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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 410, de 12/11/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 410
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 22
celebrada el jueves, 12 de noviembre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor Secretario de Estado de Seguridad (Camacho Vizcaíno), para:

- Informar sobre la evolución de la delincuencia durante el primer semestre de 2009. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000654.) ... (Página 2)

- Explicar el informe sobre la evolución de la criminalidad durante el primer semestre del año 2009. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000870.) ... (Página 2)

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Preguntas:

De la diputada doña María Begoña Chacón Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre:

- Ocupación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga y Algeciras (Cádiz) en los años 2004 a 2008 (procedente de la pregunta con respuesta escrita número de expediente 184/50030). (Número de expediente 181/002086.) ... (Página 23)

- Fecha desde la que están operativos los nuevos helicópteros de la Dirección General de Tráfico de las bases de Sevilla y de Málaga, así como inversión durante 2008 en la adquisición de dichos helicópteros (procedente de la pregunta con respuesta escrita número de expediente 184/50031). (Número de expediente 181/002087.) ... (Página 25)

- Del diputado don José Ignacio Landaluce Calleja, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las previsiones acerca de actualizar el catálogo de personal de la Guardia Civil y Policía Nacional del Campo de Gibraltar (Cádiz). (Número de expediente 181/001732.) ... (Página 26)

- Del diputado don Aurelio Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los acontecimientos acaecidos el día 9 de julio de 2008 y medidas tomadas ante la concentración de los sindicatos policiales, SUP, UFP y CEP en las inmediaciones de la frontera con Gibraltar. (Número de expediente 181/000381.) ... (Página 28)

- Del diputado don José Ignacio Landaluce Calleja, sobre valoración del informe del Defensor del Pueblo andaluz sobre el estado de los calabozos de cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de policía. (Número de expediente 181/001194.) ... (Página 29)

Del diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre:

- Medidas ante la desaparición de 100 kilos de droga de la comisaría de Sevilla. (Número de expediente 181/000514.) ... (Página 31)

- Autoridad del Ministerio del Interior que ordenó a diferentes comisarías del Cuerpo Nacional de Policía el establecimiento de cupos de detenciones de inmigrantes irregulares. (Número de expediente 181/001430.) ...
(Página 33)

- Del diputado don Aurelio Romero Girón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre conocimiento por el Gobierno de la falta de seguridad que existe en la zona rural del municipio de Jerez de la Frontera y medidas que piensa adoptar para solucionar este problema.
(Número de expediente 181/001990.) ... (Página 34)

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (CAMACHO VIZCAÍNO) PARA:

- INFORMAR SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2009. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000654.)

- EXPLICAR EL INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2009. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000870.)

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión número 22 de la Comisión de Interior.


Como saben SS.SS., vamos a ver un orden del día que consiste en la tramitación de dos comparecencias que, según es habitual, se tramitarán conjuntamente por acuerdo de la Mesa y portavoces, y ocho preguntas orales que figuran en la convocatoria.


El punto 1.º del orden del día es la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad para informar sobre la evolución de la delincuencia durante el primer semestre de 2009. Para ello tiene la palabra el señor Camacho.


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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Señora presidenta, señoras y señores diputados, uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno en relación con la política de seguridad ha sido comparecer periódicamente en el Parlamento para de una manera explícita y detallada informar a las Cámaras sobre la situación y la evolución de la criminalidad en España. Sus señorías saben perfectamente que esto no ha sido siempre así -mejor dicho, nunca antes había sido así-, pero con este Gobierno sí, siempre ha sido así. Y hoy, como venimos haciendo desde la pasada legislatura y como hicimos a inicios del presente año tanto en esta Cámara como en el Senado, comparezco ante SS.SS. -y agradezco tanto al Grupo Parlamentario Socialista como al Grupo Parlamentario Popular sus iniciativas y solicitudes- para presentar el balance de criminalidad en España hasta el mes de junio.


Sus señorías disponen ya del informe que al respecto se trasladó a comienzos de septiembre, y a él me voy a remitir con carácter general, sin perjuicio de los comentarios o de las ampliaciones que en algunos puntos en concreto voy a realizar a lo largo de esta intervención. Voy a proporcionarles datos referidos a la evolución de la criminalidad en el ámbito territorial de actuación más directa de los cuerpos de seguridad dependientes del Gobierno de la nación que, como habrán visto, identificamos en el informe remitido como territorio MIR, toda vez que en los casos del País Vasco, Cataluña y en menor medida la Comunidad Foral de Navarra son los responsables de los gobiernos respectivos quienes completan la información que les voy a trasladar sobre dichos territorios, aunque, como es obvio, en estas comunidades tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil están desempeñando y van a seguir desempeñando funciones muy importantes e intensas actividades en beneficio de la seguridad de nuestros ciudadanos. También voy a trasladarles toda una serie de indicadores que expresan la actividad y la eficacia del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones, en su abnegada y ejemplar tarea de proporcionar los ámbitos de seguridad necesarios para que todos podamos desenvolvernos en óptimos niveles de seguridad.


Les adelanto, señorías, que si de algo estamos especial y muy particularmente satisfechos en el Ministerio del Interior es sin duda de estos indicadores de actividad y de eficacia policial que evidencian, en nuestra opinión, dos hechos que creo que son incuestionables; uno, que la profesionalidad de nuestros policías y de nuestros guardias civiles es muy alta y que su grado de compromiso con las legítimas demandas de seguridad de los ciudadanos es muy elevado; y dos, que los planes, los recursos económicos -los materiales y de todo tipo- movilizados por el Ministerio del Interior para apuntalar y sostener la actividad de nuestros profesionales policiales vienen siendo los adecuados y cumplen satisfactoriamente con lo que de ellos se esperaba. Como reconocimiento a esta profesionalidad de nuestros policías y guardias civiles y a su compromiso con la seguridad de nuestros ciudadanos, permítanme que comience mi exposición refiriéndome a los indicadores de actividad y de eficacia del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. A continuación, haré algunas consideraciones sobre las cifras de criminalidad que tienen en su poder en el informe que se les remitió y del que sin duda habrán obtenido ya los datos referidos a la seguridad de nuestro país en el primer semestre.


Comienzo, pues, con los indicadores de actividad y eficacia, y me van a permitir que lo haga desde una consideración general que hace referencia a la relación que sin duda existe entre dichos indicadores y la propia idoneidad y eficacia de la estrategia y la acción preventiva de cualquier política de seguridad, porque la mayor eficacia disuasoria sobre el delincuente tiene lugar cuando este adquiere la certeza de que su acción criminal va a ser descubierta por la policía y que por tanto va a ser detenido por ello, que van a ser reunidas las pruebas necesarias para incriminarle, que va a ser puesto a disposición de los tribunales y que después de un juicio justo va a ser condenado, en su caso, por la acción delictiva cometida. De ahí la importancia que concedemos y que adquieren las actividades policiales de investigación de los delitos, de detención de los autores y de reunión de las pruebas que les incriminen y que permitan posteriormente a los tribunales de justicia dictar sentencia.
Porque de una mayor eficacia policial en el esclarecimiento de los delitos se desprende un mayor número de detenciones practicadas sobre los presuntos autores, y todo esto reduce a su vez las oportunidades para que estos puedan seguir delinquiendo; en definitiva, se traduce en que tengamos menos infracciones penales.


Por lo que se refiere a los indicadores de eficacia de la actividad policial, entre julio de 2008 y junio de 2009 el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil esclarecieron un total de 593.782 delitos y faltas, lo que se traduce en una tasa de esclarecimiento del 31,8 por ciento en relación con todas las infracciones penales conocidas en ese periodo de tiempo en nuestro territorio. Y lo que aún es más importante, la tasa de esclarecimiento de lo que se consideran infracciones penales más graves, es decir, de los delitos, llega hasta el 40,4 por ciento, 2 puntos más que lo que teníamos a finales de 2008 y más de 12 puntos porcentuales de mejora en el esclarecimiento de delitos respecto del año 2003.


Por comunidades autónomas, y en comparación también con los valores del año 2003, la tasa de delitos esclarecidos presenta significativas mejoras en la mayoría de las mismas, en particular en Melilla, Extremadura, Ceuta, Navarra, Murcia, Canarias, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, con incrementos superiores a los 11 puntos porcentuales en todas las que he citado. Las demás oscilan entre una mejora de 2,1 puntos en Castilla-La Mancha y los 9 puntos en Castilla y León, Baleares y Cantabria.


Por otro lado, y también como respuesta a la actividad delincuencial, los cuerpos de seguridad del Estado practicaron

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entre julio de 2008 y junio de 2009 un total de 305.692 detenciones de autores o presuntos autores de una infracción penal, lo que se traduce en una tasa de 175 detenidos por cada 1.000 delitos y faltas conocidos. Esto supone un incremento de 49 puntos sobre el nivel más bajo de la serie desde el año 2000, que fue el año 2003. El 76 por ciento de las detenciones practicadas por un delito o una falta penal, por una infracción criminal, lo han sido, además, sobre ciudadanos españoles o de otros Estados de la Unión Europea.


En el ámbito de la tasa de detención, por comunidades autónomas, la comparación de los respectivos valores de la tasa de detenidos hasta junio del presente año con los alcanzados en el año 2003 presenta incrementos muy importantes en todas ellas, que van desde las 147 detenciones más al año por 1.000 infracciones practicadas en Ceuta, 110 en Cantabria, 96 en Asturias, y 90 en Murcia, hasta las 42 en Galicia, 48 en Madrid, 50 en Andalucía y 55 en la Comunidad Valenciana.


En este apartado es especialmente relevante observar la evolución de estas dos tasas de actividad desde el año 2000, porque ofrecen un comportamiento que considero especialmente esclarecedor. Como pueden ver SS.SS. en los gráficos que pusimos a su disposición, desde finales de los años noventa la tasa de detenidos -en paralelo hay un comportamiento similar en la tasa de infracciones esclarecidas- conoció un grave deterioro; 126 detenidos por cada 1.000 infracciones en el año 2000, para caer incluso a 110 detenidos por cada 1.000 infracciones en el año 2003.
Sin embargo, la importante mejora de la actividad de los cuerpos de seguridad del Estado en los últimos años ha logrado romper -y además de forma contundente- con dicha tendencia a partir del año 2004, alcanzando en junio pasado el mejor valor histórico de la tasa de detenidos y de la tasa de infracciones esclarecidas.


Siguiendo con estos indicadores que hacen referencia a la eficacia policial, también quisiera destacar a SS.SS. algunas cifras que reflejan claramente la actividad e iniciativa de nuestros servicios policiales frente a determinadas figuras delictivas o comportamientos que inciden negativamente sobre determinadas víctimas que deben ser especialmente protegidas por su vulnerabilidad o porque repercuten muy negativamente sobre la seguridad y la tranquilidad colectiva.


Ya conocen perfectamente SS.SS. que es voluntad del Gobierno -y así se ha hecho- poner un especial énfasis en perseguir dos tipos de conductas que consideramos especialmente peligrosas, la pornografía infantil y la corrupción de menores, ya que atacan a víctimas que por sus condiciones subjetivas merecen una protección especial y comportan actuaciones que generan además una muy notable alarma social. Pues bien, las actuaciones policiales contra los llamados delitos de pornografía infantil han supuesto, en el periodo de julio de 2008 a junio de 2009, la detección e investigación por los servicios policiales de 1.299 infracciones penales de este tipo, lo que representa una variación -insisto, únicamente de la actividad policial- del 1.446 por ciento sobre los índices del año 2003.
Por lo que se refiere a los delitos de corrupción de menores, la Policía y la Guardia Civil han perseguido 270 hechos de este tipo durante el citado periodo, lo que significa un 141,1 por ciento más que la actividad del año 2003.


Señora presidenta, señorías, a la luz de estos datos que acabo de proporcionarles, que expresan un muy notable incremento de la actividad y la eficacia policial frente a todas las formas y manifestaciones delincuenciales o de perturbación de la seguridad ciudadana, comprenderán que reitere lo que antes les decía. Los responsables políticos del Ministerio del Interior estamos especialmente satisfechos del buen trabajo de la Policía y de la Guardia Civil en el ejercicio de lo que sin duda son muy altas responsabilidades para garantizar y proporcionar mejores cotas de seguridad para todos; un trabajo y una altísima eficacia que, como se verá a continuación, tiene también su reflejo en la prevención y lucha contra las diferentes formas de criminalidad.


Una vez vistos los indicadores de actividad policial, paso a abordar de manera directa los datos referidos al comportamiento y evolución de la criminalidad en los ámbitos territoriales de actuación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Procuraré no extenderme, ya que disponen desde hace tiempo de un informe sobre este particular. En todo caso, me comprometo a ampliar las cuestiones que ahora no aborde de una manera directa y que SS.SS. deseen conocer más en detalle -si me es posible- en los tiempos de respuesta, o a remitir las oportunas explicaciones por escrito.


Como pueden observar en el informe, la presentación de las cifras de criminalidad, centrada en el comportamiento y evolución de lo que venimos denominando los cuatro indicadores principales de la criminalidad, está en línea con lo avanzado en las reuniones que al respecto se celebraron en su día en la Secretaría de Estado de Seguridad con los representantes de los grupos políticos representados en esta Comisión. Está en línea también -y se cumple así- con lo dispuesto en el punto 1 de la proposición no de ley aprobada a finales de 2008 en esta Cámara, en la que se acordó que el Gobierno remitirá semestralmente al Congreso de los Diputados un informe sobre la situación y evolución de los principales indicadores de criminalidad, tasas de criminalidad, tasas de delitos contra la vida y la integridad, tasas de delitos contra el patrimonio y tasas específicas de los delitos más significativos y que más inciden en la percepción de seguridad.


Para la realización del informe se ha seguido la misma metodología y los mismos criterios que utilizamos en el informe anual remitido y presentado por el Gobierno a comienzos de cada año en esta Cámara. Lo hemos hecho así porque tales criterios y metodología posibilita hacer un seguimiento más ajustado a la verdadera situación y evolución de la criminalidad en el periodo considerado y también con referencia al comportamiento durante los años anteriores, todo lo cual nos permite, a su vez,

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observar la tendencia que, a medio y largo plazo, presenta de manera efectiva la evolución de la criminalidad en nuestro país.


Por lo que se refiere a la evolución histórica de los cuatro indicadores, un detallado examen de los mismos nos indica una paulatina redistribución del peso relativo de cada uno de ellos. El indicador I, en el que se recogen los delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas, crece progresivamente desde un peso relativo del 4,6 por ciento del año 2000 hasta el 7,8 por ciento en el periodo comprendido entre julio de 2008 y junio de 2009. La explicación de esta variación radica, como ya se ha señalado en otras comparecencias, en el importante incremento de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar a partir de los años 2003 y 2004, que está directamente relacionado con las reformas del Código Penal introducidas en esta materia en aquellas fechas. Por el contrario, el indicador II, que como saben SS.SS. hace referencia a los delitos contra el patrimonio, pierde algo más de 9 puntos en cuanto a su peso relativo, pasando de representar el 57,2 por ciento de las infracciones a comienzo de la serie, al 48,1 por ciento en junio de 2009. El indicador III, que hace referencia a las faltas de lesiones, apenas varía su peso relativo en todo el periodo, en torno a un 5,9 por ciento. El indicador IV, que hace referencia a las faltas de hurto, ha pasado de representar el 32,4 por ciento en el año 2000 al 38,2 por ciento en la actualidad.


Antes de entrar en el examen más detallado de estos cuatro indicadores, debo hacer una serie de consideraciones o aclaraciones previas. En primer lugar, armonizados los datos correspondientes al conjunto del año 2008 con el mismo territorio de despliegue de la Guardia Civil y de la Policía en la actualidad, el total de los cuatro indicadores, a junio de 2009, presenta un descenso del menos 2 por ciento. Si no se realizase dicha armonización, el descenso sería aún mayor, hasta un menos 2,7 por ciento.
Lo mismo ocurre con la suma total de infracciones penales, de delitos y faltas; realizada la armonización, el descenso es del menos 1,2 por ciento, y en el supuesto de que no realizáramos dicha armonización, el descenso sería del menos 1,9 por ciento.


En segundo lugar, como saben, en enero y en mayo de 2008 entraron en vigor las reformas del Código Penal, aprobadas por esta Cámara, en materia de seguridad vial, tipificando, como bien saben SS.SS., nuevas figuras delictivas en este ámbito. Esta reforma ha tenido, como no podía ser de otra manera, un fortísimo impacto sobre las cifras de criminalidad registradas por la Guardia Civil y la Policía, que se traduce en que hayamos pasado de 18.515 infracciones en el año 2007 a 40.458 en el conjunto del año 2008 y a 48.237 hasta junio de 2009, es decir, casi 30.000 delitos más de este tipo. Todo esto supone que los delitos de seguridad vial han pasado de representar un uno por ciento del total en el año 2007 al 2,7 por ciento en junio de 2009, lo cual tiene un obvio e importante impacto de 1,2 puntos sobre la tasa global de criminalidad.
Por tanto, si no contáramos con ese incremento producido en el ámbito de la seguridad vial, como consecuencia de la introducción de nuevos tipos criminales, la criminalidad total en el territorio MIR habría descendido aún más, en un menos 1,7 por ciento. Por el contrario, si lo incluimos, como hemos hecho en el cuadro resumen del informe que les fue entregado, la variación total es, como acabo de decir, de un menos 1,2 por ciento.


Aclarado o precisado lo anterior, el total de 1.823.549 infracciones penales conocidas en toda España por el Cuerpo Nacional de Policía y por la Guardia Civil, se traduce en una tasa de criminalidad de 47 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Este valor representa en la práctica 6 décimas menos que el alcanzado para el conjunto de 2008, por lo que pude decirse, sin ningún género de dudas, que nuestra tasa de criminalidad, a pesar del impacto estadístico de las últimas reformas introducidas en el Código Penal, se encuentra estabilizada, y además de una forma muy clara, por debajo de lo que constituyó en su momento el máximo histórico, alcanzado en el año 2002. Este comportamiento de la criminalidad supone la consolidación de nuestra muy buena posición relativa en relación con otros países de referencia dentro de la Unión Europea y avala, con datos objetivos y difícilmente discutibles, nuestra afirmación de que España es un país seguro, más aún, sin ningún genero de duda, uno de los países más seguros del mundo. Esta afirmación se ve reforzada por el comportamiento y la evolución de la serie histórica de los cuatro indicadores principales, cuya tasa por 1.000 habitantes sigue presentando un comportamiento muy positivo, situándose en junio pasado en 34,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, lo que supone asentarse seis puntos por debajo del máximo histórico, que estaba, como les acabo de señalar, en el año 2002. Esto ha sido posible, como ya indiqué, gracias al buen comportamiento a la baja tanto de los delitos contra el patrimonio como de las faltas de lesiones y de hurto, comportamientos que, por otro lado, compensan el importante incremento que, sobre todo desde el año 2003 y 2004, se observa en el indicador de los delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas.


Si hacemos un análisis por comunidades autónomas, la comparación entre los valores de la tasa de criminalidad a junio de 2009 y los alcanzados en el máximo histórico, que se sitúa en el año 2002, veremos que casi todos los territorios presentan importantes mejoras, especialmente en aquellos en los que desde finales de los noventa se conoció un importante deterioro, en concreto casi 25 puntos de mejora en Baleares; 22,5 puntos en Melilla; más de 13 en Canarias y en la Comunidad Valenciana; 10 en la Comunidad de Madrid; 9 en Ceuta; 7 en Cantabria y en Navarra; 4 en Murcia; 2,5 en Galicia; 1,8 en La Rioja y 1,5 en Asturias. Solo cuatro comunidades, que siguen con valores de criminalidad bajos o muy bajos, conocen un cierto deterioro en sus respectivas tasas: Extremadura, 1,6 puntos; Andalucía, 2,1 puntos; Castilla y León, 4,9 puntos; y Castilla-La Mancha, 7,1

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puntos. Nuestro objetivo es mantener la buena evolución de la tasa de criminalidad del primer grupo de territorios y trabajar más en los segundos para mejorar las suyas respectivas e impedir que se puedan deteriorar. Se va por el buen camino, como lo demuestra que, por ejemplo, en el caso de Andalucía hayamos mejorado hasta junio pasado su tasa de criminalidad en 2 puntos, situándose en una muy razonable tasa de 52,3 infracciones por cada 1.000 habitantes. En todo caso, tanto Extremadura, con una tasa de 28,5 infracciones por cada 1.000 habitantes; como Castilla y León, con 33,2 infracciones; y Castilla-La Mancha, con 36,6 infracciones, siguen estando de forma clara y sostenida muy por debajo de la tasa media de criminalidad en España y muy por debajo de la tasa media de criminalidad en el resto de países de la Unión Europea.


Voy a referirme ahora de forma somera al comportamiento específico de los cuatro indicadores a los que antes hice referencia, empezando por el indicador I, delitos contra la vida, la libertad de las personas y la integridad. Una vez más, para interpretar adecuadamente su evolución, me permito recordar algo que sin duda SS.SS. conocen muy bien y que se refiere a las importantes y decisivas modificaciones del Código Penal de los años 2003 y 2004 en materia de protección de la mujer víctima de violencia de género y de persecución de las conductas del agresor. Son reformas que, como sin duda conocen SS.SS., se tradujeron en penar más severamente todas las conductas de violencia de género, de modo que algunas que hasta el año 2003 estaban tipificadas como falta pasaron a convertirse en delito; se crearon, además, tipos penales específicos, como el delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar, y todo ello unido a importantes medidas de concienciación y protección social y asistencial de la mujer víctima para que denuncie siempre todo este tipo de conductas delictivas. Esto ha supuesto que si en el año 2002 se registraron 27.120 denuncias de estas características, se pasase a finales de 2004 a 51.457, es decir, un crecimiento de más del 90 por ciento en solo dos años. Debido a todo ello, el peso del conjunto de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar, en lo que las conductas de violencia de género suponen un peso cercano al 90 por ciento, pasó de representar el 41,4 por ciento de las infracciones en el año 2000 al 60,5 por ciento en el año 2008 y al 61,7 por ciento a la altura de junio de 2009. Esto significa un incremento del 158,3 por ciento entre el comienzo y el final de la serie, si bien, como ya dije, el salto más cuantitativo se produce entre los años 2002 y 2004. Obviamente, los demás delitos de este indicador tienen un comportamiento inverso a los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y pasan a representar el 38,3 por ciento en junio de 2009, frente a lo que era un 58,6 por ciento en 2003. Todo esto creo que pueden verlo con una cierta claridad en los gráficos que les han sido proporcionados en el informe.


