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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 517, de 14/04/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2010 IX Legislatura Núm. 517
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN
Sesión núm. 36
celebrada el miércoles, 14 de abril de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de Ley:

- Para la paralización del procedimiento de deslinde en la Marina de Empuriabrava. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001336.) ... (Página 2)

- Sobre declaración del paraje de Son Bosc en las Islas Baleares como zona de dominio público marítimo-terrestre. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001416.) ... (Página 5)

- Relativa al Real Decreto 1579/2009 del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/001449.) ... (Página 8)

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- Relativa a la regulación de la exclusión del etiquetado de los vinos sin denominación de orígen protegida (DOP) ni indicación geográfica protegida (IGP), de la variedad de uva de vinificación "Albariño". Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001481.) ... (Página 12)

- Relativa a la gestión integrada de los aceites y grasas usados de origen vegetal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001532.) ... (Página 15)

- Relativa al mantenimiento del Centro de Prevención de la Contaminación (Cepreco) en Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001555.) ... (Página 18)

- Relativa a las vías verdes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001566.) ... (Página 21)

- Relativa al inicio del trámite de incoación del nuevo expediente de deslinde del tramo de costa que afecta a los núcleos del Ayuntamiento de Marín (Pontevedra) que cuentan con edificaciones de histórica singularidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001586.) ... (Página 24)

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- PARA LA PARALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESLINDE EN LA MARINA DE EMPURIABRAVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001336.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca reunida para debatir y votar determinadas proposiciones no de ley.


Empezamos con el primer punto del orden del día, que es una proposición no de ley para la paralización del procedimiento de deslinde en la marina de Empuriabrava, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra la diputada Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Este grupo parlamentario no es la primera vez que se ocupa y preocupa de la situación que están viviendo miles de propietarios de la marina de Empuriabrava, afectados por el proceso de deslinde de la zona de dominio público marítimo-terrestre llevado a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. De hecho, en esta misma Comisión se han aprobado dos proposiciones no de ley que recogen distintas prescripciones dirigidas al Gobierno; pero a pesar de ello el procedimiento de deslinde en esa zona no ha sido rectificado. Por lo tanto el Gobierno está haciendo caso omiso una vez más a lo exhortado por una amplia mayoría de esta Cámara. Pero no solo esto, sino que además el Gobierno está desoyendo lo que la Generalitat de Catalunya ha indicado en relación con este proceso. Concretamente nos referimos al informe de 19 de septiembre de 2008 de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes que deslegitima el deslinde llevado a cabo por el ministerio. Por lo tanto, desde la Conselleria de la Generalitat, dirigida por el excelentísimo señor Nadal, del Partido Socialista de Cataluña, parece ser que hay disconformidad con este proceso, por lo que esperamos que en esta ocasión el Grupo Socialista, en coherencia con dicho planteamiento, preste su apoyo a la proposición no de ley que estamos defendiendo. De lo contrario, si el Grupo Socialista, en este caso representado por el compañero diputado don Àlex Sáez, no vota a favor de la paralización y rectificación en el proceso de deslinde, caerá en una auténtica e incomprensible contradicción, no solo con la posición de la Generalitat en este asunto, sino también con lo actuado por algunos ayuntamientos próximos y de su mismo partido, como es el caso de Roses, donde el grupo municipal ha acordado recurrir el proceso iniciado por el ministerio en aquella localidad.


En las otras ocasiones en que mi grupo ha defendido la paralización y cambio de directrices del ministerio en el deslinde de la marina de Empuriabrava ya destacamos la trascendencia y gravedad de las consecuencias que dicho proceso podía ocasionar en miles de propietarios, por cuanto una actuación de esas características es innegable que provoca en la zona afectada repercusiones de índole social, económica y medioambiental. Y precisamente por ello Convergència i Unió, mediante esta proposición no de ley, pretende que el Congreso inste al Gobierno no solo

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a paralizar el proceso de deslinde en cumplimiento de la proposición no de ley 161/637 aprobada en esta Comisión el pasado 10 de marzo de 2009, es decir hace ya prácticamente un año, sino que además se abstenga de actuar en la marina hasta que se realice un estudio exhaustivo con participación de todas las administraciones implicadas sobre el encaje o adecuación de la aplicación de la Ley de Costas en esa zona del litoral de Girona. Por consiguiente, ese estudio es fundamental y necesario, habida cuenta de las peculiaridades del territorio donde se pretende llevar a cabo el deslinde, aparte de las importantes repercusiones que puede suponer para los miles de propietarios afectados. En su momento también hicimos referencia a esas especificidades de la marina de Empuriabrava, que la han convertido en uno de los principales motores económicos del Empordà.
Concretamente es importante recordar que se trata de una urbanización formada por canales navegables donde las embarcaciones pueden acceder a las propiedades privadas desde el mar. Es la marina residencial más grande de Europa. Para dar un ejemplo de su magnitud diremos que dispone de unos 5.000 amarres. Esta área residencial se empezó a construir en 1967, por lo tanto antes de la actual Ley de Costas, y se traspasó a la Generalitat mediante decreto en 1981. Desde su construcción la marina de Empuriabrava ha supuesto una fuente importante de ingresos para la zona, y la incertidumbre que en estos momentos pesa sobre sus propietarios está afectando muy negativamente a miles de personas y a sus economías.


Por todo ello, Convergència i Unió cree que debe replantearse el procedimiento iniciado por el Ministerio de Medio Ambiente, y cumpliendo el mandato de esta Cámara, que se paralice el deslinde recabando más información y elaborando el estudio que hemos reclamado en la proposición no de ley que ahora debatimos, que esperamos que sea aprobada por todos los grupos parlamentarios y, en especial, por el Grupo Socialista en coherencia con lo manifestado por su conseller de la Generalitat en el informe antes mencionado.


La señora PRESIDENTA: No se ha presentado ninguna enmienda, así que empezamos un turno de fijación de posiciones de menor a mayor. Por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, el señor Canet tiene la palabra.


El señor CANET I COMAS: También en coherencia con lo que hemos estado defendiendo en esta Cámara en relación con este tema, y coincidiendo con el grupo proponente hoy en otras proposiciones no de ley, damos ya de entrada nuestro apoyo al texto de su proposición no de ley. Queremos recordar que justamente en esta misma Comisión no hace tanto tiempo un alto cargo del ministerio dijo textualmente con relación a Empuriabrava: Cataluña ha recibido una transferencia de determinadas competencias derivadas de la Ley de Costas y seguimos trabajando, pero casi le puedo garantizar que casi todas las propiedades que están situadas en Empuriabrava no están en dominio público, sino que están en servidumbre de protección.


Nosotros pensamos que, como ha recordado la diputada Surroca, la competencia exclusiva que demandamos para la Generalitat de Catalunya no deriva de la Ley de Costas del año 1988, sino de normativas anteriores; en concreto, al menos una de 1980, efectiva a partir del día 1 de enero de 1981, que era el real decreto que traspasaba precisamente los puertos que no eran de interés general a la Generalitat de Catalunya.
Posteriormente, en el año 1988 se aprobó la Ley de Costas, que ya excluía también a Empuriabrava por no ser precisamente puerto de interés general.
Desde nuestro punto de vista, la marina de Empuriabrava no es un bien de dominio público marítimo-terrestre adscrito a la Comunidad Autónoma de Catalunya al amparo del artículo 49 de la Ley de Costas, sino que la marina de Empuriabrava es un puerto deportivo cuya titularidad fue transmitida por el Estado a la Generalitat de Catalunya con efectos, como decía, desde el 1 de enero de 1981. Por ello, en virtud de ese traspaso, y no de la Ley de Costas, en el año 1998 la Generalitat aprobó una ley de puertos de Catalunya que excluía expresamente, y además lo matizaba muy bien en su reglamento posterior del año 2005, la zona de Empuriabrava. A nuestro juicio la competencia de la Generalitat es clara en todo lo que atañe a Empuriabrava y sus edificaciones, por lo cual pensamos que el malestar era perfectamente evitable. Además podríamos acudir también al Estatut de Catalunya del año 2006, que ratifica, porque esos artículos no han sido recurridos, todo ese corpus legal al que se está aludiendo, desde el traspaso del año 1980 hasta el Estatuto de Autonomía del año 2006.


Insisto, por tanto, en que la marina de Empuriabrava no es, a nuestro juicio, un bien de dominio público marítimo-terrestre adscrito a la Comunidad Autónoma de Catalunya, sino un puerto deportivo cuya titularidad fue transmitida por el Estado. Esperamos, por tanto, un cambio de actitud no solamente en el Grupo Socialista, sino también en el ministerio, acorde con lo que se está aprobando reiteradamente en esta Cámara. Y esperamos, como decía la diputada de Convergència i Unió, que todo el mundo sea coherente con lo que defiende en otros ámbitos políticos del Estado.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Nadal tiene la palabra.


La señora NADAL I AYMERICH: La cuestión que se trae a debate y votación a esta Comisión esta tarde no es un tema nuevo, puesto que la paralización del procedimiento de deslinde del dominio público marítimo-terrestre de la marina de Empuriabrava fue objeto de debate, fue objeto de votación ya el pasado día 10 de marzo, como se ha recordado anteriormente por otros intervinientes. Lo que se aprobó, quiero leerlo textualmente; fue aprobado por el Congreso de los Diputados, y en el petitum de la proposición no de ley aprobada en esta Comisión se recogía exactamente lo siguiente: Se

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insta al Gobierno a paralizar el procedimiento de deslinde del dominio público marítimo-terrestre de la marina de Empuriabrava que está llevando a cabo la Dirección General de Costas. Señorías, ha pasado más de un año y vemos nuevamente que la política de eslóganes del Gobierno se reproduce, y se reproduce en el desprecio al Parlamento. Se están poniendo en evidencia, cada día con más fuerza, sus incumplimientos. Hay un mandato político del Parlamento al Gobierno para que se produzca la paralización, insisto, política de eslóganes, de pondremos el Parlamento en el centro de la vida política, y en cambio incumplimientos. He de decir, señoría, que tanta insistencia cuando estaban en la oposición y tan poca diligencia ahora que están en el Gobierno.


He de decir que mi grupo parlamentario ya se posicionó, como digo, el pasado día 10 de marzo del año 2009, a través de nuestro portavoz en esta Comisión, a través de don Carlos Floriano, y lo que planteábamos es que no se trataba de un problema competencial, ya que las competencias en la delimitación del espacio de dominio público son exclusivas del Estado.
Ahí, naturalmente, discrepo de la interpretación del cuerpo normativo que hace el señor Canet. En esta nueva iniciativa, como el grupo proponente indica en la exposición de motivos, aparentemente no se pretende -abro comillas- entrar en considerar a qué Administración compete o no la cuestión, y tampoco la intención de generar a través de esta iniciativa una revisión o reforma de la Ley de Costas. Sin embargo, nos proporciona un nuevo punto de debate, que es la realización -abro comillas- de un estudio exhaustivo con participación de todas las administraciones implicadas sobre el encaje o adecuación de la aplicación de la Ley de Costas en esa zona del litoral gerundense.


Señorías, ha transcurrido más de un año, pero la paralización no se ha producido. Entendemos que la paralización del proceso administrativo no es la solución. Tenemos una ley, la Ley 22/1988, de Costas, de 28 de julio, que defiende los derechos constitucionales con el loable objetivo de preservar el litoral español, al que creo que ninguno de los miembros de este Parlamento puede oponerse. Lo que sí nos preocupa, y nos preocupa mucho porque afecta especialmente a una zona de Cataluña en la que tiene especial importancia el turismo y el turismo de costa, es la dimensión que está alcanzando la aplicación de esta ley. Recientemente la alarma social por este tema ha llegado hasta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El Parlamento se hace eco de la necesidad de aclarar si se han producido abusos en la aplicación de la ley, y así ha decidido ponerse en contacto por los mecanismos ordinarios con el Gobierno español para que dé explicaciones a las autoridades europeas sobre los detalles de este proceso que ha sido iniciado por el Gobierno socialista. El Parlamento Europeo también se ha interesado, y ha interesado a la Comisión Europea, sobre si la aplicación retroactiva de esta ley supone una verdadera vulneración de los derechos fundamentales de los afectados, y la idea surgida de la opinión mayoritaria de los parlamentarios europeos es la de que lo que ha habido es auténtica arbitrariedad o, por lo menos, capricho en las actuaciones de las autoridades españolas en la aplicación de la ley. La posición del Grupo Popular, señorías, sigue siendo la misma que manifestamos el día 10 de marzo; entendemos que es necesario recopilar toda la información necesaria y escuchar a los afectados. El Gobierno parece no querer dejar ninguna puerta abierta a los afectados de cara a buscar una solución. Y eso, he de decir que por lo menos es inquietante, cuando las realidades, las casuísticas que se producen en la delimitación son muy dispares.


Retomando el contenido de la proposición que hoy debatimos, nos preocupa la propuesta de que se tenga que realizar un estudio exhaustivo, cuando se supone que al analizar el deslinde se estudia toda la información disponible. Por otra parte, la realización de un estudio puede paralizar de forma indefinida la toma de una decisión, que en este caso afectaría a toda la provincia de Gerona. Esto supondría mantener en la incertidumbre a los propietarios y a los afectados. Y en este sentido -es una propuesta que hago desde mi grupo parlamentario al grupo proponente-, sería interesante, quedaría mejor plasmada esa voluntad si se fijara un plazo para tener elaborado ese estudio por el Gobierno. Se propone en la realización de este estudio además la participación de todas las administraciones implicadas. Y aquí quiero hacer una simple reflexión: las administraciones implicadas podrán dar su opinión, pero la competencia de la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, es una competencia del Estado. Naturalmente, deben participar en ese estudio no solo todas las administraciones implicadas, también los afectados, pero en cualquier caso dejando claro que la competencia en el deslinde del dominio público marítimo-terrestre es del Estado.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sáez.


El señor SÁEZ JUBERO: Compartimos la problemática económica y social que plantea la iniciativa del grupo proponente de Convergència i Unió, si bien quisiéramos señalar o matizar que en la práctica el deslinde del dominio público marítimo y terrestre y la aplicación de esta franja de seis metros colindantes a la servidumbre de tránsito no implicaría necesariamente la remodelación, reordenación urbanística ni demoliciones; significaría, eso sí, que sobre las propiedades privadas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre podría serle de aplicación un régimen transitorio previsto en el artículo 27 de la Ley de Costas, que establece en determinadas condiciones el mantenimiento de las obras e instalaciones sitas en la zona de servidumbre de paso. Cabe señalar que la situación de las marinas interiores tiene en nuestra demarcación casi un aspecto singular, que al menos este diputado no conoce que se produzcan en otras provincias de España; es el caso de Empuriabrava, es el caso también de Santa Margarita en Rosas. Es conocido, así se ha manifestado por los compañeros

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que me han precedido en el uso de la palabra, y especialmente el diputado señor Canet, que existen diferencias de criterio sobre el alcance de las competencias en relación a la servidumbre o franja de servicio náutico, en lo que se denomina interior de la marina. Si bien no se discute en ningún caso las dos administraciones implicadas, la iniciativa del ministerio de delimitar los bienes de dominio público terrestre conforme al artículo 132 de la Constitución y la reconocida en el artículo 11 de la Ley 22/1988, de Costas, la Generalitat de Catalunya defiende que la marina de Empuriabrava pasó a ser titularidad de la Administración de la Generalitat sobre la base de la competencia exclusiva sobre puertos y otras infraestructuras de transporte que no tienen calificación de interés general; y con ello el régimen jurídico aplicable y la delimitación de la zona de servicio que afectaría a la marina de Empuriabrava debería respetar las facultades de titularidad de dominio público.


Es evidente esta discrepancia en la interpretación del régimen de servidumbre y la legislación aplicable en este supuesto entre ambas administraciones, la legislación estatal -la Ley de Costas- o la normativa autonómica -la Ley de Puertos de Cataluña-, al régimen de marinas interiores. Por consiguiente, para mi grupo parlamentario sería deseable que el diálogo entre administraciones pudiera encontrar una solución satisfactoria, que por un lado evitara ese posible conflicto de competencias, y por otro lado diera solución a la problemática planteada por los afectados, vecinos y propietarios de Empuriabrava. En este sentido nos parece que la iniciativa, especialmente en lo que se refiere a lo que plantea del estudio exhaustivo con la participación de las administraciones implicadas para dar solución, nos parece adecuada en el bien entendido de que no paraliza necesariamente el procedimiento de deslinde. Por eso compartimos también en parte esa parte dispositiva de la iniciativa de Convergència i Unió, porque introduciría un elemento más de garantía en un proceso especialmente complicado y que afecta a muchas personas y propietarios en Empuriabrava, en una situación muy especial de marina interior, y que también afecta en otra marina interior, que es el caso de Santa Margarita de Rosas. Con ello desearíamos, por tanto, llegar a un acuerdo en ese informe, en la línea que plantea el grupo de Convergència i Unió, y por tanto votaríamos la iniciativa favorablemente.


