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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 307, de 16/06/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 307
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 24 celebrada el martes 16 de junio de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar del proyecto de ley por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. (Número de expediente 121/000015.)... (Página 2)

Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario.
(Número de expediente 121/000015.)... (Página 2)

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Proposiciones no de Ley:

- Relativa a la simplificación de la declaración-liquidación del impuesto sobre sociedades y la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000390)... (Página 8)

- Relativa al establecimiento de una moratoria para la renovación de las autorizaciones del transporte de mercancías por carretera. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001077.)... (Página 9)

- Sobre la asignación tributaria del 0,7% del IRPF destinada a otros fines de interés social de carácter ambiental. Presentada por el Grupo Parlamentario de esquerra republicana-izquierda unida-iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001000.)... (Página 12)

Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO. (Número de expediente 121/000015.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Empezamos con el proyecto de ley. En primer lugar, tenemos que proceder a la ratificación de la ponencia. ¿Se ratifica? (Asentimiento.)

Queda ratificada por asentimiento.


APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO INMOBILIARIO.
(Número de expediente 121/000015.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la defensa de las distintas enmiendas por el orden en el que han sido presentadas. En primer lugar lo hará el señor Sánchez i Llibre, de Convergència i Unió.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado 65 enmiendas y ha llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en 30 enmiendas, cuyo contenido más relevante voy a explicar rápidamente. Informo a la Mesa que vamos a retirar el resto de enmiendas en las que no hemos llegado a un acuerdo, que no vamos a detallar cuáles son, y solamente vamos a someter a votación la enmienda número 111.


Respecto a las enmiendas dirigidas única y exclusivamente a las Socimi, que son las sociedades de régimen fiscal especial, orientadas básicamente a impulsar el mercado de alquiler en España y a atraer fondos soberanos y mercados de capitales para poder incrementar la competitividad de los mercados de valores y al mismo tiempo dinamizar el mercado inmobiliario con una rentabilidad estable y una distribución obligatoria de beneficios, hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en la dirección de reforzar todos aquellos mecanismos fiscales y financieros de las Socimi para poder ampliar su capacidad de autofinanciación y, al mismo tiempo, darles más flexibilidad, hacerlas más atractivas, atraer más inversores nacionales e internacionales y poder convertir en Socimi muchas sociedades que existen actualmente en el mercado, tanto desde la óptica inmobiliaria como desde la financiera.


Yendo directamente a las enmiendas más relevantes sobre las que hemos llegado a un acuerdo, explicaré básicamente los aspectos más importantes que hemos conseguido introducir, de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, que van en la dirección de incluir en el objeto social de las Socimi la actividad de rehabilitación, que era un aspecto que no estaba contemplado en la ley. También se introducen en su objeto social la tenencia de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva inmobiliaria y la obligación de distribución del 50 por ciento de los beneficios obtenidos por la participación en estas instituciones.
Se elimina el requisito por el cual las Socimi y los REIT participados por Socimi únicamente podían tener participaciones en otras Socimi o REIT; se incrementa el porcentaje permitido de rentas procedentes de actividades accesorias del 15 al 20 por ciento; se reduce el porcentaje obligatorio de inversión de las Socimi en bienes inmuebles destinados al arrendamiento, pasando del 85 al 80; se reduce el porcentaje obligatorio de rentas procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles y dividendos del 85 al 80; se permite que el cómputo de diversificación de inversiones inmobiliarias se compute

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sobre el balance consolidado; se elimina la obligación de distribuir íntegramente los beneficios de actividades sujetas al tipo general de gravamen; se eleva el porcentaje de financiación procedente de los recursos ajenos del 60 al 70 por ciento; se declaran exentas -y esta es muy importante- el 20 por ciento de las rentas procedentes del arrendamiento de viviendas, siempre que el 50 por ciento del activo de las Socimi esté formado por viviendas. Esta era una enmienda que nos solicitaban básicamente los grupos de inversores nacionales dedicados a la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Se permite la deducción de reinversión cuando la renta está sujeta al tipo general de gravamen del impuesto sobre sociedades; se introduce la presunción de la existencia de motivos económicos válidos en las operaciones de reorganización realizadas por las creaciones de Socimi; podrá aplicarse el régimen fiscal de las Socimi a entidades que estén realizando las operaciones necesarias para adaptarse a los requisitos exigidos por dicho régimen a condición de que se cumpla el plazo de dos años desde su aplicación; se reducen los plazos del mantenimiento de bienes inmuebles para todas aquellas sociedades que apliquen el régimen de Socimi hasta el 20 por ciento. Desde la óptica fiscal, ha habido un cambio sustancial en referencia al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y a las operaciones societarias, en el sentido de permitir la exención de las operaciones de constitución y aumento de capital de las Socimi y de aportaciones no dinerarias y, al mismo tiempo, la bonificación del 95 por ciento por la adquisición de viviendas y terrenos para la promoción de viviendas para el arrendamiento, siempre que se cumpla en el requisito de mantenimiento el artículo 108. También existe la posibilidad de transformación en Socimi de las instituciones de inversión colectiva y a la inversa y se permite la posibilidad de transformación de las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria en fondos de inversión y a la inversa. Por tanto, este es un paquete de enmiendas que van en la dirección de reforzar el mercado de capital de todas aquellas sociedades que se van a convertir en Socimi en los próximos meses.


Hay otro grupo de enmiendas que hemos definido como colaterales. Hemos aprovechado esta tramitación para impulsar la economía productiva española a través de modificaciones fiscales y financieras en aspectos tan relevantes en la economía española como el impulso a la rehabilitación de las viviendas como uno de sus futuros motores.
Probablemente a través de la enmienda 119, cuando esté materializada la aportación final del Estado, la industria de la rehabilitación en España pueda ser uno de los motores de la economía española. En esta enmienda hay un compromiso del Gobierno a lo largo de este ejercicio para llevar, a través de esta disposición adicional segunda, una calificación de lo que nosotros denominamos obras análogas de rehabilitación, para que puedan tributar a un tipo de IVA del 7 por ciento en vez del 16 por ciento y que puedan incorporarse todas aquellas obras de adecuación estructural, considerando como tales las obras que proporcionan la edificación en condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad de resistencia mecánica o las de refuerzo o adecuación de la cimentación o la instalación de elementos elevadores, las obras de albañilería, fontanería y carpintería. Todas estas son cuestiones que hemos planteado al Gobierno y, en el plazo de seis meses, este llevará al Parlamento una modificación importante del IVA para potenciar la industria de la rehabilitación en prevención de lo que pueda venir en el futuro, para poder compensar el descenso que se pueda producir en la industria de la construcción en la economía española.


Hay una segunda enmienda muy importante, la número 122, en la que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno y mediante la cual se va a impulsar la vivienda de alquiler con opción de compra rebajándose el IVA del 16 por ciento al 7 por ciento o del 7 por ciento al 4 por ciento. Esta era una gran demanda del sector de la construcción de viviendas de alquiler y finalmente hemos podido consensuar con el Gobierno para que en todas aquellas opciones de compra a través de viviendas de alquiler ya se pueda aplicar de entrada el tipo reducido del IVA del 4 o del 7 por ciento.


Hay un tercer aspecto importante, relativo a todas las medidas que van en la dirección de reforzar los recursos propios de las pequeñas y medianas empresas para poder incrementar su autofinanciación, que está recogido en la enmienda número 110, mediante la cual se va a permitir un tratamiento fiscal más favorable, del 18 por ciento en lugar del 42 por ciento, en todas aquellas operaciones societarias de compañías vinculadas para recursos cedidos para mejorar la financiación. Aquí había una discriminación importante en todos aquellos aspectos de recursos cedidos entre las entidades financieras y las pequeñas y medianas empresas, y ahora hemos podido llegar a un acuerdo con el fin de equilibrar u homologar que todas aquellas operaciones societarias vinculadas puedan tributar al 18 por ciento por todos los recursos cedidos en lugar de hacerlo al 42 por ciento.


El cuarto punto se refiere a las enmiendas números 100 y 102, que van en la dirección de reforzar los recursos propios de los holdings empresariales cotizados en bolsa en España rebajando el grado de participación de la sociedad cotizada del 75 al 70 por ciento. Este también es un primer paso importante para mejorar todos aquellos aspectos que van en la dirección de poder reforzar los recursos propios de las sociedades cotizadas en los holdings con el fin de poder trasladar muchísimas más acciones al público en general, pasando ya del 75 al 70 por ciento.


También consideramos relevantes las enmiendas 124 y 125, que van en la dirección de modificar el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores en el sentido de facilitar operaciones societarias e impulsar la actividad económica para mejorar la fiscalidad tributando menos por operaciones societarias, o sea al 1 por ciento y no al 7 por ciento por el impuesto de transmisiones patrimoniales, cuando se produzca una operación de compra o venta de compañías con más del 50 por ciento de inmovilizado pero con

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todo este inmovilizado afecto a la actividad empresarial. Esta también es una cuestión reiterada que lógicamente ahora va a beneficiar a un determinado sector de la economía española, básicamente a todos aquellos sectores inmersos en las actividades ligadas a los servicios industriales. Con dicha tributación vamos a impulsar todas las operaciones societarias orientadas a incrementar la actividad económica.


