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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 322, de 16/06/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 322
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
Sesión núm. 12 celebrada el martes 16 de junio de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Celebración de las siguientes comparecencias:

- De la señora presidenta de la Federación ECOM, (Vázquez Arias) para que explique su programa y las demandas del colectivo que agrupa la Federación. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 219/000007.)... (Página 2)

- Del señor Ganzenmuller Roig, experto en capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con el objeto de informar acerca de la adaptación de la normativa española a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU en materia de capacidad jurídica.
A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000205.)... (Página 9)

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Proposiciones no de ley:

- Para la adopción de una legislación específica, de ámbito europeo, sobre no discriminación e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000450.)... (Página 14)

- Sobre la creación de un mecanismo independiente de seguimiento de la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000961.)... (Página 16)

- Sobre medidas para disponer de datos actualizados de empleo de las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000731.)... (Página 18)

- Para instar al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del tribunal del jurado, para eliminar las disposiciones que entran en conflicto con la legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad, evitando cualquier trato discriminatorio. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000738.)... (Página 20)

- Relativa a la necesidad de divulgar la accesibilidad integral y los productos de apoyo incrementando su difusión en el año 2009 coincidiendo con el vigésimo aniversario de la creación del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000755.)... (Página 22)

- Con el objetivo de dar audiencia a los interlocutores del mundo de la discapacidad para cualquier medida que incida en la Seguridad Social de dicho colectivo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000884.)... (Página 26)

- Sobre sustitución de la denominación de la revista Minusval. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/000952.)... (Página 28)Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana

CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:

- DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ECOM, (VÁZQUEZ ARIAS) PARA QUE EXPLIQUE SU PROGRAMA Y LAS DEMANDAS DEL COLECTIVO QUE AGRUPA LA FEDERACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 219/000007.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar y vamos a intentar, discúlpenme, cumplir con el tiempo que voy a asignar de acuerdo con los portavoces, porque la verdad es que como hay muchas actividades, Junta de portavoces, etcétera, tenemos que ajustarnos lo más exactamente posible al mismo. Por tanto, vamos a procurar que las dos comparecencias que tenemos previstas las consumamos en una hora, hora y cinco, hora y diez máximo, para dar luego entrada el orden que hemos definido para las proposiciones no de ley.


Por tanto, damos la bienvenida a esta Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad a doña María José Vázquez Arias, presidenta de la Federación ECOM, para que explique su programa y las demandas del colectivo que agrupa la federación. Bienvenidas y tiene la palabra.


La señora GERENTE DE LA FEDERACIÓN ECOM (Collado Urieta): Soy Ana Collado, la gerente de la Federación ECOM.


El señor PRESIDENTE: Perdón. Entonces, usted es Ana Collado, efectivamente, es que me he equivocado.


La señora GERENTE DE LA FEDERACIÓN ECOM (Collado Urieta): Intervendremos las dos. Nos lo hemos repartido.


El señor PRESIDENTE: Las dos, aunque solo figura una de ellas. Perdón.


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La señora GERENTE DE LA FEDERACIÓN ECOM (Collado Urieta): En primer lugar quiero agradecer a la Comisión que nos hayan invitado, especialmente a la diputada Concepcio Tarruella. Yo explicaré muy brevemente lo que es la federación para que ustedes se sitúen y después nuestra presidenta va a entrar un poco más en materia de los temas que más nos preocupan en estos momentos en lo que se refiere a discapacidad.


La Federación ECOM es una entidad que se creó en el año 1971, por lo tanto tenemos una larga trayectoria. Es una federación de ámbito estatal, porque en aquel tiempo no había todavía autonomías y, aunque tengamos la sede en Barcelona, es una entidad de ámbito estatal. Tenemos en estos momentos 165 entidades federadas en todo el territorio; 12 servicios de integración laboral; hemos estado participando en 34 municipios a lo largo de la historia con programas de integración social; respondemos al año a unas dos mil consultas sobre discapacidad tanto de personas con discapacidad, como de profesionales, estudiantes y de todas las personas que están interesadas en el tema. Cada año tenemos 700 beneficiarios en los programas de ayudas para la integración en el tiempo libre, especialmente se concentran en el verano; 1.400 alumnos participan anualmente en actividades de sensibilización sobre deporte adaptado; hemos tenido a lo largo de nuestra historia 60.000 espectadores que han estado presentes en la actividades de sensibilización. Cada año organizamos 1.800 servicios de monitores, que son monitores que ponemos en las escuelas para acompañar a los niños con discapacidad cuando van de excursión o de colonias. Hay 400 actuaciones del espectáculo de marionetas. Tenemos un espectáculo de marionetas de sensibilización que se titula Compañeros del Barrio, y lo estamos llevando a cabo desde el 2003. Contamos con 6.000 usuarios inscritos en las bolsas de trabajo de los servicios de integración laboral. Unos 1.700 contratos de trabajo anuales en los servicios, aunque este año la crisis nos está afectando especialmente a nuestro colectivo, y eso es importante remarcarlo. Y 50 personas atendidas en el programa de asistente personal, que hasta ahora es un programa piloto, y esperamos que en futuro sea un servicio del que puedan beneficiarse todas las personas con discapacidad.


Nuestra misión en general es promover la mayor inclusión social y la calidad de vida de las personas con discapacidad, impulsar la lucha contra todo tipo de discriminación, fomentar la defensa de los derechos y, en el ámbito de la entidades federadas, que es una parte importante de nuestro trabajo, representar y defender sus intereses ante las administraciones públicas, coordinar sus actuaciones y facilitar la información, formación, asesoramiento, apoyo y demás a las entidades miembros. Trabajamos en todas las áreas de actuación que se refieren a las personas, y especialmente a las personas con discapacidad, como es la accesibilidad, la educación, el trabajo, deporte y tiempo libre, la salud, sensibilización, defensa de derechos y últimamente y de manera muy especial en el campo de la vida independiente.


En estos momentos somos 165 entidades federadas, y esto es un poco la evolución que hemos tenido en los últimos catorce o quince años. Ha sido una evolución bastante elevada. Esta es la distribución que tenemos en todo el territorio.


En el mapa se ve un poco que estamos relativamente en todo el territorio, aunque mayoritariamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, unas 130 entidades son de Cataluña, pero tenemos entidades en todo el territorio español. Hay distintos tipos de entidades, las que son de ámbito local, las que se dedican a discapacidades en concreto, las que son prestadoras de servicios y las que se dedican en general a los temas de discapacidad.
Es importante destacar las funciones que desarrolla cada tipo de entidades. Las de ámbito local, sobre todo todo el tema de la participación en consejos locales, la atención desde la proximidad, apoyo y asesoramiento a los socios, grupos de ayuda mutua, es un trabajo más local, más directo, más de proximidad. Estamos en todos estos municipios.
Voy rápido porque hay poco tiempo.


Las de discapacidades específicas son entidades dedicadas a la esclerosis múltiple, a las distrofias musculares, a los traumatismos craneoenfálicos, son muy especificas de una discapacidad concreta y tienen una labor más de informar sobre la discapacidad en general, asesorar a los socios sobre la enfermedad o la discapacidad, apoyar a las personas y a las familias. Esto son todo el tipo de discapacidades que tenemos representadas en la federación. Son todas de movilidad reducida, discapacidad física u orgánica. Las prestadoras de servicios realizan un trabajo realmente muy importante en lo que es la prestación de servicios, que en el campo de la discapacidad física la mayor parte de los servicios son servicios gestionados por entidades privadas del tercer sector, y por lo tanto su labor es esencial. En este momento nuestras entidades están gestionando en todo el territorio 29 residencias, 9 escuelas de educación especial, 15 centros de atención diurna, 24 ocupacionales y 20 centros especiales de empleo. Las que se dedican a discapacidad en general, básicamente se ocupan de la defensa de los derechos del colectivo, el apoyo a las personas, la dinamización de actividades.


En el año 2007 ECOM tuvo una reestructuración, lo que era la Federación ECOM, que es la entidad del año 1971, sigue existiendo como entidad madre, y se creó la Confederación ECOM Cataluña, que es una confederación el ámbito autonómico de Cataluña, con cuatro federaciones territoriales: la Federación ECOM Barcelona, Fegafos, que es la Federación de Gerona, Federación ECOM Lérida y Federación ECOM Tarragona. Creamos también la fundación para que lo que son los servicios propios de la Federación ECOM, como los servicios de integración laboral, el servicio de asistente personal, todo esto se está traspasando en estos momentos a la fundación, y creamos también la patronal como la entidad dedicada a defender las relaciones laborales de

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las entidades que tienen personal, especialmente las entidades de servicios, e intentar poner un poco de orden en todo lo que son los convenios colectivos del sector que, como seguramente sabrán, hay demasiados y se pisan unos a otros, lo que termina siendo un problema.


Yo finalizo aquí. En todo caso ya María José explicará un poco lo que nosotros entendemos son las claves de mejora para este año 2009.


El señor PRESIDENTE: Ahora sí tiene la palabra la señora Vázquez Arias.


La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ECOM (Vázquez Arias): Aunque tenemos poco tiempo, a mí me gustaría, señores y diputados señoras diputadas, marcar algunos temas que en estos momentos desde ECOM nos preocupan.


Nos preocupa la Ley de la Autonomía Personal. Pensamos que después de dos años de la aprobación de esta ley, la parte de la autonomía personal no se está desarrollando lo suficiente para conseguir que las personas con discapacidad física puedan ejercer y llevar a cabo sus proyectos de vida con libertad y autonomía. Dentro de la Ley de Autonomía Personal -nosotros preferimos llamarla así, aunque es la Ley de la dependencia y promoción de la autonomía personal-, nos preocupan algunos temas sobre los que ustedes, como representantes nuestros, tendrían que hacer una reflexión y tomar medidas.


Nos preocupa el tema del asistente personal. No se está desarrollando lo suficiente y no se está desarrollando con los criterios que serían necesarios para que fuera de verdad un elemento clave en la autonomía personal y el autogobierno de las personas con discapacidad física. Nos preocupan las ayudas técnicas. Si aplicamos las ayudas técnicas a la vida de la persona con discapacidad física, esto servirá para que a la larga que no se tenga que invertir tanto como ahora en servicios sociales, porque permitirá que las personas con discapacidad física consigamos incorporarnos a la sociedad y tener una autonomía plena. Nos preocupa también el tema del soporte en el domicilio. Nosotros pensamos que se tiende demasiado a institucionalizar a la persona con discapacidad física, dándole a veces solamente la oportunidad de estar en una residencia, cuando como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de permanecer en nuestros domicilios, permanecer en nuestros barrios, permanecer en nuestras ciudades y tener una vida plena y una vida participativa.


Nos preocupa el copago. ECOM se ha definido en contra del copago, creemos que no es correcto que se aplique el copago, pero si por la situación económica del país esto se tiene que llevar a efecto, tenemos que contemplar el agravio económico comparativo. No se puede poner baremos, como se están poniendo a los demás ciudadanos, porque nuestra vida es muchísimo más cara. Hay un estudio del Ayuntamiento de Barcelona, del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, y además creo que el Grupo de Convergència planteó una proposición en el Parlamento para que se ampliara a todo el país, que contempla que el gasto de una persona con discapacidad o de una familia que tiene discapacidad, es entre 17.000 y 47.000 euros al año más, con lo cual, señores y señoras cuando aplique el copago, tengan en cuenta el agravio comparativo que significa la vida de una persona con discapacidad.


Nos preocupan los nuevos modelos de atención para la personas con discapacidad. Tenemos que hacer un verdadero cambio de modelos residenciales. No podemos estar aplicando el modelo que en estos momentos existe, que no da elementos para que la persona se autogobierne. Las residencias tienen que cambiar de modelo si hay personas que optan por estar en una residencia o porque necesitan estar en una residencia. Nos preocupa el modelo de atención diurna, porque las personas que necesitan estar en un centro durante el día, también necesitan participar. Este modelo hay que ponerlo sobre la mesa y plantear un nuevo modelo de atención diurna. Desde ECOM estamos impulsando este tema, este nuevo modelo de atención diurna.


El sistema de pensiones. Ustedes, como representantes nuestros, tienen que hacer una revisión de las pensiones al alza. Estamos en estos momentos, sobre todo en la pensión no contributiva, por debajo del linde de la pobreza. No se puede tener una vida plena, una vida autónoma, una vida con dignidad con la prestación no contributiva, y además muchas veces esta pensión no contributiva es incompatible con los soportes económicos que se están planteando en la Ley de la Autonomía Personal. Esto es urgente revisarlo y también es urgente revisar la compatibilidad entre el trabajo y el sistema de pensiones. Con este sistema que tenemos en estos momentos, con esta falta de compatibilidad, estamos provocando que las personas con discapacidad física que puedan incorporarse al mundo laboral por unas horas determinadas no puedan hacerlo porque se reducen las pensiones o hay mucho problema a la hora de volver a solicitar la pensión.


Por último, les quiero decir que nos preocupa la convocatoria de subvenciones del IRPF. En estos momentos, las entidades del tercer sector y las entidades que forman parte de ECOM están sosteniendo los servicios para el colectivo de personas con discapacidad física. Sabemos que estamos pasando por una situación económica complicada, pero permítanme que les diga que si hubiéramos hecho los deberes en todos estos años, hoy posiblemente estaríamos en una mejor situación a nivel de servicios, de la que tenemos, servicios para la vida autónoma, servicios residenciales, servicios de centros diurnos. En estos momentos ECOM es el primer año que presenta solicitudes como entidad propia, siempre los habíamos presentado a través de Cocemfe. No voy a explicar el motivo por el cual nosotros nos hemos retirado de Cocemfe, pero sí que en este año ECOM presenta proyectos como entidad estatal propia, proyectos que están muy ligados a las necesidades de las personas con discapacidad

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física y proyectos que están ligados y que son necesarios para que la Ley de Autonomía Personal sea una ley efectiva y se pueda ejercer.


Permítanme, señoras y señores diputados, que recuerde que lo que estamos exigiendo desde ECOM es un compromiso que este Parlamento tuvo ya en 1982, cuando se aprobó la Lismi, la famosa Lismi, una ley en aquel momento aprobada por unanimidad y una ley muy progresista. Yo les quiero remarcar, y seguramente ustedes los conocen mejor que yo, algunos temas que recogía esta ley. El artículo 1 añade que los principios que inspiran la ley se fundamentan en los derechos del artículo 49 de la Constitución.
Reconoce, en razón a la dignidad que le es propia a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas y sensoriales, para su completa realización personal y su total integración social. En las disposiciones adicionales marca las prioridades que tiene que tener esta ley, y que además se tienen que desarrollar en los primeros diez años. Así: Las prioridades serán las siguientes para los dos primeros años de la aplicación de la ley -y estoy hablando de 1982-: subsidio de ayuda a la tercera persona, (sería lo que, como también ha cambiado la forma de llamar a las cosas, ahora se llama asistente personal); subsidio de movilidad y compensación de transportes (en estos momentos nosotros somos una personas que no nos podemos mover por nuestras ciudades, que no podemos viajar, que no podemos ejercer nuestro derecho a la movilidad); normativa sobre movilidad y barreras arquitectónicas. Solamente les quería recordar que en el año 1982 ya se marcaron unas prioridades, que se tenían que desarrollar en los dos primeros años del mandato de esta ley. También les quiero recordar que España ha firmado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el 2007. En esta convención España firmó que las personas con discapacidad física tenemos derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad.
También dice esta convención que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a una variedad de servicios, incluido el asistente personal. No les voy a hablar de la Ley de Autonomía Personal, porque es un tema que todos lo tenemos muy fresco y que todos lo tenemos muy presente.


¿Desde ECOM qué pedimos? Pedimos leyes, pero también pedimos que podamos ejercer esas leyes. Si en este Parlamento o en cualquier Parlamento autonómico se aprueban unas leyes, creemos que todos tenemos la responsabilidad, y ustedes como diputados y diputadas tienen la máxima responsabilidad, de que las personas con discapacidad podamos ejercer los derechos que nos da la ley. Si no, yo les pediría que no legislemos, porque no sirve de nada legislar si después no podemos ejercer los derechos que esa ley nos marca.


Es un tiempo muy reducido. Yo les agradezco que nos hayan permitido participar en esta Comisión y confío, porque ECOM es una entidad que siempre ha luchado por la democracia y por los derechos de las personas con discapacidad física y que puedan ejercer esos derechos, yo confío en que a partir de ahora se trabaje por que la Ley de Autonomía Personal permita que las personas con discapacidad física podamos ser ciudadanos de pleno derecho, podamos ser personas libres, autónomas y que podamos ejercer nuestro derecho a desarrollar nuestro proyecto de vida.


El señor PRESIDENTE: Tiene en primer lugar la palabra la señora Tarruella en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) solicitante de esta comparecencia.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora presidenta de ECOM y señora gerente, yo les quiero agradecer su presencia hoy aquí, a pesar de los inconvenientes que ya hablábamos que comporta el transitar a veces por según qué sitio y las pocas facilidades a veces que hay en el transporte para las personas con discapacidad. El interés de nuestros grupo era dar a conocer aquí también, en el Congreso, lo que la mayoría de los diputados y diputadas ya conocían, de modo que si alguien no sabía de su trabajo en la federación, hoy aquí pudieran escuchar la gran cantidad de servicios, de trabajo que se está realizando y, sobre todo, como primera entidad que en Cataluña como federación de entidades está dando soporte, ayuda a todas las personas con discapacidad y también a sus familias. Yo conozco su trabajo desde hace años y por eso era el interés de que aquí también se conociera. De las 165 entidades que tienen federadas, la parte que hay que resaltar más, sobre todo en Cataluña, son las 27 entidades prestadoras de servicios, que son las más importantes que trabajan en el mundo de la discapacidad física en Cataluña hoy; las primeras entidades de la discapacidad física están todas integradas, todas, en la Federación ECOM. Esto es importante a la hora de que nosotros tengamos en cuenta sus peticiones, las demandas que nos están haciendo y para que podamos poner nuestro grano de arena para que poco a poco todas estas demandas puedan ser respondidas.