Por lo que se refiere a la tasa de asesinatos y homicidios dolosos, esta ha venido presentando desde el año 2003, como bien saben SS.SS., una progresiva y muy significativa reducción, lo que nos ha permitido además mejorar, y hacerlo de una manera intensa, nuestra posición relativa en este indicador en relación con otros países de la Unión Europea. Este excelente comportamiento se rompió, como saben, durante el año 2008, pero hemos vuelto de nuevo a la positiva línea de tendencia anterior a dicho año. Como pueden ver en el gráfico correspondiente, si la tasa de 2008 se elevó hasta los 2,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a los 2,49 de 2007, en junio del presente año se ha situado en 2,39, es decir, 925 homicidios dolosos y asesinatos de los que solo 333 tuvieron como resultado la muerte efectiva de la víctima. Son unas cifras que representan no solo el mejor valor de la década y de la serie histórica sino que están, además, muy por debajo de los valores en materia de homicidios y asesinatos dolosos en los años 2002 y 2003.


Por lo que se refiere al segundo gran indicador, el de los delitos contra el patrimonio, ya les he indicado hace un momento que, si bien ha perdido peso relativo dentro del conjunto de la criminalidad, representa todavía el 48,1 por ciento del total de los cuatro indicadores, por lo que sus variaciones anuales condicionan, como es lógico, la tasa general de criminalidad. Por todo ello, es especialmente relevante el progresivo e intenso descenso de la tasa específica de este indicador desde el año 2002, que está en la base explicativa del también significativo descenso que se ha producido en estos años en la tasa general de criminalidad.
Ahora bien, el estancamiento de los valores de la tasa de los años 2006, 2007 y 2008 indica, después de la fuerte bajada anterior, un suelo con fuerte resistencia ya a la bajada, pero, en todo caso, es un suelo que podríamos denominar estructural y que debiera verse como un objetivo en torno al cual mantenernos al menos en el futuro. En todo caso, y por lo que se refiere al comportamiento de este indicador II hasta junio pasado, la tasa se ha situado en 16,6 delitos contra el patrimonio por cada 1.000 habitantes, lo que supone mejorar en tres décimas la que tuvimos a finales de 2008. Algo similar puede decirse del comportamiento de los robos con violencia e intimidación; los datos muy similares de la tasa correspondiente a 2007 y 2008 parecen indicar también la llegada a un suelo con fuerte resistencia ya a bajar. Aun así, la tasa para junio de 2009 se ha situado en 17,3, mejorando dos décimas la correspondiente a diciembre de 2008. En definitiva, a lo largo de 2009 hemos mejorado en el indicador delitos contra el patrimonio y se ha mejorado probablemente en las figuras que causen mayor alarma social, que son los delitos de robo con violencia e intimidación.


Por lo que se refiere a los delitos de robo con fuerza en vivienda, este tipo delictivo ha venido presentando durante los últimos años una progresiva disminución, alcanzando su nivel más bajo en el año 2007, con una tasa de 33,2 robos de este tipo por cada 10.000 viviendas. Sin embargo, la tasa correspondiente al año 2008 conoció un deterioro de casi 4 puntos, elevándose hasta los 37,1

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robos y, aunque hasta junio ha vuelto a empeorar, esta tendencia se ha moderado notablemente: ocho décimas más que a finales de 2008. Somos conscientes de este deterioro y por eso, según lo acordado en las últimas reuniones por el CEMU, luchar más eficazmente contra este tipo delictivo es uno de los objetivos operativos prioritarios de Policía y de Guardia Civil para el presente año 2009. Por ello, esperamos cerrar el año con una mejora clara de la tendencia observada durante 2008 y los primeros meses de este año. Para cerrar este apartado, otras dos figuras delictivas de este indicador presentan comportamientos destacados a la baja. Los tirones, que como saben perfectamente SS.SS. son la tipificación policial referida a ciertos robos o hurtos en la vía pública, cualificados por el hecho de que el autor emplea este modus operandi sobre la víctima para sustraer el objeto robado, siguen conociendo una importante mejora, situándose la específica tasa en 3,66 hechos por cada 10.000 habitantes. También el gráfico correspondiente a sustracciones de vehículos nos muestra una progresiva y fuerte caída de su respectiva tasa, calculada en este caso sobre 10.000 vehículos del parque automovilístico. Hemos pasado de un valor de 59,9 en el año 2001 a 22,9 a finales de 2008 y ha vuelto a mejorar a lo largo de estos seis primeros meses con una tasa de solo 20,1 vehículos sustraídos.


Por lo que se refiere a los dos últimos indicadores, el indicador III, faltas de lesiones, y el indicador IV, faltas de hurto, como saben SS.SS.
estos engloban un importante número de infracciones, el 44,1 por ciento del total, que penalmente son consideradas de baja gravedad y para las que por ello el Código Penal establece penas de multa o de localización.
Por esto, algunos países ni siquiera las incluyen en las estadísticas de criminalidad que formulan. Sin embargo, tanto por su importante volumen como por sus características hemos considerado que sí es necesaria su inclusión como indicadores diferenciados en nuestro sistema. Como pueden ver en el gráfico que tienen a su disposición, la tasa del indicador III, 2,03 faltas de lesiones por cada 1.000 habitantes hasta junio pasado, presenta una cierta estabilidad a lo largo de la serie histórica en torno a su valor y es similar a la que tuvimos en el año 2004, en tanto que la tasa de faltas de hurto, que es el indicador IV, que desde el año 2002 ha presentado una evolución también estable, en torno a las 14 infracciones de este tipo por cada 1.000 habitantes, presenta hasta junio una mejoría notable, bajando hasta las 13,2 faltas de hurto por cada 1.000 habitantes.


Señora presidenta, señoras y señores diputados, hasta aquí los comentarios generales sobre el comportamiento de nuestra criminalidad en los seis primeros meses de este año, un comportamiento que es innegablemente positivo, que sin duda nos debe satisfacer a todos, a pesar incluso de algunos muy particulares comportamientos que escapan a la tendencia general. Los resultados que acabo de detallarles, referidos a la evolución de la delincuencia, pero también a la excelente actividad y eficacia de la Guardia Civil y de la Policía frente a la misma, se corresponden muy bien con el objetivo general de la política de seguridad del Gobierno que tantas veces ha sido enunciado ante esta Comisión: hacer de España un país cada vez más seguro, para que todos y cada uno de nuestros ciudadanos puedan ejercitar sus derechos y disfrutar plenamente de sus libertades. Esto, señorías, constituye un objetivo invariable y la guía rectora de toda la actividad que los responsables del Ministerio del Interior desarrollamos e impulsamos: hacer que España sea un país cada vez más seguro frente a las viejas y a las nuevas amenazas y, entre estas, frente al terrorismo y frente al crimen organizado; en definitiva, más seguros en nuestras calles, más seguros en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros hogares. A este respecto, estoy seguro de que ustedes y yo compartimos que una política debe ser evaluada básicamente en función de tres grandes aspectos: uno, por los objetivos que se marca; dos, por los recursos que moviliza, y tres, por los resultados que efectivamente genera. Esto es así y debe ser así también para la evaluación de las políticas del Gobierno en materia de seguridad.


Al presentar a SS.SS. el balance de todo ello, no quiero caer -y esto saben que lo recalco siempre- en ningún tipo de acrítica autosatisfacción, porque en materia de seguridad, sobre todo por la complejidad que este bien público implica, siempre, siempre hay mucho que hacer. Ello no me impide, a la luz de los datos que les he proporcionado, que pueda hacer una serie de afirmaciones, en concreto tres. La primera es que los objetivos estratégicos de nuestra política de seguridad responden de una manera adecuada a las viejas y a las nuevas demandas y retos en esta materia y que su desarrollo está yendo por el momento por muy buen camino. En segundo lugar, que para sustentar el logro de tales objetivos, hemos comprometido y asegurado los recursos económicos, humanos y materiales suficientes para que nuestro sistema de seguridad interior cuente con mejores y más coordinadas capacidades operativas y de inteligencia frente a todas las amenazas, ya sean las de tipo terrorista, las provenientes del crimen organizado o bien las que se derivan de la criminalidad entendida en un sentido amplio; pero no solo más capacidades operativas del Estado, a ellas estamos sumando también y progresivamente, gracias a la excelente cooperación y coordinación con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias, las capacidades y los recursos de estas administraciones públicas. Finalmente y en tercer lugar, que gracias a ello, los españoles y cuántos viven en nuestro país o nos visitan disfrutan de niveles de seguridad progresivamente mejores, desde luego, mejores que hace algunos años.


Señorías, España es un país seguro y lo es sin duda por un conjunto de razones que el Gobierno ya ha reiterado en esta Cámara. En primer lugar, por el excelente, el extraordinario trabajo operativo y dedicación de nuestros policías y guardias civiles en el desempeño de sus siempre difíciles, complejas y en muchas, muchísimas

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ocasiones peligrosas misiones al servicio de la seguridad y la libertad de los ciudadanos y de nuestras instituciones. España también es un país seguro porque este excelente trabajo está apuntalado en un conjunto de actuaciones estratégicas puestas en marcha por el Gobierno durante los últimos cinco años, entre ellas un incremento muy significativo del gasto en seguridad, un fuerte incremento -el 26 por ciento- en el número de policías y guardias civiles disponibles, pasando de 118.666 a finales de 2003 a 149.653 a finales de septiembre pasado, es decir, más de 30.000 nuevos policías y guardias civiles. Este importante aumento de efectivos policiales nos ha permitido incrementar los mismos en todos y cada uno de los territorios, pero sobre todo nos ha permitido incrementar la capacidad policial en las comunidades autónomas en las que se habían producido fuertes déficits relativos por comparación con el incremento de la población o la evolución de la criminalidad. Así y a modo de ejemplo, los incrementos de personal de Policía y Guardia Civil en las comunidades autónomas han sido de un 50,4 en la Comunidad Valenciana, de un 48,4 en Murcia, 44,4 en Madrid, 39,5 en Canarias, 34 en Ceuta, Baleares y Melilla, 29,5 en Andalucía y 25,7 en Castilla-La Mancha y Aragón. Y un dato importante y general: con este fuerte incremento de recursos humanos hemos conseguido que la tasa de policías por cada 1.000 habitantes haya pasado de 2,7 policías y guardias civiles en 2003 a 3,2 en la actualidad; insisto, una ratio de 3,2 en la actualidad frente a 2,7 a finales de 2003. Todas estas actuaciones están enmarcadas, señorías, en una verdadera y específica estrategia de seguridad, con líneas y con objetivos claramente especificados y en una gestión en que la coordinación, la cooperación y la evaluación permanente viene amparada semana tras semana por el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, el CEMU, que tan bien conocen sus señorías. Una estrategia de seguridad que ha conllevado profundos cambios en nuestro sistema de seguridad para mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad de los servicios que prestan nuestros cuerpos de seguridad.


Me voy a permitir proporcionar algunos ejemplos para que sean capaces de captar el cambio que se ha producido. Hace cinco años, cuando comparecí por primera vez en esta Comisión, la Guardia Civil y la Policía no compartían ni una sola de sus respectivas bases de datos policiales. (El señor Cosidó Gutiérrez: Algunas sí.) Ello comportó, bien lo sabemos, graves disfunciones puntuales y repercusiones estructurales en algunas ocasiones muy negativas sobre nuestros niveles de seguridad. Hoy, apenas cinco años después, hemos puesto en práctica- y lo que no es menos importante, forma parte ya consolidada de la cultura operativa en nuestros cuerpos policiales-, uno de los requerimientos esenciales para generar inteligencia policial y producir seguridad, como es el principio de inmediatez en la disponibilidad de la información existente en las distintas bases de datos policiales. Gracias a ellos el CNP y la Guardia Civil tienen hoy acceso compartido a sus respectivas bases de datos o comparten, que también es el caso, otras nuevas que han sido específicamente creadas por el Ministerio del Interior para ser compartidas. Dicho de otra manera, comparten acceso a las bases sobre antecedentes policiales, ADN, DNI, sistema automático de identificación dactilar, catálogo de infraestructuras críticas, crimen organizado, operaciones antiterroristas, sistema de seguimiento de los casos de violencia de género, bastidor de vehículos, sistema de información avanzada de pasajeros, base de datos sobre personas desaparecidas, etcétera. Por tanto, somos muy conscientes -y lo decimos siempre- de que a pesar de las actuaciones desarrolladas y los éxitos conseguidos, siempre quedan cosas por hacer o que incluso podría hacerse más. En todo caso, no le quepa a ninguna de SS.SS. la menor duda de que entre nuestro trabajo cotidiano también está la identificación de todas aquellas nuevas necesidades para mejorar nuestro sistema de seguridad interior. Y tampoco les quepa a SS.SS. ninguna duda de que cuando esa identificación se produce dirigimos los esfuerzos necesarios en recursos humanos, en medios materiales, en medios tecnológicos o en dotaciones económicas para cubrirla y para que deje de ser una amenaza para todos nosotros. Porque la seguridad, que sin duda es el requisito previo para el disfrute de la libertad, es una prioridad para los ciudadanos y es también por ello una prioridad en la agenda política de este Gobierno.


Señora presidenta, señorías, finalizo y lo hago a modo telegráfico con el siguiente balance. Los datos de criminalidad hasta junio de 2009 y su evolución durante los últimos años, así como los resultados alcanzados frente a la misma, ponen de relieve una mejora en muchos casos o un mantenimiento al menos -en los menos- de los indicadores básicos de evolución de la criminalidad. Esto es así incluso después del impacto estadístico que importantes y necesarias reformas del Código Penal han tenido sobre las cifras de delincuencia. Esta evolución de los indicadores y los resultados alcanzados frente a la misma expresan además un muy notable, un muy intenso incremento de la actividad y de la eficacia policial. Por ello, señora presidenta, señorías, creo que podemos afirmar y concluir que la orientación estratégica de la política de seguridad del Gobierno está alcanzando muy satisfactoriamente los objetivos que se ha marcado: responder y responder con eficacia a las demandas de seguridad de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el territorio, urbano o rural, o el barrio en el que vivan. Esto está siendo posible porque el Gobierno viene desplegando toda una batería de actuaciones estratégicas para que España cuente con un sistema de seguridad interior, con más recursos humanos y económicos y con más medios, un sistema más motivado y alineado con las necesidades y las demandas de nuestros ciudadanos y de nuestra sociedad y un sistema con unos cuerpos de seguridad del Estado más integrados y mejor coordinados entre sí y con los demás actores operativos del sistema. Y, finalmente, un sistema dirigido de forma

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moderna y orientado al logro de objetivos definidos y compartidos a través de los correspondientes planes estratégicos. Hoy tenemos, señorías, por tanto, un sistema mejor y más dotado en recursos y por ello responde con más eficacia a las demandas de seguridad de todos y para todos los ciudadanos, y creemos honestamente que los resultados que he mostrado a SS.SS. a lo largo de mi intervención así lo avalan.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado, por su intervención. Continuamos con el debate sobre este punto del orden del día. Para ello, como solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Cosidó. Como siempre hacemos, voy a ser flexible con el tiempo. Lo dejo un poco a su arbitrio, pero en cualquier caso cuando lleve unos quince minutos le recordaré que ha sobrepasado el tiempo reglamentario.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: De antemano me puedo comprometer a que seré bastante más breve de lo que ha sido el secretario de Estado, como además reglamentariamente me corresponde. (La señora Arnaiz García: ¡Reglamento!) Exactamente, he dicho como reglamentariamente me corresponde.


Antes de nada, quiero agradecer al secretario de Estado que haya tenido la amabilidad de venir a comparecer para contestar a una petición del Grupo Parlamentario Popular -creo que también del Gobierno-, pero quiero decirle que la comparecencia en el Parlamento -se desprendía un poco de sus primeras palabras- no es un hecho gracioso del Gobierno con el Parlamento, sino una obligación constitucional y por tanto usted está aquí cumpliendo su obligación como miembro del Gobierno. Quiero decirle básicamente tres cosas en relación tanto con el informe que nos remitió sobre la evolución de la criminalidad en el primer semestre de 2009 como con su intervención de esta tarde. En primer lugar, su presencia en esta Comisión y su comparecencia para aportarnos estos datos, que le he agradecido, en ningún caso puede ser una coartada para ocultarnos la información y los datos que tenemos derecho a conocer. En segundo lugar, el informe que nos ha remitido y que ha servido de base a su intervención esta tarde es un informe incompleto y manipulado, un informe que no refleja la realidad de la seguridad ciudadana en España. Y en tercer lugar, le quiero decir que España tiene en estos momentos -los ciudadanos lo saben bien- un problema grave de seguridad ciudadana, pero tiene un problema aún mayor, el problema de un gobierno que no quiere reconocer que la sociedad española tiene un grave problema de seguridad ciudadana.
Como diputado por Palencia, he formulado al Gobierno un conjunto de 26 preguntas, pidiendo datos tan sencillos como el número de homicidios, el número de robos con violencia, el número de robos con fuerza en las cosas o el número de agresiones sexuales. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular lo hemos preguntado en todas y cada una de las provincias españolas a las que representamos. La respuesta del Gobierno -leo textualmente- es: Los datos de delincuencia y criminalidad relativos al año 2009 se facilitarán en la forma acordada entre los grupos parlamentarios en la proposición no de ley relativa a los datos de criminalidad y sistema estadístico de seguridad del Ministerio del Interior, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en la sesión celebrada el 21 de octubre de 2008, en cuyo cumplimiento el pasado 11 de septiembre fue remitido al Congreso de los Diputados el informe semestral sobre situación y evolución de la criminalidad en el conjunto de España en el año 2009.


Yo le quiero decir, señor secretario de Estado, que esto es mentira; que en el informe que usted nos remitió y en los datos que ha aportado esta tarde no hay uno solo de los datos sobre los que la diputada Celinda Sánchez y el diputado Ignacio Cosidó preguntaban al Gobierno y sobre los que el Gobierno no ha querido responder. Y le quiero decir más, señor secretario de Estado. Cuando ustedes nos invitaron para presentarnos el nuevo sistema estadístico de seguridad, usted recordará bien -también algunos de los presentes, porque había más diputados- que yo expresamente le pedí que el cambio en el sistema de seguridad en absoluto afectara al derecho constitucional y reglamentario de los diputados a pedir información sobre evolución de la delincuencia en su provincia. Estábamos reunidos en su casa, en la Secretaría de Estado de Seguridad, y usted me dijo que por supuesto. Pues bien, yo le digo que o usted ha faltado a su palabra, señor secretario de Estado, o usted no pinta nada en el Gobierno, porque lo que nos responde el Gobierno es que esas preguntas ya nos las contestará el informe en el que, para más inri, no se encuentra esa información. Le quiero decir, señor secretario de Estado, que esta ocultación de datos no tiene antecedentes en la historia parlamentaria.
Que usted esté aquí esta tarde tiene muchos antecedentes en la historia parlamentaria; hay muchos secretarios de Estado que vienen muchas veces -incluso más veces que usted- a esta Cámara. Lo que no tiene antecedentes es que se oculte la información de la forma en la que lo está haciendo el Ministerio del Interior a los parlamentarios. Además, contraviene usted un acuerdo de esta Comisión adoptado por mayoría que dice -le leo textualmente-: Facilitar puntual y detalladamente los datos sobre criminalidad solicitados en las preguntas parlamentarias escritas de los diputados y senadores cumpliendo el mandato constitucional que tiene el Ejecutivo, algo que le hemos tenido que recordar, señor secretario de Estado. Le hemos tenido que recordar cuál es su obligación reglamentaria y constitucional, y ustedes, el Gobierno, el Ministerio del Interior, siguen sin hacer ningún caso. Este es un asunto muy serio, porque afecta a la calidad de nuestra democracia; porque la transparencia es un bien esencial en el funcionamiento de la democracia. La diferencia entre la transparencia y la ocultación es lo que muchas veces diferencia un régimen democrático del que no lo es, y yo estoy y

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quiero seguir estando en un régimen de libertades democrático. Por tanto, señor secretario de Estado, le agradecemos su presencia, pero permítame que le diga que mientras ustedes no nos faciliten esa información tendré que matizar su bienvenida a esta Comisión, porque está faltando gravemente al respeto de los diputados que preguntamos. Quiero decirle además que hemos pedido amparo al presidente de la Cámara -en mi caso ya está pedido e igualmente lo pedirán los 153 diputados del Grupo Parlamentario Popular-, y que el presidente de la Cámara ya nos ha dado amparo en varias ocasiones, como usted sabrá, y yo espero que nos siga dando amparo porque, insisto, es una falta de respeto a esta Cámara.


Señor secretario de Estado, la ocultación de datos que ustedes practican desde el Gobierno de forma sistemática no afecta solamente a las respuestas parlamentarias. La diferencia entre cualquier ministro del Interior de la etapa democrática y el señor Rubalcaba es esta, señor secretario de Estado, es una memoria estadística del Ministerio del Interior de casi cien páginas con todo tipo de información y una memoria de veintitrés páginas que no incluye prácticamente ninguna información (Mostrando sendas memorias a la Comisión.). Esta es la diferencia de calidad democrática de otros ministros del Interior, independientemente del partido que fueran, y el ministro Rubalcaba. Y le quiero decir más.
Usted, como secretario de Estado, firmó una orden en el año 2005 -usted me dirá si sigue vigente esa orden- pidiendo que desde los distintos servicios de prensa de los diferentes centros directivos así como desde las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno no se difundan datos estadísticos y que los análisis de evolución de criminalidad, con la periodicidad que se establezca, sean remitidos por la Secretaría de Estado de Seguridad. Es decir, tienen prohibido dar cualesquier dato que no sean los remitidos por la Secretaría de Estado de Seguridad. Señor secretario de Estado, en su obsesión por ocultar la información están llegando... (El señor secretario de Estado de Seguridad, Camacho Vizcaíno, hace gestos negativos.) Le estoy dando datos objetivos, esta orden la firmó usted y esta memoria está publicada. Si me permite, hay un hecho todavía más simbólico de su voluntad de ocultación de la información. Yo he impreso la memoria del año 2007 y no he podido imprimir la memoria del 2008. ¿Sabe por qué no la he podido imprimir? Porque ustedes en la página web del ministerio han protegido informáticamente esa memoria para que ya no se puede imprimir ni reenviar, sino únicamente leer en la pantalla. ¡Hasta dónde vamos a llegar! Ha restringido usted el acceso a la información dentro de las propias unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comisarías, de las comandancias de la Guardia Civil de forma tal que la estadística, que tenía que ser una herramienta fundamental en la planificación operativa de los servicios, la han convertido ustedes en poco menos que un secreto de Estado.


Quiero preguntarle además, señor secretario de Estado, cuándo van a cumplir ustedes la petición aprobada democráticamente por mayoría en esta Comisión para incluir en la página web del Ministerio del Interior la evolución mensual de delitos y faltas conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por tipos de delitos y por provincias con un formato de fácil acceso para los ciudadanos, tal y como se hace en la mayoría de las democracias occidentales. Nos ha faltado decir que se pueda imprimir e intercambiar archivos, pero probablemente se lo tengamos que apuntar también. Me gustaría que contestara, señor secretario de Estado, porque esto es un mandato de una proposición no de ley aprobada en esta Comisión. Me gustaría que contestara cuándo van a cumplir ese mandato.