Finalmente hay otro aspecto que va en la dirección de beneficiar, orientar y flexibilizar la fiscalidad de las motocicletas. Hemos llegado a un consenso con una enmienda que hemos presentado que va en la dirección de rebajar la fiscalidad en un 20 por ciento aproximadamente en el impuesto de matriculación de todas las motocicletas en función de las emisiones de CO2, en contrapartida de todo aquel incremento que se produjo en exceso en la Ley 4/2008, y también en función de la potencia. Estas son todas las enmiendas respecto de las que hemos llegado a un acuerdo favorable con el Grupo Parlamentario Socialista.


Paso a defender la última enmienda. Pese a no haber llegado a un acuerdo, vamos a someter a votación la número 111, que va en la dirección de aplicar el límite de la exención de las rentas por indemnización por despidos improcedentes -45 días por año trabajado, con el límite de las 42 mensualidades- a los despidos colectivos a través de ERE, que actualmente está en 20 días por año trabajado, con el límite de las 12 mensualidades.


Al mismo tiempo quiero informar a SS.SS. de que hay otros aspectos relacionados con las Socimi y para mejorar la fiscalidad de todos aquellos REIT que van a invertir en las Socimi españolas en un segundo nivel de jurisdicción respecto de los que estamos intentando llegar a un consenso con el Gobierno para que se pueda efectuar la implementación de la enmienda número 85, de Convergència i Unió, que ahora vamos a retirar pero que seguiremos negociando con el Grupo Parlamentario Socialista a fin y efecto de poder equilibrar todas aquellas fiscalidades de los REIT o inversores que en segunda o tercera jurisdicción puedan invertir en las Socimi españolas y puedan gozar de los mismos beneficios fiscales de que gozan en otros países de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Nuestro grupo ha presentado unas 37 enmiendas a esta ley y en primer lugar quería destacar los logros, para, seguidamente, destacar lo que nos falta y en tercer lugar decir también lo que no se incorpora y que a nosotros nos parece relevante.


El elemento más positivo que incorporamos en la ley es el que se refiere a la mejora en la fiscalidad en el alquiler con opción de compra, con una reducción de hasta el 7 por ciento del IVA en general y hasta el 4 por ciento en las promociones de régimen especial y de promoción pública.
Entendemos que esta es una medida positiva e imprescindible en un contexto de fuerte parque inmobiliario, un parque importantísimo, más grande que nunca, y en el que tenemos que desplazar vivienda que se destina a la venta a vivienda que se destine al alquiler. El alquiler con opción a compra es precisamente una de las opciones en la actual situación que creemos que es mejor y que puede dar una salida. Por tanto entendemos, y así lo planteamos en las enmiendas, que precisamente es una buena noticia.


El segundo elemento que quería destacar y que en cambio es una mala noticia es que no se ha tenido en cuenta la enmienda que presentamos sobre la desgravación del IRPF de las ayudas y prestaciones para ayudar al pago del alquiler de las familias con ingresos más bajos. Y es que parece sorprendente pero es así, hoy aquellas familias con ingresos más bajos que reciben ayudas para el alquiler tienen que tributar por esos ingresos; no nos parecía razonable que esto fuese así y por tanto entendíamos que tenía que haber un cambio. Para nosotros sería muy relevante que esto se incorporase y entendemos que es falta de sensibilidad que esto no se pueda llegar a incorporar.


Por lo que hace referencia a la rehabilitación, entendemos que la transacción a la que hemos llegado supone una cierta mejora, sin más, no es, ni de lejos, aquello que pedíamos; entendemos que aún nos quedamos lejos de lo que planteábamos.


Cuarto elemento. Nosotros entendíamos que, en cambio, tenía que haber un mayor porcentaje de desgravación en algunos casos para que las Socimi y aquello que provenía precisamente de inmuebles que destinaban al alquiler, tuviesen una mayor desgravación. Ese 20 por ciento que se nos plantea en la transacción del Grupo Parlamentario Socialista es algo, pero entendemos que va a hacer que las Socimi sean, si ustedes me lo permiten, un instrumento más entre la marea de múltiples instrumentos, pero que no cumple la función para la que se ha diseñado. Este es un elemento que, la verdad, nos preocupa.


A partir de aquí, voy a relatar algunas enmiendas. En las enmiendas 3, 4, 5 y 6 hacíamos referencia a que las Socimi tuviesen precisamente como finalidad la tenencia de participaciones en el capital de entidades no residentes en el territorio español. No entendíamos ese objetivo; teníamos dudas sobre si eso se tenía que mantener tal cual estaba en la ley. No han sido atendidas ninguna de estas enmiendas.


En la enmienda número 9 planteábamos la supresión del apartado 1 del artículo 3, que hacía también referencia a bienes inmuebles en el extranjero, con el mismo sentido que las anteriores enmiendas. En nuestra número 10 modificábamos el artículo 3 en su apartado 4, entendiendo precisamente que tenía que garantizarse que en vez de cinco fuesen tres los inmuebles que formasen parte de las Socimi. En la enmienda número 12, que también quiero destacar, lo que hacemos es una propuesta de fiscalidad más ajustada a los tiempos que corren. El presidente Zapatero anunciaba como algo nuevo lo de las desgravaciones en materia de vivienda; nosotros lo veníamos reclamando en la Comisión de Vivienda durante una legislatura en escenarios de crecimiento y cuando sí que teníamos que intentar desinflar el globo de la construcción,

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y se nos negó. En esta enmienda número 12 nuestro grupo parlamentario plantea una fiscalidad más apropiada que proteja a la vivienda en alquiler, a la vivienda protegida y grave a la vivienda desocupada. Nos parece de sentido común por parte de un gobierno que se reclama progresista, pero digamos que son enmiendas de la Comisión de Economía a las que al llegar al ministerio se les da carpetazo; ni se miran ni se escuchan ni se ven ni se leen, y ya está. Pues bien, nosotros queríamos que esta enmienda se estudiase aquí, pero sabemos que hay ministerios donde hay determinadas enmiendas fiscales que ni tan siquiera se escuchan porque se entiende que el pacto natural en la Comisión de Economía es con otros. Lamentablemente es así, pero quería destacar esta enmienda número 12. De la misma manera, la enmienda número 13 plantea propuestas de fiscalidad sobre las viviendas desocupadas que entendíamos que son factibles, posibles, y que lamentablemente en España nunca han salido adelante. Eso permitiría precisamente que, aparte de los incentivos, se introduzcan también elementos que graven la vivienda desocupada y que esto sea proactivo para garantizar que esta vivienda desocupada pase a ser una vivienda en alquiler, en alquiler con opción a compra o cualquiera de las fórmulas que estamos viendo que existen hoy en el mercado.


En nuestra enmienda número 14 se propone establecer una regulación específica de las viviendas que son objeto de contratos de arrendamiento con opción a compra, a efectos de determinar si su transmisión contribuye precisamente a agilizar el mercado. Es verdad que ha habido avances, que la transacción es positiva, como he citado, pero lamentablemente aún podríamos haber ido incluso un poco más allá.


De nuestra enmienda número 15 destaco que considerábamos precisamente que las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial que se dirigiesen a adquirientes o usuarios con ingresos inferiores a 4,5 veces el Iprem, cuando las entregas se efectuasen por sus promotores, tendrían límites y además estarían exentas de tributación. Nos parecía razonable, pero es una enmienda que lamentablemente no ha sido atendida.


La enmienda número 16 hablaba de rehabilitación. En la enmienda 17, como les hemos anunciado, en relación a los alquileres con opción a compra, hemos llegado también a una transacción. Después, en las enmiendas 18 y 19, que son enmiendas de adición, lo que planteábamos precisamente son tipos reducidos en determinado tipo de vivienda en materia de IVA.


En la enmienda número 20 añadíamos una nueva letra al artículo 7, con excepción de las ayudas a alquiler de vivienda habitual. En el resto de enmiendas planteábamos también políticas que, por un lado, introducían desgravaciones mayores, y, por otro lado, una política de gravar la vivienda desocupada, con una lógica de bonus malus. Tengo que decir también que en la enmienda número 21, en la línea de lo que anunciaba el presidente del Gobierno, hemos planteado la reducción de la base máxima de la deducción de vivienda habitual para que pase de 9.000 a 6.000 euros, beneficiando, por tanto, a aquellas rentas medias o bajas que pueden llegar a pagar hasta 6.000 euros al año, que es una cantidad nada despreciable, pero entendiendo precisamente que tampoco teníamos que subir hasta los 9.000 euros la desgravación.


Simplemente relato todas estas enmiendas. Tengo que decir que para nosotros lo que se incorpora es claramente insuficiente; que sí se solventa el tema del alquiler con opción a compra, pero en el resto de aspectos las soluciones no son positivas. Para nosotros, el ser o no ser hoy de la ley sería el hecho de que la desgravación del IRPF de las ayudas y prestaciones para ayudar al pago del alquiler de las familias con ingresos más bajos no tributasen como hoy tributan. Nos parece justo, equitativo, razonable. Para nosotros, pese a que introducimos muchas más medidas, y la portavoz socialista lo sabe, este sería, en definitiva, el ser o no ser, si en algo tuviésemos que medirlo, de nuestro apoyo o no a la ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Tomé.


