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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 221, de 10/03/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 221
MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN
Sesión núm. 16 celebrada el martes 10 de marzo de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre el deslinde del dominio público marítimo terrestre en la Marina d'Empuriabrava. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000587.) ... (Página 2)

- Relativa al establecimiento de líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al sector pesquero. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000595.) ... (Página 4)

- Relativa a la trashumancia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000757.) ... (Página 7)

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Sobre el sector lácteo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000660.)... (Página 9)

- Relativa a la creación de reservas marinas protegidas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000732.) ...
(Página 12)

- Relativa a la promoción de la regulación de la pesca del tiburón.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000733.) ... (Página 14)

- Relativa al dominio público marítimo-terrestre en la Marina d'Empuriabrava. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 161/000637.).... (Página 16)

- Relativa a las acciones piloto de pesca experimental. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000801.) ... (Página 19)

- Sobre derogación del artículo 48.3 del Real Decreto 1612/2008 sobre producciones mínimas de algodón. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000837.) ... (Página 22)

Se abre la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.


DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE EL DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE EN LA MARINA D'EMPURIABRAVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000587.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca para debatir proposiciones no de ley presentadas por los distintos grupos parlamentarios.


Empezamos con el primer punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la marina de Empuriabrava, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra para su defensa el señor diputado Canet i Coma. Señoría.


El señor CANET I COMA: En esta proposición no de ley lo que intentamos es llegar a un acuerdo para poner fin a una situación que pensamos que es conflictiva y que se podía haber evitado. El punto de partida del malestar que ha generado en más de cinco mil ciudadanos de una zona turísticamente importante, como es Empuriabrava, partiría del hecho de que entre los días 29 de septiembre y 2 de octubre de 2008 se ha procedido a delimitar provisionalmente el dominio público marítimo-terrestre en el expediente de deslinde de la marina interior de Empuriabrava. Este es el problema. El malestar social se ha producido, entre otras razones, porque de consumarse esta intención podría afectar a muchas edificaciones, construidas todas ellas al amparo de una legalidad urbanística anterior a la Ley de Costas de 1988. Y pensamos que era evitable porque nos parece, a juicio de nuestro grupo, que desde un punto de vista competencial no correspondería al Servicio Provincial de Costas como ejecutor realizar este deslinde. Por eso, en la comparecencia del secretario general del Mar del día 11 de febrero de este año, señor Martín Fragueiro, le pregunté por esta situación, y la verdad es que me dejó bastante tranquilo, aunque no del todo, y voy a repetir las palabras, que constan en acta, que pronunció el señor secretario del Mar.
Dijo literalmente: Cataluña ha recibido una transferencia de determinadas competencias derivadas de la Ley de Costas y seguimos trabajando, pero casi le puedo garantizar que casi todas las propiedades que están situadas en Empuriabrava no están en dominio público, sino que están en servidumbre de protección. En ese sentido, como comentaba, me dejó bastante tranquilo, y evidentemente a los interesados, pero no del todo.
Nosotros pensamos que la competencia exclusiva que demandamos para la Generalitat de Catalunya no deriva de la Ley de Costas de 1988, sino de normativas anteriores; en concreto, al menos una de 1980, efectiva a partir del día 1 de enero de 1981, que era el real decreto que traspasaba precisamente los puertos que no eran de interés general a la Generalitat de Catalunya. Posteriormente, en el año 1988 se aprobó la Ley de Costas, que ya excluía también Empuriabrava, por no ser precisamente un puerto de interés general. Y ahí sí quisiera matizar, porque creo que es importante, porque seguramente va a dar lugar a nuevos contenciosos jurídicos que ya están en marcha con las alegaciones presentadas por los afectados. Desde nuestro punto de vista la marina de Empuriabrava no es un bien de dominio público marítimo-terrestre adscrito a la Comunidad Autónoma de Cataluña al amparo del artículo 49 de

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la Ley de Costas, sino que la marina de Empuriabrava es un puerto deportivo cuya titularidad fue transmitida por el Estado a la Generalitat de Catalunya con efectos desde el 1 de enero de 1981. Por tanto, en virtud de ese traspaso, y no de la Ley de Costas, en el año 1998 la Generalitat aprobó una ley de puertos de Cataluña que excluía, expresamente, y además lo matizaba muy bien en su reglamento posterior del año 2005, la zona de Empuriabrava. Por tanto, a nuestro juicio, la competencia de la Generalitat es clara en todo lo que atañe a Empuriabrava y sus edificaciones. Con lo cual pensamos que el malestar, como decíamos, era perfectamente evitable. Pero además podríamos también acudir al Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006 que ratifica, porque estos artículos no han sido recurridos, todo ese corpus legal al que estoy aludiendo, desde el traspaso del año 1980 hasta el Estatuto de Autonomía de Cataluña, insistiendo en que la marina de Empuriabrava no es un bien de dominio público marítimo-terrestre adscrito a la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino un puerto deportivo cuya titularidad fue transmitida por el Estado. Pensamos que ese es el punto clave del aspecto competencial.


Lo que no me tranquilizó de la intervención del secretario general del Mar fue que aludía a la servidumbre de protección. Nos parece que la servidumbre de protección, a la luz de la Ley de Costas, sólo sería aplicable si existiera antes de esta Ley de Costas, pero cuando se produjo el traspaso en el año 1980 -efectivo desde el día 1 de enero del año 1981- no existía esa servidumbre y el traspaso fue hecho en la misma situación jurídica que antes, es decir, la misma situación jurídica que tenía cuando el puerto pertenecía al Estado, la misma situación jurídica cuando ese puerto, o esta marina interior fue traspasado a la Generalitat. Por tanto nos parece que no procede la servidumbre de protección. Y tampoco nos parece que proceda la servidumbre de tránsito porque nos parece del todo incongruente.en zona de servicio de una marina interior. Por tanto, a nuestro juicio lo que procedería es reconocer, como pedimos en los puntos 1 y 2 de nuestra proposición no de ley, la competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre la marina interior de Empuriabrava, y también creemos que procedería paralizar, reconociendo que sería una invasión competencial, el proceso de deslinde que se ha iniciado de momento de manera provisional.


En conclusión, pedimos la aprobación de esta proposición no de ley por razones de operatividad, de no demoliciones, etcétera, que ya reconoció el propio secretario general del Mar, pero creemos que también es importante que se acepte que la competencia es de la Generalitat de Catalunya, por tanto es a ella a quien corresponde en cualquier caso iniciar las actuaciones pertinentes, pero que no se desprende de la situación jurídica de la Ley de Costas, sino del traspaso realizado en 1980 de los puertos que no son de interés general del Estado a la Generalitat de Catalunya. Como decía, a nuestro juicio, la marina de Empuriabrava no forma parte del dominio público marítimo-terrestre, se trata de un bien de dominio público portuario de la Generalitat de Catalunya y, por tanto, creemos que el Servicio Provincial de Costas, el Estado en general, no tiene competencia material para efectuar un deslinde de bienes de dominio público portuario catalán.


La señora PRESIDENTA: No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. En el trámite de toma de posición tienen la palabra los grupos parlamentarios, de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Popular, el diputado Floriano Corrales.


El señor FLORIANO CORRALES: Señora presidenta, como luego hay una iniciativa sobre esta cuestión, no me gustaría que se interpretase como una falta de consideración hacia el grupo que acaba de defender su iniciativa, el Grupo Mixto, el que no interviniéramos, pero yo preferiría fijar la posición del grupo con respecto a las dos.


La señora PRESIDENTA: Evidentemente son dos iniciativas similares, pero de dos grupos parlamentarios distintos y cada una tiene su trámite de enmiendas y de toma de posición.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada Lizárraga.


La señora LIZÁRRAGA GISBERT: Yo sí que voy a intervenir en las dos proposiciones no de ley, porque aunque tratan sobre el mismo tema tienen unas conclusiones diferentes al final.


He escuchado con mucha atención al diputado señor Canet y he de reconocer que en su exposición de motivos coincide en muchos aspectos con los argumentos del grupo al que represento. Como bien ha dicho, el Real Decreto 2876/1980, de 12 de diciembre, sobre traspasos de servicios del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de puertos, dictado en ejecución del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 1979, atribuye a la Generalitat competencia exclusiva en materia de puertos, salvo los de interés general, que en Cataluña serían Barcelona y Tarragona, previo al traspaso a la Generalitat de todos los puertos catalanes sujetos o no al régimen de concesión existentes en Cataluña. Y entre ellos, naturalmente, el de Empuriabrava. Por tanto, es clara la titularidad autonómica del puerto deportivo de Empuriabrava y no constituye en absoluto tema de debate. De este modo, con respecto a las dos primeras pretensiones de la iniciativa presentada por Esquerra es evidente que las instalaciones portuarias que fueron objeto de traspaso no son de interés general y por tanto son de titularidad autonómica.


Dicho esto, vamos a pasar a la tercera solicitud de la proposición no de ley, que es la que causa un poco de malestar. Leo textualmente lo que pide la tercera instancia: que la hipotética aplicación de la Ley de Costas de 1988 en la marina de Empuriabrava no sólo supondría una invasión de competencias de la Generalitat de Catalunya en este ámbito, sino también una reordenación urbanística que comportaría demoliciones y, por consiguiente,

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graves daños contra los legítimos propietarios afectados y el importante sector turístico de la zona.


Es de señalar que la Ley de Costas es de aplicación a toda la costa española, incluida la catalana, y que tal aplicación en absoluto constituye ni una invasión ni una reordenación urbanística. Recordemos que la Ley de Costas es la ley que regula el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre. En materia de gestión y explotación de los puertos deportivos la Generalitat puede y debe ejercer las competencias que le corresponden, según se le atribuyen en su Estatuto de Autonomía.
Ahora bien, en materia de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y de fijación de las servidumbres demaniales habrá de ser el ministerio quien actúe. En efecto, el dominio público marítimo-terrestre es de titularidad estatal. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en su texto del año 1979 ni tampoco en el aprobado por la Ley Orgánica en 2006 atribuye la competencia de deslinde del dominio público marítimo-terrestre a la Generalitat. También he de destacar que ni practicar el deslinde ni aplicar a la franja de seis metros colindantes la servidumbre de tránsito implica la reordenación urbanística de nada, ni la práctica de demoliciones. Lo único que esto significa es que sobre las propiedades privadas colindantes con el dominio público recae una servidumbre demanial, cuya regulación permite la aplicación de un régimen transitorio que establece en determinadas condiciones el mantenimiento de las obras e instalaciones sitas en esta zona de servidumbre. La indudable titularidad autonómica de las obras e instalaciones portuarias no conlleva la plena titularidad demanial de aquella franja de terreno, que es de titularidad estatal por mandato expreso de la Constitución.


Una vez dicho esto, creo que llegamos al verdadero núcleo del problema, pues la Generalitat interpreta que el Estado pretende aplicar en el interior de la marina el régimen de servidumbre que con carácter general la legislación de costas establece para los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre, sin tener en cuenta que no se trata de dominio público natural, sino artificial, interpretando la Generalitat que el Estado no puede imponer en el interior de dicha marina la servidumbre propia de la Ley de Costas, sino únicamente proceder al deslinde del domino público marítimo-terrestre, siendo de aplicación, siempre según la Generalitat, en el interior de la marina el régimen establecido en la normativa autonómica. Y es precisamente por esta discrepancia de conceptos, desde la Generalitat y el ministerio, que mi grupo cree que no es aquí en el Parlamento español donde tenemos que discernir sobre las competencias que corresponden a cada una de las administraciones, sino que, en su caso, el Tribunal Constitucional es quien debe decidir si se tiene que aplicar, como ley autonómica, la Ley de Puertos o, como ley estatal, la Ley de Costas. Por tanto, agradecería que el diputado que presenta la proposición no de ley me aceptase la votación separada de los tres puntos, porque estamos completamente de acuerdo en los dos primeros, pero discrepamos, hasta que tengamos una resolución, del tercer punto.


La señora PRESIDENTA: Señor diputado

El señor CANET I COMA: No sé si debo manifestarme ahora en cuanto la votación separada de los tres puntos. En todo caso, acepto la votación separada de los puntos 1 y 2, y punto 3.


- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE CRÉDITO DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) AL SECTOR PESQUERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000595.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día, proposición no de ley relativa al establecimiento de líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial al sector pesquero. La presenta el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra el señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Esta proposición no de ley que vamos a presentar y que esperamos que sea aprobada, si es posible de forma unánime, responde a una iniciativa que nuestro grupo presentó a finales del pasado año, en el mes de noviembre, y que coincidió igualmente con un debate en esta misma Comisión de otra iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, a la cual, en una enmienda que fue transaccionada entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Vasco, dimos finalmente nuestro apoyo y prosperó en aquella pasada Comisión, concretamente el pasado 26 de noviembre.


En aquella ocasión pedíamos una serie de medidas específicas para ayudar a salir de la crisis que el sector pesquero español viene padeciendo en los últimos años. Transcurrido un tiempo desde aquella fecha, hemos pensado que era preciso recuperar la iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular ya había presentado en su día y actualizarla mediante la presentación de una autoenmienda que ahora pasaré a explicar a sus señorías.


¿Por qué tenemos que volver a tratar nuevamente en esta Comisión un tema que fue tratado de forma similar hace tres meses y pico? Pues fundamentalmente por dos razones. La primera, y creo que fundamental, es que el sector pesquero, por sus connotaciones particulares, por la situación que viene atravesando tanto en un pasado reciente como todavía en un presente, necesita del apoyo de los grupos parlamentarios y fundamentalmente del apoyo del Gobierno. Esta iniciativa insta al Gobierno a presentar un paquete de medidas que consideramos imprescindibles, como ahora trataré también de explicar. Y en segundo lugar porque, como acabo también de recordar, han pasado ya más de tres meses desde que se aprobara la proposición no de ley que he mencionado hace unos minutos.


¿Qué ha hecho el Gobierno, por lo tanto, desde entonces? A nuestro juicio, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, no se ha presentado desde aquella fecha,

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ninguna de las medidas a las que se instaba desde esta Comisión. Por lo tanto tengo que decir que no se ha hecho nada, y es algo que, por desgracia, está siendo norma habitual en esta Cámara. Pueden ser iniciativas presentadas por cualquier grupo, aprobadas por unanimidad o mayoritariamente, o incluso aprobadas por el propio Grupo Parlamentario Socialista, que finalmente no tienen su traducción en medidas concretas reales.