- SOBRE DECLARACIÓN DEL PARAJE DE SON BOSC EN LAS ISLAS BALEARES COMO ZONA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001416.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del 2.º punto del orden del día, proposición no de ley sobre declaración del paraje de Son Bosc en las Islas Baleares como zona de dominio público marítimo-terrestre, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Nuestro grupo parlamentario presenta una proposición no de ley con una finalidad muy clara, clarísima: instar al Gobierno español a declarar en un plazo no superior a tres meses el paraje conocido como Son Bosc, en la isla de Mallorca, como zona de dominio público marítimo-terrestre. Esta es la petición, creo que razonable; aun cuando pudiera considerarse que es una petición de máximos, es la garantía para que finalmente esta finca, este paraje, que está situado colindante al Parque Natural de s'Albufera, pueda continuar siendo una finca en la que no pueda construirse, siendo una finca virgen, que no se pueda construir el proyectado campo de golf. Nosotros entendemos que es fundamental que este campo de golf no se construya. De hecho, lo considera Esquerra Republicana, pero también ha sido motivo de reivindicación por colectivos ciudadanos de las Illes Balears, por grupos políticos y por el Gobierno, por el Gobierno de las Illes Balears. De hecho parece como si tuviéramos que trabajar contrarreloj, porque existía ya en el anterior Gobierno una voluntad clara para que fuera posible hacer este campo de golf, que a nuestro entender ponía en peligro el medio. Téngase en cuenta que hoy día ya hemos superado el estadio en el que todavía tenían un cierto predicamento aquellos modelos de explotación de la industria turística basados en parámetros ya caducos, y que hoy día se ha impuesto el parámetro de la industria turística basado en criterios de sostenibilidad y de buscar la excelencia de la oferta, en este caso de la oferta relacionada con la naturaleza.


Téngase en cuenta que el Parque Natural de s'Albufera es un recinto, un territorio de un gran interés natural, que de hecho es visitado a lo largo del año por decenas de miles de personas, y que la presión urbanística, la presión demográfica puede ponerlo en jaque. Hay que superar aquellas actuaciones y aquellas dinámicas propias de otros tiempos que no tenían o no contemplaban la presión urbanística en los límites de estos espacios. Y entendemos que, como caballo de Troya, la construcción de este campo de golf podría actuar como catalizador de un proceso de degradación del medio, con todo lo que significa no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino por las repercusiones que tiene respecto a este nuevo modelo de explotación turística basado en el equilibrio del medio y la sostenibilidad. Por esto nosotros, sin ningún reparo, instábamos al Gobierno a hacer esta declaración de dominio público marítimo-terrestre. Que por cierto, no debería sorprenderle a nadie que Esquerra Republicana -yo sé que la diputada Salom me espera con los cuchillos afilados, los cuchillos de la dialéctica-, que yo, de hecho, le daría todo mi apoyo si usted estuviera de acuerdo en ir hacia una reforma constitucional que permitiera que las comunidades autónomas

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tuviéramos la competencia para hacer los procesos de declaración de dominio público marítimo-terrestre. Pero hoy por hoy, como que el sol sigue saliendo por Antequera, esto no es posible. De hecho, quien puede hacerlo es el Gobierno español, porque le compete por razón constitucional. De manera que vamos donde hay que ir, e iríamos a otro sitio si tuviéramos claro que la competencia pertenece a otro sitio. De hecho, recurrimos a Europa cuando hace falta y vamos al Gobierno español cuando constitucionalmente las cosas son como son.


Debo decirles que estamos agradecidos, y de hecho celebramos la diligencia y además la sabiduría de la enmienda que nos ha planteado el diputado socialista don Pablo Martín, porque de hecho, quizás con mayor información, quizás con el conocimiento de causa que le permite tener una interlocución lógicamente más ágil con el ministerio que este diputado, aun cuando estamos de acuerdo en la finalidad, presenta una enmienda que lo que hace es marcar el procedimiento. Y efectivamente, la enmienda que presenta el diputado Pablo Martín viene a decirnos que hay que revisar, para llegar donde queremos llegar, el expediente de deslinde -el 08/02-, y concretamente de la delimitación de la zona de servidumbre de protección. Y nosotros decimos: muy bien, diputado, vamos por donde vamos, estamos de acuerdo, el objetivo es este, pero le pedimos un poquito más de esfuerzo, ya que coinciden la voluntad del Grupo Socialista, la voluntad del Grupo de Esquerra Republicana, la voluntad del Gobierno de las Illes Balears. Y decimos: Vamos a garantizar que seguro que tenemos éxito. Nosotros presentamos una transaccional que pretende dar una vuelta de tuerca, y añadimos: Así como la adopción de todas aquellas otras medidas factibles encaminadas a la protección y preservación efectiva del paraje conocido como Son Bosc. Es decir, es tanto lo que nos jugamos que vamos a utilizar -repito- procedimentalmente distintos caminos. El más importante, el que plantea el diputado don Pablo Martín, que es el camino para converger en el objetivo de la declaración de dominio público marítimo-terrestre. Puestos en ello, vamos también a garantizar el éxito final con la adopción de otras medidas. Ahí hay aves, es un territorio donde hay unas especies muy concretas respecto a la fauna, pues vamos a contemplar si también es necesario abrir el camino de lo que es una ZEPA, o vamos a ver si es un lugar de interés comunitario. Ustedes me entienden; en un continuo de ítems que quizá también vale la pena contemplarlos como variables, aun cuando reconozco -por esto estamos tan satisfechos- que la enmienda que presenta el Grupo Socialista es la que procedimentalmente marca el camino para llegar a la declaración de dominio público marítimo-terrestre.


Solamente quiero pedir el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto, de Convergència i Unió, porque tengan en cuenta y sepan que el acuerdo es de verdad muy satisfactorio para la defensa del medio ambiente en las Illes Balears, y le corresponde al Partido Popular, lógicamente, ir a la contra. Por esto estamos satisfechos de que no se van a salir con la suya.


La señora PRESIDENTA: Se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista, que la defenderá el diputado señor Martín Peré.


El señor MARTÍN PERÉ: Lo cierto es que debo comenzar mi intervención haciendo mención a una suerte de casualidad parlamentaria, si me permiten que utilice esta terminología tan exótica, porque ha querido la coincidencia que recientemente -ayer, sin ir más lejos- se debatiera en el Parlamento autonómico de las Islas Baleares una propuesta con materia absolutamente conexa con la que hoy debatimos aquí en esta Comisión. Eso sí, materias conexas pero por supuesto objetivos diametralmente opuestos entre lo que ayer se debatió y lo que hoy aquí estamos discutiendo.
Fundamentalmente porque el Partido Popular ayer planteó una proposición de ley, junto con una formación política llamada Unión Mallorquina, en la cámara autonómica, por la que pretendían que se legalizara o se aprobara el proyecto de un campo de golf sobre el paraje de Son Bosc mediante esa intervención parlamentaria. Decía que los objetivos de una y otra son diametralmente opuestos, y en consecuencia también me permitirán que diga que lo que supone dicha circunstancia es que pone también de relieve que existen dos modelos absolutamente diferenciados entre lo que es la defensa del territorio propio, así como también un entendimiento ya obsoleto sobre lo que es la creación de riqueza en el mismo. Así, por una parte mientras tenemos a quienes defienden el interés particular o el beneficio de unos pocos frente al interés general de otros, justificando la construcción de un campo de golf en un paraje que se caracteriza por la riqueza de su biodiversidad, en función de unos supuestos réditos económicos que, insisto, única y exclusivamente solo benefician a unos pocos, se pretende otorgar de esta manera por parte del Partido Popular un valor económico a lo que en realidad no tiene precio.


Frente a ese modelo, insisto, existe otro modelo defendido por otras formaciones políticas, en las que por supuesto está el Partido Socialista, quienes anteponen la protección medioambiental que preconiza el artículo 45 de la Constitución Española, y entendiendo en consecuencia, en aplicación de dicho artículo, que en este caso el interés general es la protección del medio ambiente y no el de unos pocos. Es probable que mi homóloga en el Partido Popular, la señora Salom, cuando haga la defensa de sus posiciones se base fundamentalmente en la intervención, porque no podría ser de otra manera, que hizo ayer el portavoz autonómico en el Parlamento de las Islas Baleares. Dicha intervención estuvo sobre todo amparada por una supuesta legalidad que reviste al proyecto de construcción del citado campo de golf. La citada legalidad o supuesta legalidad, déjeme que le diga, señora Salom, que no es tal desde el momento en el que la Comisión Insular de Urbanismo del Consejo Insular de Mallorca

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decretó o declaró caducado el interés general para la construcción del campo de golf. En consecuencia, si ese interés general ya está caducado y no se ha solicitado de nuevo o no se ha otorgado de nuevo ese interés general, deviene prácticamente imposible -e ilegal, en consecuencia- la construcción de ese campo de golf, por mucho que en su día por parte del Consistorio Municipal de Muro se hubieran otorgado las licencias pertinentes.


Por otra parte, no deja de resultar curiosa una contradicción -no sé si han reflexionado al respecto-, en cuanto a que ustedes defiendan la absoluta legalidad de dicha propuesta y, sin embargo, necesiten de una proposición de ley a través del parlamento autonómico para justificarla.
Según tengo entendido yo, en un Estado de derecho algo que ya es legal de por sí no necesita que después se tengan que hacer proposiciones de ley para crear una situación ex novo sobre la que había constituida anteriormente. Y también es posible que se pretenda argumentar que había ciertos informes que decían que no se dañaría la biodiversidad existente en el paraje. Déjeme decirle de esos informes, que si bien es cierto que existen algunos, también existen otros en sentido contrario, como el recientemente publicado por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, el cual declara la zona de Son Bosc como probablemente la zona con mayor riqueza en materia de biodiversidad de toda Mallorca, y se refiere a una modificación que podría ser de carácter irreversible en el supuesto de que se procediera a la construcción de ese campo de golf. En este sentido, y siguiendo precisamente con las justificaciones que podría haber por el Partido Popular, es necesario recordar que la primera zona de protección que se estableció cogía una amplísima porción de donde hoy en día se incardinaría el proyecto de campo de golf. Posteriormente, y a partir de 2003, el Gobierno del señor Matas - no hace falta que diga lo célebre que se ha convertido este político del Partido Popular por las decisiones adoptadas durante su mandato en los últimos tiempos- cambió la delimitación, que justamente coincide de manera práctica con lo que es el proyecto que hoy en día pretendía aprobarse.


En consecuencia, la propuesta que se formula por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es una propuesta sobre la que estamos completamente de acuerdo en el fondo; naturalmente vamos por el mismo camino en lo que supone la defensa o la protección de ese terreno, en el que, insisto, su biodiversidad en materia tanto de fauna como de flora la convierte en una de las más importantes de las Islas Baleares. Si bien tenemos que decirles, como ustedes ya saben, que en los términos en los que viene redactada su proposición no de ley no podemos aceptarla por motivos legales, puesto que en la forma, insisto, más bien es una cuestión de forma, como viene redactada no tendría incardinación dentro de lo que es la actual Ley de Costas. En consecuencia, hemos planteado esa enmienda, si bien de acuerdo con la intervención del diputado señor Tardà, estoy absolutamente seguro de que podemos encontrar o encontraremos la vía en forma de una propuesta transaccional para llegar a un acuerdo, puesto que, insisto, el camino que recorremos es el mismo entre ambas formaciones políticas, y no creo que haya el más mínimo inconveniente en que lleguemos a un acuerdo común.


La señora PRESIDENTA: Fijación de posiciones, de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Salom tiene la palabra.


La señora SALOM COLL: Señoras y señores diputados, aquí estamos discutiendo una iniciativa planteada por Esquerra Republicana de Catalunya en la que ha quedado claro que Esquerra Republicana y PSOE van en la misma dirección y en el mismo camino, como decía ahora su portavoz: no quieren que se construya un campo de golf en la isla de Mallorca; este es el objetivo. Y yo quiero explicarles que estamos hablando de la construcción de un campo de golf sin oferta complementaria en la zona norte de la isla, donde hay un conjunto importante de establecimientos turísticos hoteleros que se reunieron todos en un momento determinado porque consideraban que era bueno y necesario que aquella zona tuviera un campo de golf, sin oferta complementaria. Con lo cual el daño que se hace es mínimo. Lo primero que quería preguntarles es: ¿es bueno o malo que haya campos de golf en España y en las islas Baleares? Todo el mundo está de acuerdo en que es necesario; España, país turístico, Baleares, comunidad que vive al cien por cien del turismo y es necesario fomentar todo lo que es turismo de deporte, entre ellos el náutico, el senderismo, y evidentemente el turismo de golf; porque el turismo de golf es un turismo que tiene un determinado poder adquisitivo, además y de manera fundamental permite prolongar durante una serie de meses la temporada turística en las Islas Baleares. Esto es fundamental para la economía y para el mantenimiento de los puestos de trabajo, para que los contratos en materia turística en vez de ser de tres meses, que afectan a cientos y a miles de personas de las Islas Baleares, puedan ser contratos de seis, de siete o de ocho meses, prolongando la temporada de turismo y fomentando los campos de golf. En definitiva, de manera objetiva ningún grupo político está en contra de que se pueda construir un campo de golf en una determinada zona de España porque eso es beneficioso para el sector turístico.


El campo de golf tiene que cumplir la legalidad vigente y tener todos los permisos. El campo de golf de Son Bosc empezó los trámites administrativos en el año 1998, y en el año 2008, Gobierno del pacto de izquierdas en las Islas Baleares, presidido por el señor Antich, con los cinco partidos que lo apoyan, otorgó todas las licencias, todos los permisos, todas las autorizaciones para que se pudiera hacer este campo de golf en la zona norte de Alcudia, en el municipio de Muro. Con lo cual, al representante del PSOE cuando me habla de dos modelos, uno que defiende el PP de intereses particulares y los que defienden los intereses generales,

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le digo que aquí quien aprobó y dio todas las licencias fue el actual Gobierno de las Islas Baleares, porque consideraba que era bueno y necesario para Baleares. Todo lo que ha dicho de que en otros tiempos se hacía de una manera y ahora han llegado los buenos y se hace de otra, no, no. Quien otorgó todas las bendiciones para que se hiciera este proyecto urbanístico fue el actual Gobierno del señor Antich. Hubo grupos ecologistas que protestaron y plantearon un recurso en contra de estas licencias. Así fue por parte del GOB en las Islas Baleares y de determinados colectivos. Presentaron un recurso al Defensor del Pueblo; el Defensor del Pueblo lo tumbó y dio la razón al campo de golf; plantearon un recurso en la Unión Europea y lo perdieron.


En este momento hay que ser respetuosos con la legalidad vigente, y si en un momento de crisis económica como la que hay en España, que nadie invierte un euro, resulta que hoy hay un grupo de empresarios que están dispuestos en la Comunidad Autónoma de Baleares, donde la crisis está destruyendo miles y miles de puestos de trabajo, a llevar adelante un proyecto empresarial de construir un campo de golf que es beneficioso para el turismo de Baleares, donde no hay una urbanización detrás, no hay oferta complementaria, únicamente es un campo de golf, yo creo que hay que ser respetuosos y dar la enhorabuena a estos empresarios, porque esto ayuda al turismo y ayuda a la generación de una actividad empresarial.
Los políticos vamos en contra del interés general de Baleares torpedeando ese proyecto empresarial. Vamos en contra de los intereses generales de las Islas Baleares. Son unos señores que tienen todos los permisos y que hoy, en tiempo de crisis, están dispuestos a arriesgar, a invertir dinero; es una inmoralidad que los políticos quieran tumbar este proyecto empresarial. Después ustedes hablan, y aquí me referiré al Grupo de Esquerra Republicana, de autonomía, y de la soberanía, y de que tienen que poder decidir. Ayer sin ir más lejos el Parlamento de las Islas Baleares, por mayoría absoluta da el OK, da el visto bueno a la construcción del campo de golf de Son Bosc. Dejen que las cosas se decidan desde Baleares; deje Esquerra Republicana que sean las Islas Baleares las que decidan. ¿Qué opinaría Esquerra Republicana si, por ejemplo, Unión del Pueblo Navarro planteara una iniciativa en el Congreso para tumbar un proyecto en Cataluña, la construcción de un campo de golf? No les parecería bien, dirían: En Cataluña tenemos que decidir nosotros desde nuestra soberanía, desde nuestro poder y desde nuestras instituciones qué es lo que queremos hacer en un tema en que la comunidad autónoma tiene plenas competencias. Que nos dejen decidir a nosotros en Baleares. ¿O es que acaso Esquerra Republicana quiere que al quitar el campo de golf en Baleares la economía en Baleares vaya peor y sí se hagan los campos de golf en Cataluña para que haya más turismo en Cataluña? ¿Eso es poner una traba, un palo en la rueda a la economía de las Islas Baleares para que vaya en beneficio de Cataluña? Porque ustedes de Esquerra Republicana, que tienen capacidad de gobierno en Cataluña, no están en contra de los campos de golf, no han suprimido ningún campo de golf, no han quitado ningún campo de golf, están de acuerdo en que eso es bueno para el turismo. ¿Por qué no nos dejan que en Baleares decidamos lo que consideramos que es bueno para nuestra comunidad autónoma?

