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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 543, de 13/05/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 543
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
Sesión núm. 35
celebrada el jueves,
13 de mayo de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa legislativa:

- Proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. (Número de expediente 121/000055.) ... (Página2)

Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:

- Proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. (Número de expediente 121/000055.) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA SIGUIENTE INICIATIVA LEGISLATIVA:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Número de expediente 121/000055.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, damos comienzo a la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración, en primer lugar, con la ratificación de la ponencia designada para informar del proyecto de ley. ¿Así se acuerda por la Comisión? (Asentimiento.) Queda ratificada por parte de todos los grupos.

EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Número de expediente 121/000055.)

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la defensa y fijación de posición de los grupos parlamentarios sobre el proyecto de ley por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Hemos acordado fijar un tiempo de aproximadamente diez minutos para la defensa de las enmiendas y toma de posición de los grupos, y en cualquier caso no votaremos antes de la una del mediodía. Como varios diputados y diputadas me lo han preguntado, lo anuncio para que cada uno haga su composición de lugar.

Para la defensa de sus enmiendas y en representación del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar doña Uxue Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Señor presidente, habida cuenta de que son las doce menos diez, solicitaría al presidente un poco más de margen con respecto a la hora de votación. Si cumplimos los tiempos - y aviso de que no agotaré el tiempo que me corresponde-, le solicito que la votación se efectúe antes. Le aseguro, presidente, que nos haría un grandísimo favor a algunos diputados. (Pausa.) Si ha de ser así, que sea así, de acuerdo.

Damos por defendidas las enmiendas a este proyecto de ley por el Grupo Parlamentario Mixto y en concreto todas las de UPyD, todas las de Nafarroa Bai y las siguientes que enumeraré del Bloque Nacionalista Galego: 59, 62, 63 y 70.

El señor PRESIDENTE: Comprobaremos los números de enmiendas para ver si es correcto lo que hemos anotado en la Mesa.

A continuación, también para la defensa de sus enmiendas y en representación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, intervengo con respecto a la prestación por cese de actividad, después del día de ayer, con una sensación de resaca y de agobio, convencido de que estamos solamente al principio de un ajuste durísimo contra el Estado social creado en la Unión Europea y también en nuestro país y convencido de que los mercados son insaciables y que la ofrenda de ayer será una ofrenda que alimentará su codicia y no aplacará su ira.

Señorías, en relación con esta iniciativa nosotros vamos a ser exigentes y prudentes al mismo tiempo, no seríamos coherentes si no nos diéramos cuenta de que no corren buenos tiempos para la lírica, en ese sentido, voy a combinar la exigencia y la prudencia.

Con respecto al proyecto de cese de actividad para los autónomos, reconocemos que por una parte desarrolla un derecho constitucional y por otra se corresponde con el Estatuto del trabajador autónomo y responde a una reivindicación histórica de los trabajadores autónomos. El sistema propuesto pretende establecer en su regulación un paralelismo con la protección por desempleo de los asalariados, pero no es lo mismo; los problemas son evidentes dada la diferente naturaleza de la prestación de servicios por cuenta ajena y por cuenta propia. Por cuenta ajena no se asume el riesgo del trabajo, se está sometido al ámbito de dirección y organización del empresario, etcétera; por cuenta propia se asume este riesgo y se está fuera del ámbito de organización y dirección de la empresa. El trabajo por cuenta ajena sometido a un contrato de trabajo está perfectamente regulado, se establece por ley en qué supuestos el contrato se suspende, cuándo se extingue, cuáles son las causas que lo justifican, qué autoridad laboral o judicial tiene competencia para determinar el cumplimiento y cuáles de las causas de suspensión o extinción conllevan el derecho a la prestación por desempleo. En el trabajo por cuenta propia, sin embargo, sometido a contrato civil, mercantil o administrativo, es complicada y prácticamente imposible una regulación tan acabada. A todo ello hemos de sumar que el colectivo de trabajadores autónomos está compuesto de un amplio espectro y de muchas tipologías de trabajadores que muestran realidades diversas y complejas.

Con todas estas cautelas, el primer problema con el que nos encontramos en la prestación por cese de actividad es que el sistema que se pretende regular no es de aseguramiento obligatorio excepto para los económicamente dependientes y los trabajadores ocupados en actividades peligrosas, que al estar obligados a cotizar por contingencias profesionales lo harán siempre por


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cese de actividad. Un sistema de aseguramiento obligatorio para unos y voluntario para otros, como estamos discutiendo, plantea dudas sobre el cumplimiento de los principios de sostenibilidad y solidaridad como requisitos imprescindibles para la regulación de una posible prestación por cese de actividad. No obstante, existe un amplio consenso en el colectivo de autónomos sobre este sistema, el denominado sistema mixto. La fórmula permite una cotización moderada y como contraprestación una prestación limitada. Seríamos partidarios, manteniendo el equilibrio entre cotización y prestación, de ir tan lejos como pudiéramos, como he dicho antes, con una actitud exigente y prudente al mismo tiempo. No vamos a torpedear el consenso entendiendo que la fórmula quizá sea necesaria para poner en marcha el funcionamiento del sistema y comprobar su evolución, pero no nos parece un sistema estable, es decir, nos puede parecer un sistema para el inicio pero no un sistema estable para el futuro. Respetamos pues ese consenso y no hemos presentado enmiendas a estos aspectos.

El segundo problema es la gestión de la prestación. Pensamos, y lo recogemos en diversas enmiendas, que esta prestación no debe ser gestionada por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, y voy a las mismas argumentaciones que antes. Piénsese simplemente que estas entidades privadas discriminan a los autónomos, personas físicas, los cuales tienen vetado el acceso a sus órganos de gobierno. Piénsese en que se les va a proponer una gestión para unas personas que tienen vetada la presencia en los órganos de gobierno de las mutuas. En todo caso entendemos que se atribuye a las mutuas facultades que son y deben seguir siendo competencia exclusiva de las entidades gestoras de la Seguridad Social. En el proyecto de ley la gestión de la nueva prestación se deja en manos de entidades empresariales privadas, gestión que lo es en relación con el pago de la prestación y también con el reconocimiento de una prestación del sistema público de la Seguridad Social. Nuestra propuesta es que sea el Servicio Público de Empleo Estatal el órgano gestor del sistema de protección por cese de actividad, y la mantenemos.

El resto de nuestras enmiendas quiere destacar lo siguiente, y termino. Las dirigidas a mejorar la situación de los autónomos económicamente dependientes para el acceso a la prestación, en lo que respecta en particular a la acreditación de la situación de cese de actividad; la propuesta de que una parte de la reserva del sistema financie acciones encaminadas a la reorientación e inserción profesional de los beneficiarios de la prestación, que ha sido aceptada; la propuesta de ampliar el periodo de protección para los autónomos entre 60 y 64 años que cesen en su actividad, autónomos que difícilmente podrían ya acceder a una nueva actividad laboral o profesional, y la supresión de la reducción del 0,5 puntos porcentuales en las cuotas por cobertura de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes para los autónomos que coticen por cese de actividad. Entendemos que cuestiona el principio de contributividad de tal forma que la protección por cese de actividad ha de financiarse exclusivamente, en nuestra opinión, con cargo a la cotización por esta contingencia. Entendemos, por último, que siempre sería deseable mejorar la prestación y proponemos una nueva disposición adicional para que el Gobierno evalúe en el plazo de dos años el sistema y proponga un incremento progresivo de la duración de la prestación en coherencia también con la contribución. Es evidente que el sistema ha de equilibrar sus ingresos y sus gastos, siempre en función de las condiciones financieras del sistema; ya comprobaremos cuáles son las mejoras posibles en la prestación con relación al volumen preciso de cotizaciones ya que este tema está en estos momentos abierto y en esa materia -repito, y termino- seremos exigentes y prudentes.

No puedo obviar, para terminar esta intervención, la sensación de resaca y de agobio de las medidas de ajuste.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las catorce enmiendas que mantiene vivas el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Mi grupo también está afecto por esta situación de resaca que ha comentado el señor Llamazares. Son medidas de ajuste que tienen un volumen oneroso y una dimensión cuantitativa y cualitativamente muy grave, que gravitan sobre el gasto social casi en su totalidad, y desde esa perspectiva estamos hablando de la protección de una contingencia como la del desempleo de los trabajadores autónomos que también tiene una manifiesta impronta social. Pero, señor presidente, este proyecto de ley se presentó antes de que las autoridades comunitarias impusieran al Estado español el acometimiento de estas medidas de ajuste tan gravosas y que en opinión de nuestro grupo, como comentó ayer nuestro portavoz, tampoco están muy bien perfiladas ni equilibradas en tanto en cuanto gravitan casi exclusivamente sobre gastos de naturaleza social. Dicho lo cual nuestra obligación en todo caso, dado que el proyecto de ley penetró antes de estas medidas, como digo, es intentar configurar un proyecto de ley en el ámbito de protección de desempleo que se ajuste a los requerimientos constitucionales y también a los requerimientos de la equidad y de la justicia social de los que son beneficiarios también los trabajadores autónomos, como lo son todos los demás trabajadores dependientes.

Señor presidente, mi grupo parlamentario va a mantener todas las enmiendas en principio, sin perjuicio de las transacciones que parece que están a punto de aflorar o se están engendrando en este momento, veremos a ver. Se ha configurado casi el cigoto y está en una fase más que embrionaria ya, veremos si podemos culminar con un parto pacífico que nos permita adherirnos a un proyecto de ley que no nos gusta, señor presidente. (Rumores.) Yo no sé cuáles son las cuestiones que en este momento...


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El señor PRESIDENTE: Perdone, don Emilio. El señor Llamazares se tiene que ir a otra Comisión y se conoce que se está poniendo al corriente.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es que la resaca de las medidas de ajuste creo que nos han afectado a todos...

El señor PRESIDENTE: En el carrito de la izquierda hay agua y café.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...y me provocan una particular desorientación, por lo que veo. ¿Puedo continuar?