El señor TOMÉ MUGURUZA: En mi intervención quiero distinguir cuatro aspectos: en primer lugar, una valoración inicial de lo que supone el régimen de las Socimi como nuevo instrumento financiero en nuestro país; en segundo lugar, una consideración de cómo se ha recibido este régimen en España para, a continuación, pasar a exponer nuestras enmiendas y valorar el acuerdo que por parte del Grupo Parlamentario Socialista se nos ofrece como paquete transaccional.


En primer lugar, nos alegremos de que se reciba en nuestro ordenamiento jurídico un régimen como el de las Socimi, un nuevo instrumento financiero que va a permitir, o que debería permitir, una gestión profesional en el mercado de alquiler de inmuebles buscando estabilidad a largo plazo en la inversión, además con la liquidez que ofrece el acceso a Bolsa e, insisto, una gestión profesional. Sin embargo, haciendo abstracción del momento en el que se incorpora a nuestro ordenamiento esta figura, que ha sido criticada por algunas posiciones diciendo que puede tener más o menos éxito en función de las actuales dificultades los mercados financieros a nivel internacional y en España -a nosotros nos parece que las reformas estructurales hay que abordarlas con independencia del ciclo económico-, nos preocupan los motivos que se alegan en este momento para recibir esta figura financiero tributaria en nuestro ordenamiento jurídico. Se habla en la exposición de motivos de la norma de que es un instrumento que viene a dinamizar el mercado inmobiliario, a minimizar los impactos negativos del ciclo económico o que es un instrumento dirigido al pequeño y mediano accionista. Yo creo que si introducimos las Socimi con este ánimo nos podemos equivocar; un instrumento financiero que busca financiación estable y a largo plazo para el sector inmobiliario en régimen de alquiler no se puede confundir con los instrumentos de lucha contra la crisis.


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Se opta, además, por una regulación que podríamos denominar como la del rey castizo, es decir, se está trayendo a nuestro ordenamiento una figura que allí donde ha tenido éxito -en algunos países de régimen jurídico anglosajón- sobre la figura del trust se ha buscado un vehículo societario completamente transparente que atribuye las rentas a sus socios, que es absolutamente neutral desde el punto de vista tributario y que hace tributar esas rentas inmobiliarias obtenidas en sede de los socios con independencia de que sean pequeños, medianos, residentes o no residentes de acuerdo con su régimen específico. En ese sentido, aquí se ha optado por un régimen complejo con una tributación mínima a cuenta, añadiendo más complejidad a la tributación de las rentas inmobiliarias en nuestro ordenamiento, en las que ahora va a haber una pluralidad de regímenes tributarios heterogéneos como puede ser el que se aplica a las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria, fundamentalmente fondos de inversión inmobiliarios, sociedades de inversión inmobiliaria y también sociedades patrimoniales dedicadas al alquiler de inmuebles, que tienen una tributación específica en el impuesto sobre sociedades o el propio régimen singular de los rendimientos del capital inmobiliario en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por eso, con estas características que hacen nuestro sistema peculiar y no comparable a esos real estate investment trust que han triunfado en otros países, probablemente nos encontremos con que este sea un régimen que habrá que ver cómo evoluciona, ver si tiene éxito y que quizá se tendrá que revisar en el futuro. Nos preocupa ahora -y por eso sí que pediríamos la máxima diligencia, por ejemplo, a las autoridades de defensa de los inversores como puede ser la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores- que con ese ánimo coyuntural de lucha contra la crisis que atribuye al instrumento la propia exposición de motivos se quiera utilizar de forma coyuntural este instrumento para determinadas operaciones de saneamiento de balances en las que se puedan ver involucrados pequeños ahorradores.
En ese sentido nosotros hemos presentado una serie de enmiendas que van destinadas a mejorar en aspectos concretos la fiscalidad de la tributación de las rentas inmobiliarias, la tributación del sector inmobiliario. Algunas se refieren al propio régimen de Socimi, otras tienen un alcance más general; por ello damos la bienvenida y nos vamos a adherir a parte de la transacción que se nos ha ofrecido, en concreto la que afecta a las enmiendas 48, 50, 52, 53, 54 y 57, del Grupo Popular; no la enmienda primera transaccional que se nos ofrece que alude a la enmienda 53, del PP, porque su contenido tiene otra naturaleza. Por esta vía y mediante estas enmiendas se va a poder equiparar el régimen de las Socimi y de las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria a efectos del impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados; aplicar un régimen de neutralidad semejante al de las operaciones de reestructuración empresarial con neutralidad fiscal en la entrada de los bienes inmobiliarios en las Socimi; permitir la transformación de instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria en las Socimi obteniendo mayor liquidez para los accionistas que ahora, en ocasiones, padecen la inliquidez del mercado inmobiliario y favorecer aquellas Socimi que inviertan preferentemente en viviendas para alquiler.
Una enmienda transaccional muy importante es la que se refiere a la enmienda 57, del Partido Popular, que mejora el tratamiento en el impuesto sobre el valor añadido de las operaciones de alquiler con opción de compra, asimilándolas a lo aplicable en las operaciones de adquisición de viviendas.


Mantenemos el resto de nuestras enmiendas. Con la 49 se pretende introducir mayores requisitos con intermediación de un tasador independiente conforme a la legislación del mercado inmobiliario en la valoración a precios de mercado de los balances de las Socimi; las que se refieren -y nos parece muy importante- a la ampliación de la deducción por adquisición de vivienda habitual hasta el 25 por ciento y hasta el límite de 10.000 euros adicionales que facilitaría la adquisición de viviendas en estos momentos de crisis económica. En este mismo sentido, la enmienda 59 también permite ampliar las condiciones en las que se permite mejorar las condiciones referentes a la cuenta ahorro vivienda, extendiendo su alcance hasta seis años y permitiendo seguir haciendo aportaciones durante todo ese periodo, favoreciendo por tanto el ahorro de las familias para la adquisición de vivienda. Nos parecen también importantes las enmiendas 55 y 58, que vendrían a clarificar, a simplificar y a dar mayor neutralidad a la tributación del sector inmobiliario. La primera se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas y pretende asimilar la tributación de los rendimientos del capital inmobiliario al resto de las rentas del capital, tributación como renta del ahorro. En la práctica dual, con este régimen con el que está funcionando nuestro impuesto sobre la renta actualmente nos parece injustificada la discriminación que existe en lo que se refiere a las rentas del capital inmobiliario. Nos parece también importante la enmienda 58 que pretende eliminar en parte la doble imposición que se produce en la transmisión de bienes inmuebles al concurrir sucesivamente el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, produciendo además un efecto cerrojo que dificulta el funcionamiento del mercado secundario, encarece precios, etcétera.


Nos vamos a adherir también al paquete que se nos ofrece de enmiendas transaccionales por cuanto que entendemos que favorecerá determinadas operaciones de reestructuración empresarial en estos momentos, evitando situaciones de incertidumbre, inseguridad jurídica o doble imposición que se producen en la práctica. En particular, valoramos muy positivamente el acuerdo que se ha alcanzado sobre la fiscalidad de las motocicletas a efectos de su tributación en el impuesto de matriculación, impuestos especiales, etcétera, pues actualmente existe una discriminación que nuestro grupo ha defendido eliminar con distintas iniciativas que ha presentado en esta Cámara.


Finalmente, se nos han ofrecido otras enmiendas que nos parecen interesantes, como la que se refiere a la revisión

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del tratamiento de las indemnizaciones en casos de expedientes de regulación de empleo en el impuesto sobre la renta. Este es un aspecto que nuestro grupo pretende discutir en el contexto del proyecto de ley de medidas en materia de empleo, actualmente en fase de presentación de enmiendas en esta Cámara.


Como valoración final, bienvenida la introducción de un régimen que va a favorecer el desarrollo de los mercados de capitales para la financiación del sector inmobiliario, tanto residencial como no, y nuestro escepticismo sobre la forma singular con que se ha hecho en España y nuestra llamada a la prudencia y a la vigilancia de las autoridades a la hora de su aplicación en unos momentos de crisis económica.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene ahora la palabra la señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Hoy vamos a aprobar en el Congreso esta ley que supone la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una figura societaria nueva, las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario -permítanme que las llame Socimi para entendernos-, que existe en numerosos países, en algunos desde hace muchos años -tantos como casi setenta en Estados Unidos-, pero en otros, en Europa, es muy reciente. Son instrumentos de inversión -lo han dicho los portavoces- cuyo objetivo es poner en el mercado inmuebles de alquiler de todo tipo, incorporando también los dedicados a la vivienda, a los cuales me referiré más tarde. Estos dos objetivos se obtienen a partir de un régimen fiscal favorable y se obtiene también transparencia y control exigiendo que estas sociedades coticen en Bolsa y repartan obligatoriamente sus beneficios. Es decir, es también un instrumento que permite aumentar las posibilidades de inversión del pequeño y mediano accionista.


