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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 409, de 12/11/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 409
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
Sesión núm. 27
celebrada el jueves, 12 de noviembre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (procedente del Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo). (Número de expediente 121/000022.) ... (Página 2)

Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (procedente del Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo). (Número de expediente 121/000022.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL MANTENIMIENTO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2009, DE 6 DE MARZO). (Número de expediente 121/000022.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Primer punto, ratificación de la ponencia designada para informar la iniciativa legislativa que vamos a debatir. Supongo que hay acuerdo de todos los grupos políticos. (Asentimiento.) Queda ratificada.


APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL MANTENIMIENTO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2009, DE 6 DE MARZO). (Número de expediente 121/000022.)

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al segundo punto del orden del día, que es la aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, procedente del Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo. Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, en primer lugar, don Ignacio Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señor presidente, señorías, me gustaría comenzar haciendo una breve historia de lo que ha sido la vida de este real-decreto desde su convalidación el 26 de marzo de 2009 en esta Cámara. La tramitación como proyecto de ley de este Real Decreto de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas se aprobó a pesar de la oposición del grupo mayoritario, lo cual pone en evidencia que el resto de los grupos teníamos interés en aprovechar este instrumento legal en su paso por el Congreso para mejorar algunas cuestiones importantes de nuestro mercado laboral y del tratamiento que los trabajadores recibían de las instituciones normativas laborales. La tramitación de esta norma se aprobó que fuera por el procedimiento de urgencia. Hoy, ocho meses después, casi a finales de noviembre -a finales de diciembre contando con su tramitación en el Senado-, estaremos en disposición de dar vía libre a este texto legal; texto legal que, por otra parte, no tiene nada más que seis artículos y unas pocas disposiciones y que ha permitido -quizás esa ha sido su principal virtualidad- incorporar otros temas, otras disposiciones que ponen de manifiesto la inquietud de los grupos políticos de esta Cámara en materia laboral, la inquietud respecto de las cifras de desempleo que sufre nuestro país y la necesidad de reformas que aunque no son de gran calado, al menos son pequeños retales que van transformando poco a poco algunos elementos que sin duda merecía la pena cambiar. Entenderán, por tanto, que este trasiego de ley no cause muy buena sensación en lo que significa trabajo de esta Cámara en el impulso legislativo del Gobierno. Bien es cierto que el Grupo Parlamentario Socialista propuso escuchar a los agentes sociales a través de comparecencias y que ante el sesgo que le pareció al resto de los grupos no escuchar a otras partes muy importantes implicadas en toda esta materia, se incorporó un grupo de comparecencias que, junto con el ritmo lento de tramitación de las mismas, que ha sido una por semana nada más, hizo que las enmiendas estuvieran listas solo a finales de julio y que estemos actualmente con una tramitación de la ley de los 420 euros, con los Presupuestos Generales del Estado con toda esta dinámica que ha evitado esta tramitación y desde luego la presencia del ministro en esta Comisión durante los últimos cuatro meses -ya casi no nos acordamos de su cara-, en una situación sin duda delicada para el país.


¿Cómo es la situación del país? En el último mes de octubre se han incorporado 100.000 parados más a las cifras de desempleados; 60.000 personas han desaparecido de la filiación a la Seguridad Social, en términos desestacionalizados; ha habido 12.300 autónomos menos en un solo mes, y la tasa de paro, según Eurostat, ha ascendido al 19,3 por ciento, es decir, ya está por encima incluso de la previsión del Gobierno para finales de este año, cuatro décimas por encima de lo que el Gobierno previó para todo el año 2009. La OCDE en su página web de esta misma mañana incorpora un papel referente al empleo en España, donde -leo textualmente- dice que España ha sufrido el incremento más elevado de la tasa de paro de todos los países de la OCDE desde el inicio de la recesión económica, que las perspectivas de empleo de España indican que a pesar de signos crecientes de recuperación en el entorno europeo, el desempleo en España seguirá aumentando en los próximos meses -pone una gráfica donde el punto más álgido corresponde a España, con un porcentaje de paro del doble del resto de los países de la OCDE- y que los grupos con mayor dificultad de inserción en el mercado laboral, los jóvenes, los inmigrantes o las personas con baja cualificación están pasándolo mal.
Dice también que el desempleo es un factor clave de la pobreza en España y, por tanto, frenar las pérdidas de empleo es vital para prevenir una expansión de la pobreza en los próximos años. Este es el análisis de un organismo independiente internacional que sencillamente interpreta las circunstancias sociales de los distintos países que forman

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parte de este ámbito. Si a esto le sumamos que tenemos más de 1.200.000 familias con todos sus integrantes en paro y que inmigrantes, mujeres y jóvenes son los que están sufriendo de una forma más especial esta lacra, pese a que está disminuyendo la población activa, lo que significa que hay gente que está tirando la toalla, que está volviendo a sus países, inmigrantes que están volviendo a sus países, es evidente que España ya no es lo que era desde que gobierna el Partido Socialista.


Señorías, permítanme que aprovechemos el debate de este texto normativo para que solicitemos al grupo mayoritario que da respaldo al Gobierno la reanudación del diálogo social. Estas últimas horas hemos percibido una vuelta a una circunstancia amable en términos de capacidad de avanzar en esa materia, pero puesto que esta norma que llega hoy a la Cámara y que vamos a debatir hoy en la Comisión no vino con el respaldo del diálogo social, le pedimos al grupo mayoritario que respalda al Gobierno que a partir de ahora haga bien su papel de árbitro, que no tome parte, porque cuando el Gobierno toma parte en el debate tripartito generalmente no beneficia a nadie y pasa lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, que se ha bloqueado gravemente ese diálogo social, y a fecha de hoy todavía no ha pasado ni una sola recomendación del diálogo social por esta Cámara. Todo lo que hemos debatido en términos normativos y legislativos de empleo ha sido fuera del diálogo social.


Quiero también aprovechar para decir que es curioso que ahora, dos años después del inicio de la crisis y con casi 4.300.000 parados, el Gobierno se dé cuenta de la rigidez del mercado laboral español y que se plantee -hemos tenido la oportunidad de leer alguna entrevista de algún alto cargo del ministerio- compaginar el empleo a tiempo parcial con el subsidio por desempleo para limitar el número de despidos. Ahora parece que va a ser una nueva prioridad de este Gobierno -me gusta que los gobiernos rectífiquen cuando lo están haciendo mal-, pero a buenas horas.
Si esto se hubiese hecho antes, en lugar de abonarse al discurso de que este mercado laboral era el más flexible del mundo, quizá no se hubieran destruido más de 2 millones de empleos. En cualquier caso, bienvenido, sobre todo para las mujeres, que necesitan un especial cuidado en términos de conciliación en ese trabajo parcial, y aunque no es la panacea, es mucho más operativo, mucho mejor que la cadena de quiebra, cierre empresarial, desempleo, prestación, subsidio, 420 euros o a la calle, que es la que existe en estos momentos. Sin olvidar que hacen falta todavía reformas de calado y que queda mucho trabajo por hacer, es cierto que estas declaraciones, estas intenciones que manifiesta el Gobierno son bien vistas por nuestro grupo parlamentario, si fueran capaces de materializarlas en el futuro.


También aprovechamos para pedirles que no se les ocurra eliminar los recursos para las políticas activas. Un alto cargo del Gobierno, concretamente la secretaria general de Empleo, ha deslizado esta misma semana en una entrevista esa posibilidad. No sabemos si son globos sonda o un elemento más de un gobierno desnortado que dice un día una cosa y al día siguiente la contraria. Las políticas activas son extraordinariamente importantes para salir de la situación en la que estamos y su revisión a la baja o su cuestionamiento en este momento de forma pública no hace sino entorpecer la tranquilidad y la labor de quienes en este momento están poniendo toda su mejor disponibilidad y su esfuerzo para sacar a España de estas circunstancias.


A pesar, señorías, de que este texto tiene un corto recorrido para la magnitud de la crisis que vivimos, de que es un texto parcial, con medidas incompletas, insuficientes y de muy poco alcance, quiero reconocer -lo he hecho en ponencia y a lo largo de los últimos días cuando he tenido la oportunidad- el esfuerzo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en la persona del señor Membrado para ayudar a transaccionar alguna de las cosas importantes de este real decreto convertido en ley. Bien es cierto que ha sido de una forma un poco peculiar porque a pesar de las incorporaciones de las transaccionales a la ponencia, no deja de ser un intento de incorporación de las voluntades de todos los grupos políticos, a veces muy dispares, en un único texto.
Eso tiene ventajas y ciertos inconvenientes, pues pueden dejarse partes nucleares fuera de la norma. Nos gustaría subrayar que en el caso de las bonificaciones deben ser de aplicación ya en el año 2010 y, por tanto, ese nuevo programa de fomento del empleo del que habla la transaccional debería estar listo en el primer semestre del año para que tenga realmente utilidad porque, si no, tendrá muy poco alcance; que en el ámbito de la intermediación hay que hacerlo también en el plazo más breve posible, porque tenemos la obligación de trasponer una directiva en el año 2012 y, sin embargo, tenemos muy poco tiempo para intentar dar la vuelta a esta situación de incremento permanente del desempleo en nuestro país. En el caso de las enmiendas relacionadas con la discapacidad y la discapacidad del autónomo o de hijos de autónomos, que es un sector enormemente castigado, el Cermi ha hecho una buena labor con todos los grupos parlamentarios, sensibilizándonos sobre la necesidad de en algunos de estos cambios, lo mismo que en la renta activa de inserción de los autónomos, en la ampliación de los plazos o en materia de jóvenes. En el caso de la transaccional que se ha incorporado en materia de jóvenes, quisiera pedir al grupo proponente que no la llame de fomento del empleo joven, porque me parece un título demasiado ampuloso para lo que es. Es una enmienda que pide un estudio de la situación de los jóvenes en este momento en nuestro país y, por tanto, no es del fomento del empleo joven, sino del estudio de lo que ocurre en el ámbito juvenil en nuestro país, con el ánimo de mejorar en el futuro o de mejorar a través del fomento de empleo su situación, pero no es una transaccional de fomento del empleo joven. Lo mismo podría decir de la formación profesional, de los extranjeros o de las políticas activas de empleo y las comunidades autónomas.