Señor secretario de Estado, le decía que es un informe incompleto y manipulado. A veces llegan ustedes al absurdo. Usted me está comparando los doce últimos meses con el año 2008; es decir, usted me está incluyendo en su comparación el último semestre de 2008 para compararlo con el último semestre de 2008. Me pregunto si cuando el ministro venga a presentarnos el informe anual sobre inseguridad nos va a comparar los datos de 2008 con el dato de 2008 para decirnos que la delincuencia tiende a mantenerse estable. Es que incluyen ustedes el mismo periodo. Le pido que nos mande un informe sobre el primer semestre del año 2009, que es lo que le hemos pedido, que es el mandato de la Comisión: presentar los datos del primer semestre del año 2009. Por tanto, llévese este informe que nos ha entregado y tráiganos el informe que esta Comisión le demanda por unanimidad traer a esta Cámara y que es un informe sobre el primer semestre del año 2009.


Señor secretario de Estado, en su informe se dice que disminuye la delincuencia. Tienen ustedes distintas cifras para decir cuánto según contemplen un tipo de delitos o no lo hagan. Lo que disminuye es el territorio bajo su responsabilidad. La delincuencia y la criminalidad en España aumentan. No le quiero aburrir con datos, pero le voy a dar solamente dos que seguro que usted conoce. Son datos de enero a mayo en la demarcación de la Guardia Civil. Los delitos conocidos por la Guardia Civil de enero a mayo del año 2009 en Cataluña disminuyeron un 93 por ciento; pasaron de 6.255 delitos a 482 delitos conocidos por la Guardia Civil en Cataluña de enero a mayo. Y los delitos conocidos por la Guardia Civil en Madrid se incrementaron en un 20 por ciento; pasaron de 11.656 delitos conocidos por la Guardia Civil en la demarcación de Madrid entre los meses de enero y mayo a 13.897 delitos.


La diferencia de estas cifras, señor secretario de Estado, es que si usted contempla la disminución del 93 por ciento en Cataluña, le sale que los delitos en el conjunto de la demarcación de la Guardia Civil han disminuido un 2,6 por ciento, y si usted no contempla la disminución de ese 93 por ciento, que no es una disminución real -es simplemente porque la Guardia Civil ha cedido esa competencia territorialmente a los Mossos d'Esquadra durante ese periodo-, el incremento que le sale es del 1,6 por ciento. Por tanto, le insisto en que a usted no

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le disminuye la delincuencia sino la demarcación, el territorio bajo su responsabilidad.


Señor secretario de Estado, para la mayoría de los delitos, excepto aquellos que están agrupados, usted nos habla siempre de tasas, pero nunca nos dice ni el número de delitos ni la población que le permiten obtener la tasa. Yo le digo que sin esa información es imposible conocer la realidad porque a nosotros nos salen tasas de delincuencia muy diferentes. Por tanto, le pido que nos informe tanto sobre la población, que es variable, como sobre los delitos y faltas que usted está considerando en cada caso.


Ustedes tienen, además, señor secretario de Estado, una denuncia unánime por parte de los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil de que se están manipulando los datos. Le leo el último comunicado dado por el sindicato mayoritario del Cuerpo Nacional de Policía, el Sindicato Unificado de Policía: En España se puede presentar denuncia en cualquier juzgado, comisaría, dependencia policial o fiscalía, y las fuerzas de seguridad del Estado conocen solo una pequeña parte, que podemos calcular en torno al 50 por ciento de los hechos delictivos que se cometen -lo dice el SUP, no el Partido Popular-. Todas las denuncias en los juzgados, fiscalías, policías autónomas, locales, y todos los partes médicos de lesiones, cientos de miles al año, que antes se remitían a la policía, tras una orden del fiscal general Cardenal se remiten a los juzgados. El problema, por tanto, es estructural; hay que crear el sistema que permita al Gobierno conocer todos los datos de criminalidad, y la mejor forma de hacerlo es a través de la Fiscalía General del Estado porque es imposible a estas alturas establecer sistemas que reviertan a Interior todos los datos. En los dos últimos años se han detectado cinco casos conocidos por la Dirección General de Manipulación Estadística -denuncia el SUP, cinco casos de manipulación estadística-. ¿Ha ocurrido algo? Por lo tanto, revisemos nuestras actuaciones de manipulación estadística, pero mantengamos nuestra denuncia contra el sistema. Esto, señor secretario, se lo dice el sindicato mayoritario. El siguiente sindicato más importante en la policía le acusa de dar datos parciales e incompletos para instrumentalizarlos políticamente.


La asociación mayoritaria en la Guardia Civil, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, dice que se están recibiendo de manera generalizada presiones encaminadas al maquillaje -le leo textualmente- ante el alarmante aumento de la delincuencia. Esto, señor secretario de Estado, se lo dice la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz, y es casualmente Andalucía la comunidad autónoma en la que más han disminuido las estadísticas en lo que llevamos de año 2009. Ya sé que ustedes siempre rebaten el dato de la fiscalía, pero yo le quiero decir que están ustedes solos en su mentira, porque la Fiscalía General del Estado -y usted, que es fiscal y lo conoce bien, imagino que valorará en buena medida el trabajo de sus compañeros- indica un incremento de las diligencias del 4 por ciento. Se lo voy a decir otra vez, aunque usted luego pretenderá desvirtuar el sentido de mis palabras. Yo no voy a practicar la demagogia de decir que es lo mismo los delitos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que las instrucciones de la fiscalía. Eso lo decían ustedes cuando estaban en la oposición. Yo lo que les digo es que el dato de la fiscalía es sumamente relevante para conocer cuál es la tendencia de la criminalidad en nuestro país. También le digo que no es solo la fiscalía.


Hace pocos meses el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es al mismo tiempo el presidente del Tribunal Supremo, decía, creo que en esta misma sala, que la crisis económica hace previsible el incremento del volumen de asuntos en la jurisdicción penal como efecto de un nada descartable incremento de la tasa de criminalidad.


El señor Rubalcaba dijo que no, que esto era erróneo, porque nada tenía que ver la crisis económica con la evolución de la criminalidad; es más, poco menos que acusaba al presidente del Tribunal Superior de Justicia de criminalizar a los parados. Los datos objetivos, ya con nueve meses de año transcurrido, son que el señor Dívar tenía razón y el señor Rubalcaba no, porque lo que nos indica la estadística del Consejo General del Poder Judicial es un incremento del 4 por ciento de los asuntos incluidos en su jurisdicción penal, que se aproximarán al final de este año, según sus propios cálculos, a los 7 millones de asuntos penales ingresados. Además, según el Instituto Nacional de Estadística, se ha producido un incremento de más del 20 por ciento en los condenados y usted conoce, porque es también su competencia, que se ha incrementado en un 3,7 por ciento el número de presos ingresados en nuestros centros penitenciarios, que alcanza ya la cifra en la responsabilidad que a usted le corresponde de 65.868, lo cual, además, le pone en otro brete, que es la saturación en un 180 por ciento que se vive en estos momentos en los centros penitenciarios. Le digo más, la Policía autónoma vasca -sin mandato de su Parlamento, el Gobierno vasco sí publica mensualmente los datos de evolución de la delincuencia- pone de manifiesto que hay un incremento del 7 por ciento en el número de delitos en su demarcación; es decir, es la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, la Policía autónoma vasca y usted viene aquí a decirnos que la delincuencia está bajando a un ritmo poco menos que acelerado.


Voy terminando, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Se lo ruego, por favor.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Termino muy rápidamente.


Tenemos un grave problema de seguridad ciudadana en nuestro país. Nosotros le pedimos información objetiva y veraz para poder calibrar cuál es la dimensión de ese problema y poder debatir con cierta solvencia con relación al mismo. Tenemos un problema de delitos contra las personas.
Según sus propios datos, con todas

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estas diferencias, hay un incremento del 14 por ciento desde el año 2004 hasta el año 2009. Tenemos un aumento de los robos con fuerza, de los robos con violencia, de los robos en homicidio, incluso con sus propios datos trucados sale un incremento de los robos en domicilio. (El señor secretario de Estado de Seguridad, Camacho Vizcaíno, hace gestos negativos.) Sí, lo pone usted en su informe, hay un incremento de robos en domicilio. Hay un aumento de los hurtos en los supermercados, es algo que se está viviendo, es algo que la sociedad española está viviendo cotidianamente.


Quiero terminar, señor secretario de Estado, por donde usted empezaba, diciéndole dos últimas cosas. Primero, me parece que es una enorme irresponsabilidad -y se lo decía el otro día al ministro en el Pleno- que, en un momento en el que tenemos esta presión al alza de la delincuencia que ustedes ocultan, estén disminuyendo los recursos de la forma en la que ustedes lo están haciendo, con una disminución del 50 por ciento en las inversiones para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado este año y con una oferta de empleo público que ustedes siguen sin desvelar porque, probablemente, ni siquiera pueda cubrir las bajas que se vayan a producir. Segundo, quiero expresar el reconocimiento, el agradecimiento de mi grupo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, porque los únicos datos que en absoluto le voy a contestar, que en absoluto le voy a discutir son los datos que se refieren a la actividad policial, al incremento del número de detenidos y al incremento de la eficacia en el esclarecimiento de delitos. Eso creo que es fruto del trabajo, de la entrega, de la profesionalidad y de la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, unas fuerzas y cuerpos de seguridad que ni merecen -y es tema de otro debate- el trato que ustedes les están dando ni merecen la política de seguridad que este Gobierno está aplicando.


La señora PRESIDENTA: Seguimos con el turno de grupos parlamentarios.
Señor Olabarría, aunque no haya podido estar antes, si tiene intención o interés en intervenir, lo puede hacer en este momento. Tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intención e interés, señora presidenta.
Reconozco que es un uso parlamentario un tanto heterodoxo intervenir sin haber escuchado la locución del compareciente, pero son reflexiones muy concisas y va a ser una intervención particularmente breve, aunque conozco mi poca credibilidad cuando hago invocaciones de esta naturaleza, señora presidenta.


En primer lugar, señor secretario de Estado, diré que este es un debate que nos retrotrae a esa expresión tan elocuente que es el déjà vu. Este debate se repite no sé si cada año, cada trimestre o cada cuatrimestre, pero es manifiestamente recurrente. Desde esa perspectiva no sé hasta qué punto resulta pertinente hacer más comentarios que los -quizás- superficiales u obvios que mi grupo está en condiciones de hacer en este momento.


Señor secretario de Estado, con relación a los agradecimientos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los que tanto se regodean algunos grupos parlamentarios aquí, quiero decir que lo pertinente, en opinión de mi grupo parlamentario, es prescindir de la retórica y atender a sus legítimas reivindicaciones manifestadas por sus asociaciones representativas. Sobre esto no voy a decir nada más, y usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Hay unos grupos más receptivos a las legítimas reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros menos receptivos, y algunas veces uno se encuentra con la paradoja, señora presidenta, de que los menos receptivos son los que más se regodean en esta retórica de agradecimientos y de invocaciones respecto al buen funcionamiento, etcétera. Bueno, esto es algo que a nosotros nos parece intelectualmente un tanto estéril y en lo que tampoco vamos a profundizar más.


El tema de las estadísticas dimana de muchas circunstancias. Hay fenómenos criminales de nuevo cuño, hay nuevos tipos delictivos, hay tipos delictivos que crecen y otros que no lo hacen. La conclusión a la que uno llega es que es manifiestamente imposible que los dos grupos mayoritarios que están en condiciones de alternarse en la gobernación del Estado español se puedan poner de acuerdo en esta materia ni en ninguna otra, y que esos pactos de Estado a dos son un metafísico imposible -usando la expresión kantiana o las reflexiones de Descartes sobre el racionalismo teórico-. ¿Por qué son imposibles estos pactos, por qué han fracasado todos ellos y por qué son terriblemente volátiles y frágiles sus fundamentos? Porque al final las estrategias para el advenimiento al poder los desestabilizan inevitablemente. Al final pueden más las posibilidades que en estos pactos se fundamentan, pueden más las estrategias de acceso al poder o de intentar conseguirlo que la voluntad que pretendidamente justifica la existencia de pactos de esta naturaleza entre dos partidos políticos de intentar consensuar cuál es la forma de afrontar determinados problemas. Tengo la manifiesta convicción de que al final solo son posibles pactos parlamentarios con grupos que nunca van tener la alternativa de poder gobernar el Estado español y no con otros grupos y, de hecho, las circunstancias lo están acreditando así. No es posible pactar ninguna ley de relevancia únicamente con los grupos minoritarios -expresión que se ha acuñado ya y que a mí no me termina de parecer feliz-, pero es, con los grupos minoritarios con los que se está pactando todo. ¿Por qué? Porque al final vence siempre el sentimiento de intentar derrotar a quien está gobernando. Esto ha ocurrido antes, cuando gobernaba el PP, y está ocurriendo ahora, cuando gobiernan ustedes, por la necesidad de pactar la forma de afrontar determinados problemas. El paradigma de un fracaso de estas características, señor secretario de Estado, es el fracaso y la

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amortización política espontánea del Pacto antiterrorista que en su día suscribieron con el Partido Popular.


Dicho esto, en materia de estadísticas, ¿qué quiere que le diga? Aquí hay muchos problemas concurrentes respecto a los cuales ni siquiera usted tiene capacidad de actuación desde sus responsabilidades políticas. Si aquí el legislador ha decidido que cualquier fenómeno de nueva generación o de nuevo cuño, o cualquier circunstancia que provoque alarma social merita inmediatamente, como efecto fatalmente inevitable, en la creación de un tipo penal nuevo y hemos convertido el Código Penal del año 1995 en un manual que tiene las dimensiones de la colección Aranzadi, evidentemente ustedes van a tener que afrontar más fenómenos delictivos, más conductas contrarias a la legalidad y más injustos penales. Nos hemos enterado recientemente de que se puede llegar a la aberración, ya extrema, de que algo que forma parte del título preliminar del Código Penal, que es la configuración de las atenuantes y agravantes, una atenuación de la responsabilidad, se puede convertir, por arte de birlibirloque, en agravante. No voy a glosar esta circunstancia, porque seguramente no es lo que a usted le ha convocado a esta Comisión. La verdad es que los legisladores le hacemos un flaco favor al Ministerio del Interior creando permanente y sistemáticamente tipos delictivos nuevos cuando hay un problema o una cierta alarma social, que muchas veces es una alarma social provocada mediáticamente, mediante una implementación o exacerbación mediática de ciertos fenómenos delictivos.
¿Qué otros tipos delictivos no se terminan de reprimir eficientemente? Hay delitos de naturaleza compleja de muy difícil represión. ¿Que en otros ámbitos se está actuando mal? Es manifiestamente evidente que en relación con determinadas fenomenologías delictivas no se termina de actuar con corrección y que hay mucho que mejorar también en el ámbito de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Ya con esto acabo, señora presidenta. La utilización de las estadísticas, que es el paradigma de la mentira en materia política para intentar encontrar réditos electorales, es un tipo de discurso que a nosotros no nos complace particularmente. Las estadísticas son volubles, son fluctuantes, son volátiles, porque es un concepto volátil donde los haya, y nadie podrá presumir o jactarse de hacerlo mejor -ninguno de los partidos que ha gobernado históricamente desde la transición política española- ni de hacerlo peor, porque los fenómenos delictivos tienen un componente espontáneo, tienen un componente natural que está en la naturaleza de las cosas. Ni el derecho punitivo ni la actuación más eficiente o menos eficiente de los poderes públicos del Estado, encargados de reprimir estas conductas aberrantes, los van a poder controlar. Si además de todo lo dicho, señora presidenta, les ayudamos tan poco que les obligamos a reprimir cada vez más conductas, que son dudosamente ubicables dentro del Código Penal, que se basan en unos ciertos fundamentos ontológicos, como el principio de mínima intervención, última ratio, etcétera, y ya empezamos a ubicar aquí los delitos contra la seguridad en materia de tráfico y otros tipos de delitos que algunos consideran que deben ser ubicados en el Código Penal, y convertimos el Código Penal en una especie de vademécum o de bálsamo de Fierabrás para resolver todos los problemas de la sociedad, la verdad es que las estadísticas nunca les van a favorecer.


Desde esa perspectiva, esto es lo que le queríamos comentar, siempre con la esperanza, señora presidenta, de que esto tenga alguna coherencia con la exposición del secretario de Estado; esperemos que alguna. (Risas.) En todo caso, sería mediante una interpretación paranormal de lo que el señor secretario de Estado ha comentado. Con todo el respeto al señor Cosidó y a todos los grupos de esta Cámara, querríamos comentar que este tipo de debate, tan recurrente, tan previsible, tan escenificado, tan corriente y de tan -si me permite ya la expresión y la expansión ya vinculada a una honestidad digna de mejor causa, seguramente- corto o pobre contenido en ocasiones, no es un tipo de debate que a nosotros nos parezca particularmente relevante.


La señora PRESIDENTA: Desde mi punto de vista su intervención sí que es coherente con lo que estamos hablando y con lo que se ha dicho anteriormente y siempre son observaciones para la reflexión más que para un debate sobre, como usted dice, de estadísticas, pero estamos en ello.
(El señor Olabarría Muñoz: Me quita un peso de encima.)

Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor González Serna.


El señor GONZÁLEZ SERNA: Agradezco la presencia en esta Comisión, una vez más, del señor secretario de Estado de Seguridad y agradezco también sus minuciosas explicaciones. Señor Camacho, por supuesto, le doy la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Decía el señor Olabarría en sus primeras palabras -me ha resultado interesante escucharlo- que hacía uso de la palabra de una forma poco ortodoxa, porque no estaba, no había escuchado al señor Camacho y ha intervenido.
No se preocupe. Otros sí que estaban, parece que no estaban, han intervenido y no se han enterado de nada de lo que aquí se ha dicho.


Señor Camacho, comienzo mi intervención expresando que compartimos el diagnóstico sereno y el diagnóstico realista que de la evolución de la seguridad ciudadana ha realizado usted esta tarde. Los datos que nos ha presentado son objetivamente positivos, porque reflejan una reducción suave pero constante de la criminalidad y se enmarcan en una tendencia sostenida, en una tendencia decreciente que viene experimentándose en los últimos cinco años. Todo su informe viene a decir con claridad que los delitos y faltas bajan en España, tan sencillo como eso. Apreciamos una caída suave pero continuada, como le decía, que nos sitúa ya en una disminución relativa de cinco puntos con respecto al peor año de la serie histórica, que fue el año 2002, año en que

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el señor Rajoy era ministro del Interior. Es una caída que en términos absolutos significa que estamos en unos 200.000 delitos y faltas menos cada año. Para mi grupo este es un dato muy relevante, porque 200.000, aproximadamente, son, señora presidenta, señor Camacho, muchos delitos y faltas menos. Quizá invirtiendo la formulación del planteamiento se apreciará el valor de esa cifra. ¿Qué hubiera dicho el señor Cosidó, qué hubiera dicho el Partido Popular esta tarde si en estos cinco años del Gobierno del Partido Socialista se hubiera experimentado un incremento de ciento noventa y tantos mil, casi 200.000 delitos y faltas más al año? Se lo imaginan ustedes, ¿verdad? Yo no voy a utilizar adjetivos exagerados para calificar esa sustancial e importante reducción, pero usaré una cifra, y con ella construiré una oración muy sencilla: Con el señor Rubalcaba como ministro del Interior y con su equipo se cometen cada día 550 infracciones penales menos que cuando gobernaba el Partido Popular y, singularmente, cuando el señor Rajoy era ministro del Interior. Por tanto, es un buen reflejo de la política de seguridad de su Gobierno.
Valoramos muy positivamente la evolución de los indicadores principales a los que ha hecho usted referencia. No voy a repetir los datos, pero en cualquier caso sí voy a destacar que se trata de caídas muy acusadas que tienen como reflejo esa mejora de la seguridad ciudadana en nuestro país.
También quiero destacar lo positivos, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, que son los indicadores de eficacia policial, el incremento de la tasa de detenidos y el incremento de la tasa de delitos esclarecidos, a los que usted ha hecho una referencia muy pormenorizada, señor Camacho. Solo cabe calificar como extraordinariamente positivos los datos de eficacia policial, que requieren que mi grupo exprese también en esta Comisión, como antes lo hizo usted, señor Camacho, la sincera felicitación y el reconocimiento a los hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil por su trabajo serio, por su trabajo riguroso, por su profesionalidad y por su entrega y sacrificio, que hacen que España sea cada día más seguro, a pesar de que hay quienes todos los días de forma muy irresponsable los ponen en la picota con sus declaraciones y con sus afirmaciones.


Vuelvo al terreno de los datos y de las conclusiones. Para el Grupo Parlamentario Socialista la cuestión es muy clara. La tendencia decreciente de la criminalidad, la disminución de los delitos y faltas desde 2004 hasta hoy es producto de la acertada política puesta en marcha por este Gobierno, por el Gobierno del Partido Socialista, una política que, como usted ha ido desgranando, da buenos frutos. Hay una relación de causa y efecto indiscutible entre el incremento sostenido del gasto público en seguridad y la reducción de la criminalidad. A medida que se ha ido aumentando el gasto público destinado a seguridad ciudadana, a medida que se han ido incrementando las plantillas, a medida que se ha dotado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de más medios materiales y tecnológicos, a medida que se ha hecho es esfuerzo por parte del Gobierno del Partido Socialista, ha ido aumentando la eficacia policial y se ha ido reduciendo el número de delitos y faltas y, en consecuencia, ha mejorado la seguridad ciudadana en su vertiente objetiva y también en la percepción de los ciudadanos en su vertiente subjetiva.
Es tan sencillo como eso y además no es una mera teoría, sino que es algo empírico, porque hemos experimentado el fenómeno en los dos sentidos, también a la inversa, en sentido contrario, con los gobiernos del Partido Popular; es decir, hemos comprobado cómo esa política de reducción de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la disminución de los medios entre 1996 y 2004 -aquellos años en los que la consigna del Gobierno del Partido Popular era: quien quiera seguridad que se la pague- provocan un incremento muy notable de los delitos y las faltas. Ahí están los datos, ahí están las estadísticas y ahí está también la percepción de los ciudadanos, que se refleja en las encuestas del CIS, que situaban en 2002 como tercer problema social la inseguridad ciudadana, y que hoy es el séptimo problema destacado por los ciudadanos en la encuesta que se corresponde con el período analizado con este informe, julio de 2009.


Como decía, señorías, hay una relación de causalidad entre la evolución de la delincuencia y los recursos públicos que se dedican a las políticas de seguridad. Como usted ha dicho, y yo voy a resumir rápidamente, ahora se reducen los delitos y las faltas porque en cinco años se han convocado más de 47.000 nuevas plazas de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, se ha crecido hasta los 149.000 agentes en ambas plantillas en solo cinco años y hemos pasado -que es la clave- de gastar, de dedicar el 0,49 por ciento del producto interior bruto, cuando gobernaba el Partido Popular, a más del 0,62 por ciento en este momento; por tanto, se invierte más, se dedican más recursos a seguridad ciudadana y, en consecuencia, el resultado es que disminuye el número de delitos y el país es más seguro. Por eso, señor secretario de Estado, desde el Grupo Socialista le reiteramos nuestra valoración positiva de los datos que nos presenta y le damos nuestro apoyo para que su Gobierno continúe trabajando en la misma dirección, a pesar de que compartimos la máxima a la que usted hacía referencia de que en seguridad siempre hay mucho que hacer y hay mucho camino por recorrer.