El señor PRESIDENTE: Faltaría más, don Emilio, cuando usted quiera.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Pues a lo que íbamos. Lo que estaba diciendo es que el proyecto de ley no nos gusta por varias razones, en primer lugar, porque se produce una laboralización excesiva de una actividad económica y de unos empresarios que no son trabajadores, de unos empresarios que están configurados mediante instrumentos jurídicos que no pertenecen al sector laboral del ordenamiento jurídico, pertenecen al sector mercantil o al sector civil del ordenamiento jurídico, en tanto en cuanto la figura del autónomo dimana de contratos como el de sociedad particularmente pero no solo el de sociedad, sino que también dimana de otros contratos de naturaleza diversa y ajena al ordenamiento. Ya la laboralización nació con el trabajador autónomo en tanto en cuanto la Seguridad Social previó la protección de ciertas contingencias que ahora este mecanismo, por extensión de las mismas, extiende a la protección del desempleo también. Esto es un gran logro -y este es el gran logro que nosotros vamos a enfatizar en nuestros argumentos- y vamos a realizar una defensa quizá más encendida de nuestras enmiendas en relación con el volumen, la cuantía y la dimensión de la protección de la contingencia de desempleo, que es de lo que se trata en este proyecto de ley.

No sin añadir las disfunciones que le siguen preocupando a mi grupo, como la creación de esta figura híbrida: trabajador autónomo dependiente, que es una figura manifiestamente extravagante en el ordenamiento laboral y en todos los demás sectores del ordenamiento jurídico. Un trabajador o es dependiente o no es un trabajador, es un autónomo. El trabajador dependiente se caracteriza, en el derecho del trabajo, como sabe perfectamente el presidente -experto en estos temas-, por dos características: la ajenidad y la dependencia. La ajenidad consiste en entregar los frutos del trabajo a un empleador a cambio de una retribución y la dependencia es el sometimiento al poder y dirección de dicho empleador o empresario. Ninguna de las figuras de los trabajadores autónomos, cuya tipología -como bien ha dicho el señor Llamazares- es variada, acoge esta posibilidad, manifiestamente extravagante en nuestro ordenamiento jurídico, de crear lo que no es más que una contradicción en sus propios términos: un trabajador autónomo y dependiente.

Si empezamos a crear figuras híbridas de esta naturaleza, el desbarajuste y el desorden en nuestro ordenamiento jurídico puede adquirir ya características de gravedad y de preocupación. Hasta tal punto es verdad lo que digo que -como bien sabe el señor Membrado y los demás portavoces que me acompañan en esta Comisión- las transacciones más complejas que se han podido articular en la ponencia hacían referencia a cómo hacer penetrar esta figura y sus mecanismos de protección, en el ámbito de la contingencia de desempleo y otros en el ordenamiento jurídico con carácter general, dado el carácter híbrido y multidisciplinar -si se me permite la expresión- de una figura tan peculiar como la del trabajador autónomo dependiente; figura que no existe en el derecho comparado y que es una creación imaginativa del legislador español, que seguramente no le va a provocar las loas ni de la doctrina científica de este país ni de ninguna otra.

Dicho esto, y dejando en paz a los trabajadores autónomos dependientes, tengo que decir que el trámite de ponencia ha sido intenso, pero ha sido un trámite de ponencia donde se han podido corregir algunas disfunciones. Una muy importante es en cuanto a la causación del derecho para la percepción de la prestación de desempleo: el incremento de las pérdidas durante un año o durante dos años consecutivos. Nos tenemos que felicitar de que hayamos llegado a una fórmula de consenso equilibrada mediante la búsqueda de la equidistancia entre lo que proponía el Grupo Socialista -y el proyecto de ley- y lo que proponíamos todos los demás; me parece razonable lo que se ha conseguido.

Seguimos manteniendo dudas respecto al porcentaje que, sobre la base de cotización, va a configurarse en forma de prestación de desempleo o, mejor dicho, de indemnización por cese de actividad. También es un eufemismo peculiar. ¿Por qué no se le llama prestación de desempleo y se utiliza esta categoría jurídica ex novo, otra invención que dimana del enfebrecido carácter imaginativo que tiene esta Comisión a la hora de crear figuras nuevas que no tienen encaje en ningún sector del ordenamiento jurídico? Pero vamos a aceptarlo y llamaremos indemnización por cese de actividad a la prestación por desempleo de los autónomos, pero seguimos luchando por que sea el 70 por ciento de la base y no el 80 por ciento de la base. La atribución de las competencias en materia de resolución de conflictos a la jurisdicción laboral es una buena atribución de competencias, pero hemos tenido que hacer, señor Membrado, ajustes -que le agradezco- en virtud de enmiendas presentadas y reflexiones hechas por mi grupo muy adecuadas. Lo que no se puede es invertir el orden de las cosas, es decir, si la jurisdicción competente es la laboral, no se puede establecer que esta sea la jurisdicción competente pero que luego se podrá someter a estas entidades a


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mecanismos de arbitraje, sino todo lo contrario. Es decir, la conciliación es previa al acceso a la jurisdicción porque el acceso a la jurisdicción adquiere legitimación procesal en tanto en cuanto ha fracasado la posibilidad de conciliación previa. Hemos reajustado este desorden de naturaleza procesal, por lo que creo que tenemos motivos para felicitarnos.

Ha dicho el señor Llamazares -y me da pena que no esté aquí- algo que no es cierto, y lo digo con todo respeto. Se utilizan muchas veces expresiones que no tienen por qué tener un contenido peyorativo necesariamente. No estoy diciendo que haya mentido u otras expresiones más beligerantes, si no que no es cierto que las mutualidades, que van a acometer el abono de esta prestación, sean entidades privadas. No, no son entidades privadas, son entidades colaboradoras de la Seguridad Social y están tuteladas por la Administración, por lo que desde esa perspectiva tienen perfecta legitimidad. Lo que no sé -y ya tengo más dudas- es si van a tener recursos económicos, a través de las aportaciones allegadas de la Seguridad Social, para acometer -me cuesta mucho llamarle indemnización por cese de actividad a lo que formal y materialmente es prestación de desempleo, pero voy a hacer un esfuerzo por utilizar esta expresión- la indemnización por cese de actividad.

Por último, nos ubicamos en el problema más vidrioso de esta cuestión que es la duración de la protección. La duración de la protección por indemnización nosotros la elaboramos en virtud de una tabla, de un gradiente, en la que se prevén los siguientes meses de protección: si el periodo de cotización, señor presidente, dura de 12 a 17 meses, dos meses sería la duración de la indemnización por cese de actividad; si fuera de 18 a 23 meses, serían cuatro meses la duración de la llamada indemnización por cese de actividad; si fuera de 24 a 29 meses el periodo de cotización, 6 meses duraría el periodo de indemnización por cese de actividad; si saltamos de 30 a 35 meses, 8 meses; de 36 a 42, 10 meses y de 43 en adelante, 12. Realizando ajustes que nosotros ya manifestamos, señor Membrado, la predisposición a intentar aceptar. Si se establece un gradiente en el que la parte final fueran 12 meses de protección, mediante los ajustes respecto a lo que usted ha llamado la panza, la parte intermedia, que sería la protección que está entre los 4 y los 8 meses, fundamentalmente, la base de cotización podría tener un ligero incremento de 0,5 puntos en virtud de estudios actuariales que obran en poder de mi grupo y, si es menester incluso, incrementando el periodo de carencia, el periodo de cotización, nosotros estaríamos en la tesitura de aceptar una enmienda o una transacción de estas características. Si no es así, nosotros mantendremos viva nuestra pretensión y nuestra enmienda para su debate en el Pleno. Sucintamente esto es todo lo que tenemos que comentar.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las dieciocho enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Carles Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente vamos a dictaminar un proyecto de ley que responde a una demanda muy vieja del mundo del trabajo autónomo, que se viene planteando de alguna manera en esta Cámara en los últimos diez o doce años, que ha llegado finalmente a este Congreso de los Diputados, que ha llegado tarde para miles de autónomos que durante esta crisis han tenido que cerrar sus negocios y que se han encontrado sin ningún tipo de protección social, y ha llegado además sin un acuerdo global con las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos. Llega tarde, no llega suficientemente bien y eso ha provocado que un proyecto de ley con relativamente pocos artículos tenga un número muy significativo de enmiendas al articulado.

En la explicación de por qué necesitábamos un marco legal que protegiese a los autónomos frente al riesgo de cesar en su actividad, al hecho de perder su trabajo, concurría la necesidad de ir hacia un modelo que equiparse, en materia de riesgos vinculados a la vida en general, la protección de los trabajadores por cuenta propia con los trabajadores por cuenta ajena. Ese es el discurso que se ha formulado a lo largo de estos últimos años, en los que se han producido avances, pero donde continúa existiendo un marco legal que no reconoce esa plena equiparación entre la protección de los trabajadores por cuenta propia con los trabajadores por cuenta ajena: no se les reconoce la jubilación anticipada, no se les reconoce jubilación con cotizaciones a tiempo parcial, no se les reconoce incentivos al mantenimiento de la ocupación, no se les reconoce la prolongación de la actividad laboral y no se les reconoce frente a la cuestión de la pérdida del empleo. En este sentido, el proyecto de ley responde a esa demanda y es evidente que tiene su importancia y su transcendencia, y aquellos grupos que lo venimos exigiendo durante estos doce años nos sentimos especialmente satisfechos de que finalmente hayamos llegado a este momento.

Se ha configurado un modelo de protección obligatorio para algunos autónomos y voluntario para el resto de los autónomos, con una prestación gestionada por las mutuas de accidentes de trabajo y con unas políticas activas para reincorporar a estos autónomos gestionadas por las comunidades autónomas. Les decía que este marco legal ha llegado sin consenso social a la Cámara, ha obligado a presentar un número significativo de enmiendas y está permitiendo durante el trámite parlamentario corregir algunas disfunciones que mantenía inicialmente el proyecto de ley. Se ha hecho un buen trabajo en la ponencia y mi grupo lo valora, pero lamenta que en algunos aspectos esenciales tengamos que resolver en el último minuto, quizás no de la mejor manera, algunas de las cuestiones más sustanciales del proyecto de ley. Eso hace que a veces configuremos en esta Comisión un trabajo legislativo de una calidad mejorable. Un mejor trabajo en la ponencia hoy nos hubiese permitido tener mejor resueltas las soluciones técnicas a problemas sociales, es decir, soluciones más sólidas. Vamos a ver


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si luego el Senado se ve obligado a resolver algunas cuestiones que aquí no hayamos resuelto suficientemente bien. Aún nos queda el trámite del Pleno del Congreso para continuar mejorando estas cuestiones.

