Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 375, de 30/09/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 375
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 20
celebrada el miércoles, 30 de septiembre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Relativa a la publicación de datos referentes a cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000632.)... (Página 2)

- Sobre la construcción de la comisaría de Policía de Jerez de la Frontera (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000836.)... (Página 6)

Página 2


- Relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000709.)... (Página 8)

- Sobre la prevención de la tortura y otros malos tratos en los centros de detención. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000055.)... (Página 13)

- Sobre las misiones militares de la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000195.)... (Página 16)

- Sobre información a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de las misiones internacionales de pacificación en las que participen miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000447.)... (Página 18)

- Relativa a garantizar la seguridad ciudadana en la bahía de Portmany.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000483.)... (Página 21)

- Relativa a la agilización de los trámites para la construcción de nuevas instalaciones para la Guardia Civil del Mar en el Puerto de Algeciras (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000711.)... (Página 24)

- Sobre el aumento de la edad para opositar al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000950.)... (Página 26)

- Sobre la legislación relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001235.)... (Página 28)

- Sobre la inseguridad en el ámbito rural. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001190.)... (Página 30)

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Iniciamos la sesión de la Comisión.


Antes de entrar en el contenido les comento a SS.SS., por si estuvieran o no de acuerdo, que vamos a hacer algunos cambios en el orden del día. En primer lugar, el punto 1.º va a quedar pospuesto, ya que así me lo ha pedido el Grupo Parlamentario Catalán, para otra sesión de la Comisión porque no puede asistir la diputada que iba a defender este asunto. El punto 2.º lo cambiaríamos por el punto 7.º Además, el punto 3.º se debatiría más tarde y pasaría por delante de él el 9.º Después, si hay algún cambio más, lo haremos en función de cómo vaya el debate, y si no seguiremos el orden establecido, porque hay diversas comisiones que se están reuniendo simultáneamente también con proposiciones no de ley y así todos podremos atender nuestro trabajo. Por último, la hora de votación calculo que no será antes de las siete de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A LA PUBLICACIÓN DE DATOS REFERENTES A CADA UNO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000632.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 7.º: Proposición no de ley la relativa a la publicación de datos referentes a cada uno de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Para su defensa tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CRUZ: Muchas gracias, señora presidenta, y también al resto de los grupos por permitir esta alteración en el orden del día.


Página 3


La proposición no de ley que trae el Grupo Popular, que como verán es una proposición de muy buenas intenciones, intenta que el Gobierno aporte información sobre el estado en que se encuentran en este momento los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Hasta el momento esta secretaría general viene publicando, a través de su página web, una serie de datos relativos a la distribución de los reclusos por comunidades autónomas. Esa evolución del número de reclusos y su distribución, aparte de su situación procesal, etcétera, por supuesto que viene bien, pero esa información para nosotros es insuficiente. Lo es porque para un diputado, salvo que lo solicite a través del artículo 7 lo pida al Gobierno, aunque lo lógico es que se nos facilitara, han de ajustarse los criterios de modo que puedan resultarnos útiles para el trabajo; de igual manera que una noticia, por ejemplo, o una estadística si no se da en tiempo real o es reciente es difícil que pueda servir para algo. Le pondría un ejemplo como el de las inundaciones que acaban de suceder en el Levante español.
Si, por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología, en vez de dar un aviso, hubiera dicho que va a llover en algún lugar de España durante el mes de septiembre, difícilmente se hubieran puesto los medios necesarios para poder ayudar a la previsión de esos fuertes riesgos de precipitaciones y, por supuesto, de nada nos hubiera servido una predicción seis meses después de las inundaciones. Creemos que en los centros penitenciarios sucede lo mismo. Si en un momento determinado solo tenemos ese ámbito geográfico por comunidades autónomas, es difícil saber en tiempo real cuál es la situación de cada centro penitenciario o de los centros de inserción social. La realidad es que la Secretaría de Instituciones Penitenciarias publica semanalmente esos datos con carácter autonómico y nosotros no estamos siendo demasiado específicos en esa cuestión porque ni siquiera queremos que se haga semanalmente, que podría hacerse, porque entendemos que para tener el dato por comunidades autónomas previamente ha sido necesario el trabajo de saber el número por centro penitenciario, en qué condiciones, así como los datos por provincias. Por tanto, creemos que algo que tiene que sumarse para darnos el dato por comunidades autónomas; no pasaría nada si se le facilitara al menos a los diputados esa información semanalmente, pero ni si quiera pedimos que sea así. En nuestra proposición no de ley nos conformamos con que se nos dé esa información cada seis meses, es decir, dos informes anuales. Creemos que esa valoración es muy importante, fundamentalmente porque se pueden reforzar los aspectos positivos y modificar los aspectos negativos y así trabajar adecuadamente para ese mejor desarrollo y evolución de la población reclusa, así como para la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios y las personas que trabajan en cada centro.


Hasta el momento, si queríamos tener conocimiento de estos datos había que pedirlos de conformidad con el artículo 7, pero SS.SS. saben que normalmente cuando se piden al Ministerio del Interior la publicación de los datos, solemos recibirla bastante tarde y también cuando ya no es necesaria. Por ejemplo, si queremos conocer cifras de criminalidad, a veces nos resulta muchísimo más fácil pedírselas al Ministerio de Justicia o a la fiscalía que al Ministerio de Interior, que desafortunadamente sigue dosificando con cuentagotas la información que se nos suministra. Pedimos únicamente, por tanto, agilidad y transparencia informativa. Consideramos que la publicación on line relacionada con las cifras para la población reclusa española facilitaría muchísimo la labor, no solamente de los diputados, sino, sobre todo, de las distintas organizaciones sindicales y humanitarias que también trabajan para lograr la reinserción de los penados. Vuelvo al símil que he mencionado anteriormente de Protección Civil. Si la Agencia Estatal de Meteorología nos predijera dentro de un año que hemos tenido tormentas en otoño, si queremos adoptar medidas adecuadas, la información meteorológica ha de ser también inmediata. Lo mismo pensamos que debe suceder con esta información que solicitamos sobre los centros penitenciarios. Entendemos también que si el Gobierno tiene que facilitarla, lo que peor podría hacer es retrasarla o hacerla difusa. Si un centro está masificado, tenemos que saberlo ahora y no dentro de un año; si la plantilla es insuficiente, tenemos que saberlo ahora; si se está aplicando un programa para mejorar la reinserción, tenemos que saberlo ahora y, por supuesto, tenemos que darle la máxima difusión para posibilitar que toda la comunidad penitenciaria pueda beneficiarse de ese programa. Esperamos que el resto de los grupos nos apoyen porque creemos que esta es una herramienta muy importante que puede servir fundamentalmente para la mejora de la situación de esos centros penitenciarios españoles, de las condiciones de trabajo de sus funcionarios y, por supuesto, de las posibilidades para lograr la plena reinserción de los reclusos, que estamos seguros que es lo que se pretende cuando están cumpliendo una pena. Hemos recibido dos enmiendas del Grupo Socialista, a las que me referiré en este momento.


En la número 1 hacen referencia al modo en el que en este momento se está publicando la información a la que nos referíamos, que es por comunidades autónomas. No he leído exactamente a qué se refiere, pero todos ustedes la tienen, así como disponen de la proposición no de ley en la que se habla de la población reclusa por sexos, por situación procesal penal, por comunidades autónomas, y una serie de cuestiones que se regulan en esa información. No tenemos ningún inconveniente en aceptar el punto número 1 porque es sencillamente reiterar algo que ahora mismo ya se está haciendo. En el punto número 2 nos proponen que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a estudiar la modificación de la estadística de la población reclusa dentro del Plan Estadístico Nacional. Cuando formulamos la petición se la dirigimos al Gobierno, independientemente de que corresponda a estadística o no el poder hacer pública esa información. Asimismo, estaríamos dispuestos a aceptar

Página 4


esa segunda enmienda siempre y cuando se eliminara la palabra estudiar y sencillamente se dijera que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la estadística de la población reclusa, de modo que, dentro del Plan Nacional de Estadística, esos datos contenidos en la misma puedan ser publicados con carácter semestral referidos a cada centro penitenciario dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Creo que estamos siendo generosos dentro de esta cuestión porque, al fin y al cabo, tampoco estamos pidiendo que se acepte modificar en un plazo de tiempo concreto, pero sí que esta proposición tenga contundencia y que por parte del Grupo Socialista, y supongo que por el resto de los grupos, pueda aceptarse la petición de una información que creo que a todos nos puede venir muy bien para seguir trabajando en el sentido al que antes me he referido. Por tanto, si la disposición por parte del Grupo Socialista es sencillamente aceptar eso que nosotros sugerimos, que es eliminar la palabra estudiar, la aceptaríamos encantados; si no es así, probablemente no podríamos aceptarla.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Arnaiz.


La señora ARNAIZ GARCÍA: Debatimos hoy aquí una proposición no de ley del Grupo Popular que pretende que la información de ámbito nacional y autonómico que nos brinda la web del Ministerio del Interior, con acceso público y gratuito, se amplíe con cada uno de los centros penitenciarios que dependen de la secretaría general. Las razones que alega el grupo proponente es que permitiría conocer la evolución de la población reclusa y, en consecuencia, reforzar los aspectos más efectivos de la política penitenciaria; conocer los aspectos positivos y, como ha dicho, los aspecto negativos. Tengo que decirle, señora Navarro, que mi grupo discrepa con su petición por un aspecto fundamental, y es que la estadística de población reclusa forma parte del Plan Estadístico Nacional. En este sentido, mi grupo ha presentado una enmienda que dice que la modificación de la estadística de la población reclusa referida a cada centro penitenciario se recoja en el próximo Plan Estadístico Nacional porque es ahí donde tiene que considerarse. Señora Navarro, aun importándome la realidad de lo cuantitativo, me gustaría también destacar, tratándose de personas, el aspecto cualitativo. Por ello, es preciso mencionar los fines de la institución penitenciaria, la reeducación y reinserción de los condenados así como la retención y custodia de los mismos. Dos objetivos a perseguir con la dificultad añadida del incremento espectacular de la población reclusa motivada por las numerosas reformas penales llevadas a cabo y también por la aprobación de nuevas leyes que se ha dado este Parlamento, como la Ley Integral contra la Violencia Género y la de Seguridad Vial. Como le decía, para conseguir esos fines y, por tanto, perseguir la eficacia de la institución, creo que se han dado muchos pasos, como por ejemplo, en primer lugar, las nuevas infraestructuras que se están poniendo en marcha englobadas en el Plan de centros del año 2005. En segundo lugar, la reforma de las antiguas instalaciones y, por último y principalmente, los programas de tratamiento orientados a desarrollar las actitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos y abordar las problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo y que han tenido un gran desarrollo, hay que decirlo, a partir del año 2004.


Programas e inversiones que han tenido y tienen un fuerte impulso del Gobierno socialista, como se ha demostrado nuevamente en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del año 2010. Programas e inversiones que han influido de forma muy notable en una mejor y más digna estancia en la prisión. Estas son cuestiones que a mi grupo le importan y que también son posibles por la dedicación y el compromiso de los profesionales de la institución, que han logrado que nuestro sistema penitenciario sea considerado uno de los mejores del mundo.


Volviendo al objeto de su proposición y para terminar, adelanto la posición en contra del Grupo Parlamentario Socialista porque consideramos que se debe estudiar la modificación de la estadística de la población reclusa dentro del Plan Estadístico Nacional, que es el principal instrumento ordenador de la actividad estadística de la Administración General del Estado, cumpliendo con lo establecido en el artículo 149.1.31 de nuestra Carta Magna y también en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la función estadística pública. Asimismo, esta ley recoge que corresponde a los servicios estadísticos de los departamentos ministeriales la elaboración y ejecución de los proyectos estadísticos que les encomiende el Plan Estadístico Nacional y, además, que la realización de estadísticas debe ajustarse a lo establecido en el código de buenas prácticas en las estadísticas europeas.


Por todos estos motivos votaremos en contra de esta iniciativa ya que, como ha dicho la proponente, no ha aceptado la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista.


La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo de los presentes quiere intervenir? (Pausa.)

Tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Quería intervenir muy brevemente para anunciar mi apoyo a la iniciativa. No sé si de aquí al final de la sesión de trabajo tendremos la posibilidad de que se produzca algún acuerdo, una vez escuchadas las dos intervenciones, porque el objetivo de la proposición es un objetivo que compartimos y me atrevo a decir que es un objetivo común de todos nosotros. Creo que tener un mayor y mejor conocimiento de la situación permitiría hacer también una mayor y mejor programación y esa programación mejor evitaría los males de la improvisación, que es uno de los que la política penitenciaria ha sido víctima. Me parece que es

Página 5


una propuesta oportuna y necesaria; el conocimiento de los datos no hace daño a nadie, por muy proceloso y complejo que resulte obtenerlos todos.
Pienso que esta propuesta que hace el Grupo Popular, esta información detallada incluso de cómo considera que ha de tenerse en términos de conocimiento provincial, daría una visión de la realidad de la población reclusa en cada una de las provincias que nos ayudaría muchísimo en términos de cada centro penitenciario pero también en términos de la política a desarrollar por política penitenciaria -valga la redundancia-.
Por tanto, me gustaría muchísimo que de aquí al final de la sesión fuéramos capaces de alcanzar un consenso, fundamentalmente entre el grupo proponente y el enmendante, porque creo que aunque sean pasos pequeños en esta materia que nos ocupa y nos preocupa a todos sería muy bueno que diéramos un paso, además de lanzar un mensaje en este sentido. Ha habido demasiada improvisación, es verdad. La portavoz del Grupo Socialista ha enunciado muchos de los logros y el recorrido positivo que se ha hecho en esta materia -por supuesto, no lo niego-, pero creo que también tenemos un camino que recorrer y estaría bien que fuéramos capaces de recorrerlo juntos.


La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir, señor Olabarría? No es obligatorio. (Risas.) Puede ser oportuno.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, no quiero hacer una interpretación semiótica de lo que me está invocando. Espero que sea posible, aunque no sea obligatorio.


La señora PRESIDENTA: Por eso le digo que puede ser incluso oportuno.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le agradezco la confianza depositada en este humilde diputado, no sin indicarle que además observo con cierta perplejidad que no es el punto 1.º del orden del día el que estamos analizando, a tenor de las intervenciones que estoy escuchando.


La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, hemos cambiado el orden del día en algunos puntos al comienzo de la reunión.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En relación con esta materia, que en opinión de mi grupo parlamentario es especialmente delicada, donde los datos a aportar siempre se configuran en función de equilibrios que por su propia naturaleza son imperfectos entre aquellos que están sujetos a la protección de datos de naturaleza legal que opera ope legis y, por otra parte, a las estadísticas que es necesario realizar en relación con la población penitenciaria. Veo que las posiciones, sin ser particularmente divergentes, no son fáciles de conciliar entre el grupo proponente y el grupo que acaba de precederme en el uso de la palabra; sin embargo, hay enmiendas transaccionales que pueden ser objeto de aceptación en las que, además de buscar un punto de encuentro sobre este equilibrio imperfecto por su propia naturaleza que le comento, se podrían incorporar quizá los datos que no se incorporan nunca y que en opinión de mi grupo se deberían incorporar, como las características psicofísicas de los internos sujetos a penas de privación de libertad, su propensión a la reinserción o sus diagnósticos más o menos favorables a priori a la reinserción y otros que nos obligaría a glosar prácticamente la totalidad de la legislación penitenciaria, cosa de la que voy a exonerar a sus señorías.


Visto lo cual, si el consenso es posible, señora presidenta, votaremos que sí a las enmiendas que sean objeto de concertación y de consenso y, si no es posible, la posición de mi grupo parlamentario, en tanto en cuanto veo que la proposición o la iniciativa original del Partido Popular penetra en un umbral incierto en donde la protección de datos y la intimidad deben ser valores superiores a considerar, tendríamos que votar desafortunadamente que no.


Muy amable, señora presidenta, por haber tenido este exceso de generosidad que caracteriza el ejercicio de sus funciones al frente de esta Comisión.


La señora PRESIDENTA: Soy yo la que le doy las gracias por su concisión, brevedad y, como siempre le digo, oportuna intervención en este punto.


Señora Navarro, si quiere puede manifestarse sobre la enmienda. No sé si usted lo ha entendido, pero yo entiendo que la enmienda se tiene que aceptar tal cual está redactada.


La señora NAVARRO CRUZ: Como he dicho al principio, habíamos recibido dos enmiendas, una al punto 1 y otra al punto 2.


La señora PRESIDENTA: Es una sola enmienda, pero hay dos párrafos.


La señora NAVARRO CRUZ: Posiblemente sea así. No tenemos dificultad en aceptar todo lo que viene en la primera parte y en la última parte la única cuestión que queremos es sencillamente matizar que el Gobierno modifique, no que el Gobierno estudie la modificación, porque entendemos que es competencia del Gobierno hacer el encargo a la Comisión de estadística y no que sea una competencia de la Comisión de estadística, según parece desprenderse de la intervención del Partido Socialista, como algo independiente del Gobierno. El Gobierno es el que da la orden a los demás sitios para que pueda hacerse.


Respecto al resto de los grupos, quiero agradecer sus intervenciones y, por supuesto, al señor Olabarría, si es posible que esa inclusión de puntos aparte se pueda sumar como una enmienda in voce, nosotros no tendríamos tampoco ningún inconveniente en asumir esa

Página 6


enmienda que el señor Olabarría ha propuesto. Por tanto, creo que tampoco se está atentando a ninguna cuestión de protección de datos.
Sencillamente, no es tan difícil cuando se facilitan los datos a nivel de comunidad autónoma; previamente se han tenido que sumar los de los centros penitenciarios y los de las provincias y sería simplemente ir un paso atrás para que podamos tener esa información. No pedimos ninguna otra cosa ni tampoco acotamos que se haga la modificación en un plazo determinado de tiempo, simplemente pedimos que haya una voluntad por parte del Gobierno para que pueda modificarse la estadística de la población reclusa.


La señora PRESIDENTA: El debate de la proposición no de ley ha concluido y queda un rato para que se pueda plantear en cualquier caso una transaccional o no.


- SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA DE POLICÍA DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000836.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos, según he dicho al comienzo de la reunión, al punto 3.º del orden del día que se sustancia con el contenido del punto 9.º del orden del día, que es la PNL sobre la construcción de la Comisaría de Policía de Jerez de la Frontera. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para solicitar el voto a esta proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a la construcción de una nueva comisaría de policía en la ciudad de Jerez de la Frontera. Esta proposición no de ley se corresponde con una petición generalizada en la ciudad de los profesionales que prestan sus servicios en las actuales dependencias, de los usuarios y de todos los colectivos sociales y vecinales de la ciudad; supone dar respuesta a una necesidad imperiosa que existe en Jerez, ya que la actual comisaría no reúne las condiciones mínimas necesarias para prestar un servicio de calidad. En efecto, el inmueble en el que actualmente está ubicada la comisaría es un palacio construido en el año 1873 al que en su día se le realizaron una serie de reformas para adaptarlo al servicio de una nueva comisaría y al que a lo largo de los años se han ido poniendo parches para intentar adecuarlo pero nunca se ha conseguido solucionar el problema real porque estas instalaciones no reúnen las condiciones mínimas necesarias ni los funcionarios pueden prestar su servicio adecuadamente. Existen problemas no solo de adaptación del edificio sino también estructurales dada la antigüedad del mismo. He podido visitar personalmente las dependencias, y le agradezco al comisario jefe que me sirvió de guía para hacerlo, y le aseguro que es un auténtico desastre. Le podría poner numerosos ejemplos de las carencias de esta comisaría, de sus defectos, pero sería una lista interminable; permítanme que les describa alguno de ellos para que puedan comprender que la petición que les realizo está más que justificada.


Así, puedo decirles que existen dependencias dentro de la comisaría que albergan unidades de policía compuestas por cinco o seis funcionarios que están ubicados en un despacho de no más de cuatro metros cuadrados de extensión. Por ejemplo, el servicio de ayuda a la familia está instalado en un pequeño despacho de aproximadamente tres o cuatro metros cuadrados donde prestan sus servicios cuatro funcionarios. Cuando uno de ellos tiene que atender a una persona que va a realizar una consulta o poner una denuncia, los otros tres funcionarios tienen que salirse del despacho para que la denuncia o consulta pueda hacerse con unas mínimas condiciones de intimidad o confidencialidad. La unidad de policía científica igualmente se encuentra en un pequeño despacho que si SS.SS.
lo conocieran dudarían incluso de la eficacia de los informes que puedan emitirse, si no fuera por la profesionalidad de los funcionarios que allí están ubicados. Las salas de espera están en los pasillos, por lo tanto, a la vista de todo el que pasa por ellos; el gimnasio no puede utilizarse porque los suelos no ofrecen garantías. En definitiva, unas condiciones lamentables. Y aquí quiero reconocer expresamente el esfuerzo que están realizando los profesionales para llevar a cabo su trabajo, pues resulta muy difícil hacerlo con eficacia en el estado en que se encuentran las instalaciones donde trabajan.