Se han presentado muchas enmiendas, casi 130, y me gustaría referirme a ellas organizadas en tres grupos. En relación con el primero, las que se refieren a la forma de las Socimi, debo agradecer la aceptación de todos los grupos del modelo propuesto por el Gobierno. El portavoz del Grupo Popular le ha llamado castizo porque tiene unas características un poco diferentes. Yo le llamaría más adecuado a nuestra realidad fiscal, económica y jurídica en el marco de la Unión Europea. En este campo hemos aceptado un conjunto de enmiendas pactadas con el Grupo de Convergència i Unió pero también con los otros grupos, que lo que hacen es que la figura sea más amable y flexible y seguramente más eficiente. Recuerdo que hablando por teléfono con el señor Tomé resumía este tipo de enmiendas como que habíamos creado holguras. Me gustó esta expresión. Es verdad, entre todos hemos hecho un traje un poco más adecuado, flexible y eficiente.


Sobre todo me gustaría referirme al segundo grupo de enmiendas, que también ha recibido el apoyo de todos los grupos y que para el Grupo Socialista tiene una importancia especial, que son las que permiten impulsar y facilitar aún más el mercado de viviendas de alquiler. La mejora de mercado de alquiler de viviendas es uno de los objetivos del Gobierno socialista. Es compartido por casi todos los grupos, y digo casi porque el Grupo Popular apoya algunas enmiendas que lo mejoran pero también ha presentado enmiendas como, por ejemplo, la de aumentar aún más la desgravación de la compra de viviendas que van precisamente en el sentido contrario. A pesar de esta pequeña contradicción, creo que hemos llegado a un buen acuerdo. Hay cuatro medidas que me gustaría poner de relieve. Una es continuar reforzando la rehabilitación de inmuebles como una de las actividades importantes en este mercado ahora y aquí. Para ello no solo se explicita que las Socimi pueden rehabilitar inmuebles como parte de su negocio, sino que además se aplica un tipo reducido del 16 al 7 a estas actividades. Hemos llegado a un acuerdo con todos los grupos que consiste en que debemos respetar los acuerdos del grupo de trabajo de Hacienda entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, porque no se nos escapa que cualquier modificación en el IVA tiene también repercusión en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que es de gestión y rendimiento de las comunidades autónomas. Hay una tercera medida que también consideramos importante y sobre la cual hemos llegado a un acuerdo, que es impulsar definitivamente el arrendamiento de inmuebles con opción a compra, pasando el IVA del 16 al 7 por ciento. Una cuarta medida con la que el señor Sánchez i Llibre ha expresado su acuerdo y el señor Herrera que le gusta pero que quizá considera insuficiente -a nosotros nos parece que es un buen acuerdo entre las partes- consiste en mejorar aún más el régimen fiscal de las Socimi para aquellas rentas que se obtengan del arrendamiento de las viviendas. Vamos a rechazar el resto de enmiendas relativas a la fiscalidad de las viviendas porque o bien son manifiestamente contrarias -como he señalado en el caso de la enmienda del Grupo Popular, que son contrarias a la política del Grupo Socialista y del Gobierno socialista- o ya están contempladas -como las medidas que el presidente Zapatero anunció- o bien porque -como en el caso de algunas del Grupo de Izquierda Unida sobre viviendas desocupadas- nos parecen muy difíciles de llevar a la práctica y con efectos a la larga contradictorios.


Existe un tercer grupo de enmiendas a las que el señor Sánchez i Llibre se ha referido como colaterales. A nosotros no nos lo parecen tanto.
Quisiéramos destacar de ellas el acuerdo sobre la imposición en el impuesto de matriculación de las motos. Pensamos que hemos llegado un acuerdo entre los ministerios de Industria, Hacienda e Interior y la propia industria que contenta a todos. Por tanto, estamos satisfechos de este esfuerzo y lo vamos a apoyar. Me gustaría señalar que este Grupo Socialista no solamente no desprecia las enmiendas, como ha dicho el señor Herrera, sino que las agradece, las mira, las escucha, las valora y luego las aprueba o las rechaza, como corresponde a nuestra función de representantes de los ciudadanos que nos han elegido. También quisiera pronunciarme

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acerca de la enmienda 111, que Convergència i Unió ha manifestado que no la va a retirar. Nosotros nos vamos a oponer porque puede tener el efecto de abaratar aún más el despido. Este es un tema que debe estudiarse con calma pero además debe tratarse en la Mesa del diálogo social. Por tanto, no nos parece adecuado ni honesto intentar aprobarlo a espaldas de este diálogo sobre esta ley.


Quisiera terminar, señor presidente, agradeciendo a todos los grupos el esfuerzo que han hecho para llegar a acuerdos con los que estamos satisfechos. Agradecemos también el entusiasmo -aunque yo diría que muy moderado- del Grupo Popular, que finalmente apoya una de las medidas de este Gobierno. Nos gustaría que hubiera sido un poco más proactivo pero agradecemos su apoyo. Esta ley supone un avance en la mejora de nuestros instrumentos de inversión y de reactivación económica. Estamos satisfechos también de lo que va a suponer en cuanto a mejora e impulso en el mercado de viviendas de alquiler y porque vamos a estar más preparados para la recuperación económica y para este nuevo modelo productivo que pasa por cambiar nuestro mercado de la construcción y de la vivienda, dando un peso más importante al alquiler que a la compra.
Por todo ello reitero mi agradecimiento.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A LA SIMPLIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES EN EL REGISTRO MERCANTIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000390)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las proposiciones no de ley. En primer lugar la que ha promovido el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y aprovechará para defender la enmienda que dicho grupo ha presentado.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado esta proposición no de ley, que va en la dirección de plantear una simplificación administrativa importante en todas las declaraciones o liquidaciones del impuesto sobre sociedades y en la presentación de las cuentas anuales del Registro Mercantil. Nosotros entendemos que las administraciones mantengan un constante esfuerzo de simplificación de la actividad administrativa de las empresas en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la gestión tributaria, aprovechando para ello los medios tecnológicos que facilitan su aplicación y reducen el coste de su implantación. Nos parece también que la simplificación de los trámites tributarios para las empresas pasa, entre otros aspectos, por la reducción del número de trámites, por la reducción del tiempo requerido para su realización y para la potenciación de la gestión de los mismos a través de Internet.


En la actualidad, señorías, la presentación de las cuentas anuales en los registros mercantiles y de las declaraciones y liquidaciones del impuesto sobre sociedades se realiza de forma totalmente independiente, con modelos propios y programas de ayuda para su implementación, con programas totalmente diferenciados. La unificación de los modelos y de los programas de ayuda, además de responder al principio de eficacia de la Administración pública, significaría a su vez un paso importante para avanzar hacia la simplificación de los trámites administrativos que los ciudadanos están obligados a cumplimentar. Por este motivo, en aras de la simplificación de las obligaciones fiscales y administrativas de las empresas, instamos al Gobierno a realizar todas aquellas modificaciones normativas que sean necesarias con el objeto de proceder a la elaboración de un único modelo administrativo y su correspondiente programa informático de ayuda, para la presentación de la declaración del impuesto sobre sociedades y para el depósito de las cuentas anuales ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y para el Registro Mercantil, respectivamente. Hemos aprovechado este trámite parlamentario para incorporar una autoenmienda de nuestro grupo parlamentario; sería un segundo punto que iría en la dirección de asimismo instar al Gobierno a simplificar las obligaciones de información aplicables en las memorias abreviadas a presentar en el Registro Mercantil para todas aquellas pequeñas y medianas empresas y microempresas.


Estos son los dos aspectos relevantes de esta proposición no de ley y vamos a estar atentos a una enmienda in voce que va a presentar el Grupo Parlamentario Socialista; la escucharemos atentamente, para posteriormente decidir si la aceptamos o no.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular, en esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Tomé.


El señor TOMÉ MUGURUZA: Nosotros vemos favorablemente la iniciativa del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Nos parece que todo lo que haga realidad la simplificación de trámites administrativos de las empresas, tanto a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias como a la de dar publicidad a sus cuentas societarias, va a redundar en beneficio de los contribuyentes. Asimismo, desde 1993, la Ley del Impuesto sobre Sociedades que entonces se aprobó produjo una convergencia o aproximación entre el resultado contable y la base imponible de dicho impuesto. Se mantienen distintos modelos a efectos de cumplir con unas y otras obligaciones, tanto la de depósito de cuentas como la de declaración en el impuesto sobre sociedades, y en ese sentido damos la bienvenida a una iniciativa que favorece la convergencia de esos modelos que se presentan. Lógicamente, eso no impedirá que haya que mantener, a efectos de la liquidación del impuesto sobre sociedades, todos los

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ajustes que pueda haber por diferencias entre la base imponible y el resultado contable, también los que se refieren a deducciones, etcétera, pero mucha de esa información relevante a efectos fiscales se contiene -y existe obligación legal en ese sentido de hacerlo constar- en las propias memorias que acompañan a las cuentas anuales de las empresas. Insisto en que todo lo que converja y favorezca esta convergencia, esta simplificación en el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas y de los contribuyentes, nos parece positivo y apoyamos la iniciativa del grupo mostrando también nuestra disposición favorable a considerar las enmiendas que en este mismo sentido se han presentado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mas.


El señor MAS I ESTELA: El espíritu que anima la iniciativa del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que ahora vemos es loable. Sin embargo, tenemos que hacer constar que la voluntad o la sabiduría popular que gira en torno a la simplificación administrativa algunas veces casa mal con la explicación de por qué los procesos administrativos son como son. A veces es muy fácil decir que habría que simplificar los procesos, pero otra cosa es que sabiendo por qué los procesos son como son se ve más difícil esta simplificación.


