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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 387, de 14/10/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 387
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
Sesión núm. 25
celebrada el miércoles, 14 de octubre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Elección de vacantes. Mesa Comisión:

- Elección de la Secretaria Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000015.)... (Página 2)

Ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción (procedente del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto).
(Número de expediente 121/000039.)... (Página 2)

Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción (procedente del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto). (Número de expediente 121/000039.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las doce y quince minutos del mediodía.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:

- ELECCIÓN DE LA SECRETARIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000015.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la 25.ª sesión de la Comisión de Trabajo. Antes de dar inicio al orden del día, debo poner en conocimiento de la Comisión que la Mesa de la Cámara ha emitido ya calificación favorable, que se hallaba pendiente, para que pudiera perfeccionarse el nombramiento de doña María del Carmen Juana Achutegui Basagoiti como secretaria primera de la Comisión, a resultas de la renuncia de don Rafael Herrera Gil, que venía ocupando dicho puesto con anterioridad. Así pues, ruego a la señora Achutegui que pase a ocupar su puesto en la Mesa, por favor. (Aplausos.)

RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO E INSERCIÓN (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/2009, DE 13 DE AGOSTO).
(Número de expediente 121/000039.)

El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, recuerdo a SS.SS. que al finalizar la presente sesión se reunirá la ponencia que debe informar sobre el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta reunión tendrá lugar al terminar la Comisión en la sala Istúriz, planta primera de este edificio.


En tercer lugar, procede ya la ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción (procedente del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto). ¿Lo acuerdan así sus señorías? (Asentimiento.) Aprobado, se ratifica la ponencia.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL PROGRAMA TEMPORAL DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO E INSERCIÓN (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/2009, DE 13 DE AGOSTO). (Número de expediente 121/000039.)

El señor PRESIDENTE: En cuarto lugar, pasamos a emitir dictamen sobre el proyecto de ley de referencia. Recuerdo a SS.SS. que dicho dictamen será emitido tomando como base el informe elaborado por la ponencia y que en esta ocasión la Comisión está actuando con competencia legislativa plena.
A tal efecto, pongo en conocimiento de SS.SS. que abriré un turno para que los portavoces puedan defender sus enmiendas, así como para fijar su posición sobre las enmiendas de los otros grupos y sobre el texto resultante de las modificaciones propuesto por la ponencia. Tras esto suspenderemos brevemente la sesión por unos minutos para ordenar la votación, votaremos y daremos por concluida la sesión de la Comisión. La votación, ya que nos han preguntado algunas señorías, no se celebrará antes de las doce y cuarenta y cinco minutos. El procedimiento que seguiremos no será el habitual sino otro distinto. Por tanto, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Agradezco la alteración del turno de palabra porque tengo una reunión también en paralelo con esta y, por tanto, me viene muy bien realizar mi intervención en primer lugar.


Quiero valorar la ponencia que hoy tramitemos en Comisión porque si bien inicialmente la propuesta del Gobierno contemplaba dos limitaciones, en nuestra opinión importantes, con relación a la protección de los 420 euros, como eran, primero, que su vigencia era a partir del mes de agosto y, segundo, que se establecía durante seis meses, en tanto en cuanto se mantuviera la tasa de paro por encima del 17 por ciento, en estos momentos y merced al acuerdo de los grupos parlamentarios, la ponencia que valoramos hoy significa avances muy importantes. En primer lugar, mantiene el subsidio de los 420 euros. Nosotros consideramos que debería ser otra la fórmula, la fórmula de la renta activa de inserción ampliada, en el sentido de una renta básica, pero la cuestión es la que es, y por tanto valoramos esos 420 euros, que seguramente tienen más importancia para aquel que los recibe que lo que podamos opinar en estos momentos en el Congreso de los Diputados y sobre todo en una situación de crisis que se prolonga. En segundo lugar, nos parece acertado que la vigencia se haya ampliado, que sea a partir del mes de enero, lo cual significa una ampliación de la cobertura. Si bien antes estaríamos ante una cobertura del 20 ó 30 por ciento, depende de cómo evolucionen las peticiones los próximos días, ahora tenemos una cobertura mayoritaria. Como he dicho antes, no es la cobertura de una renta activa de inserción ni de una renta básica generalizada, pero es una cobertura mayoritaria y queremos subrayarlo. Por otra parte, también se han introducido algunas enmiendas que intentan un informe de sistematización respecto a este tipo de prestaciones y de subsidios que se comparten también con competencias autonómicas, que creemos que es necesario para el futuro de este tipo de prestaciones. Valoramos positivamente cómo queda la ponencia.


Habíamos presentado enmiendas en dos sentidos, por una parte, para que esta prestación se ampliase a perceptores de renta agraria o de subsidio agrario. El otro gran bloque que proponíamos se refería a la compatibilidad

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entre esta prestación de 420 euros y las prestaciones de salarios de inserción u otros que tienen algunas comunidades autónomas, en el bien entendido de que no pretendíamos plantear una prestación doble, sino que no saliesen perjudicadas las comunidades autónomas que más sentido social han tenido, aquellas comunidades autónomas que, por ejemplo, han reconocido la prestación del salario de inserción como un derecho subjetivo, con lo cual lo que ocurrirá en esas comunidades autónomas es que la inmensa mayoría se mantendrán en el salario de inserción reconocido como derecho subjetivo, que es superior además a los 420 euros, y no recurrirán a esta prestación, quedando en nuestra opinión en una situación de desventaja con relación a otras comunidades autónomas.
Habíamos presentado enmiendas en esa dirección, pero en aras de un acuerdo ágil por parte de esta Comisión que nos parece imprescindible, ya que nos hemos desobligado todos a mantener los acuerdos básicos a que habíamos llegado de cobertura y de tiempo y a que también este acuerdo fuera urgente y tuviese vigencia cuanto antes, mi grupo parlamentario retira buena parte de sus enmiendas y deja únicamente vivas las números 6, 7 y 13 para votación al final de la Comisión.