Convergència i Unió mantiene vivas, a la espera de conocer formalmente las últimas transacciones que nos ofrece el Grupo Parlamentario Socialista, un grupo importante de enmiendas. Por ejemplo, mantenemos vivas las enmiendas 104 y 105, que configuran las características que justifican la existencia de una situación legal de cese de actividad. El trabajo en ponencia ha mejorado esa perspectiva en el sentido de que ha flexibilizado las condiciones para poder considerarse en situación de cese de actividad, pero a nuestro entender de manera insuficiente. Nosotros defendíamos que los ingresos netos inferiores al importe equivalente al salario mínimo interprofesional durante seis meses permitiese determinar la situación de cese de actividad, y el Gobierno no ha aceptado ese planteamiento. Asimismo, pretendíamos introducir a través de la enmienda 105 que las situaciones de morosidad configurasen también situación de cese de actividad. En este segundo caso estamos hablando de una realidad muy sangrante entre el colectivo de autónomos, que se ven obligados a cerrar sus negocios no porque sea inviable, sino por las deudas que tienen sus clientes con ellos y, además, señorías, en un contexto que estamos intentado regular, ya que está en trámite en el Senado un marco legal que dé respuesta a los problemas del cese de actividad.

Esas cuestiones nos hacen temer que si esta prestación continúa manteniendo un nivel de exigencia muy alto para ser considerado como un supuesto de cese de actividad, muchas situaciones que objetivamente deberían ser cubiertas por la ley no se cubran. Eso me apunta un riesgo que tiene este proyecto de ley, y es que de nuevo, como ha pasado en otras legislaciones impulsadas por el Gobierno actual, tengamos mucho ruido para pocas nueces, que los autónomos tengan la sensación de que aprobamos un proyecto de ley que les está cubriendo el riesgo de perder su negocio y que dentro de unos meses la gente empiece a quejarse de que el marco legal no está sirviendo para resolver sus problemas. Esa es la cautela que mi grupo va a mantener en todo el trámite, porque no hemos resuelto suficientemente algunas de las cuestiones. En ese sentido van dirigidas las enmiendas 104 y 105 de Convergència i Unió.

En la misma línea va dirigida la enmienda 112, que afecta a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que sí han visto mejorado en diversos aspectos la regulación legal. Ahí la ponencia ha hecho un trabajo interesante. Nosotros defendemos que las situaciones de cese de actividad sean también aplicables a aquellos Trade que lleven a cabo una actividad de la que obtengan al menos el 50 por ciento de sus ingresos y cesen en la misma como consecuencia de la resolución del contrato. Sería también razonable que los Trade que pierdan la mitad de sus ingresos pudiesen acogerse al cese de actividad. En la enmienda 116 proponemos un mecanismo para acelerar el pago de la prestación por cese de actividad, en el sentido de que dicho reconocimiento diese derecho al disfrute de la correspondiente prestación a partir del primer día del mes siguiente al que se produjo el hecho causante del cese de actividad. Nos parece que esta es una enmienda muy técnica pero que rápidamente podría cubrir las situaciones de carencia de ingresos por parte de los trabajadores autónomos. Hay algunas enmiendas, como la número 119, que afectan a los trabajos agrarios. No me ha parecido ver que se hayan incorporado en la ponencia y quedaron pendientes de una transacción que no sé si el Grupo Socialista nos va a ofrecer a lo largo de esta mañana. Mantenemos viva también la enmienda 120, que abre una vía importante, que la financiación de la protección por cese de actividad no se financie exclusivamente basándonos en las cotizaciones. Creemos que es una enmienda relevante. Nos parece que las prestaciones por cese de actividad deberían financiarse también a través de otros ingresos de carácter impositivo. Quizás esta redacción del artículo 14, sin aceptar esta enmienda de Convergència i Unió, podría generarnos problemas en los próximos tiempos. Vamos a verlo, porque no entendemos las razones por las que el Grupo Socialista no acepta esta enmienda 120.

Mantenemos la enmienda 122, que permite convenios entre servicios públicos autonómicos y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Nos parece interesante esa vinculación entre políticas activas y pasivas. Asimismo, continúan vivas las enmiendas 124 y 125, que afectan a cuestiones vinculadas a las jurisdicciones de las que hablaba el señor Olabarría. Hemos hecho un trabajo en la ponencia, pero en el texto de la misma no se ha incorporado la enmienda. Supongo que se nos va a facilitar la propuesta de transacción por el Grupo Socialista. Mantenemos viva la enmienda 132, que contempla el pago único de la prestación por cese de actividad. Nos parece esencial mantener esta cuestión. Asimismo, la enmienda 130, que regula el supuesto de jubilación anticipada para los trabajadores autónomos. También la enmienda 137, que regula la cotización a tiempo parcial de los trabajadores autónomos; la enmienda 139, que abre la vía a la posibilidad de que aquellos trabajadores autónomos que tengan ingresos anuales inferiores al salario mínimo interprofesional no tengan la obligación de cotizar; la enmienda 140, que mantiene un régimen de incentivos a los autónomos que quieran trabajar más allá de los 65 años en la línea de lo que se contempla para el régimen federal; la enmienda 141, donde se establecen mecanismos para fomentar la contratación de interinos que sustituyan al trabajador autónomo en situación de incapacidad temporal; la enmienda 143, donde extendemos a los trabajadores autónomos las bonificaciones para el mantenimiento del empleo; y la enmienda 144, donde también incorporamos el sistema de bonificaciones para trabajadores autónomos por cuenta ajena de entre 55 y 60 años. Porque, señorías, no solo se trata de contemplar la protección


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de los autónomos cuando pierden el empleo, sino de fomentar y de estimular que los autónomos se mantengan en su actividad económica. A menudo, cuando hemos discutido con los autónomos de la calle ese tipo de planteamientos nos exigen medidas para que la gente pueda continuar trabajando. Significativamente, mantenemos algunas enmiendas que a nuestro entender tienen una enorme importancia. Por fin vamos a ver la transacción que nos ofrece el Grupo Socialista, que afectaría a nuestras enmiendas 117, 121 y 127. Esta tiene que ver con la duración de la prestación correspondiente. El planteamiento del Gobierno del proyecto de ley, que es lo que explica la falta de apoyo de las organizaciones sociales de autónomos a este proyecto de ley, era especialmente cicatero y absolutamente contradictorio con esa pretensión de un régimen que fuese equiparable entre autónomos y trabajadores del régimen general.

A diferencia de los trabajadores del régimen general, para los autónomos la duración de la prestación se situaba en un máximo a la mitad de los trabajadores por cuenta ajena. Era un mal planteamiento el que formulaba el proyecto de ley porque estamos convencidos de que si queremos que esta sea una prestación voluntaria para los autónomos y, por tanto, necesariamente atractiva para que se apunten y decidan cotizar a la misma, la duración de la prestación va a ser fundamental para que esos autónomos crean que vale la pena cotizar en función de los meses por los que van a tener protección. Tal y como el proyecto de ley estaba configurado, era una prestación con muy poco interés para los autónomos, con el riesgo de que muy pocos de ellos iban a apuntarse a la misma. Hace pocos minutos el Grupo Socialista nos ha ofrecido una transacción que si es en los términos últimos que hemos conocido vamos a aceptar -más vale algo que nada-, pero no resuelve el problema de fondo y quizás genera algunas contradicciones, porque las escalas que estamos improvisando ahora en la Comisión no van a ser demasiado racionales. Como aún le queda vida, porque falta su tramitación en Pleno y en el Senado, espero que el sentido común se vaya imponiendo y que eso lo podamos resolver de manera adecuada y correcta.

Finalmente, mi grupo ha insistido durante toda la discusión en dos consideraciones, expresadas por un lado en la enmienda 126, que tienen que ver con que este proyecto de ley no debe ser tan solo para proteger a los autónomos que pierden su empleo, que deben cerrar su negocio, sino que debe reactivar, reorientar, a los autónomos hacia la actividad económica. Se han incorporado otras enmiendas en la ponencia que van en la línea de resolver esa cuestión. En la enmienda 126 simplemente recogíamos lo que el grupo de expertos encargado por el Gobierno formulaba dos artículos importantes de medidas orientadas a reactivar a los autónomos hacia el mercado de trabajo. Los autónomos nos piden, también, que les ayudemos cuando pierden su empleo para volver a incorporarse a la lógica de la creación de riqueza, de empleo. A veces parece que el Grupo Socialista entiende que la única política posible en materia de empleo es la del subsidio, y la política del subsidio incrementa el déficit, condena a la gente a vivir del Estado y no crea condiciones para que la gente se emancipe, sea libre y cree empleo y riqueza. Esta no aceptación de la enmienda 126 nos parece sorprendente. Al mismo tiempo, mantenemos nuestra enmienda 136, que crea una prestación de carácter no contributivo para los trabajadores autónomos. Señorías, esta Cámara ha aprobado prestaciones extraordinarias para aquellos trabajadores por cuenta ajena que han visto agotada su prestación por desempleo y que hoy cubren a cerca de 400.000 trabajadores desempleados, pero no tenemos ningún régimen de protección de características similares para estos trabajadores autónomos. Eso se está cubriendo hoy con el esfuerzo de comunidades autónomas como Cataluña y alguna otra que creo recordar que lo ha hecho. Defendemos que eso sea una responsabilidad que el Estado asume con nuestra enmienda 136.

Termino, señorías. Se ha hecho un trabajo interesante en la ponencia. El proyecto de ley se ha mejorado, las transacciones que ahora vamos a apoyar van a mejorar su contenido, pero continuamos creyendo que este proyecto de ley puede generar mucho ruido para pocas nueces para muchos trabajadores autónomos. Ojalá nos equivoquemos y que dentro de un año podamos defender con tranquilidad aquello que ya estamos aprobando en esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, voy a comprobar si le he seguido bien. Le voy a relatar las enmiendas de las que he tomado nota y que mantiene usted vivas. Son la 104, la 105, la 112, la 116, la 120, la 122, la 124, la 125, la 130, la 132, la 137, la 139, la 140, la 141, la 143 y la 144; y con dudas, la 117, la 121, la 126, la 127 y la 136, alguna de ellas en función de las transaccionales que le ofrezcan en el transcurso de la Comisión.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, ¿me permite?

El señor PRESIDENTE: Sí.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Si le parece, le pasaré el listado de enmiendas...