Su programa piloto, yo conocí en un principio el que estaban haciendo sobre los asistentes personales, pero últimamente no sé cómo está en estos momentos la situación. Sé que había personas de diferentes lugares de Cataluña que estaban dentro de este programa piloto, financiado en parte por la Generalitat de Cataluña, pero me gustaría saber qué resultado, a unos dos años casi vista de que se inició todo ese programa, cómo va, cómo se soluciona y cómo ustedes ven todo ese proyecto de cara a ampliarlo o no, qué necesidades ven y qué soportes necesitan más. Hemos oído ya también su punto de vista sobre la Ley de Autonomía Personal, punto de vista que desde luego nuestro grupo parlamentario comparte y ha compartido desde el primer momento, y que por tanto nosotros seguiremos presentando las iniciativas y reclamando todo lo que sea necesario para que de una vez despegue y, sobre todo, pueda llegar a las personas que realmente lo necesitan.


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Por no alargarme más, ya que el tiempo es justo y tenemos una mañana muy cargada, le pregunta más concreta era sobre el asistente personal, cómo está desde su federación y si hay alguna entidad de fuera de Cataluña que también se haya podido incluir en este programa piloto del asistente personal. Muchas gracias otra vez por su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: El resto de los grupos. ¿Señora Díez, quiere intervenir en nombre del Grupo Mixto?

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, una breve intervención para dos cuestiones.
Primero para agradecer la presencia de la presidenta y la gerente de ECOM, no solo por la parte en la que nos han explicado la actividad de su federación, que es verdaderamente interesante, sino sobre todo, permítanme, para agradecerles que hayan puesto, si se me permite la expresión, el dedo en la llaga en lo que yo considero que es uno de los problemas de nuestro país, de nuestra democracia, que tiene muchísimas virtudes, pero que tiene un problema histórico: que legislamos bastante bien o muy bien y aprobamos muchas y buenas leyes, pero no todas las cumplimos. Esa máxima de pocas pero que se cumplan todas, discutir mucho antes de redactarlas, pero una vez que se aprueban cumplirlas.
Naturalmente lo hago desde la autocrítica, y la presidenta con sus palabras nos ha recordado que debemos de avanzar en el cumplimiento de esa máxima que en España desde luego no se cumple.


La presidenta ha remarcado que la Lismi, por ejemplo, efectivamente es una buena ley y una ley progresista en el verdadero sentido, en el más amplio de la palabra, pero que pone de manifiesto este débito que tenemos, este problema que tiene nuestro país de hacer las leyes y luego no cumplirlas, sin hacer lo necesario para que los derechos que en ella se reconocen sean de aplicación a aquellas personas a las que van dirigidas. Me ha parecido que esa reflexión ha sido muy puesta en razón y muy oportuna, y muy oportunamente hecha en esta Cámara en la que estamos los legisladores. Todas las cuestiones que usted ha reseñado como preocupaciones, desde las ayudas técnicas hasta el sistema de pensiones o el modelo de atención diurna o los nuevos modelos de atención o incluso el copago son temas que, en fin, deben de alertarnos a todos nosotros.


Permítame que yo también me pare en una reivindicación, que ha planteado mi compañera diputada que acaba de hablar antes que yo, sobre el asistente personal al que usted también ha hecho referencia. Quizá este sería el ejemplo de una buena idea a la que luego no hemos sabido dar forma y no hemos sabido generalizar. Más allá de experiencias piloto como aquella que ustedes han puesto en marcha, cuyo buen resultado nos llega, no lo hemos sabido generalizar. Hay una iniciativa legislativa pendiente presentada por mí misma, que supongo veremos en septiembre aunque está presentada en abril, precisamente para impulsar y generalizar el reconocimiento de la figura del asistente personal, y también para instar al Gobierno a que precisamente, en la revisión que corresponde a la ley en el año 2010, se promuevan los cambios legales para poner en marcha en cada una de las comunidades autónomas al menos una oficina de vida independiente, sin ánimo de lucro y con ayuda y fomento de la propia Administración. Más allá de esta iniciativa legislativa que trataremos en su momento, cabe la reflexión sobre la necesidad de cumplir este aspecto fundamental de la ley, que no es nuevo. Usted nos ha recordado que llamándolo de otra manera, porque la terminología ha cambiado, pero las necesidades desgraciadamente no han cambiado por mucho que hayamos avanzado, lo que nos lleva a una reflexión que nos debe de hacer también pensar a nosotros y después actuar. Así que les agradezco muchísimo que nos hayan tomado de la solapa y movido un poco, porque es nuestra obligación trabajar, pero también es la suya comportarse como ciudadanos y a veces comportarse como ciudadanos es llamarnos la atención.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra en nombre del Grupo Popular la señora Bañuls.


La señora BAÑULS ROS: Bienvenidas y gracias por las explicaciones para darnos a conocer este movimiento asociativo integrado por organizaciones de personas con discapacidad física, y además por la misión a la que se han comprometido, que no es poca.


Yo también me adhiero a las reflexiones que han hecho mis compañeras. En primer lugar tenía curiosidad sobre una puntualización que han hecho, y es que, si he entendido bien, ustedes gozan últimamente de una nueva estructura organizativa. Lo que he entendido es que primero estaban integrados en una plataforma representativa y ustedes ahora funcionan, digamos, de forma más autónoma, tienen su confederación, la patronal, una fundación también ha hablado usted. ¿Creen que pertenecer a un organismo más amplio les restaba efectividad a la hora del funcionamiento de su propia organización? Esa sería la primera pregunta. Es decir, ¿las necesidades que tenían y siguen teniendo ustedes a nivel territorial se suplen mejor o se solucionan mejor organizándose uno según lo que vea a pie de calle? Esa sería la primera.


Luego tengo que decir, que me ha gustado mucho escucharles, siempre es muy enriquecedor para nosotros los parlamentarios que vengan a contarnos sus experiencias, y son muchas las inquietudes que se nos plantean desde el sector, desde todas las comparecencias que hemos tenido. Inquietudes que hacemos nuestras y que intentamos en la medida de nuestras posibilidades darles cauce para su solución. Créanme, yo he oído que usted se lamentaba de lo lento que va todo muchas veces, y cómo esas reivindicaciones tan antiguas del sector, porque son antiguas ya, cuesta tanto implementarlas en la sociedad para se pueda lograr una vida más plena de las personas, sobre todo con discapacidad física, que

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quizá sienten un poco más el tema de la discriminación. Todos en general, todas las personas con discapacidades, pero el que tiene una discapacidad física es mucho más sensible a ciertos aspectos de este tipo de discriminación y a la no inclusión plena en la sociedad.


Ustedes, desde el ámbito en que trabajan han tocado todos los temas, la accesibilidad, la educación, la formación, el empleo, son amplios y son tan amplios como las necesidades que plantea el sector. Es verdad que una mayor inclusión y una mayor calidad de vida están relacionadas con una vida más normalizada, y que una vida para que sea más normalizada tiene que ser más activa. Esto está directamente relacionado con ese objetivo de integrarse, primero en el ámbito escolar. A mí me ha gustado mucho oírles decir que tienen 1.800 alumnos, que son muchísimos. Por ahí se empieza la integración, la sensibilización de la sociedad, primero por la educación y después por la inclusión laboral. A medida que nos han ido planteando las personas con experiencia en el sector el tema de la asistencia personal, sobre todo cuando hay problemas de movilidad, nos hemos concienciado de que es un mecanismo imprescindible para que se pueda llevar ese tipo de vida independiente, de vida plena y poder realizar ese proyecto de vida al que aspiramos todas las personas, las personas con discapacidad física también.


Sí es cierto que avanzamos muy lentamente, pero yo espero que, como desde fecha reciente la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad ya está vigente en España, eso nos pueda dar un impulso para que todas estas demandas, todas estas reivindicaciones antiguas, necesarias, a las que tienen derechos, -decía muy bien usted que se hacen leyes, tenemos derechos pero no podemos ejercerlos- se resuelvan lo más pronto posible. Por nuestra parte, vamos a poner todo nuestro empeño para que así sea.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista don José Vicente Muñoz.


El señor MUÑOZ GÓMEZ: Gracias señoras comparecientes, María José y Ana, a las cuales me une amistad y experiencia de trabajo en común. Yo creo que hoy hay que afirmar una cosa que es importante subrayar no solo desde el punto de vista de la presentación que habéis hecho, sino también de la realidad social que las personas con discapacidad en general tienen, pero las físicas en particular.


Afortunadamente, hoy los discapacitados está mejor atendidos que antes, que hace pongamos diez años, por no señalar un número de años excesivamente largo. Es verdad que el movimiento asociativo y el que representan ustedes es un movimiento asociativo muy importante, prestador de servicios, reinvidicador de servicios que no existían y que hoy ya existen, y también, lógicamente, coger por la solapa como decía anteriormente una diputada y mover a los representantes públicos, no solamente aquí en el Congreso, como estáis haciendo hoy. Por experiencia personal, alguna vez me he sentido un poco también lógicamente movido por la reivindicación y el trabajo que hacéis.


A mí me preocupan dos cosas importantes. Una, el empleo de las personas con discapacidad física, en el cual vosotras habéis hecho, Federación ECOM ha hecho un trabajo para el que en el año 1997, creo, firmamos el primer convenio en la ciudad de Hospitalet y ahí seguimos trabajando. Hay que continuar en esa línea a pesar de la crisis. La crisis tiene que dar también nuevas salidas a las personas con discapacidad, y por tanto no hay que cejar en el trabajo que la Lismi empezó en su momento con todas y cada una de las problemáticas que esa ley ha tenido en el seguimiento, en la Liondau, que fue aprobada hace pocos años también, y actualmente con algo que es desde el punto de vista político y social muy importante, que es la Convención de personas con discapacidad y la trasposición de esa convención a las leyes españolas.


Hay que decir también, en honor a la verdad, que un paso decisivo dado por todos en general y por el Gobierno actual en particular fue la apuesta por la Ley de Dependencia, que fue así llamada en principio, pero que después cambió su nombre por la Ley de autonomía personal y atención a las personas con dependencia. Por tanto es una ley que abre un nuevo horizonte, abre un nuevo horizonte de servicios públicos y universales, a pesar del copago. Es universal en el acceso, y el copago, al que María José se refería, creo que tiene un elemento también de refuerzo económico para la propia aplicación de la ley. Vivimos un momento económico y social hoy desgraciadamente no boyante, pero en estos momentos es cuando no hay que desfallecer, es decir, hoy más que nunca hay que decir que la Ley de Autonomía Personal se va a cumplir. Tiene una aplicación de ocho años. En el 2015 esta ley debería estar en velocidad de crucero. Saben ustedes que hay una Comisión que este Congreso aprobó, que está haciendo un estudio independiente, al margen del Gobierno, de cómo se está desarrollando dicha ley. Que los temas que tengamos que rectificar vendrán también por esa vía, el ministerio y el Gobierno así lo tienen de claro. Además, hay una cuestión importante, que el copago no lo decidirá el Gobierno, lo decidirá el Consejo Territorial de la Dependencia, y por tanto lo decidirán todos y cada uno de los actores institucionales que están representados allí: la Federación Española de Municipios, las comunidades autónomas y el Gobierno.


Es bueno entender por dónde vienen las siempre bienvenidas reivindicaciones del sector, y hay que tomarlo en consideración. Tomamos en consideración cada uno de los elementos que ustedes han planteado, la autonomía personal como ley, el asistente personal, la atención a domicilio, las ayudas técnicas y las pensiones. También es verdad que las pensiones han sido una de las batallas del Gobierno, una de las batallas por igualar a los desiguales, y por tanto apostando por incrementar las

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pensiones mínimas casi, casi por encima del doble que el resto. También ahí habrá que seguir profundizando y no cejando en la acción de beneficiar a aquellas personas que peor lo tienen. A mí me gustaría, preguntar: ¿en los objetivos de la asistencia personal en que estáis trabajando cómo se configura, qué es, cuál es el modelo de la asistencia personal que ECOM está probando en ese observatorio? Como decía al principio, para acabar ya, la inserción laboral de personas con discapacidad física cómo está funcionando hoy desde las entidades y asociaciones que la federación tiene en su ámbito. Muchas gracias y hasta otra.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra María José Vázquez Arias para responder. Si ustedes van a compartir el tiempo, es un máximo de cinco minutos entre ambas. Lo digo porque nos hemos comprometido con algunos señores parlamentarios miembros de la Comisión a un horario determinado, y llevamos ya quince minutos de retraso. Entonces, por favor, si lo hacen de una forma muy rápida, lo pueden compartir.


La señora GERENTE DE LA FEDERACIÓN ECOM (Collado Urieta): Yo solo tomo la palabra para responder a la parte más técnica quizá del tema del asistente personal. Recordaré que, como ha dicho la presidenta, el asistente personal es vital para el colectivo de personas con discapacidad física juntamente con disponer de las ayudas técnicas en el domicilio y el soporte personal, lo que es el asistente personal, y un entorno accesible. Con esto una persona con discapacidad física puede ser perfectamente autónoma, no necesita nada más. En el año 1994 el Parlamento de Suecia aprobó una ley que prohibía la institucionalización de las personas con discapacidad y por eso se desarrollaron una serie de servicios, entre ellos el asistente personal. En la Federación ECOM estamos desarrollando desde junio de 2007, en principio durará el proyecto hasta finales del 2009 aunque tenía que terminarse a finales de 2008, el proyecto piloto de asistente personal. Estamos atendiendo a 52 personas, 22 de ellas en la provincia de Barcelona y 10 en cada una de las provincias de Cataluña: Gerona, Lérida y Tarragona. El servicio ha demostrado ser perfectamente útil. Los usuarios inicialmente nos pedían muy poquitas horas porque no sabían qué hacer con su vida, es que era así, y ahora nos desbordamos hasta que tuvimos que decir que era suficiente, no podemos más.


El futuro, ¿cómo lo vemos? Pues importantísimo que esto se desarrolle, que se convierta en un servicio para todas las personas, universal, para todos los grados de discapacidad, porque ahora mismo la Ley de Dependencia solo lo recoge en el tercer grado de dependencia. Una persona con un grado 2 o un grado 1 puede necesitar igualmente un asistente personal. También que no solo sea, como recoge la ley, para la formación y el empleo. Las personas con discapacidad hacen muchísimas cosas más que formarse y trabajar, afortunadamente. Con lo del empleo, una pincelada solo. Sabéis que desde el año 1992 estamos gestionando servicios de integración laboral. En 1997, como apuntabas, en Hospitalet creamos el servicio de Hospitalet. Actualmente los servicios siguen funcionando viento en popa, ha crecido muchísimo la demanda debido a la situación actual de crisis y cuesta muchísimo más lógicamente insertar a las personas, porque hay menos ofertas laborales, Esto es una preocupación que tenemos como sector y que deberían asumir también desde su cargo de diputados.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doñas María José Vázquez Arias.


La señora PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN ECOM (Vázquez Arias): Si a la señora diputada le interesa, estamos a su disposición para explicárselo, pero sí que voy a dar unas pinceladas muy concretas. ECOM fue fundadora de Cocemfe, porque creemos que es importante aglutinar al sector en organizaciones fuertes y que sean representativas, pero sí que también las personas que estamos al frente de las entidades tenemos que tener claros algunos criterios, criterios de defensa de los derechos de las personas con discapacidad por encima de cualquier cosa, democráticos y además que se debatan los temas entre las organizaciones. Estos tres elementos no se están dando o creemos que no se están dando. Creemos que falta debate, que se toman las decisiones por encima y no se debate en profundidad desde abajo y creemos que dificultaba que proyectos importantes que iban encaminados a conseguir la autonomía personal de las personas con discapacidad física no fueran defendidos lo suficiente con esto.


Querría hacer una puntualización última. Nosotros defendemos que seamos personas activas, que si a los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad física se nos ponen los elementos adecuados para que podamos ser autónomos, esto revierte en la sociedad, revierte porque es menos gasto después para nuestro colectivo. Pongo un ejemplo y con esto acabo. En estos momentos Renfe es totalmente inaccesible, ¿vale? Estamos gastando un dinero para poner un soporte en las estaciones. ¿Por qué? Porque no hemos diseñado pensando en todos los colectivos y al final eso es un gasto. Yo he necesitado para venir de Barcelona aquí, y Ana, un suporte en la estación porque no puedo subir autónomamente al tren. Si se hubiera diseñado pensando también para todos los ciudadanos y ciudadanas, en estos momentos no se tendría que estar pagando un soporte. Señores y señoras diputadas, plantéenselo, que lo que empleamos en la autonomía personal a la larga es un rebaje en el coste que va dedicado al colectivo de personas con discapacidad. Nosotros exigimos, pero también tenemos derechos, tenemos derechos y deberes, y esos deberes también los queremos ejercer.


El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez Arias, gracias por su comparecencia altamente esclarecedora. Utilizamos solo un minuto para despedir a nuestras

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comparecientes y acoger al siguiente. ¿De acuerdo? (Pausa.)