Como les decía, el sector pesquero necesita, por tanto, de apoyo, fundamentalmente del Gobierno, y necesita una inyección de financiación, que no es tanto crear nuevas ayudas como ayudar a que el sector pesquero pueda devolver los préstamos de las líneas de crédito que asumió hace tiempo y que ahora, debido a la situación en la que se encuentra, le es absolutamente imposible hacerlo. Esta situación se ha agravado todavía más porque los precios del pescado en primera venta, lo hemos dicho en muchas ocasiones en esta misma Comisión, siguen cayendo, se están pagando, como he recordado en algunas ocasiones, precios de hace veinte y veinticinco años en especies como la merluza o como el bonito; y si 2008 fue un año en el que el problema fue el gasóleo, hoy son fundamentalmente tres las cuestiones que están incidiendo en la falta de rentabilidad para este sector pesquero: los precios, la falta de créditos y la reducción en las capturas de muchos caladeros.


¿Qué proponemos, por tanto, con esta autoenmienda que hemos presentado para actualizar al máximo e ir al grano en cuanto a cuál puede ser la necesidad urgente que tiene el sector pesquero? Fundamentalmente tres cuestiones. Primero, que esa línea de crédito que anunció hace pocos meses el Gobierno de 29.000 millones de euros en favor de las pymes tenga una aplicación específica, con una cuantía concreta, en este caso entendemos que deben ser 1.000 millones de euros de esos 29.000 los que se destinen al sector pesquero, que una vez acordado ese fin, una vez escuchadas las asociaciones del sector y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, se proceda a establecer un reparto para acceder a una línea de crédito de estos 1.000 millones, de manera que no hagan uso de ella unos pocos, sino que con este dinero se pueda llegar al mayor número posible de afectados, sobre todo en la flota artesanal. Por eso pedimos en este segundo punto que se diferencien dos áreas que claramente ya están diferenciadas en el propio sector, como es el sector artesanal y la flota industrial. Es decir, 1.000 millones de esos 29.000 que se destinen a ayudar al sector pesquero de la línea de ayuda a pymes; de esos 1.000 millones, escuchando al sector, que se diferencie lo que se destina a la flota artesanal de lo que se destina a la flota industrial.
Y finalmente, como ya se había aprobado en el mes de noviembre en la proposición no de ley a la que me he referido al principio de mi intervención, que las condiciones que se fijen para disponer de estos nuevos créditos, de estas nuevas ayudas, sean exactamente las mismas que las que se habían establecido en su día para el Plan de acción del sector pesquero: es decir, que se concedan los créditos en las mismas condiciones que en su día ya se habían acordado y establecido y que el sector pesquero había valorado favorablemente.


Y para finalizar tengo que decirles que esta no es una proposición no de ley más para ayudar al sector pesquero. Les puedo asegurar, y he tenido ocasión de comprobarlo en estas últimas semanas reuniéndome con varias cofradías, que la situación es muy preocupante, que las personas que viven del sector pesquero sólo le piden al Gobierno que les dejen trabajar; y dejarles trabajar en estos casos ya no es ayudas económicas, es no asfixiarlos con burocracia, es no ponerles trabas ni dificultades a la hora de formar tripulaciones, es, en definitiva, tener la sensibilidad suficiente, que creo que esta Cámara debe tener, para con el sector pesquero. Yo creo que todos los diputados que somos de provincias que tienen costa y que tienen puertos pesqueros, tengamos o no responsabilidades en temas pesqueros, sabemos de lo que estamos hablando, sabemos a lo que me estoy refiriendo. Y por eso yo les pediría a todas SS.SS. que miraran con cariño esta propuesta, que no trata de introducir nuevas cargas en los Presupuestos Generales del Estado, sino de redistribuirlos y aplicarlos de forma mucho más sensible a sectores que están padeciendo graves dificultades y que lo único que quieren es que, una vez que se les escuche, se destinen estas cantidades que acabo de proponer de forma que puedan llegar al mayor número posible de beneficiarios.


La señora PRESIDENTA: Defendida la autoenmienda por el señor diputado, pasamos al trámite de fijación de posiciones, de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió quiero destacar, en primer lugar, que votaremos a favor de esta proposición no de ley y de la autoenmienda que el diputado Joaquín García Díez ha defendido en esta Comisión. Compartimos la preocupación. Ayer mismo tuve la ocasión de reunirme con el presidente de la Cofradía de Pescadores de Tarragona, señor Esteve Ortiz. El señor Ortiz, en una reunión, junto con el propio director de la Marina Mercante, el señor Felipe Martínez, atendió una serie de demandas que también vienen a justificar esta proposición no de ley. Porque esta proposición no de ley incide directamente en lo que debe ser facilitar el crédito, y facilitar el crédito incluso diferenciando partidas específicas a lo que debería ser la flota artesanal. Y ayer se ponían encima de la mesa preocupaciones concretas que llevan al sector de la pesca a una situación de asfixia, a una situación de dificultad.


Es cierto que estamos inmersos en una crisis económica, pero desde la Administración se puede, en ocasiones, favorecer vías de salida o aumentar las trabas al sector que está padeciendo el problema, en este caso el sector de la pesca. Pues bien, en ocasiones, determinados excesos de celo, señora presidenta, provocan a muchos pescadores problemas importantes. Inspecciones mal

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entendidas, inspecciones que van a las menudencias, no a aspectos cruciales de seguridad, dificultan y mucho la labor de ese pescador que sale cada día en unas condiciones no favorables y que ve, además, que la Administración le pone cortapisas. No estamos diciendo que no se hagan inspecciones, no. Estamos diciendo que se busquen unos criterios homogéneos favorecedores al sector y al trabajo que llevan a cabo. Un ejemplo: cuando una embarcación nueva, por ejemplo en el Mediterráneo, sale muchas menos horas que esa misma embarcación en el Cantábrico o en el Atlántico, porque son maneras de trabajar distintas, la pesca que se sale y se vuelve el mismo día, con menos horas, quizá deberíamos revisar cada cuánto se hacen las revisiones de los ejes. Una revisión cuatrienal de un eje de una embarcación que ha salido poco es de un coste que supera los 3.000 euros para el pescador que debe afrontarla, además del periodo en que no puede trabajar porque retira su barca para realizar esa revisión. Hay muchos aspectos que deberían hacernos reflexionar. Cuando se habla de tripulaciones mínimas, en ocasiones, garantizar una cierta tripulación mínima quiere decir reducir el coste de lo que es lo que va a ganar esa embarcación cuando sale, y no le salen las cuentas y lo que quiere es cerrar.


Por tanto, bienvenida sea esta proposición no de ley que ha defendido hoy aquí el diputado Joaquín García Díez. Le damos el apoyo de Convergència i Unió, votaremos a favor. Esperamos coincidir con todos los grupos de esta Cámara en votar a favor de iniciativas que vayan en ayuda del sector de la pesca, que falta les hace. Damos la bienvenida a esta proposición no de ley y anunciamos que también desde Convergència i Unió estamos preparando una serie de medidas que traeremos a este Congreso de los Diputados, porque la situación es crítica, y ante esa situación crítica lo que espera el sector es una complicidad y una ayuda de los poderes públicos. Sin ninguna duda esta línea de crédito a partir del ICO para el sector pesquero sería muy oportuna, y desde Convergència i Unió le damos la bienvenida.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Estrada.


La señora ESTRADA IBARS: En un principio esta proposición no de ley que propone el Grupo Parlamentario Popular se formuló con dos puntos de referencia. Y quiero hacer alusión a los mismos porque así dejaré claro cuál ha sido la postura del Gobierno socialista durante estos cuatro años con respecto al sector pesquero.


Señorías, en un primer punto hablaba el señor proponente de los préstamos otorgados a través del ICO para paliar los efectos económicos producidos por los daños ocasionados como consecuencia del accidente del Prestige.
Esta catástrofe, señorías -yo soy gallega-, todavía está presente por las consecuencias terribles que ocasionó a la costa gallega y por la pésima actuación realizada por el Gobierno del PP en aquellos momentos ante tan catastrófico accidente. Y no debemos olvidar, señorías, que finalizaron todos los plazos correspondientes a los mismos, lo cual hace difícil, como en un momento proponían, reabrir la línea de crédito.


Respecto al segundo punto que hacía mención también la proposición no de ley, que era respecto a las líneas de crédito diferencial del ICO en el Plan de acción del sector pesquero español en el año 2005, me gustaría señalar que en su momento se amplió el importe máximo del préstamo a obtener por las empresas pesqueras, pasando de una cantidad inicial de 200 millones de euros a una cifra final de 275 millones de euros, hecho que pone de manifiesto el constante interés del Gobierno por atender al sector pesquero y a sus necesidades y demandas. La bonificación de intereses de este crédito fue estimada en la no pequeña cantidad de 44,88 millones de euros, y esta cifra fue asumida por el ministerio. Finalmente se formalizaron 1.330 préstamos, cifra que da cuenta de la cantidad de beneficiarios dentro del mundo pesquero que pudieron optar al préstamo, siendo la cifra total concedida de 260,64 millones de euros, con una bonificación de 44,47 millones de euros. Señorías, es pues manifiesta la preocupación del Gobierno por el sector pesquero: se abre una línea específica, se amplía la cantidad inicial de crédito, se suma una bonificación considerable, hace uso de la misma un gran número de empresas del sector y, aun así, queda una parte del total, 15 millones de euros sin ser utilizada.


Respecto al segundo punto de la proposición no de ley que en su momento presentó el Grupo Parlamentario Popular, quiero destacar que en el Consejo de Ministros del 18 de enero de 2008 se aprobó el Plan de reactivación del sector pesquero español, un plan destinado a mejorar la competitividad de las empresas armadoras que abrió una línea de préstamos del ICO con una financiación máxima de 236 millones de euros y con una bonificación de intereses estimada en 50,66 millones de euros, cuyo coste financiero de nuevo es asumido por el ministerio. A día de hoy se han firmado resoluciones por importe total de los préstamos concedidos de 191,82 millones de euros y con una bonificación de intereses de 41,45 millones de euros, formalizándose un total de 345 operaciones. La línea de crédito de la que estamos hablando terminó su periodo de vigencia hace escasamente dos meses y medio, como quien dice ahora mismo, hace nada. Es más, en este punto quisiera destacar lo que hacía mención el señor Díez, que comentaba que en el mes de noviembre su grupo, junto con el grupo del PNV, formalizaron una proposición no de ley para abrir una nueva línea del ICO. En ese mes, justo en el mes de noviembre, todavía estaba en vigencia este crédito abierto por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Medio Marino. Y quiero destacar que no se hizo uso de la cantidad total que fue puesta a disposición del sector pesquero, -que quizá deberíamos tener en cuenta que no se hizo uso de toda la cantidad puesta a disposición del sector- y también que los beneficiarios de esta línea de crédito lo han sido de la línea ICO-MAPA sector pesquero del año 2005. Lo que sucede, señorías, es que desde el año 2004 existe una firme voluntad por parte del Gobierno socialista de atender al sector pesquero.
El Gobierno socialista ha puesto en

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marcha un número muy importante de actuaciones dirigidas a paliar los efectos económicos desfavorables en el sector pesquero. Además de las líneas de crédito preferenciales de las que he hablado con anterioridad, se establecieron ayudas a los paros temporales de la flota, financiación de las cuotas de la Seguridad Social por parte de armadores y tripulantes, concesión de subvenciones para minorar el coste de los carburantes, y muchas más. Si todas estas ayudas las traducimos a cifras tenemos que más de 100 millones de euros es la cantidad puesta a disposición del sector pesquero en forma de subvenciones, consecuencia de este conjunto de medidas adoptadas, o más de 400 millones de euros a través de las líneas de financiación preferenciales abiertas por el ICO.


Señorías, el Gobierno sí está actuando; y actúa porque hoy por hoy se están abriendo numerosas líneas en el ICO, a las cuales pueden acceder los miembros del sector pesquero puesto que dichas líneas de crédito están destinadas a impulsar y a apoyar las inversiones productivas de las empresas españolas, como la línea ICO-PYME, dotada con 10.000 millones de euros, o bien destinadas a la financiación del capital circulante a empresas medianas, solventes y viables que se enfrenten a una situación transitoria de restricción del crédito, como la línea ICO-Liquidez, aprobada el viernes pasado por el Consejo de Ministros.


Señorías, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, nos tenemos que oponer a esta enmienda que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular puesto que efectivamente tenemos interés, como lo he puesto de manifiesto, por el sector pesquero, pero no es lógico proponer unas condiciones específicas para un determinado sector porque estas líneas tienen unas condiciones de regulación general. Yo les preguntaría a los señores proponentes cuántas condiciones específicas sería necesario establecer para atender a los diferentes y numerosos sectores que componen el tejido empresarial español, ¿me lo podrían decir ustedes? Por eso vamos a votar en contra. Votar en contra no quiere decir que el Gobierno socialista no esté atento a todas las necesidades del sector pesquero.


Aquí también se ha hablado de otra serie de cuestiones en las que no voy a entrar porque no es lo que estamos debatiendo hoy. Se ha hecho mención al exceso de celo en determinadas inspecciones o inspecciones mal entendidas. Señorías, cuando se realiza una inspección se realiza de una manera regulada, establecido un reglamento previo. Quisiera que esto se comentara en su momento y no ahora. En cuanto a las medidas, el señor proponente dijo que lo que busca es un apoyo parlamentario para el sector pesquero y que el Gobierno actúe. Como lo he puesto de manifiesto, el Gobierno está actuando, y no sólo está actuando ahora, sino que lleva actuando cinco años desde que tomó el poder el Gobierno socialista. Por eso, señorías, reitero que no vamos a apoyarles.


La señora PRESIDENTA: Una cuestión antes de continuar con el orden del día. Está prevista la hora de votación a las 13:30, y en todo caso no antes de esa hora. En segundo lugar, se ha planteado por los grupos políticos una alteración del orden del día, de tal forma que la proposición no de ley que aparece en el punto 7.º, relativa a la trashumancia, pasaría a debatirse en este momento y la proposición no de ley que aparece en el punto 3.º, relativa al dominio público marítimo-terrestre de la marina de Empuriabrava, pasaría al punto séptimo. ¿Estamos de acuerdo en la alteración del orden del día? (Asentimiento.)

