuanto a los apresamientos en Mauritania, creo que es algo que lamentamos todos, pero el problema es que, de alguna manera, las retenciones de buques no las decide la Unión Europea, las decide Mauritania, que en algún momento quiere demostrar que es un país soberano, y la Unión Europea trata de solucionar estos temas de la mejor manera posible. Si hubo desamparo por parte del Gobierno -que no me lo creo- yo lo criticaría, pero mi información es que no fue así y que el hecho de no subir a bordo no se debe a una descortesía del Gobierno de España sino que se debe a otras causas.


Termino, señorías, coincidiendo en que es posible que tengamos que reestructurar estas comparecencias, agrupándolas o haciéndolas más veces o seleccionando menos temas para que los debates se puedan hacer en más profundidad. Y ruego a todos que aunque estemos en la Comisión que trata sobre pesca o medio ambiente, medio rural y medio marino tengamos en cuenta el contexto general en el que nos movemos a la hora de hacer propuestas críticas y demás.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Tiene la palabra a continuación el secretario general del Mar.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Voy a ir contestando en el mismo orden en el que SS.SS. han hecho las intervenciones.


Voy a empezar por la intervención del señor Fajarnés sobre el deslinde de Formentera. Estoy convencido, señoría. -y le agradezco que me llame señoría aunque yo no sea señoría, pero lo ha dicho en más de una ocasión-, y le he dicho en mi intervención que estamos estudiando caso a caso los supuestos afectados por la ley a la vista de un deslinde que en su inmensa mayoría ha sido confirmado por sentencias del Tribunal Supremo. Estoy convencido también de que comprende la dificultad en general de la realización de un deslinde y convendrá conmigo en que por las características del lugar, en este caso el deslinde de Formentera, la dificultad es todavía mayor. Pero no sé si será necesario que le recuerde que fueron ustedes, cuando gobernaron, ustedes, los que aprobaron el deslinde del año 1997. (El señor Fajarnés Ribas pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Por favor.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Nosotros nos hemos encontrado con la situación y procedimos con todos los apoyos y todos los argumentos jurídicos de la Ley de Costas y de los tribunales a efectuar un nuevo deslinde por Orden ministerial, como usted muy bien sabe, de 20 de julio del año 2007. Le reitero que estamos trabajando intensamente, estamos analizando caso a caso toda la problemática sobre el deslinde de Formentera y escuchamos la opinión y contrastamos la documentación de todos los afectados. Repito que es un deslinde aprobado en el año 1997 y sorprende que ahora, trece años después, el Partido Popular sea el defensor de un nuevo deslinde. Con eso creo que por el momento la cuestión de Formentera... (El señor Fajarnés Ribas: En 2006.)

El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Señor Fajarnés, después va a tener la oportunidad de intervenir.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Continuando con la intervención del señor García Díez y también en el orden de la intervención que ha hecho sobre la cuestión de las biotoxinas, tengo que decirle una vez más lo siguiente. Primero, quiero transmitirle toda la tranquilidad del mundo en este asunto. Como le he señalado durante mi intervención, estamos siguiendo de cerca este tema y tenemos además una postura muy clara. No hay constancia alguna de que la Unión Europea haya utilizado o haya realizado propuesta para implantar nuevos límites de toxinas. Lo que se ha planteado -y ahí es donde no se debe confundir- no han sido los nuevos límites, sino el sistema o el cambio en la metodología para determinar la pre

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sencia y cantidad de toxinas existentes en los productos marinos para consumo humano, que era modificar el método analítico -con ratones, el bioensayo conocido- por el método químico. Como la Comisión no tiene intención de modificar los niveles de tolerancia, lógicamente, creo que hablar de rumorología no parece coherente. Pero en el supuesto de que este hecho se produjera, reitero una vez más que seríamos absolutamente vehementes en las exigencias de estudios científicos que avalen cualquier modificación al igual que los informes de consumo.


El señor García Díez también hacía una pregunta en relación con el Mediterráneo. Como sabe, en el Mediterráneo ha aprobado la Comisión un reglamento que no es nuevo, es un reglamento que se aprobó allá por el año 2006, que establecía unas nuevas medidas de carácter técnico y además fijaba una serie de derogaciones cuya vigencia terminaba el 31 de mayo de este año 2010. Hemos mantenido reuniones con el sector, que está cambiando las artes de pesca de acuerdo con lo establecido en el reglamento comunitario, hemos encargado un estudio al Instituto Español de Oceanografía para ver cuál es el comportamiento con la malla obligatoria de 40 cuadrada o la posibilidad de utilizar la malla romboidal de 50 milímetros, siempre en el caso de que así lo solicite el armador, la cofradía o la asociación interesada y se justifique adecuadamente por qué se quiere utilizar la luz de malla de 50 romboidal en vez de la de 40 cuadrada, las distancias a la costa, las profundidades, etcétera. El sector sabe perfectamente que por el momento se mantiene el statu quo ya que España ha planteado derogaciones a la Comisión Europea, hasta el momento no se ha recibido ninguna contestación y por otra parte usted sabe tan bien como yo que la orden ministerial que regula la pesquería del Mediterráneo para el arrastre y el cerco es una norma mucho más restrictiva que el reglamento del Mediterráneo. Por tanto, en ese aspecto hay tranquilidad, el sector lo sabe, está solicitando además las ayudas para cambiar el arte de pesca, que afecta únicamente a una parte del copo a partir de la corona, y la estimación del coste de la sustitución de ese arte está entre 200 y 300 euros. Pero de todas formas tienen la ventanilla abierta en las comunidades autónomas para poder hacer el cambio si fuera necesario.


También ha intervenido usted, señor García Díez, en relación con la caballa, y creo que en esta cuestión hemos hecho el trabajo como teníamos que hacerlo. Me gustaría decir en esta Comisión que tenemos una cuota de cerca de 30.000 toneladas. Por cierto, desde el año 2002 ha aumentado.
Aquí tenemos los datos de cuál ha sido la cuota asignada a España desde el año 2002. Pero mejor voy a decirles desde que estamos en el Gobierno: 2005, 20.500 toneladas, es la cuota asignada a España en el reglamento de taxicuotas; 2006, 21.574; 2007, 24.405; 2008, 22.256; 2009, 29.529, y 2010, 27.919 toneladas, con lo cual podemos decir que desde el año 2005 hasta el año 2010 hemos incrementado la cuota en un 35 por ciento, en pocas cuotas hay un aumento como este. ¿Qué es lo que ocurre con la caballa, como ha dicho el señor Agirretxea, verdel o xarda, como dice la señora Fernández? La caballa es una especie que hasta hace poco tiempo no era un objetivo claro de todas las modalidades del Cantábrico noroeste.
Era una pesquería mucho más tradicional de las flotas de artes varias, con líneas de mano e incluso en menor medida el cerco, porque todo el mundo esperaba realmente a la campaña de la anchoa. Tuvimos problemas con la campaña de la anchoa en los últimos años, y se ha volcado muchísima flota en esta pesquería.