- DEL SEÑOR GANZENMULLER ROIG, EXPERTO EN CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL OBJETO DE INFORMAR ACERCA DE LA ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA A LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA ONU EN MATERIA DE CAPACIDAD JURÍDICA.
A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000205.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, tenemos el gusto de dar la bienvenida a don Carlos Ganzenmuller Roig, experto en capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con el objeto de informar acerca de la adaptación de la normativa española a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas en materia de capacidad jurídica. Muchas gracias por su comparecencia, tiene usted la palabra.


El señor GANZENMULLER ROIG: Para mí es un autentico honor estar hoy aquí pudiéndoles hablar de una tema de gran trascendencia jurídica en todos los ámbitos; igualmente desde la posición del ministerio fiscal que, como defensor de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso, interviene activamente en los procedimientos relativos a la modificación de la capacidad de las personas. La Convención de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, aprobada el 13 de diciembre de 2006, representa un auténtico mecanismo de impacto en nuestro derecho interno. La adaptación de la normativa española es absolutamente necesaria, puesto que la convención actúa ya como norma de aplicación directa en nuestro derecho y como norma en la que debe inspirarse toda la legislación española en esta materia por disposición del artículo 96.1 de la Constitución española. Los principios fundamentales de aplicación que nos van a mantener, a sostener directamente el artículo 12, que es el que voy a tratar de analizar posteriormente, deben partir en primer lugar del carácter amplio de las personas con discapacidad en relación con las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con aquellas diversas barreras sociales pueden impedir la plena participación de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Este artículo primero nos marca claramente los pilares fundamentales de la convención. En primer lugar, se trata de un concepto que evoluciona. El concepto de discapacidad no es el concepto aplicable a alguien que se le pone en una estantería o se le encierra en un armario, y se proyecta en cuatro perspectivas fundamentales: la persona, igualmente la deficiencia o la enfermedad, el sistema de apoyo que cambia y evoluciona con arreglo a la persona y finalmente la sociedad. No es lo mismo la visión que tenía la sociedad española hace treinta, veinte o diez años, que la que tenemos ahora de la persona con discapacidad, a la que debemos integrar total y absolutamente en la sociedad; mejor dicho, es la sociedad la que incluye ahora a la persona con discapacidad y no exige un esfuerzo suplementario de la persona con discapacidad para incorporarse o para integrarse en la sociedad. La persona con discapacidad está ya en la sociedad y actúa como ciudadano de pleno derecho en nuestro ordenamiento interno. Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar si realmente esa legislación que tenemos actualmente vigente nos sirve en base a estos principios fundamentales de la convención que, como digo, es norma ya de aplicación directa en España. El Tribunal Supremo, a instancia de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha aplicado el artículo 13 en siete sentencias, y en una sentencia, que luego comentaré, de 29 de abril del presente año, le hemos preguntado al Tribunal Supremo si la legislación española en materia de procedimiento de incapacitación y de apoyos, es decir, si es aplicable directamente la tutela en nuestro ordenamiento jurídico, estaba de acuerdo con la convención y, lógicamente, con ciertas reservas y con muchas matizaciones, no ha complacido ciertamente a determinados sectores de las fundaciones que protegen a las personas con discapacidad en sus derechos, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo nos ha abierto una vía de interpretación, porque nos preocupa extraordinariamente que las reformas legislativas que han sido ya anunciadas por el Gobierno en abril de este año, puedan demorarse dada la extraordinaria complejidad que reviste la aplicación del artículo 12 en nuestro derecho.


Contemplados, por consiguiente, estos dos pilares fundamentales, principio de igualdad en toda la legislación en relación con todos los ciudadanos españoles, la convención también reconoce la diversidad de la persona con discapacidad, actúa ya en un plano paralelo al mismo y fundamentalmente nos habla claramente del principio de igualdad con los demás como el eje básico de nuestro sistema. Además, la convención ha sido realizada por un grupo de expertos que conocen perfectamente las necesidades de las personas con discapacidad. Si ustedes la leen detenidamente ven perfectamente cómo nos están hablando de la vida diaria de la persona con discapacidad en el desarrollo de todos y cada uno de esos derechos que nos está propugnando. Consiguientemente, se trata ya de un ciudadano de pleno derecho. La articulación de todos estos derechos implica que sean tutelados jurídicamente. Los derechos ciertamente se ganan en las leyes, pero se conquistan ante los tribunales, porque si los tribunales no garantizan específica y concretamente la ejecutividad de esos derechos, la persona con discapacidad puede verse profundamente defraudada. Por eso, es tan importante que esa tutela judicial efectiva la cuidemos específicamente; y los artículos 12 y 13 vienen a

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ser los dos pilares que mantienen esta tutela judicial efectiva.


El artículo 12 hace referencia a la igualdad ante la ley de la persona con discapacidad. Habla de igual reconocimiento, como todas las demás personas. Esto, si lo pensamos, va a suponer un cambio total de paradigma, porque nosotros a la persona con discapacidad siempre le hemos distinguido un déficit en su capacidad de obrar, si no lo hemos anulado totalmente. Hemos dicho sí, la persona con discapacidad tiene los derechos de la personalidad, los derechos fundamentales del artículo 1, los derechos de Naciones Unidas, etcétera, pero cuando va a ejercitarlos no los ejercita por sí mismo. Normalmente, la institución clave en nuestro sistema es la tutela, es decir, la supresión, la sustitución de la persona con discapacidad en su capacidad de autonomía personal, y la representación de la persona por parte del tutor. Por lo cual, la persona con discapacidad no interviene en las decisiones que van a tomar por ella. Por eso, yo quiero hacerles ver que aunque el artículo 12 supone una auténtica revolución, dentro de la estructura de la propia convención es de una lógica aplastante. Consiguientemente, el artículo 12 nos reconoce la personalidad jurídica a las personas con discapacidad, exactamente igual que en nuestro derecho, y la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, pero añade en el párrafo tercero que se adoptarán aquellas medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Eso que quiere decir? Que la capacidad de obrar no está contemplada en el artículo 12, no existe capacidad de obrar sino capacidad jurídica y sistemas de mecanismos de apoyo que van a determinar cuál es la real voluntad de la persona con discapacidad. La convención, consiguientemente, unifica la capacidad jurídica y la capacidad de obrar como un todo inseparable, como sucede con cualquier otra persona, y a partir de ahí proporcionaremos aquellos mecanismos adecuados a la persona y también proporcionados. Lógicamente, esta tarea deber ser complementada con un sistema de salvaguardias, porque el problema es cómo se van a aplicar y cómo se van a regular estos sistemas de apoyo. Consiguientemente, la convención está rechazando el sistema tutelar sustitutivo y representativo de la persona con discapacidad y las situaciones de protección prorrogada. Esto también es muy importante. Estos sistemas de apoyo van a partir, lógicamente, de la capacidad natural de la persona con discapacidad, y fíjense que la convención lo remite a su regulación en el derecho interno. La convención no se mete en cómo deben ser estos sistemas de apoyo, pero sí obliga a los Estados partes a determinarlos. Únicamente nos da una clave, pero una clave muy importante, y no precisamente en el artículo 12, sino en el preámbulo letra j, nos dice que los Estados partes están obligados a dar hasta el apoyo más intenso. Así pues, dentro de esta regulación de los apoyos, de cómo van a ser estos mecanismos, vamos a partir del apoyo puramente personal en el ejercicio de la vida diaria que necesite, el pequeño apoyo que necesite la persona con discapacidad, hasta el más intenso. Y aquí esta la pregunta del millón, hasta dónde llega este apoyo más intenso y sí excepcionalmente este apoyo más intenso puede ser objeto de representación por terceros. Porque, lógicamente, existirán algunas personas con discapacidad mental o intelectual que requerirán este apoyo más intenso, porque lógicamente no podremos conocer cuál es el apoyo adecuado. Por otro lado, tendrán que ser determinados de menos a más, como es lógico, porque habrá que salvaguardar la máxima capacidad de decisión de la persona. Y finalmente, debe tenerse en cuenta siempre las preferencias de la persona con discapacidad y adoptarse en su exclusivo interés. Este exclusivo interés de la persona con discapacidad se indica concretamente en el artículo 12. En primer lugar, el apoyo no puede suponer una coacción a la persona con discapacidad ni ningún tipo de restricción de la misma. No debe afectar a su capacidad de obrar, y los Estados partes deben reemplazar los sistemas de sustitución en la toma de decisiones, en sus políticas y leyes, por un conjunto de apoyos en la toma de decisiones que garantice la prosecución de los mismos. Y el artículo 12.5 nos da ejemplos de esta practicidad. Nos está diciendo que la persona con discapacidad tiene el derecho de propiedad, tiene derecho a intervenir en todos sus asuntos patrimoniales: abrir cuentas corrientes, gestionar hipotecas, etcétera. Consiguientemente, vemos claramente que a la persona con discapacidad hay que darle todo lo que su capacidad pueda resolver y solamente, y a partir de ese instante, le tenemos que determinar el mecanismo de apoyo.


Consiguientemente, ¿qué debe hacer el legislador? A mi modo de ver, debe promover y fomentar todas aquellas tipologías de apoyo que están ya reconocidas en el derecho comparado y que pueden ayudarnos a resolver todas estas cuestiones. En el ámbito práctico de la fiscalía, vienen muchas familias a pedir la incapacitación de la madre que ya empieza con un proceso de alzhéimer, etcétera, hace quince años el principal problema de las familias era qué va a ser de mi hijo cuando yo sea mayor. Ahora el problema fundamental es cuando acuden personas mayores a la fiscalía y dicen: qué va a ser de mí cuando ya no pueda decidir lo que quiero hacer por mí misma. Fíjense el cambio social que ha dado toda esta materia.
Consiguientemente, debemos fomentar y promover todos estos mecanismos de apoyo, ahí tenemos que ser imaginativos. La convención nos habla con extraordinaria flexibilidad. Por consiguiente, factores de edad, género, cultura, preferencias religiosas u otras similares, deben de incidir en estos nuevos mecanismos. Por ejemplo, en la provincia de Columbia Británica de Canadá están muy reguladas y en ámbito de promoción las llamadas redes de apoyo, que pueden ser familiares, cuando se forman entre miembros de la misma familia, incluso profesionales, colegios de abogados, médicos, etcétera, que protegen a sus colectivos en esa toma de decisiones por integración de la persona en la misma y

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que, en definitiva, va a proporcionarnos un mecanismo de autotutela para que mediante esta figura jurídica podamos determinar qué va a ser de nosotros cuando perdamos nuestra capacidad de decisión. Por tanto, queda aparcado el tema del apoyo más intenso, pero yo no descartaría que, excepcionalmente y con todas las salvaguardas que a continuación indicaré, pueda darnos la clave de esta cuestión.


El artículo 12.4 nos indica que para impedir abusos, -la convención ya prevé que este sistema puede ser objeto de abusos- se deben adoptar una serie de salvaguardas necesarias para evitar que haya conflicto de intereses e influencia indebida y que realmente en la capacidad jurídica de la persona se respeten sus derecho fundamentales, y lo que es importante, que estas medidas solo pueden ser adoptadas por la autoridad judicial en la proporcionalidad y adaptación a las circunstancias de la persona y, lo que es más importante, en un plazo lo más corto posible y que esté sujeto a exámenes periódicos. Observen el procedimiento de internamiento que por el mecanismo de la prórroga de los seis meses puede convertirse en una prórroga crónica que impida conocer el estado especifico de la personas con discapacidad, sus apoyos, si el internamiento se está llevando a cabo dentro de un régimen adecuado, cuál es régimen, por ejemplo de las sujeciones mecánicas, de las sujeciones farmacológicas etcétera. Y, lógicamente, el artículo 13, que es el otro pilar del artículo 12, nos está diciendo que esa autoridad judicial tiene que ser un órgano especializado; nos está hablando de la capacitación de las personas que trabajan en la Administración de Justicia. Este fenómeno de la especialización se ha dado ya por parte del Consejo General del Poder Judicial, desde el año 2002 se viene trabajando en ello. En el momento actual creo recordar que existen 19 juzgados especializados únicamente en incapacidades, 44 en discapacidades y tutelas y existen ya 9 secciones de las audiencias provinciales que van a conocer en segunda instancia las resoluciones dictadas por estos órganos. La interpretación del artículo 12 ha sido ya realizada por Naciones Unidas, una por el estudio de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se la he agregado en la documentación anexa que les he ofrecido, de fecha 26 de enero de 2009, y en el informe provisional presentado también por el relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura, otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes, de Manfred Novak. Es decir, el artículo 12 tiene ya interpretación de Naciones Unidas.


Cuando hace unos meses se presentó la oportunidad a la sección civil del Tribunal Supremo de intervenir en el caso de una familia en la que tres hijos propugnaban la tutela de su madre y otros tres la curatela, se planteó en nuestra sección la posibilidad de solicitar al Tribunal Supremo que diera una norma interpretativa en orden a que, si desde la convención y con la integración de la misma en nuestro derecho positivo, el sistema de incapacitación con relación a una medida sustitutiva y representativa como la tutela, debía de ser proscrita y deberíamos adoptar únicamente el sistema de curatela, también regulado en nuestro derecho positivo, que creíamos, y así lo defendimos desde la fiscalía, como la institución más apta de las que tenemos para intervenir. ¿Por qué? Pues porque en la curatela no existe el fenómeno de la sustitución y representación, dado que el juez autoriza concretamente a la persona en la que se confía este sistema de apoyo los actos jurídicos que realmente debe realizar cuando no pueda realizarlos la persona con discapacidad, mientras que la tutela es un sistema de protección en general sustitutivo y que determina la única representación del tutor en los asuntos de la persona tutelada.


El Tribunal Supremo hizo una sentencia que yo entiendo muy importante, muy meritoria; además, recoge las pretensiones del ministerio fiscal y fundamentalmente nos señala que, en primer lugar, en orden a la determinación de los sistemas de apoyo, eso corresponde al legislador y, consiguientemente, a través de la disposición final primera de la Ley de 25 de marzo, tenemos que abrir ahí el sistema que pasará a denominarse procedimientos de la modificación de la capacidad de obrar. En cuanto a la tutela como sistema de protección, nos señala que la incapacitación total solo deberá adoptarse cuando sea necesario para asegurar la adecuada protección de la persona o del enfermo mental permanente, pero deberá determinarse la extensión y límites de la medida, y deberá ser siempre revisable. Observen que en la actualidad por la autoridad judicial no se puede revisar la tutela, tiene que ser el tutor o bien el ministerio fiscal en el caso en que considere que existe desprotección.
Creo que es una modificación fundamental que el juez de oficio pueda, sobre la base del carácter dinámico de la discapacidad del que hablábamos anteriormente, adoptar estas revisiones, incluso más, incluso que la sentencia especifique cuándo esa tutela va a poder ser revisada o deberá ser revisada. En definitiva, el Tribunal Supremo nos está diciendo que los derechos fundamentales de las personas con discapacidad son de ellas, que nadie puede disponer de estos derechos fundamentales y que debe aplicarse siempre en exclusivo interés de las personas con discapacidad, y aquí concretamente en el caso de la familia dice que no, lógicamente.
Es otro de los puntos que yo creo que es importante.


Paso brevemente a las modificaciones. Las modificaciones en el ámbito del derecho civil se referirán lógicamente a todos los procesos de incapacitación, a la institución de la tutela, si realmente puede operar como apoyo más intenso en aquellos casos más extremos, e igualmente en el derecho de defensa de la persona con discapacidad en el proceso, que está siempre orillado a través del defensor judicial. Esto sería lo fundamental en orden a este procedimiento. Y en orden a los internamientos, si las prórrogas deben ser sustituidas por determinación específica de la medida en la resolución judicial, deberá también revisarse toda la terminología que pueda afectar a las personas con discapacidad; y en el derecho penal también, así como en general todas las

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medidas restrictivas de derechos fundamentales, contenciones mecánicas, farmacológicas, sistemas de ingreso, etcétera.


Quería incidir que en el derecho penal será muy importante toda la cuestión referida a las circunstancias exigentes, atenuantes, incluso a la propia imputabilidad de la persona con discapacidad y también, dado el auge de las posibles estafas que se han producido en el ámbito de las personas con discapacidad, debería modificarse la eximente de los familiares que cometen estos delitos, que están exentos hasta los hermanos y los afines que vivan con la persona en el mismo hogar. La legislación penitenciaria también debe ser objeto de modificación importante. Ya nos lo ha dicho el Defensor del Pueblo en un reciente informe, e incluso en la Comisión parlamentaria se nos ha informado de bastantes anomalías en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en los dos psiquiátricos penitenciarios que han visitado.
Finalmente, hay que apostar seriamente por la especialización de la justicia, porque el artículo 13 hace referencia también al personal policial y penitenciario. Así pues, debe haber especialización, porque solo de esta manera la persona con discapacidad accederá realmente a la justicia. Piensen que actualmente los juzgados de la mayor parte de España no están adaptados a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Hay un tema clave sobre el que me gustaría que reflexionáramos todos, y es si no sería más conveniente buscar otro lugar distinto del juzgado para que acceda la persona con discapacidad, sus familias, etcétera, en un clima no tan protocolario, mucho más sencillo, mucho más corriente, para que allí se pudiera examinar adecuadamente a la persona con discapacidad, se hiciera el examen de las personas que pueden realmente apoyarle y, ciertamente, garantizarle la calidad de vida que precisa la persona con discapacidad en su vida independiente, que lógicamente es una de las aspiraciones máximas que propugna la convención. Tengo más cosas, pero soy consciente de que no tengo más tiempo.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ganzenmuller, por su testimonio. Ahora, y les ruego que con la máxima brevedad, por favor, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Sánchez, portavoz del Grupo Socialista, solicitante de la comparecencia.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Gracias, señor Ganzenmuller, por su comparecencia y por el contenido de la misma. Debo decirle que me ha parecido exhaustivo teniendo en cuenta las dificultades de tiempo, pero a esto le vamos a añadir la información previa que nos ha facilitado, que me parece de una riqueza importante, ya que incorpora la sentencia y documentación exhaustiva de todo el análisis del posible cambio normativo de la convención en los temas en los que usted ha profundizado particularmente en su comparecencia, información que va a ser un instrumento fundamental.