El señor PRESIDENTE: Mejor.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS:... cuando tengamos las transacciones con mayor seguridad, porque algunas de estas se van a retirar. Le pasaré el listado con las enmiendas que mantenemos vivas.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las once enmiendas vivas que quedan del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Eugenio Azpiroz.


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El señor AZPIROZ VILLAR: Hoy se ha hablado de resaca y yo pienso que ayer fue un día duro, pero me sugería aquello que se decía sobre que una persona estaba muy sana y el médico le decía que tenía diabetes y que debía tomar pastillas y evitar el azúcar. Lamentablemente ayer llegamos a la situación en que al final ha habido que amputar una pierna y naturalmente salimos cojeando. Dentro de poco va a haber un incremento impositivo en el IVA y una menor capacidad adquisitiva por parte de pensionistas y de funcionarios, colectivos numerosos, lo que va a redundar en una reducción del consumo y, por lo tanto, va a afectar a las actividades de negocio de muchos autónomos, incluidos aquellos que tienen comercio, especialmente la hostelería.

Pues bien, en este contexto, hoy, he de manifestar la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular porque se innova incluyendo una figura que se ha llamado la prestación del cese de actividad o, como decía el señor Olabarría, el paro de los autónomos, que viene a dar cobertura a determinadas situaciones en las que los autónomos pierden su actividad. No sé si esto es calificable de histórico, pero es un avance notable del que nos debemos de felicitar, por el contexto en que vivimos, y además se ha resuelto de una forma, según mi criterio, satisfactoria en relación con la manera en que se debe cotizar. Se habló mucho de si debía ser con carácter obligatorio o no para todo el colectivo, y el proyecto de ley del Gobierno acierta al plantearnos un sistema dual, el cual es obligatorio para aquellos autónomos calificados como trabajadores económicamente dependientes -figura jurídica que nunca me ha satisfecho pero que está en la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, que mandata a que se realice esta ley- y es voluntario para aquellas personas que decidan como autónomos cotizar por la contingencia de accidentes de trabajo. De manera que hay una voluntariedad, por una parte, y una obligatoriedad, por otra parte, para aquellas personas que son económicamente dependientes. Antes de avanzar, quiero agradecer la posición que ha mantenido el Grupo Parlamentario Socialista en este proyecto de ley porque creo que es justo y razonable reconocerlo así. Se ha hecho un intenso trabajo, señor Membrado, en ponencia; se ha mejorado el proyecto de ley, los grupos parlamentarios hemos incorporado enmiendas que han ido perfilando por las causas de acceso al cese de actividad, las situaciones legales, etcétera. Ahora analizaremos, al ver las enmiendas que mantenemos vivas, que hay un elemento nuclear que todavía no se ha resuelto y que nos gustaría que se aclarase esta mañana para felicitarnos, porque es importante: se trata de la duración del cese de actividad a la que a continuación me referiré.

El Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de ley, no largo en extensión ni en articulado, formuló veinticuatro enmiendas: tres de ellas han sido aceptadas, siete han sido transaccionadas, otras tres han sido subsumidas, por lo tanto retiradas, y en este trámite, en este debate en Comisión nos quedan once vivas para la consideración de esta Comisión y, en su caso, con posterioridad en el Pleno que se celebre para cerrar definitivamente el trámite en esta Cámara.

Las enmiendas aceptadas han contribuido a mejorar el texto. Se habla de la actividad emprendedora y algún otro grupo también lo ha tratado. Hay una serie de cuestiones de técnica jurídica no menores a la hora de que esta ley materialmente resulte o no aplicable. Comparto, porque así lo expuse además en la ponencia, lo que acaba de exponer el señor Campuzano. Me refiero a una de las enmiendas que mantenemos, la número 6, en la que hablamos de disminución de ingresos, porque la ley habla de pérdidas, pero las pérdidas referidas a los autónomos. Como muchos de ellos tributan por módulos y por lo tanto carecen de contabilidad, va a ser de difícil contestación, de difícil objetivación, de difícil titulación para acceder a la situación de desempleo. Aunque el texto que vamos a aprobar remita al desarrollo reglamentario que el Gobierno tenga que verificar, reconocemos que no hemos encontrado una fórmula ad hoc, pero por lo menos sí hemos introducido algo que queda vivo en esa enmienda 6, que es hablar también de rendimientos -esto sí es más fácilmente constatable-, al menos referidos a los autónomos económicamente dependientes. Dicho con otras palabras, uno tiene la razonable duda de si esta ley, en su ejercicio práctico, va a resultar un cuello de botella por la difícil acreditación de determinadas circunstancias que recoge, pero la práctica va a ser difícil que constate, o bien va a ser una manga ancha en la cual se preste a cualquiera que pida el reconocimiento del derecho a la prestación. Este es un problema técnico, jurídico y político, que creo que no hemos sabido ni podido resolver, y mantenemos viva esta enmienda en lo que pueda valer como enganche y engarce para que se puedan formular medidas que contribuyan a clarificar las situaciones reales de cese de actividad.

Nuestra enmienda número 1, al artículo 1.2, por la que quizá debería haber empezado, queda viva y está relacionada directamente con el artículo 7.1 tercero y con el 7.4. Creo que ahí el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista tienen que hacer un esfuerzo de mejora, bien en esta Cámara en el Pleno, bien ahora. Vamos a mantener la enmienda a tal fin porque, por un lado, se nos habla del disfrute de la prestación desde el primer día del segundo mes siguiente al hecho causante, pero, por otro lado, cuando se refiere a que el órgano gestor abona la cuota social, es decir, cotiza, se habla del mes siguiente al hecho causante. No entendemos muy bien a qué obedece este divorcio. Además, se hace una excepción a este segundo supuesto del mes siguiente del hecho causante de cotización por el órgano gestor: salvo si el autónomo tiene actividad en ese periodo; entonces, la obligación de cotizar nace con el inicio de la prestación. Tenemos tres supuestos diferentes, esto habría que reconducirlo de alguna manera. Lo recuerdo porque me parece que la calidad de las leyes, a la que antes también se aludía, y la seguridad jurídica, no son cuestiones


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menores, sino que son cuestiones que afectan al ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Esta disociación creo que es conveniente que la arreglen.

Nuestra enmienda número 4 se refiere al artículo 5.1.a) sobre la inclusión de motivos financieros y de morosidad. Se nos dice que no hace falta, que esto se subsume en el concepto motivos económicos, pero el artículo dedica un epígrafe autónomo a la morosidad. Luego, hay una cierta contradicción en los términos en los que se plantea el argumento denegatorio de nuestra pretensión. El núcleo gordiano de lo que se plantea, que no es una exclusividad del Grupo Parlamentario Popular, sino que ha sido objeto de seis enmiendas, bien es verdad que unidas en parejas de tres bloques, es decir, que las enmiendas han sido diferentes, se refieren al artículo 8.1 sobre el periodo de contribución y el periodo de duración de la prestación del autónomo en este cese de actividad. La enmienda 11 del Grupo Parlamentario Popular, vinculada a la enmienda 24, ha pretendido un ejercicio de coherencia, de sensatez y de responsabilidad, porque nosotros hemos ido a un modelo en el cual planteamos llegar a doce meses de cese de actividad, pero hemos incrementado las bases de cotización, los periodos que se deben emplear para lucrar esta prestación en relación con las que se han planteado por asociaciones de autónomos o en otras enmiendas. Además, lo hemos hecho con un correlato que no siempre es fácil en la oposición, pero que nos parece razonable, poniendo un incremento en la contributividad, enmienda 24, es decir, incrementando la cotización de los autónomos en un punto. ¿Por qué? Porque el sistema que estamos aprobando hoy realmente es un proyecto de aseguramiento, estamos planteando una ley de seguro del autónomo. Lo que hay que buscar es el equilibrio financiero, este equilibrio financiero no se puede conseguir incrementando solamente la prestación, sino también correlativamente la contribución, la cotización, la corresponsabilidad de los autónomos.

Me van a permitir que cite un estudio de investigación, un estudio de encuesta sobre la prestación del cese de actividad que se publicó en el BOE, de 19 de mayo de 2008, y se hizo a instancias del Gobierno. La propuesta de entonces de habilitar un sistema de protección del autónomo por cese de actividad era bien valorada por el 95,10 por ciento de los autónomos. Voy a dar un dato que tiene su importancia, y que además debe acabar de convencer al Grupo Socialista si mantiene alguna duda en esta cuestión. El 85 por ciento de los encuestados muestran su acuerdo con la propuesta de un tipo de cotización del 3,15 por ciento de la base de cotización. Los menores de 25 años lo asumen el cien por cien. En la población autónoma hay diferencias en el interés en hacer esto, y la gente mayor no muestra el mismo interés por una prestación del cese de actividad que la persona que ahora se dedica a una actividad emprendedora pero que, en el mundo actual, también quiere tener la posibilidad de tener una protección. Consecuentemente con ello, como digo, asumen el abono de una cotización más elevada de la que estamos hablando incluso nosotros, que planteamos la subida de ese punto.

Es ATA, una de las asociaciones más importantes en el campo de los autónomos, y en la primera quincena de marzo de este año realizó casi 3.000 encuestas, 2.983, lo que supone una población significativa. Daba un dato, incluido quién conoce la existencia del proyecto de ley, la mitad de la gente lo conocía y el 47 por ciento, desgraciadamente, no. Lo digo porque también hay que hacer pedagogía para que los autónomos conozcan los mecanismos que les pueden significar una protección y una mejora en sus condiciones y actividad. ¿Piensa que los autónomos deben tener derecho a paro? El 97,4 por ciento, sí. ¿Estaría dispuesto a cotizar por ello mensualmente? Baja un poco, pero el 77,4 por ciento, también. ¿Estaría dispuesto a pagar más dinero si se traduce en aumentar el tiempo de la prestación? El 76,8 por ciento, también. ¿Cuál es la prestación más satisfactoria para usted, la propuesta por el Gobierno en el proyecto de ley? El 4,8. ¿La propuesta de doce mensualidades que planteaba ATA? Aquí asciende a una cifra francamente importante, superior al 90 por ciento. De manera que nosotros creemos, entendemos otros puntos de vista, que esta enmienda es base en la ley, esta enmienda garantiza además la viabilidad financiera. El proyecto de ley, con las enmiendas incorporadas en ponencia, es cauto, como debe ser, en algo que no conocemos su desarrollo futuro y que nace hoy y va a empezar a andar, tanto en cuanto deja que el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado module la cotización que anualmente se debe plantear en este asunto, como en la revisión sobre la viabilidad financiera y el estado de situación que dentro de dos años tenga el sistema. Por lo tanto, hay cautelas más que suficientes. Cuando sociológicamente la mayor parte del cuerpo de los autónomos se muestra favorable a cotizar más y se muestra favorable a una prestación de más duración, hacerlo así es más atractivo para que ellos voluntariamente decidan cotizar por esta nueva contingencia, por esta nueva prestación. Parece que hablar de un año psicológicamente es una cifra importante: si me veo en estado de necesidad voy a tener un año de una cierta prestación. Esto va a favorecer la cotización voluntaria y animo al Gobierno, a través del grupo parlamentario que le apoya, a que tenga esto en consideración.