En este momento quiero preguntar qué ha hecho el Gobierno y el Partido Socialista ante este problema. La contestación es bien sencilla: prometer, prometer y prometer y no poner ni un solo ladrillo. La primera promesa vino del propio presidente del Gobierno, en una visita efectuada a Jerez el día 14 de agosto del año 2007, que en un acto público vino a manifestar su compromiso y dijo estas palabras: Quiero comprometerme hoy con vosotros y lo hago públicamente porque así se hacen las promesas -dijo- y porque así después me lo podréis exigir, y claro que Jerez va a tener una nueva comisaría. Esto pasó el 14 de agosto del año 2007 y hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. El Partido Socialista ya no sabe qué hacer para disculpar al Gobierno, se han puesto todo tipo de excusas. En primer lugar, se ha venido manifestando que como la nueva comisaría se instalaría en unos terrenos de la antigua prisión habría que traspasar la titularidad de estos terrenos desde Instituciones Penitenciarias a la Dirección General de la Policía y que este era un trámite administrativo lento y tortuoso. Hoy quiero recordárselo a la diputada señora Sánchez, que compareció ante los medios de comunicación el 25 de septiembre del año 2007 y manifestó que la Dirección General de Policía ya podía comenzar las obras de la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el terreno de la antigua cárcel jerezana porque el Ministerio del Interior

Página 7


había buscado una solución de cesión de suelo que facilitaba el uso de los terrenos; 25 de septiembre del año 2007.


Igualmente, otra justificación que ha venido dándose por parte del Grupo Socialista es que como se pretendía que la nueva comisaría se hiciese conjuntamente con las instalaciones de la Policía local se justificaba la no construcción porque había que redactar un convenio entre el ayuntamiento y el ministerio y se estaba negociando. Pero en noviembre del año 2007 la propia alcaldesa de Jerez ya compareció ante los medios de opinión pública y manifestó que el proyecto de la nueva comisaría ya se estaba redactando; noviembre del año 2007. En enero del año 2008 compareció el señor Pérez Rubalcaba, diputado por Cádiz, y anunció que el ministerio y el ayuntamiento estaban ultimando el convenio para la construcción de la nueva comisaría. El 21 de diciembre de 2008 la diputada señora Sánchez compareció igualmente ante los medios de comunicación y manifestó: El Gobierno convocará al Ayuntamiento de Jerez a una reunión para desbloquear la situación de la comisaría. En definitiva y hasta el día de hoy, palabras y palabras y al final incumplimiento con Jerez y con los jerezanos. En el día de ayer pude comprobar que en los Presupuestos Generales del Estado tampoco existe cantidad alguna consignada para la construcción de esta nueva comisaría, lo cual indudablemente me apena y me entristece.


Hoy el Grupo Socialista ha presentado una enmienda que no podemos aceptar porque insta al Gobierno a continuar las negociaciones que mantiene con el Ayuntamiento de Jerez para adoptar los acuerdos que permitan la construcción de esta nueva comisaría con el fin de mejorar la seguridad pública en el municipio y mejorar las condiciones de prestación del servicio de los agentes de policía. Quiero decir en primer lugar que me alegra que por parte del Grupo Socialista se reconozca en esta enmienda que efectivamente es necesario mejorar la seguridad pública en Jerez y mejorar las condiciones de prestación del servicio de los agentes de policía, eso en primer lugar. Pero no podemos aceptar la enmienda tal como está redactada pues está supeditando la construcción de esta comisaría a que se llegue a un acuerdo por parte del Ministerio del Interior y del ayuntamiento, y yo me pregunto: Y si este acuerdo no es posible, qué ocurre ¿que no se construye la comisaría? Yo entiendo que el ministerio es el propietario de los terrenos de la antigua prisión, es el competente y por tanto si intentado el acuerdo con el ayuntamiento este no fuera posible, como parece ser después del tiempo transcurrido, el Gobierno tiene que iniciar de una vez por todas las obras, tal como se dice en la enmienda del Grupo Socialista que antes he leído, para mejorar la seguridad pública del municipio y mejorar las condiciones del servicio de los agentes de policía. Por tanto he ofrecido una enmienda transaccional al Grupo Socialista que parece que puede ser aceptada. La leo para que conste en el "Diario de Sesiones": El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a construir la Comisaría de Policía de Jerez continuando las negociaciones que mantiene con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para adoptar los acuerdos que permitan la construcción de esta nueva comisaría, con el fin de mejorar la seguridad pública en el municipio y mejorar las condiciones de prestación del servicio de los agentes de policía.


Esta enmienda, de ser aceptada, la pasaré a la Mesa. Por ello le pido al Grupo Parlamentario Socialista la aceptación de esta enmienda transaccional y que en definitiva esto sirva para que el comienzo de las obras sea ya una realidad. Espero que si efectivamente se acepta y se vota favorablemente esta proposición no de ley, en los próximos Presupuestos Generales del Estado vengan consignadas cantidades suficientes para la construcción de esta comisaría.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada señora Sánchez para defender su enmienda o aceptar la transaccional.


La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señorías, voy a intervenir para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto de la proposición no de ley que hoy trae aquí el Grupo Parlamentario Popular.


El Gobierno socialista tomó la decisión, hace ya algún tiempo, de que el Cuerpo Nacional de Policía contara con una nueva comisaría en la ciudad de Jerez y el equipo del Ministerio del Interior, tengo que decirlo, con el ministro -y, quiero recordar, diputado también por Cádiz- al frente, Alfredo Pérez Rubalcaba, han adquirido el compromiso público de hacer esa comisaría. Quiero recordar que fue esta diputada, a instancias de los propios agentes de policía de Jerez, quien solicitó al Ministerio del Interior que se hiciera un estudio para conocer la operatividad de la comisaría actual de Jerez y bien poder acondicionarla o hacer otra nueva.
Ese informe que se realiza por el Ministerio del Interior constata que, a pesar de que el lugar donde se alberga la misma es un palacio declarado conjunto histórico-artístico, su adecuación a las necesidades policiales no es óptima. Se empieza, por tanto, la búsqueda de un lugar para construir la nueva comisaría. El Ayuntamiento de Jerez hace un primer ofrecimiento en unos terrenos en la zona sur de la ciudad que, tras su estudio, son descartados por la Dirección General de la Policía.
Posteriormente esta misma diputada traslada al ministerio la idea de que esa nueva comisaría se pueda instalar en unos terrenos de una antigua prisión que estaba en desuso. Tras los estudios oportunos se ve como muy adecuado el local para ubicar la futura comisaría. Se llega a un acuerdo con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a quien está afectada la propiedad del inmueble y del terreno, para que autorice el uso a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y así poder realizar los trabajos oportunos a fin de acondicionar el mismo a las dependencias policiales. Esa autorización

Página 8


fue concedida ya hace algún tiempo. Un primer paso que hay que hacer es demoler la antigua prisión. Para ello se ha redactado un proyecto de derribo y demolición con un presupuesto de contrata de 576.190 euros, y está informado favorablemente por la oficina de supervisión del ministerio.


He querido destacar todo esto para que se vea que desde el momento en que se toma la decisión de hacer una nueva comisaría en Jerez no se ha estado parado, se han ido haciendo cosas; y es verdad que algunas de ellas se han ralentizado debido a los trámites administrativos, pero en definitiva se ha ido actuado. Además, en medio de todo este proceso, el Ayuntamiento de Jerez comunica al Ministerio del Interior la necesidad de construir también una comisaría para la Policía local y ofrece la posibilidad de hacer una comisaría conjunta, Cuerpo Nacional de Policía y Policía municipal. Esto lo aceptan los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Jerez y también acepta el propio ministerio. Ese es el momento en el que nos encontramos ahora: intentando llegar a un acuerdo entre el ayuntamiento y la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.


El Ministerio del Interior envió un borrador de convenio a ayuntamiento.
En un primer momento, y como señaló públicamente el ministro del Interior, en el acuerdo había que conjugar diferentes intereses y encajar varias piezas urbanísticas. Se ha enviado un segundo borrador al ayuntamiento que, como novedad, le puedo decir que ha sido contraofertado el pasado viernes por parte del gobierno municipal y que actualmente está estudiando la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Por tanto, estamos en una fase de negociación y buscando posibilidades financieras entre el ministerio y el ayuntamiento. Porque el Gobierno socialista quiere que la ciudad de Jerez cuente con una nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, y si es posible llegar a un acuerdo con el consistorio para que esa comisaría sea conjunta, magnífico. Si no se llega a ningún acuerdo, se buscará la vía de financiación en solitario para construir una nueva comisaría con el fin de mejorar la seguridad pública en el municipio y mejorar las condiciones de prestación del servicio de los agentes de policía.


Si bien estábamos más o menos de acuerdo en el texto que presentaba el Grupo Parlamentario Popular, hemos propuesto una enmienda que consideramos que se adapta mejor a la situación actual de negociación que existe entre la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Jerez. Pero, señor Romero, como el objetivo que nos une es común, que es que Jerez cuente con una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, por parte del Grupo Parlamentario Socialista aceptamos la transaccional que nos ha ofrecido.


La señora PRESIDENTA: Vuelvo a preguntar a los grupos parlamentarios presentes si quieren hacer uso de la palabra en este trámite de esta proposición no de ley. (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora diputada Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Señora presidenta, a la portavoz de mi grupo parlamentario en esta Comisión le coincide a la misma hora otra Comisión y como yo vengo en sustitución de ella mi posicionamiento se hará al final, cuando termine la Comisión. Por tanto, no voy a intervenir en las demás PNL.


La señora PRESIDENTA: ¿Señora Díez? (Pausa.)

¿Señor Olabarría?

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, me da la impresión de que ha sido objeto de transacción y huelga cualquier comentario adicional.


La señora PRESIDENTA: Sí, es verdad; también es cierto que no había controversia.


Termino este debate no sin antes agradecer a la señora Díez, del Grupo Parlamentario Mixto, que no se haya opuesto a que su punto en el orden del día haya sido precedido de otros dos que ya hemos debatido.


- RELATIVA A LA READMISIÓN DE LOS AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL PERSEGUIDOS Y EXPULSADOS DEL SERVICIO POR SOLICITAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN AMPARADO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000709.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Díez para defender su PNL relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señorías, traigo al debate parlamentario en esta Comisión una proposición no de ley cuyo objetivo, estoy segura, es un objetivo que compartimos todos desde distintas posiciones ideológicas y políticas y desde luego estoy completamente segura, y así se va a ver a lo largo del debate, de que el objetivo de esta proposición no de ley es un objetivo común de esta Cámara y particularmente de los miembros de esta Comisión.


El objetivo de la proposición no de ley que quiero presentarles y que pasamos a discutir es tan sencillo y tan importante, las dos cosas a la vez, como tratar de recuperar la memoria precisamente para hacer justicia. Recuperar la memoria recordando algunos hechos históricos -aunque sea histórico con minúscula- de algunas personas que en defensa de los derechos civiles propios y de todos sus compañeros, por haberlo hecho en momentos en los que no era tan sencillo, no era tan fácil y era realmente una innovación, lo pasaron mal,

Página 9


incluso fueron separados del servicio y en algunos casos fueron expulsados y/o encarcelados. Insisto: el objetivo de recuperar la memoria, de refrescarla, precisamente para hacer justicia es lo único que me ha movido a la hora de presentar esta proposición no de ley y a la hora de defenderla. Más allá de los énfasis que podamos poner cada uno de nosotros a la hora de hacer esta reflexión, intervendré brevemente porque entiendo que hay un acuerdo de fondo, tampoco quiero cansar a SS.SS. con un debate con el que nos vamos a encontrar finalmente. Pero sí quisiera aprovechar este turno para hacer un brevísimo relato de hechos; más que de hechos, de fechas con hechos.


Cabe recordar que estamos hablando de hacer justicia para personas que, tras la aprobación de la Constitución española -estamos hablando ya de este tiempo-, reclamaron un derecho básico. Por ejemplo, en la primera manifestación -si no tengo mal los datos- que se produjo después de este colectivo de guardias civiles, el primer derecho reclamado fue aquel tan básico como el derecho a la Seguridad Social, algo que pagaron con dureza muchos de los guardias civiles que allí se manifestaron. Tuvieron que pasar bastantes años, hasta el año 1989, en el que se produjo la primera sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que los agentes de la Guardia Civil no deben tener los límites constitucionales de los militares. Ahora nos parece bastante normal pero entonces era una innovación, son funcionarios públicos que pertenecen a un cuerpo militar, pero que tienen derechos también como ciudadanos. Es decir, que son funcionarios públicos que no dejan de ser ciudadanos y, por tanto, no deben renunciar a sus derechos civiles. Hubo de llegar esa sentencia del Tribunal Constitucional de 1989 para que hubiera un pronunciamiento que produjo en cascada que todos los procedimientos abiertos concluyeran en sobreseimiento o en absolución, todos o casi todos. Diría que todos, pero no me atrevo a hacer esta afirmación taxativamente.


En el año 1994 la Audiencia Nacional reconoció el derecho de asociación, fíjense en que van pasando los tiempos, y ya en el año 2006 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo les dio la razón y en aquel caso dio una recomendación o hizo una consideración negativa, vamos a decirlo así, al Gobierno por no haber respetado todos esos derechos. No es el Gobierno de turno. Haríamos mal si nos concentráramos en quién hizo mal las cosas. Estas personas, cuyo reconocimiento les debemos desde el punto de vista democrático y político y cuya rehabilitación solicitamos, han sido, como en otras muchas esferas de la vida, los adelantados, personas que en su ámbito reclamaron derechos civiles para todos y fueron las que sufrieron ir por delante como, insisto, ocurre tantas veces a lo largo de la vida. Merece poco la pena -desde luego, para esta diputada que les habla, nada- cargar los énfasis en quién hizo mal las cosas porque podríamos decir colectivamente que todos lo hicimos mal o todos no lo hicimos suficientemente bien. Creo que ha llegado el tiempo de plantear y de plantearnos a nosotros mismos la necesidad de rehabilitarles desde el punto de vista profesional y de reconocerles desde el punto de vista político y democrático. Ese es mi objetivo, el objetivo de la presentación de esta proposición no de ley y el objetivo de este discurso que les hago ahora y de esta apelación que hago al conjunto de mis compañeros y que hago además desde el convencimiento de que lo estamos compartiendo, rehabilitar profesionalmente y reconocer a personas que estuvieron en la vanguardia de la defensa de derechos colectivos, que sufrieron por estar en la vanguardia y a las que humildemente creo que los demócratas en su conjunto les debemos algo.
Porque, gracias a que ellos estuvieron delante, después se han ido produciendo pasos, se ha ido caminando y hoy las cosas son bastante diferentes a como lo eran hace treinta años también en esta materia.


Ha llegado la hora de rehabilitarles profesionalmente, de reconocerles políticamente y quizá lo podemos hacer en una persona. Sé que es muy difícil siempre encontrar personas de consenso en el sentido de que puedan dar esa imagen de aquello de lo que estamos hablando. Me atrevo a decir que José Morata sería esa persona o por lo menos lo es para mí, como lo es para el colectivo en su conjunto. No se trata tanto de decir expresamente cómo hay que hacer las cosas, pero sí de hacer ese reconocimiento y esa rehabilitación profesional y, sobre todo, ese reconocimiento de carácter político y democrático porque todos les debemos bastantes cosas. Yo al menos, como así lo pienso, me atrevo a ir más allá en este sentido del reconocimiento político y democrático que lo que el propio texto de la proposición no de ley plantea.


Quiero agradecer lo siguiente al conjunto de los grupos políticos. Al Grupo Popular, que ha planteado una enmienda sobre la cual hemos construido un consenso, la presentación de la enmienda. Naturalmente cada uno de nosotros cuando escribimos un texto y presentamos una PNL, como es el caso, creemos que nuestro texto es el mejor, que ese es el que nos gustaría que saliera y el que nos parece que deja las cosas más claras y no sujeta a interpretaciones posteriores, pero entiendo que lo fundamental en esta materia es que avancemos y que avancemos desde el consenso de verdad y desde el de fondo, y no creo que sea una ingenuidad por mi parte pensar que en ese nos hemos encontrado de verdad en esta proposición. Agradezco al Grupo Popular, insisto, su enmienda. Agradezco sinceramente al Grupo Socialista que haya tenido también la generosidad de, sin haber presentado la enmienda, querer trabajar en la construcción de ese consenso en el día de hoy. Voy a plantear después el texto completo de una transaccional, vamos a llamarlo así, en la que nos hemos encontrado tanto el Grupo Popular, que ha presentado la enmienda, como el Grupo Socialista, como yo misma. He tenido la oportunidad de explicárselo también al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que me ha dicho lo mismo, con lo cual agradezco a todos ustedes su aportación, su generosidad y la expresión de consenso. Como todo en

Página 10


la vida, todo es muy relativo y seguramente este es un paso pequeñito que damos y no es más que eso, un paso pequeñito, pero hemos empezado a debatir sobre la PNL en el día de ayer casi pensando que íbamos a hacer de la política, en este caso de esta PNL, el arte de lo posible, es decir, limitándonos lo máximo, y creo sinceramente que en vez de ser el arte de lo posible hemos hecho lo posible para que lo que es necesario sea posible. Nos tenemos que felicitar todos porque son momentos en los que la política ha servido para eso, para hacer posible lo que es necesario.


La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo.


La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Como saben los miembros de la Comisión, mi grupo ha presentado una enmienda a la proposición no de ley de la señora Díez y esta enmienda viene motivada por una consideración de fondo. Como es sabido, el grupo parlamentario al que represento tiene, y siempre ha tenido, un doble compromiso. Tenemos un compromiso con la ley, con el Estado de derecho y la legalidad vigente. Nosotros creemos que la ley está para ser cumplida, nos guste o no, y eso es aplicable a todas las personas en todos los momentos, por más justas o sensatas que nos parezcan sus reivindicaciones, por más fuerte que sea nuestra convicción de que el tiempo finalmente les pueda dar la razón y por más anacrónica, imperfecta o incluso a veces injusta que nos pueda parecer tal cual norma o ley. Esas son las reglas del juego en un Estado de derecho como el nuestro y, de hecho, para eso está esta Cámara, para reformar, mejorar y modernizar la legalidad, adaptándola a una cambiante realidad social. Y el otro compromiso inquebrantable de mi grupo es con las libertades y los derechos constitucionales de todos los españoles, incluidos por supuesto los miembros de la Guardia Civil, a los que debemos un especial respeto, admiración y agradecimiento precisamente por su abnegada contribución a la defensa de esas libertades y de esos derechos fundamentales que para nosotros son valores superiores a proteger, y de ahí el contenido de la enmienda que hemos presentado.


El Grupo Popular considera que el Gobierno tiene la obligación moral, como decía ahora la diputada proponente, de revisar los casos de guardias civiles que fueron expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales, expedientados, por cierto, mientras su director general, el señor Roldán, de infausto recuerdo, se llevaba el dinero de los huérfanos del cuerpo, de la benemérita. Eso sí, creemos que este proceso de revisión debe hacerse caso por caso, de manera individualizada, seria y rigurosa para que se haga justicia de verdad y creemos que las sanciones manifiestamente injustas, aquellas que fueron impuestas de manera abusiva y arbitraria, deben ser anuladas a todos sus efectos. Se trata de una posición razonable y me satisface comprobar que nuestra opinión también es compartida.


Nos congratulamos y damos de verdad, sinceramente, las gracias a la diputada proponente y también a los demás grupos, al Grupo Socialista, por el consenso que estamos alcanzando y que hemos alcanzado sobre la base de esta enmienda que hemos presentado. Lo cierto es que desde el Grupo Popular hemos hecho un esfuerzo importante para alcanzar un acuerdo lo más amplio posible sobre este asunto. Todos sabemos que el consenso es no ya necesario, sino imprescindible cuando se trata de defender derechos fundamentales. A esto yo añado que el consenso también debería primar cuando la cuestión planteada afecta a la vida interna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como es el caso. Es un consenso, y con esto voy terminando, señora presidenta, que siempre se ve favorecido cuando se actúa con transparencia y con coherencia. Lo que no se puede hacer -y esto lo digo sin ninguna intención, de verdad, de generar ninguna polémica, sino, al contrario, con el espíritu constructivo que anima el acuerdo alcanzado hoy- es prometer, por ejemplo, la desmilitarización de la Guardia Civil cuando se está en la oposición, y luego, en el Gobierno, abrir expedientes a guardias civiles por acudir de paisano a una manifestación pacífica. Como tampoco podemos prometer el fin de la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles y luego permitir que se aplique ante faltas administrativas. Es importante mantener un criterio y mantener coherencia, porque generar falsas expectativas siempre equivale a generar frustración, desasosiego y un sentimiento de injusticia que nos perjudica a todos. En todo caso, lo relevante de hoy es que entre todos vamos a contribuir a que se repare una injusticia y, confío también, a que se cierren viejas heridas. Y lo vamos a hacer de manera que esos dos principios sobre los que se asientan las sociedades democráticas, el respeto a la legalidad vigente y la defensa de las libertades y los derechos constitucionales, salgan fortalecidos.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Bar Cendón tiene la palabra.