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Quisiera resaltar de una forma singular las enmiendas presentadas por mi grupo. Las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular buscaban, por un lado, ayudar a afrontar la situación de crisis a los trabajadores y empresarios de este país mediante medidas que permitieran suavizar la grave situación por la que atraviesen y, además, impedir que se siga destruyendo empleo, y que por tanto tarde en recuperarse la situación de nuestro país mucho más tiempo; por otro lado, intenten proteger a los trabajadores autónomos y pequeños empresarios, que son los verdaderos motores de nuestro tejido económico, sin ignorar a los colectivos más desfavorecidos, como son las personas con discapacidad.
Hemos apostado también por la mejora de la empleabilidad mediante la colaboración pública o privada, que permita a las empresas de trabajo temporal colaborar con los servicios públicos de empleo y ser agencias de colocación global. Tampoco hemos olvidado a aquellos colectivos más desfavorecidos por la crisis, autónomos y discapacitados, mediante el aumento de la capitalización; la prestación por desempleo a aquellos desempleados que quieran crear su propio negocio; los beneficios para la contratación del primer trabajador por cuenta ajena en el caso de los autónomos; la compatibilidad del trabajo con la percepción de la pensión de jubilación, en términos similares a las condiciones recogidas para los empleados del régimen general, o la exención del IRPF para las indemnizaciones por cese de actividad para los autónomos económicamente dependientes aproximando, aprovechando esta norma, a estos trabajadores a los trabajadores por cuenta ajena.


Para las personas con discapacidad solicitamos conservar los beneficios de los trabajadores discapacitados, subsanando un error de la Ley 43/2006, y mantener las bonificaciones de las personas con discapacidad que procedan de los centros de empleo. Hemos creído enormemente necesario ampliar la autonomía en las empresas y dotar de una mayor flexibilidad y coherencia con las condiciones económicas y laborales que vivimos y realizar una reforma en profundidad de la negociación colectiva. El Grupo Parlamentario Popular también ha solicitado la reforma de la formación profesional, elemento esencialmente importante en este momento para sacarnos de la crisis y mucho más en ese ámbito de lo que se viene llamando por el Gobierno la economía sostenible, adecuarla a las exigencias reales del mercado de trabajo y recuperar los incentivos fiscales a los gastos en formación que dediquen las empresas con el propósito de favorecer la mejora de su capital humano, que ha desaparecido en la última reforma del impuesto sobre sociedades.


He hecho alguna alusión a las enmiendas transaccionales y me gustaría terminar diciendo que hemos intentado enmendar también la exposición de motivos. Creemos que es muy importante actualizar esa exposición de motivos respecto al momento de su redacción inicial para incorporar la situación real a fecha de hoy de nuestro mercado laboral en términos de desempleo. Hemos querido bonificar también las contingencias comunes, la reducción temporal de jornada lineal y no proporcional del 50 por ciento y que no se complemente la prestación por desempleo. Hemos abordado la bonificación a cambio de mantener el empleo y, por tanto, añadir un año más -dos años más en lugar de uno- al artículo 1. También hemos entendido que no deben sentirse incumplidos los criterios de bonificación cuando se mantenga el empleo, si se computa la plantilla en su conjunto y el volumen de empleo no experimenta variaciones. Hemos presentado un paquete de siete enmiendas para ampliar los plazos y que esta norma, que tiene un ámbito temporal restringido, pueda ampliarse en función de las necesidades de empleo de nuestro país. De la misma manera hemos querido suprimir la necesidad del consentimiento del trabajador. Entendemos que esta es una disposición absolutamente innecesaria en este momento y no merece la pena ser incorporada en este texto. Hemos pedido que las pymes que acrediten dificultades y ecómicas y pérdidas en el impuesto sobre sociedades tengan también derecho a bonificaciones por el mantenimiento del empleo del 30 por ciento y que esto se pueda prorrogar a lo largo de un año.


Hemos pedido en una enmienda algo enormemente importante en lo que quiero detenerme diez segundos, que es la materialización del Fondo de Reserva antes del 31 de diciembre del año 2009. El Fondo de Reserva, como saben SS.SS., es un elemento esencial de nuestro sistema de protección social, es la hucha de los pensionistas y es la garantía de los futuros pensionistas de que tienen un elemento que puede contribuir a la estabilidad de su sistema de pensiones en el futuro. Este fondo fue creado por un gobierno del Partido Popular, pero es cierto que ha sido dotado a lo largo de los últimos años por los gobiernos del Partido Socialista hasta situarse en estos momentos en una cantidad razonable pero por primera vez en los últimos años, un gobierno ha dejado de dotar ese Fondo de Reserva, con la excusa de los aplazamientos a la Seguridad Social, bien es cierto, pero no es menos cierto que esas cantidades y la renta que suponen, tanto en cuenta corriente como en los valores invertidos, es un dinero que pertenece a los pensionistas españoles presentes y futuros. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular solicita al Gobierno que antes del 31 de diciembre, antes del cierre de este ejercicio dote definitivamente los 8.023 millones de euros que fueron objeto de superávit en el ejercicio pasado y que, por tanto, tiene obligación legal de dotar en ese Fondo de Reserva. Una cuestión distinta, ya ponemos de manifiesto, que será absolutamente un casus belli por parte del Grupo Parlamentario Popular.


Hemos presentado enmiendas para que en tres meses se analicen los resultados del Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral, 2.500 orientadores, porque entendemos que puede ser una medida positiva. Como no tenemos información de cómo está evolucionando en las distintas comunidades autónomas en que se ha puesto en marcha, que son las

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transferidas, quisiéramos que el Gobierno trajese ese análisis de los resultados lo más pronto posible, de la misma manera que pedimos que efectúe una evaluación antes del 31 de diciembre de lo que significa la posibilidad de prórroga de esta norma, es decir, cómo ha evolucionado el tratamiento de esta norma en los ERE que se han producido a lo largo de 2009 para saber si es bueno para nuestro país que esta norma que hoy aprobamos pueda ser prorrogada a lo largo de los próximos ejercicios.


Hemos presentado un buen paquete de enmiendas relacionadas con las empresas de trabajo temporal. En este momento la intermediación laboral de los servicios públicos de empleo es lamentablemente baja. Entendemos que aprovechar las sinergias, los recursos y la potencialidad de unos instrumentos que existen en la sociedad española, sin coste para los trabajadores, puede ser enormemente interesante, además de una necesidad en la medida en la que hay que trasponer una directiva europea de obligado cumplimiento en los próximos años.


Hemos presentado también enmiendas para mejorar el portal del empleo.
Somos conscientes de que el Gobierno ha puesto en marcha la Red Trabaja, iniciativa interesante pero que nos parece poco ambiciosa porque no logra casar oferta y demanda de empleo de todas las comunidades autónomas, instrumento que a nosotros nos parece básico, junto con la movilidad geográfica, a la hora de resolver los problemas de empleo en nuestro país, porque hay comunidades autónomas que como SS.SS. saben tienen tasas de paro superiores al veintitantos por cierto, y otras que, sin embargo, están en el ocho o el diez por ciento.


Hemos presentado otro paquete de enmiendas para los autónomos para capitalizar el desempleo, para que las indemnizaciones por cese de actividad del trabajador autónomo dependiente tengan la misma exención tributaria en IRPF que las del trabajador por cuenta ajena; bonificaciones a los trabajadores autónomos que contratan su primer trabajador durante veinticuatro meses; o la posibilidad de sustituir la deducción en la cuota del IRPF, los famosos 400 euros, para asalariados y autónomos por una reducción en las cuotas sociales de los trabajadores, que sin duda será un instrumento adicional para la mejora del empleo en nuestro país. Hemos presentado medidas, como he dicho, para mejorar la situación de las personas con discapacidad y los centros especiales de empleo para contemplar el mantenimiento de las bonificaciones para esos trabajadores discapacitados que proceden de esos centros de empleo y subsanar de esa manera los errores de la Ley 43/2006. También hemos presentado enmiendas para establecer un nuevo marco regulatorio de la negociación colectiva, tan necesario en nuestro país, como hemos podido comprobar a lo largo de los últimos días y semanas, y una reforma integral de la formación profesional en seis meses, junto con las comunidades autónomas, para que esa nueva regulación pueda adecuarse a las circunstancias actuales de nuestro mercado laboral.


Hemos presentado también disposiciones para que en cinco años las prestaciones y los subsidios se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para que de esta manera simultáneamente se pueda reducir, al menos, el 20 por ciento de las cotizaciones por desempleo y en paralelo se vayan asumiendo los créditos presupuestarios correspondientes. Hemos presentado enmiendas para recuperar los incentivos fiscales a los gastos que las empresas realizaban en formación profesional, que fueron eliminados por la reforma del impuesto sobre sociedades y que son esenciales para mejorar el capital humano de nuestro país. También hemos presentado enmiendas para que las empresas que no deseen acogerse a esa bonificación del 50 por ciento en los ERE puedan aplazar las cotizaciones a la Seguridad Social sin aval, de tal suerte que pretendemos flexibilizar las decisiones de las empresas en un momento de crisis y que no se pierda este elemento político que puede ser interesante para la resolución de determinados expedientes de regulación de empleo. Hemos presentado también una iniciativa para aproximar los regímenes de la Seguridad Social, esencialmente para y poder compatibilizar la pensión de jubilación de los autónomos con actividad después de los 65 años de forma voluntaria, de igual manera que lo hacen los trabajadores por cuenta ajena, porque entendemos que en este momento existía una discriminación de trato entre los dos colectivos. Por último, hemos presentado la enmienda 104 que es enormemente importante. Esta enmienda intenta homogeneizar, equiparar el tratamiento fiscal de las indemnizaciones por despido o por cese, por razones de crisis o reestructuración, de tal forma que se produzca una exención hasta los 45 días, con el límite de 42 mensualidades, para que, repito, el tratamiento fiscal de los ERE dependa realmente del hecho que intenta solucionar y no del tamaño de una empresa, que es un elemento absolutamente ajeno al trabajador. Repito que esta es una enmienda muy importante, es justa, es muy social y va en defensa de los trabajadores. Por ello, solicitamos el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista de forma especial, así como el de todos los grupos de la Cámara; queremos que el Grupo Socialista se sume, que no se quede atrás. Hemos visto cómo en estos presupuestos se han disminuido las políticas sociales, hemos visto cómo está aumentando el número de pobres en nuestro país y cómo hay más gente que lo está pasando mal y pedimos en este caso al Grupo Socialista que apoye esta iniciativa. Señores del grupo mayoritario, ustedes suelen acusar a los empresarios de querer abaratar el despido y, sin embargo, cuando una persona es despedida y recibe su indemnización ustedes pretenden quedarse, desde el punto de vista tributario, con una gran parte de esa indemnización. Pedimos coherencia al Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, que aborde con justicia esta enmienda.