Nuestras enmiendas 12 y 14 plantean que, en definitiva, cuando se ha cotizado doce meses, aunque se haya tenido antes derecho a desempleo o a cese de actividad, se vuelva de nuevo a lucrar con los dos meses que, en principio, prevé el proyecto. Nosotros ya manifestamos en ponencia, in voce, algo que desgraciadamente el Grupo Parlamentario Socialista no aceptó, algo muy sencillo: en el artículo 8.2 se dice que, "el trabajador autónomo al que se le hubiere reconocido el derecho a la prestación económica por cese de actividad podrá volver a solicitar un nuevo reconocimiento, siempre que concurran los requisitos legales y hubieren transcurrido dieciocho meses desde el reconocimiento del último derecho a la prestación". Lo que les digo es que acaben


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en: siempre que concurran los requisitos legales. Requisito legal para tener derecho a una prestación es la cotización de doce meses; no sé por qué debemos ir en sentido negativo más allá de lo que la ley, con carácter general, configura a efectos de tener el derecho. No entiendo por qué y les hago una apelación a que lo reconsideren. Si se cumplen los requisitos legales generales que la propia norma establece debería haber nuevo acceso, siempre que se acredite la evidente situación de cese de actividad.

La enmienda 19 al artículo 9.2, párrafo tercero, se refiere a incrementar la cuantía mínima cuando haya hijos a cargo. En la enmienda 20 señalamos qué consideramos hijos a cargo. La enmienda 23 al artículo 16.1 plantea un nuevo párrafo tercero que pretende que las resoluciones administrativas denegatorias del cese de actividad solicitado tengan a bien aclarar al ciudadano el órgano, el plazo, el lugar, el momento y la forma en que se puede recurrir o reclamar contra ellas. No tiene otra pretensión que la de claridad y la de seguridad jurídica en favor de las personas.

Quiero concluir, señor presidente, con una alusión a importantes enmiendas de Convergència i Unió. Reconozco que algunas me gustan personalmente, en concreto la 138 y la 140. Hay otras que son objeto de un debate que está en la Cámara como las relativas a los incentivos a la contratación con bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social, que creemos que se debe producir en ese marco general de debate. Compartimos con el señor Campuzano algunas de sus iniciativas y planteamientos, pero entendemos que este no es el momento ni el lugar, que estamos haciendo un proyecto de ley muy específico, muy concreto, con una finalidad muy determinada y que hay un cauce en ese debate sobre bonificaciones y en el Pacto de Toledo donde ahora estamos tratando esta cuestión. He de avanzar que si las enmiendas 119 y la 39 de Ezquerra, que coinciden, no son objeto de una transaccional, el Grupo Parlamentario Popular, al que me honro en representar, las votará favorablemente. Obviamente, si no hay una transacción, sobre la que nos habló en los preludios de esta Comisión el representante del Grupo Parlamentario Socialista, que dé satisfacción a nuestra enmienda 11 al artículo 8.1., relativa a la extensión del cese de actividad, no solo mantendremos nuestra enmienda, sino que la que coincidentemente nos planteó el PNV, que es la 89, la votaremos favorablemente. De la buena disposición del Grupo Parlamentario Socialista y del sentido común que creo que debemos tener todos, espero que alumbremos un acuerdo eficaz para los autónomos y que nazca con buen pie esta iniciativa.

El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.

El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, hoy es un día importante para el conjunto de un sector que agrupa a casi 3 millones de personas, algunas de ellas con un alto concepto de ser trabajadores y algunas de ellas con un sentido empresarial diferente, pero no es menos cierto que los autónomos son un colectivo importante dentro del conjunto de nuestra sociedad, con un desarrollo también importante. Precisamente en los últimos años derivaba que la actividad económica cada día es más diversificada y, por lo tanto, la imagen aquella del autónomo como un señor que tenía una tienda o que formaba parte del ultramarinos de la esquina ha desaparecido. Hoy el autónomo forma parte de empresas de alta tecnología, es una un eslabón destacado del sector de la industria, forma parte del sector agrario y de la industria de transformación y, por lo tanto, lo tenemos extendido en el conjunto de la actividad económica. Ellos han sido uno de los motores importantes del desarrollo de los últimos años y es un colectivo que ha estado olvidado. Y digo olvidado porque en el olvido de los autónomos hemos tenido responsabilidades todas las fuerzas políticas y hemos tenido también responsabilidades todas las personas y grupos sociales. Digo olvidado, pero también quiero decir, sin necesidad de hacer un proceso de autoafirmación sobre la política del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno socialista, que la única ley que ha tenido el autónomo como tal a lo largo de su historia, donde se le ha cubierto con el manto real de persona con derechos y al mismo tiempo con disposición a obligaciones, ha sido la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo que presentó este grupo parlamentario, que consensuó con todas las fuerzas políticas y que se aprobó por unanimidad.

Quiero dejar bien claro que hay una voluntad de este grupo parlamentario y de este Gobierno de tener una proyección a resolver problemas históricos de este sector. Nosotros no vamos a resolver los problemas históricos de los autónomos de comienzos del siglo XX, porque es muy difícil hacerlo, sobre todo de una tacada y en un sector que ha tenido escasa vinculación hacia el movimiento del conjunto de la sociedad en el terreno reivindicativo y ha tenido una situación de consenso con determinadas actuaciones que indudablemente no le han beneficiado. Si el autónomo que hoy tenemos hubiese reivindicado con la misma fuerza hace diez años los derechos que hoy está planteando por ejemplo el señor Campuzano, no tendríamos en estos momentos esta discusión, porque algunos de ellos ya se habrían conseguido. Lo que pasa es que a los autónomos los han representado aquellos que en algún momento los han asfixiado. En ese sentido, el autónomo ha sido siempre un elemento de argumento, pero no se le ha buscado nunca una solución.

¿Qué marca el estatuto? Marca derechos, marca obligaciones, marca proyección y define, y esto no le gusta al señor Olabarría, que haya autónomos que están en el fiel de la balanza o que caminan por el filo de la navaja, que son aquellos que son autónomos en el concepto filosófico, pero no son autónomos en la relación contractual. No tienen autonomía para decidir qué van a hacer porque tienen un contrato, pero sí son capaces de administrarse


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su puesto de trabajo y su tiempo de trabajo, con lo cual ganan en libertad, pero tienen una contrapartida: que pierden en derechos. ¿Qué hemos hecho con la figura del Trade? Combinar que la libertad de administrar el propio tiempo tenga alguna compensación, porque esa es una figura de futuro, que tiene sectores que van a tener una gran implantación. ¿Cuánto tiempo tardaremos en eso? Largo me lo fiáis. ¿Por qué? Porque hay un elemento poco reivindicativo en el sector y hay un elemento muy de exigencia de subordinación al autónomo por los pequeños, medianos y grandes empresarios, que son el verdadero problema del autónomo, no el Gobierno socialista y me atrevería a decir que tampoco la mayoría de los grupos parlamentarios. ¿Qué hemos buscado? Una fórmula consensuada, por cierto, con las organizaciones representativas del sector, que este Gobierno ha tenido que impulsar para que se desarrollen, porque los que los representaban antes están en la CEOE y los han machacado históricamente. Esa es la verdad. Quien no la asuma estará engañándose.

Siguiente cuestión. ¿Los Trade son un híbrido? Ya sé que tienen un complejo jurídico donde argumentar, señor Olabarría, pero es una realidad social. No se puede tener a un transportista sin cubrir. No se puede tener en estos momentos a un agente de seguros, con una relación diversificada, sin tener un tratamiento específico. No se puede tener a esta gente exclusivamente con el contrato mercantil. Hay que darles un derecho de poder recurrir a la Magistratura de lo Social. Eso es lo que estamos diciendo. No se les puede tener sin vacaciones ni sin delimitación de jornada, porque eso entra dentro de la libertad, pero entra también dentro de la sobreexplotación, y nosotros tenemos que cubrir en parte ese sector. Por eso, señor Olabarría, admito que desde el punto de vista de un magistrado en excedencia como es usted, esto no se entienda, pero póngase la piel y el traje de partido integral o integrista con carácter nacionalista del País Vasco, que tiene otros componentes, que no solo representa a la burguesía vasca, sospecho. (El señor Olabarría Muñoz: ¡Pero qué dices, Jesús!) Por eso es por lo que yo planteo esto. Es un debate que como lo hemos oído tantas veces y me lo va a repetir, se lo quiero plantear. Esa es una cuestión.

¿Hemos desarrollado los Trade? Sí. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba la prestación por cese de actividad sobre la que teníamos en estos momentos una obligación por mandato del estatuto, que nos exigía hacer una ley específica, pero nos exigía hacer una ley específica con una mordaza, señor Azpiroz. Hablaba de una cosa que se llama contributividad, sostenibilidad y solidaridad. No podemos aquí sacarnos de la manga un sistema que rompa esos tres ejes, que son los que determinan la esencia de una prestación como esta. ¿Qué hace el Gobierno? Se sienta con las organizaciones representativas, manda a unos expertos que hagan un informe. ¿Por qué? Porque es el segundo país de la Unión Europea -y me imagino que también del mundo- en el cual hay una prestación por cese de actividad. Solamente Hungría tiene una prestación por cese de actividad y mejor que no escarbemos de dónde viene esa prestación parecida en el sistema húngaro, porque igual nos vamos a los años setenta, donde en Hungría emergió una economía no de libre mercado pero sí titulada minorista, en la que no querían desagregar de derechos laborales para que no los acusasen de que estaban fomentando el mercado. Por tanto, no son sistemas homologables, pero ese es un sistema que existe. El único que existe realmente en un mercado libre y en una sociedad occidental con plenos derechos y sin ese poso anterior es este. En consencuencia, no hemos podido buscar ni un espejo, ni alguien sobre el cual identificarnos.