El señor BAR CENDÓN: Señorías, es cierto que la historia de nuestra transición democrática e incluso yo diría que antes, cuando sufríamos el yugo de una dictadura y la inexistencia de las más elementales libertades democráticas, hubo un puñado de militares -incluyendo entre ellos a guardias civiles- que, con clara vocación democrática y en el contexto más difícil, se jugaron -y muchos perdieron- su libertad y sus puestos de trabajo. Con muchos de ellos, nuestro sistema actual tiene una deuda tal vez no suficientemente saldada, pero no es ese exactamente el caso del que hablamos hoy aquí. Entre otras cosas, porque no todos los caminos para conseguir unas aspiraciones, por justas que sean, son igualmente legítimos y justificables y, por otra parte, porque, con los principios de legalidad y de seguridad jurídica en la

Página 11


mano, no todos los casos tienen las mismas posibilidades o derechos de reparación ni de reestablecimiento pleno de la situación anterior.


Señorías, en los últimos años se han ido produciendo avances paulatinos, pero importantes, en el reconocimiento de los derechos y de los deberes de los miembros de la Guardia Civil, y son muy diversas las causas que han impulsado esos cambios. En primer lugar -y lo más perentorio-, la adaptación de la normativa corporativa a los requerimientos constitucionales; en segundo lugar, toda la jurisprudencia -alguna se ha citado- habida en estos años de andadura democrática, incluida la generada por los tribunales europeos; y en tercer lugar, la exigencia -creo que quizás es lo más importante- de modernización y de acomodo a la propia evolución de la sociedad española, a la que en definitiva sirve la Guardia Civil, que implica la adaptación del cuerpo y su normativa reguladora a las nuevas realidades, problemas y retos.


El propio concepto de disciplina, inherente a la condición del cuerpo, ha ido evolucionando hacia una concepción más moderna, más garantista de derechos, pero que sigue vinculado a los objetivos de la Guardia Civil, que no son otros que la preservación de los valores esenciales del servicio a los ciudadanos, la garantía de la convivencia democrática y la defensa de la legalidad. En este proceso de modernización y de adaptación a las nuevas realidades, valores y retos de la sociedad, sucesivas normativas han ido deshaciéndose de disposiciones desfasadas, algunas heredadas de otros tiempos y obsoletas en cuanto a su necesidad o a su eficacia. Cabe citar -y SS.SS. las conocen- la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la Ley 11/1991, de régimen disciplinario de la Guardia Civil; la Ley 42/1999, de régimen de personal, o las más recientes leyes 11/2007 y 12/2007, de derechos y deberes y del nuevo régimen disciplinario, que derogaba el anterior régimen. Cada una ha sido necesaria en su momento y entre todas configuran un itinerario de avance paulatino -para algunos, posiblemente lento; para otros, seguro que no tanto- que nos da un panorama actual sin duda muchísimo mejor que el que teníamos. Es innegable el compromiso de este Gobierno con el esfuerzo modernizador y la disposición a llevarlo a cabo del modo más dialogado posible, conjuntando las necesidades sociales con los anhelos corporativos. Los pasos dados, tanto al final de la pasada legislatura como en lo que llevamos de la presente, yo creo que así lo atestiguan.


Centrándonos en los aspectos más concretos de lo que nos plantea la proposición no de ley, no es posible para nuestro grupo aceptar en sus términos -en los términos en los que estaba redactada- la proposición que plantea la señora diputada. Tengo que decirle que me ha gustado mucho el tono, que es muy de agradecer. Aunque coincidamos en una parte de su exposición de motivos, hay precisiones necesarias que hacer a otra buena parte de su exposición de motivos y al texto de la proposición. En primer lugar, se refiere S.S. a los casos en los que, a pesar de las sentencias absolutorias -decía-, la Dirección General de la Guardia Civil abre expedientes disciplinarios por falta muy grave. No todos los casos son iguales y es muy difícil establecer un factor común, pero he traído alguna de esas sentencias referidas incluso a casos citados expresamente en la proposición. En los contenciosos disciplinarios puede verse que, iniciado el expediente administrativo, este tiene que paralizarse -se paraliza- en el momento de abrirse causa penal por los mismos hechos, lógicamente. Las absoluciones de los tribunales se producen sobre el presunto delito de sedición -es un factor común en todas las sentencias que he traído-, momento en el cual retorna el expediente o se reabre el expediente administrativo inicialmente puesto en marcha por la Dirección General de la Guardia Civil. Cuando ya hay una resolución sancionadora por falta muy grave se recurre por vía contenciosa y, en ese caso, los tribunales desestiman dicho recurso y declaran las resoluciones conformes a derecho.


En segundo lugar, se refiere S.S. a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sobre esta, y en general sobre todas las sentencias de dicho tribunal, cabe reconocer un innegable valor declarativo en el derecho interno español, pero no es menos cierto que no tiene efecto directo anulatorio ni ejecutoriedad a cargo de los tribunales españoles, según doctrina del Tribunal Constitucional. Lo realmente importante en este caso es que lo que cuestiona la sentencia del tribunal europeo son las medidas privativas de libertad, como las sanciones de arresto, y estas lógicamente no pueden ser revocadas si están completamente ejecutadas. Pero lo que en ningún caso cuestiona la sentencia es la adopción de medidas disciplinarias contra la tipología de faltas cometidas, mientras no supongan privación de libertad.


En tercer lugar, existe una cuestión competencial que no es baladí. ¿Puede realmente el Gobierno atender a la proposición no de ley tal cual se plantea? En el ar-tículo 88.1 de la ley 42/1999, en el que se atribuye al Consejo de Ministros la facultad de rehabilitar, se refiere a sanciones de carácter penal en los casos de condena principal o accesoria de inhabilitación. Por tanto, no es tampoco el caso de los expedientes administrativos que, de hecho, no tiene causa de nulidad, según recogen nuestros tribunales. Por último, y creo que es lo más relevante puesto que hemos llegado a un acuerdo que es bueno, lo primero que habría que considerar es si los actos sancionados no siguen siendo igualmente punibles a día de hoy. Ya digo que no son iguales. No creo que haga falta recordar aquí el ar-tículo 7, apartados 2 y 3, de la Ley Orgánica 12/2007, del reglamento del régimen disciplinario. Esta es una de las cosas a revisar, es decir, si los hechos que estamos analizando son todavía punibles a día de hoy, lo que no sería poca cosa. Por tanto, es muy razonable la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, porque pretende el análisis caso a caso.


Señorías, para acabar, creo que muchas veces no es solo el qué, sino el cómo de lo que se demanda lo que

Página 12


hace más o menos justo lo demandado y lo hace más o menos legítimo. No justifica el buen fin, cualquiera de los medios practicados. Si me permiten la frase, diré que la justicia debe alcanzarse siempre justamente. Tal vez si no lo hiciéramos así no mereceríamos ni una cosa ni la otra.


La señora PRESIDENTA: ¿Algún otro grupo parlamentario quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervengo únicamente para manifestar nuestro apoyo al texto que se ha pactado en relación con los guardias civiles que, en algunos casos fueron condenados y en otros se les impusieron sanciones disciplinarias como consecuencia de su lucha por el asociacionismo y por su representación. Únicamente quiero decir que esta cuestión no estaría encima de la mesa si recientemente no hubiéramos acordado en este Congreso de los Diputados -no era la posición última de mi grupo, pero sí fue un ámbito de acuerdo- una nueva ley de derechos y deberes de los guardias civiles. No estaríamos discutiendo esto aquí, porque a todas luces, como se ha dicho por parte de algún diputado, hay una diferencia entre lo que son las sentencias de los tribunales y las sanciones que ha adoptado la propia Guardia Civil. En algunos casos incluso, hasta que se llegue a la desmilitarización de la Guardia Civil -cosa con la que nosotros estamos de acuerdo-, será difícil sanar ese tipo de consecuencias. En todo caso, nosotros estamos de acuerdo con esta iniciativa, nos parece adecuada, pero quiero resaltar que la misma es posible porque ha habido una modificación sustancial de la posición de la Cámara en esta materia, al establecer unas responsabilidades y unos derechos en el ámbito de la Guardia Civil cuando ejerce acciones policiales que no existían con anterioridad, porque la Guardia Civil, y sobre todo aquellos que defendían el asociacionismo de la Guardia Civil, se han visto en una pinza; la pinza de la tradición militar de este país vinculada al pasado y la pinza de la autoprotección de la democracia frente a un asociacionismo que en un primer momento, sobre todo en el ámbito militar, no era precisamente demócrata. Hay que manifestar esto para saber dónde nos movemos y cuál es la causa de esta iniciativa acertada que nosotros respaldamos.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señorías, aunque parezca extravagante lo que voy a decir, estoy de acuerdo con todo o con casi todo lo que se ha dicho hasta el momento por todos los portavoces, suponiendo que sus argumentarios se corresponden con sensibilidades diferentes, salvo en una cosa. Cuando se ha glosado por el portavoz del Grupo Socialista la no aplicación directa de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, honestamente creo que comete un error, y lo digo a título de opinión personal. Recomendaría al portavoz que leyera la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia Refah Partisi contra el Estado de Turquía, donde se establece inequívocamente la directa aplicación al ordenamiento jurídico de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante la aplicación de lo que se llama in diritto della applicazione, italianismo que utiliza el propio tribunal, y otras muchas que le podría glosar si el portavoz tiene interés en conocer cuál es el carácter de la jurisprudencia de este tribunal. Dicho lo cual, señora presidenta, está casi todo dicho.


Comparto el argumentario de la señora Díez en sus propios términos, y lo digo porque es una manifestación de carácter inusual, ahora bien, no por ello no deja de ser políticamente normal, y quiero que haya una constancia en el "Diario de Sesiones" de esta circunstancia. La lucha por los derechos y libertades de un cuerpo como el de la Guardia Civil, que por estas distorsiones semánticas que produce la política se llama Guardia Civil cuando se trata de un instituto de carácter militar, se ha complicado notablemente y está afecta -como ha dicho la portavoz del Grupo Popular- por un régimen disciplinario ajeno a los regímenes disciplinarios de los cuerpos de funcionarios civiles del Estado, soportando el gravamen adicional que esto siempre conlleva. Esta lucha ha provocado un uso en muchas ocasiones exorbitante y excesivo de las potestades disciplinarias de la Administración del Estado, además de forma dual, porque hay una dependencia dual de este cuerpo, por una parte militar y por otra civil, del Ministerio del Interior, y esta lucha es digna de admiración porque nos ha llevado a conseguir leyes como la de Derechos y deberes de la Guardia Civil, imperfectas e inconclusas porque todavía en el ámbito del reconocimiento de los derechos y deberes de la Guardia Civil hay un trecho muy largo que recorrer en distintos derechos que la Constitución preconiza para todos los ciudadanos cualquiera que sea su profesión, su condición o la naturaleza jurídica del cuerpo al que pertenezca. Ha provocado consecuencias disciplinarias excesivas. Que el exorbitante uso del derecho punitivo ha provocado consecuencias indeseables es verdad, y el argumentario de la señora Díez lo ha glosado con lucidez. Hay que individualizar los casos, porque no todas las conductas de los sancionados o de los absueltos y a los que después se ha reiniciado por la necesaria abstención, dado que el procedimiento punitivo administrativo tiene que producirse cuando haya una actuación de naturaleza jurisdiccional, son iguales. Quizás se requiera una individualización del análisis de las conductas, pero el fondo del asunto es el mismo. El señor portavoz del Grupo Socialista -en esto le doy toda la razón, no en lo relativo a la naturaleza de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- ha dicho una cosa muy importante.
Aquí hay una deuda todavía pendiente con la Unión Militar Democrática; yo no sé porque no ha usado con nombres

Página 13


y apellidos la institución o la organización a la que se refería. Tenemos muchas deudas pendientes en la transición política de este país y esta es actual, es coetánea; nos corresponde a nosotros, y solo por esa razón mi grupo parlamentario va a votar a favor de la iniciativa.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Díez por si se quiere pronunciar sobre la enmienda, aunque prácticamente ya ha quedado aceptada.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, gracias, ya está dicho. Le pasaré a la Mesa el texto.


La señora PRESIDENTA: Señorías, agradezco las intervenciones de todos en este debate. Aunque no parezca normal, es muy agradable que se produzcan acuerdos en este ámbito como en cualquier otro.


- SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000055.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto 3.º antiguo, sobre la prevención de la tortura y otros malos tratos en los centros de detención, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: El artículo 15 de la Constitución española proclama el derecho a la vida, la integridad física y prohíbe la tortura y los tratos o penas inhumanas, degradantes en todas las circunstancias.
La ley penaliza también los actos de funcionario público que, faltando a los deberes del cargo, permita que otra persona cometa tortura o malos tratos, tal y como reza la Ley Orgánica del Código Penal. Aunque en España no se tortura en democracia, al menos de forma sistemática, los periódicos informan esporádicamente de algún caso de agresiones físicas durante detención o traslado y en las propias comisarías y cuarteles.


No se trata aquí de recordar antiguos casos de tortura, herencia de la dictadura, se trata más bien de los malos tratos que se producen de forma discreta, por iniciativa individual de determinada gente sin la menor orientación u orden dictada por sus superiores. Hoy, los informes de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, u organismos oficiales como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa vienen expresando su honda preocupación por la existencia de estos casos de tortura, tratos crueles o degradantes infringidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aunque sea de forma esporádica.


Según el informe Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de malos tratos, Amnistía Internacional ha investigado casos de personas que informaron de haber recibido golpes, puñetazos e insultos de agentes de policía incluso estando esposados y bajo custodia policial. En sus denuncias estas personas aseguran que los agentes les amenazaron con una pistola, les azotaron en las plantas de los pies o les amenazaron de muerte. Estas denuncias fueron investigadas por Amnistía Internacional y contrastadas con los sindicatos policiales, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, de tal modo que en sus conclusiones se afirma que estos actos no son únicamente hechos aislados o excepcionales sino que se producen en nuestro país de forma demasiado frecuente. Igualmente se concluye que la falta de medidas por parte de sucesivos gobiernos para prevenir el problema ha alimentado un cierto clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos casos de maltrato. La reputación de la inmensa mayoría de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que lo hacen bien, que cumplen con su deber con profesionalidad, se ve empañada injustamente por estos actos de una pequeña minoría de infractores. Por eso es tan importante que se transmita a los funcionarios y al público en general el mensaje claro de que los malos tratos a personas detenidas están absolutamente prohibidos y tienen repercusiones penales y disciplinarias, dando instrucciones a sus mandos de que hagan otro tanto.


Habría que estudiar con especial atención los casos de malos tratos a extranjeros indocumentados y reflexionar sobre determinados aspectos del régimen de incomunicación en España para que se establezcan las garantías pertinentes de que en ningún caso puedan producirse malos tratos durante este delicado periodo. Hasta que el Gobierno no adopte medidas efectivas y protocolos para investigar las denuncias de malos tratos y poner a todos los responsables a disposición judicial, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estarán sin duda por encima de ella.
Lo importante es que España cumpla su obligación jurídica de prevenir la tortura y otros malos tratos siendo parte de diversos tratados internacionales para la prevención y el castigo de estos delitos, así como la debida reparación a las víctimas. Entre ellos figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cabe recordar que España ratificó el 6 de abril de 2006 el Protocolo facultativo de convención contra la tortura, que le impone, entre otras, la obligación de mantener, designar o crear uno o varios organismos que realicen visitas periódicas a todos los lugares donde haya personas privadas de libertad a fin de impedir los malos tratos. También España ha aprobado el Plan de Derechos Humanos.


Por todo ello, esta proposición no de ley insta al Gobierno a adoptar con carácter urgente las medidas

Página 14


legislativas judiciales y administrativas para prevenir la tortura y otros malos tratos en los centros de detención y a acometer específicamente las reformas oportunas que permitan la instalación en los centros de detención de cámaras de videovigilancia, con el objetivo de garantizar una investigación independiente, imparcial y efectiva de las denuncias de las víctimas, que permita llevar a las personas responsables de tales violaciones ante la justicia para que sean sometidas a un juicio justo.
Esta medida que se propone no es nueva ni en el marco europeo ni tampoco en nuestro país. Se está adoptando por parte de las policías autonómicas y creemos que también debe ser adoptada en el marco del Ministerio del Interior.


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. Para su defensa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Guerra.


La señora GUERRA GUERRA: Señor Llamazares, quiero darle las gracias personalmente porque he tenido muy pocas tardes como esta en el Congreso, en la que una proposición no de ley nos da la oportunidad de defender los derechos humanos como personas más que como diputados, aunque no estemos de acuerdo con la exposición de motivos.


Señor Llamazares, no estamos de acuerdo con la exposición de motivos, cuando dice usted que no son hechos aislados y excepcionales. El Grupo Popular cree que sí lo son, pero eso no quita para nada que con uno solo caso de maltrato tengamos la obligación moral de trabajar y de hacer todo lo que podamos para que esto no ocurra en ningún caso. En su exposición de motivos comenta la falta de voluntad política para poner en marcha medidas, y dice que resulta urgente que el actual Gobierno adopte medidas legislativas, judiciales y administrativas para prevenir la tortura y otros malos tratos.


El Gobierno presentó el Plan de Derechos Humanos, un plan que se aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros el día 12 de diciembre de 2008. Este plan recogía, en su capítulo 7, libertad personal para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las garantías legales de los detenidos y el mecanismo nacional para la prevención de la tortura. Después de nueve meses, no se ha hecho absolutamente nada de esto. Además, se iba a crear una comisión de seguimiento, en la que se establecían diferentes puntos.
Uno de los puntos decía: El Gobierno creará una comisión de seguimiento del plan que estará formada por miembros del Ejecutivo, de la sociedad civil y del Defensor del Pueblo. Otro de los puntos era: La comisión estará presidida por el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. Otro punto: La sociedad civil estará representada por miembros de organizaciones no gubernamentales, institutos universitarios y de derechos humanos y expertos independientes en derechos humanos.
Siguiente punto: El Defensor del Pueblo tendrá un representante en la comisión. Siguiente punto: La comisión evaluará la ejecución de las medidas del plan y elaborará propuestas para ser incluidas en el mismo.
Siguiente: El Gobierno podrá ir incorporando nuevas medidas al plan e iniciativas propias de la comisión de seguimiento y de los ciudadanos particulares. Siguiente: La comisión de seguimiento en pleno se reunirá dos veces al año en cada semestre. Siguiente: Asimismo, se podrán convocar reuniones sectoriales para evaluar aspectos concretos del plan.
Por último: El presidente de la comisión comparecerá anualmente ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para dar cuenta del estado de ejecución de los compromisos adquiridos con el Plan de Derechos Humanos.


Está claro que el Gobierno ha hecho un documento hace nueve meses que se ha quedado solo en papel. Si no fuera así, seguro que esta tarde no estaríamos hablando de este tema. Le voy a decir algo más. Usted incorpora a su texto que el paso siguiente y decisivo sería, siguiendo las recomendaciones de la ONU, la instalación de videocámaras. En este plan se recoge -y así queda el punto- que se abordarán las medidas normativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de grabar en las comisarías en soporte audiovisual todo el tiempo que permanece en las dependencias policiales el detenido sometido a régimen de incomunicación.


Nosotros hemos enmendado el texto. Creemos que el objetivo principal de la instalación de estas cámaras en las comisarías y acuartelamientos de la Guardia Civil es defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las falsas denuncias de los detenidos e impedir que se puedan realizar malos tratos a los detenidos en las comisarías. Sabemos que tanto la Ertzaintza, en 2005, como los Mossos d'Esquadra, en 2007, han instalado estas cámaras en sus dependencias policiales y la experiencia ha sido muy positiva. Por otra parte, la seguridad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se vería reforzada si, además de en el interior, estas cámaras se instalaran en el exterior como vigilancia de posibles altercados y ataques terroristas. Eso es lo que proponemos y para ello hemos presentado una enmienda de modificación. El primer punto dice: Cumplir con el compromiso de instalar cámaras de videovigilancia en comisarías y acuartelamientos de la Guardia Civil, con el fin de asegurar un trato correcto y humanitario a los detenidos, así como garantizar la integridad profesional de los funcionarios ante posibles denuncias falsas. El segundo punto dice: Instalar en el exterior de los recintos policiales sistemas de videovigilancia que garanticen su seguridad. El tercer punto dice: En el marco de los planes del Gobierno de mejora de las comisarías y de los acuartelamientos de la Guardia Civil, incluir actuaciones específicas para la mejora de los calabozos, acorde con las condiciones higiénicas y de dignidad que todo ser humano se merece.