El señor PRESIDENTE: A continuación, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, abordamos hoy la última fase de la tramitación de este real decreto-ley, en forma de proyecto de ley, de los 420 euros, antes de su envío definitivo al Senado. Es una iniciativa lamentablemente necesaria, a juzgar por los datos que refleja el desempleo en nuestro país, pero que nunca debió haberse convertido en necesaria. Lamentablemente lo es y lo es fruto de las políticas profundamente erróneas de carácter fiscal, económico y laboral de este Gobierno, que han hecho que hoy España tenga más parados, que hoy España tenga menos renta, que hoy España tenga más impuestos y sobre todo que este país tenga menos bienestar. Y no será porque el Gobierno del señor Zapatero no ha gastado a manos llenas el dinero de los españoles sin control, alegremente y de una forma altamente irresponsable con medidas estériles, muchas veces con medidas parche que nos han llevado a un récord de déficit -por reducción de la recaudación y por aumento del gasto- y de deuda y que nos han hundido en unas arenas movedizas en las que el Gobierno se siente en estos momentos profundamente atrapado y de las que no sabe salir. Mientras, ha sido incapaz de reaccionar -y esto es importante- ante la crisis con medidas de calado, con reformas inteligentes o con cambios sustantivos para mejorar la posición de España y de los españoles. Así, hemos gozado de un PlanE que ha generado un poco de empleo, temporal y exiguo, a costa de -nada más y nada menos- más de 8.000 millones de euros y del que lo único que permanecerá a partir del próximo mes no serán los empleos sino los carteles, monumento moderno a la torpe actitud faraónica de este Gobierno irresponsable. Con la subida de impuestos, sobre todo indirectos, se va a perjudicar, como ya hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones, a los trabajadores, a las clases medias y a las clases más débiles de nuestro país y va a imposibilitar, por la vía del incremento de los impuestos, una mejora del consumo, una mejora de la confianza y, sobre todo, una pronta salida de la recesión.


El Gobierno de Zapatero ha hecho, señorías, lo contrario que el resto de los gobiernos europeos y los gobiernos de la OCDE: una carrera para ser récord en paro y para ser los últimos en salir de la recesión. Y lo ha conseguido. Lamentablemente hoy tenemos la vergonzosa primera posición y récord Guinness en todo ello, también en economía sumergida, con una disminución de los ingresos fiscales para el gasto social que va a complicar aún más la situación a corto plazo. Hoy, señorías, ya tenemos una tasa de paro superior al 19 por ciento según Eurostat, más de 4.300.000 parados, y lo malo es que va a seguir subiendo. La próxima semana tendremos a nuestra disposición los datos de la EPA, que sin duda van a confirmar este análisis, y la siguiente semana tendremos la nueva tasa de paro del ministerio, que seguro que apuntará en esta dirección que estoy intentando poner de manifiesto. Se comienza, además, a destruir empleo indefinido, cosa que no había ocurrido hasta este momento -ya no solo temporal sino también indefinido-, y empleo de autónomos de una forma muy importante.


Señorías, todo esto -la delirante cifra de hogares con todos sus miembros en paro, el agotamiento de las prestaciones contributivas y de los subsidios, el aumento de la exclusión en nuestro país y el número de hogares necesitados y de gente que lo está pasando francamente mal- ha hecho necesaria esta medida, que es la mejor forma de expresar la caída del desarrollo y la caída del bienestar de la sociedad española y, lo que es más preocupante, la vuelta a épocas donde vuelve a ser necesaria la beneficencia social porque para muchísimos desgraciadamente esta ha dejado de ser una sociedad de oportunidades para convertirse sencillamente en una sociedad sin futuro y con un gobierno atolondrado, un gobierno sin pulso, incapaz de adoptar las necesarias políticas de creación de empleo que necesita desde hace dos años nuestro país con urgencia.


Señorías, la Seguridad Social ya está en déficit estructural y solamente mantiene un superávit técnico -que tanto le gusta poner de manifiesto al secretario de Estado de la Seguridad Social- gracias al anticipo contable que supone que la cuota de los parados a la Seguridad Social la paguemos entre todos los españoles con impuestos y también a los intereses que está generando el Fondo de Reserva que crearon los gobiernos populares.
(El señor De la Rocha Rubí: ¿Los gobiernos populares?) De no ser por esas dos cuestiones, de no ser por la cantidad de intereses que genera ese Fondo de Reserva a fecha de hoy y de no ser porque pagamos la cuota de los parados a través de impuestos generales -y, por tanto, por parte

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de todos los españoles-, hoy ya la Seguridad Social estaría quebrada como en el año 1995, con una caída hasta poco más de 17 millones y pico de cotizantes cuando hace apenas dos años la cifra era superior a los 19 millones de cotizantes. Por eso, repito, todos nos hemos visto obligados a votar una medida, esta medida que solo ocurre en la España de Zapatero.
Alemania, señorías, no necesita cheques parado porque su paro es setenta veces inferior al de España. Alemania tiene un mercado laboral mucho más flexible que permite distribuir de una forma mucho más justa socialmente y mucho mejor la carga de la crisis, y por eso los responsables de la OCDE ponen de manifiesto que la crisis en Europa va por barrios. Es cierto que va por barrios. Aquí hay países que están saliendo muy dignamente de ella y hay otros como España con 4.300.000 parados y con colas para comer en muchos de los organismos, ONG que están ocupándose de esta labor en nuestra sociedad.


Ayer el Centro de Investigaciones Sociológicas lo ponía una vez más de manifiesto. Hemos ganado desde la última encuesta dos puntos, hasta el 76,4 por ciento, en preocupación de los españoles hacia el desempleo. Ya hay siete de cada diez españoles que dicen que la situación económica es mala o muy mala, y esto es un reflejo de lo que la sociedad española en estos momentos piensa de la gestión de este Gobierno. En septiembre hemos tenido 85.000 parados, 85.000 brotes verdes nuevos, y la pregunta que nos hacemos y que se hace en este momento toda la sociedad española es cuántos nuevos brotes verdes van a aparecer en octubre, con los datos que la EPA o la tasa de paro de la siguiente semana pongan de manifiesto.
¿Hasta cuándo, señorías, el Gobierno va a estar cruzado de brazos? ¿Hasta cuándo este Gobierno va a tratar los síntomas de esta enfermedad y no realmente las causas, el motivo etiológico, de esta grave crisis? ¿Hasta cuándo va a tratar una neumonía de estas dimensiones con aspirina y con tiritas?

