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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 318, de 23/06/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 318
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 25 celebrada el martes 23 de junio de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de Ley:

- Relativa a los criterios de valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales (Bices). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000316.)... (Página 2)

- Relativa a la agilización y simplificación de trámites para la creación de nuevas empresas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001098.)... (Página 5)

- Relativa a la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares directos. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001054.)... (Página 7)

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Comparecencia del señor gobernador del Banco de España (Fernández Ordóñez) para informar sobre:

- Los informes o memorias relativas a las materias en las que tiene atribuciones el Banco de España. Por acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda. (Número de expediente 212/000620.)... (Página 10)

- La repercusión del Caso Madoff en el sistema financiero español. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000399.)... (Página 10)

- La repercusión que puede tener la sentencia del Juzgado Mercantil número 6 de Madrid del 3 de noviembre de 2008, que concluye que Fórum y Afinsa realizaban una actividad financiera y no mercantil. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000402.)... (Página 10)

- Los procesos de fusión de Cajas de Ahorros. Comparecencia urgente a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000473.)... (Página 10)

- La toma de control de Caja Castilla-La Mancha y las medidas adoptadas con relación a asegurar su liquidez. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000525.)...
(Página 10)

- Sus previsiones con relación a las posibles intervenciones preventivas de entidades financieras que hayan superado, o estén a punto de hacerlo, el 4% de la tasa de morosidad y el 7% de los recursos propios sobre el riesgo. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 212/000546.)... (Página 10)

- La intervención de Caja Castilla-La Mancha, solicitada conjuntamente con la del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda. Comparecencia urgente a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000547.)... (Página 10)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (BICES). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000316.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda. Tengo que informar a SS.SS. que hemos convenido con los distintos portavoces de la Comisión fijar como hora de votación no antes de las once y media.


Empezamos con la primera proposición no de ley, promovida por el Grupo Mixto; la va a defender el señor Jorquera, del Bloque Nacionalista Galego, que tiene la palabra.


El señor JORQUERA CASELAS: En esta proposición no de ley instamos al Gobierno a modificar los contenidos del Real Decreto 1464/2007, en lo relativo al método de valoración de los saltos de agua, presas y embalses, de manera que los nuevos criterios de valoración impliquen un incremento del valor de los mismos y permita que las haciendas municipales compensen el fuerte impacto social y medioambiental que supone la presencia de estas instalaciones en el suelo municipal. Como ustedes saben, este real decreto modificó las normas técnicas de valoración catastral, así como los coeficientes correctores en función de los cuales se determina el valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales tales como aeropuertos, autopistas, centrales hidroeléctricas, embalses o parques eólicos. De acuerdo con este valor catastral, los ayuntamientos pueden repercutir a las empresas que explotan

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estas infraestructuras un IBI, que constituye una de sus principales fuentes de ingreso. Se da la circunstancia de que el organismo encargado de realizar la ponencia de valores en función de la cual se establece este IBI es el catastro de forma exclusiva, sin que los ayuntamientos lo puedan recurrir. Es cierto, señorías, que fruto de estas modificaciones en los criterios de valoración la mayoría de los ayuntamientos del Estado español han salido beneficiados y obtendrán más ingresos por este concepto, pero no es menos cierto que decenas de pequeños ayuntamientos, tanto de Galicia como de otras comunidades del Estado español, se han visto seriamente perjudicados, en particular los ayuntamientos en cuyo territorio existen centrales hidroeléctricas, presas o embalses de cierta antigüedad o que están afectados por la lámina de agua de las mismas.


Quiero llamar su atención, señorías, sobre varias cuestiones. En primer lugar, estos ayuntamientos, o si lo prefieren la población que reside en los mismos, han tenido que asumir importantes costes sociales y medioambientales por la instalación de estas infraestructuras; han visto como se han anegado sus valles más valiosos, con el consiguiente impacto paisajístico, con la alteración de su microclima, con el consiguiente traslado de la población que residía en estos valles y con la desaparición de los aprovechamientos económicos anteriores a la implantación de estas infraestructuras. Y uno de los pocos mecanismos de compensación por la asunción de todos estos costes era el IBI que los ayuntamientos repercutían a las empresas que explotaban estas infraestructuras. En segundo lugar, la razón de la menor valoración catastral es la antigüedad de estas infraestructuras, algo con impacto particularmente negativo en Galicia, dado que la práctica totalidad de las centrales hidroeléctricas y saltos de agua existentes en la cuenca del Miño-Sil sobrepasan los cincuenta años de antigüedad. Les pregunto si consideran lógico que las empresas tengan que pagar menos IBI por este motivo cuando precisamente en razón de la antigüedad de estas infraestructuras la inversión está total y absolutamente amortizada y el beneficio que le reporta a la explotación de las mismas es mucho mayor.
Y, en tercer lugar, tengan en cuenta, señorías, que el impacto de esta menor valoración catastral en las haciendas locales es brutal. Piensen que estamos hablando de ayuntamientos en general con muy poca población, ayuntamientos que, como todos, sufren una fuerte reducción de los ingresos como consecuencia de las crisis económica, ayuntamientos que, como todos, están esperando por la tantas veces anunciada y siempre retardada reforma de la financiación local, y en muchos de estos ayuntamientos el impacto que supone esta reducción en sus ingresos anuales supera el 20 por ciento. Por lo tanto, el desequilibrio que esto genera en las haciendas locales es evidente.


Estas son las razones que fundamentan la presentación de la proposición no de ley. Consideramos que los planteamientos que he expuesto son justos y razonables. Por eso recabamos el apoyo de todos los grupos, aunque estaríamos dispuestos a estudiar una transacción en virtud de la cual se sustituya el tenor literal de la parte resolutiva de nuestra proposición, por una proposición en la que se inste al Gobierno a estudiar o articular medidas para compensar a estos ayuntamientos por el impacto que esta modificación tiene en sus haciendas locales. Espero que en el diálogo que establezcamos los distintos grupos seamos capaces de llegar a esta transacción, que dé satisfacción a una demanda compartida por todos estos ayuntamientos y las fuerzas políticas en ellos operantes.


El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y la va a defender el señor Mas, que tiene la palabra.


El señor MAS I ESTELA: Es la segunda vez en este año que tratamos en esta misma sala la valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales, los Bices, referido a aquellos ayuntamientos que han tenido mermas en sus ingresos derivados de la revisión catastral que se determinó por el Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre. Por tanto, el tema ya se debatió en esta misma Comisión y se llegó a una transacción. La propuesta de enmienda que hace el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Mixto va en la misma dirección. Es exactamente la misma que propusimos en el mes de febrero. Dicho esto, podríamos remitirnos al "Diario de Sesiones" de esta Comisión y dar por zanjada nuestra posición.
Sin embargo, quizás sea conveniente reiterar lo que dijimos en aquel momento. Todo proceso de revisión catastral es el resultado de la valoración que se hace en un momento determinado, según las características de cada bien, con variaciones lógicas diversas. Fruto de este valor catastral, la recaudación final derivada de las evaluaciones puede variar, a pesar de que los ayuntamientos también pueden ajustar los tipos impositivos, cosa que ya sé que gusta poco, con objeto de conseguir las cuotas que crean convenientes.


En todo proceso de revisión catastral hay administraciones locales que han visto aumentadas sus capacidades, y se han alegrado mucho de ello y han callado, y otras que han visto disminuidas sus capacidades y han puesto el grito en el cielo diciendo que tenían menos ingresos que antes. Pero esto es fruto de un proceso de revisión catastral que en el caso de los Bices, ya dijimos en su momento, que era la primera revisión catastral que afectaba a todos estos inmuebles de características especiales de toda España, y que nunca se había hecho una valoración con los mismos criterios. Así, hemos visto que la mayoría de las nuevas valoraciones de los Bices que se hizo con este real decreto que ahora se discute comportaron aumentos, pero también se dieron casos en los que hubo disminuciones. En Galicia concretamente los resultados globales de la valoración de todos los Bices son positivos, aunque coincido con el señor Jorquera que fueron dispares en cada una de las provincias, y que

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probablemente algunos ayuntamientos pequeños tuvieron mermas en sus ingresos.


Por esta razón pensamos que difícilmente puede aceptarse la compensación de oficio que pudiera derivarse de un proceso de revisión catastral para aquellos bienes que tuvieran variaciones negativas, ya que iría contra la esencia misma del mecanismo tributario. No estamos ante consideraciones legales de beneficios fiscales consolidados, sino ante variaciones de las bases fiscales que pueden ser positivas o negativas. Si aceptamos que hay que compensar las minusvalías, las variaciones negativas, ¿qué tendríamos que decir de las variaciones positivas?, ¿tendríamos que determinar que se devolvieran sus ingresos? Esto no tiene sentido. El problema está en que la fiscalidad o las finanzas de los municipios pequeños van ligadas a figuras tributarias que experimentan variaciones. De lo que tenemos que hablar es de la financiación de los municipios, no de las figuras tributarias, porque si tocamos las figuras tributarias las afectamos para todo el conjunto. Por esta razón propusimos la enmienda que decía que en el marco de la reforma de las haciendas locales -entiendo que el representante del Grupo Parlamentario Mixto, en este caso del Bloque Nacionalista Galego, diga: esto lo hemos oído muchas veces, parece ser, al menos las entidades municipalistas están hablando de que dentro de este año 2009 se puede llegar a una revisión de las haciendas locales- en este marco pedimos que se estudie la tributación de este tipo de inmuebles para el conjunto de las haciendas municipales particulares, a los efectos de intentar asegurar la estabilidad de los recursos de las mismas. Probablemente no tenemos que hablar de la figura tributaria concreta, pero sí de la financiación concreta. Pensamos que esta propuesta es más equilibrada y comprensiva de las múltiples y dispares situaciones que pueden producirse a lo largo de toda nuestra geografía.
El señor Jorquera decía que los saltos de agua en Galicia tienen más de cincuenta años y su valor catastral ha bajado. La pregunta es qué pasa con el IAE de las empresas que explotan estos saltos de agua, que es otra figura tributaria prevista en la Ley de Haciendas Locales, y que por esta vía se podría compensar porque este salto de agua produce un resultado económico que se valora en otro impuesto, no en el impuesto de bienes inmuebles, sino en el impuesto de actividades económicas.


Pensamos que nuestra propuesta, que es la misma enmienda que se aprobó en esta Comisión en el mes de febrero, es mucho más equilibrada y comprensiva de las múltiples situaciones que se pueden dar, y por eso la mantenemos. En todo caso, estamos abiertos de aquí al momento de la votación, a hacer alguna transacción sobre ella, pero nos parece que es bastante adecuada.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto realmente complejo de uso especializado integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que por su carácter unitario, por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble y comprende los grupos de producción de energía eléctrica y gas, el refino del petróleo, las centrales nucleares, las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego, las autopistas, carreteras y túneles de peaje, los aeropuertos y puertos comerciales. Nosotros en principio, y digo en principio porque depende de cómo sea la enmienda de transacción a la que han hecho referencia los portavoces del Grupo Socialista y el Bloque Nacionalista Galego, decidiremos definitivamente cuál es nuestra posición, pero en principio somos contrarios a esta PNL porque, como saben, el Grupo Parlamentario Popular es contrario al incremento de los impuestos. Somos partidarios de rebajar los impuestos. Modificar los términos de valoración catastral del impuesto sobre Bices, tal como están descritos en la proposición no de ley, supone aumentar la tributación a las empresas.


Por otro lado, el momento económico es poco propicio para ese incremento fiscal. Tampoco creemos que sea perjudicial para las empresas, porque el empleo creado por las centrales y las plantas de energía es un valor añadido en la región, del que se beneficia la sociedad gallega en su conjunto, por lo que no se entiende cómo se habla de costes sociales en los términos en los que viene definido en la proposición no de ley. En cuanto al incremento de la tecnología y las inversiones en energías eficientes y limpias en la región, con el beneficio que esto conlleva, también una elevada carga fiscal puede afectar de forma negativa a la vida de estas empresas que, en ocasiones, han cuadruplicado en un solo año el importe de este impuesto y puede afectar, sobre todo, al desempleo.


La nueva tributación supone un incremento de los beneficios para los ayuntamientos en comparación con años anteriores; las arcas de los municipios gallegos verán incrementado su patrimonio gracias a este impuesto. Se pasó del 0,7 por ciento del tipo de gravamen al 1,3 por ciento sobre el valor catastral. Por eso combatir la escasez de recursos que padecen los ayuntamientos para hacer frente a las competencias asumidas en materia social se debe hacer de otra manera; hay que crear un plan integral de financiación conjunto con el Gobierno autonómico, pero nunca a través del impuesto a las empresas. Somos partidarios del llamado, pacto local, donde intervengan el Gobierno, las comunidades autónomas y se dote a los ayuntamientos de una financiación mucho más acorde con sus necesidades, pero no por la vía de incrementar los impuestos.


Únicamente me queda insistir en lo que he dicho, que si la enmienda transaccional nos parece razonable nuestra posición será votar a favor; en caso de que no sea así, nos abstendremos.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el ponente para expresar su opinión respecto de la enmienda.


El señor JORQUERA CASELAS: Intentaremos establecer un diálogo para ver si llegamos a una propuesta de transacción.


- RELATIVA A LA AGILIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001098.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a la agilización y simplificación de los trámites para la creación de nuevas empresas, presentada por el Grupo Popular, en cuyo nombre va a intervenir la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: La proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular trae hoy a esta Comisión tiene un objetivo muy claro: simplificar los trámites necesarios para la creación de nuevas empresas, utilizando además las nuevas tecnologías. Esta iniciativa se enmarca en la necesidad que siempre defendemos en el Partido Popular, de facilitar al máximo las obligaciones formales que deben cumplir los empresarios a la hora de iniciar un nuevo proyecto empresarial, en este caso al construir una nueva sociedad. En el Partido Popular estamos convencidos de que la única fórmula que existe para generar empleo es ayudando al máximo a los empresarios para crearlo; lo hemos manifestado en muchas ocasiones y hoy es una nueva oportunidad para expresar este principio que nos parece básico, fundamental para generar empleo, riqueza y bienestar en nuestra economía.


La iniciativa que hoy presenta mi grupo no tiene mayores pretensiones que esta, que es muy importante además, facilitar una de las primeras gestiones que debe realizar un empresario para poder constituir una nueva sociedad bien sea anónima, limitada o cualquier otra forma jurídica que adopte. Previamente al otorgamiento de la escritura pública ante notario para constituir una nueva sociedad, la persona interesada en iniciar el nuevo proyecto empresarial debe obtener por parte del Registro Mercantil Central, cuya sede está ubicada en Madrid, un certificado que incorpora la denominación societaria, es decir, un nombre con el que esta empresa actuará en todas sus relaciones jurídicas frente a terceros. Pues bien, desde la asunción de esta competencia por parte del Registro Mercantil Central se ha producido una evolución tendente a agilizar al máximo este proceso que voy a tratar de explicar brevemente. Inicialmente, las solicitudes para obtener la denominación social se presentaban solamente en la ventanilla del Registro Mercantil Central o por correo ordinario.
Posteriormente, como consecuencia de la incorporación de las nuevas tecnologías y del uso de Internet, el Registro Mercantil Central incorporó las peticiones a través de Internet, mediante la página web del Registro Mercantil Central, evitando el desplazamiento presencial del ciudadano a la sede física del registro para hacer la solicitud de este certificado de denominación social.