Con usted hoy de alguna forma terminamos una serie de comparecencias que tienen que ver con nuestra adaptación normativa a la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad. Es un tema tan importante que además, según usted comenta y hemos podido ver todos, va a ser quizás la clave en la modificación de nuestro ordenamiento jurídico para adaptarnos normativamente a la Convención de la ONU. Nosotros pedimos su comparecencia como experto, ya lo comentaba anteriormente, lo podemos pedir de mil formas, porque su trabajo en el Foro de justicia y discapacidad desde el 2003 viene dando buena muestra de su buen hacer en esta materia y de su vocación, porque todo esto tiene un componente vocacional importante. Se ha especializado en materia de discapacidad y creo que para nosotros su aportación es muy importante tanto en el ámbito de la fiscalía como coordinando los servicios de protección a las personas con discapacidad y tutela y como miembro, como le comentaba anteriormente, del Foro de justicia y discapacidad. (El señor vicepresidente, Garre López, ocupa la Presidencia.)

Su comparecencia y alguna otra nos han puesto de relieve, en primer lugar, esa adaptación normativa en un tema tan importante como puede ser el artículo 12 de la convención, que reconoce precisamente la igualdad plena ante la ley de las personas con discapacidad, que incide directamente en temas como la capacidad jurídica. Habla usted también de la capacidad de obrar. Yo creo que la mayor o menor restricción de esta capacidad de obrar, hasta qué punto la figura de la tutela se puede mantener como tal o qué restricciones debe tener esta figura, como ha planteado usted, son temas fundamentales. Para nosotros es importante su comparecencia por esa reflexión y también me gustaría preguntarle hasta qué punto, a nivel formativo, debe cerrarse mucho el ámbito de adaptación normativa en materia de tutela o hay que dejar un espacio de flexibilidad y un espacio abierto para adaptarse a las necesidades particulares de cada persona con discapacidad. Porque uno de los elementos que contempla la convención es precisamente respetar esa individualidad de cada persona con discapacidad que haga que se sienta más persona, que sienta que participa con todas sus capacidades y posibilidades y que la curatela o la figura que sea y todos los apoyos necesarios para que un individuo pueda tener esa libertad y esa capacidad de obrar, se puedan llevar a la práctica. Por lo tanto, a mí me gustaría saber hasta qué punto se puede tasar, cerrar, centrar esa adaptación normativa o conviene dejar un espacio, como usted decía antes, a posibles modificaciones y adaptaciones sobre la base de como vaya funcionando esa figura que se adopte al respecto de la protección de las personas con discapacidad.


Le vuelvo a agradecer su comparencia. Es un tema que tanto usted como nosotros consideramos apasionante. La convención ha venido a dar la razón a muchas personas que durante mucho tiempo hemos venido trabajando, entre ellas usted, que pensábamos que el afán

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por proteger a veces lo que hace es precisamente desproteger y sobre todo no garantizar los derechos de las personas con discapacidad a poder ejercer la libertad que como todo ciudadano o ciudadana pueden tener en el desarrollo de su vida social, personal, en un entorno como debe ser el nuestro, donde se adopten y se tomen las medidas necesarias para que se garantice esa libertad.


El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: Bienvenido señor fiscal, querido amigo, muchas gracias por la exposición. Gracias primero por la documentación, efectivamente exhaustiva, y gracias por la comparecencia y la explicación, yo creo que clara, cada vez nos vamos aclarando más. Qué lástima, lamentamos que hoy sea un día de estos de excesivo trabajo, con siete iniciativas parlamentarias aparte de las comparecencias, con lo cual quizá no nos podemos entretener mucho y hay que ir directamente al grano.


Después de todas las exposiciones que está habiendo a propósito de los problemas de la adaptación, digo los problemas hasta que se adapte adecuadamente al ordenamiento jurídico español, de la Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, cada vez vamos viendo más claro, creo que cada vez tenemos más claro todo, pero siempre quedan algunas dudas, y yo prefiero incidir, so pena de ser reiterativo, y hacer énfasis para que queden más claros y fijemos bien los criterios de partida a la hora de elaborar legislación al respecto, no equivoquemos el tiro. Yo entiendo, a la luz de su exposición -y si no corríjame, precisamente por eso lo hago, lo que pretendo es que nos fije posiciones, por lo menos a este interpelante- que, por definirlo de una manera simple, si el tutor sustituye y el curador complementa, por decirlo de una manera simple, se debe tender hacia una especie de curatela con todos los apoyos necesarios para potenciar las capacidades. Porque, efectivamente, creo que el meollo de la cuestión está en el artículo 12, donde se habla de capacidad, por primera vez invertimos, ya no hablamos de la discapacidad, sino de la capacidad, capacidades residuales que muchas veces suelen ser mucho más de lo que parece y que hay que potenciarlas y desarrollarlas al máximo, y establecer los mecanismos de apoyo para potenciar la máxima autonomía posible. Por eso digo que esta es una de mis cuestiones. Nuestro trabajo está pendiente y esperemos poder hacer entre todos los grupos un buen trabajo a la hora de esta adaptación de la convención. He creído entender que por parte de la justicia hay una necesidad de especialización respecto de la discapacidad. Me parece haber entendido que la discapacidad tiene un carácter dinámico y que, por tanto, habrá que establecer exámenes periódicos de manera que se vaya graduando la autonomía. En este sentido, me gustaría saber si el seguimiento va a ser de oficio por parte de los juzgados o a instancia de las personas interesadas.


Por otro lado, yo he oído o he leído de algún compañero suyo sobre que hay que matizar y diferenciar bien, y yo, como no lo tengo claro, prefiero acudir a las fuentes o a algún experto, como es su caso, la diferencia entre causa y motivo. Me interesa que me dé una explicación para saciar mi falta de conocimiento del tema. También me gustaría saber cómo conjugar tanta protección como sea necesaria, que es de lo que se trata, con tanta independencia y autonomía como sea posible, cómo conjugarlo y por dónde tenemos que enfocarlo. Esta es una cuestión que yo me he planteado porque, a raíz de algunas intervenciones, veo que hay situaciones diferentes según el territorio. ¿No sería conveniente homogeneizar el sistema a la hora de aplicarlo en las diversas comunidades autónomas para evitar agravios? Por último, yo creo que hay que promover y apoyar todas las tipologías de apoyos, creo que ha dicho usted que es nuestra labor de legislador. Todos nos vamos a tomar el interés, porque creo que es la vocación de esta Comisión, de mejorar la situación de las personas con discapacidad; por lo tanto, yo espero que con la información que usted nos ha suministrado y con las intervenciones de otros predecesores suyos, podemos estar en condiciones. No obstante, si me permite, por lo menos mi grupo seguirá acudiendo a usted cuando tenga alguna duda para plantear nuevas situaciones y preguntas nuevas.
Nuevamente, le agradecemos su comparecencia y su asistencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Para contestar las preguntas y las sugerencias de los grupos parlamentarios tiene la palabra el señor Ganzenmuller Roig.


El señor GANZENMULLER ROIG: En la documentación que yo les he presentado está el manual para parlamentarios, es una norma muy interesante, y observen además que no solamente es una indicación para los parlamentarios, para hacer todo lo que puedan hacer en beneficio de las personas con discapacidad a través de la convención, sino también para todos los profesionales. La convención va a todos los ciudadanos para conseguir un cambio en la mentalidad de este principio de igualdad. Por eso, esta norma debe ser conocida y promovida a los más altos niveles.
Nosotros desde la Fiscalía General del Estado hicimos un estudio y lo mandamos a todos los fiscales encargados de estos servicios, precisamente para que tuvieran un conocimiento directo de la norma. Si no hay concienciación vamos a retrasar mucho este proceso. Es importante concienciarnos todos a todos los niveles, a nivel médico, a nivel educativo. ¿Cómo vamos a hablar con unos profesores de una inclusión educativa, por ejemplo, si no creen desde el mismo colectivo en esa inclusión? ¿Cómo vamos a hablar a los jueces y fiscales de unos jugados especializados en esta materia si consideran que no es necesaria esta capacitación? Etcétera, etcétera. Pero la convención es clarísima: hay que concienciar

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a todos los sectores, porque solamente con el apoyo y ayuda de todos se podrá llevar a cabo esta norma.


Contesto a la primera pregunta. Es cierto, la proporcionalidad de las medidas debe ser la característica fundamental, tanto en el fiscal cuando solicite en la demanda de los mecanismos de apoyo cuál va a ser el más idóneo. Hasta ahora decíamos: ¡hombre!, la tutela. La tutela tiene que ser un traje a medida. No podemos decir nombro tutor a su hermano, y entonces darle al hermano absolutamente todas las atribuciones de representación y sustitución de la persona. No. La tutela decíamos que era un traje a medida, había que graduarla, había que determinar cuál era la esfera personal de autonomía, la esfera patrimonial, la esfera de integración social, siempre bajo estas tres perspectivas de las actividades que tiene que hacer la persona con discapacidad. Ahora vamos a cambiar, vamos a dejar el traje a medida por los trajes a medida que necesiten, las concretas medidas de apoyo que necesite la persona con discapacidad, igualmente en su esfera personal. Antes hemos hablado del asistente personal de la persona con discapacidad física, por supuesto, pero a lo mejor con el paso de los años, necesitará un administrador patrimonial o, depende de las necesidades de la persona con discapacidad, un asistente de integración social, etcétera. Es decir, se va a determinar proporcionalmente cuál va a ser este mecanismo de apoyo. En orden a la tutela o curatela, mi posición es clara. No hay que llegar nunca a un mecanismo de sustitución y de representación si tenemos otro mecanismo menos hiriente, digamos, a las capacidades de las personas. Hay que respetar las capacidades que tiene la persona y a partir de ahí determinar el mecanismo de apoyo. Consiguientemente, la tutela a lo mejor queda única y exclusivamente para supuestos especialísimos donde los controles sean mucho más intensos que en general con relación al curador o al administrador que se le nombre a la persona para realizar actos de la vida diaria. Esto lógicamente va a requerir una mayor especialidad en los jueces, fiscales, incluso personal de la Administración de Justicia, que tiene que saber cómo tratar a las personas con discapacidad, etcétera, tiene que tener un buen aprendizaje. Eso solo se puede conseguir a través, desde mi punto de vista, de una capacitación, de una especialización adecuada. Esto va a dar lugar a mayores controles, por una parte, pero, por otra parte, y entroncando ya la pregunta del señor Vañó en orden a la causa y el motivo, la actividad judicial y fiscal en esta materia va a tener que especificar la causa, cuál es la causa de la necesidad de determinar ese mecanismo de apoyo. Pues será algunas de las deficiencias específicamente determinadas y con carácter además de larga duración, como establece el articulo 12. Pero luego está el motivo, ¿esa persona necesita ese mecanismo o está suficientemente protegida en su entorno familiar, por ejemplo, para tener que acudir a este procedimiento? Pues a lo mejor no es necesario, y por eso tenemos la institución de la guarda de hecho. Cuántas hijas de 60 años están con sus madres de 85 en un proceso claro de alzhéimer y a nadie se le ocurre discapacitarla. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El problema es cuando vienen a la fiscalía solicitando la incapacidad porque hay que vender el piso, y porque hay que vender el piso a la persona se la deja sin ninguna capacidad, no va a poder hacer nada. No. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos en mantener las capacidades existentes, y si necesita vender el piso se le nombra un curador para que pueda realizar esta venta, siempre matizando y preservando esa capacidad existente.


Respondo al tema de los controles y de la autonomía de la voluntad.
Lógicamente, las medidas no pueden ser indefinidas, una curatela tampoco puede ser indefinida. Es decir, en la resolución judicial se debe especificar su duración, su revisión y su sistema de control. Por eso, ahora una de las modificaciones más importantes que se tiene que llevar a cabo, que incluso a nosotros nos va dar mucho trabajo, pero que creo que es necesario, es revisar todas las tutelas existentes a ver si realmente se adecuan o no a los principios de medida de corta duración, revisable, etcétera. Es decir, las rendiciones de cuentas que anualmente se tienen que realizar, donde los tutores tienen obligatoriamente que determinarnos cuáles son las condiciones personales de la persona con discapacidad, no solo las patrimoniales, sino las personales, pueden ser un vehículo muy interesante para determinar cuál es el estado actual de capacidad de la persona con discapacidad en orden a rebajar a lo mejor de una tutela a un curatela o a otro mecanismo de apoyo que en las legislaciones del Estado español puedan aplicarse.


Entro en la última pregunta, que se refiere a la homogenización del sistema. Yo creo que sí sería conveniente que existieran unas líneas maestras en orden a la regulación específica de estos temas en todas la comunidades españolas. Es cierto que ahora únicamente, creo recordar, el Codi de Família catalán regula en forma bastante similar a lo que está actualmente regulando el Código Civil, pero tampoco el Codi de Família catalán están aplicando la convención. Al menos en una de las reformas que se presentaron no citaba expresamente la aplicación de la convención.
Sí soy partidario de realizar la máxima homogeneización del sistema, pero lógicamente salvaguardando aquellas peculiaridades que las legislaciones de los diversos ámbitos territoriales en sus diversas competencias tengan asignadas.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ganzenmuller, por su comparecencia; esta es su casa. Suspendemos un momento la sesión para despedir al compareciente e iniciamos el turno de las proposiciones no de ley. (Pausa.)

PROPOSICIONES DE LEY:

PARA LA ADOPCIÓN DE UNA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA, DE ÁMBITO EUROPEO,

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SOBRE NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000450.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con los siguientes puntos del orden del día. Debate y votación de proposición no de ley. Teniendo en cuenta el número de las mismas, siete, calculo que las votaciones no se producirán antes de la una, probablemente más cerca de la una y cuarto que de la una, pero en todo caso no antes de la una, para que hagan ustedes sus oportunas previsiones. Empezamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para la adopción de una legislación específica, de ámbito europeo, sobre no discriminación e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Tiene la palabra el señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Con ocasión de celebrarse en 2007 el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todas las personas, las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias de los 25 Estados miembros de la Unión Europea pusieron en marcha la iniciativa Un millón para la discapacidad, campaña de recogida de firmas con el propósito de solicitar de las instituciones europeas la aprobación de una legislación específica europea sobre no discriminación e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. La campaña, lanzada oficialmente por el Foro Europeo de Discapacidad el 23 de enero de 2007, reitera el llamamiento a la Unión Europea para que se adopte una legislación global de discapacidad que proteja de manera efectiva a las personas con discapacidad de la discriminación que sufren en todos los ámbitos de su vida. Basada en el principio de democracia participativa, la petición se dirige asimismo a sensibilizar a la opinión pública acerca de la difícil situación a la que se enfrentan en torno a 50 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea, objeto de discriminación y exclusión en todos los ámbitos de su vida. En España esta campaña ha sido promovida por el sector asociativo de la discapacidad articulado en torno al Cermi y a sus organizaciones. El éxito ha sido abrumador, con más de 120.000 firmas, más del 14 por ciento de todas las firmas conseguidas en Europa lo ha sido en nuestro país. Estos apoyos revelan la importancia que los temas europeos tienen en la consideración de la ciudadanía española y la capacidad de movilización y acción del movimiento asociativo español de la discapacidad, uno de los más importantes de Europa.


Actualmente, las medidas legislativas existentes para las personas con discapacidad en Europa son muy limitadas. A pesar de la base jurídica existente en el Tratado de la Unión Europea, durante los últimos cuatro años distintos sectores ciudadanos han tratado de convencer a la Unión Europea acerca de la necesidad vital de proteger de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad. Sorprendentemente, se ha logrado en la esfera internacional con la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Algo comparable ha de conseguirse para Europa. En muchos aspectos España es uno de los países más avanzados en la adopción de medida en favor de la plena inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. Son múltiples las iniciativas normativas, presupuestarias y programáticas que se han llevado a cabo en nuestro país para este fin compartido de activar en términos de ciudadanía plena a las personas con discapacidad.
Paralelamente, el ámbito europeo ha de responder con vigor a los desafíos que la inclusión de las personas con discapacidad plantea. A tal fin, la necesidad de una legislación europea específica es más evidente. Los esfuerzos de los poderes públicos nacionales y de los sectores sociales más comprometidos con la causa del la Europa de la ciudadanía deben converger para que la Unión Europea se dote de una normativa potente en materia de discapacidad, de la que ahora carece.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley en donde se insta al Gobierno a que, haciéndose eco de la campaña Un millón para la discapacidad, promueva en los órganos de decisión de la Unión Europea la adopción de una legislación específica, de ámbito europeo, sobre no discriminación e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que proporcione a esta parte de la ciudadanía mejores instrumentos de protección y defensa, que les permitan llevar una vida autónoma y libremente elegida en condiciones de igualdad con el resto de los miembros de la comunidad.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Murcia.


