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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 105, de 09/10/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 105
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
Sesión núm. 4 celebrada el jueves 9 de octubre de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. (Número de expediente 121/000009.)... (Página 2)

- De la señora secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (Rumí Ibáñez). A petición de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) (número de expediente 212/000153), Socialista (número de expediente 212/000212) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000264)...
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De la señora secretaria general de Empleo (Rojo Torrecilla). A petición de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) (número de expediente 212/000155), Socialista (número de expediente 212/000214) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000266)

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y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (número de expediente 212/000129)... (Página 16)

- Del señor subsecretario de Trabajo e Inmigración (González Gallardo). A petición de los Grupos Parlamentarios Socialista (número de expediente 212/000213) y Popular en el Congreso (número de expediente 212/000263)...
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Se abre la sesión a las diez de la mañana.


COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2009. (Número de expediente 121/000009.)

- DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (RUMÍ IBÁÑEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (número de expediente 212/000153), SOCIALISTA (número de expediente 212/000212) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000264).


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar esta sesión dedicada a las comparecencias informativas sobre los Presupuestos Generales del Estado de la Comisión de Trabajo. En primer lugar, señora Rumí, muchísimas gracias por su comparecencia y bienvenida a la Comisión. Quiero recordarles a los portavoces que, según acordamos el otro día en la reunión de Mesa y portavoces, primero intervendrán los portavoces solicitantes: en primer lugar lo hará el portavoz del Partido Popular, luego el portavoz de Convergència i Unió, y terminará el turno el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a continuación la secretaria de Estado responderá a las preguntas que se formulen en las intervenciones de los portavoces. Si les parece a ustedes, sin más demora, iniciamos la sesión.


En primer lugar, tiene la palabra don Rafael Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: En primer lugar, quiero aprovechar mis palabras para agradecer su presencia, señora Rumí; nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos tenido la fortuna de compartir circunscripción y espero que eso siga siendo así en próximas convocatorias electorales, por lo que quiero darle la bienvenida. Usted es una persona con enorme experiencia en materia de inmigración, y estoy seguro de que va a saber algunas cosas, muchas más cosas que yo, de estos presupuestos, y en ese sentido van orientadas mis preguntas. Sabe usted que es la primera vez que comparezco, en este caso desde el otro lado de la Mesa, para resolver este tipo de cuestiones, y seguro que hay cosas que se me escapan y que usted será capaz de darme oportuna y cumplida respuesta.


Me ha parecido llamativa la existencia de un programa de coordinación en materia de extranjería e inmigración; esto es absolutamente necesario y cada día más. Desde el tiempo que llevo aquí he notado que existe una tremenda descoordinación entre las distintas organizaciones o estamentos del propio Gobierno en materia de inmigración, de tal forma que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la inmigración que están totalmente diseminadas y distribuidas por los distintos ministerios. Sé que hay una vicepresidenta que coordina teóricamente una comisión para ordenar todo esto, pero hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de que comparezca en el Parlamento para explicarnos en qué consisten sus funciones de coordinación. Me alegro de que haya un programa, el 231.N, con 8,1 millones de euros para el próximo año destinado a coordinación.
Me gustaría que me diera una explicación un poco más exhaustiva sobre qué tareas son las que realmente se coordinan, si es la coordinación interna del Gobierno, si es la coordinación interna o externa del Gobierno con las comunidades autónomas y ayuntamientos o con organizaciones no gubernamentales, y cuáles son las tareas en ese sentido.


Por lo que se refiere al propio Gobierno, lo que sí he visto a lo largo de este tiempo es que más que coordinación existe a veces incluso descoordinación, elusión de responsabilidades y codazos, por qué no decirlo; hay que ser realista. Pero me va a permitir que, antes de pasar a preguntas concretas de cada uno de los programas, dé unos datos a esta Comisión. En el año 2007 en España hubo un millón más de personas extranjeras empadronadas. El Gobierno expidió 970.000 tarjetas de residencia nuevas en nuestro país, es decir, casi el 20 por ciento del total de las tarjetas de residencia que existen en este momento en vigor.
De los 5,2 millones de extranjeros que viven en España y que están empadronados, 3,5 entraron en los últimos cuatro años. Al finalizar el año 2003 había 1.650.000 tarjetas de residencia; al finalizar el año 2007 había 3.979.000 tarjetas de residencia, y en los tres primeros meses del año 2008 ya se habían concedido 215.000 nuevas tarjetas de residencia. Me gustaría, si fuera posible, que nos determinara la señora secretaria de Estado cuáles son las previsiones que tienen

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para el año 2008 en lo que se refiere al número de nuevos empadronados y al número de nuevas tarjetas de residencia que piensa expedir el Gobierno durante este año, y lo mismo para el año 2009. Además me gustaría, si es posible, que nos pudieran determinar o diseccionar si esas tarjetas tienen que ver con el arraigo, con el agrupamiento familiar o con los contratos en origen. Hoy he visto una noticia en la prensa en la que se nos anuncia que no se van a poder contratar en el extranjero personas de determinadas profesiones, como camareros o empleadas del hogar. Me gustaría que, antes de hacer este tipo de afirmaciones, se explicara a la población española cuántas personas realmente en origen, en origen, han sido contratadas bajo esas modalidades de contrato. Quiero decir en origen -insisto en esta palabra-, porque me gustaría que el Gobierno fuera capaz de explicarnos cuántos de los 250.000 contratos que se hicieron en origen el año pasado, según el presidente del Gobierno, fueron realizados a personas que estaban realmente en sus países de origen, y no a personas que estaban en España y luego fueron sencillamente contratadas aquí, bajo el fraude del contrato en origen. Me da la sensación de que más del 80 por ciento de esos contratos fueron realizados a personas que ya estaban aquí, y que fueron sencillamente regularizadas a través de este sistema.


Señora secretaria de Estado, señora Rumí, en España a 1 de enero de 2008 éramos 46 millones de habitantes, de los que 5,2 son extranjeros, es decir, el 11,3 por ciento. En Alemania, de 82,2 millones de habitantes son extranjeros el 7,3, es decir, el 8,8 de la población. En Francia, 63,7 millones de habitantes, 5 millones de extranjeros, el 8,1. Gran Bretaña, 61,2 millones de habitantes, 5,6 millones de extranjeros, el 9,3 por ciento. En España estamos dos puntos por encima, en términos absolutos, de inmigrantes extranjeros y esas cifras se han alcanzado a lo largo de estos cuatro últimos años. Por eso es tan importante lo que le decía antes de conocer qué previsiones tiene el Gobierno de incremento de población en este sentido. Eso también tiene que ver con un asunto importante. Usted sabe que el presidente del Gobierno ha hecho alarde hace poco tiempo en esa categoría suya de profetizar lo que va a suceder de que el peor dato de paro del Gobierno socialista iba a ser siempre mejor que el mejor dato de paro del Gobierno del Partido Popular. Hemos visto que esa profecía se ha incumplido. Pero hecho otra profecía recientemente en la ONU, diciendo que en Italia estaban muy rabiosos porque nuestra renta era superior a la de los italianos en términos de renta per cápita, y que el señor Sarkozy estaba enormemente preocupado porque nos acercábamos a Alemania. Si tenemos en cuenta que las previsiones de crecimiento para el próximo año, según el Fondo Monetario Internacional, van a ser del menos 0,2 por ciento del producto interior bruto, y sin embargo seguimos teniendo incrementos de población superiores al 2 por ciento anual, me parece que en este caso la profecía del señor Zapatero respecto a la rabia o a la preocupación de otros países se va a convertir, una vez más, en otra profecía de esas que acaban tan pronto. Quiero enlazar esto con el tema del empleo.


El Gobierno ha previsto que para el año que viene haya un 12,5 por ciento de paro, es decir, que nos acerquemos a los 2.900.000 parados; ahora estamos en 2.600.000 parados, de ellos 360.000 son inmigrantes, la tasa de cobertura por desempleo en inmigrantes es del 51 por ciento. Me gustaría saber qué cálculos han hecho sobre el número de inmigrantes que se van a ver afectados por el desempleo para el próximo año, si tienen una previsión, qué tasa de cobertura en prestación por desempleo prevén, de qué forma el plan de retorno recientemente aprobado va a aligerar esa situación de desempleo, y si tienen evaluados los costes de dicho plan y cuántas personas aproximadamente tiene previsto el Gobierno, si es que ha hecho alguna previsión, que se vayan a acoger, no los presuntos beneficiarios, sino las que el Gobierno ha estimado que realmente se van a acoger a este nuevo plan. Digo esto porque el programa 231.B, que contempla acciones a favor de los inmigrantes, se reduce un 2,5 por ciento. Si cada vez tenemos más inmigrantes y su situación de precariedad es cada día mayor, no se entiende muy bien esta reducción prevista para el año próximo.


En otro orden de cosas, quería hablar en primer lugar de las expulsiones.
El Gobierno ha alardeado en los últimos años de que ahora se hacen más expulsiones que nunca. Evidentemente, entra mucha más gente que nunca, y no sé si el Gobierno a día de hoy tiene una estimación de cuántos inmigrantes ilegales hay en nuestro país, porque este dato nos ayudaría a la hora de elaborar las enmiendas o de posicionarnos finalmente respecto a la utilidad de este presupuesto. Nos gustaría conocer la previsión presupuestaria, ya que usted coordina la inmigración, con respecto a las expulsiones. A lo largo de los últimos tiempos hemos tenido noticias del coste de algunos de estos viajes de expulsión, y queremos conocer las previsiones presupuestarias que ha hecho el Ministerio del Interior que supongo que usted conocerá sobre esta materia, cuántas personas prevén que puedan ser expulsadas al finalizar 2008, según lo que llevamos viendo este año, el coste de las mismas y las previsiones para 2009.


Otro de sus programas es el referido a la política de integración de los inmigrantes, el programa 231.H, que fue incorporado por primera vez el año pasado, a través de una enmienda, y en el que este año también se contempla una reducción real con respecto a las cifras del año pasado. Da la sensación de que ustedes están continuamente invitando, en esta como en tantas otras materias, y al final quienes pagan todo son los ayuntamientos y las comunidades autónomas. En este sentido, en este programa de integración hay una caída de las dotaciones para los ayuntamientos que a nosotros nos preocupa, también para las organizaciones no gubernamentales, y sin embargo hay un incremento de los gastos de personal muy importante, se triplican los gastos de personal, y nos gustaría que nos explicara las razones. En estos

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momentos todo el mundo prevé que se van a incrementar los gastos de los ayuntamientos en atención social, y que se van a aumentar y se están aumentando los gastos de las comunidades autónomas debido al crecimiento de la población, que ustedes han incentivado, permitido, consentido y alentado, como hemos visto por los datos ofrecidos anteriormente, y nos gustaría que nos explicara a qué se deben estas caídas en las aportaciones a los ayuntamientos y, si es posible, nos gustaría que nos explicara también si a lo largo de 2008 o en lo que prevén de 2009 va a incrementarse el número de plazas en centros de menores, si se van a construir centros de menores, y lo mismo con respecto a los centros de internamiento. Las inversiones del Ministerio del Interior en nuevas instalaciones caen un 29 por ciento, pero no sé si al final esas instalaciones corren a cargo del Ministerio de Trabajo y de usted o del Ministerio del Interior. Quisiéramos saber de qué forma se van a ver afectados los centros de menores y los de internamiento.


Me gustaría conocer, si es posible, qué partidas de cooperación, dentro de la ayuda oficial al desarrollo, cree usted que se van a destinar para el próximo año a convenios internacionales para favorecer el control de fronteras en los países de origen. Sé que le estoy haciendo algunas preguntas a las que quizá usted no me pueda responder ahora, y le agradecería que en los próximos días, tomando notas, nos pudiera enviar la contestación. Sé que algunas cuestiones no son de su competencia directa, pero, como usted es la secretaria de Estado de Inmigración, seguro que está informada de ello y podría hacer llegar a la Comisión esos datos de forma inmediata. El tema de la cooperación dentro de la ayuda oficial al desarrollo es muy importante. Se ha hablado mucho de la ayuda oficial a países terceros, pero usted sabe que en estos momentos la cooperación al desarrollo la están haciendo mucho más los inmigrantes a través de las partidas de las remesas que la ayuda oficial al desarrollo.
No obstante, nos gustaría saber, dentro de la ayuda oficial al desarrollo, si va a haber un cambio, si se está orientando hacia países origen de la inmigración ilegal, y de qué forma pretenden ustedes coordinarse con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que haya una política eficaz en esta materia.


Hace poco solicitábamos datos en el Parlamento sobre otro tema muy preocupante: los dramas que desgraciadamente se siguen produciendo, con muertes en pateras. Nos daban una contestación en el mes de agosto de la que se desprendía que en el mes de mayo ya no tenían información sobre esto, ni sobre el número de pateras ni sobre el número de muertos en pateras. Si es posible, nos gustaría que actualizaran esos datos hasta el mes de septiembre, ya que este verano desgraciadamente ha sido pródigo en estas cuestiones, sobre todo para intentar ver la evolución y comparar con otros años.


En definitiva, los programas que ustedes traen aquí son programas que, por lo que se refiere al título, están bien intencionados, pero dudo que de verdad puedan servir para gran cosa. Al final, unos presupuestos como estos, en situación de crisis, que evidentemente son a la baja, si por lo único por lo que se caracterizan es por el incremento del gasto de personal, poca cosa vamos a conseguir. Ese no es el camino. Hay que actuar en otras cuestiones y en otros campos que tienen que ver con un mayor control de los flujos migratorios, con romper y acabar ya con esa política de puertas abiertas, de regularizaciones masivas de forma continua, que lo único que hacen es provocar problemas a los inmigrantes que ya están aquí y, en situación de crisis, también a los españoles. Por eso no me gustan nada esos discursos en los que al final desde la propia Administración puede dar la impresión de que el problema está en los contratos de origen, y no solo está en los contratos de origen, porque, si estos se hicieran solo en los países de origen, las cosas no serían como son. Desgraciadamente no se ha hecho así, se ha utilizado esa figura para blanquear situaciones de personas que ya estaban aquí, y eso no es positivo. Si en estas cuestiones, en vez de tener sentido común y actuar conforme a lo que decimos, lo hacemos con demagogia, poca cosa conseguiremos y poca tranquilidad daremos a una sociedad española que hace cuatro años pensaba que la inmigración era la novena preocupación, y ahora piensa que es la tercera.


Por último, dígale usted al ministro del Interior que fenómenos como los de Almería no se dan todos los días en Francia ni en Italia. No tiene nada que ver y usted lo sabe mejor que yo, que se dedica más a ello. Ese no es un buen mensaje para que nos pongamos ya la venda antes de la herida.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene el uso de la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: También quiero dar la bienvenida a la señora Rumí a esta Comisión, que ya conoce perfectamente.


En relación con el proyecto de ley de presupuestos le voy a plantear seis cuestiones que quizás también exceden del ámbito de responsabilidad de la secretaría de Estado, pero que me parece necesario plantearle en esta comparecencia, entre otras cosas porque a lo largo de los años hemos ido configurando una referencia política en materia de inmigración, con la creación de una secretaría de Estado con vocación de impulsar el conjunto de las políticas del Gobierno en este campo, y en esta legislatura incluso se ha incorporado en el título del ministerio esa referencia a la inmigración, y supongo que eso expresa una voluntad del Gobierno no tan solo de dar visibilidad a esta política, sino también de expresar la vocación de este ministerio de impulsar y coordinar, en el marco del Gobierno, el conjunto de las actuaciones políticas de la Administración General del Estado. Por tanto, insisto, voy a plantearle cuestiones que quizás excedan estrictamente de su ámbito, pero que sería razonable pensar que la secretaría de Estado conoce.


En primer lugar y en la perspectiva de la reforma en los próximos meses de la Ley de Extranjería, creo que

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todos somos conscientes de que nuestros servicios públicos en el ámbito de la inmigración están muy lejos de contar con la eficacia con la que cuenta la Agencia Tributaria o con los instrumentos de la Seguridad Social. Estamos muy lejos de tener la eficacia en la gestión administrativa de los procedimientos que tienen esas otras dos administraciones, como decía la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
No vemos en los presupuestos -ni este año ni los años anteriores- el esfuerzo por parte de la Administración General del Estado necesario para conseguir en materia de inmigración un modelo rápido, eficaz, seguro, transparente y claro que dé al extranjero que pretende llegar a España, al empleador que pretende contratar a una persona, al ciudadano extranjero que pretende renovar su permiso de residencia o de trabajo, y al ciudadano extranjero que pretende reagrupar a su familia, un procedimiento administrativo que sea adecuado, rápido, seguro y no sometido a la arbitrariedad de la Administración. Continuamos recibiendo quejas de empresarios que tienen dificultades para contratar en origen, de lentitud para esa contratación, especialmente para pequeños y medianos empresarios, y tenemos numerosísimas quejas de ciudadanos extranjeros que pretenden renovar su propia documentación o ejercer su derecho a la reagrupación familiar, y que no se encuentran con una administración eficaz. Por tanto, se requiere la modernización de la gestión de la inmigración, desde la perspectiva de que una modificación de la ley, si no va acompañada de esa inversión en el funcionamiento de los servicios de la Administración General del Estado, de poco nos va a servir para tener una política más seria, más rigurosa y más justa; además, señora Rumí, desde la perspectiva de la creación o no de una agencia de migraciones, que nos gustaría conocer si en las previsiones del Gobierno la creación de esa agencia está prevista.


En segundo lugar, por lo que nos ha parecido leer en el presupuesto -digo nos ha parecido; quizás nos hemos equivocado-, los recursos que se destinan a las políticas de integración, y que luego se transfieren a las comunidades autónomas y ayuntamientos, disminuyen. Nos gustaría que nos aclarase ese hecho porque nos parecería preocupante que, en un contexto difícil como en el que vamos a entrar en los próximos meses, las políticas de integración y de acogida no mantuviesen un ritmo de crecimiento sostenido e importante, como convendría. Al mismo tiempo también le planteo si el Gobierno tiene ya un balance de los programas que se han financiado a cargo de estas partidas.


En tercer lugar y en relación con Cataluña, previsiblemente a partir del 1 de enero del año que viene Cataluña va a gestionar la autorización inicial del permiso para trabajar en España, en cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Qué traspaso de funcionarios y de medios contempla el Gobierno para dar cumplimiento a esa asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de Cataluña?

En cuarto lugar, el jueves pasado convalidamos el Real Decreto de retorno voluntario de trabajadores extranjeros en desempleo. Esa misma tarde hubo una comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo de esta Cámara, y observamos unas ciertas dificultades -ideológicas incluso- por parte del ministro de Asuntos Exteriores para observar ese programa como una oportunidad en clave de desarrollo de políticas de codesarrollo, valga la redundancia. Continuamos viendo que las políticas de desarrollo y las políticas de inmigración, existiendo ya programas como ese específico de retorno voluntario, siguen sin integrarse ni vincularse, y eso nos preocupa porque nos parece que esa medida que convalidamos el pasado jueves, si fuésemos capaces además de vincularla a proyectos de microcrédito y a algunas iniciativas en el ámbito de la orientación productiva de las remesas de trabajadores extranjeros, esa medida, que va a tener previsiblemente un impacto limitado, podría ser reforzada de manera significativa. No vemos que esta medida esté integrada con las políticas de codesarrollo en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.


En quinto lugar, nos gustaría conocer también las previsiones de continuar los programas con la OIM de retorno de inmigrantes en situación irregular. ¿Qué previsiones presupuestarias tiene el Gobierno en relación con esa cuestión? También queremos conocer, por último, la previsión de coste de expulsiones, retornos y devoluciones durante el año que viene.
Nos parece que son informaciones que nos pueden permitir en los próximos días precisar con mayor exactitud nuestras enmiendas parciales al proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para finalizar esta primera ronda de intervenciones, tiene la palabra doña Concha Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señora secretaria de Estado, bienvenida a la Comisión.


Querría comenzar mi intervención recordando uno de los hitos más importantes de las políticas de inmigración de los gobiernos socialistas, que es precisamente la relación de la inmigración con el mercado de trabajo y el establecimiento de los mecanismos para los sistemas de entrada en el mercado laboral, a través de los acuerdos tripartitos institucionalizados, que lógicamente son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a la situación actual. Esto además ha permitido establecer una filosofía de integración basada en igualdad de derechos y obligaciones, y por tanto ante la situación económica actual y las previsiones sobre todo en el ámbito del empleo nos cabe plantear que lógicamente los inmigrantes van a verse afectados, como el resto de los españoles, por la situación en el mercado de trabajo, y nosotros queremos garantizar que el conjunto de medidas que hay en relación con las prestaciones por desempleo y con las políticas activas de empleo se dirijan no solamente a los nacionales, sino por supuesto también a los

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inmigrantes. Quiero poner esto en relación con el real decreto-ley convalidado recientemente por la Cámara, por una inmensa mayoría de grupos que lo han apoyado y que creo que es una opción más, teniendo en cuenta la mayor vulnerabilidad del inmigrante y además la posibilidad de ligar estas medidas con la filosofía de cooperación al desarrollo, a la que alguno de los anteriores intervinientes ha hecho referencia.


Centrándonos en la partida presupuestaria de su departamento, la primera pregunta que quiere formular el Grupo Parlamentario Socialista, dado que estamos en una situación de crisis, es cómo se han aplicado en su departamento estos criterios de austeridad y de control del gasto público, cómo se garantiza la protección social, y qué criterios de reparto presupuestario ha habido. Evidentemente la partida de los 444 millones de euros supone un volumen importante de recursos, sobre todo si vemos la evolución que ha experimentado en los últimos años, que se ha multiplicado por tres veces.


En cuanto a los programas específicos de su departamento, concretamente en la Dirección General de Inmigración el programa 231.N vemos que se incrementa más de un 2 por ciento, y que efectivamente va dirigido a la canalización de flujos migratorios, la cooperación con terceros países o la lucha contra la inmigración ilegal. Suponemos que hay otras partidas en otros departamentos, fundamentalmente del Ministerio del Interior, del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Administraciones Públicas, que vienen a completar una actuación mucho más amplia de toda la Administración en relación con esta problemática. Hemos observado una variación en el capítulo 4 en relación con el 7, y quizá usted pueda explicarnos a qué se debe ese cambio de partida.


En cuanto al programa de integración, el 231.H, querría poner de manifiesto que desde el año 2005 este programa es uno de los pilares de la política socialista en relación con la inmigración, y que representa más del 67 por ciento del presupuesto de su departamento. Me gustaría hacerle varias preguntas en relación con esta política específica. En primer lugar, observamos que se mantiene la partida de los 200 millones para el fondo de integración, y que por tanto se consolida. Me gustaría saber la valoración que hace la secretaria de Estado en relación con el funcionamiento de este fondo.


En segundo lugar, hay que recordar que el Gobierno ha aprobado el Plan estratégico de integración y ciudadanía 2007-2010, que ha habido una conferencia sectorial de comunidades autónomas y ayuntamientos, y que por tanto hay un proceso de participación importantísimo de las administraciones competentes en muchos de estos ámbitos. Me gustaría saber si las previsiones presupuestarias responden a los objetivos que se ha planteado el Gobierno en este plan. Respecto a la partida correspondiente a ayuda humanitaria nos gustaría saber cuál es la distribución de esos casi 59 millones de euros y los objetivos que se pretenden alcanzar. Por último, quisiera también hacer referencia al programa de emigrantes, el 231.B. En ese programa se mantienen los mecanismos de protección, se consolida la partida de 100 millones de euros para pensiones asistenciales y los compromisos derivados de la Ley 3/2005, de 11,5 millones de euros, para garantizar los mecanismos de asistencia sanitaria. Me gustaría saber si, además de esas partidas, por parte del Gobierno hay una previsión de desarrollo del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, de la Ley 40/2006. En esta intervención quisiera que respondiera a esas preguntas con carácter general.


El señor PRESIDENTE: Para responder a las preguntas formuladas por los portavoces de los grupos parlamentarios tiene la palabra la señora secretaria de Estado. Señora Rumí, cuando usted quiera.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Gracias a todos por sus intervenciones.


Voy a comenzar por el mismo orden en el que han intervenido los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Comparto con el portavoz del Grupo Popular que podamos en el futuro seguir compartiendo -valga la redundancia- la circunscripción. Será por el bien de la circunscripción -espero-, y espero que se sigan manteniendo los mismos resultados, es decir, que usted siga estando ahí y yo siga estando aquí. Nos conocemos desde hace muchos años y hemos intercambiado distintas responsabilidades y distintos papeles en la política, tanto local como nacional. Por otra parte, quiero decirle al señor Hernando que el programa 231.N, al que ha hecho referencia, es el programa, al menos desde que yo soy secretaria de Estado, que define las líneas estratégicas presupuestarias en el ámbito de inmigración. Efectivamente, como usted ha dicho, es nuevo en esta materia; se ha dedicado a otras materias en el pasado, y es normal que no conozca profundamente no solo la política de inmigración, sino el diseño, las estructuras que este ministerio tiene desde hace más de cuatro años.
La política de inmigración y las responsabilidades en materia de inmigración pasan al Ministerio de Trabajo -estaban en el Ministerio del Interior cuando el Partido Popular gobernaba- por ese diseño de política de inmigración integral y global que venimos desarrollando, y sobre todo por una vinculación clara, compartida por los agentes sociales, sindicatos, patronal, empresarios, comunidades autónomas, ayuntamientos, y también por la mayoría de esta Cámara, y es que la inmigración legal y ordenada, que es la que estamos fomentando y por la que estamos trabajando, tiene que tener una vinculación clara y evidente con el mercado laboral. Por tanto, el departamento en el que debían desarrollarse y en el que debían diseñarse las políticas con respecto a ella tenía que ser el Ministerio de Trabajo.


A partir de ese traspaso de competencias del Ministerio del Interior al Ministerio de Trabajo se crea la Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración para diseñar las políticas referidas a los movimientos migratorios, con tres direcciones generales: la Dirección General de Inmigración, a la que hace referencia este programa; la Dirección

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General de Integración, y la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que ya no se llama de Emigración. Además aparece en el decreto de estructura que la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, dentro del Ministerio de Trabajo, hoy del Ministerio de Trabajo e Inmigración, tiene las competencias para coordinar las distintas acciones que se han de desarrollar entre distintos departamentos para conseguir los objetivos que nos hemos marcado, que fundamentalmente tienen tres grandes pilares: el primero de ellos, la lucha contra la inmigración clandestina, que recae fundamentalmente en el Ministerio del Interior, pero donde el área de inmigración tiene mucho que decir en cuanto a los convenios de flujos y a la organización de esos convenios de segunda generación que se desarrollaron durante la anterior legislatura; la integración de los inmigrantes, que ha sido una prioridad durante toda la legislatura pasada y que lo sigue siendo en esta legislatura, como además reflejan los presupuestos, teniendo la partida más importante de esta secretaría de Estado; y dar una respuesta concreta y acorde con lo que se merecen los españoles que residen fuera de nuestras fronteras, porque son españoles y por tanto tienen los mismos derechos, reconocidos ahora ya, desde la legislatura pasada, a través de una ley, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, y por tanto derechos subjetivos como cualquier otro español, algo que no ocurría hasta que se aprobó la ley por esta Cámara, ya que las necesidades de los españoles, se cubrían solo si había dotación presupuestaria. Esos tres grandes pilares son en los que hemos venido trabajando, junto con otros ministerios, fortaleciendo lazos, por ejemplo con el Ministerio de Asuntos Exteriores -aquí se ha hecho referencia por distintos portavoces a la importancia que tiene esa colaboración con un ministerio-, y no solo con la Secretaría de Cooperación al Desarrollo, sino con otros departamentos del ministerio para hacer posible esa política integral y global que venimos desarrollando, y que venimos defendiendo y trabajando en la Unión Europea.


Me he permitido esta licencia, que no corresponde a esta comparecencia, porque estamos en la comparecencia de los Presupuestos Generales del Estado. No voy a faltar a esta Cámara ni al resto de los portavoces hablando de temas que no corresponden a esta comparecencia, pero me he permitido esta pequeña licencia para que el señor Hernando entienda algunas cosas que aún no entiende. No hay descoordinación; hay coordinación no solo desde este departamento del Ministerio de Trabajo, sino en el máximo nivel, que corresponde a la vicepresidenta, y en temas que afectan a cuestiones no solo nacionales, sino internacionales. Lo que sí es cierto -y aquí no lo he oído por parte del señor Hernando- es la complejidad del fenómeno migratorio. Desde luego es un fenómeno donde la demagogia, las especulaciones y las previsiones aleatorias sobran, y lo que se necesita es trabajar seriamente y hacer posible que los instrumentos que tenemos diseñados -y otros más que habrá que diseñar- funcionen para agilizar las metodologías que hagan falta para que las personas que sigan siendo necesarias puedan venir de forma legal y ordenada, y también ordenar los flujos migratorios, controlar nuestras fronteras -como lo estamos haciendo-, y trabajar en el marco internacional -no solo en el europeo, sino también en el internacional- para que un fenómeno de esta complejidad y de esta sensibilidad esté fuera de las especulaciones y de la confrontación política, que no nos beneficia y nada bueno nos puede dar.


Dicho todo esto, me gustaría decir de manera general -por la intervención del portavoz de Convergència i Unió- que el presupuesto tiene una cantidad -como ha recordado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- de casi 445 millones de euros. Sigue siendo una cantidad muy importante, teniendo en cuenta que cuando asumí esta responsabilidad el presupuesto era de 131 millones. Ese aumento de más del 225 por ciento pone de manifiesto la importancia y el compromiso político del Gobierno en materia migratoria. ¿Ha habido ajustes en este presupuesto? Claro que los ha habido, y se han hecho en función de los objetivos y de las prioridades que tiene la secretaría de Estado. Estos ajustes están vinculados a la situación internacional que vivimos y que afecta a nuestro país pero estos ajustes -ya lo han dicho el presidente del Gobierno y el ministro de Trabajo- no van a afectar al gasto social ni a los compromisos sociales que tiene el Gobierno y esta secretaría de Estado.


En cuanto al programa 231.N al que ha hecho referencia y que me ha demandado que le explicara, le diré que tiene que ver con el área de inmigración y tiene unos objetivos muy claros: canalizar los flujos migratorios, llevando implícito la mejora de los mecanismos de gestión del empleo; la gestión eficaz del régimen de extranjería, y la cooperación con los países de origen de los inmigrantes, mediante los acuerdos de formación, de selección y de contratación de trabajadores en origen, así como los convenios de asistencia técnica y financiera; la lucha contra la inmigración irregular, en el ámbito que nos compete, a través de la firma de acuerdos de readmisión de personas en situación irregular y de convenios de asistencia técnica y financiera en materia de gestión de la inmigración, y la cooperación en la formación del capital humano, los retornos voluntarios, las remesas de dinero, y las compensaciones derivadas de las contrapartes de los acuerdos de flujos laborales y de readmisión. Como consecuencia de todo ello, se han firmado convenios de regulación y ordenación de flujos migratorios con Bulgaria, Colombia, Ecuador, Marruecos, República Dominicana, Rumanía, Mauritania, y además se están desarrollando actualmente proyectos piloto -nuevo instrumento con rango de acuerdo internacional- para ver cómo funcionan estas experiencias con países como Argentina, El Salvador, Filipinas, Honduras y Paraguay. En los acuerdos que he denominado al inicio de mi intervención como convenios de segunda generación, además de hablar de contratación en origen, se habla también de los compromisos de readmisión o repatriación de las

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personas procedentes de esos países que llegan a nuestro país de forma irregular, y hay acuerdos con Gambia, Guinea-Conakry, Cabo Verde o Mali, que estaban estaba dentro de los compromisos del Plan África 2006-2008, aprobado por el Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La partida de este programa es de 8.654.080 euros y se mantiene en el tiempo. Respecto a ella me preguntaba si había habido un ajuste. No, en esta partida no ha habido ajustes; se mantiene el presupuesto global. Lo que sí ha habido es una reorganización dentro del presupuesto. Ha habido un traspaso del capítulo 4 al capítulo 7 de 750.000 euros, destinados a subvenciones, organizaciones agrarias, migraciones internas, y todo lo relacionado con el apoyo y alojamiento para los trabajadores temporeros. Se produce esta transferencia del capítulo 4 al capítulo 7 porque al ser subvenciones nos parecía más correcto que estuvieran en ese capítulo.


Después ha mencionado una serie de temas que no corresponden a esta comparecencia, como el empadronamiento, las tarjetas de residencia, los números de empadronados, si los contratos en origen son todos en origen o no, los datos de otros países de la Unión Europea, el retorno, las expulsiones y los gastos de personal; este último sí es del presupuesto.
Estaré encantada de comparecer las veces que esta Cámara lo solicite para hablar de la política de inmigración que está desarrollando el Gobierno, porque necesitaría una comparecencia para aclarar algunos de estos temas y de estos conceptos, que no deben ser comparados, porque podríamos caer en un grave error, porque estoy segura, señor Hernando, de que usted no quiere incurrir ni en la demagogia ni en los errores a sabiendas. Lo que sí le voy a decir es que el número de personas empadronadas da cuenta del número de personas que se han empadronado, pero no del número de personas que residen en nuestro país. Una persona puede estar empadronada aquí y ni siquiera haber vivido alguna vez aquí, por una ley que procede de hace muchos años. Deberíamos reflexionar aquí conjuntamente sobre si para poder empadronarse se necesita que una persona vaya físicamente a hacerlo, y no lo haga a través de Internet. Por tanto, puede haber vivido aquí y ya no hacerlo, sin haberse dado de baja o puede que no haya pisado suelo español y estar empadronada, debido a las bajas que los ayuntamientos no comunican. No se puede comparar esto con el número de tarjetas de residentes legales que existen en nuestro país. Son dos estadísticas que se nutren de fondos diferentes, y por tanto no pueden ser comparadas. El número de tarjetas de residencia, es decir, de personas que residen legalmente en nuestro país, es una estadística que realiza el Ministerio de Trabajo e Inmigración, es de más de 4,5 millones de personas, y estas personas son las que están autorizadas a residir y trabajar en nuestro país. Pero hay personas que están legalmente en nuestro país que pueden estar empadronadas -le doy otro dato que puede aclarar ciertas confusiones- y que no tienen por qué tener una tarjeta de residencia. Por ejemplo estudiantes, trabajadores extrafronterizos o los ciudadanos de la Unión Europea. Por ello no podemos comparar estas dos estadísticas, porque caeríamos en un error de una gran envergadura. El número de tarjetas existentes actualmente es de más de cuatro millones, y esto significa aproximadamente un 10 por ciento de la población extranjera residente en nuestro país.


Los contratos en origen. La cifra de contratos en origen que damos, porque la damos cada vez que nos lo solicitan, es efectivamente de personas que han sido contratadas en origen, porque un empresario, un empleador ha demandado a una persona para trabajar y se le ha autorizado. A partir de ahí se comunica al consulado el visado, tiene un mes para venir, etcétera, es decir, todo el procedimiento. Por tanto, los datos que damos de contratación en origen son de personas que vienen desde su país de origen. No se está enmascarando nada, porque el procedimiento actualmente no lo permite. Precisamente por eso se hizo la reforma del reglamento de la ley, porque entonces, hace más de cuatro años, sí se podía enmascarar esta situación; hoy no es posible enmascararla. Por tanto, cuando una persona viene por contrato en origen viene contratada en origen. Si su situación se normaliza a través de una de las figuras que aparecen en la ley o en el reglamento, como es el arraigo, si esa persona está en nuestro país normaliza su situación a través de esa figura, que como digo tanto la ley como el reglamento tienen establecida; pero si hablamos de un contrato en origen no se enmascara nada y como le estoy diciendo queda claro que es un contrato realizado en el país de donde procede esa persona.


Me preguntaba por las previsiones sobre el paro y la tasa de desempleo.
Esto es muy difícil. Ya le he dicho que yo no hago especulaciones, ojalá que sean las mejores que podamos hacer, y estoy segura, señor Hernando, de que usted se alegrará lo mismo que yo de que sean las mejores que se puedan hacer. Ha dado una cifra de extranjeros en desempleo que no coincide exactamente con la que yo tengo, del último dato del paro registrado, pero tampoco vamos a discutir sobre este tema. Le puedo decir que el último dato del paro registrado que tengo es de 266.458 personas, de las cuales extracomunitarios, es decir, que no pertenecen a la Unión Europea, son 187.416, y fundamentalmente están en el sector servicios y en el sector de la construcción, como todos conocemos, porque forma parte de la situación que se está viviendo. No lo ha dicho usted pero lo voy a decir yo, porque creo que complementa su intervención: son más de 2.100.000 los afiliados de origen extranjero que cotizan a la Seguridad Social; creo que es un dato importante también.


En cuanto al plan de retorno creo que comparece la secretaria general de Empleo a continuación. Es un plan cuyo tronco fundamental está en la Secretaría General de Empleo, porque sabe que el objetivo de este programa es que aquellas personas extranjeras que tengan derecho al desempleo, porque hayan cotizado, puedan optar si quieren a una acumulación de esas prestaciones y retornar a su país, con unas condiciones en cuanto a su retorno y

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también administrativas; las previsiones de las personas que pudieran acogerse son alrededor de 10.000, no lo oculto, pero exactamente se lo podrá decir la secretaria general de Empleo, y el monto total de las prestaciones que esto supondría prefiero que, como a continuación viene ella, pueda dárselo con exactitud.


Termino con el tema de las expulsiones. Efectivamente, el ministro del Interior es el que tiene los datos de las repatriaciones. Creo que compareció el secretario de Estado de Seguridad y me imagino que saldrían estos temas. En cualquier caso le diré que a día de hoy, perdón, a día de ayer 8 de octubre, las repatriaciones que se han hecho de extranjeros a través de los distintos mecanismos que nos permite la Ley de Extranjería es de 32.752 personas. Como bien conoce usted, los datos de repatriación a lo largo de la anterior legislatura han puesto de manifiesto que durante este periodo de tiempo es cuando más se ha repatriado, y además a países donde nunca se había hecho. Este Gobierno ha cerrado acuerdos de repatriaciones y se está repatriando, como digo, como nunca se había hecho y a países con los que nunca había existido colaboración, sobre todo vinculadas al continente africano. Hoy tenemos una excelente colaboración con Senegal, con Marruecos, donde gracias a esa colaboración se están deteniendo todos los días redes de traficantes, mafiosos, responsables de la inmigración clandestina, y se impide todos los días la llegada de una cantidad importante de personas que quieren acceder no a nuestro país, sino a la Unión Europea, lo que pasa es que geográficamente nuestro país es la puerta más cercana a la Unión Europea. Por tanto, le digo que puedo calificar el trabajo del Ministerio del Interior de excelente durante la pasada legislatura y en lo que va de esta, los datos así lo confirman, y también le puedo decir que en el Ministerio del Interior hay un presupuesto de 95 millones de euros destinados a todas las tareas que tienen que ver con extranjería.


Entrando en los temas concretos que usted me ha demandado sobre el presupuesto, la primera pregunta que me ha hecho es respecto al programa de acciones a favor de los migrantes. Es normal que me haga esta pregunta y que me diga que esto qué tiene que ver, porque hay un ajuste presupuestario en esta partida. Digo que es normal que me lo pregunte vinculado a la inmigración porque, como usted ha dicho, se está entrando ahora en este tema, pero yo no tengo ningún problema en contestarle que es un programa que no es de inmigración, sino de emigración; es decir, es un programa que tiene que ver con la Dirección General de Ciudadanía Española en el Exterior. Este programa se destina a convenios con las comunidades autónomas, en concreto con Galicia y con Extremadura, para atender acciones que están ya diseñadas a través de las peticiones que se han realizado.


En cuanto al programa 231.H, ayuntamientos, efectivamente ha habido un ajuste presupuestario en esta partida. Ya lo he dicho al principio: ha habido ajustes por la situación que estamos viviendo, por la petición del presidente del Gobierno, y por las previsiones y peticiones que se me han hecho desde el Ministerio de Economía y Hacienda de priorizar y hacer posible un programa austero, solidario por supuesto, pero donde fundamentalmente el gasto social, como he dicho antes, no se viera afectado. Este programa se destina a proyectos innovadores de ayuntamientos y, por cierto, debo decirle que hasta ahora ha sido un programa siempre exitoso, y además que todos los ayuntamientos que se han presentado y que han cumplido con los requisitos, han tenido la dotación que han demandado; ayuntamientos de todos los colores políticos, y en concreto en nuestra circunscripción algunos muy importantes, que se sienten muy satisfechos y nos han felicitado por esta iniciativa.


¿Cómo podemos compensar esta situación -y créame que esto no lo hemos hablado, pero se lo digo; soy una persona que creo en la política local en general, pero fundamentalmente en la política local vinculada a la inmigración-? Con el fondo, hablo del Fondo de acogida, de integración y de refuerzo educativo. El fondo mantiene su dotación de 200 millones de euros, una cantidad muy importante teniendo en cuenta que, primero, existía en 2004 una dotación para este tipo de acciones de 7 millones de euros, que se creó, ha ido aumentando y se consolida. Es un fondo preciado y valorado por todas las comunidades autónomas y también por los ayuntamientos. El fondo en mi opinión deberá repercutir más cantidad a los ayuntamientos de la que hasta ahora viene repercutiendo. Como sabe, el fondo se transfiere a las comunidades autónomas, y estas hacen una transferencia, a través de una convocatoria y unas condiciones que se establecen en el marco de cooperación, a los ayuntamientos que tienen un número muy importante de población extranjera en las comunidades donde están ubicados. Creo que este año, cuando vayamos al debate del reparto del fondo, deberíamos tener todos claro ese objetivo: que debe haber una transferencia mayor a los ayuntamientos para que, a su vez, puedan seguir gestionando más adecuadamente las necesidades de la población y las situaciones que se puedan presentar en su localidad. Esto es algo que nos viene demandando la FEMP porque los ayuntamientos son los que tienen el día a día, son los que tienen que gestionar las situaciones complejas en algunos casos, y evidentemente no solo se gestionan con dinero, se gestionan con una política adecuada, aunque también es cierto que se necesitan partidas presupuestarias para desarrollar los programas que hayan diseñado.


Después me ha preguntado por qué suben los gastos de personal. No suben, pero ya me gustaría que subieran, me gustaría que subiera todo el presupuesto, como comprenderá como responsable de esta partida. Lo que ocurre también es que hay un ajuste y una adecuación a la situación que hemos vivido. Hemos tenido que asumir la partida que hasta este momento asumía el Imserso. Como sabe, antes el Imserso pertenecía al entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pero hay unos trabajadores que se quedan en la Secretaría de Estado que pertenecen al Imserso. Por tanto, hemos tenido que

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asumir la nómina de esos trabajadores, pero no existe ninguna subida de personal.


En cuanto a los centros de menores, señor Hernando, las competencias sobre los menores españoles y sobre los no acompañados de extranjeros no son del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ni siquiera son de la Administración General del Estado en cuanto a la construcción de centros.
Es decir, la construcción de centros, la tutela de los menores, la guarda, la custodia, etcétera, pertenece a las comunidades autónomas. Es una competencia autonómica -desde el Ministerio de Educación, Política Social y Deportes tiene ahora la competencia la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales- y, por tanto, todo lo que tiene que ver con la protección se coordina con las comunidades autónomas. Nunca hemos tenido la competencia para la construcción de centros de menores.


En cuanto a la cooperación al desarrollo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tiene mucho que ver efectivamente en muchas políticas importantes que desarrolla el Ministerio de Trabajo e Inmigración y esta secretaría de Estado. La partida para trabajar en distintos ámbitos es de más de 7,5 millones de euros.


Me ha preguntado también por los datos de las pateras, que en esta comparecencia no sé muy bien si casa o no casa. Yo creo que sí casa y le voy a explicar por qué. Me ha parecido muy oportuno que me lo diga. Casa por una razón, porque efectivamente en los ajustes que hemos hecho hay algunas partidas que tienen que ver con ese dato. Los programas de ayuda humanitaria que se crean con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hacen frente precisamente a situaciones coyunturales de emergencia humanitaria debido a la llegada de inmigrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad. ¿Qué ocurre? Como llevamos un decrecimiento sostenido durante todos estos años, si tenemos que ajustar algo lo hacemos donde ya es una realidad que está habiendo menos necesidad. Por tanto, en 2007 hubo una reducción de las llegadas clandestinas en más de un 54 por ciento, y hasta el 31 de agosto de este año sobre ese 54 por ciento ha habido un 8 por ciento más de reducción. Es decir, estamos hablando de una bajada o de un decrecimiento en la llegada de personas a nuestras costas de forma clandestina de aproximadamente un 60 por ciento. Por tanto, esa es la razón -le agradezco que me lo haya preguntado- de por qué cuando tenemos que hacer unos ajustes lo hacemos donde creemos, por el dato histórico que llevamos acumulado, que esas previsiones nos van a permitir cumplir con nuestros objetivos con la cantidad que aparece en los presupuestos.


Al final, usted ha hecho una serie de afirmaciones diciendo que estoy en el histórico de las pateras, pero yo estoy en el histórico de la inmigración. Nos conocimos cuando llevaba la inmigración en la oposición durante cuatro años y durante cuatro años más la he llevado desde el Gobierno y la continúo llevando, y me puedo permitir decir, porque tengo ese histórico vivido en mi persona, que el Partido Socialista y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nunca han abogado por la política de puertas abiertas y nunca han hecho regularizaciones masivas.
La manipulación de las palabras ya sabemos cuál es, señor Hernando, yo le conozco muy bien, pero le tengo que decir para que conste en esta Cámara, porque no puede quedar así, que tanto el Partido Socialista como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero siempre hemos defendido una política legal y ordenada de la inmigración. Lo hemos hecho en la oposición y en el Gobierno. Al mismo tiempo que hemos defendido eso, que hemos dicho no a la inmigración clandestina, que había que luchar como lo estamos haciendo, con todas nuestras fuerzas contra las mafias y las redes de traficantes, es verdad que hemos dicho siempre que el trato a cualquier persona que llegara a nuestro país debía ser el que se merece, el de una persona y, por tanto, que la atención humanitaria y todas las medidas que hubiese que tomar para atenderla hasta que estuviera en nuestro país debían ser las correctas. Desde luego, hemos repatriado, porque también es una medida prioritaria para este Gobierno, además de que pedagógicamente tiene unos efectos muy importantes en los países de origen, buscando la complicidad con sus gobiernos como, por ejemplo, en Senegal, donde hay campañas gubernamentales explicando lo que sucede cuando se viene aquí, que esto no es lo que cuentan las mafias y que las personas vienen abocadas al fracaso, ayudándoles a comprender que la situación que están viviendo efectivamente es dramática, pero que la solución no es venir en una patera. Por tanto, inmigración legal y ordenada, sí, siempre además; trabajadores que necesitemos extranjeros, los que precise nuestro mercado laboral; lucha contra la inmigración clandestina, también; integración de las personas que viven en nuestro país, cómo no, es fundamental para la convivencia, porque estamos gestionando el futuro, pero también el trato que merece cualquier persona hasta que sea repatriada a su país de origen.


En cuanto a las regularizaciones masivas, señor Hernando, lo hemos dicho hasta la saciedad. Los únicos que han hecho regularizaciones indiscriminadas y masivas fueron ustedes y entonces ni siquiera les criticamos. Cuando el señor Rajoy, entonces responsable de este tema, me dijo que había que dar una solución y resolver la situación compleja que había, le dije que íbamos a echar una mano y arrimar el hombro. Lo sabe el señor Rajoy, nos conocemos. Sin embargo, cuando intentamos dar, como lo hicimos, una respuesta adecuada y lo más objetiva y garantista posible como fue la normalización y una regularización pero caso a caso, expediente a expediente, persona a persona y además con tres condiciones que nunca se habían dado -una, el empresario era el que presentaba esa solicitud, que nunca se había hecho; dos, que se garantizara que esa persona no tenía antecedentes penales; y tres, que hubiera un contrato real-, ustedes deciden que esto no lo van a apoyar. Forma parte ya de la historia, pero quiero que conste que no fue una regularización masiva sino caso a caso y vinculada al mercado laboral con todas las garantías no solo para el sistema sino

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para la población española. Esto es lo que ha valorado la Unión Europa.
Ahora -como los andaluces tenemos mucha afición a los refranes o a los dichos- cada cual queda donde tiene que quedar y el tiempo pone a cada uno en su sitio. Hoy en todas las directivas y en todos los acuerdos que se están desarrollando en la Unión Europea aparece siempre que si hay que tomar una decisión sobre una regularización siempre se hará caso a caso y teniendo en cuenta condiciones muy garantistas tanto para el sistema como para la población donde residen o donde quieran acogerse estas personas.


En cualquier caso, aunque esta es una comparecencia de presupuestos, sé, señor Hernando, que es usted el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y tiene que ejercer su papel y que yo soy la secretaria de Estado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Le agradezco sinceramente el tono y el talante de esta intervención. Espero que también tenga en cuenta la que yo he tenido, porque lo hago creyendo firmemente que en materia de inmigración la gobernabilidad depende de todos nosotros.
Evidentemente, cada uno en el marco de su responsabilidad; al Gobierno le corresponde la que tiene, pero al primer partido de la oposición también le corresponde, y no poca. Yo espero encontrarlos para la buena gobernanza de este fenómeno.


Señor Campuzano, la reforma de la Ley de Extranjería. Usted nos lo demandó en una iniciativa parlamentaria y, por tanto, estamos ya en ello. Estamos trabajando para hacerlo en el menor tiempo posible. Evidentemente se han dado muchos pasos en estos años y tengo que agradecer a Convergència i Unió la colaboración, el conocimiento que en esta materia ha demostrado siempre y la buena disponibilidad para llegar a los mejores acuerdos y, por tanto, a la mejor ejecución de esos acuerdos que hagan posible una mejor gestión de la inmigración. Decía que efectivamente han sido muchos los avances, pero aún queda mucho por hacer. Uno de los objetivos en el que tenemos que avanzar para conseguir una mejor eficacia es el que usted ha citado: hacer más rápido y más eficaz todo el trámite. Hemos modernizado mucho y hemos avanzado. Quiero recordarlo aquí porque es bueno poner en valor lo que funciona muy bien. Se creó -porque así lo estableció el reglamento de la Ley de Extranjería- la Unidad de las Grandes Empresas, unidad para gestionar determinados permisos que facilitaran tanto la inversión en España de empresas extranjeras como la llegada de investigadores o de determinados profesionales. La Unidad de Grandes Empresas está teniendo una media de tramitación de quince días.
Es verdad que tiene un volumen limitado al establecimiento y el desarrollo del espectro de quien puede ejercerlo, pero también es verdad que quince días en la gestión de un permiso me parece que es mucho más de a lo que nos comprometimos. En el resto de las autorizaciones también hemos avanzado bastante. Es verdad que en algunos sitios todavía estamos bordeando los noventa días, pero en algunos ya lo hemos superado y yo espero que seamos capaces de hacerlo aún más ágil. Con respecto a su comparación con la Agencia Tributaria, no tengo nada más que decirle que siempre es el ejemplo que yo pongo. Siempre digo que me gustaría que llegáramos a un modelo de funcionamiento como el de la Agencia Tributaria. Me convenzo o me conformo cuando pienso que para llegar al modelo de la Agencia Tributaria que hoy tenemos también tuvieron que pasar muchos años. Todos recordamos cuando rellenábamos aquellas declaraciones de la renta a lápiz y luego las borrábamos y las poníamos a bolígrafo. Desde luego, comparto con usted que ese es mi objetivo y ese es el modelo en el que vamos a trabajar. No le puedo adelantar nada sobre la Agencia de Migraciones en este momento, pero también comparto con usted que hay que hacer una reflexión sobre la agencia y sobre su incorporación en aras a la eficacia.


Comunidades autónomas y ayuntamientos. Con respecto al fondo, ya he dicho que se mantiene, es decir, se consolida. Se consolida el fondo que va destinado a las comunidades autónomas. Como le decía, es además un instrumento valorado por todos: por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos, aunque pidan más dotación. En concreto, sobre el programa de los ayuntamientos ya he contestado -no sé si me lo había preguntado usted o el señor Hernando- cómo podemos suplir ese ajuste que ha sufrido ese programa. Luego está el balance de esas partidas. Entiendo que se refiere al del fondo. El balance del fondo lo estamos realizando. Estamos realizando una evolución sobre la gestión del Fondo de Acogida e Integración. Desde luego, lo que sí le puedo adelantar es que ha favorecido la cooperación interterritorial entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. No solo la ha favorecido sino que ha hecho posible que podamos trabajar como se ha de trabajar, de forma transversal, porque la inmigración afecta a todos y cada uno de los ámbitos de la gestión -y añado, de la vida cotidiana- y, por supuesto, a temas educativos o a los servicios sociales. Creo que el fondo ha promovido, además, la incorporación de fondos propios de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos porque son programas cofinanciados. Por tanto, hemos establecido de forma reglada, no solo cómo participa el Estado y colabora con la integración en las comunidades y en los ayuntamientos, sino cómo -además, de forma reglada- las comunidades y los ayuntamientos tienen también que colaborar. Además de en todos estos ámbitos, desde el punto de vista político ha hecho posible algo muy importante que es la coordinación de las políticas de integración. Hace cuatro años -esto lo hemos hablado usted y yo en distintas ocasiones- veíamos cómo en algunos lugares se hacían buenos programas para la integración, había otros en donde no se hacía nada y había otros en donde no se hacía correctamente. Este fondo ha hecho posible que nos sentemos todos alrededor de un foro -comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado- y que entre todos seamos capaces de diseñar una política de integración homogénea para el conjunto del Estado. Eso tiene un valor muy importante. La prueba está en que los presupuestos

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reflejan las prioridades de este Gobierno y este Gobierno tiene la prioridad de seguir trabajando en el fondo, trabajando en su reparto -que, como sabe, es transparente- y trabajando para que ese fondo y ese reparto hagan posible una política de integración homogénea, teniendo en cuenta -como tiene en cuenta además- todas las peculiaridades o singularidades que se producen en cada territorio.


Estamos trabajando también en el traspaso a Cataluña. Estamos en tiempo.
Estamos trabajando en la reforma del reglamento que lleva aparejada y no hay nada que reseñar en tiempo y forma. En cuanto al traspaso de funcionarios, desde la secretaría de Estado del Ministerio de Trabajo e Inmigración no hay traspaso de funcionarios. Sé que es algo que se está debatiendo y trabajando en el Ministerio de Administraciones Públicas.
Nosotros no tenemos funcionarios; tenemos la política pero no tenemos los funcionarios. Es decir, los funcionarios de las Oficinas de Extranjería no son del Ministerio de Trabajo e Inmigración; son del Ministerio de Administraciones Públicas. Le digo que sé que están hablando de ello, pero no sé en qué estado está actualmente.


Comparto lo que ha expuesto sobre el programa de retorno. Afirmo que el programa de retorno hay que verlo no como un programa aislado sino como un programa que forma parte de una política que se está desarrollando desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración -y que no es aislada- con respecto a aquellas personas que caen en el desempleo, sean españolas o extranjeras. Por tanto, hay programas para todas las personas que caen en el desempleo a través de cursos de formación y de posibilidades para entrar a trabajar en sectores donde va a haber posibilidades de trabajo, pero dentro de ese programa general hay uno específico que es este programa de retorno -porque voy a hablar ahora del otro programa de retorno al que también ha hecho usted mención- que tiene, lo he dicho antes, como objetivo primordial el que una persona extranjera pueda acumular las prestaciones que le corresponden y volver a su país de origen. Como digo, comparto con usted que se ha desarrollar la parte del programa que indica que podrá haber colaboración por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación para fomentar proyectos de microcréditos, orientación productiva, etcétera; en definitiva, hacer posible que ese retorno sea un retorno consolidado para producir en su país y, por tanto, para generar riqueza en el país de origen. Le puedo decir que se está trabajando en esa línea y también le puedo decir que la Agencia de Cooperación está poniendo todos los recursos y todas las posibilidades que tiene -que son muchas- para poder trabajar, sino en todo, al menos en los países en donde haya ya una larga tradición de cooperación y que facilite que estas personas puedan hacer ese proyecto productivo y no solamente retornar a su país con una cantidad y esperar a que se acabe y a que pasen los tres años. Esta no es la filosofía de este proyecto.


Hay otro programa que está funcionando desde hace años, que es el programa de retorno que se realiza desde la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que se viene haciendo a través de la OIM y a través del Acnur y que tiene una partida en estos presupuestos de más de un millón de euros para el ejercicio 2009. Ese programa viene funcionando, quizás es poco conocido, porque se ha utilizado poco por los inmigrantes, pero este año ya se ha puesto en marcha. En los seis meses del año 2008 se ha invertido la misma cantidad que en todo el año pasado. Es un programa de retorno, que no tiene nada que ver con el programa de retorno voluntario, porque aquí no estamos hablando de personas con prestaciones ni que puedan acumular las prestaciones ni nada de esto. Es un programa que existe y en el que, a través de estas organizaciones, facilitamos el retorno de personas que o bien han llegado con unas expectativas que no se han cumplido o bien han tenido un trabajo, han dejado de tenerlo y no encuentran posibilidades de reubicación. A estas personas les damos ayuda no solamente para el viaje y para la primera llegada, sino que además ya hemos empezado a unirlo a programas de acompañamiento para que puedan iniciar una nueva vida en su país. Está reflejado en los presupuestos para continuar trabajando con él.


El único tema que quedaba era el de las expulsiones y creo que ya lo he contestado. Había algo que me he dejado, que es importante, y que tenía que ver con las previsiones del señor Hernando. Permítame que retorne a ello, porque es con respecto a cómo se conforman las contrataciones o cómo se da el visto bueno a una contratación y cómo se posibilita lo que hablábamos antes de la contratación en origen y por qué son las que son y no son otras. Entre la modernización y el avance de los instrumentos para gestionar el mercado laboral vinculado a la inmigración diseñamos un instrumento: el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura; no me voy a otorgar yo ese mérito, se lo otorgo a la Comisión laboral tripartita donde están los empresarios y sindicatos. Teníamos que diseñar un instrumento que nos permitiera autorizar, de forma rápida y eficaz -y no a través de una gestión negativa del INEM, aunque también existe esa posibilidad, pero es mucho más lenta-, que un empresario o un empleador que necesitara un trabajador pudiera tener esa autorización en el menor tiempo posible. Para eso llegamos a la conclusión -y creo que acertadamente- de que debíamos de saber cuáles eran las necesidades de trabajadores y en qué sectores y ocupaciones. Por tanto, había que saber claramente si lo que se necesitaba era un pinche de cocina o un chef, cosa que el sistema no nos lo daba. A partir de ese trabajo, que fue un trabajo muy importante, se creó el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Un instrumento que ha demostrado que era útil y es útil, independientemente de cuál sea la situación del mercado laboral, porque él es el que la refleja. Por tanto, ese catálogo, que se ha de revisar cada tres meses y que es provincia a provincia, nos dice en cada trimestre cuáles son las necesidades de trabajadores en cada lugar. Se ha visto claramente -y así lo han hecho saber los sindicatos

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y los empresarios, con ello me refiero a la CEOE, la Cepyme, UGT y Comisiones Obreras, que son quienes conforman la Mesa- que el instrumento que se creó fue válido en época de una gran expansión, de necesidad de puestos de trabajo, y que es válido ahora que no hay expansión y que no se necesitan tantos trabajadores. Después de ese estudio que se realiza con las previsiones de los servicios regionales de empleo y al que el servicio estatal le da el visto bueno o lo ajusta, se ha demostrado que las necesidades de trabajadores son menores que las que había en el trimestre pasado. Por tanto, esas ocupaciones, de manera provincial, serán las que se autorizarán para traer trabajadores a nuestro país y no otras. Luego está la gestión negativa del INEM que lleva su procedimiento. Esto es lo que posibilita que la política que estamos desarrollando de vincular la llegada de trabajadores al mercado laboral tenga un instrumento que lo hace real y lo hace efectivo.


A la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecerle, como a todos, su intervención. Algunas de las preguntas que ha hecho creo que ya están contestadas, como el cambio de partida presupuestaria del 231.N o la valoración del fondo, porque también ha pedido su balance el señor Campuzano. En cuanto al plan estratégico, el plan estratégico es el tronco de la política de integración que está desarrollando el Gobierno, porque tiene una vigencia desde 2007 al 2010, es un objetivo prioritario de estos presupuestos para poder desarrollarlo. Es el elemento fundamental de la gestión del fenómeno migratorio y marcó -y marca- ese nuevo enfoque de las políticas que venimos desarrollando en el ámbito de la integración. En cuanto a si está garantizado en los presupuestos, por supuesto que está garantizado. La cantidad presupuestaria de la secretaría de Estado para el plan estratégico es de, prácticamente, 300 millones de euros. Como es un plan transversal, tiene partidas de otros ministerios y fundamentalmente quiero destacar aquí la de Educación, de más de 114 millones de euros; la de Sanidad, de más de 10 millones de euros o la del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, de más de 10 millones de euros. Por tanto, está garantizado el compromiso de desarrollo del plan estratégico en este ejercicio presupuestario. Además quiero añadir que los ajustes que se han producido no afectan a los objetivos prioritarios que tiene la secretaría de Estado y que quedan claramente expuestos después de mis palabras. Si se ponen a mirar por curiosidad el presupuesto actual, el del año 2008, verán que lo que ha desaparecido han sido partidas como la destinada a la Expo de Zaragoza o partidas que han pasado a otro ministerio, porque ahora son competencia de otro ministerio. Por ejemplo, el Consejo para la Igualdad de Trato y no Discriminación, que ya no es competencia de esta secretaría de Estado o, por ejemplo, el tema de los menores, que tampoco es competencia de esta secretaría de Estado, por poner algún ejemplo; evidentemente, además de los ajustes. Vuelvo a poner de manifiesto que no afectan a los compromisos esenciales que tiene la secretaría de Estado en el ámbito de inmigración, en el de integración o en el de emigración.


La otra pregunta que me ha hecho es con respecto a la emigración de los españoles, a si con los ciudadanos españoles en el exterior también se van a cumplir los compromisos que tenemos de desarrollar el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Le tengo que decir que también, pero no solamente eso, sino que la filosofía de los presupuestos destinados a los emigrantes, a los españoles que residen en el exterior -permítanme que lo repita y que sea reiterativa, porque a veces cuando se dice emigración se puede confundir, por ello insisto en lo de los españoles que residen en el exterior-, además de que mantenemos el esfuerzo con el mundo asociativo y con las acciones que se vienen desarrollando en los centros -y que es de una gran importancia- a pesar del compromiso de austeridad de todos los presupuestos, lo que sí puedo afirmar aquí es que blindamos las pensiones, blindamos la asistencia sanitaria, blindamos la incapacidad y los conceptos que se destinan a pagar a aquellas personas que tienen incapacidad. En definitiva, señorías, garantizamos el gasto social de los españoles que residen fuera de nuestras fronteras. Permítanme que ponga tanto énfasis en esto porque, gracias a la ley, al Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, todos los españoles, vivan aquí en España o vivan fuera, tienen el mismo tratamiento, como además correspondía. Hemos dado un salto y hemos dejado atrás normas preconstitucionales o normas que garantizaban parcialmente algunos de estos derechos. Para mí siempre ha sido una satisfacción muy especial esta área de mi trabajo. Cualquier compatriota debe sentirse orgulloso de su Gobierno y he de decir que en los distintos encuentros que he tenido con ellos me han manifestado que están muy orgullosos del trabajo, del esfuerzo y de que a través de una ley tengan el reconocimiento de que son españoles igual que los que viven dentro de nuestras fronteras. Además, como el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior es una ley, lo que hace es reconocer como derecho subjetivo esas prestaciones por necesidad para que allá donde haya un español que tenga esas necesidades sienta el apoyo de su Gobierno. Me va a permitir también que le diga en este apartado que, aunque ha sufrido ajustes, como he dicho antes, son ajustes que no afectan a la partida de las pensiones.
Voy a poner un ejemplo bastante claro y evidente, pero también un poco desconocido. Hay una partida que tenemos que pagar, como son las cuotas a la Seguridad Social de aquellos españoles que van en los buques mercantes o las cuotas de asistencia sanitaria de las personas españolas que viven en países con los que no hay convenio. Tenemos que hacerlo, pero la realidad es que cada vez son menos y lo que hemos hecho con esa partida ha sido ajustarla al gasto real previsto. En cuanto al programa de ayuda a inmigrantes y retornados, en el que también hay un ajuste, tengo que decir que, debido a la buena acogida y valoración por parte de los fondos europeos de esos programas, va a ser cofinanciado por el Fondo Europeo, siendo la cantidad que tenemos que poner menor porque esa partida

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se va a ir nutriendo del Fondo Europeo. Por lo que respecta al programa de acciones destinadas a ayudas a inmigrantes en el exterior, estas se reducen, pero por una razón muy sencilla, porque tanto la asistencia sanitaria como la incapacidad, a la que he hecho referencia antes, van a ser asumidas ahora por las prestaciones por razón de necesidad. Por tanto, ajuste sí, austeridad también, pero garantía del gasto social y de los compromisos que tenemos con los españoles que residen fuera de nuestras fronteras, y les voy a dar algunos datos que creo que son importantes para que quede constancia en esta comparecencia. La atención social a las personas mayores mediante las prestaciones por razón de necesidad tiene una dotación de más de 2 millones de euros para los que han retornado a España y de 100 millones de euros para los que residen fuera; por supuesto, está el compromiso de la Ley 3/2005, de los desplazados como consecuencia de la guerra civil, lo que denominamos los niños de la guerra, con una dotación de 11.500.000 euros, y todas las demás que he comentado antes, que serán las que se necesiten para cumplir con nuestros compromisos.


Me van a permitir -soy muy sensible a este tema- que haga referencia a un programa para los españoles mayores y dependientes que viven fuera de nuestras fronteras, el cual tiene una dotación de más de 3.500.000 euros.
Se trata de ayudas para actividades asistenciales, atención a mayores y dependientes, comenzando a cumplir con esto el compromiso de que, cuando se aprueba una ley que tiene un derecho, como es la Ley de la Dependencia, es un derecho que afecta también a los españoles que no viven en nuestro pero que son españoles de pleno derecho.


El señor PRESIDENTE: Excepcionalmente, vamos a conceder un turno para cuestiones puntuales. Les rogaría que fueran lo más breves posible, sobre todo por respeto a los cargos que están pendientes de comparecer, que saben ustedes que están esperando, pues nos hemos excedido aproximadamente en media hora.


Tras esta consideración, tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señora secretaria de Estado, es usted una histórica, sabe usted mucho y lo que no entiendo es cómo el Gobierno sigue haciéndolo tan mal sabiendo usted tanto de estas cosas. Parece ser que los españoles no se enteran, o yo soy de los pocos que me entero junto con el resto de los españoles, y consideramos que la inmigración ha pasado de ser un fenómeno a convertirse desgraciadamente en un problema.
Insiste usted mucho en que el Gobierno del Partido Popular hizo muchas regularizaciones, pero, cuando el Partido Popular dejó el Gobierno había 1.647.000 tarjetas de residencia y hoy ha dicho usted que van por 4.500.000 tarjetas. Es decir, en lo que llevamos de este año ya han dado ustedes medio millón más de tarjetas de residencia. Por eso nos sorprenden todos estos discursos del no pasarán, de que sobra gente, etcétera, cuando ustedes están haciendo justamente lo contrario. Alemania el año pasado dio 120.000 tarjetas de residencia -permisos- y ustedes 900.000 y este año ya llevan medio millón. Por lo tanto, ¿qué me está usted contando de regularizaciones? Ustedes regularizan masivamente todos los días. Se reirá usted, pero es así. Son los datos sobre las tarjetas de residencia, porque yo no lo mezclo con los empadronamientos. El año pasado hubo un millón de empadronamientos y 970.000 tarjetas de residencia. Esa es la situación y esto no da más de sí. Ustedes no aumentan las partidas, cargan a los ayuntamientos las responsabilidades y además reducen la partida de transferencias a los ayuntamientos un 35 por ciento. Ese es el resumen de este presupuesto. En cuanto a los datos de los parados, son datos EPA: 360.000 parados. Le garantizo a usted que, desgraciadamente, con su política económica superaremos el medio millón de parados de inmigrantes y la cobertura se va a resentir enormemente porque no hay fondos suficientes. Por tanto, esta política de coladero que ustedes siguen practicando este año no es la política adecuada para gobernar el fenómeno de inmigración, que no lo gobiernan, porque su discurso es totalmente diferente en estos últimos meses a la realidad contante y sonante de los incrementos brutales de población, de permisos y de tarjetas que ustedes concede. Por lo que se refiere a la integración, van a dar tres céntimos diarios a los ayuntamientos para que hagan políticas de integración. ¿Cree usted que con eso pueden hacer algo los ayuntamientos ante un fenómeno creciente, en el que va aumentando el paro y los problemas cada día son mayores? Evidentemente, no.


Ha cogido usted por los pelos el tema de las pateras. Usted compara el año 2006 con el 2007 y dice que hubo una reducción del 50 por ciento,pero es que en 2006 hubo un aumento del 200 por ciento. En el año 2005 hubo 566 pateras y en 2006 hubo 1.035. Bajaron a 690 en el año 2007, según sus datos, pero no ha dicho cuántas van a ser en 2008 o lo que prevén ustedes. Me hubiera gustado que me hubiera dado el número de muertos, pues me parece que aquí estamos rebasando los datos históricos.


Por último, en cuanto al tema del contrato en origen, este contrato no es un invento de ustedes. Se hizo cuando gobernaba el Partido Popular, se incorporó como política de la Unión Europea y fueron ustedes los que en el año 2205 decidieron cargárselo con la regularización. A pesar de lo que usted me diga, sabe que más del 80 por ciento de los contratos en origen que se hicieron en el año 2007 se hicieron a personas que ya estaban aquí.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco a la señora Rumí las respuestas que nos ha dado y tan solo le voy a trasladar tres reflexiones en relación con lo que nos ha contado. Una, que ese objetivo de modernizar la gestión con esa referencia, que compartimos, a la Agencia Tributaria debe reflejarse también en las partidas que

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invertimos para esa modernización de los sistemas. Aquí va a haber enmiendas parciales de Convergència i Unió en el trámite parlamentario.
Además, la perspectiva de la creación de la agencia debe figurar en las prioridades de esta legislatura si de verdad queremos conseguir una política justa, rigurosa y seria en este terreno. La segunda es que nosotros valoramos la experiencia de la Unidad de Grandes Empresas de manera positiva. Nos preocupa, sin embargo, que precisamente la pequeña y mediana empresa no se pueda beneficiar de ese proceso rápido y eficaz de gestión del flujo migratorio. En esta legislatura, en el proceso de revisión de la ley, también se va analizar la carta azul que la Unión Europea pone en marcha, cómo enlaza con esa Unidad de Grandes Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración y cómo podemos trasladar esa experiencia a pequeñas y medianas empresas que exijan trabajadores con especiales cualificaciones. Finalmente yo creo que el hecho de que se mantenga la partida de 200 millones de euros del fondo va a exigir también que en el trámite parlamentario seamos capaces de aumentarla. En ese contexto difícil en el que vamos a entrar en los próximos meses ese fondo va a tener una especial trascendencia, especialmente en grandes ciudades, con tasas de inmigración en muchos barrios superiores al 30 ó al 40 por ciento, donde precisamente en un contexto económica y socialmente difícil como es en el que estamos entrando habrá que estar muy atentos a que la inmigración no termine convirtiéndose en un factor de desequilibrio social importante en esos barrios. Eso a nuestro entender exige, señora Rumí, un aumento de las partidas del fondo en esta materia. Por tanto vamos a encontrarnos con enmiendas parciales del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en este campo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Intervendré muy brevemente.


Muchísimas gracias señora secretaria de Estado por su amplia explicación.
Desde luego no comprendo la réplica que ha utilizado el Grupo Parlamentario Popular, que vuelve a las consideraciones genéricas, quizá precisamente porque la explicación de la secretaria de Estado ha sido absolutamente exhaustiva y muy precisa, y pone de manifiesto ese importante principio de relación entre inmigración y mercado de trabajo con una serie de mecanismos perfectamente consolidados y de participación de los agentes económicos y sociales que permiten esa transparencia, es decir que no es solamente un mecanismo que ha instituido el Grupo Parlamentario Socialista sino que sobre todo son mecanismos tripartitos que garantizan el funcionamiento de esa íntima relación entre mercado de trabajo e inmigración. Por lo tanto yo recomendaría al Grupo Parlamentario Popular que abandone la estrategia de la confusión, porque estamos avanzando muy seriamente en un diálogo político y en un pacto en el Parlamento, tal y como ha ofrecido el Gobierno, y que es en esa senda por la que debemos avanzar. Por último, agradezco la claridad y transparencia de la intervención de la secretaria de Estado.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ya para finalizar esta comparecencia la secretaria de Estado doña Consuelo Rumí.


La señora SECRETARIO DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Pido disculpas porque quizás tengo parte de responsabilidad en este retraso pero creo que la oportunidad... Que nadie pudiera acusar de que... En fin, quería ser escueta aunque efectivamente sobre inmigración se podría hablar mucho tiempo.


Señor Hernando yo no me reía, me sonreía, que es distinto. Este matiz quiero que quede claro, me sonreía. No me suelo reír porque usted sabe que soy una persona muy seria y que mis risas en este trabajo son poco frecuentes porque es un trabajo muy duro y complejo. Sí me sonreía porque usted plantea cuestiones en esta comparecencia que no tienen nada que ver con una comparecencia de presupuestos porque, si usted me está preguntando por el número de naufragios o el número de muertos, que es exactamente lo que ha dicho, evidentemente yo no vengo a la comparecencia de presupuestos preparada para responder a eso y no traigo ese dato; estamos en la comparecencia de presupuestos y desde luego el número de muertos no lo traigo. Pero ese dato y cualquier otro que quieran usted o cualquiera de SS.SS. solo tienen que pedirlo por escrito y se lo daremos.
Ese era el objeto de mi sonrisa, porque me ha dejado un poco perpleja que lo que le interesara a usted en la comparecencia de presupuestos fuera saber el número de muertos.


Su última intervención tampoco tiene nada que ver con esta comparecencia.
Ya se lo dije al principio y se lo vuelvo a repetir ahora, no espere de esta secretaria de Estado especulaciones porque no las he hecho nunca y nos las voy a hacer ahora. Solo quiero poner de manifiesto algunas de sus contradicciones en su intervención. Me ha dicho que con ustedes había equis tarjetas de residencia y con nosotros hay equis tarjetas de residencia. Señor Hernando, las tarjetas de residencia dan cuenta de las personas que viven legalmente en nuestro país, por tanto quien está en nuestro país legalmente es porque por una razón u otra se ha acogido a la ley y puede estar aquí legalmente. Si hay más personas, que las hay, es porque o nuestro mercado laboral las necesita y las ha contratado en origen o porque tienen un permiso para estudiar aquí o porque es un investigador que está en una universidad haciendo un trabajo de investigación. Es decir, las tarjetas de residencia precisamente son las que dan cuenta del control que lleva este Gobierno sobre las personas que residen legalmente aquí.


Por otra parte usted me dice esas barbaridades que de verdad le digo que debería alejarlas de su vocabulario porque pertenecen a otro momento de este proceso político e histórico que vivimos en el día a día, pertenecen a

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la historia, ya han pasado página, pero usted sigue utilizando palabras que además de que no se corresponden con la realidad creo que lo que pretenden es crear inestabilidad, confusión en la ciudadanía. Le digo -y se lo digo sinceramente- que en el tema migratorio, ¡ojito!, trabajemos todos con mucha seriedad porque de las consecuencias de un trabajo no coordinado somos responsables todos y las viviremos todos si no lo hacemos bien.


Cuando se ha referido usted a las tarjetas de residencia decía: porque hicieron las regularizaciones, porque con ustedes hay más tarjetas de residencia, porque con nosotros había menos. Y yo le termino de completar el argumento: más tarjetas de residencia, más personas legales, más control por tanto de las personas que están aquí. Además le digo una cosa, prefiero eso que tener ilegales por la calle trabajando en la economía sumergida. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Rocha Rubí: ¡Sí señora!) Claro que prefiero eso (Un señor diputado: Pero él no lo prefiere.), y lo hemos dicho siempre, el mercado laboral es el que regula cuántas personas se necesitan. (El señor Rocha Rubí: ¡Eso!-Rumores.) Claro que no hemos inventado los contratos en origen, claro que no lo hemos inventado, pero sí que hemos facilitado los instrumentos para que esa contratación en origen sea más ágil y más eficaz, porque el catálogo no existía con ustedes, nos correspondía hacerlo a nosotros con los agentes sociales porque estábamos gobernando.
Lo que le tengo que decir es que, no existiendo, sin embargo hemos hecho posible que aquel empresario o aquel empleador que necesitaba a una persona no tenía que pasar por una gestión negativa del INEM, que tiene un instrumento desde hace ya más de tres años por el cual puede tener a esa persona en mucho menos tiempo para cubrir sus necesidades. ¿Quiénes vienen? Los que se necesitan. Le vuelvo a insistir, señor Hernando, lo que se contratan en origen son contratados en origen. Si usted quiere saber datos sobre contratos en origen, arraigos u otras fórmulas, lo pide por escrito y se lo damos, pero no mezcle contratos en origen con arraigos laborales o sociales, no lo mezcle con reagrupaciones familiares, no lo mezcle con autorizaciones de transfronterizos, no lo mezcle con autorizaciones para trabajar como temporeros. Existe un número muy complejo de autorizaciones pero las contrataciones en origen son aquellas que se producen cuando un empresario o un empleador necesita a alguien que no está aquí y que tiene que hacer todo el trámite que está diseñado y acordado con los agentes sociales.


Me pregunta ¿qué les va quedar a los ayuntamientos? Quiero recordarle, señor Hernando que el programa de ayuntamientos específico que viene en los presupuestos no es un programa que se reparte. ¡No! Tienen que presentar un programa innovador, tienen que presentar un programa que se ajuste a esa convocatoria, y hasta ahora todos lo que lo han pedido y reunían los requisitos han tenido lo que demandaban. Otra cosa son las partidas que tenemos que destinar a través del fondo y de las comunidades autónomas a los ayuntamientos, y ahí todos estamos implicados, comunidades del Partido Popular, comunidades del Partido Socialista; es decir, hay un trabajo conjunto de cooperación, de responsabilidad institucional que además es valorada por todos -las comunidades y los ayuntamientos-, independientemente del color político. Señor Hernando no se ponga en posiciones mucho más de confrontación y menos adecuadas de lo que lo hacen algunos de sus compañeros responsables de comunidades autónomas y de ayuntamientos, que están arrimando el hombro y apoyándonos y trabajando para que esto salga bien. Porque con esos compañeros suyos, que son presidentes de comunidades autónomas o alcaldes de localidades importantes no solo por el número de población en general sino por el número de población extranjera que tienen, nos sentamos a trabajar, nos proporcionan propuestas, ideas para innovar y para elaborar proyectos piloto. Usted no me ha presentado ni una sola propuesta ni me ha dado una sola idea.


Señor Campuzano, solo le voy a decir una cosa: el interés y la voluntad del Gobierno por el fondo es clara, no solo porque lo creamos, sino porque lo hemos aumentado en su dotación y lo hemos consolidado. Lo que sí quiero decir aquí es que en el proyecto de presupuestos de 2008 el Gobierno incluyó el fondo y, por los avatares parlamentarios, es decir, en esta Cámara, el fondo cayó -usted lo sabe- y lo que hizo el Gobierno fue recuperarlo inmediatamente, compromiso que manifestó ante las comunidades autónomas y los ayuntamientos en el Consejo Superior de Política de Inmigración. Así se hizo. No le digo más. La voluntad del Gobierno es clara.


Muchas gracias por sus intervenciones y a todos por su atención, y pido disculpas al presidente y a la Mesa por haberme alargado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señora secretaria de Estado, por su comparecencia y por sus datos. Esperamos verla en una próxima ocasión en esta Comisión, donde siempre será bienvenida.


Vamos a hacer un receso de cinco minutos, pero rogaría a los portavoces y a la Mesa que no se marchen porque tenemos que acordar algún ajuste sobre la comparecencia del ministro en las próximas semanas. (Pausa.)

- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (ROJO TORRECILLA). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (número de expediente 212/000155), SOCIALISTA (número de expediente 212/000214), POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000266) Y ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (Número de expediente 212/000129).


El señor PRESIDENTE: Continuamos con este turno de comparecencias sobre los Presupuestos Generales del Estado referidos a la Comisión de Trabajo e Inmigración. A continuación le corresponde la comparecencia a la

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secretaria general de Empleo, doña Maravillas Rojo. Vamos a utilizar el mismo procedimiento que con el anterior compareciente, es decir, en primer lugar, hará uso de la palabra para presentar sus cuestiones referidas al presupuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Echániz, cuando usted quiera.


El señor ECHANIZ SALGADO: En primer lugar, quiero dar la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a la secretaria general de Empleo en esta su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados con motivo del debate y tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.


Señorías, la Ley de Presupuestos Generales del Estado es una ley fundamental que hace realidad las políticas de un Gobierno, es decir, plasma la vocación política de un Gobierno, pero sobre todo es un instrumento de política económica de primera magnitud que puede o bien generar confianza, estabilidad y desarrollo de un país, o lo contrario.
Por tanto, dada la situación que vive España en estos momentos, esta Ley de Presupuestos Generales del Estado cobra un papel, si cabe, más importante que el que ha tenido en los últimos años. España vive una crisis profunda que la ha pillado fuera de juego y que está afectando de forma muy especial al empleo, a diferencia de otros países. Por eso somos el país de la Unión Europea que tiene la mayor tasa de desempleo. El segundo es Eslovenia, que el último mes ha conseguido reducir su tasa de desempleo del 10 por ciento al 9,9 por ciento. Por tanto, incluso quienes están en una situación grave de desempleo, están remitiendo esa situación, mientras que en España sigue aumentando la previsión, como hemos visto en estos presupuestos. España tiene más de 2.600.000 desempleados, casi 650.000 en el último año, y la previsión de los presupuestos es que el año que viene supere el 12 por ciento, lo cual significa que desde que don José Luis Rodríguez Zapatero es presidente del Gobierno, España tiene 450.000 parados más. Este panorama no es el mismo para todos los países -tengo que ponerlo de manifiesto- porque la media de paro de la Unión Europea es del 7 por ciento, de la OCDE es del 5 por ciento, de Dinamarca y Holanda -países que comparten con nosotros el espacio europeo- es del 2,6 y el 2,9 por ciento y de Estados Unidos es del 6 por ciento. Esto pone en evidencia que España -con cifras el doble, el triple, el cuádruple y el quíntuple que algunos de estos países- tiene, en términos de desempleo, una situación más dramática. El presupuesto tiene que ser en estos momentos, repito, un instrumento enormemente importante para poder mitigar, e incluso dar la vuelta, a esta situación que esta viviendo nuestro país. Sin embargo, ante este panorama, hemos tenido conocimiento en estos últimos días que este presupuesto va a tener un déficit del 1,5 por ciento, consolidando las administraciones públicas del Estado tendremos un déficit en términos presupuestarios superior al 2 por ciento, lo cual, desde nuestro punto de vista, es una mala noticia porque el déficit genera necesidades de financiación de la deuda en un momento en que los tipos son altos, la inflación es alta y estamos muy endeudados y nuestro sector exterior tiene también una situación de déficit. Por tanto, la conclusión inmediata es que este cuadro macro va a producir en nuestro país más crisis y más paro. Esto se agrava porque el Gobierno ha gastado en el último año cerca de 6.000 millones de euros en una medida que intentó, en su momento, incentivar el consumo con la desgravación en el IRPF de 400 euros y que, a pesar de que no ha afectado a las rentas bajas ni a los pensionistas ni a quienes trabajo temporal, no ha sido capaz de reactivar el consumo. Todos los días vemos cómo aparecen nuevos expedientes de regulación de empleo que producen el cierre de empresas como consecuencia de que no hemos sido capaces de incrementar el consumo. Las cifras han sido claramente descendentes, desde el 3,7 por ciento en el año 2007 al 1,6 por ciento en este año y a una previsión del uno por ciento para el próximo año, con mucha suerte. Ante este panorama, lo lógico y razonable sería encontrar en este ejercicio un presupuesto para 2009 acorde a los tiempos que vivimos; un presupuesto que fuese útil para las necesidades del país y de los ciudadanos. Eso es lo que los españoles esperábamos de este Gobierno, pero lo que nos hemos encontrado, por desgracia, dista mucho, desde nuestro punto de vista, de lo que un Gobierno responsable debería hacer. Yo sé que esto no es responsabilidad exclusiva de la secretaria general de Empleo, que sin duda tiene otras competencias muy importantes, pero su actividad se enmarca dentro de un conjunto de políticas a las que es indispensable hacer referencia cuando se habla de empleo.


Que las políticas pasivas de empleo en este país crezcan en los presupuestos del año que viene un 24,4 por ciento no es una decisión de este Gobierno ni de la secretaria general, sino que es una obligación legal de las administraciones públicas, que tienen que cubrir los derechos de los ciudadanos que han cotizado a lo largo de su vida laboral y ahora han perdido el empleo, por tanto, esa no es una opción política.
Vemos con preocupación que el incremento que ha habido que hacer para cubrir esos derechos de los ciudadanos supone, prácticamente, una partida casi similar a la inversión para el año que viene en infraestructuras, que es, sin duda, un gasto mucho más productivo que las políticas pasivas. Pero lo que sí nos preocupa es que las políticas activas de empleo, es decir, aquellas que en una situación como la actual -profundamente destructora de empleo- podían contribuir a mejorar la situación, también disminuyen. Y eso sí es una opción política, es decir, cubrir las necesidades de las prestaciones de desempleo no lo es, es una ley, se cubren y se presupuesta en función de cuál es la previsión y si se desborda, como en el caso de este año 2008, se dota, y si se desborda, como se prevé para el año que viene, hay que hacer una transferencia corriente de las cuentas del Estado al organismo pagador. Sin embargo, las políticas activas de empleo sí son una opción política del Gobierno que puede mejorar o empeorar. Lo que es curioso es que en un ejercicio en el que se está destruyendo

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empleo, en el que hay 650.000 parados más en un año, el Gobierno opte por disminuir la partida para políticas activas de empleo. Es muy difícil que cualquier español lo entienda y su responsabilidad hoy es dar una explicación lo más coherente posible -si es que la hay- de esta disminución que hace que en el año más grave para el empleo en los últimos 30 años en nuestro país -en términos no absolutos, sino relativos de crecimiento y de expectativas de futuro- se disminuyan las partidas relacionadas con las políticas activas de empleo. Nosotros creemos que eso es un error político -esa es nuestra opinión sincera- y de un calado difícil de explicar. En definitiva, esto significa que ustedes han tirado la toalla en relación con las políticas de empleo y, sobre todo, que reconocen un fracaso en política social y un fracaso en esta sangría del paro para el próximo año. Se ha dicho siempre -y es verdad- que la mejor política social es la que permite a un ciudadano tener un empleo, porque con eso tiene una renta con la que puede consumir y permitirse determinadas cuestiones que en la situación de desempleo, evidentemente, no se pueden permitir, él y su familia. Por tanto, devolver al empleo a esas seiscientas y pico mil personas, que desgraciadamente lo han perdido en el último año debe ser, desde nuestro punto de vista, una prioridad si se quiere hacer simultáneamente el discurso de que uno se preocupa por las políticas sociales, que las políticas sociales son las más importantes y que además este presupuesto prioriza las políticas sociales. No priorizan las políticas sociales, cumplen con la obligación de atajar el problema de paro que se ha producido en este país, pero no de forma activa, no intentando reducirlo, mitigarlo, disminuirlo, sino pagando lo que les toca pagar como consecuencia de una situación que se ha producido y que ustedes no han sido capaces de parar, solventar o disminuir.


Esto no es baladí. La transferencia de 2.000 millones de euros para la cobertura de los gastos de prestación de desempleo adicionales no es baladí. En un entorno de crisis, donde se van a producir disminuciones de ingresos importantes como consecuencia de que estas 625.000 personas van a dejar de pagar impuestos del IRPF en una parte muy importante, van a perder capacidad de consumo, algo también importante. Todo eso va a disminuir los ingresos del Estado por la vía de los impuestos directos y por la vía de los impuestos indirectos. Pero lo más grave es que a medio plazo también van a dejar de cotizar a la Seguridad Social, al menos al ritmo que se estaba produciendo hasta este momento. Hemos visto cómo en este momento hay cerca de 300.000 afiliados menos a la Seguridad Social y eso clarísimamente va a repercutir en una disminución de las cotizaciones sociales. Si los gastos en la Seguridad Social están aumentando como consecuencia de más parados que tienen derecho a más prestaciones por desempleo y por la vía de los ingresos están reduciéndose no solo los ingresos del Estado vía impuestos por la disminución del consumo, repito, y del impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre sociedades en el caso de las empresas, y por el otro van a disminuir a medio plazo las cotizaciones a la Seguridad Social, entenderá usted que se está produciendo una situación de riesgo de futuro de lo que es la gran aseguradora del Estado, que ustedes se encargan todos los días de desmentir, y a mí me parece muy bien dar confianza a los ciudadanos -nosotros estamos en eso-, pero lo que es evidente es que si se aumentan los gastos y se disminuyen los ingresos, algo no va a funcionar en el futuro, y esto lo entiende todo el mundo, no hace falta hacer una tesis doctoral sobre la materia.


Esto nos preocupa no solo por lo que significa de riesgo de determinadas instituciones del Estado muy importantes para nuestro futuro social, sino también por lo que significa desde el punto de vista personal para las personas y sus familias que han perdido el empleo de oportunidades de futuro, de expectativas, de bienestar, y porque además la incorporación de parados al empleo en este momento y durante el ejercicio próximo que estamos valorando en este momento va a ser el único termómetro real de la eficacia de las políticas de este Gobierno que se están poniendo en marcha. Por tanto, vemos con enorme preocupación que en el libro de los presupuestos su previsión de desempleo para el año que viene es todavía más superior a la que tenemos en estos momentos. Esto significa que ustedes prevén que sus medidas no van a poder ser útiles, que no solo no van a poder revertir la situación sino que ni siquiera van a poder parar la situación que existe en este momento de desempleo y que ni siquiera van a poder absorber la población activa que debería incorporarse en estos momentos en la población española, sino que va a aumentar. Y cuando en este país se han producido meses como los últimos, donde cada día del mes, incluyendo los domingos, ha habido tres mil personas que se han ido al paro, esto no es para sonreír ni para hacer bromas, esto es muy grave para muchos españoles que lo están viviendo en sus propias carnes y que están sufriendo directamente esta situación económica y de paro, ante la que a ustedes les vemos con los brazos cruzados. Y cuando venimos de discutir el presupuesto general del Estado, que sería la tabla de salvación para cambiar las cosas, vemos que el panorama no ha cambiado.


Yo entiendo que su presencia hoy aquí tiene que ser un mal trago, y lo lamento muchísimo; desde hace muchos años un secretario general de Empleo no había tenido que venir a defender una situación como esta, en la que han subido los gastos de paro casi un 25 por ciento y disminuyen las políticas para que los parados puedan volver a tener empleo. Pero esto es para lo que usted ha sido elegida por el Ministerio de Trabajo, y nosotros estamos encantados, y es para lo que hemos venido hoy, para que usted aproveche y pueda dar explicaciones adicionales a este Parlamento, a sus diputados y a todos los ciudadanos españoles.


Quisiera hacer mención especial a algunas de las cosas que más nos sorprenden, nos han sorprendido muchas, pero solo me referiré a algunas de las más significativas. En el programa 212, que es el programa de las pensiones

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no contributivas y las prestaciones asistenciales, se produce una baja muy importante de 6 millones de euros, y es la partida del auxilio a los ancianos y a los enfermos incapacitados en estado de necesidad, que es sin duda política social; es una partida que disminuye gravemente y a nosotros nos gustaría tener una respuesta de por qué han tomado ustedes esta decisión política.


En el programa 223, prestaciones de garantía salarial, se ha adquirido deuda pública a largo plazo frente a la que hay en este momento, que era deuda pública a corto plazo. A mí me da la sensación de que este cambio de expectativas, cuando uno invierte la deuda, cuando uno compra con dinero público deuda, renta fija, significa que quizá el propio Gobierno -y desmiéntame usted o deme otra explicación- no cree en una rápida recuperación de la economía y, lo que es más importante, no cree que estas personas que han caído en desempleo puedan reincorporarse al mundo laboral a corto plazo.


En el programa 241, que es el fomento de la inserción y de la estabilidad laboral, ya hemos comentado que hay una disminución muy importante del presupuesto del 1,16 por ciento en total, en políticas activas de empleo del 1,3 por ciento, cuando es la política más importante del Gobierno, es la de fomento y gestión del empleo, es la de la formación profesional ocupacional y continua, es la partida de las escuelas-taller, de las casas de oficio, de los talleres de empleo, es decir, de aquellas estructuras que en nuestra sociedad permiten que la gente pueda volver al empleo. Y disminuyen la partida, con la que está cayendo. Usted tendrá que darnos una explicación en esta materia.


Por otra parte, mantiene usted los planes integrales de empleo -nos parece muy bien- a Canarias, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, a la comunidad de la bahía de Cádiz. Curiosamente, todas son gobernadas por el Partido Socialista. ¿No han pensado que Ceuta, Melilla, la Comunidad Valenciana o Murcia empiezan a tener cifras preocupantes de desempleo? Bueno, Ceuta y Melilla las tienen desde hace mucho tiempo. ¿Por qué solo hay planes específicos de empleo para algunas zonas, para algunas comunidades, y todas coinciden con zonas gobernadas por el Partido Socialista? Tendrán que dar alguna explicación a los españoles y a los ciudadanos de esas comunidades que ante este aumento de desempleo no están recibiendo ayudas específicas y planes específicos del Gobierno para el desempleo. Me gustaría conocer también por qué no hemos encontrado en este ejercicio a Jaén, ha desaparecido, ¿por qué? Por que las cifras de desempleo de Jaén no son muy halagüeñas. ¿Por qué ha desaparecido?

El programa 241 es el de desarrollo de la economía social y el Fondo Social Europeo. Señora secretaria general, hay un 54,30 por ciento, menos de la mitad que el año pasado. Es el programa que facilita el acceso a la propiedad de los medios de producción; es el programa que incentiva el autoempleo, el cooperativismo, el trabajo autónomo en cooperativas, el que permite crear sociedades cooperativas y la inserción socio-laboral.
Hay un 54,30 por ciento. ¡Pero si es un instrumento básico en la creación de empleo! El Gobierno está apostando por las políticas pasivas, por cubrir sus necesidades en políticas pasivas, algo que es un derecho de los españoles que han cotizado, frente a la posibilidad de hacer políticas activas en una situación contracíclica para abordar en este momento lo que es necesario, para hacer frente al aumento de desempleo. Y se abandona la ayuda al emprendedor, al más humilde emprendedor, al de las cooperativas, a las empresas de inserción que dan apoyo social a las personas que están en una situación de exclusión social. Política social dice la introducción del libro amarillo de los presupuestos, ¿política social dónde? Esto es política social, y se disminuyen todas las partidas.


Partida 251, prestaciones al desempleo. Este es el pago de las prestaciones por desempleo; no es discrecional, es el cumplimiento de obligaciones y derechos contraídos por los trabajadores por haber perdido su empleo, es el cumplimiento de las normas por protección de desempleo del texto refundido de la Seguridad Social y del Real Decreto 5/97 que regula los subsidios por desempleo. Es el cumplimiento estricto de la ley, aquí no hay política social, esto lo haría cualquier gobierno que tuviera que cumplir las leyes en cualquier país democrático y en cualquier Estado de derecho. (La señora López i Chamosa: Vosotros lo bajaríais.- El señor Mebrado Giner: No, no, lo bajaron.) En esta partida, curiosamente, aumenta el gasto de personal en 21,4 millones de euros y a mí me gustaría saber -porque puede ser bueno, señora secretaria general, que se aumente el gasto de personal en esta partida- cuántas personas se van a incorporar supongo que a la gestión de estas prestaciones, dónde, en qué momento y en qué circunstancias. Hay un aumento del gasto por autorización monetaria y del colectivo objeto de prestación que concuerda con su expectativa de que siga aumentando el desempleo.


La partida 291, inspección y control de seguridad y protección social, esto sí que nos ha dejado KO. Disminuye el presupuesto de una forma importantísima en el ámbito de la garantía de la aplicación de las normas de la seguridad y la higiene laboral o la salud en el trabajo;del control de los ingresos por cotización a la Seguridad Social, es decir, que no haya morosidad; y del control de los incentivos a la contratación estable. Una vez más disminuimos las partidas presupuestarias donde más hacen falta. ¿Qué fue de la promesa del aumento de los inspectores como consecuencia del aumento de la siniestralidad? ¿Dónde está?

La partida 291.M, dirección de servicios generales. Esta sí que aumenta; la de la alta dirección planificada aumenta de forma muy importante.
Supongo que aquí está el fondo de reserva, pero ya me contestará usted.


El 467, investigación y desarrollo tecnológico, es un programa nuevo que nosotros creemos que está poco dotado. Ha enfriado las expectativas que ustedes habían puesto y me gustaría conocer por qué y qué pretenden hacer con esta capítulo.


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En administración de las relaciones laborales, han bajado ustedes el 20 por ciento; es decir, la ordenación, el desarrollo y la gestión de las relaciones laborales tanto las individuales como las colectivas, así como las condiciones de trabajo y la seguridad y la higiene en el trabajo, baja un 20 por ciento, a pesar, repito, de los malos datos de siniestralidad que tenemos en estos momentos y el aumento de los accidentes laborales. Programa 912, asesoramiento al Gobierno en materia laboral. Este es el CES, que lo mantienen igual, lo suben un 3,2 por ciento, que con la inflación se va a quedar exactamente igual que el año pasado. Estructura económica del ministerio, las ayudas previas a la jubilación de trabajadores mayores de 60 años, disminuye en 43 millones.
¿Por qué, señora secretaria general? Otras aportaciones a la seguridad disminuyen casi un 8 por ciento, 58 millones. La financiación de servicios sociales al Instituto Social de la Marina cae otro 8 por ciento. Las cuotas de la Seguridad Social de emigrantes cae un 24 por ciento. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración nos acaba de hacer un discurso absolutamente brillante sobre lo que está haciendo el Gobierno en materia de inmigración y emigración. ¿Por qué bajan entonces las cuotas de Seguridad Social a los emigrantes un 24,7 por ciento? En cuanto a las transferencias corrientes a las comunidades autónomas, que se suponen que tienen las competencias en materia de política activa de empleo, las acciones a la integración a favor de inmigrantes caen en 10 millones de euros. Se suprime la partida de gestión de los diferentes programas de fomento del empleo en comunidades autónomas con gestión transferida. Con la que está cayendo, ¿cómo pueden disminuir su apoyo a las comunidades autónomas para que hagan el trabajo de la política activa de empleo? Transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro cae en 19 millones de euros, sobre todo ayudas y subvenciones a favor de inmigrantes y refugiados, que cae un 5,4 por ciento.
Subvenciones y aportaciones para fomento del empleo, para la protección del desempleo y para ayuda a los jubilados, cae un 34 por ciento.
Organizaciones sindicales, esta no lo tocan. Todo es austeridad menos para las organizaciones sindicales. Esperamos y deseamos que por lo menos este respaldo a los sindicatos en momentos malos sirva para que se mejore la eficiencia del diálogo social, porque nuestra experiencia de la anterior legislatura es que tardaron dos años en ponerse de acuerdo. Con la que está cayendo, quizá deberíamos tardar menos en esta ocasión. Ya llevamos seis o siete meses de legislatura y todavía estamos esperando una buena noticia del diálogo social. Prestaciones por razón de necesidad y otra ayuda a inmigrantes, caída del 2,1 por ciento. Transferencias de capital, suprimen a las comunidades autónomas la gestión transferida disminuyendo la integración de inmigrantes. Organismos autónomos: crece el gasto de personal en el servicio de empleo público estatal y hay 26 millones de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores por la cuota patronal de la Seguridad Social. Señora secretaria general, ¿no me querrá usted decir que el Ministerio de Trabajo no paga las cuotas a la Seguridad Social, que depende del mismo de ejercicios anteriores? Porque si esto es así, es un titular para mañana en todos los periódicos.
Para atender obligaciones de ejercicios anteriores de la cuota patronal de la Seguridad Social, 26 millones de euros, cuando el patrón no es el Estado sino el ministerio. ¿Por qué en este ejercicio, con lo mal que están las cuentas ahora con la crisis? Número de perceptores de nivel contributivo, un millón de personas, casi como hace veinte años, y una caída -repito- del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de un 13 por ciento.


Independientemente, señora secretaria general, de que tendré la oportunidad al final de la comparecencia de hacerle entrega de unas preguntas que el Grupo Parlamentario Popular le quiere hacer llegar por escrito para que sean contestadas en las próximas 48 horas, como es uso en esta casa en los Presupuestos Generales del Estado y que haré llegar también al letrado de la Comisión para el"Diario de Sesiones" y para los documentos de la Cámara, quisiera hacerle algunas preguntas de forma verbal, porque es indispensable que en este momento conozcamos algunos de los extremos para poder seguir trabajando en el presupuesto a partir de esta misma tarde. Me gustaría saber cuánto se ha gastado exactamente usted por encima de lo presupuestado en el ejercicio que está en vigor, el de 2008, en prestaciones por desempleo; queremos saber si usted conoce esa cifra y si nos la puede facilitar en esta comparecencia. ¿Nos podría explicar, señora secretaria general, si la finalidad de esos planes integrales de empleo de los que antes hemos hablado de las comunidades autónomas de Extremadura, Galicia, Castilla-la Mancha -que por cierto tiene menos de un punto de diferencia con Castilla y León-, de Canarias y de la bahía de Cádiz, que tiene un importe muy importante de 116 millones de euros, como se refleja en estos presupuestos, es luchar contra el desempleo? Repito, ¿por qué ustedes no contemplan incluir en los mismos algunas comunidades autónomas que tienen cifras de desempleo muy similares, o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que tienen tasas de paro el doble que el de las comunidades autónomas que sí tienen planes específicos de lucha contra el desempleo? ¿Por qué no se ha previsto incluir a Murcia o Valencia, por ejemplo -lo he dicho antes-, que se están viendo muy afectadas por la destrucción de empleo en construcción y en servicios después del verano y que tienen una tasa superior, por ejemplo, a la de Galicia o Extremadura?

Según se refleja en estos Presupuestos Generales del Estado, la partida de modernización de los servicios públicos de empleo permanece invariable respecto al año anterior. Me gustaría saber si el ministerio tiene previsto incluir o modificar esta partida para la modernización de los servicios públicos de empleo, tal y como se lo acaba de mandatar la Cámara recientemente a través de proposiciones no de ley y de mociones presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Si ustedes realmente quieren llevar a término lo que mandata este Parlamento,

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que es la representación de la soberanía nacional de los españoles, tendrán que hacerle caso y cumplir con ese mandato. En este momento viene a la Cámara un borrador de presupuestos en el que no se contemplan los datos de la Cámara, y ya hemos decidido todos los grupos por unanimidad que hay que aplicar una modernización de los servicios públicos de empleo precisamente para que contribuyan a paliar esta situación que tenemos, pero la partida permanece invariable. Tendrá que explicar por qué o si es que en este momento el Grupo Parlamentario Socialista -nosotros lo haremos, desde luego- va a presentar enmiendas aumentando esta partida para que los servicios públicos de empleo puedan hacer mejor su trabajo en este delicado momento.


Por otra parte, en la presentación que ustedes realizan de los Presupuestos Generales del Estado de 2009 y dentro de los denominados programas de empleo, han incorporado los planes de promoción económica de la actividad económica del empleo autónomo e incluyen medidas para favorecer la iniciativa emprendedora entre las personas sin trabajo. El coste previsto, señora secretaria general, es de 260 millones de euros y a nosotros nos gustaría saber pormenorizadamente cuáles son las partidas presupuestarias y dónde se recoge dicha cantidad. No la hemos encontrado y le puedo garantizar que le he dado varias vueltas al presupuesto por arriba y por abajo. Son 260 millones de euros que yo no he visto y le agradecería enormemente, porque seguro que están, que me dijera en qué partidas están escondidos porque ni este portavoz ni su grupo han sido capaces de encontrarlos.


Nos gustaría también que nos explicase por qué elimina el programa 241.A del servicio público de empleo, el de las ayudas específicas del Plan de promoción de empleo autónomo del País Vasco, de las ciudades de Melilla y Ceuta, que estaban recogidas en la partida 47203 de los presupuestos del año pasado. Tampoco la hemos encontrado y seguro que tendrá una justificación; me gustaría que nos contara por qué ha desaparecido. Nos gustaría saber si cree que ciudades como Ceuta y Melilla, con una tasa de paro tan elevada, pueden ser privadas de esta ayuda en este momento.
Antes decía que por qué no tienen planes específicos de empleo como tienen en otras zonas donde gobierna el Partido Socialista, y ahora lo que le digo es: ¿una partida que ya existía en el País Vasco, Ceuta y Melilla por qué ha desaparecido? ¿En qué partidas, señora secretaria general, está contemplado el desarrollo del Estatuto del Trabajador Autónomo? Es una ley muy importante que aprobamos la pasada legislatura que tiene un desarrollo y una parte muy importante de compromisos económicos en un presupuesto. El discurso del Gobierno ha sido que en esta legislatura, en este presupuesto, se iba a abordar este tema de una forma profunda y nos gustaría saber en qué partida está contemplado, porque nos ha sido imposible encontrar dónde está el desarrollo de esta importante ley que afecta a tantos españoles en una situación de empleo que deben conservar y que sin suda es un elemento indispensable para que nuestra población activa mejore en los próximos años.


En relación con las medidas contenidas en el programa 241, de inserción y estabilidad laboral, nos gustaría conocer qué medidas son novedosas, como anuncian, con respecto a los Presupuestos Generales del Estado en vigor.
Tampoco lo sabemos y nos gustaría conocerlas. Con cuatro puntos por debajo, no conocemos si hay nuevos diseños de políticas o de iniciativas -repito- en la situación que tenemos en este momento. Nos gustaría también que nos explicara por qué el programa 241, de inserción y estabilidad laboral, que sustenta básicamente las políticas activas que son las que sirven para fomentar empleo, desciende respecto al año anterior. Quiero que nos explique por qué desaparece una partida en el programa 251.M, de prestaciones para desempleados -concretamente, la 169-, por importe de 26 millones de euros, en concepto de pago de las obligaciones a la Seguridad Social de ejercicios anteriores, como le he puesto de manifiesto anteriormente. Díganos si cree que el Servicio Público de Empleo Estatal puede dejar de pagar las cuotas a la Seguridad Social y si este es el ejemplo que la Administración del Estado, que el Ministerio de Trabajo e Inmigración, le da a los administrados. Si es así, usted me contará. Han parado la acción de la Inspección de Trabajo contra su propio ministerio. ¿Cree usted que lo presupuestado para prestaciones por desempleo va a ser suficiente para hacer frente al incremento del desempleo? (La señora López i Chamosa: Si no lo creyera no lo pondría.) Nosotros pensamos que si la mensualidad de septiembre ha sido de 1.792 millones de euros y en los próximos años ustedes no prevén una reducción en el número de desempleados, la previsión del gasto constante -suponiendo que es constante, no si aumenta; si aumenta será mucho peor- entendemos que está absolutamente superada; es decir, ustedes ya presupuestan en desempleo menos de lo que van a necesitar sencillamente multiplicando lo que hemos gastado en este mes que acabamos de cerrar por doce meses.


¿Nos podría explicar por qué en el programa de transferencias internas disminuye la transferencia a la Administración del Estado de 181.638 millones de euros en 2008 a 6.800 en este ejercicio? Ha desaparecido la partida 408 destinada al equilibrio del coste asumido por el Estado por las transferencias en materia de programas de fomento de empleo, formación de desempleados y escuelas taller. Nos gustaría conocer a qué se debe esta circunstancia. Y en el departamento de comunicación de su ministerio se publicita que el plan de recolocación como consecuencia del incremento del paro asciende a 200 millones. Eso lo hemos sabido a través de los medios de comunicación y de las declaraciones del ministro en diferentes medios, convocatorias, foros, mesas redondas, desayunos de trabajo, etcétera. Sin embargo, lo que recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado es de 112 millones de euros. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde esta esa diferencia entre los 200 y los 112? En todo caso, me gustaría saber

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dónde se hallan recogidas esas partidas porque tampoco las hemos podido encontrar y seguro que hay muchos españoles deseando saber dónde están incorporadas. En definitiva, señorías, y con esto termino, las bonificaciones a la Seguridad Social descienden como consecuencia de la ejecución de las medidas de la reforma laboral aprobada en 2006 y eso lo entendemos. No obstante, al igual que se apoyan otros planes integrales de empleo, entendíamos que era el momento en el que el Gobierno podía haber traído a estos presupuestos un plan de fomento del empleo que reactivara claramente el mercado laboral, que hiciera frente al incremento del desempleo y, sin embargo, nos hemos encontrado con que esto no existe. Ya se hizo en otros tiempos en este país apostar por las políticas pasivas nada más y no hacer nada en materia de disminución activa del desempleo. Repito que estamos muy preocupados porque a pesar de que ustedes han incrementado en un 25 por ciento la partida de las prestaciones por desempleo no nos cuadran las cifras y todo eso, sin duda, es algo que tiene usted que aclarar esta mañana. Los Presupuestos Generales del Estado de 2009 nos parecen obsoletos, señora secretaria general, para hacer frente al incremento del desempleo. Las previsiones que ha realizado su ministerio están hechas a lo largo del verano, en un marco económico que era bien distinto del actual; han cambiado mucho en sesenta días la situación y los datos económicos en nuestro país. Por tanto, hemos pasado de estar en la Champion League, como decía el presidente del Gobierno, a estar en Tercera Regional y cayendo. Este era un presupuesto en el que ustedes tenían que haber dado el callo y haber demostrado toda esta verborrea de las políticas sociales, de la preocupación por el desempleo, por los trabajadores españoles, etcétera, y no han hecho nada. Estos son unos presupuestos que demuestran una absoluta inacción para hacer frente a la crisis, especialmente la de empleo, y siguen apostando ustedes por unos planes de empleo territorializados de los que no conocemos tampoco su eficacia. Porque hemos hablado de dónde hay y dónde no hay, pero no hemos hablado de la eficacia. Nadie en este Parlamento sabe cuál es la eficacia de estos planes de empleo territorializados. Nos gustaría saber su opinión sobre esto y que nos alumbre con su conocimiento para saber cuál es su eficacia, su eficiencia y si se estaba gastando bien el dinero el Estado en estas cosas tan importantes. Repito, en definitiva, son unos presupuestos que no apuestan por dinamizar el empleo, disminuyen las bonificaciones a la Seguridad Social por fomento del empleo y tampoco se prevé una disminución de la cotización empresarial. Además, se justifica la disminución de la partida por parte del Gobierno en que los empresarios no hacen uso de ello. Me parece curioso y también me gustaría conocer su opinión en esta materia. Señora secretaria general, son unos presupuestos que lamento muchísimo decirle que no apuestan por la generación de empleo y que aumentan las políticas pasivas en detrimento de las activas. Eso no nos sorprende mucho a nosotros; es una vieja receta de Solbes de los años noventa. Por tanto, lo lamentamos, pero no nos sorprende en absoluto. El presupuesto destinado a la economía social, como les decía antes, les ha preocupado poco. Presenta un decremento en relación con el año anterior muy importante, con lo cual están disminuyendo los incentivos al autoempleo. Y el presupuesto del Instituto de Salud e Higiene en el Trabajo tiene una disminución importantísima, lo cual no se compadece con la preocupación que el Gobierno dice que quiere tener por la salud sino más bien lo contrario. Disminuye el presupuesto para auxilio de ancianos y enfermos discapacitados o incapacitados en estado de necesidad; disminuye el presupuesto en inspección y control de la seguridad y protección social, el control de los incentivos para la contratación estable, el control de los ingresos de la Seguridad Social, de las cotizaciones que tan importantes son en este momento; y disminuye el presupuesto de ordenación, desarrollo y gestión de las relaciones laborales individuales y colectivas en un momento en el que aumenta la siniestralidad. Por tanto, permítame que le diga que estamos muy preocupados con este presupuesto que, en definitiva, es un presupuesto absolutamente desenfocado de la realidad. Arrastra una importantísima escasez de medidas y las pocas que tiene son lentas y llegan tarde y el presupuesto sin duda es un reflejo claro de esta circunstancia. Es un presupuesto que lo único que va a hacer es parar el golpe que van a recibir los parados -como consecuencia de que, afortunadamente, en este país tenemos una magnífica legislación en materia laboral-, pero que permítame que le diga que no tiene medidas preventivas ni diagnósticas oportunas y, desde luego, mucho menos terapéuticas. No hay tratamiento en estos presupuestos. Por tanto, le haría una sugerencia, para terminar en plan de broma, para que se ajuste más a la realidad de sus funciones, y es que cambien en el libro de presupuestos el nombre de su Secretaría General de Empleo por el de secretaría general de desempleo. (El señor Membrado Giner: ¡Pero qué tontadas dice!)

El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de la secretaria general de Empleo. No sé si mi intervención será un salto con demasiados tirabuzones en relación con intervenciones anteriores. Así como creo que el presupuesto -y en concreto el presupuesto de esta sección- no se corresponde con la gravedad de la crisis que estamos viviendo y con los efectos sobre el empleo, no soy capaz de vislumbrar cuál es la propuesta de la derecha. No soy capaz de saberlo. Voy a hacer una crítica y al mismo tiempo voy a decir de dónde se va a sacar el dinero. He visto a la derecha hacer una crítica a la reducción de algunas partidas -que comparto-, pero su propuesta

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es contener el gasto público y reducir los presupuestos.No sé como lo va a conciliar; yo sí. Mi grupo piensa que estamos ante una crisis profunda, ante una suma de efectos de la crisis sistémica internacional, de la que nunca se habla, del modelo financiero obeso que tenemos en la economía internacional, edematoso casi, porque es sobre todo líquido y hay muy poco sólido en ese modelo de economía internacional o de capitalismo neoliberal. Por otra parte, tenemos una crisis de nuestro propio modelo, del modelo de desarrollo español que ya empezaba a tener problemas en los últimos meses, y luego tenemos un cambio de coyuntura. Ese conjunto de efectos tiene una repercusión muy importante en nuestra economía, que es una economía con profundos desequilibrios, aunque haya mejorado en los últimos años, y tiene un efecto particularmente importante en uno de los principales desequilibrios de nuestra economía que es el empleo, un empleo fundamentalmente precario; esa es la realidad. Si a lo largo de los años del crecimiento, con escasos crecimientos económicos teníamos importantes crecimientos del empleo, ahora, cuando cambia el ciclo, por diversos factores con pequeños cambios -mucho más con grandes cambios- del crecimiento económico se destruye brutalmente el empleo. Esa es la realidad de nuestro tejido económico y por eso estamos en una situación grave, con perspectivas aún más graves, sobre todo en relación con el empleo, porque tenemos un volumen de empleo precario muy importante.
Cerca de 11 millones de asalariados son mileuristas, tenemos prácticamente 4 millones de empleos en situación muy precaria, muy frágil ante el cambio de crecimiento económico, y tenemos, en general, un sistema de empleo que no se ha visto muy beneficiado del crecimiento, que en el reparto no ha recibido la parte correspondiente de la tarta del crecimiento económico, es decir, tenemos una economía muy injusta; esa es la realidad de nuestro sistema económico.


Nosotros esperábamos que este presupuesto supusiese, no solamente abordar los problemas de coyuntura, sino también los problemas de fondo, y creemos que no es así. No aborda los problemas de coyuntura y mucho menos los problemas de fondo. Nosotros aspiraríamos a que el presupuesto abordase, en relación con la coyuntura, la protección al desempleo, las políticas activas y la formación profesional y, en relación con el modelo, que permitiese cambiar un modelo como el nuestro que, desde el punto de vista social, es muy injusto y, desde el punto de vista ecológico, es insostenible. Eso significaría dedicar mucho más a investigación y desarrollo, mucho más a educación y significaría dedicarse a cambiar la composición de nuestra economía. En este sentido el presupuesto no lo hace, porque quizá se ha impuesto restricciones a través de decisiones políticas legítimas que ahora no le permiten abordar estas prioridades. En ese sentido discrepo de los grupos parlamentarios que en esta Cámara durante los últimos años se han dedicado a alentar las rebajas fiscales, que las últimas nos han costado 15.000 millones de euros, es decir, la mitad de lo que hemos perdido en el cambio de crecimiento económico. Hemos perdido 30.000 millones de euros de ingresos, pero 15.000 millones por decisiones políticas equivocadas, en nuestra opinión, en la época de vacas gordas y ahora las estamos pagando en la época de vacas flacas. Por otra parte, tampoco coincido con las fuerzas políticas que en esta Cámara han sacralizado el déficit hasta el punto ya no de sacralizar el déficit, sino la estabilidad presupuestaria y el superávit presupuestario, lo cual también nos ata las manos en materia de gasto público. Ese gasto público, que sería muy importante para este presupuesto en condiciones de cambio de ciclo, podría permitirnos tomar medidas anticíclicas más profundas que las que nos permite el presupuesto actual, como se ve en la mayor parte de las secciones.


En esta sección en particular, mi primera preocupación, en el caso de un presupuesto que pretende enfrentarse a una crisis económica que impacta de manera muy importante sobre un empleo precario, sería que el presupuesto preservase el empleo público; y no es así. No es así porque el presupuesto no solamente es que reduzca el 70 por ciento de la contratación pública para este año, para el año 2009, con lo que abunda en la pérdida de empleo en nuestro país, sino que además los contenidos del presupuesto tienen ya efectos en cascada en los ámbitos educativo y sanitario en las comunidades autónomas y en los municipios, que están provocando en estos momentos la rescisión de empleos y, por tanto, la contribución del sector público al incremento del desempleo en nuestro país. Considero que es una equivocación, por lo que nosotros siempre hemos defendido una expansión moderada en cambios de crecimiento económico y no una propuesta de estancamiento o de ajuste, aunque sea suave, como propugna el presupuesto. Esta es una primera cuestión que quería plantearle.


En relación con las políticas activas, no voy a desglosar las distintas medidas de las políticas activas, pero el conjunto de las políticas activas, en nuestra opinión, no permiten cumplir con los compromisos del Plan de modernización ni cumplir con los compromisos de la ley de 2006 ni cumplir con los compromisos más recientes de los planes de choque, o como queramos llamarles, como el plan Caldera, en relación a las políticas activas de empleo. No hay un presupuesto que pueda abordar las políticas activas de empleo. Se puede explicar -imagino que lo hará- en relación con que han terminado algunas bonificaciones y demás. Creemos que esos presupuestos podrían ser reorientados para políticas activas de empleo y para el cumplimiento de compromisos adquiridos en esas políticas activas de empleo, pero sobre todo para revalorizar los servicios públicos de empleo, no solamente en su tarea de dar prestaciones, sino también de mediar en el mercado y en los distintos mecanismos de las políticas activas. Por eso la segunda pregunta tiene que ver con las políticas activas: ¿considera la secretaria general que con estos recursos es posible cumplir con los compromisos y, más allá de cumplir con los compromisos, revalorizar los servicios públicos de empleo ante

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la crisis, que creemos que son vitales, a no ser que se apueste por otra política de intermediación o por otros servicios de empleo, no tanto públicos? Me imagino que hay grupos en esta Cámara que los defiende, yo no los defiendo y mi grupo parlamentario no los comparte.


En tercer lugar, la pregunta sería si con estos recursos será posible que los servicios públicos de empleo cuenten con el personal suficiente para fijar itinerarios individualizados de inserción laboral, la gran finalidad de los acuerdos con los agentes sociales en reiteradas ocasiones: los itinerarios individualizados, los planes de recolocación, etcétera. Nosotros no somos capaces de ver en este presupuesto ese objetivo y me gustaría que nos lo explicase en las distintas partidas presupuestarias. En definitiva, a mí y a mi grupo parlamentario nos gustaría -no perdemos la esperanza- que, al igual que ha habido un plan de choque para salvar a las constructoras y ahora hay un plan de choque para dar liquidez a los bancos, hubiera también un plan de choque en materia de empleo, en materia de empleo público, en materia de políticas activas de empleo y en materia de nuevos nichos de empleo. Nosotros creemos que hay posibilidad por parte del sector público de fomentar nuevos nichos de empleo en el sector social y en otros sectores de la economía, en investigación y desarrollo, pero no lo detectamos en este presupuesto y echamos de menos que no haya esa misma voluntad por parte del Gobierno de abordar los problemas de los que están sufriendo ya los efectos de la crisis y, por lo que dice hoy el Fondo Monetario Internacional, el efecto de la crisis va a ser aún mucho peor en materia de empleo -habrá que creerle relativamente-, pero en todo caso la destrucción de empleo va a ser muy importante, y no vemos que haya el mismo nivel de compromiso, aunque no perdemos la esperanza. Esperamos que el presidente del Gobierno, después de una reunión -también nocturna- con los secretarios de los sindicatos, nos presente un plan de choque para el empleo y para las recolocaciones.


En relación con la protección al desempleo -y voy terminando-, no nos gusta que el informe económico financiero no diga la verdad. El informe económico financiero dice que la tasa de cobertura se sitúa en el 89,4 por ciento y no es el problema que infle las cifras, es que inflar las cifras luego no permite presupuestar bien. En estos momentos, de acuerdo con los criterios del propio Ministerio de Trabajo, en julio de 2008 había 1.650.000 desempleados recibiendo algún tipo de prestación. Si el número de parados es de 2.426.000 personas, la tasa de cobertura no es del 89 por ciento, sino del 68 por ciento y tenemos 776.000 desempleados que no tienen ninguna protección; 776.000. Sabemos dónde tenemos uno de los problemas y queremos pedir explicaciones a la secretaria general en relación con esta información, que en nuestra opinión es engañosa. Es engañoso para la propia actividad de las políticas de empleo no conocer cuáles son los colectivos que quedan desprotegidos en nuestro país. Nos preocupa este colectivo, que casi son 800.000 personas que no tienen ningún tipo de protección.


También nos preocupa -termino- otro colectivo al que nos hemos referido en diversas ocasiones. El nivel de contribución de algunos colectivos que tienen prestaciones, sobre todo inmigrantes, jóvenes, mujeres, no ha podido ser muy alto por el mismo hecho del carácter precario del empleo, predominante en estos sectores, y mucho nos tememos que en pocos meses agoten la prestación contributiva y no tengan derecho al subsidio. Por lo tanto, también preguntamos a la secretaria de Estado qué van a hacer no solamente con los 776.000 desempleados sin protección, sino con aquellos que a corto plazo, en cuatro, cinco o seis meses, no van a tener ningún tipo de protección, bien porque se les agote el desempleo o bien porque no tengan características para obtener ningún otro tipo de subsidio. Son jóvenes, no son mayores de 45 años, no tienen cargas familiares, etcétera. Ahí hay un nivel de desprotección que a nosotros también nos preocupa. En este sentido, le pregunto a la secretaria general de Empleo si considera que nuestro sistema de protección por desempleo es suficiente ante el aumento del paro y los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo. Es una conclusión lógica de lo que he dicho con anterioridad.


Nos preocupa también -termino de verdad- una cuestión que se ha planteado por otros grupos parlamentarios, relativa a una de las prioridades de las políticas activas y al cambio del modelo de desarrollo, como es la revalorización de la formación profesional en nuestro país. Hemos visto muy poco de eso en el presupuesto. Parecía que era una prioridad, pero no lo hemos visto como prioridad presupuestaria. Por otro parte, me reitero en el Plan de Empleo que he dicho antes -me gustaría sorprenderme viéndolo uno de estos días después de una reunión con los sindicatos- y le pregunto por los planes de empleo que han sido puestos en marcha en los últimos años, que deberían afectar a las zonas donde existen mayores problemas, bien de desempleo o bien de fragilidad del empleo existente.
En este sentido, me hago eco de la preocupación con respecto a partidas, como el Plan de Empleo de Melilla, que estaban en el presupuesto anterior y que han sido ejecutadas en menos del 50 por ciento del presupuesto previsto este año y nos tememos que para el próximo año se queden en bastante menos. Precisamente, lo que hay que hacer en este caso, como somos partidarios de impuestos progresivos, de una política anticíclica y por tanto de presupuestos expansivos en un momento de crisis, es incluir todas estas prioridades, pues tendríamos forma de pagarlas. Si hubiéramos planteado que era necesario rebajar impuestos, que había que sacralizar el déficit, no podríamos pagar estas prioridades.


El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Bienvenida, señora Rojo, a su primera comparecencia en esta Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados.


Señorías, el presupuesto que le toca gestionar a la señora Rojo es la expresión clara del momento económico en el que estamos instalados y en el que vamos a entrar claramente el próximo año. La política de desempleo crece un 24,3 por ciento y hay una inyección financiera del Estado al servicio público de empleo de 2.000 millones de euros y una disminución de la política de bonificaciones al empleo estable de un 12,5 por ciento.
Esas cifras indican claramente que este presupuesto refleja lo que seguramente hoy empieza a ser de nuevo la principal preocupación de los ciudadanos, como es el desempleo, el paro o la cuestión del empleo en general. Estaremos todos de acuerdo en que la función principal de la Secretaría General de Empleo no va a ser la creación de empleo, sino que eso lo van a decidir las empresas, los empresarios y las políticas económicas que el Gobierno en su conjunto sea capaz de impulsar en este contexto, las que se han anunciado en las últimas horas y seguramente las que habrán de impulsarse en los próximos meses. Aquí tengo una discrepancia de fondo con el señor Llamazares, porque yo estoy convencido de que bajar los impuestos a las clases medias, especialmente el impuesto sobre la renta, como se ha hecho en los últimos años por este Gobierno y por el Gobierno anterior, y el impuesto sobre sociedades son factores factor que van a contribuir a que las empresas tengan mayor capacidad de crear empleo. En esa línea vamos a continuar; es más, hemos observado a lo largo de estos años que la disminución de estos impuestos ha implicado un aumento significativo de la capacidad de recaudación del Estado. Un impuesto sobre la renta más bajo y un impuesto sobre sociedades más bajo no quiere decir disminución de los ingresos del Estado, sino todo lo contrario. Precisamente, en la medida en que esas medidas han ayudado al crecimiento de la economía, han implicado también un aumento de los ingresos del Estado, pero ese no es el debate de esta mañana al menos en esta Comisión. En este contexto, en el que -insisto- no corresponde a la Secretaría General de Empleo la creación de empleo estrictamente, existen responsabilidades de dicha secretaría muy significativas; de hecho, en el presupuesto se explicita cuáles son. Se habla del Plan de modernización de las prestaciones por desempleo, mejorando la atención al ciudadano, se habla de las acciones de control indirecto para la lucha contra el fraude de las prestaciones por desempleo, se habla de las acciones de racionalización y mejora de la gestión de las prestaciones por desempleo y se habla significativamente de las acciones para impulsar la reinserción laboral de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo a través de políticas activas. Aquí el primer elemento que a todos nos ha chocado de este presupuesto es que en esa función de reinserción laboral, de recolocación, de las políticas activas de empleo, el presupuesto marca un decrecimiento de esas políticas. Aquí hay un mensaje que la opinión pública no va a entender y esta Cámara tampoco y es que en ese contexto de distribución de empleo las políticas orientadas a la recolocación estén disminuyendo. La sensación que genera el presupuesto es que en ese terreno el presupuesto no se está adaptando al nuevo escenario de destrucción de empleo, que la capacidad de las políticas activas y de las políticas pasivas de acompañar a las personas que pierden empleo en el proceso de búsqueda de un nuevo empleo no se está adaptando. Nosotros, después de la primera lectura que hemos hecho de este presupuesto, no terminamos de ver cómo el Gobierno está adaptándose en su política a esa nueva realidad, en la medida en que el propio Gobierno en el presupuesto reconoce sus responsabilidades en materia de políticas activas de empleo, que, efectivamente, están traspasadas a las comunidades autónomas, pero que el propio Gobierno -insisto- en la ley de presupuestos reconoce que es una de las funciones del Servicio Público de Empleo Estatal. Esta es la primera reflexión de carácter general que le traslada mi grupo, qué sentido tiene que en ese contexto decrezcan las políticas activas de empleo.


En segundo lugar, hay una cuestión de fondo de nuestro mercado de trabajo que la señora Rojo conoce muy bien y que no sé si de manera consciente o involuntaria el ministro de Trabajo puso de manifiesto en esas polémicas declaraciones que realizó hace unas cuantas semanas, cuando se preguntaba si en el contexto de la situación económica en la que estamos, con 2.500.000 personas desocupadas y 1.600.000 personas que reciben prestaciones por desempleo, tenía sentido optar por la contratación en origen. El ministro hacía aquellas afirmaciones y yo creo que muchos ciudadanos lo que intuyeron era que, habiendo tantísimas personas sin empleo en España, las políticas deberían ir claramente orientadas a facilitar el empleo a quien no lo tiene en el territorio español antes de ir a buscar trabajadores extranjeros. Más allá de lo que quisiera decir el ministro, más allá de que todos hemos coincidido en entender que vamos a convivir con una realidad en la que va a haber empleos que van a tener que cubrirse con trabajadores que no están en España, lo que es cierto es que en nuestro mercado de trabajo va a existir esa contradicción, personas sin empleo en España y necesidades de las empresas de buscar trabajadores fuera. Y a esa complejidad, que permitiría seguramente que dedicásemos una mañana entera a analizar al porqué de eso y a ver qué respuesta debemos dar, de alguna manera el conjunto de las políticas activas y pasivas de empleo deben responder. Se impone una reflexión a fondo sobre si estamos haciendo las cosas suficientemente bien para romper esa paradoja. Quizás el ministro no lo pretendía, pero abrió un debate sobre esa contradicción de nuestro mercado de trabajo, que va a tener que ver con problemas de formación de nuestros trabajadores, de condiciones de salario y de condiciones de trabajo estrictamente de muchos empleos, de la falta de movilidad geográfica; también va a tener que ver con si nuestro mecanismo de protección al desempleo estimula suficientemente a quien está en esa situación a que opte por buscar un empleo. En

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el caso de Cataluña, donde por ejemplo tenemos una tasa más elevada que la media española de trabajadores en desempleo, con una baja capacidad de reincorporarse al mercado de trabajo, eso nos debe preocupar; o el paro de larga duración o lo que sucede con parados de más de 45 años. Ahí hay una reflexión muy a fondo sobre si el conjunto de nuestras políticas pasivas y activas están funcionando. Y no nos parece que el presupuesto refleje esa preocupación. Esa es la cuestión principal que mi grupo le plantea en esta comparecencia.


Le formularé además algunas preguntas más concretas cuya respuesta nos gustaría conocer. En primer lugar, vemos que ustedes hablan de un fondo de 50 millones de euros para la adaptación a sectores afectados por la internacionalización del comercio. Nos gustaría saber cuál es la previsión de la distribución de esos recursos para 2009, 50 millones de euros, para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que tengan dificultades de empleabilidad en determinados sectores de la economía y afectados por la globalización del comercio. ¿Cuál va a ser la orientación de esos recursos? Nos parece una cuestión significativa. En segundo lugar, nos ha sorprendido también la disminución del gasto en economía social. Vemos que en 2008 había presupuestados 21 millones de euros y que en 2009 bajan 9 millones de euros. Nos gustaría conocer exactamente el porqué de ese descenso, en un contexto en el que nos parece que desplegar la Ley de Empresas de Inserción va a ser importante, nosotros estamos observando una cierta lentitud del Gobierno en esa materia e incluso algunas dificultades de las empresas de inserción para aplicarse las bonificaciones a la Seguridad Social. Podemos terminar el año con un número escasísimo de trabajadores contratados por las empresas de inserción que se estén beneficiando de las bonificaciones que la ley contempla por la aplicación concreta que la Seguridad Social está haciendo de esa previsión.


En tercer lugar, nos gustaría conocer las previsiones de ejecución de gasto en materia de formación continua. En los últimos años, la ejecución del gasto en formación continua del Estado, a pesar de que ha ido mejorando, continúa siendo baja respecto del conjunto de lo que se está presupuestando. Entre 2004 y 2007 no se gastaron en formación continuada, de lo presupuestado, alrededor de unos 700 millones de euros, según su respuesta a preguntas parlamentarias que les hemos planteado. 700 millones de euros que se presupuestaron para formación de trabajadores desocupados no se han gastado gastando. Nos gustaría conocer si hoy sabe la señora Rojo el nivel de ejecución del gasto de 2007 en esta partida y qué medidas está impulsando para garantizar una efectiva ejecución de ese gasto en el año siguiente. También está algo que llevamos muchos años discutiendo y que a mí me provoca una importante desazón, el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional en esa materia; a nuestro entender, tanto en el modelo que primero aprobó el Gobierno popular y que luego modificó el Gobierno socialista, continúan incumpliendose esas sentencias del Tribunal Constitucional. Reconozco, eso sí, la mejora que habido en el sentido de que hoy se gestionan más recursos por parte de las comunidades autónomas en esa materia. En cuarto lugar y en cuanto a las políticas vinculadas a trabajadores autónomos, aprobamos hace unas cuantas semanas, con acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular y Convergència i Unió, aumentar la capitalización del desempleo a un 60 por ciento. ¿Cómo se concreta eso en el presupuesto? ¿Qué previsiones tienen en relación con esa medida?

Finalmente, nos gustaría conocer sus perspectivas sobre la renta activa de inserción. La renta activa de inserción fue un mecanismo -no recuerdo si fue con el ministro Zaplana o fue con anterioridad- creado por el Gobierno y que venía a ser la tercera línea de frente de cobertura; se hizo hace unos cuantos años. ¿Tiene sentido que mantengamos esa prestación, que tengamos ya las rentas mínimas de inserción del Gobierno las comunidades autónomas? ¿No tocaría, en ese tercer nivel de protección a las personas desempleadas, ir hacia la integración, hacia los dispositivos que las comunidades autónomas gestionan en ese campo? En el contexto de ese incremento del desempleo tan significativo en el que estamos entrando, nos preocupa que precisamente la magnitud de la situación haga que nos relajemos respecto de aquellos trabajadores que van a tener más dificultades de encontrar empleo, aquellos trabajadores que, por sus condiciones personales, familiares, de entorno, o por lo que sea, ya lo han tenido en condiciones normales de buen funcionamiento de la economía, pero que precisamente, en un contexto como en el que estamos entrando, van a tener mayores dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo. Esa necesidad de integrar rentas activas de inserción, rentas mínimas de inserción, muy en el ámbito de lo que se hace desde las comunidades autónomas, nos parece muy significativo. Yo espero que de la comparecencia de hoy quizás se puedan derivar enmiendas de Convergència i Unió a esta sección que nos permitan que esta política se adapte con mayor claridad a ese contexto de destrucción de empleo y de crisis en el que estamos instalados.


El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Quiero comenzar mi intervención agradeciendo la presencia de la secretario general de Empleo en esta Comisión y, dado que el procedimiento establecido es el que es y que lógicamente hay que pasar prácticamente a valorar el presupuesto y a hacer las preguntas correspondientes, quisiera también decir que los presupuestos que hoy presenta aquí el ministerio son presupuestos responsables, son respetuosos con la situación de crisis que estamos pasando y ponen como prioridad el empleo y la protección de los parados. Ya sé que hay algunos grupos parlamentarios

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que no conciben esto así pero yo creo que en estos momentos el elemento fundamental es que la gente que se quede en la calle tenga el mayor grado de protección posible. Ahí están los 27.500 millones de euros que hay presupuestados para ello y yo estoy convencido de que, si son precisos más -esperemos que no-, habrá recursos para protegerlos, como han dicho reiteradamente el presidente del Gobierno y nuestro ministro de Trabajo.
Hay otra opción también, que es poner como prioridad la mejora del empleo y las políticas activas para conseguirlo y el diálogo social reforzado, para poder avanzar en el impulso de la economía y el empleo.


Yo sé que al señor Echániz el diálogo social le produce sarpullidos, pero ese es un problema suyo. Habla de que el diálogo social en la pasada legislatura fue un problema, pero a mí me parece que fue todo lo contrario. El diálogo social en la pasada legislatura trajo a este Parlamento prácticamente 21 proyectos de ley, pactados previamente y mejorados con la discusión parlamentaria prevista. Desde mi punto de vista, nosotros hicimos un diálogo social porque creíamos en él y otros hicieron una pantomima que llevó a una huelga general, fruto de un decretazo. Esa es la diferencia entre cómo se entiende el diálogo social por parte de este Gobierno y la causa por la cual se vilipendia el diálogo social por parte de algún grupo parlamentario. (El señor Echániz Salgado: 600.000 nuevos parados.) Para nosotros, señora secretaria, estos objetivos son los que están enmarcados en las políticas de estos años.
Los cinco presupuestos que hemos venido discutiendo, todos ellos se han caracterizado por un eje fundamental y es que han sido presupuestos con un contenido eminentemente social. Estos presupuestos prácticamente dedican el 52 por ciento de los gastos a este tipo de políticas. Hablar de política social en los presupuestos no es verborrea, señor Echániz, es realidad, le guste o no le guste. Critique las cuantías, pero no denigre, porque detrás de las políticas sociales hay personas que las necesitan y esas personas merecen respeto. Estamos hablando de un 52 por ciento y por tanto estamos hablando de una partida importante. Decimos también que este ministerio tiene un crecimiento del 13,6 y no un decrecimiento. Por tanto, tiene una garantía de que en este ministerio se va a seguir trabajando con una serie de políticas importantes. Porque para nosotros en la actual situación es importante desarrollar una serie de políticas y garantizar que nuestra gente, los trabajadores y las trabajadoras, sean inmigrantes o sean autóctonos, tengan un mayor grado de protección. Por eso es importante para nosotros la Inspección de Trabajo. ¿Para qué? Para evitar por encima de todo el fraude en las contrataciones o un hecho que para nosotros es muy importante también, el incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. Por eso hicimos una apuesta hace cuatro años y la seguimos revalorizando en estos momentos. Pero el paro, señorías, se está incrementando. Sería cínico no reconocer ese dato, circunstancia que además sabemos que no es un beneficio sino una desgracia. Es un dato que nos gusta siempre recordar. El paro no se resuelve con un decreto, ni con un discurso, ni con una diatriba. El paro se resuelve trabajando, invirtiendo, proyectando políticas en todos los ámbitos y haciendo que el conjunto de la sociedad política y social se plantee que este es el objetivo fundamental. Cuando ustedes, el Partido Popular, en el segundo trimestre del año 2000, la EPA les daba que había 2.459.600 parados, con un 13,7 de tasa de paro dentro de una población activa de 18.200.000, ustedes, el Partido Popular, decían que España iba bien; nosotros decíamos que estábamos mejorando en el empleo, no aplaudíamos con las orejas pero no hacíamos las diatribas que ustedes hacen en estos momentos. Cuando nosotros hoy, en el segundo trimestre de 2008, tenemos 2.381.500 parados, según la EPA, y un 10,4 por ciento de desempleo, también según la EPA, dentro de una población activa de 22.806.700 trabajadores, decimos que queremos mejorar, que a nosotros estas cifras solo nos motivan para cambiarlas, a pesar de la situación de crisis; también nos motivan para hacer otras cosas, como por ejemplo garantizar que nuestros parados tienen la cobertura suficiente.


Al margen de otras cuestiones, nadie nos negará que estos presupuestos tienen un incremento del 24,4 por ciento de cobertura de desempleo. ¿Por qué? Porque consideramos que va a incrementarse el desempleo. Pero frente a tener esa proyección y quedarnos parados, como algunos hicieron, nosotros decimos que nuestros parados tienen que tener el mayor grado de protección y, si tienen que tener el mayor grado de protección, tenemos que tener el mayor grado de cobertura posible y el respaldo presupuestario suficiente. Ustedes, no hace tantos años -cinco o seis años-, cuando dejaron el Gobierno, tenían un 20 por ciento de cobertura de desempleo, por debajo de la que se tiene en estos momentos. Es decir, de cada cien parados en aquella época, veinte tenían menos protección -o ninguna- de la que tienen en estos momentos; esto al margen del debate con el señor Llamazares de si tenemos el 68, el 71 o el 75. Eso lo podemos discutir, pero lo que es indiscutible es que ustedes estaban veinte puntos por debajo de nosotros. Eso sí que no es discutible así es que, por favor, seamos responsables y tengamos un poco de sentido común.
Aquí es donde yo quiero lanzar la primera pregunta a la secretaria general: ¿considera que se está garantizando la prestación por desempleo en el próximo año con las partidas presupuestarias que tenemos en estos momentos? Quiero aclararlo, porque eso sí que es transmitir seguridad y confianza a los ciudadanos que se pueden ver afectados.


Diseñar las políticas que faciliten el acceso al empleo y al tránsito del mismo es el eje fundamental de las políticas activas de empleo. Nosotros consideramos, y desde el grupo parlamentario se lo hemos hecho llegar al Gobierno, que las políticas activas de empleo que se presentan en estos ejercicios son continuistas. Nos hubiese gustado que fueran innovadoras, pero tenemos también conciencia clara de que hay una mesa de diálogo social, que habla de políticas activas de empleo y que tendrá que dar resultados, resultados que se tendrán que incorporar en el momento oportuno. Para nosotros, esas

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políticas activas de empleo a través de la mesa de diálogo social tienen un efecto multiplicador y unas políticas activas de empleo en función de la visión exclusiva del Gobierno podían tener algún efecto negativo. Como hemos visto también a ustedes, que lo hicieron mal-, queremos hacerlo bien. Son continuistas, estoy de acuerdo, pero, desde el punto de vista cuantitativo, ustedes, en el año 2000, tenían 4.888 millones de euros y nosotros en el año 2009, tenemos 7.352 millones de euros. La cifra la hemos superado en 2.524. No está mal. ¿Suficiente? Nunca es suficiente cuando se habla de políticas activas de empleo. Sin embargo, hemos crecido en formación, hemos crecido en promoción de empleo en autónomos, en atención a la inserción de discapacidad, en itinerarios de empleo para desplazados, en los nuevos orientadores, todo lo cual responde fundamentalmente a este tipo de políticas.


Hay un ejemplo claro que me lleva a hacer la siguiente pregunta a la secretaria de Empleo: ¿dónde están las partidas presupuestarias de la contratación de los nuevos 1.450 orientadores derivados de las medidas de impulso a la contratación, aprobadas por el Gobierno en abril? Eso son realidades tangibles, son 1.450 personas que tienen que estar orientando, lo cual responde un poco a lo que planteaba el señor Llamazares que se debería hacer en este sentido. Hay también dentro de estas políticas aquellas que tienen como objetivo regular las relaciones laborales y las condiciones de trabajo que en este caso concreto se desarrollan a través de las partidas de bonificaciones a los contratos fijos. Ha habido permanentes requerimientos por parte de los grupos -más que requerimientos, recriminaciones- de la caída en esta partida de un 9 por ciento. Yo, que soy previsiblemente, junto con el señor Campuzano, el más antiguo de la Comisión como portavoz, me gustaría recordar a algunos de los diputados que han intervenido que las bonificaciones de la contratación fija de estos presupuestos, que no del anterior, que llevaba conceptos distintos de fijos y temporales que posteriormente se transformaban en fijos, se ha reducido previsiblemente -me atrevo a pensar- porque también se ha cambiado el tipo de bonificación; anteriormente era porcentual y en estos momentos es a tanto alzado y solo para contratos fijos.


Quiero recordar que esto fue fruto de la Ley de reforma del mercado de trabajo. En ese sentido -y siento que no esté el señor Llamazares- está muy claro que nosotros aportamos y apoyamos el cambio de tendencia de nuestro mercado de trabajo y que queremos mayor grado de contratación estable. Por eso bonificamos ese tipo de contrato y por eso, en la época de crecimiento, conseguimos en poco tiempo bajar del 33 por ciento de temporalidad al 29 por ciento. Fruto de esta ley y de este tipo de bonificaciones. Eso es actuar, señor Echániz, por una ley que usted votó conjuntamente en este Parlamento y en esta Comisión, donde, por cierto, hemos tenido en la legislatura pasada casi un 90 por ciento de acuerdos por unanimidad en la mayoría de los trámites legislativos. Además, todas estas políticas de fomento de empleo tienen una gestión descentralizadora. Estamos hablando de políticas activas de empleo como si controlásemos el cien por cien y, señorías, está transferido casi el 73 por ciento. Aquí realmente de lo que estamos hablando es de que nosotros gestionamos el 27 por ciento, en el mejor de los casos. Hasta el señor Olabarría me tendrá que reconocer que él, que nos reivindicaba permanentemente en estas comisiones el Hobetuz, tiene 24 millones transferidos para la gestión de la formación profesional. Aquí todo el mundo está gestionando una parte fundamental de las políticas activas.
Por eso, para mí es importante saber -y esa es otra de las preguntas que le planteo-, conociendo cuál es la proporción, hasta dónde consideran ustedes que pueden llegar en las transferencias de las políticas activas de empleo a las comunidades autónomas. Porque potenciar la calidad de la formación es una parte esencial de las políticas activas. Nadie puede decirnos que las políticas activas en estos momentos no crecen, cuando tenemos como elemento fundamental del desarrollo del futuro -cuando salgamos de este túnel que es la situación económica en la que nos encontramos- una formación profesional adecuada, ajustada, vinculada a las empresas y en función de las necesidades del país y de nuestros trabajadores. Se incrementa en casi un 7 por ciento. Además de incrementarse en casi un 7 por ciento, su gestión tiene un comportamiento tripartito, está descentralizada. Es más, le recuerdo, señor Echániz (El señor Echániz Salgado: El que está sentado ahí es el compareciente, no yo.), porque la memoria es un elemento fundamental, hasta la histórica pero en este caso no es la memoria histórica la que le quiero recordar-, que fue recurrida la transferencia de la formación profesional a las comunidades autónomas y que tuvieron tres sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Se acuerdan de que para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional pusieron 1.000 euros para transferir a las comunidades autónomas en formación ocupacional? ¿Se acuerdan de aquello? Yo lo que quiero saber en estos momentos es cuál es la cantidad de los presupuestos de formación que gestionan las comunidades autónomas y su proporción en el conjunto del Estado. Lo quiero saber porque es algo que se ha hecho en cuatro ejercicios presupuestarios, y para mí es importante el cumplimiento de una sentencia pero también el cambio de orientación de la política.


La reforma laboral de 2007 cambió sustancialmente la protección de los trabajadores. Ahí tuvimos una reforma que desde nuestro punto de vista fue importante, el Fogasa. Usted antes ha insinuado si algunos de estos fondos estaban puestos en plazo fijo o con algún tipo de bonificación de especulación bolsística, según he entendido. El Fogasa se cambió, se modificaron los topes de cálculo y a su vez el incremento del salario mínimo interprofesional ha hecho que haya más gasto del Fogasa. Recuerdo que un portavoz del Grupo Parlamentario Popular hizo una reflexión muy interesante sobre si el cambio del Fogasa podría traernos un efecto negativo en

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cuanto a los ingresos y si la estabilidad presupuestaria del Fogasa podría peligrar. Hay que saber qué ha pasado con esto y me gustaría que la señora secretaria general me respondiese a esta pregunta: ¿podría decirnos con qué recursos cuenta y el estado actual de las cuentas del fondo? Porque esto es importante, sobre todo en una época en la cual las pymes van a tener que hacer ERE y en algunos casos no van a poder cubrir los despidos. Es bueno saberlo pero también lo es aprender. En la época de crecimiento nuestro Gobierno, a lo largo de estos cuatro años, a través de la concertación social, ha hecho una reforma del Fogasa para prevenir las situaciones en las que nuestros trabajadores estuviesen en desempleo y darles un mayor grado de protección, que es lo que ha hecho el Fogasa, ha dado mayor grado de protección, y eso lo van a vivir los que tengan que vivir, precisamente, del Fogasa. Ese es un elemento importante.


Otro tema que desde mi punto de vista también es importante y que se ha hecho a lo largo de estos años es la responsabilidad social de las empresas. Por primera vez, este Gobierno ha conseguido firmar un acuerdo en el marco del diálogo social, con una declaración lo más ajustada posible porque se hizo con los empresarios. Ese es un tema vital. Ese acuerdo ha posibilitado la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, publicado en el BOE el 15 de febrero, con lo que esto supone de ir avanzando en este campo. No es suficiente. La prueba de que hemos avanzado poco en este campo la tenemos en alguna de las causas de la situación de crisis en la que estamos. La responsabilidad social bien aplicada en la mayoría de las empresas hubiese evitado algún tipo de especulación innecesaria o de riesgo, fruto de la actuación poco inteligente de sus responsables. A nosotros nos parece importante saber qué planes tiene el ministerio para desarrollar la responsabilidad social de las empresas, porque, repito, en la salida de la situación en la que estamos, la responsabilidad social de las empresas tiene que cumplir una parte importante, no para publicar magníficos libros o tomos encuadernados, sino para tener prácticas distintas de las que actualmente se tienen. Ahí sí que debemos hacer un esfuerzo. Este Gobierno viene desarrollando una actividad política contra los accidentes laborales. Nuestro grupo no quiere ser triunfalista, simplemente estamos diciendo que empezamos a contener los accidentes laborales; no a resolverlos, sino contenerlos. Están bajando los accidentes mortales -un elemento importante-, están bajando los accidentes más graves, pero en estos momentos tendremos probablemente bajas por accidentes leves, que todavía no las tenemos controladas. No estoy diciéndolo respecto a este mes, sino respecto a la época de crecimiento. Lo digo para que nadie me diga que, como ahora hay menos empleados, se han reducido los accidentes. No, me refiero a la época de mayor crecimiento. Respecto a eso hay un acuerdo, que es la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2008-2012, vinculada con el tema de Lisboa. Consideramos que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene un componente fundamental, desde el punto de vista científico y técnico, para desarrollarla y para ser la bandera de la misma. No tengo ninguna duda de que ese es también uno de los objetivos del ministerio y que en ese conjunto de elementos el instituto jugará una parte fundamental de la actividad de cara al futuro. Quiero decirlo sobre todo porque ha habido algunas intervenciones que daban la imagen de que menospreciaban al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo a la hora de desarrollar políticas contra la inseguridad y la accidentabilidad laboral.


Por último, me gustaría hacer una reflexión sobre los planes integrales de empleo en las comunidades autónomas, que en este año -es cierto- han tenido una menor dotación. Aparte de preguntar a la señora secretaria general en qué situación quedan los planes integrales de empleo de las comunidades autónomas, me gustaría resaltar dos cuestiones. A lo largo de estos años han sido planes que se han ido desarrollando en aquellas comunidades en las cuales los niveles de paro tenían unos porcentajes mayores, han sido planes que han tenido un efecto positivo en aquellas zonas en las que se han desarrollado, la prueba está en que aquellas que no los tienen en estos momentos los están pidiendo para que se apliquen.
También ha habido un debate siempre permanente en esta Comisión de Trabajo a lo largo de estos cuatro años pasados con el anterior portavoz de Trabajo sobre por qué Ceuta y Melilla no estaban recogidas dentro de estos planes; efectivamente creo que tenemos en estos momentos un plan especial para el tema de Melilla pero siempre nos remitimos a lo mismo: Ceuta y Melilla son territorio del Estado y por tanto las actuaciones son directas de la Administración Central del Estado, mientras que Andalucía tiene competencias transferidas en la gestión de sus políticas activas de empleo o Extremadura, Galicia o cualquier otro territorio que se pueda plantear. A mí me parece que esos datos son interesantes a la hora de saberlos.


Nada más señora secretaria, le reitero el agradecimiento por su comparecencia y le traslado el apoyo de este grupo parlamentario a las políticas que se están desarrollando en estos momentos por parte del Ministerio de Trabajo y por usted misma en su ámbito.


El señor PRESIDENTE: Para responder a todas las cuestiones formuladas por los distintos portavoces que han intervenido, tiene la palabra a continuación la secretaria general de Empleo doña maravillas Rojo.


La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Señor presidente, señoras y señores diputados, quiero expresar el honor que representa para mí comparecer por primera vez ante ustedes en esta Cámara, y además agradezco muy especialmente la oportunidad que me brindan de explicar las principales líneas de actuación de la Secretaría General de Empleo y su expresión presupuestaria en el próximo año, lo que hago con toda satisfacción.


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Les quiero agradecer desde el inicio sus intervenciones, sus aportaciones, que he escuchado muy atentamente, y quiero decirles que todas y cada una de ellas tendrán respuesta, si bien no en este momento quizá por razones de tiempo o de detalle, pueden estar seguros de que la tendrán por escrito o en un momento posterior. También desde el inicio les quiero manifestar mi total disponibilidad para comparecer en esta Cámara cuando ustedes lo requieran y para facilitar su trabajo, en definitiva, el trabajo que responde a la voluntad de los españoles y las españolas que los han escogido. Voy a tratar de ser clara y sintética a la vez que rigurosa lo cual no es fácil después de una hora y media de intervenciones de los cuatro grupos durante las que me han hecho preguntas, pero lo voy a intentar porque creo que hay algunas cuestiones que es imprescindible que en esta comparecencia podamos dejar claramente manifiestas.


Así, en primer lugar, quiero recordarles -sé que ustedes lo identifican bien, aquí no hay discrepancia- que el presupuesto que gestiona la Secretaría General de Empleo para 2009 es un presupuesto de casi 29.000 millones de euros, que incrementa un 14,5 por ciento y que supone una aportación de 3.600 millones de euros más que en el presente ejercicio, pero es un presupuesto, como ustedes han expresado, con intención y con voluntad efectivamente, tiene objetivos prioritarios. Los objetivos prioritarios de este presupuesto sobre todo son facilitar las condiciones para que en los ámbitos de gestión que corresponde, que son mayoritariamente en las comunidades autónomas, se pueda favorecer la mejora del acceso al empleo y también la mejora de las condiciones de trabajo. Tiene también como objetivo prioritario garantizar la protección social al desempleo. Me gustaría decir que el objetivo prioritario de este presupuesto son las personas, cada uno de los hombres y mujeres concretos que está detrás de una situación realmente difícil, de una situación que todos, señorías, queremos superar, que estoy convencida de que queremos contribuir a hacerlo.


Este presupuesto, señor Echániz, sí tiene voluntad política, lo que pasa es que permítame que le diga que no puedo estar de acuerdo con usted por tantas cosas, y aunque en algunas podríamos coincidir, en una fundamental no. Este es un presupuesto que apuesta decididamente por una voluntad política de garantizar las prestaciones por desempleo, y no me diga usted que esta es una cuestión de leyes, porque yo tengo memoria histórica, que ya tengo cierta edad, y recuerdo muy bien, porque hace más de treinta años que trabajo en este ámbito, otras situaciones. El Gobierno podría -pero no lo hará- haber modificado la legislación de la protección por desempleo como se hizo en otras ocasiones y, por lo tanto, reducir esta protección. No solamente es esa la voluntad política del Gobierno en este presupuesto; el Gobierno tiene además una voluntad decidida de hacer una aportación al presupuesto, el que está previsto, los 2.010 millones, más aquel que se requiriera en el caso de que el número de beneficiarios por prestaciones no hubiera quedado cubierto. Esa aportación, por cierto, es nueva desde hace diez años; quiero recordar que en 2000 -y supongo que le suena esta cifra-, en ese año a que me refiero fue cuando desapareció de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal la aportación del Estado. Así pues, es un presupuesto con voluntad clara, explícita y quiero asegurarles a los que están afectados que las prestaciones por desempleo son una prioridad que se va a garantizar. Van a contar con una aportación del Estado que ya está reflejada pero también con aquella que fuera necesaria.


Además este presupuesto tiene otra vocación política muy clara que no me ha parecido -espero contribuir a hacerla más evidente- que estuviera presente suficientemente en esta Cámara, y es que son unos presupuestos que participan activamente de una decisión que ha tomado esta Cámara, que es la decisión de transferir la gestión de las políticas activas a las comunidades autónomas. Señorías, transferir las políticas activas no es solo, como les voy a explicar después, transferir la gestión de programas de empleo que hoy organiza y diseña el ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal, no, es muchísimo más. Transferir las políticas activas de empleo significa -y espero que el señor Campuzano me ayude, estoy segura de su buena comprensión- fortalecer el autogobierno, y fortalecer el autogobierno es la capacidad de organizarse cada una de las autonomías de manera que mediante los recursos que se transfieren desde el Ministerio de Economía para aquellos ámbitos que han sido transferidos, no solo el empleo, también la salud o la educación, cada comunidad autónoma, porque no tienen sentido finalista -recuerden las discusiones que tenemos estos días respecto a la sanidad-, pues bien, cada comunidad autónoma organice cuántas personas dispone. Señor Llamazares, las personas que contratan los servicios públicos de empleo están en la oferta pública de empleo de las comunidades autónomas no en este presupuesto, porque está transferida la gestión, y por lo tanto está transferida la intermediación, está transferida la atención a las personas, la atención a las empresas; está gozosamente transferido en el mejor sentido de los que creemos en la capacidad de un país que realmente a través del autogobierno y de las comunidades autónomas avanza con mayor proximidad. Aún déjenme decir que tiene otra vocación política este presupuesto, que el Grupo Socialista ha mencionado y que comparto totalmente, y es la vocación clara de diálogo social. Este presupuesto se va a desarrollar en base a la dinámica, acuerdos y propuestas que a través del diálogo social que ya está iniciado y en marcha vaya configurando. Permítanme estas expresiones porque, antes de iniciar la explicación más detallada del presupuesto, eran imprescindibles. Efectivamente -ustedes han hecho algunas referencias-, estamos en una crisis financiera internacional y estos días es bien evidente la expresión que estoy utilizando. Esta crisis financiera internacional, que además tiene una amplia vinculación con el incremento de precios de materias primas y del petróleo y que

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en nuestro país ha tenido una implicación muy especial la caída brusca de la actividad de construcción residencial, repercute de una manera dura -y sin duda no nos gusta para nada que sea así- en la actividad del consumo, pero muy especialmente en ampliar el desempleo.


Señor Echániz, he escuchado atentamente lo que ha dicho y, como verá usted, algunas cosas tienen respuesta no de interpretación ideológica sino estrictamente de una buena lectura de las partidas contables, pero hay una cuestión que quisiera decirle. Probablemente -ojalá no hubiera sido-, si usted estuviera en mi sitio, tendría el mismo o mayor número de desempleados que hoy hay en España, pero habría una diferencia sustancial: estarían haciendo ya una modificación del mercado de trabajo para incrementar la precarización y además ya habrían modificado la cobertura de las prestaciones por desempleo. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: La desprotección a los jóvenes.- Rumores.) En todo caso, son unos presupuestos que dan respuesta a la prioridad a corto plazo, que, respondiendo a esta cobertura del corto plazo, no solo permiten la cobertura al desempleo sino sobre todo apuestan decididamente por que haya instrumentos para mejorar la situación de las personas que tienen que acceder al empleo o mejorarlo. Además, son unos presupuestos que también actúan en las condiciones de trabajo y que incorporan el fomento de la economía social con profunda convicción. No solamente -lo han citado algunos de ustedes y también el señor Campuzano- no dejamos de apostar intensamente por la iniciativa emprendedora, la economía social y los autónomos, sino que lo que antes era una partida destinada a favorecer la conversión de los desempleados en su trabajo en cooperativas lo hemos incorporado en el Servicio Público de Empleo Estatal. Esa partida no se ha reducido sino que se ha transferido, porque eso potencia la actividad que en el conjunto del trabajo autónomo, del trabajo de sociedades laborales y cooperativas queremos seguir haciendo en relación con la capitalización de prestaciones por desempleo y muy especialmente en estimular las medidas para implementación de la empresa para subvención financiera, formación o asistencia técnica. Así que estos son unos presupuestos que además apuestan por el fomento de la economía social, por el trabajo autónomo, por esos 3.000.000 de personas que asumen riesgos y tienen resultados -por cierto, imprescindibles para el desarrollo de nuestra economía- y también por la extensión de la responsabilidad social empresarial, porque hoy es un factor estratégico en las empresas y porque precisamente en coyunturas difíciles es más necesario que coincidamos en extender la responsabilidad social de las empresas.


Estoy de acuerdo, señor Campuzano -no podría ser de otra manera-, en que el empleo se genera por la actividad económica. Si no hay actividad económica, no hay empleo. Este presupuesto de la secretaría general no es para la creación de empleo, si bien contempla una parte importante y decidida para estimular la creación de empleo mediante, como he dicho hace un momento, el empleo autónomo y la constitución de empresas de economía social, pero efectivamente es el conjunto de medidas que está tomando el Gobierno, que ha tomado y que activamente está proponiendo -especialmente, la mejora de la liquidez del sistema, la mejora de las telecomunicaciones, los transportes o cuestiones relativas a la reducción de trabas administrativas- las que van a favorecer, entre otras cosas, la creación, el mantenimiento del empleo y sobre todo la creación de un modelo de empleo en otro sistema productivo.


Son presupuestos en un contexto de austeridad, lo reconozco. No es un momento del que podamos decir que todo cabe. Señorías, todo no cabe. Cabe la austeridad, cabe la eficiencia, cabe la solidaridad y cabe en el contexto de los Presupuestos Generales del Estado, y por eso estos presupuestos responden a estas prioridades. Quiero recordarles que estos presupuestos incorporan el diálogo social, porque va a ser el marco de análisis y propuestas, muy especialmente va a ser el marco para analizar la intermediación. Efectivamente, en este país tenemos pendiente el reconocimiento legal de la incorporación de iniciativas privadas y públicas al sistema de intermediación de los servicios de empleo públicos. Estoy convencida de que en el marco del diálogo social vamos a tratar esta cuestión y a avanzar en ella. También en el marco del diálogo social, señor Llamazares, vamos a tratar el nuevo elemento, el nuevo dato que nos tiene que identificar la cobertura. Es cierto que un 1.800.000 personas desempleadas tienen hoy cobertura por desempleo. Es un dato absolutamente contrastado y es cierto también que es la cifra más alta de la historia, pero, como usted dice, el concepto de la tasa de cobertura responde a una serie que de alguna manera ha quedado obsoleta, porque hoy tenemos una forma de registrar el desempleo que no coincide con el cálculo de la serie de la cobertura actual de desempleo. Esté convencido -como estoy yo convencida de que será así- de que en el marco del diálogo social renovaremos esta tasa, este concepto de cobertura para que sea realmente el que explicite exactamente en qué situación estamos, si bien quiero recordar que nos concentramos en los niveles más altos de cobertura de la historia.


No le acepto, señor Echániz, la propuesta de cambio de la Secretaría General de Empleo, aunque hace muchos años -muchísimos más que usted porque es muy joven- que estoy trabajando en estos temas y sé que al imaginario colectivo le resulta muy difícil hablar de una oficina que no sea oficina del paro, entre otras cosas, porque cuando lo que se garantiza es la prestación por desempleo la gente identifica muy bien ese resultado; pero estoy convencida de que entre todos -empresas, profesionales, partidos políticos, administraciones- seremos capaces de que el conjunto de la oferta de empleo que existe en este país se pueda canalizar a través de los servicios de empleo. La Secretaría General de Empleo actúa en tres ámbitos básicamente. No solo como prioridad, que la tiene, garantiza la protección social ante el desempleo, sino que también actúa ante situaciones especiales de jubilación y las situaciones

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derivadas de empresas insolventes a través del Fogasa. La secretaría general actúa en mejorar las condiciones de acceso al empleo y de mantenimiento del empleo, y por eso promueve programas para el empleo y de formación para el empleo. La secretaría también regula las relaciones laborales y las condiciones de trabajo. Para hacer esto, que realmente es amplio y hoy complejo pero a la vez una imprescindible contribución, cuenta con seis instrumentos operativos distintos: la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad Social Empresarial, el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Fogasa y el Servicio Público de Empleo Estatal; también, aunque no esté en este presupuesto, cuenta como instrumento operativo con la unidad administradora del Fondo Social Europeo.


Quiero resumir algunos elementos básicos de este presupuesto, especialmente porque ha habido una cierta coincidencia en dos cuestiones en relación con la manera de garantizar las prestaciones por desempleo y con un decremento, según ustedes afirman, de las políticas activas de empleo. Este presupuesto constituye el mayor incremento de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, es expresión de la apuesta y la decisión del Gobierno por esforzarse canalizando recursos hacia este ámbito. Lo podría no haber hecho o haberlo hecho de otra manera. Este 14,5 por ciento de incremento es resultado de la apuesta del Gobierno. Este presupuesto destina 7.628 millones de euros para favorecer el acceso y el mantenimiento de empleo para que cerca de 8.000.000 de personas se beneficien de esos programas. Estoy hablando en concreto de 2.287 millones de euros para programas de empleo; un incremento, señorías, del 7,8. Estoy hablando 2.541 millones de euros para programas de formación para el empleo; un incremento del 6,6. Y estoy hablando de 2.800 millones de euros para promover empleo estable mediante bonificaciones que, efectivamente, tiene una disminución del 12,5. por cierto. Sin embargo, no podemos hacer un promedio y liquidar el tema de las políticas activas promediando, porque, señorías, es muy distinto analizar que sí existe un incremento efectivo en la formación para desempleados y para ocupados y que sí que existe un incremento efectivo austero -más austero probablemente de lo que quisiéramos, pero incremento en definitiva- de programas de empleo, como iremos viendo progresivamente. La reducción en las bonificaciones deviene en primer lugar, como ustedes conocen perfectamente, a lo de un ajuste que puede ser la previsión efectiva de contratación, pero también de la nueva situación de bonificaciones -como también ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- y, muy especialmente, de que una parte de contratos bonificados finalizan su vigencia porque se iniciaron en 2006 y la vigencia de la bonificación era de dos años. Así, este presupuesto incrementa en lo concreto los programas para el empleo y los programas de formación para el empleo. Disminuye la partida de bonificaciones, pero quiero decirle que esta es una partida ampliable; y si hubiera lugar -ojalá- a incremento porque hubiera mayor nivel de contratación indefinida, esta partida tendría un incremento. Este presupuesto, además de esos 7.628 millones de euros para favorecer el acceso y el mantenimiento del empleo, destina también 19.292 millones de euros -casi 4.000 más que en el ejercicio anterior, como ustedes han dicho, un 24,4- para proteger a las personas en situación de desempleo, y para garantizar los salarios e indemnizaciones, algo que tiene muchísimo que ver, por cierto, con las pequeñas empresas, por insolvencia o procedimiento concursal se destinan 551 millones de euros.


Por último, quisiera destacar en este resumen inicial que para prevenir riesgos y mejorar condiciones laborales, el conjunto del ministerio -no solo el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- destina 377 millones de euros, porque, efectivamente, la prevención de los riesgos tiene otros ámbitos de partidas presupuestarias que luego relataré, como pueden ser las mutuas o puede ser la Fundación para la Prevención, que son fondos públicos; por tanto, son 377 millones de euros.


Ustedes se han expresado ampliamente. Lamento la hora en la estamos, pero me voy a permitir mantener el mismo tiempo que ustedes han utilizado porque creo que estamos ante un tema crucial, que es absolutamente prioritario y me gustaría aún extenderme un poco más. Así que voy a hacer referencia a la situación de los servicios de empleo. El INEM es el pasado. Hoy, permítanme, señorías, que hablemos de los servicios públicos de empleo. Porque creo recordar que ustedes, que conocen bien la Ley de Empleo, saben que esta ley define -y leo textualmente- que el Sistema Nacional de Empleo es el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo y que está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y por los servicios de empleo de las comunidades autónomas. Así pues, hoy en España hablamos y construimos una red de servicios públicos de empleo de base territorial. Es una red, señorías, y una red, efectivamente, tiene elementos de centralidad -sobre todo, una plataforma digital que gestiona la coordinación efectiva-, pero una red potencia lo que significa actuar descentralizadamente desde la capacidad de proximidad y de adecuar las respuestas a cada territorio. Creo que eso es muy importante tenerlo presente en esta Cámara. Pero aún es más. El Servicio Público de Empleo Estatal es el órgano encargado de gestionar el reconocimiento y pago de las prestaciones y es la única gestión que realiza, entendiendo por gestión organizar acciones, mientras que son los servicios de empleo autonómicos los que tienen encomendadas la gestión de la atención a las personas en desempleo, a las personas en mejora de empleo y también la atención a las empresas que quieren cubrir puestos de trabajo vacantes.
Eso son políticas activas, señorías. ¿O la intermediación no es política activa? Esa intermediación no está en este presupuesto. El presupuesto que tiene que ver con las personas que hacen la intermediación está en los presupuestos de las comunidades autónomas, porque son servicios de empleo transferidos. Así que una

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de las cuestiones que me parece muy importante compartir con todos ustedes es que cuando hablamos del presupuesto de los servicios públicos de empleo, deberíamos tener en mente el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, pero también todo lo que representan los presupuestos que, con recursos transferidos desde el Estado y con recursos propios -porque depende de cada comunidad-, el conjunto del Estado aporta para el concepto de servicios de empleo. Esta cuestión, señorías, no me parece baladí. Me parece crucial en el momento en que estamos si queremos ser rigurosos; no sé si políticamente correctos -espero que sí- pero, en todo caso, rigurosos. Así que los servicios de empleo en el ámbito estatal gestionan y por eso tienen esa convivencia en el territorio en las oficinas. Las oficinas de prestaciones conviven con las oficinas de empleo y conviven en general bien; también hay que decirlo y agradecerlo a las comunidades autónomas en sus distintos ámbitos territoriales.
Además de gestionar, el Servicio Público de Empleo Estatal efectivamente tiene que coordinar la red y también tiene encargado que promueva una parte de los programas que constituyen las políticas activas. ¿O ustedes creen, señorías, que los programas que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal agotan el conjunto de las políticas activas de este país? No lo agotan. El Servicio Público de Empleo solo gestiona una parte del programa operativo Adaptabilidad y Empleo que el Fondo Social Europeo le encarga. Por cierto, no es el cien por cien; es una parte. A su vez lo distribuye para que en su mayor parte se gestione en las comunidades autónomas. No me quiero extender más y perdonen ustedes mi pasión por el tema, pero es que estoy convencida de que estamos en un momento en el que precisamente el recorrido de los servicios de empleo -y creo entender que ha habido en sus manifestaciones voluntad clara de sumar y de contribuir- es hoy imprescindible para que todos sumemos nuestras voluntades.


Voy avanzando porque sé que es tarde, pero déjenme todavía que les diga algunas cuestiones. En definitiva, los ingresos para cubrir los gastos del Servicio Público de Empleo, como ustedes saben, provienen de cuatro vías: las cuotas de formación, las cuotas de desempleo, la aportación del Estado -ya he insistido, que es la primera vez en diez años- y también la aportación del Fondo Social Europeo. Estas cuatro partidas de ingresos son las que nos permiten financiar las actividades de empleo y de formación, que promueve el servicio estatal, y atender las prestaciones por desempleo.


Los gastos de personal -siento que se haya ido el señor Llamazares, pero en todo caso sé que esto queda transcrito- en el servicio estatal se han incrementado casi un 20 por ciento. Podemos decir que es una excepción con respecto a lo que sucede en las administraciones públicas. Es expresión, una vez más, de la decidida voluntad del Gobierno por garantizar las prestaciones por desempleo y su gestión, porque estamos hablando de 1.415 personas que se incorporan -estos sí- al servicio estatal, por eso están en el capítulo 1, porque es en el servicio estatal, en las oficinas de prestaciones en los territorios. Todos van a los territorios, todas y cada una de las personas. También en gastos de personal hay una partida de 1,6 millones para contratar a las personas que van a hacer orientación en el territorio no transferido: Ceuta, Melilla y el País Vasco; territorio no transferido. La partida de los orientadores en el Plan de orientación no puede estar recogida en el capítulo 1, está recogida en el capítulo 4, porque es una transferencia que se le hace a la comunidad autónoma para que, en aras de sus competencias, contrate a las personas que van a hacer esa orientación.
Les puedo dar absoluta tranquilidad de que el Plan orientación está en marcha, todas las comunidades autónomas han puesto ya en marcha el sistema administrativo imprescindible para la contratación y la puesta en marcha de los programas; y vamos a ir viendo los resultados. En lo que afecta al personal, el capítulo de gastos está en el capítulo 4, porque no es contratación de personal por el servicio de empleo, es contratación de personal en la comunidad autónoma.


En cuanto a las prestaciones por desempleo, creo que hemos hablado suficiente; un incremento de la prestación contributiva en un 27,9 y del subsidio en un 19,25. Quiero volver a reiterar que la previsión es una previsión de gasto basándonos en los niveles de ejecución actual y en los datos de desempleo disponibles y que, si fuera necesario, se procederá a un incremento de esta partida si efectivamente hubiera un incremento no previsto del número de beneficiarios. Ahora bien, en relación con otros gastos, que serían los gastos en materia de empleo, les he dicho que concretan una parte del conjunto de las políticas activas que se desarrollan en España. Porque el conjunto de las políticas activas son las que se financian con los recursos del Fondo Social Europeo, con los presupuestos de las comunidades autónomas y con los que devienen del servicio de empleo estatal. En concreto -y respondiendo al diputado socialista-, las políticas activas promovidas desde el servicio estatal se gestionan en un 72,5 por las comunidades autónomas, de las que de los ámbitos de promoción y empleo y formación para el empleo se gestiona el 72,5 por ciento, 3.113 millones de euros. Eso quiere decir que, aunque hay un concepto que desde el punto de vista presupuestario es correcto pero realmente suena un poco extraño, que es el concepto de reserva de gestión directa, ni es reserva ni es gestión directa, es exactamente gestión centralizada en territorio no transferido y en programas plurirregionales; por ejemplo, una empresa que quiera hacer formación para contratación y que tenga ámbito superior a una autonomía a eso se refiere ese concepto. Por eso, el Servicio de Empleo Estatal, y me refiero a los programas de empleo y para la formación, gestiona el 72,5 en las comunidades autónomas, un 15,2 es gestión centralizada para el territorio no transferido y para acciones plurirregionales y el 12,3 por ciento es gestión directa de organismos e instituciones plurirregionales.
En concreto, los programas para el empleo han aumentado, como les dije al principio, un 7,8, llegando a alcanzar 2.287 millones

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de euros. Las comunidades autónomas en este caso gestionan el 82,3 por ciento, 1.882 millones de euros. ¿Qué quiere decir el conjunto de estos recursos? Para ayudarle, señor Echániz -y estoy a su disposición-, le voy a decir en qué partidas. Básicamente, cuando nosotros hablamos de programas para el empleo nos referimos a planes de empleo y formación, que son todo aquel conjunto de programas que combinan formación y experiencia y que permiten que mediante la contratación y la participación activa los usuarios, trabajando en ámbitos de interés colectivo, mejoren su capacitación. Nos referimos a los planes de promoción de actividad económica y empleo autónomo y promoción de la iniciativa emprendedora, para los que, por cierto, destinamos 260 millones, un 3,8 más que el año pasado, aunque es cierto que incorporamos las cooperativas que antes estaban en el ámbito de economía social. Estos planes de promoción de la actividad económica están en los capítulos 460.03, 460.04, 472.03, 473, 484, 454.13, en todo casi si quiere se los relato después, pero están bien identificados.


Además de estos dos grandes grupos de programas, que son los más relevantes en el ámbito del servicio de empleo, se desarrollan medidas de inserción laboral de personas con discapacidad, para los que se dedican 300 millones de euros; se desarrollan itinerarios de empleo y existe además un conjunto de medidas aprobadas especialmente en el Consejo de Ministros. Los planes integrales de empleo, a los que ustedes han hecho referencia, están dotados con 116 millones, efectivamente. Ya se ha dicho en esta Cámara que, en la medida en que es gestión centralizada, Ceuta y Melilla van a tener una atención adecuada -estén bien convencidos- en 2008 y en 2009. La disminución de estos planes integrales es porque finalizó Jaén XXI y porque Extremadura, en la que se ha planteado un nuevo plan, ha ajustado su importe a 20 millones de euros. También el Consejo de Ministros aprobó los planes de apoyo a sectores en crisis, no recuerdo, pero alguno de ustedes me ha hecho mención a este tema, a los 50 millones de los planes para sectores en crisis. Las solicitudes las hacen las empresas y, por tanto, si la empresa que solicita acogerse a esta medida está en territorio transferido lo gestiona la comunidad autónoma correspondiente, y si está en territorio no transferido es gestión centralizada. Ustedes saben también -y permítanme que me extienda un poco más- que en este tema de los planes para apoyar a los sectores en crisis hay un libramiento de fondos para el sector textil y de la confección, pero el resto se ha tenido que parar porque estamos pendientes, imprescindiblemente, del dictamen de la Comisión Europea sobre la adecuación o no de esta medida. En cuanto llegue este dictamen, que esperamos que sea en noviembre, procederemos con todo gusto y celeridad a librar los fondos donde correspondan. En resumen, estoy hablando de programas que van a afectar a 1.640.000 personas para mejorar sus condiciones de acceso al empleo.


En formación profesional para el empleo tenemos un incremento del 6,6 hasta llegar a 2.541 millones de euros, que nos permiten que 3.450.000 personas puedan participar. Cuando hablamos de formación para el empleo estamos refiriéndonos a toda la formación para ocupados y desocupados, aunque, como ustedes saben, el sistema actual no hace una línea divisoria exacta, sino que permite que sea prioritariamente para ocupados o prioritariamente para desocupados; y estoy incorporando, no podía ser de otra manera, la formación de oferta y la formación de demanda en este capítulo. ¿O no es formación la que hacen las empresas con las cuotas de formación? Por último, en el ámbito del empleo, ya he hecho mención que la promoción de empleo estable desciende y calculamos que afecte a 3 millones de beneficiarios.


Cambiando de ámbito, porque ustedes me han hecho referencia al Fondo de Garantía Salarial, efectivamente el fondo gestiona y paga salarios e indemnizaciones pendientes de pago debido a insolvencias empresariales y procedimientos concursales. Junto a esta garantía salarial, este organismo es el instrumento de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y es un ente colaborador con los juzgados de lo Social y de lo Mercantil.
El acuerdo para la mejora y el crecimiento de 2006, como se ha mencionado por el Grupo Socialista, redujo la cotización empresarial del 0,4 al 0,2 por ciento, pero además incrementó las prestaciones y elevó los topes y el número de días y también se incluyeron las pagas extras en el cálculo de las prestaciones y se ampliaron supuestos de cobertura. El presupuesto del Fogasa para 2009 es de 1.473 millones, un 11,87 por ciento, debido a que existe una operación de deuda pública, en concreto 489 millones, que se amortizan por vencimiento. Si deducimos las operaciones financieras, el importe de gastos es de 578 millones, un 4 por ciento de incremento, y el de ingresos 684 millones, un 4,75 por ciento. Este presupuesto, que en concreto para pagar las prestaciones va a destinar 551 millones de euros, es un presupuesto no solo solvente, sino absolutamente de garantías, en la medida en que cuenta con ingresos suficientes por las vías de las cuotas. Cuenta con 132 millones de rendimientos de la deuda pública invertida y además, como ustedes saben, tiene en la actualidad 3.915 millones invertidos en deuda pública. Con ello esperamos atender a cien mil personas y a 30.000 empresas.


No puedo acabar sin mencionar la economía social y el trabajo autónomo.
Quisiera dejar evidente el compromiso de esta secretaría general en este ámbito, el compromiso y la convicción de la importancia de la economía social, y el Consejo de fomento de la economía social va a ser clave en el desarrollo y en la interlocución de este sector, también todos los trabajos de desarrollo del Estatuto del trabajo autónomo, que espero que pronto lleguen a esta Cámara y que tengamos ocasión de seguir avanzando.


Extender la responsabilidad social empresarial va a ser un objetivo.
Próximamente, este mes, vamos a constituir el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social, que va a

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ser un elemento clave. Y la Dirección General de Trabajo, que también tiene esta coordinación de competencias delegadas, efectivamente, va a ser más selectiva en el ajuste, ayudas previas a la jubilación o asistencias económicas, pues ha habido una reducción de esta partida.


Aún me queda un ámbito de trabajo. Siento la complejidad de esta secretaría y la dimensión, pero me reconocerán ustedes que la seguridad y la salud en el trabajo es un elemento clave de las condiciones de trabajo. Ahí sí que estamos de acuerdo y es uno de nuestros ámbitos.
Déjenme decirles que el índice de incidencia de accidentes de trabajo en el periodo comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008 ha experimentado un descenso porcentual del 1,3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, y que de junio de 2006 a julio de 2007, en relación con la gravedad de los accidentes, los índices de incidencia muestran que los accidentes leves han experimentado un descenso porcentual del 1,3 por ciento, los accidentes graves un descenso del 8 por ciento y los mortales de un 5,4 por ciento. La reducción de la siniestralidad laboral es un objetivo básico de la estrategia española de seguridad y salud, por cierto, aprobada unánimemente -por eso espero tener el concurso y el acuerdo de todos en su desarrollo- y consensuada además activamente con la implicación decidida de los agentes sociales y de las comunidades autónomas. La cantidad global que el presupuesto destina no se refiere solo al presupuesto del Instituto de Seguridad e Higiene, que tiene 32 millones de presupuesto; y por cierto, no es que reduzca su actuación, sino que ajusta el presupuesto a la RPT que existe, porque el presupuesto anterior tenía una previsión de RPT que nunca se llegó a cumplir porque no era la que estaba prevista. Por tanto, no hay reducción, sino ajuste a la RPT real. Lo importante es significar que la cantidad global que dedicamos en los presupuestos a este tema tan crucial tiene que ver con diferentes compromisos de la Administración pública en la estrategia española de seguridad y salud. Por eso hablo de 377 millones, donde, además del instituto, están las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, los recursos destinados por la Inspección de Trabajo a prevención de riesgos laborales o los recursos que se aportan a la Fundación Laboral de la Construcción. En el primer plan de acción se puso en marcha el Observatorio estatal de las condiciones de trabajo, el registro estatal de empresas acreditadas del sector de la construcción o campañas de sensibilización, y en este momento se está elaborando el segundo plan de trabajo, donde de manera decidida se va a actuar para mejorar la calidad de la prevención, las medidas de apoyo a las pymes, se elabora un plan nacional de formación y se crea una red nacional de institutos públicos para la investigación en prevención de riesgos laborales. Pero como hoy, además de la seguridad, que, por cierto, tecnológicamente cada día está más garantizada, las enfermedades profesionales, la salud es nuestra prioridad, en el año 2009, conjuntamente con Seguridad Social, Sanidad y las comunidades autónomas, se va a crear un centro nacional de enfermedad profesional y epidemiología laboral, que tendrá como objetivo apoyar las políticas públicas y desarrollar instrumentos destinados a la detección, declaración, seguimiento y prevención de enfermedades profesionales.


Ahora sí voy acabando y permítanme ustedes la extensión. Les he dicho que también la unidad administradora del Fondo Social Europeo formaba parte de esta secretaría. El Fondo Social Europeo este año va a distribuir 1.307 millones de euros, que, con la cofinanciación correspondiente, se convierten en 1.794 millones, algo que es imprescindible tener presente cuando hablamos de políticas activas. Quiero decir, señorías, que las políticas de empleo son las que inciden en la actividad económica.
Ustedes lo han dicho y lo comparto, y por eso el Gobierno apuesta por medidas para generar actividad económica, muy especialmente todas aquellas medidas que favorecen la liquidez necesaria y aquellas que repercuten en el cambio de modelo de actividad económica, porque hoy nos hace falta más y mejor empleo. Las políticas activas de empleo, no las políticas de empleo, se dirigen a las personas y no es una cuestión personal, sino una cuestión que tiene coherencia con las estrategias de la Unión Europea, que para eso define las políticas activas de las cuales nosotros somos partícipes. Por eso las políticas dirigidas a las personas, tanto si están desempleadas como si mejoran el empleo, porque hoy es tan importante o más mantenerse en el empleo como acceder a él, precisan de estos programas que en el conjunto de las comunidades autónomas, en el conjunto de las instituciones y también desde el Servicio Estatal de Empleo se ponen en marcha. Eso es lo que conocemos estrictamente como políticas activas de empleo. Por eso no deberíamos hablar de políticas activas sin tener en cuenta el marco general de su promoción y financiación, que ya les he dicho que es triple, constatando además cómo el peso específico de la gestión está gozosamente hoy prácticamente todo en el territorio.


Quiero agradecerles, señorías, su paciencia y su atención. Yo les he escuchado atentamente y estoy segura de que ustedes también. No sé si he sido un poco explícita en porcentajes o en detalles, pero el tema que nos ocupa creo que merecía la atención de todos. Estamos atravesando una situación de gravedad, de crisis financiera, con importante repercusión en el empleo y en el desempleo, y quisiera finalizar diciendo que esta crisis requiere de todos y de todas, en primer lugar del Gobierno, sin duda, pero también del conjunto de la sociedad, actuar con responsabilidad. No dudo, después de escucharles, de su contribución en este sentido, pero quiero expresar mi convicción de que solo con un esfuerzo colectivo, solo sumando los ámbitos de la política, de las autonomías, de los municipios, de los empresarios, de las personas, de todos y cada uno de los que queremos cambiar esta situación, podremos situar a nuestro país en la senda efectiva del cambio de modelo productivo. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rojo, por su intervención.


Pasaremos a la siguiente comparecencia. (El señor Echániz Salgado pide la palabra.)

Les recuerdo que este es un turno excepcional y les rogaría que fuera lo más breves posible porque está previsto para hacer alguna precisión o reformular alguna cuestión que no haya quedado clara. Tiene la palabra el señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Quiero en esta intervención brevísima dar las gracias a la secretaria general y poner de manifiesto que hay un importante número de cuestiones que no han sido reveladas por usted y por eso me gustaría que, si no responde hoy, lo hiciera en las próximas 48 horas para que antes del lunes podamos tener, junto con las preguntas que le entregaremos al final de la comparecencia, toda la información que necesitamos para el trabajo de las próximas semanas.


Ha dicho usted que han concluido los trabajos del Plan Jaén XXI y no sé si ese plan específico territorial va a continuar o no. Me gustaría conocer si eso es así y, si no va a continuar, por qué. No nos ha dicho cuánto se ha gastado exactamente el presupuesto en vigor por encima de lo presupuestado hace un año exactamente en prestaciones al desempleo.
Tampoco cuál es el motivo por el que solo existen planes territoriales con determinadas comunidades autónomas y no con otras que en estos momentos, como consecuencia de la crisis económica, han incrementado de una forma muy importante sus tasas de paro. Tampoco ha puesto de manifiesto dónde están los incrementos en materia de modernización de los servicios públicos de empleo. Repito que nuestra percepción es que en este momento es invariable el presupuesto respecto del año anterior, a pesar, repito, de que existen acuerdos en esta Cámara para modificar la situación precedente, que significa una bajísima tasa de eficiencia de esos servicios públicos de empleo en los que su ministerio tiene que hacer, sin duda, una labor de coordinación enormemente importante. Ni tampoco nos ha dicho en qué partidas están esas mejoras que se dimanan del nuevo Estatuto del trabajo autónomo. Por tanto nos gustaría conocerlo. Y no sé si quizá porque no estaba atento en algún momento de su intervención, no ha dicho cuál es el motivo para que se presupueste este año el pago de obligaciones a la Seguridad Social que corresponden a ejercicios anteriores. No sé si ha hecho alguna mención a esta materia pero desde luego yo no le he oído y quizá sea mi culpa porque en ese momento no estuviese atento.


Brevísimamente quiero poner de manifiesto que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista parece que a quien viene a pedirle explicaciones del presupuesto es a mí, en ese permanente trabajo de hacer oposición de la oposición. Es la secretaria general de Empleo la que viene a contar el presupuesto. Por lo tanto, quiero decirle que hablar de diálogo social a un gobierno que puso en marcha cinco grandes acuerdos es como hablarle a Noé de la lluvia. Lo único que merece la pena resaltar es que una cosa es el diálogo social, que está muy bien y nosotros defendemos a toda costa, y otra cosa es gobernar. Nosotros lo que decimos es que en este momento hay un gobierno que no está gobernando y que está utilizando el diálogo social no como un medio -que es para lo que tiene que estar el diálogo social-, sino como un fin en sí mismo, y el diálogo social no puede ser nunca un fin en sí mismo sino un medio para conseguir mejoras en el mercado laboral y en la situación económica y de bienestar social de nuestro país. Ustedes equivocan el tiro y lo que hacen es que se sientan y se hacen una foto y creen que eso está resuelto, y las cifras de desempleo van por una parte y están poniendo de manifiesto que las cosas van mal y ustedes creen que sencillamente porque hacen determinado gestos eso está resuelto.


No coincido con usted, creo que está en un grave error cuando dice que el número de desempleados sería el mismo si gobernase otro partido, concretamente si gobernase nuestro partido, y que aumentaría la precarización. Le puedo garantizar que no. Le puedo garantizar que el Gobierno del Partido Popular del año 1996 heredó una situación de desempleo -usted no estaba en su responsabilidad actual pero seguro que, como llevaba tantos años en este sector, se alegraría muchísimo de lo que ocurrió en aquellos años-, redujo la tasa de paro del 23 por ciento al 11 por ciento y creó 5 millones de nuevos empleos. Estoy seguro de que usted que ya estaba en este sector, se alegraría aquellos ocho años muchísimo.
Lo cierto es que en este momento el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero heredó una situación de desempleo del 11 por ciento y ahora ya estamos en este presupuesto hablando del 12,5 por ciento, con 600.000 nuevos parados. Por tanto, créame, las reformas económicas, presupuestarias, fiscales y las reformas en la Seguridad Social que hemos ido tomando a lo largo de estos años en el Pacto de Toledo son muy importantes, que nos han permitido entrar en el euro cuando el año 1996 no entrábamos y nos permitieron cambiar una tendencia absolutamente perversa de destrucción de empleo. Le recuerdo que en el año 1992, los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González acabaron siendo casi 3 millones de nuevos desempleados. (Servicio Público de Empleo Estatal (Varios señores diputados: En el año 1982.) Por lo tanto, no son las mismas políticas y no son los mismos resultados, créame y, cuanto antes entienda esto usted, mucho mejor le va a ir al país, en virtud de su responsabilidad política actual.


¿Este es el mayor incremento en los Presupuestos Generales del Estado? Pues sí. ¿Y usted se siente orgullosa de ello? Ojalá no tuviéramos el paro que tenemos en este momento y que obliga a que tenga que ser esta la principal partida pasiva de los Presupuestos Generales del Estado.
Desgraciadamente es así, pero creo que más que orgullosa lo que tendría que sentirse es apesadumbrada de que en estos momentos la situación de paro no sea otra bien distinta y que hubiera mucha gente

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empleada, porque eso significaría que la situación económica del país estaría mucho mejor y podríamos dedicar esta partida a inversiones productivas y de futuro que permitiesen un ciclo virtuoso que a su vez crease más empleo y bienestar en nuestro país.


Por último, ha reconocido que el paro del año que viene será superior al que en este momento está presupuestado y que el presupuesto de agosto será ha dicho algo así como que lo que haga falta. Por tanto, el presupuesto de gastos en prestaciones será superior y eso significará en definitiva que la cifra que se ha aportado en este momento del cuadro macro en términos de déficit tampoco se va a cumplir; no va a ser un 1,5 por ciento en la Administración General del Estado sino que va a ser superior. Ya empezamos, antes siquiera de haber debatido definitivamente el borrador, haciendo cambios del cuadro macro. El año pasado vimos en el presupuesto de 2008 cinco modificaciones del crecimiento del PIB, modificaciones en el capítulo de ingresos y en casi todos los capítulos de gastos, y eso hizo que el presupuesto de 2008 se convirtiese prácticamente en un papel mojado. Desgraciadamente vemos que en este momento, basándonos en las previsiones del presupuesto actual en materia de prestaciones al desempleo, ya sabemos que va a haber más déficit en los Presupuestos Generales del Estado.


En definitiva, señorías, disminución en el presupuesto de la economía social y del autoempleo, disminución en el Instituto Nacional de Salud e Higiene. Están muy bien las palabras y su discurso, está estupendo, coincidimos en la filosofía prácticamente en casi todo, pero está muy mal que en el libro amarillo estén todas las partidas decrementándose, que estén disminuyendo, y al final eso es lo que importa, no su discurso político ni las entrevistas del ministro en los medios de comunicación, sin lo que dice el libro, y el libro dice que decrecen esas partidas. Por lo tanto, la Ley de Presupuestos es una ley de obligado cumplimiento y en la medida en que no está el dinero ahí, no puede ser utilizado para incentivar ese tipo de políticas. Disminución del presupuesto en auxilio a ancianos y enfermos incapacitados, disminución del presupuesto en inspección y control de seguridad -diga usted lo que diga- y disminución en el presupuesto de ordenación, desarrollo y gestión de las relaciones laborales. Como le decía al principio, este es un presupuesto que no responde a las necesidades del país en este momento, que está desenfocado de la realidad, que no se da por enterado de lo que está pasando en nuestro país, que desde luego genera más desconfianza en el futuro de los españoles y que intenta lanzar balones fuera. Es un presupuesto que tira la toalla y desgraciadamente, repito, su discurso no se corresponde con la realidad de lo que dicen los Presupuestos Generales del Estado, que es lo que a nosotros como responsables nos preocupa. Usted viene a explicar a qué responden cada una de las partidas, pero sus palabras no están por encima de la ley que significa la aprobación del presupuesto y que identifica cada una de las partidas y, desgraciadamente, sus palabras y sus buenas intenciones no se corresponden con esas cifras.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Le aseguro, señor presidente, que voy a ser muchísimo más breve que el señor Echániz porque me voy a repetir mucho menos que él. No solamente repite hoy lo mismo sino que repite tres veces lo mismo, y saldrá mañana en la tribuna en el Congreso y repetirá lo mismo porque, como dicen en mi pueblo, ¿dónde vas? Manzanas traigo. Da igual, hay que remachar sobre el mismo clavo se tenga o no se tenga razón. Porque hay un hecho real, el hecho real es que España iba de maravilla -lo decía el presidente Aznar- en el año 2000 y teníamos el 13,7 de paro en la EPA, y hoy esto va muy mal, estamos en la bancarrota y tenemos el 10,4 de parados. Esa es la realidad. Los tres puntos y pico más en aquel momento eran bonanza, y en estos momentos son una miseria.
Ni una cosa ni otra, estamos en una situación complicada y tenemos unos presupuestos complicados. ¿Nos hubiese gustado tener más ingresos? Por supuesto. ¿Y más capacidad de gasto? También. Pero lo que no se puede hacer es venir aquí a estar dándonos un sartenazo y a decir permanentemente que esta es una situación tan caótica que nos vamos a cargar la Seguridad Social, las políticas activas de empleo, las prestaciones y no sé qué más, el diluvio universal. Como decía él, que parece ser que Noé pasó y se mojó. No, Noé cogió una barca y se fue. Ese es el problema. Quitemos de una vez este catastrofismo y pongamos en marcha mecanismos que puedan ser útiles para los ciudadanos, que bastante problema tienen con perder el empleo como para que nosotros les estemos machacando permanentemente con estas diatribas.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar esta comparecencia y cerrar el debate definitivamente tiene la palabra la señora Rojo.


La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (Rojo Torrecilla): Señor Echániz, discurso no; compromiso y acción, se lo aseguro. No es discurso, es compromiso y acción. Esto quiere decir que no solo es una apuesta en la línea que he ido mencionado, sino que además vamos a estar atentos permanentemente a lo que vaya sucediendo para adecuarnos a la coyuntura.
Disminución, no. Ya se lo he dicho: 2.287 millones de euros para programas de empleo, un incremento superior al 7 por ciento; 2.541 para la formación, un incremento del 6,6. Y no solamente hay incremento en promoción de empleo, en formación, sino que hay un incremento del 24 por ciento en prestaciones; incremento en economía social y cooperativas.
¿Cómo que autoempleo no? Autoempleo, sí. Economía social, sí. Seguridad y salud, sí. Hay partidas que estaban en un sitio y que ahora están en otro, efectivamente, pero le he estado explicando que esas partidas habían hecho un cambio y que por tanto no solo no se reducen sino que se amplían.


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El cuadro macroeconómico que hoy tiene el Gobierno prevé un 12,5 de desempleo para el año 2009 y, por tanto, yo me sitúo como miembro del Gobierno en el cuadro macroeconómico que el Consejo de Ministros aprueba y ha ido y está revisando periódicamente. Estos presupuestos responden a ese cuadro macroeconómico. Déjeme decirle, por no alargarme, solo dos cuestiones en las que usted hace especial insistencia. Le hablo de 2.287 millones de euros para programas de empleo, pero veo que a ustedes solo les deben interesar, por algún motivo, los 116 de los planes territoriales. No acabo de entender por qué sobre 2.287, que realmente dan para que 1.600.000 personas tengan asistencia en temas de mejora de empleo, solo nos preocupan los 116 millones, que por cierto siempre son muchos porque son importantes.


El Plan Jaén XXI finalizó no porque alguien lo finalizara, sino porque estaba previsto para un periodo que finalizó, mientras que el Plan de Cádiz o el Plan de Galicia están todavía en el periodo vigente y, por tanto, se siguen haciendo adendas en el convenio que todavía está vigente. Finalizó el Plan Extremadura y Extremadura solicitó al Consejo de Ministros, y así se aprobó, el inicio de un nuevo plan. Este tema no está en absoluto cerrado y en las enmiendas parlamentarias es probable que haya cuestiones que modifiquen este presupuesto.


Por último, ya que usted lo ha mencionado y para que el árbol no le impida ver el bosque, usted sabe que hubo épocas de contabilidad creativa y que en algunos casos lo de sumar y restar no es exactamente lo que toca.
Quiero decirle que hay una partida que se llama modernización, que no se varía pero que ni agota ni es exactamente lo que ha aprobado y la voluntad que esta secretaría general tiene de modernización. Se refiere a una aportación concreta por la vía del capítulo 2 ó 4 -no lo recuerdo ahora exactamente- para que las comunidades autónomas que adecuan sus espacios, las oficinas, porque la modernización también es tener espacios adecuados para atender a la gente, cubran la parte que corresponde a la zona donde está la oficina de prestaciones. Esa partida es de modernización de los espacios y adecuación a la atención a las personas que van. Ahora, la modernización son las 1.415 personas que se incorporan; la modernización está en el capítulo 2, en la mejora de la plataforma digital, que nos va a permitir ampliar la gestión directa y extender la Administración electrónica; la modernización es que las personas en desempleo renueven la demanda, reanuden la prestación, obtenga certificados o hagan las consultas en cualquier sitio y a cualquier hora. Esa es la modernización: que las personas que estén en las oficinas atiendan desde el punto de vista de la gestión y no de la tramitación.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria general. Hacemos dos minutos de receso para despedir a doña Maravillas y recibir al subsecretario. (Pausa.)

- DEL SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (GONZÁLEZ GALLARDO). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA (número de expediente 212/000213) Y POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/000263).


El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar las comparecencias. Como saben ustedes, corresponde ahora la de don Leandro González, subsecretario de Trabajo e Inmigración. Utilizaremos el mismo procedimiento que hemos utilizado con las dos anteriores. Por tanto, en primer lugar tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor subsecretario, bienvenido a esta sesión ya de tarde. Espero que haya podido comer, cosa que nosotros no, pero se lo deseo de verdad. No es una hora muy apropiada, pero tenemos que cumplir con nuestras respectivas obligaciones, usted como compareciente y nosotros como interpelantes.


Señor subsecretario, no cabe duda de la importancia que su figura tiene en el contexto de cualquier ministerio. El subsecretario al final es el que maneja la estructura horizontal del presupuesto y el que sostiene la actividad horizontal de todo el departamento. Por eso le afectan muchas de las cosas que se han dicho aquí. En algunas voy a incidir con cuestiones diferentes a las que se han planteado, pero que pueden tener cierta relación, y en otras no. En cualquier caso, no puedo empezar sin comentar lo mismo que ha dicho mi compañero anteriormente y que quizás usted haya oído -no sé si ha estado fuera o no-, que partimos de un presupuesto que es ilusorio y, a nuestro juicio, un marco macroeconómico equivocado. Lo fue en 2008 y también lo es para 2009; no lo dice solo el Grupo Popular, sino todos los expertos y todas las instituciones que tienen algo que decir, ayer concretamente hasta el Fondo Monetario Internacional. Prever un crecimiento del 1 por ciento, cuando se nos está diciendo que vamos a entrar en recesión en el último trimestre del año, y tener una previsión de paro del 12,5 por ciento, cuando ya están diciendo que vamos a llegar al 15 por ciento, en torno a los 3,5 ó 4 millones de parados, es tener un presupuesto absolutamente descompensado. Pero eso es lo que ustedes han marcado y a lo largo del año, desde nuestra responsabilidad de oposición y ustedes desde la de Gobierno, tendremos que ir casando las cifras según se vayan desarrollando.


En cualquier caso, sí que hay cuestiones que me llaman mucho la atención.
Respecto al libro amarillo -el famoso libro de presentación de los presupuestos- no sé cuándo está hecho porque he participado desde el Gobierno de comunidades autónomas y sé que se hace con mucha antelación; se prepara mucho antes del verano, nos lo requieren desde Hacienda y hay que mandarlo. Digo esto porque decir que los servicios tendrán mejor comportamiento desde el punto de vista de la

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creación de empleo, es algo que se ha quedado obsoleto porque estamos viendo que el crecimiento de parados en el sector servicios está incluso por encima de la construcción. Por tanto, partimos de unos presupuestos que, tanto en su literatura como en sus cifras, confunden bastante. En el libro amarillo hablan de políticas activas. Ustedes dicen que hay un decrecimiento de un 1,3 por ciento. Ya se ha justificado aquí pero sí hay algo que me preocupa. Ustedes mantienen una serie de partidas importantes para inserción e incentivación y para formación pero fíjense en las diferencias. En políticas activas -quiero que usted me lo diga porque usted es el responsable horizontal del presupuesto- dedican 4.000 millones a acciones de inserción e incentivación a la contratación, 2.000 millones a formación y 6,4 millones a la economía social y a los autónomos, después de estar oyendo aquí magnificencias de lo que es apoyar a los autónomos que, como a todo emprendimiento, hay que apoyarlos. Es verdad que, como políticas activas, las comunidades autónomas lo hacen pero aquí no estamos examinando las diferentes políticas de las comunidades autónomas, que unas lo harán bien e invertirán mucho en sus prioridades para los autónomos y otras tendrán prioridades de otra naturaleza, pero ustedes, en cuanto a su responsabilidad nacional, en política de fomento a autónomos -lo dicen ustedes en su libro, no lo digo yo- invierten 6,4 millones de euros.
Comparémoslo con lo último que ponen en este párrafo: y 110 millones de euros -dentro de las políticas activas- a gastos de funcionamiento. Me gustaría que me aclarara cuál es el concepto de gastos de funcionamiento; 110 millones frente a 6 para las políticas activas de economía social y autónomos. Pasemos al otro libro que ustedes manejan, el libro rojo de objetivos. En él establecen cosas fantásticas que, desde la literatura que todo lo aguanta, resulta fenomenal. Dicen que uno de los objetivos es en el marco de la estrategia renovada de Lisboa, el Plan nacional de reformas de España, encaminando en superar una tasa de empleo, alcanzando el 66 por ciento... ¿Usted se cree que estos presupuestos van a conseguir eso? ¿De verdad? Es mejor que en el"Diario de Sesiones" digan que esto se hizo en el mes de mayo y reconozcan que la literatura no se acompasa en estos momentos con el comportamiento de la economía española, porque nos hemos quedado absolutamente obsoletos con esas cifras. Ese plan nacional de reformas de Lisboa se tiene que modificar. No hablemos de los compromisos del presidente del Gobierno en campaña electoral hablando del pleno empleo y de un mitin -que tengo grabado porque me impresionó- en el que dijo que los socialistas -no las empresas, sino los socialistas- iban a crear 1.200.000 empleos para mujeres. Sinceramente, estoy absolutamente impresionada. Dónde se habrán quedado esas palabras de hace tan solo cuatro meses. Dentro de los objetivos para su ministerio hay una partida muy importante a la que indirectamente y sin nombrarla se ha referido antes la secretaria de Empleo. Dentro del fomento del empleo hay una partida concreta para el Plan extraordinario que se aprobó por Consejo de Ministros el 21 de abril. Me gustaría que me aclarara una cuestión, señor subsecretario. Ese plan aparece en el programa presupuestario concreto con 112.991.000 euros. Si no recuerdo mal, el documento de objetivos recoge que hay 201.320.000 euros por acuerdo del Consejo de Ministros para el periodo 2008-2009. Por tanto, se entiende que la diferencia entre los 112 y los 201 es lo que han aplicado al ejercicio 2008. Me gustaría saber cómo está el cumplimiento de ese plan en el que estaban los famosos orientadores de los que llevamos hablando tanto tiempo -ahí sí- para que los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas contrataran a los 2.350 a los que se refirió el presidente de Gobierno en esta Cámara. También me gustaría saber por qué existe una divergencia entre eso que ustedes ponen en sus objetivos y la partida que aparece para el Plan extraordinario de orientación -112.991.000 euros-, y lo que el gabinete de comunicación dijo cuando el ministerio presentó los presupuestos, que recogía 132,5 millones. Ustedes mismos se contradicen.
Comprendo que a la opinión pública conviene siempre decirle cosas agradables, pero engañarles tampoco me parece excesivamente serio. Eso aparece, no me lo he inventado, está en un documento que pone Gobierno de España, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Me gustaría que me explicara esas divergencias.


Hay una cuestión muy puntual que es del Servicio Público de Empleo pero que estoy segura de que usted me la podrá aclarar. En el programa 241.A en la partida 47, referida a empresas privadas, aparecen dos partidas -la 47.201 y la 47.202- que se refieren a empleo indefinido para discapacitados y a la integración laboral de los discapacitados en los centros especiales de empleo. Pero es que hay unas partidas idénticas en el mismo programa pero en la partida 45, referida a comunidades autónomas. Esto, que va a centros especiales de empleo y al fomento de la contratación indefinida -producto de la Lismi, es decir, algo muy reglado y normalizado- normalmente lo gestionan las comunidades autónomas, que son las que hacen las transferencias de los costes salariales, que son las que dan los números de registro a los centros especiales de empleo y que lo tienen absolutamente transferido. Entonces, ¿por qué mantienen en el presupuesto unas partidas que van a empresas privadas? ¿Puedo presuponer -me gustaría que usted me lo aclarara- que es para aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas las políticas activas, es decir, País Vasco, Ceuta y Melilla no gestionan los centros especiales de empleo ni este tipo de subvenciones a los costes salariales? Dentro de este mismo programa 241.A hay una partida para la formación de la que se ha dicho aquí que se incrementa. En lo que se refiere a transferencia a comunidades autónomas en este programa 241.A, partida 452, gestión por las comunidades autónomas de la formación profesional, hay dos partidas: una para la formación ocupacional y una para la formación continua. La continua desciende

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en 5 millones aproximadamente y la ocupacional se incrementa en unos 8 millones, si no me equivoco. Hay un total de incremento de 10 millones, un 1 por ciento del presupuesto. En este momento la formación es un capítulo esencial y, aunque es verdad que son transferencias a las comunidades autónomas, como estamos viendo que las comunidades autónomas son elemento fundamental de coadyuvar a las políticas activas, indudablemente tenemos que hablar de cuánto se les va a transferir para formación ocupacional y para formación continua. Por cierto, me gustaría saber su opinión, señor subsecretario, sobre si hay alguna intencionalidad en el ministerio de modificar el real decreto de marzo de 2006 por el que se rige la formación para el empleo, que, como usted sabe, ha supuesto una enorme controversia con las comunidades autónomas.
Eso no es bueno y menos en momentos de crisis, en los que todos tenemos que cooperar. Ese real decreto es un instrumento que no está sirviendo correctamente al objetivo último de la formación, incluso está recurrido por algunas comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional.
También en el programa 241.A hay otra cosa que me gustaría que me aclarara porque se ha tratado aquí mucho. Ustedes reconocen en el libro amarillo -la señora secretaria general de Empleo se ha pasado media comparecencia hablando de ello y yo, que vengo del mundo y del Gobierno autonómico, lo comparto- que la importancia fundamental del desarrollo de las políticas activas está en la gestión de las comunidades autónomas; prácticamente, es el cien por cien, salvo en tres territorios, Ceuta, Melilla y País Vasco. Pues bien, es curioso que ustedes incrementan el capítulo 47 de este programa 241, que va a impresas privadas, en un 6,99 y, sin embargo, el que va a las comunidades autónomas, en una situación de crisis en la que a nuestro juicio habría que incorporar mayor esfuerzo en políticas activas que luego ejecutan las comunidades autónomas, crece solamente un 5,16. Cómo puede haber esta situación, que a nuestro juicio no es beneficiosa para la actual situación.


Señor subsecretario, aquí tengo algunas controversias que estoy segura que usted me va a poder aclarar. En relación con el programa 291.A de este presupuesto para 2009, que es inspección y control, seguridad y protección social, hay un presupuesto inicial en el que aparecen 151.346.000 euros como presupuesto inicial del año 2008. Pero si nos vamos al presupuesto de 2008, ese presupuesto inicial se reduce en 27 millones porque aparecen 123.546.099 millones de euros. Explíqueme cómo puede haber esa diferencia en cuanto a presupuestos iniciales entre lo que ustedes trajeron a esta Cámara en 2008 como presupuesto inicial para este año y lo que traen en 2009 como presupuesto inicial también de 2008.
Ahí hay unas diferencias que estoy segura que usted me va a poder explicar.


Me gustaría que me dijera por qué la inversión de 5.600.000 euros ha sido traspasada al programa 291.M desde el 291.A. ¿Cuál es la razón política o estructural que ustedes tienen para hacerlo? Por cierto, le recuerdo que es la única inversión en capítulo 6 que existe en ese programa, lo que también hay que resaltar. Me gustaría que me dijera por qué desaparecen los gastos corrientes, el concepto 232, correspondiente a dietas, del servicio 01, de su subsecretaría, y que sí figuraba en los presupuestos generales de 2008. No he encontrado en la memoria ninguna explicación que me lo pudiera aclarar. También quisiera que me dijera qué se entiende, dentro de los gastos corrientes de su subsecretaría, el servicio 01, por el concepto 233, otras indemnizaciones, que tiene un importe de 4 millones. ¿A qué indemnizaciones nos estamos refiriendo? Hay aquí otra cuestión similar a la primera que le he planteado. En gastos corrientes, dentro del servicio 01, de su subsecretaría, y en concreto en lo que se refiere al programa 291.A, inspección y control, hay un aumento desde 7.763.000 a 8.333.000 euros respecto al presupuesto inicial que figuraba en el presupuesto de 2008 y el presupuesto inicial de 2008 que figura ahora en el 2009. Me gustaría saber por qué hay esas diferencias.


En relación con el programa 291.M, y en el denominado libro rojo de la sección que nos corresponde, en concreto en la página 213, dentro de la actividad de planificación de recursos humanos y en lo que se refiere a los indicadores, se recogen 4.292 personas dedicadas a cubrir los puestos de funcionarios del departamento y, según el mismo cuadro de los indicadores, se han ejecutado 1.098, es decir, solamente ha habido 1.098 más; sin embargo, ahora ustedes proponen un incremento de 3.524 personas más. Me gustaría que me aclarara estas situaciones en las que, habiendo presupuestado 4.200, luego solamente ejecutan 1.098 y ahora nos vuelven a proponer 3.524. Querríamos saber a qué centros van a ir, qué actividad van a desarrollar y cómo se puede producir ahora este incremento.


Vamos a pasar a un capítulo que a nosotros nos parece fundamental en todo lo que supone la actuación del ministerio -se ha referido a ello también la secretaria general de Empleo- y que en estos momentos de crisis es todavía más importante, la inspección de trabajo. En primer lugar, me gustaría que me dijera, señor subsecretario, en relación a la inspección y a la subinspección, cuántas personas han superado las pruebas de oposición en el año 2008. El año pasado, el señor subsecretario, cuando compareció -no era usted, yo no estaba en esta Cámara pero creo que no era usted; en fin, en el "Diario de Sesiones" está y el Gobierno era el mismo-, dijo que en 2007 se habían creado 70 plazas de inspectores, que para el año 2008 se iban a crear 75 plazas y habló de llegar al entorno de la 1.013 plazas; además, en los planes de inspección había un compromiso de distribución por comunidades autónomas. Yo simplemente le puedo decir que a la Comunidad de Madrid, de las 70 plazas que se habían comprometido, no ha llegado todavía ni una. Una comunidad que tiene una actividad económica muy por encima en cuanto a crecimiento del PIB de la media nacional y que, por lo tanto, está muy necesitada de una plantilla de inspectores que se corresponda

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con su actividad para poder ejercer sus competencias como es debido, y que además es reclamada con insistencia por todos los grupos políticos en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento regional, incluido el Gobierno socialista, que lógicamente está en la oposición en la Comunidad de Madrid. Señor subsecretario, este es un tema capital. En este momento, la ratio de trabajadores e inspectores está en España, a nivel nacional, entre 20.000 y 21.000 -creo no equivocarme-, cuando la exigencia europea, a la que aquí tanto se ha aludido por la secretaria general anterior, está en 16.000 trabajadores por inspector. ¿Cuándo vamos a alcanzar esa ratio, que es lo que verdaderamente nos puede colocar en una situación mejor en una cuestión tan fundamental? Hablando de esto, le pregunto también cómo va algo que es como el bolero de Ravel en esta Cámara -por lo que me he leído en los diarios de sesiones porque, insisto, yo soy nueva en esta Cámara en esta legislatura-, el programa Lince y el programa Íntegra. Los conozco desde mi óptica de responsabilidad de gobierno en materias de trabajo en la comunidad autónoma, pero no sé exactamente cómo van desde el punto de vista nacional, qué presupuesto tienen y qué utilización se está haciendo de ellos, porque son verdaderamente muy importantes para la coordinación de todo el sistema de inspección.


Aquí se ha hablado mucho de lo ambiciosos que son los planes de inspección y de la ambición que se tiene en este campo para controlar. Sobre todo en momentos de crisis, la inspección es muy importante porque, por desgracia, puede aflorar la economía irregular y eso es negativo para todos. Es negativo para las cuentas públicas, por lo tanto es negativo para todos los ciudadanos, y es negativo para los empresarios que cumplen con sus deberes y están dentro de la normativa, porque eso es competencia desleal. Simplemente, le voy a dar un dato, de ustedes. En los objetivos e indicadores, por ejemplo, en algo que aquí se ha hablado y en lo que me voy a centrar en la última parte de mi intervención, que es el tema de la seguridad e higiene en el trabajo, ustedes, en materia de inspección para vigilar el cumplimiento de las normas de prevención, en el año 2007 presupuestaron 155.000 visitas y realizaron 99.000; en el año 2008 presupuestaron 185.000 y ejecutaron 100.000, y con su noble ambición, en un momento en que al parecer -por los discursos que he oído- les preocupa tanto la materia de seguridad e higiene, se contentan con volver a presupuestar 100.000 visitas. ¿Usted cree, de verdad, que la situación del mercado laboral está en estos momentos como para que haya esta reducción de ambición en cuanto a las visitas de la inspección en relación con la seguridad laboral? Y voy a darle un dato que se ha dicho aquí y que no es cierto. Yo siempre suelo ser rigurosa y me rijo por los datos que ustedes ofrecen. Los accidentes mortales en España en el primer semestre aumentan el 4,3 según el Ministerio de Trabajo, no según el Grupo Popular, señorías. A mí me parece muy bien que se trabaje para que los accidentes leves vayan mejor y los accidentes graves también, pero los mortales han crecido un 4,3 y ese es el escenario que tenemos que tener para trabajar respecto al tema de la seguridad laboral.


En relación con este tema, les digo a ustedes que, por ejemplo, en el mismo libro de descripción de objetivos, la ambición que tienen ustedes es bastante poca. Todo lo resumen en una línea que dice exactamente: Vigilancia en el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y salud laboral. Pues ya me dirán ustedes cómo piensan cumplir simplemente esa línea cuando tienen un instituto que tiene una caída del 13 por ciento del presupuesto. Señorías, si el Gobierno de Madrid, al que el Gobierno socialista del señor Zapatero maltrata continuamente, llevara este presupuesto a la Cámara regional, no le quiero a usted contar dónde estaba la oposición del Partido Socialista y dónde estaban los sindicatos, porque en la Comunidad de Madrid el Instituto de Seguridad e Higiene crece anualmente un 20 por ciento, pactado con los agentes sociales en el Plan trianual de seguridad laboral. Eso es así, y están los agentes sociales para poderlo decir, y se cumple escrupulosamente.
Aquí el instituto disminuye un 13 por ciento, señorías; el capítulo 1 tiene 20.000 millones; el capítulo 2, de gastos corrientes, 7.559 millones de euros; el capítulo 4, transferencias corrientes, 881 millones de euros, y de ellos quiero saber exactamente cuál es la finalidad de 810 millones, porque figura que son para becas, cómo se conceden esas becas y para qué se conceden. Simplemente en el capítulo 6, que son las inversiones, el instituto tiene 2.936.000 euros, para inversión nueva asociada al funcionamiento operativo, es decir, para algo que se invierte en el propio ministerio, mesas, sillas o cualquier otro tipo de enseres.
Que venga aquí la secretaria general de Empleo a decirnos que para seguridad e higiene también hay 377 millones, porque hay que tener en cuenta la Fundación de relaciones laborales, las mutuas, la Inspección de Trabajo -de la Inspección de Trabajo ya hemos hablado-, no es de recibo.
Todos sabemos que la Fundación de relaciones laborales se nutre de las cuotas de la Seguridad Social, que el 66 por ciento se gestiona por las comunidades autónomas y el 34 por ciento son proyectos nacionales. No mezclemos churras con merinas, porque no nos salen las cuentas. Si estamos hablando del presupuesto del instituto que ustedes traen aquí en los organismos autónomos es el que es, aunque luego haya otros instrumentos; también ayuda la inversión que hacen los empresarios cuando invierten en las medidas de seguridad de sus trabajadores, y no creo que lo vayamos a contabilizar. ¡Claro que es un beneficio nacional de contribución a la seguridad laboral! Pero no confundamos los términos, porque lo que ha hecho la señora secretaria general de Empleo es una auténtica demagogia, meter aquí a las mutuas -que todos sabemos cómo se financian y por qué vías-, a la Inspección de Trabajo, etcétera. No; vamos a hablar del instituto puro y duro, porque, señor subsecretario, verdaderamente es penoso. Próximamente vamos a tener una comparecencia del señor ministro para hablar del balance del Plan de acción para el impulso y ejecución de la estrategia española, pero con estos presupuestos

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no sé lo que habrán cumplido hasta ahora. Es difícil que estén elaborando un nuevo plan, porque les recuerdo que este caducó en abril de 2008; tendrán que tener ya elaborado uno, pero, repito, con estos presupuestos lo veo francamente complicado.


Por último, señorías, señor subsecretario, se ha hablado aquí mucho del Fogasa. La señora secretaria general de Empleo nos ha hablado de que, efectivamente, hay 551.200.000 euros para lo que son los fines concretos de pagos por quiebras y por expedientes de regulación de empleo. Solo hay un incremento de 21 millones, pero luego nos ha hablado de la deuda pública que tienen en reserva y de todas estas cuestiones. ¿De verdad cree usted que con las previsiones económicas y de generación de expedientes de regulación de empleo, que ya están sobre la mesa -se lo anuncié al señor ministro en alguna intervención parlamentaria no hace mucho-, el presupuesto del Fogasa es suficiente o también nos pasará como con las prestaciones de desempleo? Esto hay que atenderlo, esto es tan social y tan importante como las prestaciones por desempleo, afectan a los trabajadores, y claro que al Grupo Popular le preocupa esa situación; son políticas sociales que se traducen en derechos de los trabajadores.
¿Usted cree que va a haber bastante? Porque la previsión que se está haciendo por empresas importantes, entre ellas Price Waterhouse en un estudio que acaba de presentar, es que se tripliquen las quiebras en España, llegando a más de 2.500 empresas este año, y no es muy descabellado. Seguro que si hablamos desde el realismo lo compartiremos; la previsión no es buena y tenemos que tener una previsión acertada en los presupuestos, porque cualquier desviación del presupuesto, de incremento de déficit va a ser negativo para el conjunto de la economía española, a pesar de esa inyección financiera que, por cierto, ha llegado sin acuerdo y sin diálogo social. A mí, que soy absolutamente proclive y que lo he practicado en mi acción de gobierno, el diálogo social me parece importantísimo, aunque hay que decir que los agentes sociales tienen responsabilidad en el diálogo, pero la responsabilidad del Gobierno la tiene el Gobierno, no los agentes sociales, no se puede uno apoyar en ellos para no gobernar. En cualquier caso, el acuerdo aprobado hace tres días que ha presentado el presidente del Gobierno ha sido consultado con la banca, pero no con los agentes sociales.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Manuel de la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: A esta hora de la tarde, lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida al señor subsecretario de Trabajo e Inmigración, que además es una persona con la que he compartido muchos años en el Consejo Económico y Social, yo como consejero y él como uno de los responsables de la alta gestión y administración de la casa, y sé por eso de su capacidad. Le agradezco que esté aquí, aunque sea en esta hora tardía y en este debate, que parece que pretende repetir muchos aspectos del anterior -quizá por emular otras intervenciones-, desde mi punto de vista. Quisiera plantear algunas cuestiones que son importantes. A la vista de lo que se ha dicho, no puedo dejar de hacer algún planteamiento de carácter general. Estamos ante unos Presupuestos Generales del Estado enormemente realistas y austeros, que se adaptan, que se acoplan a la situación de crisis económica que no voy a repetir, porque además la secretaria general de Empleo lo ha expresado antes con mejores palabras que yo; son unos presupuestos que tienen como objetivo central, fundamental el mantenimiento, la protección y la garantía del gasto social. Por eso, los presupuestos del Ministerio de Trabajo e Inmigración se incrementan un 14,5 por ciento, y no es simple cumplimiento de legalidad, son opciones políticas concretas que adopta el Gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero, frente a otros gobiernos, por ejemplo el del señor Aznar en el año 2002, que con una crisis muy inferior a la que estamos teniendo ahora -era casi un resoplido, un constipado al lado de la pulmonía que sufre en este momento la economía financiera global- lo que hizo fue recortar las prestaciones de desempleo, dificultando, poniendo trabas enormes para percibirlas en los términos en los que se venían percibiendo con anterioridad. Por tanto, situemos los presupuestos en su contexto, recordemos otros contextos e incluso tengamos memoria, porque se acaba de decir que en la campaña electoral el actual presidente del Gobierno se comprometió al pleno empleo. Se comprometió, efectivamente, en las circunstancias en las que entonces había, a la creación de 2.000.000 de nuevos empleos en esta legislatura; pero tengamos memoria, porque el candidato del Partido Popular, que perdió las elecciones, se comprometía a crear 2.300.000 empleos, que están en su programa electoral. Por tanto, o entonces el contexto permitía hacer brindis al sol o estábamos ante datos reales, posibles, aunque la evolución de la economía mundial -cuyas causas están fuera de España en lo fundamental, como ya es sabido, a pesar de que los dirigentes del Partido Popular siguen sin querer enterarse- nos está haciendo cambiar muchas de esas perspectivas.


Quiero pasar a algunas cuestiones concretas. En primer lugar, se ha vuelto a plantear -parece como si no se hubiera hecho la comparecencia anterior- qué pasa con los gastos de la economía social y de los autónomos; señor subsecretario, tendrá usted que volver a repetir lo que ha dicho ya la secretaria general de Empleo: que no han desaparecido, que han cambiado de partida, y que han pasado al Servicio Público de Empleo Estatal.
También se pregunta qué pasa con el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ya se nos ha explicado que no ha habido ninguna disminución de gasto, sino un ajuste de las previsiones que llevaban muchos años infladas en personal, y que ahora simplemente se han adecuado al personal realmente existente. Mantengamos la memoria, la lejana, para saber qué se hacía en otras épocas, y la inmediata, para escuchar lo que se acaba de decir.


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Quiero plantearle cuatro cuestiones, señor subsecretario. Una ya se ha mencionado, pero quiero insistir en ella para sacar datos y perspectivas: la importancia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para la política de los socialista la Inspección de Trabajo es un instrumento clave para una buena política de empleo, de relaciones laborales, que tiene cuatro objetivos, que a pesar de la hora quiero recordar: en primer lugar, la lucha contra la siniestralidad laboral, para la cual se aprobó la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, que está dando ya -aunque todavía incipientes- algunos resultados, y que requiere un esfuerzo colectivo. En segundo lugar, para el control del empleo, de las modalidades de contratación y de lucha contra el fraude a los trabajadores, no por parte de los buenos empresarios, no por parte de los empresarios que cumplen, sino de los empresarios piratas que, además, hacen mala competencia a aquellos que cumplen. En tercer lugar, para la lucha contra la economía irregular y también contra aquellos empresarios que no dan de alta a sus trabajadores o que utilizan a extranjeros sin permiso de trabajo, para esa sobreexplotación del extranjero, y en ese caso levantando, siempre que sea adecuado, las actas de alta de contratación en la Seguridad Social. Por último, la Inspección está empezando ya a ser clave para el desarrollo de las políticas de igualdad y no discriminación. Se ha aprobado hace dos años la Ley de Igualdad, pero además en este momento hay cambios legislativos importantes en políticas de lucha contra el acoso laboral y contra el acoso sexual en el trabajo. Para todo ello la Inspección de Trabajo es fundamental.


El programa del Partido Socialista, con el que hemos ganado las elecciones, prevé la ampliación de 2.000 a 3.000 plazas entre inspectores y subinspectores en los cuatro años de legislatura. Le quiero preguntar por ese programa, por cómo está recogido en el presupuesto de este año, pero hagamos memoria, porque la portavoz del Grupo Popular ha sido muy insistente en la importancia de la Inspección de Trabajo, y yo me congratulo como ciudadano, como socialista y como diputado de ese interés, aunque tengo los datos de las plazas que se han creado en los años anteriores, y como estamos en un debate de esta importancia, es fundamental también recordarlo. En el año 1999 se convocaron 10 plazas de subinspectores; en el año 2000 se convocaron 12 plazas de inspectores; de 2001 a 2004 se convocaron 15 plazas; un total en seis años de 37 plazas.
En los cuatro últimos años se ha convocado una media de 45 plazas -el señor subsecretario podría decirlo si tiene los datos-, y se van a convocar un mínimo de 200 plazas de inspectores cada año para poder llegar a las 2.000 de los años próximos. La primera cuestión que le quiero preguntar es cuáles son los objetivos de reforzamiento de la Inspección de Trabajo previstos en los presupuestos. ¿Puede adelantarnos ya ese incremento de plantillas previsto para el cuatrienio?

La segunda cuestión se ha tocado en la comparecencia anterior, pero quizá no ha quedado en todos sus detalles completamente aclarada o alguno pretende no enterarse de lo que se ha dicho. Le quiero preguntar cómo están las partidas -que en parte son transversales, horizontales, pero en parte también son políticas directas- que dependen de la subsecretaría que tienen que ver con la modernización de la red de oficinas de empleo estatales, porque antes ha contestado la señora secretaria general de Empleo que la modernización de las oficinas de empleo de las comunidades autónomas está en los presupuestos de las comunidades autónomas, y en las partidas que se trasfieren a las comunidades autónomas.


La tercera cuestión tiene que ver con el Fondo de Garantía Salarial.
Repito la pregunta que se acaba de hacer y que ya la secretaria general de Empleo ha respondido antes sobre las previsiones de cobertura con las partidas del Fondo de Garantía Salarial. Son 551 millones de partida presupuestaria, más los activos financieros, producto del ahorro de los trabajadores y empresarios, de otros 895 millones de euros. Quiero recordar, porque son políticas de gasto social de protección a los trabajadores, que en el año 2006 se aprobó la Ley 43/2006, producto del diálogo social, que no significa simplemente consultar y reunirse con los trabajadores y con los empresarios, sino que es una forma de hacer política, por la cual se avanza en aquello que se pacta, porque hay conciencia de que aquello que se pacta da mejores resultados que aquello que es producto de la imposición. Ustedes tienen experiencia de lo que ocurre cuando se imponen políticas que los trabajadores, los sindicatos, incluso en algunos casos los empresarios no quieren o no aceptan. En el año 2006 se aprobó la Ley 43/2006, que por primera vez en 26 años, desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en el año 1980, no significa un recorte en las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial, sino un incremento muy importante de esas prestaciones, que se incrementan un tercio respecto de las anteriores que había. Esto quiere decir que ahora, en la crisis que estamos viviendo -en la que efectivamente va a haber empresas en situación de insolvencia y otras en situación concursal, por lo que el Fogasa va a tener que asumir los pagos y adelantar las cantidades-, por la acción del Gobierno socialista los trabajadores que sufren esa situación van a recibir una mejor prestación del Fondo de Garantía Salarial que la que percibían con anterioridad.


La última cuestión que le quiero plantear, señor subsecretario, tiene que ver con las transferencias del Estado a la Seguridad Social, porque en el Pacto de Toledo, que pactamos todos en el año 1995, con su revisión en el año 2003 -la Ley de consolidación y racionalización de la Seguridad Social del año 1997, gobernando el Partido Popular, que es el resultado de la plasmación del Pacto de Toledo-, se establece el principio de separación de fuentes, de tal manera que aquellas prestaciones de naturaleza no contributiva pasen en algún momento, definitiva o exclusivamente, a ser soportadas, pagadas y financiadas a través del Estado. El proceso va alargándose, pero este año las transferencias del Estado a la Seguridad Social, sobre todo las transferencias para complementos a

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mínimos, se incrementan un 14 por ciento, que es un incremento muy importante en un momento de crisis, de austeridad presupuestaria, y que responde también a esa política de los socialistas de avanzar de manera decidida en la separación de fuentes entre las cotizaciones de la Seguridad Social y los presupuestos del Estado. Sobre ello también quería preguntarle y agradecerle de nuevo su presencia y su intervención.


El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones formuladas por los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Leandro González Gallardo.


El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): Señoras y señores diputados, comparezco por primera vez ante ustedes con la misma disponibilidad que lo han hecho mis predecesores en el cargo, agradeciendo a aquellos grupos que han solicitado mi comparecencia la oportunidad de poder atender a las preguntas o requerimientos que me han hecho, y desde luego poniéndome a disposición de SS.SS. para todo aquello en que pueda serles útil.


Como ustedes saben, el papel de la subsecretaría en un ministerio, y bien se ha dibujado, es transversal, responsable de las políticas generales del departamento, de los servicios comunes, de los recursos. Las políticas concretas departamentales están acotadas en cada una de las áreas. Me han precedido en la comparecencia en esta Comisión la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, la secretaria general de Empleo, y en la Comisión de Presupuestos el secretario de Estado de la Seguridad Social. En esas comparecencias se ha explicado el soporte, el traslado, el dibujo, cómo se han pintado en números las distintas políticas de cada una de las áreas, y yo he escuchado atentamente a la secretaria general de Empleo, que ha dado clara respuesta a las preguntas planteadas por los distintos grupos parlamentarios. En aras de la mayor brevedad voy a intentar contestar, con el máximo agrado, a las preguntas que me han formulado y además intentaré hacerlo brevemente, y en la medida de lo posible conjuntamente aquellas preguntas en que ha habido coincidencia, tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario Socialista. De entrada, como en la intervención del Grupo Parlamentario Popular se ha cuestionado el planteamiento general de los presupuestos, que ha llamado ilusorios, voy a pintar -pues se ha hablado de las áreas- de manera muy general y transversal cuál es el cifrado de los gastos sociales en los Presupuestos Generales del Estado. Como saben, en un año de contención presupuestaria por razones obvias, para el presupuesto 2009 la subida media del gasto en Presupuestos Generales del Estado ha sido el 2 por ciento, y si incluimos las aportaciones del Estado al Servicio Público de Empleo se ha colocado en el 3,3 por ciento.
Sin embargo, el gasto social se incrementa para el año 2009 en el 9,5 por ciento, representando por quinto año consecutivo más de la mitad del gasto consolidado. En concreto, para el año 2009 el gasto social representa el 52,8 por ciento del gasto total de los Presupuestos Generales del Estado. El gasto social que gestiona el Ministerio de Trabajo e Inmigración es de 154.368 millones de euros, que es el 88,6 por ciento del total de gasto social que está en los Presupuestos Generales del Estado, que son 174.108 millones. En esta partida de gasto que gestiona el Ministerio de Trabajo están sumadas la sección 19, que es el departamento, más la sección 60, que comprende los gastos de la Seguridad Social. Los gastos de la Seguridad Social ascienden a 124.880 millones de euros, y el gasto del departamento, descontadas las transferencias de la Seguridad Social, es de 29.888 millones. El presupuesto consolidado del departamento, descontando los gastos de transferencias a los organismos autónomos, es de 35.631 millones de euros de gasto; es decir, el gasto consolidado del Estado crece el 16 por ciento y el del departamento el 13,6 por ciento. Si lo vemos desde el punto de vista de cómo crece la aportación del Estado a la financiación -lo que se financia a través de impuestos- de los presupuestos del gasto social, la aportación es de 8.804 millones, que es el presupuesto del departamento, y se incrementa en un 40 por ciento sobre la aportación de los Presupuestos Generales del Estado al gasto social en el año 2008. Esas son las grandes cifras que enmarcan el presupuesto.


Pasando a las preguntas más concretas, han coincidido los dos grupos en plantear el tema de cómo está el programa de modernización y potenciación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Creo que en el objetivo coinciden todos los grupos de la Cámara. Se ha expuesto por el representante del Partido Socialista cuáles son las razones, el porqué, los compromisos que había. En definitiva, el compromiso que se adquirió en la legislatura anterior era llegar al final de la legislatura a 2.000 efectivos, y el mismo compromiso que se mantiene en esta legislatura es llegar a 3.000 efectivos. En este momento, en el mes de septiembre estamos en 1.753 efectivos, pero se ha crecido bastante en esta legislatura. El programa tenía tres ejes: un eje, el de reforzamiento de la plantilla, más Inspectores y con mejores condiciones y manteniendo el nivel de cualificación; el segundo eje, que también lo ha planteado la representante del Partido Popular, ha sido la potenciación de los medios informáticos de la Inspección; el tercer eje ha sido la mejora de los medios materiales, fundamentalmente locales. En los tres ejes se está trabajando. Daré unos datos muy breves: en el periodo 1997-2000, la suma de todas las plazas convocadas fue de 60, con lo cual el incremento de plantilla hay que suponer que está por debajo, en el 45 por ciento o menos, porque hay que deducir la rotación y las bajas; en el periodo 2001-2004, las convocatorias han sido de 153 plazas, y en el periodo 2005-2008 la convocatoria ha sido de 400 plazas. El objetivo de 2008 -ahora estamos en 1.757- era llegar a 924 y la previsión de los próximos cuatro años es hacer una convocatoria anual de 300 efectivos para la Inspección de Trabajo,

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200 para el cuerpo superior y 100 para el cuerpo de subinspectores.


Como saben SS.SS. en el artículo 23 de la ley de presupuestos se exime de la limitación de la tasa de reposición a la Inspección de Trabajo, y con el presupuesto que tenemos en el ministerio en el capítulo 1 tenemos medios suficientes para cubrir la previsión de incorporaciones en 2008, más la previsión de la oferta de empleo que convocaremos en el año 2009.
Creo que los datos son muy espectaculares. A finales de 2012 se habrá convocado un número de plazas hasta llegar a 3.000 efectivos. Seguramente habrá que restar los movimientos de rotación y las jubilaciones, pero en cuatro años suponemos que pueden ser en torno a 60 ó 70 plazas. Pasaremos seguramente los 2.900 efectivos al final de 2012, cuando finalice el programa de incorporación de efectivos.


En las inversiones que hemos llevado a cabo en materia de informática, en 2004 el gasto total entre capítulo 2 y capítulo 6 era de 2.470 millones; en 2008 nos hemos colocado en 6.826 millones, y la previsión es que siga creciendo, hasta 2010, a 7.244 millones. El ministerio va a seguir haciendo el esfuerzo presupuestario para seguir dotando de los medios informáticos necesarios a la Inspección de Trabajo. Me preguntaba por el programa Lince, y dentro de él por el proyecto Integra, que ya está implantado en todas las inspecciones de trabajo; como usted sabe, se le ha cambiado absolutamente la cara a los medios de la Inspección de Trabajo, si comparamos la situación de 2008 a cómo estaba la situación antes de 2004. Antes de 2004 los servicios informáticos estaban distribuidos provincialmente, había multitud de pequeños programas para responder a las diferentes necesidades de la Inspección, había un equipamiento obsoleto, y había una deficiente infraestructura de comunicaciones. Para complementar la información quiero decir que se está haciendo un importante esfuerzo en materia de mejora de centros de trabajo, dentro de la Inspección, y de arrendamientos de locales nuevos.
En el año 2008, por poner un ejemplo, se han alquilado dos nuevos locales, y se han mejorado nueve locales en centros provinciales donde se sitúa la Inspección. Lo digo como esfuerzo que se ha hecho. En el año 2008 ha habido en arrendamientos 7.613 millones de gasto, y en obras 5.098 millones de gasto; en mobiliario y enseres se ha hecho un esfuerzo presupuestario el año pasado de 3.438 millones, y en el año 2009 queremos llegar a 4.065 millones. Es decir, en un año con importantes restricciones presupuestarias la voluntad del Gobierno y la voluntad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es seguir haciendo un gran esfuerzo, porque es una demanda social muy importante para fortalecer, en medios personales, informáticos y materiales a la Inspección de Trabajo.


Me hablaba de las campañas y en concreto en materia de prevención. Quiero decirle que, como sabe, en las campañas de prevención hay dos niveles de programas, los territoriales, que se pactan con las comunidades autónomas, y los de nivel nacional, que en este año hay cuatro: campaña Segumar, que conocen; las campañas europeas, que este año han sido en materia de sectores de carga en comercio y construcción, y al año que viene será en el sector químico; las acciones prioritarias en centros de trabajo supraautonómicos, y aquellas materias que tienen que ver con condiciones de trabajo que sí pueden suponer riesgo para determinados trabajadores, por ejemplo, personas embarazadas, etcétera. Por darle datos de actividad, en 2007 se visitaron 126.162 empresas; se llevaron a cabo 433.361 actuaciones de comprobación; se comprobó la existencia de 32.626 infracciones, que dieron lugar a la extensión de las correspondientes actas de infracción por valor de 124.305.398 euros; se formularon 147.321 requerimientos, y se acordaron 1.781 paralizaciones.
Las campañas de inspección además, como usted sabe, han ganado en eficacia porque la programación se hace mucho más en función de necesidades, tanto geográficas como sectoriales.


El segundo tema en el que creo que ha habido coincidencia o preguntas ha sido el del presupuesto de Fogasa. Preguntaba si el presupuesto del Fogasa tendría suficiencia presupuestaria crediticia suficiente para cubrir los gastos en los que pudiera incurrir el organismo. En el presupuesto de ingresos del Fogasa hay un incremento de 17.810.000, que es aumento por cotizaciones, y aumento por intereses de títulos, 13.000.547. Presupuesto de gastos. En el sentido de cuántas transferencias corrientes son 551 millones, si sumamos las dos partidas de ingresos, que son ingresos ordinarios, 508 más 117; ese es el margen que tiene con los ingresos ordinarios. Perdón, 526 más 130, frente a 551 millones de gastos. Ese es el encaje presupuestario con ingresos y gastos ordinarios. Ni que decir tiene que hay importantes remanentes de tesorería para atender mayor nivel de gastos. El remanente de tesorería para este año son 300 millones, más el fondo que tiene de 3.900 millones.
En definitiva, el fondo está pensado para cubrir contingencias de estas características.


Se ha hablado del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La disminución que ha habido en el presupuesto de ingresos se debe a algo que es meramente técnico. El instituto tenía una RPT, un número de puestos de trabajo previsible, que no había cubierto ni iba a cubrir. Lo que ha hecho es ajustar el crédito a la realidad y entonces tiene para el año 2009, para la nómina del personal que tiene, más los ingresos que se produzcan por la oferta de empleo, más las incorporaciones que se produzcan a través de la movilidad interna. Es decir, la disminución del 13,13 por ciento del presupuesto del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo se deriva nada más que de la disminución del 20 por ciento en una partida del capítulo 2, que es un ajuste del crédito que figura en el presupuesto de gastos al número de efectivos que tiene, más las previsiones de incorporación, más aquellas incorporaciones que se hagan a través de concursos de traslados.


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Se había pedido por parte del Grupo Socialista analizar las aportaciones del Estado a la Seguridad Social. Las aportaciones del Estado a la Seguridad Social crecen el 6,3 por ciento. Y lo más importante es que, en un año donde hay restricciones, se atienden absolutamente todos los compromisos del Estado en la financiación de aquellas prestaciones de la Seguridad Social que se financian con aportaciones, en definitiva, con impuestos. Se incrementa en 300 millones la aportación del Estado para cubrir las pensiones mínimas. El año pasado había 2.106 millones para pensiones mínimas y se pasa a una cifra de 2.406 millones para cubrir dichas pensiones. Y se dota con un crédito de 111.422.000 euros la aportación para el pago único por nacimiento o adopción de hijo establecido en la Ley 35/2007. Es decir, en el presupuesto de la Seguridad Social, aquellos ingresos que pasan a financiar el presupuesto que después transforma en prestaciones, todos los compromisos que el Estado tenía de financiación de la Seguridad Social se mantienen en este presupuesto.


Otro tema que me ha planteado es el de la modernización del servicio público de empleo estatal. Como saben también, en la ley de presupuestos para este año se ha excluido la limitación de la tasa de reposición al servicio público de empleo estatal. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de dotarle de una plantilla estructural suficiente, sobre todo en la red de oficinas de empleo. La plantilla estructural es de 5.770 puestos de trabajo. La intención es que desde el primer día del año 2009 estén cubiertos todos y cada uno de esos puestos en la plantilla de la red de oficinas y además la intención es que esté cubierto con personal estructural. Los defectos que históricamente han tenido las oficinas de empleo han sido dos: uno, insuficiencia de efectivos y, dos, que una parte de la plantilla tenía contrato temporal, contrato de seis meses.
Ese es un avance importante y eso lo queremos hacer bueno a través de la convocatoria de empleo público para el año que viene. Además, el ministerio y el INEM han firmado con los sindicatos más representativos en el INEM, es decir, Comisiones, UGT y CSIF, un acuerdo de legislatura.
Es un acuerdo estratégico de legislatura para cuatro años. Una de las partes importantes es mantener y mejorar la plantilla y la dotación de efectivos en las oficinas del INEM, es un esfuerzo importante. Hay un esfuerzo importante para modificar y mejorar las relaciones de puestos de trabajo. Se ha cambiado el modelo de productividad, adaptándolo en las oficinas a las necesidades de gestión de este momento y se ha dotado con más dinero, que es importante. Va a haber un plan -y ese es el núcleo más importante del programa- de promoción profesional dentro del INEM. Es una de las demandas más buscadas por los sindicatos de la mesa delegada y también por parte del departamento creemos que es el camino a recorrer.
Hay un programa de formación que está conectado con el programa de promoción; hay un programa de comunicación interna; hay un compromiso del personal del INEM en la implantación definitiva de las nuevas tecnologías. Y se prevé el diálogo con las comunidades autónomas, para evitar disfunciones en el día a día de las oficinas con las dos plantillas juntas haciendo cosas distintas.


Otro tema que ha salido es el de personal. ¿Cuántas personas tiene el ministerio? ¿Por qué figura en una dotación inicial en el presupuesto con una cifra o con otra? El presupuesto inicial del año 2008 no es 124, sino 151. El presupuesto inicial de personal para el año 2008 eran 252.135.000 euros, que es el que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, y el presupuesto de 2009 es 257.599.000. Me parece que hay un pequeño error, porque hemos incorporado en el presupuesto inicial el presupuesto que procede del Imserso, que eran algunas dotaciones de personal que el Imserso ha pasado al Ministerio de Educación y hay algunas dotaciones que estaban en el presupuesto inicial del año 2008 y se incorporaron al presupuesto inicial del Ministerio de Trabajo. Las dotaciones del año 2008 que se trasladan al Ministerio de Trabajo, después de restar las que han pasado al Ministerio de Educación e Igualdad e incorporando las que han venido del Imserso, son 252.135.000 y el presupuesto para 2009 son 257.599.000. Es un dato objetivo. Es lo que tenía el MTAS, menos el presupuesto que se va a Educación, menos el presupuesto que se va a Igualdad, más aquellos puestos del Imserso que se incorporan al ministerio. El incremento en capítulo 1 es del 2,2 por ciento. En cuanto a la lista de personal, ¿cuántas personas hay en el Ministerio de Trabajo? En estos momentos, en el Ministerio de Trabajo, en servicios centrales, tenemos 2.233 puestos, 1.799 ocupados y 321 vacantes; en la inspección provincial tenemos 3.523 puestos, 3.148 ocupados y 251 vacantes; en las consejerías tenemos 453 puestos, 351 ocupados y 102 vacantes. Ese es el dibujo de la situación de personal en el Ministerio de Trabajo.


En las partidas del capítulo 2, a nivel de concepto, es difícil que le pueda dar una contestación de por qué un concepto sube y otro no. El capítulo 2 ha disminuido en el 0,7 por ciento en el ministerio y por escrito le mandaré la respuesta a las dos cuestiones que me preguntaba sobre esos conceptos, por qué uno sube y otro no sube. En materia de inspección, se había planteado por qué pasan 5.600.000. Porque todos los programas, tanto el capítulo 2 como el capítulo 6, figuran en un sitio, porque es más fácil manejar las modificaciones de crédito si están en la subsecretaría, en el servicio 491.M y no en el 491.A. Ha habido un cambio de sitio nada más. Por eso se explica la disminución de los 3.400 millones en el programa de la inspección; no ha habido una disminución, sino un cambio de sitio.


Sobre políticas activas, me remito a las palabras y a la explicación que ha dado la secretaria general de Empleo. Según los datos que tengo del INEM, ha habido partidas que se han movido de sitio. Promoción de actividad económica y empleo autónomo, se pasa de 250.193.000 a 259.810.000, con un incremento de 3,8 en el presupuesto del Servicio Público de Empleo. La distribución del gasto se hace de acuerdo con la distribución

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competencial que corresponde al Estado y a las comunidades autónomas. En formación, se ha incrementado de 1.949.263 a 2.033.626, con un incremento del 4,3. Se ha modificado la situación de los créditos, pero no se ha modificado la distribución competencial de qué administración tiene que gestionarlo.


Financiación, las ayudas o las subvenciones a los centros especiales de empleo. Las ayudas al personal con discapacitados tiene dos partidas. Por una parte, la bonificación de contratos, que es una partida que va del Servicio Público de Empleo a la Seguridad Social, aproximadamente son 450 ó 460 millones las previsiones de gasto que tememos, y la cantidad global del INEM de las subvenciones para los centros especiales de empleo está distribuida entre comunidades autónomas y administraciones del Estado, según la distribución de competencias. Es decir, que salvo el territorio Servicio Público de Empleo -País Vasco, Ceuta y Melilla-, el resto está en el capítulo 4, para transferirlo a las comunidades autónomas. No sé si se me ha olvidado responder alguna cosa. El detalle de aquellas cuestiones sobre las que no tenga información suficiente con mucho gusto se lo haré llegar por escrito.


El señor PRESIDENTE: Doña Carmen Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: En este turno de puntualizaciones simplemente quiero aclarar algunas cuestiones. En relación con la inspección, usted ha dado las grandes cifras y nos ha estado haciendo sobre todo cosas comparativas, como suele suceder en estos casos, pero yo le he preguntado una cuestión muy concreta: Si se han cubierto las 70 del año 2007, las 75 del año 2008 y como, de acuerdo con las comunidades autónomas, había un reparto de esos efectivos de personas, por qué no se había cumplido lo que se había comprometido. Ejemplo, con la Comunidad de Madrid. imagino que también con otras comunidades.


En relación con el proyecto Lince y el proyecto Integra, usted también me ha hablado de que antes estaban muy mal los servicios informáticos, pero no me ha contestado cómo están en este momento, si ya está operativo al cien por cien y qué inversión hay en el año 2009 para este programa, para completarlo o para su mantenimiento, en su caso; a esto no me ha contestado. Campañas territoriales de inspección. Me ha hecho lo mismo, me ha hablado de que en el año 2007 han hecho 126.000 empresas. Muy bien.
Luego me ha dado datos incluso de cuánto han recaudado por sanciones.
Primero, eso no coincide con el papel de ustedes, de los indicadores que aparecen en el presupuesto. Nosotros nos tenemos que regir por sus papeles y ustedes me dicen que lo que han realizado en el año 2007 fueron 99.000 visitas; 99.866 para prevención de riesgos, que es de lo que usted me ha estado hablando. Y usted me ha dicho 126.000. Aquí hay una desviación y usted nos lo aclarará o nos lo explicará. Pero lo que yo le he preguntado es cómo en una situación como la actual, en la que se dice que hay una preocupación, que yo comparto y la hemos puesto sobre la mesa, en el tema de Seguridad e Higiene, simplemente hay una reducción del presupuesto del año 2008, que presupuestaron 185.000 visitas, que no se han ejecutado, solo han ejecutado 100.000, y vuelven a presupuestar otra vez 100.000. Usted me habla del año 2007, que son 126.000, que tampoco lo eran, porque, según lo realizado, eran 99.000, aunque presupuestaron 155.000 visitas; estos son los datos. Yo quiero hablarle del presupuesto del año 2009, dígame si le parecen razonables las 100.000 visitas y bajar esa ratio, ratio que además nunca han cumplido ustedes.
Todos los demás indicadores los han cumplido; en prevención de riesgos laborales, no los han cumplido.


En el instituto, usted me dice que se reduce por la RPT. Me puede explicar, con este presupuesto de 32 millones de euros, cómo piensan cumplir con el plan de acción de prevención de riesgos, que está dentro de la estrategia europea, cómo van a cumplir para este próximo ejercicio.
Verdaderamente, el presupuesto de la seguridad laboral es un presupuesto lamentable. Insisto en que las comunidades autónomas están haciendo un enorme esfuerzo en sus propios institutos u organismos que tengan para este campo, que están trabajando de la mano de los sindicatos, invirtiendo e incrementado año a año el presupuesto, y el instituto no tiene absolutamente nada para ese plan de acción, que efectivamente se ha pactado con las comunidades autónomas y cuyo balance veremos próximamente en esta Comisión.


Me ha dicho que en el Servicio Público de Empleo se incrementan 5.370 puestos de trabajo. Simplemente es una aclaración. No sé si es que en total son 5.300. (El señor subsecretario de Trabajo e Inmigración, González Gallardo: El total.) Perfecto, es que no había captado bien la idea. Ha sido culpa mía, estaba distraída; gracias por la aclaración. En estas diferencias que le he establecido del capítulo 1, quizás usted tampoco me ha entendido o yo me he expresado mal en mi primera intervención, no hablaba del ministerio, le he preguntado claramente por el programa 291.A. Probablemente luego sus asesores le pueden ayudar leyendo el"Diario de Sesiones" y nos puede contestar. El programa 291.A, inspección y control de la Seguridad Social. Tengo aquí el del año 2008 y el del año 2009; el presupuesto inicial que figuraba en los presupuestos para el año 2008 eran 123 millones y el que ustedes nos dan ahora en ese mismo programa 291, que se refiere a organismos autónomos, agencias y organismos públicos, figuran 151 millones. Quiero que usted me aclare por qué hay un presupuesto inicial en el 291, no en el ministerio. Había 123 millones en el año 2008. Si no me lo puede aclarar ahora no pasa nada, usted me lo dice cuando pueda. Exactamente igual en la partida siguiente, que es el punto 2, gastos corrientes y bienes y servicios, ustedes nos ponían 7.763.000 cuando presentaron el presupuesto del año 2008 y ahora nos ponen 8 millones. Solamente le pregunto dónde está esa diferencia.
Seguro que tiene una explicación técnica,

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porque no creo que tenga otra explicación ni yo la presumo, pero sí me gustaría tener una aclaración para que podamos tener las cuentas claras.


Respecto a lo que me ha contestado usted, creo que también me ha entendido mal. Sobre el programa 291.M, yo le he hablado del libro rojo; no le estaba hablando de las partidas de gasto, sino de los indicadores de personas. En el programa 291, en el denominado libro rojo, sección 19, que es la de ustedes, en concreto en la página 213 -se lo digo también, no para que me conteste ahora, sino para que figure en el"Diario de Sesiones" y lo puedan buscar después cuando preparen las respuestas-, dentro de la actividad de planificación de recursos humanos, en lo que estos indicadores recogen, nos gustaría que nos explicaran por qué había 4.292 personas presupuestadas para cubrir los puestos de funcionarios del departamento y solamente se cubrieron 1.098 en el año 2008. Ahora, que estamos en una situación más de crisis, ustedes vuelven a incrementar ese presupuesto y ponen una previsión -estoy hablando de los indicadores- de 3.524 puestos. Por eso le pregunto qué es lo que van a hacer, a qué centros van a ir y qué trabajo van a realizar estas personas que antes no las cubrieron y ahora sí prevén que se cubran. Es un problema, no de euros, sino de personas.


Por último, quiero adelantar a la Mesa y al señor compareciente que vamos a presentar una serie de preguntas escritas, que, para mayor facilidad, rogamos nos las contesten, como establece el Reglamento, antes de las 48 horas previstas, para poder tener cumplida información. Y de verdad, señor subsecretario, muchísimas gracias por el tono y por el contenido de todas sus preguntas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Brevísimamente. Solo quiero agradecer al subsecretario del Ministerio de Trabajo e Inmigración las aclaraciones que nos ha hecho y las respuestas que ha dado a las cuestiones que yo he planteado en nombre de mi grupo, en relación con los objetivos y desarrollo -en el periodo anterior y en los cuatro próximos años- del plan de modernización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Igualmente sobre las aportaciones del Estado a la Seguridad Social y, por último, del Fondo de Garantía Salarial.


El señor PRESIDENTE: Para cerrar esta sesión -y ya llevamos cerca de seis horas-, doy la palabra al subsecretario, agradeciéndole antes su comparecencia y su trabajo. Felicito también a los cuatro supervivientes de la Comisión, por la resistencia que han demostrado durante estas seis horas. (Risas.)

Señor subsecretario, tiene usted la palabra.


El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (González Gallardo): A las cuestiones que plantea ahora el Grupo Popular, yo creo que es más práctico que conteste por escrito, porque son datos todos muy concretos.
Podría responderle, tirar de papeles, pero yo creo que es mejor ir a lo concreto, a lo fiable, porque son datos muy puntuales. Antes de 48 horas le habremos mandado las respuestas.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.


Eran las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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