Esta opción lleva ya operativa unos diez años y con posterioridad, en el año 2003, el Registro Mercantil Central ha incorporado una nueva forma de petición y expedición de denominación societaria, que es el llamado sistema de firma electrónica reconocida, pero que en la actualidad funciona exclusivamente en dos ámbitos: el notarial y para la sociedad limitada nueva empresa. En el ámbito notarial, los notarios están autorizados a solicitar el certificado de denominación societaria vía telemática y les es enviada esa calificación por parte del Registro Mercantil Central también por vía telemática.


A la vista de todo lo anterior, mi grupo se planteó presentar esta iniciativa para ayudar a todas las personas interesadas en emprender un negocio como persona jurídica, a agilizar los trámites y el tiempo necesario para obtener este certificado de denominación societaria, evitando al mismo tiempo el desplazamiento innecesario hasta Madrid, o por vía de correo ordinario, y utilizar las ventajas que aportan las nuevas tecnologías, pudiendo obtener a través de Internet este certificado de denominación societaria. Por ello ha presentado mi grupo esta PNL que consta de tres puntos. El 1.º pide acortar el plazo de expedición del certificado de denominación societaria por parte del Registro Mercantil Central a 24 horas hábiles a partir de su solicitud.
El 2.º pide generalizar el sistema de firma electrónica reconocida a todos los usuarios, previo estudio de su extensión, requisitos y efectos y con el conveniente acuerdo con el Ministerio de Justicia. El 3.º pretende estimular a que los usuarios de Internet soliciten nota previa informativa como medio para evitar las certificaciones negativas que impiden y retrasan la agilidad del sistema, a la hora de obtener la certificación de la denominación societaria para la creación de una nueva empresa.


Dado el contexto de grave crisis económica que atraviesa nuestro país y las grandes dificultades que padecen nuestros empresarios se hace muy oportuna la presentación de esta iniciativa que, aunque no debe verse como una medida aislada, pues hacen falta muchas más para ayudar a los empresarios a generar empleo y riqueza, sí que facilita el proceso burocrático y formal para la creación de nuevas empresas. Por tanto, básicamente lo que queremos conseguir a través de la presentación de esta iniciativa es que estos empresarios puedan obtener el certificado de denominación societaria a través de Internet mediante la firma electrónica reconocida. Según reflejan las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, la caída acumulada en el ritmo de creación de empresas hasta el mes de abril de 2009 es del 34,6 por ciento. Es necesario que en esta Cámara nos planteemos la necesidad de eliminar todos aquellos obstáculos a los que se deben enfrentar los potenciales empresarios al

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iniciar un proyecto de creación de una nueva empresa. Por ello, es necesario ampliar el ámbito de aplicación de la firma electrónica reconocida a todos los usuarios, a todos los ciudadanos que tienen que acercarse al Registro Mercantil Central para pedir este certificado de denominación social, lo que beneficiará no solo al ciudadano particular sino también a operadores jurídicos, a gestores, a entidades financieras, a empresas, a grandes empresas, etcétera. Por supuesto, la adopción de todas estas medidas que hoy proponemos se tienen que basar en la armonización de dos principios fundamentales en derecho, que son: la seguridad jurídica -por eso pedimos un acuerdo con el Ministerio de Justicia para articular, establecer y estudiar todas estas medidas que proponemos- y la rapidez en la obtención de la denominación societaria.
Por ello, para garantizar esa seguridad es por lo que hemos pedido -repito- en ese punto 2.º que se estudie por parte del Ministerio de Justicia.


Señorías, la agilidad en los trámites administrativos es una constante preocupación de la Unión Europea que se ha traducido en numerosas directivas y también en el derecho español, como no podría ser de otra manera, se ha seguido esa tendencia de agilización y simplificación de trámites.


Por ello pedimos hoy, mediante la presentación de esta iniciativa, el apoyo de todos los grupos a esta proposición no de ley que supondrá un paso más en la agilización y simplificación de trámites; en definitiva, un paso más para ayudar a los empresarios que deseen iniciar un nuevo proyecto empresarial generador de empleo y riqueza en la simplificación y en la creación de nuevas empresas. Por parte del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda que responde básicamente a los criterios y a los objetivos planteados por el Grupo Popular a través de esta iniciativa y, por tanto, estamos en disposición de llegar a una enmienda transaccional que recoja el objetivo básico de la misma, que es poder obtener el certificado de denominación societaria a través de Internet.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista, que a va a exponer la señora Batet.


La señora BATET LAMAÑA: En el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que esta iniciativa parlamentaria es muy oportuna. Por tanto, mis primeras palabras son de agradecimiento a la señora Madrazo por su presentación en esta Comisión de Economía. La proposición no de ley apunta a uno de los problemas ya señalados en varias ocasiones tanto por instancias internacionales como nacionales, como son las dificultades de diverso tipo para la creación de empresas en España, incluyendo precisamente la constitución de sociedades. Es verdad que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero queda un largo camino por recorrer. El Gobierno, consciente de esto, ha llevado a cabo algunas iniciativas. De hecho, dentro del PlanE de modernización de la economía se ha creado un grupo de trabajo que presentará un informe sobre una propuesta de reforma a la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, que esperamos que apunte en la dirección en la que va a esta proposición no de ley. Hay que ser conscientes de que con esta iniciativa o con la agilización de los trámites de constitución de sociedades no vamos a resolver todos los problemas económicos por los que atraviesan España y el mundo entero en estos momentos, pero agiliza y facilita la constitución de empresas y esto dinamiza la economía, que es uno de los objetivos compartidos por el Grupo Parlamentario Socialista.


En este contexto la proposición no de ley señala las dificultades para la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, ya que este trámite exige previamente la comprobación de que la denominación propuesta para la futura sociedad cumpla los requisitos legales. Entre estos está la comprobación de que no coincide con la denominación de otra sociedad ya existente o de que no resulta contraria al ordenamiento. Tal como SS.SS.
saben, en la comprobación de si el nombre puede generar confusión o no, si el nombre es idéntico el trámite es muy fácil porque se puede revisar en el registro y ver automáticamente que el nombre se repite, pero si genera confusión -que puede ser semántica, cacofónica y de muchas índoles-, la comprobación de que no se da no es tan rápida ni es tan fácil, y por tanto requiere un tiempo de examen por varios expertos en la materia. La prueba de que no es una cuestión fácil es que tenemos muchos pleitos en nuestros tribunales que afectan a esta materia.


Sin duda uno de los temas principales que apunta la proposición no de ley y que compartimos plenamente es el uso de medios electrónicos como instrumento cuyo potencial debe fomentarse con el objetivo de agilizar los trámites para la constitución de sociedades, entre otras cosas porque todo nuestro ordenamiento jurídico ha ido caminando precisamente hacia esta vía. Pensemos en la aprobación, por ejemplo, de la Ley 11/2007, de acceso electrónico por parte de los ciudadanos a los servicios públicos, o la trasposición de la Directiva de Servicios que en estos momentos está en tramitación en esta Cámara. Ambas son iniciativas que buscan claramente potenciar el uso telemático, el uso de las nuevas tecnologías por todos los ciudadanos para dinamizar la economía. No obstante lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista ha querido presentar una enmienda, como ha apuntado la portavoz del Grupo Popular, que respeta el fondo de la iniciativa, porque lo compartimos, pero que hace algunas consideraciones sobre algunos de sus puntos. Respecto al punto 1.º, el acortamiento de los plazos de expedición de los certificados puede requerir modificaciones adicionales en el funcionamiento del Registro Mercantil Central. Como saben, este registro es el único en toda España que realiza las certificaciones negativas. La media de tiempo de respuesta actual ha bajado bastante, es ya de una semana, pero está claro que se podría acortar más. Por ello sería conveniente que

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la redacción de la proposición hiciera referencia a ello. En este sentido hemos presentado la enmienda que busca el equilibrio entre la agilidad necesaria, pero sin perder la seguridad que todo sistema económico empresarial exige. Por tanto, puede haber una adaptación progresiva hasta llegar a este objetivo de las 24 horas, pero no nos parecía adecuado incluir el plazo explícito en esta proposición no de ley.


En el 2.º punto nos ha parecido conveniente que, en la misma dirección que la apuntada por la portavoz del Grupo Popular, se cambiara ligeramente la redacción. Incluso pienso que puede ser más ambiciosa; la mejora sustancialmente. Se propone que se acepte la firma electrónica, en particular el DNI electrónico, como medio de acreditación de la identidad ante el Registro Mercantil. Esto permitiría hacer todos los trámites a distancia, sin necesidad de personarse físicamente. Pensemos que actualmente ya hay más de diez millones de DNI electrónicos distribuidos; por tanto, es un instrumento lo suficientemente extendido como para que en breve pueda ser algo generalizado para cualquier usuario, ciudadano que tenga la iniciativa empresarial. En cuanto al punto 3º, que se refiere al estímulo de la solicitud de nota previa informativa vía Internet como medio para agilizar la certificación de denominación societaria, también hemos presentado una enmienda que aporta una mayor ambición y es que en la redacción se hace alusión a las vías telemáticas como un instrumento de acceso a la información del Registro Mercantil.
Esto ayudaría a agilizar el trámite que constaba en el punto 1.º de la iniciativa. Vamos a ofrecerle al Grupo Popular una transaccional añadiendo precisamente esta primera parte que habíamos obviado en nuestra redacción, interpretando que podía darse como algo incluido en la amplia redacción que proponíamos, pero nos parece bien que se explicite y por tanto en breve haremos llegar a la Mesa de la Comisión el redactado final.


El señor PRESIDENTE: La señora Madrazo nos había avanzado ya su disposición a aceptar la transaccional. ¿Desea añadir algo? (Denegaciones.)

- RELATIVA A LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES A FAMILIARES DIRECTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001054.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares directos; promovida por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Va a intervenir en su nombre el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una proposición no de ley relativa a la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares directos básicamente por cuatro motivos. En primer lugar, por considerar que este impuesto no cumple con las funciones pretendidas de redistribución e igualación. En segundo lugar, porque este impuesto se aplica de forma indiscriminada sin tener suficientemente en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo ni la tributación previamente soportada sobre los bienes que conforman el caudal relicto. La fiscalidad de sucesiones y donaciones supone un doble impuesto, es decir, unas mismas rentas o bienes han sido gravados al causante o al donante, quienes han tributado durante toda su vida por ellas, y son gravadas de nuevo a los herederos o donatarios, penalizando así a aquellas personas y familias que han priorizado la actitud de ahorrar frente a la de gastar. En tercer lugar, la actual configuración del impuesto comporta cada vez más que el esfuerzo fiscal recaiga sobre las rentas medias, que son las que no pueden optar por configurar patrimonios no gravados por el mismo. La definición de capacidad contributiva en el impuesto rompe el principio de progresividad, de tal forma que determinadas rentas tienen un acceso más fácil a ventajas fiscales que otras.


Y en cuarto lugar, porque en el caso de las sucesiones, en las comunidades donde el impuesto mantiene una elevada tasa recaudatoria, como en Cataluña, resulta habitual que la aceptación de la herencia quede condicionada a la capacidad o no del pago del impuesto por parte de los herederos. Así, señorías, en una coyuntura económica como la actual, con un sistema financiero restrictivo en el otorgamiento de hipotecas y créditos para el pago de los impuestos, son demasiados los casos de personas que deben renunciar a herencias correspondientes a bienes de familiares a causa de no poder financiar el pago del impuesto; o bien el caso de personas a las que la aceptación de herencias familiares les significa tener que utilizar el patrimonio preexistente del sujeto pasivo o bien la venta de parte de los bienes del causante, suponiendo una enajenación forzosa para el inmediato pago del impuesto. En definitiva, señorías, el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un gravamen que castiga particularmente a las familias con rentas medias y es un impuesto que castiga y desincentiva al ahorro, aspectos estos muy negativos para una figura tributaria.


Si a estas cuatro razones que acabo de detallar muy resumidamente añadimos que hay algunas comunidades autónomas que en sus respectivas decisiones, de sus gobiernos autonómicos, han suprimido o han bonificado el impuesto sobre sucesiones y donaciones, nos encontramos ante unas realidades a las que podemos asistir en las cuales se encuentran muchísimas familias o patrimonios que se van deslocalizando a fin de poder conseguir una tributación más ágil y más efectiva para sus rentas familiares que en otras comunidades en las cuales no ha desaparecido este impuesto. Por tanto, presentamos ante esta Comisión de Economía y Hacienda esta proposición

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no de ley que va en la dirección de instar al Gobierno a suprimir para el ejercicio de 2010 la tributación por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, las transmisiones mortis causa e ínter vivos a favor de ascendientes, descendientes y cónyuges, previendo en este caso la aplicación del principio de lealtad institucional, la compensación a las comunidades autónomas como impuesto estatal cedido a estas administraciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular intervendrá el señor Tomé.


El señor TOMÉ MUGURUZA: El Grupo Popular comparte también con el proponente la necesidad de eliminar la tributación por el impuesto sobre sucesiones y donaciones en las transmisiones de padres a hijos y entre cónyuges. Esta ha sido la política que han venido impulsando las comunidades autónomas del Partido Popular. Allí donde gobierna el Partido Popular, en un compromiso que asumimos de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2003, ya se ha eliminado la tributación por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ahora mismo, en Galicia, el nuevo Gobierno del Partido Popular ha asumido este compromiso y dentro de poco los gallegos también se van a beneficiar de la eliminación de este gravamen, que se centra, allí donde se aplica, en las rentas medias que no pueden acceder a vehículos societarios, que en la propia ley, desde principios de los años noventa, permite a los grandes patrimonios eludir la tributación efectiva por esta figura. Es una doble imposición que grava el ahorro y que se añade a otras figuras que nuestro sistema tributario grava por partida doble el ahorro. Recientemente esta Cámara ha aprobado la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, pero yo quiero hacer también una reflexión adicional sobre la naturaleza de los tributos cedidos a las comunidades autónomas.


A principios de los años ochenta, cuando se instrumentó la Ley de cesión de tributos a las comunidades autónomas, se cedieron figuras impositivas como el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que se ha demostrado, por una parte, que son insuficientes desde el punto de vista de la suficiencia recaudatoria, que ha habido que complementar lógicamente con los grandes tributos de alta capacidad recaudatoria, impuesto sobre la renta o impuesto sobre el valor añadido, y además son impuestos que vienen distorsionando las decisiones de ahorro, de inversión y el tráfico mercantil. Nuestro grupo ha favorecido la supresión del impuesto sobre el patrimonio; las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular están eliminando la tributación del impuesto sobre sucesiones; también estamos propugnando la atenuación de la doble imposición económica en el caso del impuesto sobre el patrimonio.


Hay una reflexión adicional y es que la política que ha seguido el Partido Popular demuestra que desde las comunidades autónomas también se puede hacer política económica con aquellos tributos que tienen cedidos estas.
Algunas comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han optado por suprimir el impuesto sobre sucesiones y donaciones; otras no lo han hecho así; es verdad que probablemente se ganaría en eficiencia global si se suprimiese para toda España, pero también cabe interpelar a aquellas comunidades autónomas donde no se ha seguido esta política, por qué lo han hecho. Sorprende a veces las posiciones que se mantienen desde el Gobierno de algunas comunidades autónomas de ni comer ni dejar comer -el famoso perro del hortelano- donde no solamente no suprimen este gravamen, que es el caso de la Generalitat de Cataluña, sino que reclaman que el mismo sea instituido con carácter obligatorio para toda España, recortando la capacidad de regulación normativa que ahora tienen las comunidades autónomas. Animaría al grupo proponente a que presentase también una iniciativa en este sentido en el Parlament de Cataluña, donde también contaría sin duda con el apoyo del Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista intervendrá el señor Lasarte, que tiene la palabra.