- RELATIVA A LA TRASHUMANCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000757.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la defensa de la proposición no de ley relativa a la trashumancia que consta en el punto 7.º del orden del día.
Para su defensa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor diputado Alonso Núñez.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Me produce una enorme satisfacción que en esta Comisión de hoy -en las previas hemos hablado de la problemática de la dehesa y, por tanto, de las actividades agrícolas y ganaderas que en ella se desarrollan- tengamos la oportunidad de hablar, debatir y seguramente fijar posición favorable en defensa de un sector, el de los ganaderos trashumantes, que yo creo que se merecen por parte de todos nosotros un reconocido homenaje.


Los ganaderos trashumantes, que siguen manteniendo su actividad en muchas provincias de España, mantienen una práctica ganadera ancestral que se ha mantenido a lo largo de los siglos, y pese a las enormes dificultades que tienen en este momento, por múltiples motivos que después referiré, mantienen bien alto el pabellón, su actividad, su orgullo de ganaderos trashumantes, moviendo sus ganados por las vías pecuarias, por las cañadas reales de nuestro país.


La trashumancia es una práctica ganadera que está basada en el desplazamiento anual de los rebaños desde los pastos de zonas de montaña de gran altitud, en donde permanecen durante los meses de verano, a las zonas más bajas, de mejor climatología, en donde permanecen aprovechando los pastos durante los meses de invierno. Esta es una actividad que se desarrolla adaptándose el ciclo productivo de los rebaños de ovejas, de cabras, de vacas, a los ciclos climatológicos de nuestro país, de manera que estos ganaderos trashumantes que tienen sus explotaciones en las zonas altas de las provincias de León, de Soria, de Segovia, de La Rioja, de Teruel, de Guadalajara y de alguna otra provincia, mueven sus rebaños, trasladándose con todos sus enseres, a las dehesas donde pastan en invierno, las dehesas de Andalucía, de Extremadura o de Castilla-La Mancha. Estamos hablando de una actividad denominada trashumancia ibérica que, según algunos historiadores, se desarrolla desde hace más de 15.000

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años; fueron los cambios climáticos de entonces los que obligaron a los ganados a moverse para aprovechar los pastos naturales y son los que han dado origen al mantenimiento de esta actividad. Es, como decía al principio, una práctica ganadera ancestral, mantenida por los pastores trashumantes durante siglos, que ha ido tejiendo una amplísima red de cañadas, caminos y vías pecuarias junto con albergues, abrevaderos, etcétera, para facilitar el tránsito del ganado desde unas zonas de España a otras. Estamos hablando de una actividad ganadera, por supuesto con una cierta regresión, pero que ha sido capaz de mantener un amplísimo patrimonio que es de todos los españoles. La red de vías pecuarias asociada a la actividad de la trashumancia tiene una extensión de más de 124.000 kilómetros de longitud y ocupa, por tanto, una superficie de 420.000 hectáreas. Es decir, el uno por ciento del territorio de todo nuestro país es la red de vías pecuarias, una red patrimonio de todos los españoles. Hay vías pecuarias en 40 provincias de España, y la longitud de las vías pecuarias es quince veces superior a la actual red ferroviaria. Estamos hablando de un amplísimo patrimonio, que creo que debe protegerse y mantenerse. Por otra parte, desde el punto de vista jurídico, es un patrimonio público imprescriptible e inalienable que debe ser defendido de la ocupación, de la usurpación de los particulares y, por tanto, debe hacerse todo lo posible por mantener esta actividad, la trashumancia, que es la que justifica el mantenimiento de este amplísimo patrimonio.


Hemos presentado esta iniciativa porque desgraciadamente en este momento la trashumancia está, diciéndolo claramente, en franca decadencia, y seguramente en trance de desaparición si no hacemos algo para protegerla.
Algo, lógicamente, que tiene que hacer el Gobierno de la nación y también las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias exclusivas en materia de fomento de la ganadería y también en la preservación y mantenimiento de las vías pecuarias. Por eso nuestra proposición no de ley no va todo lo lejos que desearíamos, pero si lo hiciéramos estaríamos invadiendo un ámbito de competencias que corresponde a las comunidades autónomas. Pero lo que es evidente es que los actuales modelos de desarrollo productivo de la ganadería, algunas normas sanitarias, algunas normas zootécnicas, elaboradas muchas veces en ese conglomerado burocrático de Bruselas, no se hacen pensando en este tipo de ganadería, y de alguna manera muchas de estas normas perjudican claramente el desarrollo de la ganadería trashumante. Esto está haciendo que cunda un cierto desánimo entre los ganaderos trashumantes y que poco a poco vaya disminuyendo esta importante actividad. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley, que pretende sobre todo que aquí, en el Congreso de los Diputados, se hable de la trashumancia, se defienda la actividad y se inste al Gobierno, en este sentido, a desarrollar iniciativas que consigan preservar, apoyar y fomentar el patrimonio ganadero de nuestro país, del que forman parte especialmente los ganaderos trashumantes, en particular la ganadería extensiva por su importancia en el entorno natural, por el aprovechamiento que hacen de los recursos naturales, el empleo que generan, la protección de las razas autóctonas, etcétera. Decimos en nuestra proposición no de ley, porque conocemos el marco competencial, que efectivamente estos planes de actuación de fomento de la ganadería extensiva de las razas autóctonas se haga, lógicamente, en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, y pedimos al Gobierno que en todos los planes que se hagan de fomento en favor de la ganadería extensiva se preste una especial atención al fomento de la ganadería trashumante. Como decía antes, hay algunas normas, sobre todo del ámbito sanitario, zootécnico o productivo, que claramente perjudican la actividad, y por tanto creemos que debe haber una mayor sensibilidad en todas las administraciones en favor de los ganaderos trashumantes por lo que tiene de importancia en cuanto a actividad económica y mantenimiento de una práctica cultural y social que es patrimonio de nuestro país. Como no ha habido enmiendas, espero que pueda ser aprobada esta proposición con el apoyo de los distintos grupos políticos.


La señora PRESIDENTA: En efecto, no se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Por tanto, en el trámite de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Chacón.


La señora CHACÓN GUTIÉRREZ: En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, quiero agradecer tanto a la Mesa como a los distintos grupos que hayan permitido cambiar el orden del día, ya que a esta diputada que les habla le coincidía su intervención con otra que tengo que hacer en la Comisión de Trabajo.


Paso a posicionar a mi grupo en la iniciativa que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la trashumancia, y en primer lugar, como tampoco puede ser de otra manera, quiero anunciar el voto favorable de mi grupo a dicha iniciativa. Ahora bien, creo hay que hacer una serie de consideraciones, y aunque es cierto que el grupo proponente y su portavoz el señor Núñez lo ha hecho, en mi tiempo también voy a hacer algunas. Cuando hablamos de trashumancia en España la definimos como el paso de ganado y sus pastores de las dehesas de verano a las de invierno o viceversa. En España este movimiento de ganado se realiza mediante un sistema de vías que reciben el nombre de cañadas o caminos o vías pecuarias, aunque también es cierto que en distintas zonas de España son denominadas con distintos nombres. Creo que es necesario realizar estudios sobre las cañadas, vías pecuarias y caminos que suministren una información real sobre el estado y uso de esos caminos ganaderos en la actualidad. Comparto con la exposición de motivos de esta iniciativa que la situación de la trashumancia en España es en estos momentos de rápido retroceso. A la delicada situación de la ganadería española en general, que no debemos pasar por alto, se añaden en el caso de la trashumancia una serie de problemas que paso a señalar.


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La incomodidad de los desplazamientos estacionales y el aumento de las labores o la dificultad para la contratación de pastores, o el elevado coste también del transporte y de los pastizales de invernada por otros usos de la dehesa, como la utilización para el ganado vacuno o por la competencia con el uso de la caza, etcétera, hacen que sus precios estén experimentando aumentos muy importantes en los últimos años. Otro problema que habría que abordar sería la escasa rentabilidad económica de las explotaciones, que en buena parte dependen para su supervivencia de primas y subvenciones siempre inestables.


Señorías, nos encontramos por tanto con un sistema de pastoreo que, si bien sigue siendo perfectamente válido, presenta una situación en franca regresión. En los últimos tiempos parece existir una preferencia de los ganaderos por el transporte por carretera, que aunque resulta más costoso económicamente, también es más rápido, evita molestias al ganado debidas a los fuertes retrasos horarios y permite cargar y descargar en los pastizales, suprimiendo las fatigas del recorrido por la cañada hasta las estaciones de embarque. Algunos ganaderos también utilizan ya un sistema diferente para cada desplazamiento, a veces suben en ferrocarril y bajan en camión o suben a pie y bajan en camión, o trasladan parte del ganado por carretera y otra por un sistema diferente. La bajada en camión evita tener que usar la cañada en los desplazamientos a los pastos de invernada con una climatología que a veces es bastante adversa. Lo que es un hecho claro es la pérdida de la importancia de las cañadas en el sistema trashumante. Han perdido la función de red de comunicación entre los pastizales, quedando exclusivamente destinadas a unir los puntos de embarque con los puertos y fincas correspondientes, salvo, evidentemente, algunas excepciones. Señorías, es verdad que en España la red viaria tiene una extensión de más de 124.000 kilómetros, que eso supone 420.000 hectáreas de superficie, prácticamente el uno por ciento del territorio nacional; que existen vías pecuarias en cuarenta provincias españolas y que su longitud también es superior a la red ferroviaria. Se trata de un patrimonio público importante que muchas veces se ha ido perdiendo porque las distintas administraciones han mirado para otro lado cuando han sido ocupadas por particulares o, a veces, por las propias administraciones.


Permítanme, señorías, que acabe esta intervención con algunas reflexiones.
Las cañadas tienen en este momento una importancia relativa en la ganadería trashumante, existiendo un porcentaje mínimo en uso por estos ganaderos. La trashumancia depende en sus movimientos del ferrocarril y en menor medida del transporte por carretera, aunque tiene tendencia a ir en aumento. Las vías pecuarias en uso por los trashumantes presentan un pésimo estado de conservación, siendo necesario destacar la situación de abandono de las cañadas por las que todavía se realiza completamente la marcha a pie. Se debe abordar, por tanto, la conservación de estos caminos en su totalidad, y parece pertinente comenzar por las que siguen dedicándose a su uso más tradicional. Señorías, al principio de mi intervención anuncié el voto favorable a esta iniciativa; pero, lógicamente, por los trabajos que desempeño en esta Comisión he tenido oportunidad de hablar con distintas asociaciones ganaderas, y aparte de este brindis al sol (así me lo han trasladado ellos) que hoy se presenta en esta Comisión lo que el sector primario, concretamente el sector ganadero reivindica del Gobierno y de las distintas administraciones es un plan de apoyo integral al sector, y eso hoy por hoy ni está ni se le espera.


- SOBRE EL SECTOR LÁCTEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000660.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley sobre el sector lácteo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Pérez Herráiz.


La señora PÉREZ HERRÁIZ: Señorías, son conocidas por todos las circunstancias de dificultad que está pasando el sector lácteo en España.
En España consumimos más de 9 millones de toneladas y producimos más de 6, con un descenso de producción en los últimos años de más del 3 por ciento; esto en el marco de un mercado único. Este sector es de gran importancia en Galicia, que produce el 37 por ciento de la leche que se produce en España y a su vez representa este sector más del 30 por ciento de la producción final agraria gallega. Estos datos constatan la importancia del sector en Galicia no solo desde el aspecto de su estabilidad económica, sino también por la importancia que esta actividad tiene en relación con el mantenimiento de población en el medio rural, que es la principal cuidadora del entorno medioambiental. En el año 2005 se realizó un plan de reestructuración del sector, con un programa nacional de abandono y reparto de cuotas que benefició, hay que reconocerlo, especialmente a Galicia. Anteriormente los precios pagados por litro de leche siempre fueron también menores en Galicia que en la media de España, excepto en 2007, año en el que, como consecuencia de esto, se produjo un incremento de la renta agraria, pero en 2008 está bajando otra vez a niveles de 2001, con la correspondiente disminución de personas ocupadas. Vuelve a bajar también el precio de la leche, que está pasando de ser en el mes de enero de 2008 algo más de 44 céntimos por litro, a 34,73 céntimos en septiembre. Y esto a pesar de que los precios de los fertilizantes, los piensos y durante parte del año también la energía, aunque este último ahora ya ha disminuido, están subiendo. En diciembre aprobamos en esta Comisión una iniciativa en la que solicitamos la defensa en la Unión Europea de medidas que otorguen mayor transparencia del mercado, mejora de mecanismos de control, destino y utilización de intercambios comunitarios, permanencia de mecanismos de intervención, mecanismos de estabilidad de precio y medidas de apoyo para zonas singulares. Pero consideramos que son necesarias más medidas. Como decía, desde el mes de agosto bajaron los precios

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de los cereales un 25 por ciento, pero esto no está repercutiendo en igual medida en el precio de los piensos, que solo bajaron un 10 por ciento, lo que, unido al descenso del precio de la leche, que en diciembre era de 33,42 y sigue bajando, pone en una situación muy difícil a la totalidad de las explotaciones productoras de leche.


Las relaciones entre los productores y la industria son, en nuestra opinión, muy desequilibradas, produciéndose auténticos abusos por parte de la industria, que cambia de manera unilateral el precio del producto, amenaza cuando le conviene con no recoger la producción, etcétera, colocando a los productores en una situación de absoluta indefensión. Son una esperanza a este respecto los contratos homologados, pero en Galicia hasta el momento solamente se han firmado trescientos, y esto fundamentalmente porque las industrias no quieren firmar estos contratos.
Por tanto, consideramos necesario impulsar el funcionamiento efectivo de la Interprofesional Láctea, acordando los contenidos de los contratos de compraventa, incorporando un control del cumplimiento de estos contratos y facilitando el conocimiento del origen de la leche que envasan las distintas empresas. Por eso, uno de los puntos que tiene nuestra iniciativa se refiere a apoyar, impulsar y reforzar el funcionamiento efectivo de la Interprofesional Láctea para que promueva y garantice en la medida de lo posible el posterior cumplimiento de contratos homologados, que se publiquen los datos de importación de leche por las diferentes industrias lácteas, y elaboren campañas de promoción de consumo de derivados lácteos. Tiene también nuestra iniciativa otro punto en el que solicitamos que en un plazo de tres meses se elabore un plan estratégico para el sector lácteo que aproveche las posibilidades del artículo 68 de la Política Agraria Común y las posibilidades que permite la inclusión del sector lechero en los nuevos retos que prepara el sector para la futura desaparición de la cuota láctea. Este plan ha de tener, entre otras medidas, la priorización de la incorporación de jóvenes al sector y el reparto de la cuota de la reserva nacional con preferencia para las explotaciones prioritarias. Aprovecho el momento para decir que no podemos aceptar, por lo tanto, la enmienda de Convergència i Unió, que de alguna manera quiere suprimir esta parte de la reserva nacional.
Nosotros consideramos que hay que repartir los excedentes de unas comunidades con otras. En el año 2008, en que no hubo plan de abandono, más de mil explotaciones gallegas cesaron su actividad y otras muchas lo harán este año. A pesar de que este año no se cubrirá la cuota asignada a España, la falta de reparto de cuota dificulta que explotaciones que quieren adaptarse a las condiciones de mercado de 2015 aumentando el tamaño de su explotación o fusionándose con otras lo puedan hacer por la inseguridad que provoca la falta de cuota para producir. El colchón de la reserva estatal no garantiza que en un año con incremento de producción no haya que pagar supertasa. El último punto está relacionado con que los productos lácteos españoles, y especialmente los gallegos, tienen reconocida su calidad pero no es posible que los consumidores conozcan el origen del producto que compran. Por eso incluimos promover el establecimiento de distintivos de calidad.