Esta tarde estamos hablando de un tema muy importante, sobre todo por la tranquilidad y la seguridad de la sociedad en general, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Página 15


del Estado y de todas aquellas personas que puedan ser detenidas. Por todo ello, mi grupo pide al proponente que tenga en cuenta esta enmienda de modificación y la acepte.


La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Álvarez.


La señora ÁLVAREZ OTEO: Señora presidenta, relataré los argumentos de mi grupo parlamentario, que concluyen en una enmienda de sustitución que se ofrece al grupo parlamentario proponente para su votación.


El informe de Amnistía Internacional que sirve de base a la proposición no de ley del grupo proponente parte del relato de un total de quince casos de denuncias de supuestos malos tratos policiales producidos entre los años 1998 y 2007, hechos que consideramos constituyen una auténtica excepción. Estamos hablando de un colectivo cercano a 140.000 personas, que realizan cada año miles de actuaciones policiales legítimas y que practican, en el ejercicio de las funciones de protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, miles de detenciones conforme a los procedimientos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, este carácter claramente excepcional no merma de forma alguna la firme voluntad de este grupo parlamentario y del Ministerio del Interior de investigar y castigar cada caso que se confirme hasta la total erradicación de estas conductas en aplicación del principio de tolerancia cero.


En la investigación y sanción de estas conductas se han utilizado los medios e instrumentos de nuestro Estado de derecho. Para ello, se ha contado con la absoluta colaboración del Gobierno en cuantas investigaciones se han abierto. Los juzgados y tribunales han investigado y dictado resolución en la totalidad de los casos planteados en el informe de Amnistía Internacional. Además de la independencia de los jueces y tribunales, el Estado de derecho cuenta con otros instrumentos de supervisión como el Defensor del Pueblo, con competencias y medios adecuados para investigar cualquier actuación irregular de la Administración o de sus agentes, así como de los propios servicios de inspección del Ministerio del Interior, cuyas funciones y autonomía han sido reforzadas al máximo durante la pasada legislatura para ayudarles a detectar cualquier situación irregular.


El Ministerio del Interior ha reforzado los instrumentos para garantizar la adecuación del funcionamiento de los servicios policiales a la ley y al derecho; ha aprobado la Instrucción 7/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre el procedimiento de tramitación de las quejas y sugerencias que formulen los ciudadanos; ha aprobado la Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial; ha aprobado la Instrucción 13/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, relativa al uso del número de identificación personal en la uniformidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Además, como se ha mencionado también por los que me han precedido en el uso de la palabra, tras la aprobación del Plan nacional de derechos humanos, el Ministerio del Interior trabaja en las siguientes iniciativas que se derivan del mismo: la elaboración de una nueva instrucción que modifique la actual regulación de los libros de registro y custodia de detenidos existentes en todas las dependencias policiales para mejorar la información que recogen y en concreto poder conocer de manera fehaciente en todo momento aquellas incidencias que se produzcan en el periodo transcurrido entre la detención de un ciudadano y su puesta a disposición judicial o en libertad; el diseño de una aplicación informática que permita recopilar datos actualizados de casos que puedan suponer una extralimitación o vulneración de los derechos de las personas que se encuentren bajo custodia policial. Asimismo, para abundar en el cumplimiento del Plan nacional de derechos humanos, se abordarán los medios normativos y técnicas necesarias para dar cumplimiento a la recomendación de los organismos de derechos humanos de grabar en vídeo u otro soporte audiovisual todo el tiempo de permanencia en las dependencias policiales del detenido sometido a régimen de incomunicación.


Por lo que se refiere a la posibilidad de extender la videovigilancia a un mayor número de dependencias policiales, el proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior, se encuentra en fase de estudio. El mismo presenta una importante complejidad técnica y jurídica derivada, entre otros aspectos, de la necesidad de cumplir la legislación española en materia de protección de la intimidad y custodia de registros que contengan datos personales.


Con el relato de estos argumentos, esperamos que la enmienda de sustitución satisfaga al grupo proponente y que su iniciativa pueda ser aprobada.


La señora PRESIDENTA: El diputado señor Llamazares me ha pedido que le excuse porque ha tenido que ir a otra Comisión y ha comunicado a la Mesa que aceptaría la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición no de ley. Por tanto el debate de la misma queda finalizado.
¿Algún grupo quiere intervenir? Pasamos al siguiente punto del orden del día. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.) Perdón.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Le reconozco honestamente mi desconocimiento de los requerimientos reglamentarios, pero no sé si con la ausencia del autorizado para aceptar enmiendas se concluye el debate o se puede fijar posición.


Página 16


La señora PRESIDENTA: En el sentido de que cada grupo ha manifestado y ha defendido sus posiciones. Luego se votará lo que se haya de votar, pero sí expreso la voluntad manifestada por el grupo proponente de aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. En cualquier caso eso ya depende de la votación de cada cual.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No, si la pregunta es si hay un turno de intervención o si es imposible.


La señora PRESIDENTA: Si vuelve, se lo preguntaremos. Ah, usted tiene turno, por supuesto, he dicho antes que si algún grupo quiere intervenir sin necesidad de que tenga que fijar posición con respecto a las enmiendas, puede hacerlo. Claro que sí. Es que había entendido que no iba a intervenir. Perdón.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Lo habrá entendido mediante algún tipo de suerte o facultad paranormal porque no nos ha dado la oportunidad de manifestarlo pero, al margen de eso, señora presidenta, y dada la relación amistosa que nos une, solo quiero decir que si el señor Llamazares, autor de la iniciativa, acepta las enmiendas nos debemos congratular todos porque esta Comisión está resultando ya en sí misma extravagante por su propia naturaleza, porque están siendo objeto de aceptación por unanimidad prácticamente todas las iniciativas que se presentan, lo cual no obsta que se pueda hacer alguna reflexión o algún obiter dicta. Por ejemplo, diré que evidentemente los argumentos del señor Llamazares son ciertos; que existen torturas es obvio porque, si no, no existirían 70 funcionarios policiales condenados por sentencias firmes por la práctica de torturas. Hay denuncias de Amnistía Internacional perfectamente acreditadas y las más relevantes, en opinión de mi grupo parlamentario, son las del relator de Naciones Unidas sobre la tortura en España, que las vincula a la existencia de una legislación antiterrorista que posibilita periodos de internamiento de cinco días de duración, que sobrepasan ampliamente el límite constitucional, lo cual provoca lo que él entiende como espacios de impunidad donde la práctica de torturas no se propicia pero es posible cuando menos. Hay que erradicar estas prácticas y yo me alegro mucho de que los portavoces de todos los grupos se hayan manifestado sobre la pertinencia de la existencia de videovigilancia en estos centros de detención. Yo quería realizar una aportación o una invocación de lo pertinente que resulta en los tiempos que corren la videovigilancia, ya implantada por los Mossos d´Escuadra y por la Ertzaintza en sus centros de detención, que es un elemento que garantiza evidentemente la realización de prácticas aberrantes, que tendrán naturaleza excepcional, no digo que no, pero que ha provocado condenas serias y severas de instituciones prestigiosas al Estado español por la realización de prácticas de tortura.


Esto es lo que yo quería decir, señora presidenta, no sé si con corrección reglamentaria o mediante alguna suerte de interpretación heterodoxa de los requerimientos del Reglamento, que usted siempre con tanta lucidez interpreta.


La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, es mucho más sencillo que la interpretación reglamentaria. Entendí por su gesto que no quería hacer uso de la palabra, solamente, y ya veo que lo interpreté mal, pero no el Reglamento, sino su gesto.


- SOBRE LAS MISIONES MILITARES DE LA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000195.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4.º del orden del día, sobre las misiones militares de la Guardia Civil. Para su defensa tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Intentaré ser extraordinariamente breve porque tenemos un orden del día excepcionalmente largo, de lo cual me siento responsable en buena medida en nombre de mi grupo.


La verdad es que hay varias razones que justificarían la presentación de esta proposición no de ley, pero bastaría con mencionar que es un mandato legal contenido en la Ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil, que se aprobó en octubre del año 2007, por el que el Gobierno se obliga -en su disposición final tercera- a aprobar un real decreto que defina las misiones de naturaleza militar de la Guardia Civil. Lo cierto es que ese plazo de seis meses está más que caducado. De hecho, tenemos ya un año de retraso en lo que debería haber sido el cumplimiento estricto de esa ley y lo que mi grupo, antes que nada, ha querido con esta iniciativa es hacer una llamada de atención al Gobierno para que cumpla lo que la ley establece y apruebe este real decreto de misiones de naturaleza militar.


La cuestión tiene además importancia desde el punto de vista de la seguridad jurídica de los miembros de la Guardia Civil. Como esa misma ley desarrolla, la aplicación de un régimen disciplinario u otro, e incluso la aplicación de un Código Penal u otro, está en función de cuál sea la naturaleza de la misión que desarrolla el guardia civil en cada momento. Por tanto, cuando no existe una regulación ni una definición de qué se entiende por misión militar, esto genera necesariamente una situación de incertidumbre en la que el guardia civil no sabe bien ni qué régimen disciplinario le es aplicable ni qué Código Penal le es aplicable en función de la misión que está realizando en cada momento. Nosotros entendemos que hay urgencia en desarrollar este reglamento.


Por último, ya que he prometido ser extraordinariamente breve, no estamos ante la necesidad de regular

Página 17


algo que hipotéticamente se pueda producir en el futuro, sino que, de hecho, en este momento hay guardias civiles que se encuentran desempeñando misiones de naturaleza militar de forma muy clara en el exterior, dado que se encuentran incluso encuadrados en unidades militares, ya sea en Afganistán, Líbano u otras misiones que en estos momentos desarrollan las Fuerzas Armadas españolas. De lo que se trata es de regular un hecho real que se está produciendo y que incide en mayor medida en esa urgencia con la que mi grupo, espero que con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, insta al Gobierno a regular una materia que sin duda tiene su complejidad, pero que en ningún caso puede ser excusa para someter a los guardias civiles al vacío legal que en este tema concreto padecen en el momento actual. Cumpliendo mi palabra, no voy a dar más argumentos con los que fuera posible extenderme.


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. Pregunto a los grupos parlamentarios presentes si quieren intervenir. (Pausa.) Tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Brevísimamente, presidenta, para saludar positivamente la iniciativa que ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Como él bien ha dicho, no se trata solamente de instar al Gobierno a que cumpla con su obligación de publicar este real decreto por mandato del Congreso, sino que es necesario que distingamos perfectamente lo que son cada una de las misiones en el exterior en las que está la Guardia Civil, y que lo adecuemos a la realidad que se viene dando de facto en la Guardia Civil desde que se inició lo que podríamos llamar su periplo por el mundo, que no es otra que su participación en misiones bien distintas unas de otras; misiones internacionales, bien incardinadas en unidades militares como policía militar, que son las más residuales, o bien como policía civil bajo el auspicio de la ONU o de la Unión Europea, estas últimas las más numerosas. Me planteo incluso la reflexión, no sé si viene a cuento o no, de si no debiéramos de llamarles misiones de apoyo a la defensa, pero eso será objeto del real decreto, y plantear cuáles son militares y cuáles no lo son porque con ese título genérico a lo mejor teníamos más capacidad para distinguir luego cuáles eran de una característica o de otra y, por tanto, entender bien cuál es el código que se les aplica en cada caso o el régimen por el que se organizan. En todo caso, me parece una propuesta necesaria y oportuna, no solo por la apelación al cumplimiento de remitir a la Cámara el real decreto, sino porque urge ya que distingamos exactamente las características, el contenido y el régimen de cada una de las misiones en las que está la Guardia Civil.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, si quiere intervenir, el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ha comentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que no hay ninguna enmienda presentada. Obra en mi poder una manuscrita, suscrita por dos grupos.


La señora PRESIDENTA: Hay un punto que también se refiere a la Guardia Civil en misiones internacionales que sí tiene enmienda, pero el punto que estamos viendo en este momento no tiene ninguna, que yo sepa. Al menos nosotros no tenemos ninguna en la Mesa.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, ya veo que es la 161, señora presidenta.
Pero me sorprende que no haya una enmienda de signo parecido o una oferta de transacción de signo similar al ofertado a la otra, y lo lamento, porque me parece que está muy puesta en razón la transacción en relación con la segunda que glosaremos en el momento procesal oportuno. Pero dada la situación y falta de consenso, para no provocar un efecto anticlima en una comisión tan proclive y proactiva al consenso como esta, mi grupo se abstendrá.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Corcuera.


El señor CORCUERA PLAZA: Señora presidenta, creo que hay varias confusiones. En primer lugar, señor Olabarría, por supuesto, no hay enmienda porque el Grupo Parlamentario Socialista está a favor, simplemente por eso. Hemos llegado a un acuerdo, no hay ningún tipo de confrontación y por eso no hay enmienda. No se sorprenda usted. Eso es posible. De hecho, así es. (Risas.) Me acaba de cortar usted mi intervención, que quería comenzar valorando de forma positiva la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Pero me alegro que haya tenido la oportunidad de poderlo decir. Desde ahora ya le digo -se lo quería decir antes de que usted tuviera esta confusión- que, como no podía ser de otra forma, puesto que para el Grupo Parlamentario Socialista es fundamental la modernización de la Guardia Civil y la mejora de las condiciones de trabajo de sus miembros, la votaremos a favor.


Señorías, fue mi grupo quien impulsó y buscó el consenso en esta Cámara para mejorar sustancialmente la vida personal y profesional de los guardias civiles. Este es el objeto de leyes tan importantes que ya se han mencionado, como la Ley reguladora de los derechos y deberes o la Ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil, a la que ustedes hacen referencia en su proposición no de ley. Porque, señorías, se mejora la vida de estos trabajadores públicos cuando se les reconocen derechos que desde hace mucho tiempo tienen otros cuerpos. Se mejora su vida profesional cuando se establece un régimen disciplinario con más y mejores garantías jurídicas y se prescinde de figuras arcaicas, injustas e injustificables. Se mejora la vida profesional y personal de los guardias civiles cuando se les hace más libres para ejercer sus derechos individuales y colectivos. Estas

Página 18


leyes forman parte de un proyecto global respecto a la Guardia Civil que se ha concretado en muchas otras iniciativas del Gobierno para modernizar y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Son unas leyes cargadas de una ideología y de un simbolismo que viene impregnando el Gobierno en gran parte de las iniciativas de proyectos de ley de la pasada legislatura y también de esta. Una ideología que persigue ampliar los derechos de las personas y de los colectivos, una ideología que pretende y busca fortalecer y mejorar el ejercicio pleno de la ciudadanía. De esta entrada de la Guardia Civil en el siglo XXI fuimos responsables todos los grupos de esta Cámara. Mejor dicho, no todos, casi todos. Por eso me alegra muchísimo que el grupo que no votó estas leyes ahora reivindique su rápido desarrollo. ¿Cómo vamos a estar en contra de ello, señor Olabarría, señor Cosidó? Todo lo contrario. Nos alegra que compartan nuestra preocupación por las mejoras que estas leyes han ido incorporando. Estamos de acuerdo en que deberían de haberse regulado ya las misiones de carácter militar que se encomiendan a la Guardia Civil.
Por eso vamos a apoyar su proposición no de ley. Pero, señores del Grupo Popular, saben ustedes perfectamente que a veces no se puede legislar a la velocidad que uno quisiera. Lo saben bien porque ya en julio de 1997, ustedes iniciaron la tramitación de la regulación que hoy nos reclaman en su proposición no de ley. Dicho proyecto fue promovido entonces por la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, tras sucesivas versiones que fueron acogiendo diversas sugerencias, y fue asombrosamente paralizado en el año 2003 a instancias de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior. El proyecto llegó a contar incluso con el dictamen del Consejo de Estado, que formuló sus observaciones en mayo del año 2002. Pudieron haberlo regulado entonces, pero no lo hicieron. ¿No tuvieron suficiente tiempo o quizás no les interesó hacerlo entonces? No se preocupen, a nosotros sí que nos interesa. Aunque sea con unos meses de retraso, esta vez sí que se va regular.


Como saben, actualmente se está tramitando por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa el proyecto de real decreto que ha de regular las misiones militares encomendadas a la Guardia Civil. Como saben también, como consecuencia de la aprobación de la Ley orgánica de la defensa nacional, fue necesario realizar una nueva versión que divergía en muchos aspectos de las anteriores redacciones existentes, lo que conllevó un nuevo retraso. Y que conste que no quiero buscar una justificación en ello. El proyecto ha sido enviado ya por el Ministerio de Defensa para su informe a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y una vez concluido, le será remitido a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior para continuar así el trámite legalmente establecido. Además, nos consta, señorías, que todos los órganos que intervienen en la tramitación del citado proyecto desarrollan su actuación con la mayor celeridad, a fin de que sea aprobado lo antes posible. Pero, señorías, estén seguros de una cosa, aunque sea con unos meses de retraso, esta vez sí que va a haber la voluntad de regular esa materia. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, por haber sido aludido. Voy a hacer dos aclaraciones muy pequeñas y relevantes en su contenido. Le aconsejaría al señor Corcuera, para que tenga un conocimiento más cabal de lo que metafísicamente es posible o imposible, que relea la Crítica de la razón pura, de Kan. Mi grupo no tiene que mirar lo que va a hacer el Grupo Socialista para saber si se tiene que abstener, votar en contra o a favor. Eso concluye una cuestión. En segundo lugar, pediría cierta coherencia porque cuando se va a votar a favor de una proposición de ley lo que no se puede hacer es una refutación del contenido íntegro de lo que se está proponiendo. Eso sí que me parece manifiestamente incoherente.


La señora PRESIDENTA: No vamos a entrar en la cuestión de debate porque este punto ya está debatido.


- SOBRE INFORMACIÓN A LA COMISIÓN DE INTERIOR DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS MISIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN EN LAS QUE PARTICIPEN MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000447.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 5.º Proposición sobre información a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados de las misiones internacionales de pacificación en las que participen miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para su defensa tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Sin ánimo de reabrir el debate del punto anterior, sí quiero decir que después de la intervención del señor Corcuera las dudas del señor Olabarría podrían incluso acrecentarse sobre cuál va a ser el sentido del voto que, en todo caso y por lo que nos ha parecido entender, parece que va a ser positivo, lo cual agradezco. Pero no voy a reabrir el debate anterior porque, además, creo que reglamentariamente tampoco procedería.


Según una respuesta parlamentaria que me dio el Gobierno en el mes de noviembre del año 2008, en ese momento existían -esta información era referida exclusivamente a la Guardia Civil, no al Cuerpo Nacional de Policía- 286 guardias civiles realizando misiones en el exterior. Estos guardias civiles estaban en países y escenarios de conflictos tan peligrosos y tan arriesgados

Página 19


como Afganistán, Bosnia, Congo, Haití, Timor Oriental, Kosovo o Líbano. De estos guardias civiles, 122 se encontraban encuadrados en operaciones de paz, seis en misiones de asistencia técnica y 53 en funciones de cooperación policial internacional. Lo cierto es que no tenemos las cifras actuales, pero es muy posible que en estos momentos este número se haya incrementado porque se han puesto en marcha nuevas misiones, entre otras una muy relevante de formación de las fuerzas de seguridad afganas en el marco de la Gendarmería europea de la que la Guardia Civil forma parte. Insisto en la certeza de que, sin disponer de los datos -y ese es el motivo de esta proposición de ley-, hay un número significativo de policías nacionales que se encuentran también encuadrados en este tipo de misiones.