El señor LASARTE IRIBARREN: En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones de las transmisiones mortis causa e ínter vivos a favor de ascendientes, descendientes y cónyuges, previendo además que el Estado compense a las comunidades autónomas por la supresión de este impuesto, el voto del Grupo Parlamentario Socialista al que represento va a ser negativo.


Técnicamente el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un tributo estatal que se configura en el sistema de financiación de las comunidades autónomas como un impuesto cedido totalmente a las mismas, y en el que estas tienen amplias competencias normativas para graduar el nivel efectivo del gravamen. El sistema de cesión de impuestos del Estado a las comunidades autónomas constituye uno de los recursos que permite a dichas administraciones el cumplimiento del principio de autonomía financiera.
Por tanto, las diferencias del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las distintas comunidades autónomas son una consecuencia de la configuración autonómica del Estado establecida en la Constitución. De acuerdo con este principio se estableció el principio de corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, en virtud del cual estas han de compartir con el Estado la responsabilidad política inherente al establecimiento de los tributos con cargo a los cuales deben financiar su respectivo gasto público. A este respecto cabe recordar que el sistema de financiación de las comunidades autónomas, configurado por la Ley 21/2001, vigente desde el 1 de enero de 2002, supone una importante

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profundización en el principio de corresponsabilidad fiscal. Para ello se ha dotado a las comunidades autónomas de mayores competencias normativas en relación con los tributos cedidos para asegurar desde su corresponsabilidad que las tomas de decisiones de política fiscal y económica sean adoptadas por las administraciones más próximas a los ciudadanos. De la aplicación de la capacidad normativa y competencial atribuida a las comunidades autónomas resultan lógicamente diferencias entre las mismas, que no dejan de ser sino la consecuencia del Estado autonómico y de la efectiva aplicación de principios consagrados en la Constitución; es decir la España autonómica no es homogénea en todos sus aspectos. Y si creemos de verdad en el Estado autonómico, tendremos que reconocer la mayoría de edad de las comunidades autónomas para decidir lo que les corresponda en lo que les corresponda y rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos.


De acuerdo con lo anterior, la proposición no de ley presentada por CiU contiene efectos negativos para los principios de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, ya que supondría la intervención estatal en la regulación de un impuesto cedido en el que si bien el Estado conserva competencias normativas esenciales del impuesto, con la excepción del País Vasco y Navarra en virtud de sus respectivos regímenes fiscales especiales de concierto y convenio económico con el Estado, corresponde a las comunidades autónomas decidir la regulación aplicable en función de la recaudación que esperen obtener por el impuesto sobre sucesiones y donaciones y de la función que otorguen al tributo en el conjunto del sistema. Estas razones deberían bastar para explicar nuestra posición, pero me gustaría avanzar algunas más tanto de corte político como económico.


La redistribución de la riqueza no se puede obviar. El objetivo de reducir las desigualdades en el reparto del fondo de riqueza originario para llegar a sociedades donde la equidad y la igualdad de oportunidades sean una realidad, es un objetivo que forma parte de la esencia ideológica de nuestro grupo. Nuestro grupo entiende que el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que contribuye a una mejor distribución de la renta y a generar mayores niveles de igualdad y de equidad social.
Además, creemos en valores personales y colectivos como el esfuerzo, el trabajo y el mérito para progresar en la escala social. Este impuesto se aplica en la mayoría de los países de la OCDE como Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Bélgica, Irlanda, etcétera.


Por otra parte, estamos hablando de fiscalidad. En ese sentido, el Gobierno socialista ha eliminado el impuesto sobre el patrimonio y ha bajado los impuestos en varias ocasiones. Eso en sí mismo no es un mérito ni un demérito. Subir o bajar impuestos no es de izquierdas o de derechas. Lo que es de derechas es querer bajar siempre los impuestos en cualquier circunstancia y, a ser posible, beneficiando a los que más tienen a pesar de que la experiencia ha demostrado que políticas de rebajas impositivas a los más ricos, como las llevadas a cabo por los gobiernos republicanos de Bush, solo generan más desigualdad.
Comprenderán que los socialistas no estemos a favor de bajar los impuestos a los más ricos así como así. Es una cuestión de equidad social, y ahí sí que se ve la diferencia entre la derecha y la izquierda.
Los socialistas trabajamos para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y la fiscalidad es un instrumento para lograr ese objetivo.


El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un impuesto progresivo porque grava más a quien más tiene y produce un efecto redistributivo sobre la riqueza originaria de las personas. Hago mías las palabras del señor Teixidó, a quien sin duda los señores de CiU conocerán, palabras en catalán traducidas el castellano -ex conseller de Economía con CiU-, en su intervención ante el Parlamento catalán en abril de 2007 en las decía que defendía una concepción fiscal que plantee un sistema progresivo justo y no discriminatorio, y se manifestaba en contra de la creciente presión fiscal, criticando a gobiernos como los de la señora Thatcher y Ronald Reagan que, a pesar de predicar la rebaja fiscal, aumentaron la presión fiscal. Puedo hacer extensiva esta reflexión del señor Teixidó a la época de los gobiernos en España de la derecha del señor Aznar, y me remito a los datos de la evolución de la presión fiscal en España en los últimos años. La derecha predica rebajas de impuestos y cuando gobierna los sube. También hay que recordar que cuando CiU planteó la supresión del impuesto en el Parlamento de Cataluña en el año 2007, y fue rechazada por ese Parlamento, no pidió la compensación por parte del Estado a las comunidades autónomas; petición sin duda fuera de lugar y más cuando está en fase de negociación la nueva financiación de las comunidades autónomas.


Por otro lado, hay que tener en cuenta que este no es el mejor momento para plantear una política de rebaja o supresión de impuestos. Los últimos datos reflejan el aumento de la tasa de ahorro de las familias en España y una disminución de impuestos no produciría el efecto deseado de un aumento del consumo privado, dado el nivel de endeudamiento de las familias y la falta de confianza existente; falta de confianza, por cierto, alentada desde los bancos de la oposición. Por ello, corresponde a la Administración en sus diversos niveles contrarrestar el descenso de la demanda interna y hacer un esfuerzo en el consumo e inversión pública que hay que financiar vía impuestos y deuda pública, porque el recurso al déficit público ha de ser temporal para ayudar a superar la crisis y no estructural.


Por estas razones, el Grupo Socialista votará en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor PRESIDENTE: Dada la agilidad con la que ha transcurrido el debate, nos veríamos en una situación un tanto extraña si ahora suspendemos, volvemos a votar a las once y media y volvemos a suspender hasta la

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comparecencia del señor gobernador del Banco de España que está prevista.
En consecuencia, hemos estimado en la Mesa que lo más adecuado sería suspender la sesión hasta las doce menos cinco, cuando procederemos a votar. (Pausa.)

Estamos en condiciones de proceder a las votaciones. La primera proposición no de ley es relativa a la valoración catastral de los bienes inmuebles de características especiales y se votará en los términos de la transaccional que ha sido anunciada.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


La segunda proposición no de ley es relativa a la agilización y simplificación de los trámites para la creación de nuevas empresas, que ha sido presentada por el Grupo Popular. Se votará en los términos de la transaccional que ha sido anunciada.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


La tercera proposición no de ley relativa a la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares directos no tiene enmiendas y se votará en los mismos términos que fue presentada en la PNL.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Suspendemos la sesión por unos segundos para que se incorpore el compareciente. (Pausa.)

COMPARECENCIA DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ) PARA INFORMAR SOBRE:

- LOS INFORMES O MEMORIAS RELATIVAS A LAS MATERIAS EN LAS QUE TIENE ATRIBUCIONES EL BANCO DE ESPAÑA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA. (Número de expediente 212/000620.)

- LA REPERCUSIÓN DEL CASO MADOFF EN EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000399.)

- LA REPERCUSIÓN QUE PUEDE TENER LA SENTENCIA DEL JUZGADO MERCANTIL NÚMERO 6 DE MADRID DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2008, QUE CONCLUYE QUE FÓRUM Y AFINSA REALIZABAN UNA ACTIVIDAD FINANCIERA Y NO MERCANTIL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000402.)

- LOS PROCESOS DE FUSIÓN DE CAJAS DE AHORROS. COMPARECENCIA URGENTE A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000473.)

- LA TOMA DE CONTROL DE CAJA CASTILLA-LA MANCHA Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON RELACIÓN A ASEGURAR SU LIQUIDEZ. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 212/000525.)

- SUS PREVISIONES CON RELACIÓN A LAS POSIBLES INTERVENCIONES PREVENTIVAS DE ENTIDADES FINANCIERAS QUE HAYAN SUPERADO, O ESTÉN A PUNTO DE HACERLO, EL 4% DE LA TASA DE MOROSIDAD Y EL 7% DE LOS RECURSOS PROPIOS SOBRE EL RIESGO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 212/000546.)

- LA INTERVENCIÓN DE CAJA CASTILLA-LA MANCHA, SOLICITADA CONJUNTAMENTE CON LA DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. COMPARECENCIA URGENTE A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000547.)

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la comparecencia del señor Gobernador del Banco de España que responderá a las cuestiones que vienen reflejadas en el orden del día. Para ello, tiene la palabra el señor Gobernador.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Fernández Ordóñez): Señorías, la evolución de la economía española, a la que hace referencia el informe anual del Banco de España que motiva esta comparecencia, se enmarca, como ustedes saben, en el contexto de una crisis financiera y económica de alcance global y sin precedentes desde hace décadas. El origen de la crisis, que se remonta al verano de 2007, fue eminentemente

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financiero y la globalización de la actividad financiera propició su rápida propagación. La actividad de los mercados internacionales se resintió severamente, llegando a su práctica paralización en algunos de ellos. El grado de tensión financiera alcanzó su máximo en octubre de 2008 y, aunque en los últimos meses ha disminuido, se mantiene todavía en niveles relativamente elevados. La gravedad de las perturbaciones financieras desembocó en una profunda crisis real que afectó a la economía mundial con una intensidad y simultaneidad inéditas, colocando a la mayoría de los países desarrollados en una situación recesiva a finales de 2008. A partir del cuarto trimestre de 2008 se observaron contracciones tanto de la actividad de muchos países como del comercio mundial que se agudizaron en el primer trimestre del presente año, sin embargo, en dicho periodo podría haber alcanzado ya el mínimo en el descenso de la actividad, ya que los indicadores más recientes muestran que aunque la producción seguirá probablemente descendiendo lo hará a un ritmo más contenido, lo que parece alejar el riesgo de que se produzca una espiral recesiva en la economía mundial. La dimensión que ha alcanzado esta crisis y la multiplicidad de sus ramificaciones suscitan la necesidad de reaccionar en diversos frentes para evitar que se vuelva a producir. Es evidente que la crisis financiera ha puesto al descubierto numerosas lagunas de la regulación que deben afrontarse con prontitud.
Asimismo, es necesario analizar por qué las debilidades estructurales de las economías y de los sistemas financieros no se detectaron o se corrigieron a tiempo, lo que permitió la propagación de efectos en cadena de una magnitud considerable. Con la ventaja que proporciona echar ahora la vista atrás, parece claro que las políticas económicas adoptadas en los últimos años fueron en líneas generales demasiado permisivas durante esta etapa de alto crecimiento respecto a los desequilibrios que generaba el creciente endeudamiento. Resulta, por tanto, indispensable que las autoridades examinen con ojos críticos los marcos institucionales y regulatorios de sus economías y de sus sistemas financieros y diseñen mecanismos para reforzarlos, de forma que pueda prevenirse la repetición de una crisis como la actual. Esa revisión deberá abarcar diversos ámbitos fundamentales. Dejaré para más adelante los referidos a la política de regulación y supervisión financieras para centrarme ahora en la necesidad de realizar una reflexión sobre el papel de las políticas macroeconómicas que evalúe su protagonismo en la gestación de la crisis y analice su diseño más adecuado para corregir desequilibrios como los observados en los últimos años.


En el ámbito de la política fiscal se ha echado de menos un papel estabilizador más intenso en los años de alto crecimiento que habría equilibrado el empuje del gasto privado y contribuido a mantener las finanzas públicas en una senda más sostenible a medio y largo plazo. En cuanto a la política monetaria, deberá profundizarse en el papel que corresponde a los bancos centrales en las estrategias de estabilidad.
Muchas de las medidas adoptadas en los últimos meses por las autoridades económicas y monetarias se articularon a partir de unos principios comunes acordados conjuntamente en el marco de distintos foros internacionales. En el caso del Banco Central Europeo se han puesto en marcha medidas expansivas sin precedentes que tratan de aliviar las tendencias contractivas que se han percibido tanto en el plano real como en el financiero. La provisión de liquidez se hizo más flexible ya desde el verano de 2007, aunque fue a partir de octubre de 2008 cuando los cambios fueron más sustanciales, pues las peticiones de liquidez de las entidades comenzaron a satisfacerse en su totalidad y se amplió el conjunto de activos financieros admitidos como garantías de esas operaciones. Desde el verano de 2008 el tipo oficial de intervención se ha reducido en 325 puntos básicos, hasta alcanzar, tras la reunión del pasado mes de mayo, un mínimo histórico del 1 por ciento.


En el terreno de las medidas excepcionales habría que mencionar, entre otras, la ampliación de los plazos a los que se inyecta liquidez, que ahora abarcan hasta los doce meses y la reciente decisión de adquirir en firme cédulas hipotecarias. Los gobiernos han adoptado también numerosas medidas para afrontar la crisis financiera que pueden agruparse en dos grandes bloques: las destinadas a dar soporte a los sistemas financieros y las orientadas a impulsar el gasto. En el primer grupo, se ha actuado con una amplia batería de instrumentos que abarcan desde la ampliación de las garantías de los depósitos bancarios a la concesión de avales estatales a las emisiones bancarias, las inyecciones de capital público en algunas entidades y la compra de activos problemáticos que se encontraban en las carteras de los bancos. Entre las medidas de estímulo de la demanda habría que destacar tanto la propia actuación de los estabilizadores automáticos, que son muy relevantes en economías como las europeas, como las medidas específicas orientadas a apoyar, mediante aumentos de gasto público o reducciones de impuestos, a los colectivos o a los sectores más castigados por la crisis. Las medidas que las autoridades españolas han adoptado responden en general a esta misma orientación. Así, en nuestro país se amplió la garantía de los depósitos, se creó un fondo para la adquisición de activos financieros con el fin de comprar a las entidades españolas activos de elevada calidad; se están concediendo avales para la emisión de bonos bancarios; se aprobó la apertura de diversas líneas de financiación especial a través del ICO; se introdujeron nuevas deducciones en el IRPF y se puso en marcha el denominado Fondo estatal de inversión local y el Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía. Más recientemente se han anunciado nuevas medidas de impulso de la demanda, como las ayudas a la adquisición de automóviles, al tiempo que se están ultimando los detalles

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para el establecimiento de un fondo de reestructuración y ordenación bancaria que sirva de herramienta para la remodelación de nuestro sistema financiero.