Nosotros mantuvimos reuniones con el sector y con las comunidades autónomas desde el año 2008 para fijar criterios que permitieran un reparto del stock de caballa entre las diferentes flotas afectadas, y hubo reuniones los días 11 de septiembre, 14 de noviembre, 23 de diciembre, del año 2008, y luego en enero y mayo del año 2009. Los criterios que hemos utilizado para el reparto de la caballa intramuros, como dice el señor Agirretxea, son fruto del trabajo y de la experiencia que se han acumulado en los últimos años, pero hay que recordar una vez más que el interés suscitado por la captura de esta especie nos ha obligado a modificarlos teniendo igualmente en cuenta las cuotas que han asignado a nuestro país. Les puedo asegurar que en el acuerdo de la Unión Europea con Estados costeros, que son Noruega, Islandia e Islas Feroe, la estabilidad relativa asignada a España desde la entrada de España en la Unión Europea en 1986 se mantiene, y el único stock, del que España, por cierto, tiene una cuota muy reducida, es el stock norte de la caballa, que es el stock de las zonas 6 y 7 del CIEM, que no tiene nada que ver con el stock tradicional sur de las zonas 8C, 9A y 8ABD de la costa de Francia, donde, sobre la base de esa estabilidad relativa, y como muy bien dijo don Ceferino Díaz, el 82 por ciento de la cuota es asignada a España. Por lo tanto, de la cantidad total de TAC fijado, el 82 por ciento es para España, y dentro del cómputo de toda la cuota sobre el TAC que tiene la Unión Europea en las distintas zonas España mantiene exactamente la estabilidad relativa. Por supuesto que si hay información científica que lo respalde nosotros trabajaremos para tratar de incrementar la cuota asignada a España. Pero tampoco podemos olvidar aquí una cuestión: si fijamos 18.000 kilos por día -si hablamos de una modalidad a la que asignamos el 30 por ciento, es decir 10.000 toneladas redondeadas-, creo que dividir 10.000 toneladas entre 100 barcos sabemos que significa una cantidad de cuota que en cinco o seis días vamos a tener consumida. Una de dos, o el sector, dentro del reparto interno que tiene asignado por modalidad, quiere hacer un reparto entre cada uno de los barcos que conforman esa modalidad de pesca, o si no, por parte de la Administración tendremos que rebajar los niveles de cuota diaria o de cupo asignado con el fin de poder adaptar esa pesquería, que es estacional, como bien saben, y que en aquellos casos en que sea necesario no descartar capturas o que haya capturas incidentales a lo largo del año, con el porcentaje tanto

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asignado a las artes menores como consecuencia del intercambio como el porcentaje que tienen asignado las embarcaciones de menos de 50 GT, les permita, en ese segundo semestre, hacer frente a las capturas incidentales que se puedan producir. Pero les puedo asegurar que el 95 o el 96 por ciento de la cuota se consume en ese periodo al que he hecho antes referencia.


Todas las actuaciones que hemos puesto en marcha se han consultado previamente con el sector. Le he relatado fechas en las que hemos mantenido reuniones con todos ellos, con las comunidades autónomas, y alguna comunidad de referencia a la que ha aludido el señor García Díez ha participado incluso en la redacción de la orden a través de su director general. Parece increíble que un director general de una comunidad autónoma que participa en la redacción de la orden diga que desconoce el contenido de la misma; eso parece poco creíble. A partir de mañana mantendremos la primera reunión con las comunidades autónomas, no solamente para hablar de la anchoa sino también para hablar de la merluza, para hablar de la caballa, para hablar de otras especies y tratar la cuestión de forma coordinada y consensuada. Si es necesario hacer alguna modificación sobre la norma que tenemos actualmente en vigor se procederá sin mayor problema siempre que haya consenso entre todas las partes. Si hemos modificado la primera orden fue porque el sector de entre 50 y 100 toneladas consideraba que la cuota asignada por día de 12.000 kilos por embarcación era escasa y querían ampliarla a 15.000.
Hicimos una consulta a las cuatro comunidades autónomas, todas se pusieron de acuerdo en que así se hiciera, y nosotros, en aras del consenso, fijamos los 15.000 kilos de cupo diario. Por último, en el caso de aquellas embarcaciones que no habían capturado ninguna caballa, porque durante esos días no se habían dirigido a la especie, se les ha asegurado que durante el segundo semestre del año, y a partir de la publicación de la orden, podrían llevarla a cabo.


En cuanto a la propuesta de incorporación del atún rojo en la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, a mí me gustaría ver quién metió el gol por la escuadra, y creo que a los hechos nos podemos remitir. Hemos garantizado la actividad de todas las flotas, hemos buscado una fórmula que permitiese que sin ninguna discriminación todas las flotas pudieran seguir pescando como lo están haciendo en estos momentos, y además la Comisión de Pesca ha tenido la oportunidad de visitar dos de las modalidades que se dedican a la pesca del atún rojo. No podemos olvidar que la flota de cerco del Mediterráneo es una flota que ha reducido su capacidad, ha limitado su actividad desde el año 1998 a un total de seis buques y no se ha incrementado, pero también hay que decir que hemos mantenido reuniones con la flota de los seis buques cerqueros del Mediterráneo, a la que hemos dado explicaciones precisas de todos los movimientos que estaban ocurriendo, tanto en el seno de la Unión Europea como luego en Doha, donde han tenido oportunidad de estar presentes, y hemos defendido los intereses del atún rojo. Con el sector pesquero de cerco de L'Ametlla de Mar mantuve reuniones personales la noche del 17 de enero y el día 18 de enero por la tarde y estaban de acuerdo con la estrategia que estaba diseñando el Gobierno español para poder defender la pesquería del atún rojo, como hemos hecho. Las gestiones se hacen políticas y diplomáticas, porque hay que estar en cada momento como hay que estar. Le puedo asegurar que hoy la Comisión de Pesca tendría que hacerle un monumento a la persona que ha presidido la reunión de Cites en Doha, que ha sido, por competencias a nivel interno dentro del Gobierno, la secretaría de Estado de Comercio y, en particular la subdirectora que llevó la reunión, alcanzándose los objetivos que todos pretendíamos.


Hemos habilitado la posibilidad para que las almadrabas gaditanas sean observatorio científico para aportar la mayor información posible que nos permita mejorar el conocimiento de esa especie, y que esos resultados puedan llevarse tanto al comité científico que determinará lo que tenga que determinar en octubre de este año, así como para ejercicios futuros.


Entiendo que su labor tiene que ser crítica con el Gobierno, pero tengo que decir que algo hemos debido de hacer bien cuando se han obtenido los resultados que hoy tenemos, habiendo ejercido nuestra responsabilidad como Presidencia rotatoria de la Unión Europea y como Estado miembro, siendo además la principal potencia pesquera de la Unión y tener que conducir un tema de tanto calado tratándose de un recurso de la importancia del atún rojo. Y lo cierto -aunque no espero que lo reconozca, señor García Díez- es que lo hemos sabido hacer, aunque es verdad también que ha habido dificultades.


Desde el momento en que Mónaco planteó el tema de la inclusión en Cites del atún rojo, iniciamos gestiones con todas las organizaciones involucradas en la pesquería del atún rojo buscando, obviamente, que dicha propuesta no prosperase, entendiendo que era un claro perjuicio para nuestro sector en todas sus modalidades, tanto cerco, como almadrabas, como por supuesto los barcos del Estrecho, los palangreros de Andalucía fundamentalmente, y la flota del Cantábrico, basada primordialmente en el País Vasco. Además, lo hemos hecho con argumentos sólidos, basados en informes científicos que se aportaron a la revisión del Iccat en la reunión celebrada en Recife, en Brasil, y sobre esa base se establecieron unas cuotas, como saben, inferiores a las vigentes.
También hemos hecho gestiones intensas ante la Unión Europea, tanto con el propio comisario como con el resto de los países. Al ser Presidencia rotativa o rotatoria, España realizó esa labor diplomática y silenciosa en defensa de la pesquería del atún rojo, y al final se logró el objetivo. Junto a esta responsabilidad, me gustaría destacar la coherencia de nuestras posiciones desde el minuto uno de todo el proceso, que se desencadena con la propuesta de Mónaco a la que me he referido.
Coherencia en la política que impulsa España, que natural

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mente es acorde con la de la Unión Europea porque estamos en la Unión Europea, es esencial, y consiste en abogar, por otra parte, por la sostenibilidad de la pesca, sólidamente fundamentada en la autorización de planes específicos, estudios científicos ad hoc, así como, por supuesto, en la defensa de la corresponsabilidad que tienen las organizaciones regionales de pesca.