El Grupo Parlamentario Popular nos presenta algunas enmiendas, respecto a las que podríamos aceptar la incorporación de la primera; respecto a la segunda, no admitiríamos el primer punto y en el segundo habría que suprimir las últimas palabras del párrafo; y la última enmienda no la podremos aceptar, aunque consideramos que sí que hay que tener en cuenta que los productores necesitan continuar recibiendo las ayudas directas que ahora tienen, pero no podemos aceptar la incorporación del punto tal y como está, por ser normativa europea.


La señora PRESIDENTA: Se han presentado cuatro enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y tres del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa, en primer lugar, de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley que, por las palabras que acabo de escuchar de la diputada socialista, no se ha entendido bien, porque ya ha dicho que no la acepta pero por el tema de la reserva nacional. En esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista proponen, en su punto 2, la elaboración de un plan estratégico para el sector lácteo.
Nosotros pedimos añadir un cuarto punto en esta proposición no de ley que diga que cuando se elabore este plan lácteo se establezca que la totalidad de la cuota abandonada así como los criterios de asignación de la misma sean gestionados por las comunidades autónomas. Para nosotros es un tema competencial importante. Las competencias en agricultura ya están transferidas a las comunidades autónomas, y por este motivo pedimos que cuando se haga el plan nacional no se haga solo para Galicia o exclusivamente para una comunidad autónoma, sino que se haga también contando con el resto de las comunidades autónomas y se tengan en cuenta tanto la totalidad de cuota abandonada como los criterios de asignación.
Por eso digo que quizá no se ha entendido nuestra propuesta. Pero si mantienen su criterio de no aceptar nuestra enmienda nosotros no podremos dar nuestro voto afirmativo a esta propuesta.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Si hace unos minutos hablábamos de las dificultades que atraviesa el sector pesquero español, no lo son menos las que están atravesando muchos ganaderos, especialmente aquellos que se dedican a producir leche. El sector lácteo español, y yo diría que especialmente el gallego, pero en general todo el sector lácteo español está atravesando una grave crisis que ya dura unos años, que se ha acusado especialmente

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en los últimos meses y que fundamentalmente tiene su origen en la caída constante de las rentas que percibe el ganadero, porque por un lado se están disminuyendo los precios que se pagan a los ganaderos por parte de las industrias, pero por otro se siguen elevando los costes de producción de forma permanente, en gasóleo, electricidad, piensos, abonos, etcétera.


Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas, a las que me referiré a continuación, porque teníamos también presentada y registrada desde hace ya semanas una proposición no de ley que proponía medidas urgentes en favor del sector lácteo nacional y que es evidente que no hemos presentado como tal proposición en el orden del día de la Comisión al coincidir fundamentalmente con la que acaba de defender la portavoz socialista, y evidentemente también por cuestiones de cupo y de estrategia. Hemos preferido enmendar para tratar de aproximar las propuestas de la proposición no de ley socialista a la que también había presentado el Grupo Parlamentario Popular. La proponente acaba de hacer referencia a cuál sería su voluntad respecto a las enmiendas que nuestro grupo ha presentado, y yo intentaré a lo largo de lo que queda de sesión que podamos llegar a un acuerdo transaccional en el conjunto de estas enmiendas. Quiero decir. no obstante, antes de finalizar y de defender nuestras enmiendas que ha sido muy reciente el chequeo médico de la PAC, y creemos que las medidas aprobadas en ese chequeo no han favorecido nada a los ganaderos españoles, como ya expusimos en la subcomisión creada a propuesta del Partido Popular en esta Cámara.


Por otro lado, las cuotas lecheras todo el mundo sabe que van a ser eliminadas, que desaparecerán en el año 2015, y tras ese desmantelamiento de las cuotas de producción el ganadero español se va a encontrar en dificultades para competir con otros productores europeos. Ya hemos advertido en su momento -y conozco perfectamente el caso de Galicia- que fueron muchos los ganaderos que tuvieron que invertir gran parte de su patrimonio para adquirir cuota, y ahora esa cuota, cuando desaparezca, no va a ser compensada a aquellas personas que hicieron ese gran esfuerzo inversor. También es verdad que la desaparición de la cuota conlleva la desaparición de una garantía, de un aval patrimonial que en muchos casos servía a los productores, a los ganaderos como aval, valga la redundancia, ante entidades financieras a la hora de obtener créditos bancarios. Creemos que este acuerdo, por lo tanto, va a ser claramente discriminatorio para nuestro sector lechero porque no va a tener en cuenta el déficit que arrastra la producción española. Criticamos este acuerdo del chequeo médico de la PAC también porque aprobar un incremento lineal de un uno por ciento de las cuotas para todos los países de la Unión esconde un tratamiento injusto para España; no es lo mismo aumentar un uno por ciento para un país que tiene una producción de 6 millones de toneladas que para otros que, como Francia o como Holanda, tienen más de 25 millones de producción, y por lo tanto se verá todavía más perjudicada en este caso la supervivencia de las explotaciones lecheras españolas.


¿Que proponía el Partido Popular a través de su grupo parlamentario en la proposición no de ley que teníamos registrada? Pues lo que hemos trasladado a estas enmiendas. En primer lugar, proceder a que en el plazo de un mes se produjese el reparto de la cuota de leche de la reserva nacional, teniendo en cuenta los criterios que se deben tener en cuenta, vocación lechera, de producción lechera, y otras directrices que emanan de lo que ha sido tradicional en repartos anteriores. En segundo lugar, mantener las ayudas directas que reciben los ganaderos productores de leche al nivel actual más allá del año 2013 -nos ha dicho la interviniente como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que no pueden aceptar este aspecto-. En tercer lugar, al objeto de prever una salida digna para los ganaderos que se vean obligados a abandonar la producción láctea, que tengan al menos un plan de abandono que se pueda establecer a la mayor brevedad, y así lo poníamos nosotros, que fuera urgente, que pueda aplicarse ya a la próxima campaña, si es posible, y sería deseable. Y por último, elaborar un plan estratégico nacional del sector lácteo en el que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas, se tenga en cuenta el reparto entre comunidades autónomas para que sea justo a partir de los fondos regionales que están contemplados en las dotaciones presupuestarias del artículo 68 de la reforma de la PAC. Esto era básicamente lo que nosotros proponíamos. Creemos que hay un grado de coincidencia importante, aunque hay matices diferenciadores, pero, insisto, intentaremos llegar a un acuerdo.


Yo creo que lo que quiere en este momento el sector productor lácteo es defender la producción láctea española; también lo quieren nuestras iniciativas y nuestra propuesta. Creemos que es importante que la leche que se produzca por los ganaderos españoles tenga todas las garantías tanto en trazabilidad como en otros aspectos, aunque soy consciente de que hablar de trazabilidad en la leche no es lo mismo que hablar de trazabilidad en la carne o en otros productos, pero entendemos que hay que tratar de llegar a identificar y garantizar que el producto esté elaborado al cien por cien por leche que proceda de ganaderías españolas mediante el oportuno etiquetaje, marchamos, etcétera. Esto es tan importante como las ayudas, y sin embargo lo cito aquí para que sea tenido en cuenta por el Gobierno a la hora de elaborar elplan estratégico en el cual coincidimos tanto el grupo proponente como nosotros con las enmiendas que presentamos. En definitiva, estamos tratando de buscar medidas que valoricen las aportaciones de toda la cadena productiva y que sirvan al mismo tiempo de paraguas a la indiscriminada penetración de producto de leche extranjera. Somos conscientes de cuál es la normativa, pero es evidente que hace falta que las autoridades que hoy tienen responsabilidad de Gobierno hagan un mayor esfuerzo para evitar que esta sea una competencia desleal para muchos ganaderos.


Por lo tanto, apelo una vez más a la sensibilidad de SS.SS., pero especialmente del Grupo Parlamentario

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Socialista, que ha hecho defensa de su propuesta, para que seamos capaces de llegar a un acuerdo que permita sacar adelante esta proposición.
Espero que expresiones como sin demora alguna no sirvan para impedir ese acuerdo en alguno de los párrafos y puedan ser sustituidas por otras que no hieran susceptibilidades del Grupo Parlamentario Socialista. Yo estoy dispuesto, insisto, a tratar de llegar a ese entendimiento en lo que queda de Comisión.


La señora PRESIDENTA: Defendidas las enmiendas, ¿algún grupo desea tomar la palabra en el trámite de fijación de posiciones?

- RELATIVA A LA CREACIÓN DE RESERVAS MARINAS PROTEGIDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000732.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley relativa a la creación de reservas marinas protegidas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el portavoz, señor Morán Fernández.


El señor MORÁN FERNÁNDEZ: Presentamos una proposición no de ley que trae causa de la experiencia española en relación con una fórmula de gestión de los espacios marinos que se está revelando muy positiva, probablemente como uno de los mejores elementos de dinamización y diversificación de una actividad muy tradicional en determinados espacios. Entendemos que en tanto en cuanto se ha revelado como muy positiva es necesario impulsarla, reforzarla en la medida de nuestras posibilidades y generar una capacidad de apoyo al sector pesquero -pero no solo al sector pesquero- que alumbre alguna posibilidad de crecimiento hacia el futuro y concretamente en relación con el sector pesquero más artesanal.


España cuenta en estos momentos con diez reservas marinas, cinco de las cuales son de gestión exclusiva del Estado y otras cinco de gestión compartida con las comunidades autónomas. En todos los casos las reservas marinas se vienen creando a petición del propio sector pesquero; cuentan siempre con un estudio científico previo que da cuenta de la viabilidad de la iniciativa antes de ponerla en marcha; y en todos los casos, en el caso de estas diez reservas marinas, se identifican elementos muy positivos de gestión tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. Hay un proyecto de la Unión Europea, denominado Biomex, que establece un mecanismo de seguimiento comparado de la metodología en este tipo de reservas en España y Francia, y en todos los casos de sus análisis se deducen una serie de parámetros que coinciden en términos positivos en todas las reservas en las cuales se hace seguimiento. Hay fundamentalmente tres efectos claramente identificados, que son los que a nuestro grupo nos permiten sustentar una proposición no de ley que pide al Gobierno que refuerce la actividad de creación de reservas marinas. En el ámbito de la actividad pesquera, exclusivamente pesquera, se identifican las siguientes mejoras: un aumento de las capturas en las reservas marinas y en sus aledaños; un aumento en las tallas; aumento en los pesos, restablecimiento del equilibrio natural entre poblaciones; un aumento en el reclutamiento; cambios en el comportamiento de las especies; y reaparición de especies de interés pesquero sobrepescadas (ejemplo claro son la langosta roja y la cigarra de mar).


Al mismo tiempo, el grado de aceptación social que las reservas marinas trasladan en todo el territorio al cual afectan en sus inmediaciones genera asimismo una serie de efectos positivos añadidos que podríamos traducir como capacidad de diversificación de los sectores socioeconómicamente dependientes del sector pesquero como sector primario, fundamentalmente traducido en el incremento del atractivo en términos de aprovechamiento de turismo ecológico de las zonas próximas, oportunidades que se dan al voluntariado relacionado con la posibilidad de recuperar espacios con una especial protección; y en último término un valor añadido que en términos de competitividad del sector turístico pone de relevancia la calidad de aquellos espacios costeros que cuentan en sus proximidades con espacios marinos protegidos respecto a aquellos que no los tienen. Junto a esto se revelan una serie de factores ecológicos también positivos que yo creo que merece la pena poner de relieve, como son el mantenimiento de la biodiversidad vegetal, el mantenimiento de la biodiversidad animal, y la posibilidad que se da de contar con puntos de observación privilegiada de la evolución de determinados caladeros e incluso de la recuperación de determinadas especies. Por lo tanto, entendemos que los resultados positivos que se detectan en las diez reservas marinas ya existentes de alguna manera justifican la necesidad de apostar por una política de conservación, consensuada con el sector pesquero y acordada con las comunidades autónomas, que se ha venido revelando como muy positiva. Por lo tanto, y más allá de los términos en los que aparece redactada la proposición no de ley, a la cual no voy a dar lectura porque SS.SS. ya la conocen, entendemos que por parte del Congreso de los Diputados sería considerada como una aportación positiva que se solicite del Gobierno de la nación que se impulse la creación de nuevas reservas marinas como espacios protegidos a lo largo de la presente legislatura y en la medida en la que, según las posibilidades de las condiciones previas que se requieren para la creación de estas reservas, como son, primero, el acuerdo con el sector pesquero; segundo, los informes científicos pertinentes, y tercero, el acuerdo con las comunidades autónomas afectadas, seamos capaces de avanzar en ese sentido.


La señora PRESIDENTA: Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.