Termino, señor presidente, diciendo que, en definitiva, a pesar de que las medidas incorporadas en este real decreto-ley, que hoy convertimos en ley, son de corto

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recorrido, son parciales, son incompletas, de poco alcance y, desde luego, insuficientes, nuestras enmiendas nos parecen importantes ya que creemos que son enormemente constructivas y que abordan temas sensibles, y en cualquier caso vamos a votar favorablemente este real decreto transformado en ley. Repito que, a pesar de sus enormes limitaciones, entendemos que entre todos hemos mejorado un texto que era poco ambicioso pero que resuelve algunos problemas importantes en los ERE, quizá un poco tarde respecto de su inicio, porque este real decreto es de marzo de este año y lo vamos a aprobar en el mes de noviembre, pero ya que en este momento los beneficiarios están sufriendo las circunstancias del desempleo sin ser los culpables de la inacción del Gobierno, entendemos que no se merecen que por constatar esa mala gestión del Gobierno puedan quedarse sin estos avances sociales.


El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto -que creo que van a compartir el tiempo- doña Uxue Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Intervengo para defender las enmiendas de Nafarroa Bai a este proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas. Son cinco las enmiendas que plantea mi coalición, una de ellas de carácter formal y, por tanto, ni entro a señalarla. La primera de estas enmiendas, que propone la eliminación del período de espera para ser beneficiario del subsidio por desempleo, nos parece esencial en estos momentos. Las enmiendas 2, 3 y 4 son relativas a las bonificaciones por contratación de trabajadores. La primera de ellas plantea una modificación del artículo 5, relativo a la bonificación por contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo. Me gustaría detenerme en las dos siguientes, las enmiendas números 3 y 4, que proponen la redacción de dos nuevos artículos en este proyecto de ley. El primero de ellos sería el artículo 6 nuevo, bonificaciones para la contratación indefinida de trabajadores menores de 30 años. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista nos presenta una transaccional, yo diría que tan de agradecer como escasa -si me permiten decirlo así- en lo que planteaba esta enmienda. Compartimos plenamente las afirmaciones que hacía quien me ha precedido en el uso de la palabra, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de que difícilmente a esta disposición final que nos propone el Grupo Socialista podemos llamarla una bonificación por el empleo de jóvenes sino que estamos hablando de un estudio. En cualquier caso, votaremos a favor de esta transaccional, pero quiero reseñar que Nafarroa Bai mantendrá viva la enmienda, como lo hará también con la enmienda siguiente, que propone la redacción de un artículo 7 nuevo para la contratación indefinida de trabajadores que hayan agotado las prestaciones por desempleo, jóvenes y desempleados de larga duración, que es el otro gran capítulo que, a nuestro entender, este proyecto de ley no ha entrado a tratar con la largueza, el empeño o incluso, diría más, con la ambición necesaria.


Agradecemos el esfuerzo del Grupo Parlamentario Socialista, estaremos en la votación de estas dos nuevas disposiciones finales, pero entendemos que debe plantearse también en Pleno el debate de estas dos enmiendas que, como digo, mantendremos vivas.


El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, dijo usted que iba a ser breve y efectivamente lo ha cumplido. Se lo agradecemos.


A continuación tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: También intervengo para defender nuestras enmiendas, que solo son doce, porque en su momento quisimos ser respetuosos con una preocupación que tienen las centrales sindicales en relación con la apertura de un debate profundo de modificación del Estatuto de los Trabajadores o de lo que es en general la política laboral. Fue un debate que se tuvo en su momento, cuando se discutió el real decreto, y evidentemente a nosotros nos preocupa porque consideramos que no se puede hacer una modificación laboral que niegue, evite o retroceda en los derechos laborales que en estos momentos tienen los trabajadores y las trabajadoras.


Las enmiendas que presentamos se circunscriben a lo que el proyecto de ley, es decir, el real decreto-ley plantea, además de algunas cuestiones puntuales que entendemos que mejoran algunos aspectos relacionados con indemnizaciones o prestaciones de la Seguridad Social. Mantenemos las doce enmiendas presentadas, excepto la número 39, que aceptamos la transacción que nos presenta el Grupo Socialista, así como a otros grupos, aunque no es exactamente lo que nosotros planteamos en nuestra enmienda. Nosotros pretendíamos que no se incorporara el artículo 5 a esta ley, pero nos parece interesante la propuesta que se hace de valorar, de hacer un informe que permita a esta Comisión aprobar unas conclusiones que se trasladen al Gobierno y a partir de ahí realizar una modificación en las políticas de bonificaciones.


Las enmiendas que presentamos están dirigidas principalmente a modificar o mejorar en el texto que propone el Gobierno cuestiones relacionadas con algo que a nosotros nos parecía que era crear una discriminación, que eran los derechos de los trabajadores y trabajadoras a la reposición en caso de ERE. De ahí que nuestras enmiendas números 36, 37, 38, 44 y 46 vayan en esa dirección. De hecho, la enmienda 36 tiene como objetivo ampliar el derecho de la reposición de la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan extinguido su contrato bajo lo dispuesto en el artículo 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores, es decir, aquellos tra

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bajadores que tuvieran contratación temporal y que esta finalice en el transcurso del ERE correspondiente. Nos parece que sería una discriminación que por el hecho de que en ese tiempo, mientras esté el ERE en vigor, finalice su contrato laboral puedan quedar en situación de no poder asumir lo que la ley en este momento trata de recoger. Del mismo modo que la enmienda 37 pretende que el derecho de reposición sea garantizado en todos los casos, independientemente de que hayan agotado o no la prestación a la que tuvieran derecho y del tipo de contrato. Nos parece que no hacerlo así sería, como decimos, discriminatorio. En ese sentido va también la enmienda 38, que pretende ampliar el marco que garantiza los derechos de la reposición. Es, desde nuestro punto de vista, importante que se tuviera en cuenta la enmienda 44. Lamentamos que no se pueda resolver esta cuestión, es decir, que los trabajadores y trabajadoras que quieran acceder a la jubilación no puedan hacerlo porque a su empresa se la haya aprobado un ERE. Entendemos que se debería recoger lo que en el Real Decreto 1131/2002, de 31 de diciembre, se recoge en la letra e). En ese caso se dice que los trabajadores cuyo contrato se extinguiera después de ser declarada esta extinción improcedente, no serían afectados para no poder acceder a esta jubilación parcial. Lo que pretendemos es que esto que se recoge en el apartado e) del Real Decreto 1131 se aplique no solo a los improcedentes, sino a cualquier caso no imputable al trabajador, como sería el ERE. Respecto a la enmienda 46 no podemos entender por qué no se puede llegar a un acuerdo en esta cuestión, aunque sea con una transaccional, ya que lo que pretendemos es que los derechos que se recogen en este proyecto de ley se amplíen a los trabajadores y trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado. Nos parece que si este tipo de empresas, por las razones que se recogen en todo el texto para cualquier empresa, acceden a un ERE, sus trabajadores deben tener los mismos derechos que se reconocen a los de otras empresas, como se especifica en el proyecto de ley. Las otras enmiendas, señorías, las damos por defendidas, en la medida en que son cuestiones que podemos continuar discutiendo a través de otro tipo de iniciativas. Así lo haremos ya que nos parece interesante porque se mejorarían condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, incluso prestaciones de la Seguridad Social.


Para terminar repito que mantenemos todas las enmiendas excepto la 39. No podemos aceptar la transacción que se nos presenta a nuestra enmienda 35 porque, aunque compartimos la transacción que se presenta en la medida en que amplía los tiempos que va a estar en vigor lo que en esta norma se presenta, lo que pretendemos en la enmienda 35 no tiene nada que ver con eso. Lo que proponemos es que las comunidades autónomas, en la medida en que tengan y se le reconozca la capacidad, puedan articular medidas políticas que incentiven el mantenimiento de la contratación en situaciones de crisis. Repito que mantenemos todas las enmiendas menos la 39.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra, en primer lugar, el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Voy a compartir el tiempo con el compañero don Gaspar Llamazares.


Quisiera llamar la atención sobre algo que introduce una cierta tranquilidad, al menos en nuestro grupo parlamentario, y es que, a diferencia del mes de marzo en el que tuvimos un debate lleno de dificultades porque existía un contexto de falta de voluntad de entendimiento por parte de los agentes sociales y la mesa del diálogo social estaba en un cul de sac, la misma actitud del Gobierno en la redacción de este real decreto estuvo muy condicionada por esta situación, es una buena noticia que entremos en un escenario distinto.
Esto es importante en tanto en cuanto, por ejemplo, vamos a poder poner en valor los acuerdos a los que vamos a llegar mediante la aprobación de un conjunto de transaccionales que cuelgan de enmiendas -algunas de ellas importantes, creo yo, de Izquierda Unida, Esquerra Republicana y otros grupos parlamentarios- y que van a dar un juego muy interesante en los próximos meses. Esto actúa con un efecto no balsámico pero sí reparador puesto que estas disfunciones entre la acción parlamentaria y la falta de capacidad de acuerdo en la mesa del diálogo social en un contexto de crisis económica y de grandes precariedades introducían mucha intranquilidad.


Dicho esto, aunque algunas de nuestras enmiendas que no han sido contempladas consideramos que son interesantes, no hacemos sangre de que no hayan sido incorporadas, ya que creemos que lo importante es avanzar conjuntamente en aquellos temas preferentes que parece que al fin pueden tener una buena resolución. Me refería a aquellas enmiendas que están condenadas a no tener suficiente mayoría. Algunas de ellas están relacionadas con la economía social o el apoyo a las organizaciones que tienen un objetivo claro de colaborar si no tangencialmente sí desde ámbitos más perimetrales en problemas relativos a la precariedad y al desempleo, etcétera. Son un conjunto de enmiendas que por razones de tiempo no puedo ahora relatarlas pero que entendemos que deberán ser, al menos los contenidos más importantes, motivo de debate y discusión en esta misma Comisión de Trabajo.


Pero vayamos a las cuestiones prioritarias, aquellas en las que convergemos distintos grupos parlamentarios con el grupo mayoritario. Me refiero, por ejemplo, a las enmiendas de Esquerra Republicana 19 y 26, que están integradas en una transaccional relativa a bonificaciones.
Nosotros planteábamos un conjunto de bonificaciones tanto para las cuotas empresariales relativas a las empresas inmersas en un expediente de regulación de empleo como para fomentar la contratación indefinida al cien por cien durante un plazo de tres años improrrogables, pero manteniendo también una obligación por

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parte de la empresa de conservar posteriormente, al menos durante dos años, la estabilidad en el empleo; es decir, buscando siempre este tránsito hacia los contratos indefinidos. Como ustedes saben, todo esto es motivo de preocupación ya que lo que no debería suceder es, máxime pensando en un repunte en la economía, que esta crisis económica haya servido para consolidar la temporalidad. Debo decir que en la transaccional también hemos incorporado parte del espíritu de algunas enmiendas relacionadas con el ámbito de la economía social que no fueron contempladas. Por ejemplo, hemos podido introducir que en el estudio y evaluación de aquello que se tiene que reformar respecto a las bonificaciones también estarán incluidas las empresas de economía social.
Entendemos que la transaccional número 1 se ha ido enriqueciendo a partir del conjunto de aportaciones de las distintas enmiendas y, en este caso, también a partir de nuestras enmiendas.