En el caso que nos ocupa se propone unificar los procesos de presentación de cuentas públicas en el Registro Mercantil y la liquidación del impuesto sobre sociedades. Hemos de aclarar que tanto los objetivos de los dos procedimientos como que sean públicos o no son distintos en un caso y en otro. Los objetivos de que las cuentas sean públicas en el Registro Mercantil (cuenta de resultados, balance, memoria, etcétera) giran en torno al conocimiento que la sociedad necesita tener del funcionamiento de la empresa en concreto. En cambio, el procedimiento de la liquidación del impuesto sobre sociedades tiene como objetivo cumplir con el fisco en los criterios de suficiencia y de estímulos fiscales que desde las administraciones competentes se determinan. Por tanto, ni son los mismos procedimientos ni son los mismos objetivos; en un caso son públicos y en el otro no lo son. Y nos gustaría hacer notar que, mientras que para el conocimiento que la sociedad en general tiene que tener de una empresa, está bien el conocimiento de sus cuentas de resultados y sus balances, no sé si debe tener el mismo conocimiento de por qué medios llegan las sociedades a obtener estos beneficios o estas cuentas de resultados. Unos lo logran a través de unas técnicas o de unos procedimientos, aprovechándose o no de las facilidades que por materias fiscales se han determinado.


Hecha esta separación entre las distintas finalidades de los objetivos de unas y otras cuentas, no nos parece mal que tendamos a este objetivo de ir a la simplificación de procedimientos y hemos hecho una enmienda in voce, que supongo que el proponente aceptará, a fin de instar al Gobierno a que revise las normativas en vigor para conseguir que puedan confluir en un único modelo, que me parece que era la idea básica que proponía el señor Sánchez i Llibre, y su correspondiente programa informático para las dos cosas. Creo que podemos ir en esta línea toda vez que ya hay camino recorrido en otros procedimientos administrativos. Estoy pensando, por ejemplo, en el buen y largo camino recorrido por todos los gobiernos en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. No hace falta repetir las enormes posibilidades técnicas que existen hoy en día respecto a la unificación de procedimientos y también hay voluntad política de simplificación, expresada por el Gobierno de la nación. Nos parece que nuestra propuesta in voce -que ahora haríamos llegar a la Mesa, si el proponente de la proposición no de ley está de acuerdo- va en esta línea de matizar convenientemente, para confluir en este único modelo que queremos todos. Quiero agradecer la predisposición tanto del proponente como de los otros grupos parlamentarios hacia esta propuesta que hacemos el Grupo Socialista.Y estamos de acuerdo también en la autoenmienda que el Grupo de Convergència i Unió ha presentado a su propia proposición no de ley. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Vamos a aceptar la transaccional in voce que nos ha planteado el portavoz socialista.


- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UNA MORATORIA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001077.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a la proposición no de ley relativa al establecimiento de la moratoria para la renovación de las autorizaciones del transporte de mercancías por carretera, cuyo autor es el Grupo Popular y en cuyo nombre va a intervenir la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: La proposición no de ley que hoy presenta mi grupo se plantea como objetivo principal poner fin de una vez por todas a una clara disfunción que se está produciendo en la actualidad entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Fomento y que está provocando una situación de desconcierto, una situación de inseguridad jurídica y un tratamiento fiscal injusto en un determinado colectivo de autónomos que se están viendo claramente perjudicados con la actual descoordinación existente entre los dos ministerios citados. Me estoy refiriendo a todos aquellos pequeños empresarios autónomos que han sido encuadrados por el Ministerio de Hacienda y obligados a darse

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de alta en el epígrafe del impuesto de actividades económicas 849.5, que corresponde al sector del transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realiza exclusivamente con medios de transporte propios. Voy a tratar de exponer esa problemática y esa disfunción que se está produciendo en este sector del transporte entre ambos ministerios para que hoy tratemos entre todos de buscar una solución que acabe de una vez por todas con los quebraderos de cabeza que esta situación está generando en estos pequeños empresarios y que se añade a la preocupante situación económica que padecen con la actual situación de crisis que está abocando, como ya hemos denunciado en numerosas ocasiones desde el Grupo Parlamentario Popular, al cierre de muchos de estos pequeños negocios.


Señorías, hasta el 31 de diciembre de 2008, unos 100.000 autónomos del sector de mensajería y paquetería ligera, que incluye hasta los 3.500 kilogramos de peso máximo autorizado de carga, estaban obligados a tributar en estimación directa, ya que estaban excluidos del sistema de estimación por módulos, que, como saben todos ustedes, es un sistema de cálculo del rendimiento de la actividad empresarial mucho más sencillo, con muchas menos obligaciones formales y destinado precisamente a simplificar la tributación de los pequeños empresarios y por tanto a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Asimismo, estos autónomos quedaban excluidos al mismo tiempo del régimen simplificado de IVA, pasando al régimen general, en el que se complican enormemente una vez más las obligaciones formales relativas a facturación, llevanza de libros, contabilidad, presentación de declaraciones, etcétera. Por tanto, el primer objetivo que debe cumplir la Administración tributaria, que es facilitar al contribuyente el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, quedaba vetado para este sector de mensajería y paquetería ligera, al estar excluidos hasta el 31 de diciembre de 2008 del régimen de estimación por módulos en el IRPF y del régimen simplificado de IVA.
Esto hacía que muchos de ellos estuvieran tributando en el epígrafe 722, que, aunque no era el que les correspondía, les permitía permanecer en el sistema de cálculo por módulos. Las asociaciones de autónomos venían reclamando desde hace tiempo que esta actividad, encuadrada en otro epígrafe diferente al 722, encuadrada en el epígrafe 849.5, pudiera estar incluida también en el régimen de módulos del IRPF y en el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido.


Pues bien, el pasado 29 de noviembre de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden del Ministerio de Economía y Hacienda por la que se desarrollaban para el año 2009 el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta y el régimen especial simplificado del IVA.
La publicación de esta orden hizo poner el grito en el cielo a este sector, que repito que está compuesto en su mayor parte por pequeñísimos empresarios y autónomos, ya que se cometía un auténtico atropello fiscal, por llamarlo de alguna manera, porque establecía unos módulos que gravaban de forma absolutamente desproporcionada la actividad de estos autónomos con respecto al resto de subsectores del transporte de mercancías por carretera, pese a que las actividades a realizar y los rendimientos económicos de estos empresarios son muy similares a los de otros trabajadores del sector del transporte. Así, en el caso del impuesto sobre el valor añadido, el módulo a pagar por el personal empleado era un 63 por ciento superior al del epígrafe 722 y el módulo por carga útil del vehículo nada más y nada menos que un 383 por ciento superior al del transporte de mercancías por carretera; todo ello suponía un pago a la Hacienda pública de unos 5.000 euros anuales más de media que lo que suponía el pago tributario al que estaban obligados los empresarios dados de alta en el epígrafe 722. Por otro lado, la descoordinación que se produce entre la regulación fiscal y la específica del sector del transporte plantea una situación de inseguridad en este sector de la mensajería y paquetería, ya que, para poder obtener la autorización administrativa del transporte, es decir, la tarjeta de transporte necesaria para poder trabajar y circular con estos vehículos, es necesario estar dados de alta en el epígrafe 722. Se produce por tanto una situación de absoluta incongruencia entre un ministerio, el de Hacienda, y otro, el Ministerio de Fomento, ya que, por un lado, la Agencia Tributaria les obliga a estar dados de alta en el epígrafe 849.5 pero, por otro lado, la regulación relativa al transporte por carreteras les obliga a estar dados de alta en el epígrafe 722 para poder tener la tarjeta de transporte. La situación es especialmente grave y perjudicial para estos autónomos, dado que circular sin esta tarjeta de transporte conlleva multas de 1.500 euros e incluso la retirada de la propia autorización de la tarjeta de transporte durante tres años, lo cual privaría a estos pequeños empresarios de su medio de vida y del de su familia. Teniendo en cuenta las especiales dificultades por las que atraviesa el sector, debido a la crisis económica que padecemos, esto constituye a nuestro juicio un auténtico drama.


Mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, queriendo aportar soluciones a este sector, porque para eso estamos en política entendemos nosotros, para solucionar los problemas de los ciudadanos, planteó la proposición no de ley que hoy traemos a esta Comisión y que se compone de dos apartados. El primero de ellos, en el que pedíamos una adaptación de los módulos a este nuevo epígrafe que fuera más acorde con las características propias del sector, ha quedado en parte solventado por la publicación el pasado uno de mayo de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1039/2009, de 28 de abril, en la que se modifican los módulos aprobados para esta actividad económica de transporte de mensajería y recadería; se reducen sustancialmente las cantidades a pagar por estos empresarios y se establecen las mismas cuantías que para el sector del transporte de mercancías por carretera existen en la actualidad en el epígrafe 722. No obstante, intentaremos alcanzar hoy una transaccional con el resto de grupos políticos, y para ello hemos estado hablando con el portavoz del Grupo Socialista, para intentar resolver el problema que sigue

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subsistiendo, que es el relativo a la tarjeta de transporte, si bien tenemos que aclarar que queda reducido al ámbito de aquellos transportistas del sector de la mensajería que posean vehículos con capacidad de carga comprendidos entre 2.000 kilogramos de peso y 3.500, ya que están exceptuados de la obligación de poseer tarjeta de transporte los propietarios de vehículos con un peso inferior o igual a 2.500 kilogramos. En cuanto al segundo de los apartados, mi grupo desearía seguir manteniendo este punto ya que, aunque la orden publicada el pasado uno de mayo por el Ministerio de Economía y Hacienda ampliaba el plazo para poder renunciar al régimen de módulos tanto en el IRPF como en el impuesto sobre el valor añadido hasta el uno de junio de 2009, nos parece que el plazo de un mes puede ser insuficiente para poder aclarar todo el embrollo que se ha generado en este sector por la propia Administración, y nos parecería más razonable prorrogar ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2009 para poder optar por uno u otro régimen.


