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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 217, de 11/03/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 217
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 13 celebrada el miércoles 11 de marzo de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas:... (Página ) - Proyecto de ley de control de precursores de drogas. (Número de expediente 121/000010.)... (Página 2)

Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:... (Página ) - Proyecto de ley de control de precursores de drogas. (Número de expediente 121/000010.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE CONTROL DE PRECURSORES DE DROGAS (Número de expediente 121/000010.)

La señora PRESIDENTA: Señoras diputadas, señores diputados, vamos a iniciar la sesión de esta Comisión.


Como sabemos todos, el orden del día consta de dos puntos. En primer lugar, la ratificación de la ponencia que informó este proyecto de ley, en cuyo dictamen entraremos seguidamente. Pido la ratificación de la ponencia. (Asentimiento.) Se aprueba por asentimiento de la Comisión.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:

- PROYECTO DE LEY DE CONTROL DE PRECURSORES DE DROGAS (Número de expediente 121/000010.)

La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, entramos en el dictamen, con competencia legislativa plena, del proyecto de ley de precursores de droga. Lo haremos como establece el Reglamento y como es el precedente de otros proyectos de ley en la Comisión, si les parece a los señores y señoras diputadas, agrupando la defensa de las enmiendas por grupo parlamentario; así es más fácil para el diputado y también más económico en el tiempo del debate. Primero habrá un turno de defensa de las enmiendas de cada grupo, después un turno en contra y un turno de fijación de posiciones de aquellos grupos que quieran hacerlo y no tengan enmiendas. Si hubiese enmiendas transaccionales o de subsanación de errores o de cualquier cosa que tengamos que tener por escrito, convendría que nos lo hicieran llegar a la Mesa para tener la mayor claridad posible en el momento de la votación.


Correspondería ahora tomar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, pero no le veo en la sala. Aunque su turno haya pasado en este momento, si viene más tarde, tomará la palabra.


La señora PIGEM I PALMÉS: ¿Para mantener las enmiendas del PNV?

La señora PRESIDENTA: Yo las voy a mantener mientras esté la Comisión funcionando. Si aparece el portavoz, bien; si no, se votarán igualmente.


Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular para la defensa de sus enmiendas y el señor Pintado tiene la palabra. Voy a ser flexible, como siempre, con los tiempos, pero diez minutos sería el máximo.


El señor PINTADO BARBANOJ: Intentaré ajustarme a ese tiempo, señora presidenta.


Señorías, con respecto a la ley que vemos hoy en esta Comisión sobre precursores químicos diré que, con la excepción del cannabis y sus derivados, la totalidad de las drogas ilícitas requieren del uso de productos químicos para ser refinadas desde la planta que les da origen hasta su forma final, drogas orgánicas, o son directamente el producto de una síntesis química entre distintos componentes inorgánicos, drogas sintéticas o de diseño. La cocaína, por ejemplo, es un alcaloide que se encuentra puro dentro de la hoja de coca, en una proporción del 0,5 al 1,5 por ciento, de la cual es extraído en un proceso que involucra varios productos químicos, ácido sulfúrico, acetona, permanganato de potasio, etcétera, hasta arribar al producto final, que es la cocaína en polvo, clorhidrato de cocaína, que se vende a los consumidores con la pasta base como paso intermedio. Algo similar ocurre con la heroína, que es extraída de la planta de la amapola, utilizando principalmente anhídrido acético.
En las drogas sintéticas, en cambio, los precursores químicos son también materias primas ya que el proceso productivo no involucra sustancias orgánicas; es puramente químico. Habida cuenta de la cantidad y variedad de estupefacientes ilegales que existen en el mundo, el número de productos químicos que resultan esenciales para su fabricación es también bastante elevado. Aunque sus características son muy distintas, el hecho de compartir esa calidad de servir para la producción de drogas lícitas hace que se los agrupe dentro de la categoría genérica de precursores químicos.


De lo expuesto queda claro que sin este tipo de sustancias químicas no puede haber estupefacientes. Por ello, que en las últimas décadas la comunidad internacional ha reconocido que el control de los precursores químicos constituye una herramienta crítica en la lucha contra el narcotráfico, que viene a unirse a aquellas políticas que, como la destrucción o sustitución de los cultivos ilegales, buscan adelantarse a la mera represión del tráfico de drogas evitando directamente su producción. El principal inconveniente a la hora de controlar el movimiento de precursores químicos es que estas sustancias no solo son totalmente legales sino también fundamentales en la fabricación o elaboración de un sinnúmero de productos que consumimos o utilizamos diariamente: alimentos, perfumes, pinturas, maquinaria. Ello implica la imposibilidad de imponer restricciones exageradas al libre tráfico de este tipo de sustancias ya que, de hacerlo, se estaría perjudicando la economía de los países que las aplican. Por este motivo, la prevención del desvío de precursores químicos hacia canales ilegales resulta una tarea compleja, más aun cuando estos son fabricados en todo el globo. En efecto, existen importantes industrias productoras de los precursores químicos esenciales para la fabricación de cocaína, heroína y

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muchas drogas sintéticas en China, en India, Argentina, Brasil, México, Canadá, los Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa.