Las enmiendas 32, 33 y 34, relacionadas con los centros especiales de empleo, también han sido integradas en la transaccional número 3. Para nosotros es ciertamente un paso hacia delante pasar al 75 por ciento, es decir, un incremento sustancial de la aportación pública para configurar el salario de los trabajadores de estos centros especiales de empleo.
Nosotros éramos más ambiciosos en nuestras enmiendas. Entendemos que hay un reto fundamental en esas empresas para hacerlas viables en un futuro e incluso planteábamos cuestiones que también han sido integradas parcialmente relativas a la jubilación y a deterioros de salud posteriores a la contratación, etcétera. Creo que la transaccional es un buen punto de encuentro y un buen punto de salida. Debo decir, sin querer exagerar, que me preocupa un tanto este punto número 3 -creemos que pudiera ser un caballo de Troya-, cuando ustedes hablan de la necesidad de plantear en el primer semestre de 2011 la valoración de la continuidad o no de dicha ampliación de la subvención para el mantenimiento de centros especiales de empleo. Esto es un poco duro atendiendo a la función social reconocida de estos centros y entendiendo además que están en una época muy crítica, porque pudiera interpretarse como la aparición de una espada de Damocles. Quizá hago una interpretación un tanto alarmista, pero conociendo esta preocupación y este gran sacrificio que están haciendo estos centros, no digo que se lo puedan tomar mal pero creo que no beneficia en nada, no es una aportación y en cambio puede crear inquietud. Nosotros no lo hubiéramos puesto e incluso no estaría mal replantearse si vale la pena porque, si no resuelve nada, por qué vamos a poner más problemas a una situación que ya de por sí es difícil.


También debo hacer referencia a las enmiendas 19, 21, 22 y 23 de Esquerra Republicana que configuran la transaccional número 6. En ese sentido, entendemos que se apunta hacia algunos aspectos que nosotros también avanzábamos. Nosotros defendíamos una bonificación del cien por cien de las cuotas y no del 50 por ciento. También pedíamos alcanzar los 720 días frente a los 640 e incluso planteábamos un calendario más abierto porque, ¿alguien puede afirmar que la crisis dejará de percibirse de forma aguda en un momento determinado?, ¿existirá un momento cero? No. Hay que tener en cuenta incluso que a veces se acumulan los expedientes de regulación.
Entendemos que se hubiera podido ir un poco más allá, pero en todo caso creemos que es una buena transaccional.


Voy terminando. Hay un tema fundamental para nosotros que es el tema planteado en la enmienda número 29 de Esquerra. Creo que puedo hablar con toda legitimidad porque el señor Membrado sabe que en la pasada legislatura fuimos capaces de pactar una disposición adicional que mandataba al Gobierno a presentar antes de nueve meses, es decir, en septiembre del último año de legislatura, a presentar nuevas fórmulas de contratación laboral para los jóvenes, porque todos coincidíamos en que el contrato de formación había quedado absolutamente obsoleto y que hacía falta un contrato que permitiera aterrizar a los jóvenes pero con todas las garantías de respeto a prestaciones, Seguridad Social y manteniendo el control a través de los convenios colectivos y ciertamente con unas cuotas ad hoc para los empresarios. El Gobierno no cumplió aquello y ahora se nos dice que hace falta reformular el contrato de formación.
Todos estamos diciendo que se llame de una manera o se llame de otra hablamos de terminar con esta situación. Los reyes de la precariedad son los jóvenes y además está claro que son los que tienen mayor número de siniestralidad; si cruzamos siniestralidad y juventud, los resultados son nefastos. Coincidimos en esto y la transaccional dice que se hará un estudio en seis meses. De acuerdo, pero atendiendo a los precedentes le pido, señor Membrado, que no sean seis meses sino cuatro. No puede ser porque tengo la impresión de que esto lo estamos alargando demasiado.
Pido cuatro meses y que, por favor, en el mes de febrero ya podamos discutir realmente cuáles son las características de este nuevo contrato, le llamen de formación o le llamen, como le llamamos nosotros, de aterrizaje. Lo podemos bautizar como queramos, pero aquí lo que queremos es que los jóvenes tengan realmente un instrumento con todas las garantías, controlado por los convenios colectivos, para el acceso al mundo laboral.


Termino ya y mi compañero Llamazares lo complementará porque además creo que me he comido parte de su tiempo. Perdonen.


El señor PRESIDENTE: Parte no, todo, y dos minutos y veinticinco segundos más, pero no importa señor Tardà porque hemos quedado en que no le íbamos a poner tiempo a nadie y tampoco se lo vamos a poner a usted. (Risas.)

El señor TARDÀ I COMA: Si llego a saber de su indulgencia hubiera seguido.
(Risas.)

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El señor PRESIDENTE: De su intervención deduzco que retiran nueve enmiendas, pero de todas maneras luego lo comprobaremos con el señor letrado.


Señor Llamazares, cuando usted quiera tiene la palabra.


El señor LLAMAZARES TRIGO: A pesar de estos dos días de presupuestos Joan tiene carrerilla para más. (Risas.)

Muy brevemente. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no estaba de acuerdo con esta iniciativa grandilocuente, porque es grandilocuente decir medidas urgentes para el fomento del empleo y la protección al desempleo -al final nada de eso hemos visto aquí-, pero nos preocupaba sobre todo el contenido de la iniciativa y también la forma. El contenido de la iniciativa porque el Gobierno se atribuía una posición salomónica en relación con el fracaso de la concertación social y proponía medidas en algunos casos necesarias, positivas, sobre todo las que tienen que ver con prestación al desempleo, pero en otros casos en nuestra opinión peligrosas porque tienen que ver con las relaciones laborales y estamos tocando ahí la madre del cordero. En nuestra opinión eso no debería hacerse nunca por parte de ningún Gobierno de manera unilateral porque ha traído muy negativas consecuencias desde el punto de vista de la movilización social y también en la aplicación de esas normas; si no son normas pactadas no son normas posibles. Por otra parte, considerábamos que se daba un mal papel al Parlamento. Fíjense ustedes si este Parlamento se hubiera puesto a elaborar una serie de medidas en materia de relaciones laborales que de alguna manera supusieran suplantar a los agentes sociales. Estaríamos lanzando a los agentes sociales no contra un Gobierno determinado por una norma determinada sino contra el Parlamento, contra la representación de los ciudadano y confrontar una representación -es verdad, una representación limitada como es la representación sindical y patronal- con la representación popular nos parece enormemente peligroso. Por eso estamos aliviados con el resultado que ha tenido esta ley -inicialmente un decreto y ahora una ley-, porque no se ha cumplido la amenaza de convertir este decreto y luego esta ley. Por eso no votamos favorablemente la conversión en ley; votamos en contra de la toma en consideración y no favorablemente su tramitación como proyecto de ley porque mucho nos temíamos que alguno iba a intentar convertir esta negociación en una suerte de relectura de la concertación social, que no consideramos deseable. Por suerte ha quedo únicamente en las enmiendas de los grupos parlamentarios y no en el resultado final de la ponencia, en el resultado que estamos teniendo.


Hay cosas que te siguen preocupando a mi grupo parlamentario. No estamos de acuerdo con una bonificación equivalente al conjunto de la prestación; nos parece que lo que hace es discriminar a trabajadores, precisamente a los que están en peores condiciones. No estamos de acuerdo con una nueva bonificación en de la contratación a tiempo parcial porque discrimina de nuevo a las mujeres. Con relación a la intermediación, con la aplicación de la llamada directiva europea se abre una vía que debe ser aprovechada en el buen sentido y tememos que lo sea en mal sentido, y es la de expurgar a esas llamadas empresas de trabajo temporal de lo que es prestamismo laboral. Ahí estaremos vigilantes. Se han producido avances con relación a estudiar y repensar la profusión de bonificaciones, porque hay tantas ya que probablemente no bonifiquen nada, no prevalezcan ni prioricen nada. Por otra parte, también se han producido avances en el empleo juvenil, que mi compañero ha destacado y que es una preocupación continuada de Esquerra Republicana de Catalunya y de mi grupo parlamentario, y también en los temas relativos a discapacitados y autónomos en los que se ha avanzado en la negociación.


Termino refiriéndome a una enmienda que está en estos momentos en discusión, la que tiene que ver con la imposición sobre el despido. Ahí seguiríamos dos criterios. Primero, el de justicia, que no haya disparidad entre uno y otro tipo de despido, que no empuje a las empresas y a los trabajadores a optar por un tipo de despido no por razones objetivas, sino por razones de fiscalidad. Por tanto, en primer lugar, justicia. En segundo lugar, progresividad; no se puede tratar igual a todos. En nuestra opinión, los que son desiguales deben ser tratados de manera desigual para que haya igualdad. Desde nuestro punto de vista, debe haber progresividad y, por tanto, los mecanismos fiscales no deben ser expropiatorios, pero tampoco deben ser nulos y, por tanto, deben recaer sobre rentas muy altas, que también se pueden producir en el caso de los despidos - en el caso de despido, rentas muy altas tenemos y conocemos recientemente-, que no deben estar exentas de la necesaria tributación.


El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de sus enmiendas y para fijar su posición tiene la palabra el señor Olabarría en representación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me alegro de haber llegado justo en el momento en que he podido apreciar que el presidente va a ser particularmente generoso en la disponibilidad del tiempo por parte de los diputados.


El señor PRESIDENTE: No confíe usted demasiado en eso. (Risas.)

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me imaginaba, señor presidente, que el concepto iba a ser objeto de relativización en cuanto yo interviniera. Al margen de esta circunstancia, no se preocupe porque son pocas las enmiendas de mi grupo parlamentario, entre otras cosas porque eran pocas las discrepancias sobre el origen o la

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norma troncal de la que dimana este proyecto de ley que estamos debatiendo.