Señorías, esta medida, el cheque parado ZP, quiso convertirse en la canción del verano a mitad de agosto en Palma de Mallorca, pero se convirtió en un triste karaoke, la peor improvisación, chapuza y ridículo de este Gobierno y del grupo que le respalda. Hubo caos en las colas, gente sin ningún tipo de información reclamando por ella, gracias a la demagogia previa del Gobierno, desmentidos, rectificaciones, re-rectificaciones, descoordinación absoluta con las comunidades autónomas y un ministro Corbacho haciendo el papelón, defendiendo la fecha del 1 de agosto, negociando un día después con los sindicatos el 1 de junio como inamovible, para doce horas después ser reconvenido y aceptar la fecha del 1 de enero. Todo lamentable, todo bochornoso, todo realmente patético, que quedará sin duda para los anales de la chapuza política. Señorías, cuando dentro de diez, veinte o treinta años alguien meta en Google las palabras chapuza y Congreso de los Diputados, no duden que aparecerá claramente este decreto de los 420 euros del Gobierno. (El señor Carro Garrote: Y tu intervención.)

Señorías, voy terminando. El decreto va a aprobar una iniciativa en la que solo se va a poder prestar este subsidio una sola vez y la pregunta que se hacen los españoles es qué va a ocurrir con estas personas que sigan necesitándolo seis meses después cuando se les acabe esta prestación, sobre todo cuando los propios Presupuestos Generales del Estado y, desde luego, todas las agencias de análisis internacional en materia laboral dicen que España va a seguir creando parados y, por tanto, los que hay ahora se van a sumar a los que se van a generar en los próximos meses.
Esta solución va a servir solamente para coyunturalmente apoyar muy poco tiempo a alguno de los parados que en términos de larga duración ya empiezan a producirse en nuestra sociedad, con un diálogo social que sigue en el dique seco del fracaso, con unas medidas de beneficencia que con la altísima tasa de paro que tiene España en este momento van a hacer que a nuestro país le cueste muchísimo más salir de la crisis que a nuestros vecinos, sobre todo porque nuestra estructura financiera en estos momentos es mucho más débil, es mucho más frágil que la de los países de nuestro entorno y porque también los Presupuestos Generales del Estado para 2010, que podían ser un hálito de esperanza, no tienen ningún incentivo, aumentan las políticas activas de empleo solamente un 2 por ciento, frente a un incremento de casi el 60 por ciento de las políticas pasivas de empleo y, por tanto, las políticas activas pierden peso relativo muy importante frente a las políticas pasivas, y también porque España sigue perdiendo puntos en competitividad, vamos como un auténtico cangrejo, cada día un poquito peor.


Señorías, vamos a votar que sí a esta ley, porque votar que no -lo hemos expresado en varias ocasiones- sería condenar a la indigencia a un importantísimo número de nuevos excluidos sociales que ha creado este Gobierno socialista, que no tienen ninguna culpa y que no se merecen además este trato por el Gobierno. Queremos manifestar que los españoles a los que va dirigido este real decreto no quieren un cheque parado de subsistencia. Lo que quieren es que se acabe esta situación de desempleo, quieren que no se les dé un subsidio por seis meses, sino alternativas, empleos dignos que les permitan sostener adecuadamente a sus familias, como los 5.000.000 de empleos que crearon los gobiernos del Partido Popular, que fueron la mejor política social de la última veintena de años en nuestro país, frente a la situación actual donde se está aumentando la exclusión y la beneficencia. Por ello, instamos a que además de estas políticas de subsidio y de parche, pongan en marcha políticas activas de empleo, políticas de creación de empleo que no sean pan para hoy y hambre para mañana. En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Popular, aunque aprueba esta iniciativa, no quiere que se convierta en un cheque en blanco y espera que el Gobierno reaccione lo antes posible para poner en marcha políticas reales que cambien la tendencia de destrucción de empleo que tan gravemente está afectando a nuestro país.


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El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra el portavoz de Convergència i Unió, don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Ya hemos debatido en diversas ocasiones sobre el contenido del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, hoy proyecto de ley por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción. Hemos debatido sobre el procedimiento, las formas, las anécdotas, la poca previsión del Gobierno, la improvisación y la falta de coordinación con las comunidades autónomas y es evidente que el trámite parlamentario que hemos iniciado a raíz no tan solo de la convalidación sino de la decisión de tramitar como proyecto de ley ese real decreto puede permitir corregir algunas de esas improvisaciones y errores del Gobierno en relación con su aprobación en el mes de agosto.
En concreto, las enmiendas que se han introducido en la correspondiente ponencia han resuelto la principal preocupación que se produjo con el real decreto, que era su entrada en vigor. Se alcanzó un acuerdo entre el Grupo Socialista y diversos grupos parlamentarios, entre ellos el de Convergència i Unió, para garantizar que esa entrada en vigor fuese el día 1 de enero de este mismo año. Por tanto, esa principal preocupación que existía la habrá resuelto el trámite parlamentario. Esperemos que el texto hoy pueda salir ya hacia el Senado y que esta norma se publique en el Boletín Oficial del Estado.


Lógicamente, Convergència i Unió ha considerado necesario impulsar alguna medida paliativa de las mismas características que las que se aprobaron en el mes de agosto, no vano, antes de las vacaciones del verano, planteamos una interpelación y la correspondiente moción para instar al Gobierno a desarrollar una política en este ámbito, pero también estábamos muy convencidos de que la gravísima situación de nuestro mercado de trabajo, con esa cifra récord de desempleo en el conjunto de la Unión Europea y de la OCDE, de récord en la destrucción de empleo en el último año y de récord de desempleo juvenil, exige algo más que políticas paliativas o políticas pasivas de empleo. El Gobierno debe ser capaz de plantear todas aquellas medidas que reactiven de una vez por todas el mercado de trabajo. En este sentido, el fracaso del proceso de diálogo social en pleno verano no fue una buena noticia. Mi grupo espera que en las próximas semanas el Gobierno y los agentes sociales sean capaces de reactivar la mesa del diálogo social y de acordar aquellas medidas que empiecen a animar la contratación por parte de las empresas, así como aquellas obras necesarias para mantener puestos de trabajo. Si es cierto que en primavera-verano del año 2010 puede haber indicios de recuperación del ciclo económico, vamos a necesitar políticas en materia de empleo que animen a las empresas a contratar y por tanto, o hay reforma laboral orientada en esa dirección o España, efectivamente, va a estar en el furgón de cola para la salida de esa situación de destrucción masiva del empleo. Mi grupo va a apoyar esta tramitación, pero quiere insistir en esa idea, que solo con medidas paliativas no vamos a salir de la crisis.