Permítanme que centre ahora mi atención en la situación de la economía española. La crisis internacional surgió en un momento especialmente delicado para España, pues la economía se estaba ya adentrando en un proceso de ajuste de algunos desequilibrios que se habían acumulado durante la larga etapa de elevado crecimiento que tuvo lugar desde mediados de los años noventa; unos desequilibrios que tenían algunos puntos en común con los detectados a nivel global, pero que también mostraban rasgos específicos. Al igual que en otros países, el dinamismo del gasto del sector privado en España se asentó en un rápido incremento del endeudamiento de familias y de empresas, alentado por los bajos niveles de deuda de los que se partía y por unas condiciones financieras favorables, propiciadas por un tono de la política monetaria que durante ese periodo fue demasiado laxo para las condiciones de nuestra economía.
La holgura financiera facilitó además una concentración excesiva de recursos económicos y financieros en el sector inmobiliario que habría de añadir severidad a la fase de ajuste. La política fiscal por su parte afrontó un proceso de consolidación significativo, pero su contribución a la moderación de la demanda nacional no fue suficiente para compensar los efectos de laxitud monetaria. Como bien conocen ustedes, la economía española experimentó en la segunda mitad de 2008 un ajuste muy severo, el PIB mostró crecimientos intertrimestrales negativos a partir del tercer trimestre, que se fueron haciendo más intensos hasta el primer trimestre de 2009, en el que la actividad se redujo un 1,9 respecto al trimestre anterior que, sumado al retroceso del 1 por ciento observado en los tres últimos meses del año pasado, se tradujo al final en una caída interanual del PIB del 3 por ciento en el primer trimestre de 2009. Los datos de la coyuntura correspondientes al segundo trimestre son todavía poco concluyentes, pero sugieren en cualquier caso que el ritmo de contracción de la actividad está siendo menos acusado que en el trimestre anterior.


En la recesión española el fuerte impacto de la crisis financiera internacional vino a superponerse al ajuste inmobiliario, que ya había empezado a desplegar sus efectos. La magnitud de la perturbación resultante ha sido sustancial, ha afectado profundamente a la confianza de los agentes y ha deprimido las decisiones de gasto y el comportamiento del empleo. A lo largo de 2008 sobresalió el acusado descenso del gasto de las familias tanto en consumo como en inversión residencial, pero la profundización de la crisis financiera a partir del verano y el deterioro de las expectativas macroeconómicas provocaron que otras partidas también se vieran afectadas, como es el caso de la inversión empresarial. Esta fuerte caída de la demanda nacional se tradujo en un descenso sustancial de las importaciones, de manera que la aportación de la demanda exterior neta al producto interior bruto mejoró, amortiguando el retroceso de la actividad. La contracción del gasto privado permitió que comenzaran a ajustarse algunos de los desequilibrios acumulados en los años previos.
La capacidad de financiación de las familias ha aumentado, con un incremento notable de la tasa de ahorro, y la necesidad de financiación de las empresas se ha reducido, reflejándose todo ello en un descenso de las necesidades de financiación de la nación que ha ido haciéndose paulatinamente más intenso en los últimos trimestres. El debilitamiento de la actividad se fue trasladando gradualmente a todas las ramas productivas con descensos del empleo, inicialmente en la construcción, que afectaron después a la industria y finalmente a los servicios. De esta forma, se produjo un proceso generalizado de destrucción de empleo que alcanzó una gran intensidad en los meses finales de 2008 y primeros de 2009 y un incremento muy sustancial de la tasa de paro, hasta el 17,4 por ciento, en el primer trimestre de este año.


Mientras que el alcance de la recesión en España, en términos de crecimiento del PIB, es inferior al que aqueja a otros países europeos, el fuerte incremento de la tasa de paro es un rasgo particularmente perjudicial y característico de nuestra evolución y revela una de las debilidades fundamentales de nuestro entramado institucional que es preciso corregir. Uno de los problemas del funcionamiento del mercado de trabajo está relacionado con la escasa sensibilidad de costes laborales, con las condiciones particulares de cada empresa o con la evolución cíclica. En concreto, en 2008 los costes laborales mostraron incrementos elevados como reflejo del deterioro que ocasionó el fuerte encarecimiento del petróleo en la situación inflacionista en la primera parte del ejercicio. Aunque parece que la presión de los costes salariales ha empezado a remitir en 2009, su evolución resulta insuficiente en relación con la trayectoria de la inflación y con el momento recesivo que vive la economía, de modo que el crecimiento del salario real resultante no será favorecedor para la creación de empleo. En los últimos meses se viene observando que la recesión en curso, que está afectando intensamente al consumo de las familias, también está provocando revisiones a la baja de precios y márgenes. Así, en mayo la tasa interanual del índice de precios al consumo se situó en el menos 0,9 por ciento, el nivel más bajo desde mediados del siglo pasado, y ello es 9 décimas por debajo de la tasa de inflación de la zona euro. Aunque se prevé que a finales de año estas tasas interanuales retomen valores positivos, una vez que desaparezca el efecto estadístico vinculado al encarecimiento del petróleo que se produjo en los meses iniciales de 2008, no deja de ser destacable el hecho de que en mayo se registraran descensos interanuales en los precios de los alimentos y de los bienes industriales. También en los servicios, que constituyen el componente tradicionalmente más inflacionista de la

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economía española, se está produciendo una gradual moderación. Este comportamiento en los precios se inserta en la línea apropiada para mejorar la competitividad de la economía española, reducir los costes de la recesión e iniciar una recuperación sólida. Las perspectivas para la economía española apuntan a que el PIB podría continuar contrayéndose en lo que resta de año, de modo que en el conjunto de 2009 su caída será muy sustancial, aunque probablemente inferior a la que muestren otros países europeos, mucho más afectados por el desplome del comercio mundial en los últimos meses. Aunque el PIB podría seguir cayendo en 2010 en media anual, lo haría a una tasa menos pronunciada, pues la amplia batería de medidas instrumentadas debería ir moderando gradualmente la intensidad de los impulsos restrictivos sobre la actividad; no obstante, dada la intensidad de los ajustes que recaen sobre el empleo, es posible que la tasa de paro mantenga todavía una senda ascendente.


Es cierto que algunos desequilibrios acumulados durante la expansión se están corrigiendo. Como acabo de mencionar, el diferencial de inflación respecto a la zona euro es ahora favorable a España, mientras que el déficit exterior está disminuyendo intensamente, y cabe esperar que mantenga esta trayectoria, de modo que su ratio sobre el PIB se reduzca en 2010 a menos de la mitad de lo que suponía en 2007. Aunque deberíamos ahondar en la reabsorción de estos desequilibrios, es innegable que las mejoras obtenidas están ligadas a una contracción muy brusca de la demanda, con efectos negativos sobre la tasa de paro y el tejido productivo. Por ello, es imprescindible revisar algunos elementos de nuestro entramado institucional para evitar que esas pérdidas de empleo y de capacidad productiva se enquisten y entorpezcan la recuperación, así como para prevenir la reaparición de desequilibrios similares a los detectados en los últimos años cuando la demanda empiece a crecer de nuevo. En la recuperación de la economía española, como en el caso de la economía mundial, será muy relevante la contribución de las excepcionales medidas adoptadas tanto en el ámbito de la política de la demanda monetaria y fiscal como en el apoyo al sistema financiero; pero en España, con una demanda nacional muy afectada por la necesidad de sanear la posición patrimonial del sector privado y por el impacto de la elevada tasa de paro, será imprescindible contar con la recuperación de la demanda externa como principal apoyo para impulsar el gasto. El aprovechamiento de la mejora de la demanda externa cuando esta se produzca exigirá que las empresas sean capaces de ofrecer productos competitivos; para ello tendrán que aumentar su productividad y ajustar sus costes, márgenes y precios de forma flexible. Los sustanciales descensos practicados en los tipos oficiales de los bancos centrales de todo el mundo a lo largo del último año han propiciado un significativo decrecimiento en el coste de financiación. En España, su estímulo expansivo es particularmente poderoso, como consecuencia del predominio de la financiación a tipos de interés variable. Este impulso será especialmente relevante en algunos sectores, como el de la construcción residencial, en el que la combinación de tipos de interés más bajos y el ajuste de los precios hará más accesible a las familias la adquisición de una vivienda. Como en otros países, la política fiscal en España también ha contribuido a amortiguar el descenso de la actividad a través tanto del funcionamiento de los estabilizadores automáticos como de la adopción de diversas medidas discrecionales. La magnitud de este esfuerzo fiscal está siendo muy importante, y es mayor que la de los países de nuestro entorno. Además, en el caso de España a la pérdida de recaudación vinculada a la debilidad del gasto se ha unido la desaparición de ingresos extraordinarios que el auge inmobiliario había permitido obtener a lo largo de la última década. Por todo ello, el deterioro del saldo de las administraciones públicas ha sido considerable, pasando de un superávit superior al 2 por ciento del PIB en 2007 a un déficit que, según las últimas cifras anunciadas por el Gobierno, podría situarse cerca del 10 por ciento del PIB en el presente ejercicio. Con esta evolución, se han agotado las posibilidades de actuación expansiva de la política fiscal. El desequilibrio fiscal ha alcanzado un nivel que exige una estrategia de corrección que debe ser creíble para que los agentes confíen en el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria a medio plazo.


En esta línea, el Gobierno acaba de anunciar los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2010-2012, que comprometen un esfuerzo enorme de consolidación fiscal, pues aspiran a recortar el déficit desde casi el 10 por ciento del PIB que podría alcanzar este año hasta el 3 por ciento en 2012, cumpliendo así con las directrices establecidas para España por el Consejo Europeo en relación con el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La magnitud de la corrección prevista en tan corto espacio de tiempo exige una ejecución presupuestaria muy estricta y la adopción de medidas enérgicas. El reciente incremento de algunos impuestos indirectos es un primer paso en esa dirección, aunque la experiencia del pasado muestra que, para que los procesos de consolidación fiscal sean exitosos deben centrarse sobre todo en recortes del gasto público y en particular del gasto improductivo. En este sentido, es esencial que las comunidades autónomas, dada su participación en el gasto público, contribuyan activamente a la recuperación de la senda de consolidación fiscal y de estabilidad presupuestaria. En todo caso, aunque las políticas monetaria y fiscal han desempeñado un papel muy relevante para compensar los tremendos impulsos contractivos que han sufrido las economías, no se puede seguir descansando en esos apoyos cuando se inicie la recuperación. Gobiernos y bancos centrales deben ir

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preparando el diseño de estrategias de salida del actual marco de actuación extraordinaria de las políticas fiscal y monetaria, con el fin de evitar que germinen procesos futuros de inestabilidad económica. Por ello, resulta imprescindible que el esfuerzo de las políticas se concentre en las reformas que pueden contribuir a mejorar la productividad y el comportamiento de los mercados, de factores y de productos. Al contrario que en el campo de las políticas de demanda, aquí el margen de actuación es amplio y además sus efectos potenciales son muy significativos. En el caso español, como antes recordé, uno de los principales problemas de nuestra economía reside en el mercado de trabajo. La actual crisis ha vuelto a generar un incremento fortísimo de la tasa de paro que nos recuerda que el ajuste en esta economía se produce fundamentalmente mediante la destrucción de puestos de trabajo.
Es necesario actuar para evitar que el aumento del número de desempleados se enquiste y su grado de empleabilidad disminuya rápidamente y también para permitir una rápida reasignación de recursos entre sectores que facilite el relevo de la actividad inmobiliaria por otras ramas productivas. La reforma laboral resulta ineludible y debería atender a diversos ámbitos. En el terreno de la negociación colectiva parece necesario que las condiciones laborales se ajusten con más flexibilidad a la situación económica, especialmente a la que atraviesan las empresas o los sectores productivos específicos. También es vital introducir cambios en los sistemas de contratación y una mejora en los sistemas de intermediación en el mercado laboral y de la movilidad y formación de los desempleados para que los trabajadores que han perdido su empleo encuentren pronto nuevas oportunidades. Estas reformas no solo mejorarían las perspectivas de crecimiento a medio plazo de esta economía, sino que también contribuirían a evitar el actual deterioro del tejido productivo.
Obviamente, el mercado de trabajo con ser muy importante no es la única área que debería merecer la atención reformadora de nuestras autoridades.
Muy vinculado al mercado laboral se encuentra la cuestión del capital humano y la educación, donde debe reiterarse que, aunque los réditos son sobre todo a medio plazo, la puesta en práctica de reformas es urgente.
Finalmente, es imprescindible que España se dote de un entorno competitivo mucho más sólido en el que nuestras empresas puedan desenvolverse de forma más eficiente y en igualdad de condiciones con las compañías de otros países. Dentro de ese entorno el papel de los servicios es fundamental dada su imbricación creciente con las actividades industriales. Además, la falta de liberalización de algunos segmentos puede estar limitando su expansión, lo que resulta especialmente pernicioso dado que este es un sector que engloba alguna de las actividades más dinámicas y con mayor capacidad de generar empleo.
Por ello, la iniciativa recientemente planteada por el Gobierno para implementar la Directiva de Servicios a través de un proyecto de ley que reúne actuaciones en numerosos ámbitos debería ser aplicada de forma decidida, para lo que es preciso que las comunidades autónomas y las corporaciones locales colaboren en sus áreas de responsabilidad. También es necesario avanzar en el impulso de la competencia de las industrias de red que permitiría que se suministraran inputs al resto de actividades productivas en condiciones más competitivas.


Finalizo mi intervención realizando un breve repaso de la situación del sistema bancario español. Un rasgo diferenciador de la situación española es que pudo afrontar esta crisis con una posición relativamente fuerte de sus entidades de crédito. El modelo de negocio que estas han venido siguiendo ha sido el tradicional, enfocado en el segmento minorista, de modo que hemos sido ajenos al desarrollo de esos modelos más sofisticados que han dañado profundamente a las entidades de otros países, e incluso a sistemas financieros por completo, lo que explica que el peso de los activos tóxicos en los balances de las entidades españolas sea irrelevante. También la actuación del Banco de España ayudó a que la posición de partida de las entidades fuera más sólida ante la crisis al exigir la constitución de unas provisiones anticíclicas que pudieran amortiguar la presión en las etapas negativas y definir perímetros de consolidación suficientemente amplios para los grupos bancarios, lo cual permitió una correcta valoración de los riesgos asumidos. Estas buenas condiciones de partida permitieron que el sistema financiero español resistiera a la primera oleada de crisis financiera y siguiera canalizando la necesaria entrada de ahorro exterior aunque por vías diferentes, pues la paralización de los mercados de activos titulizados exigió la apelación a fuentes alternativas, como emisiones de papel a corto plazo y los préstamos del Banco Central Europeo. Los depósitos, también por su parte, ganaron peso relativo durante esta primera fase de las tensiones; sin embargo la transformación de la crisis financiera en recesión ha dado lugar a una segunda oleada de riesgos para la estabilidad financiera, cuya naturaleza es esta vez eminentemente macroeconómica. Aunque nuestro sistema financiero afronta esta segunda oleada con la ventaja relativa de haber sido menos dañado por la primera, es indudable que el deterioro de la economía española presiona por distintas vías sobre las cuentas de resultados de bancos y cajas. En concreto, la destrucción de empleo está empeorando la capacidad de pago de algunas familias, mientras que el descenso de la actividad está siendo especialmente acusado en el sector inmobiliario, que precisaba de abundante financiación y que había adquirido un elevado peso relativo en los balances de algunas entidades. De este modo, tras un largo periodo de expansión económica, en el que los ratios de morosidad alcanzaron niveles históricamente bajos, desde 2008 viene mostrando repuntes significativos y cabe prever que la presión no se ha agotado todavía. Por otro lado, la actividad

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crediticia se ha ralentizado sustancialmente como consecuencia de factores tanto de demanda como de oferta, y cabe esperar que el crédito crezca a un ritmo inferior al del PIB en los próximos meses, como ha ocurrido siempre en otros ciclos similares. Estos dos elementos, el menor ritmo de crecimiento del negocio bancario y el aumento de la morosidad, presionaron sobre las cuentas de resultados de los bancos y cajas españolas en 2008, sin embargo el modelo de banca tradicional menos dependiente de la evolución de los mercados financieros junto con el mantenimiento de unos diferenciales de tipos todavía favorables permitió que los resultados fueran positivos pese a la difícil situación económica. Pese a ello cabe esperar que esta presión sobre los resultados de las entidades españolas vaya a continuar en el futuro, debido al incremento previsible de la morosidad como más a medio plazo porque la competencia por la financiación empujará los márgenes operativos a la baja en un contexto de desapalancamiento del sector financiero, y en general de la economía, que está teniendo lugar tanto en España como a nivel global y que no cabe considerar como algo transitorio.