Voy a empezar compartiendo una reflexión del señor Llamazares, porque nos unen más cosas que las que nos diferencian en algunos ámbitos. El señor Llamazares ha hecho una reflexión muy interesante sobre la existencia en nuestro derecho de algo que a los que nos consideramos, quizá con un punto de petulancia, laboralistas o nos hemos dedicado profesionalmente a la docencia en este ámbito nos parece una cierta aberración o extravagancia jurídica, como es la existencia de entidades privadas que se dediquen a la intermediación en el ámbito del mercado de trabajo.
Siempre he mirado con mucha renuencia, desde la perspectiva de esta especie en estado de extinción que son los laboralistas, la existencia de agencias privadas de colocación, que sin embargo fueron objeto de incorporación al ordenamiento jurídico y han contribuido a lo que era esperable de ellas, a precarizar todavía más las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores que obtienen empleo mediante la utilización de esta benemérita institución o figura. ¿Cuál sería mi opinión? La erradicación de la figura del ordenamiento jurídico, pero es una pretensión igualmente extravagante -se podía haber hecho en su día-, dado el nivel de consolidación de una figura que, por otra parte, sí existe en el derecho comparado y en la mayoría de los ordenamientos jurídicos.
Sobre las empresas de trabajo temporal hay mecanismos de control que son ejercidos de forma relativamente eficiente y las renuencias son menores, pero también resulta una figura un tanto ajena a los que pensamos que el derecho del trabajo tiene una serie de principios ontológicos basados en la tuición del trabajador también en materia de intermediación y de contratación.


Dicho esto, señor presidente, tras manifestar algo en lo que el señor Llamazares y yo solemos coincidir con mucha frecuencia, tengo que decir que mi grupo tiene presentadas cuatro enmiendas a este proyecto de ley, de las cuales quiero destacar las tres primeras porque tienen una naturaleza competencial sobre un tema particularmente vidrioso. Se trata de identificar exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de bonificaciones en materia de cuotas de Seguridad Social. Cuando hablamos de bonificaciones en materia de cuotas de Seguridad Social, estamos hablando de prestaciones o de ayudas que pueden categorizarse jurídicamente como pertinentes a la Ley General de la Seguridad Social.
(Rumores.) Son prestaciones de Seguridad Social, aunque el efecto que produzcan es un quebranto o disminución de los rendimientos de la Administración, en este caso de la Administración de la Seguridad Social, pero ya la ley, el Real Decreto legislativo 1/1994 (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Perdone, señor presidente, no es por ningún afán de purismo ni de singularización, pero el ruido no es la mejor compañía para defender cuatro enmiendas, aunque sea humildemente y con la rapidez a la que me he comprometido.


Comentaba, señor presidente, que la identificación de las bonificaciones de la Seguridad Social no es una cuestión pacífica en este momento. Sí es pacífica normativamente, pero vemos que muchas veces existen problemas de categorización jurídica de algo que está inserto en la transferencia de políticas activas a la Comunidad Autónoma del País Vasco, porque si fueren Seguridad Social las bonificaciones de cuotas o estuvieran incardinadas dentro de la Ley General de la Seguridad Social, que lo están, se podría discutir la extracción de la transferencia de políticas activas a la Comunidad Autónoma del País Vasco o a cualesquiera otras.
Pero como no debe ser así o no fue nunca así hasta el Real Decreto legislativo 1/1994, artículos 533 y siguiente, las bonificaciones de cuotas se naturalizaron como prestaciones de Seguridad Social o ayudas en materia de Seguridad Social, luego el tema resulta discutible en cuanto a la configuración de la transferencia. Nosotros seguimos pensando que las bonificaciones de cuotas de Seguridad Social, igual que las subvenciones gestionadas, igual que la formación profesional en sus distintos ámbitos e igual que los servicios públicos de empleo forman parte de la competencia genérica de políticas activas, como ya se reguló en su día en la Ley Básica de Empleo, y que todo ello debería configurar el bloque a transferir a cualquier comunidad autónomas y, particularmente, a la del País Vasco. Por eso presentamos las dos primeras enmiendas, las números 6 y 7, donde se establece que para las bonificaciones específicas que aquí se consignan -en un caso del 50 por ciento y en otro caso del cien por cien- para la contratación de trabajadores por tiempo indefinido, se habilitarán, con cargo a los presupuestos de los servicios públicos de empleo y no con cargo al presupuesto específico de la Seguridad Social, los créditos necesarios para la atención a estas bonificaciones de cuotas. No entendemos -y ya he explicado cuál es la razón- que las bonificaciones de cuotas deban pertenecer al régimen de la Seguridad Social, sino que se incardina en el seno de las políticas activas de empleo y mantenemos esa posición por esta razón, señor presidente.


En segundo lugar, la enmienda número 8 hace referencia al desarrollo reglamentario de la ley, cuando sea aprobada. El desarrollo reglamentario no puede corresponder a la Administración Central del Estado, en tanto en cuanto es una competencia compartida en los estatutos de nueva generación y sobre la que existen competencias de ejecución de la legislación laboral en los llamados estatutos de autonomía de primera generación.
Desde esa perspectiva, la invocación que realizamos en esta enmienda es que el desarrollo reglamentario sea compartido por la Administración Central del Estado con las administraciones de las comunidades autónomas y ahí, cuando el concurso de los interlocutores sociales sea preciso -lo es por mandato de los artículos 5 y 6 de la

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Ley Orgánica de Libertad Sindical-, con los interlocutores sociales tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico, en tanto en cuanto ostenten la condición de más representativos, es decir, en el ámbito autonómico que hayan obtenido más del 10 por ciento del total de representantes electos en las elecciones de su ámbito y más de 1.500.


La última enmienda hace referencia a una cuestión sobre la cual me gustaría recabar la sensibilidad y la atención del señor Membrado. Cuando los expedientes de regulación de empleo provocan periodos discontinuos de actividad, producen una agresión a los derechos de los trabajadores de difícil justificación en tanto en cuanto esos periodos inactivos de actividad van mordiendo o de alguna forma eliminando, quebrantando la prestación de desempleo, de forma y manera que un trabajador que eventualmente se ve afectado por un ERE, (expediente de regulación de empleo) de larga duración, con frecuentes o abundantes periodos inactivos de actividad, pueda al final del último expediente, si es objeto de resolución su contrato de trabajo, haber agotado ya la prestación por desempleo. Esto es manifiestamente injusto y por eso la pretensión, el pedimento de nuestra enmienda hace que la prestación por desempleo en aquellos ERE en los que se colocan periodos discontinuos de actividad no sufra o no se quebrante, aunque esta materia fue ya objeto de corrección parcial en el real decreto-ley del que dimanó este proyecto de ley, pero con un tope temporal que nos parece injusto. Un tope temporal siempre es arbitrario. ¿Y en tanto en cuanto siempre es arbitrario un tope temporal? Cuando se priva de un derecho, como es el derecho a disfrutar -entrecomillo la expresión, y no en el sentido etimológico- de la prestación o del subsidio de desempleo, a una persona que pierde su empleo, ese tope también es manifiestamente injusto. Pedimos que no se establezca ningún tope.


Para acabar mi intervención, señor presidente -ya ha visto, no sé si por primera, segunda o tercera vez en mi dilatada experiencia parlamentaria, que he sido congruente con mi promesa de rapidez y austeridad en el uso de la palabra-, quiero comentar que nos gusta -vamos a apoyarla en principio en sus propios términos, con las transacciones que dimanen de posibles acuerdos con otros partidos- una enmienda presentada por el Grupo Popular, que intenta remover una discriminación que no es objetiva ni razonable y que puede vulnerar el contenido esencial del artículo 14 de la Constitución y la proclamación del principio de igualdad. Si una persona es objeto de despido improcedente y adquiere el derecho a ser indemnizado 45 días por año trabajado, esos 45 días están exentos de tributación. Si una persona es removida, expulsada del mercado de trabajo a través de un expediente de regulación de empleo, tiene derecho a la percepción de 20 días por año trabajado sin exenciones en todo caso de naturaleza tributaria, que le colocan en una posición de disfavor desde la perspectiva del ordenamiento tributario, que, como digo, puede vulnerar algo tan esencial y tan glosado por prolija jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como son los requerimientos del principio de igualdad, un cambio en el tratamiento igual de situaciones que objetiva y razonablemente -estoy parafraseando la locución que anfibológicamente utiliza el Tribunal Constitucional- son iguales. Desde esa perspectiva, nos gustaría apoyar esta enmienda, así como alguna transacción que de alguna forma la mejora, la corrige o provoca algunas disfunciones que hacen referencia a algo que comentaba el señor Llamazares: que, evidentemente, no todos los seres ni todos los despidos son iguales, ni todas las personas que son expulsadas del mercado de trabajo a través de un expediente de regulación de empleo o de un despido individual salen del mercado de trabajo en las mismas condiciones. Es más, en las condiciones en las que salen algunos nos apuntaríamos seguramente la mayoría de los que estamos presentes en esta Comisión. Dicho lo cual, si se puede evitar el agravio que dimanaría de una consagración petrificada, omnicomprensiva y absoluta de lo que el precepto bienintencionadamente pretende, acogeríamos esa corrección.


Aquí acabaría la defensa de nuestras enmiendas, enfatizando las primeras.
Se cometió un error en el Real Decreto Legislativo 1/1944 al establecer que las bonificaciones en materia de cuotas como mecanismo de activación del empleo era materia de Seguridad Social. No es materia de Seguridad Social, sino de promoción del empleo. Vamos a enfatizar esto, señor presidente, porque no hace referencia solo a la pertinencia de la ubicación en un sector u otro del ordenamiento jurídico laboral, sino también al contenido material de las transferencias, algunas de las cuales están negociándose en este momento. Nos da la impresión de que si no se hace como nosotros preconizamos, puede transferirse mercancía averiada a determinada comunidad autónoma cuyo nombre en este momento no voy a citar.


El señor PRESIDENTE: La 104 no era suya, pero la ha defendido usted con una gran brillantez.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Y eso que el ruido no acompañaba, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Voy a defender nuestras enmiendas a este proyecto de ley de fomento, mantenimiento del empleo y protección a las personas desempleadas, un proyecto de ley que deriva de un real decreto-ley que aprobó el Gobierno en primavera de este año y que el Pleno de la Cámara forzó a que se tramitase como proyecto de ley después de una negociación muy intensa prácticamente hasta el último minuto, petición de tramitación como proyecto de ley a la que también en ese último minuto se incorporó el Grupo Socialista. Hemos tardado muchos meses, dema

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siados, en llegar a este momento procesal. Quizá hubiese sido más razonable que justo a la vuelta del verano hubiésemos terminado la tramitación de este proyecto de ley. Es cierto que el proceso hasta ahora no ha dado resultados en el diálogo social y, poco o mucho, los problemas y los fracasos existentes en el diálogo social han terminado por contaminar el trámite parlamentario de este proyecto de ley. Esta no va a ser la última normativa que introduzca reformas en las instituciones de nuestro mercado de trabajo en esta legislatura. Sabemos todos que parte de la salida de la crisis tiene que ver con reformas en nuestras instituciones del mercado de trabajo. Hoy en las enmiendas que se van a incorporar finalmente a este dictamen se empieza a avanzar ya en la dirección de algunas de las reformas que se deben hacer para resolver esos problemas que dificultan la salida de la crisis y sabemos que en los próximos meses, con o sin diálogo social esta Cámara va a tener que continuar avanzando en esta materia. Nos alegramos de que ayer tanto la vicepresidenta económica del Gobierno como el ministro de Trabajo anunciasen su voluntad, inspirándose en algunas de las mejores prácticas que se han implementado en los últimos tiempos en otros países europeos, de qué experiencias se pueden trasladar a nuestras instituciones del mercado de trabajo. Vamos a continuar discutiendo sobre esas cuestiones.
Nosotros éramos partidarios de que ese real decreto-ley se tramitase como proyecto de ley desde la convicción de que podíamos aprovechar el trámite parlamentario para introducir cuestiones que en el texto que se aprobó en primavera el Gobierno no había planteado o lo había hecho de manera equívoca en el mejor de los casos. Hemos aprovechado bien la posibilidad que se abrió con la tramitación del real decreto como proyecto de ley. El texto que va a salir esta mañana de la Comisión de Trabajo e Inmigración mejora en algunos aspectos sustanciales las previsiones iniciales que llevaron en su momento a la aprobación de ese real decreto-ley e incorpora elementos importantes que no estaban inicialmente previstos.