Como ocurre en el contexto internacional, ha habido momentos mejores y momentos más delicados, pero la valoración de la actuación española hay que decir que es positiva por la responsabilidad y coherencia mantenida.
Y me van a permitir que diga que quizás los resultados no han sido casuales. Sin pretender ser mas exhaustivo porque creo que ya he explicado bastante cuál ha sido la posición y cómo se ha fraguado todo esto, creo que todos debemos felicitarnos por los resultados que se han conseguido. La posición de España ha sido responsable y coherente, y el sector en general y cada tipo de flota en particular saben que hemos estado apoyándoles desde el principio, como siempre lo hemos hecho y como siempre, por supuesto, lo haremos.


Paso a continuación a contestar la intervención del señor García sobre Mauritania, en cuanto a las retenciones de los buques Lameiro Uno y Loremar y la aplicación del actual acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania, y también trataré de responder a dos cuestiones, aunque una de ellas creo que la he contestado en la intervención de la señora Fernández Davila sobre incumplimiento de los acuerdos con la Unión Europea, según le habían dicho algunos capitanes o patrones de los buques que estuvieron implicados en el proceso. En el protocolo de pesca de la Unión Europea con Mauritania se establece claramente que la legislación aplicable es la del país, en este caso tercero, que es Mauritania. Pero no solamente tenemos que ver lo que es la legislación del código de pesca mauritano o la ley de pesca mauritana sino otro tipo de exposiciones, sus famosas arrêtés, que es lo equivalente a una orden ministerial en España, donde se establecen una serie de disposiciones que a veces se desconocen, en ocasiones, por supuesto, porque los representantes que tiene los armadores, que están obligados además por el acuerdo de pesca, que son los consignatarios, en alguna ocasión no se transmiten, e incluso el exceso de celo que pueden tener unas autoridades de inspección de Mauritania, que no solamente utilizan el código de pesca para determinar si un barco ha cometido o no alguna infracción sino que también utilizan otras disposiciones reglamentarias que están dentro de la legislación mauritana que son aplicables. Evidentemente, todos entendemos que en un buque de pesca que se dedique a la captura de pescado, y en este caso de pescado fresco o refrigerado, los compresores que activan las bodegas de los barcos, o las neveras de los barcos, tienen que estar a una temperatura más/menos por encima de cero grados; mas/menos cero grados es lo que marca un compresor habitual. Si un inspector de pesca comprueba que uno de los barcos marca menos 5 grados y su legislación interna dice que esta previsto que sea entre 0 y más 4 grados, lógicamente, a la vista de esto por parte del inspector se acredita que hay una infracción y que, por tanto, es aplicable el código de pesca, en este caso el código sancionador mauritano. Entendemos que parece exacerbado aplicar por esa cuestión una sanción, y se mantienen las reuniones que hubo que mantener a través de nuestra embajada, a través de nuestro agregado, y por supuesto a través de la delegación de la Unión Europea. El que firma el acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania es la Unión Europea, aunque España sea el principal cliente de ese acuerdo de pesca. Como consecuencia de ello, al final, el comité de apresamientos lo que ha determinado es que, en el caso del Porto Santo y el Fuente de Macenlle, la infracción detectada era inferior a la que se había detectado en el Loremar y en el Lameiro Uno. No hemos obligado a callar a nadie, lo que pasa es que, como decía muy bien el señor Agirretxea, a veces intramuros se resuelven mejor las cosas que estar diciendo algunas cosas que creo que se han sacado fuera de contexto por parte de todos. ¿Cuál fue la solución? Que dos barcos han quedado liberados sin sanción de ningún tipo pero con una reserva que debe tener en cuenta cuál es el código de pesca, y en los otros casos se ha conseguido una flexibilización en la rebaja de la sanción en un 20 por ciento. Y los armadores tienen mecanismos para poder hacer frente a esas sanciones sin que menoscabe su cuenta de explotación; ellos lo conocen perfectamente y algún día si quieren se lo podrán explicar en aquellos casos que obviamente esas coberturas las tengan cubiertas, porque aquí no estamos hablando de pesca ilegal en ninguno de los casos, estamos hablando de una contravención de una arrêté, de una orden interna que nosotros, lógicamente, lo que hemos dicho a la Unión Europea y bilateralmente a Mauritania es que en esos casos antes tiene que haber un procedimiento reglado para llevarse a cabo.


Ustedes saben, además, la situación política por la que atravesó este país en los últimos tres años y también saben que es el acuerdo más importante que tiene la Unión Europea con terceros países, y además de gran trascendencia para España. Decía el señor Sánchez Ramos que se pagaban 144 millones por el acuerdo de Marruecos en cuatro años, a razón de 33 millones por año -33 millones y pico-, pero tampoco es menos cierto que el acuerdo con Mauritania cuesta 86 millones de euros al año durante los dos primeros años, y luego hay una rebaja hasta el año 2012 para 100 barcos; si dividimos 86 millones entre 100 barcos ¿qué es mejor en ese caso, darle a cada armador 860.000 euros y que se quede en casa, o queremos seguir teniendo una política de acuerdos de pesca con terceros países? Porque lo que se está haciendo es adquirir en el tercer país un derecho, un excedente, una cuota que él no captura, y por supuesto que hay una compensación financiera y luego habrá una ayuda al desarrollo, que son los elementos de partenariado, son acciones dirigidas especí

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ficamente a mejorar su inspección, a mejorar su pesca artesanal, etcétera.


Después de lo que nos costó conseguir este acuerdo y la recolocación de otros barcos desalojados de otros caladeros, el Gobierno español y este ministerio, obviamente, hicimos todos los movimientos y gestiones para salvar los intereses españoles. Me permitirán que destaque una vez más la firme labor diplomática llevada a cabo, entre otros, por nuestro embajador en Mauritania, que hoy está en mi Secretaría General como director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura, y deberíamos tener las máximas alturas de miras y alegrarnos por los resultados finalmente conseguidos.


Vuelvo a significarle que la labor diplomática y las excelentes relaciones con los máximos responsables del país y del Ministerio de Pesca han permitido, a través de la Unión Europea, conseguir la renovación de un acuerdo de gran interés pesquero para España. Todos conocemos cuál es la idiosincrasia de ese país y, obviamente, su buen conocimiento nos permite ir solucionando los problemas que en el día a día se van produciendo en la aplicación del mismo. Tengan por seguro que nuestra intención es trabajar y avanzar para que no se produzcan más acontecimientos como los que se han producido y para que, en el caso de que se planteen, los podamos solventar con la mayor rapidez y eficacia posible.


En la víspera de Semana Santa hablé con la consejera de Pesca de Galicia -con ocasión de la reunión de Alimentaria y la conferencia sectorial y el Consejo Consultivo de Pesca, celebrado en Barcelona-, a la que expliqué los pormenores de la situación de los buques allí retenidos, y le di cumplida cuenta de cuál era la situación y de las gestiones que estaba llevando a cabo el Gobierno español.


En cuanto a la propuesta de los armadores de los buques Lameiro Uno, Loremar y Fuente de Macenlle de celebrar una reunión en las dependencias del buque Intermares, que estaba atracado en esos días en el puerto de Nuadibú, nuestro agregado en Mauritania consultó a la máxima autoridad del buque la posibilidad de celebrar allí esta reunión, que al final no llego a convocarse, por tanto, señoría, no es que se negara el acceso al buque sino que no se convocó allí reunión alguna, no hubo un cambio de criterio en el sentido de convocar y posteriormente cancelar porque no hubo ninguna comunicación al respecto. Y tampoco se adoptó ninguna decisión negativa, por lo que no hubo, por tanto, ningún impedimento desde este ministerio para reunirse, obviamente, en un espacio de titularidad española.