Ayer, en el Pleno del Congreso, no de forma unánime porque se opuso el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya pero sí con un amplio acuerdo del resto de grupos, establecimos una propuesta de modificación del Reglamento en la que se exigen muchas cosas para autorizar el envío de miembros de las Fuerzas Armadas a misiones internacionales, como que sea un acuerdo del Pleno y no de Comisión -como venía ocurriendo hasta ahora-, que en el seno de la Comisión de Defensa se cree una subcomisión específica para tratar de estas materias y recabar y recibir toda la información pertinente y detallada por parte del Gobierno, y también que en el marco de esa Comisión haya una comparecencia anual del Gobierno para informar sobre una memoria anual acerca del desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Son muchos los requisitos que ayer, de forma prácticamente unánime, se aprobaron en el Pleno del Congreso de los Diputados. Nosotros, en lo que se refiere a fuerzas de seguridad, no pedimos en absoluto los mismos procedimientos que existen para las misiones de las Fuerzas Armadas, y no lo hacemos por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque cuando esas misiones se producen en escenario de guerra abierta o conflicto, necesariamente van encuadrados en unidades militares, por lo que ya es la propia Comisión de Defensa y en este caso el acuerdo del Pleno el que daría cobertura a esa posible participación de miembros de las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, porque las misiones estrictamente policiales he de decir que cada vez son más abundantes, más relevantes e importantes en el contexto de las operaciones de paz. Dichas misiones nacieron como operaciones estrictamente militares pero, con el paso del tiempo, han tenido un componente civil mayor, del cual la participación policial es cada vez, insisto, más numerosa y decisiva. Por tanto, no pedimos lo mismo pero sí que esta Comisión tenga un mínimo conocimiento de cuáles son los efectivos, cuáles son las misiones, cuáles son los costes y -muy importante también- cuáles son los riesgos que están corriendo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles que se encuentran desarrollando este tipo de funciones en el exterior. Por tanto, no pedimos -porque casi seguro que, a pesar del buen clima de la Comisión de esta tarde, algún tipo de reproche podemos recibir por parte del Grupo Socialista- la exigencia de una autorización para el desarrollo de las misiones; lo que sí pedimos, insisto, es un mínimo mecanismo de información para que, por lo menos, esta Cámara, a través de su Comisión de Interior, tenga un conocimiento de cuáles son las misiones que se están desarrollando.


Nosotros pedimos dos cosas más en nuestra proposición de ley. En primer lugar, la existencia de un crédito ampliable como el que existe para las misiones que desempeñan las Fuerzas Armadas en el exterior. Pedíamos esto porque tenemos constancia de que se han producido problemas en la financiación de algunas de estas misiones que, incluso, han conducido a retrasos en el pago de las dietas a miembros de las fuerzas de seguridad que estaban participando en estas misiones. A nosotros nos parece que a un policía nacional o a un guardia civil que se encuentra en Afganistán, Congo o Líbano -me da igual cuál- lo menos que debe hacer el Estado es pagarle puntualmente los haberes y dietas a los que tenga derecho ese funcionario al que se le está pidiendo un esfuerzo muy relevante. Había una segunda razón que nos parecía también importante y es que todos somos conscientes, y más en estos momentos, de que hay serias restricciones en el capítulo de gastos corrientes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nos parece que es injusto detraer recursos que deben estar dedicados a la seguridad ciudadana de todos los españoles para emplearlos en este tipo de misiones en el exterior. Creemos que debe tener una financiación específica y que, además, fuera de carácter ampliable.
También pedimos que en este tipo de misiones policiales hubiera una información previa a la Comisión y no solamente un balance anual del que pudiera informar el ministro.


En aras de alcanzar el consenso que está caracterizando esta Comisión y que a mí me parece especialmente relevante porque estamos hablando, por un lado, de un instrumento de la política exterior del Estado y siempre hemos definido la política exterior como uno de los elementos troncales de lo que deben ser las políticas de Estado y, por otro lado, de unas misiones que en muchos casos conllevan un riesgo importante para estos efectivos, a la espera de ver cuál es la posición del Grupo Socialista, a mí me congratula que hayamos llegado a esta fórmula de consenso, ya firmada, que exige básicamente tres cosas: la elaboración de un informe anual para ser remitido a esta Comisión; en segundo lugar, una comparecencia del Gobierno para explicar y, en su caso, poder los grupos de la oposición o el grupo del Gobierno hacer nuestras reflexiones y nuestras aportaciones a las misiones que se están desarrollando por parte de las fuerzas de seguridad y, en tercer lugar, establecer un mecanismo de financiación que no es estrictamente el que nosotros habíamos propuesto de un proyecto ampliable pero que recoge la necesidad de que exista una financiación específica para este tipo de misiones.


Página 20


Me he alargado un poco más en esta segunda cuestión pero me parecía que había que explicar algunas cosas y únicamente me queda felicitarme por que en este punto hayamos podido encontrar un consenso, espero que no solamente en el voto sino incluso en el discurso.


La señora PRESIDENTA: En cualquier caso, como hay presentada una enmienda, tiene la palabra el portavoz de Grupo Parlamentario Socialista para defender su posición aun a sabiendas de que ya se ha transaccionado.


Tiene la palabra el señor Canongia.


El señor CANONGIA GERONA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Cosidó, celebro sus palabras y su tono por una vez, aunque sea tan solo por una vez. Al final hemos podido llegar a un acuerdo pero todos sabemos que cuando usted presentó esta proposición no era para llegar a donde hemos llegado, usted tenía otras intenciones y al final ha tenido que ir dándose cuenta de que eran imposibles de cumplir, entre otras cosas porque cuando usted ejercía responsabilidades sabe que no las cumplían y ni se hubiera imaginado nunca pensar cumplirlas o hacerlas.


Su proposición tenía un primer punto que decía: informar con carácter previo a la Comisión de Interior de dicha Cámara del envío de cualquier contingente de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en misiones de paz al extranjero. Este primer punto para nosotros es trascendente, muy trascendente. Una cosa son las misiones de todos conocidas, las misiones en guerra, que son las que requieren la autorización del Congreso, y otras son las que usted muy bien ha definido como de cooperación de policía internacional. Estas operaciones son muy importantes para el servicio de exteriores y para nuestra diplomacia también, y además siempre son misiones pedidas por organismos internacionales, básicamente por la Unión Europea o por Naciones Unidas, y a las cuales hay que dar respuesta con mucha rapidez; no podemos estar con los trámites habituales para enviar contingentes de guerra, que es otro motivo de desplazamiento de tropas. Una vez usted ha entendido que esto no era asumible ha sido fácil llegar a un acuerdo, este es el tema vital; ha sido fácil llegar a un acuerdo porque evidentemente a este Gobierno la transparencia no le falta, a este ministro información no le falta, este Congreso se puede quejar de muchas cosas pero seguro que los diputados de esta Comisión no nos podemos quejar de que el ministro -el Ministerio- de Interior no nos dé información, no se persone, no venga, no comparezca, etcétera. Por lo tanto, enseguida ha sido facilísimo ponernos de acuerdo. Como también ha sido facilísimo ponernos de acuerdo en el tercer punto porque aquí sí le tengo que reconocer que ha habido algunos momentos en que ha habido problemas de financiación para hacer frente a los gastos producidos por las fuerzas allí destacadas, ya sean policías nacionales ya sea Guardia Civil, y evidentemente este es un tema subsanable. Al final todo se ha solucionado porque se ha hecho a través de las contingencias comunes porque no se consideraba hasta ahora necesario por el volumen de efectivos que había que hubiera una partida propia, pero si debe haberla, que la haya, no tiene que ser este el problema, lo que es obvio es que si alguien está trabajando en el exterior debe cobrar por ello, solo faltaría, y por lo tanto aquel al que el Gobierno le haya podido retrasar el pago, en nombre del Grupo Socialista yo quisiera pedirle disculpas, si alguien se ha visto afectado, pues yo creo que esto no debe producirse más.


Simplemente lo dejo aquí por el consenso y, digamos, el buen rollete del día de hoy, esperemos que dure pero, sinceramente, cuando presenten proposiciones desde el Grupo Popular les pediría que hicieran un poco de examen de conciencia sobre su historia para ver si realmente están en condiciones de pedir diez, ocho, siete o seis, porque a veces pedimos la luna cuando quizá no estamos en condiciones ni de pedir un cinco.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No sé si empezar por decir que voy a estar en contra para hacer una intervención a favor y seguir así con la dinámica de la tarde, pero no voy a ser nada original y, como voy a votar a favor, voy a hacer también una intervención a favor, aunque antes sí quisiera hacer una brevísima consideración. Como no he estado en la negociación de la transaccional, que celebro realmente que se haya producido y que la podamos votar, no sé si cabría que consideraran los dos grupos que han transaccionado y que nos presentan esa enmienda una consideración que les quiero hacer. Por supuesto estoy completamente de acuerdo en la necesidad de la dotación de crédito, lo ha dicho el proponente y lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, me parece que las cosas que han ocurrido en el pasado no deben volverse a producir y por tanto me parece especialmente oportuna esta posición y también por supuesto la posición y aceptación por parte del grupo mayoritario, el Grupo Socialista, de esta cuestión.


En relación con el propio título de la PNL y la cuestión que nos plantea, yo le pregunto, señor Cosidó, como proponente, y también se lo pregunto al Grupo Socialista, si no sería más propio y más adecuado llamar a estas misiones misiones de policía civil o de reconstrucción, que es como las denominan la ONU y la Unión Europea, porque la palabra pacificación lleva implícito que antes debe haber habido un conflicto armado con intervención de unidades militares, y hay que tener en cuenta que si solo atendemos a las misiones de pacificación, que es como se llaman y como se piden, únicamente habría que informar en la actualidad de la misión de ISAF en Afganistán, que es la única que se llama de pacificación, porque en el resto de las misiones, en Bosnia, en la misión de Haití, en la misión de Osetia, donde puede haber Policía Nacional y Guardia Civil, y

Página 21


de hecho hay, son misiones que tratan de imponer y consolidar el imperio de la ley -si se me permite utilizar el término imponer para esto- a través de distintas herramientas y una de ellas es la policial, y estas misiones son eminentemente civiles y pueden ser llevadas a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía y por la Guardia Civil. Entonces no sé si sería más adecuado -lo planteo- que las llamáramos, puesto que estamos hablando de esto, misiones de policía civil o de reconstrucción, que es, insisto, como se denominan a nivel internacional; lo dejo ahí como una reflexión que, si vale para incorporarla textualmente, bien, y si no, que sirva para la reflexión política. Y anuncio en todo caso mi voto favorable a la transaccional.


La señora PRESIDENTA: El señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, yo creo que la transacción está muy bien configurada, incluso en relación a los argumentos utilizados por la señora Díez, que son pertinentes. La expresión operaciones en el exterior tiene un carácter omnicomprensivo que acogería todas las circunstancias y que puede servir para lo que se pretende conseguir. Y yo sigo con el buen rollete que, todo hay que decirlo, señora presidenta, es un buen rollete un tanto impostado, un tanto contenido porque luego el argumentario no sé hasta qué punto se corresponde con ese buen rollete; si esto fuera flirteo ya tengo dudas sobre el resultado final de la cuestión (Risas.) Pero bueno, vamos a continuar con el buen rollete y vamos a votar favorablemente por mor del consenso, la que parece que está rotulada con el número 161/000447, a efectos de no ser reprendido luego por ningún miembro de la Comisión.


- RELATIVA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA BAHÍA DE PORTMANY.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000483.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, PNL 483, relativa a garantizar la seguridad ciudadana en la bahía de Portmany.


Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Fajarnés.


El señor FAJARNÉS RIBAS: El Grupo Parlamentario Popular presenta a debate en esta Comisión una proposición no de ley referente fundamentalmente a la creación y construcción de una nueva comisaría en la bahía de Portmany con dos municipios afectados que son los de San José y San Antonio, en la isla de Ibiza.


Esta proposición no de ley viene como consecuencia, en primer lugar, del acuerdo del Ayuntamiento de San Antonio, que se produjo el 30 de diciembre del año 2004; un acuerdo, por cierto, unánime de los grupos allí representados, del Partido Popular y del Partido Socialista, e Eivissa pel Canvi, en el cual están integrados Izquierda Unida, Esquerra Republicana y otros socios más. Y ese acuerdo unánime, esa voluntad del Ayuntamiento de San Antonio pero también de la propia sociedad del municipio de San Antonio, fue comunicado al ministerio el 27 de enero del año 2005. También viene como consecuencia del beneplácito y del acuerdo del Ayuntamiento de San José de aquella época. Y esta proposición no de ley desde luego viene con una serie de antecedentes. Antecedentes porque en esta misma Comisión de Interior se discutió el 26 de abril del año 2005 una proposición no de ley en idénticos términos que la que hoy presentamos; fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular y fue rechazada por los votos del Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos de la Cámara, votando por cierto el Partido Socialista en contra de lo que votó el Partido Socialista en el Ayuntamiento de San Antonio, cuando los términos de las dos mociones eran prácticamente los mismos. Yo no voy a entrar en los argumentos peregrinos que dio el Partido Socialista en abril del año 2006. Otro antecedente es la aprobación en esta misma Comisión de Interior en la anterior legislatura de propuestas parecidas en zonas turísticas costeras a la que hoy estamos planteando; por ejemplo, en el Ayuntamiento de Torrevieja, que fue aprobada aquí, en esta misma Comisión. Y viene también con el antecedente de que en la década de los años ochenta, en el mismo municipio de San Antonio, gobernando el Partido Socialista con Felipe González como presidente, se creó una comisaría de Policía Nacional, provisional o como quieran llamarle, pero que en los meses de verano actuaba y lo hacía bien. La verdad es que hubo cierto disgusto en el municipio cuando, sin dar ningún tipo de razones, esa comisaría provisional en meses de verano fue anulada.


Nosotros, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, creemos que esta comisaría de policía, lo hemos venido diciendo durante mucho tiempo, es necesaria. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una zona en la cual la población en verano prácticamente se triplica. La seguridad ciudadana es muy importante para la gente, para todos, pero especialmente para los sitios y zonas que vivimos exclusivamente del turismo. Y sobre todo creemos que es necesaria porque, a pesar del debate que se ha mantenido esta mañana en la interpelación al ministro que ha habido en el Pleno referente a cuestiones de seguridad, la delincuencia aumenta, la inseguridad aumenta, la sociedad, concretamente la de esta zona, solicita y pide que haya más seguridad y por tanto solicita y pide que haya una comisaría nueva de policía. Además, si tenemos en cuenta los últimos datos de la pequeña y mediana empresa de Ibiza y Formentera según una serie de encuestas que se suelen hacer, la sensación de inseguridad va aumentando. Yo sé que en el debate en esta Comisión se puede decir que ya está la Guardia Civil. Y es verdad, está la Guardia Civil, es la que tiene la competencia en el municipio de San Antonio y en el

Página 22


municipio de San José. Quiero resaltar y que conste además en el "Diario de Sesiones" el buen trabajo de la Guardia Civil. Pero no es incompatible que la Guardia Civil se preocupe de los otros pueblos que hay en el municipio, tanto de San José como de San Antonio, con que haya una comisaría de Policía Nacional justamente en la zona urbana del pueblo de San Antonio y en la zona urbana del municipio de San José, que prácticamente rodean la bahía de Portmany o la bahía de San Antonio.


Sinceramente nos hubiese gustado no tener que volver a presentar esta proposición no de ley u otras que ya adelanto en esta Comisión que vamos a presentar, pero la política del Gobierno socialista en materia de infraestructuras en las islas de Ibiza y Formentera, como veo que hay un buen rollito en la Comisión, no voy a decir que sea un desastre; pero en fin, vamos a decir que es deficiente. Deficiente porque el portavoz en aquella época, en el año 2006, del Partido Socialista se comprometió a toda una serie de cuestiones que luego se han incumplido. Durante cinco años no han sido capaces de hacer el cuartel de la Guardia Civil de Formentera; ahora dicen que empiezan pronto; esperemos. El cuartel de la Guardia Civil de Ibiza ciudad lleva no sé cuánto tiempo, prácticamente dos años, acabado y se volverá a derruir porque no son capaces ni siquiera de inaugurarlo. En San José no quieren que haya un cuartel de la Guardia Civil. En San Juan, que es otro de los municipios de la isla, hubo un acuerdo en esta misma Comisión y en el propio Senado, unánime, instando al Gobierno a que se crease y construyese un nuevo cuartel de la Guardia Civil en dicha población, y de eso no sabemos nada; o mejor dicho, sí sabemos, que el Gobierno contesta que no se quiere hacer ese cuartel de la Guardia Civil. Sobre la Comisaría de Policía de Ibiza ya tuvimos los debates correspondientes y evidentemente no voy a entrar porque ya parece una obra que no vamos a ver prácticamente nunca. Y además los portavoces se comprometieron a crear una unidad de comandancia de la Guardia Civil en Ibiza, dos capitanías -estoy leyendo textualmente lo que decía el portavoz socialista- y una serie de cuestiones más que evidentemente no se han cumplido.


Para concluir, señora presidenta, nosotros seguimos pensando que la Comisaría de Policía en San Antonio, en la bahía de Portmany, es necesaria, lo demanda la sociedad y eso es lo que pedimos a la Comisión.
El Grupo Parlamentario Socialista -y así ya me adelanto para que no tenga que volver a intervenir, señora presidenta- ha presentado una enmienda a la propuesta del Partido Popular. Nosotros no la vamos a aceptar, lo sabe su portavoz. Y no la vamos a aceptar por varias razones. En primer lugar y fundamentalmente porque en esa misma enmienda que presenta el Partido Socialista se niega la creación y construcción de esa comisaría de policía en la bahía de Portmany en la isla de Ibiza. Esta es la primera cuestión y fundamental. La segunda, porque aquí nos hablan tanto en el punto primero como en el punto segundo y prácticamente en el punto tercero, de potenciar el papel de las juntas locales de seguridad. De potenciar nada: cumplir la ley. Las juntas locales de seguridad son juntas locales de seguridad, y lo que hay que hacer es cumplir con la ley y cumplir con el cometido de las juntas locales de seguridad. De potenciar, absolutamente nada. Por tanto nos parece una auténtica perogrullada. Y en tercer lugar, en el punto 3 de la enmienda se dice: "asignando para ello" -es decir, que se incrementen los efectivos y los recursos de las infraestructuras y necesidades específicas de los cuerpos de seguridad- "asignando para ello las dotaciones presupuestarias adecuadas". No nos lo podemos creer; y me sabe mal; no nos lo podemos creer. Y no nos lo podemos creer porque acaban de presentar unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 en los cuales el Ministerio del Interior para las Islas Baleares defiende en su presupuesto -una comunidad autónoma que ha tenido varios atentados este verano- nada más y nada menos que un 68 por ciento; un 68 por ciento, es decir 1.828.000 euros. Evidentemente no podemos aceptar la enmienda del Partido Socialista.


Quiero terminar diciendo que agradezco la postura, la voluntad y el interés que ha mostrado desde el primer momento el que será portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado por Baleares y además de Ibiza señor Bar, que en todo momento ha intentado llegar a un acuerdo con nosotros, que también lo hubiésemos deseado, pero ha sido imposible. Me consta además la preocupación que tiene y que ha tenido por estas cuestiones durante mucho tiempo y espero evidentemente que en muchos momentos nos encontremos en la misma situación para poder apoyar posturas y propuestas beneficiosas para nuestra isla.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Bar Cendón.


El señor BAR CENDÓN: Hoy tenemos una Comisión como mínimo peculiar y paradójica porque señores diputados que habitualmente discrepan hoy acuerdan y diputados que habitualmente acuerdan hoy van a discrepar.


No voy a entrar en todos los detalles -con aquello de que el Pisuerga pasa por Valladolid y de paso meto presupuestos y meto cuartel de San Joan- y en todas las cuestiones porque la intervención sería entonces eterna. Es una lástima que el Grupo Popular no le haya pasado al diputado todas las páginas del presupuesto y, por tanto, no haya tenido la oportunidad de sumar todas las inversiones que para Ibiza se proponen, pero eso se corrige en unos días seguramente. Coincidimos, siguiendo su exposición de motivos, en la percepción, yo creo que siempre mejorable, del esfuerzo que requiere la seguridad ciudadana y coincidimos, desde luego, en la calificación de excelente que ha hecho del trabajo de la Guardia Civil, excelente trabajo de la Guardia Civil que, por cierto, ha salpicado de éxitos los titulares de

Página 23


prensa de estos últimos años y especialmente de este pasado verano, y me he traído un pequeño pero elocuente dossier de prensa a disposición de las señorías que tengan curiosidad. Hay un titular aquí que dice: Verano de campeones.


No obstante, tenemos que decir que estos éxitos también ponen en evidencia la existencia de una tipología delicuencial muy característica de aquella zona y que viene a corresponderse con un modelo de desarrollo turístico que sería bueno corregir urgentemente, aunque no es nada fácil. Es un modelo que ha primado el turismo masivo de ocio nocturno sobre el que se mantuvo durante demasiado tiempo una actitud permisiva por la inexistencia o por la laxitud en la aplicación de ordenanzas de convivencia básicas, así como comportamientos por parte de algún sector empresarial, hay que lamentarlo, que han resultado contraproducentes. Al abrigo de todo ello crecieron la mayor parte de los problemas que ahora tenemos, y todas las administraciones, todas, tienen que esforzarse ahora en corregirlo, invirtiendo importantes recursos humanos, materiales y normativos. Hasta aquí creo que estamos de acuerdo. Veamos en qué no lo estamos tanto.