No se escuden en la protección del medio ambiente, porque ese proyecto es total y absolutamente responsable y respetuoso y protector del entorno natural, de las especies protegidas, tanto animales como plantas; se protege de forma total la biodiversidad en aquella zona. Y le explicaré: la presión del GOB motivó que la Conselleria de Medi Ambient en el año 2008 recurriera acometer un plan de conservación de la Orchis palustris en Mallorca, que después de profundos estudios realizados por los profesores de la Universidad de Valencia y examinados por los pertinentes consejos de Medio Ambiente del Gobierno Antich, se acaba aprobando. El Convenio Ramsar, este organismo reúne a más de 154 Estados miembros y vela por la conservación de los humedales, autoriza este proyecto porque dice que es totalmente protector de todo lo que se tiene que proteger la naturaleza en aquella zona. Por lo tanto, no existe ningún peligro para el Parque Natural de s'Albufera. Las especies que se tienen que proteger y todo lo que se tiene que cuidar, mimar y enaltecer, porque es un patrimonio natural de Baleares, en la finca de Son Bosc, se protege. Es un proyecto que mejora la excelencia turística, del que hablaba el portavoz de Esquerra Republicana, y es un proyecto que ha pasado todos los controles administrativos y tiene todas las licencias.


En consecuencia, pido a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa porque va en beneficio del conjunto de la sociedad balear.


La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, en relación con la enmienda que se ha planteado y la propuesta de transaccional, ¿alguna consideración muy breve, solo respecto a la enmienda?

El señor TARDÀ I COMA: Yo he redactado la transaccional y la ofreceré a los grupos.


La señora PRESIDENTA: Perfecto.


- RELATIVA AL REAL DECRETO 1579/2009 DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO SOBRE ORDENACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ADAPTACIÓN AL FONDO EUROPEO DE LA PESCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/001449.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 3.º del orden del día, para la defensa de la proposición no de ley relativa al Real Decreto 1579/2009 del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino sobre ordenación

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del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra la diputada señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, presentamos esta proposición no de ley porque el real decreto al que se acaba de hacer referencia, el 1579/2009, en su artículo 5.º expone las limitaciones de potencia máxima en los buques de hasta doce metros de eslora, de doce a quince metros de eslora total, tanto en los buques de nueva construcción o en los que se instalen obras de modernización. En el Bloque Nacionalista Galego, que tratamos este problema en el momento en que se tramitó la Ley 9/2007, reconocemos que este decreto ha significado una mejora en los nuevos parámetros. Pero desde nuestro punto de vista, y atendiendo a la realidad del sector en Galicia, siguen siendo insuficientes para la flota gallega tanto de bajura, de marisqueo a flote, la extracción de percebe, las embarcaciones que se utilizan para trabajar en las bateas, etcétera. No se corresponde exactamente, como digo, con la realidad la asociación que se pretende establecer entre la potencia de los motores y el esfuerzo pesquero. Es posible, señorías, que esta normativa sea válida para el mar Mediterráneo u otras zonas del Estado español, pero no para Galicia donde las condiciones meteorológicas y el estado de la mar son mucho más adversas; y por tanto es necesaria una mayor potencia en las embarcaciones para poder trabajar en condiciones de seguridad. Yo antes hacía mención a las embarcaciones que se utilizan para el trabajo en las bateas, donde en más de una ocasión ha ocurrido que en momentos meteorológicos difíciles, de temporales, las personas no pueden irse de la zona donde están trabajando porque el motor no tiene la suficiente potencia; y el motor no tiene la suficiente potencia en este caso porque no se permite que, dado el tamaño de la embarcación, pueda dotarse de ese motor necesario.


Digo que puede ser la normativa válida para otras zonas del Estado español, pero que en Galicia en el conocimiento que nosotros tenemos del sector exactamente no lo es, y también nos permite aseverar esta cuestión una respuesta que nos da el Gobierno a una pregunta que sobre esto hicimos, y en la que se recoge que se han presentado en todo el territorio del Estado 3.000 solicitudes basándose en este real decreto y de acuerdo a lo que se establece en la Ley 9/2007, 3.000 solicitudes de embarcaciones para su regulación. Lo curioso del caso es que se nos informa también en esta misma respuesta de que en Galicia las solicitudes para esa regulación son 2.270. El caso es que prácticamente todas las embarcaciones para las que se ha solicitado la tramitación para la regulación de acuerdo al decreto y a la ley ya han sido resueltas; pero en el caso de Galicia quedan 1.626 embarcaciones. Los datos me parecen importantes, primero conocer el nivel de embarcaciones que existen en Galicia comparativamente con el resto del Estado español, y que por ello es necesario tener en cuenta que estas embarcaciones no solo son consecuencia del trabajo en la extracción pesquera exclusivamente, sino que está muy relacionado con esas otras actividades, también relacionadas con el mar, relacionadas con la pesca, que tienen que ver con la recogida de percebes, con el marisqueo a flote o la necesidad de utilización de embarcaciones para el trabajo en bateas de mejillón, de ostra, etcétera.
Es decir, esas embarcaciones necesitan un determinado motor con una potencia que les permita actuar sobre todo en momentos de emergencia, pero en cambio no les permiten una embarcación mayor; estamos hablando concretamente de aquellas que tienen que actuar en las zonas de bateas.
Aquí hay diputados y diputadas gallegos, y los que no lo son seguramente que conocen esto también por su territorio o porque conocen Galicia, pero hay zonas del mar de nuestras rías o de nuestra costa donde los grupos de bateas, además de numerosas, están muy cercanas unas a otras por lo que es imposible que en esa situación, en esas circunstancias puedan acceder a esas zonas embarcaciones más grandes de las que lo hacen en este momento. En cambio, esto lo decimos porque lo transmite el sector y además lo transmite porque ya se encontró en muchísimos problemas por esta razón, no impide que tengan la necesidad de unos motores que les permitan, como dije con anterioridad, salir de la zona en momentos de peligro o en momentos de emergencia.


No estamos inventando nada. Me sorprende que pueda haber diputados y diputadas que conocen esa realidad de Galicia, como conocemos nosotros, que no sean sensibles a la solicitud que estamos haciendo que, como digo, ya planteamos cuando en el debate y tramitación de la Ley 9/2007. El hecho de que a estas alturas aún esté el 70 por ciento de embarcaciones sin regular en Galicia es una demostración de lo que estamos diciendo, porque no están reguladas precisamente por las dificultades y porque las personas tratan de resolver este asunto. Hay que recordar que el plazo para la regulación de estas embarcaciones finalizaba el 30 de junio, que precisamente por la imposibilidad de esa regulación se permitió una moratoria de seis meses y que esa moratoria ya finalizó. La respuesta que nos dio el Gobierno es del 5 de febrero, y el 5 de febrero el Gobierno reconoció que existen en este momento 1.600 expedientes de solicitud de regulación de embarcaciones gallegas que aún no están resueltas. Yo no digo que la Consellería del Mar de Galicia tenga su responsabilidad, pero somos conocedores de que el problema fundamental son las grandes dificultades que tienen los propietarios de estas embarcaciones para poderlas adaptar, desde el punto de vista de la eslora, a las necesidades de la potencia de los motores que ellos tienen.


No tenemos problema en aceptar la enmienda que nos propone el Grupo Popular porque respeta la propuesta que nosotros hacemos, hace un cambio de modificación de doce metros de eslora por quince metros; no tenemos problema en aceptar ese cambio, igual que no tenemos problema en aceptar el cambio donde hace

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referencia a los técnicos. Sí que le agradecería al Grupo Popular llegar a algún acuerdo siguiendo unas formas que, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego y como grupo nacionalista, nos parecen importantes, que se haga referencia al Estado, al Estado español, al territorio del Estado español, etcétera, en la medida en que para nosotros como nacionalistas es importante; y si eso el Grupo Popular lo acepta estaríamos dispuestos a esta transacción.


La señora PRESIDENTA: Se ha presentado una enmienda por el Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Señora Fernández Davila, por empezar por esto último: nunca serán estos temas los que dificulten algún tipo de entendimiento o de acuerdo porque en el fondo, como después explicaré, la enmienda no va por ahí. Quiero empezar haciendo dos consideraciones previas a esta iniciativa, antes de entrar en la defensa de la enmienda.
La primera de ellas es que el real decreto al que se está refiriendo toda esta iniciativa, el 1579/2009, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca, ha tenido, a nuestro juicio, y ya lo dijimos en su momento en algunas comparecencias con el secretario general del Mar o incluso con la ministra, un importante retraso, una tardanza, poco justificada en su publicación. En ese sentido voy a recordar que este real decreto se publicó el pasado 10 de octubre, pero el reglamento comunitario del cual deriva el real decreto, la trasposición de este real decreto, estaba ya publicado desde el 15 de agosto, pero no del año 2009 sino del año 2006; es decir, ha habido una tardanza, a nuestro juicio inexplicable.


Derivado también de esto podría decirles que, a pesar de esta tardanza en la publicación, nos ha parecido que ha quedado incompleto este real decreto porque no ha resuelto un tema básico, básico para las embarcaciones de bajura a las que se refería la portavoz del Bloque Nacionalista Galego cuando hablaba de la singularidad de muchas de estas embarcaciones en la comunidad gallega; de hecho también existen en otras comunidades del Estado español y donde hay barcos también de esloras pequeñas, donde hay marisqueo a flote; donde, por ejemplo, en Galicia se extrae el percebe y los percebeiros también utilizan embarcaciones de pequeño calado para acercarse a las rocas donde vive esta especie tan apreciada, degustada y a veces inaccesible por su precio, como es el percebe. Pero, como decía, no ha resuelto el problema básico para estas embarcaciones, que es el de la potencia de la cual pueden disponer.


La incorporación en el real decreto de estas limitaciones de potencia máxima en los buques de hasta doce metros -es como dice el real decreto, doce metros de eslora total- tanto para las nuevas construcciones como para las que puedan estar realizando obras de modernización o de mejora, viene ya regulada en una ley, que es la Ley 9/2007 sobre regularización y actualización de inscripción de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el censo de la flota pesquera operativa.
Hay que decir que no ha resuelto esta regularización, a pesar de que, como recordaba hace un momento, en la comparecencia donde tratamos este tema el señor Martín Fragueiro era optimista y decía que iba a suponer la solución para prácticamente la totalidad de la flota. Nosotros le decíamos en aquel momento que no compartíamos ese optimismo -también tuve ocasión de decírselo cuando discutimos la proposición no de ley sobre este mismo asunto que trajimos como Grupo Parlamentario Popular a esta misma Comisión, al portavoz socialista en aquella ocasión-, y él me decía que quedarían prácticamente todos los barcos solucionados. Bien, pues a día de hoy, después de documentarme y actualizar la información de la que disponíamos en el grupo, les tengo que decir que siguen sin regularizarse dos terceras partes de estas embarcaciones y que la solución que plantea este real decreto en cuanto a los problemas relacionados con la potencia tampoco es la adecuada.


Estamos de acuerdo con la señora Fernández Davila en que la fijación de los topes de potencia de las embarcaciones de bajura, en las de marisqueo a flote y de la extracción de percebe requiere escuchar, como dice en su proposición, a las entidades, a las organizaciones (es uno de los aspectos que contempla nuestra enmienda, a la cual se ha referido la proponente diciendo que aceptaría), que también se escuche a los técnicos porque son los técnicos los que, a nuestro juicio, van a hacer esa valoración precisa de las condiciones operativas de las embarcaciones, sobre todo teniendo en cuenta que esta valoración debe ser realizada con un factor primordial para nuestro grupo, que es la seguridad. Y nadie mejor que los técnicos para valorar este aspecto.


Igualmente entendemos, como ha dicho la señora Fernández Davila, que en estas modalidades de pesca la potencia no es un elemento determinante en la consideración del esfuerzo de pesca; es más, yo diría que es que casi ni interviene el término de la potencia, por lo que siempre se puede jugar con márgenes más amplios a la hora de fijar la potencia máxima a disponer en estas embarcaciones. De ahí la segunda parte de nuestra enmienda, y es que, en coherencia con la ley a la que me he referido hace un momento, la Ley 9/2007, debe incorporarse en este tope de potencia a las embarcaciones que tengan su eslora máxima total entre 12 y 15 metros, ya que la Ley 9/2007 fija una diferenciación clara entre las embarcaciones de menos y de más de 15 metros y no dice nada de menos ni de más de 12 metros. Si dejáramos tal y como está redactada la proposición no de ley quedaría ahí una laguna, un vacío para aquellas embarcaciones que estén comprendidas entre 12 y 15 metros. También agradezco que la portavoz del Bloque Nacionalista Galego lo haya entendido así y que podamos incorporar mediante esta enmienda que las embarcaciones, que en este momento superan más del centenar, que han quedado fuera de esa regulación que el propio

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real decreto establecía, tengan una salida al amparo de esta nueva disposición, si el Gobierno modifica la ley. Podemos modificar la ley o buscar otras salidas, pero en todo caso mejorando el actual marco normativo.


Por otro lado, aunque yo creo que es conocido por todos, como ha dicho también la proponente que es la costa gallega la que sufre condiciones más adversas, entendemos que no debe excluirse en esta proposición no de ley el estudio de este mismo tema para el resto de las zonas pesqueras, para el Cantábrico, para el Atlántico Sur, para Canarias, para el Mediterráneo, etcétera. Y así que se determine, una vez que se estudie este tema, si debe haber un baremo único o diferentes según las zonas de pesca o las comunidades a las que me estoy refiriendo.


Una última observación es que siempre hay que tener cuidado de que no se aprovechen de estas medidas generosas a la hora de fijar el tope de potencia para estas embarcaciones aquellos que utilizan estas embarcaciones para actos digamos que ilícitos (todos sabemos a qué me estoy refiriendo, y algunos de ellos, por desgracia, son frecuentes en mi tierra). Yo creo que en esto sí hay que ser cuidadoso, en que se haga una utilización adecuada de la potencia en estas embarcaciones para el fin al que se destinan.


Como les decía, hemos presentado una enmienda digamos que de modificación, aunque en parte es de adición y en parte de sustitución, pero vamos a dejarlo en que es una modificación al texto inicial, en tres cuestiones que ya he apuntado y que ahora repito y con esto termino, señora presidenta. En primer lugar, en cuanto a la fijación de la eslora, pasando de los 12 a los 15 metros, para no generar discriminaciones, y que sea de aplicación para el resto de las zonas pesqueras y no solamente para Galicia, dando entrada y participación a los técnicos para que puedan opinar y puedan hacer sus valoraciones en algunos casos mejor que nadie. Por lo tanto, leo la enmienda tal y como queda: Modificar la normativa vigente en materia de potencia propulsora máxima permitida a buques menores de -antes decía 12- 15 metros de eslora total, para su adaptación a la realidad de las necesidades de la flota pesquera gallega -y añadimos- y nacional (la proponente nos dice: y del resto del Estado español, o redacción similar, que luego pasaremos a la Mesa y que aceptamos) al objeto de posibilitar el incremento de la potencia propulsora y por tanto la legalización plena y viabilidad en el futuro de estas embarcaciones con puerto base en Galicia -añadimos: y en el resto de España-, así como la navegación de las mismas con criterios de seguridad en la mar y mayor calidad de vida en su trabajo.


El último párrafo sería: Para la fijación y determinación de los nuevos topes y condiciones de propulsión se contará con el contraste y la participación -aquí hemos añadido- de técnicos competentes y -como decía la redacción original- de las entidades y organizaciones del sector pesquero gallego -añadimos- y nacional de bajura, marisqueo a flote y extracción de percebe.


Esto es todo y yo creo que no habrá ningún problema con estos matices o no matices, pero en cuestiones que no alteran el fondo de la proposición no de ley, y si, como ha dicho la portavoz proponente, se acepta, pues facilitaremos a la Mesa la redacción definitiva. Por nuestra parte agradecemos que se acepte porque creo que queda mejorada la redacción inicial.


La señora PRESIDENTA: En trámite de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Catalán el señor Jané tiene la palabra.


El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, con mucha brevedad simplemente quiero manifestar el apoyo de Convergència i Unió a esta proposición no de ley defendida por el Bloque Nacionalista Galego y por su diputada Olaia Fernández, en el sentido de buscar en determinados supuestos una especificidad porque el territorio así lo demanda, porque la propia orografía de las bateas exige unas dimensiones, unas embarcaciones a las que sin embargo después la potencia, vía real decreto, uniforme como es, no permite realizar su actividad. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo y consideramos oportuna esta proposición no de ley.


Al hilo de la misma queríamos abrir en esta Comisión una reflexión que este portavoz ya ha reproducido en otros debates: en ocasiones deberemos entender que las regulaciones en materia de pesca deben tener en cuenta la especialidad de la zona en donde esa normativa después va a aplicarse.
En este sentido, y como diputado por Tarragona, desde la Cofradía de Pescadores de Tarragona y su propio patrón mayor y presidente, don Esteba Ortiz, en reiteradas ocasiones se nos pide buscar la especificidad del Mediterráneo, de qué manera podemos y deberíamos intentar buscar que determinados requisitos técnicos que en ocasiones se exigen por igual a todas las embarcaciones fueran distintos cuando afectan, por ejemplo, a una embarcación que es utilizada un número de horas mucho menor porque las propias condiciones de esa actividad pesquera son mucho menores. Por ejemplo hay especificidades, como la propia revisión de los ejes de cola de las embarcaciones, que en determinados supuestos y en determinados sectores y en determinados ámbitos, concretamente en el Mediterráneo, son exigencias muy costosas teniendo en cuenta la media de horas que después salen a la mar. Por tanto, al hilo de esta reflexión oportuna y que compartimos del Bloque Nacionalista Galego en esta Comisión, quería reivindicar esa necesidad de que en el ámbito de la pesca seamos capaces también de buscar aquellas regulaciones que desde un ámbito territorial pueden ser más adecuadas para el tipo de pesca, para las horas de pesca, para la actividad pesquera que en esa zona determinada se pueda realizar.