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El señor SÁNCHEZ RAMOS: Tanto esta proposición no de ley como la de promover la regulación de la pesca del tiburón, que veremos a continuación, tienen para nosotros el mismo corte de ser unas propuestas imprecisas, generalistas, que no recogen los verdaderos y más graves problemas que tiene el sector pesquero, como pudieran ser el control de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que tanto daño nos está haciendo -por cierto, se ha registrado una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista pero a la que no se le ha dado la prioridad para debatirla en el día de hoy-; la reducción de capturas y la baja rentabilidad de nuestra flota; el problema de que no se encuentren tripulaciones nuevas que se incorporen al sector; los problemas de los barcos con bandera de conveniencia; el grave problema que tendremos -ojo a esto- a partir del mes de junio al tener que sacar del agua los barcos no regularizados -3.000, según el secretario general del Mar-, y que ya advertíamos que esta situación podría darse cuando se debatió la ley; el gravísimo problema de los inspectores de pesca, que llevan un año de huelga -por cierto, se aprobó en esta Comisión una proposición no de ley para resolver el problema y hasta ahora no se ha hecho nada-. Y así podríamos seguir relatando una serie de problemas realmente importantes y graves del sector que no precisamente pasarían por la petición de esta proposición no de ley de incrementar el número de reservas marinas.
Ustedes nos plantean ampliarlas y regular también la pesquería del tiburón con el fin de conseguir -y cito textualmente lo que dicen en la exposición de motivos- recuperación del mar como fuente de vida y de riqueza. Pues muy bien, no decimos que no a que se amplíen las reservas marinas, pero es lógico que esto haya que definirlo, contextualizarlo, estudiarlo científicamente, y por ello pedimos que se escuche también a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y a las comunidades autónomas, es decir, que se haga con el consenso general de todo el sector y de las administraciones responsables.


Ustedes justifican también esta ampliación por la situación de sobrepesca a nivel mundial. Pues bien, yo creo que debemos particularizar en nuestro caso, porque además dicen que algunas especies están sobreexplotadas, y precisamente en algunas de las que citan, como la sardina o la merluza, se ha producido una recuperación importante en aguas de la Unión Europea, tan importante que España ha solicitado un incremento del TAC de la merluza, y parece totalmente incongruente que solicitando a la Unión Europea que se incremente el TAC España ahora haga unas reservas marinas y no se pueda pescar merluza en esa zona. O sí o no, pero no una cosa y la contraria. Además, pretender resolver el problema de la pesca mundial con la creación de reservas marinas en nuestras aguas jurisdiccionales nos parece una quimera. Alguna reserva marina puede tener ese interés, pero no de forma general. En todo caso, una situación de nuestros caladeros siempre sería mínima en comparación con el total, y hasta puede ser negativa una reserva en este sentido porque puede haber una proliferación de especies depredadoras de las comerciales. Todo dependerá de dónde se ubiquen, si se trata de una reserva integral con la prohibición de realizar todo tipo de pesca o si se permite algún tipo de pesca, que es lo que estamos tratando de inducir con nuestra enmienda.
Por tanto, el planteamiento de continuar ampliando el número de reservas sin más no sería aceptado por nuestro grupo. Para nosotros sería un acto de irresponsabilidad dar un visto bueno sin conocer la ubicación, como he dicho, las especies a proteger, la valoración científica de su conveniencia, la repercusión en la economía de la zona. Ya el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me advertía que sería aceptada nuestra enmienda, con lo cual en esas condiciones sí apoyaremos la proposición no de ley que nos presenta.


Me gustaría hacer un comentario, es que las reservas marinas, siendo su fin bueno, no siempre favorecen a todos los pescadores. La incidencia de una reserva marina afecta sobre todo a los pescadores de bajura, a la pesca artesanal, debido a las limitaciones que tienen por su tamaño, por la potencia de sus embarcaciones, y si se les prohíben pescar en ese entorno difícilmente pueden ir a otros sitios puesto que no están preparados para ello y se abocarían a tener que abandonar la actividad, lo que no desea nadie del sector. Además se exige más control y respeto a nuestra flota que a la internacional. Prueba de ello -a las pruebas me remito- es que hay 120 barcos marroquíes que están pescando en el mar de Alborán, una reserva protegida, y además con artes prohibidas de redes de malla a la deriva, y no actúa la autoridad española. O sea que los barcos españoles no pueden pescar y los barcos marroquíes sí pueden hacerlo y además con mallas prohibidas. Esta es una consecuencia negativa que habría que tener en cuenta. Como además el sector que realmente se siente afectado son las cofradías, nosotros incluimos en nuestra enmienda que previamente a esa instalación sean oídas la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y las cofradías afectadas y que también se oiga a las comunidades autónomas donde estén referenciadas estas reservas, porque además tienen que velar también por las consecuencias que la implantación de la reserva tendrá en la comunidad, tanto en el sector pesquero, como en el turístico, el deportivo y de todo tipo.


También consideramos determinante para la implantación de una reserva la implicación del Instituto Español de Oceanografía, como hemos dicho anteriormente, para que realice los estudios necesarios que permitan emitir un informe preciso del alcance y las repercusiones que esta reserva podría tener. Por ello hemos presentado esta enmienda que dice textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar ampliando el número de reservas marinas protegidas en áreas jurisdiccionales españolas para facilitar la repercusión de las especies pesqueras y la biodiversidad de los ecosistemas marinos, para lo que previamente se realizarán por el Instituto Español de Oceanografía los estudios pertinentes para identificar las especies en riesgo que sí verían mejorada su situación; recabar igualmente la valoración de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores

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y cofradías afectadas, así como de la comunidad autónoma en la que tienen establecido el puerto base las embarcaciones que pesquen en esta zona.
Reitero que aprobaremos esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista habida cuenta de que se nos admite la enmienda que hemos presentado.


La señora PRESIDENTA: En trámite de fijación de posiciones tiene la palabra la señora Surroca, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


La señora SURROCA I COMAS: Nuestra intervención viene motivada por dar una justificación a nuestro voto, que será de abstención. Nos vamos a abstener porque a priori somos partidarios, evidentemente, de que se creen reservas marinas, pero ello debe acotarse y no solo debe fundamentarse en la petición del sector pesquero o en el estudio científico previo o atendiendo a los informes de las comunidades autónomas. Nosotros creemos que hay muchos sectores implicados y a los cuales también debería escucharse. Por ejemplo, estoy hablando del sector turístico, de las cámaras de comercio de las zonas afectadas, que estarían siendo dejadas a un lado y no serían atendidos sus puntos de vista. Por lo tanto, nosotros podríamos coincidir con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, pero creemos que quedan muchos sectores que deberían ser escuchados y tenidos en cuenta a la hora de establecer una reserva marina en cualquier zona del Estado. Por esa razón ya anunciamos que nuestro voto será de abstención.


- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PESCA DEL TIBURÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000733.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley relativa a la promoción de la regulación de la pesca del tiburón, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Díaz Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señorías, la flota de palangre de superficie española, que tiene como objetivo el pez espada, tiene también como capturas complementarias, pero no accesorias en estos momentos, los tiburones pelágicos, especialmente la tintorera y el marrajo. Esta flota tiene en la actualidad 270 embarcaciones que faenan en todos los océanos, y a pesar de que el objetivo inicial de la flota era, como decíamos, el pez espada, hoy los tiburones suponen un componente importante en la composición final de la captura y de hecho hay algunas unidades en que en la captura el tiburón es la especie principal y el pez espada la accesoria. Esto se explica por el incremento de la demanda no solamente para exportar a Asia sino también en el mercado europeo. Las dos especies de tiburones mencionadas que captura la flota española son el 95 por ciento de las capturas totales de esta flota. Hay que resaltar que estas especies, según el Iccat, organismo internacional encargado de la regulación en el océano Atlántico, se encuentran en buen estado de conservación y su explotación comercial no supone ningún peligro para su sostenibilidad. En total, la flota española captura una media de 45.000 toneladas de tiburones por año. Como decíamos, las especies que tienen una buena sostenibilidad representan el 95 por ciento de las capturas, pero hay un 5 por ciento que tiene problemas de sostenibilidad, entre las que destacan el pez martillo, tiburones zorro y otros. Otra cuestión es que hay problemas de sostenibilidad de algunas especies pero no hay un plan de explotación de esta especie a nivel comunitario.


La flota española está regulada por la Orden 2521/2006, en la que se regula la especie de este arte de palangre en superficie para las capturas migratorias y se crea un censo unificado de palangre para asegurar la congelación del esfuerzo pesquero. En esta línea, España está trabajando a nivel internacional para cerrar la lista de buques autorizados a esta modalidad, con el objetivo de limitar el crecimiento de las flotas y garantizar la conservación de la especie. Esto entronca con una recomendación de la FAO de 1999 que elabora un plan internacional de acción y conservación de los tiburones que se traslada a los Estados para que lo adapten a su legislación. Pero es una recomendación que en la mayoría de los casos no es atendida. España, coherentemente con lo dicho, está trabajando a nivel de las organizaciones regionales de pesca para la conservación y protección sostenible de los diferentes tiburones que se capturan en asociación con la pesca de pez espada, en especial a la hora de encontrar medidas que permitan mitigar los efectos de esta pesquería en aquellas especies que pudieran presentar problemas de sostenibilidad aun en capturas accidentales de pequeña cuantía. En esta línea, en el año 2007 se propuso en el segundo convenio del Cites que se aprobase la inclusión de dos especies de tiburones, una de las cuales es pescada de forma accidental por la flota palangrera, en las medidas de control de comercio; y así se hizo. Con posterioridad, en la reunión anual del año 2008 del Iccat, en un debate serio y prolongado entre el sector afectado y las ONG, se propusieron a iniciativa española a través de la Unión Europea, como parte contratante, tres recomendaciones sobre tiburones: la primera, para la conservación de las especies de los géneros peces martillo y tiburones zorro ojón, en la que se proponía la liberación con vida de estas especies; una segunda recomendación para establecer un documento estadístico para el comercio de las aletas de tiburones; y por último, una recomendación destinada a congelar el esfuerzo de la pesca dirigido al marrajo dientuso y al tiburón azul. Estas recomendaciones únicamente correspondieron a la parte que afecta a la conservación de los tiburones zorro ojón, los otros temas siguen pendientes y la legislación pesquera española está comprometida a aprobar una legislación específica para una mejor gestión de esta pesquería de tiburones, atendiendo a las recomendaciones que he planteado anteriormente. En esta línea

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también trabaja el Instituto Español de Oceanografía, y también parece que está trabajando la Unión Europea, pues recientemente la Comisión ha enviado un comunicado al Parlamento y al Consejo en el que se alerta sobre el peligro de determinadas especies de tiburón porque se está pescando en aguas de la Unión Europea sin respetar el código de conducta para esta pesca, un código de conducta responsable. En coherencia con esta comunicación de la Unión Europea, se ha presentado estos días un primer plan de acción para la conservación de los tiburones que incluye medidas para intensificar el control de la veda de esta especie para todos los buques de la Unión Europea, que pretende también, entre otras medidas, ampliar los conocimientos científicos sobre estas poblaciones y pesquerías, así como reforzar los controles para evitar exceso de capturas y la práctica de cercenar las aletas para posteriormente arrojar el cuerpo al mar. En el plan también hay medidas encaminadas a una producción de pesca directa de tiburones en zonas donde las existencias sean escasas.


El documento de la Unión Europea es una propuesta, aún no es un marco legal, sabemos que hay resistencias a su pronta aprobación, y por ello presentamos nuestra propuesta, porque queremos que el Gobierno cuando negocie en la Unión Europea lo haga con el máximo respaldo para conseguir un objetivo que consideramos positivo, que es la regulación de una pesquería que ya no es anecdótica sino real, para garantizar la sostenibilidad de una pesquería y también de una especie importante para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Esta es nuestra propuesta, y he de decir que en principio vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.


El señor SÁNCHEZ RAMOS: Esta proposición no de ley, al igual que otra que nos ha traído el Grupo Parlamentario Socialista, habría que catalogarla como generalista y como tal imprecisa, amén de ser, o tener la apariencia de ser, un relleno para cubrir el orden del día de esta Comisión con iniciativas propias y light para no poner en aprietos al Gobierno, que parece que no nos trae los verdaderos problemas del sector pesquero, como dije en mi anterior intervención.


La propuesta nos habla de promover la regulación del tiburón en el ámbito internacional español, y nos preguntamos qué justifica esta regulación por parte del Gobierno, qué justificaría, y por qué hacerlo, además, unilateralmente en el ámbito internacional donde pescan otras flotas.
Parece más lógico hacerlo en el marco de la Unión Europea y de las organizaciones regionales de pesca que meternos en una situación en la que, como ha reconocido el propio portavoz socialista, existe un plan de acción de la Unión Europea, es una ficha que ya tiene en cuenta la Presidencia europea actual, que se está debatiendo, y España incluso ya asume que serán particularmente relevantes tanto los datos de captura como la situación biológica y la abundancia de las diferentes especies de tiburón de interés comercial para focalizar los esfuerzos en la recuperación de aquellas sobreexplotadas que, como muy bien ha citado el portavoz socialista, pueden ser el pez martillo, el tiburón zorro, etcétera. Hay que tener mucho cuidado porque a nosotros nos parece que esta proposición no de ley si no se centra bien podría incluso volverse en contra de nuestros propios intereses, de los intereses de los pescadores. Todo dependerá del alcance que quiera establecer el Gobierno, pero debemos tener muy claro que este planteamiento de los grupos ecologistas va por que se deje de pescar el tiburón, y el tiburón son muchas especies, muchas situaciones. España no está por cortar aletas y tirar el animal al agua, devolverlo al agua, que sí critican los ecologistas, pero hay una serie de especies españolas, como el marrajo y otros, la tintorera, que no están en esta categoría y que son una producción que se tiene como una pesca más de los pescadores españoles.
Nuestra pregunta es: ¿por qué dar pasos particulares si a nivel europeo está en su inicio el tratamiento del tema y hasta 2012 ó 2013 no hay compromiso de la Comisión de disponer del texto legislativo? Dice el portavoz que así ya España estaría preparada. Pero España estaría preparada si aceptamos los condicionantes que la Unión Europea establece, que son precisamente los que recogemos en nuestra enmienda, para la que agradecemos su apoyo, que permitirá que apoyemos esta proposición no de ley. Lo que no podemos admitir es que se esté pensando en prohibir la pesca de todos los tiburones porque no sería de recibo ni sería lógico.
También hay que tener en cuenta qué especies determinadas podrían permitirse, en qué zonas, con qué horario o con qué tallas, en fin, regular la pesquería nos parece correcto, pero dentro de los cánones que el plan de acción de la Unión Europea establece.