Estoy convencido de que el sistema financiero español puede superar estos retos aunque, como vengo repitiendo en distintas ocasiones, las entidades no van a ser inmunes a la crisis y no todas las entidades de crédito parten de una misma posición a la hora de afrontar esta difícil etapa, ya que siguieron políticas crediticias distintas en el pasado y gestionaron sus riesgos de forma diferente. En todo caso, es ineludible que las entidades se adapten a las nuevas circunstancias racionalizando sus estructuras de costes operativos y corrigiendo el exceso de capacidad del sector. El sistema financiero desempeña un papel central en toda economía, pues es la pieza clave en la asignación de recursos financieros. Este papel es el que justifica que el Estado español, como han hecho otros gobiernos, se haya mostrado dispuesto a aportar capital a entidades de crédito viables que lo necesiten. Esta no debe ser desde luego una aportación incondicional sino que exige una reestructuración de las instituciones que reciban esos recursos públicos, lo que reducirá el coste del contribuyente y redundará además en una mejora de la eficiencia del sistema. Es importante recalcar que además esta aproximación se ajusta plenamente a los principios comunes acordados en los foros internacionales, y que han sido respaldados expresamente en esta Cámara por un amplio consenso. Confío en que estos principios y el espíritu de cooperación en asuntos de interés general relacionados con la estabilidad y fortaleza de nuestro sistema financiero puedan materializarse pronto en un conjunto de disposiciones que refuercen la capacidad de actuación ante los problemas que se puedan presentar en línea con la tradición del Banco de España y de acuerdo con la especificidad de las graves tensiones que estamos viviendo.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate. En primer lugar, intervendrá el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre lo hará don Cristóbal Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, queremos insistir en que cuando un país como España vive una crisis tan grave y tan profunda en términos de recesión y de pérdida de puestos de trabajo, hay que celebrar que las instituciones estén en su sitio y que el Banco de España asuma su papel y su responsabilidad ante ella; es decir, describir y acometer cuáles son sus raíces y afrontar las soluciones y las salidas que sin duda alguna no pueden ser gratas, porque no consisten en gastar por gastar sino en todo lo contrario, en hacer políticas que realmente generen la credibilidad y la confianza que necesita un país. Por tanto, tengo que celebrar como portavoz del Grupo Parlamentario Popular que el Banco de España esté en este momento ofreciendo el discurso que le corresponde hacer como institución no solo vertebradora de la política económica nacional e integrada dentro del Banco Central Europeo, sino también como lo que es, con su potencial de análisis de los problemas que tiene España.


El discurso del gobernador esta mañana, como no puede ser de otra manera, es muy parecido al que sostuvo ante el consejo de gobierno del Banco de España hace pocos días -que hemos tenido ocasión de conocer- y, en primer lugar, incide en que cuando se viven problemas económicos tan graves es porque responden a desequilibrios económicos igualmente serios y graves, consecuencia de los desequilibrios globales. La primera lección de esta crisis es que las políticas macroeconómicas hay que entenderlas y derivar si son acertadas o no en función de la posición del conjunto del país. Un país como España, que tiene un déficit exterior por cuenta corriente y una necesidad de financiación frente al resto del mundo situada en el 10 o el 11 por ciento de su producto interior bruto en el año 2007, es un país cuya política presupuestaria es laxa, aunque se tenga un superávit presupuestario de más del 2 por ciento. En definitiva, eso es consecuencia de una corrección equivocada de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en nuestro país, porque como estamos viendo, no se tuvo la visión de hacer políticas macroeconómicas que se correspondieran con la auténtica naturaleza del endeudamiento del país -que es eso, la toma de recursos del exterior-, como quedó testimoniado por escrito por varios profesionales de la economía española, por los representantes y por quien hoy les habla, que desde hace años estamos diciendo que un país que tiene un déficit por cuenta corriente del 10 por ciento tendría que tener un superávit presupuestario incluso superior a 5 ó 6 puntos porcentuales del PIB, porque si no íbamos a hacer el ajuste, en definitiva el ajuste financiero, que es el que está viviendo España, en términos de desapalancamiento financiero.


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De esto sabe mucho el señor gobernador por su trayectoria anterior, por sus responsabilidades en los gobiernos de España y ahora en su papel, gobernando una institución que, insisto, es absolutamente clave para la fiabilidad y la confianza de España. Lo que estamos viviendo, señorías, es eso que nosotros hemos llamado desde el comienzo el desapalancamiento financiero del país, el desendeudamiento de familias y de empresas, haciéndolo de la manera más brutal, haciéndolo recaer sobre el tejido empresarial que, al perderse, está generando la destrucción de puestos de trabajo mayor de nuestra historia, porque nunca se había destruido empleo a semejante velocidad. Si hace un año y medio hubiéramos hecho el diagnóstico que estamos realizando esta mañana en esta Comisión de Economía y Hacienda, quizá muchas de esas personas, cientos de miles de esas personas podrían seguir trabajando en España, porque los diagnósticos hay que hacerlos no ex post, sino ex ante, con el conocimiento que da la economía y con la experiencia que da la política; esa es la responsabilidad de quienes tenemos papel y protagonismo en la vida pública. Si hace un año hubiéramos hablado como esta mañana aquí -era perfectamente posible-, nos habríamos ahorrado mucho de ese trayecto para no llegar a esta situación, en la que hoy ya no hay margen en las finanzas públicas españolas para seguir desajustando el país, que vive un deterioro fiscal presupuestario tan vertiginoso. ¿Para qué ha servido? En vez de haber destruido 1.300.000 empleos directamente, que son los que se han destruido en términos de afiliación a la Seguridad Social, ¿alguien puede sostener que, si no hubiera habido ese deterioro de finanzas públicas, hubiera sido de 2.500.000? Eso no es creíble, porque ya más deterioro no puede ser. Eso muestra la ineficacia de asistir pasivamente a ese deterioro de las finanzas públicas y la gravedad de ir a un endeudamiento público, que es el problema de la financiación de la economía española, como está sucediendo actualmente. Claro que no hay margen para seguir endeudándonos, el problema es que el jueves tenemos la votación del techo de gasto y la previsión del Gobierno es seguir aumentando la deuda pública a una velocidad que da vértigo. Da vértigo ese nivel de endeudamiento público al que el Gobierno parece completamente decidido, con la excusa, con el pretexto de que como nuestro ratio deuda pública sobre PIB es menor que en la media Europea tenemos margen. Lo que no ve el Gobierno desde el principio es que el problema de España es el endeudamiento exterior, y éste se ha provocado del año 2004 a 2007 ó 2008. Ese déficit exterior por cuenta corriente era del 2,5 por ciento cuando el anterior Gobierno salió, las familias estaban en positivo, señor gobernador, el saldo financiero de las familias no era de endeudamiento y las empresas estaban en negativo, menos 4 por ciento de PIB, pero se ha llegado al menos 11 por ciento del PIB en cuatro años. Claro, ahora hay que hacer el ajuste, el que está llevando a ese cierre de tantos pequeños comercios, de pequeñas y medianas empresas y autónomos y por tanto a esa pérdida de puestos de trabajo que estamos viviendo en nuestro país. Celebro que el Banco de España diga las cosas como son, que no hay ningún margen para aumentar el endeudamiento público en las circunstancias actuales sin menoscabo de la financiación de la economía española. No es hipotecar el futuro, sino provocar más crisis y más paro del que ya está anunciando el propio Banco de España -que todavía llegará a más-, porque esta situación de caída de actividad económica, por desgracia, no se detiene porque no se está corrigiendo la política económica que está detrás de ese endeudamiento tan elevado de nuestro país.


No quiero profundizar más en estos argumentos, pero sí insistir en la importancia de las reformas económicas: la reforma del mercado de trabajo, que hay que hacerla; la reforma de la negociación colectiva, para evitar esos vicios que son los propios del pasado; reformas en materia de incremento de competencia económica en los sectores estratégicos y reformas como son las relativas a nuestro sistema de educación y a la consumación en España de una unidad de mercado, que hoy no tenemos en nuestro país, y que lastra la capacidad de competir en el futuro. Si no, la salida de que cuando haya un mejor contexto económico en Europa y en el mundo saldremos por demanda externa, se quedará en un pío deseo. Si no ganamos competitividad y esas mejores condiciones las traducimos en nuestra capacidad de producción de bienes y servicios, si esperamos a hacerlo sin devaluación de nuestra moneda, camino que está cegado por nuestra pertenencia al euro, y por cierto muy bien cegado; si no hacemos los deberes en casa en términos de ganar competitividad, ese futuro es muy complicado, por no decir imposible. Esta mañana he entendido que el gobernador celebraba la subida de los impuestos indirectos sobre el consumo -ha dicho algo así como que era una medida dura; comprendo que tenga que tener alguna licencia-, pero yo discrepo, porque ya veremos lo que recauda eso -ya tendremos ocasión de contrastar las cifras-; en una caída de consumo como la que estamos viviendo evidentemente la solución, la salida no puede ser así. Sin embargo, coincido con él en que la austeridad en el gasto público y la contención efectiva del gasto público en términos de políticas presupuestarias, junto a las reformas que acabo de denunciar son las únicas que nos tienen que sacar de ello.


Acabo refiriéndome brevemente a la posición del Grupo Popular en relación con la reestructuración del sector bancario. Desde el comienzo de esta crisis hemos visto con gran preocupación cómo el crédito bancario en nuestro país se está desacelerando a una gran velocidad para el sector privado de la economía española. Esa caída del ritmo de concesión de créditos a empresas y a familias se contrapone con el incremento del crédito a las administraciones públicas provocando, en definitiva,

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un efecto de expulsión del crédito bancario, sin el cual no habrá recuperación o pronta salida de la crisis económica. Por tanto, hay que arreglar esas tuberías del crédito bancario en nuestro país. A ese respecto, el Grupo Popular está ofreciendo la mejor de sus disposiciones.
Ahora bien, esto va a exigir una movilización de dinero público muy importante. En el corto plazo el coste es ineludible y, por lo tanto, ante esa situación hay que dar prioridades. Si nos dedicamos a arreglar las tuberías, es muy difícil que no se corte el suministro de agua. Esto no está inventado todavía, es decir, no sabemos cómo se arreglan las tuberías si se sigue dando agua. Por supuesto, se puede trasladar el agua a calderos, a cubos, pero o nos dedicamos a una cosa o a la otra. El problema que hay en el sistema bancario español es una cuestión que he tenido oportunidad de planteársela en esta Comisión de Economía desde hace tiempo, y esa movilización de recursos públicos debería llevar a la paralización de otras políticas del Gobierno, porque si no vamos a meternos en una emisión de deuda pública sencillamente inasumible. Con lo cual, el efecto que puede estar produciendo la tensión sobre los mercados financieros internos y externos, nos puede llevar a encarecer las condiciones de crédito a las pymes, a las familias y a las empresas y, por tanto, el remedio puede ser peor que la enfermedad.


Por otro lado, quiero insistir al señor gobernador en la postura del Grupo Parlamentario Popular. Un proceso de esta naturaleza y de esta envergadura exige control político y democrático, exige transparencia, exige que desde el protagonismo ineludible del Banco de España existan elementos de compensación, porque si no la presión de la política puede hacer que la reparación del sector bancario no sea la que mantenga los niveles de competencia que necesita el sector bancario y, en definitiva, lleve a una reestructuración que no sea la que convenga a nuestro país a la hora de tener un mapa bancario que sea un instrumento eficaz para solucionar la crisis económica y volver cuanto antes a la etapa de crecimiento económico creador de empleo, que es lo que espera la sociedad española y es lo que hemos perdido en este último tiempo, que es perfectamente recuperable si se cumplen las condiciones de las que estamos hablando aquí esta mañana.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre del Grupo de Convergència i Unió.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Quiero agradecer la comparecencia del gobernador del Banco de España en esta Comisión de Economía y Hacienda.
En primer lugar, he de manifestar que algunos de los aspectos más relevantes del informe del Banco de España son compartidos por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en el sentido de que si queremos alcanzar los parámetros propuestos por el Gobierno a partir del año 2012 con unas deducciones importantes en el crecimiento del déficit público en España, es necesario que se aborden una serie de reformas estructurales importantes, como podría ser en el mercado de trabajo u otras reformas referidas a la liberalización de los servicios y a las cuestiones energéticas, con las que estamos totalmente de acuerdo en su fondo; pero también dudamos de que el Gobierno sea capaz de poder afrontar estas reformas estructurales que necesita nuestra economía a lo largo de esta legislatura porque carece de este plan estratégico. En definitiva, en algunos aspectos está prisionero o rehén de algunos agentes sociales y le va a ser totalmente imposible poderlas materializar.


Nos gustaría centrar nuestra intervención en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la liquidez de nuestro sistema financiero y a esta futura reestructuración del sistema financiero español. Desde nuestro punto de vista, quizás se está abordando con una excesiva tardanza, es decir, desde hace más de un año nosotros venimos denunciando que en el sistema financiero español no hay la liquidez suficiente que vaya de las entidades financieras a las familias y a las empresas. No es menos cierto que el Gobierno ha implementado una serie de recursos financieros que han ido orientados básicamente a las entidades financieras, y que en este caso también han sido apoyadas por Convergència i Unió, pero al final de la película nos encontramos con que en estos momentos todavía los recursos financieros que necesita nuestra economía productiva, orientada básicamente a las pymes y a las grandes compañías -porque no decirlo también- no llega con la fluidez necesaria para poder mantener la actividad económica que necesita nuestra economía. Por lo tanto, quizás el problema más importante que tiene nuestra economía es la reestructuración del sistema financiero español. Estamos seguros de que una vez abordada la reestructuración del sistema financiero español esta liquidez fluirá en las cantidades que necesita nuestro sistema productivo. Mientras no se aborde esta reestructuración, probablemente tengamos todavía muchísimos problemas con la liquidez de nuestro tejido productivo. No es menos cierto, señor gobernador, que el Congreso de los Diputados ha aprobado inyectar al Instituto de Crédito Oficial un volumen de recursos de alrededor de los 40.000 millones de euros, y a final de año el ICO, por las razones que todos sabemos, no habrá podido gastar ni el 50 por ciento de los recursos que se le han asignado para el año 2009.
Es decir, van a quedar sin asignación las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos o las empresas con dificultades de liquidez, más del 50 o el 60 por ciento de los recursos generados. Por lo tanto, aquí hay un problema fundamental y principal, y es que la liquidez fluya de las entidades financieras a las empresas y a las familias. Si no se aborda rápidamente esta reestructuración del sistema financiero seguiremos padeciendo estos problemas de liquidez. Por lo

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tanto, nos gustaría fijar cuál es la posición de Convergéncia i Unió ante esta reestructuración que pensamos que va a ser inminente, que no se va a retrasar más allá de finales del mes de junio, y que lógicamente tendremos que debatir en el Congreso de los Diputados, en la que entendemos que el Banco de España va a jugar un papel importante en esta futura reestructuración del sistema financiero español.