Nada más, felicidades a la proponente por esta iniciativa, que entendemos que defiende a su sector, a sus pescadores y concretamente a los que trabajan en las bateas con esas condiciones geográficas determinadas,

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y esperemos que pueda tener finalmente la unanimidad de todos los grupos.
No entenderíamos en este caso que hubiera grupos con presencia también en Galicia que después no aprobaran una proposición no de ley como esta.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Díaz Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Gracias, señor Jané, por la invitación que me hace, pero lo siento, no me convenció. Mi grupo va a decir que no a esta propuesta, y entiende razonables las explicaciones que se dieron aquí, y entiende razonable que el Mediterráneo tenga un tratamiento específico, y entiende razonable que si en algún caso la nueva normativa no funciona se revise. Pero, dicho esto, la nueva normativa es de octubre de este año, solamente pasó un invierno por ella, un invierno muy especial, y es una normativa que en principio modifica de forma muy generosa las circunstancias anteriores. Les voy a dar algunos datos, porque en abstracto parece que no cambió nada.


Las embarcaciones de hasta 4 metros pasaron de una potencia de 10 a 45; las de 5 metros pasaron de 20 a 50; las de 6 metros pasaron de 25 a 65; las de 7 metros pasaron de 40 a 80; las de 8 metros pasaron de 55 a 110; las de 9 metros pasaron de 80 a 180; las de 130 a 220, y las de 160 a 270. No me dirán ustedes que no hay un cambio sustancial. Y estas embarcaciones que se dedican a los percebes, que son embarcaciones pequeñas que normalmente no superan los 9 metros, y también a las bateas, vieron duplicada con el decreto su potencia, luego no se puede decir que esto no tiene en cuenta la realidad.


Hay una cuestión que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta; y es un decreto conjunto de Pesca, que se preocupa, digamos, de la capacidad extractiva, y del Ministerio de Fomento, que se preocupa de la seguridad.
El tema de la seguridad es fundamental porque de nada vale que ahora multipliquemos caballajes por libre y que mañana nos encontremos con que cuatro, cinco o seis embarcaciones no aguantan con el caballaje que tienen y se producen accidentes en el mar y al final aparece un responsable, el ministerio, por haber hecho estas autorizaciones imprudentes.


El Gobierno se está curando en salud en el tema de seguridad. Aquí, señor García Díez, hubo técnicos que estudiaron el tema de la potencia que podía tener cada tipo de eslora, no es un tema hecho al aluvión; se consultó también a diversas comunidades autónomas, la de Galicia también fue especialmente consultada, y el resultado final es este. Yo digo: estamos abiertos, si se demuestra que esto al final en algún tema es mejorable puntualmente, a entrar en esa reforma puntual, no hay ningún problema, pero dejemos que en principio el tema se experimente un poco más.


Señor García Díez, señora Fernández Davila, ustedes como yo conocen nuestro país, y por muchos cambios que hagamos en la regulación no vamos a conseguir que todas las embarcaciones se regularicen, pero ni aquí ni tampoco en otras zonas. No se va a conseguir. No es un problema, digamos, de potencia, son otros problemas, a veces estructurales, los que subyacen detrás. Además, ya digo, nosotros pensamos que hay un avance importante y que si hay que modificarlo hay que tener en cuenta siempre el tema de la seguridad, que la vida de un hombre vale mucho más que una embarcación. Y digo: si pasado el tiempo se demostrara que las potencias aprobadas inciden negativamente en la seguridad, aceptaríamos revisarlas al alza, y si inciden también negativamente en la seguridad porque se pasan, aceptaríamos asimismo revisarlas a la baja.


Señorías, gracias por su atención, vamos seguramente a perder pero vamos a seguir siendo coherentes. (Risas.)

- RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DEL ETIQUETADO DE LOS VINOS SIN DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA (DOP) NI INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA (IGP), DE LA VARIEDAD DE VINIFICACIÓN "ALBARIÑO". PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001481.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la proposición no de ley que aparece en el punto 4.º del orden del día, relativa a la regulación de la exclusión del etiquetado de los vinos sin denominación de origen protegida ni indicación geográfico protegida de la variedad de uva de vinificación albariño. La ha presentado el Grupo Popular, y para su defensa tiene la palabra el señor Pérez Arca.


El señor PÉREZ ARCA: Lo primero que tengo que decir es que es para mí todo un honor y una satisfacción poder dar traslado al Parlamento de la nación de una petición unánime del sector vitivinícola gallego, y en concreto de las cinco denominaciones de origen de Galicia; un sector importante que emplea a más de 1.000 personas de forma directa y a otros empleados de manera indirecta, que cuenta con más de 650 bodegas y que además de llegar a ser una inestimable fuente de riqueza y empleo se ha convertido en una seña de identidad más de nuestra tierra gracias al trabajo bien hecho y la apuesta decidida por la calidad. Demanda que hay que recordar que llega además a esta Cámara avalada por el apoyo de las instituciones gallegas: en este caso tanto la Xunta de Galicia como el Parlamento gallego se han pronunciado en el mismo sentido, en el Parlamento gallego se aprobó en su día una proposición no de ley en la que se pedía preservar una serie de variedades de uvas de vinificación; y ya más recientemente, el pasado 2 de marzo, el Senado se une a esta demanda a través de una moción del Bloque

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Nacionalista Gallego que incide en esta misma necesidad.


¿Qué es lo que pedimos? Pues ni más ni menos que acabar con la amenaza que se cierne en forma de competencia desleal sobre el sector vitivinícola gallego, y para ello haciendo uso de las posibilidades que otorga la legislación actual, ni más ni menos que lo que ya se está planteando en otros países, como por ejemplo el caso de Italia. Y es que la posibilidad de que aparezcan sin control ni garantía alguna de calidad, de veracidad, etcétera, mencionadas en el etiquetado de los vinos al margen de las denominaciones de origen o de las indicaciones geográficas protegidas, nombres de uvas de vinificación estrechamente vinculadas o mayoritariamente asociadas a determinados territorios de Galicia abre, a nuestro juicio, una puerta peligrosa a la competencia desleal, al fraude, o cuando menos a la confusión para el consumidor.


No obstante, a la hora de plantear esta proposición no de ley decidimos centrar nuestro discurso en la variedad de uva albariño, por tratarse de nuestra variedad más emblemática, por ser quizá la más urgente de preservar y por ser el caso más claro y más fácil de explicar. Esto no significa una renuncia a estudiar el resto de variedades, pero entendemos que lo que hoy hemos logrado, porque ya sabemos que vamos a contar con el apoyo del Partido Socialista y de otros grupos, lo que hoy hemos logrado para el albariño es un primer paso y un gran éxito para la denominación de origen. Y es importante ir poco a poco dando pasos con el mayor consenso posible, y tiempo habrá de seguir hablando del resto de variedades. En este sentido quiero decir que yo siempre soy optimista y no pierdo la esperanza. No hace mucho el Partido Socialista, en un pasado bien cercano, y lo pude comprobar a raíz de la comparecencia del secretario de Estado el pasado 17 de marzo, estaba anclado en una aparente, en una férrea posición numantina que parecía inamovible, y hoy parece que es posible el acuerdo. En este sentido quiero aprovechar la ocasión para agradecer al diputado Domingo Tabuyo su voluntad de llegar a acuerdos, al igual que agradezco a todos los grupos el apoyo que han manifestado que comprometerían a esta iniciativa.


Y si antes hablábamos de riesgo de confusión, de posibilidad de fraude en lo concerniente al caso concreto del albariño, hay una serie de datos que debemos tener en cuenta. La denominación de origen Rías Baixas, donde se destina el 96 por ciento del suelo a la uva albariño, en un primer momento llegó a llamarse Albariño al amparo de la legislación española.
La historia de la denominación de origen Rías Baixas comienza en el año 1980 cuando se recoge en el BOE del 11 de octubre la denominación específica Albariño. Más tarde, y debido a las necesidades de adaptar la legislación española a la comunitaria, que exigía que las denominaciones de origen debían denominarse por alguna referencia al lugar geográfico donde se producen, se cambió por el nombre de Rías Baixas. Pero en el ideario colectivo siguió presente el nombre Albariño para referirse a los excepcionales vinos blancos de las Rías Baixas. Lo normal al pedir un vino de Rías Baixas es escuchar ponme un albariño y no un rías baixas. En Cambados, capital del albariño, una villa maravillosa e invito a todo el mundo a que la conozca porque es un sitio precioso, hacen una fiesta anual dedicada a este vino. Hay un parador en esa población, que también se llama del Albariño. Por otro lado, si preguntamos en voz alta en cualquier foro de dónde es el albariño o incluso si hacemos una encuesta por España, está claro que lo mínimo que nos van a decir es que es un vino gallego.


Y la gran pregunta es: ¿y qué podemos hacer para evitar el más que evidente riesgo de competencia desleal? Pues como decíamos al principio de la intervención, simplemente hacer uso de la legislación, y en concreto de la nueva OCM del vino, el mismo reglamento que permite que figure en el etiquetado de los vinos de mesa el nombre de uvas de vinificación también contempla dos excepciones concretas, que son en los siguientes casos: en el primero, cuando exista riesgo de confusión para los consumidores sobre el verdadero origen del vino debido a que la variedad de uva de vinificación sea parte integrante de una denominación de origen o indicación geográfica protegida existente; creo que el riesgo está más que argumentado, también se lo decía el otro día al secretario de Estado, blanco y en botella, y en este caso no es leche, es albariño.
Y en segundo lugar, si los correspondientes controles de verificación no fueran económicamente viables por representar la variedad de uva de vinificación en cuestión una parte muy pequeña de los viñedos del Estado miembro. En este caso también creemos que se da. Tampoco quiero extenderme demasiado.


Antes de terminar me gustaría dejar clara una cosa: no nos oponemos a que la variedad de uva albariño se emplee en otros lugares, siempre que sea bajo el paraguas de las denominaciones de origen. Es más, celebramos que se usen las variedades gallegas y que se sigan empleando para hacer vinos de excelente calidad que se hacen en otros lugares, como en Cataluña o en Portugal, pero eso sí, siempre al amparo y bajo la cobertura y el paraguas que suponen los consejos reguladores.


Por lo tanto creo que debemos acogernos a esta posibilidad. Es de justicia, no podemos dejar solos a aquellos que con su trabajo y esfuerzo generoso han contribuido ya no solo a generar renta, riqueza y empleo, sino también a hacer país.


La señora PRESIDENTA: Se han presentado dos enmiendas, por el Grupo Mixto y por el Grupo Socialista. Para defender la enmienda del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Presentamos esta enmienda porque, estando de acuerdo con la propuesta que hace el Grupo Popular en relación con la denominación de origen del albariño, entendemos que también

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sería conveniente llegar a un acuerdo más global y que tuviera en cuenta otras variedades que están igualmente afectadas, como el albariño, en Galicia.


Desde nuestro punto de vista, sería conveniente hacer uso legal del Reglamento 607/2009 de la Unión Europea a fin de regular la exclusión de las variedades de uvas más emblemáticas de cada una de las cinco denominaciones de origen de Galicia, a fin de evitar que estas puedan ser utilizadas para poder contraetiquetar vinos en otras comunidades autónomas o regiones de la Unión Europea. Nosotros entendemos que este decreto permite hacer lo que nosotros planteamos, ya que en el mismo se indica que los Estados miembros podrán elaborar para los vinos producidos a partir de variedades en su territorio listas de uvas de vinificación excluidas, sobre todo, llega a matizar este reglamento, si existe riesgo de confusión para los consumidores sobre la auténtica procedencia del vino, ya que la variedad de uva de vinificación es parte integrante de una denominación de origen. Esto en Galicia ocurre no solamente con el albariño, ocurre con el godello, en las zonas de Valdeorras y Monterrey, y también por ejemplo con el mencía.


Iniciativas como las que hoy presenta el Grupo Popular, y nosotros hemos presentado otras semejantes pero del tenor de la enmienda presentada en el Senado hace muy poco, es desde nuestro punto de vista muy importante para el sector, no solo vitivinícola y vinícola de Galicia, sino también en general para el sector agrario. Hay que recordar que después de la entrada del Estado español en la Comunidad Económica Europea el sector agrario de Galicia fue objeto de una grandísima crisis de la que aún no se ha restablecido. En los años noventa se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo en el sector agrario, y comento esto porque fue justamente a partir de los años ochenta cuando de una manera mucho más reforzada se fue desarrollando esta política industrial del sector vinícola y también vitivinícola. De ahí que es necesario cuidar, preservar y apoyar esos grandísimos esfuerzos que se están haciendo, que permitieron que hoy los caldos gallegos tengan una calidad relevante y que son consecuencia del trabajo esmerado de aquellos que son responsables en esta cuestión, pero también de las características orográficas del propio país, ya que muchas veces la calidad de la uva tiene que ver con la orientación que las plantaciones tienen en relación con el viento, con el sol, etcétera. Y esto no lo decimos por decir, sino que es una realidad que desde luego cualquier técnico en estas cuestiones puede corroborar.


De ahí que si el Gobierno quiere apoyar, y se tiene voluntad de hacerlo, al sector agrario en Galicia, debería apoyar esta proposición no de ley del Grupo Popular que está orientada al sector del vino con medidas que nosotros ampliamos en nuestra enmienda. Esa es la razón por la que hemos presentado la enmienda desde el Bloque Nacionalista Galego.


La señora PRESIDENTA: La enmienda del Grupo Socialista la defenderá el señor Tabuyo Romero. Tiene la palabra.


El señor TABUYO ROMERO: En primer lugar quiero agradecer a mis compañeros, en especial a Margarita Pérez Herraiz, que me hayan permitido llevar esta iniciativa, al no ser miembro de esta Comisión, en nombre del Partido Socialista, porque para mí, como cambadés, de la capital y epicentro del mundo del albariño, tiene singular importancia y un significado muy especial poder dar solución a esta iniciativa.


No en vano Cambados tiene reconocido su título de capital do albariño. En la intrahistoria de Cambados y del conjunto del Salnés el albariño tiene un capítulo muy destacado desde muy antiguo; y en fechas más recientes es en 1980 cuando nace la denominación específica Albariño, recogida en el Boletín Oficial del Estado del 11 de octubre de ese año. Debido a las necesidades de adaptar la legislación española a la comunitaria, y como no podía emplearse el nombre de una variedad de uva en la denominación general de una zona, la Conselleria de Agricultura, Ganderia e Montes de la Xunta de Galicia, en una orden del 17 de marzo de 1988 reconoce la denominación de origen Rías Baixas. Y aquí está la madre de todas las batallas. Porque en la cultura popular y en la del mundo vitivinícola, e incluso en la de la enología del más alto nivel, la referencia es siempre a los vinos albariños y no a los rias baixas, que es entendida como una referencia más geográfica, que ayuda a identificar la zona y queda para referencias oficiales, pero no sustituyó la denominación de los caldos producidos en estas tierras bajas próximas al mar de menos de 300 metros del altitud y a tramos inferiores de cursos fluviales con marcada influencia de la climatología atlántica.


Hay que tener en cuenta en estas referencias que a Cambados se le conoce, como dije, como capital del albariño. Al parador de Cambados, el Pardo Bazán, se le conoce como parador do Albariño. La fiesta de exaltación de nuestro producto más singular, por cierto, la más antigua de España de las fiestas gastronómicas, se lleva celebrando desde 1953, es la fiesta del albariño; los cursos enológicos, jornadas técnicas, rutas enoturísticas llevan el nombre de Albariño también; los medios de comunicación recogen que en las más prestigiosas catas internacionales se ha premiado por ejemplo a cinco albariños de Salnés, nunca o prácticamente nunca se utiliza Rías Baixas.