El segundo asunto al que me quiero referir esta tarde tiene que ver con el hecho de su presencia aquí, con su comparecencia, a la que el Grupo Parlamentario Socialista concede un notable valor político. Con su comparecencia, señor Camacho, y una vez celebrada previamente, en marzo de este mismo año, la del ministro del Interior, señor Rubalcaba, se da cumplimiento holgado -permítame que lo diga así- por parte del Gobierno al importante acuerdo alcanzado en esta Comisión el 21 de octubre de 2008; un acuerdo que, a juicio de nuestro grupo, supone un avance sustancial en materia de transparencia y de control democrático y que, desde luego,

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ha sido producto del consenso de todos los grupos parlamentarios, pero no podemos olvidar que sin el concurso de la voluntad del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista hubiera sido papel mojado. Es un avance, señor secretario de Estado, señora presidenta, aunque algunos no lo quieran reconocer y lo minusvaloren en esta Cámara una y otra vez, enormemente valioso en términos políticos, porque supone compromisos concretos para el Gobierno en relación con esta Cámara, supone informes periódicos, supone comparecencias y, en definitiva, en términos políticos, significa la obligación de rendir cuentas y también más capacidad para fiscalizar la acción del Gobierno.


Esto que está ocurriendo aquí esta tarde, esto que ha minusvalorado abiertamente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, esto, con el Gobierno del Partido Popular, entre 1996 y 2004, no es que fuera una utopía, es que era absolutamente impensable, era imposible y era un objetivo inalcanzable. Aunque ahora, pocos años después de haber salido del Gobierno, desde el Partido Popular hablan constantemente de transparencia, de calidad democrática y, en definitiva, se presentan en esta Cámara, en esta Comisión, con piel de cordero, el "Diario de Sesiones", las hemerotecas y nuestro propio recuerdo demuestran absolutamente a las claras cómo se las gasta en materia de transparencia el Partido Popular cuando está en el Gobierno. Y no solo hablo de pasado, también se puede comprobar cómo se las gasta el Partido Popular en el presente donde gobierna, en comunidades como la de Madrid o como la valenciana, donde tengo que recordar y denunciar que en este momento no se puede ejercer el derecho constitucional a tener un senador más por el boicot del Partido Popular. Por tanto, los que vienen aquí con piel de cordero a reclamar transparencia y a hablar de calidad democrática tienen que revisar su actuación en el pasado y su actuación en el presente allí donde gobiernan. Porque, señor Camacho, comparencias como la que está haciendo usted aquí esta tarde para dar cuenta de la evolución de la criminalidad, por si a alguien le ha pasado desapercibido, no existieron nunca, no existieron jamás entre 1996 y 2004, cuando gobernaba el Partido Popular. Hablar de criminalidad, hablar de delitos y faltas en esta Cámara, en esos años en los que gobernaba el Partido Popular, estaba literalmente prohibido por el Partido Popular, porque lo impedía la mayoría del Partido Popular y, por si usted no lo sabe, aunque creo que sí que lo sabe, señor Camacho, jamás hubo una estadística oficial como la que estamos manejando hoy o como aquella a la que tenemos derecho que el Ministerio del Interior entregue a los diputados de esta Cámara.


Señor secretario de Estado, señora presidenta, este grupo no puede pasar por alto que quien más datos reclama, quien más censura al Gobierno, quien le ha acusado a usted de intencionada ocultación de datos y quien Comisión tras Comisión se nos presenta aquí como el adalid de la transparencia, quien se comporta así, señorías, ha sido cómplice o, mejor dicho, ha sido coautor de una política en el Ministerio del Interior caracterizada por dar la espalda al Parlamento, por eludir el control político de las Cortes y sobre todo por ningunear y amordazar a la oposición. Ha sido coautor, por tanto, de una política basada en el oscurantismo permanente y en la ausencia total de transparencia. Eso es lo que hacía el Partido Popular cuando gobernaba, en general y en particular, en relación con la materia de la que estamos hablando. Por eso, señor secretario de Estado, modestamente, este grupo le sugiere que a algunos de los lamentos que ha podido usted escuchar, a algunas de las críticas y de los cantos de sirena que hemos oído antes les dé el valor de la coherencia política que han demostrado históricamente sus autores o su autor. Por tanto, señor secretario de Estado, lo oído aquí esta tarde de boca del señor Cosidó le sugiero sencillamente que lo ponga usted en cuarentena, porque además le confieso que tengo la íntima convicción de que el señor Cosidó no ha venido, como usted, como yo y como la mayoría de los diputados aquí presentes, a interesarse por la evolución de la criminalidad, a hablar de seguridad ciudadana y a buscar soluciones a los retos que tiene el país en esa materia. No, el señor Cosidó no ha venido a interesarse por la seguridad ciudadana. No voy a decir que no le interesa la seguridad ciudadana, pero en cualquier caso esta tarde lo que ha demostrado es que no ha venido a interesarse por la seguridad ciudadana, ha venido a desacreditar la política del Gobierno y ha venido abiertamente a eludir el debate sobre la estadística de criminalidad.
Utilizar como excusa, utilizar como pretexto, para el planteamiento crítico que ha formulado, el tamaño de una memoria, que ha pasado de 90 ó 100 hojas a tener algunas menos, o utilizar como crítica el hecho de que ya no se puede reenviar e imprimir una página web del ministerio, a mí me parece que es hacer una crítica insustancial, una crítica sin fundamento, es el planteamiento de alguien que no quiere hablar de unos buenos datos de seguridad, que reflejan que la política del Gobierno socialista da resultados en materia de seguridad ciudadana.


La señora PRESIDENTA: Señor González Serna, le ruego que vaya concluyendo su intervención.


El señor GONZÁLEZ SERNA: Acabo.


Yo estoy absolutamente convencido, mi grupo está absolutamente convencido de que con la estrategia del Partido Popular, mostrada aquí, ahora y en ocasiones anteriores, lo único que consiguen realmente es devaluar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esa estrategia del Partido Popular y del señor Cosidó es una estrategia irresponsable, que es mala para todos, porque en definitiva lo que hace el Partido Popular y lo que hace el señor Cosidó, cuando devalúa el importante y valioso trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es cuestionar la tarea y la función social de instituciones como la Guardia Civil y como la Policía, que tienen una extraordinaria importancia para la convivencia ciudadana. Por tanto, solo puedo calificar

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su intervención esta tarde aquí como absolutamente irresponsable e impropia de un partido que hace cuatro días gobernaba España y que puede aspirar a hacerlo.


Acabo, señorías, acabo, señora presidenta, agradeciendo de nuevo la información ofrecida por el señor secretario de Estado y reiterando la conclusión más importante para el Grupo Parlamentario Socialista, son unos datos positivos, señor secretario de Estado, que reflejan el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que reflejan el esfuerzo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y que reflejan que España es cada día un país más seguro.


La señora PRESIDENTA: Para un turno de réplica tiene la palabra el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Por seguir un orden -saben que soy fanático del orden-, voy a empezar reflexionando acerca de la intervención del portavoz del Grupo Popular, del señor Cosidó, al cual agradezco que haya cumplido con su palabra y se haya ajustado a esos quince minutos de los que hablaba la presidenta. Es obvio que el compareciente ha intervenido durante mucho más tiempo, es obvio que el Reglamento así lo prevé y que además en este caso ha dicho muchas más cosas y más interesantes para la seguridad de nuestros ciudadanos que las que nos ha aportado el señor Cosidó (El señor Cosidó Gutiérrez: Eso es un juicio de valor.), que ha dedicado dos tercios de su intervención, fuera de hablar del problema de la seguridad o inseguridad ciudadana, a reiterarnos cuestiones que ya estaban resueltas incluso antes de que se plantearan por primera vez hace ya cinco años. La seguridad constituye una cuestión de Estado, tal y como entendemos todos los que estamos aquí presentes la cuestión de Estado. Por tanto, cuando uno comparece ante una Comisión tan importante como esta espera un debate más en profundidad acerca de los datos que se han proporcionado. Lo que no espera en ningún caso es la exageración, ni la falacia, ni el trazo grueso, ni las palabras de mentira y manipulación que siempre están presentes en esta Comisión. Creo, y ya se lo he dicho a SS.SS. y en especial al portavoz del Partido Popular, que los ciudadanos esperan otra cosa de este tipo de debates, no esperan que saquemos el debate de la fiscalía, que yo creía -en la medida en que no se ha planteado hasta el final de la intervención- que no iba a salir, cuando el señor Cosidó conoce perfectamente que los datos de la fiscalía no pueden ser utilizados para hacer una radiografía de la seguridad o inseguridad en el país. En esta comparecencia ha añadido el dato del INE. Vamos a hablar también de los datos que ha proporcionado del Instituto Nacional de Estadística, pero el grave problema de fondo es que el portavoz del Grupo Popular conoce perfectamente la realidad. Conoce perfectamente que los argumentos que está utilizando no son los adecuados para discutir la batería de datos que se le han proporcionado en un informe y, sin embargo, en vez de introducirse en aquellos aspectos en los que pudiéramos estar de acuerdo, en la necesidad de modificar nuestra estrategia, de introducir nuevas líneas, ha dedicado las tres cuartas partes de su intervención a hablar de lo que hablamos todos los años y de lo que desgraciadamente, y dado el contenido de su intervención, voy a tener que volver a hablar, en vez de hablar de las cosas que interesan a nuestros ciudadanos, que creo que no son, gran parte, sobre las que terminamos debatiendo.


Sin duda es una obligación constitucional y, en el caso del compareciente, no solo es obligación sino devoción. Es muy satisfactorio para el compareciente acudir a esta Comisión y debatir sobre lo que constituye el trabajo desarrollado por el compareciente a lo largo de los últimos seis meses, sea cual sea la opinión del portavoz del Grupo Popular acerca del valor o de la utilidad del secretario de Estado que comparece en el seno del Gobierno. Ciertamente, eso sí que constituye un juicio de valor que creo que debería haber sido excluido de la intervención del portavoz del Grupo Popular. Yo vengo aquí para que se juzgue mi trabajo y no mi peso específico dentro del Gobierno, porque además eso, como saben SS.SS., sí que es un hecho discutible.


Pues bien, es una obligación constitucional, pero curiosamente esa obligación constitucional solo ha sido cumplida por los miembros de este Gobierno desde el año 2004. Yo me pregunto cuál era la razón para que los ministros de Interior y los secretarios de Estado que precedieron a este Gobierno no cumplieran con esa obligación constitucional. Me pregunto y me respondo: es obvio que, con la realidad en materia de seguridad ciudadana que tenían a lo largo de los años 2001, 2002 y 2003, hubiera sido una locura, supongo, del Gobierno de aquel momento haber decidido comparecer. Sin embargo, el debate en torno a la transparencia no se basa en juicios de valor, sino en hechos y los hechos son las veces que ha comparecido el ministro, las veces que ha comparecido el secretario de Estado, los informes que se le han trasladado y las veces que nos hemos sometido a control de las Cámaras. Por tanto, sí es una obligación constitucional y además con la que este secretario de Estado, cualquiera que sea el valor que tenga en el seno del Gobierno, disfruta de una manera especialmente intensa. Sin duda, proporcionarle la información que le hemos proporcionado, proporcionar a S.S. el informe que se le ha proporcionado y la posibilidad de debatir el contenido de este informe con el responsable político en esta materia, no constituye una coartada para nada. Podremos introducirnos luego en torno a las iniciativas que ha contestado este Gobierno y las iniciativas y preguntas, interpelaciones, comparecencias, en el ámbito de la Comisión de Interior. Pero le doy una cifra, hasta la fecha y en la actual legislatura, el total de iniciativas recibidas ha sido 54.522 y han sido contestadas 50.930, si incluimos las múltiples. Si no incluimos las múltiples, sobre simples, serían 21.362 las recibidas y 18.904 las contestadas.


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Por tanto, creo que, desde este punto de vista, estamos especialmente diligentes en contestar a las Cámaras en torno a las cuestiones que se nos plantean.


Evidentemente, el informe ni es incompleto ni está manipulado. El término manipulación es un término excesivamente fuerte. Últimamente, ustedes se están acostumbrando a utilizar calificativos, epítetos, sin un principio básico, que es apoyarlos en la realidad y apoyarlos en datos concretos, decirnos en qué se ha manipulado, decirnos en qué cifra se ha producido una manipulación. No se pueden utilizar estos datos, que son fuertes, decir: un gobierno que manipula. Y lo llevan haciendo meses y además, en algunos ámbitos, con consecuencias preocupantes para lo que constituyen los objetivos del Ministerio del Interior y los de todos los diputados que están presente en esta Comisión. Repito, lo llevan haciendo hace meses de una manera preocupante y creo que deberían dejar de hacerlo.
Dejen de hablar de manipulación y dígannos en qué hemos manipulado. (La señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos: Lo ha dicho.) Dejen de decir que mentimos y dígannos en qué hemos faltado a la verdad. Pero dejen de utilizar ese tipo de epítetos sin apoyarlos en la realidad. Se lo digo por lo que se ha planteado en este debate y por lo que venimos sufriendo en los últimos meses, porque las consecuencias son muy graves en ámbitos que me parece que son especialmente sensibles y en donde estamos de acuerdo, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el crimen organizado y en la lucha contra la criminalidad. Ciertamente, en los últimos tiempos están introduciendo debates sin ningún fundamento, que, como responsable, cualquiera que sea mi peso en el Gobierno en materia de seguridad, me preocupan y me preocupan de una manera intensa.


Dice el señor Cosidó que en España el único que no es consciente de la realidad, de una realidad que no quiere reconocer, es el Gobierno; el Gobierno es el que no reconoce el importante problema que tenemos en materia de seguridad ciudadana, el importante incremento que se ha producido en materia de criminalidad. Pues bien, señor Cosidó, no solamente es el Gobierno, son los ciudadanos, es la sociedad. En esto, el Gobierno está de acuerdo con la sociedad y, si nos vamos a la encuesta, que creo que sin duda habrá visto el señor Cosidó, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, si acudimos al cuadro de la percepción de la inseguridad ciudadana como problema, en este momento solo un 9,9 -octubre de 2009- de los ciudadanos lo conceptúa como principal problema de España. Ya sé que no le gusta, pero voy a hacer una comparación con junio de 2003, era prácticamente un 30 por ciento de los ciudadanos en ese momento. Por lo tanto, en esto, como en otras cosas, desgraciadamente, el Partido Popular no es que esté enfrente del Gobierno, es que está enfrente de la sociedad, está enfrente de la opinión y de la percepción que los ciudadanos tienen acerca de su seguridad y por lo tanto de su inseguridad en materia de criminalidad, señoría, y no es bueno -la historia nos lo demuestra- ponerse en contra de la sociedad. No es bueno ni para el Gobierno ni para la oposición y, señoría no es que el Gobierno no sea consciente de la realidad; el Gobierno es perfectamente consciente de la realidad y la sociedad española, los ciudadanos, saben cuál es la verdadera situación en materia de seguridad. Lo viven todos los días, en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y no es el Gobierno el que está en contra de la realidad, sino que es el Partido Popular el que no quiere reconocer que la realidad en materia de seguridad ha mejorado y mucho en los últimos años. Por lo tanto, no me vale que me diga que los datos que yo le proporciono son mentira. No me sirve, me tiene que decir en qué datos concretos de los que yo he proporcionado se ha producido una falta a la verdad. Mientras tanto, es obvio que sus argumentos carecerán de cualquier fundamento y que será el "Diario de Sesiones" el que recoja una falta a la verdad, la suya, en la medida en que no es capaz de sostener sobre qué basa que los datos proporcionados por el Ministerio del Interior no sean verdad. Por supuesto, en ningún momento el Ministerio del Interior ha afectado a su derecho constitucional a pedir información.
Difícilmente podría hacerlo, salvo que le ate las manos o le impida presentar las preguntas que presenta, y no lo he hecho ni pienso hacerlo, no estoy en esa línea, no lo he estado nunca, ni este Gobierno tampoco.
Por lo tanto, no hay afectación alguna, sino todo lo contrario. No solamente S.S. y el grupo al que representa ejercen su derecho constitucional a pedir información, sino que además el Gobierno contesta y lo hace con unas ratios muy superiores a las de anteriores gobiernos.


Compara el señor Cosidó dos informes. Uno, la memoria de 2007 y, otro, el informe semestral, que hemos remitido por primera vez a la Cámara. (El señor Cosidó Gutiérrez: La memoria de 2008.) Bueno, la memoria de 2008.
Me da lo mismo, el argumento nos sirve. ¿La bondad o maldad de un informe depende del número de folios que contenga o de la calidad de los datos que se proporcionan? Porque nunca se habían proporcionado datos de la calidad que se han proporcionado en los últimos informes, en los informes que nosotros hemos elaborado. ¿De qué les sirve conocer el número de infracciones que se producen en cada uno de los pueblos de España mes por mes, que es lo que preguntan y contestamos en el Senado, incluso a veces verbalmente? ¿Qué imagen le proporciona en torno a la realidad de la seguridad de nuestro país? Quiero que me lo explique, porque, en los países más avanzados en materia de seguridad, la gente no analiza la realidad criminológica en cuanto al número de infracciones pueblo por pueblo, sino que analiza y juega con tasas, con tasas deslizantes, con comparaciones entre años, con comparaciones entre territorios. Los datos que proporcionamos son datos que le permiten -si realmente le interesara- sacar conclusiones y hacer propuestas en materia de seguridad. Por tanto, no conceptúe y califique la realidad por su tamaño sino por su calidad, y sin duda

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la calidad de lo que nosotros le proporcionamos es muy superior a la que nunca se había proporcionado a las Cámaras.


Volvemos a la orden del secretario de Estado de Seguridad, que yo recuerdo porque ustedes me la recuerdan cada año y que sigo defendiendo. ¿Usted cree que el Instituto Nacional de Estadística puede permitirse que cada delegación en cada provincia dé los datos por separado? ¿Usted lo entendería razonable? ¿Qué capacidad tendríamos de hacer un análisis serio y riguroso de la realidad si cada uno diera los datos con criterios diferentes? Porque criterio unánime es imposible; tendríamos ¿cuántos?, entre delegados, subdelegados, autoridades. ¿Cuántos tendríamos dando datos? ¿Existe alguna organización seria donde los datos se proporcionen en cada una de las provincias atendiendo a criterios diferentes? Me gustaría que me mostrara alguna que actúe de esa manera, porque el Instituto Nacional de Estadística expide sus datos a través de la central de Madrid. No tenemos a la delegación de Valencia dando los datos de las encuestas que se han hecho en Valencia al mismo tiempo que a la de Jaén.
Por tanto, esa orden que ustedes han demonizado desde el principio era una orden absolutamente lógica desde el punto de vista de tener una realidad adecuada, obtenida con procedimientos rigurosos a efectos de tener una buena radiografía de la realidad criminológica de nuestro país.
Y no voy a volver sobre este tema porque ciertamente resulta ya un poco cansino que ese sea el único argumento que son ustedes capaces de encontrar a lo largo de cinco años que llevamos discutiendo sobre la cuestión.


Habla de que es absurdo que utilicemos una comparación de datos en relación con los que se le han presentado de doce meses. Supongo que S.S.
conoce perfectamente el uso de las tablas deslizantes; en estadística son muy habituales. En casi todos los países europeos se utilizan estas tablas deslizantes a efectos de apreciar la modificación que se puede producir sobre una realidad en un determinado momento, y esta tabla deslizante nos permite comparar una realidad, doce meses de 2008, con los últimos doce meses. Es habitual en economía, es habitual en estadística y siento que S.S. desconozca que son uno de los instrumentos esenciales para percibir la realidad y poder controlarla. En todo caso, es habitual; no se trata de una maldad más del Ministerio del Interior. Estamos usando instrumentos que son utilizados por todos los países adelantados para analizar la realidad de su seguridad.


Manifiesta S.S. también que la criminalidad no disminuye, que aumenta, y nos habla de los datos de Cataluña. Su señoría sabe perfectamente que los datos que se le proporcionan -no solo porque se haya explicado decenas de veces en esta Comisión, sino porque se le explicó en esa reunión- los construimos comparando territorios homogéneos. Es obvio que, según se ha ido produciendo el despliegue, nosotros hemos comparado realidades homogéneas, y nunca hemos comparado el territorio antes del despliegue con el territorio después del despliegue, porque ahí sí estaríamos manipulando, y nunca hemos manipulado ningún dato. Dice que le proporcionamos datos parciales, pero son veintisiete hojas de datos, ninguno de los cuales ha discutido; porque no ha discutido ningún dato.
Ha dedicado tres cuartas partes de su intervención a las cuestiones de siempre y un cuarto a apreciaciones genéricas. Discútame los datos. Al final de mi intervención los vamos a ver cuadro por cuadro y veremos la reducción que se ha producido, los delitos en los que se ha producido y el incremento, y analizaremos a qué responde ese incremento, por ejemplo, en el ámbito de corrupción de menores y pornografía infantil. Veremos a qué responde; probablemente a un interés que tiene este Gobierno, que no era tan claro con anterioridad, en hacer frente a fenómenos tan complejos y tan graves para nuestra sociedad.


El número de delitos y faltas, el número de infracciones penales viene en el informe que le he proporcionado. Los datos de población -como no podía ser de otra manera- son los que publica el censo. Es decir, estamos utilizando las cifras que se utilizan en cualquier país avanzado por parte del Estado, las cifras y datos estadísticos que se publican y que debería utilizar S.S. En todo caso, como quiere saber los datos concretos del primer semestre y se niega a compararlos a través del sistema de tablas deslizantes con los datos de 2008, le puedo adelantar que si comparamos numéricamente el periodo de enero a junio de 2008 con el periodo de enero a junio de 2009, si el total de delitos en 2008 fue de 437.721, en 2009 ha sido de 431.417; por tanto, la reducción es de menos 1,4 por ciento. Ahora le estoy proporcionando un número y una reducción de menos 1,4 por ciento, dada la alergia que tiene al sistema de tasas; tasas que, por cierto, son los elementos que se utilizan en el resto de estadísticas del Estado desde hace mucho tiempo. El Instituto Nacional de Estadísticas o el CIS utilizan tasas; si nos vamos a economía, se utilizan tasas. Yo siento que tenga alergia a las tasas; por eso le proporciono un instrumento mucho más antiguo, que es simplemente el cómputo de infracciones. Por ese instrumento mucho más antiguo -para que se encuentre más cómodo S.S.- resulta que ha habido una reducción de menos 1,4 por ciento si comparamos el primer semestre de 2008 con el de 2009. Le digo la cifra concreta: 437.721 delitos en 2008 en relación con 431.417 este año. Quiero que me diga en qué falto a la verdad o qué es lo que he manipulado cuando le estoy proporcionando las cifras y le pongo de manifiesto que se han reducido los delitos un menos 1,4 por ciento.
Quiero, si es posible, que me lo diga porque así en la siguiente intervención, si realmente me he equivocado -porque manipular y faltar a la verdad nunca lo he hecho-, reconoceré mi equivocación. Y si S.S. se ha equivocado a la hora de utilizar epítetos tan intensos para hacer referencia a una actividad del compareciente en la que deja muchas horas al día le pediré que se disculpe. Si utilizamos esa cifra numérica que gusta a S.S. en el ámbito de las faltas, si eran 484.205 en el primer semestre de 2008, son 468.238

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en el primer semestre de 2009; por tanto, hay una reducción de menos 3,3 por ciento. Si sumamos ambas reducciones nos da una reducción de menos 2,4 por ciento, y si no tenemos en cuenta los delitos de tráfico, la reducción sería de menos 3,3 por ciento. Señoría, le ruego que me diga en qué miento o en qué manipulo con los datos que le he proporcionado.