Quiero recordar también que en la ponencia se ha incorporado una enmienda de Convergència i Unió transaccionada -creo recordar- con una del Grupo Popular, por la que se incorpora al texto de la ley una disposición adicional única que insta al Gobierno a realizar un estudio sobre las actuales prestaciones y subsidios por desempleo, un estudio que se remitirá a las comisiones competentes de las Cortes Generales. Esta es una cuestión que ha mantenido mi grupo durante toda la discusión parlamentaria de este proyecto de ley. Hemos añadido una nueva prestación de protección a las situaciones de desempleo, vinculada en este caso a las personas que ven agotada su protección contributiva o no contributiva al desempleo. Lo hemos hecho en un contexto en el que existe desde hace años un instrumento de características parecidas, que es la renta activa de inserción, impulsada por el Gobierno del Estado, y en un momento en el que existen las rentas mínimas de inserción impulsadas por los diversos gobiernos autonómicos. Nos parece que ese conjunto de instrumentos de protección social no terminan de garantizar que todo el mundo esté protegido, no terminan de garantizar un nivel de protección suficiente a muchas personas y, sobre todo, ese conjunto de instrumentos no está bien orientado a la reincorporación al mercado de trabajo de las personas desempleadas. Todo esto llevó a mi grupo a plantear, tanto en esa moción de la que les he hablado hace un momento como en esta enmienda que hemos incorporado -insisto- en la ponencia, la necesidad de tener una buena fotografía del nivel de protección social que tenemos en esta materia para ser capaces de racionalizar y ordenar el mismo. Esperamos que este estudio que el Congreso mandata en forma de ley al Gobierno nos dé pistas para proceder a la reordenación de este conjunto de políticas que permita a las comunidades autónomas tener capacidades efectivas para proteger a las personas en situación de desempleo pero, sobre todo, para reincorporarlas al mercado de trabajo.


Mi grupo ha planteado a este proyecto de ley -lo ha hecho también algún otro grupo- la enmienda número 33, que abre la posibilidad de complementar el subsidio que se implementa en este proyecto de ley con trabajos de colaboración social, previstos por cierto en el artículo 213 de la Ley General de la Seguridad Social; complementar la recepción de una prestación por desempleo hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional a aquellas personas que se comprometan a trabajar en actividades de interés general, de apoyo a la comunidad, en definitiva, de colaboración social. Se trata de permitir que quien esté cobrando esta prestación pueda complementarla hasta el salario mínimo interprofesional trabajando. ¿Con qué objeto? En primer lugar, para estimular a las personas que están en situación de desempleo a reincorporarse en el mercado de trabajo. Estamos convencidos de que un desempleado participando

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en trabajos de colaboración social, de interés comunitario va a estar en mejores condiciones de reincorporarse al mercado de trabajo que aquella persona que se quede en casa cobrando su prestación por desempleo.


En segundo lugar, estamos introduciendo también una medida que puede ayudar a combatir la economía sumergida, porque, señorías, difícilmente alguien que cobre 420 euros puede estar en condiciones de mantener a su familia, de mantener la propia dignidad de su hogar, y seguramente muchas de estas personas van a optar por complementar en la práctica esa prestación con un trabajo en la economía sumergida. Con el complemento que mi grupo plantea, hasta el cien por cien del salario mínimo, estamos introduciendo un incentivo para que esa persona no esté en la economía sumergida, sino que participe en actividades regladas en el marco de la ley que le permiten, por otro lado, mejorar el poder adquisitivo de su unidad familiar.


Vamos a defender esta enmienda en este trámite y también en el Senado, porque, además, responde a una cuestión de fondo que está planteando el conjunto de las políticas europeas de empleo, que es la combinación entre políticas pasivas y políticas activas. Es un error situar en casa a los perceptores de la prestación por desempleo. Lo que hay que hacer es crear instrumentos que sean capaces de generar responsabilidad, de mantener la actitud positiva hacia el empleo, de mantener las actitudes propias de una persona que se incorpora al mercado de trabajo: levantarse, llegar puntualmente a su trabajo, mantener un esfuerzo en relación a lo que sucede en su entorno más inmediato, etcétera. Nos parece que la política de futuro en materia de prestación por desempleo y en materia de política pasiva de empleo debe ir por ahí. Por otro lado, la medida que el Gobierno aprobó en el mes de agosto tuvo una cierta polémica con las comunidades autónomas. Se crea una prestación por ley del Estado, que corresponde al paquete de responsabilidades del Estado, políticas pasivas, pero se mandata que sean las comunidades autónomas las que procedan a gestionar la implementación de la misma. Se hace eso sin información previa, sin aceptar las peticiones que las comunidades autónomas plantean y, sobre todo, sin dotarlas de los medios suficientes para poder desarrollar de manera adecuada esa responsabilidad que la Administración General del Estado les impone. Eso provocó desconcierto en los primeros días, colas y mala información.


Con las enmiendas que mantenemos en este apartado, en especial las enmiendas 27, 31, 32, 35 y 36, lo que pretendemos es clarificar la situación competencial de esta decisión del Gobierno del Estado, de la Administración General del Estado, y, por otro lado, garantizar el pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas y dotarlas, al mismo tiempo, de los medios que puedan permitir desarrollar de manera efectiva esa obligación que -insisto- se les crea por parte del Gobierno del Estado. Por tanto, este es un paquete de enmiendas que, a la espera de las transacciones que quizás nos ofrezca el Grupo Socialista, mi grupo va a mantener.