Las especies que pesca España, como el marrajo, la pintarroja o la tintorera que he citado, no son precisamente las que presentan una mala situación en su stock; ni tampoco, como también he dicho, se cortan las aletas y se tiran al mar. Eso sí ocurre con los tiburones de profundidad, que normalmente no son el objetivo prioritario del sector pesquero español. Nosotros entendemos que hay que buscar una compatibilidad entre pescar y el sostenimiento de las especies, que es una máxima en la que yo creo que todos estamos de acuerdo y que aceptamos, en un ejercicio de responsabilidad. Pero puede plantearse sin más cerrar una pesquería y dejarse influir por lo llamativo que es el cercenamiento de estos cuerpos y decir que aquí pagan justos por pecadores y todas las especies pueden incluirse con el mismo criterio, con lo que no estaríamos en absoluto de acuerdo. Por ello hemos presentado esta enmienda que paso a leer y que justifica además lo dicho por el señor Díaz, portavoz socialista. Se propone la adición de un nuevo apartado que sería: Promover la regulación de las pesquerías del tiburón en el ámbito internacional y español en el marco de la Unión Europea y de las organizaciones regionales de pesca.
Previo a promover la regulación de la pesquería se estudiará el papel que desempeñan

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las diferentes especies de tiburón en los ecosistemas marinos, la ampliación de los conocimientos sobre las poblaciones y las pesquerías de tiburones, la pesca mundial de las distintas especies de tiburones y los caladeros afectados por especies de tiburones sensibles o en posible riesgo. Como se acepta esta enmienda, que creo que matiza y centra el objetivo de la proposición no de ley, mi grupo la va a apoyar.


La señora PRESIDENTA: ¿En trámite de fijación de posiciones? ¿No hay ninguna intervención?

- RELATIVA AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE EN LA MARINA D'EMPURIABRAVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000637.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley que aparece en el punto 3.º del orden del día, relativa al dominio público marítimo-terrestre en la Marina d'Empuriabrava, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La señora Surroca tiene la palabra.


La señora SURROCA I COMAS: Si nosotros tuviéramos que explicar a alguien que no ha estado nunca en la zona qué es la Marina d'Empuriabrava, lo que podríamos decir que fuera muy ejemplificativo es que se trata de una urbanización formada por canales navegables donde las embarcaciones pueden acceder a las propiedades privadas desde el mismo mar. Es el núcleo residencial más grande de Europa de esas características, y solo para dar también un ejemplo de su magnitud, diré que dispone de 5.000 amarres. Hay dos datos esenciales que la caracterizan, por lo tanto: que es una marina interior y que además es artificial. Fue construida en los años setenta, por lo que es anterior a la actual Ley de Costas. Pues bien, descrito ese panorama, diremos que en la mencionada marina el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha iniciado un procedimiento administrativo para delimitar el dominio público marítimo-terrestre en aplicación de la Ley de Costas. En esta cuestión no podemos despreciar las importantes consecuencias que tienen los procesos de delimitación del dominio público marítimo-terrestre, pues evidentemente conllevan consecuencias económicas, sociales, medioambientales, etcétera. En este caso concreto estamos hablando de una delimitación en una zona urbana que afecta a unas 5.000 personas aproximadamente, por los datos que tenemos. Por lo tanto es innegable la gran alarma social que ha provocado esta actuación de la Administración.
Fijémonos en que estamos hablando de residencias construidas antes de los ochenta, por lo que son construcciones plenamente consolidadas, y todo ello ha desembocado en la presentación de unas 2.000 alegaciones contra ese proceso administrativo. Pero independientemente de las enormes repercusiones sociales, y también económicas, hay una cuestión de fondo que planteamos en nuestra iniciativa, y no es otra que la intervención del Estado en una marina interior -subrayamos que se trata de una marina interior, artificial y transferida a la Generalitat en el año 1981 y que por lo tanto es de su titularizad-. Lo que se cuestiona es la aplicación en el interior de la marina de las disposiciones de la Ley de Costas.


Asimismo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en su anterior intervención en la proposición no de ley similar a esta y presentada por Esquerra Republicana, ha hecho referencia a un informe de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques; concretamente ha hecho referencia a unas afirmaciones que se contienen en dicho informe y que textualmente voy a leer: El Estado no puede imponer en el interior de dicha marina la servidumbre propia de la Ley de Costas, sino que únicamente puede proceder al deslinde del dominio público marítimo-terrestre, siendo de aplicación en el interior de la marina el régimen establecido en la normativa autonómica. Así es el caso de la franja de servicio náutica, que regula la normativa autonómica. Por lo tanto, creemos que el núcleo del tema es esta cuestión que acabamos de tratar ahora mismo y a la que, de hecho, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista también ha hecho referencia. Este informe es de fecha 19 de septiembre de 2008, y debemos recordar que proviene, insisto, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, que dirige el conseller Joaquim Nadal.


No entiendo por qué el Grupo Parlamentario Socialista no nos da su apoyo a esta proposición no de ley, y en cambio sí la ha dado a la de Esquerra Republicana planteada en términos similares. Además también se contradice con las afirmaciones que llevó a cabo el día 11 de febrero de 2009 el secretario general del Mar, el señor Martín Fragueiro, cuando afirmó que los propietarios podrían estar tranquilos porque prácticamente la totalidad de las parcelas que había en la marina interior de Empuriabrava se encontraba en la zona que denominó servidumbre de protección. Nosotros discrepamos de eso porque esa denominación hace referencia precisamente a un concepto de la Ley de Costas cuando nosotros estamos diciendo que es aplicable la ley de la Generalitat de Catalunya. Pero a pesar de ello, el señor Martín Fragueiro lanzó esa tranquilidad supuesta a los propietarios de la zona afectada por la delimitación del Estado. Además, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tampoco ha discutido que la marina de Empuriabrava se trate de una titularidad autonómica. Por tanto, si no se cuestionan todos esos extremos, ¿por qué no se da apoyo a nuestra iniciativa tal cual está planteada?

Entendemos que a raíz de todo lo que hemos expuesto, si la Generalitat de Catalunya ostenta competencia exclusiva en lo que a marinas interiores se refiere, si es titular de la marina de Empuriabrava y además ha elaborado una normativa aplicable a estas instalaciones, la Administración General del Estado no puede pretender aplicar sin más la

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legislación de costas y delimitar una zona de servidumbre de tránsito en la marina de Empuriabrava. Creemos que es la Generalitat de Catalunya la que, en ejercicio de sus competencias, deberá delimitar en la marina las zonas de protección que prevé la legislación catalana de marinas interiores. Y de ahí los dos aspectos que recogemos en nuestra proposición no de ley. Por una parte, que se paralice el procedimiento de deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la marina de Empuriabrava que está llevando a cabo la Dirección General de Costas y, por otra, que se reconozca que la administración competente para efectuar la citada delimitación es la Generalitat de Catalunya, debiéndose llevar a cabo, en su caso, de acuerdo con la legislación autonómica aplicable.


La señora PRESIDENTA: No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley, pero para fijación de posición interviene, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Floriano.


El señor FLORIANO CORRALES: Creo que hoy abordamos en esta Comisión, y dadas las dos iniciativas, tanto la que presenta Esquerra Republicana como la que presenta Convergència i Unió, un problema ciertamente grave, un problema al que se enfrenta la administración desde hace muchos años, y que su aplicación más negativa se está viendo precisamente en estos años o, si se quiere, hasta en estos meses. Creo sinceramente que el error es el planteamiento. Yo se lo he dicho a algunos de los portavoces en conversaciones privadas. Se ha planteado esto como un problema competencial y, al margen de que podamos discutir sobre la competencia, las competencias en la delimitación del espacio de dominio público son exclusivas del Estado, esa es mi interpretación de la norma. El problema que tenemos aquí creo que es un problema más bien económico y, si se quiere, social que no de competencias. Porque a mí me preocupan las 5.000 personas que hay detrás de los 5.000 amarres. Sin embargo, si uno escucha tanto al portavoz de Esquerra Republicana como a la portavoz de Convergència i Unió, da la impresión de que lo que les preocupa más es quién lo hace, si lo tiene que hacer la Generalitat o si lo tiene que hacer el Estado. Yo estoy convencido de que en el fondo también a ellos lo que más les preocupa son los ciudadanos, pero déjenme que les diga que de su intervención y por el espacio que ocupan en la defensa de los intereses de los ciudadanos y el que ocupan en la defensa de la competencia de la Generalitat uno tiene la impresión de que les importa eso más que los ciudadanos. Al Grupo Parlamentario Popular, desde luego, lo que le importan más son los ciudadanos. Y por tanto, como hay un problema social detrás, vamos a apoyar el primer punto -por eso le pido a la portavoz que lo permita- de la iniciativa de Convergència i Unió, que hace referencia a paralizar el procedimiento de deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la marina de Empuriabrava que está llevando a cabo la Dirección General de Costas. Sin embargo, no vamos a apoyar nada relativo a reconocer competencias o a hacer otro tipo de reconocimientos, por varias razones: en unos casos porque no estamos de acuerdo con que las competencias sean de la Generalitat y, en otros casos, porque, sinceramente, no sé si esta Comisión es el espacio más apropiado para hacer algunos reconocimientos, como por ejemplo el relativo a que se trata de una marina interior o que las instalaciones portuarias fueron transferidas en el año 1980, sencillamente porque eso ya se ha hecho. Por tanto, de acuerdo con el proceso de paralización, dado el problema social que, desde mi punto de vista, hay detrás. No obstante, sí me gustaría advertir que esta paralización, que nos gustaría que se llevase a otros espacios, no debe implicar que no se actúe contra todo lo ilegal, lo que se construyó a sabiendas de que se estaba en zona demanial, lo que se construye o adquiere de mala fe vulnerando la ley. En todo lo que suponga eso no solamente no queremos que se paralice sino que queremos que se actúe. Y nos gustaría también advertir que no solamente hace falta una ley para que se estén produciendo determinadas actuaciones costeras que creo que vulneran la sensibilidad que tienen todos los miembros de esta Comisión, sino que desde mi punto de vista es precisamente a raíz de la ley de 1988 cuando más se ha construido, cuando más se han tocado todas las zonas costeras, por cierto, sin querer entrar en qué comunidades autónomas son aquellas en las que más se han invadido precisamente las zonas costeras, porque si no algunas afirmaciones que se hacen, creo que quedarían en tela de juicio.


Queremos también que se actúe contra lo declarado ilegal y construido o en construcción incluso por sentencia judicial. Este mismo fin de semana hemos sido testigos de cómo la Dirección General de Costas ha paralizado una actuación contra una construcción, cuando por sentencia firme está declarada la ilegalidad de la misma. Y precisamente por eso queremos que se actúe contra todo aquello que se adquirió o construyó de mala fe o a sabiendas de que se estaba incumpliendo la ley.


Creo sinceramente que hay que abrir un periodo de reflexión en todo lo que está siendo la aplicación de la Ley de Costas, porque precisamente con su aplicación es como nos estamos dando cuenta de que la bondad de la misma, expresada en su exposición de motivos, luego tiene una aplicación práctica ciertamente deficiente. Insisto, compartiendo la bondad expresada en la exposición de motivos, compartiendo también la necesidad de delimitar ese espacio de dominio público que tiene que hacer la Administración, que tenemos que hacer todos y que el Estado, independientemente de quién gobierne, porque estamos hablando de procesos que se inician en el siglo XIX, hizo dejación de funciones durante la última parte del siglo XIX, durante gran parte del siglo XX y durante lo que llevamos de siglo XXI, en algunos extremos.


Como se trata de una cuestión que nos trasciende y visto que los resultados de la aplicación de la Ley de Costas están provocando un grave problema social y un grave problema económico, deberíamos reflexionar sobre la necesidad de paralizar la aplicación de la Ley de Costas, precisamente para ver cuáles son aquellos

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supuestos que no se recogieron en la ley y que están generando determinadas situaciones ciertamente injustas a la luz de cualquier persona que las observe sin sectarismo y con sentido común. Insisto en que hay que actuar contra lo ilegal; incluso podríamos decir que habría que ampliar los espacios de dominio público señalados cuando se quiera.
Pero si se quiere hacer, hagámoslo bien y hagámoslo pagando a sus legítimos propietarios que adquirieron de buena fe, y no convirtiéndolos en meros usufructuarios. Sinceramente, creo que estamos ante un problema social muy grave al que, desde luego, nosotros queremos ser especialmente sensibles, sabiendo que la delimitación del dominio público y playas corresponde al Estado y que nosotros tenemos la obligación de preservarlo, de conservarlo y de ampliarlo cuando lo consideremos, pero nos parece que no tiene demasiado sentido que en este proceso que nosotros ponemos en marcha, que se pone en marcha como administración, sea a costa de ciudadanos, de personas que individualmente asumen el coste de una decisión que adopta el Estado. Creo sinceramente que a esta situación de arbitrariedad que se está dando en los últimos tiempos no colaboran nada las palabras tantas veces referidas del secretario general del Mar. Creo sinceramente que decir, como aquí se dijo, que no se va a actuar en esta zona que es objeto de la proposición no de ley, y al mismo tiempo que la Dirección General de Costas esté actuando, nos parece que es exactamente actuar en sentido contrario. Creo que se hace necesario presentar la estrategia de sostenibilidad de costas, que por cierto se presentó en el Consejo de Ministros del 5 de octubre de 2007 pero no se llegó a aprobar; y creo que se hace necesario hacerlo para que esto nos permita abordar el deslinde de los 10.104 kilómetros de costa española que quedan aún por deslindar.


Quiero decir también, para que quede a efectos del Diario de Sesiones y para conocimiento de toda la Comisión, que durante los diez primeros años de la aprobación de la ley el ritmo de delimitación del espacio público terrestre alcanzó los 200 kilómetros anuales, que el ritmo se aceleró a partir de 1999, año en el que se logra el récord de 810,5 kilómetros deslindados y que, a partir de entonces, los ritmos medios rondan los 500 kilómetros anuales. Hoy el dominio público marítimo-terrestre se ha convertido, desde nuestro punto de vista, en una situación que está repleta de arbitrariedades. Y por eso nosotros vamos a apoyar la paralización, para abrir un periodo que creo que debe impulsar esta Comisión que nos lleve a una reforma legislativa que permita recoger todos los supuestos que se está viendo que en la aplicación de la ley no están recogidos y que están dando situaciones ciertamente injustas.
Alguien que construyó o adquirió fuera del espacio del dominio público y que ahora, como consecuencia de un nuevo deslinde, se ve incluido, nos parece injusto que se vea expropiado. Que ahora algunas propiedades que fueron construidas ille tempore, en las que el Estado no practicó el deslinde oportuno puedan verse excluidas nos parece ciertamente injusto.
Que a las personas individuales que se ven afectadas por la misma se les aplique la ley con todo rigor y que luego veamos cómo hay determinadas construcciones que incluso con sentencia judicial firme en contra no implican la actuación de la Dirección General de Costas, e incluso la paralización de las actuaciones que llevaban al desahucio y al posterior derribo, nos parece también ciertamente injusto.