¿Cómo lo hemos hecho? Acordándolo con las organizaciones representativas. Hemos acordado prácticamente la totalidad del texto, bueno, hemos acordado las partes del texto fundamentales. ¿Por qué no hemos acordado la totalidad del texto con las organizaciones más representativas? Porque ha habido diferencia de intereses y esa diferencia de intereses reside en que hay organizaciones que quieren posicionarse y tener identidad propia de una manera, como es lógico, y hay otras que tienen identidad propia y se quieren manifestar de otra. Y en cuanto hemos tenido ese problema hemos creado dos modelos distintos a la hora de adecuar la prestación por cese de actividad, no porque en estos momentos haya una encuesta de una organización que diga que todos los autónomos están dispuestos a recibir buenas prestaciones pagando mucho, no. (El señor Azpiroz Villar: Una del Gobierno.) No. La del Gobierno pertenece al año 2007, que tendría mucho que ver con las diferencias que hay en 2010. Esa es la realidad, y en esa realidad, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno? Ha cogido un sistema que tiene como objetivo fundamental que se desarrolle la prestación y que sea sostenible. ¿Cómo se desarrolla y es sostenible? Pues ofertando derechos, creando pocas obligaciones de caja, que no haya que hacer grandes aportaciones, vinculándolas con las contingencias comunes, porque hay sectores que en estos momentos tienen la obligación de cotizar, y dejando para el resto libre para que poco a poco vayan goteando paulatinamente y vayan entrando en el sistema. Por tanto, atractivo, no repelente -como los perfumes para matar insectos-, pero sí con capacidad de enganche, escasa cotización, 1,5, con el tema derivado del 0,5, desviado precisamente a que las contingencias comunes las podamos amortizar en el primer año, y con una escala que siempre es sugerente a la hora de que se pueda modificar. Ese es el modelo; un modelo que tiene inmediatamente una contrapartida. Vamos a dejar que esto se ponga en marcha y a los dos años hacemos una revisión en condiciones y vamos a dejar que los Presupuestos Generales del Estado vayan actualizando la cotización. Por tanto, cotización que se va actualizando con los presupuestos año a año, sistema que se va evaluando a los dos, máximo grado de control, posibilidad de que a los autónomos no les cargue excesivamente su cuenta de resultados el tener en estos momentos su gente acogida


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a la prestación, y metemos una vía garantista y al mismo tiempo una vía que vincula al autónomo con un elemento que define al trabajador por cuenta ajena, que es el sistema de protección por desempleo, con las diferencias que hay. Ese es el modelo. Cuando yo me encuentro con que hay grupos que me están planteando un incremento de la duración y no me plantean un incremento de la cotización, nos estamos engañando. No se puede dar más sin ingresar más, eso es déficit -por cierto, una cosa de la que estamos hablando mucho estos días-, eso es abocar al sistema al fracaso. Y ahora a continuación, si estamos en estos momentos modulando el ingreso, haciéndolo atractivo y, al mismo tiempo, lo estamos vehiculizando buscando una alternativa, estaremos acoplando un sistema con el otro.

Yo sinceramente, señorías, creo que en estos momentos el objetivo fundamental sería conseguir un alto grado de equilibrio entre lo que tenemos que aportar y lo que tenemos que trasladar como de duración. Nosotros hemos hecho esta mañana una propuesta, que la teníamos cuantificada desde el punto de vista económico y que para nosotros mantenía el equilibrio de incrementar la duración, en el artículo 8, y al mismo tiempo mantenía también el atractivo de que no era una cotización excesiva: con una cotización de 1,8 (1,3 en el primer año porque deducimos el 0,5 de contingencias) nos íbamos a poder incrementar en un tramo, que era el tramo de cuarenta y tres o más meses, con ocho meses de duración. Estaba equilibrado. La teníamos desde el punto de vista de actuariación controlada y teníamos en estos momentos posibilidades de que eso tirase adelante.

El conjunto de los grupos nos ha sugerido al Grupo Parlamentario Socialista que hiciésemos una modificación. Nosotros hemos buscado elementos de consenso que indudablemente sirvan no solamente para pasar la ponencia. Por cierto, tengo que agradecer la colaboración de los grupos por el trabajo realizado en estas tres últimas sesiones, donde yo creo que hemos acordado prácticamente el 80 por ciento de las 165 enmiendas, aunque no es menos cierto que nos hemos dejado la maza del jamón para el final. Nosotros estaríamos dispuestos a ofertar algo que la mayoría de los grupos nos han sugerido y es un último tramo que siempre tuviese la imagen de los doce meses. ¿Para qué? Para que completase y aunque diésemos un salto gradual muy largo, lo que sí quedase como imagen para su transmisión a los autónomos de que habíamos llegado a los doce meses. Nosotros aceptamos que a partir de los cuarenta y ocho meses cotizados llegamos a los doce meses de duración. Esa sería la última modificación, es decir, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho y llegaríamos hasta doce meses. Lógicamente hay que incrementar la cotización y en cuanto a la concreción de la modificación de la cotización, nosotros en estos momentos consideramos que todo aquello que no suponga el 2,2 por ciento de cotización no puede hacer frente en estos momentos a este incremento. Eso es, menos la cotización, lo que creo que hemos consensuado con la mayoría de los grupos de la Cámara.

Por otro lado, también hemos hecho un esfuerzo y hemos planteado a la Mesa el tema de los 60 a los 64 años, con lo cual también hemos modificado la tabla de tal manera que los autónomos con 64 años que hayan cotizado cuarenta y tres meses en adelante puedan tener los doce meses de duración de la percepción. Eso lo englobamos dentro del mismo paquete y, por tanto, en ambos casos creemos que con 2,2 podemos hacer frente al incremento que actualmente se ha planteado, creemos. Eso no quita para que si los estudios últimos que se están haciendo en la Tesorería de la Seguridad Social pudiesen modificarlo, tenemos lógicamente la vía del Senado y creo que con el conjunto de los grupos podríamos ver la necesidad de hacer una modificación a esta propuesta que es en estos momentos un elemento importante.

El conjunto de los grupos ha hecho sugerencias diversas, pero por centrarme en algunas, me gustaría empezar con lo que nos ha sugerido Esquerra Republicana e Izquierda Unida, porque desde el primer momento han estado dispuestos a debatir con nosotros la totalidad de las cuestiones. En ese sentido, tengo que decir que tanto Esquerra como Izquierda Unida han planteado un problema desde el punto de vista de la gestión exclusiva a través de las mutuas de los servicios de la Seguridad Social, en los ámbitos en que están en estos momentos planteados, y el asunto del Instituto Social de la Marina. Consideramos que las mutuas y ese conjunto tienen que ser los elementos de gestión, pero asumo lo que me han planteado los señores Tardà y Llamazares de que este modelo de gestión tiene que ser un modelo revisable a los dos años de la puesta en marcha. Estoy de acuerdo y en ese sentido hemos planteado una enmienda transaccional donde recogemos esta parte. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se va a encajar esto dentro de la estructura de las mutuas y tampoco sabemos en estos momentos si las mutuas van a tener capacidad de respuesta ni si hay elementos que hay que incrementar en las mutuas, porque hemos sacado la orientación, la formación y demás cuestiones, pero no hemos visto que eso tenga que tener una correlación entre las mutuas y las políticas activas dependientes de los servicios de empleo de las comunidades autónomas respectivas. Ahí existe una laguna. Nos parece que es un elemento positivo, como también nos lo parecen algunas otras aportaciones hechas buscando elementos de consenso con el señor Llamazares y el señor Tardà. También ha habido coincidencias con Convergència i Unió; hemos resuelto algunas dudas relacionadas con las separaciones matrimoniales y de exclusión de aquellas personas que cultivan un huerto para el autoconsumo y que en estos momentos no tienen que tener elementos de incompatibilidad por su función a la hora de recibir una prestación por cese de actividad. Ahí hemos tenido una discrepancia con el señor Campuzano, ya que nos pedía vincular esa excepcionalidad de los huertos de autoconsumo a otro tipo de actividades no productivas. No podemos entrar ahí, porque el término de actividades no productivas está recogido en la Directiva europea respecto de los terrenos baldíos. Interpreto


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que la posición del señor Campuzano se está refiriendo a aquello que no tiene producción, pero hay dehesas que no tienen producción agraria y que están dando, por la vía de la PAC, enormes beneficios a demasiados terratenientes en este país. Por tanto, plantear en estos momentos que pueden encima recibir la prestación por cese de actividad le parecería a mi grupo un poco fuerte. Por eso nos circunscribimos a ese ámbito que se había planteado anteriormente.

Hay un asunto que sinceramente nos preocupa, que es la incorporación de la morosidad y los problemas financieros a la hora de definir las dificultades de carácter económico. No podemos ampliar, en la definición de esas dificultades con la incorporación de la morosidad y los temas financieros porque es un concepto que en estos momentos, cuando se habla de causas objetivas, está perfectamente justificado jurídicamente. El señor Olabarría sabe que sobre las causas objetivas hay sentencias del Tribunal Supremo una detrás de otra, en las que se dice claramente qué son las causas objetivas y en las que se recogen los problemas económicos desmenuzados. Ahora, en cuanto a poner la morosidad, es un elemento que en estos momentos está integrado en un proyecto de ley -que veremos cuándo lo remite el Senado- y si eso queda definido, cuando un juez tenga que arbitrar, se acogerá a ello para poder decir si la morosidad es elemento de causa objetiva de despido, porque también está recogido en el Estatuto de los Trabajadores y porque los problemas financieros son algo que cada uno puede interpretar como considere oportuno. Por eso, esto nos parece difícil y lo siento, señor Campuzano, no podemos aceptar la 104 ni la 115 ni la que hace referencia a una que ha planteado el Grupo Popular y el resto de grupos. La incorporación del concepto de morosidad no nos parece oportuna. Sabemos que la ha retirado Izquierda Unida, sabemos que la ha retirado el BNG y lo que pedimos es un esfuerzo para que se resuelva a lo largo de los años en los que vamos a poner en marcha el sistema y ya veremos si ese es un concepto ampliable.