En cuanto a la valoración del actual acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos y la posición del Gobierno de España ante la próxima renovación del mismo, vuelvo a reiterarle, señor Sánchez Ramos, que es claramente positiva. En primer lugar, no es baladí recordar que si tenemos ese acuerdo es gracias a este Gobierno, y sin duda siempre queremos mejorar lo que tenemos, pero hay que tener claro un punto de partida, y el punto de partida es que cuando nosotros llegamos al Gobierno, allá en el año 2004, no existía acuerdo alguno de pesca.


Dicho esto, en líneas generales, el acuerdo de partenariado entre la Unión Europea y Marruecos, que se ha suscrito en el año 2005 aunque ha entrado en vigor en el año 2007 -el día 12 de abril del año 2007, efectivamente, la ministra fue a despedir en Barbate a la flota que se marchaba después de tantos años a pescar en Marruecos-, tenemos que decir que viene desarrollándose de forma satisfactoria, y este acuerdo ha supuesto además una avance significativo, tanto en materia de cooperación en el ámbito científico como en el desarrollo del sector pesquero marroquí. Y como se pretendió a la hora de la firma del mismo, responde perfectamente al equilibrio territorial conseguido. Creo que en esta sede, señor Sánchez Ramos, ya le había dicho que cuando se contempló la negociación del acuerdo con Marruecos no se han incluido las modalidades de marisco ni de cefalópodos porque el propio sector pesquero español, con intereses en las sociedades mixtas -y si no se lo puede ratificar el señor Suero de Anamar o el señor Fontán de la asociación Anacef-, dijeron no pedir la inclusión de ningún buque de estas modalidades porque, tal como están repartidas las cuotas a nivel interno entre otras modalidades de pesca en Marruecos, perjudicarían las actividades de las sociedades mixtas con intereses españoles allí radicadas. Por lo tanto, responde a un equilibrio territorial, persiguiendo el acceso de todas las flotas de las comunidades autónomas interesadas en participar en aquellas posibilidades de pesca, como dice el acuerdo, y considerando que su utilización, al día de hoy, es realmente satisfactoria en todas las categorías.


En cuanto a la artesanal en el norte, tenemos algo más de un 98 por ciento de utilización en los cuatro años, que es un magnífico grado de utilización, lo mismo que los cañeros y lo mismo que la pesca artesanal del sur. No le voy a decir lo mismo, por supuesto, de la pesquería pelágica industrial pero es que en España tampoco tenemos buques pelágicos industriales. Las capturas de las especies pelágicas las hacen las embarcaciones tradicionales, que son las de cerco, las de arte menor, o incluso las embarcaciones de arrastre de pequeño porte que tenemos a lo largo de toda nuestra costa. En relación con la categoría número 4, que es la pesca demersal, donde hay la posibilidad de que se intercalen tanto palangreros como arrastreros, reitero que es una modalidad que se está compatibilizando con la actividad que tienen en Marruecos. Queremos mejorar esta categoría 4. Han surgido algunas dificultades con la falta de cualificación de algunos tripulantes marroquíes, que hay obligación de embarcar derivada del acuerdo; otras de carácter técnico como son las limitaciones a que sean buques hasta 350 GT, que ya son buques de un cierto porte, lo que impide que flotas de mayor porte que este de 350 GT puedan acceder a ello. Esta circunstancia parece que está en estos momentos en vías de solución después de la última comisión mixta, con una posición

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además que está consensuada tanto por parte de la Unión Europea como del Reino de Marruecos.


Considero que estamos ante un nuevo escenario, que ese escenario por supuesto es susceptible de ser mejorado, y nosotros vamos a volcarnos para que en el año 2011 ese acuerdo de pesca se pueda renovar y, en la medida de lo posible, siempre que haya informes científicos que lo avalen, podamos mejorar las expectativas y posibilidades de pesca derivadas de ese acuerdo.


Respondiendo ya a la intervención del señor Xuclà, de Convergència i Unió, que hace referencia a la inflexibilidad de la Ley de Costas, he de decirle que no es una ley que lleve dos días, es una ley que ya han transcurrido más de 20 años de aplicación; no llevamos el 85 por ciento del deslinde, llevamos ya cumplimentado el 92 por ciento del deslinde en todo el territorio nacional y en algunas provincias ya hemos alcanzado el objetivo, que no es otro que el de alcanzar el cien por cien a lo largo de todo el territorio nacional durante esta legislatura. Él ha querido referirse exclusivamente a Girona -me gustaría que diese una respuesta para tranquilidad de los ciudadanos- y ha hecho referencia a los deslindes de Santa Margarida, Ampuriabrava y el de S'Abanell, en Blanes.
Ayer tuve oportunidad de hablar con la alcaldesa de Roses, con el subdelegado del Gobierno y también con una comisión de afectados por una parte del deslinde al que ha hecho referencia el señor Xuclà, y con relación a esa parte del deslinde concreto -no voy a hablar de la marina interior ni de la zona que está pegada al río- le diría lo siguiente. En esa parte concreta a la que ha hecho referencia el señor Xuclà, el deslinde es del año 1964, un deslinde que se confirmó con otro en el año 1971, y se ha confirmado esa situación. Es cierto que en esa zona puede haber una situación de reconocimiento de propiedades privadas, y es lo que estamos haciendo, y le hemos pedido que nos den un plazo de dos meses para ver de qué forma podemos solventar una gran mayoría de los que están allí afectados por este deslinde.


En cuanto a la marina interior, hay algo que es importante destacar. La concesión otorgada ya hace muchísimos años para la construcción de la marina establecía que eran de dominio público los canales, y en ningún caso le puedo asegurar que habrá algún tipo de demoliciones, tanto en el canal interior como en la ribera del río. Lo que sí tendrán que hacer los titulares de las viviendas en aquel supuesto en que la servidumbre de tránsito, que son 6 metros en los canales interiores, o los 20 metros en la ribera del río, si tienen que hacer algunas obras de consolidación, de modernización o de reforma es pedir la autorización correspondiente a la Generalitat, que es la que tendrá, obviamente, que autorizarla.


Hablaba también el señor Xuclà de las competencias. Creo que la sentencia del Tribunal Constitucional -quiero recordar del año 1991- sobre la Ley de Costas confirmó la mayoría de los aspectos competenciales y con la reforma del Estatuto se han asumido competencias y se ha procedido al traspaso de las mismas, y existe todos los años, además, una reunión de la Comisión.


En cuanto a Ampuriabrava, se esta tramitando. Hemos solicitado nuevos estudios y en Blanes no se va a ejecutar el deslinde, lo que se va a realizar es un acto de apeo, y en ese acto de apeo, previsto para el día 19 de junio -antes, mantendremos una reunión, porque así me lo han solicitado, con los posibles afectados por el deslinde, el Ayuntamiento de Blanes y la Generalitat- está prevista la presentación de nuevos estudios y las alegaciones que, obviamente, esta Administración deberá tener en cuenta.