En primer lugar, he de destacar el paquete de enmiendas que pretenden garantizar que las medidas de protección y de incentivo del mantenimiento del empleo previstas para 2009 se prorroguen para 2010. Ha habido incertidumbre sobre la continuidad de este programa, pero hemos garantizado que esté vigente durante todo el próximo año. En segundo lugar, se asume un compromiso, que vamos a mejorar respecto al informe de la ponencia, para facilitar la participación de la iniciativa privada en la intermediación y de dinamización del mercado de trabajo con el compromiso de en cuatro meses trasponer la directiva del Parlamento Europeo que regula las empresas de trabajo temporal. Hoy en toda Europa las empresas de trabajo temporal, gobernando mayorías de centroizquierda o de centroderecha, son aliadas de los gobiernos en la salida de la crisis. En España hemos tenido dos procesos legislativos, el primero en 1994, que regula por primera vez las ETT, y el segundo en 1997 ó 1998 -hablo de memoria, pero la señora López i Chamosa se acordará mejor que yo porque fue la impulsora de aquella iniciativa-, en los que hemos ido configurando un marco mejor que regula a las ETT. Ahora nos toca trasponer esa directiva para acabar con las restricciones que hoy tienen las ETT para intervenir en el mercado de trabajo, de manera muy significativa también en materia de intermediación, donde estamos convencidos de que las ETT y otras iniciativas privadas pueden ser aliadas para las políticas públicas. Al mismo tiempo, en esa transacción se incorporó un mandato que, con la transaccional que va a ofrecer el señor Membrado, vamos a mejorar respecto al texto que figura en la ponencia, en la que apostamos por regular la actividad de recolocación en el marco de los expedientes de regulación de empleo.


Nos ha parecido necesario ubicar en otra disposición final la necesidad de analizar las actividades de cesión ilegal de trabajadores para no mezclarlas con las actividades perfectamente legítimas no tan solo en relación con las directivas europeas sino también con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de hace unos cuantos años que permite y legaliza -insisto, la OIT lo tiene así previsto- la presencia de la intervención privada en el mercado de trabajo. Nos parece bueno sacar la ubicación de ese análisis de la cesión ilegal de trabajadores de una disposición final que regule las empresas de trabajo temporal, las cuestiones vinculadas a la recolocación de los trabajadores. Convergència i Unió lleva insistiendo en esta línea desde el principio de la legislatura. Necesitamos movilizar también la iniciativa privada como un agente que, junto con las política de los gobiernos, dinamice nuestro mercado de trabajo.


En segundo lugar, se incorpora una disposición adicional sustancial una de las más importante de este proyecto de ley, como es el mandato al Gobierno, a los agentes sociales, a las comunidades autónomas y a este Parlamento, de evaluar, revisar, y en su caso reformar, el actual sistema de bonificaciones a la contratación, un nuevo programa de fomento del empleo. Me recordaba el señor Membrado que en el presupuesto de este año son 2.850 millones de euros los que figuran en este programa. Estamos hablando de una de las grandes partidas de las políticas activas de empleo. Nuestro programa de fomento del empleo responde a otro escenario económico, de crecimiento de la ocupación y, por tanto, hay que entrar en la adaptación de ese instrumento a la nueva realidad de la destrucción masiva de empleo que hemos vivido en este último año. En los últimos meses se han formulado diversos estudios que cuestionan la eficacia de esas políticas, promovidos por la Administración General del Estado.
Tocaba revisar el programa de fomento del empleo porque el escenario es distinto y porque sabemos, sobre la base de esos estudios, que quizás esa cantidad tan importante de recursos no estaba siendo útil al objetivo de creación o de mantenimiento de empleo. En este sentido, Convergència i Unió ha

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renunciado a su amplia propuesta de bonificaciones concretas que afectaban a autónomos, a trabajadores mayores de 50 años, a parados de larga duración, a personas jóvenes, a personas con discapacidad, a la espera de que en los próximos meses seamos capaces de alcanzar un acuerdo en el marco del diálogo social, en sede parlamentaria y en la conferencia sectorial sobre ese programa de fomento del empleo. Estoy de acuerdo con una afirmación del señor Echániz de que para que eso tenga una efectividad esa debe ser una reforma que se introduzca en los primeros meses del próximo año 2010. No tendría sentido que aplazásemos más la revisión del programa de fomento del empleo.


En cuarto lugar, el proyecto de ley que el Gobierno aprobó en primavera obviaba la dimensión de la discapacidad en materia de empleo, y nos parecía necesario introducirla. La señora Sánchez había promovido ya una iniciativa en el Pleno que iba en esa misma dirección, y creo recordar que en su momento fue asumida por todos los grupos parlamentarios. En un sector concreto, las personas con discapacidad, y en un ámbito concreto, los centros especiales de empleo donde la crisis está siendo muy dura, podíamos introducir un programa específico de apoyo al mantenimiento del empleo. En esos centros especiales se incorpora el aumento de la subvención salarial al mantenimiento del empleo, hasta un 75 por ciento, con una referencia especial a las personas con mayores dificultades de inserción al mercado de trabajo, que han sido las cuestiones en las que Convergència i Unió ha insistido en estos últimos meses. Además se resuelven algunas de las incongruencias, que, quizás por errores en la tramitación de la última reforma laboral que aprobamos en la anterior legislatura, estaban produciendo dificultades en la contratación por parte de los centros especiales de empleo.


Al informe de la ponencia el Grupo Socialista va a ofrecer una transacción que incorpora algunas cuestiones, a nuestro entender, relevantes. Por un lado, resolver bien, en materia de exclusiones, los supuestos de personas que trabajando en un centro especial de empleo, se incorporan a una empresa ordinaria, esa realidad no termina de funcionar bien y retornan al centro especial de empleo; a estas personas no podemos penalizarlas a la hora de las bonificaciones de las que se puedan beneficiar en estos supuestos. Se trata de una realidad muy concreta que finalmente creo que resolvemos razonablemente bien en el texto que vamos a aprobar. Se incorpora una cuestión -para tranquilizar al señor Tardà- que va en la línea de garantizar que en el primer semestre de 2011 -sabemos que en principio a partir de 2012 se agota la ampliación de esta subvención- la Cámara pueda decidir, en función de la evolución de la economía y de la propia medida, si este programa continúa a partir de 2012. Mi grupo -lo sabe el Grupo Socialista- es partidario de que, en el caso de las personas con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, ese programa vaya más allá del año 2012. Además, durante el primer semestre de 2011 queremos tener información que permita decidir a esta Cámara sobre esa cuestión. En esta materia mi grupo va a mantener viva la enmienda número 125, que mandata al Gobierno a presentar un informe anual sobre el grado de cumplimiento de la cuota de reserva de la Lismi. Aunque parezca paradójico -existe desde el año 1982 esa previsión legal-, es cierto que hoy no sabemos cuál es el grado de cumplimiento de la Lismi en España en materia de la cuota de reserva. Venimos insistiendo desde hace tiempo en que el Gobierno debe hacer ese esfuerzo junto con las empresas, los sindicatos, el Cermi y las patronales que agrupan el empleo protegido para informar sobre el grado de cumplimiento de esa cuota de reserva. En este sentido, vamos a mantener viva la enmienda 125.


En la misma línea que la enmienda 104 del Grupo Parlamentario Popular, la número 135 de Convergència i Unió pretende, como no podía ser de otra manera, resolver la incongruencia que hoy existe en nuestro ordenamiento fiscal, por el cual el despido a través de un expediente de regulación de empleo tiene una penalización fiscal respecto al despido individual.
Tanto para el trabajador como para el empresario termina siendo más caro, a efectos impositivos, ser despedido a través de un expediente de regulación que serlo a través de un despido individual. Esa cuestión hay que resolverla. Existe consenso entre la patronal, los sindicatos y la totalidad de las comunidades autónomas con competencias en materia laboral para resolver esa incongruencia, no solo porque sea más justo para los trabajadores, sino porque introducimos un incentivo legal a la utilización, como mecanismo de gestión de la crisis, de los expedientes de regulación de empleo. Por tanto, Convergència i Unió va a mantener esa enmienda 135 porque es importante. He de decir también que se han incorporado ya en el trabajo de la ponencia cuestiones que nos preocupaban, algunas vinculadas al trabajo autónomo. En concreto a través de la disposición adicional sexta, que se deriva de una enmienda de Convergència i Unió, insistimos en la necesidad de cubrir a los autónomos en materia de protección asistencial no vinculada al sistema de protección contributiva. Vamos a tener ocasión en las próximas semanas, cuando tramitemos el proyecto de ley que regula la prestación de cese por desempleo, de profundizar en esta materia, pero en esta ley se insiste en ello. Resolvemos también la posibilidad de la contratación de hijos con discapacidad por parte de los trabajadores autónomos. Es una vieja reivindicación que no pudimos resolver en el Estatuto del Trabajo Autónomo. Incorporamos algunos compromisos en una materia que creo todos los grupos que compartimos como una preocupación, como es el desempleo entre los jóvenes. España es líder en desempleo en persona jóvenes y es evidente que nuestras fórmulas contractuales existentes en materia de prácticas, en materia de contratos de formación, en materia de otros contratos de estas características, no terminan funcionando como mecanismo de inserción de las personas jóvenes en nuestro mercado de

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trabajo. Se incorpora una disposición adicional nueva que mandata incorporar la dimensión lingüística en las políticas activas de empleo.
Estamos convencidos que un desempleado de origen extranjero que no conozca las lenguas que se hablan en España va a tener más dificultades para incorporase al mercado de trabajo que un desempleado que tenga un buen conocimiento de castellano, catalán, vasco o gallego. Por tanto, incorporamos un mandato para el Gobierno y las comunidades autónomas en esta materia. Pretendemos también reforzar el papel de las comunidades autónomas en esta materia a través de la disposición adicional décima.
Finalmente, quisiera destacar también una enmienda de Convergència i Unió, que es coherente con otra enmienda del Grupo Socialista, que pretende resolver algunas disfunciones en el funcionamiento de las empresas de inserción. No resolvimos suficientemente bien algunos de los aspectos de la contratación de las empresas de inserción en la ley que la regula por primera vez aprobada la pasada legislatura. Existía una demanda del sector de resolver esa realidad y tanto el Grupo Socialista como Convergència i Unió hemos presentado enmiendas para resolver esa cuestión.