Como decía al principio, mi grupo espera poder alcanzar una transaccional con el resto de los grupos, de forma que mediante el consenso logremos hoy solucionar entre todos el problema que ha venido padeciendo este sector de autónomos, porque, ya he dicho que de lo que se trata es de solucionar problemas. Para eso estamos hoy aquí y creo que podremos alcanzar una transaccional que dé satisfacción a este sector de la mensajería y paquetería ligera para poder ayudar a que estos empresarios salgan adelante.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Socialista y la va a defender el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ IRUELA: Intervengo en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular relacionada con el sector de transporte, concretamente con las actividades de servicios de mensajería y recadería. En la propia exposición de motivos se ponen de manifiesto dos posibles incidencias por el cambio de encuadramiento, en cuanto al epígrafe del IAE, del 722 al 849.5, una incidencia en relación con temas administrativos de la tarjeta de transporte y otra incidencia en cuanto a la tributación por módulos. Se hace también en la exposición de motivos una referencia al Estatuto del trabajo autónomo, pero que hemos visto que no tiene incidencia en esta proposición no de ley.


En relación con el encuadramiento de módulos, el tema ha quedado subsanado. El Gobierno, con la orden del 28 de abril, publicada el uno de mayo, subsanaba de alguna manera la incidencia en la tributación por módulos reduciendo los módulos de forma sustancial. Con ello esta primera petición de la proposición no de ley quedó subsanada, como he dicho, y asumida por el propio Gobierno. Sobre el segundo tema que la exposición de motivos pone de manifiesto se produce una incidencia que puede crear y está creando inseguridad jurídica a todos aquellos empresarios afectados.
Por eso hemos estado hablando esta mañana con el Grupo Parlamentario Popular para llegar a una transaccional -que ya tengo redactada y ahora se la pasaré a la portavoz- para crear las condiciones de futuro en el ámbito de la reforma de las haciendas locales -que creemos que es donde toca afrontar la reforma integral del impuesto sobre actividades económicas, porque es un impuesto local- y que, si se tienen que crear nuevos epígrafes o notas añadidas a epígrafes, sea en ese marco donde se haga, porque en nuestro grupo entendemos que no se puede afrontar una reforma de este impuesto sin el consenso amplio y sobre todo sin la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias. En su momento habrá que afrontar una reforma integral del IAE y tendremos que poner encima de la mesa cuáles son los hechos imponibles y las cuotas del régimen impuesto. Nuestra enmienda pretende básicamente crear las condiciones para subsanar de una forma permanente en el futuro estos posibles encuadramientos más objetivos. Y la transaccional que hemos acordado finalmente incorpora un elemento nuevo para dar respuesta a la otra incidencia en cuanto a la problemática administrativa de la tarjeta de transporte. Lo que hacemos es instar al Gobierno a estudiar con carácter de urgencia las posibles incidencias y soluciones en relación con las autorizaciones administrativas de transporte en los supuestos de cambio de epígrafe del 722 al 849. Piensa nuestro grupo que con esta transaccional damos respuesta de forma mayoritaria a esta proposición no de ley. En cuanto a ampliar el plazo para la opción de renuncia o no, entendemos que con el mes que había hasta el uno de junio el contribuyente tenía tiempo suficiente para hacer esta opción; con esta propuesta atendemos no solamente las incidencias que puedan producirse en el caso de autónomos, sino también a las entidades jurídicas que hagan este tipo de actividad y que también podrán acogerse a esta modificación.


Nuestro grupo quiere resaltar la satisfacción por este acuerdo. Por un lado, a una de las propuestas que hacía el Grupo Parlamentario Popular ya se ha dado respuesta con la orden publicada el 28 de abril y, por otro, con la transaccional también damos respuesta al tema que más preocupa, que es esta posible inseguridad jurídica por los cambios de epígrafe, para intentar que en el futuro esta inseguridad no se produzca.
Considerando que las personas afectadas tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2009 para poder renovar las tarjetas, pensamos que, aprobando esta propuesta en este momento, tenemos tiempo suficiente para que el Gobierno pueda instar las reformas oportunas para dar esta garantía jurídica a los contribuyentes afectados.


El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, es su turno de aceptación o no de las enmiendas.


La señora MADRAZO DÍAZ: Ya dije en mi exposición que habíamos intentado llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista. Nos parece satisfactorio y esperamos que con urgencia se estudie la solución, para que les puedan otorgar a estos transportistas la tarjeta de transporte necesaria para circular.


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SOBRE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,7% DEL IRPF DESTINADA A OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL DE CARÁCTER AMBIENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001000.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a esperar unos minutos a que se reincorpore el señor Herrera para poder discutir la proposición no de ley que queda en el orden del día. Aprovechemos este tiempo para que nos acerquen la transaccional.


La señora COLLDEFORNS I SOL: El señor Herrera me ha llamado y me ha dicho que está viniendo, porque estaba en otra Comisión. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Ya está aquí el señor Herrera.


Como decía, vamos a proceder ahora al debate de la proposición no de ley sobre la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF destinada a otros fines de interés social de carácter ambiental. El autor de esta proposición no de ley es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la va a defender el señor Herrera. Tiene la palabra.


El señor HERRERA TORRES: Un momento, señor presidente, que estoy buscando la proposición no de ley. Sabe usted que esto de estar en varias comisiones tiene sus problemas; incluso puede uno acabar siendo corredor de fondo simplemente estando en un grupo minoritario. Le puedo acreditar que, con el funcionamiento de los ascensores de este edificio, el mérito es llegar y no llegar muy sudado. Un momentito.


El señor PRESIDENTE: La polivalencia parlamentaria no es muy compatible en este caso con los ascensores. Tranquilo, no pasa nada.


El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, esta es una proposición no de ley que no parte de nosotros sino de una serie de organizaciones que trabajan en temas ambientales y que han venido a reclamarnos a los distintos grupos parlamentarios -al Grupo Popular, al Grupo Socialista, a Convergència i Unió y también al nuestro- la necesidad de aclarar qué pasa con estas organizaciones ambientales, que hacen un buen trabajo en el territorio y que están afincadas en el territorio pero que, precisamente por el orden que ha abierto el Gobierno, no se les permite entrar en ningún tipo de porcentaje o de subvención en torno a los proyectos vinculados al 0,7 por ciento. Hay el mismo debate en las organizaciones ambientales que el que puede haber entre las organizaciones sociales, ya que existen obviamente organizaciones ambientales que trabajan y muy bien en el territorio y que no tienen acceso a ello. Por eso, esta proposición no de ley tiene un objetivo: abrir el debate, un debate que está muy maduro entre las organizaciones sociales afincadas en el territorio que no tienen un carácter estatal, a estas organizaciones ambientales. Nosotros instábamos a que en la próxima convocatoria el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino garantizase un mínimo para la asignación de este 0,7 por ciento del IRPF.
Nosotros establecíamos ese 15 por ciento, pero no hacíamos de este porcentaje un caballo de batalla, entendiendo que, obviamente, este era un tema que se tenía que resolver y que por supuesto se iba a destinar a organizaciones ambientales, que se eliminaría el requisito de implantación estatal y/o de actuación en cinco comunidades o ciudades autónomas para acceder a dicha convocatoria -hoy en el orden se establecen precisamente estas cinco comunidades, cosa que nos parece excesiva- y que se avanzase en la necesaria reforma de la asignación tributaria del 0,7 por ciento en los términos de la necesidad de una progresiva territorialización a nivel autonómico de la gestión y distribución de ese 0,7, así como el establecimiento de un tramo autonómico del 50 por ciento de la recaudación del 0,7 por ciento del IRPF que fuese gestionado de forma íntegra por las comunidades autónomas en la próxima campaña de la renta.