Finalmente, hemos planteado alguna enmienda técnica para clarificar una cuestión que en el redactado del proyecto de ley, a nuestro entender, quedaba bastante confusa, como es todo aquello relacionado con la definición de la unidad familiar, para evitar que en la implementación de esta normativa se nos puedan generar agravios comparativos, situaciones no previstas. Vamos a ver si en el trámite de hoy terminamos de resolver de manera definitiva esta cuestión. A nuestro entender, lo que deberíamos de clarificar es que la unidad familiar se considera integrada por el solicitante y el cónyuge, con hijos, o no, menores de 26 años o, si son mayores, con discapacidad o menores acogidos que convivan con el solicitante. Eso clarificaría lo que entendemos por unidad familiar y creo que les daría a las administraciones competentes mayor seguridad jurídica a la hora de tramitar esta prestación. Espero que seamos capaces de resolver esta cuestión y que el proyecto de ley que salga de esta Comisión mejore en aspectos formales y de contenido el real decreto que el Gobierno aprobó en el mes de agosto.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra don Emilio Olabarría en representación del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Va a ser una intervención inevitablemente breve, puesto que mi grupo no ha presentado ninguna enmienda a esta iniciativa, por dos razones fundamentales, señor presidente. En primer lugar, hay una serie de acuerdos no escritos que provocaron la tramitación de un real decreto-ley, que se aprobó en agosto, en forma de proyecto de ley, y nosotros somos leales con los acuerdos, incluso con aquellos que no se pueden glosar en público. Por esa razón, hemos preferido aceptar lo que daba fundamento a aquel acuerdo, al que me estoy refiriendo y del que el señor presidente es perfectamente conocedor. Y, en segundo lugar, porque el real decreto-ley nos genera dudas -lo voy a decir con el brazo encogido, usando el símil tenístico- incluso de constitucionalidad. Si nos encontramos con algo que se califica en la exposición de motivos, que es la única referencia en cuanto a la identificación de la naturaleza jurídica de lo que aquí se consigna, como una prestación extraordinaria de desempleo -me da igual que se le llame ordinaria o extraordinaria, es una prestación de desempleo-, estamos con una prestación de las que desde el año 1994 el Real Decreto Legislativo 1/1994, actual Ley General de la Seguridad Social, ubica dentro del sistema de protección configurado por el sistema público de Seguridad Social español. Son los artículos 503 y siguientes los que regulan la protección de esta contingencia; no ocurría así con la Ley Básica de Empleo o con la Ley de Protección del Desempleo anterior, que ubicaba fuera del sistema público de pensiones la protección de esta contingencia, pero se convierte en contingencia

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en cuanto se ubica en el sistema público de pensiones. Estamos ante una contingencia protegida, la del desempleo y la de las personas que han agotado la prestación del subsidio de desempleo -de las protegibles por el sistema público de pensiones-, y tenemos que atender, en cuanto al sistema de protección y a la naturaleza jurídica y régimen de la protección, los requerimientos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que desarrolla el artículo 41 de la Constitución; en definitiva, tenemos que respetar los requerimientos del contenido esencial del artículo 41 de la Constitución. ¿Cuáles son estos requerimientos que el señor Membrado conoce perfectamente, aunque mantiene una prudente e inteligente estrategia de desconexión del discurso que estoy realizando? Estos requerimientos son que las prestaciones ubicadas dentro del sistema público de pensiones tienen que ser, en primer lugar, suficientes. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy prolija e identifica la suficiencia con su dimensión cuantitativa. La cantidad o la prestación extraordinaria que aquí se está consignando cuantitativamente no es suficiente, con lo que se incumpliría este requerimiento constitucional. Es sustancialmente inferior a lo que se denomina por Eurostat umbral técnico de la pobreza.
El segundo requerimiento es que la protección tiene que ser universal. El establecimiento de un corte temporal a partir del cual se genera el derecho subjetivo a la prestación es de carácter deletéreo, de difícil identificación jurídica hasta que pudimos descubrir en un esfuerzo de prospectiva importante, casi detectivesco, cual era prestación extraordinaria, en virtud de la locución utilizada en la exposición de motivos. Tiene que ser suficiente y universal, es decir, una contingencia que protegiera la situación de todos los desempleados que hubieran agotado la prestación y el subsidio por desempleo. No ocurre así en tanto en cuanto se utiliza como referencia para la generación del derecho subjetivo, en primer lugar, el 1 de agosto del año en curso y, después, el 1 de enero.


Con fecha 1 de enero del año 2009 ya existían, como sabe perfectamente el señor Membrado, más de 278.000 desempleados que habían agotado la prestación y el subsidio. La reivindicación de mi grupo, que se habría podido concretar en enmiendas si no fuera por la razón esgrimida por mi grupo en primer lugar, no la escuchó el señor Membrado y no tengo ningún inconveniente en reproducirla. Para convertir este real decreto en un proyecto de ley hubo una serie de acuerdos parlamentarios que no es menester glosar ahora y hacia los cuales mi grupo va a mantener una posición de lealtad, como lo hacemos siempre cuando hay acuerdos parlamentarios de esta naturaleza y por eso no hemos presentado ninguna enmienda. Tendría que haber sido en Mesa y lo hubiésemos podido enmendar porque nos acoge la jurisprudencia constitucional, el sentido común y el fenotipo social que mi grupo sí podría manifestar que le caracteriza y respecto al cual y en relación con otros grupos tenemos que manifestar algunas dudas de carácter kantiano en este momento.


Una vez dicho esto, no habiendo enmendado por las razones antedichas este real decreto-ley, voy a parafrasear al señor Labordeta, ilustre diputado otrora de esta casa y amigo de todos nosotros, quien cuando se le preguntaba por su estado de salud solía comentar: me encuentro, a Dios gracias, regular. Aquí nos encontramos con una norma, a Dios gracias, regular. Es decir, es peor que no haya nada, aunque esta norma tenga insuficiencias en virtud de los requerimientos constitucionales previstos en el contenido esencial del artículo 41 de la Constitución. Señor Membrado, a Dios gracias, regular.