Por proseguir con su exposición de motivos, me he traído una copia del acta del Ayuntamiento de San Antonio de 30 de diciembre de 2004 en que se reune en sesión de urgencia un Pleno del Ayuntamiento -insisto, de urgencia y un 30 de diciembre, podríamos decir que con Navidad y alevosía y con numerosas ausencias, y muy significativas, aunque no estoy cuestionando su legalidad- para aprobar una propuesta de casi idéntico contenido a la que hoy debatimos aquí, pero que pretendía incorporar una inversión en el presupuesto que entraba en vigor dos días después. Es decir, a partir del uno de enero, dos días después, había que incorporar la inversión a la que se refería, que era la creación de una comisaría de policía. Pero no es menos cierto que el actual Gobierno municipal del Ayuntamiento de Sant Josep, que comparte bahía con el de San Antonio, ocupando en longitud su mayor parte, no comparte y está en contra de la introducción de un cuerpo policial distinto al que ahora disfruta, aun estando lógicamente tan interesado o más que cualquiera en reforzar la seguridad de la zona. Y también sorprende que jamás llegase a plantearse en ninguna de las reuniones de la junta de seguridad local de San Antonio o de Sant Joseph, que se realizaron en los años sucesivos, esta propuesta. Pero lo que media entre una opinión y otra, manifestadas en distintos momentos, y sobre todo lo que media entre la experiencia que se cita de principios de los años ochenta y ahora, es que las cosas han cambiado enormemente desde entonces. Por cierto, el pequeño retén de refuerzo veraniego, que es en lo que consistía la supuesta subcomisaría, dejó de tener sentido a partir del reparto competencial territorial entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, establecido por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986, con el despliegue de efectivos realizados y la incorporación en cada cuerpo de sus propios refuerzos de temporada.


Le daré algunos datos que muestran el cambio. El cuartel de la Guardia Civil de San Antonio contaba en 2004, es decir, cuando ustedes dejaron el Gobierno, con 70 agentes presentes en plantilla. No me extraña que el Ayuntamiento de San Antonio pidiera más, pero es que, a día de hoy, cuenta con 140, es decir, el doble. A ello se van incorporando los contingentes de refuerzo estival que este año, incluido un MIR de los GRS, alcanzaron a los 46 efectivos. En las instalaciones del cuartel se han realizado sucesivas inversiones de mejora y, sin ir más lejos, en este año se han realizado obras por un importe de casi 300.000 euros. Se han acondicionado oficinas de atención ciudadana y de recepción de denuncias en la bahía, en el Paseo de San Antonio y en la zona sur de la bahía. Esta última, por cierto, tuvo que cerrarse porque tenía un escaso rendimiento porque lo más eficaz en esa zona es el patrullaje.


La estadística no deja lugar a dudas. Si entre los años 2004 y 2008, años de crecimiento de la ocupación hotelera, los delitos y faltas descendieron un 25 por ciento, este año, con un descenso de la ocupación del 5 por ciento, los datos son aún más espectaculares. Los delitos descendieron hasta el 31 de julio de este año un 26,5 por ciento, la eficacia policial aumentó más de un 10 por ciento y las detenciones casi un 42 por ciento. Pero si estos datos fueran puestos en cuestión, como hoy por la mañana en el debate que hubo en el Pleno, puedo ofrecer algunos de seguridad subjetiva, usted lo ha mencionado. Como ustedes saben, no hay nadie más exigente en cuanto a la percepción de seguridad que la pequeña y la mediana empresa. Comerciantes, empresarios y autónomos de todos los gremios participan en la encuesta que cada año realiza la pyme de Ibiza y esto es lo que nos dice. Si en el año 2004 solo un 9,6 por ciento consideraban alto o muy alto el nivel de seguridad ciudadana, en el año 2007 pasaron al 34 por ciento, y concretamente en San Antonio, en 2004, lo consideraban bajo o muy bajo casi un 60 por ciento, porcentaje que pasó al 34 por ciento en 2007. Estas son las encuestas precisamente de la pyme. Es por eso que la satisfacción con la Guardia Civil es compartida y hecha pública hasta por el mismo Gobierno municipal del Partido Popular. Por eso no podríamos entender que ahora se pretenda el cambio de despliegue de un cuerpo por otro. Y ustedes saben que en un mismo espacio territorial no se establecen para unas mismas competencias ambos cuerpos, tal y como establece el artículo 11 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Únicamente sobrepasan sus demarcaciones en casos muy excepcionales o por mandato judicial o fiscal y por ello el despliegue de la Policía Nacional en esa zona conllevaría la retirada de los efectivos de la Guardia Civil. Nosotros pensamos que es un sinsentido. Ni siquiera lo comparten los propios mandos insulares de ninguno de los dos cuerpos, si es que queremos escuchar su criterio técnico. ¿Por qué esa preferencia? ¿No sería incluso un agravio para la Guardia

Página 24


Civil semejante propuesta? Si lo que se pretende es una instalación meramente temporal para los meses de verano y de un cuerpo policial que no es el que habitualmente atiende esa demarcación, el resultado que obtendremos es el de unos pocos oficiales en comisión de servicios al mando de un grupo de agentes extraños al lugar, para patrullar calles que no conocen, que no cuentan con la tutela de los veteranos del lugar, para formas de delincuencia que además son específicas de la zona, delincuentes que para el cuerpo policial habitual son bastante más detectables cuando no conocidos. El resultado de alterar lo que todo el mundo coincide que funciona bien sería el de tener a cambio algo francamente incierto. Ahora bien, lejos de la autocomplacencia, pensamos que siempre hay cosas que se pueden mejorar y por eso pensamos que es importante perfeccionar la coordinación entre los cuerpos de seguridad, incluidos los locales y los destinados a emergencias. A eso nos referíamos con las juntas de seguridad y es importante la planificación de las actuaciones y de las prioridades. Por eso proponemos medidas de potenciación de las juntas locales de seguridad, incluidos los acuerdos entre municipios limítrofes o que tienen zonas de desarrollo urbanístico común. Y también pensamos que el esfuerzo inversor en medios humanos, materiales e infraestructuras debe mantener una continuidad. Recogemos en el punto tres, por cierto, su propia propuesta, aunque no sé si en los mismos términos, pero sí muy similares. Espero haberle convencido y que acepte la enmienda.


La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo que no haya presentado enmienda a esta proposición quiere intervenir? (Pausa.) Vuelvo a preguntar entonces al Grupo Parlamentario Popular, aunque ya lo expresó con anterioridad, si ha sido convencido por la intervención.


El señor FAJARNÉS RIBAS: No, no nos ha convencido.


La señora PRESIDENTA: Lo lamento porque iba la tarde de muchos acuerdos.


- RELATIVA A LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES PARA LA GUARDIA CIVIL DEL MAR EN EL PUERTO DE ALGECIRAS (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000711.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto octavo del orden del día relativo a la agilización de los trámites para la construcción de nuevas instalaciones para la Guardia Civil del Mar en el Puerto de Algeciras (Cádiz).


Tiene la palabra para su defensa, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Landaluce.


El señor LANDALUCE CALLEJA: Esta tarde se está recogiendo, en las distintas intervenciones de la geografía nacional, la labor de la Guardia Civil en sus distintos ámbitos de actuación. En la lucha contra los ilícitos, en la ayuda en salvamento en la mar y en la lucha contra las mafias de la inmigración, la Guardia Civil del Mar, con su destacamento en Algeciras, es digna de una encomiable labor y de entrega del cuerpo armado a la hora de este trabajo permanente. La Guardia Civil del Mar -esos hombres y esas mujeres que hacen que se cumpla la ley, y sobre todo en el Estrecho de Gibraltar y sus cercanías- tiene una especial dedicación para controlar y atajar los tráficos ilícitos. Nosotros en el puerto de Algeciras tenemos unas instalaciones muy pequeñas; con una dotación de casi 70 mujeres y hombres de la Guardia Civil del Mar; donde la base del edificio no tiene más allá de 125 metros cuadrados y, lógicamente, hace falta espacio para el pañol -el pañol es donde se guardan todos los materiales y las distintas artes de la mar, para los que no estén avezados en la nomenclatura marinera- y donde hace falta unos atraques acordes con las necesidades de grandes embarcaciones, porque ahora mismo están abarloados -para los que no estén avezados en esta terminología, abarloar es atracar una embarcación emparejada con otra-; donde no hay espacio para recoger lo decomisado; donde el espacio del taller para reparar los motores es muy escaso, etcétera. Es decir, están en unas condiciones precarias, lo que no les facilita su labor. Por ello es por lo que desde hace dos años esperan que crezca, se desarrolle y se ponga en marcha un proyecto común, entre el Ministerio del Interior y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, para tener unas instalaciones dignas, acordes y suficientes para -vuelvo a repetir- la magnífica labor que hacen las mujeres y los hombres, en este caso concreto, de la Guardia Civil del Mar.


En Algeciras, el puerto ya preparó en sus presupuestos una cantidad de 862.000 euros durante dos años; se ha acordado un convenio con el ministerio, que está sin firmar, pero que está aprobado, por unanimidad, por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Hace falta que se firme ese convenio y hace falta que, por parte de la Guardia Civil, se ponga esos 1.200.000 euros que hacen falta para tener al final las instalaciones que estamos hablando, que se complementarán también con otras instalaciones necesarias para la Guardia Civil, no solo del citado ala al mar, sino también para los perros que están formados en detección de droga y de explosivos, etcétera.


En el Ayuntamiento de Algeciras tuve la suerte, como portavoz municipal, de presentar una moción, el día 4 de marzo de 2009, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el mismo sentido. Por ello, entiendo que todos vamos a aprobar algo que es tremendamente necesario, porque -vuelvo a repetir, al principio

Página 25


y al final de mi intervención- creo, señora presidenta, señorías, que todos tenemos que aplaudir el trabajo encomiable de esos grandes profesionales, en este caso en concreto, de la Guardia Civil.


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Román.


El señor ROMÁN GUERRERO: Señoras y señores diputados, como ya está escrito en la proposición no de ley, no voy a comentar ni las connotaciones geográficas ni las estratégicas del Campo de Gibraltar. Todo el mundo conoce que estamos en una de las zonas marítimas más transitadas del mundo y hay un paso constante de petroleros, de portacontenedores, de buques de guerra en superficie y algunos también en inmersión, en tiempos de crisis, muchas actividades de abastecimiento de buques y el añadido del tráfico -que ha sido aludido- de ilícitos, tanto de droga como el terrible tráfico de personas por el Estrecho. Somos muy conscientes del problema que se ha destacado por parte del señor Landaluce y sabemos que la Guardia Civil, con la ayuda de los sistemas instalados de control de tráfico marítimo en el Estrecho, con la ayuda del SIVE y también con otras ayudas, como la de vigilancia aduanera, tiene que emplearse a fondo veinticuatro horas sobre veinticuatro los 365 días al año y nadie puede poner en duda la actividad tan frenética que se tiene en esa zona por parte de la Guardia Civil.


El Gobierno tiene esa preocupación y se ha puesto manos a la obra para solucionar el problema de afrontar las nuevas instalaciones para la Guardia Civil del Mar en el puerto de Algeciras. Reconozco que el señor Landaluce tiene muy buena información y se entera por diferentes conductos -válgame Dios, todos legítimos y legales- de las intenciones del Gobierno en este asunto y hoy viene a recoger los frutos de esa información privilegiada, desde su posición en esta Cámara, por medio de esta proposición no de ley que ya anuncio que el Grupo Socialista votará también favorablemente.


Me queda contar cuáles son las intenciones y las gestiones del Gobierno sobre esta proposición. El Ministerio del Interior, por medio de su estructura política y a través de la propia Guardia Civil, ha llevado a cabo gestiones con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, como ya se ha señalado, con la finalidad de contar con unas nuevas dependencias oficiales en dicha localidad. Fruto de esas actuaciones la Autoridad Portuaria, con la mejor de las predisposiciones y con un gran deseo de colaboración, ha propuesto las siguientes medidas: la cesión en uso de una superficie terrestre de aproximadamente 2.500 metros cuadrados y de una superficie marítima para la construcción de un pantalán flotante de unos 450 metros cuadrados; la redacción de un proyecto y la ejecución de las obras de urbanización de la superficie terrestre que se va a ceder en uso, de las zonas de acceso y de un aparcamiento exterior, con un presupuesto aproximado de 220.000 euros; la redacción de un proyecto y la ejecución de la obra correspondiente del pantalán, para el que se tiene previsto un presupuesto de 260.000 euros y la redacción de un proyecto de construcción de edificio de nueva planta, contribuyendo además con 380.000 euros para la construcción de ese edificio. Por tanto, el Ministerio del Interior, a través de la Guardia Civil, llevaría a cabo la construcción del edificio en el año 2011, y naturalmente las obligaciones económicas que se deriven del mismo por un valor de 1.100.000 euros, y la entrega a la Autoridad Portuaria de las instalaciones actuales.


El importe de la inversión por parte del Ministerio de Fomento sería de 860.000 euros y la que correspondería al Ministerio del Interior sería de 1.400.000 euros, aproximadamente, sumando el conjunto de las cifras que he dicho anteriormente. Por último, para instrumentalizar dicho proyecto está el mencionado convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Por todo ello, y tratándose de una propuesta -como he dicho anteriormente- del Grupo Parlamentario Popular en temas muy sensibles y que están previstos e instrumentalizados en estos momentos por parte del Gobierno, anunciamos nuestro cordial y comprometido voto favorable a la proposición no de ley presentada por el señor Landaluce en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir en este trámite? (Pausa.) Damos por finalizado este debate.


Les comunico a SS.SS. que por razones del trabajo parlamentario voy a levantar la sesión durante quince o veinte minutos. No sé si hacerlo ahora o a las siete en punto, que es cuando tenemos que salir a votar varios miembros de la Mesa a la Comisión Constitucional.


El señor GONZÁLEZ SERNA: Señora presidenta, en relación con la cuestión que plantea, ¿eso supone fijar una nueva hora de votación?

La señora PRESIDENTA: No, porque ya dije antes que no votaríamos antes de las siete; calculo que votaremos sobre las siete y media. Por tanto, se suspende la sesión y a las siete y cinco la reanudaremos. Agradezco su comprensión por estos avatares de la actividad parlamentaria. (Pausa.)

Señorías, vamos a reanudar la sesión.


Siento haber tenido que hacer este receso de casi media hora, pero vamos a tratar de ir sustanciando brevemente los debates que tenemos pendientes todavía.


Página 26


- SOBRE EL AUMENTO DE LA EDAD PARA OPOSITAR AL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y A LA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000950.)

La señora PRESIDENTA: Entramos ahora en el punto 10.º del orden del día, sobre el aumento de la edad para opositar al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil. Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Grau.


El señor GRAU REINÉS: Señoras y señores diputados, en un tiempo en el que se habla de igualdad y no discriminación, en un tiempo en el que se aprueban cada vez más leyes para minimizar las diferencias laborales entre todas las personas, en un tiempo en que se intenta fomentar la integración de las personas de ciertas edades a empleos tanto públicos como privados, nos encontramos con que dos de los cuerpos de mayor prestigio en nuestro país tienen en sus bases de acceso un requisito establecido que impide participar y demostrar la posible valía como futuros profesionales a un creciente número de españoles. Dicho requisito es el de la edad, establecida actualmente en un máximo de 30 años.


Es innegable que los 30 años de un joven de hoy en día difieren mucho de los de nuestros padres o abuelos. Condicionantes vitales, ya sean sociales, familiares o de otra índole, han cambiado nuestra realidad y nuestros hábitos. Todo ello hace que se alargue el tiempo dedicado a los estudios y que se retrase la emancipación o la maternidad. Son muchos los aspectos que han cambiado y que hacen que una persona con 30 años continúe viviendo una juventud forzosa. Es importante señalar también que no solo a nivel psicológico nos ocurre esto, sino también a nivel físico.
Hoy en día nos preocupamos mucho más que las anteriores generaciones por mantenernos en forma y llevar una vida saludable, ya que, como se sabe, cada vez vivimos más años y con más calidad de vida.


Otra cuestión que también nos conviene recordar y que aporta más argumentos a la proposición que aquí se presenta, es la que hace referencia al proceso de selección de los nuevos policías nacionales y miembros de la Benemérita. Desde hace algunos años, se está ofertando anualmente un gran número de plazas, entre 3.000 y 5.500. Esto produce un efecto llamada mediante la cual se presentan cada año, aproximadamente, unos 40.000 opositores, con lo cual en principio deberían quedar totalmente cubiertas todas las plazas ofertadas. Sin embargo, debido al efecto llamada antes mencionado, muchos de los actuales opositores se presentan a probar suerte, con lo que a la hora de tener que puntuar no se obtienen los resultados esperados. Este año pasado de 2006, de esos 40.000 opositores iniciales, llegaron al examen teórico unos 16.000, de los cuales tan solo aprobaron el examen con una nota superior al cinco aproximadamente unos dos mil. Debido a que con esos aprobados reales no se pueden cubrir las 5.500 plazas, el sistema establecido opta por realizar una nota de corte que se establece en un 3,5 en los años 2005 y 2006, gracias a la cual pudieron pasar a la siguiente prueba unos 8.000 opositores, número suficiente para cubrir todas las plazas ofertadas. Es evidente que con estos antecedentes queda claro que el actual sistema no permite realizar una selección de candidatos con calidad y prestigio y, lo que es peor, se da a entender a miles de españoles que las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía son las más sencillas de la Administración, y esto favorece la presentación a estas de individuos sin ningún tipo de vocación o interés por la actividad policial. Esta cuestión, el bajo nivel de los aspirantes, es una seria preocupación que ya en diciembre de 2006 denunció un sindicato policial en una circular interna. Como medidas para hacer frente a este problema, en la pasada convocatoria de 2006, el Gobierno decidió reducir la estatura de acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con lo que se esperaba paliar el déficit de instancias presentadas y elevar así tanto el nivel como el número de opositores. Sin embargo, a pesar de esta modificación, la convocatoria de 2006 supuso unas 43.000 instancias presentadas, lo que no representaba un avance significativo en su número, teniendo en cuenta que se había reducido la estatura mínima en el ingreso de las mujeres el año anterior.
Por otro lado, la convocatoria de 2007, donde se reducía la estatura mínima de ingreso para los varones y donde se esperaba un salto cualitativo y cuantitativo respecto a instancias presentadas anteriormente, nos encontramos con unas expectativas fracasadas, ya que el número de instancias en ese año es prácticamente el mismo que el anterior, es decir sobre las 43.000. Esto nos lleva a la conclusión de que la Administración no ha cumplido sus previsiones respecto al aumento del número de instancias y al aumento del nivel de oposición y de los opositores. Esto hace presagiar una continuidad en los bajos resultados de los aspirantes al Cuerpo Nacional de Policía y nos lleva a preguntarnos si no habría que plantearse una subida de la edad máxima de ingreso para paliar esos resultados negativos, tal y como denunciaba anteriormente el sindicato mencionado. Además, podemos acudir al comparativo con otros cuerpos de seguridad de otras comunidades autónomas o de otros países. A modo de ejemplo diremos que la edad límite para ingresar en los Mossos d'Esquadra es de 35 años; en la Ertzaintza, de 32 para la categoría de agente y 40 para la de subcomisario. En la Policía Foral de Navarra la edad límite es de 36 años. En los países de la Unión Europea, a los que tanto queremos imitar, la edad límite de ingreso es también muy superior a los 30 años que marca la legislación española.
Así, en Suecia, la edad mínima es de 20 y no se especifica nada con respecto a la edad máxima. En Irlanda, la edad límite de acceso es de 35 años. En Dinamarca tampoco se pone límite máximo y se establece el mínimo en 21 años. Tampoco hay límite máximo en Bélgica, 35 años en Francia y 32 en Italia. Se podrían

Página 27


poner otros muchos ejemplos de otras policías internacionales que también tienen un límite de edad de ingreso muy superior al que marca la legislación española. Por otro lado, conviene recordar además que la Administración hizo constar que la reducción de la estatura para el acceso venía determinada para equiparar a nuestro país a las condiciones de acceso de otros países, tanto europeos como de fuera de la Unión Europea, y favorecer así tanto el número de aspirantes como el nivel de los mismos, aunque está comprobado que esta reducción no ha tenido el efecto deseado. Por el mismo argumento, es decir, equiparar las condiciones de acceso con otros países, tanto europeos como de fuera de la Unión Europea, la propuesta de incremento de la edad máxima para acceder a las oposiciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil es una propuesta del todo adecuada y debería merecer un voto favorable. En definitiva, a nuestro modo de ver, el aumento de la edad de acceso a estos cuerpos no tiene por qué presentar inconvenientes a la Administración ni revelarse como un hecho negativo, sino que, muy al contrario, puede ser muy beneficioso para aumentar el número y calidad de los aspirantes. Entendemos que todos los requisitos que se imponen deberían tener una base sólida que los avale. No pueden aplicarse basándose en una simple suposición. Deberían poder ser demostrados con datos y estudios que certifiquen dicha decisión. En España se aplica el límite máximo de 30 años para el ingreso en la Policía Nacional y en la Guardia Civil sin que ningún estudio lo avale. Estamos convencidos de que en el caso que nos ocupa el requisito de la edad responde a un criterio subjetivo y discrecional, pues una persona con 30 años no es un sujeto inútil ni tiene por qué rendir peor que otro más joven. Hasta ahora no hemos encontrado a nadie que nos haya dado un criterio objetivo por el cual una persona con esta edad no deba entrar en los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El derecho de igualdad, más que un derecho subjetivo es en realidad uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento, programado por el artículo 1.º de la Constitución. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿por qué una persona con 30 años que pasa todas las pruebas del proceso selectivo no está capacitada para desempeñar esa función en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? En cualquier caso desde aquí les pedimos el voto favorable a la propuesta que planteamos a fin de que el requisito de la edad no sea obstáculo para que una persona tenga la oportunidad de acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y pedimos por lo tanto que estudie la posibilidad de su incremento.