Este es nuestro planteamiento de máximos a partir de este análisis. ¿Cuál era el objetivo? Reproducir lo que habíamos pedido para las organizaciones sociales, en este caso para las organizaciones ambientales. Nosotros entendíamos que era muy razonable, atendiendo precisamente a que la convocatoria del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para el año 2008 establecía unos requisitos que impedían la presentación de solicitudes de estas organizaciones autonómicas, porque se exigía precisamente que estuviesen sitas como mínimo en cinco comunidades autónomas. En la proposición no de ley ponemos un ejemplo, en la exposición de motivos. Este requisito deja fuera, por ejemplo, a 54 fundaciones de temática ambiental inscritas en el censo de fundaciones del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Poníamos este ejemplo al conocer más la realidad catalana, pero estoy seguro de que podríamos poner el mismo ejemplo en multitud de comunidades autónomas. Además, creíamos, y así lo entendemos, que el incremento del 0,52 al 0,7 por ciento daba y da más margen a esta participación de las entidades ambientales. Piensen ustedes que las entidades ambientales participan, a nivel estatal, del 0,7 por ciento y por tanto nosotros entendíamos que, si las organizaciones estatales sociales y ambientales participaban del 0,7 y las organizaciones sociales autonómicas también, teníamos que buscar una forma para que entrasen.
Este era el objetivo de la proposición no de ley, no voy a detallarla más. Es una demanda más que razonable y además no la ha trabajado solo nuestro grupo parlamentario -y el resto de los portavoces lo saben- sino un conjunto de grupos parlamentarios.


Finalmente, hemos visto cómo el Grupo Socialista nos ha presentado una enmienda en la que queremos introducir una cuestión de matiz: simplemente que, en vez de en el

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año 2009, se ponga en el presente ejercicio. Entendemos que la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista nos puede permitir empezar a avanzar, a abrir el debate y situar este objetivo para que el año que viene se resuelva de forma efectiva y para que se garantice en este año, en el presente ejercicio, que las entidades ambientales que están situadas no en cinco comunidades autónomas, sino en una comunidad autónoma pero que en cambio trabajan y trabajan mucho, puedan participar.
En Cataluña tenemos el ejemplo de Depana o la Xarxa de Custòdia del Territori, pero estoy seguro de que en el resto de las comunidades hay muchas entidades ambientales muy potentes. La fórmula que nos propone el Grupo Socialista nos permite abrir el debate, establecer un consenso homologable al que sí hemos conseguido en otras proposiciones no de ley en torno a las organizaciones sociales y situar ya el objetivo para el año que viene. Adelantándome al pronunciamiento en torno a la enmienda, y con este matiz de que se ponga en el presente ejercicio y no en el año 2009, nuestro grupo sería partidario de aceptarla y de conseguir que esta Comisión de Economía tenga ya un primer pronunciamiento en torno a las organizaciones ambientales, de tal forma que se nos permita crear ese consenso que ya hemos creado de manera informal en las reuniones bilaterales que hemos tenido y en la reunión conjunta que hubo hace 15 días, y así tengamos ya ese mandato del Congreso, en este caso de la Comisión de Economía, que nos permita resolver esto, y que el Ministerio de Medio Ambiente obre en consecuencia. Entendemos que esto se tiene que resolver de cara al año que viene, atendiendo a esta realidad y a la realidad de las organizaciones sociales, sin que esto suponga menoscabo para nadie y entendiendo que tiene que haber una solución.


El señor PRESIDENTE: Como acaba de adelantarnos el señor Herrera, hay efectivamente una enmienda presentada por el Grupo Socialista que defenderá la señora Colldeforns. Tiene la palabra.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Antes de defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista, permítanme hacer dos observaciones que no, por conocidas, me parecen obvias y quizá necesarias en una Comisión de Economía. Se ha discutido ya en otros momentos durante esta legislatura sobre las funciones y las características de la asignación del 0,7 por ciento de la cuota íntegra del IRPF, no voy a repetir la discusión, pero sí me gustaría fijar dos cuestiones. Una que desde que se creó, el efecto económico de este 0,7 por ciento es establecer un nivel mínimo, por debajo del cual el Gobierno no puede dejar de establecer unas ayudas a las entidades sociales; es decir, el 0,7 por ciento sería un nivel mínimo. Este nivel mínimo oscila, evidentemente, en función de la recaudación. Y hay un segundo elemento, que también me parece importante, que es que en realidad es una pequeña forma de participación del ciudadano, porque de una manera activa puede influir en una acción concreta, en una partida de gasto concreta de las que se aprueban en el proceso de aprobación del presupuesto. Digo esto porque me parece relevante como fundamento de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista.


Quiero también hacer constar que a lo largo de estos años -el 0,7 para entidades sociales empezó hace más de 20 años- la conciencia ambiental ha aumentado, hasta el punto de que existe un consenso en la sociedad de que la calidad del entorno forma parte del componente del bienestar de las personas, y por lo menos el Grupo Socialista participa de este consenso.
De hecho, este consenso fue reconocido en el acuerdo marco que en el año 2007 el Gobierno socialista impulsó entre el Gobierno y las entidades sociales a través del Consejo estatal de organizaciones no gubernamentales de acción social, en el que se señala específicamente que a partir del año 2007 se atenderán no solamente los aspectos sociales, sino también las necesidades de desarrollo ecológico y de protección medioambiental en relación con la calidad de vida de las personas. Estoy citando el acuerdo marco. Debo recordar que el Gobierno socialista -lo ha dicho el señor Herrera- fue el que aumentó del 0,52 al 0,7 por ciento y es también el Gobierno socialista el que impulsó que esta participación alcanzara también a las entidades ambientales. Asimismo, debo recordarle que fue el Gobierno socialista el que en la Ley de Biodiversidad, por ejemplo, dio paso a entidades de custodia del territorio. Creo que nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente está más que demostrado.


Paso ahora a defender nuestra enmienda, que consiste en suprimir el primer punto de la propuesta de Izquierda Unida, porque creemos que fijar de antemano un 15 por ciento para las entidades medioambientales sería el equivalente a fijar dos crucecitas.


Estamos abiertos a experimentar nuevas formas de participación -se podrían pensar-, pero supeditamos todas ellas a lo que planteamos en el segundo punto, que es encuadrarlas en el marco de diálogo y acuerdo que hemos establecido para el conjunto del 0,7 con las entidades sociales. Por eso proponemos que se estudie en ese marco de diálogo y acuerdo y en armonía con el modelo general que se establezca para la asignación tributaria del 0,7. En el segundo punto, que es el primero de nuestra enmienda, defendemos que para el año 2009, es decir, para el presente ejercicio -entiendo que estamos diciendo lo mismo, pero si el proponente prefiere empezar la frase: en el presente ejercicio, en lugar de para el año 2009, aceptamos la modificación, porque a nuestro entender, repito, es exactamente lo mismo-, por una medida de coherencia en la acción del Gobierno, no tiene por qué haber diferencias entre la finalidad de una y otra entidad social en cuanto a la posibilidad de acceder a estas ayudas.
Por ello pensamos que es bueno que para este año 2009 la convocatoria se abra a todas las entidades, tengan o no implantación estatal. Pedimos a todos los grupos, a las fuerzas políticas y al tejido asociativo, que entremos en este diálogo para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos, que sirva en especial para aquello que queremos, que es mejorar y reforzar el tejido asociativo y las actividades

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tanto en temas sociales como ambientales, que mi grupo apoya claramente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Debemos agradecer esta pronta iniciativa del señor Herrera en la Comisión de Economía de esta mañana, planteando una cuestión que hemos abordado en los debates que hemos tenido en los últimos meses sobre la polémica de la gestión de la asignación tributaria del 0,7 destinada a otros fines sociales y ambientales. Han sido debates en Comisión y en Pleno, debates para remarcar la necesidad de que estos recursos fuesen gestionados por las comunidades autónomas, debates y propuestas para impedir la intención inicial del Gobierno de no permitir, en el caso de las entidades sociales, que las de ámbito no estatal pudiesen participar de esos programas. Pero en esas discusiones la cuestión que afectaba al grupo de entidades ambientales no estuvo presente. El interés y la oportunidad de la iniciativa de esta mañana está en recordarnos que, junto con las entidades de carácter social, se están beneficiando de este programa entidades de carácter ambiental y que ese problema que denunciábamos y que suscitó una votación en la Cámara, que era la intención del Gobierno de impedir que las entidades autonómicas y locales participasen de esas subvenciones, en las entidades de ámbito ambiental ya era así desde la incorporación de las mismas a este programa. Lo que pretende hoy esta iniciativa es corregir una práctica concreta que el Gobierno había impulsado, que era permitir que solo las entidades de ámbito estatal participasen de este programa, incorporando para la convocatoria de 2009 las entidades de ámbito autonómico y local e incorporando esta cuestión en los debates más de fondo sobre cómo vamos a gestionar el 0,7 en los próximos años. Por tanto, Convergència i Unió coincide con el fondo de la cuestión que se nos plantea y coincide con el fondo de la enmienda que ha defendido la señora Colldeforns.


No es casualidad que de nuevo sean tres diputados elegidos en Cataluña quienes hoy estén participando en este debate, porque han sido precisamente las entidades de carácter ambiental de ámbito catalán -el señor Herrera ha hecho mención de algunas de ellas, como la Xarxa de Custòdia del Territori Depana, etcétera- las que han suscitado el interés de los grupos parlamentarios sobre esta cuestión, enfatizando que el movimiento ambientalista tiene fuerza, tiene implantación y tiene capacidad de penetración en el tejido social precisamente a través de muchas de estas entidades, que no tienen un ámbito estatal. En el caso de Cataluña, existe desde hace muchos años un enorme tejido asociativo, vinculado a realidades territoriales concretas de Cataluña, que expresa la preocupación de la sociedad catalana en relación con las cuestiones ambientales. Así, señorías, hoy estamos dando respuesta a esa demanda que la sociedad catalana nos había planteado y estoy seguro de que en el resto de España la comparten otras entidades de carácter autonómico o local. Esta es una medida que no solo va a beneficiar a las entidades de Cataluña sino también al conjunto del tejido asociativo del tercer sector ambiental, como se empieza a definir. Por tanto, mi grupo, satisfecho de que hoy alcancemos seguramente un acuerdo unánime, quiere felicitar al señor Herrera por su iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García-Legaz Ponce.