Yo creo que no es el objeto de esta Comisión; no es objeto de debate la modificación de la Ley de Costas. Lo que puedo decir es que la normativa europea y los convenios internacionales van en el mismo sentido que nuestra Ley de Costas. En el marco del Convenio de Barcelona se adoptó en el año 2008, como saben, un protocolo de gestión integrada de las zonas costeras, así como las recomendaciones de la Comisión Europea sobre gestión integrada de zonas costeras y la reciente directiva marco de estrategia marina que se trata de trasponer al proyecto de ley de protección del medio marino, y no marítimo como nos decía el señor Xuclà.
Hemos ampliado el plazo para poder resolver el deslinde de Ampuriabrava, para pedir nuevos estudios, para analizar más en detalle los aspectos competenciales y contrastarlos, por supuesto, con otras administraciones implicadas, en este caso la Generalitat. Por lo tanto, creo que le he relatado los expedientes que ya se han aprobado o que se encuentran en tramitación en la provincia de Girona y les puedo asegurar que, al igual que en el caso de Formentera, en la mañana de ayer, vuelvo a reiterar, respecto a los deslindes de varias localidades de Girona como Roses y Blanes, mantuve reuniones con la representación de los afectados por los deslindes. Haremos todo lo posible para buscar soluciones pero, obviamente, sin olvidarnos del marco de la Ley de Costas en la que estamos todos, lógicamente, implicados.


Contestando también a la intervención de la señora Fernández Davila, creo que en la parte relativa a Mauritania he sido bastante extenso, lo mismo en el caso de la caballa y por supuesto con la referencia a Noruega, que también la había suscitado el señor Agirretxea del Partido Nacionalista Vasco. Aunque sabe que la política de aguas no es una competencia de mi responsabilidad -a mí ya me llega con el agua salada-, de acuerdo con la información que me ha transmitido el secretario de Estado del Medio Rural y Agua, estamos en condiciones de afirmar que el ministerio también está cumpliendo con los compromisos medioambientales que tenemos en esta materia. He mencionado en mi primera intervención un gran número de obras, algunas además de gran presupuesto y calado, pero no todas. Le he citado lógicamente las más importantes, en su gran mayoría las gestionadas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pero también las que gestionan como consecuencia de

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las reestructuraciones las confederaciones del Cantábrico y del Duero. Le he mencionado las obras derivadas del PlanE, le he dado información del año 2009 pero también le he dado información sobre el presente ejercicio 2010. En este importante conjunto de obras en algunos casos se producen retrasos -si me permite la expresión, lógicamente están en la naturaleza de las cosas-, y las razones pueden ser varias, desde retrasos de ejecución imputables a inclemencias climáticas, caso por ejemplo del EDAR submarino de Bens -por eso no se pudo terminar en el año 2009 que según además me ha informado la Secretaría de Agua es la razón por la que, habiéndose terminado la parte terrestre ya hace meses, no se han podido desarrollar los trabajos del emisario durante el invierno, aunque se espera terminarlos este verano-. Creo además también, contestando a una pregunta de don Joaquín García sobre los expedientes supuestamente sancionadores abiertos a España, que puedo estar en disposición de manifestar que no va a haber expediente sancionador a España.


Hay muchas razones que pueden explicar también esos posibles retrasos.
Puede haber problemas en determinados puntos de localización de algún tramo, por la propia naturaleza de las obras, que aunque son necesarias pueden suscitar alguna cuestión en los municipios realmente afectados, caso al que podría responder la ampliación del EDAR de Silvouta, al que a continuación también me voy a referir. Es muy parecido al que también se ha producido en algunas ocasiones con los deslindes en determinadas obras de costas, porque a veces una obra se puede ejecutar de forma más o menos acelerada en función, por ejemplo, de lo que es la disponibilidad de los terrenos. Puede haber también dificultades para aunar voluntades e intereses, como ha hecho usted referencia, cuando las actuaciones requieren la participación de varias administraciones, como la Administración del Estado, la autonómica y el concello correspondiente; caso que creo que está en la mente de todos, como el del EDAR de Vigo, y también en los actuales momentos los problemas de ajuste presupuestario, como saben, que han afectado a todas las partidas de inversión del ministerio, lo que no supone en ningún caso, señoría, un incumplimiento de compromiso sino, todo lo más, algún eventual aplazamiento. Por ello, lo que quiero decirle es que son plausibles algunas demoras en el conjunto de estas actuaciones inversoras, muchas de ellas como dije anteriormente, de gran calado pero, insisto, que en modo alguno suponen una falta de compromiso. La EDAR de Silvouta creo que se va a solventar por su tamaño. Sobre los problemas de menor dimensión del EDAR de Santiago, que está funcionando a su máxima capacidad, se están haciendo las obras de los colectores interceptores y está pendiente la ampliación de la EDAR. El ministerio está dando toda la información, se ha realizado ya la declaración de impacto ambiental.


Con respecto al Plan General de Ordenación Urbana, la EDAR fue declarada de interés general del Estado en el Plan Hidrológico Nacional vigente, con lo cual, y según el texto refundido de la Ley de Aguas, el Ayuntamiento debe adaptar el Plan de Urbanismo también al anteproyecto de la EDAR. Hay problemas de ubicación de una parte pequeña, con propuestas por un municipio afectado, pero el estudio de ubicación ha sido realmente muy exhaustivo. El secretario, señor Puxeu, tendrá una reunión próximamente con los alcaldes afectados para tratar de llegar a un acuerdo definitivo. Ya he comentado que el anteproyecto ha sido sometido a la evaluación ambiental exigida por la legislación. Finalmente, la construcción de la EDAR va a suponer la recuperación del río Sar, que actualmente se encuentra en un estado de deterioro debido a los vertidos de aguas residuales. En cuanto al coste por el proceso elegido, no va a suponer un gasto económico superior y medioambiental mayor. El estudio económico existente deja claro que el proceso de membranas tiene un coste mayor de instalación y de mantenimiento debido a un mayor gasto energético. Por tanto, y dado que los procesos propuestos consiguen un efluente de una calidad similar, el proceso de membranas tiene un mayor coste monetario de mantenimiento y medioambiental, ya que, al ser mayor el consumo energético, lo es también la emisión de CO2.


Respecto al proyecto mas destacado, como decía usted de la EDAR de Vigo, sabe que la Xunta de Galicia había planteado una modificación de su aportación financiera, y el Concello de Vigo no lo había aceptado. Los problemas son obviamente de la Xunta y el concello pero nunca se pueden imputar al ministerio; la obra es competencia de la Xunta -el ministerio la asume por su interés general pero es la Xunta la que tiene en definitiva que impulsar estos trabajos-. Como sabe, en estos momentos está pendiente de la firma del convenio entre la Xunta y el concello y de la adjudicación del contrato conjunto de redacción del proyecto y de ejecución de obras. Al ministerio no se le puede en este caso reprochar una falta de voluntad o problemas para llegar a un acuerdo. En marzo del 2009 la Xunta había aprobado el anteproyecto de ampliación y modernización de la EDAR del Lagares, en Vigo, que había sido elaborado por la Sociedad Estatal de Aguas de la cuenca del Norte. El proyecto constructivo no ha sido redactado ya que, previamente a la licitación del contrato conjunto de redacción del proyecto y ejecución de las obras de la infraestructura hidráulica objeto de actuación, según lo dispuesto en el convenio de gestión directa de la Sociedad Estatal Aguas de Cuenca del Norte y el ministerio, como se indica en el artículo 93 de la Ley de Contratos del Estado, resulta imprescindible la formalización del convenio con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo como usuarios de la actuación de saneamiento de Vigo. En marzo del 2007 la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Norte, Aguas de Galicia y la Xunta de Galicia, suscribieron un protocolo general de colaboración para el desarrollo de la actuación, y en marzo de 2009 la sociedad estatal aprobó el primer borrador de convenio asumido por la Xunta de Galicia y el ayuntamiento, si bien en junio de ese mismo año 2009 la Xunta