Así las cosas, la única forma de enfrentar esa difícil labor con alguna posibilidad de éxito es desarrollando efectivos sistemas de fiscalización de precursores químicos dentro del territorio de cada país, al tiempo que se fomenta la cooperación internacional en la materia. A nivel internacional el principal instrumento legal referido a la fiscalización de precursores químicos es la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas de 1988, que en su artículo 12 prescribe expresamente la obligación de todos los países signatarios de tomar las medidas necesarias para evitar el desvío de precursores químicos hacia la fabricación ilegal de drogas. Esta norma ha sido el punto de partida para la combinación de una extensa red internacional de vigilancia del tráfico de sustancias químicas controladas, basada en un sistema de notificaciones y autorizaciones mediante el cual se pretende verificar la legitimidad de cada operación de exportación o importación de las mismas de forma previa a su realización. Además, frente al carácter eminentemente transnacional del tráfico ilegal de precursores químicos, la comunidad internacional ha unido sus fuerzas para controlar el movimiento de este tipo de sustancias. Dichos esfuerzos tuvieron como centro a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas que coordinó la implementación de varias operaciones internacionales que tenían por objeto la fiscalización del tráfico de este tipo de sustancias.


Señorías, en el ámbito de la Unión Europea, las directivas europeas 92/109 y la 96/46, fueron traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico con la Ley 3/1996, sobre medida de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvíos por la fabricación ilegal de drogas, ley que en la actualidad se encuentra vigente. En el actual proyecto de ley que hoy analizamos se hace referencia al reglamento 273/2004, sobre precursores de droga y al reglamento 111/2005, relativo a normas, para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad Europea y terceros países, y al reglamento 1277/2005, donde se establecen las normas para la aplicación de los dos reglamentos anteriormente citados, normas, como bien sabemos, de obligado cumplimiento para los países miembros. Las modificaciones propuestas con las que estamos básicamente de acuerdo inciden en designar a las autoridades competentes en nuestro ámbito al tiempo que plantea una nueva regulación sobre el régimen sancionador.


El Grupo Parlamentario Popular ha presentado siete enmiendas. Las enmiendas números 18 y 19 se refieren a la reiteración de su enunciado al artículo 4 y a que se fije por ley la renovación de las licencias a tres años. Visto y analizado el informe del Consejo de Estado, hemos acordado con el Grupo Socialista retirar estas enmienda, entendiendo que por la vía reglamentaria se podrá dar solución a este planteamiento en cuanto al tema de las renovaciones de las licencias. La enmienda número 20 se refiere al artículo 5.2 y aborda el ámbito de la responsabilidad en cuanto a las infracciones, detallando como sujeto tanto a las personas físicas como jurídicas. Nos parece que esta propuesta también aporta una mayor seguridad al proyecto de ley y que queda más claro a la hora de aplicar la propia ley. Con la enmienda número 29, que se refiere al artículo 8, añadimos un nuevo punto, que está recogido en la actual legislación, en la Ley 3/1996, y hace referencia a los criterios de reincidencia en relación con las condenas impuestas con sentencia firme por lo que se refiere al delito del tráfico de drogas tipificado en el Código Penal. En la enmienda número 22, al artículo 8.e), proponemos una modificación de este apartado, centrándolo en la relación a la definición de la competencia de los distintos órganos de la Administración.
Pretendemos con esta enmienda garantizar el principio de proporcionalidad que, en el ámbito de la actuación de las administraciones públicas, se encuentra modulado por el principio de competencia. En la enmienda número 23, al artículo 13, proponemos una variación en cuanto a las sanciones por infracciones muy graves de 30 a 90.000 euros. 30.000 euros es lo que propone el proyecto de ley y el Grupo Parlamentario Popular lo aumenta a 90.000. Estamos de acuerdo en que las sanciones que tipifica la actual regulación, la Ley 3/1996, como muy graves son excesivas, habida cuenta de la propia dificultad para llevarse a efecto. Dicho esto, la propuesta de modificación remitida por el Gobierno se nos hace difícil de aceptar, ya que este tipo de sanciones se reducirían a un máximo de 30.000 euros.
Pensamos que en este trámite de la Comisión, teniendo en cuenta la voluntad política del Gobierno y, en su caso, del Grupo Socialista, con la presentación de una enmienda transaccional podemos llegar a un acuerdo en cuanto a la cuantía final fijada. Con la enmienda 24, al artículo 14, mejoramos la seguridad jurídica en cuanto a los criterios de la graduación de las sanciones.