El señor MURCIA BARCELÓ: Yo seré muy breve, entre otras cosas por coherencia, dado que esta proposición no de ley es consecuencia, tal como se ha dicho, del manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi, y también Cocemfe. Ha sido práctica habitual en mi grupo en esta Comisión tener muy en cuenta y muy presente y no tomar ninguna iniciativa sin haber oído previamente a las personas que tienen interés directo en este asunto, como son las personas con discapacidad y las asociaciones. La proposición es una trascripción, prácticamente literal de este manifiesto, por tanto, yo no puedo ni añadir ni quitar, entre otras cosas porque sabemos que en las PNL en definitiva de lo que se trata es de instar al Gobierno para que tome las medidas que le corresponda y en este caso de ámbito europeo para conseguir una legislación específica y una normativa que sea común para todos. Lo que sí le pediría al proponente de esta proposición no de ley es que utilizara de alguna manera su influencia, dado que es el grupo que apoya al Gobierno, para que no pase demasiado tiempo hasta que se tomen

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estas medidas, ya que esto viene desde el año 2007, y buena prueba del interés efectivo que tiene el Grupo Socialista, representado por su proponente, es que se ha vuelto a presentar hoy, en 2009. Eso significa también que en ese espacio de tiempo no ha habido avances en ese sentido; si no, no hubiera sido necesario volver a presentar esta proposición no de ley. Por lo tanto, dado que se va a constituir el Parlamento Europeo en breve, sería muy importante, utilizar esa influencia para que la reacción del Gobierno fuera rápida frente a la proposición no de ley que hoy se plantea. Sabemos que en esta Comisión han salido adelante por unanimidad un montón de PNL, y hay que lamentar que algunas hayan caído en saco roto o en agua de borrajas. Yo supongo que se seguirá insistiendo en este asunto, pero sería necesario, insisto, que eso se hiciera así, máxime cuando la Presidencia europea va a coincidir en enero con el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Sería una buena oportunidad para tomar como algo fundamental esta proposición no de ley acerca de la unificación de la normativa, de crear una legislación europea específica que se asemeje a la española, que estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso se produzca. Por lo tanto, termino simplemente como empecé, diciendo que vamos a apoyar esta proposición no de ley.


- SOBRE LA CREACIÓN DE UN MECANISMO INDEPENDIENTE DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA ONU. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000961.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley que, de acuerdo con lo convenido, será la originalmente 9ª, presentada por don Gaspar Llamazares en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la creación de un mecanismo independiente de seguimiento de la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, para lo cual el señor Llamazares tiene la palabra.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario quiere proponer distintos mecanismos de seguimiento de la Convención internacional de derechos de las personas con discapacidad. En nuestra opinión, ha supuesto un cambio radical, plantea esta cuestión como una cuestión de derechos humanos y, por tanto, establece unas garantías en el seguimiento en el ámbito nacional. De una parte, la propia convención plantea en su artículo 33 que los Estados partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la convención. Los Estados parte, de conformidad son sus sistemas jurídicos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán a nivel nacional un marco que constará de uno o varios mecanismos independientes para promover, proteger, supervisar la aplicación de la presente convención, y además plantea que la sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y sus organizaciones estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento. Así, además de los organismos gubernamentales establecidos en el artículo 33, la convención establece un mecanismo de seguimiento independiente para garantizar el estricto cumplimiento de estos derechos y dotar a los ciudadanos de nuevos instrumentos de reclamación ante Naciones Unidas. Si bien existe el Consejo Nacional de Discapacidad, como resultado del desarrollo de la ley, su adscripción ministerial no garantiza la independencia requerida en el artículo 33.2 de la convención. Por ello, para un óptimo desarrollo de la convención se deben adoptar nuevos mecanismos de seguimiento que sean plenamente independientes tanto del Gobierno como de la Administración, de manera que permitan el seguimiento objetivo de su implantación. Entre las propuestas a considerar se valora adecuadamente que este organismo pueda estar adscrito a una institución académica o ser también nuestro propio Defensor del Pueblo. Se opina también que el control de esta institución debería ser parlamentario. Además, alrededor de la institución establecida, bien Defensor del Pueblo, bien una institución académica, se debería establecer un comité de seguimiento en el que se encuentren representados todos los agentes sociales implicados. Entre los representante de las personas discriminadas por su diversidad funcional, se considera imprescindible la presencia del conjunto de los organismos representativos en España. Es por eso por lo que hacemos una proposición no de ley con la propuesta de creación de un mecanismo independiente de seguimiento de la Convención internacional, que tenga además control parlamentario y donde participe la sociedad civil. Ese es el planteamiento que hacemos y estamos a disposición para las enmiendas que se han presentado y la negociación de las mismas.


El señor PRESIDENTE: Como usted bien indica, hay dos enmiendas, una presentada por el Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra la señora Bañuls Ros.


La señora BAÑULS ROS: En primer lugar, queremos destacar la importancia que tiene para España el contar con un instrumento jurídico internacional de protección y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y cuyos términos, como bien se ha dicho, son aplicables en España desde mayo de 2008. Para el óptimo desarrollo de la convención, al igual que el resto de tratados internacionales, son necesarios mecanismos de seguimiento que sean plenamente independientes tanto del Gobierno como de las administraciones, para que ese seguimiento sea realmente objetivo.
Por ese

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motivo, nosotros hemos manifestado en más de una ocasión cierta preocupación sobre el adecuado seguimiento de la convención. Y es que, como todos los tratados internacionales de derechos humanos que son vinculantes tiene un elemento de seguimiento, la convención no es una excepción. La proposición no de ley que se propone se basa en el artículo 33 de la convención, que se refiere a la creación precisamente de un mecanismo independiente de seguimiento de la convención. Yo considero necesario aclarar los siguientes conceptos. En el mismo artículo 33.2 de la convención especifica, y leo literalmente el segundo párrafo, que cuando se designen o establezcan estos mecanismos, los Estados partes tendrá en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Y es precisamente este párrafo interpretado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Unión Interparlamentaria, en el sentido de que cuando los Estados ya disponen de instituciones de derechos humanos, como el ombudsman o el Defensor del Pueblo en España, son estas instituciones las que deben actuar como mecanismo independiente. Yo quiero recordar que las funciones del Defensor del Pueblo se aplican a todos los ciudadanos sin distinción y tienen la misión de proteger y defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos sin excepción.


Como SS.SS. sabrán, las competencias del Defensor del Pueblo se extienden a la totalidad de órganos y autoridades de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas y de las administraciones locales. En temas de discapacidad, el Defensor del Pueblo ya está trabajando desde hace muchos años y elaborando informes. Y es que las personas con diversidad funcional no tienen derechos diferentes de los derechos humanos fundamentales y generales, pero sí que es cierto que en la práctica existen impedimentos bien de mentalidad, de desconocimiento del tema, dificultades en el entorno, también legislación y formativas, que se consideran insuficientes. En este sentido, el modelo social que se plasma en la convención supone uno de los principales aspectos jurídicos del derecho español a los que afecta la convención.
Existen muchas agrupaciones ciudadanas que son un buen referente del modelo social que se plasma en la convención, que es lo que se pedía para este mecanismo de seguimiento. Hay muchas en este sentido que podían defender perfectamente este modelo social de la convención. Sin embargo, creemos que debería estar mucho más razonado por qué se quiere crear tan de inmediato otra institución de derechos humanos, teniendo ya una que se acopla perfectamente a lo que señala la convención. No es que nos opongamos a que haya otras, pero pensamos que un mecanismo como en un principio se nos propone estaría solapándose, lo que no queremos es que se solape con las competencias de Defensor del Pueblo. Eso sería, pensamos nosotros, empezar la casa por el tejado. Lo primero que hay que hacer es reforzar la institución que ya tenemos.


En cuanto a la institución académica que ustedes consideran oportuno contar con ella, en un principio se quería condicionar. Nosotros creemos que estas instituciones que se dedican a la investigación y a la docencia pueden prestar un asesoramiento muy valioso en multitud de temas, pero no pueden convertirse en instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Cuando ustedes pretendían en primera instancia instar al Gobierno para la creación de un nuevo mecanismo independiente, estamos hablando, señores, de mecanismo independiente; en todo caso se tendría que instar al Parlamento.


Nosotros hemos visto en principio, y creo que hemos podido llegar a un acuerdo, que este debate se sustenta sobre un fallo de interpretación significativo. Primero empecemos, señorías, con la institución que ya tenemos antes de crear una nueva, reforcemos la que ya tenemos, en vez de intentar reinventar otra institución del Defensor del Pueblo para las personas con discapacidad, lo que pensamos que podía ser una forma de discriminación. Para reforzar el Defensor del Pueblo como mecanismo independiente de seguimiento de la convención, quiero recordar que nuestro grupo en su día ya registró una proposición no de ley para su debate.


Quiero terminar diciendo que no nos oponemos a que puedan existir otros mecanismos de seguimiento, pero sí que pediría que empecemos por apoyar, asesorar y dotar adecuadamente a la institución nacional de la que ya disponemos y cuyo origen está en nuestra Constitución en su artículo 34.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, para defender su enmienda, la señora doña Guadalupe Martín.


La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Como bien ha expuesto el portavoz del grupo proponente de esta proposición no de ley, desde el 3 de mayo de 2008 está vigente en España la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Este instrumento supone un cambio muy importante en la visión de las personas con diversidad funcional y supondrá un gran cambio legislativo en España para luchar de forma definitiva contra la discriminación de las personas con discapacidad.
Porque, efectivamente, compartimos lo expuesto, es una cuestión de derechos humanos.


En aplicación del artículo 33.1, respecto de la obligación de que España designe para la aplicación y seguimiento nacionales de la convención uno o más organismos gubernamentales, se propuso que el organismo gubernamental fuese la Secretaría de Estado de Política Social, hoy Secretaría General de Política Social, en función de sus competencias, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad. Asimismo, se propuso que fuese el

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Consejo Nacional de la Discapacidad el encargado de las obligaciones del artículo 33.2 y 3, donde están representadas las organizaciones de las personas con discapacidad y de sus familias, marco del que pueden salir, en su caso, las personas a designar por España como candidatos a miembros del comité previsto en el artículo 34.3 y 4.


Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi, preparó una propuesta de orden ministerial para que se le designe como organismo privado no gubernamental de seguimiento de la convención, en aplicación del artículo 33.2, asunto que se trató en la reunión extraordinaria de la Comisión permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad el 15 de septiembre del 2008. En dicha reunión se acordó solicitar los informes al respecto de su propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores, al entonces Ministerio de Administraciones Públicas y al Consejo de Estado, teniendo en cuenta que el Cermi forma parte también del Consejo Nacional de la Discapacidad, organismo propuesto inicialmente por la actual Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales de la Discapacidad para el fin que pretenden. Otras entidades relacionadas con el ámbito que nos ocupa, como es el Foro de vida independiente, han pedido posteriormente incorporase a esta tarea, propuesta que debe ser estudiada en el momento de decidir los representantes definitivos en el citado control, si bien habría que tener en cuenta que convendría no crear agravios comparativos entre las diferentes entidades que forman parte de la comisión nacional o del propio Cermi. Por otra parte, también se estaba estudiando la propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de que sea el Defensor del Pueblo el citado organismo independiente de seguimiento de la convención, coincidente como ha quedado claro en su exposición con la propuesta presentada hoy por el Partido Popular.


Llegados a este punto, parece oportuno esperar a la emisión de los citados informes y a la evaluación de la última propuesta para pronunciarse respecto de la proposición no de ley planteada, que a día de hoy todavía no están disponibles. Sobre la base de todo lo que he expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista hizo una propuesta de enmienda que finalmente ha sido acordada en una transacción amplia entre los distintos grupos parlamentarios de esta Comisión y que pasaremos a la Mesa.


El señor PRESIDENTE: Luego lo pasan ustedes a la Mesa. ¿Algún grupo quiere fijar posición? (Pausa.)

- SOBRE MEDIDAS PARA DISPONER DE DATOS ACTUALIZADOS DE EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000731.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la 4.ª originalmente, sobre medidas para disponer de datos actualizados de empleo de las personas con discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Tiene la palabra el señor Vañó para su defensa.


El señor VAÑÓ FERRÉ: De nuevo tres años después volvemos a incidir en datos que al fin y al cabo nos pueden ayudar a una pretensión que creo que por parte de todos los grupos de esta Comisión tenemos clara, y es que la incorporación laboral de las personas con discapacidad es el cauce idóneo y el mecanismo adecuado para la integración y normalización de este sector de más del 9 por ciento de la población española. Un sector, además con una cantidad de paro superior tres veces al resto de los ciudadanos, que en épocas de crisis como la que estamos atravesando se ven especialmente más afectados por la vulnerabilidad que tienen. Para saber muy bien cuál es la situación necesitamos saber de dónde partimos, cuál es su evolución, cómo se van desarrollando los acontecimientos; y por ello, de nuevo incidimos en volver a plantear una valoración de cuál es la situación real del empleo de las personas con discapacidad, para poder también incidir en cuáles son sus motivos y poder atajar y establecer las medidas que nos ayuden a compensarla y a buscar esa vía por la que estamos estableciendo que se consiga que cada vez sean más las personas con discapacidad que se integren laboralmente.


Los últimos datos que tenemos son la encuesta del año 1999 sobre estado de salud y discapacidad, y el último módulo concretamente de empleo de la EPA, de la Encuesta de Población Activa, fue de 2002. Habían pasado cuatro años desde el anterior -fue en el 1998- y después de 2002 no tenemos más datos actualizados, no ha habido una encuesta específica sobre la discapacidad, un estudio para saber exactamente dónde estamos.
Nosotros creemos que es imprescindible -insisto- saber cómo va evolucionado y en qué medida afectan situaciones como la actual de crisis que he dicho antes.


Tres años después de una PNL que se aprobó aquí con una enmienda transaccional de todos los grupos parlamentarios y que quiero pasar a leer, volvemos a sacar la cuestión porque creemos que no está resulta y, sobre todo, no ha dado los resultados esperados. Ese es el motivo de nuestra insistencia. La enmienda transaccional que se aprobó hace más de tres años, decía que el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a elaborar las bases para su posterior explotación estadística de una información anual sobre las tasas de actividad y ocupación de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta las causas de la misma y previa consulta con las administraciones públicas con competencia en materia estadística, empleo o discapacidad, así como las asociaciones de discapacitados y los agentes sociales. Como decía, después de tres años todavía no se ha visto reflejada esa proposición no de ley que se aprobó por unanimidad,

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y creemos que es necesario afear un poco esta situación, porque es un mandato de esta Comisión que creemos que debería respetarse.


Nosotros insistimos en que hay que elaborar esa Encuesta de Población Activa y sobre todo hay que incorporar unos datos que los servicios públicos de empleo tienen sobre el empleo y paro de personas con discapacidad, y lo único que hay que hacer es plasmarlos cada mes en los datos que emite el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, igual que se especifican los datos sobre mujeres, sobre jóvenes o sobre extranjeros con empleo o en paro, creemos que ese más del 9 por ciento de la sociedad que representa el sector de las personas con discapacidad también merece y requiere una constancia en esos datos mensuales para conocer su evolución, como decía antes, y para, a través de esa evolución, saber qué medidas se pueden ir aplicando para fomentar el empleo.


Nosotros hemos hecho un petitum relativamente largo, pero después de transaccionar con el resto de los grupos que habían presentado enmiendas, tanto UPyD como el PSOE, hemos llegado al acuerdo de una enmienda transaccional que yo creo que, sacrificando cada cual parte de sus expectativas, recoge un poco el espíritu de esa proposición no de ley de la legislatura anterior y exige de nuevo unos datos que espero que se vean satisfechos a través de esta proposición no de ley. Pasaremos la transaccional que hemos negociado con el resto de los grupos.


El señor PRESIDENTE: En todo caso, para defender su enmienda a esa proposición no de ley tiene la palabra la señora Díez González.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muy brevemente, porque efectivamente hemos hecho un acuerdo transaccional, pero yo quería plantear que me parece muy oportuna la proposición no de ley que ha sido presentada y que estamos debatiendo en este momento; muy oportuna en tiempo y fecha, podríamos decir. Quiero recodar que fue la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, ya en el mes de abril y ante esta misma Comisión, la que se comprometió a incorporar un módulo sobre discapacidad en la EPA del mes de septiembre de 2009. Al parecer, eso no se ha hecho y yo creo que es bueno que en este sentido desde la Comisión estemos alerta para tener un mejor y mayor conocimiento de esta circunstancia, como decía el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra.


Nuestra enmienda tiene la intención de que se detalle al máximo la información referente a las personas discapacitadas a solicitar la Encuesta de Población Activa para, de ese modo, con un detalle máximo, ser más efectivos en las políticas a llevar a cabo. Hace falta conocer cuántos, cuál es su grado, cuál es su situación, cuál es su sexo, en fin, todas las circunstancias para que realmente sea un instrumento útil y que seamos efectivos a la hora de su aplicación. Tener el máximo de conocimiento para poder actuar con el máximo de efectividad.


El señor PRESIDENTE: Ahora, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Montalbán para la defensa de su enmienda.


El señor MONTALBÁN GOICOECHEA: Nosotros habíamos presentado una enmienda a la propuesta del Grupo Popular basándonos en dos convicciones. La primera convicción era que el Gobierno estaba siguiendo las líneas idóneas en el tratamiento de las políticas para las personas con discapacidad y también, en alguna medida, influidos por algunas reticencias mostradas por algunas personas del propio colectivo de las personas con discapacidad, que no siempre muestran su preferencia por estar representadas en este tipo de listado. En todo caso, nosotros pensamos que el Gobierno sigue unas líneas de trabajo idóneas que han sido consensuadas con agentes sociales, con asociaciones, con sindicatos e incluso con los grupos políticos y que tienen abiertas muchas posibilidades, incluso las propuestas que hacía la primera PNL del Grupo Popular. Posteriormente, con la enmienda transaccional hemos añadido nuevos compromisos, principalmente en aras del consenso. Creo que todo lo que se debata en esta Comisión, por las características propias del mundo de la discapacidad y de las personas que sufren diferentes tipos de discapacidad, requiere, si es posible, unanimidad. Las personas con discapacidad deben confiar en nosotros y nosotros no debemos mostrar demasiadas reticencias a unas demandas que casi siempre suelen ser justas.