Convergència i Unió entiende que es imprescindible y necesaria que esta reforma se acometa en una total sintonía de la Administración del Estado, en este caso del Ministerio de Economía y Hacienda, del Banco de España y de las comunidades autónomas para afrontar con éxito esta reestructuración, que desde nuestro punto de vista requiere una cooperación de todos. Al mismo tiempo, consideramos imprescindible mantener un escrupuloso respeto a las competencias que tienen las comunidades autónomas en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las cajas de ahorro. Por lo tanto, en primer lugar, respeto a las competencias de las comunidades autónomas en el trámite de todas aquellas autorizaciones de los procesos de fusiones de las cajas de ahorro sobre las que tienen competencia; este es un aspecto que ya hemos debatido en esta Comisión, que siempre hemos considerado importante y así lo hemos manifestado, tanto ante el gobernador del Banco de España como ante la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía. En segundo lugar, pensamos que las comunidades autónomas han de mantener sus competencias en todos aquellos procesos de fusión o absorción que afecten a las instituciones de su territorio. Pensamos que las autorizaciones de las comunidades autónomas han de ser indispensables, siempre que se trate de fusiones entre cajas de una misma comunidad autónoma o de otras entidades que correspondan a diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, un respeto absoluto e íntegro de las competencias de las comunidades autónomas.


Finalmente, también nos gustaría plantearle al gobernador del Banco de España que para poder acometer estos procesos de reestructuración de nuestro sector financiero, se tendría que ser generoso y, al mismo tiempo, realista en todos aquellos plazos de viabilidad que se exijan a las diferentes comunidades autónomas, a fin de que puedan amortizar todos sus compromisos en función de dichos planes de viabilidad. En los procesos de retorno de todos aquellos recursos que se puedan implementar para fortalecer los recursos propios y permanentes de las entidades financieras -estamos hablando de periodos inferiores a los cinco años-, sinceramente, no seríamos realistas ni generosos con un sistema financiero que -todos estamos de acuerdo- en la mayoría de los casos es solvente, viable y tiene muchas posibilidades económicas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azpiazu del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor gobernador, como siempre, le agradezco su comparecencia y las explicaciones y análisis que ha realizado sobre algunos temas de interés y de actualidad. La crisis económica, las perspectivas sobre la economía española, la situación del sistema financiero, la puesta en marcha del fondo de reestructuración y ordenación bancaria, son temas de trascendental importancia y de los que no estamos ni especial ni suficientemente informados -al menos el Grupo Vasco- por el Gobierno. No sabemos cuáles son las prioridades del Gobierno, pero entre ellas no está dar explicaciones en esta Cámara; lo hace solo cuando se le fuerza; nos tenemos que enterar por la prensa, bien sea por una entrevista a la vicepresidenta, una conferencia en el Foro de Economía o en la Universidad Menéndez Pelayo. Todos estos ámbitos y foros parecen prioritarios frente al Congreso de los Diputados que, por cierto, aunque algunos lo ignoren, es el lugar donde es preciso aprobar las iniciativas que plantea el Gobierno; pero esta es otra cuestión. Por eso, le agradecemos doblemente su comparecencia y explicaciones, aunque también he de decirle que tampoco ha desvelado ningún gran secreto. Como usted bien sabe, señor gobernador, sus intervenciones siempre son interesantes y, en ocasiones, generan un morbo especial. Si me permite, le diré que en esta ocasión ha estado, incluso, por encima del interés, y no hay más que ver los medios de comunicación que están hoy aquí presentes. El morbo se deriva de muchas cosas, pero yo entiendo que también por esta supuesta relación amor-odio entre el Gobierno socialista -si me permite la expresión- y el gobernador del Banco de España, que si usted lo desea nos lo puede desvelar.


Todos entendemos la necesaria independencia con la que debe contar el Banco de España para desarrollar eficazmente su gestión, soportando las mismas injerencias políticas. Eso lo entendemos todos y así debe ser. Lo que nos cuesta más entender son las posiciones, a veces encontradas, entre el Gobierno y el Banco de España. Por emplear un término no subido de tono, le diré que es una auténtica pesadilla para el Gobierno. Y me parece bien, porque a este Gobierno hay que sacarlo de la profunda somnolencia en la que se encuentra sumido. Un ejemplo de ello es la revisión del cuadro macroeconómico que realizó el Banco de España, tan solo unos días después de que el Gobierno presentara sus previsiones.
Ustedes enmendaron las cifras del Gobierno presentando unas cifras de PIB y empleo más negativas y un mayor déficit público para el cierre de este ejercicio. Ya le he manifestado en más de una ocasión que el servicio de estudios del Banco de España me merece el máximo de los respetos, pero supongo que no sería imposible realizar un esfuerzo de coherencia metodológica para que estas diferencias, al menos en tan corto

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plazo de tiempo, no se produjeran, ya que a los ciudadanos, en general, les cuesta entender de dónde se deriva la dispersión de la información y de las estimaciones. Décimas arriba o décimas abajo, lo que le preocupa de verdad a nuestro grupo parlamentario es el cariz y la profundidad que está adquiriendo la crisis. No voy a entrar en el diagnóstico al que usted se ha referido con detalle. No sé si al final llegaremos a los 5.000.000 de parados o si alcanzaremos una tasa de paro del 20 por ciento. Espero, sinceramente, que no sea así; aunque me temo que dadas las previsiones y las perspectivas económicas puede ocurrir perfectamente. El drama personal, familiar y social que supone el aumento del desempleo no puede pasar desapercibido.


En este contexto, las medidas financieras y las medidas fiscales tendentes a la reactivación económica, tanto tributarias como de gasto público, deben, en primer lugar, ser las adecuadas -lo que yo pongo en cuestión-, pero deben ir acompañadas de reformas estructurales que garanticen un crecimiento sólido, sostenible y generador de empleo en cuanto empecemos a salir de la crisis. Las reformas estructurales, pues, son la clave para garantizar una salida solvente de la crisis, y de ellas pocas veces se habla. La decisión que se adopte sobre el mix energético, sobre el ahorro energético, sobre las energías renovables, sobre el futuro de la energía nuclear, etcétera, es una decisión clave. En este ámbito, las discrepancias dominan sobre el debate sosegado y el consenso. No hay más que ver lo que está ocurriendo con relación a la central de Garoña. El presidente Zapatero aboga por su cierre, mientras voces cualificadas como el ex presidente González defiende su continuidad. Sea cual sea la solución definitiva de este asunto, que marcará en un sentido u otro el futuro de la energía nuclear, el debate sobre la energía está pendiente y hay que realizarlo. La reforma laboral tampoco es una reforma menor.
Usted aboga, como el denominado, grupo de los cien, por que es preciso abordarla, puesto que la reforma, en su opinión, permitirá salir antes y mejor de la crisis, y hoy también se ha referido a ella. No dudo de la solidez de sus argumentos y, además, creo que es así. Pero la vicepresidenta Salgado se ha posicionado -me imagino que tras hablar con los sindicatos- en contra de la reforma laboral; o al menos no lo ve urgente ni necesario para afrontar la crisis. Usted mismo, seguramente, pudo leer el domingo una entrevista a la vicepresidenta en la que señalaba: Me quedo más con lo que ha dicho Miguel Boyer, que ahora no es imprescindible una reforma laboral. Decía: Conviene no solo leer las opiniones del Banco de España, sino también las de los que hemos considerado siempre el ala más liberal del pensamiento socialdemócrata.
Independientemente de que a usted le satisfaga o no la posición política en la que le sitúa la vicepresidenta, la realidad es que el Gobierno no piensa afrontar la reforma laboral. Por tanto, debate energético en el aire, y reforma laboral no.


Nos queda otra reforma, la que desde mi grupo parlamentario venimos defendiendo erre que erre sin éxito alguno desde hace una década, pero no duden de que seguiremos defendiendo e insistiendo: la del gasto público.
No es posible que en una coyuntura económica como la actual, con un déficit público creciente, las administraciones públicas -y se ha referido a ello- se comporten de forma ineficiente. No es de recibo que la Administración Central del Estado opere desde el gasto público ignorando el reparto competencial, la legalidad establecida en los estatutos de autonomía y despilfarrando recursos. Usted ha dicho que las comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo de control y de estabilidad. Estoy completamente de acuerdo, pero lo que no se puede hacer para ello es aplicar la ley del embudo, y en los escenarios de déficit reservarse una parte importante del déficit de la Administración Central del Estado y una parte pequeña de las comunidades autónomas, cuando estas tienen una competencia sobre ámbitos en los que se supone que son prioritarios como la política social. En este sentido, el respeto a la legalidad estatutaria y a las reglas de la economía en momentos de crisis, es importante. Diversas iniciativas se han adoptado en esta Cámara al respecto sin eco alguno. El Grupo Vasco presentó una propuesta de resolución que se aprobó tras el debate sobre el estado de la Nación, en la que se proponía la racionalización de la Administración pública y la supervisión al menos de un ministerio como paso previo en el presupuesto del próximo año. Posteriormente, la pasada semana se aprobó una moción de Esquerra Republicana en la que se planteaba, entre otras cosas, la supresión no de uno sino de tres ministerios: Vivienda, Cultura e Igualdad. El Gobierno también se ha llamado a andanas.


Hay otra reforma que no se va a llevar a cabo a pesar de que el déficit público supere el 10 por ciento del PIB, pero esta reforma del gasto público, señor gobernador, es absolutamente imprescindible. ¿Cree que se puede mirar para otro lado en materia de reforma del gasto público y esperar a que el tío Sam o simplemente la fortuna nos saquen del atolladero? Me parece sinceramente irresponsable. Asimismo, he querido hacer hincapié en la necesidad de reformas estructurales puesto que últimamente hablamos mucho de medidas coyunturales y poco sobre las imprescindibles reformas de fondo que requiere la economía, pero las reformas requieren debate, consensos y apoyos, lo cual supone trabajo, y este Gobierno no tiene fuerza ni ha buscado apoyos políticos para abordarlos. Sinceramente, en estas cuestiones le falta liderazgo.


Dejando al margen por falta de tiempo otra gran reforma, como es la del sistema tributario -después de tanta modificación de impuestos está absolutamente desfigurada- que convendría abordar, me referiré a otra

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de las cuestiones polémicas y urgentes a las que usted ha hecho mención, como es la relativa a la puesta en marcha del Fondo de reestructuración y ordenación bancaria. Hace unos días pudimos conocer un borrador de esta propuesta para hacer frente a las dificultades del sector financiero. Sus contenidos han sido ya difundidos -usted ha dado explicación hoy mismo aquí sobre esas cuestiones-. Pues bien, que el Banco de España sea el gestor del fondo me parece lógico y razonable y que dirija y proponga la mayoría de los miembros de la comisión rectora es igualmente razonable.
Lo que me preocupa políticamente -esto también lo ha manifestado algún otro portavoz- es que se respete el marco competencial; que no se aproveche la situación económico-financiera y la gestión del fondo para dar marcha atrás en el desarrollo estatutario. Veremos finalmente cómo queda el real decreto-ley que regule la creación y el funcionamiento de este fondo, pero insisto en que esperamos que respete las reglas del juego, las competencias establecidas en los estatutos de autonomía.


Las declaraciones de la vicepresidenta en la citada entrevista son en este sentido preocupantes. Cuando se señala que las fusiones de cajas de ahorro requieren una autorización autonómica, ella señala que la Ley de Disciplina e Intervención también es una ley -lo cual no dudo-, como dando a entender que esta primaría sobre lo que señalan los estatutos, y esto es lo que mi grupo entiende que puede ser un atropello que no se debe permitir. Igualmente me preocupa lo que dice la vicepresidenta -va en el mismo sentido- sobre que ya no es cuestión de tener o no competencia, sino de que la entidad necesite una reestructuración profunda, dando a entender que el fin justifica los medios. Por otro lado, también es verdad que el señor Rodríguez Zapatero ha dado garantías en este sentido al presidente de la Junta de Andalucía de que no va a haber intromisión ni invasión competencial, lo cual me tranquiliza en parte, y espero de verdad que así sea. En cualquier caso, una vez más se produce una mayor confusión y una mayor inconsistencia por parte del Gobierno. Señor gobernador, ¿qué opina en este sentido?, ¿se van a respetar los ámbitos competenciales?, ¿van a pasar por encima de los estatutos de autonomía como elefante en cacharrería? Estas son algunas de nuestras preocupaciones, cuestiones muy importantes para nuestro grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Quiero agradecer también la comparecencia del gobernador. Recientemente hemos visto algún informe, por ejemplo de PwC, en el que se estima que las necesidades de capitalización del sistema financiero están situadas entre el 2 y el 6 por ciento del PIB, por tanto, estaríamos hablando de entre 25.000 y 70.000 millones de euros como consecuencia de un incremento muy notable de la morosidad, a pesar de algunos datos que se han facilitado. De hecho, la morosidad en el mes de marzo estaba en el 4,27 por ciento y para finales de año se prevé un dato muy superior, de donde las entidades han debido provisionar créditos morosos teniendo en cuenta las reglas que fija el Banco de España. A su vez, eso denota también que el sector financiero está claramente sobredimensionado, y que existen algunas situaciones de riesgo de real insolvencia por parte de muchas entidades que en muchos casos tienen un exceso de capacidad.


En ese sentido, insistimos mucho en su día sobre la necesidad de adoptar medidas más enérgicas. Estuvimos hablando de lo que en su día Estados Unidos ya había hecho con la adquisición de activos tóxicos así como de la necesidad de recapitalizar entidades. Finalmente, el Gobierno español -como San Pablo- ha caído del caballo y parece inminente para el fin de esta semana -si no estoy equivocado, para el viernes- la aprobación de un real decreto-ley para la creación de ese denominado, Fondo de reestructuración y ordenación bancaria, al parecer con una dotación patrimonial inicial de 9.000 millones -con una posible ampliación a 90.000-, dos tercios a cargo de los presupuestos y el resto del Fondo de Garantía de Depósitos.


Si no hemos entendido mal, los objetivos de ese decreto-ley son, en primer lugar, forzar las soluciones privadas entre las entidades, lo cual nos parece una medida acertada. El tiempo pasa, la morosidad crece, pero también hay que reconocer por parte de algunas entidades los errores de gestión que hayan podido cometer. Lo digo porque esa negociación también debe efectuarse en algunos casos desde una posición de debilidad, particularmente de algunas entidades. En segundo lugar, se propone adoptar algunas medidas para afrontar la debilidad de las entidades que puedan ver afectada su viabilidad a través de la participación del Fondo de Garantía de Depósitos, lo cual nos parece también razonable porque desincentiva directamente la intervención del FROB y, por tanto, la aportación de recursos públicos. En tercer lugar, se propone propiciar procesos de reestructuración con la intervención decisiva en este caso del fondo, entendiendo que ese fondo interviene o actúa como el último recurso del sistema a través de la sustitución de administradores y a través de la reestructuración forzada.