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de Galicia planteó que su aportación financiera se prolongara en un número de anualidades significativamente mayor que el inicialmente propuesto en el citado borrador de convenio. A partir de ahí, la sociedad estatal evacuó consultas, inició procesos para modificar el convenio de gestión directa entre la Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca del Norte y el ministerio y adaptar el borrador del convenio a suscribir con la Xunta y el Ayuntamiento de Vigo para la construcción de la infraestructura hidráulica. El 28 de octubre del año 2009 la sociedad estatal aprobó la nueva versión del borrador del convenio, que incluía la petición de la Xunta de Galicia de aplazamiento de sus aportaciones para la financiación de la actuación, y este fue rechazado por el Ayuntamiento de Vigo al entender que se le estaban imputando compromisos de inversión que debería suscribir la Xunta de Galicia, concretamente la financiación de los costes relativos a las obras necesarias para la acometida del suministro eléctrico de la infraestructura. Actualmente se está cerrando el acuerdo para concretar el esquema financiero y definitivo de las aportaciones de cada entidad que posibilite la firma del citado convenio entre la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Vigo y la Sociedad Estatal de Aguas. Los porcentajes, de aplicar el futuro esquema financiero, serían 112 millones, es decir el 48,69 por ciento a la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Norte, es decir al ministerio; 104.341.000 euros, o sea el 45,37 por ciento a la Xunta de Galicia; en este caso a través del organismo autónomo Aguas de Galicia; y 13.655.000 euros, que es el 5,94 por ciento, al Concello de Vigo.


En la actuación saneamiento de Vigo, los datos de inversión presupuestada y ejecutada, de acuerdo con las partidas asignadas en el anexo de inversiones reales y la programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado y los cierres contables a 31 de diciembre de cada ejercicio, los podemos desglosar de la siguiente forma. En el año 2007 fueron 489.501 euros; en el año 2008, aunque en los Presupuestos del Estado en el año 2007 no figuraban en ninguna partida, se han ejecutado 489.501 euros; en el año 2008 estaban presupuestados 30 millones euros y se han ejecutado 783.912 y en el año 2009 estaban presupuestados 201.146.000 euros y se han ejecutado 127.686 euros. Una vez suscrito el correspondiente y necesario convenio al que he hecho referencia con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo se procederá de forma inmediata a la licitación del contrato conjunto de redacción del proyecto constructivo y a la ejecución de las obras, así como a la correspondiente licitación de todos los contratos las licencias técnicas, teniendo previsto un plazo de 12 meses para el inicio de las obras desde la adjudicación del mencionado contrato conjunto de redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras.


En cuanto a las obras del PlanE y el Fondo especial del Real Decreto-ley 9/2008 en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, esta gestionó un total de 20,7 millones de euros de la Dirección General del Agua correspondientes al PlanE y que abarcan varias actuaciones de acondicionamiento de cauces y saneamiento. La relación de actuaciones es muy amplia y podemos mencionar, entre otras, el proyecto de mejora del estado ecológico en los ríos de la Cuenca del Miño-Sil de la Comunidad Autónoma de Galicia, que se ha ejecutado en su totalidad por importe de 5 millones de euros, 4.999.929 finalizado en 2009; otras obras -Comisaría de Aguas- que son las actuaciones de restauración, rehabilitación y uso público de los márgenes de los ríos de la Cuenca del Miño-Sil de la Comunidad Autónoma de Galicia, con 4 millones de euros presupuestados y ejecutados hasta la fecha 2.669.000 euros y también otras obras de dirección técnica -si quiere mayor detalle se lo podemos dar a posteriori o en un siguiente turno si fuera necesario-, aparte de las obras del PlanE de la Confederación del Cantábrico que ya he reseñado durante la primera parte de mi intervención.


Me gustaría añadirle por último, señora Fernández Davila, una muestra de actuación novedosa que está realizando la Secretaría de Estado de Cambio Climático y que consiste en el suministro tanto de compostadores como de biotrituradoras y accesorios para la fabricación de compost doméstico en viviendas unifamiliares, que sin duda redundará a largo plazo en una mejora medioambiental en Galicia. Es una experiencia que se está realizando inicialmente en Allariz y en el Concello de A Bola, además de otros doce municipios del resto de España, para reducir la cantidad de residuos orgánicos en el mundo rural, que en otro caso acabarían en el vertedero con los subsiguientes gastos de gestión y consecuencias ambientales. Esta es una iniciativa que comenzó en el año 2007 y para participar en ella los ayuntamientos envían su solicitud a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental con indicación del número de vecinos adheridos, la tasa de generación de residuos que sirve de base para el cálculo del número de compostadores y sus tamaños necesarios para cada municipio. Una vez que se seleccionan los municipios, se comunica a la comunidad autónoma correspondiente para obtener la conformidad y, en tal caso, se firman convenios de colaboración entre el ayuntamiento y el ministerio para el desarrollo de la experiencia. El coste de estas inversiones, de estos trabajos en Allariz ha supuesto 47.000 euros aproximadamente y en A Bola 45.000 euros.


Espero, señorías, haber contestado a todas aquellas cuestiones que han sido planteadas por ustedes.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Estaba previsto un segundo turno. Ante la flexibilidad por parte de la Mesa en el turno anterior, y si queremos estar para la hora del Pleno, que es a las dieciséis horas les ruego que este nuevo turno sea con la máxima brevedad posible. Por parte del Grupo Popular, señor Fajarnés.


El señor FAJARNÉS RIBAS: Muy brevemente dos preguntas, pero primero una consideración. Señoría, lo

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que usted nos ha planteado aquí de que están estudiando es lo que nos decían por escrito en 2004, 2005, 2006 y 2007, con respuestas parlamentarias de su ministerio, y eso es una vergüenza y venir aquí a engañar a los diputados. Segunda cuestión, también es una vergüenza, señoría, que no ejecuten el acuerdo parlamentario; se lo recuerdo, acuerdo parlamentario del año 2006. Por cierto, la pregunta es: ¿Cuándo piensan ejecutar el acuerdo que se adoptó en esta Comisión en el año 2006? Usted me habla del deslinde de 1997; sí, es verdad, por eso nosotros hemos rectificado; búsquelo en la hemeroteca y vea usted lo que hemos dicho los afectados. Fue un error, estamos en contra, lo dijimos hace muchísimo tiempo, por cierto, a todos los afectados. Un deslinde que viene de una ley socialista, a la cual el Partido Popular en 1988 se opuso y la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Esto no lo ha dicho S.S., no lo ha dicho.


Acabo, señor presidente. Por cierto, es una ley, como ha dicho el señor Xuclà, en la que, en cuanto al tema del deslinde, ha fracasado su política; repito, ha fracasado su política. La última pregunta. El 17 de julio de 2006, el señor Rodríguez Zapatero fue a Formentera y dijo que habría un cambio en el deslinde, un deslinde justo. Señoría, ¿piensa que en el año 2011, que es año electoral, habrá cambio en el deslinde?

El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Con la mayor brevedad también, si es posible.


En cuanto al primero de los temas, las biotoxinas, sigue manteniendo la postura de que no se van a modificar los límites, sino que solo se va a modificar el método de ensayo. Le insisto, el 25 de mayo del 2009, es decir justamente hoy hace un año, la autoridad europea de Seguridad Alimentaria aquí en Madrid, y en reunión con representantes de todas las administraciones -entre ellas la de su Gobierno- puso de manifiesto su intención de modificar los métodos de ensayo y los limites legales. Le pongo solo un ejemplo. Se plantea reducir la toxina que más afecta al mejillón, la PSP, la paralizante, de 800 a 75 microgramos; ese es un solo ejemplo.