El señor Campuzano ha dicho algunas cosas importantes. En relación con la política de empleo hay mucho que discutir. Yo voy a preconizar públicamente que tenemos que consensuar entre todos, puesto que el diálogo social en este momento está sufriendo avatares que nos gustaría que fueran de otra naturaleza. Sin diálogo social es muy difícil acometer una política de empleo eficiente, sobre todo desde una perspectiva muy clara, que son las reformas estructurales en primer lugar, pero en segundo lugar, señor Membrado, indiciar los salarios en virtud de los requerimientos de la crisis económica. Y usted sabe a lo que me estoy refiriendo cuando hablamos de indiciar los salarios a requerimientos diferentes a la subida del IPC o reducción de las cotizaciones sociales, de las bonificaciones sociales. Hay muchas cosas de las que hablar y hay muchas cosas que hablar con los interlocutores sociales. Y si con ellos no es posible, señor presidente -y con esto de verdad que acabo ya-, por lo menos se debería hablar con los demás grupos parlamentarios. Que se nos sorprenda en plenas vacaciones estivales, en una situación asténica por parte de todos los diputados, con un real decreto-ley sin preaviso, prácticamente aprobado -no voy a decir con nocturnidad porque creo que se aprobó de día- pero sí con alevosía, no es el mejor procedimiento para acometer medidas de la profundidad y el calado de esta.


Dicho sea de paso, señor presidente, invito a todos los grupos y en particular al que sostiene al Gobierno a que inicie movimientos e iniciativas de consenso y de aproximación a las posiciones que hemos manifestado los demás grupos parlamentarios aquí presentes, porque quizás entre todos podamos buscar mejores soluciones que la que en este momento estamos en trances de aprobar, que, como diría el señor Labordeta, a Dios gracias es solo regular.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Mixto mantiene viva la enmienda 19 y la da por defendida.


Para finalizar este turno de portavoces tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Jesús Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, la comisión va a aprobar hoy un proyecto de ley que surgió el 13 de agosto y que, desde nuestro punto de vista, es un proyecto de ley importante dentro de lo

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que en nuestro país se llaman las prestaciones sociales. Es un proyecto de ley importante no solamente por la cuantía económica del coste, sino por los posibles perceptores, pero también es un proyecto de ley que tiene dos características. Una de ellas es que es la primera iniciativa de este tipo, que amplía las prestaciones a los trabajadores desempleados, que se hace desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. Nunca una situación de crisis había tenido una alternativa de un proyecto de estas características que aumentase las prestaciones; ni en la crisis de 1993 ni en la crisis de los puntocom del año 2002, el Partido Popular o el Partido Socialista en aquella época hicieron un proyecto de semejantes características. Por lo tanto, estamos hablando de una postura legislativa que tiene un contenido de prestación que históricamente no se había producido en nuestro país. Pido al grupo mayoritario de la oposición cuando menos, respeto. No devaluar la iniciativa ni devaluar a los perceptores, porque aquel trabajador que ha perdido su empleo, ha agotado la percepción contributiva del desempleo, ha agotado el subsidio y tiene que acogerse a esta medida no lo hace por ganas, sino por necesidad. Cuando se plantea que esto es un cheque parado se está devaluando la medida y se está devaluando al perceptor. Por tanto, pido respeto, que bastante tiene aquel que ha perdido su empleo y ha perdido su percepción. A ningún parado en este país le gustaría tener que acogerse a esa medida. Por tanto, dejemos ya en paz a los parados, no les manipulemos. Dejemos de hablar del cheque parado, que me parece que es un elemento denigrante para esos trabajadores. Por tanto, respeto.


Segunda cuestión, estamos hablando de una medida histórica pero estamos hablando de una medida que tiene su origen en el derecho generado por haber trabajado, no en el derecho generado por estar en situación de indigencia o poder terminar en la indigencia, no; por haber trabajado, por haber agotado las prestaciones. Es una medida de carácter excepcional, que tiene una limitación en cuanto que solamente se puede recibir una vez y que tiene una limitación de tiempo a la hora de adquirir los derechos. Es cierto, señorías, lo asumimos sin ningún rubor, hemos hecho una rectificación en esta medida, pero no ha sido una rectificación para peor sino para mejor y deberían aplaudir aquellos que en estos momentos están intentando introducir elementos de crítica por la rectificación. Es una rectificación positiva. Hablen con los parados, a ver si valoran positivamente el hecho de hacer una retroactividad al 1 de enero o prefieren mantener el día 1 de agosto. Hablen con los parados, a ver qué es lo que piensan sobre esta medida. Por lo tanto, es una medida que el Gobierno rectifica conscientemente y sin ningún rubor porque rectificamos en aumentar las prestaciones sociales no rectificamos devaluando o retrotrayendo las prestaciones sociales. Lo estamos haciendo porque creemos en ello. Y lo hacemos también porque consideramos que es necesario el introducir mecanismos que mejoren, faciliten y mantengan la cohesión social en el conjunto de nuestro país. Hacemos esta rectificación como haremos cualquier otra que sea necesaria, señor Echániz, sin ningún tipo de rubor. ¿Por qué? Porque en estos momentos tenemos una situación de desempleo complicada para el conjunto del país.
Una situación de desempleo que viene generada por una situación que ustedes ya conocen. ¿O es que ahora va a resultar que el incremento del desempleo es fruto de la situación exclusiva de la forma de gobernar de un determinado partido? Por favor, díganselo ustedes a los ingleses, a los alemanes, a los italianos, a los franceses, a los estadounidenses.
(El señor Echániz Salgado: Cuatro millones de parados.) Dígaselo usted, hombre, dígaselo usted. Dígales que en estos momentos son los únicos responsables de tener la situación de desempleo. Se lo he dicho a muchas veces, pero es imposible, el que no quiere aprender por mucho que prediques no aprende (Risas.) Es imposible. Ustedes tenían una situación de desempleo peor que la que tuvimos nosotros en la primera legislatura.
Tenemos un desempleo estructural en el que no hemos bajado prácticamente de 2.400.000. Esa es la situación real, por eso estamos hablando de que en nuestro país necesitamos modificar nuestro sistema productivo, hacer una economía sostenible diferente y no estar pendientes exclusivamente del sector del ladrillo y del sector de los servicios. Tenemos que apostar por nuevas tecnologías y nuevas infraestructuras que nos permitan ser competitivos; y eso es precisamente lo que están haciendo los Presupuestos Generales del Estado para 2010. No sé si en su territorio lo estará haciendo, en el mío sí, sin ningún tipo de problema. En estos momentos, este proyecto de ley es necesario; beneficia a todos y se hace en un momento de crisis como una medida excepcional que intenta llegar al mayor número de perceptores posibles. Con esta idea surge. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar las prestaciones de las personas que están en estos momentos sin protección.