En la publicidad lo que se vende es albariño acompañado de la marca comercial respectiva. Podemos citar algunas: Martín Códax, Castrocelta, Castel de Fornos, Conde de Albarey, Vionta, Rosalía de Castro, por ejemplo. En el mundo de la cultura, de la promoción turística, los referentes de la creación literaria, como Ramón Cabanillas, Castroviejo, Cunqueiro, Valle Inclán o Pardo Bazán, entre otros, loaron y escribieron sobre las virtudes del vino albariño. Es decir, que detrás tiene

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el marchamo, la contraetiqueta de la denominación de origen del consejo regulador, pero lo que se vende y lo que se compra, lo que se promociona y lo que se pide es vino albariño. Esto, como se dice en mi tierra, tiene su aquel, porque en el conjunto de la denominación de origen significa unos 7.000 puestos de trabajo y engloba a muchos miles de familias entre viticultores, productores de uva y bodegueros, ocupación directa e indirecta; y se ha evolucionado desde el año 1987 hasta el año 2008 de 14 bodegas al número actual de 201, y de 237 hectáreas iniciales a las 3.646 actuales, consiguiendo ser seña de identidad del Salnés y referente de calidad. Y esto es relevante porque significa que un sector importante crea empleo, permite la supervivencia y la mejora de las zonas rurales, fija población al territorio, apuesta por la sostenibilidad y garantiza la calidad y la trazabilidad de todo el proceso bajo el paraguas de la normativa de la denominación de origen de calidad y control. El albariño ha conseguido crear un nombre de referencia internacional con presencia en los mercados más exigentes y exclusivos y ha puesto en valor el mundo vitivinícola del Salnés con su apuesta de excelencia; ha creado una marca potente que se ha revalorizado gracias a la investigación constante, que ha permitido mejorar e identificar los valores propios centrados en levaduras autóctonas, etcétera, articulando el esfuerzo que en torno a todo esto realizan miles de familias que hacen de esta actividad su medio de vida.


Esto es lo que está en juego para el consumidor y para el sector: la claridad y la calidad sin ambages y sin margen de error. Y esto es lo que podemos evitar con la aplicación de la normativa europea, que permite evitar la competencia desleal mediante la exclusión de ciertas variedades de uva del etiquetado de vinos que no estén bajo una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida. Y más si existe el riesgo de confusión para los consumidores sobre el auténtico origen del vino. Sería tirar por la borda todo el esfuerzo realizado en el sector.
La singularidad y excepcionalidad de esta situación dentro del conjunto del universo de las denominaciones de origen de España es evidente y justifica la adopción de esta medida ante el riesgo de confusión, ya que el consumidor asocia albariño a una zona geográfica concreta. Y si no tomásemos esta iniciativa el riesgo de competencia desleal sería evidente. No se trata de limitar, sino de proteger y defender.


La enmienda de adición que hemos presentado destaca precisamente esta excepcionalidad y ha sido acogida favorablemente por el Grupo Popular.
Por lo tanto destaco también y valoro la actitud positiva del señor Pérez Arca y su voluntad de acordar para llegar a una solución satisfactoria para todos.


Quiero destacar también la importancia de que el ministerio y el Gobierno estén en sintonía con la petición que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rias Baixas ha formulado, así como el beneficio evidente que representa para todas las poblaciones del Salnés y de la provincia de Pontevedra que forman parte de la misma, por lo que supone de defensa y protección de sus intereses económicos y sociales.


Acabo, señorías, diciendo que hoy miles de familias del Salnés y de Pontevedra descansarán mejor gracias a este compromiso del Gobierno de España.


La señora PRESIDENTA: En fijación de posiciones, ¿algún grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)

Señor Pérez Arca, entiendo que la enmienda de adición del Grupo Socialista es aceptada por su grupo, pero, ¿en relación con la enmienda del Grupo Mixto?

El señor PÉREZ ARCA: En relación con la enmienda del Grupo Mixto, aun compartiendo el fondo de la misma, entendemos que la iniciativa de hoy estaba centrada en el caso del albariño, y como ya dije antes no significa que renunciemos, sino simplemente que queremos ir paso a paso estudiando cada uno de los casos, y el caso del albariño era el más urgente, por lo cual no lo aceptamos y lo dejamos para posteriores debates, y posiblemente ahí pueda contar por lo menos con la anuencia de nuestro grupo.


- RELATIVA A LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS ACEITES Y GRASAS USADOS DE ORIGEN VEGETAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001532.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del punto 5.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la gestión integrada de los aceites y grasas usados de origen vegetal, presentada por el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra el diputado Antón Ferré.


El señor FERRÉ FONS: Tratamos hoy de una cuestión ciertamente cercana y cotidiana para muchos de nosotros y que forma parte ya de una conducta habitual en nuestras tareas domésticas: la gestión de los residuos urbanos en general, y de los aceites y grasas usados de origen vegetal en particular. En este caso concreto, de los aceites y grasas vegetales o lo que conocemos vulgarmente como aceites de cocina, se pretende plantear aquí en clave parlamentaria la preocupación, el debate y las propuestas de mejora de la gestión de estos residuos que por su singularidad y su especial dificultad, sobre todo en cuanto a su traslado y al depósito, no han tenido una evolución tan favorable en su gestión como otros residuos domésticos como pilas, plásticos, cartones, etcétera. Se plantea además involucrando y, como no puede ser de otra manera, respetando escrupulosamente el ámbito competencial de cada una de las administraciones que juegan un papel trascendental en este contexto, me refiero tanto a las comunidades autónomas como, por supuesto, a los ayuntamientos, que son los verdaderos ejecutores de estas políticas.


No es un problema menor, créanme. La repercusión ambiental que puede llegar a tener la eliminación incorrecta

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de los aceites de cocina es muy grande y puede acarrear unas consecuencias muy graves. Es práctica demasiado habitual todavía la eliminación de estos aceites a través de los fregaderos, que luego se depositan directamente en la red de alcantarillado. Lamentablemente es una conducta demasiado extendida, además en muchas ocasiones el ciudadano incluso desconoce su alto poder contaminante y los efectos tan negativos que tienen estas conductas para el medio ambiente. Por tanto, estos vertidos siempre acaban suponiendo un grave perjuicio para el correcto funcionamiento del proceso de depuración de las aguas residuales y del funcionamiento de las depuradoras municipales. La incursión de estos aceites provoca un trastorno difícil de reparar y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema basado en algo tan elemental, tan básico como es completar el ciclo del agua.


Tampoco es un tema menor por su volumen, y sigo refiriéndome únicamente a los aceites manipulados en nuestros hogares, puesto que los de origen comercial, es decir, los de la restauración y el industrial agroalimentario tienen ya unos canales preestablecidos de gestión y de tratamiento. Según diversos informes, cada ciudadano consume de media unos 10 litros aproximadamente al año de aceite virgen. La operación es sencilla; una familia de cuatro miembros podría consumir en un año alrededor de 40 litros. Estos mismos informes estiman que el porcentaje de recuperación de este aceite virgen pueda ser de alrededor de un 60 por ciento. Significa esto que una ciudad como Madrid podría generar anualmente una cantidad cercana a los 18 millones de litros de aceite usado, o lo que es lo mismo, 18.000 metros cúbicos. Teniendo en cuenta que actualmente el volumen reciclado y recuperado es prácticamente insignificante, pienso que queda totalmente justificado el planteamiento de esta proposición no de ley.


Otra cuestión que en este ámbito es especialmente relevante es que, además del beneficio medioambiental que supone su correcta gestión, tiene el valor añadido de la reutilización, puesto que es un residuo muy apropiado para la fabricación del biodiésel. En este sentido, de su correcta valorización se pueden deducir otros beneficios ambientales, sociales y económicos muy evidentes, como pueden ser ahorro en el consumo de combustibles fósiles, reducción de emisión de CO2, oportunidades para mejorar nuestro modelo productivo, con la correspondiente oportunidad de creación de puestos de trabajo, etcétera.


Es indiscutible que en estos últimos años se ha avanzado notablemente en ese ámbito, y tanto el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 como el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, están siendo unos buenos instrumentos para la correcta gestión de los residuos urbanos en general y aceites en particular. Dicho marco normativo ha logrado incorporar también -y creo que es una pieza clave en este engranaje- en la conciencia del conjunto de nuestra sociedad los principios de prevención y reducción en origen, la responsabilidad tanto de los productores como de los consumidores, y la prioridad del reciclaje y la recuperación o la reutilización. Y estos principios han facilitado que la gran mayoría de ciudadanos de este país hayamos asumido con absoluta normalidad unas conductas domésticas cada vez más acordes con una correcta gestión de los residuos urbanos. Pero reitero que por lo que respecta a la gestión integrada de los aceites de cocina hay todavía un largo camino para recorrer. Por ello la proposición no de ley plantea instar al Gobierno a que articule los medios necesarios, esto es adecuación y ajuste del marco normativo, para avanzar decididamente hacia una gestión integrada de estos residuos que se adapte a las peculiaridades de los aceites y grasas usados de origen vegetal. Y todo ello para seguir contribuyendo a compatibilizar la mejora de nuestra calidad de vida con la mejora también de nuestro entorno. La prosperidad y desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras ciudades debe ser el encaje perfecto para una mayor y mejor preservación de nuestro medio ambiente.


La consecución de una óptima gestión de los residuos sólidos urbanos constituye actualmente un asunto clave en la sostenibilidad de nuestro territorio. Hoy en esta Comisión podemos dar un pequeño, significativo, diría yo, paso para lograr este objetivo.


La señora PRESIDENTA: En trámite de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular la señora Chacón tiene la palabra.


La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: Efectivamente tomo la palabra para posicionar a mi grupo en la iniciativa sobre gestión integrada de aceites y grasas usados de origen vegetal. Compartimos con el grupo proponente que se trata de un problema no resuelto, que los aceites de cocina usados de origen vegetal representan un residuo de alto poder contaminante y de difícil eliminación, y que evidentemente la repercusión ambiental que tiene la eliminación incorrecta de los aceites de cocina usados puede tener consecuencias muy graves. Si se tiran a través de la red de alcantarillado, las estaciones de depuración pueden verse dañadas. Y si se tiran a través de la red de alcantarillado en municipios donde no existen estaciones de depuración se está vertiendo directamente a cauces públicos, contaminando así los sistemas naturales, con lo cual también estamos castigando directamente nuestro entorno.


Es cierto, por tanto, que hay que ponerle remedio. Y curiosamente, si ustedes me lo permiten a título de anécdota, es en los municipios más pequeños en donde más se recicla domiciliariamente el aceite, y vemos cómo todavía en esos municipios más pequeños, como decía, de nuestro país, con ese aceite esas personas mayores hacen el jabón para lavar; pero es cierto que es un tema que se convierte en una asignatura pendiente.


Pero, señorías, me van a permitir que hagamos un poco de memoria colectiva y que nos remontemos a

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algunos años atrás. En enero del año 2000 se aprobó el primer Plan Nacional de Residuos Urbanos, que comprendía entre el año 2000 y el año 2006, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del 2 de febrero del mismo año, y en dicho plan, que se derivaba de la obligación legal que figura en el artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, establecía unos objetivos ecológicos a alcanzar en plazos determinados sobre la base de unos principios ambientales y de gestión de residuos que en lo sustancial siguen siendo válidos, como saben SS.SS., que abarcaban los residuos urbanos así como los residuos no peligrosos domésticos y los aceites y ciertos residuos de origen comercial, como los aceites y grasas vegetales. La resolución de 20 de enero del año 2009 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015, hace escasas referencias a los aceites vegetales.


En el borrador del Plan Nacional de Residuos Urbanos se contempla un programa de reciclaje constituyendo la implantación del sistema de recogida selectiva de aceites vegetales usados en las ciudades de más de 25.000 habitantes, y un programa de valorización energética estableciendo sistemas de recogida selectiva de aceites vegetales usados. En contraposición, el sector de los aceites industriales, esos sí eran considerados residuos peligrosos, está, como ustedes saben también, más desarrollado normativamente; los residuos peligrosos se regulan específicamente con el Real Decreto 833/1988, y existen modificaciones posteriores, como el Real Decreto 952/1997, etcétera, el Real Decreto 679/2006, que se dedica a aceites industriales usados, así como la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, y por la que se derogan determinadas directivas de aceites usados. O sea, que normativa, desde luego, no nos falta.


Si nos referimos al Plan Nacional Integrado de Residuos, efectivamente hace mención la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Socialista, el pasado 26 de febrero del año 2008 la ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, se apresuraba en presentar a los consejeros autonómicos del ramo el Plan Nacional Integrado de Residuos durante la última Conferencia Sectorial de Medio Ambiente previa a las elecciones generales. La necesidad de la obligación de elaborar planes queda recogida en la propia legislación estatal, la Ley 10/1998, de Residuos, así como algunas directivas europeas y la reciente Directiva para la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora en la eficacia de dicho uso.


Es cierto que nos encontramos algunos plazos finalizados en los periodos de vigencia de la mayoría de los planes nacionales de residuos. A finales del año 2006 el plan debería haber entrado en vigor; el plan tenía que haber entrado en vigor en el año 2007, y tal como estaba inicialmente proyectado, desde el año 2007 hasta el año 2015, el Plan Nacional Integral de Residuos se puso en marcha a finales del año 2008.


El caso es que cuando vemos la parte dispositiva de la proposición no de ley que nos ocupa, dice literalmente: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que articule los medios necesarios (adecuación y ajuste del marco normativo) para avanzar decididamente hacia una gestión integrada de estos residuos que se adapte a las peculiaridades de los aceites y grasas usados de origen vegetal". Y yo, con todos los respetos hacia el grupo proponente, que de entrada le digo que vamos a apoyar esta iniciativa sin mayor problema, pregunto: ¿qué le impide al Gobierno articular las medidas necesarias para avanzar en la gestión integrada de estos residuos?, ¿por qué no ha adecuado ya ese marco normativo? No entendemos qué falta hace presentar este tipo de iniciativas en el Congreso de los Diputados cuando todos los diputados que estamos presentes en esta Comisión y en esta Cámara sabemos que una proposición no de ley no es vinculante y que el Gobierno lo hará o no, según le parezca; cuando sabemos que una proposición no de ley no vincula las acciones que quiera emprender o no el Gobierno. Poner en marcha cualquier tipo de medidas de este tipo lo puede hacer sin ningún problema el Gobierno cuando lo estime oportuno. Cuando hay iniciativas que tenían que estar en marcha, cuando la ministra que está ahora, la que estuvo antes y el ministro anterior ya hablaban de la recogida de este tipo de residuos, cuando estamos hablando de reciclar aceites vegetales desde hace un montón de años en esta Cámara, cuando estamos hablando de coordinación entre las distintas administraciones, cuando algunas le corresponden al Estado pero evidentemente otras corresponden, como usted ha dicho muy bien en su intervención, no solamente al Estado sino a las comunidades autónomas y a los propios ayuntamientos, la verdad es que aprobar ahora este tipo de iniciativa en el Congreso de los Diputados me parece un poco surrealista. De todas maneras el Grupo Popular va a apoyar esta iniciativa en aras a que se avance sin duda, a que se haga algo más y se den pasos adelante. Pero desde luego es una asignatura pendiente, es una asignatura que tenía que estar ya aprobada con algún que otro notable y es un marrón que tenemos los ayuntamientos encima, que tienen las administraciones, no en el Congreso de los Diputados precisamente, las comunidades autónomas, los ayuntamientos sobre todo, y eso ya tenía que estar más que resuelto; y por supuesto que no se convierta en un cántico nuevo al sol y que sirva para que avancemos más, que sirva para que de verdad se apruebe esa asignatura pendiente que usted decía en su intervención y que sea para que de verdad nos sentemos y trabajemos.
Estoy convencida de que el Gobierno ya ha dado el OK desde el ministerio porque ya está dando algunos pasos más para que sea una realidad de aquí a poco tiempo, pues bienvenida sea esta iniciativa, aprobémosla y hagámosla realidad ya.


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- RELATIVA AL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN (CEPRECO) EN GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001555.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 6.º del orden del día, proposición no de ley relativa al mantenimiento del Centro de Prevención de la Contaminación en Galicia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Señorías, debatimos esta proposición no de ley que ha presentado mi grupo parlamentario, entre otras cosas como consecuencia de la decisión del Gobierno de la nación, una decisión yo diría que en penumbra, tomada sin luz y sin taquígrafos, una decisión ocultada bajo la reestructuración administrativa, pero que en un principio parecía ser el traslado del centro de prevención y la lucha contra la contaminación marítima y del litoral, conocido por las siglas de Cepreco, a Madrid desde la ciudad de A Coruña, en Galicia, para finalmente convertirse en lo que ha sido el desmantelamiento de este centro que tanto se vendió en su momento como consecuencia de lo que fue la triste experiencia que hemos vivido especialmente en nuestra tierra, en Galicia, con el hundimiento del buque Prestige. En aquella ocasión se vendió desde el Gobierno socialista como un gran impulso para lo que iba a ser la investigación, la prevención, los estudios, la coordinación, etcétera, para evitar o tratar de evitar futuras desgracias como las que ya habíamos vivido. Todo aquello fue visto con buenos ojos en general, yo creo que por toda la sociedad, por toda la clase política, era una medida aplaudida; aquí tuvimos ocasión de debatir con motivo de la subcomisión creada en la pasada legislatura para investigar las causas que propiciaron el hundimiento del Prestige, y como consecuencia de las propuestas de resolución que hicimos los grupos parlamentarios en aquella subcomisión en el tema del Cepreco, y a ello me referiré más adelante, ahora hemos visto cómo todo aquello que nace como una propuesta ilusionante se ha traducido en decepción.


Más allá de estas incoherencias hay otras más próximas, más cercanas, como ha sido que iniciativas similares a esta que hoy debatimos, que se han debatido en el Parlamento de Galicia, en el Ayuntamiento de la ciudad de A Coruña, en el Senado y que hoy debatimos aquí en el Congreso (y digo similares porque son prácticamente idénticas), han sido votadas de una forma o de otra, en función del sitio donde se han debatido, por el Grupo Socialista o por el Partido Socialista con los representantes que legítimamente tiene en cada una de estas instituciones. Hoy, yo no sé si aventurarme, pero creo que votarán en contra de esta propuesta probablemente, igual que hicieron en el Senado, pero no igual que hicieron en el Ayuntamiento de A Coruña y en el Parlamento gallego, donde sí votaron a favor de que se mantuviera en Galicia este centro.