Termino diciendo, señorías, que agradecemos los servicios de la Cámara, especialmente de la letrada, doña Rosa Ripollés, su trabajo, su colaboración, en el desarrollo de este proyecto de ley, proyecto de ley que viene a tratar de salvaguardar los legítimos intereses de la industria fabricante de precursores químicos con el necesario control para cortar de raíz la desviación de los mismos a la fabricación ilegal de drogas que tanto daño causa a nuestra sociedad. Coordinación, vigilancia y un exquisito control de estas sustancias deben servir de mayor garantía a la hora de enfrentarnos a un mundo de ilegalidad que desea servirse de la acción legítima y responsable de un sector que lucha por hacer bien las cosas.


La señora PRESIDENTA: Quiero decirles que esta sesión no va a ser demasiado larga. No votaremos antes de las cinco y media, depende de cómo vaya el debate.


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Pregunto a la señora Pigem: ¿Pasamos el turno al señor Olabarría, que por unos minutos no llegó a su hora? (Asentimiento.) En este caso tiene la palabra el señor Olavaria para defender las enmiendas de su grupo, que son las que van de la 1 a la 17.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, no será por la intervención de nuestro grupo por la que se demore la hora de la votación prevista.


Nuestras enmiendas hacen referencia a tres ámbitos de actuación previstos en este proyecto de ley, que tienen naturaleza absolutamente competencial. El Tribunal Constitucional ha tenido ya la oportunidad de definir cuáles son los ámbitos competenciales en materia de seguridad ciudadana, de seguridad pública, y son particularmente los previstos en la sentencia 104/1998, en la sentencia 175/1999 y en la sentencia 148/2000. En estas tres sentencias del Tribunal Constitucional se establecen dos ámbitos de competencias en relación con lo que estamos debatiendo en este proyecto de ley, que son perfectamente diferenciables y están perfectamente definidos, el propio de los servicios policiales, en el sentido estricto, y el relativo a otros servicios o actividades de distinta naturaleza y finalidad, de modo que el segundo de dichos ámbitos corresponde a la materia genérica de seguridad pública, mientras que el primero, que acota al segundo, identifica la submateria policial. Desde esa perspectiva, termina preconizando el Tribunal Constitucional, estas sentencias reconocen que las tareas estrictamente policiales no son separables de la serie de facultades administrativas que les son inherentes o complementarias y que tienen una dimensión jurídica y no solo material.


Dicho esto, que parece una reflexión expresada con caracteres poco menos que crípticos y difíciles de entender, lo que queremos decir son dos cosas fundamentalmente. Hay competencias relativas a la actuación policial, en stricto sensu, y hay materias que corresponden a las competencias de la Administración, que tiene competencia punitiva, competencia también de identificación o de otorgamiento de licencias en materia de precursores o de instrumentos que son precursores de drogas y competencia sancionadora. ¿Cuáles son estas competencias? Las que están previstas en el bloque de constitucionalidad. ¿Cuáles son estas competencias? Las que palmariamente ignora este proyecto de ley, que atribuye o rescata para la Administración Central del Estado competencias que ya estaban en la jurisprudencia constitucional, incluso en el ámbito material de identificación de competencias de administraciones autonómicas, con policías integrales y con competencias en materia sancionadora en este ámbito perfectamente pacíficas. Esta ley rescata competencias para la Administración Central del Estado que correspondían otrora a la Administración autonómica en tres ámbitos, en el ámbito de la creación de registros, cuando antes había registros diferentes ahora se crea un registro único, sin perjuicio de una enmienda pretendidamente transaccional que se nos oferta, en donde se crean otros registros armonizados o subordinados, como si fueran registros desde las subdelegaciones del Gobierno o de las delegaciones del Gobierno, registros en relación con las concesiones o licencias para la configuración o creación de industrias que se dediquen a la creación de estos productos, de estos precursores, y competencias sobre todo en materia sancionadora.


Es imposible concebir, en un Estado compuesto, como el nuestro, donde existe la distribución de competencias en materia sancionadora, punitiva, en relación a la seguridad pública, en su concepción más global del término, que un proyecto de ley, presentado por el Gobierno del Estado, no solo ignore las competencias que el bloque de constitucionalidad reconoce a las comunidades autónomas, sino que intente perversamente rescatar competencias que ya estaban transferidas a las comunidades autónomas. La transacción que se nos oferta es manifiestamente insuficiente y la vulneración competencial hace referencia a los tres bloques de materias que he definido, la creación de un único registro, al que se subordinan otros que tienen carácter instrumental, subordinados, son una especie de registros delegados, nunca mejor utilizada la expresión, cuando la competencia en materia de seguridad ciudadana corresponde a algunas comunidades autónomas con carácter exclusivo, lo cual posibilitaría la creación de registros únicos y específicos para estas comunidades, que no tienen por qué no estar coordinados con el registro central, el registro del Estado. La segunda competencia que se vulnera palmariamente es la relativa a la concesión de licencias para la construcción o fabricación de precursores. Y la tercera competencia que se vulnera palmariamente también es la competencia sancionadora, la prevista en materia de infracciones y sanciones en el orden social.