Ha mencionado una circular del SUP, del más importante sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, creo que ha dicho S.S. Ha leído un trozo de la circular y justo se ha saltado la frase que nos interesaba para saber cuál es la posición del SUP en torno a la manipulación. Se la ha saltado, conscientemente, se la ha saltado. Porque esa frase dice: A todo esto, el GESI, Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, insiste en que denunciemos los casos de manipulación estadística que conozcamos -eso lo ha leído-, asegurando que allí no hay manipulación. Punto. Lo creemos.
Esto quiere decir que la posición del SUP en esta materia es que cree que no hay manipulación. Por tanto, cuando utilice términos gruesos no se vaya de la mano con gente que no comparte su opinión. No existe manipulación, y lo dice el principal sindicato del Cuerpo Nacional de Policía. No me vaya a decir que el principal sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, con el número de afiliados que tiene, no conocería que hay manipulación si la hubiera. Por tanto, en esto, como suele ser habitual, y más en los últimos tiempos, el portavoz del Partido Popular ha hecho una lectura sesgada de la realidad, y eso no es serio, porque ha leído el párrafo de antes y el párrafo de después y se ha saltado: lo creemos. (La señora Álvarez Oteo: Es un tramposo.) Si va a utilizar el documento, no se salte el párrafo y no quite la parte esencial, que es la posición del SUP en torno a si hay o no manipulación en las cifras del ministerio, y el SUP dice que no.


La fiscalía. Este año he venido preparado, he sacado todos los recortes en los que el fiscal general del Estado pone de manifiesto la naturaleza de sus cifras, y se los voy a leer, porque usted insiste en plantear la cuestión de la fiscalía y yo he de insistir en rebatirle lo obvio. Primer párrafo de la memoria de la Fiscalía General del Estado, que seguro tiene S.S.: Las cifras de estadísticas que se ofrecen en este capítulo deben valorarse de acuerdo con lo que de hecho reflejan, que no es otra cosa que el resultado de la actividad desarrollada por el ministerio fiscal y los órganos judiciales durante el último periodo anual, y en ningún caso pueden identificarse con las cifras que cuantifican los hechos criminales efectivamente cometidos en el indicado periodo. Dos. Un único acontecimiento criminal puede dar lugar a dos o más anotaciones estadísticas en el curso de su evolución procesal, circunstancia esta que introduce un importante factor de divergencia respecto a las cifras reales de delincuencia. Tres. Es imposible que exista una plena coincidencia entre unas y otras estadísticas, las de los órganos judiciales y las policiales, porque hay importantes factores que dan lugar a esas discrepancias. El primero de estos elementos lo constituye el importante volumen de denuncias que cada año se formulan por hechos impunes. Si ustedes se fían de las cifras de la fiscalía, nos estarán dando una radiografía de la realidad criminal española que contiene un número importante de hechos que no son constitutivos de ninguna infracción. Menuda aberración. Dos. La anotación múltiple de un mismo hecho, que quedará registrada pese a tratarse de una única actividad delictiva. Tres. La transformación de un procedimiento en otro de diferente clase, las inhibiciones entre órganos judiciales del mismo o de diferente territorio y las acumulaciones de dos o más procedimientos dan lugar también a anotaciones estadísticas que indudablemente distorsionan los resultados globales y, por tanto, deben ser tenidas en cuenta al valorar los resultados que ofrecemos. Finalmente, como también explicábamos en años pasados, existen en relación con la información estadística disfunciones inherentes al propio planteamiento del sistema de registro difícilmente evitables y que son coincidentes con las que pueden detectarse en el registro efectuado por los órganos judiciales. Yo creo que el fiscal le proporciona una decena de argumentos para que no tengan en cuenta los datos de la fiscalía a la hora de calificar la situación de la criminalidad en nuestro país, y ustedes año tras año siguen utilizando los datos de la fiscalía. Creo que, como conclusión, ni están acompañados de los sindicatos ni de la fiscalía en esta materia.
Por lo tanto, deberían adaptarse a la realidad antes de iniciar cualquier debate sobre esta cuestión.


El INE era el tercer argumento de acompañamiento al Partido Popular en su visión adecuada acerca de la realidad criminológica. Tengo aquí la encuesta del INE, que habla de sentencias y utiliza el tanto por ciento.
Eso quiere decir que no da pistas acerca de la realidad a la que se aplica. Dice exactamente que en el año 2008 se incrementó en un 21,9 por ciento el número de sentencias. Eso quiere decir que los órganos judiciales y la fiscalía han trabajado más que el año anterior, pero no nos ofrece la más mínima pista acerca de la realidad sobre la que han trabajado. Además, S.S. sabe perfectamente esto; a veces tengo que explicar lo obvio cuando nos introducimos en debates sobre realidades que no existen. Por tanto, S.S. no está acompañado en su planteamiento por los sindicatos, ni por la fiscalía, ni por la sociedad, ni por el Instituto Nacional de Estadística, porque se pone de manifiesto que la sociedad considera que existe una situación adecuada desde el punto de vista de inseguridad ciudadana, la fiscalía nos da los datos de actividad, el Instituto Nacional de Estadística nos cuenta los condenados, y en ningún caso ninguno de esos elementos apoya la argumentación sostenida por el representante del Partido Popular.


Finalmente, es obvio que no se ha producido una disminución del gasto público, que no se ha producido tampoco una restricción de la oferta de empleo público, todo lo contrario -se lo he manifestado a lo largo de mi intervención, no me voy a introducir en datos-, pero es obvio que si el Gobierno ha conseguido los resultados que ha conseguido se debe a que ha introducido más

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recursos en este ámbito y a que ha incrementado de una manera importante el personal. Esta es la clave de nuestro éxito, el éxito de haber conseguido disminuir cifras de inseguridad ciudadana que eran especialmente preocupantes hace unos años.


Por lo que se refiere al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, creo que nos ha abandonado (Risas.), pero a efectos de que conste en el "Diario de Sesiones" manifiesto que no dudo de su credibilidad, todo lo contrario, y además me ha parecido un discurso coherente el que ha mantenido a lo largo de su intervención; discurso en el que probablemente deberíamos introducirnos a la hora de analizar la seguridad ciudadana en nuestro país.


Finalmente, por lo que se refiere al portavoz del Partido Socialista, quiero agradecerle la bienvenida a esta Comisión. Sabe perfectamente que es un placer para mí comparecer, entre otras cosas, porque la realidad que traigo pone de manifiesto el buen trabajo de la Policía y la Guardia Civil en los últimos seis meses. Trasladaré, sin duda, la felicitación que ha recogido en su intervención a la Policía y a la Guardia Civil y quiero agradecerle especialmente el apoyo al trabajo en el Ministerio del Interior, compartiendo las consideraciones que ha hecho acerca de la importancia del análisis de la evolución de la delincuencia y de comparar en qué se ha modificado la realidad de seguridad de nuestros ciudadanos en los últimos años.


La señora PRESIDENTA: El tiempo no perdona, llevamos ya muchas horas en este debate y veo que tiene ciertas molestias el secretario de Estado, que espero que se recupere ahora en el turno de dúplica de los diputados, a los que rogaría que fueran ya un poco más breves en sus intervenciones.


Tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Aunque solamente sea por la voz del secretario de Estado, estaré bastante comedido en la extensión de mi intervención.


Si yo utilizo el término manipulación, eso es poco menos que un delito y a usted le escandaliza. Pero cuando usted dice que yo digo falacias, como ha dicho textualmente, eso es una cuestión de cortesía parlamentaria.
Aquí hay veces que se mira mucho la paja en el ojo ajeno y poco la viga en el propio. En todo caso, en los términos que yo he utilizado en absoluto he tenido intención de ofender a nadie y siempre los he tratado de argumentar con datos lo más objetivos posible.


Por otro lado, no me valen dos cosas. Primero, no me vale que como argumento diga que usted viene aquí si cuando viene no nos aporta los datos que le solicitamos -y le he argumentado ampliamente por qué lo creemos así- y, segundo, si usted contesta veintitrés preguntas y lo hace con las cuatro líneas que le he leído -y que evito volver a leer- y a las cientos de preguntas que hacen mis compañeros en relación con sus demarcaciones territoriales, con sus provincias, usted contesta exactamente lo mismo, yo le digo que usted puede contestar millones y millones de preguntas sin dar un solo dato de los que se le piden. Por tanto, me parecen argumentos absolutamente inválidos a los efectos de la discusión que estamos manteniendo. En ese sentido, yo me atrevo a proponerle un pacto que no sé si usted aceptará, y créame que se lo propongo con cierta prevención, porque insisto en que yo textualmente le pedí en la reunión que hubo en secretaría de Estado que en ningún caso el nuevo sistema afectara al derecho de los parlamentarios a preguntar y, es obvio, a ser respondidos, porque usted poco menos que nos ha perdonado o nos ha concedido el derecho a que podamos preguntar y no nos va a atar las manos, no nos va a detener ni va a hacer nada para que no preguntemos. Señor secretario de Estado, ¡faltaría más! Digo con cierta prevención porque usted me dijo que en ningún caso eso iba a afectar a la contestación de las preguntas escritas, que no solo tenemos derecho a formular sino también a recibir respuesta en tiempo y forma -como obliga el Reglamento-, y usted no ha cumplido esa palabra por las razones que sean -y no quiero entrar en ello-. Prueben a contestarnos lo que le pedimos y tenga la seguridad -y tiene el compromiso de este portavoz del grupo parlamentario- de que preguntaremos menos, pero contesten ustedes a las preguntas que les hacemos, y háganlo en tiempo y forma, proporcionando los datos que se piden, y no dando respuestas que son absolutamente insultantes para los diputados que las formulamos.


Se mete usted a hablar de la preocupación reflejada por el CIS, y quiero decirle simplemente dos cosas. En primer lugar, que ha aumentado en el último barómetro. Y le quiero dar otro dato: mire usted la preocupación sobre el paro en el año 2003 y en el año 2009, y se dará cuenta de que hay 15 puntos de diferencia entre uno y otro. Así tendrá usted una buena explicación de por qué no solamente sobre la seguridad ciudadana sino también sobre otros problemas esta inquietud ha disminuido como primera preocupación para los españoles. La queja que yo le planteo es que ustedes no nos dan información territorializada; la mantengo con la máxima contundencia y le digo que me parece inaceptable. Por tanto, hay una discusión previa a la falsedad o no de los datos, a la interpretación que cada uno podamos hacer de ellos, y es que ustedes nos faciliten esa información. Usted me preguntaba: ¿En qué cree usted que hemos manipulado los datos? Lo he dicho en mi intervención y se lo reitero. Primero, en el periodo. Usted me está comparando un periodo que es coincidente en su mitad con el anterior. Por tanto, por una lógica estrictamente matemática, lo normal es que la variación entre dos periodos que tienen su mitad coincidente tienda a la estabilidad, pero por ley matemática -en el informe que usted nos ha dado-. Segundo, hay una discusión sobre las tasas. A mí me parece muy bien que ustedes utilicen las tasas -y creo que es un dato que siempre es interesante-; lo que le pido es que además de la tasa me dé los datos sobre los que la calcula, porque cuando

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yo le pongo en cuestión el territorio o la población con la que usted halla la tasa no puedo mantener esa discusión si no me da los datos sobre los que ha calculado esa tasa. Usted me pide un acto de fe y que crea que los datos que usted utiliza son los correctos, y yo le digo que quiero esos datos, porque a mí me salen tasas claramente diferentes en función del territorio y de la población a la que la están aplicando. Y en tercer lugar he de decirle que la acusación de manipulación no se la hago yo, señor secretario de Estado, se la hacen los sindicatos. Voy a facilitar a la Mesa el punto ocho del último comunicado del SUP, que es el que se refiere al tema de las estadísticas, con el ruego -si lo tiene a bien la presidenta- de que se reproduzca en su integridad, porque aquí se ha puesto en cuestión lo que decía un determinado sindicato, por lo que pido que se reproduzca en su integridad de forma tal que no haya duda ninguna sobre qué es exactamente -en su totalidad, en su integridad- lo que dice ese sindicato. Este sindicato hace una acusación muy grave -leo textualmente-: En los dos últimos años, de cinco casos, conocidos por la dirección general, de manipulación estadística, ¿ha ocurrido algo? Es decir, hay una acusación de manipulación. También hay una acusación de manipulación en la rueda de prensa que dio una determinada asociación de que se estaban produciendo presiones sobre acuartelamientos de la Guardia Civil para manipular la estadística. Por tanto, son acusaciones muy graves que exigen una respuesta por su parte, pero en todo caso son acusaciones que no hace el Partido Popular, sino que son acusaciones que hace un sindicato, el sindicato mayoritario de la Policía, y que hace la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, también es verdad que en este caso aplicado a una determinada provincia.


Discrepo totalmente de que los delegados del Gobierno, que son los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las comunidades autónomas y, por tanto, los máximos responsables del mantenimiento de la seguridad ciudadana en su comunidad autónoma, no tengan que informar a la opinión pública y no tengan que responder políticamente a esa competencia clara, y diría que es la principal que tienen en este momento los delegados del Gobierno. Decía el señor Olabarría -y estoy totalmente de acuerdo con ello-, que cuando elogiamos a los policías y a los guardias civiles, cuando reconocemos su trabajo, que es de justicia hacerlo -y usted lo ha hecho y yo lo he hecho-, es muy importante que al mismo tiempo ese reconocimiento se traduzca en hechos, no solo en palabras. Por tanto, que el Gobierno haya rechazado sistemáticamente -y el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara también- un principio de igualdad entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas en materia salarial -entendiendo las dificultades económicas del momento-, un principio que constituye en estos momentos una reivindicación básica, me parece un error de bulto y un claro ejercicio de falta de coherencia en el tratamiento que se hace de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, si quiere hacer uso de ella, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a quien también ruego la mayor brevedad.


El señor GONZÁLEZ SERNA: Haré uso de la palabra con extraordinaria brevedad, simplemente para hacer dos consideraciones o a lo sumo tres.


Señor secretario de Estado de Seguridad, señor Camacho, quiero empezar diciéndole que me ha decepcionado profundamente lo que he escuchado en la réplica del señor Cosidó. Si yo me hubiera sentado donde él se sienta, si hubiera hecho la intervención que él ha hecho y si, después de esa intervención, alguien como usted me hubiera leído la parte del escrito del SUP, del principal sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, que usted ha leído y que él ha silenciado, intencionadamente, simplemente hubiera pedido disculpas en la réplica, hubiera renunciado a seguir interviniendo, me hubiera sonrojado -algo que creo que no he apreciado en las mejillas del señor Cosidó- y sencillamente habría llegado a la conclusión de que quien acusa de manipular ha sido cazado manipulando.


Hay una segunda cuestión a la que quiero referirme con mucha brevedad.
Respecto a esta polémica de las preguntas, que es reiterada y que trae siempre a estas comparecencias el señor Cosidó, le voy a hacer otra sugerencia, señor Camacho, con absoluta modestia -haga usted después lo que quiera-, y es que no le entre mucho al trapo al señor Cosidó con este asunto porque no merece la pena. Porque el señor Cosidó no quiere que el Gobierno le conteste las preguntas, lo que el señor Cosidó -y el Partido Popular- quiere es que el Gobierno le diga lo que él quiere oír, y lo que el señor Cosidó quiere oír es que España es un país terrible, un país absolutamente inseguro en el que nadie puede caminar por la calle. Eso es lo que desea fervientemente el señor Cosidó que le responda a sus preguntas el Gobierno. Pero como eso es absolutamente falso, como es absolutamente irreal y es una fantasía que solo está en la mente política del señor Cosidó, es imposible que el Gobierno le responda lo que él desea oír.


Otra cuestión. He traído una circular que acompañaba al informe. Es una sencilla circular del Ministerio de Presidencia, firmada por el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, en la que se dice que tiene el honor de remitir, en cumplimiento de lo acordado en la proposición no de ley aprobada por la Comisión de Interior el día 21 de octubre de 2008, el informe global y anual de la situación de la criminalidad en España. Esta circular, como dije anteriormente en mi intervención, es el reflejo de la actuación transparente del Gobierno del Partido Socialista y es también el reflejo de la actuación del Partido Popular. Nunca hubo una circular como esta ni nunca hubo una comparecencia

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como esta en los ocho años de gobierno del Partido Popular.


Por último -finalizo ya, señora presidenta-, quisiera hacer una referencia al CIS. El señor secretario de Estado ha hablado del CIS y de la preocupación de los ciudadanos por la seguridad, el señor Cosidó ha hablado de la preocupación de los ciudadanos respecto al paro, y yo traigo a colación cómo ha crecido la preocupación de los ciudadanos en los últimos barómetros del CIS por los partidos políticos. Y digo al señor Cosidó y al Partido Popular que piensen y mediten profundamente en qué ha contribuido su partido, en qué han contribuido muchos miembros de su partido, a esa preocupación mayor de los ciudadanos por los partidos políticos.


La señora PRESIDENTA: Señor González Serna, queda recibido el documento y lo dejamos para archivar con el acta de esta reunión.


Tiene la palabra para cerrar este debate el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Es obvio que no considero un delito que utilice el término manipulación a lo largo de su primera intervención. Simplemente creo que cuando se utilizan términos tan gruesos es necesario apoyarlos con realidades que sean igual de gruesas, y no ha proporcionado ninguna realidad. Por tanto, creo que en el siguiente debate deberíamos prescindir de esos términos gruesos, que son habituales en sus intervenciones. Soy de aquellos que creen que los pactos han de ser cumplidos. Yo he cumplido mi parte del pacto: he comparecido, he remitido el informe, le he remitido datos. Además, recuerdo que en la última comparecencia en el Senado hace unos días, entre las preguntas que yo tenía que contestar había listados de 150 hojas con localidades de Castellón, una por una, con el número de faltas y el número de delitos, mes a mes, durante los años 2007, 2008 y 2009, algo que sería difícil que pudiera generar una reflexión en torno a la inseguridad en Castellón. La solución no es que pregunten menos, que es la que formula como propuesta el señor Cosidó, sino que pregunten mejor, y probablemente así sea posible que lleguen a percibir la realidad de la criminalidad en nuestro país. En el Senado yo tenía que contestar verbalmente a listados de cincuenta o sesenta hojas de localidades de Castellón y la evolución en el número de faltas a lo largo de los distintos meses de 2007 y 2008, que era: enero, tres; febrero, dos; marzo, cuatro; abril, tres. Mientras sigan preguntando, seguiremos contestando en esa línea, pero quizá sería bueno que iniciaran una reflexión acerca de cómo se puede tener mejor información en relación con la situación criminológica de nuestro país.


En cuanto a lo del CIS, me dice que se ha producido en el último mes un incremento de la preocupación de los ciudadanos en materia de inseguridad. Todo lo contrario. Si era del 12,8 por ciento en el mes de septiembre, en el de octubre es del 9,9 por ciento. Por tanto, estamos hablando de una reducción de casi 3 puntos en el último mes. Me sorprende que frente a esto utilice el índice de paro, porque yo no soy el responsable por ahora -y de acuerdo con el valor que me concede el señor Cosidó en el Gobierno no creo que lo sea nunca- del Ministerio de Economía y Hacienda, pero entro en el argumento. En este momento es de un 73, en octubre de 2009, pero fue de un 70 en mayo de 2002, concretamente un 69,6, y de un 83,2 en marzo de 1999. Si vamos a hacer comparaciones históricas las hacemos. Todavía no se ha llegado a la preocupación que generaba en la sociedad el paro en marzo de 1999, cuando era de un 83,2.
En todo caso, mantengo que este tipo de debates nos alejan de lo que debe ser nuestro objetivo, que es hablar de seguridad ciudadana, y es que continuamente me encuentro con argumentos que nos alejan del meollo de la cuestión, porque el paro no tiene nada que ver con la inseguridad ciudadana, sobre todo con gobiernos que tienen políticas de protección social en los momentos en que el paro se incrementa.


No he dicho tampoco en ningún momento que los delegados del Gobierno no comparezcan para poner de manifiesto cuál es la realidad de la inseguridad o seguridad ciudadana en sus respectivos territorios y se sometan al control de los medios de comunicación y de los ciudadanos, sino simplemente que lo hagan con criterios homogéneos, es decir, que no utilice cada uno un criterio distinto a la hora de ver la realidad. No solo es que sea partidario sino que comparecen habitualmente. La semana pasada compareció la delegada del Gobierno en Madrid con alguien tan poco sospechoso para el Partido Popular como es el alcalde de Madrid, el señor Ruiz Gallardón. Comparecieron los dos y hablaron de las reducciones que se habían producido en estos meses: delitos contra el patrimonio, un menos 27; delitos de robos con fuerza, un 14. Por su parte, el alcalde de Madrid ha dicho que todos estos datos son esperanzadores y positivos y ha subrayado la colaboración existente entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid, que ha dado unos buenos resultados. ¿No ve, señoría, cómo nuestros delegados del Gobierno comparecen y en algunos territorios incluso junto a personajes políticamente muy importantes dentro del Partido Popular? Y no solo comparecen sino que están de acuerdo; el acuerdo es que los datos son esperanzadores y positivos. Por tanto, el Ministerio del Interior no tiene la intención de censurar o de impedir a sus delegados del Gobierno que comparezcan y espero que tampoco el Partido Popular impida o limite la comparecencia de sus alcaldes a la hora de hablar de seguridad ciudadana, sobre todo cuando los datos son tan positivos. En definitiva, para finalizar, el período que he utilizado en el informe ha sido complementado con un período semestral, de comparación del primer semestre de 2008 y de 2009, y los resultados eran los mismos.


En cuanto a la tasa, señoría, se utiliza en el desempleo, en el dato de hipotecas, en el dato de interés a efectos

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del cómputo de las hipotecas, en el dato de impagados, etcétera. No sé por qué extraña razón tiene tanta alergia S.S. a que yo utilice algo que se utiliza para medir la realidad en todos los demás aspectos de esa realidad, incluso en el paro, ya que también se habla de tasa de paro; estoy utilizando mecanismos modernos para tener una visión adecuada de la realidad. Y, señoría, esa visión es francamente positiva. Hemos mejorado mucho en materia de seguridad ciudadana, y sin duda si hemos mejorado es porque el Gobierno lo ha hecho bien en los últimos cinco años.