Para entrar en harina -porque parece ser que aquí hay quien ha venido con el discurso preparado del siglo XVII, y digo del siglo XVII no por un problema de periodo histórico, sino por lo antiguo, porque igual sirve para hablar de este decreto que para hablar sobre cualquier otra cuestión-, hay un tema que ha introducido el señor Campuzano al que me gustaría darle una visión personal, que es el tema de la reforma laboral.
Es un tema recurrente por parte de Convergència i Unió que me parece que se está introduciendo de una manera viciada. La reforma laboral en este país tiene muchas interpretaciones, pero tiene un punto en común que es el de rebajar las garantías de los trabajadores y facilitar el despido por el menor costo posible. Si estamos hablando de eso, indudablemente el Grupo Parlamentario Socialista y este Gobierno no están de acuerdo, pero si estamos hablando de otras cuestiones, el Gobierno socialista y el grupo parlamentario estarán de acuerdo. Sé que a ustedes no les gusta, pero el acuerdo que ha habido entre la Administración Central del Estado y las representaciones sindicales de la Administración Central,

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con una contención del incremento salarial a cambio de una recuperación cuando se produzca la mejora de las condiciones económicas en el sector público y en el conjunto del país, es un acuerdo modélico. Es un pacto de rentas dentro de la Administración del Estado. Es un pacto de rentas que es muy importante extender al conjunto del país. Es un pacto de rentas en el que en estos momentos se están dando los primeros pasos por parte de organizaciones sindicales y que lleva a tener que mover ficha la patronal. En ese marco se puede hablar de movimientos que puedan hacer reformas en determinados sectores, los sectores más perjudicados por la crisis, pero no hablar de una reforma laboral amplia, con un contenido reducido estrictamente a la reducción de las prestaciones que los trabajadores tienen a la hora del desempleo.


No obstante esas son cuestiones que debatiremos próximamente, tenemos un proyecto de ley que está ahí y podremos discutir sobre ello, pero de lo que tenemos que hablar hoy es sobre lo que pasa y sobre las mejoras que introducimos en este proyecto de ley. Señorías, ha habido 42 enmiendas y todos los grupos o la mayoría de ellos han respetado el acuerdo previo de que los dos elementos fundamentales de este proyecto de ley para que esta medida aparezca o desaparezca sean la retroactividad de agosto al primero de enero y la desaparición del tope del 17 por ciento de la tasa de desempleo. Y a mí me parece que esta respuesta por parte de la mayoría de los grupos es un elemento positivo, al margen de las diferencias que podamos tener, desde el punto de vista dialéctico, a la hora de hablar de estas cuestiones; por eso me parece un tema importante, el más sustancial de este proyecto de ley.


¿Qué otras cuestiones hemos visto? Hay numerosas enmiendas que tienen como objetivo la ampliación de beneficiarios: por un lado aquellas que vienen del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que hablan de la ampliación a aquellos trabajadores provenientes de las rentas agrarias. Nosotros pensamos que los trabajadores provenientes de las rentas agrarias tienen unos regímenes especiales que les benefician más que tener que acogerse en estos momentos a los 420 euros, que es más restrictivo y está enlazado a un elemento de contributividad que en algunos casos sería muy difícil de justificar en este sector. Por tanto nos parece que se ha querido ampliar el número de perceptores pero, en el fondo, esos posibles perceptores probablemente se pueden sentir perjudicados y nosotros, como ya conoce don Gaspar, estamos en contra de esta medida, y creo que él ha asumido que se la vamos a rechazar.


Otra cuestión que tenemos en estos momentos es la renta activa de inserción como un elemento de complementariedad y ahí estarían también todos los temas relacionados con los trabajos de colaboración social.
Tenemos unas enmiendas, la número 15 de Esquerra Republicana y la número 33 de CiU, que paso a reflejar. Primero, aquí no está dilucidándose el problema de combinar las políticas activas a que se refería el señor Campuzano con las políticas pasivas. No, aquí no se está dilucidando eso, lo que aquí se está dilucidando es que aquellos trabajadores que tienen derecho a acogerse a los 420 euros es porque han sido trabajadores, han perdido el empleo y durante un tiempo determinado van a tener derecho a esa percepción. Y punto pelota. Eso es lo que estamos diciendo, no estamos diciendo nada más. Por tanto, la posibilidad de combinarlo con la renta de inserción no es posible porque son de naturaleza diferente, las dos rentas son de origen distinto y, al mismo tiempo, las obligaciones de cada uno de los perceptores son sustancialmente distintas, porque puede haber un trabajador que tenga en estos momentos una situación equis y que temporalmente se vea perjudicado pero que no tenga que estar rayando en la indigencia o entrar en situaciones de marginalidad que es lo que plantean la mayoría de las rentas activas de inserción. Hay por tanto un elemento a distinguir.


¿Qué otra cuestión tenemos? Los trabajos de colaboración social. Hay enmiendas, la número 15 de Esquerra Republicana y la 33 de CiU. Miren ustedes, señorías, los trabajos de colaboración social están perfectamente regulados en estos momentos en la Ley general de la Seguridad Social, por tanto, eso ya está y la comunidad autónoma que lo quiera aplicar, puede hacerlo. Pero es que en esta enmienda se nos plantean dos cuestiones: que tengan que tener un tope máximo de prestación de servicios del 75 por ciento de la jornada laboral y un salario que no sea más del salario mínimo interprofesional. Es decir que introducimos dos líneas que chocan con lo que actualmente tiene regulado la Ley general de la Seguridad Social. Además, introducimos cambios sustanciales que pueden perjudicar al conjunto del mercado de trabajo y a los preceptores, sin acuerdo social, sin diálogo social con las organizaciones sindicales y planteando un problema de agravio porque nos regula el 75 por ciento de la jornada. ¿Y si es menos jornada? ¿Será proporcional? ¿Y si es más jornada no será posible? Desde nuestro punto de vista genera situaciones de indefensión. También hay otra cuestión, si hay posibilidad de hacerlo en las comunidades autónomas por qué una comunidad autónoma está planteando que se regule aquí. ¿Es porque no tiene capacidad para negociarlo en su comunidad autónoma y quiere que nosotros le saquemos las castañas del fuego? ¿Eso es lo que está queriendo? Pues si lo está queriendo que lo defienda allí, que lo negocie allí, que lo pacte allí y que lo estructure allí, porque nosotros, en estos momentos, no estamos resolviendo el problema de esa comunidad autónoma, estamos planteando el problema de los 420 euros. Son dos cuestiones distintas, y creo que son dos cuestiones distintas porque aquí hay intereses diferentes, que son intereses perfectamente asumibles pero que tienen un componente territorial. Yo cojo la pasta que viene de Madrid, hago el trabajo de colaboración social, busco unos elementos de complementariedad y, como me lo mandan, no tengo que pactar aquí ni con los empresarios

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-que podían tener dumping social en determinadas actividades- ni con los sindicatos -que me podrían plantear algunos elementos de regulación-. Eso es lo que nosotros valoramos. Y entiendo el discurso del señor Campuzano, lo entiendo, pero en este caso precisamente es lo contrario de lo que plantea el señor diputado de Convergència i Unió, por eso es por lo que nosotros no lo podemos aceptar.