La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. Así que, ¿grupos que desean intervenir? (Pausa.) Señor Olabarría, tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: El portavoz del Grupo Popular ha hecho una reflexión interesante. Efectivamente, la Ertzaintza acaba de hacer una convocatoria de 250 plazas donde el límite máximo de edad es de 32 años.
La verdad es que estos límites son siempre arbitrarios; un arbitrio que no contradice necesariamente el principio de igualdad consagrado ante la ley, aunque resultaría un poco aberrante posibilitar que personas con 64 o 65 años pudieran acceder a una función de estas características. ¿Cuál es el límite razonable? No lo sé; quizás habría que hacer una invitación, dado que en esta Comisión, parafraseando a algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, hay buen rollete. Quizás entre todos nos podríamos poner todavía de acuerdo en una edad en la cual no estemos en una situación que los romanos calificaban de provecta y en condiciones físicas para ejercer los rigurosos requerimientos que la función policial lleva aparejados. No parecería razonable que esta edad fuera la de 50 años por mor de los requerimientos estrictos del principio de igualdad en el desarrollo de la jurisprudencia constitucional, el principio del artículo 14, el principio de igualdad ahí consagrado. Este no es un derecho absoluto, como la propia jurisprudencia constitucional ha establecido. ¿Treinta años puede ser poco? En los tiempos que corren hay personas con 30 años muy preparadas; no son los 30 años de otrora -a principios del siglo XX- cuando la edad media de vida eran 55 años, o antes incluso 45 años. Aunque yo también conozco a algunos de 30 años que están para otro tipo de menesteres más que para dedicarse a funciones de naturaleza policial. Quizás una invitación al consenso, señora presidenta, sería lo pertinente en este caso.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Martín tiene la palabra.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señorías, es para mí un honor tomar la palabra en representación del Grupo Parlamentario Socialista y voy a intentar seguir la línea que está habiendo esta tarde de buen ambiente.


Los requisitos de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, entre los que se encuentra la edad, son taxativos en la norma y están recogidos en diferentes decretos. De la misma forma son diferentes los reglamentos de los procesos selectivos, donde se recogen los requisitos que obligan y vinculan tanto a la Administración como a los opositores y particularmente al tribunal calificador encargado de su verificación y aplicación. Los requisitos mencionados y los principios rectores de los reales decretos son fielmente recogidos en las resoluciones por las que se convocan los procesos selectivos de ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil, las cuales son sometidas previamente a la aprobación del Ministerio de Administraciones Públicas.


Uno de los requisitos contemplados en los procesos selectivos es el límite de edad de acceso, fijado en los 30 años o, siendo más rigurosa, no cumplir los 30 años en el año de la convocatoria. En los últimos años se ha

Página 28


incrementado de forma notable el número de plazas convocadas para ingresar en la escala básica al Cuerpo Nacional de Policía, lo que ha supuesto un claro incremento del número de solicitudes para participar en los procesos selectivos, estando en la última convocatoria en más de 45.000 peticiones, lo que entendemos, permite hacer una buena selección. También nos cabe la duda de que si ampliamos la edad de los aspirantes estos pudieran tener una mejor formación, pero, claro está, es una duda razonable que debemos aclarar. Según la regulación en vigor, la edad para pasar a la segunda actividad está establecida con carácter forzoso a los 60 años, por lo que podría ser acertado no modificar el límite de acceso a los 30 años sobre la base de cuatro motivaciones para nosotros importantes. En primer lugar, para poder llevar a cabo una efectiva carrera profesional que precisa de unos plazos determinados para poder realizar una adecuada promoción interna, cuestión muy demandada durante mucho tiempo por los diferentes integrantes de los cuerpos a los que nos estamos refiriendo. En segundo lugar, para acumular los trienios necesarios para poder optar al pase voluntario a la segunda actividad, es decir, veinticinco años de servicio. En tercer lugar, el instaurar el límite de 60 años para pasar a segunda actividad se justifica por la pérdida de condiciones físicas imprescindibles para poder desempeñar las funciones operativas encomendadas a los profesionales a los que nos referimos. Este requisito sería difícil de cumplir si se retrasara la edad de incorporación. Y, en cuarto lugar, para garantizar que los funcionarios de policía ejerzan su actividad durante un periodo mínimo relacionado con los derechos de su pensión, cuidando el objetivo de mantener el equilibrio de los fondos de pensiones estatales.


A pesar de todos estos condicionantes, y motivados por las reiteradas peticiones de ciudadanos que ven limitado el acceso a los procesos selectivos del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, este grupo parlamentario estima conveniente abrir un proceso de reflexión que permita solucionar estas demandas de los aspirantes de incorporarse a los cuerpos mencionados. Todos los presentes, señorías, hemos recibido correos electrónicos, cartas y llamadas que hacen referencia a diferentes situaciones, muy heterogéneas, muy diferentes, pero que merecen tener una respuesta. Sin duda, la modificación de un límite de acceso quizá provoque que aquellos ciudadanos que se vean privados del posible acceso con una nueva limitación se vean también motivados a hacernos llegar sus quejas. A ellos también habrá que motivarles nuestra decisión, pero ahora es el momento de plantearnos la posibilidad de reflexionar una posible solución a la situación que vivimos en este momento. Señorías, vemos positiva la propuesta de esta proposición no de ley y por eso la vamos a votar favorablemente, pero quiero llamar la atención de todos para que sepamos valorar con el suficiente interés el tema que nos ocupa. No es fácil, no solo se trata de ser complacientes con aquellos que nos escriben y que ven limitadas sus posibilidades de acceso, también se trata de ser responsables y analizar los argumentos a favor y en contra de las decisiones que se tomen. Por este motivo, apoyaremos estudiar un posible incremento de la edad de acceso a las oposiciones del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, analizando todas, y repito todas, las situaciones en el marco autonómico y europeo.


La señora PRESIDENTA: Queda finalizado el debate de este punto.


- SOBRE LA LEGISLACIÓN RELATIVA A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001235.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos, si no tienen inconveniente SS.SS., a analizar el último punto del orden del día, el duodécimo, y posteriormente analizaremos el penúltimo, ya que cambiamos el orden. Para defender la proposición no de ley relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cabezón.


La señora CABEZÓN ARBAT: La presente proposición no de ley que traemos esta tarde a la Comisión de Interior para su estudio y aprobación tiene un espíritu de voluntad altamente solicitado por todos los actores en ella implicados. Antes de nada, quiero decir, parafraseando a otros diputados y dado el ambiente de buen rollete que tenemos esta tarde en la Comisión, que se ha presentado una enmienda transaccional que ha sido entregada tanto a la Mesa de la Comisión como a los portavoces de todos los grupos parlamentarios. En ella, el Grupo Socialista insta al Gobierno a adoptar uno de los compromisos incluidos dentro del programa electoral de 2008. Instamos al Gobierno a remitir a las Cámaras los proyectos normativos que actualicen la legislación de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para, en pocas palabras, mejorar sus relaciones laborales y derechos de formación y que se continúe el desarrollo de su sistema de derechos y deberes. Al presentar una enmienda transaccional conjuntamente con el Grupo Popular se demuestra la voluntad institucional de la Cámara de modernizar nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos debemos de estar de acuerdo en que hoy España es un país más seguro, y lo es porque hemos incrementado los medios personales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: más de 17.000 nuevos efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil a lo largo de la legislatura, y en materiales para la lucha contra la violencia y el terrorismo se ha hecho un gran esfuerzo de incremento de medios. Hoy en día, señorías, se lucha más que nunca contra el crimen organizado y esto lo hemos logrado gracias a los medios de los que nos hemos dotado y sobre

Página 29


todo gracias al grupo de hombres y mujeres que conforman los distintos cuerpos.


La composición y características de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están cambiando, parte de este cambio es, por un lado, producto de la progresiva incorporación de la mujer a todas las tareas del arco profesional y, por otro, del esfuerzo gubernamental por servir a la sociedad con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más tecnificados, rejuvenecidos y cercanos a los ciudadanos. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están hoy más formados que hace cuatro años, hemos aumentado en un 24 por ciento el presupuesto de formación entre 2004 y 2008, lo que se traduce en que el gasto por cada miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ha aumentado un 12 por ciento. Nos enfrentamos al reto de dar respuesta a la creciente demanda social de más y mejor seguridad, asegurando una gestión eficiente de los recursos públicos y orientando la gestión pública a la consecución del resultado. Y nos enfrentamos a este reto de la manera que siempre nos ha caracterizado: dando la cara, actuando de frente, no nos quedamos en las palabras sino que acudimos a los hechos. Para ello basta decir las actuaciones llevadas a cabo en este ámbito; quizá lo más importante a citar sea que hemos mejorado el régimen de derechos de estos efectivos, se ha incrementado la plantilla y se ha mejorado sustancialmente su remuneración. Como muestra un botón: con la Ley Orgánica 12/2007 se ha regulado el derecho de asociación de la Guardia Civil y se ha suprimido la aplicación del Código Penal Militar a sus miembros cuando realizan labores estrictamente policiales, una reivindicación histórica de los colectivos afectados.


A pesar de todos estos avances somos conscientes de que nos queda mucho por hacer y por andar; tenemos que dotar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de más medios y mejorar sus infraestructuras. Mi grupo, señorías, no cae en la complacencia simple y por eso hoy traemos a esta Comisión la presente iniciativa. Sabemos que se está trabajando de forma consensuada en los últimos meses en el proyecto de ley de régimen disciplinario, que está en condiciones de una rápida aprobación. También se va a empezar a trabajar en un texto de modificación del régimen estatutario del Cuerpo Nacional de Policía que, adaptándose a los principios inspiradores del Estatuto básico del empleado público, regule aspectos tan importantes como la carrera y el pase a segunda actividad y la formación. En el ámbito de la Guardia Civil se está trabajando con la nueva ley del personal, que deberá adecuar esta norma a la Ley de la Carrera Militar y, cómo no, al Estatuto del empleado público. Pretendemos pues, como ya se ha indicado al inicio de esta exposición, que el Gobierno proceda de la manera más rápida y por supuesto escuchando siempre a los destinatarios de la norma, porque para hacer una reforma de este calado no se puede actuar de manera unilateral, hay que aprobar y remitir a la Cámara para su debate estos proyectos. Tenemos que apostar por nuestros policías y guardias civiles porque cuanto mejor estén ellos mejor estará el conjunto de la ciudadanía.


La señora PRESIDENTA: Hay una enmienda transaccional a esta proposición no de ley que acaba de llegar a la Mesa. En cualquier caso, como hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sánchez Ramos para su defensa.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: El ministro del Interior en su comparecencia de mayo de 2008, hace algo más de un año... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, mantengan un poco de orden en la sala para poder oír al diputado que está en el uso de la palabra.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: Gracias, señora presidenta.


Decía que el ministro del Interior en su comparecencia de mayo de 2008 ya dijo que antes de ese verano remitiría a esta Cámara el proyecto de ley de disciplina de la policía, que en ese momento estaba ultimando su tramitación en el ministerio y que confiaba en que llegara al Parlamento incluso antes del verano, según frase textual. También en esa misma intervención señaló que la siguiente ley que enviaría al Parlamento sería la del personal de la Guardia Civil, que también estaba muy trabajada.
Pues bien, después de un año no se han presentado, por supuesto, y el grupo parlamentario que apoya al Gobierno nos presenta esta iniciativa instando al Gobierno a que la presente, como si no tuviera capacidad para hacerlo de por sí; parece que así le dan un empujoncito y dan sensación de que están muy preocupados por el tema ante la situación de conflicto en que se encuentran nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por supuesto mi grupo va a apoyar esta iniciativa y hemos introducido una enmienda en la que se pide un plazo para que no sea un brindis al sol y no pase otro año, que hemos transaccionado y pactado que sería en el próximo periodo de sesiones. Este plazo lógicamente lo establecemos para no alargar más un asunto que reclaman insistentemente los sindicatos policiales.


El problema es que ustedes tienen a la Policía y a la Guardia Civil muy descontentas con las actuaciones del Gobierno, que además le está costando mucho llegar a consensuar siquiera un borrador que tenga una mínima aceptación de los colectivos afectados. En 2006 el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley del régimen disciplinario de la Policía que tuvo tal contestación que ni siquiera llegó a registrarse en el Congreso de los Diputados para su debate, y desde junio de 2007 todos los sindicatos de la Policía Nacional tienen planteado al Gobierno un conflicto colectivo que tras dos años continúa sin solucionarse. Creo que se está colmando la paciencia de los sindicatos. En la Guardia Civil nunca se había respirado un ambiente tan enrarecido. En 2005 una huelga de bolis caídos; en 2006 la primera manifestación

Página 30


en 160 años de historia del cuerpo; en abril de 2006 primera manifestación de guardias civiles en las calles de Madrid contra el Gobierno; en 2007 nueva manifestación con los efectivos de uniforme, que fue represaliada por el Gobierno con apertura de expediente a los cabecillas; la homologación retributiva prometida respecto a los cuerpos policiales no se ha llevado a cabo, etcétera.


Por otra parte hay aspectos de la Ley del régimen disciplinario de la Guardia Civil que no han sido desarrollados, y de ahí la segunda parte de la enmienda presentada por nuestro grupo. Y hoy en esta misma Comisión se debate el desarrollo reglamentario de las misiones militares de la Guardia Civil, de trascendental importancia para los guardias, ya que de ello depende que se aplique el código militar o su régimen disciplinario.
Tampoco se ha desarrollado el régimen de la Asociación de la Guardia Civil y su funcionamiento, todas ellas cuestiones imprescindibles para que las leyes que se aprobaron en la anterior legislatura tengan sentido y de verdad mejoren y clarifiquen el funcionamiento de este cuerpo.


Como verán una postura muy distinta la que estoy expresando de la expresada por la portavoz socialista, y por supuesto de lo que explican en el "Diario de Sesiones", que encabezan diciendo: España es hoy un país más seguro que en 2004 -la gran obsesión del ministro-. ¿Pero quién dice esto? ¿Quién lo afirma? ¿Rubalcaba con unos datos que no entrega, que no están contrastados, denunciando los sindicatos policiales que se está manipulando y presionando a los funcionarios para adaptarlos a los deseos del ministerio? Habla también del incremento de medios humanos y materiales. Es verdad que se han incrementado los medios humanos, pero los medios materiales dejan todavía mucho que desear. Y además hablan del incremento de retribuciones. Debe ser de los ertzainas y de los mossos d'esquadra porque desde luego de los policías y de los guardias civiles no. Menos mal que más adelante en la proposición no de ley reconocen que queda mucho por hacer, que resulta necesario dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y mejorar y potenciar la infraestructura dedicada a las tareas de protección de la seguridad, es decir, al final -estoy leyendo el texto del Grupo Socialista- vienen a la realidad y reconocen que la situación no es tan favorable como se quiere pintar.


Quiero agradecer a la portavoz socialista que se haya transaccionado y se haya podido llegar a un acuerdo para que aprobemos esta enmienda transaccional, que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, primero, a aprobar y a remitir a las cámaras en el próximo periodo de sesiones, para su debate, los proyectos normativos que actualicen la legislación del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para adecuarlos a las nuevas leyes aprobadas, en particular a la Ley de Personal Militar y al Estatuto del empleado público, en las que se regula el desarrollo de la carrera profesional y la formación académica en el ámbito de Bolonia. Y segundo, a desarrollar las leyes de la Guardia Civil aprobadas en la anterior legislatura. Pues bien, esperando que esta proposición no de ley pueda servir de verdadero acicate al ministerio y que se tome en consideración, agradeciendo la postura de la portavoz socialista, muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: ¿Los grupos que no han presentado enmiendas quieren intervenir en este trámite? (Pausa.) Señor Olabarría. (Rumores.)

¡Por favor, señoras diputadas y señores diputados!

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo para hacer una acotación recurrente en mi grupo parlamentario. Cuando se invoca la reforma de la Ley del Personal Militar se esta incurriendo en esta contradicción en los términos en que afecta a la Guardia Civil, que es esa distorsión semántica que un cuerpo que se llama Guardia Civil tiene el carácter de instituto armado o militar. Es recurrente y yo no voy a perder nunca la oportunidad de recordárselo a SS.SS., por si alguien me explica alguna vez las telúricas razones que exigen mantener el carácter militar de este cuerpo, que ejerce entre otras cosas funciones de policía judicial. Pero es algo que conduce a la melancolía. Quizá la expresión de algunas locuciones utilizadas por el portavoz del Grupo Popular, como cabecillas, también nos retrotraen, desde una perspectiva melancólica, a otros tiempos, pero no vamos a glosar estas expresiones tampoco ni su simbología profunda. Simplemente quiero decir que a esta proposición, a esta iniciativa no se le puede decir que sí ni se le puede decir que no, porque es tan manifiestamente inconcreta que rememora aquellas reflexiones de los profesores de la Escuela de Bari, en Italia, en el momento más creativo de la Escuela de Bari y más caótico políticamente del Estado italiano, donde solicitaban a las autoridades públicas que aprobaran normas manifiestamente inconcretas, porque las concretas iban a empeorar objetivamente la situación. Esperemos que esta, por su inconcreción, mejore la situación y no la empeore.


- SOBRE LA INSEGURIDAD EN EL ÁMBITO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001190.)

La señora PRESIDENTA: Terminado este debate, pasamos al último punto del orden del día, por fin, que trata sobre la proposición no de ley 1190, referida a la inseguridad en el ámbito rural, del Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa tiene la palabra la señora Quintanilla. (Rumores.)

La señora QUINTANILLA BARBA: Efectivamente vamos a ver en último lugar la proposición no de ley presentada por mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular,

Página 31


que además es de vital importancia para el mundo agrario, para los agricultores y ganaderos de España. Hoy tenemos que dar respuesta aquí, con esta iniciativa, a las peticiones que desde hace mucho tiempo vienen haciendo miles de agricultores y ganaderos angustiados por el preocupante incremento de los robos y hurtos en sus explotaciones agrarias, que están poniendo en grave peligro sus economías y, lo que es aún más importante, en muchos casos están poniendo en peligro incluso la propia integridad física de las familias agrícolas y ganaderas. (Rumores.)

En los últimos meses, y coincidiendo con el agravamiento de la crisis económica y de la escalofriante escalada del paro, que ha llevado a España a tener una creciente marginalidad social, se está produciendo un fuerte incremento de los robos y los hurtos en las explotaciones agrarias. (Rumores.)

Señora presidenta, le pediría al resto de mis compañeros que al igual que yo he sido respetuosa y he guardado silencio cuando han intervenido los distintos parlamentarios, se me escuche en sede parlamentaria, en esta Comisión. Por tanto le ruego, señora presidenta, que pida silencio al resto de los parlamentarios, porque creo que es una iniciativa muy importante. El mundo agrícola y ganadero necesita que se le escuche hoy en sede parlamentaria, y por tanto quiero que se escuche la voz de la parlamentaria del Grupo Popular que está defendiendo la iniciativa.


La señora PRESIDENTA: Ya ha visto que no es necesario, porque se han dado por aludidos.


La señora QUINTANILLA BARBA: Decía que prácticamente todos los días se producen hurtos y robos de instalaciones de riego, maquinaria, cosechas, cableados eléctricos, colmenas, vehículos y maquinaria agrícola, robos que en ocasiones se producen con violencia física, que hacen crecer el nerviosismo, la inquietud y miedo entre la población rural. Estos delitos ocasionan graves daños en las explotaciones y economías familiares de ámbito rural, y propician un clima de gran inseguridad en nuestros pueblos que se están viendo asaltados a diario sin que nadie ponga los medios necesarios para evitarlo. Desde luego esta parlamentaria que les habla, antes de presentar esta iniciativa, se ha dirigido al Gobierno solicitando información de hasta qué punto la inseguridad ciudadana había aumentado en el mundo rural, hasta qué punto en mi provincia, en Ciudad Real, se estaba produciendo esa inseguridad en el mundo rural, para acreditar en sede parlamentaria, ante esta Comisión datos exactos que no solamente vinieran de las reuniones que yo había tenido con las distintas organizaciones agrarias y con los agricultores y ganaderos.