Si se hubiera rectificado, si esto hubiera sido un error cuando se hizo la reestructuración del nuevo Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, confundiéndose las competencias del Ministerio de Fomento con las del antiguo Ministerio de Medio Ambiente, si hubiera sido un error involuntario y se hubiera rectificado, pues hoy no estaríamos discutiendo esta proposición no de ley. Pero cuando se persiste en el error es cuando se obliga a que los grupos de la oposición tengamos que plantear este tipo de iniciativas.


¿Por qué, a nuestro juicio, se debe mantener o se debería haber mantenido la ubicación del Cepreco en Galicia? Yo creo que no descubro nada nuevo si entre algunos datos les facilito nuevamente que es precisamente en Galicia, en las costas de Galicia, en los corredores que atraviesan las aguas gallegas donde se está generando un tráfico entre 40.000 y 50.000 buques al año. Y no son precisamente buques pesqueros ni buques de recreo, es que de esos 40.000, 45.000 buques que circulan cada año por el corredor de Finisterre o Fisterra hay 3.500 aproximadamente de características similares a lo que llamamos petroleros: 2.500 transportan productos químicos, son quimiqueros, y otros 2.000 aproximadamente son gaseros. No hará falta que les diga el tipo de riesgo que todos ellos llevan dentro.


Galicia ha sido una de las zonas con mayor número de desastres marítimos, y no porque en Galicia se gestione mejor o peor este tipo de cuestiones, sino por este volumen importante de tráfico, por la meteorología, por la orografía, las corrientes, etcétera. Por lo tanto yo creo que también es en Galicia donde hay una mayor conciencia para profundizar en lo que deben ser medidas preventivas que ayuden a evitar, o por lo menos a paliar los daños producidos por este tipo de accidentes. Y este tipo de centros de investigación, de coordinación de estudios tenía también la tarea de luchar en el día a día contra la contaminación que se produce en el litoral, junto a las labores de prevención.


Como les decía, desgraciadamente ya hemos tenido que sufrir en mi tierra la experiencia de tener que hacer frente a duras experiencias como la del Prestige o como otras anteriores (recuerdo la que tuvo a mi provincia en vilo durante muchos días, la del Exxon Valdez, aquel barco que estuvo a la deriva durante muchas jornadas con una carga realmente explosiva en su interior), y todo ello hace que no deba olvidarse, y mucho menos desconsiderar lo que hemos indicado, si queremos tener una respuesta eficaz frente a la contaminación marina. Sea la que sea, porque, señorías, los accidentes son previsibles, pero debido a su propia naturaleza, a los factores aleatorios que intervienen, estos accidentes muchas veces son inevitables. Desconocemos cuándo se van a producir, en qué punto del litoral, bajo qué condiciones meteorológicas o qué tipo de circunstancias se darán en la mar ese día. Asimismo también resulta para todos una incógnita qué tipo de buque va a sufrir ese accidente, qué

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sustancia contaminante transportará dicho buque, qué motivos más que razonables podemos añadir a esta lista no improvisada para hacer valer argumentos que abunden en la necesidad de disponer de un centro específico de estudio permanente de accidentes marítimos que esté ubicado en Galicia.


Se han esgrimido en alguna respuesta parlamentaria por parte del Gobierno razones justificativas de este traslado basándose en que hay que atender a otras zonas del litoral español. Bien, en referencia a la zona del Estrecho, que es la que se menciona en alguna respuesta parlamentaria, y más concretamente la bahía de Algeciras, sí que sabemos que está sometida a vertidos continuos, pero de dimensiones más reducidas, con una frecuencia que desde luego le da una singularidad específica; no las estamos desconsiderando, no las estamos despreciando, pero pueden ser valoradas por un centro específico de contaminación marina, y en todo caso tendrán la misma agilidad y la misma oportunidad para ser controladas, bien desde Madrid que desde A Coruña.


Yo, señorías, les quiero recordar lo que decía hace un momento, que durante la pasada legislatura varios de los diputados que estamos en esta sala, al menos tres que yo recuerde, estuvimos formando parte de esa subcomisión que analizaba las consecuencias del hundimiento del Prestige frente a las costas de Galicia. Y entre las propuestas de resolución que aprobamos todos estaba la de transformar el Cepreco en un centro similar al centro de investigación francés conocido con el nombre de Cedre. Pues bien, yo no sé si saben ustedes (yo les tengo que reconocer que al principio no lo supe y tuve que investigarlo, no es difícil, hoy con Google se sabe todo en dos segundos) dónde está ubicado el Cedre francés; pues no está en París. El Cepreco ahora ya no existe, pero se trató de que estuviera en Madrid y no en Galicia. El Cedre no está en París, sino en el equivalente a lo que sería el Finisterre francés, en la Bretaña francesa, en un pueblo llamado Brest, al borde del mar, cerca del paso de buques que surcan aquellas aguas, también zona de frecuentes accidentes.
Por algo será.


Son muchos los factores que denotan lo inadecuado del desmantelamiento del Cepreco, yo he citado algunos. Citaré a continuación otro que fue también objeto de propuestas de resolución de aquella subcomisión, como era la de elaborar un plan integral de contingencias en lo referido a las actuaciones en el mar. La Xunta de Galicia ya tiene el suyo, pero la Administración Central del Estado todavía, con sus competencias, no lo ha realizado. En este sentido, muy recientemente en Galicia se han pronunciado personas que no son precisamente políticos que pudiéramos estar debatiendo esto más o menos acaloradamente, son eminentes técnicos, son universitarios o profesores universitarios, catedráticos que han presidido comisiones, o concretamente el Observatorio del Litoral, como es el coordinador de aquel observatorio, el catedrático y ex rector de la Universidad de A Coruña, don José Luis Meilán Gil, que apuntó que de las 20 conclusiones generales y de las 65 recomendaciones que hicieron en su informe no se ha hecho mucho. Recordó que está sin resolver el plan nacional de contingencias -lo hicieron otros compañeros de aquel Observatorio del Litoral-; y calificaban todos ellos de frustrante el traslado a Madrid de los técnicos antivertidos del antiguo Cepreco.


Por si les parecen pocos argumentos, les diré que una diputada y ex consejera de Pesca de la Xunta de Galicia del Partido Socialista afirmaba en una entrevista concedida el pasado 30 de marzo de este año, es decir, hace muy pocos días, al diario La Voz de Galicia estas declaraciones que no voy a reproducir aquí por falta de tiempo; solamente resumo diciendo: Es un error no mantener el centro en Galicia; creo que es un error; trabajaremos para que esto no suceda; aún se puede reconducir este tema que creo que parte de un error.


La señora PRESIDENTA: Señor diputado, vaya finalizando, por favor.


El señor GARCÍA DÍEZ: Señora presidenta, es posible que me haya alargado más de lo que tenía previsto, pero le ruego que me deje concluir, que voy a ser muy breve. No hay razones económicas, como se ha dicho también por parte del Gobierno, dado que aquí la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa ni participó ni ha elaborado un plan de contingencias, etcétera; en consecuencia, no hay razones de economizar con este desmantelamiento.


Quiero terminar diciéndoles que estas medidas probablemente surgieron como surgieron, con un carácter claramente electoral en un momento claramente electoral; han dejado de tener interés para quienes hoy nos gobiernan, y hoy desmantelan este centro. Se debe rectificar, y como decía Meilán Gil: La gran esperanza fue una gran decepción. Esto lo podemos evitar, podemos reconducirlo. Los gallegos, especialmente los hombres y mujeres de la mar se sentirán más aliviados si saben que se puede rectificar en este sentido; como decía una diputada del Grupo Socialista también de esta Cámara y concejala en el Ayuntamiento de A Coruña cuando esto se debatió en su ayuntamiento, en A Coruña: En todo caso es sorprendente que presenten esta moción aquí y no en el Congreso. Se lo decía a los compañeros del Partido Popular.


La señora PRESIDENTA: Perdón, le ruego que concluya.


El señor GARCÍA DÍEZ: Termino, señora presidenta.


Lo estamos presentando hoy en el Congreso, señores diputados del Grupo Socialista. Tienen hoy la oportunidad, en consecuencia, de aprobar, de cambiar su voto anterior y evitar este desmantelamiento silencioso que antes les anuncié. Hemos presentado esta enmienda que ya no leo por falta de tiempo, pero básicamente la tienen en el expediente.


Gracias por su generosidad, señora presidenta.


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La señora PRESIDENTA: En trámite de fijación de posiciones, ¿algún grupo desea hacer uso de la palabra? Por el Grupo Mixto, la diputada Fernández Davila tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Quiero manifestar la posición favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición no de ley que acaba de defender el portavoz del Grupo Popular, entre otras razones, porque además de estar completamente de acuerdo con lo que se propone en la misma, fue este asunto también motivo de preocupación o es motivo de preocupación de nuestra organización política. De hecho, en su momento presentamos iniciativas, una proposición no de ley en una dirección semejante y también preguntas al Gobierno para conocer cuáles eran las razones y los planes que tenía para este centro, y sobre todo por qué dejaba de ser dirección general. Nuestro grupo se preocupó desde el momento en que en el Boletín Oficial del Estado apareció la nueva estructura orgánica, el Cepreco perdía el rango de dirección general, y sobre todo se trasladaba fuera de A Coruña.


Vamos a votar favorablemente porque, aunque el Gobierno nos ha contestado, respuesta a la que ha hecho referencia también el señor García Díez, no podemos estar de acuerdo, y seguimos además sin entender los argumentos que nos da el Gobierno para tomar la decisión que se ha tomado. Decir que la reciente reestructuración ministerial y la atribución de las funciones del centro al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino no significa su desaparición, ya que la ejecución de las mismas se verá reforzada por su adscripción a la Secretaría General del Mar, desde nuestro punto de vista no resuelve nuestra preocupación fundamental, que es el hecho de que se traslade fuera de A Coruña. Claro que puede trabajar en otro sitio, pero la pregunta es por qué no puede seguir trabajando desde un lugar en que no solamente se hizo una labor determinada, que el señor García Díez acaba de exponer, sino que tiene unas características que hacen que sea vulnerable o susceptible de accidentes -esperemos que no vuelva a haber ninguno- semejantes al del Prestige.


Señorías, Galicia, desde nuestro punto de vista, necesita un centro de referencia en la lucha contra la contaminación marina. La trágica experiencia de cinco mareas negras desde el año 1976 lo hace, desde nuestro punto de vista, imprescindible, máxime si tenemos en cuenta que frente al litoral gallego circulan anualmente por dispositivo de separación de tráfico más de 43.000 buques, de los que 3.500 son buques tanques, cerca de 2.000 gaseros y otros 2.500 quimiqueros. El señor García Díez también hizo referencia a algunos otros accidentes además del Prestige que fueron de una gravedad tremenda para Galicia. Nosotros entendimos en su momento, cuando se creó el Cepreco y se instaló en A Coruña, que esto significaba que se le iba a dar no un rango determinado desde el punto de vista administrativo, sino un reconocimiento por parte del Gobierno del Estado de un trabajo y de una actividad que no solamente tiene que estar orientada a la contaminación marina después de que ocurran las desgracias, sino también con anterioridad.


Por eso no podemos entender la decisión que ha tomado el Gobierno, y a pesar de la respuesta que nos ha dado, no nos ha tranquilizado, y mucho menos nos ha convencido. Por lo tanto, vuelvo a repetir, nuestro voto favorable a la propuesta del señor García Díez.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, el señor Díaz Díaz tiene la palabra.


El señor DÍAZ DÍAZ: Cuando los temas se plantean desde la emotividad es difícil que se entiendan las posturas que tratan de racionalizar los problemas. El señor García Díez nos presenta hoy una propuesta que él sabe que no es viable, pero intenta sacar rentabilidad política de su coherencia o de su incoherencia, perdón. La rentabilidad política es, mañana, el titular: Los socialistas marginan a Galicia. Y si me puede meter por el medio mejor aún. (Risas.) Peligrosa estrategia esta de jugar con agravios territoriales, y sobre todo cuando son injustificados. Aquí, si nos basáramos en los argumentos que vimos hasta ahora, parece que el Cepreco era un gran centro de investigación de rango mundial, o sea, lo más de lo más; y el Cepreco eran unos pocos investigadores y más administrativos; la labor, la memoria del Cepreco de los últimos años nos dice que no es fundamental para Galicia. Lo que es fundamental para Galicia es que se trabaje en el tema de la contaminación. El señor García Díez lo dijo muy bien: Sabe que el Cepreco se creó para atender un problema, el Prestige. Desde el Cepreco se coordinaron los trabajos de recuperación del medio marino afectado por la catástrofe, eso fue lo fundamental del Cepreco. Y después quedó ahí porque nadie se atrevía; algunas inercias; algo que está ahí lo dejamos estar ahí; hasta que hubo una reestructuración ministerial, cambia de ministerio y se intenta racionalizar toda la investigación relacionada con el medio marino.


Señores diputados, el Cepreco no fue nunca un centro puntero de investigación marina en la lucha contra la contaminación. El grueso de la masa crítica en materia de contaminación estuvo siempre en Madrid. El Cepreco no coordinaba tampoco la lucha contra la contaminación, que es un trabajo interministerial que tiene como brazo ejecutor principal Sasemar.
Tampoco, como se dice, es el responsable de la elaboración del Plan de contingencias, que corresponde a la Dirección General de la Marina Mercante y que debe integrar los planes de contingencia territoriales.
Quiero aclarar también que Galicia, es cierto, sufrió las mayores catástrofes en contaminación marina, pero el principal foco diario de consecuencias con contaminación es el corredor del Estrecho, que duplica el tráfico de Fisterra, es una realidad. Y yo, la verdad, no quisiera tener más tráfico para competir, me conformo, le dejo el ranquin al Estrecho, no quiero ser el principal. El Estrecho es el principal

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lugar de tráfico marino, no quiero la primacía para Galicia. Por eso, sigo con mi argumentación. Con la reestructuración del Gobierno, el antiguo Cepreco pasa a depender del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y este decide, por racionalizar sus efectivos, centralizar la investigación en Madrid, donde estaba la mayoría del capital crítico en este tema. Es una forma de optimizar recursos: la protección del medio marino se refuerza, señorías, con la concentración en un solo lugar de todas las especialidades requeridas, marinos, ingenieros, biólogos, ambientalistas, etcétera. Por efectos económicos y operativos el Gobierno considera que no puede mantener el centro de Galicia. Otra opción sería la de concentrar en Galicia todo lo que se hace en Madrid, pero llevaría mayores problemas porque habría que desplazar a una mayor masa crítica.
En todo caso esa no es la propuesta. Ustedes demandan la desaparición de organismos, hay que eliminar gasto público, pero en este caso apuestan por duplicidades que no son operativas.


Me dirán que en Galicia -ya me lo dijeron, claro está- votamos de manera diferente. Es cierto. Los alcaldes consideran que todo lo que hay en su territorio es de ellos y que pierden cada vez que se va algo. Y yo entiendo la postura de los alcaldes. Pero eso no quiere decir que en este Parlamento, que no nos toca defender los planteamientos de ningún territorio en concreto, este portavoz no intente conciliar los intereses de Galicia con los intereses del resto de las comunidades, y yo tengo que defender la racionalidad del proceso que se llevó a cabo hasta ahora. En esta Cámara hemos de enfrentar los temas globalmente, y tenemos que ver la operatividad científica y el ahorro económico de la operación. Si el traslado del Cepreco debilitara la lucha contra la contaminación en Galicia, yo les digo, señor García Díez, señora doña Olaia Fernández Davila, que este diputado buscaría una excusa para que otro diputado de mi grupo se prestara a defender esta propuesta. Cuando yo hago esta defensa es porque creo en lo que digo, y si no fuera así buscaría, que a veces lo hacemos, la disculpa de que fuera un diputado de Almería amigo mío el que me hiciera el favor de dar la cara por nosotros. (Rumores.) Luego estamos actuando, señorías, con coherencia, aunque algunos pretendan o no nos quieran entender.


Quisiera aclarar aquí que la organización de lucha contra la contaminación marina comprende en el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino un equipo central de expertos que está ubicado en Madrid y equipos de apoyo en las distintas demarcaciones y en las direcciones de Costas, y en Galicia también; pero la coordinación con la Dirección General de la Marina Mercante y con Sasemar es fundamental; por eso el local de Cepreco está en Madrid. Que el Cepreco desaparezca no quiere decir, no es correcto argumentarlo, que Galicia queda indefensa ante las catástrofes marinas. La lucha contra las catástrofes depende de protocolos de actuación, depende de planes de contingencia y de la existencia de medios. Y en el tema de medios, señorías, saben que nunca la costa gallega tuvo tantos medios de prevención y lucha contra la contaminación.
Y tendrá más con la construcción en Fene de la base estratégica de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación, que será junto con la de Sevilla la de mayor capacidad de almacenamiento y medios para hacer frente a las incidencias que se puedan producir en nuestras costas.
Señores, perdemos el Cepreco y ganamos la base de Fene, podríamos decir si habláramos en términos territoriales.