Se está vulnerando todo: el bloque de constitucionalidad; las previsiones constitucionales previstas en el artículo 149 de la Constitución; las previsiones del Código Penal, cuando estamos ante ilícitos penales; las previsiones en materia de seguridad ciudadana, cuando estamos hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana; las previsiones en materia de las distintas leyes sectoriales aplicables a la materia. Y como se está ignorando todo, como es una ley que tiene una impronta jacobina digna de mejor causa, como es una ley con relación a la cual las transacciones que se nos ofertan son manifiestamente insuficientes, no son más que una especie de redefinición, un poco más alambicada y semánticamente más sofisticada, de lo mismo que el proyecto de ley pretende, que es ignorar títulos competenciales autonómicos, incluso, la mayor perversión que cabe concebir, rescatar lo que ya estaba atribuido, o desconcentrado, o concedido a las comunidades autónomas en esta materia, no estamos en condiciones de aceptar ninguna de las transacciones y vamos a mantener la totalidad de las enmiendas que nosotros hemos presentado. Si estas enmiendas no son objeto de aceptación, lo cual es previsible, a tenor de los discursos que he tenido la oportunidad

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de escuchar, mi grupo parlamentario no va a estar en condiciones de votar afirmativamente el proyecto de ley que sin embargo tiene otros aspectos de contenido material diferentes a los puramente competenciales, que son relevantes y que están técnicamente configurados, incluso avanzados en relación con las previsiones de nuestro derecho comparado. Pero no son tiempos en que, en un Estado compuesto, como en el que convivimos todos, estemos en condiciones de abdicar de temas tan importantes como las competencias que corresponden a las comunidades autónomas, las que ya están reconocidas y las que se vulneran materialmente.


Señora presidenta, con esto resumo de forma global y genérica el fundamento de todas las enmiendas, de las 17 que hemos presentado. Todas tienen esta naturaleza, que no es una naturaleza baladí, por lo menos para nuestro grupo parlamentario, ni es irrelevante. No estamos dispuestos a consentir que el Gobierno del Estado español presentando proyectos de ley vulnere competencias claramente tipificadas por el bloque de constitucionalidad, por la jurisprudencia constitucional. Pero hay algo que es más perverso todavía y es que rescate competencias que, estando pacíficamente asumidas por las comunidades autónomas, a través de legislación sectorial, pretenda de alguna forma vulnerarlas, relativizarlas o recuperarlas. Esa es la posición de nuestro grupo.


La señora PRESIDENTA: Entiendo, por tanto, que mantiene todas sus enmiendas para votación.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, he dicho dos cosas. He dicho que las mantengo y que, si ninguna de ellas es objeto de aceptación y si las transacciones ofertadas son las que constan en los textos que nos acaban de ofertar, vamos a votar en contra del proyecto de ley.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pigem para defender sus enmiendas.


La señora PIGEM I PALMÉS: Tal como se dice en la magnífica nota que elaboró la letrada de esta Comisión, la señora Ripollés, este es un proyecto breve, técnico y concreto, porque el grueso de la regulación sobre el control de precursores de droga se encuentra tanto en la Convención de Viena como en los reglamentos europeos. Efectivamente, tenemos la regulación en el reglamento 273, de 2004, en el reglamento 111, del año 2005, y en el reglamento 1277, del año 2005. Dado que por su propia naturaleza los reglamentos europeos son normas de derecho derivado de directa aplicación y, por tanto, sin necesidad de trasposición al derecho interno, entraron ya directamente en vigor en agosto del año 2005. Por ello, el proyecto de ley que estamos debatiendo lo que hace es concretar quiénes son las autoridades competentes españolas y regula el régimen sancionador en los supuestos de infracción de las disposiciones de los mencionados reglamentos comunitarios, a lo que yo añadiría, en congruencia con las enmiendas presentadas tanto por el Grupo Vasco como por mi propio grupo y que se nos ha anticipado ya por el Grupo Socialista que se nos va a aceptar, que la ley tiene por objeto también, aunque no lo diga en el preámbulo, establecer el sistema de otorgamiento de licencias de la actividad. Un proyecto, como digo, breve, técnico y necesario que hubiera merecido sin más nuestro apoyo de no ser porque la regulación se realiza con una visión absolutamente centralista del Estado que no se corresponde con el reparto de competencias que tenemos a tenor de lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad, es decir, tanto en la Constitución como en los respectivos estatutos de autonomía, que prevén la pluralidad de operadores en materia de seguridad, que se materializa, por ejemplo, en la existencia de cuerpos de policía integral en algunas comunidades autónomas. Por esta razón, hemos presentado desde Convergència i Unió dieciséis enmiendas, que coinciden con las presentadas por el Grupo Vasco, a quien quiero agradecer su colaboración en este tema, todas ellas de carácter competencial y que se refieren a lo que afecta a quién puede otorgar las licencias y especialmente al tema de la existencia de un registro único para todo el territorio. El señor Olabarría, que me ha precedido en el uso de la palabra, se ha referido extensamente a la conculcación de lo dispuesto en los respectivos estatutos de autonomía por lo que se refiere a la concesión de las licencias y me sumo a cuanto él ha dicho.