Aunque es literalmente cierto que la iniciativa aprobada hace tres años en este mismo sentido no ha sido llevada a cabo, como he dicho al comenzar, en modo alguno se desprende de ello que el Gobierno haya estado parado.
Es preciso subrayar la celeridad conque el Gobierno de España depositó la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que había sido suscrita por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en marzo de 2007. Sin duda, esa celeridad muestra claramente, y mostraba en su momento también, la importancia que se le daba a estas políticas. El Gobierno, además, aprobó en el pasado septiembre la Estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad 2008-2012, que contiene un importante paquete de acciones englobadas en siete objetivos, de los cuales el séptimo en orden, que no en preferencia, dice: mejorar tanto los sistemas de recogida, análisis y difusión de la información en materia de empleo y personas con discapacidad, como la coordinación de las políticas públicas de empleo desarrolladas por las administraciones públicas. Creo que este objetivo se corresponde con el fundamento y destino de esta proposición no de ley.


La estrategia aborda no solo la política de empleo y la legislación laboral, sino ámbitos estrechamente relacionados con ello, como son la Seguridad Social, educación

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y formación específicamente dirigidas al empleo, políticas fiscales, etcétera. Además, instaura una nueva dinámica de trabajo que está basada en el seguimiento permanente, la participación y el diálogo social para que las vicisitudes adversas, si llegaran a presentarse, no afecten con especial intensidad al colectivo vulnerable, que es el de las personas con discapacidad. Parte de un diagnóstico realista, explicito en datos, para comprobar la situación de desventaja respecto a la participación en el empleo que sufren las personas con estas características y que se agudiza más si cabe en el caso de las mujeres con discapacidad. Esto ocurre, entre otras cosas, como consecuencia de la insuficiente creación de empleo para estas personas en relación con el empleo creado en general. Sería prolijo resaltar aquí todas las variables negativas diagnosticadas en el documento. En estos momentos, el Gobierno está elaborando un plan de acción para el impulso y la ejecución de todas las medidas contenidas en la estrategia, indicando en dicho plan los sujetos responsables de desarrollar las líneas de actuación, con la previsión de que durante el año 2009 se elaboren las bases de una información anual sobre el mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Dicha información va a ser un buen instrumento para su posterior explotación estadística.


Es preciso señalar que la Estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad ha sido elaborada con la participación de las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, las organizaciones representativas de la discapacidad y de las familias a través del Cermi, y también han participado las comunidades autónomas.
Todas estas organizaciones e instituciones continúan trabajando en común en la configuración del plan de acción.


Me van a permitir subrayar algunas otras acciones que tiene que ver, aunque sean tangencialmente, con la proposición no de ley que estamos tratando.


El Ministerio de Administraciones Públicas ha suscrito un convenio marco con el Cermi, con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, en materia de promoción de medidas de discriminación positiva para favorecer el acceso al empleo público de estas personas, y se encuentra elaborando junto a la Secretaría de Estado de Política Social, Familia y Atención a la Dependencia una guía metodológica para el acceso al empleo de las personas con discapacidad en la Administración Pública. Dicha guía contendrá los perfiles y características de los puestos de trabajo que han de ser ocupados por estas personas con diversidad funcional. También es preciso mencionar las medidas introducidas en la Oferta de Empleo Público para 2009, que reserva un 7 por ciento de las plazas ofertadas para personas con discapacidad y, como novedad más significativa, el 2 por ciento del total de plazas como reserva para personas que acrediten una discapacidad intelectual.


Con la vocación que se desprende de la trayectoria reseñada, espero que no tengan ninguna duda de la responsabilidad y preocupación del Gobierno ante la situación ciertamente discriminatoria a la que se enfrentan cada día las personas con discapacidad. Les adelanto que mi grupo tampoco tiene ninguna duda de las inmejorables intenciones que empujan esta proposición no de ley. Si algo saludable tiene participar en esta Comisión es que a todos nos mueve ese espíritu solidario hacia las personas con discapacidad que viven entre nosotros y con nosotros, y que han de hacerlo con todos los derechos a su disposición.


Si en el año 1982 fue necesaria una ley que se llamaba de integración social de los minusválidos, fue porque la sociedad consideraba que se trataba de personas menos valiosas o útiles que las demás. La Constitución puso las cosas en su sitio y la referida ley vino a regular y llamar la atención de todos ante la situación de las personas con discapacidad que vivían en condiciones inferiores a los demás, a las que era preciso integrar en la sociedad en todas sus facetas y condiciones, y fue a partir de entonces -incluso antes ya habían venido trabajando- cuando las asociaciones representativas tanto de afectados directos como de sus familiares fueron abriendo con gran esfuerzo cauces de participación e incluso de intervención en las decisiones. Los poderes públicos tardaron demasiado tiempo en descubrir las potencialidades de los diferentes colectivos, pero hoy cabe subrayar que las políticas para personas con discapacidad han alcanzado una importancia capital. Sin embargo, no debemos sentirnos satisfechos, porque de lo que se trata es de dar un salto importante que supere el concepto de personas con discapacidad atendida, toda vez que hoy son muchas las prestaciones y servicios de atención a los que tienen derecho a través de servicios diversos o en todo caso a través de la Ley de Dependencia, y hay que pasar a personas con discapacidad activa, y eso solo es posible, entre otras cosas, a través del empleo.


Por tanto, señorías, puntualizado que el Gobierno está haciendo las cosas en la dirección correcta, con rapidez e intensidad notables, y propiciando la intervención de todos los agentes necesarios para que las medidas sean eficaces para el colectivo de las personas con discapacidad, para sus familias y para la sociedad en general, vamos a votar a favor de la PNL modificada por la transaccional, advirtiendo que se ha de tener en cuenta que los datos relativos a la salud son datos especialmente protegidos, por lo que deberán ajustarse al texto de la ley y a cuanto la Agencia Española de Protección de Datos determine al respecto.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar posición? (Pausa.)

PARA INSTAR AL GOBIERNO A REMITIR A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, PARA ELIMINAR LAS DISPOSICIONES

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QUE ENTRAN EN CONFLICTO CON LA LEGISLACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EVITANDO CUALQUIER TRATO DISCRIMINATORIO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000738.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley que insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para eliminar las disposiciones que entran en conflicto con la legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad, evitando cualquier trato discriminatorio.


En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra la señora Díez para su defensa.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Ese es el objetivo, eliminar en la legislación todo tipo de disposiciones que puedan entrar en conflicto con las garantías de los derechos de las personas con discapacidad, evitando por tanto cualquier tipo de discriminación.


Paso a defender algunos algunos puntos clave de esta proposición no de ley. En primer lugar, la necesidad de modificar la Ley 5/1995, del Tribunal del Jurado, conforme a la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, que desde el 3 de mayo del año 2008 forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, para fomentar y garantizar con esta modificación el pleno ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad, incluido el derecho de acceso y participación en la Administración de Justicia en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano, porque tendrán discapacidades, pero son ciudadanos y hemos de regular todos los derechos de forma que sean efectivos.


En segundo lugar, se trata de eliminar cualquier práctica o disposición legal discriminatoria, como lo es a nuestro juicio el artículo 8 de la citada ley, el que se titula Requisitos para ser jurado, que en su punto 5 establece entre los requisitos -abro comillas- no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función del jurado. Entendemos que se trata de un precepto demasiado genérico e inconcreto, que puede permitir interpretaciones restrictivas en cuanto al derecho de participar en los asuntos públicos, incluido el acceso a la Administración de Justicia de las personas con discapacidad.


En tercer lugar, creemos que es necesario regular la ley de forma que esta sea clara en sus términos y objetiva también. Insisto en el término que aparece en la ley, de impedido. ¿Qué es impedido, quién determina lo que es impedido, cómo se califica que alguien es una persona impedida, en qué nivel de impedido? Yo creo que en una ley los términos que se utilicen no han de estar sometidos a la interpretación en cada momento de las personas, sino que precisamente para garantizar la seguridad jurídica tienen que ser claros y además, objetivos.


En cuarto lugar, nos mueve a presentar esta proposición no de ley la necesidad de regular los apoyos materiales y humanos necesarios que permitan a las personas con discapacidad llamadas a ser jurado, el desempeño de esa función con normalidad y en condiciones de igualdad.
Porque no se trata solo de proclamar un derecho, sino de remover las trabas que pueden existir y que de hecho existen para hacer ese derecho efectivo.


Y en quinto lugar, realizar las modificaciones necesarias en la redacción de la citada Ley Orgánica 5/1995 -esta es una propuesta expresa que desaparecerá del texto de la transacción pero que sí que quiero plantear a SS.SS.- para plantear en la nueva redacción, en artículo nuevo, falta de capacidad para ser jurado, todos los supuestos que incapaciten a los ciudadanos para realizar la función de jurado, que quede claro y expresamente. Con la actual redacción puede darse el caso, como decía antes, de que se impida, por ejemplo, que una persona sorda pueda ser jurado, mientras que puede serlo una incapacitada judicialmente en virtud de sentencia firme, en tanto que en dicha sentencia no se le haya restringido el derecho del sufragio, ya que la selección del jurado tiene como base el censo electoral. Esto no significa que haya que generalizar en el caso de la discapacidad intelectual o de las personas con enfermedad mental. Como nos han venido contando en esta misma Comisión en diferentes comparecencias distintos expertos que abordaban la capacidad jurídica, este es un hecho que, a mi juicio, ha de ser considerado. Es necesario hacer un traje a medida y revisar las sentencias con periodicidad, pero en esas sentencias personalizadas es preciso tener en cuenta si dicha persona en ese momento puede o no estar capacitada par ser jurado, igual que se tiene en cuenta si está o no capacitada para ejercer el derecho de sufragio, así como otros derechos. Según lo dictado en la sentencia 282 de 2009 del Tribunal Supremo, la incapacitación no altera la titularidad de derechos.


Y por último, como indica el punto 74 de las conclusiones del Informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los Estados partes de la convención deben tomar las disposiciones apropiadas para que todos los derechos consagrados en la convención sean invocables ante los tribunales nacionales y garantizar al mismo tiempo el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 13.


Pues bien, yo creo que para cumplir estos objetivos es preciso revisar la legislación actual y espero que la iniciativa que sea aprobada en este trámite en la Comisión ayude a que el Gobierno acelere los trámites y podamos, dentro de poco tiempo, ver en la Cámara una modificación legislativa que nos ayude a cumplir con este objetivo.


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El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Muñoz Gómez.


El señor MUÑOZ GÓMEZ: Es cierto que la Convención de Naciones Unidas sobe los derechos de las personas con discapacidad es un acontecimiento importante, es una decisión importante. Está en vigor fruto de la aprobación por parte del Gobierno y la firma por parte del Gobierno de la misma. Y es verdad también que esta Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad se está haciéndose eco de las propuestas de los diferentes expertos, asociaciones representativas de las personas con discapacidad y de los colegios profesionales, etcétera, porque el Estado, España, tiene que adaptar la normativa española a dicha convención. Dicho esto, creemos que esta proposición no de ley planteada por la señora Díez es correcta. Pero entendemos que puesto que esta Comisión, el Congreso de los Diputados, está trabajando en la línea de recopilar toda una serie de trabajos previos para después determinar cuáles son las leyes que hay que modificar desde el punto de vista normativo, estando de acuerdo en el principio, haríamos una enmienda de sustitución que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir entre las materias a tratar en los trabajos previos que se están llevando a cabo para la adaptación de nuestra legislación a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, la conveniencia de revisar la redacción de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado. Creemos que recoge mejor la fórmula para que esto sea posible, y entendemos que como ya hay muchas personas y entidades que han comparecido en esta Comisión y con el trabajo que estamos desarrollando desde hace mucho tiempo, en aras del consenso real, esta enmienda de sustitución la proponente de la PNL la pueda aceptar.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Señora Tarruella, tiene usted la palabra.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Muy brevemente, quiero manifestar nuestro total apoyo a esta proposición no de ley, ya que es cierto que los derechos de las personas con discapacidad no solamente por lo que dice la convención, sino que por el solo hecho de tener alguna discapacidad muchos de ellos, muchísimos, no por eso deben de ser anulados para poder ejercer su derecho a ser jurado. Simplemente manifestar nuestro apoyo al texto de la proposición no de ley, que con la enmienda que ha hecho el Grupo Socialista creemos que queda un redactado más amplio para poder profundizar. Por tanto le daremos nuestro apoyo.


El señor PRESIDENTE: Y ahora, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA VIÑES: Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que está bien traída esta proposición no de ley a esta Comisión, puesto que se puede dar el caso paradójico que una persona con cierta discapacidad pueda ser juzgado por una jurado y sin embargo no pueda formar parte del mismo en otra situación; sería una cuestión verdaderamente contradictoria. Y eso sobre la base de una definición que es ciertamente genérica e incluso en algún caso desconsiderada. Una sociedad moderna, que es la que pretendemos desde el Grupo Parlamentario Popular, desde el Partido Popular, que progrese, requiere que se garantice cada vez más el ejercicio de los derechos para todas las personas y especialmente para aquellas que tienen alguna dificultad. Pero nos encontramos en ocasiones con situaciones cuando menos extrañas en el ejercicio de esos derechos. Voy a citarles un ejemplo que llama poderosamente la atención, porque no solamente se tiene que adaptar la legislación a lo que se tiene llevar a cabo en nuestra sociedad, sino que también se tienen que concienciar aquellas personas que en algún momento determinado están obligados a aplicar la ley. Hace escasamente quince días, después de las elecciones europeas, el día 9 ó 10 de este mes, nos despachamos con una noticia en la que se impidió a dos personas sordas la participación como integrantes de una mesa electoral. Nos encontramos ahí una persona que tiene derecho al sufragio, que además puede ser elegido, o que puede pertenece a esa mesa como interventor o apoderado de un grupo político y, sin embargo, no podía formar parte de esa mesa electoral.
Quiero decir con esto que no solamente en el ámbito del jurado, lo cual está muy bien tratarlo durante esta mañana aquí, sino también en otros aspectos de la participación de las personas discapacitadas en la vida política, social, jurídica o económica de nuestra sociedad debe de ser tratado con, diría yo, un mayor hincapié y un mayor protagonismo por parte de todos. Por eso creemos que es importante esta proposición no de ley, a la que le vamos a dar el apoyo con las modificaciones que acepte la proponente.


- RELATIVA A LA NECESIDAD DE DIVULGAR LA ACCESIBILIDAD INTEGRAL Y LOS PRODUCTOS DE APOYO INCREMENTANDO SU DIFUSIÓN EN EL AÑO 2009 COINCIDIENDO CON EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE AUTONOMÍA PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS (CEAPAT). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000755.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la necesidad de divulgar la accesibilidad integral y los productos de apoyo incrementando su difusión en el año 2009 coincidiendo con el 20.º aniversario de la creación del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas

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(Ceapat). En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Cortajarena a efectos de su defensa.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Quiero destacar que la presentación de esta iniciativa tiene que ver con el 20.º aniversario de la creación de Ceapat, pero tiene toda una serie de antecedentes que me parece importante poner en valor. En primer lugar, quería que quedara constancia de que la década de los años ochenta fue una década prodigiosa, donde con gran empeño se consiguieron universalizar los sistemas de protección social en nuestro país, tanto la salud como la educación. Los servicios sociales fueron asumidos por las comunidades autónomas y nos encontramos con un ámbito más troceado en materia de derechos y prestaciones, que todavía no tienen un reconocimiento en algunas comunidades como derecho subjetivo perfecto. En este ámbito no es baladí rememorar que en el año 1985 quisimos realizar una ley estatal de servicios sociales y que fue muy contestada en concreto por dos comunidades autónomas que se opusieron a ella. Yo creo que esto fue un gran error y me parece importante destacarlo.


En la década de los ochenta, se vio necesario crear elementos de coordinación para determinados ámbitos de la política social, sobre todo en materia de servicios sociales. Se crearon cinco centros estatales; el de voluntariado, el de ONG, el de familia y convivencia, el centro para la inclusión social -que nunca se puso en marcha-, y el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Se ha rememorado por anteriores intervinientes la importancia que tuvo la aprobación de la Ley Integral de Minusvalía en el año 1981, que trazó un camino y marcó un antes y un después. Esta ley fue una de las pioneras dentro de la Unión Europea y realmente consiguió derechos, como el acceso a la sanidad de carácter público con diez años de antelación al resto de la población para el colectivo de discapacitados. Ya no digamos todos los avances que supuso, hasta la misma denominación, la nomenclatura que se da al colectivo de personas con discapacidad; pasamos de la subnormalidad a la minusvalía y en la actualidad a la discapacidad, que yo creo que son elementos importantes que van referenciando un lenguaje más neutro y van referenciando posicionamientos favorables a la inclusión de las personas de este colectivo.