El señor GARCÍA-LEGAZ PONCE: La iniciativa que se pone en marcha tiene en el fondo cuatro cuestiones de debate. En primer lugar, establecer un tramo autonómico del 50 por ciento para la asignación de ese 0,7 por ciento. Voy a referirme a la propuesta inicial y luego haré referencia al texto enmendado, pero quiero fijar claramente la posición del grupo en torno al fondo del debate. Insisto, el primer punto tiene que ver con el establecimiento de un tramo autonómico del 50 por ciento de ese 0,7.
Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular no está de acuerdo con esa posición. Creemos, y así lo hemos venido defendiendo de forma sostenida y coherente en el Congreso, que este 0,7 debe ser gestionado íntegramente por el Gobierno. Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, la 146/1986 y la 13/1992, que dejan bien claro que la gestión de la recaudación de la asignación tributaria del IRPF -anteriormente el 0,52, actualmente el 0,7- corresponde al Gobierno y que la consignación de ese porcentaje debe efectuarse con criterios de unidad territorial. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en este sentido. Pensamos que el Gobierno de la nación debe ser quien siga distribuyendo ese porcentaje con esos criterios de unidad territorial.
Además exigimos mayor transparencia en la concesión de ayudas. Debemos ser conscientes de que estamos hablando de importantes cantidades que pertenecen a los ciudadanos y debe ser exigible la comparecencia del ministro en cada ocasión, para justificar por qué, cómo y en virtud de qué criterios se asignan esas ayudas. En todo caso, ese primer criterio del tramo autonómico no nos parece adecuado.


La segunda propuesta, que consiste en territorializar la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF, no nos parece tampoco adecuada.
Este 0,7 por ciento debe ser asignado con criterios nacionales, como ha venido siendo hasta ahora, porque, al final, cuando se pretende territorializar este porcentaje lo que se pretende es asignar a aquellas comunidades autónomas más ricas una cantidad mayor de recursos para ser distribuidos solamente en ese territorio. En el fondo, de lo que se trata es -entre comillas- de comer aparte y, cuando se trata de comer aparte, el único objetivo al final es comer más y cuando se come más es obviamente porque se come a costa de los demás. El criterio debe ser nacional y la asignación debe ser con criterios nacionales y estatales.


El tercer punto tiene que ver con la eliminación del requisito de que las asociaciones, fundaciones u organizaciones solicitantes, tengan ámbito estatal y actividad acreditada en al menos cinco comunidades autónomas.
Este es un criterio más opinable. En principio parece más coherente

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que la mayor implantación nacional sea un criterio a tener en cuenta, porque puede ayudar a garantizar la mayor solvencia o la mayor implantación como criterio de asignación de recursos, pero hay que reconocer que es también aceptable que una determinada entidad que acredite una solvencia y un buen hacer en sus proyectos pueda aspirar a recibir recursos de esta asignación del 0,7 por ciento.


El criterio de establecer un porcentaje mínimo dedicado a fines medioambientales no lo compartimos. Además, en este contexto de crisis, y de crisis tan aguda, elevar el porcentaje hasta el 15 por ciento supone reducir los recursos que se vienen asignando a fines sociales y de cooperación, y no creemos que este sea justamente el momento en que se tengan que mermar los recursos que están recibiendo organizaciones no gubernamentales que están dando dinero a los comedores sociales o prestando funciones sociales muy importantes a familias que se están viendo muy gravemente afectadas por la crisis. Pensamos que las personas deben ser lo primero en estas circunstancias de crisis y por tanto nos parece completamente inapropiado retirar recursos de la asignación del 0,7 para fines sociales a este tipo de entidades para destinarlos a otros fines, por muy nobles que sean, como son en este caso los fines medioambientales.


En definitiva, esta es la posición de fondo del Grupo Parlamentario Popular, estamos dispuestos a valorar y a apoyar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, básicamente porque se refiere a un punto concreto, rechaza todos los demás del Grupo de Esquerra Republicana.
Simplemente se trata de aceptar que se elimine el requisito de implantación estatal o de actuación en cinco comunidades autónomas; en esto podemos llegar a un acuerdo. El segundo punto, que simplemente se refiere a una reflexión de carácter general sobre el modelo, también estamos en condiciones de aceptarlo. Esta es la posición del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Aunque ya nos lo había avanzado en su intervención, para dejar constancia de la aceptación o no de la enmienda el señor Herrera tiene la palabra.


El señor HERRERA TORRES: Aceptamos la enmienda en los términos que hemos trasladado. Es de la enmienda socialista y, en vez de decir: en 2009, decir: en el presente ejercicio.


El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión hasta las doce y veinticinco. (Pausa.)

Reanudamos la sesión. Vamos a votar, en primer lugar, el proyecto de ley, tras alguna aclaración previa para proceder a estas votaciones. Como saben SS.SS., las enmiendas de Convergència i Unió y del PNV han sido retiradas, todas salvo la número 111 de Convergència i Unió que se votará después. Estas enmiendas de Convergència i Unió y del PNV han sido transaccionadas. Vamos a votar las enmiendas transaccionadas en dos grandes bloques. No obstante, para mayor clarificación de las votaciones, voy a detallar cada bloque de transaccionales a qué enmiendas corresponden.


En el primer bloque votaremos la transaccional 1, que corresponde a las enmiendas 62, 63, 65 y 67 de Convergència y a las 39, 40 y 42 del PNV. La transaccional número 2 corresponde a las enmiendas 68, 69 y 70 de Convergència i Unió; a la 8 del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y a las 39, 40 y 42 del PNV. La transaccional número 3 corresponde a las enmiendas 73 y 74 de Convergència i Unió. La transaccional número 4, a la 75 de Convergència i Unió. La número 6, a la 84 de Convergència i Unió. La transaccional 7, a las enmiendas 90 y 91 de Convergència i Unió. La número 9, a la 96 de Convergència i Unió. La transaccional 10 corresponde a la 96 de Convergència i Unió, complementaria. Y la 11 es complementaria a las enmiendas anteriores de Convergència i Unió. La transaccional 12 corresponde a las enmiendas 65, 68 y 74 de Convergència i Unió y a las números 39, 40 y 42 del Grupo Vasco (PNV). Por último, de este bloque, la transaccional número 16 corresponde a las enmiendas 127 de Convergència i Unió y 46 del PNV. ¿Queda claro, por tanto, lo que vamos a votar en este bloque? (Pausa.)

Pasamos a votar.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Segundo bloque de transaccionales. Transaccional 5 a las enmiendas 79 y 80 de Convergència i Unió; 27 a 32 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds, y 54 del Partido Popular. Transaccional 8 a la enmienda 93 de Convergència i Unió y 52 del Grupo Popular.
Transaccional 13 a las enmiendas 108 de Convergència i Unió, 34 de Esquerra Republicana- Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya Verds y 50 del Grupo Popular. Transaccional 14 a la 122 de Convergència i Unió, 17 de Esquerra Republicana y 48 y 57 del Grupo Popular. Transaccional 15, a la 126 de Convergència i Unió, 45 del PNV y 53 del Grupo Popular.
Transaccional 17, a las enmiendas 100 y 102 de Convergència i Unió.
Transaccional 18, a la enmienda 110 de Convergència i Unió. Transaccional 19, a las enmiendas 118 y 119 de Convergència i Unió y la 14 de Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Transaccional 20, a las enmiendas 124 y 125 de Convergència i Unió.
Transaccional 21, a las enmiendas 124 y 125 de Convergència i Unió, complementaria. Transaccional 22, a la enmienda 129 de Convergència i Unió.


Votamos ahora este bloque de enmiendas transaccionales.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


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Votamos ahora enmiendas diferenciadas. En primer lugar, votaremos la enmienda 111 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 15 del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 20 del mismo Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora el resto de las enmienda del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, salvo las que han sido transaccionadas, es decir, las enmiendas 1 a 7; 9 a 13; 16; 18; 19; 21 a 26; 33 y de la 35 a la 37.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las enmiendas 49, 51, 55, 56, 58, 59 y 60 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos, por último, el informe de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Esta ley ha sido aprobada con competencia legislativa plena.


Pasamos ahora a votar las proposiciones no de ley.


Votamos, en primer lugar, la proposición de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió, la número 161/000390, que incluye la autoenmienda del grupo proponente y la que ha sido aceptada al Grupo Socialista que se había presentado in voce.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


En segundo lugar, votamos la proposición no de ley presentada por el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, número 161/001000. Se vota con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada y que sustituye en el primer párrafo la expresión: "para el año 2009", por: "en el presente ejercicio".


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Por último, votamos la proposición no de ley 161/001077, del Grupo Popular, que se vota en los términos de la transaccional que ha sido aceptada por el grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.

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