Voy a extenderme un poco más en el tema del registro. En la exposición de motivos de la ley y en el artículo 3 se dice, cuando habla de registros de operadores, que en el Ministerio del Interior existirá un registro general de operadores y en el Ministerio de Economía y Hacienda habrá otro registro de operadores, uno para comercio exterior y otro para comercio interior. Y dice que ambos registros serán únicos para todo el territorio nacional, lo que supone una novedad respecto al registro general. Pues bien, esto de que sean únicos, además de una novedad, tal y como se ha señalado también aquí es una conculcación del marco competencial que tenemos. Y creemos, además, que no es necesario en absoluto. No lo es, en primer lugar, porque no lo exige para nada el Reglamento 1277/2005 de la Unión Europea que se limita a declarar en su disposición final, artículo 28, que cada Estado adoptará las medidas necesarias para que las autoridades competentes puedan llevar a cabo sus tareas de control y vigilancia, incluidas las inspecciones para examinar la idoneidad de los establecimientos comerciales, etcétera. Es decir, dice qué se debe hacer pero en ningún momento dice cómo se debe hacer, sino que, como es normal en todas las disposiciones de la Unión Europea, la distribución interna se hace a tenor de la legislación competencial de cada Estado. Por tanto, esto no lo exige el reglamento de la UE. El reglamento único tampoco existe en la ley actual. La ley actual, la que se va a derogar cuando previsiblemente aprobemos esta, dice en el artículo 10, cuando habla de registro de

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operadores, que el Ministerio del Interior exigirá un registro y el Ministerio de Economía exigirá otro registro, pero no dice que sean los únicos registros que puedan existir. Es más, es que ahora existen otros registros porque, si no, no tendría sentido lo dispuesto en la disposición transitoria única del proyecto de ley que estamos viendo, que dice: Traspaso de datos al registro general; y concreta: Los registros delegados transferirán todos los datos de que dispongan al registro general de operadores en el plazo de tres meses desde que entre en vigor esta ley. El tema del registro engloba, desde mi punto de vista, dos temas. En primer lugar, un tema competencial claro en el sentido de que lo que se dispone en este proyecto de ley conculca en el caso de Cataluña lo dispuesto en el artículo 164 del Estatuto de Cataluña cuando se refiere a las competencias en materia de seguridad pública, donde se dice que, entre otras, tendrá todas las que se derivan de la normativa estatal, como podrían ser perfectamente estos registros. Pero, además, el que haya un registro único y que desaparezcan incluso los registros delegados supone o puede suponer un trastorno para quien tiene que acceder a un único registro que estará en Madrid, en uno y otro ministerio, porque desaparecen todos los que hay, incluso en las delegaciones del Gobierno, que son los que hay ahora. Aquí no dice que cada tres meses volcarán los datos al registro único, dice que los volcarán una sola vez en el plazo de tres meses. Por tanto, entiendo que con esto se quiere ir a este registro no de sistema único sino de registro uno, único y cerrando incluso las delegaciones que hay.


Por todo esto, hemos presentado una serie de enmiendas. Se nos ofrece una transaccional que, si bien creo que será debidamente explicada por la portavoz del Grupo Socialista, no responde al tema de licencias y sí supone a nuestro entender un avance en cuanto a que se recoge la competencia de las comunidades autónomas para participar en el tema del registro general. Por tanto, a la espera de escuchar cuál es la propuesta que se nos hace y valorar si se da respuesta a lo que pretendíamos con nuestras enmiendas, dejo aquí mi intervención y en un segundo turno, si le parece, señora presidenta, precisaré ya mi posición respecto a las enmiendas que mantengo y las que puedo retirar.