Indiscutiblemente el Ministerio del Interior, el señor Rubalcaba, como siempre no daba los datos exactos de lo que estaba pasando en los pueblos de la provincia de Ciudad Real, sino que daba un dato generalizado de delitos contra el patrimonio, donde efectivamente del año 2007 al 2008 estos delitos habían aumentado en 513. Por eso he tenido que ir al informe de la Fiscalía General del Estado para ver cómo en el ámbito nacional en el año 2008 también se ha producido un mayor número de delitos contra el patrimonio, en torno a 146.374 delitos más de esta naturaleza que en el año 2007. Pero de nuevo vuelvo a hacer hincapié en que no tenemos los datos que reflejan específicamente cuántos de ellos corresponden a delitos cometidos en explotaciones agrarias, aunque a ciencia cierta muchos de ellos se han cometido en el campo español. Y existen muchos más que los agricultores no se han atrevido a denunciar, unas veces por miedo a represalias, pues en gran parte de los casos se trata de bandas organizadas, y otras veces por estar cansados de perder el tiempo en presentar denuncias que en muchas ocasiones se tardan mucho tiempo en resolver. Cuando a un agricultor se le quitan diez cajas de melones o diez cajas de limones o tres o cuatro corderos por la noche eso no tiene importancia, pero si sabemos la importancia que supone para la renta agraria de ese agricultor, que ha caído de manera espeluznante en el último año en España, y que los productos de nuestros agricultores y ganaderos no valen nada en el mercado, indiscutiblemente estamos hablando de una situación tremendamente preocupante para las explotaciones agrarias. Por tanto nos encontramos ante un problema muy acuciante para la población del medio rural español y para su economía, porque por un lado estamos hablando de la sensación de miedo y de inseguridad que los agricultores y ganaderos y sus familias sienten, y por otro lado también estamos hablando de pérdidas económicas, puesto que los agricultores y ganaderos tienen que hacer frente no solo a reponer lo robado, transformadores y cualquier otro elemento que contenga el tan buscado cable de cobre, sistemas de riego, maquinaria agrícola, vehículos, combustible que roban por la noche, así como cosechas, sino también a los cuantiosos destrozos que en la mayoría de las ocasiones provocan los delincuentes para llevar a cabo su fechoría.


Señora presidenta, la pérdida de los sustraído, así como el desembolso económico que los agricultores y ganaderos deben hacer, víctimas de los robos y hurtos para arreglar los daños provocados por los delincuentes, agravan aún más la ya maltrecha renta familiar de los agricultores y ganaderos, sectores que pasan además por una de las más graves crisis de su historia. Ante estos hechos, que en algunos casos se han producido hasta con violencia física, los agricultores y ganaderos se encuentran totalmente desprotegidos. Tenemos que decir esta tarde aquí que, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen los hombres y mujeres de la Guardia Civil, que además hacen un servicio público encomiable, que están al servicio de todos los ciudadanos, hoy por hoy son absolutamente insuficientes para velar por la seguridad en el mundo rural. En muchas ocasiones la única salida que ha quedado a estos agricultores y ganaderos ha sido crear patrullas de vigilancia formadas por los propios grupos de agricultores y ganaderos, como se ha hecho

Página 32


ya en varias comunidades autónomas, pero está claro que esta no es la única solución.


Desde luego no solamente estamos hablando de inseguridad ciudadana desde el Grupo Parlamentario Popular, también las organizaciones agrarias lo han denunciado por activa y por pasiva en distintos medios de comunicación, anunciando la gran inseguridad que viven los hombres y mujeres del campo. Por tanto el Grupo Parlamentario Popular entiende que es hora de que seamos capaces de dar una respuesta satisfactoria a los hombres y mujeres del mundo rural, que se duermen y se levantan esperando que los amigos de lo ajeno hayan pasado de largo por sus explotaciones.
Por ello el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta proposición no de ley, porque entendemos que hoy los hombres y mujeres, los agricultores y ganaderos necesitan mayor seguridad; necesitan vivir y trabajar seguros, sabiendo que sus propiedades y sus cosechas están a salvo. Para que eso sea posible es necesario saber cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos, qué medios tenemos y cómo están distribuidos, para así incrementar los recursos y los efectivos de vigilancia existentes, que desde luego en estos momentos son insuficientes. Por eso mi grupo ha presentado esta proposición no de ley. Una proposición no de ley que en sus peticiones establece, por una parte, que se revise el actual despliegue de puestos de la Guardia Civil en el medio rural, a los efectos de evaluar las necesidades existentes, y por otra parte queremos también que se mejore el acuartelamiento de la Guardia Civil en el ámbito rural. Queremos que se incremente el número de efectivos destinados en los puestos rurales de la Guardia Civil, y queremos también que se pongan en marcha desde el Ministerio del Interior planes específicos para hacer frente a las nuevas tipologías delictivas que se están produciendo en el campo. Pero también pedimos al Ministerio del Interior que abra una línea de diálogo e interlocución con las asociaciones agrarias y los sectores afectados para abordar sus problemas específicos de seguridad.
(Rumores.)

Ante este debate esta tarde he querido llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista. Efectivamente me han presentado una enmienda de sustitución, pero mi grupo no podía admitir una enmienda de sustitución, porque cambiaba el espíritu de esta proposición no de ley. Hemos querido llegar a una transaccional, pero siempre con el compromiso de velar por la seguridad de los hombres y las mujeres del campo. Hasta el último momento esa transaccional podía haber visto la luz en este debate, y sobre todo podríamos haber llegado a un buen acuerdo porque se lo merece la sociedad rural. Sin embargo en el último momento no han querido rebajar su transaccional y nosotros tampoco podíamos cambiar nuestro espíritu ya que queríamos que fuera el ministro del Interior el que recibiera a las organizaciones agrarias, para así ver cómo podemos abordar los problemas específicos de inseguridad rural que se están produciendo en los pueblos de España. La enmienda planteaba que se hiciera a través de las juntas de seguridad local. Una cosa que respeto, señor González Serna, es que ha tenido usted el buen talante para poder llegar a ese acuerdo, pero indiscutiblemente no podemos dejar en manos de la Junta de Seguridad Local el abordar y poner en marcha mayores efectivos, poner en marcha el mejoramiento de los acuartelamientos de la Guardia Civil o poner en marcha iniciativas como esta, que den seguridad -hoy más que nunca- a los agricultores y ganaderos, a los hombres y mujeres que viven de la agricultura y de la ganadería y que hoy desgraciadamente no están seguros en sus explotaciones agrarias. Por eso queríamos que el ministro del Interior, como no puede ser de otra manera, recibiera a las organizaciones agrarias y se empezara a trabajar en un acuerdo para poner en marcha el petitum de esta iniciativa que ha presentado ante esta Cámara y ante esta Comisión el Grupo Parlamentario Popular.


Gracias por el silencio que se ha guardado y ojalá que se hubiera llegado al acuerdo.


La señora PRESIDENTA: Para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Serna.


El señor GONZÁLEZ SERNA: Señorías, ya me hubiera gustado a mí mantener el tono general de acuerdo y de entendimiento -de buen rollito, en palabras del señor Olabarría- que ha predominado en la mayor parte de los asuntos del orden del día. Pero, parafraseando a doña Esperanza Aguirre, hoy seré yo el verso libre de mi grupo, aunque desde luego solo hoy y en este punto del orden del día.


Yendo a la cuestión, señorías, he seguido con atención, señora Quintanilla, su intervención y he leído también con atención y mucho interés el contenido y la justificación de su proposición no de ley.
Quiero decirle abierta y claramente que discrepo, que el Grupo Parlamentario Socialista discrepa de su planteamiento. Es indudable que en España se cometen delitos y que los delitos y faltas se cometen en el ámbito rural y también en el ámbito urbano. Ocurre ahora con el Gobierno del Partido Socialista, y con el señor Rubalcaba como ministro del Interior, y ocurría antes con los gobiernos del Partido Popular, con el señor Acebes, con el señor Mayor Oreja, y también -y especialmente- con el señor Rajoy. Posiblemente luego tengamos ocasión de hablar de las intensidades con las que esto se ha producido. Los delitos y faltas se producían antes y se producen ahora. Pero una cosa es reconocer razonablemente -como hace mi grupo- que se cometen delitos todos los días en España, y otra cosa muy distinta es hacer lo que este grupo y este portavoz considera que es un planteamiento alarmista, exagerado y que poco o nada tiene que ver con la realidad cotidiana que se vive, tanto en las ciudades como en el ámbito rural al que se refería específicamente su señoría.


Señoría, se lo digo con respeto y con amabilidad, pero a la vez con contundencia: exageran ustedes cuando hablan de inseguridad ciudadana hasta el tremendismo

Página 33


más absoluto. Solo hay que leer los adjetivos y las frases que ha utilizado usted en su intervención y que también ha utilizado en su proposición no de ley, y desde luego también el tono, que siendo comedido en las formas, era un tono que incidía en esa tendencia al alarmismo y al tremendismo al que yo me refería. Señorías, señora Quintanilla, lo repito, cuando el Partido Popular habla de seguridad ciudadana pinta una España negra, pinta una España terrible y una España en la que, según ustedes, no se puede dar un paso sin que te roben. Una España que afortunadamente, a nuestro modo de ver y al modo de ver de los ciudadanos -como se refleja en las encuestas del CIS-, solo existe en su imaginación política y que sin duda -es comprensible- es producto de sus ansias por volver cuanto antes al Gobierno.


Ustedes consideran que la crisis económica y el paro -lo ha dicho usted en su intervención, señora Quintanilla, y lo refleja también en el texto de la exposición de motivos- son la causa de una pretendida oleada de robos en el campo. ¿Qué quiere usted que le diga? Mi grupo considera que es políticamente irresponsable asociar crisis e incremento del paro a incremento de la delincuencia, como usted ha hecho hoy aquí y como hacía hoy mismo un compañero suyo en la tribuna de oradores en el Pleno del Congreso de los Diputados, a propósito de una proposición no de ley también sobre seguridad ciudadana. Consideramos, como le decía, que es absolutamente irresponsable desde el punto de vista político hacer esa asociación. Además, no le den muchas vueltas a esta cuestión. Los datos dejan absolutamente claro, señorías, que la crisis no causa ningún aumento de la inseguridad ciudadana. Posiblemente tenga mucho que ver con eso el aumento de las políticas sociales del Gobierno del Partido Socialista, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se lo voy a decir con total sinceridad, cuando les escucho, cuando escucho sus planteamientos con ese tono tremendista de alarma social, les auguro a ustedes largos años en la oposición; se lo digo sinceramente. Creo que van a estar ustedes muchos años en los bancos de la oposición. ¿Sabe usted por qué, señora Quintanilla? Porque creo que cometen uno de los peores errores que se puede cometer en política y en la vida: alegrarse de lo negativo, manifestar satisfacción de que las cosas no vayan bien. Y cuando usted estaba interviniendo -y se lo digo de nuevo de forma respetuosa, pero también contundente- y hablaba de lo insegura que es España y de lo inseguro que es el campo, tenía usted ese mismo tono, ese mismo brillo en los ojos -me atrevería a decir metafóricamente- que tiene el señor Montoro cuando habla de millones y millones de parados. Y eso, de verdad, yo creo que lo notan los ciudadanos, lo advierten los ciudadanos. (Rumores.-La señora Quintanilla Barba: ¡Qué pena que haga un discurso tan triste!)

La señora PRESIDENTA: Ruego orden en la sala, por favor.


El señor GONZÁLEZ SERNA: Eso, finalmente, a ustedes a la larga les perjudicará y hará que se cumpla mi augurio y que estén ustedes largos años en la oposición.


Señoría, voy acabando, pero quiero decirle que este debate no quiero que sea mi palabra contra la suya. Este debate debe ser -o yo lo entiendo así- el debate de los datos y de las cifras oficiales, por ejemplo, de las que ofrecía esta mañana el ministro del Interior. Seré muy breve, pero, señoría, los datos son los que son. Son los datos que el Ministerio del Interior ofrece a este Parlamento, a esta Cámara, y no son -lo matizo- los datos de la fiscalía, que siendo datos importantes no reflejan la delincuencia, sino la actividad judicial durante el año. Y los datos -como decía- indican que España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, digan ustedes lo que digan -23 puntos inferior a la media-; y los datos también dicen que España es hoy más segura -lo demostraba esta mañana con cifras el ministro del Interior- que cuando gobernaba el Partido Popular, y singularmente más segura que cuando el señor Rajoy era ministro del Interior; y los datos también dicen que la tasa de homicidios y asesinatos ha bajado sustancialmente, como también han caído los delitos contra el patrimonio, los robos con violencia, los tirones en la vía pública, las sustracciones de vehículos.
En general, señora Quintanilla, señorías, ha caído el número total de delitos y faltas, y además afortunadamente ha mejorado la eficacia policial porque hay más detenidos, y además se esclarecen más delitos que cuando ustedes gobernaban.


¿Sabe usted por qué ocurre esto? Lo ha dicho el ministro del Interior y yo voy a repetir sus palabras aquí ahora: esto no es mérito del Gobierno del Partido Socialista, esto es una consecución, un logro que es producto del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; es el trabajo de los hombres y mujeres de la Policía y de los hombres y mujeres de la Guardia Civil; por eso bajan los delitos. El único mérito que puede tener el Partido Socialista y el Gobierno del señor Zapatero es haber tenido la determinación política de hacer lo contrario que hacía el Partido Popular; haber tenido la determinación política de incrementar los recursos económicos al servicio de las políticas de seguridad; haber tenido la determinación política de aumentar sustancialmente el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por eso, porque hay más guardias civiles, porque hay más policías España hoy es más segura, lo cual no quiere decir que no se cometan delitos, como dije al principio de mi intervención. Acabo -ahora sí acabo- diciéndole, señora Quintanilla, que no se preocupe, porque aunque vamos a votar en contra de su iniciativa, a pesar de que ha habido una voluntad de entendimiento que agradezco y valoro y que mi grupo agradece y valora, tenga usted por seguro que el Gobierno, el Ministerio del Interior va a seguir trabajando sin descanso por la seguridad ciudadana, tanto en el ámbito de las ciudades como en el ámbito rural.


Página 34


La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que no tengan enmiendas que desean intervenir? (Pausa.) Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: He escuchado atentamente la intervención de la señora Quintanilla y también la del portavoz del Grupo Socialista, y quiero comentar que la expresión de buen rollito no es mía; la he copiado de alguien de la Mesa. Bastantes expresiones y locuciones se me atribuyen; incluso alguna persona con mala intención dice que no constan en el diccionario, hasta que al final se encuentran. Por tanto, renuncio a la paternidad de la frase.


En todo caso, señora presidenta, y volviendo al fondo de la cuestión, tengo aquí un documento que me ha entregado mi compañera de pupitre; es un documento de su asesor personal que se va a casar en un corto plazo, y cuyo suegro le comenta que la semana pasada le han robado el tractor; es un payés de Cataluña. Señorías, no se puede relativizar o minimizar la cuestión; existen delitos, existe delincuencia, lo cual no ha sido negado por el portavoz del Grupo Socialista. Sin embargo la fórmula que preconiza la portavoz del Grupo Popular, la necesidad de que sea el ministro del Interior el que reciba a las organizaciones de payeses, no sé si es la más adecuada. Yo le voy a reproducir la fórmula de Euskadi.
En Euskadi existen lo que se denominan juntas de seguridad municipal, de las que forman parte los alcaldes y las organizaciones representativas.
Le puedo asegurar que en Euskadi no faltan organizaciones, no falta asociacionismo; hay sindicatos de todo tipo para todo tipo y suerte de objetivos; es más, algunos probablemente son inexistentes en el mundo de los vivos. El asociacionismo y la vertebración de este país está sobredimensionada y hay muchos sindicatos agrarios; los sindicatos agrarios se reúnen con los alcaldes, los alcaldes se reúnen con el comisario de la Ertzaintza, y a través de este procedimiento se solucionan los problemas, también los de seguridad ciudadana. Por tanto, desde esta perspectiva, y si esta es la fórmula que preconiza el Partido Socialista Obrero Español, me parece razonable, entre otras cosas porque es la que el Gobierno de Euskadi está utilizando con eficiencia, y con una reducción que se puede acreditar estadísticamente de la delincuencia o de la criminalidad en el ámbito rural. Desde esta perspectiva, señora Quintanilla, muchas de sus reflexiones son pertinentes, pero yo prefiero la fórmula que he relatado porque me parece más adecuada y sobre todo más congruente con los objetivos, loables objetivos, glosados por la señora Quintanilla. (La señora Quintanilla Barba pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Quintanilla. El debate de esta proposición no de ley está concluido. Le voy a dar la palabra para que se exprese sobre la enmienda presentada, pero no reabra un debate, que ya está agotado. Agradezco a todos los portavoces y todas las portavoces su intervención en el transcurso de esta Comisión, que ha sido muy larga y prolija, con un orden del día con mucho contenido. Quizás al final hemos invertido un poco más de tiempo, pero se demuestra que se puede hacer un debate relativamente ágil, pudiéndose expresar todo el mundo sin necesidad de demasiado tiempo en cada una de las intervenciones. Le doy la palabra para que se exprese en este sentido y comenzaremos las votaciones.


La señora QUINTANILLA BARBA: Yo también con contundencia, como el portavoz socialista, quiero decir que en ningún caso mi discurso ha sido apocalíptico ni alarmista. He hablado de realidades, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. También quiero decirle una cosa.


La señora PRESIDENTA: Señora Quintanilla, cada uno se expresa...


La señora QUINTANILLA BARBA: El brillo en los ojos. Es muy triste que esa apreciación la haga usted.


La señora PRESIDENTA: No tenemos réplica en este debate.


La señora QUINTANILLA BARBA: Ya termino, señora presidenta, está siendo muy benevolente y lleva usted razón.


Señor Olabarría, solamente quiero decirle algo que creo que es importante, usted hace apreciación de que las juntas locales de seguridad pueden reunirse con las organizaciones agrarias locales y provinciales para llevar a efecto la seguridad en todos los ámbitos. Totalmente de acuerdo, pero ese no es el espíritu de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. El espíritu de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular es que sean las organizaciones agrarias de ámbito nacional las que se reúnan...


La señora PRESIDENTA: Señora Quintanilla, lamento cortarle la palabra, pero está usted reabriendo el debate.


La señora QUINTANILLA BARBA: Perdone, era para especificar lo que quería decir.


La señora PRESIDENTA: Todos hemos entendido la intervención que ha hecho cada portavoz. No hay más. Entendemos de nuevo que no acepta la enmienda del Grupo Socialista.


La señora QUINTANILLA BARBA: No la acepto, como no podía ser de otra manera.


La señora PRESIDENTA: ¿Estamos en condiciones de pasar a la votación? (Asentimiento.) Pasamos, por tanto, a las votaciones. Vamos a votar en el mismo orden

Página 35


del orden del día, no en el que hemos hecho el debate, sino en el orden primitivo y original.


El primer punto es la proposición no de ley número 709, del Grupo Mixto, de la señora Díez, que se votará con la redacción de la enmienda transaccional.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley número 55, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida, sobre prevención de tortura y otros malos tratos en los centros de detención. Entiendo que se vota con la redacción de la enmienda del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Punto tercero, proposición no de ley 195, del Grupo Parlamentario Popular, sobre misiones militares de la Guardia Civil. Esta proposición no de ley no tuvo ninguna enmienda.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


La siguiente es la proposición no de ley 447, del Grupo Parlamentario Popular, sobre misiones internacionales de pacificación con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se vota la redacción con la enmienda transaccional.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


La siguiente proposición no de ley es la 483, del Grupo Parlamentario Popular, sobre garantías de seguridad ciudadana en Portmany. Esta se vota en sus términos, porque no tuvo ninguna enmienda. Bahía de San Antonio.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Proposición no de ley 632, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota con la enmienda transaccional.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley 711, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota en sus términos.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley 836, del Grupo Parlamentario Popular, que quedaría en los términos de la transaccional.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley 950, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el aumento de edad para opositar a los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Se vota en sus términos.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley 1190, del Grupo Parlamentario Popular, sobre inseguridad en el ámbito rural. Se vota en sus términos

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Por último, proposición no de ley 1235, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre legislación relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se vota en los términos de la enmienda transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y diez minutos de la noche.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal