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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 195, de 17/02/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 195
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 13 celebrada el martes 17 de febrero de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Relativa a la adopción de las medidas necesarias para que se amplíe el plazo de amortización de los préstamos a pymes y emprendedores en las líneas ICO correspondientes, con el fin de aliviar la grave situación por la que pasan estos agentes económicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000569.) ... (Página 2)

- Relativa a la anulación de la ponencia de valores catastrales aprobada para el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz), así como la anulación de las valoraciones catastrales de los inmuebles correspondientes a dicho municipio. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000752.) ... (Página 5)

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Relativa a la adopción de medidas fiscales para ayudar al sector agroganadero. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000424.)... (Página 9)

- Sobre la deducción o pago único por nacimiento o adopción. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000312.) ... (Página 12)

Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), para:

- Informar sobre la actualización del programa de estabilidad del Reino de España 2008-2011. a petición propia. (Número de expediente 214/000062.) ... (Página 17)

- Explicar por qué las medidas aprobadas por el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, aún no han entrado en vigor. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el congreso. (Número de expediente 213/000229.) ... (Página 17)

- Explicar por qué tarda tanto en llegar la liquidez a las empresas y a los particulares y, cuando lo hace, los créditos a los que tienen acceso presentan una ampliación de los márgenes que aplican las entidades de crédito, una disminución de los plazos y un aumento considerable de las garantías. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el congreso.
(Número de expediente 213/000230.) ... (Página 17)

- Dar cuenta de la restricción crediticia que afecta a las familias y pequeñas y medianas empresas, así como para informar del efecto real de los planes aprobados por el Ejecutivo para paliar esta situación. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000257.) ... (Página 17)

- Informar sobre la gestión detallada del Fondo de adquisición de activos financieros; la evolución del crédito a los sectores no financieros residentes; hogares y empresas; y de las condiciones de los mercados financieros en las que se desarrollan las emisiones de deuda pública para la financiación del citado fondo. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el ongreso. (Número de expediente 213/000284.) ... (Página 17)

Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SE AMPLÍE EL PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS A PYMES Y EMPRENDEDORES EN LAS LÍNEAS ICO CORRESPONDIENTES, CON EL FIN DE ALIVIAR LA GRAVE SITUACIÓN POR LA QUE PASAN ESTOS AGENTES ECONÓMICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000569.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Tenemos, en primer lugar, la tramitación de algunas proposiciones no de ley. La primera de ellas es la relativa a la adopción de las medidas necesarias para que se amplíe el plazo de amortización de los préstamos a pymes y emprendedores en las líneas ICO. Es una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y la va a defender la señora Bañuls.


La señora BAÑULS ROS: Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que es necesario el apoyo decidido a las pequeñas y medianas empresas para hacer frente a la crítica situación económica por la que atravesamos y para poner freno al crecimiento descontrolado del paro, que hace que nuestro país sea ya el primero de la Unión Europea en la tasa de paro. A estas alturas no creo que nadie ponga en duda la importancia crucial de las pymes en la economía española. Como todos sabemos, nuestro tejido empresarial está constituido mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, con un claro protagonismo de las microempresas de menos de diez trabajadores y de los empresarios autónomos. Nadie duda que en todos los sectores económicos la pymes han contribuido de forma muy decisiva durante los últimos años a la creación de empleo, ofreciendo además la mejor relación entre empleos fijos y no fijos. Esta es la razón por la que el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para que en las correspondientes

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líneas del Instituto de Crédito Oficial se puedan ampliar los plazos de amortización de los préstamos a pymes y emprendedores.


Como SS.SS. ya saben, la economía española está viviendo situaciones muy difíciles, que se enmarcan en un contexto de turbulencias financieras a nivel mundial. El caso español es de especial gravedad al tener un endeudamiento exterior de cerca del 10 por ciento del producto interior bruto. Solamente hay que ver que en el último trimestre de 2008 se ha contraído un menos uno por ciento, lo que hace que estemos en una situación ya de recesión. Del mismo modo, la fuerte corrección que está sufriendo el sector de la construcción, el cual supone el 17 por ciento del producto interior bruto, está generando un efecto multiplicador sobre los demás sectores de actividad, siendo las pymes las más afectadas, y es que también el comercio al por menor está sufriendo graves problemas de actividad y ya registraba en agosto su sexto mes consecutivo de crecimiento negativo, y los mismos datos registra la industria, en la cual la red de pymes que conforman las empresas auxiliares está viéndose muy afectada.


El modelo de rentabilidad de las pymes es muy sensible a los cambios en las condiciones económicas y financieras del entorno. Por eso, en estos momentos tan delicados, el estancamiento de la actividad, la debilidad de la demanda interna, la subida de los costes de producción y, sobre todo, la falta de crédito ponen en serias dificultades de supervivencia a muchas de esas empresas de reducido tamaño relativo que, por otra parte, son plenamente viables. Es en este sentido, y dentro del contexto económico actual, en el que en los préstamos financiados mediante líneas ICO-Pymes e ICO-Emprendedores, que conllevan bonificaciones en tipos de interés, no está permitido ampliar el plazo de amortización de los mismos. Si una empresa o autónomo necesita alargar el plazo de amortización al no poder atender las cuotas que en su día firmó, y si estuviera en un contexto económico y financiero muy diferente al actual, tendría que cancelar la línea ICO con las penalizaciones correspondientes, es decir, devolver el diferencial del tipo de interés entre el mercado y el ICO, pagar la cancelación anticipada, etcétera, además de solicitar un préstamo normal al banco al tipo de interés de mercado. Esto sucede porque no está permitido financiar el mismo proyecto dos veces con fondos ICO. En el caso de que una pyme o emprendedor se encuentre en esta situación deberá atenderse a la cláusula adicional que se firma en los préstamos ICO en el punto octavo y que es, en resumen, lo que acabo de explicar en este momento. Por ello una medida muy positiva para las pymes ante la situación actual de falta de liquidez de empresas y de autónomos sería la de facilitar la ampliación del plazo, no del capital, para devolver estos préstamos sin mayor coste.


Señorías, tengamos en cuenta estos datos. Según informe Línea ICO 2006 y 2007, el cien por cien de los importes de estas líneas que ascienden a 7.000 millones de euros anuales han sido formalizados, siendo el 83,57 por ciento de este importe solicitado por pymes. El 95 por ciento de los préstamos formalizados ha servido para financiar nuevas inversiones productivas a corto plazo. Datos actuales no tienen nada que ver con estos porque el problema, hoy por hoy, que tienen muchas pymes y empresarios autónomos reside en que en la fecha de solicitud de los préstamos lo hicieron de acuerdo con unas previsiones de ventas y beneficios que ahora se han visto muy afectadas a la baja, por lo que se encuentran ahogados financieramente. Se trata,en la mayoría de los casos, de empresas viables a las que un alargamiento de los plazos de amortización de los créditos les ayudarían a sobrevivir, prosperar y crear empleo o, por lo menos, a no destruir más empleo. Con el fin de aliviar la grave situación por la que pasan estos agentes económicos tan importantes para nuestra economía, el Grupo Popular ha formulado esta proposición no de Ley para instar al Gobierno a que adopte con la mayor brevedad posible las medidas necesarias para que se amplíe el plazo de amortización de los prestamos a pymes y emprendedores en las líneas ICO correspondientes sin que esto suponga mayor coste para estas empresas y autónomos. De esta forma estamos convencidos de que se conseguirá aliviar la grave situación por la que pasan muchos de estos agentes económicos.
No se trata, señorías, de inyectar más capital, sino de permitir que la amortización de los créditos ya concedidos pueda ser efectuada por pymes y emprendedores con unos plazos más adecuados a la actual coyuntura.
Esto, señorías, es totalmente coherente con el objetivo del Instituto de Crédito Oficial al favorecer un crecimiento económico compatible con una mayor cohesión social y territorial. Creemos que en momentos como los actuales, en los que nuestra economía está en recesión, es importante promover medidas como esta que, a la postre, benefician a las pymes y a las familias y que van a ayudar a paliar los efectos negativos de la actual crisis. Es muy importante, señorías, frenar el rápido crecimiento de las tasas de paro y, para ello, debemos seguir apoyando a las pymes que son el gran motor de nuestra economía a que sean capaces de subsistir en estos momentos tan difíciles. De la supervivencia de las pymes depende el mantenimiento de muchos puestos de trabajo en nuestro país. Sin liquidez, señorías, las pymes se ven obligadas a despedir y a cerrar.


Por si alguno de ustedes lo está pensando, es cierto que las pymes cuando solicitan un crédito deben asegurarse de que van a ser capaces de devolverlo. Lo que pasa es que estas previsiones se hicieron en un momento económico y en una situación financiera muy diferente. Además, debemos recordar que hasta hace apenas unos meses, desde el Gobierno se lanzaban mensajes de que no pasaba nada y no solo no se reconocía la gravedad de la crisis sino que ni siquiera existía. No es extraño, por tanto, que estas circunstancias hayan llevado a las pymes a errar en sus cálculos porque les han estado llegando mensajes falsos por parte del Gobierno en relación con la bonanza de la economía española y ahora, con las nuevas líneas que se han puesto recientemente en marcha

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para favorecer la liquidez de las pymes, lo que está ocurriendo es que estas medidas no llegan a las pymes que más lo necesitan. Tanto la línea ICO-Liquidez, como ICO-Moratoria se conceden a aquellas empresas que ya tienen liquidez o que pueden aportar garantías adicionales. En último término, son los bancos quienes deciden, y todos sabemos las restricciones que aplican, lo que convierte a estas medidas en no operativas. Sin embargo, en nuestra propuesta no se hace que los bancos asuman más riesgos y la decisión debe ser independiente de los bancos.
Ahí reside, señorías, la ventaja de nuestra propuesta, que puede ayudar a muchas empresas de nuestro país a salir adelante. De todas formas, y para terminar, en cualquier caso solo estamos planteando una medida excepcional a una situación también excepcional.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán que va a defender la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: La enmienda de nuestro grupo va encaminada a aumentar la parte del aval del Instituto de Crédito Oficial, que actualmente está en el 50 por ciento de las garantías, hasta el 75 por ciento. La enmienda dice textualmente: Instamos al Gobierno a reforzar la función del aval del Instituto de Crédito Oficial respecto de las líneas de crédito que tenga este organismo con las entidades financieras para la financiación de las pequeñas empresas, microempresas y autónomos, incrementando este porcentaje del aval del ICO hasta el 75 por ciento. En este sentido, ya que nos parece que son insuficientes las garantías que están teniendo en estos momentos de dificultad todas estas pymes, nos gustaría que esta enmienda pudiera ser admitida.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista había presentado una enmienda sobre la cual, parece ser, va a presentar una transaccional.


El señor LÓPEZ VILLENA: Se está redactando la enmienda que vamos a presentar a la Mesa, si así lo tiene a bien la Presidencia, y quedo a la espera de lo que me diga la Presidencia para defender nuestra postura.


El señor PRESIDENTE: Señor López Villena, puede ir defendiendo la enmienda mientras terminan de redactarla y la presentan al grupo proponente y demás grupos.


El señor LÓPEZ VILLENA: Como bien decía se está redactando una enmienda en la línea que han expuesto la portavoz del Grupo Popular y la portavoz de Convergència i Unió. Compartimos que las pymes son más del 80 ó 90 por ciento del tejido empresarial de España y que las líneas ICO-PYME son un instrumento fundamental en la economía de nuestro país.


Quiero resaltar que existen cuatro grandes líneas en el marco de la estrategia de Lisboa: la línea ICO-PYME, línea ICO- internacionalización, línea ICO-emprendedores y línea crecimiento empresarial, todo ello dentro del Plan de Fomento Empresarial. La línea ICO-PYME es la más importante, no solo por su elevado importe, ya en el 2008 estaba dotada con 7.000 millones de euros, sino también porque ha contribuido desde su inicio a la creación en más de 1.200.000 empleos mediante la formalización de préstamos por un importe global de 48.000 millones de euros en 729.000 operaciones. Para el año 2009 esta línea tiene una dotación de 10.000 euros, es decir, supera en 3.000 millones de euros la dotación del año 2008 dirigida a la financiación a los activos fijos productivos nuevos y financiación complementaria de las pymes y autónomos en unas condiciones financieras preferentes. Todos sabemos que estas líneas de financiación tienen como punto clave para la concesión del crédito la solvencia de las empresas, como bien se ha apuntado anteriormente. Sin embargo, entendemos que la cooperación entre las entidades financieras, el ICO y las pymes va a contribuir a que se relance la economía o, al menos, a salir de estos momentos de estancamiento en que se encuentra tanto el sector financiero como la economía real. Por su parte, la línea ICO-Emprendedores, aunque tiene un menor importe, también ha tenido un éxito indiscutible en los años precedentes, desde su creación en 2006, al haber utilizado el 80 por ciento de los fondos disponibles para las operaciones que se han formalizado al respecto. En particular uno de los aspectos que han contribuido al éxito de estas líneas son los amplios plazos de amortización que se ofrecen a las pymes a través de esta línea de financiación del ICO. No puedo dejar de resaltar que en estas líneas se ofrece financiación a tres, cinco, siete y diez años, mejorando la oferta de financiación que habitualmente se concedía a las pymes. Las estadísticas nos dicen que, dentro de las líneas que he mencionado, el período de amortización más solicitado y más concedido han sido los préstamos a cinco años sin período de carencia, aunque se puede ir hasta a diez años de amortización, incluidos tres años de carencia. Entendemos que se están poniendo una serie de actuaciones en la línea ICO-PYME que dan solución a las pequeñas y medianas empresas en sus necesidades de financiación. Por redundar en lo que acabo de decir, las nuevas condiciones financieras de las líneas que conforman el Plan de Fomento Empresarial para 2009 dan una ampliación de la dotación económica a las cuatro líneas de mediación respecto a 2008, posibilidad de obtener financiación complementaria a la financiación de activos fijos productivos hasta un 40 por ciento de la financiación total, es decir, una ampliación de crédito que antes no se tenía, introduce una nueva modalidad de amortización en la línea ICO-PYME en la que se incorpora la posibilidad, como he comentado anteriormente, de tres años de carencia en los préstamos cuando lleguen a diez años y el aumento de la financiación máxima disponible para cada operación al cien por cien en el caso de la línea ICO-PYME y al 80 por cien en el caso de la línea ICO-crecimiento empresarial, a pesar todo ello, de que los

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que hemos trabajado en la financiación de la pequeña y mediana empresa y en general en la empresa, sabemos que la financiación de los activos tiene una relación con la amortización técnica de los activos; es decir, no es muy conveniente sobrepasar las financiaciones más allá de la vida útil de los elementos que se financian. No obstante, en los momentos financieros que está atravesando nuestro tejido empresarial, nuestras pequeñas y medianas empresas que, repito, es el 80 ó el 90 por ciento de nuestra economía, es necesario hacer todos los esfuerzos para dar solución o ayudar a estas pequeñas y medianas empresas a salir de esta situación y establecer las condiciones para el relanzamiento de la economía. Por ello, coincido con lo que han expuesto las portavoces del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de ese apoyo a la pequeña y mediana empresa, porque aunque han habido línea de moratoria en los plazos de las pymes, el nudo gordiano, la clave, sigue estando en la concesión del crédito y en que el crédito se establezca. Hemos presentado una enmienda transaccional en la línea de lo que se ha dicho y la hemos hecho llegar a la Mesa para su lectura y votación, en su caso. En cuanto esté debidamente redactada, supongo que la Mesa nos la podrá exponer para su votación, aunque no difiere de la argumentación expuesta por los grupos que me han precedido en el uso de la palabra. (La señora Oramas González-Moro pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Quería decir algo, señora Oramas?

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Como soy la única portavoz que no ha intervenido...


El señor PRESIDENTE: Sí quiere fijar su posición, adelante, tiene la palabra señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Puedo fijarla después de que se aclare si se va admitir o no la transaccional. Es lo que le quería recordar al señor presidente, porque era la única portavoz que no he intervenido. Me parece lógico que haya intervenido el Grupo Parlamentario Socialista ante la novedad de una posible transaccional. En ese sentido sí marca el esquema del debate. ¿Esa transaccional va a entrar? No me importa que se diga sí o no porque el debate es totalmente distinto a efectos de fijar posición para saber sobre qué se va a fijar posición.


El señor PRESIDENTE: Señora Oramas, crea una situación un poco rara porque en estos debates la última palabra la tendría la portavoz para comunicarnos si acepta o no las enmiendas.


Tiene la palabra la señora Bañuls.


La señora BAÑULS ROS: Sí, señor presidente. Hemos transaccionado la enmienda con Convergència i Unió y es la que hemos aceptado. No aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Como falta el señor Sánchez i Llibre, me espero para ver cómo queda la enmienda.


El señor PRESIDENTE: Si son tan amables, nos pasan a la Mesa el texto de la enmienda transaccional aceptada y después la leeremos. ¿Quiere intervenir ahora la señora Oramas?

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Si ya se ha acabado el debate, quiero fijar la posición y decir que la línea que ha expuesto el portavoz socialista y el resto lo plantee yo en debates anteriores en el Pleno del Congreso. Me refiero al problema fundamental que está habiendo, por un lado las renovaciones, pero también las ampliaciones de plazo. Es un problema fundamentalmente de garantías que pide no la banca oficial, no el ICO en sí, sino garantías que está pidiendo la banca privada, en unos casos para reforzar operaciones que no las tenían atadas con garantías, y un poco como chantajeando y diciendo: si te amplío el plazo, me das la garantía hipotecaria, o me firma tu mujer, o me firma alguien de la familia, o respondes con otras cosas que no tienen nada que ver con la operación en sí. Se está haciendo una especie de chantaje al cliente en cuanto a la tramitación de determinadas ampliaciones. A mí me parece adecuada la enmienda que presentó CiU, pero tiene ciertos defectos de concepto que creo que habría que matizar. Espero que puedan convertirla en una transaccional, también en la línea que planteaba el portavoz socialista, porque si no al final se queda en nada. Nos quedamos todos con la voluntad pero a efectos prácticos, jurídicos y de aplicación sería nulo. En ese sentido, esta portavoz avala que se llegue a una transaccional para resolver, fundamentalmente, el tema de garantías que es el que está bloqueando la ampliación de plazos del crédito oficial en época de crisis.


El señor PRESIDENTE: Vamos a salir de este pequeño embrollo. Empezaré por anunciar que la votación de las distintas proposiciones no de ley se realizará a las doce menos diez. De aquí a entonces habremos tenido tiempo de ver finalmente, con los textos asumidos o no por la portavoz, cómo queda exactamente esta proposición no de ley. Procederemos a leerla antes de someterla a votación y todos los grupos sabrán a qué atenerse.
¿De acuerdo? (Asentimiento.)

- RELATIVA A LA ANULACIÓN DE LA PONENCIA DE VALORES CATASTRALES APROBADA PARA EL MUNICIPIO DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), ASÍ COMO LA ANULACIÓN DE LAS VALORACIONES CATASTRALES DE LOS INMUEBLES CORRESPONDIENTES A DICHO MUNICIPIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000752.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley, relativa a la anulación de la ponencia de valores catastrales aprobada para el municipio de Jerez de la Frontera, así como la anulación de las valoraciones

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catastrales de los inmuebles correspondientes a dicho municipio. Es del Grupo Popular y la va a defender el señor Romero Girón.


El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en defensa de esta proposición no de ley en la que, en su parte dispositiva, instamos al Gobierno a anular la ponencia de valores catastrales aprobada en el año 2007, con vigencia 1 de enero de 2008, para el municipio de Jerez de la Frontera y, consecuentemente, las valoraciones asignadas a los bienes inmuebles de naturaleza urbana de dicho municipio. En nuestra petición nos hacemos eco de las justas reclamaciones que se vienen produciendo en la ciudad con motivo de la aprobación de la citada ponencia de valores catastrales, todo ello por la desproporcionada subida de dichos valores llevada a cabo, precisamente, en el momento económico más inoportuno y aplicando criterios que nada tiene que ver con la realidad de la ciudad. Permítanme que con brevedad les resalte lo que ha ocurrido en Jerez de la Frontera.


Efectivamente, en el año 2004 el Ministerio de Hacienda oficia al Ayuntamiento de Jerez estableciéndole la obligación de efectuar una revisión catastral de los bienes de naturaleza urbana, ya que habían transcurrido muchos años desde la anterior revisión. Ello si bien es cierto, hay que decir que los valores catastrales se habían ido adecuando año a año vía aplicación de los índices de la Ley de Presupuestos. El Ayuntamiento de Jerez accede a que se inicien los trabajos de la ponencia de valores cuyo resultado final se aprueba y se publica en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 31 de octubre de 2007. Ya en esa fecha el Consejo Económico y Social de Jerez emitió un comunicado, del que me van a permitir que destaque algunos de sus párrafos. Efectivamente, en el primer párrafo dice el Consejo Económico y Social: Sin embargo -y leo textualmente- tan solo una aproximación a la realidad del trabajo realizado por el catastro de Jerez ha suscitado en este consejo una importante preocupación sobre los métodos, módulos y estudios que este ha llevado a cabo y que, en una primera opinión del CES de Jerez, puede dar como resultado unos valores catastrales más elevados de lo aconsejable y que no se ajusten a los límites normativos. Igualmente, el Consejo Económico y Social viene a manifestar en otra de sus consideraciones que en muchos casos los niveles de valoración aplicados podrían estar por encima de los límites normativos. Por último, el consejo exhorta al ayuntamiento para que extreme, en todo lo que sea posible, la atención sobre esta revisión intercediendo ante las autoridades del catastro inmobiliario con objeto de lograr que la revisión se ajuste en todo lo posible a la normativa actual. La alcaldesa socialista de Jerez no solo no se hace eco de estas recomendaciones del Consejo Económico y Social sino que presta su conformidad con cuanto se aprueba en la ponencia, con los métodos utilizados y, lo que es más grave aún, con que se acorten los plazos para su aplicación, acogiéndose a la disposición transitoria novena de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, es decir, consciente de que se aplique una ley excepcional para acortar los plazos del procedimiento de la aprobación y aplicación de la ponencia. Pero es más, esta ponencia de valores no es sometida al informe del ayuntamiento conforme establece el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, sino que es la propia alcaldesa, sin contar con el pleno, la que da su conformidad a la ponencia de valores redactada por la gerencia del catastro de Jerez.
Cabría preguntarse por qué la alcaldesa socialista de Jerez tiene este comportamiento cuando en todos los medios de comunicación ha venido manifestando que la revisión catastral -y tengo aquí los recortes de prensa- es un desastre. La alcaldesa y Pizarro -dice la prensa- reconocen que la revisión catastral es un desastre. La contestación es muy sencilla. Primero, porque no quiere enfrentarse al Gobierno socialista y, segundo, por su afán recaudatorio, porque al establecer la ponencia valores más altos los impuestos son más altos y así el ayuntamiento recauda más. Estas son las únicas razones que, al parecer, llevan a la alcaldesa a dar su conformidad a esta ponencia de valores.


Al aplicar esta ponencia a las fincas urbanas individualizadas, sus propietarios comprueban que las previsiones que el Consejo Económico y Social de Jerez había realizado se cumplían en su totalidad y los valores resultantes de aquella ponencia multiplicaban por cuatrocientos, por quinientos, y a veces por más, el valor de sus viviendas. Se constituyen en la ciudad plataformas reivindicativas y, ante la negativa de la dirección del catastro a suspender sus efectos, los jerezanos comienzan a presentar sus reclamaciones, que llegan a alcanzar los 30.000 recursos.
Ya en las primeras notificaciones se observan errores de bulto de los que se hacen eco todos los medios de comunicación y me van a permitir que les describa alguno de ellos. Por ejemplo -dice la prensa, y tengo aquí los recortes-, el catastro valora en 30 millones de euros la piscina de una urbanización; es decir, confunde la piscina de una urbanización con un solar y repercute su valor sobre sus propietarios. El segundo ejemplo que les puedo poner son instalaciones agrícolas de invernadero consideradas como edificaciones urbanas sujetas al impuesto; multitud de garajes de la ciudad valorados como si fueran viviendas, y así podría suscribirle muchos más. En realidad, ¿qué es lo que ha ocurrido para que los valores asignados a las fincas urbanas se disparen? Ni más ni menos que se han aplicado criterios de valoración erróneos que no se ajustan a la realidad y sin que exista un estudio serio de mercado que justifique estos criterios de valoración. Como sabrán SS.SS., la normativa aplicable para fijar los valores catastrales son el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, que establece que para el cálculo del valor catastral se tomará como referencia el valor de mercado y el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario que establece en su artículo 23 que el valor catastral no

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podrá superar el valor de mercado, estableciendo que el Ministerio de Hacienda fijará un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase y naturaleza. Pues bien, a este respecto la orden ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda 1213, de 2005 dice que anualmente se establecerá un módulo que recoja las variaciones experimentadas en el valor de mercado y que actualmente está en el 0,50, es decir, los valores catastrales en ningún caso pueden superar el 50 por ciento del valor de mercado. Aplicando esta normativa se establecen los módulos básicos de repercusión tanto del suelo como de la construcción y se determinan siete valores distintos, que van desde un valor del módulo de repercusión del suelo de 380 euros a 580 euros/metro cuadrado, a un módulo de repercusión de la construcción desde 400 euros a 650 euros/metro cuadrado. Ya sabrán -y no hace falta que yo se lo diga- cuál es el módulo básico de repercusión que se aplica a las fincas de Jerez en la ponencia de valores, ni más ni menos que el más alto, el módulo de repercusión número 1, tanto para el suelo como para la construcción, y ello sin explicación ni justificación alguna. Efectivamente, la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, a propuesta de la Junta de Andalucía, en sesión de 10 de julio de 2007 dice textualmente lo siguiente: Se ha procedido a aprobar para el municipio de Jerez de la Frontera los siguientes módulos básicos de los fijados por la orden 1213 de 2005: módulo básico de repercusión de suelo, 588 euros/metro cuadrado y módulo básico de construcción, 650 euros/metro cuadrado. Es decir, se le asigna el máximo valor que se puede aplicar, como si estuviera valorando fincas situadas en las mejores zonas de cualquiera de los municipios más importantes de España, y, vuelvo a decirlo, todo ello sin motivo ni justificación técnica alguna. Podría seguir detallándole más defectos de los que adolece la ponencia, como la división de la ciudad en polígonos sin justificar técnicamente esta división ni sus líneas divisorias ni las circunstancias concretas para realizar estas agrupaciones, es decir, qué tienen en común estas zonas para encuadrarlas dentro de un mismo polígono, así como la aplicación o no de índices correctores sin justificación alguna.


El resultado de todo lo anterior son unos valores catastrales desorbitados, por encima incluso de los valores de mercado y con unas consecuencias fiscales nefastas para los contribuyentes. Fíjense hasta dónde llegarán los errores que incluso se valoran viviendas de protección oficial por encima de los precios máximos que la Junta de Andalucía tiene fijados para la venta de estos inmuebles. Es tal el disparate que el propio ayuntamiento se ha visto obligado a realizar bonificaciones fiscales en el impuesto sobre bienes inmuebles, de forma que los contribuyentes no tengan que hacer frente a este desafuero. Pero como es lógico, en estos casos el ciudadano no puede depender de la decisión política del gobernante de turno. Además, el valor catastral no afecta solo al impuesto sobre bienes inmuebles, sino que otros impuestos tienen su base imponible precisamente con referencia a dicho valor catastral.
Así, el impuesto de transmisiones patrimoniales y sucesiones, las plusvalías municipales, el IRPF o hasta ahora el impuesto sobre el patrimonio se han disparado en Jerez. Pero además este gravamen puede afectar a otros aspectos de la vida cotidiana como por ejemplo la concesión de becas.


Todo esto nos ha llevado a presentar esta proposición no de ley. Ahora espero que sea apoyada por el resto de los grupos parlamentarios. Espero igualmente que el Grupo Socialista no me argumente, como ha hecho el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria, que legalmente no es posible anular esta ponencia de valores. La aprobación de una ponencia de valores es un acto administrativo, según tiene declarado el Tribunal Supremo en multitud de sentencias, y como tal acto administrativo es revisable por cualquiera de las formas establecidas legalmente. A tal efecto quiero poner de manifiesto lo previsto en el artículo 105 de la Ley treinta de 1992, de 26 de noviembre, sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Dice textualmente que las administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables siempre que tal revocación [...]. Lo que desde luego hay que evitar es que el contribuyente para anular las consecuencias de un acto administrativo irregular se vea obligado a recurrir a procedimientos judiciales costosos, sabiendo de antemano la Administración que la justicia dará la razón al administrado, como ya ha ocurrido en otros municipios y como ya está ocurriendo en Jerez, donde el Tribunal Económico-Administrativo ha dictado las primeras sentencias a favor de los recurrentes. Pero más allá del debate técnico-jurídico, que no puede servir en ningún caso para eludir un problema real muy grave que tienen ahora mismo muchos ciudadanos en Jerez, lo importante cuando hay un problema es saber quién lo ha creado, quién lo tiene y por tanto quién tiene la responsabilidad de solucionarlo. Este problema no lo han creado los ciudadanos, no lo han creado los jerezanos...


El señor PRESIDENTE: Señor Romero Girón, si es tan amable vaya terminando.


El señor ROMERO GIRÓN: Termino, señor presidente.


Este problema lo ha creado la Administración con una ponencia de valores basada en unos criterios totalmente irreales, muy por encima del valor de mercado en una situación de crisis como la actual, que ha hecho que se presenten más de treinta mil recursos. Por todo ello, señorías, solicito en voto favorable a esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean intervenir para fijar su posición? (Pausa.) Solamente el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Sánchez.


La señora SÁNCHEZ DÍAZ: El Grupo Parlamentario Popular trae a esta Comisión una proposición no

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de ley solicitando la anulación de la ponencia de valores catastrales aprobada para el municipio de Jerez, así como la anulación de los valores catastrales de los inmuebles correspondientes a dicho municipio; una petición que no podemos solucionar en esta Cámara y el Grupo Parlamentario Popular y el señor Romero lo saben. La ponencia de valores y la asignación de valor a los distintos inmuebles de Jerez se llevó a cabo de conformidad con la normativa legal en una ciudad que llevaba veinte años sin revisar los valores catastrales. El artículo 24 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, elaborado por el Gobierno del Partido Popular, en el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, establece en su apartado 1 que la determinación del valor catastral, salvo en los supuestos a los que se refiere el apartado 12 del artículo 30, se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores. El artículo 27 de la citada ley establece que la elaboración de la ponencia de valores se llevará a cabo por la Dirección General de Catastro directamente o a través de los convenios de colaboración que se celebren con cualesquiera administraciones públicas en los términos que reglamentariamente se establezcan. También establece que previamente a su aprobación, las ponencias de valores totales y parciales se someterán a informe del ayuntamiento o ayuntamientos interesados, en el plazo y con los efectos señalados en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. La anulación de un acto de esta naturaleza sí es posible en vía administrativa, sí, pero en el momento en que se hace pública y se transmite a la Administración para que se manifieste sobre la misma, si bien en este caso y una vez aprobada la ponencia, no se dan los requisitos establecidos legalmente para la anulación de la ponencia ni de los actos dictados en aplicación de la misma al no concurrir los supuestos previstos en la Ley General Tributaria para la declaración de nulidad de pleno derecho y revocación de los actos administrativos de naturaleza tributaria.


Las ponencias de valores serán recurribles, como dice la ley, en vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto. El artículo 29 dispone que los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial se iniciarán con la aprobación de la correspondiente ponencia de valores, y que los actos objeto de notificación podrán ser recurridos en vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda su ejecutoriedad. Al aprobarse la ponencia de valores, lo único que permite la ley -y es lo que están haciendo muchos jerezanos- es presentar su contencioso a título particular, por lo que las decisiones que adopte el tribunal tendrán aplicación individual, nunca general o colectiva. Quiero añadir también que hubo un acuerdo entre la Dirección General de Catastro y el Ayuntamiento de Jerez por el que se han revisado de oficio miles de inmuebles. La ponencia de valores está bien hecha, como avalan los estudios de cuatro empresas independientes contratadas por el gobierno municipal. Lo que sí se han detectado son errores de forma, como ha dicho el diputado del Grupo Popular -metros de garajes o de piscinas contabilizados como vivienda-, pero errores de forma no de fondo. Todos estos informes han sido dados a conocer a los colectivos vecinales y a los grupos municipales, incluido el grupo municipal del Partido Popular que, por cierto, no dijo absolutamente nada en esa reunión cuando se le presentaron los informes; como tampoco ha dicho nada en aquellos ayuntamientos donde ha sucedido lo mismo, pero son ellos los que están en el gobierno.


Como puede deducirse fácilmente de los preceptos transcritos, los procedimientos generales de valoración catastral constituyen actos reglados, algo que un diputado deber respetar por encima de todo. Además, la propia ley recoge los supuestos en los que proceden las reclamaciones y recursos, tanto en relación con las ponencias de valores como respecto de los actos de notificación individual de la misma. El Grupo Parlamentario Popular sabe, porque hace leyes que, como todo procedimiento de carácter general o que afecta a una multiplicidad de inmuebles o de titulares, las reclamaciones pueden ser numerosas, pero ello no implica sin más la posibilidad de anulación global de las ponencias de valores, pues dicha eventualidad implicaría negar a la Administración su capacidad para la revisión de los valores catastrales e incluso el incumplimiento de una obligación legal dado que, según dispone el artículo 28.3.a) de la ley de continua referencia, los valores catastrales derivados de un anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general deben revisarse en todo caso a partir de los diez años desde la última fecha. Estoy segura, señor Romero, que ni usted ni su grupo parlamentario pretenden el incumplimiento de una obligación legal, por tanto, no entiendo por qué entonces solicita a esta Comisión que instemos al Gobierno a hacer algo así. Esto queda muy bien que lo digan delante de los vecinos afectados, en los medios de comunicación pero, sinceramente, es preocupante, por no decir poco serio, que lo solicite un grupo en la misma sede del poder legislativo. Los posibles errores deben corregirse, pero en ámbito de las administraciones afectadas, respetándose escrupulosamente, sobre todo, los procedimientos establecidos. Pretender, además, como hace la proposición no de ley, que se declare la nulidad de la ponencia de valores no deja de ser una intromisión del Poder Legislativo en la esfera del Poder Ejecutivo, afectándose igualmente, a nuestro juicio de manera inapropiada, la autonomía financiera de las corporaciones locales. A mayor abundamiento, debe destacarse que la anulación de los actos administrativos, como en todo Estado de derecho, solo puede realizarse conforme a la ley; y al menos el Grupo Popular debe reconocer que este principio sí lo ha aprendido durante estos años, incluso usted, señor Romero, durante este año como diputado en esta Cámara. Sin embargo, está solicitando justamente todo lo contrario. El Gobierno no puede, en consecuencia,

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declarar nulo un acto porque así lo considere en un momento determinado, conveniente u oportuno, sino que tienen que concurrir los supuestos de hecho y de derecho que determina tal nulidad. El artículo 217 de la Ley General Tributaria recoge los preceptos que incurren en nulidad. En todo caso, anular la ponencia de valores significa que también se verían afectadas personas que sí están de acuerdo con la ponencia de valores que tienen y que les es favorable. Tampoco procede la revocación del acto, pues la misma exige, según el artículo 119 de la Ley General Tributaria, una infracción manifiesta de la ley: que la concurrencia de circunstancias sobrevenidas afecte a una situación jurídica particular poniendo de manifiesto la improcedencia del acto dictado o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.


De todo lo anterior se deduce que la proposición no de ley objeto de debate no solo no es aceptable desde una perspectiva de conveniencia u oportunidad política, sino que además -y quizá esto es lo importante- de aprobarse nos conduciría a una infracción directa de las normas que regulan la fijación de los valores catastrales, así como de las reglas que determinan los supuestos de nulidad y revocación de los actos administrativos en materia tributaria. Dicho esto, espero que el Grupo Parlamentario Popular también respete en la sede del Poder Legislativo lo que dicen las leyes. Mi grupo parlamentario va a votar en contra porque, por encima de las aspiraciones y de los deseos, hemos de respetar siempre los procedimientos legales.


- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS FISCALES PARA AYUDAR AL SECTOR AGRO-GANADERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000424.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, relativa a la adopción de medidas fiscales para ayudar al sector agro-ganadero.
Esta proveída por el Grupo Mixto y la va a defender la señora Fernández Davila, del Bloque Nacionalista Galego.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, presentamos una proposición no de ley orientada a instar al Gobierno a adoptar un paquete de medidas fiscales que ayuden al sector agro-ganadero a afrontar la crisis que padece, derivada del encarecimiento de los costes de producción. Son unas medidas que el propio sector ha planteado al Gobierno porque son demandas que inevitablemente necesitan plantear debido, entre otras cosas, al incontrolado aumento de los precios de los combustibles, aunque en estos momentos hayan sufrido alguna modificación. Estos precios, unido a otros factores, como los recortes de la Unión Europea en la política agraria o la considerable bajada de los precios en origen de los productos agrarios, están repercutiendo negativamente en este sector. En los últimos años, los agricultores sufren una continua disminución de las rentas de sus explotaciones que está llevando al cierre de un gran número de las mismas. Los costes de producción son cada vez más caros, y en un año en el que el precio del petróleo se incrementó en casi 40 céntimos y los precios de los piensos en un 76 por ciento, los abonos aumentaron sus precios en un 153 por ciento. El pago de la Seguridad Social, que en el año 2005 era de 146,70 euros mensuales por persona, pasó en el año 2008 a 208 euros. Las pérdidas, por lo tanto, se acumulan y los gastos se incrementan, lo que hace necesario un apoyo decidido a este sector, que resulta fundamental en la economía, como en el caso de la gallega. En este sentido, la adopción de medidas de índole fiscal sería muy necesaria, del mismo modo que sería necesaria la implantación de un gasóleo agrícola profesional mediante la exención del impuesto especial de hidrocarburos.


Respecto al IVA, es necesario poner de relieve que el encarecimiento del precio de los combustibles, unido al de los fertilizantes, piensos, simientes y otros, supone unos ingresos extraordinarios para las arcas de la Administración central por este impuesto. Por lo tanto, entendemos que la demanda que hace el sector de un aumento de un punto en la compensación del IVA para las explotaciones agrícolas y de dos puntos para las explotaciones ganaderas, de modo que los porcentajes a aplicar serían 10 por ciento para las explotaciones con actividades agrarias y forestales y 9,5 por ciento para las explotaciones ganaderas, son una demanda justa. Los consumos intermedios que aglutinan el conjunto de costes necesarios para realizar la actividad agrícola y ganadera llegaron en 2007 a los 16.500 millones de euros, lo que significa un ascenso sin precedentes del 8,8 por ciento respecto al año 2006 y del 7,6 por ciento respecto a la media del periodo entre 2003 y 2005. Esta es la razón por la que el sector propone una deducción en el rendimiento neto previo del 45 por ciento de los gastos de compra de gasóleo, una deducción en el rendimiento neto previo del 25 por ciento de los gastos en fertilizantes y plásticos y una reducción del 2 por ciento del rendimiento neto. Además el sector agrario considera de relevancia incrementar en un 10 por ciento el porcentaje de gastos de difícil justificación y el conjunto de provisiones deducibles en la determinación del rendimiento neto de las actividades agrícolas y ganaderas en la modalidad simplificada en la estimación directa a los efectos de lo previsto en el Reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Dentro de ese amplio paquete de medidas fiscales también se hace alusión en las demandas del sector a la necesidad de proceder a una reducción de módulos. En esa línea y dado que el sistema de estimación de signos, índices y módulos no fue modificado desde su creación en el año 1992, sería importante que el Gobierno realizase un análisis en profundidad de este sistema para adaptarlo a las circunstancias actuales de los agricultores. Conviene tener presente que el 95 por ciento de los agricultores tributan por este sistema. Por último, señorías, otra

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medida sería la aplicación de un módulo propio del 0,26 por ciento para las ayudas desacopladas en vez de acumularlas a los ingresos procedentes de los cultivos. Se trata por lo tanto, señorías, de unas medidas, las que proponemos en nuestra proposición no de ley, en consonancia con aquellas que el propio sector ha demandado del Gobierno y que presentó en las mesas de negociación.


Decía al principio que presentamos esta iniciativa el 26 de septiembre -voy finalizando-, y posteriormente a esa presentación las organizaciones agrarias han alcanzado acuerdos con el Gobierno que, si bien no cumplimentan la totalidad de lo que acabamos de exponer en la demanda que hacemos nuestra proposición no de ley, sí son avances en relación con la situación actual, algunos incluso están en la misma medida, como elevar del 5 al 10 por ciento el porcentaje en concepto de provisiones y gastos de difícil justificación. De ahí, señorías, que en vista de la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista, podamos llegar a un acuerdo con este grupo con la inclusión en la enmienda que nos presenta de un nuevo punto relacionado con el gasóleo agrícola y la necesidad de avanzar en la dirección de que el Gobierno y las organizaciones agrarias lleguen a acuerdo para implantar un gasóleo agrícola profesional en este sector, así como modificar el punto 2 de la enmienda del Grupo Socialista, donde se dice: evaluar con arreglo a la directiva; para decir: avanzar con arreglo a esa directiva, porque entendemos que en estos momentos el Gobierno ya lo tiene que tener evaluado. Por lo tanto, las propuestas de reducción del tipo de gravamen aplicable en relación con el impuesto sobre el valor añadido ya deben estar en condiciones de estar cerca de una solución satisfactoria en las próximas reuniones que el Gobierno tenga con el sector de las organizaciones profesionales agrarias, habida cuenta de que somos conscientes de que cualquier modificación en esta cuestión tiene que estar en consonancia con las directivas de la Unión Europea. Por eso señorías, y dado que si bien en noviembre se acordaron estas cuestiones entre el Gobierno y las organizaciones profesionales, en este momento aún no se están aplicando, y es por lo que podemos llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista porque la enmienda también insta al Gobierno -en esa dirección va unida a lo que nosotros pretendemos- a desarrollar y aplicar en su integridad durante el presente ejercicio todas las medidas fiscales acordadas con el sector. Instar al Gobierno nos parece muy importante porque somos conocedores de que en más de una ocasión los acuerdos que se alcanzan no llegan después a materializarse y entendemos que el acuerdo al que hoy podamos llegar en esta Comisión de instar al Gobierno a cumplimentarlo con el sector ha de ser motivo de obligación para él. De ahí que llegaríamos a una transacción con el Grupo Socialista de acuerdo con la enmienda que nos presenta y entendemos que en esa transacción estaría incluido el punto número 1 de la enmienda que presenta Convergència i Unió en tanto que está relacionada con el gasóleo profesional.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, la primera enmienda presentada es de Convergència i Unió y para defenderla tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Nosotros habíamos presentado una enmienda a esta proposición no de ley de la señora Fernández Davila, la cual nos parece muy oportuna y además muy necesaria para todo el sector agrícola y ganadero, en la que nosotros añadíamos en su primer punto, donde hablábamos del gasóleo profesional, la reducción del IVA que se repercute en este carburante hasta el 7 por ciento. La señora Fernández Davila ha dicho ya que este punto estaría recogido en esta transaccional que también preparan con el Grupo Socialista, por lo cual nosotros estamos satisfechos de que esto se recoja.


Nos hubiera gustado que se pudiera añadir también un séptimo punto en esta proposición no de ley referido a aplicar los coeficientes reductores en la tributación de las plusvalías derivadas de procesos expropiatorios que afecten a las explotaciones... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Tarruella. Si son tan amables, bajen el tono de voz porque afecta a las taquígrafas.


La señora TARRUELLA TOMÁS: Decía que, en relación con los coeficientes reductores en la tributación de las plusvalías derivadas de los procesos expropiadores que afecten a las explotaciones agroganaderas, en el caso de que hicieran una reinversión total del importe obtenido en el plazo de tres años pediríamos que la plusvalía no tributara. Sabemos que no está muy bien relacionada con el resto de la proposición no de ley, eso decía la proponente, pero ya que es una proposición de mejoras para el sector agrícola y ganadero creemos que es importante para él, por eso nos gustaría que pudiera recogerse este punto también, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra para defender su enmienda el Grupo Socialista, el señor Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Manifestamos en el Grupo Socialista con carácter previo la coincidencia con la propuesta realizada por la señora Fernández en esta proposición no de ley que trata de modificar la fiscalidad de nuestra actividad en el sector primario, agricultura y ganadería. Es una proposición no de ley que se planteó en septiembre y desde entonces hasta ahora han ocurrido determinadas circunstancias que modifican lógicamente los planteamientos iniciales. En cualquier caso coincidimos en el fondo de la cuestión, y es que a lo largo de los años 2007 y 2008 en el sector agrario, tanto en la agricultura como en la ganadería, se ha producido un

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encarecimiento muy importante de los costes de producción que han afectado a la rentabilidad de las explotaciones. Este incremento de costes ha sido fundamentalmente debido al de los precios del petróleo y también de algunas materias primas y han repercutido sobre el precio del gasóleo, fertilizantes, plásticos, piensos, etcétera. Es evidente que estamos en un país y en un ámbito del planeta de economía libre de mercado donde desde las administraciones no se puede intervenir en los precios finales al consumo. También es evidente, y lo sabemos, que los agricultores tienen dificultad para trasladar al precio final los costes de producción. El peso y la fortaleza de la distribución en España y en Europa en algunas ocasiones impiden que se produzca una correlación inmediata costes de producción-precio final. En este sentido, el Gobierno, que es sensible con esta problemática planteada por las organizaciones profesionales agrarias y también por las cooperativas, ha actuado en una doble dirección: por una parte, potenciando el Observatorio de precios para poder supervisar la cadena de valor a lo largo de toda la cadena alimentaria y, por otra, aceptando la propuesta de las organizaciones profesionales agrarias y de las cooperativas -y en esa línea va la proposición no de ley- de modificar y reducir la fiscalidad de determinados productos que afectan a los costes de producción agrícola y ganadera, que es el objetivo de esta proposición no de ley.


Como decía al principio, desde que el Grupo Parlamentario Mixto presentó la proposición no de ley han transcurrido unos meses y entremedias ha habido algunos acuerdos. Saben SS.SS. que el Gobierno constituyó la Mesa de fiscalidad agraria con representantes del Ministerio de Economía, del entonces Ministerio de Agricultura y ahora Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y también de las OPA y de las cooperativas del sector. Se han adoptado dos acuerdos, uno en 2006 y este último de noviembre de 2008, y reitero que esto demuestra la voluntad y el compromiso político del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista de actuar en el marco de las posibilidades legales para paliar esta situación de pérdida de competitividad de algunas explotaciones. En esa línea va nuestra propuesta transaccional -agradezco la disposición de la señora Fernández para aceptarla con algunas matizaciones- que pretende llevar a la proposición no de ley la voluntad de ese acuerdo que fue suscrito en noviembre del año pasado y que pasa por tocar determinados tipos impositivos que afectan a la fiscalidad agraria. En concreto, lo que planteamos es que tengan plena eficacia estos acuerdos que, en relación con el IRPF, suponen una reducción del 35 por ciento en las compras de gasoil y una reducción del 15 por ciento en las compras de fertilizantes o plásticos, y también una reducción del 2 por ciento en los rendimientos netos en el caso de tributación por módulos, que en el caso de que sean por gastos realizados en el 2007 sería del 3 por ciento.
También pretende realizar una reducción de los índices de rendimiento neto aplicable a los principales sectores agrícolas y ganaderos de nuestro país y, efectivamente, recoger una modificación elevando del 5 al 10 por ciento el porcentaje deducible en concepto de provisiones y gastos de difícil justificación en actividades agrícolas o ganaderas para los años 2008 y 2009. En relación con el IVA -este es un asunto que ha sido estudiado en la Mesa de fiscalizad-, está maduro el acuerdo, por eso hemos incluido un punto que establece mandatar al Gobierno para que avance -este es el acuerdo con el Bloque- con arreglo a la aplicación de la directiva europea en las propuestas de reducción del tipo de gravamen aplicable sobre el impuesto sobre el valor añadido según las propuestas que han hecho las organizaciones profesionales agrarias y que coinciden con el planteamiento de la proposición no de ley del Grupo Mixto. En lo relativo al gasóleo existen ya dos acuerdos para el establecimiento en España en el marco de la normativa europea de un gasóleo profesional para la agricultura. En esta línea se ha devuelto a los agricultores y ganaderos el impuesto sobre hidrocarburos correspondiente a los años 2005, 2006, 2007 y 2008 -la correspondiente al último año supone una devolución de más de 100 millones de euros- en una ayuda que han recibido más de 100.000 agricultores profesionales de nuestro país. Efectivamente, coincidimos con la señora Fernández en que es un objetivo establecer en España un gasóleo profesional que en el marco de la normativa comunitaria aplique tipos impositivos reducidos para las actividades agrícolas y ganaderas. Esta es nuestra enmienda de sustitución que, con las matizaciones que plantea la señora Fernández, someteremos a la consideración de la Mesa y posteriormente a su votación.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Llorens.


El señor LLORENS TORRES: La posición del Grupo Parlamentario Popular va a ser favorable a la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Mixto.
Es una iniciativa oportuna, aunque viene tarde a esta Comisión, y es fundada. Lo vamos a hacer porque nosotros no queremos convertir la política en un campo de confrontación. Quiero recordar a SS.SS. que prácticamente todos los puntos que vienen en la proposición no de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario Mixto han sido presentados ya anteriormente por el Grupo Parlamentario Popular. Concretamente uno de ellos, el aumento del IVA de compensación del 7,5 al 9 por ciento para el sector ganadero, al igual del que ya dispone el sector agrícola, fue presentado por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y además fue aprobada; es decir la iniciativa del Grupo Popular contó con la mayoría absoluta y con el voto en contra del Grupo Socialista. Las reducciones de los rendimientos y del módulos en la estimación objetiva singular eran uno de los puntos que planteábamos en la moción que presentó el Grupo Parlamentario Popular en

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el Pleno del Congreso de los Diputados en el mes de septiembre y que, sorprendentemente, fue votada en contra por el grupo proponente y por el Grupo Socialista. ¿Por qué? Porque algunos grupos siempre ponen el interés partidista, siempre, por delante de los intereses del sector. Se ha dicho aquí antes, y bien lo sabemos, que el sector agrario está en una situación crítica. Sobre la crisis que algunos acaban de descubrir, la crisis del sector agrario viene reflejada por las rentas que publica el ministerio año tras año y que desde 2004 no han hecho más que descender.
En 2004 la renta del sector agrario era 3.000 millones de euros superior a la renta del sector agrario en 2008. Antes se ha dicho que los costes no han hecho más que crecer, los precios en origen están prácticamente estancados y entre los costes hay que contemplar los de fiscalidad, que en esta propuesta que hoy presenta el Grupo Mixto se tratan de reducir.
Sencillamente, señorías, nuestro grupo apoya esta iniciativa. No vamos a entrar en pequeños matices, porque al final son excusas de mal pagador.
Son las excusas que utiliza el grupo mayoritario, que ahora se incorpora a la propuesta presentada por el Grupo Mixto, para que no prospere una iniciativa simplemente porque viene del grupo de la oposición, aunque esa sea la que reclama el sector, aunque esa iniciativa sea luego objeto de negociaciones con las organizaciones profesionales agrarias y prácticamente se calque y se llegue a unos acuerdos que antes se han votado en contra en el Pleno de la Cámara. Quiero insistir sobre este hecho porque esto es un desprecio a la actividad parlamentaria y, señorías, es sencillamente filibusterismo parlamentario. Por eso hoy nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, en nombre del que estoy hablando, quiere precisamente romper con esa práctica y que cuando haya una iniciativa que es necesaria para el sector todos seamos capaces de tener la sensibilidad suficiente para aparcar nuestras diferencias políticas y apoyarla, como va a hacer en este momento el Grupo Parlamentario Popular al que represento.


El señor PRESIDENTE: La señora Fernández Davila nos informará de su posición respecto a las enmiendas presentadas.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En relación con la enmienda del Grupo Socialista lo manifesté con anterioridad; llegamos a ese acuerdo con pequeñas matizaciones que hemos incorporado y que ya hemos pasado a la Mesa. Respecto al punto número 1 de la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) también está contenido en el aparatado que se incluye en la enmienda del Grupo Socialista. El punto número 2 de la enmienda del mismo grupo no lo aceptamos porque no está relacionado con los incrementos de gasto de producción del sector agrario y creemos que puede ser motivo de debate en otra ocasión.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, se rechaza la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Las precisiones sobre la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista a la que se refería la señora Fernández Davila son las siguientes, para conocimiento general de todos los grupos; después también se repartirán por escrito. El texto quedaría tal cual se había presentado la enmienda de sustitución, salvo las siguientes modificaciones. En el punto número 2, en lugar de evaluar, que es como empieza este punto, se pondrá avanzar con arreglo a la directiva, etcétera. En el punto número 3 se añade, tras lo que era punto final, que será ahora punto y seguido: especialmente la implantación de un gasóleo profesional agrario. Con estas modificaciones de la enmienda de sustitución pasaría a ser una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone a que se tramite esta enmienda transaccional? (Denegaciones.) No se opone ninguno. Pasará a votación en estos términos.


- SOBRE LA DEDUCCIÓN O PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000312.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura en el punto 4.º del orden del día, sobre la deducción o pago único por nacimiento o adopción. La presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la va a defender el señor Herrera. Tiene la palabra.


El señor HERRERA TORRES: Esta es una proposición no de ley en la que nuestro grupo manifiesta algo que ya ha expresado en dos proposiciones de ley, cuya tramitación, de forma atípica e insólita, negó el Gobierno por no tener el apoyo económico, algo que no nos había pasado en toda una legislatura pero que nos pasó en el inicio de esta. Hoy debatimos además un asunto sobre el que el Gobierno continua haciendo la vista la gorda.
Se trata de los olvidados por el cheque bebé. Se habla de una deducción, pero a efectos prácticos todo el mundo entiende que es lo que es: un cheque. Unas veinte mil familias, según Asafadis, entidad que se ha constituido a tal efecto, están siendo ignoradas por la ley y hoy, mediante esta iniciativa, esperamos que el Gobierno reconozca y corrija esa situación de discriminación, que choca con los deseos de igualdad e integración de este Gobierno.


Permítanme que les recuerde el discurso del presidente del Gobierno en el que anunció este cheque bebé como una medida para apoyar a la familia y a la cohesión social. También el ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera, decía que esta era una prestación universal por la que todas las familias recibirán esta ayuda. Esto es lo que se decía cuando se presentaba una medida controvertida, que nosotros criticamos porque entendíamos que la

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prioridad no era esta, sino que tenía que ser la de políticas de escuelas de 0 a 3 años, pero que una vez hecha tiene que ajustarse a lo presentado y a lo planteado por el entonces ministro de Trabajo y por el entonces y actual presidente del Gobierno. Lo cierto es que en este primer año del cheque bebé se han ido detectando situaciones que vulneran lo anunciado, la igualdad, y el Gobierno continúa sin reconocer el error. ¿Cuáles son los casos de discriminación del cheque bebé? Son algunos, pero el más claro es el de las parejas heterosexuales, en las que el padre es español y la madre es extranjera y no lleva residiendo dos años en nuestro país.
El artículo 2 de la Ley 35/2007 establece de manera muy sucinta que las personas beneficiarias de dicha ayuda son las madres o los padres, en caso de fallecimiento de la madre, que hayan tenido o adoptado un hijo en España y siempre y cuando lleven residiendo aquí al menos dos años anteriores al hecho del nacimiento o la adopción. En caso de que los adoptantes fuesen personas del mismo sexo, el beneficiario será aquella persona que se determine de común acuerdo. Lo leído parece razonable -nosotros coincidimos, por ejemplo, en la última parte de dicho redactado-, pero mientras que a las parejas del mismo sexo -nos parece muy razonable que así sea- se les da la opción de elegir libremente cuál de los dos debe ser el beneficiario del cheque bebé, en el caso de las parejas heterosexuales la beneficiaria directa es la madre y el padre solo en caso de fallecimiento de esta. Por tanto, existe una desigualdad de trato. La situación además provoca un caso claro de discriminación en esas familias mixtas, concretamente en aquellas parejas en que la madre es extranjera y no lleva dos años residiendo en nuestro país, pues aunque el padre sea español no tiene derecho a cobrar la ayuda. Esa circunstancia hace que ante la ley los padres estén en desventaja, pues no importa ni su nacionalidad ni tampoco los años de residencia.


Con la aprobación del cheque bebé nuestro grupo entendió que la finalidad era la de compensar los mayores gastos que ocasiona la nueva persona, principalmente en la primera etapa de la vida, en la unidad familiar, con independencia de quién sea el beneficiario de la deducción o del pago único. De esta manera, resulta totalmente incomprensible que una familia compuesta por mujer española y hombre extranjero -nos parece razonable- en este caso pueda recibir la ayuda y en caso contrario no pueda ser así.
¿Por qué en un caso sí y en el otro no? El redactado actual elige a la mujer como única beneficiaria de la ayuda, por tanto deberían ustedes llamarlo cheque exclusivo y asociado a la madre, y este no es el objeto ni el fin de la medida que anunció el presidente del Gobierno. La medida, por tanto, es injusta con las parejas en las que la madre sea extranjera y no lleve dos años residiendo en este país, puesto que no es lógico que se deje fuera de la ayuda a los hijos de padres españoles con residencia en España. Por eso se solicita mediante la presente iniciativa que si el padre cumple con el resto de requisitos pueda ser también el beneficiario de la ayuda, y entendemos además que estas medidas se deberían adoptar con carácter retroactivo. Además existe una letra pequeña en el cheque bebé y situaciones no tan habituales como las que hemos descrito pero igualmente injustas, que vale la pena mencionar. Por ejemplo, la de mujeres españolas que por motivos laborales personales o de ocio den a luz fuera de España. Ha pasado. ¿Saben ustedes que las mujeres españolas que dan a luz fuera del territorio español no reciben la ayuda? El Gobierno debería modificar la legislación para que casos como este no se puedan producir. También está el caso de las comunitarias, a las que la Administración tributaria les exige el NIE como fecha de legalización.
Hasta abril de 2007 no se exigía ningún tipo de documentación española a extranjeros comunitarios. Por tanto, muchas mujeres comunitarias no podrán justificar que llevan en España ese tiempo exigido y no se pueden beneficiar, por ejemplo, del cheque bebé, hecho que seguramente atenta contra la normativa comunitaria. Dicho de otra manera, si esta ley la recurriésemos ante Europa es muy probable que el artículo 2.1 nos lo tumbasen porque hay una discriminación flagrante en este caso de las comunitarias residentes desde hace años en España, pero que no pueden acreditar el NIE porque nadie se lo ha pedido. Existe, rizando el rizo, el caso de parejas heterosexuales en que el padre es extranjero y lleva cinco años residiendo y la madre es extranjera y no lleva dos años residiendo en nuestro país. Pues tampoco tienen derecho, y no parece razonable. Todo esto es lo que pasa con la actual legislación.


Para acabar solo quiero añadir que el Gobierno, como les decía al principio, ha vetado dos veces nuestra proposición de ley para acabar con esta discriminación, argumentando que se producía un aumento presupuestario y que había una disminución de ingresos del Estado. En la segunda versión de la proposición de ley nosotros decíamos que ya tenían ustedes los recursos, que quitasen el cheque de los 400 y que lo dedicasen a ello parcialmente. Incluso sacando ese recurso del cheque de los 400 euros e invirtiéndolo en esto el Gobierno nos lo ha vuelto a vetar. Todos estos son los precedentes y los argumentos sólidos. Esto nos lleva a presentar nuestra proposición no de ley, dando un mandato muy claro al Gobierno. A esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas, entre ellas una del Grupo de Convergència i Unió y otra del Grupo Popular con pretendidas medidas de mejora técnica. Lo que nos preocupa de ambas, es que nuestro redactado también podría dar lugar precisamente no solo a las parejas mixtas con padre español, sino también a los otros hechos que hemos anunciado. En cualquier caso, las enmiendas van en el mismo sentido. Hay otra enmienda del Grupo Socialista que no dice exactamente lo mismo. ¿Qué nos preocupa de esta enmienda? Se lo digo sinceramente. Lo que nos preocupa de esta enmienda del Grupo Socialista es que no mandata al Gobierno de forma explícita. Vamos a esperar hasta el último momento de la votación para ver si podemos acercarnos o no. Nos gustaría poder sacar

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un mandato con el Grupo Socialista, aunque esto significase un mandato menos explícito, pero que hubiese mandato al Gobierno. Lo que acabo de relatarles son casos de discriminación; no estamos hablando de esas parejas mixtas sino también de otros casos, como la mujer comunitaria que lleva más de dos años residiendo pero no tiene el NIE, y algunos que existen en la legislación aprobada. Por tanto, sería razonable que el Congreso mandatase al Gobierno algo que es de sentido común, que no puede haber normativa discriminatoria alguna como lo que ha supuesto la normativa aprobada en el año 2007 en torno al cheque bebé. Ya les digo que esta no es nuestra política, y ustedes lo saben. Nosotros no hubiésemos hecho nunca esto del cheque bebé, pero una vez hecho se tiene que hacer bien, y hacerlo bien significa que no haya discriminaciones. En este contexto, por tanto, nos gustaría que el mandato fuese más explícito; nos gustaría hacerlo con todos los grupos de la Cámara, y vamos a ver hasta el último minuto si es posible el acuerdo o la transacción, aunque ya les digo que hay elementos de insatisfacción desde nuestro punto de vista respecto a la enmienda que nos ha planteado el Grupo Socialista. Repito, vamos a ver hasta el último minuto si es posible el acuerdo; si no, votaríamos la proposición no de ley en nuestros términos, en los que hemos planteado.


El señor PRESIDENTE: Hasta el momento hay dos enmiendas presentadas. La primera de ellas es de Convergència i Unió, para cuya defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha ofrecido una enmienda a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que va en la dirección de evitar discriminaciones, negativas en este caso, que ya ha comentado don Joan Herrera en su intervención. Para intentar buscar una solución que evite dichas discriminaciones hemos presentado una enmienda, que contiene dos puntos. En primer lugar, pretende la modificación de la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción, modificando el plazo del requisito de residencia legal, efectiva y continuada en territorio español inmediatamente anterior al hecho del nacimiento o la adopción, de dos años a seis meses, cuando el progenitor no beneficiario ostente la nacionalidad española. En segundo lugar, hemos planteado que se habiliten todos aquellos mecanismos oportunos para reconocer el efecto retroactivo de los supuestos a los que hace referencia el apartado anterior. De todas formas entendemos que, independientemente de la enmienda que ha presentado mi Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sería oportuno intentar conciliar los intereses de todos los grupos de la Cámara para que una cuestión de esta envergadura, que se refiera a las prestaciones que van orientadas y dirigidas a familias que en muchos casos están necesitadas de dicha prestación, pudiera contar con el consenso y la aprobación de todos los grupos parlamentarios. Desde este punto de vista, independientemente de la enmienda que ha presentado Convergència i Unió, también instamos al señor Herrera para que intente consensuar con todos los grupos, básicamente con el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, con el fin de poder tener el máximo consenso para que esta enmienda también pueda vincular la decisión o el resultado que adopte esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular hay una enmienda que defenderá el señor Tomé.


El señor TOMÉ MUGURUZA: Nuestro grupo ha presentado una enmienda técnica a la petición que se contiene en la proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Se ha puesto ya de manifiesto por anteriores intervinientes que la actual regulación de la ley en la que se ha establecido una ayuda por nacimiento o adopción de hijos produce una discriminación en función de distintas situaciones que pueden existir, puesto que la concurrencia de los requisitos objetivos para la concesión de la ayuda solamente se tiene que dar en la persona de la madre, salvo en los casos de adopción por personas del mismo sexo, en los que la ley prevé que la pareja podrá elegir en qué miembro de la misma tienen que concurrir las circunstancias objetivas. Nuestra enmienda pone de manifiesto que para evitar discriminaciones, tanto en los casos de nacimiento como de adopción, los requisitos puedan concurrir en cualquiera de los dos progenitores. Esta iniciativa que nosotros habíamos presentado ya a la Cámara ha sido vetada por el Gobierno, añadiéndose a otra serie de vetos que se están produciendo de manera reiterada en relación con todas las iniciativas que está planteando en materia económica el Grupo Popular. Creemos que esto es muy grave puesto que viene a romper los usos de esta Cámara en los últimos treinta años. Está impidiendo que la falta de iniciativa del Gobierno a la hora de plantear medidas que puedan ofrecer un debate, tanto en materias de política social como en medidas para hacer frente a la crisis económica, sea sustituida por la iniciativa de la Cámara. Además nos preocupa el modo con el que se hace, con argumentos cada vez más inconsistentes. En el caso que nos ocupa nuestra proposición de ley de 26 de octubre fue respondida por un informe de 2 de febrero del secretario de Estado para las Administraciones Públicas, que curiosamente ante el amparo solicitado por nuestro grupo a la Presidencia de la Cámara fue ampliado el 9 de febrero argumentando que nuestra iniciativa, por más que en la misma se diga expresamente que tendrá efectos para los ejercicios que se inicien con posterioridad o cobrará vigencia a partir del momento de la aprobación de la misma, tiene efectos retroactivos y puede afectar a los créditos aprobados por esta Cámara para el ejercicio de 2009.


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En cualquier caso, nos uniremos al consenso que creemos que se puede establecer en esta Comisión para evitar discriminaciones en esta ayuda familiar. Como recordarán SS.SS. cuando fue debatida y aprobada por la Cámara nuestro grupo planteó una iniciativa completa, alternativa, en materia de política familiar. Nos pareció entonces que la ayuda del cheque de los 2.500 euros era una medida que se anunciaba a bombo y platillo y que era hasta cierto punto demagógica e insuficiente por cuanto no atendía a muchas otras situaciones de necesidad como las que nuestro grupo ha venido demandando; presentó enmiendas a aquella ley y las ha presentado en otra serie de iniciativas. Estas medidas se refieren a la atención prioritaria a las familias numerosas, a la protección de los niños con discapacidad u otro tipo de enfermedades, a la creación de guarderías -nos parecía una prioridad a la que se deberían haber dedicado recursos tan cuantiosos como los que se están dedicando a esta política de ayuda-, a la escolarización de 0 a 3 años, al fomento de la creación de guarderías por empresas y en centros de trabajo a través de los correspondientes incentivos en el impuesto sobre sociedades, o medidas efectivas de flexibilidad y conciliación de la vida familiar y laboral que permitiesen, aumentando la suspensión de los permisos por maternidad, etcétera, una mejor atención a los recién nacidos. En cualquier caso, reitero que vamos a sumarnos al consenso que esperemos que se alcance en esta Comisión para eliminar esta discriminación que desde nuestro punto de vista está injustificada.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Compartimos totalmente la intervención del señor Herrera porque en concreto desde Coalición Canaria nos pareció en su momento que el cheque bebé era sencillamente flor de un día de una promesa electoral y porque además en este país no parecía lógico que se generalizase una medida independientemente del nivel de renta de los perceptores de dicha ayuda. Hemos criticado duramente esa medida general a la población, y ante la sorpresa de quienes nos atacaban públicamente parece ser que a lo largo del mes de enero el Gobierno lo ha corregido y efectivamente ya no es una medida general, sino que se va a discriminar en función del nivel de renta. Es lógico que una familia española con un hijo español nacido en este territorio no sufra discriminación en cuanto a cuál puede ser la nacionalidad de origen de la madre y el tiempo de permanencia en este país. Al final, es una familia española en la que hay un miembro, un niño, que es español, nacido en nuestro país. Parece lógico pensar que el fin y objeto de la ayuda sea igual para el nacido de un vientre que para el nacido del amor de unos padres que deciden adoptar, o la maternidad decidida. Comparto el fondo del planteamiento del diputado Joan Herrera porque además estuvimos en la misma línea de defender que no parecía que una medida general fuera una medida justa socialmente, pero se ve que el Gobierno ya está corrigiendo el tema de la renta. Un niño español nacido de una familia española y residente en este país tiene el mismo derecho que otro niño, cualquiera que sea el origen de uno de los padres, y desde luego tiene que ocurrir lo mismo en la adopción. Sería una pena que esta medida no saliera adelante por la redacción o por una frase porque lo importante es que no haya una discriminación. Quiero dar un apoyo moral a la propuesta de don Joan Herrera y hacer un llamamiento para que se llegue al acuerdo de corregir esto, porque seguramente los números no serán significativos, además de subrayar esa corrección que ha hecho el Gobierno socialista de quitar a las personas de gran nivel de renta. Espero que se llegue a un acuerdo para corregir una discriminación que en este país no se puede permitir.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mármol.


El señor MÁRMOL PEÑALVER: Este es un debate que no es nuevo. Recuerdo que el día 15 de octubre de 2008 en el Senado hubo una moción presentada por el Grupo Popular en la misma dirección y que fue rechazada por nuestro grupo, por Entesa, CiU y Grupo Vasco. Esta proposición no de ley requiere que se realice un estudio exhaustivo por parte del Gobierno de la nación porque, al igual que hay argumentos que nos pueden indicar que existe esa discriminación a la que hace referencia la proposición no de ley, también los puede haber que indiquen lo contrario, es decir que no exista esta discriminación. (Rumores.) Por eso, la enmienda que hemos pasado a todos los grupos va en esa dirección y agradezco el esfuerzo que están haciendo todos los grupos por intentar llegar al acuerdo en este sentido.
(Rumores.) Esta ley, la Ley 35/2007, responde a un compromiso claro del presidente del Gobierno por el cual cada familia con residencia legal en España recibiría 2.500 euros por cada nuevo hijo que nazca en nuestro país. Aquí quiero entrar a exponer cuáles son los argumentos que pueden existir en contra de esta proposición no de ley tal y como está redactada. En primer lugar, mirándola desde el área de la Seguridad Social, cabe señalar que estamos ante una prestación que no es universal, como puede ser la sanidad, sino que necesita unos requisitos previos que establece claramente la ley. (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mármol.


Señor Fernández Marugán, baje el tono, porque las señoras no puede trabajar. (Risas.)

Adelante, señor Mármol.


El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señor presidente.


Estamos, pues, hablando de una norma que fija unos límites en el artículo 2.1 para tener derecho a esta prestación. En dicho artículo, tanto en el nacimiento como en la adopción efectuada por parejas heterosexuales es necesario

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que la mujer acredite unos requisitos para ser beneficiaria, a saber, residencia en territorio español continuada y efectiva durante al menos dos años antes del nacimiento, y si no cumple este requisito, tanto si es en el supuesto de nacimiento como de adopción por pareja heterosexual, ninguno de los progenitores tendría derecho a esta prestación, mientras que cuando la adopción es efectuada por parejas del mismo sexo la norma permite ser beneficiaria a la persona que ambos determinen. Nos encontramos con un régimen jurídico diferenciado según los supuestos. El tratamiento es distinto para el varón en el caso de nacimiento y pareja heterosexual, para la mujer en el caso de nacimiento con reproducción asistida y matrimonio homosexual y para el varón también en caso de adopción por pareja heterosexual. Vista la diferencia de trato objetivamente constatable, hay que preguntarse si esto supone una discriminación en el sentido de que sea injustificada e irrazonable. Así pues, puede afirmarse que la finalidad de esta ley, según su exposición de motivos, es hacer frente a la tendencia al envejecimiento de la población en nuestro país, y leo textualmente lo que explica la ley en su exposición de motivos: Nuestro país se enfrenta a unas previsiones de importante envejecimiento de la población que han motivado que se hayan tratado de mejorar las condiciones de las familias en las que se producen nuevos nacimientos o adopciones, buscando con ello hacer frente a largo plazo a esta tendencia poblacional. Es decir el objetivo principal de esta ley era enfrentarse al importante envejecimiento de nuestra población.


Es una ley que establece una prestación social dentro del marco de la Seguridad Social y que no recoge un derecho universal sino, como decía, que está destinada a resolver un problema en una determinada situación, porque también podríamos haber previsto que lo cobrasen españoles que viven en el extranjero y tienen hijos en el país donde viven o que lo cobrasen los extranjeros cuando lleguen a nuestro país y tengan un hijo recién nacido o lo tengan inmediatamente. La ley perseguía el objetivo que le he mencionado antes. Si hoy aprobamos la proposición no de ley en los términos que se ha planteado, de alguna forma se podría vulnerar su contenido y espíritu, y de ahí nuestra enmienda transaccional porque también, conociendo las limitaciones que pone el artículo 2.1, se podría deducir que existen desventajas sobre todo en el caso de las familias mixtas cuando la mujer no lleva dos años residiendo en España, ya que no podría beneficiarse de la ley. Viendo desde nuestro grupo que es posible que existan argumentos en contra y argumentos que pueden indicar que existe esta discriminación, hemos propuesto la enmienda transaccional que esperemos que acepten.


El señor PRESIDENTE: Como se está pendiente de ultimar una posible enmienda transaccional y tenemos tiempo hasta la votación, será en ese momento cuando el proponente de la proposición no de ley nos indique qué enmienda se acepta. Suspendemos la sesión hasta las doce menos diez.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Acerca de la primera proposición no de ley que figura en el punto 1.º, fue rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, pero sobre la enmienda de Convergència i Unió se elaboró una transaccional que finalmente han firmado los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Popular y Mixto. Como no se leyó en su momento, la voy a leer ahora. Esta enmienda dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte, con la mayor brevedad posible, las medidas necesarias para que se amplíe, en los casos en los que se necesite por parte de los agentes, el plazo de amortización de los préstamos ya concedidos a pymes y emprendedores a las líneas ICO correspondientes, con el fin de aliviar la grave situación por la que pasan estos agentes económicos. Asimismo, el Congreso insta al Gobierno a reforzar la función de refinanciación del ICO y a ampliar el porcentaje del aval a través de Cersa.


¿Algún grupo se opone a esta transaccional? (Pausa.) La votamos así.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Aprobada por unanimidad.


Punto 2.º Aquí no se han presentado enmiendas y, por tanto, se va a votar en sus términos. Recuerdo que era la proposición no de ley relativa a la anulación de la ponencia de valores catastrales aprobada por el municipio de Jerez de la Frontera.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Ha sido rechazada.


Punto 3.º Proposición no de ley relativa a la adopción de medidas fiscales para ayudar al sector agro-ganadero. La sometemos a votación con la enmienda que se ha incorporado. Es una transaccional presentada por los grupos parlamentarios Mixto y Socialista y a la que no se había opuesto ningún grupo. Esta es una transaccional que sí ha sido leída y distribuida a los grupos.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Aprobada por unanimidad.


Respecto a la cuarta proposición no de ley, me dicen que la enmienda ha sido distribuida a los grupos y firmada por todos. Voy a proceder a leerla para que quede constancia y evitar cualquier posible confusión: A la

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vista de la posible discriminación injustificada en las familias en las que la madre no lleve dos años residiendo en nuestro país, el Congreso de los Diputados mandata al Gobierno a estudiar, evaluar y, en su caso, modificar mediante la realización de un informe en el plazo de tres meses el artículo 2.1 de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento y adopción.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Aprobada por unanimidad.


Comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de economía y hacienda (solbes Mira) para:

- INFORMAR SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTABILIDAD DEL REINO DE ESPAÑA 2008-2011. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000062.)

- EXPLICAR POR QUÉ LAS MEDIDAS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 1975/2008, DE 28 DE NOVIEMBRE, SOBRE LAS MEDIDAS URGENTES A ADOPTAR EN MATERIA ECONÓMICA, FISCAL, DE EMPLEO Y DE ACCESO A LA VIVIENDA, AÚN NO HAN ENTRADO EN VIGOR. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000229.)

- EXPLICAR POR QUÉ TARDA TANTO EN LLEGAR LA LIQUIDEZ A LAS EMPRESAS Y A LOS PARTICULARES Y, CUANDO LO HACE, LOS CRÉDITOS A LOS QUE TIENEN ACCESO PRESENTAN UNA AMPLIACIÓN DE LOS MÁRGENES QUE APLICAN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, UNA DISMINUCIÓN DE LOS PLAZOS Y UN AUMENTO CONSIDERABLE DE LAS GARANTÍAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000230.)

- DAR CUENTA DE LA RESTRICCIÓN CREDITICIA QUE AFECTA A LAS FAMILIAS Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ASÍ COMO PARA INFORMAR DEL EFECTO REAL DE LOS PLANES APROBADOS POR EL EJECUTIVO PARA PALIAR ESTA SITUACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000257.)

- INFORMAR SOBRE LA GESTIÓN DETALLADA DEL FONDO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS; LA EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO A LOS SECTORES NO FINANCIEROS RESIDENTES; HOGARES Y EMPRESAS; Y DE LAS CONDICIONES DE LOS MERCADOS FINANCIEROS EN LAS QUE SE DESARROLLAN LAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA PARA LA FINANCIACIÓN DEL CITADO FONDO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000284.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día, que es la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, señor Solbes, respondiendo a las distintas comparecencias solicitadas y que aparecen en el orden del día. Tiene la palabra el señor ministro.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señorías, comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda a petición propia y con motivo de las solicitudes del Grupo Parlamentario Popular. Me permitirán, como en otras ocasiones, teniendo en cuenta el objeto de sus peticiones, que me refiera de forma conjunta a la situación económica, la actualización del programa de Estabilidad y las medidas adoptadas por el Gobierno, ya que forman parte de sus peticiones y de mi solicitud de comparecencia.


En cuanto al contexto internacional, la crisis financiera, lejos de remitir, se ha intensificado y extendido desde el pasado mes de septiembre, teniendo un fuerte impacto sobre la actividad económica real.
La economía mundial enfrenta su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, como se ha puesto plenamente de manifiesto en el último trimestre del año 2008, y se prolongará durante el año 2009. Según las últimas previsiones presentadas por el Fondo Monetario Internacional, el PIB de las economías avanzadas caerá un 2 por ciento en el año 2009. La grave crisis financiera está provocando un colapso en la demanda y en la actividad económica. Este impacto se está produciendo de forma directa, debido a la desaceleración considerable del crédito a familias y empresas, pero sobre todo indirectamente al hundirse la confianza de consumidores y empresarios, destruir su riqueza mediante la pérdida de valores activos financiaros e inmobiliarios y generar una incertidumbre muy elevada que lleva a posponer las decisiones de gasto. Para evitar caer en una espiral negativa, en la que el creciente deterioro de la actividad económica y la crisis financiera se retroalimentan provocando una depresión económica prolongada, se está actuando decididamente aplicando políticas de demanda expansivas, fuerte recorte en los tipos de interés por parte de los bancos centrales y medidas de estímulo fiscal. A esto se añaden medidas excepcionales para intentar restablecer la normalidad en

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el sector financiero. La intervención pública va desde la provisión de financiación hasta la compra de los activos tóxicos o la recapitalización con fondos públicos, llegando a la nacionalización en algunos casos. Con este amplio abanico de actuaciones se ha logrado evitar un colapso financiero, pero aún no ha sido posible restablecer el funcionamiento normal del sector. Ante la persistencia de las tensiones financieras, desde organismos internacionales como el Fondo Monetario se recomiendan acciones más decididas para que las entidades reconozcan plenamente sus pérdidas y saneen sus balances con apoyo público, si es necesario. En la medida en que estas actuaciones resulten eficaces y siempre que no se produzcan nuevas sorpresas negativas, la economía mundial debería iniciar una gradual recuperación hacia finales de año, si bien la incertidumbre continúa siendo muy elevada.


En cuanto a la coyuntura nacional, me gustaría destacar que la situación de España es comparable a la de las principales economías de nuestro entorno. Desde finales del año 2008 estamos empezando a sentir con intensidad la contracción económica. No obstante, podemos destacar algunos aspectos específicos de nuestra economía. De forma muy sintética podemos decir que en comparación con los países de nuestro entorno la situación de España es relativamente mejor en cuanto a la solvencia del sector financiero y a la posición fiscal de partida. Sin embargo, existe una mayor necesidad de ajuste en el sector inmobiliario, que está teniendo un coste muy elevado en términos de destrucción de empleo, con una pérdida de más de medio millón de puestos de trabajo en el sector en el año 2008. Esta situación nos ha llevado a hacer una fuerte revisión de nuestras previsiones, como se pone de manifiesto en la actualización del programa de Estabilidad aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 de enero. Esta es la décima actualización del programa y recoge las previsiones de los escenarios presupuestarios del con- junto de las administraciones públicas para el periodo 2008-2011. Se trata del documento de referencia para la supervisión multilateral por parte del Consejo de la Unión Europea. La revisión de esta actualización se realizó con retraso con respecto al calendario previsto para poder incorporar las decisiones fiscales adoptadas en el Consejo Europeo de diciembre. A pesar del difícil contexto económico, el programa de Estabilidad mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y se acompañará de una aceleración de las reformas estructurales para contribuir a una recuperación más rápida. Hemos modificado considerablemente el cuadro macroeconómico en comparación con el que presentamos en la anterior actualización. La coyuntura actual es completamente distinta a la existente hace un año y tanto España como las principales economías desarrolladas han pasado de un crecimiento considerable en el año 2007 a una caída del PIB en la segunda mitad del año 2008. La crisis ha obligado a todos los organismos y analistas a recortar sus previsiones de forma sustancial y repetidas veces, particularmente a partir del agravamiento de la crisis financiera en septiembre pasado. Tras haber cerrado 2008 con un crecimiento del 1,2 por ciento del conjunto del año pero con una caída del 0,7 interanual en el cuarto trimestre, prevemos un crecimiento negativo del 1,6 por ciento para el año en curso, que evidencia de forma clara el cambio de contexto económico con respecto a hace un año, como antes les comentaba. La menor actividad tendrá un impacto muy importante sobre el desempleo, que previsiblemente alcanzará el 15,9 por ciento de la población activa este año. Pese a la elevada incertidumbre para 2010 y 2011, se apunta una recuperación de las tasas de crecimiento, que en 2011 alcanzará ya cierto vigor. La recuperación debería verse impulsada por las medidas que está adoptando el Gobierno y de forma especial por la necesaria aceleración de las reformas estructurales.


En cuanto a la política económica me gustaría destacar que, ante el deterioro de la situación económica, el Gobierno ha reaccionado empleando medidas de estímulo fiscal y de provisión de financiación para frenar el deterioro económico a corto plazo, así como trabajando en las reformas estructurales para favorecer una recuperación más intensa. Naturalmente, el deterioro del escenario económico y el amplio conjunto de medidas económicas adoptadas condicionan las proyecciones presupuestarias para los próximos años. De forma coherente con las decisiones del Consejo Europeo, la estrategia fiscal tiene como objetivo contribuir a la superación de la crisis. Las medidas temporales de impulso estimadas en un punto del PIB se han instrumentado fundamentalmente a través de la canalización de recursos públicos a favor del empleo y la inversión pública. Si a estas actuaciones se suman las medidas permanentes que suponen tanto una rebaja fiscal como una mejora de liquidez para empresas y familias, el estímulo fiscal estimado para el año 2009 se eleva al 2,3 por ciento del PIB. Este impulso fiscal es ambicioso tanto por su cuantía como por la amplitud de los ámbitos que abarca. Hemos adoptado medidas de estímulo tanto por el lado del gasto, fondos para la inversión pública local y para la dinamización de la economía en ámbitos prioritarios como diversas medidas por el lado de los ingresos, incluyendo desde la nueva deducción en el IRPF, la supresión del impuesto sobre el patrimonio, un adelanto de la deducción por hipoteca, la devolución mensual del IVA o una nueva bonificación a la contratación de desempleados. La aplicación de medidas expansivas discrecionales en 2008 y 2009, unida al funcionamiento de los estabilizadores automáticos, nos ha llevado a utilizar plenamente este margen de actuación, vía política fiscal expansiva.


Como ya he comentado, un objetivo del Gobierno es mantener la sostenibilidad presupuestaria. Por ello, además del carácter reversible de las medidas temporales, se prevé una senda de ajuste a partir del año 2010. Prevemos un deterioro del saldo fiscal hasta el 5,8 por

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ciento del PIB en el año 2009, seguido de un importante ajuste del saldo estructural desde el año 2010, lo que permitirá reconducir el déficit al 3,9 por ciento del PIB en el año 2011. El peso de la deuda pública, aunque aumentará significativamente, se mantendrá claramente por debajo del sesenta por ciento. Un primer paso para ajustar el saldo estructural ha sido el recorte de 1.500 millones de euros, aprobado por el Consejo de Ministros la pasada semana. A la vista de nuestras proyecciones presupuestarias, es evidente que el Ecofin declarará la existencia de un procedimiento de déficit excesivo y presentará las correspondientes recomendaciones para corregirlo.


Aparte de la política fiscal, el otro ámbito en el que la política económica está actuando con mayor intensidad es en el sector financiero.
Ante las circunstancias extraordinarias de inestabilidad financiera y de manera coordinada con la Unión Europea se han adoptado medidas que proporcionan liquidez al sistema, sin representar un coste para los contribuyentes. Su objetivo es movilizar el crédito hacia familias y empresas. Como bien saben, además de reforzar el sistema de garantías de depósitos, se ha constituido el Fondo para la adquisición de activos financieros y las entidades de crédito están comenzando a emitir deuda con aval del Estado. Por otra parte, se han adaptado y ampliado notablemente las líneas de financiación del ICO. Como ustedes saben, el Fondo para la adquisición de activos financieros opera inyectando liquidez a las entidades de crédito mediante la compra de activos de alta calidad. El objetivo de esta medida es doble; por un lado, pretende proporcionar financiación estable a medio y largo plazo en las entidades de crédito, lo que les ayuda a estimular sus políticas de concesión de crédito a fábricas y empresas y, por otro, contribuye a reactivar el mercado de crédito mayorista, sentando las bases de negociación de los activos en los mercados. Y todo ello sin que suponga coste alguno para el ciudadano, ya que los activos se compran a un interés superior al coste en que incurre el Estado para financiar dichas operaciones.


Permítanme darles las cifras globales del fondo sin entrar a hacer una descripción detallada de su actividad, aspecto este que realizará el secretario de Estado de Economía en su comparecencia prevista ante esta Comisión el próximo día 24. En un periodo relativamente corto de tiempo, desde el 20 de noviembre al treinta de enero, se han celebrado cuatro subastas de activos en las que se han adjudicado un total de 19.341 millones de euros distribuidos entre un elevado número de entidades. En las dos últimas subastas se han adjudicado un total de 2.246 millones de euros para el tramo no competitivo de la subasta, al que solo podían acceder aquellas entidades que hubieran incrementado sus niveles de crédito concedidos a otros sectores residentes entre los meses de agosto y noviembre del año 2008. De esta forma el fondo premia a aquellas entidades que están realizando un mayor esfuerzo en la concesión de crédito. La valoración que hacemos desde la óptica operativa ha sido positiva, en particular del buen funcionamiento de los órganos encargados de instrumentar las subastas, representados en el comité técnico de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la CNMV, el ICO y el Banco de España, que actúa como agente y banco depositario del fondo. Por otra parte, tampoco se aprecia que el necesario aumento en la emisión de la deuda pública esté teniendo un impacto negativo sobre el coste de financiación para el Estado. Es cierto que a medida que la crisis financiera ha ido intensificándose, ha aumentado el diferencial de la deuda de España frente al de Alemania, evolución que no es exclusiva de nuestro país sino que afecta a la mayoría de los países europeos. Esta diferencia experimentó un aumento al anunciarse la rebaja de calificación crediticia de la deuda española por una agencia internacional en enero pasado, regresando hacia el nivel de cien puntos básicos a comienzos de febrero. A juicio de numerosos operadores, esta evolución refleja una sobrerreacción nada infrecuente en estos mercados, pero que tenderá a desaparecer a medida que los inversores vuelvan a fijarse en los fundamentos económicos de nuestro país. De nuevo ayer aumentaba el diferencial, en este caso por la caída de la rentabilidad del bono alemán usado como refugio de los inversores ante los malos datos procedentes de Japón. En todo caso, lo relevante para nuestras finanzas públicas es el coste de financiación en términos absolutos. A este respecto hay que destacar que para la deuda española a diez años el coste mínimo de todo el año 2008, que fue del 3,75 por ciento, se alcanzó durante el mes de diciembre. Pero además la financiación del Estado no se basa exclusivamente en la emisión de títulos a diez años, sino que existe también una importante emisión de títulos a plazos más cortos, donde no solo no se ha producido deterioro alguno con respecto a otros países de la zona euro sino que en estos momentos el coste de financiación se encuentra a niveles históricamente muy bajos. Por tanto, todo apunta a que la constitución de este fondo no ha encarecido la financiación del Estado.


En conclusión, en breve espacio de tiempo se han aportado al sistema financiero español más de 19.000 millones de euros que han llegado a un elevado número de entidades, contribuyendo a una mayor estabilidad de la financiación y sentando así las bases para promover la concesión de crédito al sector privado residente. Con este mismo objetivo se aprobó la concesión de avales del Estado para respaldar las nuevas emisiones de deuda de las entidades de crédito. Se han otorgado avales por importe de 89.794 millones de euros distribuidos entre 53 entidades. Las beneficiarias podrán utilizar los avales otorgados en emisiones de deuda que realicen antes del 15 de diciembre del año 2009. Hasta la fecha el Estado ha asumido el aval de una emisión por importe de 2.000 millones y en los próximos días asumirá el de dos nuevas emisiones que están en proceso por un valor en conjunto de 3.500 millones. Además, ya se ha emitido la comunicación de cumplimiento de los requisitos para otras cinco operaciones más, cuyo importe máximo

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agregado será de 8.500 millones de euros. Finalmente, con el objetivo de facilitar financiación a los sectores empresariales y a las familias más afectadas por la crisis, se han reforzado y flexibilizado las líneas ya existentes en el Instituto de Crédito Oficial y se han creado otras nuevas. En total se han aprobado alrededor de 29.000 millones de euros de financiación, dirigida esencialmente a autónomos, pequeñas y medianas empresas y familias, especialmente a través de la moratoria parcial en el pago de hipotecas. Todas estas líneas están disponibles desde principios de año. No obstante, al tratarse en muchos casos de un esquema novedoso al que las entidades deben ajustar sus operaciones, su utilización de forma generalizada exige un plazo de tiempo prudencial. Por otra parte, la persistente inestabilidad de los mercados financieros ha alterado notablemente las condiciones imperantes, lo que ha aconsejado incluir algunas modificaciones en las condiciones para asegurar una mayor eficacia. Se ha acordado autorizar al ICO a utilizar fondos de la línea ICO-PYME, destinada inicialmente a la inversión, hacia la línea ICO-Liquidez, dada la previsible mayor demanda de esta última debido a las necesidades de liquidez de la pequeñas y medianas empresas. Además, en el caso de agotamiento de la dotación económica de ambas líneas, se aprobará la ampliación de los importes correspondientes. Por otra parte, se acordó ampliar de tres a cinco años el plazo máximo de devolución de las cantidades aplazadas a través de la línea moratoria-PYME. También se decidió incrementar 55 puntos básicos el margen de intermediación de las entidades de crédito en las líneas de fomento empresarial para reflejar las actuales condiciones de los mercados financieros. En relación con la moratoria en el pago de los préstamos hipotecarios, que fue aprobada mediante Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, y que pretende evitar que determinadas familias -especialmente aquellas más vulnerables- pierdan sus viviendas por el impago de la hipoteca, se ha ampliado el porcentaje de cobertura del ICO en la línea que incentiva a las entidades de crédito a participar en la operación y se han flexibilizado las condiciones financieras, permitiendo ampliar la cobertura ofrecida a los potenciales beneficiarios. En este sentido, se desplaza el periodo de cómputo de la moratoria, se retrasa el inicio de la devolución del préstamo y se amplía su plazo máximo. En la actualidad, se están incorporando en los contratos de financiación de la línea estas modificaciones, de forma que en próximas fechas se encontrará operativa en las entidades de crédito.


Señorías, el objetivo de todas estas medidas en el ámbito financiero es mitigar el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito para el sector privado español. Para poder valorar las medidas adoptadas por el Gobierno hay que partir de un diagnóstico de la situación del crédito en España. España es el país de la Unión Económica y Monetaria que ha experimentado un mayor crecimiento de la financiación al sector privado desde la creación del euro, y para financiar esa expansión del crédito los bancos han tenido que recurrir a los mercados internacionales. Estos datos nos llevan a concluir que a medio plazo el sector privado español necesita reducir el peso de su endeudamiento para sanear su situación financiera, disminuyendo su ritmo de crecimiento. No obstante, al igual que ocurre con el gasto privado, nuestro objetivo debe ser lógicamente suavizar este ajuste. Efectivamente, el crédito al sector privado se está desacelerando y vemos que el stock de financiación al sector privado español ha pasado de crecer un 15 por ciento en el año 2007 al entorno de un 6 por ciento en el año 2008. Es de prever que el crédito continúe desacelerándose en los próximos meses, ya que su evolución cíclica suele producirse con algún retraso en relación con la del PIB y por el momento los mercados financieros e internacionales continúan sin normalizarse.
Esta desaceleración del crédito responde a factores tanto del lado de la demanda como a menos solicitudes de crédito ante la elevada incertidumbre, menores expectativas de renta o expectativas de bajada de precios tanto de la vivienda como de la oferta, ya que los bancos tienen mayores dificultades para captar financiación en los mercados, mientras que ha aumentado su percepción del riesgo. En este contexto, las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para movilizar el crédito son útiles para suavizar la contención en la financiación a empresas y hogares, pero difícilmente permitirán cambiar la tendencia en la evolución del crédito en un entorno económico y financiero tan difícil como el actual. No obstante, en ausencia de estas medidas, las entidades financieras indudablemente tendrían que llevar a cabo restricciones más significativas del crédito. Hay que destacar que estas actuaciones han permitido reducir la incertidumbre en las entidades sobre cómo cubrir sus necesidades de financiación, contribuyendo a recuperar cierta normalidad en el sector. Como en otros países, existe una tensión evidente entre el requerimiento de que se conceda más crédito y la exigencia de que se sea prudente, de que los bancos y las entidades financieras refuercen su solvencia y desarrollen políticas de desapalancamiento necesarias a largo plazo. En este sentido, aunque parece sensato pedirles un esfuerzo para sostener el crédito, no sería totalmente prudente establecer requisitos cuantitativos de crédito. Tan malo es en mi opinión delegar un crédito a un demandante solvente como dárselo a quien no podrá devolverlo. Aunque aún es demasiado pronto para hacer juicios de valor sobre eficacia de las medidas adoptadas, todo apunta a que están ayudando a suavizar el ajuste del crédito al sector privado.


Por último, un comentario sobre las reformas estructurales. A las medidas que ya he comentado dirigidas a sostener la demanda, ya sean iniciativas fiscales o financieras, se une un tercer ámbito fundamental de actuación de la política económica como ayer mismo apuntaba la OCDE, que son las reformas estructurales en nuestro país. Estas actuaciones mejorarán el funcionamiento de diversos mercados estratégicos como el transporte -es el caso de los puertos, de los aeropuertos o del transporte

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de mercancías por ferrocarril-, la energía, las telecomunicaciones o los servicios mediante una trasposición ambiciosa de la Directiva Servicios.
Se reformarán los reguladores sectoriales, se reducirán las cargas administrativas y se mejorará la seguridad jurídica preventiva, entre otras actuaciones. El Gobierno está trabajando en estas áreas, que requieren aprobar disposiciones complejas y cuya elaboración requiere tiempo y contar con la colaboración de diferentes ámbitos, incluidos los grupos de esta casa. También es prioritario continuar trabajando para mejorar el funcionamiento del mercado laboral a través del diálogo social, lo que debe permitir alcanzar acuerdos importantes con la urgencia que plantea la crisis actual. Estas reformas estructurales son la clave para fortalecer la competitividad de la economía española e impulsar el crecimiento a largo plazo. Por eso apelo a la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas, a los agentes sociales y a las distintas administraciones públicas para que colaboren en este proceso con el objetivo de sacar adelante reformas ambiciosas que nos permitan acelerar la recuperación económica y que la futura etapa de expansión sea más duradera.


Señorías, como saben, 2009 será un año difícil en el que la crisis alcanzará su máxima intensidad provocando una caída del PIB y un fuerte aumento del desempleo. Pese a la elevada incertidumbre para 2010 y 2011, se apunta a una recuperación de las tasas de crecimiento que en 2011 debería mostrar ya cierto vigor. Como elemento positivo del cambio de escenario podemos destacar que se ha acelerado el proceso de reequilibrio del patrón de crecimiento, con una aportación positiva de la demanda externa. Por su parte, la contención del endeudamiento privado, que a corto plazo tiene un efecto contractivo, en la medida en que sea un proceso gradual, permitirá que familias y empresas enfrenten la próxima recuperación en una mejor posición financiera. Por tanto, tras este proceso difícil de ajuste, la economía volverá a crecer y lo hará de manera más equilibrada, con menos déficit exterior, menor peso de la construcción y menor endeudamiento privado. La inflación se mantendrá muy moderada, los tipos de interés, en nuestra opinión, tienen aún margen para continuar bajando y las tensiones financieras internacionales deben comenzar a remitir. Esto configurará un entorno económico más favorable que debe ayudarnos a reactivar consumo e inversión. Sin embargo, para alcanzar la recuperación de la economía es imprescindible dar un impulso adicional a las reformas estructurales y acelerar el diálogo social.
Estas iniciativas facilitarán una recuperación más rápida y duradera, especialmente en términos de empleo.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las intervenciones de los grupos. Empezando por la del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Cristóbal Montoro por diez minutos.


El señor MONTORO ROMERO: Señor vicepresidente del Gobierno, como era de esperar y de temer, detrás de la crisis del paro, de la crisis de la empresa, de la pequeña y mediana empresa, de la crisis de los autónomos, está asomando en España la crisis bancaria. Ya no son rumores en voz baja, ya son noticias diarias que afectan a entidades financieras, a entidades crediticias como a Caja Castilla La Mancha y a otro tipo de entidades que están reduciendo la liquidez de las inversiones que los depositantes han colocado en ellas. Estamos viendo que ante esas situaciones el Gobierno está actuando como hace en todas sus cosas. Está insistiendo en los planteamientos que está aplicando desde el comienzo de la crisis, es decir, el Gobierno no cuenta con nadie, no informa a nadie, no cuenta con la oposición, pero ahora, señor Solbes, ya no vale tanta oscuridad, ya no vale porque ya estamos en el súmmunm de la confusión. Lo que queremos y vamos a pedir con toda claridad esta mañana desde el Partido Popular es que, ofreciendo la máxima tranquilidad a los impositores y a los inversores, puesto que no se trata de eso, sí se trata de que queremos exigencia de responsabilidades, de responsabilidades políticas a los que no han sido capaces de prevenir esta crisis y de responsabilidades a los gestores de entidades financieras, que con el dinero ajeno se han dedicado a hacer despropósitos que no puede ser que ahora sean sufragados a cuenta o sobre las espaldas de todos los ciudadanos. Quien la haya hecho y quien la haga que la pague. (Rumores.) Ya está bien de oscurantismo, ya está bien de abusar de la confianza de los ciudadanos. Eso es lo que está ocurriendo, señor vicepresidente, aparte de que usted nos venga aquí a leer las notas de prensa del Ministerio de Economía y Hacienda en una nueva defensa de la política económica del Gobierno. Estamos en una crisis de confianza, y si no decimos la verdad, si no decimos la realidad de lo que está ocurriendo, va a ser imposible recuperar la confianza.


La crisis de España es una crisis de confianza. Estamos en un círculo vicioso. Estamos viviendo la recesión, es decir la caída de actividad mayor de nuestra historia, la más larga, que comienza a mediados del año 2008, y la que puede extenderse, si una política económica eficaz no la corta, hasta 2010, según el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, no según el Grupo Parlamentario Popular, ni este portavoz, según la Comisión Europea. Nunca habíamos vivido semejante crisis de pérdida de actividad. Nunca habíamos sufrido semejante destrucción de empleo. Nunca habíamos visto el deterioro de nuestro sector productivo llevándose por delante a decenas de miles de pequeñas y medianas empresas. No lo habíamos vivido nunca, señor Solbes, en su acreditado currículum de gestión de crisis, y ahora, como no puede ser de otra manera, la crisis está en el sector bancario.


Una crisis de una envergadura como la que estamos viviendo ¿cómo se puede afirmar que no llegue a todos los sectores y a todos los ámbitos de la economía? ¿Esto es creíble? ¿Es que ahora estamos buscando un maridaje entre gobiernos socialistas para entidades financieras?

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¿Esto es creíble? Y ayer vi al señor vicepresidente económico del Gobierno en imágenes de televisión donde llegó a decir que son rumores. Está bien, se va superando a sí mismo, señor vicepresidente. Precisamente cuando ha habido declaraciones públicas de un gobierno autonómico, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando ha habido declaraciones públicas de un gobierno autonómico, el Gobierno de Castilla-La Mancha, cuando ha habido declaraciones públicas de un gobierno, el de la Junta de Andalucía, el señor vicepresidente económico del Gobierno de España no tiene información concreta sobre lo que está ocurriendo. Es una cosa de socialistas. Esto va de socialistas y entre socialistas anda el juego.
(Rumores.) Ya se hacen las cosas así en los países serios y rigurosos, el vicepresidente económico no tiene constancia formal de lo que está ocurriendo. Señor vicepresidente, estamos entrando en el territorio que, por lo demás, no era difícil pronosticar, y no será porque no lo hemos dicho con toda claridad y con todo realismo. Es imposible, señor vicepresidente, sostener actividades fundamentadas en la desconfianza y en un gobierno que no dice la verdad. Estamos rayando en lo inaudito, está usted escudado en un discurso que es un auténtico recital. En cada ocasión recita un sermón monocorde para llegar a decir esta mañana que no va a haber nuevo crédito bancario. Ha asumido usted de una manera tal su papel que lo que está haciendo es una generación de desconfianza que nos lleva a vivir y padecer, y si fueran ustedes, pero es que estamos hablando de millones de puestos de trabajo en España, y no es el sector de la construcción, como usted ha vuelto a decir. Las estadísticas de paro registrado en enero, la variación interanual, nos dice que el sector servicios ha tenido un aumento del paro registrado, de gente que había en el sector, de 530.000 en un año frente a 315.000 de la construcción, 141.000 de la industria y 31.000 de la agricultura. Aquí no se salva nadie, ningún sector de actividad económica. Esta es la crisis del paro mayor de nuestra historia. Así están los índices de confianza como están, derrumbados y destruidos en nuestro país. Por eso estamos en el círculo vicioso al que la actitud del Gobierno esta mañana ha vuelto a contribuir con el discurso que ha hecho el vicepresidente económico y con el anuncio que ha hecho de que no va a haber nuevo crédito o que es soportable el incremento de deuda pública que está haciendo el Estado. Señor Solbes, ese incremento de deuda pública que está usted anunciando en el programa de estabilidad del Reino de España ¿qué representa en carga de intereses en el presupuesto para esos años? Cuando llegue el famoso año 2011 ¿qué va a representar, el 5 por ciento del producto interior bruto? ¿Eso es lo que representa? Ustedes le están añadiendo gasolina al fuego con la política económica del Gobierno, con la política de endeudamiento.
Ustedes lo que están haciendo, en definitiva, es sembrar la desconfianza.
Y viene otra vez esta mañana a hablarnos de reformas estructurales. ¿Pero qué reformas? Hable usted con propiedad. ¿De qué reforma habla usted? ¿La del mercado de trabajo? ¿La del incrementar la competencia en los sectores estratégicos de la economía o la de subir la tarifa de la luz a los españoles? ¿La de recuperar la credibilidad de los organismos supervisores o la de continuar con los nombramientos a dedo que hace su Gobierno? ¿De qué reformas estamos hablando en términos de fiabilidad y de credibilidad? Porque nuestro país necesita reformas estructurales para salir de la crisis y para aprovechar el momento de recuperación cuando esta venga. Eso sí, todavía dice esta mañana que tendremos un modelo más equilibrado. ¡Hombre, claro! Ha hundido el consumo; estamos en una caída de ventas como no conocíamos. Hunde el consumo, hunde la inversión en casa y obviamente la demanda interna se desploma. Esa es la recesión.
¿Cuánto va a caer la actividad económica este año, vicepresidente? ¿El 1,6 como pronostica el Gobierno adaptándose más a la realidad? ¿Sólo el 1,6 o vamos a tener una caída de actividad económica del doble de eso como nos están pronosticando ya todos los estudiosos dentro y fuera de España?

Señor Solbes, si ustedes no hacen nada, esa es su responsabilidad, pero le insisto en que ustedes no pueden asistir pasivamente al nuevo escenario que se ha creado, que es el de la crisis bancaria en nuestro país. No podemos asistir pasivamente a esto y ya le advierto que desde el Partido Popular no vamos a estar por ello. Que cada palo aguante su vela. ¿Le suena esa expresión, señor Solbes? Porque no hemos empezado por ahí; hemos empezado con la política del pasteleo. ¿A quién quieren confundir? ¿Ustedes creen de verdad que hay una caja andaluza que en este momento puede hacer una absorción de la Caja Castilla La Mancha sin limpiar el balance de Caja Castilla La Mancha? ¿Cómo se limpia el balance de una caja de ahorros en crisis? ¿Con el Fondo de garantía de depósitos? ¿Lo va a utilizar o realmente va a emitir deuda pública para llevar adelante esa fusión? Estas son las cuestiones que están planteadas esta mañana como cuestiones de la sociedad española y de eso tiene que hablar el vicepresidente económico del Gobierno. De eso y no de la ya comprobada ineficacia de sus medidas, que no están evitando la mayor recesión que ha vivido nuestro país.


Acabo diciéndole una frase bíblica. Dice la Biblia que Dios confunde al que quiere perder. Pero en este caso podemos decir que ha sido el Gobierno, él solo sin ayuda de nadie, el que ha creado y ha inducido a la confusión que está viviendo la sociedad española. Ha sembrado confusión y de esa confusión solo se deriva la incertidumbre que está agravando la crisis económica y la está convirtiendo en la peor crisis social y también vamos a llegar a la peor crisis política que ha vivido nuestro país en toda su historia y desde luego durante la democracia.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Sánchez i Llibre de Convergència i Unió.


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El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía ante esta Comisión de Economía y Hacienda. He escuchado atentamente su intervención, que es prácticamente coincidente con la comparecencia del presidente del Gobierno la semana pasada en el Pleno del Congreso de los Diputados, y por lo tanto la valoración que hará nuestro grupo va a ser muy similar a la que ya hizo en su momento nuestro presidente del grupo parlamentario, el señor Duran i Lleida.


La situación económica en España es muy delicada. Pienso sinceramente que en esto coincidiremos todos los grupos parlamentarios de esta Comisión.
Independientemente de las causas de la crisis económica, hay una cuestión que para nosotros es muy relevante y es que el Gobierno, con su acción, no genera la confianza que tendría que generar a través de los agentes sociales y económicos y a través de los grupos parlamentarios de esta Cámara, y esta falta de confianza es la que finalmente no da como resultado la inversión y la generación de puestos de trabajo. Da la sensación de que efectivamente el Gobierno está perdido y sin rumbo y que al mismo tiempo tampoco tiene la capacidad de liderazgo para poder salir de esta situación. Quizá debido a esta falta de liderazgo y de confianza también podemos constatar otro aspecto negativo -en el que no hay que echarle la culpa y la responsabilidad al Gobierno- que es que los sectores económicos españoles han perdido su tradicional unidad de acción. El sector financiero y la economía real del país tienen prioridades diferentes y en algunos casos enfrentadas. A esto hay que añadir que desgraciadamente el paro va creciendo al ritmo de 200.000 personas al mes.


Ante este panorama que nosotros calificamos de delicado y de situación grave, ya la semana pasada dijimos que era muy difícil que el Gobierno pudiera salir de esta situación mediante su acción de gobierno unilateral y que era necesario buscar la complicidad de todas las formaciones políticas de este Congreso de los Diputados y la complicidad de los agentes económicos y sociales y de las instituciones españolas para intentar sentar las bases de un plan de reactivación económica. Esta era una de las propuestas de nuestro grupo parlamentario la semana pasada, que no fue atendida por el presidente del Gobierno. Seguimos en la misma situación, el Gobierno está en una acción solitaria de desarrollo de sus propuestas gubernamentales con unos resultados que están a la vista de todos.


¿Cuál es el planteamiento de Convergència i Unió? Nosotros vamos a seguir insistiendo en esta dirección, en que hay que buscar la complicidad de todas las formaciones políticas y de todos los agentes económicos y sociales, pero es el Gobierno el que tiene que liderar esta situación.
Probablemente el Gobierno no quiere liderar este pacto de reactivación económica porque tiene a la vuelta de la esquina las elecciones vascas y gallegas y no quiere tomar medidas que le puedan resultar impopulares para intentar plantear esta reactivación económica. También pensamos que el Gobierno tiene un temor tremendo y horrible ante planteamiento de huelga general por parte de los agentes sociales españoles, situación que también le provoca esta falta de movimientos para implementar medidas que persigan poner una fecha al diálogo social para que a través de este -en caso de que no hubiera acuerdo- se pudieran plantear reformas importantes en el mercado laboral español. No digo que estas reformas tengan que contemplar necesariamente el abaratamiento del despido. No decimos esto desde Convergència i Unió. Lo que sí decimos es que necesitamos que este diálogo social dé como resultado la modernización de las estructuras laborales en España y que las hagamos similares a las del resto de países de la Unión Europea. Vamos a ver si pasadas las elecciones el Gobierno acoge los planteamientos de este Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para intentar sentar las bases de esta reactivación económica.


Ahora quisiera entrar en dos o tres cuestiones puntuales que están afectando muy negativamente a la economía española y cuya reforma sería una de las bases necesarias para plantear su reactivación. Hay un aspecto que a este grupo parlamentario le viene preocupando principalmente desde el mes de junio del año 2008, que es el relacionado con la liquidez para los sectores económicos y productivos españoles y para las familias españolas.


Lamentablemente, la serie de iniciativas que ha planteado el Gobierno con las compras de los diferentes activos por el Tesoro español, a través de los avales que ha concedido el Gobierno a las diferentes entidades crediticias españolas y de los recursos que ha dado el Gobierno al ICO, tres partidas que suponen alrededor de los 150.000 millones de euros, estamos a mediados del mes de febrero y no han dado el resultado que todas las formaciones políticas, y también lógicamente Convergència i Unió, hubieran querido. Hoy, señor ministro, la liquidez todavía no llega a las empresas con el flujo necesario para poder mantener su actividad cotidiana y tampoco llega a las familias. Es cierto que ha habido una serie de reuniones entre el Gobierno y las diferentes entidades crediticias, tanto con bancos como con cajas, y parece ser que se han sentado unas bases nuevas para que en un futuro inmediato finalmente la liquidez llegue a las empresas y a las familias; vamos a observar muy de cerca a ver si efectivamente estas reuniones han servido para que exista más complicidad entre el Gobierno, el ICO, las entidades financieras y las empresas para que efectivamente este flujo llegue con la fuerza que tendría que llegar, pero entendemos que el Gobierno tiene a su disposición un instrumento que es el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que por las razones que sean hoy los sectores productivos dicen que no funciona con la celeridad y potencia que tendría que hacerlo. No existe colaboración o no existe complicidad entre las diferentes entidades financieras y el ICO para que finalmente estos 30.000 millones de euros que se han puesto a disposición

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del mismo puedan funcionar con rapidez entre el ICO y las entidades financieras y, lógicamente, hacia de las empresas y las familias.


Nosotros hemos presentado diferentes iniciativas, concretamente vamos a ver una esta tarde en el Pleno, para que ustedes tomen conciencia en el Gobierno de que hay que reestructurar el ICO, adecuarlo a las necesidades que han puesto a su disposición para que el flujo monetario o de recursos financieros entre el ICO, las entidades financieras y los agentes económicos y familias pueda funcionar con la máxima celeridad. Ustedes tienen la gran oportunidad, señor ministro, en estos momentos de efectuar todas aquellas reformas necesarias que se puedan plantear en el ICO para que exista la celeridad y la agilidad suficiente para que estos 30.000 millones de euros no estén meses y meses sin que se pueda disponer de ellos. Pensamos que este es el gran absurdo de estas reformas que ustedes han planteado, algunas de ellas con el apoyo parlamentario de este Grupo de Convergència i Unió, y no hay que perder más tiempo. Hay que actuar con rapidez, hay que reformar con rapidez el ICO, hay que dotarle de los recursos humanos, técnicos y organizativos suficientes para que estos 30.000 millones de euros puedan ir directamente a las empresas y a las familias.


Hay también algunos aspectos ante los que nosotros entendemos que el Gobierno tendría que tomar más conciencia de la gravedad de la situación.
Hoy muchísimos ayuntamientos españoles tienen deudas con diferentes proveedores, muchos de ellos habituales, que ascienden a unos 33.000 millones de euros. Hoy la Administración pública, concretamente las corporaciones locales, son uno de los agentes económicos más morosos de la economía española, están tardando en pagar entre seis, doce y dieciocho meses, y ustedes tienen en su mano poder dar celeridad para que estos ayuntamientos puedan pagar con la prontitud que necesita hoy la economía española, a treinta, sesenta o noventa días. Desde esta perspectiva también hemos instado al Gobierno, concretamente la pasada semana en la comparecencia del presidente del Gobierno, para que a través del ICO pueda facilitar avales a las diferentes corporaciones locales para poder incrementar la liquidez de dichas administraciones locales a fin de poderles conceder avales del Estado, del ICO, para que puedan pagar a treinta y sesenta o noventa días. Está en su mano poder actuar con esta celeridad y agilidad que es reclamada por el sistema económico español. Por lo tanto, en esta comparecencia volvemos a insistir una vez más ante el ministro para ver si van a poner en marcha esto rápidamente.
Tenemos algunas noticias positivas que van en esta dirección; si es así, señor ministro, por favor, no las retrasen y permitan que nuestras corporaciones locales puedan pagar a treinta, sesenta o noventa días.


Hay otro instrumento muy importante que tienen ustedes en su mano como es la posibilidad de que las empresas autónomas, pequeñas y medianas empresas, puedan tener también liquidez en sus compañías rápidamente.
Consiste en facilitar que todos aquellos aplazamientos que estén entre los 30.000 y 90.000 euros puedan presentarlos si realmente tienen esta necesidad sin tener que presentar avales bancarios, porque con esta actuación probablemente daríamos supervivencia a muchas pequeñas y medianas empresas, a muchos empresarios autónomos que hoy desgraciadamente están cerrando por falta de liquidez.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el señor Azpiazu por el Grupo Nacionalista Vasco (EAJ-PNV).


El señor AZPIAZU URIARTE: Al margen de los datos y reflexiones del vicepresidente, hoy, antes de que la crisis vaya a más -que desgraciadamente irá, con un número de parados en ascenso irremediable-, a juicio del Grupo Vasco, procede, si se me permite, realizar una reflexión de fondo de cuál ha de ser el comportamiento y el papel tanto del Gobierno como de los grupos parlamentarios para afrontar la crisis con realismo y valentía, de forma que entre todos contribuyamos, se lo digo sinceramente, a que dure lo menos posible y que su impacto sea también el menor posible, partiendo por supuesto de la idea de que vivimos una crisis profunda y a la vez difícil de abordar. Como muestra ahí están los más de 3 millones de parados que seguro que están pasando junto a sus familias momentos realmente difíciles.


En este contexto no cabe sino calificar de frustrante la comparecencia del presidente Zapatero la semana pasada. Como suelen decir los modernos, en nuestra opinión estuvo sobrao, yo diría también que un poco prepotente y arrogante, no realizó la más mínima autocrítica; todo el mal económico viene de fuera: la crisis financiera, Estados Unidos, etcétera. El elevado nivel de paro español, según el presidente, es fruto de la crisis que viene de fuera y tan solo hizo una crítica con relación al peso excesivo de la vivienda en España. Las entidades financieras, también según el presidente, no requieren de intervención, están sin contaminar; bueno, ya se han dado datos con relación a las cajas, tema al que ha hecho referencia el portavoz popular. En este sentido siguió el presidente sin la más mínima autocrítica. Sacó pecho con el tema del superávit de la Seguridad Social y yo no creo que la Seguridad Social esté como para sacar pecho en este momento. Y no habló de las raíces y de los problemas económicos de fondo. Habló del problema enorme del déficit exterior, de la falta de productividad de la economía española, de la necesidad de aumentar el stock de capital, del déficit tecnológico en el que estamos sumidos, del déficit educativo y formativo, del exceso de la mano de obra poco cualificada, de la ausencia de un motor claro para salir de la crisis. Esos motivos son los que han puesto en cuestión el rating de la economía española situándola en AA+.


Sinceramente creo que la profundidad de la crisis requiere por parte del Gobierno y de sus máximos responsables,

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en primer lugar, una mayor humildad, un reconocimiento de que existen problemas de fondo; hace falta asumir el liderazgo y pedir cooperación, tanto a los agentes económicos y sociales como a los grupos parlamentarios y partidos políticos, pero pedirla de verdad, no simplemente en comparecencias puntuales que luego no prosperan en absoluto. Hay que tratar de evitar que esta crisis económica se utilice como arma arrojadiza para hacer oposición. Hay que salir de la crisis y creo que todos debemos contribuir a ello, pero sinceramente con la actitud del presidente la semana pasada me da la sensación de que es prácticamente imposible abordar el diagnóstico y las medidas necesarias con el consenso amplio necesario que sería deseable. El presidente ignoró y despreció las propuestas de los grupos parlamentarios y también las del Grupo Vasco. Los grupos parlamentarios solicitamos información y queremos participar en el diseño y la implementación de las medidas de política económica. Unos hablan ahora de pactos al modo de los Pactos de La Moncloa, otros venimos reclamando la necesidad de la cooperación y coordinación a lo largo de toda la legislatura. Como usted bien sabe, hemos apoyado los presupuestos para el año 2009 y la mayoría -por no decir todas- de las iniciativas económicas que el Gobierno nos ha propuesto. El Grupo Vasco también planteó la necesidad de crear en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda un observatorio permanente de seguimiento de la crisis para conocer la situación, los datos económicos, los cuadros macro, los informes económicos, las medidas que se están adoptando en el entorno internacional, en el entorno europeo y en la economía española, con el fin de trabajar en la adopción de medidas de política económica de manera consensuada. Eso es lo que parece que el Gobierno rechaza de momento. De esta forma, con el consenso, lanzaríamos un mensaje positivo a los agentes económicos y sociales, lo que aumentaría la confianza que es la clave para salir de esta crisis. Frente a la búsqueda de este consenso, el presidente y el Gobierno parece ser que prefieren aquello de dejadme solo. Yo le diría: No, señor presidente, usted solo no puede y además no debe. No puede, en primer lugar, porque no sabe lo que quiere. El Gobierno hace una política económica bastante confusa. Le tengo que decir sinceramente que desde que supuestamente el presidente ha cogido las riendas del debate económico estamos todos bastante más confundidos. El déficit actual del 6 por ciento está creciendo y no es porque el Gobierno haya hecho una política valiente de impulso de la demanda pública, sino básicamente porque la recaudación se está desplomando porque el consumo y la inversión están cayendo y con ellos, lógicamente, los impuestos asociados, como IVA, sociedades, etcétera. Yo diría que, prácticamente sin hacer nada desde el punto de vista de las políticas de impulso de la demanda, hemos agotado el margen, ha aumentado el déficit público y hasta el propio señor Almunia ya les está recriminando y requiriendo la vuelta al saneamiento de las cuentas públicas. Diríamos que el Plan sectorial municipal de los 8.000 y 3.000 millones, que está aprobado por el Gobierno y que todavía no se ha puesto en marcha, es el mayor esfuerzo que ha hecho el Gobierno desde el punto de vista presupuestario. Pero la economía está ya en recesión y lo va a estar durante mucho tiempo. Esperemos que no entre en deflación. En el año 2008 la economía apenas ha crecido el uno por ciento y el paro ha alcanzado ya el 14 por ciento. En el año 2009 la economía decrecerá, el PIB caerá en torno al 2 por ciento en el mejor de los casos y el paro puede situarse en torno al 20 por ciento. Y el año 2010 todavía puede ser peor. No sabemos cuándo va a tocar fondo la crisis ni cuándo empezaremos a recuperarnos; tampoco sabemos si la recuperación será rápida o lenta.
En este contexto, señor Solbes, nos dice que el margen de maniobra presupuestario se ha agotado -e insisto- sin apenas gastar, solo por la bajada de los ingresos debido, entre otras cosas, a medidas populistas que en su día se adoptaron, como la de los famosos 400 euros.


La política monetaria, como es sabido, no está en nuestras manos, está en manos del Banco Central Europeo, y nos dice que cabe abordar reformas estructurales. Yo me planteo cuáles. La reforma laboral no parece formar parte de la agenda del Gobierno a pesar de lo que nos ha dicho usted hoy, señor Solbes, puesto que el presidente de alguna manera ha cerrado este debate. Cuando algunos lo han intentado abrir, como el gobernador del Banco de España o el propio secretario general de la OCDE, el presidente del Gobierno ha puesto ya unos límites a la reforma laboral, con lo cual debo entender que esta reforma o está limitada o no se va a abordar.
Igualmente, en el campo energético el presidente -y no digo que yo esté de acuerdo con la energía nuclear- ha cerrado las puertas al tema nuclear, con lo cual entiendo que en parte ha cerrado las puertas al debate y a las reformas estructurales en el campo energético. Respecto a la reforma del gasto público, a la que nuestro grupo viene apelando desde hace ocho años, desde que estoy yo en este Congreso de los Diputados, supongo que tampoco tendrá voluntad de abordar esta reforma, necesaria para que cada administración pública haga lo que tenga que hacer buscando la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas. Usted nos ha dicho hoy que las reformas estructurales son la clave. Yo le preguntaría de nuevo, señor vicepresidente, en qué reformas se está pensando de verdad y el alcance de estas. El señor Zapatero espetó a nuestro grupo en el debate: Ustedes deben plantear las reformas estructurales. No, señor Zapatero, el Gobierno es el que debe plantear las reformas estructurales.
Por eso insisto en que me gustaría saber en qué reformas estructurales está pensando de verdad. Le recomendaría, señor Solbes, y se lo digo con el máximo respeto, como usted bien sabe, que en primer lugar se pongan de acuerdo en el diagnóstico y en la política económica y que compartan con los agentes económicos y políticos esta situación económica. La descoordinación manifiesta en el Gobierno, las manifestaciones diversas y contradictorias entre el presidente y

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los ministros -por no hablar del propio gobernador del Banco de España-, ponen de manifiesto que la nave económica no tiene un timonel. Por tanto, tomen el timón, orienten la nave y desplieguen las velas que nos lleven hacia un puerto seguro. Las velas que han de desplegar son evidentes. En primer lugar, hay que hacer un esfuerzo por aumentar la capacidad productiva y del stock de capital con todos los apoyos e inversiones en infraestructuras; hay que invertir en I+D+i fijándose objetivos ambiciosos que nos acerquen o que reduzcan la brecha tecnológica existente en Europa; hay que apostar por la formación y hay que apostar también por reformas estructurales, como la que nuestro grupo le está planteando en materia de gasto público. Les diría que su descoordinación y su no política pueden hacer aumentar el paro hasta niveles insoportables y, en este sentido, los afectados se lo pueden recriminar y con razón. Los grupos parlamentarios y, en especial, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) están aún con la mano tendida para salir de esta situación, porque creemos que todavía es momento, dado que la crisis desgraciadamente será larga y profunda. Nuestro apoyo, señor vicepresidente, es sincero. Ustedes decidirán si lo quieren. Pero para ello tendrán que cambiar radicalmente de actitud. Señor vicepresidente, con el máximo respeto y afecto hacia su persona, insisto en ello. En espera de sus noticias, atentamente, el Grupo Vasco. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Es el turno ahora del señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Nosotros también estamos a la espera de sus noticias, señor vicepresidente. Lo digo porque tenemos la sensación de que estamos atrapados entre ese optimismo antropológico que ha pasado quizá a quimérico y la impotencia que nos traslada usted a veces cuando nos dice que no hay margen de maniobra. Entre la impotencia y el optimismo ya quimérico resulta que no se está haciendo lo necesario.
Creemos que tiene que haber un cambio de guión, porque lo que nos proponen no atiende a las necesidades. Lo que ha pasado en el pasado, pasado está, pero es cierto que en un pasado relativamente reciente el Gobierno agotó el margen de maniobra -quizá no con su entusiasmo, pero lo hizo- con políticas que nuestro grupo parlamentario no compartía.
Singularizamos especialmente ese cheque tan útil para la economía que es el cheque de los 400 euros que, como se ha demostrado, ha servido mucho para la reactivación del consumo. Y lo digo con toda la ironía del mundo, porque no ha servido para casi nada y además el coste de más de 6.000 millones no solo se produce en el año 2008, sino que lo mantenemos en un presupuesto como el actual, en 2009, cuando 6.000 millones pueden servir, por ejemplo, para el fondo de los municipios, que nosotros apoyamos. No se trata de decir no a todo; se trata de decir que hay cosas que no sirven. En este contexto, sí que decimos: cambio de guión. Cambio de guión en tres dimensiones. En primer lugar, en relación con las entidades financieras. Las entidades financieras no son demonios. Tampoco son ángeles. En este contexto, se trata de que cumplan con su función. Aquí no vale ni la paciencia agotada ni la paciencia ilimitada, sino que nos bastaría con una exigencia moderada hacia las entidades financieras que el Gobierno no está expresando. Segundo elemento. Políticas anticíclicas efectivas, como se están planteando en otras latitudes y en otras partes del planeta. No vemos en su Gobierno las políticas anticíclicas necesarias que sirvan para cambiar de modelo. Tercer elemento. Modelo de financiación para ayuntamientos y para comunidades autónomas, porque son actores fundamentales para salir de la crisis. Ese es nuestro diagnóstico.


En primer lugar, respecto a las entidades financieras, ¿por qué decimos exigencia moderada? Porque en el mes de octubre aprobábamos un real decreto que nos decían que tenía que servir para reactivar el consumo y para activar el crédito -puedo leer el"Diario de Sesiones", pero no hace falta que diga lo que los representantes del Gobierno explicaban- y lo cierto es que se han puesto hace unas semanas 14.000 y ahora dicen que hay ya 19.000 millones de euros en compra de títulos. Es verdad que no invertimos dinero, pero sí estamos invirtiendo margen de maniobra porque estamos emitiendo deuda. Estamos, por tanto, perdiendo margen de maniobra. Esos 19.000 millones, sumados a la captación de pasivos a través de depósitos y a los recursos masivos a los que recurren las entidades financieras al Banco Central Europeo, sirven para que estas entidades financieras acumulen capital, ese capital lo acumulen en el Banco Central Europeo y que esto sirva para solventar sus problemas de vencimiento, 80.000 millones de euros el año 2009, y para solventar las perspectivas de incremento de la morosidad. Pues yo creo que es hora de que el Gobierno diga: No es para eso, señores; no les estamos comprando activos para eso; es para que ustedes aumenten el crédito. Por eso nosotros le planteábamos la semana pasada al señor Solbes -hoy se va a votar- una moción en la que decíamos: Condicionemos la compra de activos a que se dé más crédito. Se puede condicionar. Es cierto que no estamos comprando títulos, que no estamos comprando la titularidad, pero estamos haciendo un esfuerzo como Administración, y cuando uno hace un esfuerzo como Administración tiene que condicionar ese esfuerzo. Porque no está sirviendo para lo que lo aprobamos, esa compra de activos no está sirviendo para lo que ustedes dijeron que iba a servir. Además esto se suma a una cierta desfachatez de algunos portavoces de las entidades financieras. El representante de la asociación de la banca en una reunión con el Grupo Socialista llegó a anunciar y a decir que el problema era de la economía, obviando que las entidades financieras acudieron al interbancario para financiar precisamente el fuerte endeudamiento familiar sobre el que pivotaron extraordinarios beneficios. ¿Han tenido beneficios y ahora estamos solventándoles sus problemas? Eso no es propio de un Gobierno progresista y de izquierdas o

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mínimamente exigente, ya ni progresista ni de izquierdas. Por tanto, tienen que cambiar el guión poniendo condiciones, garantizando que haya mayor crédito y haciendo que, si no hay mayor crédito, no se continúen comprando títulos, y por supuesto diciendo que es obsceno y que no se compran más títulos mientras se repartan dividendo o mientras los sueldos de los grandes ejecutivos de las entidades financieras lleguen a cifras astronómicas como los 16 millones de euros anuales, que es lo que pasa.
Esto es lo que se hace en el planeta y ustedes deberían plantearlo y hacerlo también. Por tanto, hay que condicionar.


Segundo elemento. Los ICO. Todos conocemos experiencias en las que los crédito ICO no están llegando. No están llegando por una sencilla razón, porque van mitad ICO y mitad las entidades financieras, y las entidades financieras no están haciendo circular precisamente los créditos ICO que ustedes han puesto encima de la mesa. De la misma manera podemos poner ejemplos de empresas -todos las conocemos- que están funcionando, que dan garantías y que o les endurecen las condiciones o simplemente les niegan el crédito. Podría poner ejemplos, pero no lo voy a hacer porque pondría en problemas precisamente a empresas del metal que continúan funcionando bien, señor vicepresidente. En este contexto nosotros decimos que hay que cambiar el plan dando más recursos al ICO, reformando el ICO, aunque tarde, para que el ICO disponga de más fondos del Plan E, para que pueda prestar y avalar directamente, sin mediación bancaria, para que avale las viviendas protegidas -para una vivienda protegida no necesitamos los instrumentos para evaluar que se necesitan para otro tipo de vivienda-, lo que ayudaría mucho al sector de la construcción de vivienda protegida, que también está parado. Por tanto, hay que cambiar el guión, por supuesto cooperando con las instituciones financieras autonómicas.
Deberíamos hacerlo. Nosotros decimos: Cambien su estrategia en el ICO e instrumenten nuevos créditos y nuevas políticas de avales, porque las que tenemos no están sirviendo como nos gustaría. Ustedes dicen: Es que el crédito está bajando por la situación económica. Es normal que el crédito baje en un contexto como el actual, no lo negamos, pero el problema está en que está bajando hasta el punto de superar determinados límites, ya que hay empresas que son solventes a las que se les niega el crédito o a las que se les endurecen mucho las condiciones de crédito, y eso no es lo razonable cuando el Gobierno ha estado haciendo un esfuerzo más que notable, avalado por esta Cámara. Nosotros le decimos: Cámbienlo.


Tercer elemento. ¿Cuál va a ser su estrategia para que se acorte la morosidad de las diferentes administraciones y, concretamente, de las entidades locales en los pagos a las empresas? Se lo planteaba el señor Sánchez i Llibre y yo quiero saber cuál es su plan. El plan tiene que ir en una línea concreta para evitar que la demora en el pago se alargue hasta los seis meses, como está pasando, y en una mejora de la financiación en concreto, también de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Quiero que usted me responda.


Cuarto elemento. Nosotros planteamos que tiene que haber una política de mayor protección a las personas. Hoy se están produciendo ya embargos del subsidio de paro, de la prestación equivalente o de parte del salario a personas porque no dan respuesta a las hipotecas y la propuesta que ustedes han dado no les sirve porque hay hipotecas que supera el límite que ustedes han establecido para que se pueda demorar el pago de la hipoteca. Tienen que aprobar una medida que garantice que esas prestaciones no van a ser embargadas o que el sueldo equivalente no va a ser embargado. Tienen que dar una respuesta en ese sentido. Quiero que me responda también -se me está acabando el tiempo- a cómo van a hacer para solventar los problemas de financiación de comunidades autónomas y de ayuntamientos, porque esa es también la mejor medida para dar respuesta a la crisis.


Acabo ya, señor presidente, para ceñirme al tiempo que nos han dado, haciéndole una reflexión. Lo he citado en otras ocasiones y es alguien que no es de nuestra cuerda ideológica, pero hoy Antón Costas en un artículo en una edición catalana de un diario de tirada estatal dice que, mientras empresas y familias comienzan a pasarlo mal, la banca anuncia buenos beneficios y reparte tan jugosas retribuciones entre su alta dirección que ofenden al sentido común y son una ostentación indecente y provocativa, algo que hace difícil pedir simpatía hacia los banqueros.
Pues bien, yo no pido ni simpatía ni antipatía, me es igual, lo que pido es una exigencia moderada. Esa exigencia es posible cambiando de planes, parando -mientras no se cambie- la compra de activos, abriendo la posibilidad a la compra de la titularidad y modificando el funcionamiento del ICO. Se lo estamos diciendo voces tan distintas como el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En lo económico coincido poco con el señor Sánchez i Llibre, pero la reforma del ICO se la pedimos voces tan distintas como estas. Ustedes deberían atender alguna de las propuestas que les estamos haciendo y cambiar el guión. No se queden atrapados entre esa impotencia de decir que no tienen margen de maniobra y el optimismo quimérico -ha pasado de antropológico a quimérico- del presidente del Gobierno.


No vale el guión que nos están planteando y les pedimos precisamente este cambio de políticas, que nos parece más que razonable y que constatamos que es el que se está produciendo en otras latitudes.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: La ventaja y la desventaja de ser la última es que una viene con un discurso, con una intervención preparada y, después

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de escuchar a los intervinientes, encuentra que muchas de las cosas ya se han dicho y eso permite a veces centrar el tema y realizar algunas valoraciones.


Hoy -lo digo con toda claridad- seguimos tanto los medios como los políticos en ese maremágnum de análisis y diagnósticos que se han producido en los últimos años sobre la profunda crisis que estamos atravesando. A mí me gustó mucho ayer un artículo del periódico ABC, en su página 3, que firma Guy Sorman que las crisis económicas son también una guerra ideológica: se busca a los culpables del origen de la recesión y se piden profetas que expliquen las maneras de salir de ella. Yo no me siento ideóloga ni quiero ser profeta pero sí creo, con todos mis respetos, señor Solbes, que los ciudadanos y los agentes económicos están todavía con cara de sorpresa. Durante mucho tiempo se les dijo que esto era una cosa temporal y que no se preparan para lo peor. Después, al final, han sucedido cosas que no le achaco, porque una situación de crisis económica como esta no se había vivido nunca y las recetas clásicas no van a servir en esta crisis que estamos viviendo, la primera gran crisis del siglo XXI; sin embargo, sí creo que la buena gente creyó al presidente en determinados momentos e hizo que mucha gente no se preparara. No voy a remontarme mucho tiempo atrás, pero usted a principios de enero dijo que estaba convencido de que el año 2009 iba a ser un buen año. Eso lo dijo el 1 de enero de 2009, aquí tengo El País.
Sin embargo, ya el día 17 el señor Solbes presenta un negro 2009. Incluso hasta hace dos semanas el presidente del Gobierno hablaba de remontar en 2010. Hoy usted ha centrado el asunto, ya empieza a hablar de 2011. Lo dice con serenidad y por fin se pone sobre la mesa qué entiende el Gobierno por reformas estructurales. Eso es importante porque yo tuve esta semana un almuerzo al que me invitaron, que se llama Diálogos en la izquierda, en Tenerife, con gente que viene del mundo universitario y del mundo intelectual. Cuando estás allí te das cuenta de que la velocidad de asunción de cuál es la situación económica que vendrá en los próximos meses todavía no ha llegado al ciudadano, incluso a un ciudadano quizás mejor informado que la media de los ciudadanos. Se lo digo porque la gente pregunta: ¿Y qué es una reforma estructural? Yo, como portavoz de un grupo que ha tenido actuaciones, intervenciones e información semanal a lo largo de los meses quiero saber qué entende el Gobierno por reformas estructurales. Usted ha planteado hoy la importancia de la mejora de los mercados, fundamentalmente en el tema de puertos, de transporte, de energía, de telecomunicaciones -no ha hablado de la reconversión de ningún sector- y del diálogo social. Yo lo que sí le digo, con todo el respeto, es que no puede pasar que muchas de esas medidas, que portavoces parlamentarios y portavoces económicos adelantan, sean inmediatamente desautorizadas y paralizadas antes de empezar a asentarse. Como usted muy bien ha dicho, estas medidas estructurales no son aplicables por un gobierno sin mayorías parlamentarias, las medidas estructurales tienen que aplicarse con grandes y amplios consensos políticos y sociales; no puede pasar que un ministro diga una cosa y sea desautorizado por otro ministro, que un sector empresarial hable de reformas laborales y sea desautorizado previamente, cuando sabemos que la situación va a ser muy complicada en los próximos años y todo el mundo va a tener que hacer concesiones y determinadas cuestiones del Estado del bienestar habrá que replantarlas o renegociarlas. No puede ocurrir que cualquier medida que tenga un coste político se aplace hasta no se sabe cuando, ya sea por las elecciones gallegas, las vascas o las europeas. Hay que poner prudencia y responsabilidad porque eso es lo que pide en este momento la sociedad.
Hoy es difícil porque se han acumulado varias comparecencias, pero hubiera sido bueno tener una comparecencia para hablar solo del tema financiero y las ayudas del sector financiero y otra para hablar sobre las medidas estructurales o de gasto público. Realmente hasta la fecha lo que se ha hablado del gasto público, que significa también el pago para las generaciones futuras, para nuestros hijos y nuestros nietos, es en relación con las medidas que estamos aplicando hoy. Tenemos diez minutos y tenemos que concentrar todas esas opiniones, todas las propuestas y todas las críticas en esos diez minutos.


Le quería hacer algunas propuestas. Por un lado, con respecto a las cuotas de las hipotecas, es una medida que afecta a millones de familias y le voy a hacer una propuesta que no tiene costo para las arcas públicas. Es cierto que la reducción del Euribor está aliviando las economías domésticas y facilitando la recuperación, pero no a la velocidad justa y debida, porque cientos de miles no la van a percibir en su justa medida hasta diciembre de 2009, y eso si el Euribor no repunta de nuevo, porque en la mayoría de los casos, como usted sabe, se aplica la reducción de las cuotas mensuales con un mes de retraso, de forma que las fuertes caídas en noviembre, diciembre y enero no se han aplicado inmediatamente a las familias, que seguirán sin ver reducidas sus hipotecas hasta los últimos días de 2009. Y todo ello porque los bancos y cajas no aplican inmediatamente la revisión de la medida del Euribor en el último día de mes que toque, sino que se manejan con el último índice publicado del Euribor que hasta ahora venía siendo veinte días después. De los 18.000 millones de euros que debieran dejar de pagar las familias este año por esa caída, varios miles se van a quedar en la banca y las cajas porque no se aplica a su debido tiempo la rebaja. Señor vicepresidente, ¿va a elaborar el Gobierno una disposición normativa urgente que permita a las familias reducir su cuota hipotecaria desde el mismo día en que toque su revisión anual? ¿Cómo quieren que se reduzca la morosidad si las rebajas del precio del dinero no se trasladan a su tiempo a los consumidores? Es una cuestión de justicia y espero su respuesta.


Otra propuesta que le iba a hacer es con respecto al margen en la fiscalidad del petróleo como una medida contra el paro. Sé que otro de los problemas es cuadrar

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los presupuestos con la máxima eficiencia y justicia recaudatoria. Vamos a necesitar más ingresos para la inversión productiva y las ayudas por la imprevisible evolución del paro. Si malos eran los precios altísimos del petróleo, malos también son cuando están muy bajos, no contribuyen a la eficiencia energética del país y animan la deflación. España sigue manteniendo respecto a Europa un diferencial a la baja importante sobre los derivados del petróleo. En resumen, hay un margen para elevar esa fiscalidad. Es raro pronunciar -me imagino que le sorprenderá escucharlas- estas palabras en la Cámara porque tienen costo político, son impopulares, pero no son tiempos para regalar el oído sino también para abordar medidas incómodas. Le planteo esto porque creo que hay una oportunidad para que fondos que hasta anteayer se llevaban las petroleras, se destinen a acciones específicas sobre la inversión productiva en aquellos sectores o regiones donde está más castigado el paro. Los miedos políticos a los que me refería les han llevado a repartir café para todos sin ponderar las regiones con más paro, como le dije en el Pleno al señor presidente. En Canarias y en Andalucía estamos prácticamente en el 22 por ciento de paro. La evolución previsible es negativa y la posible caída del turismo puede llevar a Canarias y a Andalucía al treinta por ciento de paro. Ese café para todos, esas medidas estructurales para todos, no son convincentes en aquellas comunidades en que duplicamos el índice de paro. ¿Hay, por tanto, previsión de medidas especiales en las regiones con más desempleo?

Hoy le iba a plantear -igual que en su momento, a primeros de noviembre y antes de que el Gobierno lo anunciara, fui la primera que habló de un posible plan de actuación en los municipios y usted dijo que lo iba a tener en cuenta, y después se creó ese fondo, de lo cual me alegro- la posibilidad de hacer un convenio con las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que el nuevo modelo de financiación está en este momento prácticamente bloqueado, pero sobre todo basándome en lo que usted decía de las reformas estructurales y de las posibles inversiones en puertos, aeropuertos, energía y servicios. Ese posible convenio -que no debería ser un tema precipitado pero sí podría sustituir al vencimiento al de los ayuntamientos y tomar el relevo, pero orientándolo a la mejora de la competitividad y a la reforma profunda del sistema productivo -basado en las reformas estructurales que usted comentaba, con esos proyectos, debería licitarse antes del 31 de diciembre. Se pueden coordinar y definir prioridades, y en ese sentido podríamos colaborar en dos cosas: grandes infraestructuras que permitan la absorción de mano de obra de forma importante, pero a la vez estructuras que, como usted muy bien decía, preparen la modificación del modelo productivo de este país. Esas reformas estructurales que se planteaban no se pueden hacer por el Estado si no se tienen en cuenta las peculiaridades y las condiciones de cada comunidad autónoma, y también podían tender a una coordinación y a una implantación, una vez que toda la mano de obra que absorban esos planes municipales quede otra vez en paro a finales del año 2009.


Quería terminar con dos cuestiones. Por un lado, con el tema bancario de la liquidez y las garantías. Sería bueno saber no cuánto dinero del que se ha aportado a la banca se ha colocado para dar liquidez, sino cuál es el número de operaciones, porque la sospecha que tenemos muchas personas es que se están concentrando operaciones en aquellos clientes que al aflorar su situación de morosidad podría repercutir en las cuentas de los bancos. Le simplifico. Sería el famoso chiste de si debe 500 usted tiene un problema, si debe 10.000 el problema lo tiene el banco. Sería bueno saber cuál es el número de operaciones, cuántas son nuevas operaciones y cuántas son renovaciones. Por otro lado, se está produciendo un chantaje a las familias y a los pequeños empresarios ante las medidas del Gobierno de aplazamiento de pago principal, donde los bancos exigen para renovaciones de operaciones de gente que está al día la firma de garantía hipotecaria para ese aplazamiento y para el tráfico normal de empresas de pólizas de crédito. La garantía hipotecaria implica un encarecimiento de la operación y un bloqueo para el futuro de nuevas inversiones y, sobre todo, no tiene sentido ese chantaje al que se está sometiendo a las pymes.


Respecto a la deuda de la Administración, a diferencia del resto de los grupos políticos, creo que el problema fundamental no es de endeudamiento para pagar deudas, se debería aumentar la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos y de los cabildos para inversiones nuevas, como ha hecho el propio Estado con la emisión de deuda pública o determinadas comunidades autónomas, pero no para pagar deuda. Sin embargo, un cambio de la capacidad contable de las corporaciones fundamentalmente locales, en el que se les permita aflorar la deuda extrapresupuestaria sin tener los créditos correspondientes y después podrían negociar con determinados proveedores, permitiría, por un lado, a las empresas tener acreditada que las instituciones deben esa cantidad, porque ahora las administraciones no se las pueden reconocer, y, segundo, poderla descontar en determinadas entidades financieras.


Termino ofreciendo la colaboración de Coalición Canaria a ese pacto social, a ese pacto de modificación de las reformas estructurales que necesita este país. Este Gobierno necesita de los agentes políticos, pero también de los agentes sociales.


El señor PRESIDENTE: Cerrará esta primera ronda de intervenciones el Grupo Socialista, en cuyo nombre hablará la señora Rodríguez-Piñero.


La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Mi grupo parlamentario quiere empezar por felicitar al vicepresidente Solbes y al equipo económico del Gobierno por su trabajo, por el rigor y por la templanza. En una situación de crisis es cuando más falta hace rigor,

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seriedad y trabajo, algo que echo mucho de menos en manos del principal partido de la oposición.


Señor Montoro, usted ha perdido otra oportunidad para demostrar que le importa este país y no le importa la demagogia barata. Usted es un irresponsable, ha llamado al alarmismo de la crisis bancaria, como ya hizo el señor Zaplana en la campaña electoral y le tuvo que rectificar el líder de su partido -rectifico, el presidente de su partido, porque no sé si es su líder-. Estamos en una situación muy complicada, tremendamente complicada, y hay dos actitudes ante la crisis: la de aquellos -hay algunos aquí que tienen esa actitud, y se lo agradezco- que quieren contribuir a que España salga cuanto antes y mejor de esa crisis y la de aquellos que se regodean en la crisis porque es lo único que les queda para tratar de hacer oposición con fines oportunistas. Yo, desde luego, me quedo con los primeros. Es la actitud de mi partido y es la actitud de este Gobierno.


Yo creo que se ha escuchado poco la intervención del vicepresidente económico, que ha hecho una magnífica explicación de las causas de la crisis, de las fortalezas y debilidades de nuestra economía y un llamamiento a todos para que contribuyamos a que salgamos cuanto antes de esa crisis y podamos mitigar sus consecuencias. Y yo les pregunto.
Ustedes deben saber que nuestro sistema financiero es de los más sólidos, solventes y eficientes del mundo, pero no es ajeno a la situación actual.
Les decía que deben saber que nuestro sistema bancario accede en un treinta por ciento a los recursos de los mercados financieros internacionales y en un 70 por ciento vía depósitos. Si ese 30 por ciento ha quedado paralizado -y creo que de eso no les cabe ninguna duda-, es evidente que tiene que haber un ajuste crediticio. Hay quien intenta resolver la magnitud de ese 30 por ciento a través de un Instituto de Crédito Oficial. Seamos serios, el Instituto de Crédito Oficial es una agencia financiera y lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, ampliar líneas, ampliar recursos para facilitar que llegue el crédito a las empresas y a las familias y por eso se ha hecho toda una ampliación de las líneas de crédito. Todos queremos -y nosotros los primeros- que lleguen ya a sus destinatarios finales, pero les quiero recordar aquí a todos que fue el 22 de diciembre cuando se aprobó en esta Cámara la línea de financiación de la ICO-Pymes y que ya está funcionando. En menos de dos meses han empezado a llegar las líneas y queremos que lleguen ya a todos, por supuesto, pero tienen que saber, sobre todo aquellos que han tenido responsabilidad de Gobierno -usted fue ministro de Hacienda y debería conocerlo- que desde que se aprueba la medida y se firman los convenios con el ICO hasta que están funcionando todos los mecanismos informáticos que se requieren, hace falta un tiempo. Todos debemos seguir cómo van evolucionando estas líneas para que lleguen al destino final y, desde luego, no les quepa la menor duda de que el Gobierno va a seguir muy de cerca -como queremos todos, mi grupo parlamentario también- cómo están cumpliendo los bancos las líneas de financiación del ICO.
Alarmismos como los que usted ha utilizado sobre la crisis bancaria van en la dirección contraria de lo que se debe hacer.


También es importante que nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico de la situación y en las peculiaridades de cómo afecta la crisis internacional a la economía española. Es verdad que estamos padeciendo con mayor intensidad el efecto en términos de desempleo. Pongámonos de acuerdo, pensemos qué es lo que está pasando y por qué. Es evidente que España es la economía de la Unión Europea en donde tiene un mayor peso el sector de la construcción y que se estaba produciendo un ajuste del sector inmobiliario desde junio de 2006, cuando se ha producido un choque total, un brusco ajuste como consecuencia de la crisis financiera internacional.
Le voy a decir una frase que me gustó, señor Montoro, de una interpelación suya el 15 de octubre. Decía: Los discursos políticos están para anticipar los acontecimientos, para promover políticas preventivas de las actuaciones. No puedo estar más de acuerdo con usted con esa frase. Pero no parece que sea la forma de actuar de ustedes, ni en su partido ni en la economía porque si de verdad se habla de evitar las situaciones que se pueden preveer -y la de la burbuja inmobiliaria se podía preveer- hay que actuar en consecuencia. Aquí estamos padeciendo una burbuja inmobiliaria consecuencia de la política de vivienda y de urbanismo que ustedes diseñaron, una política basada en el todo urbanizable que es lo que llevó al movimiento especulativo y, desgraciadamente, a los escándalos de corrupción que de nuevo estamos conociendo, al mayor incremento del precio del suelo, al mayor incremento del precio de la vivienda y al mayor nivel de endeudamiento de las familias y de las empresas. Y se lo digo porque ese modelo es fruto de su decisión y su concepción de que no existe regulación, que lo mejor es dejar libre al mercado. Entonces no les preocuparon el endeudamiento de las familias ni de las empresas. Nada hay en su programa electoral de 2004, a pesar de las advertencias que ya les venía haciendo el Fondo Monetario Internacional, de la necesidad de reorientar el modelo de crecimiento de la economía española. Ustedes, en el programa de 2004, estaban totalmente de acuerdo con un modelo de crecimiento que consideraban de equilibrio y de éxito. No; nosotros en eso no estamos de acuerdo. Por eso el cambio del modelo de crecimiento fue el objetivo de nuestro partido en el programa electoral de las elecciones de 2004.
Estábamos en la línea correcta, con una nueva política de vivienda para evitar el endeudamiento de las familias y hacer que el modelo de crecimiento de la economía española se basara en lo determinante: en la productividad y en la competitividad, y eso requiere tiempo. Pero no les quepa la menor duda de que todas las reformas estructurales que hemos hecho -y en eso quiero dar un mensaje de confianza a todos los grupos parlamentarios- las vamos a seguir haciendo. Y se han hecho. Quiero recordarles que ayer la OCDE presentó un informe sobre cómo había mejorado el grado de competitividad de la economía española. Y ya somos

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los séptimos entre los países de la OCDE que más competencia tenemos en los mercados. Eso es fruto de algunas reformas que se iniciaron en nuestra etapa antes de que ustedes gobernaran, que ustedes continuaron y que nosotros hemos mejorado y potenciado. Y esa es la línea correcta.
Tenemos que ponernos de acuerdo en las reformas estructurales que hay que hacer y en cómo las tenemos que hacer para mejorar la capacidad de crecimiento y de generar empleo. Creo que es importante que uno reconozca en qué se equivoca para poder corregir y tomar las medidas adecuadas para reforzar nuestra posición. Es bueno reconocer fortalezas y debilidades de la economía española, pero ustedes solo se centran en reconocer las debilidades. Las tenemos, sí. Estamos de acuerdo en que el déficit por cuenta corriente es una debilidad pero pensemos por qué. Ha sido consecuencia de un proceso de inversión incapaz de ser financiado con el ahorro nacional. Usted que es catedrático de Hacienda Pública debe saber que todo en economía tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas: se ha procedido al mayor grado de capitalización española y a un avance en la mejora de toda la dotación de capital tecnológico. Inconvenientes: ahora estamos más afectados por una dependencia de la financiación ajena. Pero todo eso no viene de un día para otro. Desgraciadamente, es algo crónico en nuestra economía, pero también es vedad que precisamente por eso necesitábamos cambiar el modelo de crecimiento para hacer nuestra economía más competitiva y por tanto contribuir a reducir el déficit exterior por cuenta corriente, aparte de la gran dependencia del petróleo que tiene la economía española. Por eso también es importante hacer las políticas centradas en el ahorro y en la eficiencia energética, como se están haciendo y vamos a continuar haciendo.


Vuelvo a hacer una llamada a todos los partidos políticos: centrémonos en cómo contribuimos a salir cuanto antes y más reforzados de la crisis.
Dejemos de regodearnos en cada dato negativo de la crisis -que lo hay-; pongamos en valor lo que tiene de positivo esta economía, que es mucho -tenemos empresas líderes en muchos sectores internacionales-; y contribuyamos de verdad a generar confianza en este país. Todos coincidimos -y se dice- en que para salir de esta situación es fundamental generar confianza. Yo les pido a todos los partidos políticos que ayuden a generar confianza. Con eso haremos un favor de verdad a nuestro país, que es para lo que todos estamos aquí.


El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra de nuevo el compareciente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Montoro, seguimos con la confianza. Usted dice que estamos en una crisis de confianza. Lo podría aceptar. No comparto con usted la tesis poco menos de que la crisis es única en España, como tampoco comparto su tesis de la variabilidad de las previsiones. Consulte S.S. las del Fondo Monetario Internacional, si le parecen bien, o cualquier otra, y verá cómo incluso la variación de los cálculos del crecimiento en España se ha producido de forma muy rápida en los últimos meses y que cuando comparamos la situación española, no ya de 2008 -cuando en términos europeos salimos relativamente bien parados- sino en términos del año 2009, vemos que para el Fondo Monetario Internacional nuestro crecimiento es relativamente moderado, a pesar de sus aspectos negativos, cuando lo comparamos con lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Usted afirma que como hay una crisis de confianza -algo que usted debería saber que es delicado como lo es todo lo relativo a las actuaciones de entidades en el mundo financiero-, lo mejor es decir que se trata con oscurantismo; con una adición en mi opinión grave porque es una afirmación gratuita y sobre todo falsa, cuando habla del maridaje del Grupo Socialista para buscar soluciones.
Seamos un poquito serios, señor Montoro. Usted ya sabe cómo se resuelven este tipo de problemas; se resuelven entre instituciones privadas, en general de forma concreta y cumpliendo la legislación prevista en cada caso. Eso es lo que se va a hacer en los casos que se han planteado o que se puedan plantear en el futuro, y no de otra forma. Esto significa que el que tiene que llevar a cabo el papel fundamental para conocer la situación en la que se encuentra cada una de las entidades financieras lógicamente es el regulador, y en el caso de que se plantee alguna operación específica deberá ser también el regulador el que diga, si le parece, que da posibilidades de viabilidad al medio y largo plazo a la entidad financiera resultante, sea cual sea una u otra. Y no estamos hablando de cajas, podemos hablar de bancos hablar de todo. Es cierto que este país ha tenido una tradición histórica de utilizar instrumentos que han resultado útiles, como son los fondos de garantía, y de depósitos. En consecuencia, tenemos una cierta tradición respecto a esos fondos de garantía, que en la concepción española han sido algo más que la garantía estricta de los recursos depositados en cada entidad financiera, de modo que lo que hay que hacer es seguir haciendo lo que hemos hecho tantas veces en este país y que tan buen resultado ha dado. Desde luego, con los planteamientos que ustedes hacen no se ayuda a generar confianza.


Hoy le escuchado decir lo mismo que el otro día: España tiene una crisis terrible; parece ser que España es el único país que tiene crisis en el mundo; todo parece ser culpa del Gobierno; lo que sucede fuera no tiene nada que ver con lo que sucede aquí, etcétera. Según usted todo el problema del paro es construcción -ya le dije que el sector servicios tiene una parte muy vinculada a la construcción-, y S.S. nos muestra su preocupación por las medidas que estamos aplicando porque dice que son confusas. En mi opinión no son nada confusas y están bastante claras.
Respecto a las que se refieren a impulso fiscal, las que se refieren a temas financieros o las que se refieren a reformas estructurales

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usted puede estar de acuerdo o no. Podrá pensar que hay que dar más impulso a una u otra, pero confusas no están en absoluto.


Usted se preocupa de temas como la deuda pública, que le parece exorbitante. Señoría, si usted toma el programa de Estabilidad verá que la deuda pública a la que llegaremos en 2010 será más o menos la misma que en 2002. Por tanto, no exageremos, sobre todo si tenemos en consideración qué va a suceder con los restantes países. Haga la comparación con los distintos programas de estabilidad y la evolución de la deuda pública en la zona euro y verá que dentro de la zona euro, con ligerísimas excepciones, la posición de la deuda pública española en el año 2010 es de las mejores. Evidentemente por debajo de España estarán, como siempre, Luxemburgo, Eslovenia y algún caso más, pero ninguno de los países significativos y grandes.


¿Creemos en las reformas estructurales? Sí. Discrepo de que no se puedan hacer en el marco del diálogo social, tema en el que vamos a seguir insistiendo. Nos preocupa -como le puede preocupar a usted o más- la evolución del desempleo en este país. Sabemos que ese es el punto fundamental y que debería ser el objetivo pretendido. Seguramente en otros temas discrepamos, por ejemplo en si la subida de la tarifa de la luz es una reforma estructural, como usted dice despectivamente.
Probablemente la reforma estructural consistió en la bajada de la tarifa de la luz cuando no había que bajarla y crear, sin embargo, una situación de déficit tarifario que ahora es mucho más difícil resolver. Esa ha sido la realidad. La realidad es muy antigua, pero, evidentemente, esos temas hay que tomarlos en consideración. O sus famosos órganos reguladores, que, según ustedes los nombramos a dedo. Los nombramos a dedo y ustedes sin embargo realizaron procedimientos exquisitos de nombramiento, especialmente en la Comisión Nacional de Competencia, después de perder las elecciones y antes de que entrase el nuevo Gobierno; nombramientos que, por cierto, nosotros hemos respetado a pesar de todo con la nueva Ley de Defensa de la Competencia para no crear problemas de otra naturaleza. Hay formas distintas de hacer las cosas y a nosotros nos gusta la nuestra y no nos gusta la suya. Dicho esto, a pesar de que nos gusta la nuestra y no la suya, seguimos ofreciéndoles trabajar con ustedes, pues estamos convencidos de que trabajar con ustedes puede ser útil si somos capaces de ponernos de acuerdo en ciertas cosas para hacerlas mejor. Puede tener la absoluta seguridad de que si en algún tema nos convencen y creemos que sus soluciones son correctas o mejores que las nuestras -por qué no-, se las aceptaremos sin ningún problema.


Señor Sánchez i Llibre, quiero darle gracias como siempre, por su tono.
Comparto con usted la tesis de que la situación es delicada y estoy de acuerdo en que la salida de la crisis, si pudiéramos trabajar conjuntamente los distintos grupos políticos y las diferentes fuerzas sociales, sería sin duda alguna muy útil. Es cierto que no es fácil ver cuáles son las fórmulas y los modelos de trabajo, pero se puede trabajar bilateralmente con los grupos -es algo que estamos intentando hacer en muchas cosas- y se podría tratar de llevar a cabo un planteamiento más amplio, pero en ese planteamiento más amplio podríamos encontrar dificultades mayores para poder avanzar. Y también estoy de acuerdo en que el problema del paro es el tema fundamental y que todos deberíamos prestarle especial atención.


A partir de aquí, ha planteado usted una serie de temas específicos que merecen algún comentario. En primer lugar, ha hablado de la situación crediticia, de dónde estamos. Hemos avanzado en términos de liquidez y de créditos a empresas y familias y voy a hacer algunos comentarios. El primero, que seguramente es interesante, es que uno de los problemas que este país tiene -yo creo que en eso estamos todos de acuerdo- es sin duda alguna la evolución del crédito. El crédito ha crecido de forma exorbitante en los últimos años, de forma tan exorbitante que una de las dificultades que en estos momentos existe es la necesidad de ir corrigiendo la situación anterior. Esta es la evolución del crédito en España desde el año 1996 hasta ahora. Esta subida hay que corregirla, hay que volver a situaciones de mayor normalidad. Subidas del 20 o del 25 por ciento del crédito adicional al año no se pueden producir. ¿Por qué? Porque no disponemos de recursos suficientes para hacerlo. Por otra parte, si tenemos que corregir el déficit por cuenta corriente, hay que pensar que tenemos que ajustar mucho más nuestra inversión a nuestro ahorro. Dicho todo esto, llegamos a una conclusión que a mí me parece interesante. En estos momentos la evolución del crédito en nuestro país tiene todavía incrementos anuales del 6,2 por ciento, prácticamente en noviembre del año 2008. Es verdad que las empresas no financieras tuvieron un incremento del 7,6 por ciento, las familias del 5 por ciento y otros del 4 por ciento, hecho que nos crea algunos problemas específicos, que son los que hemos intentado resolver con las medidas que hemos ido adoptando a través del Instituto de Crédito Oficial. Hemos dicho muchas veces que una de las dificultades mayores que existía en nuestro país era que se toman medidas y desde que se toman hasta que entran en marcha pasa un cierto tiempo. Es inevitable. Las medidas relativas a las líneas del ICO, por ejemplo, tradicionalmente se adoptaban a principios de año y empezaban a aplicarse a partir del mes de mayo. Este año se tomaron en diciembre porque queríamos tenerlas a partir de primeros de enero. Hoy ya puedo darle algunas cifras que nos permiten ver cómo va la tendencia Por ejemplo, lo dispuesto en el año 2009 en el total de las líneas fue de 900 millones de euros. Como sabe usted, esa reforma del ICO de la que habla ya la hemos hecho en parte aumentando la capacidad de actuación del ICO. En 2009, lo dispuesto es prácticamente de 890 millones de euros. Lo relevante no es que hayamos dispuesto ya, en muy poco tiempo, de una cantidad equivalente a la del año pasado, sino que lo interesante -y le voy a dar un dato muy significativo sobre un tema que a usted y a mí nos

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preocupa es la línea ICO Liquidez. La línea ICO Liquidez, a 19 de febrero, lleva una financiación acumulada de unos 160 millones de euros. Llevamos más de 50 millones de euros en la semana pasada. Eso quiere decir que tenemos incrementos de entre 50 y 100 millones de euros semanales o decenales. Estoy convencido de que esta línea, una vez que entre en velocidad de crucero, va a funcionar muy bien. Nuestro interés, como el suyo, es que estas líneas funcionen. No tiene ningún sentido que hagamos el enorme esfuerzo de captar recursos externos para que estos recursos al final no vayan a los ciudadanos. Creo que toda institución es mejorable; también el ICO. Todo lo que signifique poder utilizarlo mejor contará con nuestro apoyo. Una reflexión distinta, que es perfectamente lícita pero de mucha mayor amplitud, es: ¿Debe el ICO convertirse en una banca detallista y, en cierta medida, sustituir a la vieja banca pública? Ahí ya tendría muchísimas más dudas porque es un tema mucho más difícil.
¿Podremos con el ICO llevar a cabo algunas actuaciones específicas? Sí, pero, en general, no con pequeñas y medianas empresas; se puede llegar a actuar con grandes empresas y en muy grandes operaciones. Con el resto, tenemos que contar con el sistema bancario que actualmente tenemos. Es verdad que podemos condicionar algunas cosas más -y contesto indirectamente a algunas preguntas del señor Herrera- en la medida en que forcemos a que vayan las operaciones en una cierta dirección. Sé -usted y el señor Herrera me lo han dicho- que no siempre hay fair play, que no siempre se ofrecen las operaciones del ICO en las mismas condiciones, que a veces no se utilizan las operaciones del ICO para vender otros productos propios de la banca. Lo sabemos, pero, a pesar de todo, el sistema que tenemos en marcha puede funcionar y va a dar resultados. Si, como nosotros pensamos, los recursos disponibles -y si fuera necesario se pondrían más- al final llegan a los ciudadanos, a empresas y familias; si, por otra parte, la situación de las entidades financieras está también mejorando -por una parte, por la política monetaria del Banco Central Europeo que les está dando más recursos y, por otra parte, por la política de avales que les permite disponer de recursos a más largo plazo, además de la política de venta de activos financieros-, el resultado final será una posición más cómoda por parte del mundo financiero respecto a la oferta de crédito. Otro problema distinto es que, lógicamente, la demanda de crédito en una situación como la actual se puede reducir. Y otro problema cierto también, que algunos de ustedes han planteado, es que las condiciones en las cuales hoy se concede el crédito son distintas porque el contexto del mercado ha cambiado. En el estudio que publicaban las Cámaras de Comercio -discutible, por otra parte, en cuanto al tamaño de la muestra y a su validez global- hay algunos elementos que tienen interés, aunque la muestra sea pequeña, respecto a lo que intenta medir. Lo que dice es que el 80 por ciento de las empresas que responden consideran que sus condiciones de crédito han empeorado, y es verdad. ¿Por qué? Porque es cierto que el cambio de la política crediticia de las instituciones financieras se ha producido y eso tiene mucho que ver, lógicamente, con la evolución de la morosidad y del mayor riesgo que las entidades financieras están teniendo.


Por tanto, el problema es cómo buscar el equilibrio adecuado en la presión necesaria -y yo estoy de acuerdo con el señor Herrera- que hay que hacer sobre las instituciones financieras para que vayan más lejos en la concesión de créditos, pero tampoco podemos conceder créditos en casos de insolvencia, porque prestaríamos un flaco servicio al país a medio y a largo plazo. En ese punto, creo que ese difícil equilibrio se puede ir mejorando; no lo hemos conseguido todavía, pero hay que seguir avanzando en él.


Me ha planteado dos problemas adicionales: uno, sobre los ayuntamientos y, otro, sobre la no demanda en los aplazamientos para pequeñas y medianas empresas. En el caso de los ayuntamientos está la cuestión de los avales o de la fórmula que nos permitiera resolver el problema de los endeudamientos de los ayuntamientos con las pequeñas y medianas empresas para disponer de más liquidez. Aquí entramos en un tema fundamental de concepto. El concepto es que estamos hablando de una administración que tiene tres estratos diferentes: el central, el autonómico y el local, que queremos que aumente la corresponsabilidad fiscal, que queremos que cada administración sea responsable de sus actos, y es verdad que no resulta muy coherente que los problemas que una administración genera se los resuelva alguna de las otras, con independencia de que podamos discutir si los recursos están mejor o peor distribuidos, tienen que ser más o tienen que ser menos. Esto nos lleva a un problema, y es que si de lo que se está hablando no es de avales sino de adelantos que puedan funcionar, evidentemente todo esto implicaría unos tecnicismos complejos sobre la fórmula que hay que poner en marcha para que las garantías realmente puedan funcionar y tengan efectividad y que, por otra parte, no se actúe en operaciones que -digamos- no necesariamente debería haber hecho el ayuntamiento en determinadas condiciones. Si resolviéramos ese tipo de situación sin ningún tipo de criterio, generaríamos en el fondo un moral hazard totalmente injustificado. De ahí que no le voy a decir que no, le voy a decir que lo estamos estudiando, pero también le voy a decir que no es un tema fácil y que lo tenemos que analizar muy en profundidad para no cometer errores. No es un problema de retraso o no retraso, es más bien de concepto y mis dificultades son más de concepto que de otra cosa. No excluyo ninguna posibilidad, porque es una de las que existen, y algún comentario ha hecho el secretario de Estado de Hacienda sobre estos temas, pero tendremos que tenerlo más claro. Con el problema de no solicitud de avales a pequeñas y medianas empresas volvemos a un tema parecido. Podemos agilizar los aplazamientos, pero lo que usted me está planteando, digamos, es: hagamos los aplazamientos, cambiemos toda la normativa tributaria y que

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los aplazamientos de los pagos tributarios se hagan sin ningún tipo de garantía. Es un tema que nuevamente me plantea problemas de lógica del modelo. Podemos buscar sistemas que nos permitan que esos avales sean más mutuales, podemos buscar aceleración en procesos, reducción de costes, podemos buscar muchas fórmulas, pero decir que no hay garantías en casos de aplazamiento es difícil de aceptar como norma general; otra cosa es, evidentemente, algún problema específico que se pueda plantear, en cuyo caso, lógicamente, la Agencia Tributaria busca las soluciones adecuadas.


Señor Azpiazu, me ha interesado su reflexión de fondo. Creo que no deberíamos tener posiciones muy distintas en cuanto a los orígenes ni en cuanto a las razones de la crisis, y tampoco respecto a las posibles soluciones. Podemos tener, quizá, alguna discrepancia en la forma en que algunos de estos temas se están planteando. Creo que en el fondo estaríamos de acuerdo en que el problema de la competitividad de la economía española, como elemento clave en el momento actual y no tanto para los problemas a corto sino para la salida de la crisis, es un tema fundamental, y también estaríamos de acuerdo en que, en todo caso, la prioridad máxima en estos momentos es salir de la crisis y que esa salida de la crisis nos va a llevar a hacer actuaciones y, en términos de absoluta ortodoxia, evidentemente, tendremos que dar saltos o hacer alguna pirueta en el aire, por lo menos desde mi concepción, para poder avanzar en la buena dirección.


Dentro de ese contexto, cuando usted dice que hay necesidad de cooperación con la Cámara y con los grupos, le digo que sí, que estoy absolutamente de acuerdo. Cuando dice que el Gobierno debe tener más iniciativa económica, también le puedo decir que esa es mi preocupación y que estamos intentando avanzar en esa situación. Y cuando me dice que le gustaría que pudiéramos avanzar de forma consensuada, también le digo que sí, y no solo por razones de confianza, que también estoy de acuerdo, sino por razones de solidaridad de todos y de solidez de las decisiones que se pudieran adoptar en la medida en que tuvieran el mayor respaldo posible. Pero se lo diría a usted y se lo diría a los restantes grupos de la Cámara. En fin, creo que esa es también su intención no excluyente y, evidentemente, se están barajando algunas ideas que espero que nos puedan permitir avanzar en esa dirección.


Dice usted que la política ha sido bastante confusa. Discrepo. Es verdad que las medidas puntuales en uno o en otro momento no deberían hacernos perder de vista el encaje global, que creo tener relativamente claro y que he intentado comentarle hoy. Dice usted que hay un déficit del 6 por ciento y está creciendo. El déficit del año pasado 2008, creo que estará en un 3,5 largo, como he dicho alguna vez. Este año es difícil. En el programa de Estabilidad hemos puesto un 5,5, aunque es cierto que en él no está incluida la financiación autonómica. Por tanto, su cifra del 6 por ciento, como aproximación, es una cifra que tiene los visos de una posibilidad de discusión. Depende de en qué medida consideremos que la financiación autonómica va a suponer una reducción del déficit de las propias comunidades autónomas en su momento y, por tanto, de que se produzca una compensación en las cifras finales agregadas.


Dice usted que el señor Almunia nos va a llamar la atención. Es cierto.
Somos conscientes, y el propio programa de Estabilidad reconoce esa realidad. Yo no he discutido con el señor Almunia ni un segundo -cosa que sí han hecho otros estados miembros- respecto a la aplicación de los procedimientos de déficit excesivo y de la no aplicación al caso español de la situación excepcional del procedimiento del déficit excesivo, que es aquella situación en la que un país supera el 3 por ciento, pero lo hace de forma temporal y con una desviación relativamente pequeña, entendiendo por temporal un año. Sabemos que vamos a estar por encima del 3 por ciento más de un año y seguramente con una desviación de más de medio punto. Es la crisis, esa crisis que el señor Montoro cree que solo pasa en España, pero que yo creo que seguramente puede estar pasando en otros países del mundo, si leemos los periódicos, y que nos afecta a todos de forma descomunal. Es el momento de hacer ese esfuerzo. A partir de ahí, cuando he dicho que el margen está agotado -siempre se me malinterpreta, como muchas veces se hace en el ámbito político, para intentar sacar ventaja-, he dicho que el margen fiscal está agotado, que no es lo mismo. Nuestro margen en estos momentos, en términos sobre todo de déficit público, ha llegado a los niveles máximos donde podía llegar.
Eso va a permitir, por ejemplo, si analizamos las cifras que da la Unión Europea en el esfuerzo fiscal realizado por los diferentes países, que España sea posiblemente el país, de acuerdo con las cifras de la Comisión, que más esfuerzo fiscal ha hecho entre los años 2009 y 2010 para corregir la crisis. De acuerdo con las cifras de la Comisión, nosotros, entre 2009 y 2010, vamos a dar un impulso fiscal total de 4,9 puntos aproximadamente y solo nos siguen Alemania con un 4,7, Dinamarca con un 4,6. Reino Unido tiene un 5 por ciento, pero es verdad que Reino Unido lo hace con una desviación de las finanzas públicas mucho mayor que la nuestra. Por eso yo hablo de un margen agotado y de la necesidad de hacer otras cosas que no son necesariamente las de policía fiscal.


Estoy de acuerdo con usted en que la política monetaria es independiente de nosotros. Sin embargo, la sensación que todos tenemos viendo lo que está sucediendo en Reino Unido y en Estados Unidos es que la política monetaria europea tiene todavía algún margen de maniobra. El propio Banco Central Europeo ha hecho ya alguna referencia a este punto concreto. Es cierto que estamos viendo cómo el Euribor ha llegado a niveles de hace bastante tiempo. Me parece que está en el 2,118 en este momento, una cifra muy baja comparada con la cifra de los últimos años.


A partir de aquí, me referiré a políticas estructurales. En el ámbito laboral aún hay reformas laborales y, no lo

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olvidemos nunca, existen las pensiones, que también depende mucho de esta Cámara en el ámbito del Pacto de Toledo. Creo que es un buen momento para hablar, en el marco del diálogo social, pero hay límites que nos llevan a la necesidad de utilizar argumentos de convicción para poder avanzar en la dirección que creamos oportuna, como también creo, a pesar de la discusión, que el tema nuclear está fuera del debate en este momento y que en cuestión de energía también se puede hablar de otras muchas cosas.


En cuanto al gasto público, que sé que es una de sus preocupaciones, me gustaría hablar en profundidad, porque creo que es uno de los grandes temas de futuro. Cuando nuestro presupuesto era relativamente pequeño la calidad del gasto público tenía una importancia relativa; con un presupuesto mucho más grande, mucho mayor, como el que tenemos en este momento, la calidad del gasto público es esencial, sobre todo cuando tenemos que plantearnos elementos como reducción del gasto público, qué gasto público tenemos que reducir y qué impacto tiene en términos de productividad y crecimiento a medio y largo plazo. Es verdad que ese es un trabajo difícil de hacer en términos de debate parlamentario, pero no sea tan difícil llegar a algún compromiso para que, a través de la agencia de evaluación de políticas, se lleve a cabo algún análisis de este tipo de politícas. Usted sabe que la propia Comisión Europea publica cada año un documento sobre la evolución de los gastos públicos de cada uno de los Estados miembros, con algunos elementos de comparación que son útiles, pero se puede hablar también de la directiva de servicios, fundamental, se puede hablar de transportes, donde hay muchas cosas que hacer, de los temas concursales, que tienen una importancia fundamental en este momento en la vida económica, como todo el tema jurídico en general, se puede hablar de la formación y la educación, temas a los que usted ya se ha referido, como se ha referido también a I+D+i. Por tanto, agradezco la mano tendida que ha manifestado una vez más el Grupo Vasco.
Por nuestra parte, ofrezco nuestra mayor disposición para actuar en esa dirección, aunque soy consciente de que no siempre es fácil tener tiempo para poder hacer las cosas con la tranquilidad que nos gustaría.


Señor Herrera, usted se ha centrado básicamente en tres puntos: las entidades financieras, las políticas anticíclicas efectivas y el modelo de financiación con ayuntamientos y comunidades autónomas. Respecto a entidades financieras, no nos equivoquemos. Es verdad que la compra de activos, las garantías, aunque vayan dedicadas a mejorar la posición de las entidades financieras, acaban sirviendo para dar crédito. Usted lo que pretende -y yo lo entiendo- es que haya una causalidad mayor, que ese dinero vaya directamente a dar crédito. Algo de eso hemos hecho en las subastas no competitivas y ya hemos introducido ese elemento en alguna de las subastas; evidentemente, también está introducido ese elemento en los temas del ICO en la medida en que estamos hablando siempre, cuando las hacemos en cooperación con la banca, en la línea de nuevos créditos.
Creemos que ese es un tema importante, porque esa es la preocupación en España y fuera de España, intentar llegar a los ciudadanos, pero no es otro el debate que tienen en Estados Unidos y no es otro el debate que está en la base de las últimas decisiones tomadas por la Administración americana. Al final, detrás de los problemas de garantías primero, recapitalización después, compra de productos tóxicos finalmente o el famoso tema de los bad banks, los buenos o los malos bancos, está la misma idea y todo es el mismo debate: cómo conseguimos recuperar un funcionamiento normal del sistema financiero que nos financie la actividad económica. Nosotros lo estamos intentando dentro de nuestros medios con todas estas medidas y ya le digo que estoy de acuerdo en que hay que forzar esas políticas en función de los instrumentos que tenemos disponibles. Lo he dicho públicamente, aunque no se me ha transcrito siempre lo que yo he dicho: ni los dividendos excesivos ni los salarios exorbitantes me parecen aceptables -se lo dije a usted el otro día-, lo cual no quiere decir que esté en contra del reparto de dividendos por parte de los bancos, como algunos han pretendido interpretar, entre otras razones porque no olvidemos que muchos de los propietarios de los bancos también son fondos de inversiones, ciudadanos, pensionistas que tienen ahí su dinero y de donde obtienen unos ciertos recursos. Por tanto, no pensemos únicamente en el gestor del banco. Es verdad que cuando se ha actuado sobre estos conceptos en otros países ha sido en aquellos casos en que ha habido recapitalización, es decir, cuando el sector público pasa a ser copropietario de la entidad. En relación con las entidades que se rigen por el derecho privado, podemos dar recomendaciones morales, aunque no siempre nos siguen; podemos ir un poquito más lejos, si usted quiere, pero lo que no podemos hacer es imponer a una junta de accionistas de una entidad o de una sociedad anónima determinado tipo de comportamientos. Usted pensará que sí, que se puede hacer por ley, pero yo veo bastantes dificultades para actuar en esa dirección.


Respecto a las experiencias del ICO, a si la políticas no están sirviendo, creo que sí están sirviendo y van a servir, lo que sucede es que las políticas del ICO han entrado en vigor a principios de este año, no lo olvidemos, y desde principios de este año hasta ahora se están poniendo en marcha las distintas políticas. ¿Que son mejorables? Seguro, seguro que se pueden hacer las cosas mejor, siempre todo es mejorable y si se puede hacer alguna cosa mejor, adelante, vayamos a ello.


En relación con las entidades locales, le he comentado antes al señor Sánchez i Llibre lo que pienso. Estoy dispuesto a hablar del tema, pero tenemos que hablar con muchísima prudencia de este tipo de temas para ver exactamente de qué estamos hablando. ¿Corresponde al Estado financiar decisiones de políticas de gasto de subidas de salarios totalmente improcedentes en algunas entidades? ¿Cualquier tipo de política es válida? ¿Por

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qué es la Administración central la que debe responder de unos presupuestos inadecuados hechos por determinadas entidades, y me da igual que sean comunidades autónomas o ayuntamientos? Son temas muy delicados.
Otra cosa son los problemas de liquidez para resolver algunos problemas de pago, siempre y cuando esté garantizada la devolución de la liquidez, pero estamos hablando de problemas distintos.


Más protección a las personas. En parte lo intentamos con el margen de maniobra de que disponemos y sabemos que no siempre es fácil.
Financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos. No voy a aportarle mucho más de lo que ya he comentado. Creo que vamos a empezar a tener un cierto diálogo con los ayuntamientos sobre financiación; con las comunidades autónomas espero que lleguemos pronto a un acuerdo y que podamos resolver esos temas. Usted dice que en el ICO hay que cambiar de guía. Yo creo que hemos cambiado enormemente el ICO. Compare usted la actuación del ICO hace tres o cuatro años y cuál es la disponibilidad de recursos del ICO actualmente. ¿Podemos mejorarlo? Sí, pero respecto a cambiar de guías e ir a un sistema de banca pública al detal, tengo mis dudas importantes.


Señora Oramas, en primer lugar, muchas gracias. Respecto a la crisis, siempre he creído decir -a lo mejor me he equivocado o tiene usted alguna cita en concreto- que el momento más difícil de la crisis iba a ser el año 2009. Siempre pensé que lo peor sería el primer trimestre y que después irían mejorando las cosas. Es cierto que con el tiempo, conforme ha evolucionado la crisis, veo algunas dificultades más en el año 2010 que las que he visto en otros momentos, pero esa es solo mi posición, la del Fondo Monetario Internacional y la del resto de la gente. A partir de ahí, usted nos ha dado algunas ideas que vamos a estudiar con mucho interés. Después está el tema de las cuotas hipotecarias y cuándo se aplica el Euribor. El problema es que hay un sistema de aplicación y que tiene una serie de problemas técnicos tanto al alza como a la baja. Es verdad que si lo aplicamos al alza, desde un momento más próximo a la variación del Euribor, habría que hacerlo al alza también. En consecuencia, ese es un punto a estudiar y para el que no tengo respuesta, porque tampoco sé si este es un tema que depende de los pactos entre las partes o se puede hacer por una norma, tal como usted plantea.
Tengo dudas sobre que se pueda hacer por una norma.


En cuanto a su reflexión sobre la fiscalidad del petróleo, solo le digo que tomo nota. Además le diría que comparto su reflexión, pero entenderá que no haga ningún comentario adicional sobre el tema. En cuanto a los temas específicos para Andalucía y Canarias por el incremento del desempleo, las propias políticas de desempleo tienen en sí mismas un elemento diferenciador en la medida en que afectan a mucha más gente. En cuanto a convertir el Plan de actuación de municipios en un plan de actuación de las comunidades autónomas, honestamente le digo que no. El Plan de actuación de municipios es por un año. Si prorrogásemos el plan para municipios, no para comunidades, significaría tanto como consolidar un punto de déficit público adicional de forma permanente. Una cosa es que actuemos temporalmente para hacer frente a la crisis -no sé lo que tendremos que hacer en el año 2010, en función de la situación en ese año-, pero el tipo de políticas que usted plantea, de inversión pública, encaja mucho más dentro de la política general de inversión pública de los Presupuestos Generales del Estado porque, al fin y al cabo, son los problemas de las grandes infraestructuras.


Por último, el tema de la liquidez. Es verdad que en las familias y en las pequeñas y medianas empresas se plantean demandas excesivas por parte del sistema de financiero, pero es difícil de corregir y sobre todo muy difícil hacerlo desde el punto de vista normativo. Podemos denunciar ese tipo de comportamientos, pero es difícil hacer otras cosas. Respecto al problema de capacidad de endeudamiento de municipios, algo hemos hecho, porque hemos aumentado algo la capacidad de los municipios. Por supuesto, todo el problema de deuda futura y el de reconocimiento de la realidad es un tema que debería entrar en lo que los ayuntamientos ya pueden hacer, que son sus planes de saneamiento, con lo que evidentemente facilitarían también las cosas para discutir otro tipo de temas.


Perdón por haber hablado demasiado, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Pueden hacer uso de un segundo turno de unos tres minutos.


Señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Intervengo con toda brevedad. En primer lugar, quiero celebrar uno de los hallazgos conceptuales doctrinales del día de hoy y es que la señora portavoz del Grupo Socialista ha reconocido que el problema de España es el endeudamiento exterior. Creo que hemos logrado un gran avance, porque si no coincidimos en el diagnóstico muy mal podemos expresar las políticas de corrección. Solo quiero recordar lo que he dicho tantas veces y consta en el"Diario de Sesiones" que cuando el Gobierno del Partido Popular deja el gobierno el déficit exterior de España por cuenta corriente era del 2,5 por ciento y cuatro años después era del 10 por ciento. Ya he explicado en estas sesiones de dónde viene ese endeudamiento. Me refiero ahora al señor Solbes. Claro que hay una crisis financiera mundial, pero yo le estoy diciendo desde el primer momento, señor Solbes, que España tiene una debilidad, una vulnerabilidad. Se lo dije cuando usted trajo a la Cámara el decreto-ley de 400 euros, se lo dije en la primera comparecencia. ¿Cuál es el país más sensible a una crisis financiera, el que tiene más necesidad de financiación o el que tiene excedente de financiación? Es de primero de Economía. Eso se llama la ecuación general de equilibrio de la Economía, eso se llama así formalmente en los libros de texto, señor Solbes. Eso es lo que nos pasa a los españoles, que hay una crisis financiera mundial y que somos enormemente vulnerables,

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y eso se lleva a la crisis financiera local. Yo le que le digo al vicepresidente es que -no se me escude en el regulador- la función de supervisión es del Gobierno, del Ministerio de Economía y Hacienda, delegada en el Banco de España. ¿Estamos en una crisis de reestructuración del sector bancario o estamos en casos puntuales? ¿Está el Gobierno presente en la negociación de los gobiernos autonómicos en relación con el caso de Castilla-La Mancha o no o es que el Gobierno oye rumores? ¿O es que este es un tema del señor Chaves con el señor Barreda? ¿Así se resuelven las crisis financieras en un país? ¿Vamos a sanear la Caja de Ahorros Castilla La Mancha o le vamos a decir a los castellanomanchegos que se van a quedar sin caja? Señor vicepresidente, usted me dice que vamos a cumplir la legalidad. ¡Solo faltaba que el Gobierno dijera lo contrario! Vaya respuesta a una cuestión que está planteada sobre la mesa.


Estamos hablando de casos concretos, con nombres y apellidos. No estamos hablando de teorías doctrinales conceptuales, estamos hablando de si los españoles estamos pisando tierra firme o no estamos pisando tierra firme.
De eso estamos hablando. ¿Qué va a hacer el Gobierno, solo, como dice usted? Usted no habla con nadie, ya sé que usted hace lo que puede en ese sentido, pero tiene por delante el presidente del Gobierno que, como le ha dicho algún otro portavoz, va sobrado en relación con la crisis. Pero la crisis avanza y el problema son las entidades bancarias, es la confianza de los españoles, son los depositantes, son los inversotes, que están garantizados, que tienen el fondo de garantía, claro que tienen el fondo de garantía. Pero si estamos entrando en la otra fase del problema, precisamente por el endeudamiento exterior de España, la crisis en España se llama paro, y eso es lo que está generando. La falta de confianza nos genera más paro, por tanto, atajemos esto, señor vicepresidente. No quiero repetirle lo que he preguntado esta mañana, pero no diga cosas que yo no he dicho, como que la crisis no es internacional. Le estoy diciendo desde el principio que hay una crisis mundial y el que no se ha querido enterar era el Gobierno. Las cosas se afrontan con verdad. El presidente del Gobierno, el señor Zapatero, dijo el martes en su comparecencia -esto le gustará a don Pedro también-: las medidas financieras de octubre fueron para evitar el colapso financiero. Eso dijo el señor Zapatero en la Cámara. Yo estaba allí, no necesito leer el"Diario de Sesiones", dijo que eran para evitar el colapso financiero. Por eso apoyó el Partido Popular, para evitar el colapso financiero. Es que estuvimos al borde del colapso financiero en el mes de octubre. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Seguimos todos bien, seguimos diciendo que aquí no pasa nada y que esto lo resuelve el señor Chaves y el señor Barreda? ¿Qué hacemos? Yo lo que le pido al Gobierno es precisión y claridad.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Le agradezco de verdad al vicepresidente las explicaciones que ha dado a nuestra intervención. Posiblemente no tengamos muchas diferencias en cuanto al diagnóstico de lo que está pasando, pero creo que el Gobierno no las explicita todas y quizá haya que poner sobre la mesa todos los males de fondo para tratar de consensuar ese diagnóstico y buscar de verdad las medidas que nos saquen de la situación. Usted ha hablado de la cooperación y la coordinación que estamos reclamando. Parece lógico que lo conveniente sería establecer, precisamente, esos mecanismos de colaboración, porque vamos a cada Comisión o a cada Pleno a solicitar la colaboración, el Gobierno nos va a decir que muy bien, pero no vamos a avanzar en este sentido que, insisto, creemos que es absolutamente necesario para salir de la crisis y hacer la mínima utilización de la misma como arma arrojadiza en el debate político. Creemos que es un problema suficientemente importante como para no manipularlo ni utilizarlo con malas intenciones.


Usted nos ha dicho que, efectivamente, la política monetaria tiene un pequeño margen de maniobra aún; que la política fiscal, no -evidentemente, dados los niveles de déficit en que nos encontramos- y que las reformas estructurales se pueden abordar con ciertos condicionantes. Vayamos trabajando en estas cuestiones y vayamos haciéndolo de verdad. Me ha dado una alegría cuando ha dicho que la política de reforma del gasto público es algo de futuro. Creo que es además independiente de una situación de crisis o de bonanza económica; es una responsabilidad política que todo el mundo debe gastar y hacerlo bien en beneficio de los ciudadanos y de la prestación de servicios públicos. Veremos si andando hacemos camino en este sentido. Una curiosidad, cuando el presidente la semana pasada y hoy usted hablan de la reducción de los 1.500 millones de euros en el presupuesto de este año, ¿dónde se va a producir este recorte? Quizá no sea fácil recortar, tal y como está el presupuesto, en partidas que tengan poco impacto, que es donde habría que recortar, mínimo impacto digo desde el punto de vista económico, no sea que estemos recortando o rechazando proyectos que desde el punto de vista de la recuperación y de la salida de la crisis sean realmente partidas claves, porque tal y como lo planteó nuestro portavoz la semana pasada, no solo se trata de apagar el incendio de la crisis -que sí-, sino que se trata también de sentar las bases para un crecimiento económico lo más sólido posible de cara al futuro.


El señor PRESIDENTE: Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: También quiero preguntarle de dónde van a salir los 1.500 millones y hacerle una sugerencia. Creo que, a las alturas del año en que estamos, podríamos revisar el cheque de los 400 euros, lo que queda por dar, y ganaríamos mucho más que esos 1.500 millones. Lo digo porque no sirve y, por tanto, por qué no, Lo digo para aportar propuestas e ideas en positivo, a ver si es factible. Segundo elemento, usted dice: Puedo coincidir con usted, pero es que no hay

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margen, porque nosotros no compramos la titularidad de las entidades financieras sino que estamos comprando activos. Yo creo que se puede supeditar la compra de activos a determinadas condiciones, claro que sí,.
y si las entidades financieras utilizan esa compra de activos para solventar sus problemas de vencimiento y para tener dinero por el posible incremento de la morosidad, ustedes pueden supeditar esos activos que están comprando a determinadas condiciones. Ustedes han escogido un camino propio, distinto al de otros países, cuando decidían comprar activos. Bien, pero cuando uno escoge un camino propio puede poner esas condiciones que ustedes no han puesto. Nosotros lo que decimos es que sí hay margen para poner condiciones en ese íter que ustedes han escogido. Y no hace falta la vía legal. Usted me decía que debía pensar en la vía legal. No, simplemente poniendo requisitos en el pliego de condiciones para cuando compras un activo y más cuando te gastas 19.000 millones, que es margen de maniobra perdido a partir de la deuda que se ha emitido.
Tercer elemento, ICO. Podemos no estar de acuerdo respecto al ICO.
Entendemos que sí podríamos ir a un ICO minorista. Sabemos que tardaría tiempo. Usted dice que no porque tardaría tiempo y porque cree que no es oportuno. Pero es que el ICO podría imponer en los convenios con las entidades financieras un mínimo mensual de expedientes y cantidades con el objetivo de que esos convenios no quedasen en papel mojado. No hace falta que venga a las nuestras, pero hay medidas posibles que garantizan mayor crédito del que se está dando, y es lo que nosotros le planteamos.
Son medidas muy concretas sobre las que se podría avanzar y sobre las que entendemos que tendrían que dar esos pasos adelante.


El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez-Piñero.


La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Le voy a decir otra cosa, señor Montoro. Hay un punto en el que estamos de acuerdo. A nosotros nos preocupa la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por eso modificamos la Ley de Estabilidad Presupuestaria y por eso precisamente conseguimos en la etapa de crecimiento económico generar ahorro, reducir la deuda pública y tener mayor margen en esta etapa de crisis. Si a usted de verdad le preocupara la sostenibilidad de las finanzas públicas o, mejor dicho, al partido que usted representa, deberían predicar con el ejemplo donde están gobernando, porque sinceramente me parece muy demagógico que le preocupe la sostenibilidad de las finanzas públicas y que el Ayuntamiento de Madrid represente el 26 por ciento del endeudamiento de todas las entidades locales, cifra superior a la deuda de todas las capitales de provincia, y que el segundo ayuntamiento más endeudado sea el de Valencia. Pero más me preocupa aún la situación financiera de la Generalitat Valenciana, donde ha tenido que haber una sentencia del Tribunal Superior de Justicia para que a todos los proveedores que han reclamado deudas a la Generalitat Valenciana se las paguen, y solamente en intereses de mora ha condenado a 10 millones de euros. Si es de verdad consecuente, me encantaría que coincidiera con nosotros en esa preocupación y que incidiera en que allí donde gobiernan gestionen bien y de verdad hagan una política que contribuya a mejorar la capacidad de crecimiento de la comunidad autónoma o del ayuntamiento en cuestión.


Aquí lo importante es que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que se puede hacer de verdad para mitigar el efecto de la crisis y para salir mejor cuando se restablezcan las condiciones financieras. Hay que tener muy claro algo que yo comentaba anteriormente. No olvidemos que un treinta por ciento de los recursos a los que antes accedían fluidamente nuestras entidades financieras se ha secado, y ¿cuál es la política que está aplicando el Gobierno de España? Es la razonable: por una parte, a través de la línea de avales y a través del Fondo para la adquisición de activos, establecer condiciones de liquidez para ayudar a las entidades financieras a que puedan acceder a una financiación a la que antes no podían acudir; y por otra, la actuación que está llevando a cabo el ICO y que, como insistía, vamos a seguir todos de cerca. A todos nos llega la preocupación de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos que cuando acuden a la entidad financiera no están recibiendo la línea del ICO que esperaban. Hay entidades financieras que ya están funcionando; hay transparencia -en la página web del ICO se puede saber exactamente en cada línea qué entidades han conveniado-; hagamos todos posible que la información llegue y aquello que haya que corregir por supuesto que lo haremos. Creo que nadie tiene el prurito de decir que no se equivoca porque eso no sería razonable -todos podemos equivocarnos-. Lo importante es la estrategia, el diagnóstico, el análisis riguroso, la evaluación y el seguimiento de las políticas e ir corrigiendo aquello que se vea que es mejorable. Por ejemplo, quiero poner en valor la modificación que se ha introducido en el último Consejo de Ministros para que tenga más eficacia la moratoria de las hipotecas y la posibilidad de ampliación del plazo de los créditos con la línea del ICO en moratorias.


Vuelvo a hacer un llamamiento: trabajemos juntos de verdad por este país, que podemos hacer y ponernos de acuerdo en cosas, y hagamos las reformas que necesitamos para ser más productivos y más eficientes porque las condiciones las tenemos.


El señor PRESIDENTE: Terminaremos con la intervención del señor Solbes.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Montoro, le haré dos comentarios. Si ha subido más el déficit por cuenta corriente, no olvide usted tampoco la evolución del precio del petróleo durante este periodo y algún otro factor que usted conoce bien. Segundo, ya sabemos que teníamos un problema de endeudamiento internacional

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del déficit por cuenta corriente, pero no me haga usted una cierta trampa y no me ponga en el análisis actual la situación del principio de la crisis en el año 2007, cuando estábamos hablando todavía todos de una crisis mucho más limitada de la que hemos tenido posteriormente y una crisis en la que no se contaba todavía con un cierre total de la financiación internacional.


A partir de ahí, claro que estamos cumpliendo con la legalidad. Lo que le he dicho es muy claro. Por supuesto, el supervisor es el Gobierno, pero el Ministerio de Economía y Hacienda no está en las negociaciones, si es lo que usted me está planteando. Las negociaciones las llevan las entidades financieras entre ellas cuando lo estiman oportuno. Es cierto que el Banco de España, como delegado del Ministerio de Economía y Hacienda o del ministro en estos temas, está al corriente de ese tipo de actuaciones. Cuando digo que vamos a cumplir con la legalidad vigente, me refiero a que no es la primera vez que se da una situación de este tipo y por lo tanto estamos aplicando exactamente el mismo procedimiento y las mismas normas, bien conocidas por parte de todos. Le agradezco que apoyasen las medidas de octubre; me gustaría que apoyasen algunas otras.
Creo que hay margen para apoyar otras y para trabajar en algunas cosas conjuntamente.


Señor Azpiazu, gracias por sus comentarios. ¿De dónde vamos a sacar los 1.500 millones de euros? Lógica y prioritariamente del capítulo 2 y de transferencias. Es verdad que en algunos casos las transferencias chirrían y plantean algún problema concreto, pero esos son los márgenes de los que creemos que disponemos en este momento.


Señor Herrera, tomo nota de su petición sobre los 400 euros. No sé por qué dice usted de forma contundente que los 400 euros no sirven. Creo que podemos discutir si el impacto en términos de demanda puede ser mayor o menor, puede ser el óptimo, pero yo no me atrevería a hacer una afirmación tan categórica como la suya.


Querría terminar casi con las palabras de la portavoz del PSOE. Creo que tenemos muchas cosas que hacer. En conjunto, creo que el momento vale la pena. Desde luego, mi disposición es total para poder trabajar de forma coordinada, porque creo que daría el mejor resultado para todos.


El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.


Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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