La señora PRESIDENTA: Terminados estos dos primeros puntos, me van a permitir que interrumpa la sesión durante dos minutos. (Pausa.)

PREGUNTAS:

- DE LAS DIPUTADAS DOÑA MARÍA BEGOÑA CHACÓN GUTIÉRREZ Y DOÑA CARMEN NAVARRO CRUZ, Y DEL DIPUTADO DON AURELIO ROMERO GIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE OCUPACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE) DE MÁLAGA Y ALGECIRAS (CÁDIZ) EN LOS AÑOS 2004 A 2008 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/50030). (Número de expediente 181/002086.)

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el orden del día. Espero el apoyo de los secretarios y de la letrada porque vamos a intentar hacer este turno, tal y como habíamos acordado en la reunión de Mesa y portavoces, en vez de con el tiempo reglamentario habitual, un poco más corto, de diez minutos en total; cinco minutos para el que pregunta y cinco minutos para el compareciente, en dos turnos o en uno, como quieran hacerlo.


La primera pregunta es la número de expediente 2086, sobre ocupación de los centros de internamiento de extranjeros en Málaga y Algeciras, de la señora Navarro. Tiene la palabra.


La señora NAVARRO CRUZ: Señor secretario de Estado, dada su valoración sobre las preguntas del Grupo Parlamentario Popular, no sé yo si esta será mejor o peor pregunta, pero lo que sí está claro es que ha transcurrido un año desde que se registró. Era una pregunta por escrito que ha tenido que pasar a oral; supongo que será de esas pocas a las que usted se ha referido antes que han quedado sin contestar y hemos tenido esta suerte. Lo cierto es que al transcurrir ese año lo que sí necesitamos a estas alturas es ampliar la pregunta sobre los centros de internamiento de extranjeros existentes en Andalucía para contextualizar un poco la situación durante el año 2009. Querríamos saber cuál ha sido la ocupación media desde 2004 de los centros de internamiento de extranjeros existentes en Andalucía, cuál es el nivel de sobreocupación de estos centros y cuántos días al año se ha superado la capacidad en cada uno de estos centros de internamiento. Le estaríamos muy agradecidos si fuera tan amable de darnos estas respuestas.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO (Camacho Vizcaíno): Por lo que se refiere a la pregunta, el centro de internamiento de extranjeros de Algeciras realmente tiene una capacidad para alojar a 230 personas; sin embargo, lo cierto es que, dadas las mejoras continuas que se hacen en el mismo, la policía lo ha fijado en 192. Respecto al número de días en que la ocupación de este CIE fue superior a 192 plazas, durante los años 2004, 2005 y 2006 nunca se superó la capacidad del mismo; en 2007, en el mes de agosto, esta cifra se superó durante tres días, llegando a 195 internos; en el mes de octubre, durante 25 días, se superó la ocupación recomendada, pues llegó a 215; en el mes de noviembre de 2007, durante once días, la ocupación fue de 199 internos; y en el mes de diciembre, durante nueve días, fue de 198 internos. En 2008, durante el mes de enero, se superó durante ocho días la ocupación, llegándose a 204 internos; en febrero, durante 18 días, fueron 211; en agosto, durante tres, llegó a 204 internos; en septiembre, durante tres días, llegó a 200 internos; en octubre, durante cinco, llegó a 197 internos, y en noviembre, durante tres, llegó a 202 internos. Por lo que se refiere al CIE de Capuchinos, en Málaga, su ocupación es de 110 plazas y durante los años 2004 a 2008 no se superó la ocupación de 110 internos ningún día.


Por lo que se refiere a la ocupación media, por la que también se interesaba S.S., en el CIE de Algeciras, en el periodo 2004-2008 fue la siguiente: en 2004, 96; en 2005, 106; en 2006, 143; en 2007, 149; en 2008, 123. La ocupación media del CIE de Málaga en ese mismo periodo fue: en 2004, 66; en 2005, 68; en 2006, 74; en 2007, 70; en 2008, 63. Por consiguiente, tanto en el CIE de Algeciras como en el de Málaga la ocupación media fue muy inferior no ya a la ocupación máxima permitida sino a la ocupación recomendable.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CRUZ: Deduzco de su respuesta, cuando ha dicho al principio que pasa de 230 a 192, que se considera que estos CIE se encuentran en buenas condiciones y, por tanto, se sobreentiende que están en perfecto estado.


Me gustaría leerle una serie de frases que no están descontextualizadas ni tienen la intención de faltar en ningún caso a lo que decía el texto original. La fiscalía, en su memoria de 2009 -teniendo en cuenta, claro, el valor que se quiera dar al informe de la fiscalía, que

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tampoco sabemos exactamente cuál es-, dice exactamente: El Gobierno no es capaz de facilitar una estadística completa y solvente sobre todos y cada uno de los aspectos relevantes que afectan a los CIE. Se dice también que hay dos centros de internamiento que no reúnen las condiciones mínimas de funcionamiento, por lo que deben ser sustituidos por otros o remodelados profundamente. De esos dos centros, el primero es el CIE de Algeciras (Cádiz). Se trata de un antiguo establecimiento penitenciario que ha sido dedicado a centro de internamiento de extranjeros sin que su antigua procedencia, que denota una impronta carcelaria, pueda disimularse. A ello se añaden los problemas de construcción o vejez del edificio.
Continúa diciendo que el estado es deficiente en los pasillos y dormitorios por falta de mantenimiento. La existencia de moho en los techos y paredes confieren a las dependencias un aspecto aparentemente insalubre.


El segundo centro al que hace referencia este informe es el CIE de Málaga, el cual ha llegado a ser calificado por algún medio de comunicación como el peor de Europa. Cualquier reforma estructural que se haga sobre el mencionado edificio está destinada a plantear problemas. Además -dice también-, los incidentes entre internos están a la orden del día. Se han producido tentativas de suicidio. El deterioro del edificio, por más dinero que se invierta en el mismo, resulta patente. Resultaría necesario un edificio de nueva construcción donde existiese una separación física entre aquellos ciudadanos extranjeros en situación irregular con causas penales de los que únicamente tienen expedientes administrativos. El centro de internamiento de Málaga produce cada vez más sensación de precariedad, no resulta propio de un Estado moderno y cada día resulta más difícil justificar su estado.


Señor secretario de Estado, todo esto, como le he dicho al principio, no lo digo yo, es un extracto literal de algunos de los párrafos de la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2009. No sé exactamente, como le he dicho al principio, qué valor podrá usted darle o qué importancia puede tener. Supongo que a usted no le gustará este informe, pero lo que está claro es que tampoco tendría que pedirme a mí esas explicaciones sino a la fiscalía, que es quien lo ha hecho. La realidad es que ese informe es el que dice que hay dos centros de internamiento que no reúnen las condiciones mínimas de funcionamiento. Por eso, nosotros queremos preguntarle qué medida se ha adoptado por parte del Gobierno o qué medida tiene previsto adoptar en un futuro inmediato para evitar esa situación. Entendemos que los centros de internamiento deben de tener las mejores condiciones y no estar en la situación en la que están. También sabemos, porque así lo muestran los presupuestos y lo dice el Gobierno en las preguntas que sí nos han contestado, que en la actualidad no existe ningún proyecto para incrementar el número de centros de internamiento de extranjeros ya existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.


Si puede usted, dígame cómo valora el hecho de que hasta la fiscalía pueda...


La señora PRESIDENTA: Ha terminado su tiempo, señora Navarro.


La señora NAVARRO CRUZ: Termino enseguida, señora presidenta.


Dígame cómo valora que la fiscalía le saque los colores al Ejecutivo y díganos también si en este momento en los centros de internamiento de extranjeros ustedes están acompañados por la fiscalía, están acompañados por la sociedad y están acompañados por las personas extranjeras que deben de ser internadas en esos centros.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): No he entendido la relación que hay entre que pasemos de 230 a 192 por razón de las obras en el centro a que yo tenga una posición favorable a que el centro se encuentra en perfecto estado. No tiene ninguna relación; todo lo contrario. Probablemente en este momento no tendré tiempo para ponerle de manifiesto todas las gestiones que hemos hecho, pero le pongo como ejemplo Algeciras. El pasado 26 de marzo se realizó una visita por personal del Ministerio del Interior a distintas instalaciones del Ministerio de Defensa en Algeciras porque nos estamos planteando la necesidad de construir un centro de internamiento distinto. En concreto, se vio el antiguo parque de artillería, el cuartel Era de las Torres, la finca rústica de Botafuegos, el cuartel de Los Pinos y estamos trabajando en esa línea. Lo mismo ocurre en Málaga. A lo largo de los últimos años hemos inaugurado dos centros de internamiento, tenemos previsto construir centros de internamiento y, sobre todo, tenemos un plan para avanzar en la mejora de las condiciones de estos centros de internamiento porque el Gobierno siempre ha puesto de manifiesto que su política de inmigración tiene que estar basada en un respeto exquisito a los derechos fundamentales y las libertades de los inmigrantes ilegales, que en su mayor parte son objeto de explotación. Por tanto, sí estamos trabajando, compartimos la preocupación y creemos que se puede trabajar y avanzar en el estado en el que se encuentran los centros de internamiento.


El compareciente en ningún momento ha dudado del valor de la memoria de la Fiscalía General del Estado, simplemente que cuando se quiere obtener una visión de la realidad hay que acudir al sitio adecuado. Cuando uno quiere adquirir huevos no va a una churrería, va a un supermercado. Por tanto, si quieren tener una realidad adecuada acerca de la situación de la criminalidad en España acudan a las estadísticas del Ministerio del Interior y dejen de utilizar de forma sesgada e interesada las cifras de la fiscalía.


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- DE LAS DIPUTADAS DOÑA MARÍA BEGOÑA CHACÓN GUTIÉRREZ Y DOÑA CARMEN NAVARRO CRUZ, Y DEL DIPUTADO DON AURELIO ROMERO GIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE FECHA DESDE LA QUE ESTÁN OPERATIVOS LOS NUEVOS HELICÓPTEROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DE LAS BASES DE SEVILLA Y DE MÁLAGA, ASÍ COMO INVERSIÓN DURANTE 2008 EN LA ADQUISICIÓN DE DICHOS HELICÓPTEROS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/50031). (Número de expediente 181/002087.)

La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, número de expediente 2087, sobre la fecha desde la que están operativos los nuevos helicópteros de la Dirección General de Tráfico de las bases de Sevilla y de Málaga.


Tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CRUZ: Señor secretario de Estado, como usted bien sabe, esta iniciativa también es consecuencia de la reconversión de una pregunta escrita que formulé hace varios meses como parte de una batería de preguntas en las que nos interesábamos por diversas inversiones del Ministerio del Interior. Al preguntar por la fecha de la puesta en servicio de los nuevos helicópteros de tráfico en Sevilla y en Málaga también queremos comprobar si lo que el Gobierno promete lo ejecuta en su integridad. Comprenderá que por las fechas en las que estamos la pregunta que se formulaba hace un año debería de ser contextualizada. Por eso me gustaría que no limitara su respuesta al ejercicio económico de 2008 y que la extendiera al ejercicio de 2009 y también al de 2010, puesto que sería lo lógico. El Partido Popular, desde luego, no es responsable de que no se nos haya dado una respuesta en su momento. Por tanto, señor secretario de Estado, me gustaría saber cuánto dinero se ha dedicado durante los últimos años a la adquisición de helicópteros para vigilancia de tráfico y cuánto tienen previsto invertir en este mismo concepto durante los próximos.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Hay algo que no cuadra. Dice que no hemos dado contestación a sus preguntas y comienza formulando la pregunta diciendo que en respuesta a las preguntas 184/18073 y 18074, sobre los medios aéreos de la Dirección General de Tráfico destinados en Andalucía, el Gobierno informa. La propia pregunta que usted formula pone de manifiesto que ya les hemos contestado en varias ocasiones sobre el tema, pero créanme que es un placer volverles a contestar sobre esta cuestión y darles una información actualizada sobre las gestiones realizadas en este ámbito. Como bien sabe S.S., el contrato firmado en diciembre de 2007 para ampliar la flota de helicópteros de la Dirección General de Tráfico, hasta llegar a 21 aparatos, ha permitido, de acuerdo con el plan de entregas comenzado el pasado diciembre de 2008, que desde el mes de julio de 2009 se disponga de ocho nuevos helicópteros bimotor. Sin embargo, los helicópteros monomotor F120 seguirán volando en las bases donde las condiciones operacionales lo requieran. Es preciso mencionar que, a pesar de no existir adscripción permanente de los helicópteros a ninguna base concreta, salvo situaciones extraordinarias, siempre habrá al menos un helicóptero bimotor en Sevilla y otro en Málaga, dotados de cámara giroestabilizada, además de contar con un F120 adicional de apoyo en cada base. Actualmente, hay dos bimotores en Málaga mientras que en Sevilla hay un bimotor y un monomotor. En cuanto a la inversión dedicada en 2008 para la adquisición de dichos helicópteros, fue de 3.100.000 euros, correspondiente al pago de un helicóptero AS-355N plus. Señoría, creo que me ha preguntado también por la inversión en 2009 y en 2010. Esto no lo contenía la pregunta inicial y no tengo el dato, pero me comprometo a aportárselo en el momento en que pueda.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CRUZ: Como le decía antes, esta pregunta pertenecía a una batería de preguntas. No voy a decir en ningún caso que el Gobierno no contesta a las preguntas. ¡Faltaría más! Es cierto que algunas las tenemos que hacer de forma oral porque no se nos ha dado la respuesta por escrito, pero no que no se nos conteste a ninguna pregunta.


Entrando en la materia, le diré que la única información de la que disponemos, como es lógico, para saber lo que se tenía previsto gastar y lo que realmente luego se gasta son los Presupuestos Generales del Estado y por tanto a ellos me remito. En 2008, se prometió que durante 2010 se invertirían 4.500.000 euros en la adquisición de nuevos helicópteros para la vigilancia en la circulación y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 contempla que el próximo año no se invertirá en este concepto ni un solo euro y, lo que es más grave, tampoco prevé ninguna inversión en nuevos helicópteros durante los próximos cuatro años. En 2008, el Gobierno también prometió que en 2010 se destinarían 3.250.000 euros para la renovación y equipamiento de helicópteros. Nuevamente, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 elimina esta partida, es decir, cero euros para 2010, cero euros para 2011, cero euros para 2012 y cero euros para 2013. El año pasado, al aprobar los presupuestos para 2009, el Gobierno adquirió el compromiso de invertir en los próximos tres años la cantidad de 28 millones de euros para renovar y equipar helicópteros de tráfico y el proyecto

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de Presupuestos Generales del Estado para 2010 suprime completamente esta partida de esos 28 millones de euros y nuevamente nos encontramos con cero euros.


Señor secretario de Estado, ¿por qué el Gobierno no ejecuta las inversiones a las que se compromete cada año al presentar en esta Cámara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado? ¿Qué medidas tiene previsto poner en marcha para garantizar que lo que se prometió el año pasado se va a ejecutar? Está claro que una cosa son las campañas publicitarias que se organizan por parte del Gobierno en torno a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y otra muy distinta es la realidad de las inversiones. La verdad es que el Gobierno no tiene ningún pudor en incrementar cada año los radares para poner multas; es más, el Gobierno no tiene ningún reparo en disfrazar como seguridad vial en algunos casos lo que al final no es nada más que un elemento recaudatorio, pero la verdad es que los ciudadanos están comprobando que hay ciertas cuestiones que se están convirtiendo en pretexto. Lo que está claro, señor secretario, es que la vigilancia de tráfico también necesita nuevos medios aéreos y de mantenimiento de los helicópteros que ya existen. ¿Podría garantizar el Gobierno que va a mostrar la misma diligencia en la vigilancia y el tráfico que en colocar radares? Díganos si está en su voluntad cumplir con esas promesas presupuestarias anuales o si sencillamente forman parte de una operación de márquetin destinada a hacer creer en algunos casos lo increíble a los pocos que ya se dejan impresionar.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para responder el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Señoría, está bien que contestemos las preguntas que nos han formulado, pero todas las cuestiones que ha planteado no son objeto de la pregunta que en su momento se hizo. (La señora Navarro Cruz: Si tienen que ver.)

La señora PRESIDENTA: Por favor, estamos en la respuesta del secretario de Estado y efectivamente las preguntas que se viene a responder son las que están en el orden del día. Por tanto, es a eso a lo que tiene que responder y a nada más.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Señoría, ya le he contestado respecto a las inversiones en 2008 y respecto a la ejecución que se ha producido en cuanto a las previsiones de 2008. Estuve aquí hace unas semanas durante el debate de presupuestos y creo que esta cuestión no se planteó, pero gustosamente analizaré la batería de datos que me ha pedido y contestaré a S.S. acerca de las previsiones y la ejecución presupuestarias del año 2009.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PREVISIONES ACERCA DE ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL DEL CAMPO DE GIBRALTAR (CÁDIZ). (Número de expediente 181/001732.)

La señora PRESIDENTA: Hemos alterado el orden del día. Pasamos ahora a la pregunta con número de expediente 1732 -punto 8.º- sobre previsiones acerca de actualizar el catálogo de personal de la Guardia Civil y de la Policía Nacional del Campo de Gibraltar. Para su formulación tiene la palabra el señor Landaluce.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Señor secretario de Estado, me gustaría hacer una puntualización, y es que soy diputado por la provincia de Cádiz, vivo en Algeciras y conozco el CIE de Algeciras, donde entré como médico, y tengo que decir que ya era viejo cuando iba allí a trabajar y era la antigua prisión. Le rogamos encarecidamente que sigan trabajando para buscar una ubicación nueva porque ese CIE tiene que tender a desaparecer.
Los 200.000 euros que van a invertir este año para mejoras son insuficientes; usted y el señor ministro del Interior lo saben y estoy seguro de que están comprometidos en buscar una solución para un centro de internamiento que es obsoleto y que no reúne las condiciones de seguridad para los policías ni para los internos, ni tampoco las condiciones dignas que debemos prestar en este país.


Entrando en la pregunta que acaba de señalar la señora presidenta, conoce usted la problemática del Campo de Gibraltar, la situación geoestratégica, situación que nos hace ser muy especiales en muchos temas, uno de los cuales es la seguridad. Por ello, la ciudad de Algeciras, con su puerto, cuenta con un despliegue importante en lo que a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se refiere, aunque algo insuficiente. Esa insuficiencia nos la hace llegar desde el seno de la Guardia Civil la Asociación Unificada de la Guardia Civil y desde el seno de la Policía Nacional el Sindicato Unificado de la Policía, y usted también conoce que desgraciadamente no contamos con los guardias civiles y los policías nacionales suficientes para el catálogo que estamos manejando. La situación real aún es más preocupante porque tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están sometidos a una sobrecarga de trabajo que conlleva que las plantillas no estén cubiertas al completo. No obstante, aunque estuviese al completo la plantilla -usted lo sabe bien-, esa carencia en materia de seguridad ciudadana en la comarca del Campo de Gibraltar tendría que mejorarse, a pesar de que todos nos felicitamos por la gran profesionalidad de los policías nacionales y de los guardias civiles en todos los sitios. Yo conozco el Campo de Gibraltar y allí es donde los felicito porque sé bien de su labor y su esfuerzo. Pero como tenemos poco tiempo

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para hablar sobre este tema concreto, voy a entrar a darle algunos datos que defienden la petición que le hago y que sé íntimamente que usted comparte.


Haciendo un esbozo rápido, le diré que habría que aumentar un 20 por ciento en lo que a personal uniformado de la Guardia Civil y un 30 por ciento sobre los dedicados a investigación para estar en unas condiciones óptimas en el Campo de Gibraltar. El puerto de Algeciras, que tiene tres compañías, que son Isla Verde, Aduana y la Unidad de Seguridad; en Isla Verde y en Aduana la carencia de plantillas endémicas se mejora algo en la época estival cuando se produce el repunte por la operación paso del Estrecho, pero después volvemos a tener las mismas carencias el resto del año. En cuanto a la unidad de seguridad, señor secretario de Estado, solamente cuenta con el jefe. Tendría que tener 42 agentes y solamente tiene el suboficial, que es un subteniente, para cubrir esa compañía de seguridad en el puerto. Por no hablar de Facinas, de Zahara de los Atunes, de Castellar de la Frontera o de Jimena, donde hace poco el ministro estuvo inaugurando la nueva casa cuartel; una magnífica casa cuartel, pero usted y el ministro conocen de primera mano que necesitamos mejorarla porque en ciertas horas de atención al público tienen que cerrar las oficinas ya que no hay números suficientes para atenderlo.


Si nos pasamos a la Policía Nacional la situación es la misma y bajo el mismo denominador común. Falta personal para garantizar las condiciones óptimas de seguridad ciudadana, para la custodia de detenidos o para inmigrantes o para los traslados de estos entre los centros de detención y los juzgados, el hospital, el CIE, la prisión, etcétera. Sabemos que la comisaría de Algeciras, que es una de las más nuevas y modernas de Andalucía, que empezó su construcción con el Partido Popular -eso lo tengo yo a gala- y que ustedes terminaron, tiene una necesidad imperiosa de que se cubran los 525 puestos que recoge el actual catálogo, que también incluye tres comisarios mientras que en la actualidad hay solamente uno. El ministro viene el sábado a la presentación de 110 nuevos policías nacionales para el Campo de Gibraltar. Nos alegramos mucho de ello, pero es insuficiente porque el catálogo total de la comisaría de Algeciras recoge que son 525 personas y actualmente tenemos 443; es decir, nos faltan todavía 84 plazas a pesar de las que va a recibir el ministro del Interior el sábado en Algeciras. Por ello y porque sabe usted de la necesidad de la comisaría de La Línea -donde el catálogo recoge 290 agentes y no se cumple-, porque se tiene que dar cobertura al puerto de Tarifa, al puerto de Algeciras, al CIE, a los hospitales, al traslado de presos a los centros sanitarios, a la frontera, al puesto fronterizo hacia Tánger, a los puertos, y porque sabe usted que estamos necesitados de cubrir el catálogo actual, es por lo que le ruego encarecidamente que sigan preocupándose de este tema, que nos den lo que la Policía y la Guardia Civil necesitan para cubrir la seguridad ciudadana. También le pediría que empecemos a trabajar con un catálogo actualizado que demanda mayor cantidad de miembros, porque el Campo de Gibraltar, la frontera con Gibraltar, el CIE, etcétera, necesitan ese aporte.


La señora PRESIDENTA: Señor Landaluce, le informo que ya ha rebasado su tiempo total en dos minutos más, por lo cual ya no le voy a dar réplica.
Creo que ha dicho muchas cosas. Por eso le he dejado más tiempo, porque no le quería ni siquiera interrumpir.


Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Señoría, estamos de acuerdo en que cuantos más policías se manden a un territorio mejores resultados se producen. Esta es la línea de actuación del Gobierno que en los últimos cinco años ha incrementado en casi 30.000 los nuevos efectivos.


Por lo que se refiere al Campo de Gibraltar, sabe S.S. que el catálogo vigente del Cuerpo Nacional de Policía entró en vigor el 1 de enero de 2008 y que en esas fechas se produjo un incremento de 186 puestos de trabajo en el conjunto de las comisarías de Cádiz, de los cuales 106 correspondieron al área de Gibraltar, que registra un aumento de 31 puestos en Algeciras, 60 en el puesto fronterizo de Tarifa y 15 en La Línea de la Concepción. En la actualidad se encuentran destinados en las plantillas del CNP en Cádiz un total de 2.012 funcionarios, que suponen un porcentaje de ocupación del 90,10 por ciento -teniendo en cuenta que es un catálogo reciente-, mientras que la media nacional es del 87,71. En todo caso, y como ha mencionado S.S., en estos días están tomando posesión en las plantillas de la provincia de Cádiz 120 nuevos policías, de los cuales 66 han sido destinados a Algeciras, 44 a La Línea de la Concepción, 4 al puerto y 6 a Tarifa. Es decir, de los 120 nuevos efectivos, 116 corresponden al área del Campo de Gibraltar.


Por lo que se refiere a Guardia Civil, el catálogo dispone de 2.524 plazas, de las cuales están ocupadas 2.212. El índice de ocupación es 87,66 por ciento y la media de ocupación nacional es más baja, un 85. En todo caso, hemos venido desarrollando un esfuerzo importante encaminado a incrementar el número de efectivos de la Guardia Civil en la zona de Algeciras. Solo en los últimos tres años el catálogo de puestos de trabajo dedicados a tareas de seguridad ciudadana de la comandancia ha experimentado un incremento de 48 dotaciones, lo cual equivale a una potenciación del 16,16 por ciento. Por lo que se refiere a los últimos incrementos del catálogo durante el presente año, en el conjunto de las unidades de la Comandancia de Algeciras se ha incrementado el catálogo en un total de diez nuevos puestos de trabajo. Por lo que se refiere a las previsiones existentes para incrementar las dotaciones en Algeciras que están pendientes de ser enviadas a la Cecir con motivo de la apertura de un helipuerto y la terminal aeroportuaria, son las siguientes: en guardias civiles y en el área fiscal, nivel 23 1, nivel 20, 1, nivel 19, 6 y nivel 17, 72, en

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total 80 en el ámbito fiscal; en seguridad ciudadana, 12; en el ámbito cinológico, 7, con un incremento total de 99 plazas, y además en los meses transcurridos durante el año 2009 se han incorporado a la Comandancia de Algeciras un total de 49 nuevos guardias alumnos en prácticas que casi de forma íntegra han sido dedicados a la unidad de seguridad ciudadana. Por lo tanto, creo que hemos hecho un esfuerzo tanto en Policía como en Guardia Civil para que los ciudadanos del Campo de Gibraltar estén adecuadamente protegidos.


- DEL DIPUTADO DON AURELIO SÁNCHEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS EL DÍA 9 DE JULIO DE 2008 Y MEDIDAS TOMADAS ANTE LA CONCENTRACIÓN DE LOS SINDICATOS POLICIALES, SUP, UFP Y CEP, EN LAS INMEDIACIONES DE LA FRONTERA CON GIBRALTAR.
(Número de expediente 181/000381.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 9.º del orden del día, con número de expediente 381, que versa sobre acontecimientos acaecidos el día 9 de julio de 2008 y medidas tomadas ante la concentración de los sindicatos policiales SUP, UFP y CEP en las inmediaciones de la frontera con Gibraltar. Para su formulación tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: Para ahorrar tiempo doy por formulada la pregunta.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Camacho.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Por lo que se refiere a los hechos, S.S. los conoce sin duda perfectamente. El día 9 de julio de 2008 desde las 13:10 hasta las 13:25 miembros de los sindicatos SUP, UFP y CEP procedieron a cortar el tráfico de vehículos en uno de los carriles de entrada a Gibraltar desde La Línea de la Concepción. Fruto de esa actuación, el director general de la Policía y la Guardia Civil, con fecha 15 de julio de 2008, incoó un expediente disciplinario por la comisión de una falta, cuya calificación inicial fue grave. El citado expediente disciplinario fue resuelto el 3 de septiembre de 2009 y, si bien el mismo se abrió por la presunta comisión de una falta grave, dentro de la instrucción del expediente los afectados declararon que no llegaron a cortar el tráfico ni a provocar incidentes, al mismo tiempo que valoraban la incoación del expediente como una consecuencia de su carácter de representantes sindicales. El instructor mantuvo la misma calificación inicial y en la propuesta de resolución consideró que los expedientados eran responsables de una falta grave. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil dictó resolución apreciando la caducidad del procedimiento sancionador al haberse superado el plazo máximo de doce meses para su resolución y notificación sin que la dilación se hubiera debido a causas imputables a los expedientados.
Para valorar además si se había producido la prescripción, se analizó la naturaleza de la infracción que motivó la apertura del expediente, estimando la dirección general que los hechos probados en modo alguno podían dar lugar a una infracción disciplinaria grave, pues el comportamiento no produjo alteración en el normal funcionamiento de los servicios públicos ni constan daños o perjuicios para terceros. En consecuencia, alteró la calificación de los hechos que debían ser tipificados como falta leve de acuerdo con el artículo 18 del reglamento del régimen disciplinario del CNP. Este cambio en la tipificación produjo efectos en la prescripción de la falta, dado que, si para faltas graves el reglamento del régimen disciplinario establece un plazo de prescripción de dos años, para las leves es solo de un mes. Por lo tanto, a la dirección general no le cupo otra opción que declarar prescritas las faltas, reconociendo a los inculpados los derechos inherentes a la condición de funcionarios en el tiempo que estuvieron suspendidos provisionalmente.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: Señor secretario de Estado, mucho ruido para tan pocas nueces, podíamos calificar la actuación. Fue una concentración sindical para reivindicar las diferencias de salario que tiene la Policía con las policías locales y las policías autonómicas, después de haber dado una rueda de prensa en Algeciras. Fueron nueve personas las que lo hicieron. Estaban situadas detrás de una pancarta y no cortaban el tráfico, como hay pruebas fotográficas de esa actuación. Además, no cortaron el tráfico de acceso a Gibraltar, porque hay dos carriles. Ellos estaban en una acera, se cortó un carril y fue el propio subinspector encargado del puesto el que lo cerró, porque se acercaron los periodistas y para poder hacer las declaraciones optó -yo creo que con buen criterio- por dejar solamente un carril. En ningún caso se cortó el acceso a Gibraltar. La sorpresa de los sindicalistas es que fueron retenidos hasta la llegada de un inspector jefe responsable de seguridad ciudadana de La Línea, que ordenó identificarlos por orden del comisario de La Línea, que a su vez recibió orden del jefe superior de Policía de Sevilla. Los responsables sindicales no eran cualquiera, eran los máximos responsables autonómicos y provinciales de los sindicatos citados, que se sintieron vejados y tratados como delincuentes, a los que identificaron públicamente y los consideraron detenidos y no retenidos, porque no les dejaron marchar al manifestar que sobraba su identificación por ser personas notoriamente conocidas por la alta responsabilidad sindical que ostentaban.


El origen de la detención se sitúa en una llamada telefónica del primer ministro de Gibraltar, señor

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Caruana, al ministro Rubalcaba protestando porque policías españoles estaban cortando el tráfico y exigió que se dejara expedita la entrada de Gibraltar, que, como he dicho, tiene dos carriles y que solo uno fue cerrado y no fue precisamente por los manifestantes, sino por el subinspector de servicio. Es fácil suponer la reacción del ministro, acorde con la política sumisa y condescendiente del Gobierno español para con Gibraltar y dura y desconsiderada para con los campogibraltareños, que diría: Que los quiten inmediatamente de ahí, que los identifiquen, que los retengan y que se les abra expediente. Todo eso lo hicieron, efectivamente. El ministerio se puso en un momento en orden de combate, jerárquicamente desde el ministro hacia abajo en minutos, atendiendo el requerimiento del señor Caruana. Tanto es así que se puso, como usted bien ha dicho, la consideración de falta grave, se les suspendió de empleo y sueldo, se les retiró la placa y el armamento como si fueran delincuentes peligrosos y eran responsables máximos de los sindicatos policiales. Una vez que las cosas se enfriaron y pasó el tema, la falta grave, repasando los hechos, se convirtió en leve y se archivó, como usted ha dicho, porque había prescrito. Incluso usted ha llegado a decir -y me sorprende- que las causas no fueron imputables a los expedientados.
Eran nueve nada más, ¿de quién sería la culpa entonces si al final consideraron en el expediente que no era imputable a ellos? ¿No cree, señor secretario de Estado, que no habría que haber dado lugar a esta situación? Todo el ministerio fue recorrido, como he dicho, jerárquicamente, se produjo esa situación y ahora por parte del ministerio el caso está cerrado, pero por parte de los policías no lo está. Hay una denuncia ante el Juzgado de La Línea por detención ilegal y hay otra denuncia del SUP por la supresión cautelar de empleo y sueldo sin venir a cuento. Ellos saben también que había unas imágenes de una televisión local que demostraban clarísimamente que no tenían culpa ninguna, que no cortaron el tráfico, que, por cierto, dicen que se han borrado, no sé quién habrá intervenido ahí, pero esa es la realidad. Yo me pregunto ¿qué hubieran dicho ustedes, su partido y su grupo si esto hubiera ocurrido con el Gobierno del Partido Popular? Hubiera habido críticas por abuso de autoridad, por precipitación, por servilismo a Gibraltar, por conculcar los derechos sindicales, por conculcar el Estado de derecho. Todo eso hubiera sido vendido mediáticamente, explotado y dicho. Y un servidor, en este caso diputado del Partido Popular, se limita a venir a sede parlamentaria a preguntar qué ha ocurrido, no a tener esa algarabía, pero a criticar, ahora sí, después de lo que usted me ha dicho, esa actitud injustificable y antidemocrática que se tuvo con estos sindicalistas.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario de Estado para responder.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Señoría, tiene una imaginación portentosa en cuanto al docudrama de la conversación telefónica del ministro Rubalcaba con el primer ministro de Gibraltar. (Risas.) Yo creo que conoce al señor Rubalcaba, yo le conozco perfectamente y de ningún modo es así la imagen que usted intenta trasladar de cómo funciona el Ministerio del Interior. En ningún momento suenan bocinas y todos nos ponemos en marcha con una imagen militar del Ministerio del Interior. (Risas.) Las cosas, afortunadamente, funcionan de una manera mucho más reflexiva y lógica. No puedo -porque no estaba presente- conocer si se produjo esa conversación ni en qué términos.
Supongo que habrá utilizado como elementos de referencia alguna actividad similar que haya visto en algún Ministerio del Interior en algún momento de la historia. En todo caso, por lo que yo conozco del Ministerio del Interior, desde el año 2004 nunca ha funcionado con ese sentido militar.
Señorías, estamos de acuerdo, no hubo afectación, se acreditó en un expediente disciplinario al orden público; no se cortó, no era una falta grave, era leve. No sé cuál es la discordancia que existe en este ámbito entre el Partido Popular y el Gobierno del Partido Socialista. Se le han aplicado las garantías propias de un expediente disciplinario y se ha llegado a la conclusión de que no había responsabilidad disciplinaria.
Creo que debemos felicitarnos de que el Estado de derecho funcione tan bien en nuestro país.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DEL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ SOBRE EL ESTADO DE LOS CALABOZOS DE CUARTELES DE LA GUARDIA CIVIL Y COMISARÍAS DE POLICÍA. (Número de expediente 181/001194.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, que es el punto 10.º del orden del día, con el número de expediente 1194, sobre valoración del informe del Defensor del Pueblo andaluz sobre el estado de los calabozos de cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de Policía.
Tiene la palabra el señor Landaluce.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Señor secretario de Estado, ese informe del que estamos hablando es de noviembre de 2008. Era un informe elaborado por el Defensor del Pueblo andaluz en relación con el estado de los lugares de custodia y centros de detención en Andalucía y, como usted bien conoce, dejaba entrever serias deficiencias en los mismos a lo largo del territorio andaluz. El estudio centra parte de su análisis en los centros de custodia de los ayuntamientos -que no es el caso entrar- y también hace un repaso por los lugares destinados a detenidos por asuntos penales dependientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, concretamente de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.


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Por ello, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, desearía conocer la opinión que le merece al Gobierno y al Ministerio del Interior este informe, ya que plantea serias dudas sobre la idoneidad de muchos calabozos a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma de Andalucía. También es justo decir que en algunos casos -los menos- se trata de carencias que, sin ser demasiado graves, pueden ser subsanadas con voluntad por parte del ministro del Interior. Asimismo, son muchas las que dejan entrever esas graves deficiencias que afectan tanto a la seguridad de los propios detenidos, como, por supuesto, a los que tienen que custodiarlos, los guardia civiles y los policías nacionales.


Al margen de la valoración que haga el Gobierno de este informe en la comparecencia, a nuestro grupo parlamentario le gustaría arrancar un compromiso del secretario de Estado en lo referido a la responsabilidad de mejorar estos lugares. Existen ejemplos para ahondar en la intervención que llaman poderosamente la atención. La provincia de Cádiz es de las mejores, a juicio de las personas encargadas de elaborar el informe del Defensor del Pueblo andaluz, y a la nueva Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras, que es de las más modernas, no solo de Andalucía, sino de España, critica los calabozos por no ser un lugar adecuado debido a la falta de ventilación. Estas son las consideraciones referidas a una de las comisarías más nuevas y modernas -lleva muy poco tiempo funcionando-, luego imagínese lo que puede ser la comparativa con las que llevan ya muchos años. Si hacemos un repaso por el resto de las provincias nos encontramos con deficiencias, que en su mayoría hacen alusión a problemas estructurales en los calabozos que gestionan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la provincia de Almería, los lugares de custodia fueron calificados en términos generales por los encargados de la elaboración del informe como claustrofóbicos, por carecer en su mayoría de luz natural y de ventilación adecuada. Como ejemplo concreto, en la capital almeriense, las dependencias de la Policía Nacional, según describe el informe, no pueden ser calificables como aceptables, ya que el gran número de personas que pasan anualmente por ellas no se corresponde con lo que debería de ser un centro de detención de una capital de provincia. Continuando con otra provincia andaluza, en concreto con Córdoba, la capital se lleva la peor parte y es objeto de crítica en el informe del Defensor del Pueblo andaluz. Las conclusiones del estudio llevado a cabo determinan que tanto las dependencias de la Policía como las que pertenecen a la Guardia Civil no se encuentran en perfecto estado y, según dice el documento, deben de ser pronto mejoradas. Por lo que se refiere a la provincia de Granada, la historia se repite y el informe concluye calificando como inadecuados para tal fin los lugares de custodia pertenecientes a la Guardia Civil en Guadix y en Órgiva y el de competencia de la Policía Nacional en Granada capital. En Huelva, donde el informe del Defensor del Pueblo andaluz ha encontrado menos problemas en los centros de detención de responsabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el documento que hoy es objeto de debate en esta Comisión asegura que en la capital es donde las instalaciones son medianamente aceptables. En Jaén, tampoco las dependencias de la Policía son adecuadas, la comisaría que las alberga además, según el informe, difícilmente tolera reformas en profundidad. En Málaga, el informe dice que es de las provincias que sale mejor parada dentro de este extenso informe, pero como siempre se refiere a situaciones siempre mejorables, como por ejemplo la casa cuartel de la capital donde el Defensor del Pueblo asegura que no se puede considerar que un calabozo está mal en cuanto a construcción, mantenimiento y estado, si bien puntualiza que estas instalaciones siguen una línea de extrema austeridad. En Sevilla, se pone en tela de juicio el estado de algunas dependencias, destacando los calabozos de los juzgados de la capital, cuyas instalaciones -desvela el informe- no están bien resueltas ni conservadas. Por tanto, existen cuestiones mejorables y, desde el Grupo Parlamentario Popular, nos gustaría conocer cuáles son las previsiones del Gobierno para adecuar los lugares de custodia y responsabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Comunidad andaluza. No sacamos este recorte de prensa, porque no somos demagógicos, no queremos utilizar la demagogia, cuyo titular dice que aparecen ratas en calabozos y oficinas de una comandancia en Andalucía.
Esto es simplemente porque se está mejorando las instalaciones de las oficinas y de los calabozos y, como queremos hacer valer la realidad, no sacamos este recorte de prensa que no sería real, sino una actuación en positivo que se está realizando en esta comandancia de la Guardia Civil.


La señora PRESIDENTA: Señor Landaluce, le informo que también ha consumido exactamente sus cinco minutos, en los que ha dado un repaso a todo el informe del Defensor del Pueblo andaluz, lo que tiene su mérito. Tiene la palabra el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Le agradezco su ofrecimiento de compromiso, si bien aquí creo que no es necesario, porque personalmente he estado comprometido con esta cuestión desde el mes de abril de 2004. En general, las valoraciones contenidas en el informe coinciden con el contenido de los informes que nos fueron remitidos por la Inspección General de Personal y Servicios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Pero desde el inicio de las inspecciones se han producido muchos cambios en los centros que cita el Defensor del Pueblo andaluz. En este sentido, el informe cita deficiencias en algunas instalaciones del CNP que se encuentran en vías de traslado a otras nuevas -tal es el caso de las localidades de San Fernando, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, Rota, de la Jefatura Superior de Granada, que ya se encuentra plenamente operativa, de Écija,

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Coria del Río, Andujar, Torremolinos y Sanlúcar de Barrameda- o bien de instalaciones con actuaciones de rehabilitación o de adecuación programadas para este ejercicio, entre las que se han realizado reformas y ampliaciones del edificio de Puerto Real y de Córdoba. Asimismo, se han realizado obras de remodelación y mejora en inmuebles destinados a centros de detención en diversas dependencias de la provincia de Almería, obras de acondicionamiento en la Comisaría local de Baza, en Ronda y en los CIE de Algeciras y Tarifa. En todo caso, es importante tener en cuenta que a raíz de esas inspecciones temáticas que lleva a cabo la Inspección de Servicios y, concretamente, a raíz de una llevada a cabo en el año 2005 sobre la situación de las personas detenidas o bajo custodia en centros policiales, de la Secretaría de Estado de Seguridad, es decir, un informe anterior que contemplaba la misma realidad, se cerraron determinados calabozos, tanto de instalaciones del CNP como de la Guardia Civil. En concreto en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Secretaría de Estado cerró, en el ámbito del CNP, Morón de la Frontera y El Puerto de Santamaría, entre otros, por considerar que no cumplían las condiciones suficientes de habitabilidad o de seguridad. En cuanto a los cuarteles, cerraron calabozos en 36 puestos de la Guardia Civil, de los cuales 10 estaban en la comunidad autónoma. Posteriormente, y fruto de ese compromiso de la Secretaría de Estado con la cuestión que importa a S.S., se dictó la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial, teniendo en cuenta el marco protector que tanto la normativa interna como los instrumentos internacionales ratificados por España otorgan a los derechos de las personas detenidas.


Por último, yo mismo encargué, también en el año 2007, a la Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad el diseño del modelo de las áreas de detención. Al tal fin se creó un grupo de trabajo que abordó la definición de criterios generales de construcción, ampliación y reforma de los centros. Con este diseño, aun sin finalizar, se pretende definir las características generales y comunes que deben tener las áreas de detención en aspectos como unificación, homogeneización de criterios de diseño y construcción, así como composición, relaciones funcionales, organización interna, superficies, infraestructuras e instalaciones; en definitiva, fijar criterios para mejorar aun más estos centros de detención. En fechas próximas está previsto que la Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad emita el informe definitivo. Por tanto, siempre ha habido preocupación, hemos intentado trabajar estos años para mejorar las condiciones de los centros de detención y muchas de las cuestiones que plantea en su informe el Defensor del Pueblo ya están superadas o bien por obras de rehabilitación o por cambios en las dependencias policiales.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS ANTE LA DESAPARICIÓN DE 100 KILOS DE DROGA DE LA COMISARÍA DE SEVILLA. (Número de expediente 181/000514.)

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto 5.º del orden del día, con número de expediente 514, sobre medidas ante la desaparición de 100 kilos de droga en la Comisaría de Sevilla. Tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Sabe el señor secretario de Estado que cuando hice la pregunta eran 100 kilos y que ahora son más de 150 kilos. Nos ponen ustedes muy difícil definir cuál es el mayor escándalo que ha ocurrido en el Ministerio del Interior, porque antes era el caso Faisán -la delación a un grupo terrorista-, pero me reconocerá que el robo de 150 kilos de cocaína de una comisaría de policía es sin duda uno de los más graves casos que han ocurrido en toda la historia policial. Es un caso que además de ser un delito gravísimo en sí mismo, ha afectado a siete casos relacionados con el narcotráfico y ha provocado que haya habido que dejar en libertad a cuatro narcotraficantes, uno de los cuales al parecer se ha fugado. Mi pregunta, señor secretario de Estado, es qué medidas ha adoptado el Gobierno ante un caso de esta dimensión.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Camacho.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Señoría, no deja de sorprenderme la utilización sesgada que hace de la realidad a la hora de formular sus preguntas. Existe en la Constitución española, que es el marco en el que tenemos que movernos todos, Gobierno y oposición, una cosa que se llama derecho a la presunción de inocencia. El caso que usted ha citado se está investigando judicialmente y, por las noticias que yo he leído en la prensa, hay una petición de archivo por parte del ministerio público, de la acusación pública, por estimar que no ha quedado acreditada la comisión de hechos delictivos. Sin prejuzgar la resolución que se dicte, que es la que deberían tener ustedes en cuenta, hablar del mayor escándalo en el Ministerio del Interior es utilizar nuevamente de una forma sesgada la realidad y dar la sensación de que el derecho a la presunción de inocencia solo existe en casos como el Gürtel, pero se desconoce cuando afecta a policías, lo cual me parece especialmente grave, porque tienen la misma obligación que tiene el Gobierno de amparar la honorabilidad del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Si el derecho a la presunción de inocencia que se contiene en nuestra Constitución es predicable de todo el mundo, de aquellos que están implicados en casos de corrupción

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por todos conocidos, no me hable del mayor escándalo en el Ministerio del Interior.