Eso nos parece razonable pero, como se acaba de plantear también por otro portavoz, quiero advertir -nuestro grupo en ese sentido va a manifestarse en contra y así se lo ha trasladado ya a la ministra de Economía- que no estamos por la labor de que la intervención, en este caso del Banco de España, pueda pasar por encima de las competencias autonómicas. Es decir, nunca una ley ordinaria como la Ley de Intervención puede desconocer, o dejar de lado, o ignorar las competencias que los distintos estatutos -por ejemplo, el

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catalán o el andaluz- confieren a las comunidades autónomas. Por tanto, ese es un motivo claro de oposición por nuestra parte. No se trata de desconfianza en relación con el supervisor; sencillamente es la necesidad de respetar el sistema de distribución competencial y que, por tanto, las comunidades autónomas puedan ejercitar en este caso su capacidad de veto y efectuar informe preceptivo y vinculante ante el Banco de España. En segundo lugar, señor gobernador, no quisiéramos que este proceso que acabo de describir sucintamente suponga abrir la puerta de una u otra forma, directa o indirectamente, a la adquisición de cajas por bancos, y en ese sentido habría que analizar si es razonable o no la adquisición por parte de estos de los derechos políticos inherentes a las cuotas participativas. Y, en tercer lugar, desde una perspectiva estrictamente catalana -con esto acabo, señor gobernador-, hay que preservar en cualquier caso el modelo territorial que acompaña a la mayoría de las entidades, de cajas.


El caso de Caja Madrid no puede contaminar en absoluto el de otras entidades u otras cajas de otros territorios. En el caso de Cataluña no diré que es un modelo de éxito, porque hay algunas entidades que presentan una situación de riesgo evidente, pero responden a un modelo de arraigo y a una red densa y tupida que ofrece servicios a todo el territorio y, por tanto, sirve para ordenar el territorio. Por tanto, si hay fusiones -lo cual no es descartable y en algún caso puede ser deseable-, vamos a apostar para que, en primer lugar, preferentemente sea entre cajas o entre entidades catalanas; en segundo lugar, lideradas por aquellas que sean más solventes, y en tercer lugar, en ningún caso diluyendo los órganos rectores o de gobierno de estas entidades porque es verdad que hay un discurso recurrente de deslegitimación de los políticos y, por tanto, de la dirección política de alguna de estas entidades, lo cual en nuestra opinión supone una aviesa intención de centralizar el poder de las cajas. Desde ese punto de vista tenemos algunas dudas y algunos motivos por los cuales Esquerra Republicana no puede estar a favor del planteamiento, al menos presumiblemente, del Gobierno a través de este decreto-ley que va a aprobar el próximo viernes.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gastón por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora GASTÓN MENAL: En primer lugar agradezco en nombre del Grupo Parlamentario Socialista al señor gobernador el análisis tan detallado que nos ha realizado, análisis cualificado, a nuestro modo de ver, que pone de relieve que una vez más, pese a lo expuesto por el portavoz del Partido Popular, en economía los diagnósticos al detalle se ven con mucha mayor nitidez a posteriori, aunque no estemos hablando de excesivo tiempo pasado desde el origen de esta crisis; análisis que, viniendo de una institución, como en este caso el Banco de España, con un nivel de reconocimiento por su labor, consolidado y reafirmado en estos tiempos de dificultad, implica -así lo vemos- aportar mayor credibilidad a las actuaciones, mensajes y estrategias que desde el Gobierno y el Grupo Socialista venimos defendiendo, análisis que también contribuye a que de forma conjunta todos seamos capaces de llamar a las cosas por su nombre.


Para explicar esto quisiéramos profundizar, al contrario de lo que ha manifestado el señor Montoro, un irreconocible señor Montoro -todo sea dicho de paso-, que habrá recibido alguna recomendación de adoptar un tono más meloso, y hoy lo ha puesto en práctica. Decía el señor Montoro que no cabía profundizar más por su parte en el diagnóstico. Nosotros sí queremos profundizar en lo que se recoge en el informe, en lo que él aportaba: las raíces, soluciones y heridas. Echando la vista atrás, yendo al origen de esta crisis, el diagnóstico vuelve a dejar claro que todo este caos económico que se ha producido parte -y así lo ha vuelto a manifestar el señor gobernador- de las tensiones en los mercados financieros, que a su vez dieron paso a una crisis financiera de alcance global que conllevó a una pérdida generalizada de confianza por un lado, y a una recesión económica sin precedentes. Nos interesa volver al origen y a este diagnóstico, puesto que para algunos tanto el diagnóstico ex ante como el ex post no coinciden ni han coincidido con lo manifestado objetivamente por el informe anual del Banco de España. ¿Qué es lo que ha quedado evidenciado? Algo que hemos venido reiterando: el error que supuso un excesivo margen otorgado a la autorregulación en los mercados financieros.


Siguiendo en el ámbito internacional, como ha hecho en su análisis el señor gobernador, tenemos presente que las autoridades económicas en ese momento se enfrentaban, por un lado, a un reto, el de diseñar los mecanismos apropiados y capaces que permitiesen reforzar las instituciones de sus economías, y a su vez evitar que todas estas tendencias volvieran a repetirse. ¿Qué requería este diseño? Por un lado, revisar las políticas de regulación y supervisión en los mercados financieros, revisar las estrategias macroeconómicas para corregir a tiempo los desequilibrios, o preocuparse por la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y el largo plazo. Pero al mismo tiempo -y esto nos parece sobre todo importante dado el momento en el que actualmente nos encontramos- las autoridades fiscales y monetarias tenían un reto añadido -y así se ha recalcado igualmente-: el de diseñar las estrategias de salida, importante, porque estas estrategias de salida permiten ir desactivando de una manera eficaz, además de segura, las medidas que tanto gobiernos como bancos centrales han ido adoptando, como respuesta para tratar de evitar una espiral depresiva de graves consecuencias a nivel mundial, teniendo en cuenta que la mayoría de estas medidas son excepcionales, dadas las circunstancias;

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medidas -quisiéramos recalcar- adoptadas a partir de unos principios comunes, acordados conjuntamente en el marco de los foros internacionales.


Como primera pregunta quisiéramos saber su opinión acerca de la cooperación multilateral en el contexto de la aplicación de todas estas medidas que se han ido abordando, medidas que, además de las tomadas por los bancos centrales, han sido adoptadas por los gobiernos. En cuestión de medidas gubernamentales, estas han ido en el ámbito internacional en dos direcciones: por un lado, apoyar a los sistemas financieros, teniendo en cuenta que todas están enmarcadas en los principios comunes de actuación concertados en el ámbito del G-20, y a nivel europeo enmarcadas por las medidas concertadas por los jefes de Estado y de Gobierno; y por otro lado, en una segunda dirección que corresponde a estimular la demanda, medidas que suponen aumento del gasto público dirigido en muchas ocasiones hacia los colectivos más afectados por esta crisis, en este caso teniendo como referencia el Plan europeo de recuperación económica.


Una vez resaltado este esquema me gustaría lanzar una pregunta al Grupo Popular. ¿Acaso el Ejecutivo español se ha desviado de todos estos patrones que se han seguido a nivel internacional? En ese caso, ¿cuál era la alternativa? ¿Cruzarse de brazos y permanecer inmóvil o actuar de forma aislada y por libre, sin coordinación alguna? En este periodo de tiempo que recoge el informe anual las autoridades de nuestro país -así lo vemos- han respondido a esta orientación descrita. Se han adoptado medidas ajustadas a lo que el resto de países también iban desarrollando, y dentro de los foros y marcos de referencia antes citados; medidas algunas de las cuales ha nombrado el señor gobernador, pero por citar algunas que, dada la circunstancia de que haya pasado un cierto periodo de tiempo desde el origen, creemos que ganan todavía y hay que poner en valor, son medidas como la ampliación de garantía de depósitos, la creación del Fondo para la adquisición de activos financieros, la concesión de avales para la emisión de bonos bancarios, la apertura de diversas líneas de financiación especial a través del ICO, la introducción de nuevas deducciones en el IRPF o la puesta en marcha de fondos como el Fondo estatal de inversión local o el Fondo para la dinamización de la economía. Además de la puesta en marcha de estas medidas, el apoyo por parte de algún grupo político ya es de sobra conocido. Entre tanto las críticas han sido incesantes y en exceso, y también es de sobra conocido; eso sí, críticas sin dar a conocer alternativa alguna.


El Grupo Parlamentario Socialista sigue siendo contrario al inmovilismo y defendiendo el proyecto llevado a cabo durante todo este tiempo por el Gobierno, con coordinación y cooperación en las políticas, tratando de paliar los efectos de la crisis, sobre todo atendiendo a los colectivos más vulnerables, tratando de ejercer de sostén de la demanda agregada con gasto productivo, y -también hay que tenerlo en cuenta- tratando de prepararse para el futuro con reformas estructurales y gasto productivo dirigido a un cambio de modelo productivo, y sobre todo con una preocupación de cabecera. Hay muchos frentes que abordar, pero tenemos una preocupación de cabecera: el desempleo. Pues bien, a nuestro modo de entender el Gobierno hasta la fecha ha hecho -y hace- cuanto estaba en su mano, y además -así lo creemos- con responsabilidad y siguiendo los patrones acordados a nivel internacional.


Nos gustaría recalcar que en el caso español hay una serie de circunstancias que son específicas y que habrá que tratar de corregir, puesto que suponen importantes debilidades, circunstancias como el hecho de que factores productivos y recursos financieros han estado excesivamente concentrados en el sector inmobiliario; el hecho de que condicionantes estructurales específicos afecten a nuestra productividad, y un factor en positivo, que tenemos un sistema financiero fuerte comparativamente, que ante semejante avalancha no ha quedado inmune, y que pese a partir de una ventaja real inicial, pese a venir menos dañado en la que el señor gobernador ha citado como una segunda oleada de esta crisis, ha venido sufriendo efectos en sus cuentas de resultados de bancos y cajas.


Llegamos al momento presente. Lo que el Grupo Socialista defiende como prioritario es, por un lado, trabajar en esa estrategia de salida que citábamos. Hay que desactivar de forma eficiente y segura todas estas medidas de carácter excepcional que se han ido tomando, pero sobre todo tenemos que seguir haciendo frente a una serie de circunstancias que siguen siendo debilidades, como el déficit exterior, la emisión de deuda -trabajando en una planificación sostenible en dicha emisión-, el tema de la liquidez y el acceso al crédito, continuar estimulando la demanda y, sobre todo, insisto, hacer frente al desempleo.


En lo que respecta al sector financiero ha detallado el señor gobernador el Fondo de rescate y ordenación bancaria que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros, y que conllevará la reestructuración procurando una optimización de recursos, tanto por parte de las propias entidades como de recursos públicos. La propia crisis financiera ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de mejorar la regulación y la supervisión, y ateniendo a esto nos gustaría conocer su valoración acerca de las recomendaciones del informe Larosière y las propuestas contenidas en la comunicación de la Comisión Europea del 27 de mayo, que marcan el camino a seguir en este aspecto. También quisiéramos conocer su opinión acerca de las dos instituciones de supervisión que se pretenden crear para el próximo año en la Unión Europea, me refiero a la junta europea de riesgos sistémicos y al sistema europeo de supervisores financieros.


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En cuanto al endeudamiento del sector privado todos parecemos compartir que no cabe volver a la situación anterior a la crisis; que ahora mismo los datos de morosidad apuntan también hacia el sector inmobiliario, ya que configuraba la gran parte del pastel de la deuda en nuestro país, dato que apunta también a una necesidad de cambio de nuestro modelo económico. Compartimos también, nos parece razonable, que los criterios de solvencia se refuercen a la hora de la concesión del crédito, de buscar garantías por parte de las entidades financieras. Unido a esto, en el propio informe se indica cómo se ha producido un aumento de la tasa de ahorro de las familias sobre las renta disponible en este periodo, y un efecto sumado directamente, derivado de las cifras de desempleo, es decir, una contracción lógica en la demanda y en el consumo familiar. En cuanto a empresas queda patente la necesidad de financiación que tienen, pero que viene sobre la carga financiera, más que de una serie de propuestas inversoras. En este contexto, señor gobernador, quisiéramos conocer su opinión sobre la reiterada teoría que apunta el Grupo Parlamentario Popular, teoría que se ha reiterado también en esta comparecencia, en la intervención del señor Montoro, ya que según ellos no se invierte, no aumenta la demanda porque no hay crédito. ¿Por qué no hay crédito según el Grupo Parlamentario Popular? Porque se lo llevan las administraciones públicas. En esta teoría se han instalado, haciendo culpables una vez más a las administraciones públicas y al Gobierno, y agradeceríamos su opinión al respecto.


Por ir finalizando, me quiero referir al mercado laboral. El Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto al mercado laboral como debilidad para este momento y para la salida de la crisis, cree firmemente que el actual mercado de trabajo es mejorable, seguro; mejorable en aspectos tales como la formación, además usted mismo lo ha nombrado en su propia intervención. El cambio de modelo productivo requiere una inversión en capital humano, en capital tecnológico y en formación. También creemos firmemente, además está a la vista objetivamente, que precisamente no es esta la causa de la crisis, ni el origen ni además el elemento a reformar que nos va a sacar de ella. Mejoras sí; estamos convencidos, puesto que supone un componente más del cambio que pretendemos llevar a cabo, esperemos además que con la ayuda de todos los grupos; cambio para preparar nuestra economía para la salida de la crisis, y la finalidad desconocida: dotarla de mayor productividad y mayor competitividad.
Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista nos mantenemos firmes con una premisa: no somos en absoluto partidarios de abaratar el despido. El Grupo Parlamentario Socialista nos mantenemos también firmes con dos principios: respeto y confianza. Respeto por supuesto a toda opinión y a toda aportación, que sin duda es y será escuchada y evaluada, y también la confianza, confianza en el marco en el que creemos firmemente que debe tratarse este asunto, no de forma exclusiva, sino, insisto, como un elemento más hacia la salida de la crisis. Confianza, por tanto, en el trabajo de los agentes sociales, en el trabajo del marco del diálogo social que derivará en la normativa correspondiente de lo que allí se decida, y derivará en una negociación colectiva coherente con los acuerdos que se lleven a cabo.


El señor PRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra el señor gobernador del Banco de España.


El señor GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA (Fernández Ordóñez): En primer lugar, quiero agradecer las palabras de reconocimiento y respaldo a la institución, que trasladaré a la misma, porque, como se imaginan ustedes, detrás de mí hay mucha gente trabajando.


Yo diría que hay fundamentalmente tres ámbitos referentes a la economía española: toda la situación de las cuentas públicas, déficit; reformas estructurales; sistema financiero y una parte más internacional, que es la que ha recogido el último compareciente. Desde el punto de vista macro ha habido pocas cosas, pero diré alguna. Por ejemplo la diferencia de previsiones. Honestamente creo que este año, frente a las que hicimos nosotros y las que acaba de presentar el Gobierno, no hay grandes diferencias. Nosotros hicimos una previsión hace tiempo, antes de tener datos, que era más optimista que la que ha dado el Gobierno para 2009. La de 2009 es más pesimista, pero porque tiene más datos. Nosotros podíamos haber dicho lo mismo. Sobre 2010 que continúa dando, a diferencia de otros países, una cifra negativa, la nuestra es algo más pesimista, pero no hay grandes diferencias. Las previsiones tenemos que hacerlas, no nos queda más remedio, pero en esta situación los rangos de incertidumbre son enormes. Por tanto, si en algún momento tiene poca relevancia la diferencia en las previsiones, en este momento vaya usted a saber. Yo no le daría mucha más importancia.