La señora PRESIDENTA: Seguimos con el turno ahora del Grupo Socialista para fijar su posición u ofrecer transaccionales. Tiene la palabra la señora Gómez.


La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Señorías, como ya han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, los precursores son sustancias químicas desviadas de su uso legal; básicamente son sustancias que se utilizan en la industria y que cuando se desvían de ese uso legal son utilizadas para la elaboración de diferentes tipos de drogas, la heroína, la cocaína, el éxtasis y todas las drogas que conocemos como drogas de diseño. Con esta ley de lo que se trata, por tanto -y lo quiero resaltar-, es únicamente de evitar su utilización para la fabricación ilícita de drogas. Existen diferentes reglamentos comunitarios -han hecho referencia también a ellos y no voy a repetirlos- sobre estos precursores de drogas, reglamentos que inciden en la catalogación de las sustancias que son susceptibles de ser desviadas, en las licencias, en los registros y en los requisitos para la puesta en el mercado de estas sustancias y para la exportación. Son reglamentos de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. Para poder precisamente aplicar lo recogido en estos reglamentos comunitarios es necesario hacer esta ley, que recoge no solamente las infracciones y sanciones que se derivan de acciones realizadas de forma contraria a las obligaciones que aparecen en dichos reglamentos, sino que, como ha dicho muy bien la portavoz de Convergència i Unió, recoge también el sistema de otorgamientos de licencias y así lo vamos a incorporar en una enmienda de ambos grupos.


Creemos que es necesario armonizar, no solo a nivel europeo sino también internacionalmente, el control sobre estas sustancias químicas llamadas precursores porque constituyen realmente una grave amenaza. Quiero resaltar que España no es un país que se caracterice por la fabricación de sustancias ilegales a partir de materias primas cultivadas ni tampoco a partir de procesamientos químicos que transformen los principios activos en sustancias consumibles por los demandantes. Sin embargo, es necesario prestar atención a los eventuales procesos de desplazamiento de estos laboratorios que puedan tener como resultado la progresiva instalación en nuestro país. Por tanto, controlar los precursores es importantísimo para que esto no suceda. Para que todos nos hagamos una idea de lo que estamos hablando y según datos de la Comisión Europea, con apenas un litro de piperonal metil cetona se pueden producir 10.000 pastillas de éxtasis; con un litro de benzo metil cetona se pueden producir 50.000 anfetaminas y con un kilo de efedrina se podrían conseguir hasta 20.000 dosis de metanfetaminas. Estamos hablando de sustancias, de productos químicos, en el caso del piperonal metil cetona y del benzo metil cetona, que se utilizan desde para la fabricación de plásticos hasta para la fabricación de perfumes -por lo tanto, tienen un uso muy extendido- y en el caso de la efedrina para un uso clarísimamo dentro de la industria farmacéutica. Es necesario, pues, también la cooperación con la industria que utiliza estas sustancias, los fabricantes, los productores, los comerciantes, los distribuidores, los transportistas, porque son quienes están en mejor disposición para conocer a quiénes van dirigidas estas sustancias y por tanto pueden colaborar en la identificación de posibles transacciones sospechosas.


Entrando en el articulado de la ley, han presentado enmiendas los Grupos Parlamentarios Popular, Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (Convergència i Unió).
Me voy a referir conjuntamente a las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco y de Convergéncia i Unió porque, además de tener un contenido idéntico, están todas basadas en

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una reivindicación competencial en esta materia y cuelgan de un argumento que ya fue utilizado en su día. Por parte del Partido Nacionalista Vasco fue empleado cuando se aprobó la ley del año 1996 en una enmienda que fue rechazada y en ambos casos, tanto las enmiendas de un grupo como de otro, tienen una justificación coincidente con la que en su día se utilizó y sirvió de fundamento al recurso interpuesto por la Generalitat de Catalunya a la ley aprobada en el año 1996. Se citan por ambos grupos en la exposición de las enmiendas diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, que sirven de base al argumentario de las enmiendas; sin embargo, no se cita para nada la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2001, que declara la constitucionalidad de esta ley del año 1996. Entendemos que en las enmiendas se plantean algunas cuestiones que ya están juzgadas por el Tribunal Constitucional y que por lo tanto no vamos a poder asumir en el contenido de esta nueva ley. Ahora bien, vamos a admitir algunas enmiendas de estos grupos, en concreto las números 6, del Partido Nacionalista Vasco, y 29, de Convergència i Unió, en las que se pide hacer referencia en la ley no solo al régimen sancionador, sino también al sistema de otorgamiento de licencias. Y hemos presentado una enmienda transaccional que afecta a un número importante de enmiendas del Partido Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió. Reconociendo la necesaria colaboración entre administraciones, les hemos planteado la posibilidad de una transaccional, donde resaltamos que son necesarios los mecanismos de colaboración y los cauces de coordinación y cooperación de las comunidades autónomas con la Administración General del Estado para poner en marcha las medidas de esta ley, sobre todo aquellas medidas que puedan llevarse a cabo por las policías autonómicas. Y en cuanto al tema de los registros, lo hemos incluido en esta enmienda transaccional porque vemos que tienen una preocupación especial por este tema. Por cierto, me gustaría aclarar que en la anterior ley los registros nunca han sido competencia de la comunidad autónoma, sino de las delegaciones del Gobierno, una competencia por tanto que estaba en la Administración central. Este es el contenido, grosso modo, de la transaccional que hemos presentado a los dos grupos y me gustaría que los portavoces lo estudiasen y pudiéramos llegar a un acuerdo.


Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, una vez que han retirado las números 18 y 19, vamos a aceptar las enmiendas números 20, 21, 22 y 24, pues consideramos que mejoran el texto de la ley. Creemos que son acertadas y por lo tanto no vemos ningún problema en incorporarlas al texto. Le hemos planteado una transacción a la enmienda número 29, entendiendo que es posible admitir una elevación de las sanciones muy graves para aquellas conductas que sean más dolosas o que se acerquen peligrosamente a la fabricación de sustancias estupefacientes. Espero también que podamos llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular y que acepte la transacción que le hemos presentado.


Por mi parte, señora presidenta, nada más. Doy las gracias a los portavoces por su disposición al diálogo -espero que podamos seguir haciéndolo- y sobre todo creo que entre todos vamos a contribuir a mejorar esta ley.


La señora PRESIDENTA: En su intervención el Grupo Popular ha dicho algo sobre las transaccionales, pero les pido en este momento que se pronuncien claramente sobre la aceptación por una parte de determinadas enmiendas, que quedarían ya asumidas a menos que algún grupo las quiera seguir votando, y fundamentalmente sobre las transaccionales.


Tiene la palabra, señor Pintado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Voy a fijar nuestra posición con respecto a la enmienda transaccional. Como anteriormente he comentado, hemos retirado las enmiendas números 18 y 19 y de las cinco restantes se nos aprueban cuatro. Por un lapsus, la señora Gómez Santamaría ha hecho referencia a la enmienda número 29 cuando quería decir 23, que, según la propuesta que nos hace el Grupo Socialista, quedaría con multas desde 30.000 a 60.000 euros, cuestión que nosotros aceptamos.


La señora PRESIDENTA: Me había parecido también entender que se estaba refiriendo a la 29 y es la 23.


La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Perdón, era la 23.


La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muy a mi pesar, no podemos aceptar la enmienda que pretende acoger todas las pretensiones de mi grupo parlamentario. No lo podemos hacer porque, en primer lugar, en el apartado 2 de la enmienda, que solo hace referencia a la disposición adicional segunda, se pretenden resolver los problemas competenciales que la señora Pigem y yo hemos planteado con una expresión que requiere recurrir a una hermenéutica muy fina para comprender qué se quiere decir exactamente. La expresión, la locución o la frase que se utiliza es: En particular se instrumentarán -en el futuro- las medidas que posibiliten -no se especifica qué medidas serán estas- la participación de las comunidades autónomas en la llevanza -la expresión llevanza no sé si es una terminología particularmente forense, seguramente la ilustre letrada de esta Comisión nos podrá ilustrar sobre esta cuestión- del registro general de los operadores de sustancias químicas catalogadas. Si esto lo puede entender alguien, le agradecería