Aclarado lo anterior, el Cepreco ya no existe. El personal que trabajaba en el mismo está ya en nuevo destino, y está voluntariamente; las labores que realizaba se desenvuelven mejor o con más eficiencia a 600 kilómetros. Puede parecer una barbaridad, pero dense cuenta de que 600 kilómetros son en carretera, pero vía satélite no hay distancia, no hay distancia; se trabaja en tiempo real, en tiempo real se puede trabajar desde Madrid con cualquier punto de la costa española. En función de todo esto, pensamos que la costa gallega está más protegida que nunca en dispositivos de información, prevención, y también en elementos de lucha contra la contaminación. Luego partiendo de esto no entendemos la propuesta a no ser que se quiera enredar. Puede aprobarse, ¿y qué se conseguiría?

La señora PRESIDENTA: Señor diputado, vaya finalizando.


El señor DÍAZ DÍAZ: Presidenta, un minuto. Puede aprobarse, digo, ¿y qué se conseguiría?: Los socialistas votaron en contra de una propuesta que iba en la defensa de Galicia; los socialistas juegan a perjudicar a Galicia.


En otro tiempo, al comienzo, cuando se anunció el traslado el debate podía tener sentido a favor de mantener empleo en Galicia, pero tampoco por racionalidad. Ahora que los trabajadores del Cepreco ya están integrados en otra realidad, que hay un sistema más racional que gana capacidad integrando el capital humano que se dedica a realizar estudios sobre contaminación, y que además permite una mayor coordinación con otros departamentos que trabajan en campos complementarios, ya no parece procedente. ¿Qué se avanza aprobando su propuesta? Lo que le decía al comienzo, intentar desgastar al Gobierno jugando con agravios territoriales. Y yo le diría que en estos momentos en que nos sobran problemas hay propuestas más constructivas que proponer imposibles.
(Aplausos.)

- RELATIVA A LAS VÍAS VERDES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001566.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la proposición no de ley relativa a las vías verdes, presentada

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por el Grupo Parlamentario Socialista y defendida por el señor Alonso.
Tiene la palabra.


El señor ALONSO NÚÑEZ: En nombre del Grupo Socialista pretendo defender y justificar esta proposición no de ley que, en primer lugar, pretende servir de homenaje y de reconocimiento a muchísima gente que desde el año 1993 viene trabajando de forma entusiasta en valorizar un patrimonio que es de todos los españoles, que en su momento fue puesto a disposición de la red de ferrocarriles españoles y que tras su abandono pueden ser puestas, de hecho lo han sido en algunos casos, a disposición del medio ambiente, del ocio, del turismo y del desarrollo ecológico.


Pretendemos con esta proposición no de ley, que no tenemos la más mínima duda de que va a ser apoyada por la unanimidad de esta Comisión, que todos los grupos parlamentarios la apoyen, refuercen los trabajos que se han venido realizando y, sobre todo, los que en este momento están en gestación en favor de este programa de Vías Verdes. Queremos que la proposición no de ley sirva para que el programa tenga un mayor apoyo y refuerzo jurídico, administrativo, presupuestario y también, por qué no decirlo, un respaldo político a las actuaciones que las distintas administraciones están desarrollando en esta materia. Como decía al principio, el programa de Vías Verdes es una entusiasta iniciativa que viene desarrollando el Estado español en su conjunto desde el año 1993.
Entonces fue el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y también las empresas públicas Renfe y FEVE y la Fundación de Ferrocarriles Españoles las que propusieron una fórmula de actuación sobre este patrimonio, entonces abandonado, para utilizarlo en favor de este tipo de iniciativas.


Este es un programa que ha tenido siempre el máximo consenso, no ha sido cuestionado por los distintos gobiernos; tanto los gobiernos del Partido Socialista como los del Partido Popular han dado apoyo a estas iniciativas, y también, así nos consta, se han desarrollado actuaciones por parte de comunidades autónomas y de ayuntamientos de uno o de otro signo. En este sentido, y puesto que la iniciativa de hoy, estoy convencido, va a tener la unanimidad de la Comisión, quiero recordar una iniciativa también similar que fue planteada en el Senado en el año 2001 y que también sirvió de acicate para potenciar las actuaciones de las vías verdes.


En conjunto estamos hablando de una serie de actuaciones que se han desarrollado en prácticamente todas las comunidades autónomas a través de proyectos planteados por ayuntamientos o mancomunidades o grupos de acción local, o promovidos por diputaciones provinciales o por las comunidades autónomas, y que en conjunto en este momento totalizan una red de vías verdes en toda España que totalizan unos setenta itinerarios, con una longitud total de 1.700 kilómetros. No cabe duda de que hay muchísimo trabajo por hacer. Si utilizamos el inventario de líneas ferroviarias en desuso elaborado entonces, en 1993, se identificaron itinerarios por un conjunto de más de 7.500 kilómetros. Y si además pudiéramos ampliar estas actuaciones a otro tipo de itinerarios para que no solo utilizaran este patrimonio de vías de ferrocarril en desuso, sino también otro patrimonio de uso público abandonado podríamos ampliar esto hasta un límite muy importante.


Estamos hablando de una iniciativa que tiene efectos positivos indudables tendentes a la mejora del patrimonio que se encuentra abandonado en este momento -estaciones, descansaderos, lugares de un valor patrimonial importante-, que fomenta prácticas saludables en el conjunto de la ciudadanía, que pone a disposición de estas zonas, estas comarcas unos recursos turísticos que puede permitir la creación de empleo y la generación de pequeñas empresas que contribuyan al desarrollo rural de las zonas. En definitiva, estamos hablando de una iniciativa que ningún grupo político va a cuestionar, y todo el mundo apoyará que se apruebe esta proposición no de ley.


En cualquier caso, no todo lo que en este momento se está hablando en vías verdes es tan bonito como yo lo estoy describiendo. Los promotores, los gestores y los que están planteando nuevas iniciativas tienen problemas para llevarlas adelante. Son muchos los costes que suponen las inversiones para poner a disposición este patrimonio y utilizarlo como una vía verde. Son muchos los costes de mantenimiento. Y sobre todo, esto es muy importante, son muy difíciles las gestiones que en este momento hay que hacer en los organismos públicos -en ADIF, en FEVE, en las comunidades autónomas- para que este patrimonio se ponga a disposición de este programa.


Por eso a este grupo parlamentario, a los distintos diputados del Grupo Socialista les han llegado iniciativas, propuestas, quejas, por qué no decirlo, de distintas comunidades autónomas -de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Murcia, de Valencia, de Castilla y León, de Aragón-, de muchos sitios en el sentido de que apoyemos este programa y de que hagamos algo por que los proyectos se gestionen o salgan adelante con mayor rapidez. Ahí viene nuestra proposición no de ley -con esto termino, señora presidenta- que en definitiva propone instar al Gobierno para que dé un impulso a las iniciativas tendentes al desarrollo de nuevas vías verdes y a la mejora y promoción de las ya existentes. Instamos al Gobierno a que consigne en los Presupuestos Generales del Estado una partida presupuestaria concreta. Sabemos que hay presupuesto, que hay partidas, que ha habido financiación, pero creemos necesario que el programa de Vías Verdes tenga una financiación específica en los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que es necesario, y ahí va nuestra propuesta, que se elabore por el Gobierno una reglamentación específica con el rango legislativo oportuno que permita dotar de respaldo jurídico a la calificación de vía verde, restringiéndola a los itinerarios que discurran sobre antiguos trazados ferroviarios

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y a las actuaciones necesarias para su adecuación y la puesta en funcionamiento. Y planteamos, creemos que esto también es muy importante, que se promuevan acuerdos con otras administraciones públicas, comunidades autónomas, entes locales, FEVE, ADIF, Ministerio de Fomento, a fin de que pueda ponerse a disposición de los gestores de este programa los terrenos y edificios para su uso en el programa de Vías Verdes.


Este es nuestro planteamiento. Adelanto la posición favorable del Grupo Socialista a atender, a aceptar la enmienda planteada por el Grupo de Convergència i Unió, en definitiva lo que plantea es redundante con lo establecido en el punto 4.º de nuestra proposición no de ley. Pretendemos que el programa se desarrolle en colaboración, en convenio con las comunidades autónomas, pero si el Grupo de Convergència i Unió desea que en el primer punto se reitere este compromiso de acuerdo con las comunidades autónomas, el Grupo Socialista no tiene inconveniente en incorporarlo a su proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Catalán Convergència i Unió, que defenderá la diputada señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: En nombre de nuestro grupo parlamentario vamos a ser muy breves porque no vamos a reiterar parte de la argumentación que ha dado ya el proponente, el señor Alonso. Nosotros coincidimos con toda la filosofía, con todo lo que esta proposición no de ley promueve; es más, queremos felicitarlo por esta iniciativa, ya que es importante y necesario que esto se siga continuando, pero simplemente unos pequeños matices pues creemos que casi es una enmienda técnica lo que presentamos.
Él acaba de decir que en el punto 1.º no tiene ningún inconveniente y que admitirían la enmienda que proponemos de que conste también impulsar y promover conjuntamente con las comunidades autónomas; pero nuestra enmienda va también al punto 3.º El punto 3.º dice, elaborar una reglamentación. Donde dice que tiene que dotar de respaldo jurídico a la calificación de vía verde exclusivamente para las zonas que discurren en los trazados ferroviarios, nosotros proponemos que se diga, delimitándola principalmente. Porque a veces hay pequeños trazos, pequeñas zonas, muy pequeñas y sería necesario para empalmar algunas de estas vías, para hacer una terminación que pueda luego unirse con otro camino que ya exista, con otra zona verde -que no se ciña aquí tan exclusivamente, sino que sea principalmente-, para que pueda haber una pequeña continuidad que a veces por unos escasos metros pueda quedar un poco en el aire.


Quiero manifestar, pues, que se recoja. Nos alegramos de que se recojan nuestras enmiendas, y deseo que el resto de los grupos también la apoyen.


La señora PRESIDENTA: En fijación de posiciones, por el Grupo Popular el señor Pintado tiene la palabra.


El señor PINTADO BARBANOJ: Quiero decir que el programa de Vías Verdes, desde el punto de vista del Grupo Popular, fue una buena idea que se ha ido consolidando a través de los distintos ministerios que han tenido esta responsabilidad, pero cabe recordar que a partir del año 1996, con la constitución y creación por parte del Gobierno del Partido Popular del Ministerio de Medio Ambiente, fue cuando se comenzó con una mayor dotación presupuestaria, que en definitiva es el impulso clave, tal como pide esta iniciativa, a la hora de sacar adelante el programa de Vías Verdes para nuestro país. Lógicamente, vamos a apoyar la iniciativa, pero también he de manifestar que tenemos algunas dudas, dudas que en parte han podido ser despejadas por la intervención del señor Alonso. Pero, antes de entrar en esa materia, quiero decir que en breve plazo se va a celebrar la V Conferencia europea de vías verdes en España, bajo la Presidencia de la Unión Europea, y nos parece que este tipo de iniciativas nos puede venir muy bien para manifestar el apoyo del Congreso de los Diputados a este programa. Es un evento que, desde nuestro punto de vista, puede suponer un impulso para el desarrollo y promoción de estas vías.


El 15 de marzo pasado se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, con una dotación de 100.000 euros, inferior en 20.000 euros a la del año anterior, suponemos que será por cuestiones de restricciones presupuestarias, y el propio Consejo de Ministros de julio del año pasado, a propuesta del Ministerio de Fomento, se pidió un apoyo expreso a las vías verdes como recurso de turismo activo y sostenible. Digo esto porque, independientemente de que aparece una partida presupuestaria importante en los Presupuestos Generales del Estado no únicamente para vías verdes, sino también para caminos rurales, para el Plan especial del Camino de Santiago, para actuaciones en parques nacionales, al final es el propio Gobierno el que tiene que tomar la decisión sobre el destino de esa partida presupuestaria -estamos hablando de 10 millones de euros- y priorizar en un sentido o en otro. En cualquier caso, muchos ayuntamientos y diputaciones provinciales -recientemente el Ayuntamiento de Logroño, la Diputación de Jaén, la propia Comunidad Autónoma de Murcia- han firmado acuerdos, han puesto en marcha programas de recuperación de estas vías verdes. El VIII Día europeo de las Vías Verdes se ha celebrado en España el pasado septiembre, con lo cual se ve con toda claridad que en España, que preside esta asociación europea, hay gran interés por desarrollar este asunto.


Dicho esto, el propio secretario de Estado habló en Fitur del año pasado de una inversión de 23,2 millones. Bien es cierto que no dijo en qué temporalidad. También se refería a caminos naturales, no solo a vías verdes. Es decir, que es un asunto recurrente en el sentido de que

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parece que hay concienciación política de que es un gran elemento, como decía el señor Alonso, para la dinamización del turismo sostenible en el ámbito del medio rural.


Los cuatro puntos que nos presenta la iniciativa se resumen en una declaración de apoyo con la que estamos totalmente de acuerdo, pero es el Gobierno el que tiene los instrumentos y cauces para poder impulsar y desarrollar con mayor rapidez todo el programa de vías verdes de España.
Las dudas las tenemos con respecto a la reglamentación específica. Cuando habla de reglamentación específica, señor Alonso, le he creído entender que es en relación a la adscripción patrimonial. Si no he entendido mal, la gestión patrimonial de la mayor parte de las vías en desuso en nuestro país en la actualidad pertenece al ADIF, desde el traspaso de competencias que se hizo en su día. Y digo esto porque si nos parece bien que haya una adscripción patrimonial clara al respecto, existe ya una normalización que abarca la propia marca de calidad, que está registrada a nombre de Fundación de Ferrocarriles Españoles, es decir, que ninguna otra institución, ningún gobierno u ayuntamiento, puede hacer uso de esa marca; hay un logotipo normalizado, hay una señalización normalizada y hay una serie de especificaciones que hablan de cómo debe ser una vía verde de estas características. Digo esto porque muchas veces, con el afán de querer amarrar, quizás lo que hagamos sea complicarlo más desde el punto de vista administrativo en detrimento de la factibilidad y de que haya ayuntamientos que se puedan posicionar claramente, de acuerdo con la Fundación de Ferrocarriles Españoles, a la hora de ponerlo en marcha.


En la mayoría de los casos la fundación actúa con el apoyo de esas empresas hoy privadas, de la propia Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de algunos ayuntamientos, aunque hay que recordar que muchos de los ayuntamientos afectados son pequeños ayuntamientos con pocas posibilidades desde el punto de vista presupuestario pero que son los que mayor interés tienen seguir promocionando este asunto.


Quiero comentar una anécdota porque afecta a mi provincia. En una de las páginas web se habla del tema de las localizaciones de las vías verdes en nuestro país y se dice: vía verde de Huesca y Alerre, vía verde que está reclamada por nuestro grupo político en la provincia de Huesca, en el Ayuntamiento de Huesca y en la propia diputación desde hace varios años, y que hoy todavía no existe, que es un proyecto. Parece ser que el ayuntamiento de la ciudad o no lo debe tener claro o no quiere hacer dotación presupuestaria. Me ha llamado la atención encontrar dentro de la documentación que a esta vía verde se la dé como construida. En cualquier caso, apoyamos la iniciativa y en este sentido desde el Grupo Popular siempre hemos pensado que es un buen instrumento a la hora de salvaguardar nuestro patrimonio desde el punto de vista ferroviario y, al mismo tiempo, crear un turismo sano y sostenible en el medio rural.


- RELATIVA AL INICIO DEL TRÁMITE DE INCOACIÓN DEL NUEVO EXPEDIENTE DE DESLINDE DEL TRAMO DE COSTA QUE AFECTA A LOS NÚCLEOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARÍN (PONTEVEDRA) QUE CUENTAN CON EDIFICACIONES DE HISTÓRICA SINGULARIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001586.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate del último punto del orden del día. Anuncio que la votación se realizará inmediatamente después del debate de esta proposición no de ley, que es la relativa al inicio del trámite de incoación del nuevo expediente de deslinde del tramo de costa que afecta a los núcleos del Ayuntamiento de Marín (Pontevedra), que cuentan con edificaciones de histórica singularidad. Ha sido presentada por el Grupo Popular y va a defenderla la señora Ramallo.