Con los Trade hay un problema, que tienen una vinculación del 75 por ciento. Si no tienen una vinculación del 75 por ciento con una empresa con la cual tienen una relación contractual, no son Trade. Por tanto, no podemos hablar del 50 por ciento de los Trade que no están incluidos en el 75 por ciento. El 75 por ciento es el 75 por ciento y a mí, del 75 al 100 solo me queda el 25 y ¿con ese 25 qué decimos? Pues que mientras que tú has roto tu actividad con el 75 por ciento y cesas el resto de actividades, en ese 25 por ciento te cubrimos, te cotizamos a la Seguridad Social, te damos un mes para que resuelvas ese tema, pero lo tienes que resolver, no puedes recibir por un lado la prestación por cese de actividad y por otro tener la actividad del 25 por ciento; no, porque eso tendría una traslación a la relación de trabajadores por cuenta ajena de que yo tengo un trabajo determinado y tengo la percepción del desempleo por otro. Eso no tiene encaje en estos momentos.

La segunda cuestión que planteamos tiene que ver con la jubilación anticipada. El señor Campuzano, con todo su derecho y con la mejor intención, ha cogido este proyecto de ley y ha hecho una cesta de regalos, en la que ha metido todo lo que históricamente está pendiente de resolver en el ámbito de los autónomos. Claro, entiendo que desde el punto de vista político queda muy bien decir que Convergència i Unió va a pedir la jubilación anticipada, el contrato de relevo, la bonificación de la contratación para los trabajadores dependientes de los autónomos, la desaparición de los autónomos como tercer eslabón dentro de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y la potenciación de los autónomos a la hora de recibir la prestación por cese de actividad como pago único en el momento de la reactivación. Lo entiendo perfectamente, porque es un problema de laboralización del sector. Lo entiendo como reivindicación, don Carles, pero no lo entiendo como definición ideológica o posición programática. La historia que conozco del autónomo defendido por Convergència i Unió ha sido de un micro, mini o pequeño empresario, no un micro, mini o pequeño trabajador híbrido entre una cosa u otra. Aquí estamos hablando, primero, de cuestiones que pertenecen al ámbito del Pacto de Toledo y sustraerlas del mismo les iba a poner los pelos como escarpias a doña Isabel López i Chamosa y al señor Burgos. Por lo tanto, lo tenemos que seguir manteniendo en el ámbito del Pacto de Toledo; llévelo ahí.

Hay otras cuestiones que llevan consigo un coste adicional. Son derechos que habrá que regular en el futuro pero también con nuevas cotizaciones, porque me habla de derechos, pero en ningún momento me está planteando la ampliación de las cotizaciones de los autónomos. Esa parte nos queda desajustada. Señor Campuzano, nosotros sí que le hemos planteado una transaccional sobre la capitalización de la prestación por cese de actividad. ¿Con qué cautelas? Con las cautelas de que responda a sectores que en estos momentos tienen crisis o determinada situación económica y que la inversión esté más o menos orientada, primero a facilitar al autónomo esa salida, de la misma manera que en el terreno formativo, en el terreno de la orientación y en el terreno de fomentar el autoempleo y la autoempresa estamos planteando que el uno por ciento de los excedentes que se produzcan a través de la gestión correspondiente lo podamos utilizar como elemento de formación. En eso también están de acuerdo el señor Tardà y el señor Llamazares. Me está planteando que hay que hacer una ampliación en estos momentos de cuáles son esos derechos y de cuál es la capacidad emprendedora de los autónomos y de qué manera se tiene que plantear. Yo estaría de acuerdo pero, lógicamente, un capítulo dedicado a ese tema me parece difícil de pormenorizar. No es menos cierto que desde el momento en que lo hemos regulado para que los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas trabajen con el organismo gestor, si se mete el uno por ciento ahí, al final


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eso tendrá que regularse por la vía de los acuerdos en las comunidades autónomas o a través de la comisión representativa que los autónomos van a tener previsiblemente el próximo mes y que les va a dar pie para poder entrar en estos temas sin ninguna dificultad.

Como aquí hay elementos que indudablemente interfieren, me gustaría dejar claras algunas cuestiones, para terminar. Hemos intentado llegar a un acuerdo con todas las partes, creo que hemos mejorado el texto, hemos hecho 23 transaccionales y hemos hecho la última in voce ahora mismo diciendo que nos vamos a doce meses con el 2,2 de cotización. Yo creo que es el esfuerzo máximo que podemos hacer. Por tanto nosotros hacemos esta oferta, y esto sí quiero que quede bien claro, con dos objetivos fundamentales: no cargar excesivamente la cotización de los autónomos, darles el mayor grado de protección que podemos y tener la garantía de su revisión si el sistema tiene alguna fisura a los dos años y todos los ejercicios presupuestarios que va a tener que marcar la cotización. Creo que mantenemos la contributividad adecuada, garantizamos la sostenibilidad y es un elemento de solidaridad interna dentro del sector.

Para terminar, me queda decirles que he pasado a la Mesa unas enmiendas en las cuales recogemos algunas de las modificaciones que nos han hecho, sobre todo en la parte correspondiente al tema de los inmigrantes. Ahí creo que el letrado ha hecho un ejercicio importante con una aportación propia que consideramos aceptable y desde nuestro grupo la vamos a apoyar. Hemos hecho también algún recorrido del itinerario que habían planteado los señores Llamazares y Tardà, el señor Campuzano y asimismo el señor Azpiroz, en el sentido de que se les garantice que cuando haya una reclamación se les diga a quién tienen que reclamar. Esa parte la hemos incluido también. En el resto de cuestiones nos hemos ajustado a lo que podíamos conseguir y que no desnaturalizase el funcionamiento del proyecto de ley. Un funcionamiento, por cierto, en el que nos hemos inventado posibilidades de recursos, derechos y garantías para que esos recursos no entorpezcan la posibilidad de recibir la prestación. Lo hemos aclarado y yo creo que lo hemos aclarado bien. Seguramente estamos creando en estos momentos un marco que nos va a permitir que el sistema funcione, que sea ágil, garantista y al mismo tiempo que permita paliar en parte los problemas que los autónomos tienen hoy. Pero no estamos haciendo una ley para hoy sino que estamos haciendo una ley para el futuro. Muchas gracias a los señores portavoces por su colaboración y esperamos que voten bien.

El señor PRESIDENTE: En el transcurso del debate de la Comisión se han presentado cinco enmiendas transaccionales que obran en poder de la Mesa y entiendo que también en poder de todos los portavoces. Si no fuera así, la documentación está en la sala. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos ha anunciado una enmienda in voce que no tenemos ni la Mesa ni los portavoces, con lo cual suspenderíamos la sesión para que todos tengamos dicha enmienda in voce que se nos ha anunciado a fin de organizar las votaciones y luego procederíamos definitivamente a la votación, sabiendo, a la vista de esta última enmienda in voce, qué enmiendas quedan definitivamente vivas y cuáles quedan retiradas.

Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, es para utilizar un turno de alusiones impropio, como el cohecho. Son alusiones realizadas por el señor Membrado.

Señor Membrado, si tiene la amabilidad de escucharme, nos ha calificado de partido nacionalista integral. Yo el calificativo de integral no sé qué dimensión tiene ni qué dimensión le ha dado usted porque conceptualmente es difícil. Sí, somos un partido nacionalista probablemente integral, si después nos explica lo que significa el señor Membrado; como ustedes, señor Membrado, que son un partido nacionalista español, espero que integral también. Ustedes también son un partido nacionalista.

El señor PRESIDENTE: Por favor, no abran diálogo.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Al margen de esto, dos comentarios. Es un partido que representa a la burguesía vasca, sí, en parte sí, también; pero estoy en condiciones de realizar una apuesta con el señor Membrado con relación al número de trabajadores que hay en mi partido, que con toda seguridad es mayor al que existe en el Partido Socialista Obrero Español. Dicho esto, señor Membrado, quiero comentarle que ha hecho usted una reflexión que a mí me parece particularmente preocupante, ha descalificado o ha negado la legitimidad de una importante organización de trabajadores autónomos mediante invocación a su pertenencia a la organización patronal del Estado español. Me parece que está fuera de lugar esa deslegitimación, valga la redundancia, de la legitimidad; usted sabe de cuál estamos hablando. Y cuando se habla de legitimidades yo aconsejaría el uso con mayor prudencia de las expresiones y de las locuciones. Dicho esto, el turno de alusiones impropias lo doy por concluso, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, lo de integral lo traducimos por integrador y creo que todo el mundo queda conforme.

Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, no aceptaremos la propuesta de transacción que se formula a la enmienda 119 porque el problema no son los terratenientes -que le puedo asegurar que en Cataluña no existen en materia agraria, es en otros lugares del Estado español donde hay terratenientes-, sino aquellas explotaciones agrarias para mantenimiento


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ambiental. Es una enmienda que plantea la Unió de Payeses y el conjunto de organizaciones agrarias del País Valenciano y de las Illes Balears y de alguna otra zona de la Península, por tanto quizá si el señor Membrado lo estudiase con más detenimiento se daría cuenta de que la oferta de transacción que le formula Convergència i Unió es absolutamente razonable, porque para evitar cualquier desvío en relación a sus preocupaciones nos remitimos al desarrollo reglamentario. Por tanto le ruego encarecidamente que repiense su posición en relación a la transacción de la 119.