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mucho que me ilustre sobre cuál es el contenido material de lo que se nos oferta pretendidamente en concepto también pretendidamente de transacción. Aquí hay una jurisprudencia constitucional perfectamente consolidada, señora presidenta. Yo he citado tres sentencias en las que se establece como criterio general que las tareas estrictamente policiales no son separables de la serie de facultades administrativas que le son inherentes o complementarias. Resulta un poco fatigoso, señora presidenta, que un grupo como el mío, que al parecer tiene una serie de estigmas soberanistas, anticonstitucionalistas, etcétera, esté siempre preconizando lo que dice el Tribunal Constitucional. Si no es suficiente que el Tribunal Constitucional, definiendo los títulos competenciales del artículo 149 invocados, establezca que no es separable la actuación policial de las competencias administrativas conectadas con esa actuación policial y que en el ámbito de esta ley esas competencias administrativas están ínsitamente vinculadas a la existencia de distintos registros que ya existían hasta la existencia de esta ley si desafortunadamente se aprueba, a la existencia de competencias sancionadoras que existían, o existen si no se aprueba esta ley, y a la competencia del otorgamiento de licencias que existía, o existe si no se aprueba esta ley, tengo que decirle que esto nos ubica en una posición políticamente muy complicada.
Si nosotros reivindicamos para defender nuestros derechos, nuestras pretensiones, nuestras enmiendas, solo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y esto es objeto de no consideración, de relativización, de no ser escuchado en este momento por los portavoces del partido que sustenta al Gobierno, de menosprecio en definitiva y solo estamos utilizando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aquí en este momento hay que plantearse muchas cosas, señora presidenta. Yo lo dejo ahí y en este caso pido un esfuerzo de solidaridad, de reflexión intelectual más sólida que la que hemos escuchado hasta ahora. Desde luego, señora presidenta, si ni siquiera la jurisprudencia constitucional, los títulos competenciales previstos en el bloque de constitucionalidad, en la Constitución y en los estatutos de autonomía, valen para resolver cuestiones como las competenciales, y se recurre al perverso procedimiento de utilizar leyes sectoriales no solo para vulnerar -y esto ya sé que ahora, por lo que veo, no le interesa absolutamente a nadie, a mí sí me interesa particularmente pero no le interesa absolutamente a nadie- títulos competenciales sino para rescatar competencias transferidas, desde luego, aquí hay que plantearse en cuanto a la configuración territorial del Estado cosas de mayor profundidad.
Esto parece que es una ley sectorial, una ley de escasa relevancia, de seguimiento mediático relativo o pequeño, pero, señora presidenta, esto determina perfectamente el jaez político, en relación al Estado compuesto que pretendidamente configura la Constitución, de algunos grupos políticos, y de esto nosotros tomamos muy buena nota.


La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, no voy a entrar, por supuesto, en su debate. Usted ha elevado el tono del debate de una ley sectorial, pero no cabe duda de que está en su derecho a hacer su defensa, y lamento que no haya sido convencido por los argumentos del grupo que le proponía la transaccional.


Tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Yo quisiera agradecer a la portavoz del Grupo Socialista y a otros miembros de la Comisión el intento de acercamiento que se ha hecho y el interés que se ha puesto para poder llegar a una enmienda que realmente pudiera satisfacer a todas las partes. De todas maneras, creo que la enmienda transaccional, aunque la agradecemos, no da respuesta a lo que pretendían nuestras enmiendas.


Entendemos que en un Estado donde hay pluralidad de operadores en la seguridad no debe considerarse que la actuación de dichos operadores va a suponer ningún menoscabo a la seguridad de nada ni de nadie y, por lo tanto, mantener las competencias circunscritas a lo que el bloque de constitucionalidad nos dice lo que significa es cumplir la ley, y no por ser más centralizado ni único va a garantizar mejor; quizá será más simple administrativamente, no digo que no, pero no se adecua al reparto competencial que nos hemos dado. A mí particularmente me hubiera gustado más que este acercamiento, es decir, la previsión de la coordinación con las comunidades autónomas con competencias en la materia, hubiera estado en todos y cada uno de los artículos en donde se hablaba de quiénes eran las autoridades competentes. Yo comprendo que se haya hecho en una disposición adicional segunda porque, al límite del tiempo, de alguna manera podíamos referirnos a toda la ley, pero leído el conjunto de la ley, a los ojos de la diputada que les habla sigue apareciendo como una ley con una visión reduccionista de las competencias plurales de nuestro Estado. Por lo tanto, como digo, agradeciendo la disposición, voy a mantener todas mis enmiendas.


La señora PRESIDENTA: No sé si la portavoz del Grupo Socialista quiere puntualizar o clarificar el tema antes de la votación.


La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Sí, señora presidenta, si me lo permite muy brevemente. Ante la intervención de los dos portavoces de los Grupos Vasco y Convergència i Unió procedemos a retirar la transaccional presentada.


La señora PRESIDENTA: Pregunto a los grupos si están en condiciones de votar o esperamos cinco minutos porque no son las cinco y media.
(Pausa.)

Vamos a pasar a las votaciones. Vamos a votar las enmiendas que quedan vivas. En primer lugar, del Grupo

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Nacionalista Vasco, vamos a votar todas salvo la número 6, es decir, las números 1 a 5 y 7 a 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación la enmienda número 6 del señor Olabarría.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Pasamos ahora a votar las enmiendas del Grupo Popular. Se han retirado las números 18 y 19 y, por lo tanto, votamos el resto, que incluye la transacccional que afecta a la número 23 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas por unanimidad.


Por último vamos a votar las enmiendas de Convergència i Unió. Votamos primero separadamente la enmienda 29.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos el resto de enmiendas de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos seguidamente el dictamen con las enmiendas que acabamos de introducir en el mismo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de este proyecto de ley.
Con esta votación se termina el debate del proyecto de ley de control de precursores de drogas.


Se levanta la sesión.


Eran las cinco y treinta minutos de la tarde.

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