La señora RAMALLO VÁZQUEZ: Este es un tema que ha sido debatido ininterrumpidamente en multitud de ocasiones desde hace más de seis años en distintos foros, en el Ayuntamiento de Marín, en el Parlamento de Galicia, en esta Cámara, en Pleno, en Comisión, pero el resumen que puedo hacer es que la vida sigue igual. Todos estamos de acuerdo, todos queremos arreglarlo, pero no existe velocidad en este asunto y las consecuencias son verdaderamente nefastas para los vecinos afectados, que continúan sin entender cómo este tema que todo el mundo quiere arreglar, que cuando toca debatir todos estamos de acuerdo, que cuando se trata de impulsar todos estamos en ello, que cuando se aproximan citas electorales todos quieren vender, pero al final, que es lo importante, que es lo que interesa, que es para lo que estamos y que es a lo que nos debemos, los acuerdos no fructifican, las soluciones se eternizan y los plazos no se cumplen. Seguimos igual que el día 30 de septiembre de 2009, cuando votaron favorablemente una transacción de una proposición no de ley del Grupo Mixto el Partido Popular, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. Apoyamos el inicio de un expediente de deslinde sin poner ningún plazo, como pedíamos en nuestra enmienda, que fue rechazada.
Esto es lo que se votó. Considerábamos que era importante hablar de un plazo que propusimos desde el Grupo Parlamentario Popular, pero no se aceptó. Sin embargo, en cuanto pasa cierto tiempo, sabemos que al final esto es lo importante: no seguir así otros seis años más con un problema que no acaba de resolverse. Y no parece que solamente estemos preocupados nosotros, otras iniciativas de control por parte de otros grupos demuestran que no las tenemos todas consigo, que seguimos preguntando por el tema, que tenemos la mosca detrás de la oreja y que, al final, aun aceptando sin gustarnos en exceso las soluciones que se ofrecen desde Costas, vemos que no hay avances, que solamente se actúa bajo

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presión y que solo a base de insistir vamos consiguiendo el que este tema de vital importancia social no decaiga, no se olvide, no se eternice y se mueva. Porque, insistimos, solamente se actúa bajo presión y cuando se acercan citas electorales.


Les contaré el éxito de la iniciativa votada favorablemente por todos en esta Comisión. Votamos el iniciar un nuevo deslinde para el tramo de costa que afecta a los núcleos del litoral de Marín y parece que esta opción apuntada desde el Gobierno era la fetén, era la buena. Los anteriores intentos -que ya ni mencionaré para no remover nada- parece que eran sueños irreales que nunca nadie apuntó. Pero no entraré más en ello porque en este debate político, a nuestro modo de ver, conviene ser prácticos. Después de anunciarse en la Comisión de Medio Ambiente una solución, a día de hoy no se produjo más que una reunión con el jefe provincial de Costas, el día 12 de enero de 2010, gracias a la presión ejercida por las plataformas. Desconocemos la intención real de un procedimiento muy largo y que siempre se utilizó para el objetivo contrario. Nadie aclara nada. Mientras, el Gobierno socialista torpedeó todas y cada una de las soluciones aportadas desde la Xunta de Galicia y desde el Parlamento gallego -recuerdo: dos recursos de inconstitucionalidad, uno a un decreto y otro a la Ley de Vivienda aprobada por unanimidad-, los vecinos de los núcleos del litoral siguen pagando sus hipotecas, los abogados que los defienden y avalando con el consiguiente gasto el pago de multas coercitivas impuestas, ahora paralizadas por la Xunta de Galicia. Hay vecinos, les diré, con multas coercitivas de 600 euros mensuales en viviendas de 30 metros cuadrados de planta por hacer un cuarto de baño aprovechando el cambio de inclinación en el tejado. Lo más grave es que en esa vivienda no hay más que un ingreso de un Risga, que para los que no sepan en qué consiste es la renta de integración social de Galicia.


Señores diputados, mi objetivo hoy aquí es incidir en que se manifiesten si el Gobierno está por resolver este conflicto y que utilicen en este procedimiento toda la implicación de técnicos, juristas e implicación política, siendo como es la ministra gallega y conociendo la realidad de lo que existe en Marín. Los gobiernos de la Xunta de distintos colores, sabores y afinidades, corresponsables en salvaguardar y proteger su medio natural y marino, ya reconocieron que existe el derecho por parte de los vecinos a ser reconocidos como núcleos con anterioridad a la ley y a conservar adecuadamente esas zonas de la construcción salvaje. Es un procedimiento de deslinde que tiene una tramitación larga y compleja de por sí, que no se está haciendo con ninguna celeridad. La Comisión se celebró y se aprobó la PNL el 30 de septiembre de 2009; es que se reunieron el 12 de enero de 2010 porque se hizo presión, pero para hablar, no para decir nada más; que intentarán que en dos años se resuelva el deslinde, pero es que hasta hace poco más de un mes no se había ni contratado este tema. Es decir, velocidad para un tema acuciante desde el punto de vista urbanístico y, sobre todo, social.


Estamos preocupados por la lentitud, por la falta de coordinación, ya que saben que llueve sobre mojado. Y, sobre todo, por saber los efectos que podría tener este deslinde, que no deja de ser un acto administrativo complejo, con un proceso largo y técnicamente difícil, y en nuestra retina está por saber si va a resolver verdaderamente nuestro problema.


Los núcleos de Marín, Mogor, Aguete, Loira, Casás y Teoira son núcleos tradicionales que existían como tales cuando entró en vigor la Ley de Costas en el año 1988. Compartirán conmigo que el razonamiento siguiente es de peso. Los núcleos existen, estaban ahí en el siglo XIX, ligados a actividades pesqueras y de salazón. La barriada de Mogor, en concreto, fue construida en el anterior régimen, en el año 1963. En consecuencia, parece que en el año 1988 existía. Los problemas de los deslindes son los que estamos viendo. No quisiera referirme a algunos cercanos a Marín, hablo de Cangas, hablo de Moaña, pero en Martín no tenemos un problema de deslinde, tenemos un problema de reconocimiento de unos núcleos y, en consecuencia, rebajar la línea de afección de los 100 a los 20 metros.
¿Que quieren solucionarlo con un nuevo deslinde? Es la opción que nos han dado desde Costas, pero la intención de solucionar tiene que verse plasmada en que es necesario iniciar el expediente. Hay que iniciar el expediente de incoación del deslinde en este tramo de costas, porque solamente así sabremos que el Gobierno de España solucionará este tema en un plazo de dos años -ya han pasado siete meses-, todo lo demás es marear la perdiz, no atajar el problema, actuar siempre que se les hace una pregunta o se les presenta una iniciativa pensando más en cómo dilatar en el tiempo este tema que en una solución justa, real, que por un error de la Administración están padeciendo unos vecinos.


Con estos argumentos, me gustaría haber sido capaz sinceramente de conseguir apoyos hoy en esta Comisión, de sensibilizar a Costas de nuestro problema y de hacer hincapié en que no tenemos todo el tiempo del mundo, que hay que dar pasos firmes, porque estamos hablando de las viviendas de mucha gente y de una situación que se prolonga más allá de seis años y resulta, en muchos casos, muy difícil de soportar. El seguir haciendo carreras para ver quién viene antes a Marín a dar una rueda de prensa creo que no agiliza el expediente. Sinceramente, entenderán conmigo que no se ha hecho casi nada desde el 30 de septiembre del año pasado, que llevamos más de seis años con distintas y variadas soluciones, esta sería la cuarta, y ninguna ha fructificado. Me gustaría llamar la atención para que se lo tomen en serio, para que manifiesten un paso más apoyando esta iniciativa, porque pedimos acción y no brazos cruzados, pedimos una actitud eficaz, rápida y, sobre todo y lo más importante, la seguridad jurídica de que con esta medida se va a resolver la situación de las casas ubicadas en los núcleos

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del litoral de Marín. (Varios señores diputados: Muy bien.)

La señora PRESIDENTA: Se ha presentado una enmienda. Por el Grupo Mixto, BNG, la señora Fernández Davila tiene la palabra para su defensa.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Presenta nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Popular porque el 30 de septiembre de 2009 se discutió una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego que hizo posible un acuerdo que votamos por unanimidad en relación con este asunto, teniendo en cuenta el texto de la proposición y el nivel de acuerdo alcanzado y entendiendo además que el apoyo que en su momento dio el Grupo Socialista al acuerdo alcanzado provenía también del acuerdo del propio Gobierno. Es necesario recordar que fue una transacción a la propuesta del Bloque Nacionalista Galego y a la enmienda del Grupo Socialista y se hizo un grandísimo esfuerzo para poder alcanzarla.


El acuerdo de 30 de septiembre decía que dado que los núcleos de población del Ayuntamiento de Marín que cuentan con edificaciones de histórica singularidad, Loira, Aguete, Casás, Mogor y Teoira, podrían ser áreas urbanas consolidadas con anterioridad a la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, en el caso de que dispusieran de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de agua residual, suministros de energía eléctrica, etcétera. Y posibles errores administrativos en la calificación urbanística dada a estos núcleos en las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento del municipio de Marín determinaron la aplicación de una servidumbre de explotación de 100 metros. En vista de lo cual corresponde incoar un nuevo expediente de deslinde del tramo de costa que afecta a los núcleos de Marín en el que se puedan aportar cuantos informes, estudios y alegaciones sean precisas para que a los mencionados núcleos se les pueda aplicar, en su caso, el régimen previsto en el apartado 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988, así como lo establecido en el apartado 3 de la disposición transitoria séptima y en los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria novena del reglamento general para el desarrollo y ejecución de dicha ley. Leo literalmente el acuerdo alcanzado porque entendemos que en la medida en que la presentamos como enmienda de sustitución recoge mucho más aquilatadamente, porque fue fruto del trabajo de todos los grupos, la realidad de estos núcleos singulares en relación con el compromiso que debe tener el Gobierno para resolver el problema.


Queremos aprovechar la propuesta que hace hoy el Grupo Popular para recordarle al Grupo Socialista que nueve meses son suficientes para que cuando menos hubiera alguna actuación que nos permitiera tener la seguridad de que desde el Gobierno hay disposición y voluntad de resolver el problema y concretamente de desarrollar y llevar a cabo la propuesta aprobada el 30 de septiembre que acabo de leer. Lamentablemente no hay más que esa reunión a la que se ha hecho referencia, reunión que fue consecuencia de un esfuerzo importante de esta diputada que se siente en la responsabilidad de hacer un seguimiento de lo aprobado el 30 de septiembre. Lamentablemente, y a pesar de que hemos emprendido otras actuaciones en la dirección de conocer cómo actúa el Gobierno en la línea de desarrollar lo aprobado, tenemos que lamentar que a día de hoy la cosa no esté más avanzada, independientemente de que somos conscientes de que la cuestión tiene sus problemas y dificultades para poder desarrollarse.


Esta cuestión que se trata hoy, que ya tratamos el 30 de septiembre y en la que alcanzamos todos los grupos un consenso no es novedosa. Desde hace muchos años lo estamos tratando. Yo recuerdo que cuando era diputada en el Parlamento de Galicia ya se trató este tema por iniciativa de nuestro grupo, concretamente por iniciativa de esta diputada. Por tanto, estamos hablando de unos problemas que ya eran graves desde hace aproximadamente diez años por el deterioro de las viviendas de los núcleos a los que hacemos referencia, que son graves porque cuando los vecinos intentan resolver las deficiencias de sus viviendas se les incoa un expediente y, por tanto, a estas alturas el problema es más grave que en aquel entonces. De ahí, señorías, que nosotros instemos al Gobierno a que ejecute lo que se aprobó el 30 de septiembre porque entendemos que si el Gobierno lo hace es la forma de resolver el problema de los núcleos de Marín, porque además se especifican las características propias de estos grupos en relación con su consideración urbanística, que son tan claras y definitorias que no podemos entender cómo el Gobierno, a estas alturas, aún no ha resuelto este problema.


Me he extendido porque creo que el problema es lo suficientemente grave como para tratarlo en una larga intervención en esta Comisión y esperamos que el Grupo Socialista actúe consecuentemente con lo acordado el 30 de septiembre, pero sobre todo esperamos que el Gobierno actúe consecuentemente.


La señora PRESIDENTA: En trámite de fijación de posiciones tiene la palabra el señor Díaz Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señorías, el Grupo Socialista va a ser coherente una vez más. Señora Ramallo, ha demostrado usted, en una brillante intervención, que conocía el tema -se le suponía- y si las cosas fueran como usted dice, este diputado y su grupo parlamentario votarían que sí a su propuesta o a la del BNG, que recoge el texto íntegro de lo aprobado, pero sin decir que usted falta a la verdad, las cosas son hoy muy diferentes. Intentaré explicarme.


La pasada legislatura el actual alcalde de Marín fue diputado del Grupo Socialista y nos ilustró ampliamente con el problema planteado en Marín con los deslindes

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de Mogor, Aguete, Loira, Casás y Teoira. Conocíamos el problema, pero no veíamos cómo abordarlo positivamente. La no personación del Ayuntamiento de Marín fue un error administrativo que tuvo consecuencias muy negativas para los núcleos citados. Pero a diferencia de otros casos, aquí no se demanda una excepción en la aplicación de la Ley de Costas, sino una aplicación objetiva que, por errores administrativos, no se hizo en su momento. Era de justicia buscar una solución que permitiera legalizar lo que en circunstancias similares era legal. Había que buscar una forma de hacerlo y por ello, cuando el BNG trajo el tema a esta Comisión demandando una solución al problema que, a su entender, pasaba por retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado al Decreto de la Xunta, este portavoz, contando con la autorización del secretario general de Medio Marino, que también conoce el problema, propuso como transacción a última hora el inicio de un nuevo expediente de deslinde como fórmula más eficaz para resolver el problema con todo tipo de garantías jurídicas. Para aclarar las cosas he de decir que el BNG aceptó enseguida la propuesta, incluso hizo alguna matización, y el Grupo Popular se sumó al acuerdo, con lo cual, todos contentos. Era una apuesta difícil, no había precedentes, y a la salida tengo que decir que a este diputado alguien le dijo: te han metido un embarque. Pero no fue así, y a los hechos me remito. Desde aquella votación pasaron muchas cosas en esta casa y también en el tema tratado. El Gobierno hizo los deberes tal y como se comprometió este diputado ante la Comisión. Así, el 7 de diciembre del año 2009 la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar autorizó al servicio de costas de Pontevedra la incoación de un expediente de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de 11.800 metros de longitud que comprende el término municipal de Marín.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, tiene previsto un presupuesto de 59.513,19 miles de euros para los trabajos de deslinde de Marín. El pasado enero, el servicio de costas de Pontevedra solicitó la autorización para redactar el pliego de bases con objeto de contratar los trabajos de deslinde. Posteriormente, en el mes de marzo, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar acordó el inicio del expediente del contrato de servicios para la realización del deslinde y ordenó la redacción del pliego de prescripciones técnicas para la adjudicación del citado contrato. A fecha de hoy, dicho pliego ya ha sido remitido a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y está pendiente de contratación. Paralelamente se está trabajando con la gerencia del catastro para actualizar el parcelario existente con fecha de 1998.


Como pueden ver la señora diputada y demás miembros de la Comisión, el Gobierno está cumpliendo lo acordado en esta Comisión. Por ello, pido al Grupo Parlamentario Popular que retire la propuesta porque su fin está cumplido, el estímulo está cumplido, el Gobierno está actuando y todos felices.


Quisiera terminar diciendo que espero esta información de que el Gobierno cumple sirva para dar tranquilidad a los vecinos afectados. Eso nos corresponde a los diputados de aquel territorio. Los afectados no están solos, nunca estuvieron solos porque su causa era justa y habían padecido indefensión. Y lo políticos, en estos momentos en muchos ámbitos tan denostados, políticos diferentes, de diferentes signos, se preocupan de su problema y le dan solución. Por ello le pido la retirada de la propuesta y que les comuniquemos a los vecinos afectados la buena nueva de que el tema está en camino y va a gran velocidad. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Señora Ramallo, en relación con la enmienda de la señora Fernández Davila y solo para pronunciarse sobre la enmienda, tiene la palabra.


La señora RAMALLO VÁZQUEZ: Me quedo con las ganas de replicar al diputado socialista...


La señora PRESIDENTA: Señora diputada, le ruego que se ciña a la enmienda del Grupo Mixto.


La señora RAMALLO VÁZQUEZ: ... pero me voy a centrar en la enmienda. Mi grupo no va a aceptar la enmienda porque no por mucho votar un acuerdo somos capaces de hacer que se cumpla. (Varios señores diputados: Muy bien.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley. Empezamos por la votación de la proposición no de ley para la paralización del procedimiento de deslinde en la Marina de Empuriabrava, en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Pasamos a la segunda proposición no de ley, sobre declaración del paraje de Son Bosc en las Islas Baleares como zona de dominio público marítimo-terrestre, que se vota con la enmienda transaccional del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Pasamos a la proposición no de ley que consta en el punto 3.º del orden del día, relativa al Real Decreto 1579/2009 del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de Pesca. Se

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somete a votación con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Pasamos a la proposición no de ley que figura con el número 4.º del orden del día, relativa a la regulación de la exclusión del etiquetado de los vinos sin denominación de origen protegida (DOP) ni indicación geográfica protegida (IGP), de la variedad de uva de vinificación Albariño. Se somete a votación con una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Sometemos a votación la proposición no de ley del punto 5.º, relativa la gestión integrada de los aceites y grasas usados de origen vegetal. Se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa al mantenimiento del Centro de Prevención de la Contaminación (Cepreco) en Galicia. Se somete a votación con una autoenmienda del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Sometemos a votación la proposición no de ley que figura en el punto 7.º del orden del día, relativa a las vías verdes, con una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Por último, proposición no de ley relativa al inicio del trámite de incoación del nuevo expediente de deslinde del tramo de costa que afecta a los núcleos del Ayuntamiento de Marín (Pontevedra) que cuentan con edificaciones de histórica singularidad. Se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cinco minutos de la tarde.

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