Diversas normas se han aprobado en relación con medidas fiscales, patrimonio, bonificaciones en Seguridad Social y un largo etcétera. ¿Que nos queda camino? Nos queda mucho camino por recorrer. Pero creemos que las personas con discapacidad son titulares de los mismos derechos que los no discapacitados, por lo que se debe reconocerles para garantizar la igualdad definitiva y la construcción de una sociedad más diversa, más plural y por tanto más enriquecida; un fenómeno natural y beneficioso para toda la sociedad. Una sociedad que aboga por la inclusión y el respeto de los derechos humanos o de las personas que son diferentes es una sociedad que vive en función de la normalidad y que, por tanto, deber seguir manifestado y poniendo en marcha acciones y actuaciones que mejoren la vida y la convivencia de este colectivo. (El señor vicepresidente, Garre López, ocupa la Presidencia.)

Hemos de asumir que las barreras en el entorno constituyen uno de los mayores defectos que tiene el colectivo y uno de los obstáculos más graves. En la celebración del 10.º aniversario de Ceapat ya se habla del diseño para todos, y realmente todas las comparecencias que tuvimos en la Ley de Dependencia, la Ley 39/2006, así lo pusieron en evidencia. Es bien sabido que la accesibilidad es un concepto complejo de definir, pero lo que hace es facilitar y normalizar la vida; es así de simple y así de complejo a la vez. La Liondau, la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, la Ley 51/2003, lo manifestó y avaló además las directivas de la Unión Europea, movilizando una serie de trabajos por la accesibilidad en estos últimos años.


Conjugar el propósito de que tengamos una accesibilidad normalizada para toda la sociedad parece muy difícil, pero yo creo que es importante resaltar la gran labor que se ha desarrollado a través del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Este ha sido el espejo donde la mayoría de los discapacitados se han visto representados. No es baladí que todos los productos de apoyo, que hoy día no se llaman ayudas técnicas sino productos de apoyo, están recogidos ya en el catálogo que he traído, aunque es bastante grueso, pero merece la pena conocerlo y además utilizarlo. La verdad es que no se pueden hacer ya catálogos en soporte de papel o material por la velocidad con la que corren las ayudas técnicas, los productos de apoyo, la investigación y el desarrollo en estas materias. Cuando uno se pone a investigarlo o se mete en estos ámbitos, ve que los desarrollos han sido mucho más rápidos de lo que nos pudiéramos imaginar. El elemento fundamental, por tanto, de la acción del Ceapat ha sido sensibilizar, informar, orientar y sobre todo coordinar los ceapatitos también, porque todas las comunidades autónomas tienen su propios Ceapat. En la actualidad nos encontramos que todo lo que tiene que ver con la vida independiente y los apoyos a dos colectivos muy importantes que son los discapacitados y las personas mayores, están referidos y reflejados en este centro. Su trabajo está vinculado, entre otros, al Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, que marca los compromisos a desarrollar por la Administración General del Estado, desarrollando las medidas, decretos y órdenes ministeriales que son necesarios; y otro aspecto viene reflejado por el Convenio marco de colaboración entre el antiguo Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Fundación ONCE, suscrito el 20 de febrero de este año y que tiene vigencia hasta el año 2010, que utiliza recursos financieros provenientes del Feder. Por estas razones, nuestro grupo ha querido poner en valor y divulgar la accesibilidad integral y los productos de apoyo, llamados antiguamente ayudas técnicas, incrementando

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su difusión en el año 2009 coincidiendo con el 20.º aniversario de la creación del Ceapat.


Se han recibido dos enmiendas al texto; una presentada por el Grupo UPyD y otra por el Partido Popular. En relación con la primera, quiero decir que no se va a aceptar. Consta de tres puntos; el primero referido a un tema competencial de sanidad; el segundo, como es difícil seguir un catálogo, como ya he referido anteriormente, está hecho, aunque es un trabajo que se actualiza permanentemente; y el tercero sería la ambición de implementar, de ayudar y ampliar el I+D+i y las medidas fiscales, etcétera, que como el colectivo de la discapacidad es un colectivo de carácter transversal en todas las acciones atañe a muchos ámbitos de la función pública y también a muchos ámbitos de la gestión y el desarrollo de productos privados. No se admitiría, por tanto, esta iniciativa.


Y en el ámbito de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, quisiera decir que hemos llegado a un acuerdo y va a haber una enmienda in voce que se defenderá posteriormente.


El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra doña Rosa Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Como la señora Cortajarena ha planteado, esta es una Comisión transversal, como lo es la situación de las personas y de los colectivos para los que trabajamos, por tanto, es cierto que algunas de las cosas que aquí se debaten, no solamente a la hora de abordar esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista sino a lo largo de cualquiera de nuestras reuniones, suele tener repercusión en otro tipo de comisiones del Parlamento y suele tener mucho que ver, incluso hasta el extremo que luego se plantean en comisiones de carácter legislativo, como sanidad o fiscalidad, lo que la señora Cortajarena ha planteado en este momento. Pero eso no ha sido nunca impedimento para que aquí planteemos, en este caso a la luz de una proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista, las cuestiones que tienen que ver en este caso en concreto con el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.


El texto que nos plantea el Grupo Socialista que dice que: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a divulgar la accesibilidad integral y los productos de apoyo, ayudas técnicas, incrementando su difusión en el año 2009, coincidiendo con el 20.º aniversario de la creación del Ceapat, es difícilmente rechazable, porque quién va a estar en desacuerdo conque esto se haga. Lo que pasa es que a mí me parece muy poco ambicioso, porque una vez que se plantea un debate alrededor de lo que son los cometidos, el trabajo y las cuestiones que están pendientes en relación con la autonomía personal, me parece que tendríamos que haber ido más lejos. Por eso, mi grupo ha presentado una enmienda, yendo más lejos que la propia formulación de la divulgación que nos plantea el Grupo Socialista. Porque si es apropiada la proposición no de ley, es cierto también que versa sobre un tema muy importante, en el que, como la propia ponente, la señora Cortajarena, planteaba, queda tanto por hacer, como es el desarrollo de la autonomía personal a través de ayudas técnicas y ortoprotésicas, que no debiéramos de limitarnos en este trámite a pedir al Gobierno únicamente una acción divulgativa. Es una cosa tan menor que llama la atención que el propio Grupo Socialista haya planteado esta iniciativa sencillamente para pedirle al Gobierno que divulgue lo que hace, lo que hace el Ceapat. Entendemos que la obligación del Gobierno y la de los centros estatales específicos, como es el caso del Ceapat, es llevar a cabo los estudios oportunos y, en el caso del Gobierno, impulsar los cambios normativos necesarios, precisamente para implantar ese modelo de calidad y equidad que debe ser la base del catálogo común de ayudas técnicas y servicios ortoprótesicos a la que antes nos hemos referido.


Por otro lado, las ayudas técnicas debieran considerarse, a mi juicio, un derecho subjetivo, y creo que a juicio de muchos de los que aquí estamos, que lo hemos abordado en otras muchas ocasiones de esta manera. Por ese motivo considero necesario impulsar la creación de un catálogo común de ayudas técnicas, con el fin de que a medio plazo formen parte de la cartera de servicios, que es más que un catálogo de las cosas que ya se están haciendo -este catálogo que nos enseñaba la señora diputada-, ajustándonos por tanto a las necesidades de la población y a la promoción de la autonomía personal, otra vez la clave del tema sobre el que estamos hablando, y a la prevención de las situaciones de dependencia. Se nos ha traído el debate, por tanto, creo que debiéramos de poder ir más lejos -insisto- que la mera divulgación. Estamos hablando de un tema al que esta Comisión es muy sensible porque es un problema que todavía no tenemos resuelto. Creemos, firmemente en la incentivación de la investigación, de ahí el tercer punto de la enmienda que presentamos; la investigación, el desarrollo y la innovación en esta materia han de ser fomentadas con todos los medios posibles por el Gobierno de la nación. El hecho de que haya otra Comisión que pueda abordar este asunto nunca ha impedido que desde esta Comisión se hagan recomendaciones al Gobierno en este sentido, a fin de acelerar en este caso el proceso de equilibrio social que supone la efectiva eliminación de las barreras a la discapacidad.


Estos tres puntos son los que contempla la enmienda que acabo de defender.
Naturalmente, si el Grupo Socialista ha llegado a un acuerdo transaccional con el Grupo Popular, que es el otro grupo que había hecho una enmienda, nosotros no nos opondremos a esa transaccional e incluso la apoyaremos, pero me parece que es un desperdicio, perdónenme que utilice esta expresión -pongámoslo con minúsculas y entre comillas-, que estando hablando de un tema tan sensible, en el que quedan tantas cosas por hacer, que nos lo ha traído a debate el propio Grupo Socialista, nos quedemos en

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recomendar sencillamente que se divulguen las cosas que hace el Ceapat.
Recomendar al Gobierno que divulgue las cosas que hacen los organismos, me parece que es una cosa muy poco ambiciosa en términos de lo que son los objetivos de esta Comisión y lo que es nuestra obligación.


El señor VICEPRESIDENTE (Garre López): Para la defensa de la enmienda presentadas por el Grupo Popular tiene la palabra don Antonio Gutiérrez.


El señor GUTIÉRREZ MOLINA: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que posteriormente hemos replanteado y transaccionado con el Grupo Parlamentario Socialista, pero quisiera decir los motivos principales de la misma por dos tipos de razones. Una serie de razones reales y concretas y otra serie de razones más generales, no digo más abstractas, pero sí más generales.


Voy a empezar, señor presidente, si me permite, por este segundo grupo de razones que nos han hecho presentar la enmienda a la que antes he hecho referencia. Ciertamente, muchas de las razones que voy a exponer ahora coinciden con el petitum de la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista ha traído esta mañana a esta Comisión, porque es difícil abstraerse a la conceptualización de los mismos. La accesibilidad sabemos que es un concepto complejo, que es difícil de definir por su propia extensión, que es difícil establecer los límites respecto a lo que es aplicable, pero ciertamente hay que hacer mención, porque también el Grupo Parlamentario Popular es sensible y está muy a favor de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal del año 2003, ¡cómo no lo iba a estar¡, teniendo en cuenta que esta ley venía avalada por diversas directivas, como aquí se ha hecho mención, de la Unión Europea y desde luego, señor presidente, supone un avance en la idea de facilitar el trabajo por la accesibilidad sin parangón en los últimos años.


Me interesaría señalar para la defensa de nuestra primigenia enmienda en cuanto a las razones generales que avalaban la presentación de la misma, los aspectos de convenios marcos de colaboración con diferentes organizaciones y con diferentes foros a través de distintos ministerios.
Tengo que decir en este aspecto que hemos apoyado siempre y hemos impulsado desde el ámbito parlamentario, tanto en Comisión como en Pleno, los intentos e incluso la cristalización de convenios marcos de colaboración entres distintos ministerios, el último, en concreto del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con la Fundación ONCE.
Y a este respecto hay que señalar también que el Partido Popular realizó convenios de colaboración con la Fundación ONCE y hemos apoyado, como he dicho antes, cuántos convenios marcos y convenios de colaboración se hayan realizado con distintas ONG.


Decía, señor presidente, que había un segundo grupo de razones reales y concretas que nos impulsaban a presentar la enmienda primitiva en cuestión, y era lo relacionado con el cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 39/2006, tantas veces citada aquí y fuera de aquí, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y en concreto los acuerdos específicos con las comunidades autónomas para las ayudas económicas, para los productos de apoyo, como aquí se ha dicho. Ciertamente, eran unas bases que creíamos sólidas y suficientes como para presentar, como dije en principio, estas enmiendas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Nosotros hemos replanteado a lo largo del debate, como Grupo Parlamentario Popular con el Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda que habíamos presentado por razones de consenso, porque en materia de discapacidad cuantas más unanimidades se conciten, mejor, y más en este aspecto de la discapacidad, y porque creemos que con el replanteamiento de la enmienda primitiva y la enmienda in voce que vamos a presentar ahora, señor presidente, y que inmediatamente vamos a hacer llegar a la Mesa, si la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista definitivamente acepta la misma, se enriquece el petitum de la proposición, se aborda el tema desde un ámbito más global. Conviene potenciar el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas con la introducción de autonomías o ciudades autónomas que no estaban consideradas dentro del mismo y que en la transaccional creemos que era necesario subrayar.


El replanteamiento de la enmienda para poner la enmienda in voce, era también por una razón que no me gustaría dejar de soslayo y que es corolario de todo lo anterior que acabo de decir, porque la ampliación y la dispersión de los productos de apoyo, lo que antes se llamaba ayudas técnicas, junto con el incesante desarrollo de los productos y servicios accesibles, sobre todo los que están relacionados con la sociedad de la información y de la comunicación, hace cada vez más complejo poder ofrecer información actualizada, información adecuada, información accesible a las personas que tengan algún tipo de discapacidad. De ahí el Foro iProA coordinado con el Ceapat-Imserso, las misiones que tiene el mismo y su composición, y de ahí el replanteamiento de nuestra enmienda y la posibilidad de que se apruebe esta transaccional in voce que en este momento voy a leer. Creo que dos ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, que no están incardinadas dentro del Ceapat-Imserso, deberían estarlo en cuanto a la realización de acciones necesarias para la selección de los productos a los que se ha hecho mención antes y que compartan, señor presidente, información y recursos con el resto de las autonomías que ahí se señalan.


Por ello, en aras de estas razones que he dicho, de consenso y de unanimidad, creemos que se enriquece la proposición no de ley. Dejaremos el tema de la financiación y la realización de la Ley de autonomía que antes señalaba, la 39/2006; ya tendremos tiempo de verlo en

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los futuros Presupuestos Generales del Estado. La enmienda in voce que pretendemos transaccionar dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a divulgar la accesibilidad integral y los productos de apoyo y ayudas técnicas, incrementando su difusión en 2009, coincidiendo con el 20.º aniversario de la creación del Ceapat, impulsando el foro iProA y el desarrollo de su actividad, así como a realizar las acciones necesarias para la selección de productos, compartiendo información y/o recursos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Si esto es así, nosotros estaríamos dispuestos a aprobar la proposición no de ley en función de esta transaccional que in voce hemos tratado de transaccionar, valga la redundancia, señor presidente, con el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Señora Cortajarena.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Por parte del Grupo Socialista se admite la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y, como hemos dicho anteriormente, no aceptamos la enmienda del Grupo UPyD.


El señor PRESIDENTE: En esos términos se someterá a votación.


- CON EL OBJETIVO DE DAR AUDIENCIA A LOS INTERLOCUTORES DEL MUNDO DE LA DISCAPACIDAD PARA CUALQUIER MEDIDA QUE INCIDA EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE DICHO COLECTIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000884.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º del orden del día, proposición no de ley con el objetivo de dar audiencia a los interlocutores del mundo de la discapacidad para cualquier medida que incida en la Seguridad Social de dicho colectivo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa tiene la palabra la señora Do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender esta proposición no de ley con el objeto de dar audiencia a los interlocutores del mundo de la discapacidad para cualquier medida o modificación que incida en la Seguridad Social del mencionado colectivo.


Señorías, como todos ustedes conocen, en la Comisión del Pacto de Toledo se constatan los adelantos que en materia de ayuda a las personas con discapacidad se han realizado en el marco de la Seguridad Social a través de diferentes iniciativas y diferentes políticas. Sin embargo, también es cierto que la propia Comisión del Pacto de Toledo sigue insistiendo en que es necesario seguir avanzando en esta línea, por lo que recomienda, en cumplimiento del artículo 49 de la Constitución, que se preste una especial atención a las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, evitando cualquier tipo de discriminación y que a la vez se fomente su plan de integración social y laboral. De la misma manera también nos recomienda que en las diferentes políticas públicas se evalúe el impacto sobre las personas con discapacidad, en especial en las políticas que inciden en el sistema de protección social.


Señorías, señor presidente, hacer seis meses hemos podido ver cómo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2009 presentada por el Gobierno se ha reducido el poder adquisitivo de las clases pasivas, como todas SS.SS. conocen el sistema de protección social de los funcionarios, equivalente a la Seguridad Social. He de recordar que a pesar de la enmienda que había presentado el Grupo Popular, el proyecto siguió adelante, lo que lamentamos. Este cambio de régimen de clases pasivas en las disposiciones adicionales decimotercera y decimosexta de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 afecta en claro sentido negativo a las personas con discapacidad. Ese cambio de régimen de clases pasivas declara incompatibles el percibo de la pensión de retiro por causa de discapacidad con la realización de una actividad laboral privada, cuando eran compatibles. Recuerdo que la incompatibilidad solo afectaba a la realización de otro trabajo en la Administración pública, por ello a miles de funcionarios retirados por causa de discapacidad, tanto a los que ya son pensionistas como a los que lo podrán ser en el futuro. Quiero recordar que muchos de estos funcionarios que resultaron y resultan gravemente perjudicados adquirieron su discapacidad en actos de servicio. Por eso el propio Cermi denunció esta modificación normativa del régimen de clases pasivas que supone un retroceso en las pensiones de los funcionarios retirados a causa de discapacidad y que va en contra de todas las orientaciones europeas de los sistemas públicos de pensiones que han de estimular la actividad de las personas que reciben ayudas y no introducir incompatibilidades y rigideces que expulsan a las personas con discapacidad del mundo del empleo, haciéndoles dependientes en exclusiva de la pensiones. Me gustaría recordar incluso las palabras de una de las representantes de la Federación ECOM que decía que querían ser personas activas, por tanto querían seguir estando el mundo laboral. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular también entiende que cualquier medida que afecte a la Seguridad Social debería debatirse previamente en el marco del Pacto de Toledo y tras una amplia discusión pública, en vez de tratar de realizar modificaciones parciales por la vía de la Ley de Presupuestos del Estado, como se ha hecho en este último del año 2009. Por eso que presentamos esta proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a dar audiencia a los interlocutores cualificados pertenecientes al mundo de la discapacidad y acordar con dichos colectivos en el seno del Pacto de Toledo cualquier medida que pueda incidir en la Seguridad Social de estas personas.