Señor presidente, estoy obligado a aclarar al conjunto de miembros de la Comisión que si uno sigue el recorrido histórico de la batalla para la plena equiparación de la protección social de los trabajadores por cuenta propia con los trabajadores por cuenta ajena, el señor Membrado se daría cuenta de que esa argumentación que ha hecho para descalificar las posiciones de Convergència i Unió en materia de jubilación anticipada, de trabajo a tiempo parcial, de incentivos a la prolongación de la vida laboral, de incentivos a los trabajadores de 50 años, esos mismos argumentos que utilizaba el señor Membrado para descalificar esas enmiendas son los que hubiesen llevado a que no hubiese proyecto de ley en su día de trabajo autónomo y a que hoy no hubiese proyecto de ley de cese de actividad. En esa argumentación, como Convergència i Unió ha defendido históricamente a los autónomos, hemos defendido que la protección ante los riesgos de hacerte mayor, de perder el empleo, de tener hijos, de ponerte enfermo, de tener un accidente de trabajo, de poder compatibilizar tu vida laboral con tu vida familiar, esos riesgos, que son los mismos para los autónomos que para los trabajadores por cuenta ajena, tuviesen un marco de protección social lo más equiparable posible. Históricamente la estructura de la Seguridad Social ha negado esa realidad, históricamente ustedes la habían negado, en los últimos años han evolucionado y bienvenidos sean en esa evolución. Y van a continuar evolucionando y yo espero, señorías, porque precisamente la señora López i Chamosa y el señor Burgos están en esa dirección, que en el marco del Pacto de Toledo empecemos a avanzar. Pero como sabemos que el Pacto de Toledo tiene un recorrido largo queremos que se plasmen algunas de estas cuestiones, especialmente las vinculadas al mantenimiento de la actividad de los autónomos, porque en el caso de esos autónomos no se trata de ofrecerles un subsidio para que puedan vivir sino de ayudarles para que puedan mantener su actividad económica, especialmente para los trabajadores autónomos más maduros, para los que caer en el desempleo va a implicar poca pensión, una pensión muy, muy baja o unas dificultades enormes para reactivar su presencia en el mercado de trabajo. Yo creo que ahí pierden ustedes la oportunidad de avanzar en la línea adecuada.

El señor PRESIDENTE: Señor Azpiroz, ¿usted también ha solicitado la palabra?

El señor AZPIROZ VILLAR: Sí, señor presidente, la había solicitado en primer término justamente para lo que ha requerido usted al Grupo Parlamentario Socialista, disponer de la enmienda in voce para poder conocerla -nos alegramos mucho de la aceptación hasta los 12 meses-, pero también para conocer la gradualidad de los diversos tramos de cotización y prestación.

En relación a las transaccionales que se nos plantean, hay una que afecta a la enmienda 23, del Grupo Parlamentario Popular, que en principio no vamos a aceptar. La estudiaremos a fondo de aquí al Pleno porque aunque en principio no nos satisface le vamos a dar una vuelta, y en estos momentos la mantenemos viva. Creo que lo que proponemos es más sencillo que lo propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista, que plantea la información a la hora de recurrir. Aquí se plantea un sistema potestativo que yo no veo muy claro. Creo que sería preciso aclarar la cuestión, lo estudiaremos y veremos.

El señor PRESIDENTE: Señor Membrado.

El señor MEMBRADO GINER: Yo no tengo ningún interés en polemizar sobre este tema; quería decir, más que integral, integrador, señor Olabarría, y me imagino que ese es un concepto que usted asume perfectamente.

Con respecto a la posición del señor Campuzano sobre el tema de los derechos y deberes de los autónomos, nosotros, fundamentalmente, ¿qué es lo que planteamos? Primera cuestión: se plantean una serie de enmiendas que implican unos derechos, pero no hemos visto por ningún lado dónde tienen que tener ese reflejo presupuestario y de cotización. Lo contrario significa que en el fondo se está vendiendo humo. Vamos a sentarnos y digan ustedes: nosotros queremos este tipo de derechos y suponemos que tenemos que incrementar la base de cotización de los autónomos en tanto, tanto, tanto y tanto; vale. Eso se puede hablar, porque nosotros sí tenemos esa voluntad, porque en el preámbulo del Estatuto del trabajador autónomo queda bien claramente definido que el estatuto tiene que tener como objetivo y marca como objetivo llegar algún día a una equiparación en derechos de los trabajadores por cuenta propia, y estamos trabajando en ese sentido.

Segunda cuestión. Aquí todo el mundo sabe que hemos hecho mucho por los autónomos, yo no he conocido ningún Estatuto del trabajo autónomo antes de la llegada de este Gobierno, tampoco he conocido la prestación por cese de actividad tampoco, tampoco he conocido hasta estos momentos la ampliación y la vinculación a los derechos de igualdad que se tienen tanto por el embarazo como por el tema de las enfermedades derivadas del mismo. Ahora, ¿cuándo se ha puesto en marcha eso? A partir de 2004. ¿Que todo el mundo lo había planteado anteriormente? No lo sé, pero quien lo ha planteado en estos momentos en un proyecto de ley que


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ha salido y está actualmente en el mercado ha sido el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno socialista.

El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión durante cinco minutos para ordenar las votaciones e inmediatamente después procederemos a las mismas. (Pausa.)

Señor Campuzano, ¿me ha solicitado usted la palabra?

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sí, señor presidente, para comunicar que vista la oferta de transacción de diversas enmiendas, entre ellas la 117, de Convergència i Unió, y las números 127 y 128, que afectan a la duración de la prestación. Convergència i Unió retira sus enmiendas en este apartado.

El señor PRESIDENTE: Estaban retiradas ya.

Señor Azpiroz.

El señor AZPIROZ VILLAR: Conocidas las enmiendas transaccionales 6 y 7, del Grupo Parlamentario Socialista, que afectan, como hemos comentado, a un tema nuclear, y visto que se aceptan los doce meses que pretendíamos como periodo de cese de actividad -aunque la escala no es la que más nos satisface- las vamos a aceptar y retiramos las enmiendas 11 y 24, que son con las que transacciona el Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Intervengo solamente a título informativo, y es que siendo el ponente de la ley el compañero Gaspar Llamazares y atendiendo también al interés de Esquerra Republicana de dejar claramente reflejado en el "Diario de Sesiones" cuáles son las enmiendas pactadas mediante la transacción con el Grupo Socialista, permítanme que mencione cuáles son las enmiendas que retiramos de la votación -las propias de Esquerra Republicana de Catalunya- para no confundirlas con las de Izquierda Unida y con las de Iniciativa per Catalunya Verds. Si me permiten, haré una relación sucinta. Retiramos de votación las enmiendas 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 164 y 165.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo en el mismo sentido, señor presidente, para anunciar la retirada de la enmienda número 90 de mi grupo parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Doña Uxue.

La señora BARKOS BERRUEZO: Quería anunciar la retirada de la enmienda número 79, que entiendo que viene ya recogida en la transaccional que a última hora nos ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y junto con ellas retiramos también dos cuestiones de estilo, las enmiendas números 73 y 78. Le ha sido comunicado ya al letrado de la Comisión.

El señor PRESIDENTE: Sí, ya están marcadas las tres.

Si no hay inconveniente por parte de ninguno de los portavoces, procedemos a las votaciones una vez escuchada la intervención de los mismos y, por lo tanto, quedan separadas del texto de la votación las enmiendas que han retirado SS.SS. En primer lugar, sometemos a votación las del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Las podemos votar en bloque, verdad, señora Barkos? (Pausa.) Entonces votamos todas las enmiendas vivas que quedan del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora BARKOS BERRUEZO: Perdón, presidente, lo había entendido mal, preferiría que fuera por separado.

El señor PRESIDENTE: Perfecto. Votamos en primer lugar las enmiendas de la señora Díez.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos ahora las enmiendas de la señora Fernández Davila, también en bloque.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Mixto, finalmente, votamos las enmiendas que quedan vivas de la señora Barkos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana - Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds. Se han pedido votaciones por separado, no por ustedes sino por parte de otro grupo parlamentario. Por lo tanto, votaremos en primer lugar la número 39.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar las enmiendas números 40, 43 y 52, del mismo grupo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación sometemos a votación el resto de las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana - Izquierda Unida.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. No hay ninguna solicitud de votación separada y por lo tanto las podemos votar en bloque, don Emilio.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, solicito votación separada de la 119.

El señor PRESIDENTE: Ya lo tenía anotado. Gracias, señor Campuzano.

Votamos la 119 en primer lugar.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sometemos ahora a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Por último, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. ¿Hay solicitud de alguna votación separada, señor Azpiroz? (Pausa.) Votamos, por lo tanto, en bloque.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votaremos ahora los textos transaccionales que ya conocen sus señorías. En primer lugar, las transaccionales 1, 4, 5, 6 y 7.

Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

En segundo lugar, la transaccional número 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

La transaccional número 3.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor AZPIROZ VILLAR: Señor presidente, salvo que yo me haya equivocado, me da la impresión de que ha habido una contradicción entre las enmiendas aprobadas, porque han sido aprobadas dos enmiendas que modifican una parte del artículo del proyecto de ley a instancias de Esquerra Republicana y de Convergència i Unió, y posteriormente acaba de ser aprobada una transaccional que en mi opinión no tenía ya percha para plantearse. En todo caso, se han aprobado dos cuestiones diferentes y habrá que resolver esta situación.

El señor PRESIDENTE: De ese problema no se preocupe porque en el artículo 114 está previsto que esas enmiendas se pueden presentar perfectamente, pueden seguir vivas para el Pleno, y ahí se subsanaría, por lo tanto, esa contradicción.

El señor AZPIROZ VILLAR: Es que están aceptadas. Hay dos textos diferentes aceptados.

El señor PRESIDENTE: Pues se mantienen vivas.

El señor AZPIROZ VILLAR: Entonces no sé cuál es el texto. ¿Cuál es el texto que queda?

El señor PRESIDENTE: Según las votaciones de las transaccionales, todas las transaccionales sometidas a votación han sido aprobadas.

El señor AZPIROZ VILLAR: No digo que no, pero antes han sido aprobadas modificaciones sobre el mismo artículo y el mismo objeto de la transaccional, luego hay una incoherencia en lo que esta Comisión acaba de


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aprobar. Es lo único que manifiesto a efectos de que se pueda subsanar conforme proceda reglamentariamente, si es que procede de algún modo.

El señor PRESIDENTE: Le repito, señor Azpiroz, como le había comentado antes, que desde la Mesa no vemos ningún problema. Están avocados a Pleno y se mantienen vivas las enmiendas correspondientes que ustedes eleven como voto particular en el plazo de cuarenta y ocho horas. En el Pleno lo resolveremos definitivamente.

Votamos a continuación el texto de la ponencia con las modificaciones resultantes de las votaciones que hemos realizado anteriormente y que constituirán, por lo tanto, el dictamen de esta Comisión.

Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Recuerdo a SS.SS. que, según el artículo 117 del Reglamento, los grupos tienen cuarenta y ocho horas para escribir o solicitar al presidente de la Cámara los votos particulares y enmiendas que crean convenientes.

Se levanta la sesión.

Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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