Todo ello, señorías, nos lleva a entender que vamos a mejorar el texto que en su día aprobó el Gobierno en la primavera, que ese mejor texto sienta bases de algunas de las reformas, bonificaciones, intermediación, personas jóvenes, que introduce nuevas medidas en materia de discapacidad, que refuerza algunos aspectos vinculados a las políticas activas, como las cuestiones vinculadas a la lengua, y que garantiza que para 2010 el programa continúe vigente. Espero, además, que seamos capaces de incorporar hoy una solución a esa discriminación fiscal que existe en relación al coste fiscal de los despidos en el marco de los expedientes de regulación.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, en su intervención ha hecho mención en dos ocasiones a la enmienda 125. Según nuestras notas, está retirada en ponencia. Luego, ha hecho una tercera mención a la 135, que sí está viva. De todas manera, ahora con el letrado lo comprueba, por favor.


Don Jesús Membrado, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, hoy estamos trabajando sobre un real decreto que, posteriormente, hemos tramitado como proyecto de ley, que comenzó su andadura el 6 de marzo y que esperamos que a lo largo de la mañana de hoy pueda concluir en el Congreso para, posteriormente, trasladarse al Senado. Les recuerdo, señorías, que el Pleno del Congreso lo convalidó y aprobó su tramitación como proyecto de ley, a pesar de que había medidas urgentes que tendrían que haber tenido un efecto. Nosotros valoramos que el efecto que ha tenido por su inmediata implantación ha sido positivo en el terreno de las empresas y también en el terreno de la protección de los trabajadores.


Este es un real decreto, y ahora mismo un proyecto de ley, que surge en un momento en el que hay un crecimiento del desempleo en nuestro país y lógicamente, desde el punto de vista del Gobierno, hay que garantizar protección y continuidad en el empleo. Yo me voy a limitar a hacer una valoración de lo que hemos trabajado y del proyecto tal y como queda, y sinceramente voy a obviar la introducción sistemática del señor Echániz porque ya cansa y es un poco agotador. Tener que volver a escuchar las mismas soflamas dos días seguidos es un ejercicio excesivamente duro para las neuronas. (Rumores.) Por lo tanto, desde ese punto de vista me gustaría plantear algunas cuestiones.


La primera de ellas. Este es un planteamiento que vino por procedimiento de urgencia y que indudablemente se ha demostrado que ha sido necesario porque afectaba a las empresas que tenían dificultades para mantenerse y a los trabajadores que tenían también dificultades para seguir manteniendo su cobertura social. Por lo tanto, ¿ha beneficiado a los trabajadores? Sí, porque ha favorecido la regulación temporal de empleo en lugar de la extinción de los contratos con beneficios a las empresas del 50 por ciento de coste de la Seguridad Social a cambio de garantizar el empleo durante al menos un año, ese es un hecho positivo. Se ha evitado también el abandono prematuro del mercado de trabajo. ¿De qué manera? Mejorando la protección de los ERE con las cuotas coincidentes con una nueva actividad a la parte del pago del convenio especial que corresponde al trabajador. Es decir, las empresas han colaborado con los trabajadores a la hora del mantenimiento del empleo a pesar de que hayan estado en suspensión. Se ha mejorado también la protección de los trabajadores con la reposición de la prestación por desempleo, lo decía anteriormente el señor Olabarría, decía que un trabajador que se vea afectado por el desempleo en caso de una suspensión temporal por un ERE indudablemente va a tener, según él, una escasa protección, pero para nosotros es importante pasar de cero a ciento veinte días de garantía en cuanto a que el consumo del trabajador de ese desempleo no lo va a agotar de su percepción en el caso de la extinción, y este es un elemento positivo que se ha utilizado en algunos procedimientos de reestructuración sectorial en un momento determinado como fue la línea blanca y el textil y el calzado, que en estos momentos se ha reactivado.
¿Por qué? Porque es necesario en momentos de crisis y es bueno para el conjunto de los trabajadores.


Se mejora la protección de los desempleados desde el momento en que se suprime el plazo de espera de un mes y los trabajadores parados en nuestro país o que están en estos momentos en situación de ERE tienen regularizada su situación como media por debajo de los 15 días; en época del Partido Popular más de tres meses, señor Echániz. Es más, en estos momentos también las bonificaciones a los empresarios para la contratación de trabajadores que estén dispuestos a convertir en trabaja

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dores fijos, con más del cien por cien de la bonificación, a pesar de que eso sea teniendo en cuenta los beneficios recibidos por los parados provenientes del desempleo, es una medida problemática que el seor Olabarría plantea que tiene problemas jurídicos, que se está aplicando en estos momentos en Francia y está dando resultados, y en nuestro país hay una cierta reticencia y resistencia a poder acogerse por parte de las empresas a estas bonificaciones que lleva consigo utilizar a trabajadores provenientes del desempleo. De acuerdo, pero tendremos que avanzar por esta vía, porque no solamente se puede avanzar por una vía de homologación con lo que hacen algunos países de la Unión Europea y con otros quedarnos exclusivamente estancados o solamente ver los problemas jurídicos que se tienen. Es más, tenemos en este momento una incentivación al trabajo a tiempo parcial. Yo sé que el trabajo a tiempo parcial es una asignatura pendiente en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos casi ocho puntos de diferencia a la baja de la media de contratación a tiempo parcial en Europa y ese es un elemento de diferenciación negativa a la hora de tener en cuenta nuestras tasas de desempleo. Pero también es un elemento negativo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor Membrado. Les ruego guarden silencio.


El señor MEMBRADO GINER: Pero también es un elemento negativo a la hora de vincular la conciliación del trabajo, la familia u otras actividades que se quieran plantear. Esta es una asignatura pendiente, hay que mejorar la regulación, pero en este proyecto de ley se dan unos primeros pasos realmente interesantes.


En estos momentos se apuesta por que los 1.500 orientadores que se plantearon por los servicios públicos de empleo estatal y que tenían una vigencia de un año se renueven su vigencia. Son 1.500 orientadores que van a permitir a nuestros parados tener más grado de atención y, al mismo tiempo, dotar de más recursos a las oficinas de paro que tenemos en el conjunto del país. Están transferidos a las distintas comunidades autónomas y se está haciendo un uso adecuado, desde nuestro punto de vista. Estos son los beneficios que tiene el proyecto de ley a fecha de hoy, al margen de las enmiendas que entre todos los grupos hemos planteado. Pero tiene más. Desde el punto de vista de los beneficios para las empresas se apuesta por la continuidad de las empresas y se les ayuda a superar los momentos de crisis, beneficiándoles con el tema de los ERE y con el tema de las bonificaciones del 50 por ciento de los trabajadores afectados por los ERE. Pero ante los problemas de liquidez, a las empresas también se les plantea la posibilidad de realizar contrataciones de cotización a la Seguridad Social de coste cero. Las empresas también se van a beneficiar del contrato a tiempo parcial. Esa es la realidad de un proyecto de ley que no sale fruto del diálogo social, que tiene discrepancias con una parte que son los trabajadores, con los representantes de los mismos, y que tiene discrepancias también con la patronal que lo considera insuficiente. No hay problema. Hubo discrepancias, no hubo confrontación, ha venido al Parlamento y van a salir mejorados y reforzados los derechos de unos y las obligaciones de otros, y los vacíos que no se contemplaban en el propio proyecto de ley.
Por tanto, hay que estar satisfechos porque un proyecto que no venía cerrado el Parlamento va a demostrar que lo ha mejorado. No solo lo ha mejorado sino que va a hacer propuestas a la mesa del diálogo social para que en estos momentos aumenten los niveles de protección y resuelva algunas posiciones que estaban en stock permanentemente pero nunca se llevaban a la práctica.


Quiero hacer una invocación al diálogo social como una fórmula enormemente positiva para nuestro país y hacer una petición: que se invoque menos para denigrarlo y que se invoque más para apoyarlo. Porque si en estos momentos el diálogo social está como está, no es por culpa del Gobierno, señor Echániz, es por culpa de aquel que comió con el presidente de su partido antes de ir a una reunión y tirar patas arriba los acuerdos que había. Por lo tanto, aquel al que no se quiere nombrar, denle ustedes las responsabilidades que tiene y no las trasladen al conjunto de los agentes sociales, que bastantes esfuerzos han hecho. En la parte que yo quería plantear, este es un proyecto de ley que tuvo un debate con trece comparecencias. Que las comparecencias no fueron por el interés de estar retrasando su desarrollo, sino por el interés que los distintos grupos parlamentarios, algunos como el Partido Popular que de las trece propusieron seis, tenían en conocer la opinión de distintos sectores que se podrían ver identificados con un proyecto de estas características.
Pues bien, hemos conseguido que después de esas comparecencias podamos ordenar las ciento cincuenta y nueve enmiendas, trabajarlas, sistematizarlas y plantear transaccionales por bloques. Creo que eso es fruto de aquellas comparecencias, del trabajo de los distintos grupos y de la buena disposición del Grupo Parlamentario Socialista a llegar al mayor grado de consenso y de acuerdo. ¿Por qué digo el mayor grado de consenso y acuerdo? Porque nosotros consideramos que este es un proyecto de ley que tiene que sumar en la Cámara y en la sociedad, porque este proyecto de ley no es trascendental como ningún otro, pero es importante porque es una herramienta positiva en la situación que tenemos del mercado de trabajo, de pérdida de empleo y de crisis de determinados sectores. Todo lo que sumemos aquí es algo que hay que trasladar al conjunto de la sociedad para visualizar que la clase política aquí representada piensa en los ciudadanos y no mirarse el ombligo permanentemente. Eso es lo que pido con las transaccionales y es lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista con las transaccionales: sumar. Por eso, desde nuestro punto de vista es muy importante que hoy este proyecto de ley tenga el mayor aval posible; y ese mayor aval posible viene determinado por varias incorporaciones. Las primeras que hemos planteado se refieren al tema de las bonificaciones. Señorías, hay ciento cin

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cuenta y nueve enmiendas, de las cuales creo que veintiséis son a bonificaciones. ¿Por qué? Porque todos pensamos que hay tramos de desempleo o del conjunto de los trabajadores en nuestro país que tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo y lo intentamos resolver inventando una nueva bonificación.