Otro grupo de enmiendas trata sobre el papel de las comunidades autónomas.
Nosotros aquí hemos planteado algunas transaccionales explicando las distintas comunidades autónomas que tienen facultades para desarrollarlo y las tienen porque tienen transferido el Servicio Público de Empleo Estatal. Por lo tanto, tienen facultades para hacerlo. No estamos de acuerdo con cambiar el título competencial como lo está planteando en estos momentos Convergència i Unió con la enmienda 36 y Esquerra Republicana con la enmienda 18. Y en el terreno de los medios para aplicar esta norma sí tienen razón las comunidades autónomas cuando dicen que a mayor número de usuarios necesitan más personal, más medios y más recursos. Pero nosotros decimos: de acuerdo, para eso ha habido una conferencia sectorial el día 7 de octubre donde se han distribuido 1.640.280 euros en función de los posibles usuarios y perceptores y de la carga de trabajo que van a tener cada una de las comunidades autónomas.
Se ha pactado y como se ha pactado, desde nuestro punto de vista se ha resuelto en estos momentos y hay seguridad de que este proyecto de ley, cuando sea ley efectiva, tendrá mayor agilidad y, por lo tanto, habremos superado algunas de las enmiendas que se han planteado. No obstante, consideramos en una transaccional que hemos presentado que hay posibilidades de realizar convenios con las distintas comunidades autónomas para ir supliendo muchos de los problemas que se están planteando. Porque este es un proyecto de ley que no tiene un carácter restrictivo, lo que queremos es que sea ágil, claro y efectivo.


Hay otra cuestión para nosotros que es la referente a hacer el pago en el menor tiempo posible. Nosotros tenemos un marco jurídico, que es la Ley de empleo, a la hora de la percepción del desempleo, pero tenemos una práctica; nosotros hemos pasado de los veinte días prácticamente a siete -en algunas comunidades autónomas al quinto día se está recibiendo el desempleo-. Si hemos metido más recursos para que puedan funcionar esas oficinas de percepción del desempleo, vamos a garantizar, a la hora de la recepción de esas ayudas que el tiempo sea semejante al que se tarda a la hora de percibir el desempleo. En ese sentido lo tenemos clarificado. Hay algunas enmiendas que pretenden aclarar la dinámica de la prestación.
Nosotros presentamos la concurrencia con la prestación o subsidio -lo hemos dicho anteriormente- de la carencia de rentas en el momento del agotamiento de la prestación por desempleo. Y ahí tenemos una cuestión con Convergència i Unió y es la interpretación a la hora de la definición de los perceptores. La verdad es que este es un tema que es fundamentalmente jurídico, pero nosotros hemos presentado una enmienda que tiene como objetivo el establecer unos criterios menos restrictivos, por lo tanto, permitir que los que han agotado el subsidio con responsabilidades familiares, si los padres conviven con ellos, al incluir la renta de los mismos, tengan una mayor posibilidad de recibir esa renta. Ya sé que este es un elemento complejo desde el punto de vista de la definición, pero en ningún caso se puede interpretar que el Grupo Parlamentario Socialista intenta introducir elementos reduccionistas a la hora de la protección de los derechos.


Hemos presentado tres enmiendas transaccionales, hay una parte importante de ellas que están recogidas en la ponencia, y es nuestra intención que este proyecto de ley salga apoyado por la mayoría de los grupos parlamentarios aquí presentes, porque creo que eso es lo que ha trascendido en los debates que hemos tenido en el Pleno, y eso es lo que espera el conjunto de la población por parte de nosotros.


El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión durante cinco minutos para ordenar las votaciones e inmediatamente después procederemos a las mismas. (Pausa.)

Continuamos la sesión, señorías. Procedemos a la votación de las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos. En primer lugar votamos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, número 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Para las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) vamos a realizar votación separada de cada una de ellas, a petición del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar votamos la número 24.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: ¿No hay una transaccional?

El señor PRESIDENTE: Hay una transaccional, la tercera, pero el señor Campuzano mantiene viva su enmienda 24. Por tanto se vota la número 24.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 27.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 31.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 33.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 35.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente votamos la última, que es la número 36, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a la votación de las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que vamos a votar en bloque, si no hay ningún inconveniente por parte de nadie.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, pasamos a votar la enmienda que queda viva del Grupo Parlamentario Socialista, que es la número 37.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se han presentado ante la Mesa y están a disposición de SS.SS., porque ya se han repartido a los grupos parlamentarios, tres enmiendas transaccionales. La número 1 que es al artículo 8 y la número 2 que añade una disposición adicional podemos votarlas conjuntamente si no tienen ninguna objeción sus señorías. Por tanto votamos las enmiendas transaccionales números 1 y 2.


Efectuada la votación, dijo.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Votamos la enmienda transaccional número 3 al artículo 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, uno; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Ahora vamos a votar el texto de la ponencia con las modificaciones resultantes del debate y de las votaciones que acabamos de celebrar, y una vez adaptada la exposición de motivos para utilizarla como preámbulo de la ley. Todo eso va a constituir lógicamente el dictamen de esta Comisión, que pasará ya al Senado. Votamos por tanto el texto de la ponencia.


Efectuada la votación, dijo.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Ruego a los ponentes del proyecto de ley sobre inmigración que se acerquen a la Mesa, por favor.


Se levanta la sesión.


Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.

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