Dicho esto, por lo que se refiere a la desaparición de 100 kilos de droga en la Comisaría de Sevilla, pregunta original, o de los 150 -le admito la ampliación en este momento-, sabe perfectamente que se inició una investigación sobre la desaparición que ha culminado con la detención de varias personas como presuntos responsables del robo de droga al mismo tiempo que se ha esclarecido el hecho. Se han impartido instrucciones a los grupos operativos para que se inste a jueces y fiscales la destrucción inmediata de los alijos aprehendidos; se ha mejorado la instalación de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía occidental, con sede en Sevilla, que se viene utilizando como depósito para la droga, dotándola de nuevas medidas de seguridad, que no le voy a relatar porque creo que no deben constar en el "Diario de Sesiones". Desde la Comisaría Provincial de Policía Judicial se ha exigido que se lleven a efecto todos y cada uno de los términos recogidos en la ley sobre los depósitos judiciales, instando igualmente a la creación de un depósito específico fuera de las dependencias policiales para depositar y custodiar las partidas incautadas. Por último, se ha revisado el protocolo de actuación de manipulación de los alijos de sustancias estupefacientes por parte de los diferentes grupos de Policía judicial y las normas de obligado cumplimiento de los mismos.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cosidó. Le quedan cuatro minutos.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor secretario de Estado, la presunción de inocencia, en la que creo firmemente, no es aplicable a los kilos de cocaína que fueron, según usted, desaparecidos, entendemos que robados, salvo que se volatilizaran de alguna otra manera. Lo que es inaceptable es tener 150 kilos de droga en un calabozo en las condiciones de absoluta falta de seguridad en la que estaban, y el responsable político último de eso es usted, como mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso sí que es lamentable. Yo no he acusado absolutamente a nadie de nada, lo que he dicho es que es un escándalo inaceptable que desaparezcan 150 kilos de una comisaría y parece mentira que usted niegue eso.


En primer lugar, usted tiene que dar una solución urgente al problema del almacenamiento de droga en instalaciones policiales, porque no se pueden tener las drogas incautadas a los narcotraficantes en las condiciones en las que estaba la droga en la comisaría de Sevilla; usted tiene que tomar acciones urgentes. En segundo lugar, señor secretario de Estado, es imprescindible resolver este caso, que después de 471 días de investigación, como usted muy bien reconocía, todavía no está resuelto.
Es imprescindible precisamente por lo que decía usted, por el prestigio y por el crédito del Cuerpo Nacional de Policía. En tercer lugar, quiero transmitirle una gran preocupación de mi grupo parlamentario por la situación que se está viviendo en la Policía Nacional en Sevilla.
Teníamos un caso, el caso de Marta del Castillo, en el que lamentablemente no ha podido ser encontrado el cuerpo de esta joven que fue asesinada, y ahora tenemos el caso de un robo de las características que le he descrito. Usted sabe que esta misma mañana en la comisión de personal del Consejo de la Policía ha habido dos representantes que han solicitado el cese del jefe de la brigada de asuntos internos que había llevado a cabo la investigación. Me gustaría saber si el ministerio va a atender o no esa petición, y no prejuzgo cuál deba ser su decisión, lo que quiero es que usted me diga si van a atender o no esa decisión. Con el máximo respeto a la presunción de inocencia, ¿va a mantener usted en sus puestos a los inspectores imputados por un supuesto delito? Me gustaría, señor secretario de Estado, que me dijera sí o no, si los va a mantener o no los va a mantener. Nuevamente yo no prejuzgo ni acuso a nadie, porque esa no es mi función, mi función es exigirle responsabilidades políticas para que usted defienda el buen nombre de la policía, para que usted tome las medidas necesarias y que casos como este no vuelvan a ocurrir jamás, para que no mire para otro lado y para que no se quede callado ante un escándalo de estas dimensiones.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Si he utilizado el término desaparecidos es porque usted lo ha utilizado en la formulación de la pregunta: ¿Qué medidas han sido adoptadas por el Ministerio del Interior ante la desaparición de 100 kilos de droga en la comisaría de Sevilla? No creo que sea justo que me impute la utilización del término desaparecidos a mí, cuando es usted quien lo ha utilizado en la formulación de la pregunta (El señor Cosidó Gutiérrez: Volatilizados.) y yo soy en eso de aquellos que se ajustan a la realidad de lo que le están preguntando; si me preguntan por desaparición, contesto en relación con la desaparición. En la primera parte de mi contestación le he dado toda una serie de medidas que se han adoptado. Por lo demás, le he manifestado que desde el punto de vista policial el caso debía entenderse como resuelto, en la medida en que se había llevado a cabo la detención de varias personas como presuntas responsables de la desaparición o del robo o del hurto de la droga, en definitiva, de que la droga no se encontrara en el lugar en donde había sido colocada. Bien sabe S.S. que esos depósitos muchas veces vienen determinados por instrucciones del juzgado, que no tiene sitio para depositar esa sustancia estupefaciente, y eso nos impone que seamos nosotros los que tengamos que depositarlo.
Sin embargo, le he puesto de manifiesto que se han adoptado medidas de seguridad y que, en la medida en que los jueces impongan la presencia de esos depósitos en instalaciones policiales, se va a hacer frente

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a la misma con mayores garantías de seguridad en cuanto a la sustancia estupefaciente que allí se encuentra.


Ciertamente, es curioso que usted hable de la falta de transparencia del Ministerio del Interior, cuando usted conoce los resultados de una comisión de personal que se ha celebrado esta mañana y que yo desconocía.
Es difícil que después le crea cuando me dice que el Ministerio del Interior no es transparente. Es muy difícil que le crea, porque yo desconocía esa petición. (Risas.)

Cuando se trata de un responsable público actuando, sigo una filosofía que es importante. Las medidas que se van a adoptar y que afectan a la carrera profesional o al trabajo de policías o de guardias civiles, en la medida en que dependen de mí, son conocidas en primer lugar por los afectados y posteriormente por el Congreso y por el Senado. Creo que no sería serio que yo anunciara aquí qué medidas se van a adoptar; lo serio y riguroso es que en el momento en que estas se adopten sean notificadas a los interesados y luego a los órganos de control del Gobierno.


- DEL DIPUTADO DON IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR QUE ORDENÓ A DIFERENTES COMISARÍAS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EL ESTABLECIMIENTO DE CUPOS DE DETENCIONES DE INMIGRANTES IRREGULARES.
(Número de expediente 181/001430.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 6.º del orden del día, que es la pregunta con número de expediente 1430, sobre autoridad del Ministerio del Interior que ordenó a diferentes comisarías del Cuerpo Nacional de Policía el establecimiento de cupos de detenciones. Para su formulación, tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor secretario de Estado, mi obligación es preguntar y usted puede contestar o no, como ha hecho en la anterior ocasión, pero no contestar implica contestar de alguna forma. Ya sabe que los silencios siempre pueden ser interpretados de formas muy diversas. En todo caso, leo: Objetivos fijados en reuniones de control; objetivos fijados a los equipos directivos convocados para el nuevo el nuevo periodo; reunión 12 de noviembre. Comisaría de Villa de Vallecas: 35 detenidos Ley de Extranjería. Comisaría de Fuencarral-El Pardo: Ley de Extranjería, 35 detenidos mes. Comisaría de Barajas-aeropuerto: mantener trabajo continuado en fronteras; aquí no hay cuantificación. Comisaría de Retiro: Ley de Extranjería, 50 detenidos mensuales. Comisaría local de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes: Ley de Extranjería, 56 detenidos mensuales. Comisaría local de Coslada-San Fernando: 30 detenidos por Ley de Extranjería.


Me gustaría preguntarle: primero, ¿hay otras comisarías, señor secretario de Estado?; segundo, ¿quién fue el responsable de fijar estos cupos de detención de inmigrantes en las comisarías?; tercero, ¿por qué siendo en mi opinión, no sé en la suya, un hecho ilegal la fijación de cupos de detención de inmigrantes en situación irregular en nuestro país, usted no ha adoptado ninguna medida respecto al responsable de haber dado esa orden?

La señora PRESIDENTA: Señor Camacho.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Respondiendo a su pregunta, ninguna. Reitero: Ninguna autoridad del Ministerio del Interior ordenó a ninguna comisaría del Cuerpo Nacional de Policía el establecimiento de cupos de detenciones.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor secretario de Estado, le he preguntado: ¿Hay más? Usted no me ha respondido. Hay más, reunión del día 10 de diciembre de 2008: Comisaría de San Blas-Vicálvaro, 40 detenidos, Ley de Extranjería; Comisaría de Chamartín, superar los 100 detenidos por Ley de Extranjería; Comisaría del Puente de Vallecas, llegar a la cifra de 75 detenidos por infracciones de la Ley de Extranjería; Comisaría de Hortaleza, llegar a la cifra de 70 detenidos por la Ley de Extranjería; Comisaría de Aranjuez, 30 detenidos por Ley de Extranjería. Le vuelvo a preguntar: ¿Hay más, secretario de Estado? En segundo lugar, estas órdenes documentadas ¿no las dio nadie? ¿Me está diciendo que no las dio nadie? En tercer lugar, señor secretario de estado, ¿se mantiene esa política sin cuantificar? Porque esa es la denuncia unánime que le están haciendo todos los sindicatos policiales, que se sigue presionando a los policías para la identificación indiscriminada de extranjeros y su detención. Si es así, señor secretario de Estado, quiero que tenga tres cosas muy claras por parte de este grupo parlamentario. En primer lugar, que es una política profundamente equivocada, y más que equivocada diría yo. Primero, supone criminalizar al inmigrante. El objetivo de la policía debe ser... Atienda, señor secretario de Estado. (El señor secretario de Estado de Seguridad, Camacho Vizcaíno: Estoy atendiendo.) El objetivo de la policía debe ser perseguir al delincuente, en ningún caso al inmigrante. Lo que yo le he leído es criminalizar al inmigrante. Segundo, señor secretario de Estado, es absolutamente contraproducente para asegurar la seguridad ciudadana. De los 60.000 expedientes incoados de expulsión ¿sabe usted cuántos se han ejecutado, señor secretario? Poco más de 10.000, el 17 por ciento y bajando. Usted tiene empleados a miles de policías identificando, deteniendo, trasladando, abriendo expedientes de expulsión, policías que son detraídos de funciones de seguridad ciudadana que son esenciales para mejorar esa seguridad que a usted le preocupa tanto como a mí. Tercero, señor secretario de Estado, esto

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provoca una enorme frustración dentro de la policía porque no hay nada peor para el trabajo, un trabajo que además está siendo contestado mayoritariamente por todas las organizaciones sindicales dentro del Cuerpo Nacional de la Policía y si quiere entrego a la mesa algunos de los comunicados que los sindicatos de policía han hecho, ya que no tengo tiempo de leerlos por el tiempo que me corresponde en esta pregunta. Le digo que es absolutamente frustrante e indignante para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Señor secretario de Estado, creo que debería dar usted alguna explicación.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): Como decía aquel, continuando lo que decíamos ayer, es decir, en el turno anterior en el que ha dicho que no le he contestado a la pregunta anterior, señor Cosidó, creo que después de cinco años ya nos conocemos, yo siempre contesto a todo. Puede que no le guste la contestación que le dé, pero siempre contesto a todo. Entiendo que a veces no le guste la contestación que le doy.


Ninguna autoridad del Ministerio del Interior dio ninguna instrucción a efectos del establecimiento de ningún cupo en torno a la detención de inmigrantes. Además, su partido en esta cuestión tiene una postura -y permítame que se lo diga en términos de patología DSM-IV- un poco esquizofrénica y el otro día se puso de manifiesto en el Senado. Había un senador que me preguntaba y concluía que el Gobierno no tenía una política de rigor, seriedad y control con relación a la inmigración ilegal, utilizando la versión inmigración Partido Popular de la anterior legislatura. Estaba poco actualizado. Sin embargo, había otro que me preguntaba exactamente por lo contrario, por la maldad del Gobierno a la hora de establecer cupos de detención de los inmigrantes. Imagínese, dos visiones diferentes en torno a una misma realidad. Pues bien, ni somos todo lo buenistas que nos imputaron en la anterior legislatura, ni somos tan malos como pretenden ahora hacernos pasar. No existen cupos, ninguna autoridad del Ministerio del Interior ordenó ningún cupo. Todo lo contrario, si hubo en algún momento alguna duda, que la hubo, quedó muy claro en que no podían establecerse cupos. Cuando habla de cuántas de esas resoluciones han sido ejecutadas, no sé a lo que hace referencia porque la Ley de Extranjería con relación a la identificación e incoación de un expediente de extranjería prevé dos posibilidades: una multa y una expulsión. Como sabe perfectamente S.S., de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo la prioritaria y preferente debe ser la multa y solo en los supuestos en los que se argumente lo suficiente deberá ejecutarse la expulsión.


En todo caso, esas detenciones, que no lo son sino de una manera figurada, porque son a efectos de identificación e incoación del expediente... Yo hablo habitualmente con inmigrantes irregulares y sé que son puestos en libertad inmediatamente que se incoa el expediente; por tanto, no podemos hablar de una retención indeterminada, teniendo en cuenta que además los españoles están sometidos a la misma obligación de identificarse y si no se identifican son trasladados a comisarías. Pues bien, esas detenciones y esas incoaciones son -como decía uno de los senadores del Grupo Popular- necesarias para llevar a cabo un adecuado control y seguimiento no solo de la inmigración irregular, no solo de la posible explotación de los inmigrantes, sino también de la delincuencia en nuestras calles.


Por tanto, ninguna autoridad del Ministerio del Interior ordenó ninguna irregularidad, ninguna autoridad del Ministerio del Interior ordenó ningún cupo, sino que cuando hubo algún tipo de confusión en esa materia se ordenó justo lo contrario. En España, las expulsiones que se realizan son, en su inmensa mayoría cualificadas, de inmigrantes que tienen antecedentes policiales o antecedentes penales. Creo que a este Gobierno se le pueden dar pocas clases de buena gestión en materia de inmigración y sobre todo si cambiamos de criterio y, mientras en la anterior legislatura éramos buenistas, en esta somos prácticamente seguidores de Lucifer en el trato a los inmigrantes. No es cierto, señorías, ni éramos tan buenistas ni por supuesto somos tan malos como el Partido Popular, dependiendo de cómo gire el viento, analiza la realidad en cada momento.


- DEL DIPUTADO DON AURELIO ROMERO GIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL CONOCIMIENTO POR EL GOBIERNO DE LA FALTA DE SEGURIDAD QUE EXISTE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JEREZ DE LA FRONTERA Y MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA SOLUCIONAR ESE PROBLEMA.
(Número de expediente 181/001990.)

La señora PRESIDENTA: Último punto del orden del día, punto 7.º, pregunta con el número de expediente 1990, sobre conocimiento por el Gobierno de la falta de seguridad que existe en la zona rural del municipio de Jerez de la Frontera y medidas que piensa adoptar para solucionar este problema. Tiene la palabra para formular la pregunta el señor Romero Girón.


El señor ROMERO GIRÓN: Señor secretario de Estado, le formulo la pregunta en los términos en que viene redactada, es decir, si es consciente el Gobierno de la falta de seguridad que existe en la zona rural del municipio de Jerez de la Frontera y qué medidas piensa adoptar para solucionar este problema.


La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): En primer lugar, me

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gustaría tranquilizar a SS.SS. porque no existe de ninguna de las maneras falta de seguridad en el ámbito rural de la provincia de Cádiz, dado que, si acudimos a los últimos datos de que disponemos, es decir, primer semestre de 2009, las infracciones penales en esta provincia han disminuido un 4,3 por ciento en relación con el primer semestre del año 2008. En todo caso, para hacer frente a una realidad a la que es necesario hacer frente policialmente, los robos en las explotaciones agrícolas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto en marcha planes de actuación conjuntos con las policías locales de diferentes poblaciones de la zona destinados esencialmente a prevenir la comisión de este tipo de hechos, así como el control de aquellos puntos que se consideran claves en el tránsito de los autores. Se han establecido patrullas en las zonas afectadas, sobre todo durante la recolección de determinados cultivos en los que hay un incremento de personas que acuden a la zona. En este sentido, las comandancias de la Guardia Civil de las provincias de Andalucía están llevando a cabo dispositivos de seguridad con motivo de las campañas de recolección, especialmente cítricos y aceituna. En el desarrollo de la orden de servicio de la Guardia Civil intervienen las compañías territoriales de las comandancias, el subsector de Tráfico, la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Seprona con el objetivo de establecer un plan de inteligencia para conocer los datos sobre compra y venta de productos de campo procedentes de hurtos y lugares o zonas de mayor incidencia de hechos delictivos. Tiene como objetivo esta orden de servicio la identificación de los vehículos o personas que puedan estar dedicadas al hurto de frutos del campo, así como el establecimiento de un sistema de patrullas que contribuya a impedir la comisión de hechos delictivos. Se establecen servicios de Guardia Civil tendentes al control del transporte desde los puntos de producción a los de almacenamiento, se instruyen las oportunas diligencias de recuperación de los géneros procedentes del delito, se establece contacto con los agricultores de los diferentes términos y se lleva a cabo una coordinación con los policías locales de la zona.


Para coordinar además las actuaciones con el CNP, con el Cuerpo Nacional de Policía, que desempeña también sus competencias en la localidad de Jerez de la Frontera, y con los demás organismos implicados en el control de desarrollo de estas campañas agrícolas se han convocado reuniones específicas de coordinación y planificación de servicios conjuntos con la Inspección de Trabajo, la Brigada de Extranjería y Fronteras del CNP a efectos de realizar, como así se han hecho, inspecciones sobre el personal que trabaja en la explotaciones agrícolas. Igualmente se han establecido dispositivos policiales específicos para dar una respuesta adecuada a hechos delictivos relacionados con la sustracción de cobre que afecta también a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Estos dispositivos se aplican a nivel nacional desde finales de 2006 y principios de 2007.


En definitiva, se han adoptado medidas por parte de la Guardia Civil destinadas a los objetivos que le he mencionado, medidas de coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, y la aplicación de los planes expuestos y el desarrollo de las medidas que le he relatado están incidiendo significativamente en la mejora de seguridad de las áreas rurales de la provincia de Cádiz, entre ellas Jerez de la Frontera.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO GIRÓN: Señor secretario de Estado, antes de replicarle a lo que me ha manifestado quiero hacerle una advertencia. Me dice usted que las infracciones penales han disminuido en la provincia de Cádiz en no sé qué porcentaje. Pues bien, si efectivamente tiene usted esos datos, ¿por qué me los niega usted cuando yo se los pido a través de una pregunta por escrito? Si los tiene usted, ¿por qué me los niega usted no solo a mí sino a todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular? Antes en su comparecencia ha dicho que efectivamente no sería objetivo seguir los mismos criterios en las distintas provincias y, sin embargo, ¿para la provincia de Cádiz sí? ¿Ahí sí tiene usted criterios objetivos de medir?

Señor secretario de Estado, con referencia a la pregunta en concreto que le he realizado permítame que le diga que usted no conoce la realidad.
Usted está aquí en Madrid ocupando un gran puesto, en un gran despacho, con su coche oficial, y usted no conoce lo que está ocurriendo en el campo, usted no conoce lo que está ocurriendo en el término municipal de Jerez de la Frontera. Yo sí, porque lo pateo todos los días y me reúno con los vecinos y me reúno con los alcaldes, con sus concejales, con los labradores, con los agricultores, con los ganaderos, que están sufriendo en sus bienes y en sus patrimonios el robo de sus cosechas y de sus cabañas ganaderas. Señor secretario de Estado, usted no sabe que el municipio de Jerez de la Frontera es el tercer municipio con mayor extensión de España; tiene 1.188 kilómetros cuadrados y una población rural de 30.000 personas distribuidas en siete entidades locales menores y quince barriadas rurales. ¿Sabe usted cuántos cuarteles de la Guardia Civil hay en esa zona rural? Uno solo, en la Barca de la Florida -entidad local menor dependiente del municipio de Jerez-, con ocho efectivos y un sargento. ¿Usted cree que con eso se puede prestar un servicio de seguridad en las mínimas condiciones?

Señor secretario de Estado, cuando yo le formulo esta pregunta no es para importunarle, como es lógico; lo hago porque me estoy haciendo eco de lo que me plantean los vecinos de estas zonas rurales y porque los habitantes de estos municipios tienen los mismos derechos que los que viven en los grandes municipios puesto que pagan exactamente los mismos impuestos. Yo le hago esta pregunta ante la falta de soluciones, señor secretario de Estado. ¿Puede decirme usted por qué estos

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vecinos han tenido que montar patrullas ciudadanas para protegerse de estos robos?

Si efectivamente se han tomado tantas medidas, ¿me quiere usted decir por qué los alcaldes de estos municipios, de estas entidades locales menores, han tenido que adoptar medidas de presión ante su propio ayuntamiento matriz, que es de su mismo partido? ¿Y por qué la señora alcaldesa ha tenido que incrementar la presencia de Policía local en estas pedanías? Señor secretario de Estado, ¿me quiere usted decir por qué todos los medios de comunicación se están haciendo eco de lo que está ocurriendo, ya no solo le hablo de Jerez sino de todas la zonas rurales? ¿Por qué las asociaciones agrarias de todo tipo -UAGA, UPA, Asaja- se quejan de lo que está ocurriendo?

La señora PRESIDENTA: Tiene que ir terminando, señor Romero.


El señor ROMERO GIRÓN: Termino, señora presidenta.


En definitiva, señor secretario de Estado, baje de la nube en la que está, vea que existe un grave problema en la zona rural y adopte las medidas oportunas para dar solución efectiva a este problema, porque le vuelvo a insistir que los vecinos de la zona rural son de la misma categoría que los vecinos de cualquier núcleo urbano.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado para cerrar ya este punto del orden del día.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Camacho Vizcaíno): No sé, señoría, a qué hace referencia cuando dice que yo le niego un dato. En ningún momento en su pregunta solicitaba que yo le contara las cifras de criminalidad de Cádiz. Planteaba en concreto si es consciente el Gobierno de la falta de seguridad que existe en la zona rural del municipio y medidas que pretende adoptar. ¿Su señoría cree ciertamente responsable que el secretario de Estado de Seguridad, en vez de estar en Madrid en su despacho, se fuera todas las semanas a Jerez de la Frontera a patear? ¿Consideraría mi actitud responsable? Yo creo que es lógico que usted, como diputado de la zona, patee los caminos y los pueblos. A mí me encantaría, porque me parecería mucho más agradable que mi despacho en Madrid al que ha hecho referencia. Me daría el aire y estaría conociendo una zona de España que es especialmente bonita y, además, con una gastronomía ciertamente interesante, pero creo que me tacharía de irresponsable si yo el lunes me fuera a la comarca de Jerez a hacer lo que usted me imputa que no hago. Ya me gustaría a mí poder estar en Jerez de la Frontera toda la semana, pero creo que tengo otras responsabilidades.


En todo caso, el dato que le he dado es cierto. Las infracciones penales en la provincia de Cádiz en el primer semestre de 2009 se han reducido en un 4,3 por ciento. Es obvio que existe un problema en las zonas rurales y es obvio que el Gobierno tiene una batería de medidas que son las que he le contado. Con esta batería de medidas y con las cifras que parece que nos acompañan espero que la realidad y la intensidad del problema se solucionen.


En todo caso, viajo a Jerez de la Frontera la semana que viene.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Hemos culminado todos los puntos del orden del día.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho de la noche.

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