Lo que creo que no conocemos es que actualmente en nuestro país hay treinta y cuatro tipos de bonificaciones; catorce a la contratación indefinida; trece de contratación temporal por discapacidad; dos de contrato indefinido fijo y cuatro de mantenimiento del empleo. ¡Con tanta bonificación tenemos tanto paro! Algo está ocurriendo aquí; algo está pasando. (El señor Olabarría Muñoz: Que sobran bonificaciones.) O que falta imaginación. (Risas.) Ese es uno de los problemas que hay. Por tanto, lo que pensamos es que en lugar de entrar a debatir enmienda por enmienda sobre el tema de nuevas bonificaciones lo que hay que conseguir es el compromiso de esta Comisión, que para mí es muy importante y no he visto a ningún portavoz resaltándolo. Esta Comisión se emplaza a que previsiblemente en el mes de febrero tendremos que arbitrar un sistema para conocer los informes que existen ya sobre las bonificaciones y tras ese conocimiento emitir una propuesta a la mesa de diálogo social para que trabaje sobre cómo hacemos las bonificaciones a partir de ese momento. Por tanto, el protagonismo de esta Comisión y del Parlamento pasa a primer plano en un tema de estas características. Esa es la transaccional que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Es una transaccional que define, además, por dónde tiene que ir el marco de las bonificaciones, qué sectores son los que hay que primar, tanto de trabajadores como empresarial, y cómo tiene que ser fundamentalmente para conseguir contrato estable y no contrato precario, porque de las bonificaciones que actualmente tenemos indudablemente algunas de ellas será necesario mantenerlas pero otras no tengo la menor duda de que hay que ajustarlas.


Entramos en otro tema que no estaba en el proyecto de ley y que, desde mi punto de vista, es una cuestión que esta Comisión asume de manera valiente y responsable, que es la intermediación laboral. Esto viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, desde que se reguló mal y desde que hubo que hacer una reforma; y por tanto, desde las dieciséis enmiendas del Grupo Popular, que parece ser que le interesa mucho la regulación, hasta las tres de CiU hay una diferencia sustancial, pero el hecho real es que vamos a entrar en ese tema. ¿Cómo? Ajustando la trasposición de la directiva europea que se tiene que hacer con la obligatoriedad de que vaya a mesa de diálogo social. Y la Comisión hace un mandato de que en un plazo de cuatro meses se tenga que llevarla trasposición a mesa de diálogo social, con el requerimiento de que se empiecen a contemplar aquellos temas que no están recogidos en la ley modificada del año 1997. Por lo tanto, también hay una parte activa de vincularse al diálogo social, no de vincularse para adaptarlo a sus necesidades sino para trabajar de una manera conjunta. Es más, hemos visto que en este proyecto de ley no tocábamos un tema que era vital resolver, la discapacidad, sobre todo para los centros especiales de empleo. Señorías, estamos hablando de 53.000 trabajadores que tienen discapacidad y que en estos momentos están realizando actividades como fórmula de integración en esos centros. Estamos hablando de 1.775 centros de trabajo, pero también estamos hablando de una gran sensibilidad, no solamente la de la compañera María José Sánchez, a través de la PNL que el 8 de septiembre presentamos como grupo en el plenario y que fue aprobada por unanimidad, sino también del señor Campuzano aportando constantemente iniciativas en este sentido y del conjunto de la Cámara, y en este caso también el conjunto de los grupos parlamentarios. Hemos intentado resolver tres problemas que tienen los centros especiales de empleo. Uno, que hicimos una ley en el año 2006 y que les hicimos una trampa de la cual todavía no han salido y es que podían cobrar la bonificación para la contratación como centro especial de empleo pero no podía cobrar la bonificación por ser trabajador fijo. Por lo tanto, tenían una merma de ingresos y lo hemos resuelto con esta transaccional.
También en aquel momento teníamos un exceso de exclusiones de las bonificaciones y lo hemos resuelto en esta transaccional. En estos momentos hay centros especiales de empleo que se están debatiendo entre hacer un expediente de regulación de empleo o cerrar porque no cubren los salarios de los trabajadores dada la caída de actividad que tienen esos centros. Les vamos a subir del 50 por ciento de bonificación en el contrato al 75 por ciento, señorías, con un esfuerzo presupuestario de casi 120 millones de euros por año. Estamos hablando de bonificaciones a la discapacidad que van a superar este año los 560 millones de euros. Hay una apuesta económica porque hay una necesidad social y eso es lo que está haciendo este proyecto de ley, hacer frente a las necesidades sociales. De la misma manera, se resuelve un problema que anteriormente el señor Campuzano ha planteado y con el que nosotros estemos de acuerdo: la incompatibilidad de que un autónomo pueda contratar personas discapacitadas mayores de 30 años. Esta es una reivindicación histórica y seguro que la afección es escasa, pero seguro que la solidaridad es mucha.


Consideramos que los temas que sobre los autónomos nos han planteado en algunas enmiendas se pueden resolver en algún caso con las propias enmiendas y en otros no, porque los autónomos no tienen regulada en estos momentos cómo va a ser la prestación por cese de actividad, no hay proyecto de ley, no nos podemos adelantar en eso, pero los autónomos son ciudadanos y tienen derecho a que se les aplique en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano aquellas prestaciones no contributivas que se contemplan en el conjunto de nuestra normativa. De ahí que también apoyemos una enmienda del señor Campuzano. También apoyamos algunas enmiendas relacionadas con las actividades formativas desde el punto de vista cultural y la necesidad

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de implantar y de ampliar las políticas activas y la participación de las distintas comunidades autónomas en esas políticas activas.


Estas son de una manera muy sucinta las nueve enmiendas transaccionales que hemos presentado. Tenemos una enmienda proveniente el Grupo Popular sobre la fiscalidad de los ERE, la número 104, y una enmienda presentada por Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la número 135. No tengo ninguna duda de que son unas enmiendas que tienen un interés exclusivamente de beneficio social y que por lo tanto hay personas que en estos momentos están afectadas. Hay una situación realmente complicada en el mundo del trabajo, que es que aquellas personas que salen por acuerdo pactado de manera individual no tienen fiscalidad hasta cuarenta y cinco días por año, eso es cierto; y aquellas que salen de la empresa con pacto colectivo, es decir, a través de un ERE colectivo, tienen en estos momentos una fiscalidad a partir de los veinte días y hasta los cuarenta y cinco. Creo que ellos han planteado una enmienda que tiene por objetivo resolver esa, digamos, falta de sintonía o injusticia; nosotros vamos a formular una transaccional intentando buscar también un ajuste de ese planteamiento.


Decía anteriormente don Gaspar Llamazares que la fiscalidad tiene que ser progresiva y que aquellas personas que más reciben son las que más tienen que pagar. Por tanto, vamos a introducir en elemento de tope, es decir, vamos a plantear que aquellas personas que salgan con un ERE tengan en estos momentos una exención de fiscalidad entre veinte y cuarenta y cinco días, repito, entre veinte y cuarenta y cinco días; En cuanto al tope, vamos a intentar llegar a un acuerdo con el conjunto de los grupos parlamentarios para poder hacer la transaccional conjunta, porque nos parece que no poner límite a la indemnización es igual de injusto en estos momentos que tener una fiscalidad excesiva entre veinte y cuarenta y cinco días, igual de injusto, tanto en una situación como en otra. Por tanto, vamos a plantear una limitación porque con eso cerraríamos el proyecto y con eso tendríamos un proyecto de ley que, desde nuestro punto de vista, es positivo porque no ha planteado un solo recorte a los derechos o prestaciones, todo lo contrario, con lo cual se ha demostrado que el Parlamento ante los problemas y las susceptibilidades que planteaban algunos sectores ha sido capaz de dar respuesta. No se logró el acuerdo de la mesa del diálogo social, pero muchas de las iniciativas que están aquí se inspiraron por los miembros de esa mesa. Esto está funcionando desde el mes de marzo y hemos planteado una prórroga de un año más, fundamentalmente porque en el tema de los ERE está funcionando bien. Señorías, hoy hay casi 400.000 trabajadores con ERE de suspensión que están más tranquilos con este proyecto de ley y con este real decreto en marcha que anteriormente sin tenerlo. Por lo tanto, algo habremos hecho bien. Al mismo tiempo, las medidas que en este momento estamos planteando van a permitir que a lo largo del próximo año se sigan ejecutando y se siga planteando la revisión de las mismas a la finalización del próximo año, que esperamos no tener que prorrogar porque en ese momento el crecimiento del empleo y la reactivación económica no lo precisen.


El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer un receso durante cinco minutos, entre otras cosas para que se presenten las transaccionales que ha anunciado el señor Membrado y los demás grupos tengan la oportunidad de posicionarse sobre ellas.


Se suspende la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)

Señorías, estamos esperando a que nos traigan las fotocopias de todas las transaccionales para repartirlas a los distintos grupos. Es cuestión de que nos faciliten las fotocopias.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Nos las sabemos de memoria.


El señor PRESIDENTE: Usted se las sabrá, pero hay que repartirlas.
(Pausa.)

Señoras y señores diputados, vamos a proceder a las votaciones una vez que han sido repartidas las siete enmiendas transaccionales y que obran en poder de sus señorías.


En primer lugar, pasamos a votar la enmienda viva del Grupo Parlamentario Mixto, que es la número 35.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En primer lugar, sometemos a votación las números 20 y 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


A continuación votamos el resto de las enmiendas vivas de este grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos por separado las enmiendas vivas del PNV. En primer lugar, la número 9.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda número 8 del PNV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación votamos el resto de las enmiendas del PNV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación sometemos a votación las enmiendas vivas de Convergència i Unió. En primer lugar, la número 135.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos a continuación el resto de las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, en concreto la enmienda 143.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, la número 104.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos a continuación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número 156.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Vamos a someter ahora a votación las transaccionales que ya conocen SS.SS., excepto las que estaban afectadas por las enmiendas 135 de Convergència i Unió y 104 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Vamos a someter ahora a votación el texto del proyecto de ley con las modificaciones que ha propuesto la ponencia. Dicho texto, con la adaptación de la exposición de motivos, que ya pasaría a figurar como preámbulo con las sugerencias hechas por el letrado de la Comisión y que conocen SS.SS. y con las transformaciones que han resultado de las anteriores votaciones, constituirá el dictamen de esta Comisión, que está actuando -se lo recuerdo- con competencia legislativa plena, y será trasladado por tanto al Senado para su tramitación.


En primer lugar, capítulo III y disposición adicional cuarta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, votos a favor, 36; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos el resto de este proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

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