En el tema de los desequilibrios, la otra cuestión macroeconómica que ha sido tratada, que es importante porque está detrás del ajuste que se está siguiendo, lo he dicho en la intervención, se refiere a la velocidad a la que se están corrigiendo los desequilibrios, que es impresionante. En los precios estamos teniendo una corrección negativa, y mientras no haya deflación a nivel europeo es una bendición. Es lo mejor que le puede pasar a la economía española para corregir y mejorar su competitividad.
En el caso del déficit externo, que fue acumulado a lo largo de los últimos catorce años y que era un problema, en dos años puede estar reducido a la mitad. Creo que al final el ajuste se produce. La cuestión no está tanto en la corrección de los desequilibrios como que, una vez corregidos esos desequilibrios, no nos quedemos con un crecimiento pobre, sino que tomemos las medidas para tener un crecimiento potencial importante. Porque si corregimos los desequilibrios a base de hundir el país y

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no importar, no creo que sea el objetivo. Todo lo que sea aumentar el crecimiento potencial y la productividad es crucial, porque es la fuente.


Paso a contestar a sus señorías. Percibo que hay un acuerdo general sobre la preocupación por las cuentas públicas, y esto es importante por el giro que hemos dado, y por eso reiteraría la importancia del tema. Hace unos años, cuando pasé al banco, de cada cien euros se gastaban 98. El techo de gasto presentado ahora es que de cada cien euros nos vamos a gastar 150. Es decir, de los cien que vamos a recaudar, vamos a pedir prestado el 50 por ciento. Estamos entrando en unas zonas donde darle importancia es trascendental, y eso es importantísimo. Hemos arrancado la crisis con dos soportes muy importantes y siempre lo he dicho: el superávit presupuestario, otros países no lo han tenido, y la solidez del sistema financiero. Lo que debíamos de hacer es tratar de no perder estos soportes. Es evidente que eran necesarios los estabilizadores automáticos y el estímulo, pero es crucial una corrección creíble. En este sentido no he tenido reparo en aceptar que lo que ha adoptado el Gobierno para 2012, cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, me parece correcto. Lo que pasa es que requiere medidas enérgicas y de cumplimiento estricto.
Desde el punto de vista de los objetivos del programa presentado, no cabe duda de que es realmente porque uno no puede pedir algo adicional a lo que está pidiendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en este momento.
Por tanto yo creo que eso es así. Creo y coincido en que las reformas deben estar fundamentalmente en la reducción del gasto improductivo.
Creo, señor Azpiazu, que en todos los niveles de gobierno hay posibilidades enormes, y que incluso habría quizá posibilidad de cooperar, porque unos hacen cosas que no deben y otros hacen cosas también que no deben en todos los campos. Uno lo está viendo todos los días y probablemente habría un margen enorme. Es verdad que las comunidades autónomas tienen la sanidad y la educación, pero el Estado tiene la defensa, la seguridad y temas muy importantes. Por tanto todos tienen tareas muy importantes, pero también tendrían que hacer un esfuerzo en reducir lo que no lo es.


En el terreno de los impuestos ciertamente, señor Montoro, si hay que subir impuestos los impuestos especiales son los menos dañinos. En eso creo que coincide cualquiera. Es mucho mejor subir impuestos -en un momento además en que han caído los precios del petróleo- sobre el petróleo o sobre el tabaco que subir cotizaciones sociales, impuestos a las sociedades, el mismo IVA. Por tanto mi obligación, dentro de lo que cabe, es decirles a unos que no todo se resuelve por el gasto y a otros que a lo mejor hay que resolver los temas por los impuestos. Mi obligación es decir a unos y a otros que los reyes magos no existen y que si esto hay que arreglarlo habrá que hacerlo como se pueda, pero hay que arreglarlo, porque la deuda genera aumentos de tipos de carga de intereses, y por tanto es algo que hay que corregir inevitablemente.


El segundo tema que se ha tratado es el relativo a las reformas estructurales, fundamentalmente la reforma laboral. No es la única, hemos citado varias, pero es a la que algunas de SS.SS. se han referido. Estoy relativamente satisfecho, después de la conferencia de Zaragoza, en la que -si me permiten ustedes- se armó un poco con el tema de la reforma laboral, con cosas que no dije. Sigo diciendo -lo dije aquí, estuve hablando con el señor Ridao- que jamás he dicho que hay que abaratar el despido. La conferencia está colgada en la web. Digo que es una forma absurda de plantearse el tema de la reforma laboral, pero uno se queda con sambenitos y el otro día en un periódico se decía: ¿qué le parece al gobernador esto de abaratar el despido? Ahí está el sambenito, pero no lo he dicho nunca. Y no solo eso, sino que estuve discutiendo con el señor Ridao durante mucho tiempo, y con el señor Herrera, pero no consigo corregirlo, aunque sí que es importante. En ese sentido, señor Azpiazu, en Zaragoza no quería tanto crear pesadillas como despertar. No es tanto crear pesadillas, es mejor despertar porque tenemos un problema; un problema de paro inmenso y unas instituciones laborales absolutamente distintas del resto. Si en el paro somos un récord y tenemos instituciones distintas mi idea es que hay que estudiar y hay que hablar.
Creo que eso se está consiguiendo. Han salido los cien economistas el otro día en un periódico diciendo que se está hablando del tema y se mantienen las posiciones. Creo que era muy importante pasar de esa situación de, esto no se habla, a hablar. Y creo que ese es un paso importante y es prácticamente el único al que estaría dispuesto. Creo que es, como ha dicho una de SS.SS., mejorable -yo diría manifiestamente mejorable- nuestra situación, y hay muchas cosas que no son exclusivamente el tema del despido ni la contratación. La negociación colectiva en este momento es crucial. Es trascendental que en este momento empresarios y trabajadores puedan salvar su empresa sin estar constreñidos por un dictat superior. Si están de acuerdo los trabajadores y los empresarios, ¿por qué no dejarles? Yo no lo entiendo, honestamente, sobre todo en esta situación de crisis, que es lo que está generando unos despidos enormes. Creo que se ha avanzado, se está avanzando, y no quisiera decir más.


El otro aspecto sobre el que más se ha hablado es el sistema financiero.
Hemos vuelto a hablar del crédito, de la importancia de la liquidez.
Coincido totalmente, señor Sánchez i Llibre. Creo que ya dedicamos una sesión a la importancia de la economía. Si la economía no va bien las entidades no darán crédito; si el crédito no funciona la economía no va bien, y por tanto ahí hay una espiral que hay que tratar de romper. Yo creo que se han tomado distintas medidas para suavizar esto. De la situación que estábamos hace cuatro meses, que era angustiosa, las cámaras de comercio diciendo esto, al

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hecho de que el Banco Central Europeo haya dado toda la liquidez que se pida. Todos los días, en todas las subastas se da toda la liquidez que piden los bancos. Esto es algo absolutamente histórico. Se han ampliado los plazos, la próxima subasta se va a sacar a un año, es decir, que hay tranquilidad. Se ha rebajado el nivel de garantías que se admiten, etcétera. Por parte de los gobiernos se ha decidido avalar la financiación, con lo cual ya nadie puede decir que no tiene financiación, puesto que está avalada por el Estado e internamente, como usted ha señalado, con los resultados que pueda tener, pero tiene lógica que el ICO de alguna forma reduzca el nivel de riesgo para animar a las entidades a entrar, porque al final no podemos pedir nunca -y eso lo saben ustedes- a un banco que dé un crédito a alguien que no lo va a devolver o que cree que no lo va a devolver. Creo que esto requiere seguir trabajando en ello y seguramente la reestructuración del sistema financiero ayudará.


Se habla de la tardanza. El señor Ridao comentaba: ya decíamos que hay que hacer lo que se está haciendo en el resto del mundo. Creo que ha sido correcto no hacerlo. ¿Por qué? Porque el sistema financiero español no tiene nada que ver con los sistemas financieros del resto del mundo, ni con Estados Unidos ni con Francia ni con Alemania ni con Inglaterra.
Hemos tenido la enorme suerte de que las entidades sistémicas e importantes estén bien por diferentes razones: no han entrado en activos tóxicos, tienen un sistema tradicional de banca, tienen una diversificación. En este momento las zonas del mundo que van mejor son Asia y América Latina, y esto cuenta. Había algunas entidades que decían: haga usted el resto. No, porque en cuanto a dar dinero, ellos no han tenido más remedio que hacerlo, pero creo que el criterio es que si no tenemos que hacerlo, no damos dinero, porque una de las grandes ventajas de tener un sistema financiero como el que tenemos no es tanto que funcione bien, sino que va a tener un coste para el contribuyente español mucho menor que el de aquellos países que no supervisaron y no regularon bien. Por tanto, si hay que agradecer algo a los supervisores es que va a costar menos. Este costar menos es muy importante, porque al final todos estos países van a tener que devolver -se ha señalado por algún compareciente- toda esa deuda, van a tener que endeudarse, y nuestra obligación es que cueste lo menos posible. Y haber reaccionado tarde no es reaccionar tarde, sino haber hecho un análisis de que no era necesario. Sin embargo es verdad que pasados dos años de la crisis es evidente que esto puede estar afectando a entidades de relativo pequeño y mediano tamaño, y ahora sí que hay que entrar. Desde el Banco de España a principios de abril dijimos al Gobierno que, a la vista de lo que había pasado con la Caja de Castilla La Mancha, era bueno contar con un instrumento. ¿Por qué? Porque no está bien tener estas instituciones zombis, aunque sean pequeñas, que no pueden seguir funcionando; debemos reestructurar el sistema financiero para tener unas instituciones sólidas que cuando llegue la recuperación puedan prestar, de alguna forma, sin ninguna preocupación sobre su situación interna. Creo que es correcto, aunque es verdad que me gustaría que lo que ha anunciado el Gobierno, es decir, que el viernes que viene se aprueba, que se apruebe. Honestamente creo que es bueno que se tome esa decisión, pero centrada en este tema.


Como señalaba, creo que en la reestructuración los dos principios esenciales -se puede hablar mucho- son: primero, que cueste lo menos posible al contribuyente. Señor Sánchez i Llibre, no me ha gustado la idea de que hay que ser generoso dando dinero. No, no hay que ser generoso. Luego ha dicho otra cosa con la que coincido: hay que ser realista, hay que dar el dinero suficiente para que funcione. Pero usted utilizó en algún momento la palabra generoso; yo digo que hay que ser exigente. (El señor Sánchez i Llibre: En plazo.) En el plazo también, pero en el plazo resulta que hay que devolver lo que a uno se le da. Creo que coincidiríamos en ser realistas. Un plazo irrealista no tiene sentido, un plazo realista tiene sentido, pero con un cierto nivel de exigencia, puesto que está detrás el contribuyente; se está ayudando, pero no se está haciendo lo mismo en otros sectores en los que están quebrando las empresas. Por eso los cambios en la Administración, etcétera, son importantes. Por tanto, primer principio, que le cueste lo menos posible al contribuyente. Segundo, que el sistema financiero que quede sea sólido, es decir, que no tratemos de que aquí sobreviva todo el mundo, sino que las entidades que queden sean entidades que puedan ser competitivas, que puedan no estar sujetas a una competencia cuasi desleal del que no puede y está necesitando de una respiración artificial.


En el tema del control democrático, señor Montoro, coincido absolutamente: donde va a haber un volumen importante de recursos públicos, el control democrático es esencial, pero yo creo que se debe cumplir por dos vías.
Una, por la vía de fijar los criterios al que debe ejecutar y debe decir qué es lo que debe hacer usted. Dos, el control a posteriori del tema. La política ahí tiene una función importante que jugar. En la ejecución no la veo, la ejecución creo honestamente que debe ser lo más profesionalizada posible; pero control, dar cuentas, absolutamente.
¡Estaría bueno! Creo que de todas, todas.


En el tema de la distribución competencial, mi impresión es que el Gobierno está en la línea de respetar la distribución competencial. Es decir, mientras no haya asuntos de disciplina y de ordenación del crédito que no correspondan a las comunidades autónomas, se dejará absolutamente la competencia a las comunidades autónomas. Ahora, cuando se entre en otros terrenos, como ya hemos visto en otras disputas que hay sobre el tema, poquísimas, por cierto, pero en las pocas que hay se ha

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dado la razón, es el Estado y es el Banco de España el que tiene la competencia de la disciplina y ordenación del crédito. Por tanto, espero que ahí haya una distribución competencial y que se respeten las competencias del Estado y de las comunidades autónomas y que luego haya cooperación, que es la que está habiendo continuamente, porque en todos estos años de Constitución mi experiencia en el banco es de una gran cooperación entre las comunidades autónomas y el organismo encargado de la disciplina y de la ordenación del crédito. Hemos tenido poquísimas disputas porque hay una idea de cooperar. Hoy el presidente de una entidad decía que las fusiones dentro de una región pueden ser buenas.
Claro que sí. Pero si eso no me deja en una buena situación y una entidad o el contribuyente me tiene que pagar mucho y no voy a obtener una buena solución, entonces es distinto. Creo que, una vez aclarada la distribución de competencias, hay que cooperar. Por último, he oído una actitud de consenso, de disposición al consenso. Creo honestamente que cuanto más consenso tengamos, más fácil será al final la ejecución de las tareas correspondientes, por tanto, celebro que haya esa actitud.


Finalmente, paso a referirme a algunos temas internacionales que han sido mencionados. Yo diría que hay dos. Uno, que yo subrayaría por lo que usted ha dicho, fundamentalmente, la idea de cooperación internacional y multilateral. A diferencia de la crisis del 29, donde cada país tiró por su lado y se encerró en un nacionalismo económico y de absoluto egoísmo, en esta crisis lo que ha habido es una gran erupción de cooperación multilateral. En Europa claramente, el G-20. Esta semana yo voy a ir como representante de España a la primera reunión de FSB, del Foro de Estabilidad Financiera, donde no estábamos y hemos sido invitados, donde se van a discutir numerosos temas. Hay una idea de cooperación, que la Administración Obama probablemente ha impulsado, con una idea de multilateralidad algo distinta a la anterior. Creo que es algo fantástico y que deberíamos apoyar esa idea, porque es una crisis global y la cooperación internacional es absolutamente fundamental.


Acabo con la última pregunta relativa al tema internacional, la relacionada con el informe Larosière, la estructura de supervisión en Europa. Sinceramente creo que se han dado unos pasos inmensos. El presidente Durao nombra un grupo de expertos entre los cuales está un ex director general del Banco de España, José Pérez, y yo creo que hace una labor fantástica al decir que aquí hay que hacer dos instituciones: una que se ocupe de los temas de riesgos, de estabilidad, centrada fundamentalmente en los banqueros centrales, y otra centrada en mejorar la coordinación de la supervisión y regulación en Europa. Esas dos patas no las teníamos. He estado en numerosos cargos, en la Comisión de Energía, etcétera, donde todos los participantes de los distintos países se reunían y resulta que los supervisores no se reunían nunca. Teníamos el CEPS, unos comités de bajo nivel. Por tanto, ese es un paso importante. El último Consejo Europeo así lo ha acordado y lo ha respaldado. Evidentemente eso es el inicio de algo muy importante con lo que estoy absolutamente de acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor gobernador. Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.

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