Vamos a pedir, no sé si está ya registrado, la comparecencia de la directora general de Costas para que el ministerio nos explique, si es posible, cuál es su criterio sobre esta materia, y posiblemente allí sea el momento de discutir a fondo sobre esta cuestión. Hoy nos quedamos, aprovechando las iniciativas de Esquerra Republicana de Cataluña y de Convergència i Unió, en expresar nuestra opinión de que la competencia de la delimitación del dominio público y playa corresponde, en todo caso, a la Administración Central del Estado, que los últimos tiempos están repletos de situaciones arbitrarias que se arrastran desde hace muchos años, y que convendría abrir un periodo de reflexión sobre la aplicación de la Ley de Costas. Por eso vamos a apoyar la paralización en este caso y en todos los que se presenten.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lizárraga.


La señora LIZÁRRAGA GISBERT: Creo que en la anterior proposición no de ley presentada por el grupo de Esquerra y en la actual proposición no de ley presentada por el grupo de CiU ha quedado claro que la titularidad autonómica del puerto deportivo de Empuriabrava es de la Generalitat.
Esto no constituye en absoluto tema del debate. Una vez aclarado este punto, consideramos que lo que pretende la proposición no de ley es que el Congreso inste al Gobierno a paralizar el procedimiento de deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la marina de Empuriabrava, así como reconocer que la administración competente para llevarla a cabo es la Generalitat y no la administración central. Pues bien, empezando por la segunda instancia, que es la más importante, quiero aclarar lo siguiente: el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en su texto del año 1979 ni tampoco en el aprobado por ley orgánica en 2006, atribuye la competencia del deslinde del dominio público marítimo-terrestre a la Generalitat, simplemente porque hubiera sido imposible hacerlo sin violentar la Ley de Costas y el artículo 132.2 de la Constitución de 1978. Por otra parte, los artículos de la Ley de Costas que atribuyen al Estado la facultad de efectuar el deslinde no fueron cuestionados en el recurso de inconstitucionalidad planteado en relación a dicha ley, que dio lugar a la sentencia 149/1990. Así pues, atribuida la titularidad del dominio público marítimo-terrestre al Estado por la Constitución de 1978, configurada por Ley de Costas la facultad del deslinde como una de las integrantes del haz de facultades que le corresponde al dominus del demanio, a saber, el Estado, y sin que la norma de cabecera de ordenamiento autonómico del Estatuto haya previsto otra cosa, es claro que la pretensión de la proposición no de

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ley que presenta el grupo de CiU acerca de que el Gobierno reconozca que es la Generalitat la administración que debe deslindar el dominio público resulta claramente inadmisible por contraria a derecho.


Dicho lo anterior, es decir, que el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en Cataluña, como en todo el territorio español, corresponde a la Administración central, también reconozco la singularidad de la marina de Empuriabrava, en cuanto que no es una marina natural sino artificial y, según interpreta la Generalitat, en el interior de dicha marina sólo puede aplicarse la normativa autonómica, en este caso la Ley 5/1998, de 17 de abril, de Ports de Catalunya. Pero, como muy bien ha argumentado mi compañera de Convergència, esto lo reconoce la Generalitat. Es decir, aquí hay un problema de fondo: la Generalitat cree que es competencia suya y la Administración central cree que es competencia suya. Por lo tanto, no creo que este Parlamento español sea el sitio más adecuado para dar la razón a una administración o a otra, sino que tenemos que buscar un tribunal, en este caso creo yo que sería el Tribunal Constitucional, que aclare quién tiene competencia dentro de esta marina.


Dicho esto, me ha sorprendido muchísimo la posición del Partido Popular diciendo que votaría la primera parte de la proposición no de ley de Esquerra y no votaría la segunda parte, cuando va una con la otra.
Porque, ¿cómo puede votar el PP que pare las obras la Dirección General de Costas cuando no reconoce que la Generalitat tiene capacidad para actuar allí? Es decir, si quien tiene que actuar es el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que actuar y, por lo tanto, pasa al deslinde. Si tiene que parar es porque no tiene facultad; y en este caso hay que reconocer intrínsecamente que la facultad la tiene la Generalitat. No podemos hacer un deslinde a la carta, que es lo que pretende el PP. Tenemos que ser consecuentes. En este tema no seré yo quien dé la razón ni al ministerio ni a la Generalitat de Catalunya, sino que hemos de ir al tribunal competente para que decida si se tiene que aplicar la Ley de Costas estatal o se tiene que aplicar la Ley de Ports autonómica, en este caso de la Generalitat de Catalunya.


La señora PRESIDENTA: ¿Desea pronunciarse la señora Surroca sobre las enmiendas?

La señora SURROCA I COMAS: Vamos a admitir la votación separada.


- RELATIVA A LAS ACCIONES PILOTO DE PESCA EXPERIMENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000801.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley relativa a las acciones piloto de pesca experimental, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Tratamos nuevamente un asunto que, por desgracia, en esta ocasión es viejo en cuanto a que no es la primera vez que nuestro grupo presenta iniciativas relacionadas con los criterios que el Gobierno ha seguido para subvencionar las campañas piloto de pesca experimental, sino que además es muy oportuna porque recientemente se han producido noticias que han sido recogidas por diarios de tirada nacional con bastante amplitud en su tratamiento. Lo cual viene a corroborar que cuando el Grupo Parlamentario Popular decía lo que decía, y parte de lo que decía lo recordaré aquí a los efectos del Diario de Sesiones, algo tenía que ver con el malestar y las quejas que dentro del sector pesquero se producían y se siguen produciendo por los criterios y por la forma de actuar del Gobierno. Por eso, en aquellas ocasiones habíamos presentado en la pasada legislatura, y continuamos haciéndolo en esta, baterías de preguntas con respuesta escrita e incluso también con respuesta oral en Comisión. Y me referiré a esta última porque en la Comisión del 24 de octubre respondía, a una pregunta que como diputado y portavoz de pesca tuve ocasión de formular, el subsecretario del ministerio, y precisamente al no haberlo hecho el señor Martín Fragueiro, por la mecánica que tenemos establecida, consideré oportuno seguir insistiendo en trasladar las quejas o las preocupaciones del sector, y por eso hemos presentado esta proposición no de ley hace unos días.


¿Qué es lo que piensa realmente el sector pesquero de este modo de proceder? Básicamente, que hay una política discrecional a la hora de asignar estas ayudas, que detectan anomalías y sobre todo poca transparencia, y concretan este malestar en la existencia de empresas que todos los años son beneficiarias, que se conceden ayudas a proyectos ligados a barcos que todavía estaban en fase de construcción durante la fase de solicitud de estas ayudas, o incluso que han detectado empresas con doble afiliación para optar al concurso con mayores posibilidades. Lo dijimos muy claramente, lo dijimos de forma contundente: en los tres últimos años de algunas de estas campañas hubo empresarios que obtuvieron ayudas muy importantes entre los años 2003 y 2007, y algunos han pasado de 350.000 euros a casi 1.900.000 euros, es decir, han más que cuadruplicado sus ayudas. Y en muchos casos estas cantidades están muy por encima de los gastos que realmente puede generar un barco palangrero, por ejemplo, de tipo medio en una campaña que dura aproximadamente 120 días, que es el límite temporal que ha impuesto la propia Secretaría General del Mar para su duración. Cuando, si hacemos los cálculos que todo el mundo sabría hacer, con 1,2 millones de euros se podrían financiar cuatro campañas de buques palangreros similares. Por lo tanto, siempre hemos pedido que se justificara esta forma de proceder y que se justificaran los criterios que se siguieron para otorgar estas cuantías e incluso que se explique que siempre sean los mismos

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barcos los que se han beneficiado. La ayuda es tan alta que en algunos casos les ha permitido amortizar sus barcos, mientras que otros palangreros de superficie que faenan en los mismos caladeros nunca -nunca, insisto- vieron atendidas sus solicitudes. Hemos pedido que de cara al futuro se consensue con las asociaciones afectadas el procedimiento más conveniente, pero sobre todo que se busque la máxima transparencia, que se publique previamente al concurso el presupuesto que está previsto para la misma campaña, así como la relación de empresas y barcos que son preseleccionados, volviendo a publicarse posteriormente las ayudas que le corresponden a cada empresa y barco. Y hemos pedido, y está tramitada, la comparecencia de la ministra ante esta Comisión, a la vista de la respuesta que el otro día daba el señor Martín Fragueiro en su última comparecencia, y sobre todo a la vista de que un diario de tirada nacional hace muy pocos días, el jueves 5 de marzo, publicaba a plana completa esta noticia que titula: El Gobierno subvenciona a un armador acusado de pesca ilegal. Es evidente que esto nos preocupa, y mucho, y es muy oportuna esta proposición no de ley, que estaba presentada con anterioridad, porque ya lo advertimos aquí: traten de cuidar que el tema quede en casa, porque los enemigos del sector pesquero español lo utilizarán para atacarlo. Estas fueron palabras mías que figurarán en algún Diario de Sesiones. Está claro que ahora estos hechos que se han denunciado de pesca ilegal y de ayudas millonarias concedidas a ciertos armadores han sido criticadas por las asociaciones representativas del sector pesquero y van a ser utilizadas a nivel internacional en contra del conjunto del sector pesquero español, el cual no debería pagar por estos errores. No voy a entrar en una valoración de los hechos denunciados porque para eso hay que disponer de los expedientes que se han tramitado, pero sí tengo que recordar que el Gobierno, y lo digo una vez más, no ha sido transparente. Y para ello invito a las señorías que tengan interés en ratificar lo que estoy diciendo a que lean lo que está recogido en el Diario de Sesiones de la Comisión del día 19 de junio del año 2007 y del 17 de diciembre del pasado año 2008.


¿Qué es lo que plantea, por lo tanto, esta proposición no de ley? En primer lugar evitar esa discrecionalidad, y para conseguirlo pedimos que haya un punto de partida, que no es otro que que la realización de cualquier proyecto de pesca experimental responda a objetivos que sean de interés para nuestro sector, que es quien tiene que promover su realización, o sea, las asociaciones del sector, junto con el Instituto Español de Oceanografía, que es el que debe marcar cuáles son las expectativas para mejorar las técnicas de pesca o el que tiene que plantear cuáles son los accesos a caladeros que son desconocidos, y por supuesto tienen que ser de interés para nuestros armadores. Ese es el primer punto de nuestra proposición.


Hay otro que nos parece muy importante, y es que no puede quedar a la apreciación de los armadores o del personal no cualificado el coste que tiene la realización de una campaña. Por eso proponemos en un segundo punto que debe ser la Subdirección General de Economía Pesquera de la Secretaría General del Mar la que cuantifique el alcance de esa campaña.


Por otra parte, otro de los puntos de la proposición no de ley hace referencia a que el ministerio está asignando ayudas muy importantes -acabo de dar cifras de ayudas millonarias- sin cumplir la Ley de Contratos y la Ley de Subvenciones. Esto es muy fuerte, como se suele decir habitualmente. Por eso creemos necesario que se garantice el cumplimiento de ambas leyes, y parece mentira que tenga que ser una proposición no de ley la que pida en un punto que se cumplan la Ley de Contratos y la Ley de Subvenciones. Por lo tanto no entenderíamos un rechazo después de lo que dijeron el subsecretario en su comparecencia y el secretario general del Mar hace unos días: que coincidían en que había que cumplir y que estaban totalmente en la línea de que se cumpliera la normativa. Yo le añadí que sólo faltaría que no lo dijeran, pero ahora lo propone concretamente esta proposición no de ley y no entenderíamos un rechazo a la misma en este sentido.


Otra cuestión que está recogida en esta proposición no de ley es que la norma específica, que es la orden ministerial de abril del año 2000, sobre ayudas financieras para la realización de proyectos piloto de pesca experimental -y ya lo digo yo antes de que me lo recuerde alguien- fue una normativa impulsada por el entonces Gobierno del Partido Popular, pero hay que aclarar que no estaba concebida para compensar con ayudas millonarias a determinados armadores, porque lo que estaba previsto en aquel momento era que cualquier acción piloto a realizar tenía que ajustar su coste con precisión, y consecuentemente eran muy pocos los armadores que estaban interesados en aquel momento. Luego se fue actuando de la forma que se fue actuando y aparecieron más novios para esta normativa. Por lo tanto, creo que es de obligado en este caso modificar la norma incorporando baremos de selección para adaptarlo a aquellos armadores que sean los más idóneos, bien por los caladeros donde actúan, bien por resultados de campañas anteriores o bien, como decía al principio, por los criterios que el Instituto Español de Oceanografía pueda establecer.


Por último, yo me pregunto y les pregunto de qué nos sirve realizar una campaña de su desarrollo si los resultados obtenidos no se ponen después a disposición del sector pesquero y de todo aquel que esté interesado; cuando, sobre todo, nos movemos en un mundo tan globalizado y en un mundo de altas tecnologías que hoy permite, simplemente con colgar en la página web del ministerio estos resultados, que puedan tener acceso a los mismos todas aquellas personas que estén interesadas. No entenderíamos un rechazo a esta propuesta, porque lo único que pretende es transparencia, cumplimiento de normativa y revisión de la norma para que sean los criterios más idóneos establecidos entre la Administración, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y el sector pesquero, a través de las asociaciones del sector y del Instituto

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Español de Oceanografía, los que se sienten y establezcan unas nuevas bases, una nueva normativa y que la misma tenga el mayor rigor en su aplicación y la máxima transparencia en su divulgación.


La señora PRESIDENTA: No se ha presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley. En trámite de fijación de posiciones, ¿algún grupo quiere tomar la palabra? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Díaz Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Para empezar tengo que decir que no hay ninguna enmienda por un problema de logística del Grupo Parlamentario Socialista, del que él no es responsable.


Señor García Díez, usted ha hablado de rechazo del sector. Puede haber problemas con alguna organización del sector, que no es el sector. En todo caso, este grupo no tiene ningún problema con la filosofía que acaba usted de exponer; tiene problemas con algún aspecto de la concreción.
Usted decía: estamos actuando de acuerdo con la Orden de 21 de marzo del año 2000, esa es la norma que se está aplicando; y el ministerio, en las decisiones de selección de proyectos subvencionados, aplica rigurosa y estrictamente lo previsto en esta norma, y también es la normativa comunitaria, y se toman las precauciones y garantías legales en el proceso de concurrencia para evitar problemas. Según usted los hay. Yo tengo que decirle que los desconozco y me imagino que el ministerio será el más interesado en detectar las anomalías de las que usted está hablando. Todas las resoluciones correspondientes a la selección de proyectos de las acciones piloto de pesca experimental se comunican a los interesados, tanto a los seleccionados como a los que le son desestimadas. También, durante el proceso de selección se solicitan informes a la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General del Mar y al Instituto Español de Oceanografía u organismo diseñado al efecto, a fin de proceder a la evaluación y selección de los proyectos. En cuanto a las propuestas que usted nos hace, en general, con alguna matización que le voy a hacer, están recogidas en un proyecto de orden que se va a publicar próximamente por parte del ministerio para modificar la Orden de 21 de marzo del año 2000.


Entrando ya en los temas concretos, nuestra mayor discrepancia está en el punto primero, que usted explicó pero ocultando un elemento fundamental, o no resaltando un elemento fundamental. Usted dice aquí: publicar las acciones piloto de pesca experimental que tenga previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, previa valoración con las asociaciones representativas del sector e informe del Instituto Español de Oceanografía en cuanto a su adecuación e idoneidad. El problema está en esta previa valoración con las asociaciones representativas del sector, porque si estamos hablando de una subvención, de una orden de subvención en una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, es improcedente, conforme a la normativa vigente en materia de subvenciones públicas, que previamente sea una concurrencia amañada, o sea, previamente acordamos con asociaciones del sector cómo se hace y después publicamos la convocatoria de subvención abierta. Ya no es abierta, ya no hay concurrencia, porque previamente se determinó el destino de esa subvención. En consecuencia, nosotros podríamos aceptar que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino publicara las acciones piloto de pesca experimental que deba realizar en cada periodo y el informe del Instituto Español de Oceanografía; nunca que hubiera una previa valoración con las asociaciones más representativas del sector.
Aquí, como decía, está nuestra principal discrepancia. En segundo lugar, ustedes dicen que para esta publicación el gasto máximo admisible por campaña. Yo diría: por buque y campaña y que dejáramos el tema así. En este caso contaría con nuestra aprobación este tema. En el tercer apartado ustedes plantean que la asignación de las acciones piloto de pesca experimental se realice, aparte de cumplir con la normativa comunitaria, mediante concurso público, ¡no faltaría más!; en consecuencia, técnicamente tendría nuestra aprobación. En cuanto a modificar la Orden ministerial del año 2000 sobre ayudas financieras para la realización de proyectos piloto de pesca experimental, estamos de acuerdo, pero en la parte final quizás tendríamos algún tipo de matización. Por último, en lo que se refiere al tema de la publicidad, faltaría más, en esto se está trabajando y en estos momentos es una decisión firme del ministerio, porque hay que poner disposición de las autoridades comunitarias correspondientes siempre los resultados obtenidos en cada campaña piloto y también el acceso a los resultados de todas las personas interesadas; próximamente estará en la web del ministerio y lo podremos comprobar todos también. Como resumen, pediría al señor García Díez que, de no aceptar nuestra propuesta de transaccional en base a nuestra enmienda in voce, que sometiera a votación su propuesta de manera separada, para que pudiéramos coincidir en lo fundamental, que también es coincidir en el proyecto de orden que tiene en marcha el ministerio y que se publicará próximamente. Yo creo que sería un buen cierre de esta Comisión que pudiéramos llegar a ese acuerdo transaccional que le proponemos.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Yo no puedo entender otra cuestión que la que se ha planteado en los términos que se han planteado; estoy al margen de los problemas de logística y otros que ha citado el señor portavoz socialista. Parece ser, si no lo he entendido mal, que hay una única discrepancia, o al menos en la que ha insistido el portavoz socialista, que es la palabra previa, previa valoración con las asociaciones representativas del sector. Ha dicho que

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no es procedente porque podría dar lugar a que se interpretara como amañada -esa ha sido la expresión que ha usado- una orden que convocara esas ayudas si previamente se hace una valoración con el sector. Por si hay alguna duda, lo que quiero dejar claro es que previa valoración no quiere decir otra cosa que escuchado el sector previamente; después el ministerio, evidentemente, tiene que hacer lo que considere oportuno; se está pidiendo una mesa donde se escuche al sector. Por lo tanto, voy a mantener el texto íntegro, porque no he encontrado argumentos en el portavoz socialista que me indiquen la conveniencia de modificarlo ante la importancia de este asunto, pero voy a acceder a la petición de votación separada de los puntos que componen nuestra proposición no de ley en sus términos originales, sin modificación alguna pero con votación separada.


- SOBRE DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 48.3 DEL REAL DECRETO 1612/2008 SOBRE PRODUCCIONES MÍNIMAS DE ALGODÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000837.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la última proposición no de ley, que es sobre derogación del artículo 48.3 del Real Decreto 1612/2008 sobre producciones mínimas de algodón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, el señor Romero Girón tiene la palabra.


El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para solicitar el voto favorable a esta proposición no de ley, en la que en su parte dispositiva solicitamos la derogación del artículo 48.3 del Real Decreto 1612/2008 de 3 de octubre. Dicho real decreto regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. En concreto, el artículo cuya derogación solicitamos establece que las comunidades autónomas fijarán los rendimientos mínimos de algodón como factor indicativo en el marco del cumplimiento del artículo 29 del Reglamento comunitario 1782/2003. Pero si estudiamos el artículo 29 de dicho reglamento comunitario, para nada se exige la condición de rendimientos mínimos para poder acceder a estos pagos. No sólo no lo exige este precepto, sino que en ninguno de los reglamentos comunitarios del algodón se han exigido hasta ahora. El artículo 48.3 del Real Decreto 1612/2008 establece la obligación de obtener unos rendimientos mínimos, es decir, obliga a recolectar una producción mínima por hectárea para poder tener derecho a la percepción de las ayudas directas, tanto pagos acoplados como desacoplados. Desde el ministerio se está obligando a los agricultores a obtener unos rendimientos y, en última instancia, se les está amenazando con la pérdida de la totalidad de las ayudas en el supuesto de que no obtengan los mínimos que se han fijado por la comunidad autónoma competente. Puede darse el caso de que el Gobierno de la comunidad autónoma fije unos rendimientos mínimos que superen las posibilidades de obtención por parte de los agricultores. Pero además, pueden darse circunstancias que hagan imposible la producción en la cuantía exigida. Estoy pensando en circunstancias climatológicas, como ha ocurrido en la última campaña, en la que los temporales de agua han mermado la cosecha en más de un 50 por ciento, o en la existencia de plagas que afecten al cultivo, y dada la actual normativa restrictiva sobre el sector fitosanitario, se produzcan daños en las plantas que hagan imposible llegar a los mínimos que se exijan por la comunidad autónoma. En definitiva, circunstancias ajenas al agricultor, que no puede verse obligado por una normativa que sobrepasa la normativa europea. Me han llegado noticias de que el ministerio va a modificar esta norma, pero al día de hoy aún no se ha producido. Si efectivamente el ministerio la modificase, nos satisfaría; y además, nos satisface más porque ha sido necesaria la presentación de esta iniciativa para que efectivamente se produzca la derogación de la norma que hoy solicitamos.
Si ello es así, bienvenida sea. No pretendemos apuntarnos ningún tanto, sino ayudar al sector, que ya está muy perjudicado por la actual OCM como para que se agraven aún las condiciones para que puedan acceder a los pagos o a las ayudas por producción. (El señor vicepresidente, Madero Jarabo, ocupa la Presidencia.)

Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la que se cambia el verbo imperativo fijarán por el optativo podrán establecer los rendimientos mínimos. Siento no poder aceptar esta enmienda, pues no se trata de dejar al arbitrio del Gobierno de turno de la comunidad la posibilidad o no de establecer estos mínimos. Nuestra petición es que la normativa española no sea más exigente que la europea estableciendo requisitos que no están contemplados ni previstos en esta normativa para poder acceder a los pagos. Dejar en manos de la comunidad autónoma la posibilidad de fijar unos mínimos supone una gran inseguridad jurídica, pues hoy puede tenerse un criterio distinto al de mañana y hoy no fijar producción mínima y mañana sí establecerla. Se trata, por tanto, de que desaparezca la obligación, y por ello no podemos aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Creo que la proposición no de ley es justa, se trata de no sobrepasar los límites establecidos por la normativa europea, y es una demanda que están realizando los agricultores, principalmente los agricultores andaluces, ya que el 90 por ciento de la producción se da precisamente en dicha comunidad autónoma.


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Efectivamente, se ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre intervendrá el señor Amuedo.


El señor AMUEDO MORAL: Señor Romero, la enmienda que presentamos va dirigida precisamente a decir que no es verdad que los límites normativos de la

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Unión Europea no se refieran a que haya la posibilidad de que en el tema del algodón haya una determinada producción para tener derecho a las primas. Si ustedes ven detenidamente el artículo 30 del Reglamento 73/2009, dice que sin perjuicio de cualquier disposición específica contenida en regímenes de ayuda concretos, no se efectuará pago alguno a ningún beneficiario cuando se demuestre que éste ha creado artificialmente las condiciones requeridas para la concesión de tales pagos, con vistas a obtener una ventaja contraria al objetivo del régimen de ayuda. Pero además, es verdad cuando usted dice que no hay ninguna normativa específica de la Unión Europea en cuanto a que diga que hay límites. Pero usted se salta un acta anexa de declaración al artículo 30 de ese mencionado Reglamento 73, en el que los Estados miembros -dice el acta- pueden fijar límites mínimos para evitar que se cultive algodón con el único fin de recibir ayudas sin interés por producir. Es decir, para evitar que haya lo que hemos venido en denominar los cazaprimas. Por lo tanto, nuestra enmienda tiene como fin precisamente eso, evitar los cazaprimas. Como usted bien ha dicho, la producción de algodón está centrada casi en un noventa y tantos por ciento en una comunidad autónoma. Pues bien, lo decimos es que se deje en manos de la comunidad autónoma el que pueda fijar o no precisamente esos límites de producción para tener derecho a las ayudas. Dicho de otra manera, actualmente lo que usted quiere derogar, el artículo 48.3 del Real Decreto 1612/2008 sobre la producción mínima de algodón, lo que viene a decir es que las comunidades autónomas no podrán, sino que tienen que poner un mínimo para tener derecho a recibir las primas. Lo que venimos a decir es que no es que tengan que hacerlo por fuerza, sino que las comunidades autónomas puedan hacerlo en función de sus propios criterios. Creo que eso no es malo para nadie, que no hay ningún Gobierno de ninguna comunidad autónoma que esté pensando en perjudicar a sus agricultores, y mucho menos cuando estamos hablando de uno de los productos que más mano de obra requiere precisamente en una de las comunidades autónomas donde tienen, como hemos dicho anteriormente, el 99 por ciento de la producción como es Andalucía.
Lo que no podemos hacer de ninguna de las maneras es precisamente ayudar a que haya en el sector del algodón, que bastante hemos tenido ya con los recortes de producción, personas que se dedican o que se puedan dedicar -no digo que los haya, sino que se puedan dedicar- a las cazaprimas; ni mucho menos;. Tenemos que poner límite a eso, tenemos que decir que tiene que haber una producción mínima, que no solamente vale con la siembra y ver que esa siembra es correcta, sino que después el mantenimiento de esa siembra, el mantenimiento de las plantas y la cogida posterior del producto tiene que hacerse con un mínimo de requisitos para que pueda haber una producción, digamos, de acuerdo con cada uno de los terrenos donde se está cultivando. Por tanto, tiene que tener un número de kilos por hectárea. Que tiene que determinar, ¿quiénes? Pues lo que decimos, y vuelvo a repetir, es que sean las comunidades autónomas las que lo hagan.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con la PNL que presenta el Grupo Popular en ese sentido. Lo que hemos pretendido precisamente con nuestra enmienda no es otra cosa que intentar llegar a un acuerdo, porque si lo ven ustedes, es lo mismo; es decir, lo que estamos diciendo que hay que eliminar es que las comunidades autónomas no tengan que poner un mínimo, y si cambiamos lo de tener por podrán tener, estamos poniendo en manos de las comunidades autónomas el que lo hagan o no lo hagan en función de sus propios criterios.


El señor VICEPRESIDENTE (Madero Jarabo): Concluido el debate de todos los puntos que componen el orden del día de la presente convocatoria, suspendemos la Comisión por unos minutos, concretamente ocho minutos, para que las votaciones puedan producirse no antes, como se ha anunciado, de las trece treinta. Se suspende por ocho minutos la Comisión (Pausa. La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar las votaciones de las proposiciones no de ley que hemos debatido hoy en esta Comisión.


En primer lugar, la proposición no de ley sobre el deslinde del dominio público marítimo terrestre en la Marina d'Empuriabrava, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se ha pedido votación separada de los párrafos primero y segundo y, por otro lado, del párrafo tercero. Por tanto, votamos los párrafos primero y segundo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos el párrafo tercero.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Proposición no de ley relativa al establecimiento de líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial al sector pesquero, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota con su autoenmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Proposición no de ley relativa al dominio público marítimo-terrestre en la Marina d'Empuriabrava, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se va a hacer una votación separada de los puntos primero y segundo. Votamos el punto primero.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votación del punto segundo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Proposición no de ley sobre el sector lácteo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se somete a votación con una enmienda transaccional del grupo proponente con el Grupo Parlamentario Popular.
¿Es necesario que dé lectura de ella o la conocen? (Denegaciones.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Proposición no de ley relativa a la creación de reservas marinas protegidas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se somete a votación con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y la corrección de la palabra repercusión por recuperación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Proposición no de ley relativa a la promoción de la regulación de la pesca del tiburón, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se somete a votación con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley relativa a la trashumancia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se somete a votación en sus términos.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley relativa a las acciones piloto de pesca experimental, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se somete a votación separada, por un lado, el punto primero, por otro lado, el punto cuarto y, por último, los puntos segundo, tercero y quinto. Por tanto, votamos el punto primero.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Punto cuarto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Puntos segundo, tercero y quinto.


Efectuada la votación, dijo

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados por unanimidad.


Proposición no de ley sobre derogación del artículo 48.3 del Real Decreto 1612/2008 sobre producciones mínimas de algodón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Al haber un empate, siguiendo el Reglamento vamos a utilizar el criterio del voto ponderado. Ha votado a favor el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Mixto y Convergència i Unió, por tanto son 170 votos. Ha votado en contra el Grupo Parlamentario Socialista, 169 votos, y las abstenciones suman 11 votos del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo de Esquerra Republicana. Por tanto, por el criterio del voto ponderado queda aprobada esta proposición no de ley.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.

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