Segundo tema del que usted y yo hemos hablado hoy aquí, el Mediterráneo.
De verdad que le agradezco que sin estar previsto me haya contestado, pero si realmente quiere que haya mucha tranquilidad dentro del sector en el Mediterráneo -el día 5 de mayo de este año, como usted conoce, le envié esta carta a la ministra pidiéndole, entre otras cosas, que en aras de evitar daños mayores a este colectivo afectado se estudiara con urgencia la aplicación de una prórroga a la hecha el 31 de mayo- se está a tiempo de instar a las autoridades europeas, desde esa Presidencia española, que usted ha halagado en varias ocasiones.


Tercera comparecencia, el atún rojo. Goles por la escuadra o no por la escuadra, lo que se estuvo a punto de producir es un gol en propia puerta; ya se lo he dicho. ¿Cómo puede estar tan satisfecho? ¿Cómo puede estar tan satisfecho de la estrategia del Gobierno y cómo me puede decir que algo debimos hacer bien, cuando los resultados han sido con el voto contrario del Gobierno español? El Gobierno español votó a favor de la inclusión en Cites. ¿Cómo es posible esa felicitación a los diplomáticos? ¿Es que los diplomáticos acaso iban pidiendo acaso que se votara que no a la inclusión en Cites? Creo que en esto, insisto, es mejor pasar página para ustedes, porque ha sido uno de los fracasos más estrepitosos incluso de la Presidencia española.


En el tema de la caballa desde mayo del año pasado no se convocó a las comunidades autónomas, y fue posteriormente cuando se publicaron las órdenes y la Xunta lo conoció 48 horas antes, insisto.


Mauritania -y ya termino-. Bien, no sé, a lo mejor usted o yo estamos mintiendo sin querer mentir. Usted dice que no se acalló a nadie; los patrones de los barcos son los que hicieron esta afirmación. Los patrones de los barcos -y está recogido en todos los medios de información- dijeron, palabras textuales: No nos sentimos defendidos. Este es el tema, así de claro; yo no me lo he inventado. Yo no estaba allí pero les he escuchado y he hablado con sus familiares en el momento más crítico.


Por ultimo -y termino con esto, presidente-, como se ha hecho una alusión por parte del portavoz socialista al entonces ministro Arias Cañete, yo solamente le quiero decir que el Partido Popular, gobernando con Aznar, o cuando vuelva a gobernar el Partido Popular con Mariano Rajoy, no se va a vender tan fácilmente por una foto bonita. Ustedes probablemente prefieren una foto rápida, y si el señor Arias Cañete no dio el visto bueno a aquel acuerdo era porque era un mal acuerdo para España. Espero que los temas de soberanía que en este momento está poniendo encima de la mesa Marruecos no entren en las negociaciones posteriores.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Para acabar el turno del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra de manera muy breve, por favor, el señor Sánchez Ramos.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: Muy breve. Ya lo ha dicho mi compañero Joaquín García Díez, pero la falta de flexibilidad del ministro Arias Cañete nos pareció muy bien, porque si flexibilidad es darle todo a Marruecos y nada al sector nuestro para ese viaje no necesitamos alforjas. También decía el señor Díaz que el objetivo del acuerdo era que Marruecos y Mauritania alcanzaran un nivel de desarrollo deseable; perfecto, estamos de acuerdo, pero para eso está cooperación internacional, no a costa de los pescadores españoles. A costa del sector pesquero español no se puede desarrollar Marruecos, ahí estamos totalmente en contra. Que Marruecos se desarrolle, perfecto, pero habrá otras vías que no sean a costa de nuestro sector pesquero.


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Varias cuestiones al secretario general. Dice que un acuerdo es pagar por pescar el excedente que pueda tener un país. Señor secretario general, usted sabe perfectamente que en Marruecos no hay excedentes; lo ha dicho el Instituto Español de Oceanografía. No hay excedentes y añado no solamente eso sino que Marruecos nos dio la zona donde menos se podía pescar; y lo que actualmente está pidiendo el sector es que se pueda pescar dentro de las 2 millas, ya que ahora no se puede hacer. Usted ha hecho una valoración muy positiva, y yo le pregunto ¿para quién? Si es para Marruecos estoy de acuerdo con usted; si es para España le digo que no. El sector pesquero español no sale beneficiado con el acuerdo actual.


Después ha dicho usted que no ha habido más especies de cefalopoderos ni marisqueros porque las propias organizaciones nacionales nuestras decían que podían perjudicar a las sociedades mixtas. Feope y Anacef, que usted ha citado, no tienen sociedades mixtas. Eso es el clúster, donde puede estar Anamar. Anamar sí, pero creo que solamente tiene un barco, muy poco, luego entonces no me parece un argumento de peso en ese sentido.


En cuanto a que la utilización de licencia es del 98 por ciento, como ha dicho usted, eso no es cierto, se lo he dicho antes. Que se refiera a sacar las licencias, sí. Ahora bien, sacar la licencia no es ir a pescar.
Sacar la licencia es obligado para no perder los derechos. Le voy a leer una carta que me ha escrito el patrón mayor de la cofradía de pescadores para ilustrarme sobre el tema. Me dice: Los barcos de Barbate empezaron en Marruecos hace tres años, pero por trimestres lo han ido dejando y ha habido trimestres enteros que no han tenido ninguna presencia, sobre todo los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. ¿De dónde saca usted el 98 por ciento, si aquí ya hay cuatro o cinco meses que no han ido a pescar? Se lo estoy diciendo, actualmente en Marruecos hay un barco pescando.


Después hablaba también de mejorar la categoría 4.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Señor Sánchez Ramos, por favor, vaya terminando.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: Ahora mismo, un segundo, señor presidente, le agradezco su benevolencia.


Mejorar la categoría 4, perfecto, pero un ruego, que antes se haga un estudio para que no ocurra como ahora, que vayamos a pescar allí, que paguemos por pescar, las especies estén esquilmadas y no sea rentable la pesquería.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila, con brevedad, por favor.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Con mucha brevedad, señor presidente.


Quiero agradecerle de nuevo la información que nos pasa en relación con el tema, pero, señor secretario general, al hablar de aguas saladas, usted ha sido muy categórico al decir que la Unión Europea no va a sancionar al Estado español por la contaminación de las rías. Me gustaría saber cómo va a ser posible que eso no ocurra cuando no tenemos garantizada esa depuración y esa calidad de las aguas saladas, como usted dice, si no tenemos depuradas los otros tipos de agua. Por lo tanto, va a ser fundamental que acelere unas infraestructuras que son prioritarias en el momento actual, pero en la práctica no parece que se esté dando esa prioridad por ninguna de las administraciones después de tantos años paralizadas, y a día de hoy estamos esperando la firma de un convenio, porque las partes aún no han llegado exactamente a un acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Díaz, también de manera breve, por favor.


El señor DÍAZ DÍAZ: En primer lugar, quiero aclarar que una ley elaborada en 1988 pudo ser modificada entre 1996 y 2004 si era tan perjudicial, y si habían cambiado de criterio, era perfectamente modificable. No había ningún problema y el problema es que se acuerden, a partir de 2004, que había que modificarla. Segundo tema, desde el año 2008 existe el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Desde el año 2004 a 2008 era el Ministerio de Medio Ambiente, no este ministerio.Tercera precisión, entre 2000 y 2004, este diputado que les habla y algún diputado más ganamos alguna votación en PNL, no muchas, pero ganamos alguna. Del cumplimiento, no sé. Aclaración, las proposiciones no de ley son recomendaciones al Gobierno, no obligan. Las leyes obligan, las PNL no obligan.


En el tema de Marruecos, señorías, uno estaba aquí y puede decir que fue un conflicto, un problema político de altura, a nivel del Gobierno de España, el que impidió ese acuerdo. No interesaba ese acuerdo, como después se demostró con anécdotas como la de Perejil. Había que buscarse un enemigo exterior, enemigo exterior que en ese momento era Marruecos y esa era la causa del no acuerdo y la causa de que después el acuerdo fuera mas complejo y mas difícil.