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El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda en nombre del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Bar Cendón.


El señor BAR CENDÓN: Debiera empezar por decir que la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Popular ante esta Comisión me retrotrae a otra distinta en sus términos pero con ciertas similitudes de fondo y que debatimos aquí el pasado día 14 de octubre. Se debatió entonces en torno a la mejora de las pensiones de jubilación de las personas con discapacidad, y conseguimos llegar a una fórmula consensuada que aprobamos por unanimidad. El texto, lo voy a leer muy rápidamente porque es breve, quedó de esta manera. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco de los acuerdos del Pacto de Toledo, y dentro de la revisión que sobre los mismos debe realizarse en la presente legislatura, analice y proponga las medidas que posibiliten una mayor integración sociolaboral de las personas con discapacidad, así como las referidas a su jubilación anticipada. Señorías, la valoración que los distintos grupos hicieron en su día y que recoge el propio "Diario de Sesiones" es coincidente cuando entiende como un paso muy positivo la remisión de la cuestión al Pacto de Toledo, cuya Comisión había de recibir el encargo en el sentido de su mejora. Recuerdo las palabras del portavoz de Esquerra Republicana en ese sentido: que había un impulso en la mejora, y en esos términos debía recogerlo el Pacto de Toledo. Es por esta razón que mi grupo se mantiene fiel al espíritu de lo acordado en su día, al tiempo que confía que así lo harán también los demás. Son acuerdos que además siempre se ven muy reforzados por el clima de consenso que suele presidir esta Comisión y los hacen mucho más factibles.


Centrándome en el tema que se nos plantea hoy, del análisis del texto de la proposición no de ley pueden extraerse conclusiones diferentes si atendemos a la exposición de motivos o a su parte resolutiva. No me voy a detener mucho en la primera precisamente porque entiendo que existen bastantes más diferencias; sin embargo es más fácil y más útil la aproximación a la que podríamos llegar en la segunda, la parte dispositiva. Permítanme si acaso unos breves comentarios, porque en la defensa de la proposición no de ley, así como en la exposición de motivos, la PNL se refiere a esta introducción en los Presupuestos Generales del Estado y a las percepciones que corresponden al régimen de las clases pasivas.


Este debate ya se hizo en su día y quedó zanjado con una votación mayoritaria, y no tendría mucho sentido revisarla o reeditarla ahora en este marco, porque no podemos hacer aquí una segunda vuelta a los Presupuestos Generales del Estado. De todos modos quiero matizar alguna cosa. Por ejemplo, la propia enmienda del Grupo Socialista, aquella referencia a la exclusión de las discapacidades adquiridas en acto de servicio, no quedaba ya referida a la disposición adicional de la que estamos hablando. Creo que no sería justo tampoco hacer una interpretación sesgada aquí de todo aquello, porque lo que se venía a aprobar era precisamente una medida de equiparación, de equilibrio o si acaso de normalización con otros regímenes, y no para mermar la compatibilización de otras fuentes retributivas fruto del trabajo por cuenta propia o ajena. Realmente, si es queremos hablar de compatibilidad, más bien habría que hacer referencia a otras disposiciones que mejoraron sensiblemente la situación y que se dieron en la pasada legislatura; tales son, por citar dos ejemplos, la Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, y la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, que abre la posibilidad de reducción de la edad de jubilación en el caso de personas con discapacidad sin que por ello sea incompatible la percepción de prestaciones con el trabajo remunerado. Ahora bien, pensamos entonces y ahora que el marco más adecuado para el estudio de medidas en materia de Seguridad Social nos remite directamente al marco del Pacto de Toledo que, dicho sea de paso, tiene entre sus finalidades prestar especial atención al impacto de las reformas laborales sobre la Seguridad Social y a su sistema de prestaciones. Distinta cosa es el tema de la interlocución, de la participación o de la consulta a los sectores y colectivos afectados, que es a lo que se refiere la parte dispositiva de la proposición no de ley. En este sentido, lo que quisiera destacar es la voluntad rotunda, absoluta que tienen tanto mi grupo como el Gobierno de escuchar y de hacer partícipes a los colectivos de personas con discapacidad y sus familias en todo lo que pueda referirse a ellos.
Siempre, desde luego, hay espacios para la mejora, pero creo sinceramente que los avances que ha habido en época reciente son más que elocuentes y sirven para hacer buen uso de aquel principio tan reiterado aquí, en esta misma Comisión, de que nada para la discapacidad sin las personas con discapacidad y sus familias. La dinámica seguida por esta Comisión son buena prueba de ello.


Del esfuerzo financiero realizado en los últimos años de que la atención a la discapacidad es una prioridad política absoluta ya dan cuenta los alrededor de 1.600 millones de euros que este año se destinarán al sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, y que tendrán que servir con la corresponsabilidad de las comunidades autónomas para ir dando cumplimiento a las reivindicaciones que hoy mismo hemos escuchado aquí. Si esta inversión no tiene precedentes, creo que hay otros ámbitos novedosos, como la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad, a la que se destinarán 3.700 millones a lo largo de los cinco años en los que se va a desarrollar, de los que precisamente, ya que hablamos de Seguridad Social, 440 millones anuales corresponderán a bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas.
Tanto la estrategia global como el plan se han negociado y se siguen negociando con los agentes sociales en la Mesa de diálogo social y con el sector de la discapacidad representado por el Cermi. En una de las mesas o grupos de trabajo se abordan precisamente aspectos relativos al

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empleo y a la Seguridad Social. Por último, pero tal vez lo más importante, creo que no puede dejar de mencionarse la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad como órgano consultivo que permitirá, que está permitiendo ya, que las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias participen en la planificación seguimiento y evaluación de las políticas que se desarrollan en el ámbito de la discapacidad. Creo que son elocuentes algunas de las declaraciones realizadas por el Cermi en su día, que me he traído. Dice: Nos felicitamos por haber participado en todo el proceso de elaboración de la norma. Añade más adelante: servirá para que no se tome ninguna decisión que afecte a las personas con discapacidad y a sus familias sin que las asociaciones de discapacitados participemos en su diseño, puesta en práctica y evaluación.


En este contexto, y con la voluntad demostrada ya en otras ocasiones, creo que no ha sido difícil abordar una fórmula satisfactoria para todos en cuanto a la redacción de la proposición no de ley que enfatice la voluntad, incluso la necesidad perentoria, de mantener los cauces de diálogo y de participación abiertos para todos los temas que les afecten, incluso los referidos específicamente al ámbito del empleo y las percepciones de la Seguridad Social. Es por ello que hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Popular de transacción, enmienda transaccionada para someterla a la votación de esta Comisión.


Muchas gracias por la voluntad de acuerdo entre los grupos.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo más desea fijar posición? (Denegaciones.)

- SOBRE SUSTITUCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA REVISTA MINUSVAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL CONGRESO (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/000952.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley, punto 8.º, sobre sustitución de la denominación de la revista Minusval. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra la señora Tarruella para su defensa.


La señora TARRUELLA TOMÁS: Como todos ustedes saben, la revista Minusval es una publicación bimestral del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, del antiguo Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, actualmente Ministerio de Sanidad y Política Social. Esta revista a personas con discapacidad, pero también a los profesionales y a las entidades que trabajan en favor del colectivo de estas personas con discapacidad, como se dice en su página web. Esta revista tiene un gran prestigio, una larga trayectoria. Sus orígenes se remontarían al año 1974. Desde su nacimiento hasta ahora la terminología referida a las personas con discapacidad ha variado mucho. Este es el motivo por el que, de la misma forma que han cambiando las denominaciones en las diferentes comisiones y subcomisiones parlamentarias, tal como se ha ido modificando y aceptando por toda la sociedad los diferentes cambios de denominación de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, nos sorprende que todavía el Imserso utilice la denominación Minusval en esta revista.


En mi ciudad, en Lleida, se había realizado durante muchos años una feria de ayudas técnicas dedicada a las personas mayores o con alguna discapacidad que llevaba el mismo nombre, Minusval; nombre que ya en su última edición, hace ya tres años, se propuso que fuera cambiado, denominándose de otra forma. Desgraciadamente la última edición se suspendió por ahora y no sabemos si esta feria dedicada a este campo de la discapacidad tendrá continuación o no, pero está claro que existía también la voluntad de variar esta denominación. Esto nos recordó el nombre de la revista y la necesidad de actualizarnos, cambiando cualquier tipo de denominación que pueda ser utilizada en la actualidad de modo discriminatorio. Es por este motivo que pedimos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a sustituir la denominación de esta revista por cualquier otra más adecuada, más acorde a los tiempos actuales. Ellos mismos pueden elegir cómo quieren llamarla.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Durán.


La señora DURÁN RAMOS: A la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) mi grupo, el Grupo Popular, va a votar a favor. Han sido -lo hemos podido comprobar aquí, en la Comisión, esta mañana- muchas las voces que a lo largo del tiempo se han escuchado pidiendo la no discriminación de las personas con discapacidad, adecuar la terminología y cumplir el Tratado de la ONU. La Convención en su artículo 8, la toma de conciencia, establece en su apartado c): Alertar a todos los órganos y a los medios de comunicación que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente convención. Aunque efectivamente se ha experimentado una evolución para la no discriminación del colectivo en el marco de los cambios legislativos, incluso en el lenguaje utilizado por los ciudadanos, aún tenemos algunas asignaturas pendientes, y una de ellas está reflejada en esta iniciativa.


Todos los que estamos aquí, señorías, estamos de acuerdo en que las personas con discapacidad son ciudadanos de pleno derecho con capacidad para participar y contribuir al bienestar y desarrollo de nuestra sociedad. En el punto 6.º del orden del día de la Comisión de Discapacidad de esta mañana, el Grupo Socialista hacía alusión también a los cambios de nomenclatura, y por ello encontramos, como nos presentan esta mañana aquí, unos cambios importantes en el nombre de esta publicación dependiente del Imserso, que es la revista digital

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Minusval, dirigida a personas con discapacidad funcional. Hay también algunas publicaciones más. Si SS.SS. consultan alguna publicación o manual de circulación pueden comprobar que también existe terminología no muy adecuada a los tiempos en que estamos actualmente; vean los manuales de circulación. En estos todavía se hace referencia a los discapacitados diciendo que son impedidos en silla de ruedas. Yo creo que ahora mismo, con la ratificación del Gobierno el día 3 de diciembre de 2007 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, estamos obligados a estas modificaciones: revisar las terminologías y, conjuntamente con las asociaciones, darles la nomenclatura que ellas -personas con los mismos derechos ahora en nuestra sociedad- nos demandan, y que además se haga en el tiempo mínimo, como hemos podido escuchar aquí también a las asociaciones que han comparecido a primera hora de la mañana.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cabañes.


El señor CABAÑES ANDRÉS: Realizaré una corta intervención y ya adelanto el voto favorable del Grupo Socialista a esta iniciativa.


En 1973 se crea el Imserso como Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y se mantiene con este acrónimo hasta la actualidad, pero en el año 2004 se cambia el significado de la eme y pasa a llamarse Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que en la actualidad es dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social. A lo largo de todos estos años se han ido modificando sus competencias, sus objetivos y sobre todo su manera de entender a quiénes va dirigida su actuación. En 1974 y bajo los auspicios del Serem, Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos de la Seguridad Social, se empieza la edición de una revista dirigida a los usuarios del Imserso que se llamó y se llama Minusval. Se trataba de un instrumento de diálogo entre las personas con y sin discapacidad que a lo largo del tiempo, de todo el recorrido hasta la actualidad, ha ido ampliando, modificando, actualizando contenidos y el tejido asociado al que se dirige, ampliando así su meta inicial. En la actualidad Minusval es, como bien ha dicho la señora Tarruella, una publicación bimestral dirigida a personas con discapacidad y a los profesionales y/o entidades que trabajan en favor de personas con discapacidad. Tiene como objetivos informar sobre la problemática de la discapacidad, tanto física como psíquica y sensorial, y ser un canal de documentación profesionalizada en el ámbito de la discapacidad. Se dirige a profesionales del campo de la discapacidad en distintas áreas, como educación, salud, mundo laboral, a los empresarios, a los organismos de las administraciones centrales, autonómicas y locales, a las ONG y a las personas con discapacidad. Como todos conocemos, a lo largo del tiempo han cambiado conceptos, terminologías, leyes, recomendaciones de organismos nacionales e internacionales en relación con la discapacidad.
La Convención de la ONU del año 2007 ha obligado a recomponer todas nuestras ideas y en este contexto la palabra minusval, por minusválido, no parece la más indicada para una revista que en su planteamiento editorial, objetivos y actores sí se está adaptando a la nueva situación.
Es por esto que el consejo editorial de la revista Minusval está estudiando en la actualidad la sustitución de su título por otro que se ajuste mejor a las exigencias de la legislación española vigente y de las recomendaciones emanadas de los organismos internacionales. Creemos, por tanto, que la proposición no de ley que plantea Convergència i Unió es adecuada en tiempo y forma, coincidiendo además con el cronograma de la revista. Por tanto nuestro voto, como antes indiqué, será favorable a esta propuesta.


El señor PRESIDENTE: Finalizado el orden del día, ya que de acuerdo con la orientación previa se ha superado el tiempo para votaciones, vamos a proceder inmediatamente a las mismas.


Se somete a votación la proposición no de ley presentada por Grupo Parlamentario Socialista en sus propios términos, dado que no tiene enmiendas, para la adopción de una legislación específica de ámbito europeo sobre no discriminación e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


La proposición sobre medidas para disponer de datos actualizados de empleo de las personas con discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, se vota en los siguientes términos, de acuerdo con la proposición original. Voy a dar lectura a la misma. Quedaría así: Contemplar durante el año 2009, en el Plan de acción previsto en la estrategia global de acción para el empleo de las personas con discapacidad, las bases para su posterior explotación estadística de una información anual sobre el mercado de trabajo de las personas con discapacidad y tasas de actividad, así como la publicación por los servicios públicos de empleo de datos de empleo y paro de las personas con discapacidad. Posteriormente se incorporará el módulo específico de empleo de personas con discapacidad con los detalles específicos de sexo, grupo de deficiencia, sector de la actividad económica en el que trabaja, empleo autónomo o por cuenta ajena, accesibilidad, transporte y ayudas técnicas necesarias para la actividad laboral. El resto, los dos puntos originales se mantienen tal y como estaban en la proposición no de ley inicial del Grupo Parlamentario Popular. ¿Quedan claros los términos de la votación? (Pausa.) Se somete la misma a votación.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


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Votamos el punto 5.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto para instar al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para eliminar las disposiciones que entran en conflicto con la legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad, evitando cualquier trato discriminatorio. Después de las enmiendas aceptadas por la señora Díez quedaría en los siguiente términos: 1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir entre las materias a tratar, en los trabajos previos que se están llevando a cabo para la adaptación de nuestra legislación a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, la revisión de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, a fin de evitar cualquier trato discriminatorio. 2. Regular los apoyos materiales y humanos necesarios que permitan a las personas con discapacidad llamadas a ser jurado el desempeño de esa función con normalidad y en condiciones de igualdad. ¿Quedan claros los términos de la votación? (Pausa.) La sometemos a su consideración.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votación del punto 6.º del orden del día, relativo a la necesidad de divulgar la accesibilidad integral y los productos de apoyo incrementándose su difusión en el año 2009, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la creación del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, Ceapat, presentada por el Grupo Socialista. Se vota en los siguiente términos después de las enmiendas presentadas: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a divulgar la accesibilidad integral y los productos de apoyo, ayudas técnicas, incrementando su difusión en 2009 coincidiendo con el 20 aniversario de la creación del Ceapat, impulsando el foro Iproad y el desarrollo de su actividad, así como a realizar las acciones necesarias para la selección de productos, compartiendo información y/o recursos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿Quedan claros los términos de la votación? (Pausa.) La sometemos a su consideración.


Efectuada la votación, dijo el señor presidente

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votación del punto 7.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso con el objetivo de dar audiencia a los interlocutores del mundo de la discapacidad para cualquier medida que incida en la Seguridad Social de dicho colectivo. Sometemos a votación la siguiente transaccional: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proseguir el diálogo con los interlocutores cualificados pertenecientes al mundo de la discapacidad a fin de mantenerles informados, recoger sus sugerencias y propuestas, estableciendo vías de consenso con dichos colectivos en el seno del Pacto de Toledo sobre las medias que puedan incidir en la Seguridad Social de las personas con discapacidad. En estos términos se vota.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre sustitución de la denominación de la revista Minusval, que se presenta a votación en los propios términos de la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos el punto 9.º y último del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre la creación de un mecanismo independiente de seguimiento de la Convención internacional de los personas con discapacidad de Naciones Unidas. Quedaría redactada en los siguientes términos: 1. El Congreso de los Diputado entiende necesaria la creación de un organismo consultivo que refuerce y asesore a la institución del Defensor del Pueblo en su papel de mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de la personas con discapacidad. 2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recabar en el menor plazo posible los informes pendientes de los departamentos correspondientes y del Consejo de Estado para determinar el organismo privado no gubernamental consultivo de seguimiento de la Convención internacional de la derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, para reforzar y asesorar a la institución del Defensor del Pueblo. El 2 b diría: Garantizar el control parlamentario del organismo consultivo. En esos términos se somete a votación.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Agotado el orden del día, muchas gracias, señoras y señores diputados.


Se levanta la sesión.


Era la una y treinta minutos de la tarde.

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