Por ultimo, en cuanto al tema de Cites, ustedes tienen que saber, primero, que España está presidiendo la Unión Europea; segundo, el sector que estaba allí reconoció que España actuó a favor del acuerdo final, y hay cuestiones, señor García Díez, que no se pueden decir y sobre las que no se puede preguntar, porque todo lo que se dice aquí se sabe. (Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Para finalizar la Comisión tiene la palabra el secretario general del Mar, señor Martín Fragueiro.


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El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Creo que tiene mucha razón don Ceferino Díaz en su ultima parte de la intervención: todo lo que se dice aquí se sabe, muy bien, afortunadamente, por supuesto que sí, máxima transparencia por parte de todos.


No quería ser demasiado duro con el señor Fajarnés, pero me lo ha puesto, como decía el otro, pues ahí el señor García Díez. La sentencia del Tribunal Constitucional a la que he hecho referencia del año 1991 lo que ha hecho ha sido confirmar prácticamente en todas sus disposiciones la ley socialista del año 1988. (El señor Fajarnés Ribas pronuncia palabras que no se perciben). Yo no le he interrumpido mientras usted intervenía.
Y vuelvo a reiterar que yo no soy señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Señor Fajarnés, por favor.


El señor SECRETARIO GENERAL DEL MAR (Martín Fragueiro): Ha tenido, desde 1997, varios años el Partido Popular para enmendar su deslinde. ¿Por qué no aprovecha la oposición para ello? (El señor Fajarnés Ribas: Cúmplanlo). ¿Qué hizo durante ocho años que no planteó ninguna modificación de la Ley de Costas el partido que sustentaba al Gobierno en aquel momento? Nosotros lo que estamos tratando es de buscar soluciones para los afectados, en el deslinde de Formentera y en otros deslindes, con los instrumentos que nos dejan -unas sentencias que están avaladas por el Tribunal Supremo-, y en aquellos tramos en los que hemos tenido posibilidad, hemos aprobado un nuevo deslinde, como es el caso del año 2007. Me he olvidado de decir una cosa antes en relación con el deslinde de Ampuriabrava. Hemos ampliado el plazo para poder resolver ese deslinde a fin de hacer un examen exhaustivo de todas las alegaciones presentadas, recabar nuevos informes y contrastarlos con todas las administraciones inplicadas y de esta forma estamos dando cumplimiento a una proposición no de ley, a iniciativa de Convergència i Unió, del pasado noviembre del año 2009.


Vuelvo a reiterarle, señor García Díez, que le transmita tranquilidad en este tema. He preguntado por activa y por pasiva. Yo cuando vengo a una comisión no vengo a decir bla, bla, bla. Vengo con información contrastada, como se puede imaginar. Estamos siguiendo de cerca este tema y tenemos una postura perfectamente clara, y no hay constancia, le vuelvo a reiterar, de que por parte de la Unión Europea se haya realizado propuesta para implantar nuevos limites de toxinas. Lo que se está discutiendo o planteando es un cambio en el método, vuelvo a repetir, pasar de bioensayo -método analítico- a un método químico, pero la Comisión no tiene intención alguna de modificar los actuales niveles.


Respecto a lo del Mediterráneo, con mucho gusto le sigo diciendo que el sector está poniendo en marcha la aplicación del reglamento a partir del día 1 de junio, está cambiando las redes. No se trata de pedir una prórroga. Piense usted que cualquier modificación de un reglamento que incorpore medidas técnicas hay que pasarla a un procedimiento de codecisión después del Tratado de Lisboa. Para un procedimiento de codecisión no nos llega ni siquiera la Presidencia española. Estamos trabajando muy bien con el sector, con otros países que también tienen otro grado de afectaciones, y España ya ha hecho sus deberes en la Unión en el año 2007 solicitando las derogaciones que ha pedido un sector y que están contempladas en los planes de gestión. Estoy muy satisfecho de la estrategia que ha llevado a cabo España para la defensa del atún rojo y de las conclusiones que hemos conseguido. En cuanto a la caballa, se han mantenido reuniones y se mantendrán todas las necesarias para buscar el máximo consenso con todos los sectores. Vuelvo a reiterar que queremos implicar a las comunidades autónomas en ese proceso.


En cuanto a Mauritania, usted recogerá informaciones, habrá hablado con familias. Nosotros también hablamos con el sector, con los representantes, y los servicios de la Secretaria General del Mar han hablado directamente, han estado directamente con los capitanes de los buques implicados, porque para eso tenemos un agregado de pesca ad hoc para Mauritania. Es de los pocos países que puede tener un agregado de pesca y le vuelvo a reiterar que está muy satisfecho de cómo se está colaborando con los patrones, los capitanes y los representantes de las asociaciones desde que se encuentra presente, hace prácticamente un año.


No voy a discutir las cuestiones de la soberanía de Marruecos y todas estas cosas que están saliendo por ahí. Creo que la posición de todos los gobiernos de España, desde que hay acuerdo con Marruecos sobre la jurisdicción de sus aguas, es algo que no se ha modificado desde el año 1975. Por lo tanto, no estemos ahora introduciendo elementos disonantes o distorsionantes cuando la posición, vuelvo a repetir, de todos los gobiernos democráticos en este país ha sido exactamente la misma sobre la jurisdicción que tiene ese país. En cuanto a este mismo tema de Marruecos, señor Sánchez Ramos, me reitero una vez más en mis dos intervenciones. Le puedo asegurar que Anacef tiene buques en sociedades mixtas; la asociación se llama Anepat, que le informen mejor, y por parte de los marisqueros, la asociación Anamar tiene buques de bandera española y buques de bandera de un tercer país. El grado de utilización del acuerdo de pesca se determina por la utilización de las licencias. Si no interesase ir a pescar a Marruecos, ¿por qué se está pagando una licencia? ¿Alguien le está obligando a alguien a pagar una licencia? En absoluto. Las licencias de pesca son principio de estabilidad relativa; que no nos olvidemos que el principio de estabilidad relativa es la merluza, el gallo y el rape; son las posibilidades que tenemos en acuerdos, las posibilidades que tenemos en ORP, etcétera.


En cuanto a la intervención de la señora Fernández Davila, nosotros aceleraremos al máximo todas las infra

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estructuras que tengamos que llevar a cabo. Creo que le he expuesto con suficiente detalle todas las actuaciones que desde el ministerio estamos realizando en Galicia. Esas obras responden a un compromiso en la mejora de las condiciones medioambientales para los ciudadanos de Galicia. El agua, como usted muy bien sabe, es un bien fundamental, y la calidad de las aguas es lógicamente también un objetivo prioritario. Los recursos financieros por países son limitados, y también por lo tanto para los gestores de los mismos; siempre nos parecen escasos. Queremos llegar a más inversiones en la mejora que las obras suponen para el mayor número de ciudadanos y en la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, a pesar de que tiene que sortear todo este tipo de dificultades en la realización de aquellas obras que tiene encomendadas y luchar contra los fenómenos climatológicos que a veces provocan esos retrasos a los que antes hice referencia, tenemos obras que se irán acometiendo y realizando a lo largo de este año, lógicamente, en el marco presupuestario en el que nos estamos moviendo.


Muchas gracias y espero haber dado respuesta, en estas cinco horas mas o menos que llevamos aquí, a todas las intervenciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Muchas gracias a usted. Una vez sustanciado el orden del día, damos por finalizada la sesión no sin antes volver a agradecer al señor Martín Fragueiro la asistencia a esta Comisión.


Eran las tres y quince minutos de la tarde.

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