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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 110, de 23/09/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 110
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
Sesión núm. 3 celebrada el martes 23 de septiembre de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI (Pérez Bueno), para informar de las expectativas, necesidades y propuestas del colectivo de personas con discapacidad. A petición de los grupos Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto.
(Número de expediente 219/000002.)... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a esta Comisión al presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que informará de la expectativas, necesidades y propuestas del colectivo de personas con discapacidad. Si ustedes lo consideran así, les propongo la siguiente metodología: intervendrá primero el compareciente, como es obvio, después los grupos parlamentarios -podemos asignar diez minutos de intervención, con flexibilidad por supuesto, pero si pudiéramos acomodarnos a ese tiempo sería positivo-, luego puede contestar de nuevo el compareciente y, si algún grupo considera que necesita hacer una repregunta o ampliación, daríamos también un pequeño turno, si a ustedes les parece oportuno. En estos términos comenzamos esta sesión. Tiene la palabra el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad para hacer su exposición.


El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERMI (Pérez Bueno): Deseo que mis primeras palabras ante esta Comisión sean, antes incluso que de agradecimiento, que parecería lo obligado, de reprobación del último atentado terrorista cometido contra la dependencia militares de Santoña, que ha causado la muerte de un ciudadano, de Luis Conde de la Cruz. Como representante del movimiento social de la discapacidad, me sumo al acuerdo adoptado ayer mismo por los grupos parlamentarios de esta Cámara de condena de una acción tan espantosa como inexplicable. El terrorismo, bien lo sabemos, además de muerte, causa en las víctimas que sobreviven lesiones y daños que muchas veces acaban en discapacidades. Sabemos, pues, de lo que hablamos cuando decimos no a cualquier forma ilegítima de violencia que aspira a imponer ideas o una visión particular del mundo. Conste nuestro pésame y nuestras condolencias a la familia y la condena de este brutal acto.


Me corresponde, ahora sí, expresar la gratitud del Cermi y la mía personal a SS.SS. y a los grupos en los que se integran, por haber solicitado, también por unanimidad, esta comparecencia para que, desde la plataforma asociativa unitaria de personas con discapacidad y sus familias, que eso es el Cermi, formulemos las demandas y expongamos las expectativas y propuestas de nuestro sector social para esta legislatura. En nuestros casi doce años de existencia -somos todavía una entidad joven- hemos sentido al Parlamento, y en especial a esta Cámara, como la instancia de representación y decisión públicas más cercana y receptiva, más firmemente comprometida con el avance de las personas con discapacidad, con la mejora de sus condiciones de vida y de ciudadanía. De verdad, créanme, no son cumplidos retóricos ni cortesías propias de la ocasión; tengan la seguridad, señorías de que desde la discapacidad miramos con confianza, con estima y con aliento los trabajos que hacen en estas comisiones, en sus plenos, en las relaciones con sus electores, y que la existencia de una Comisión como ésta, de Políticas Integrales de la Discapacidad, dedicada con carácter permanente desde esta legislatura al impulso de estas políticas, representa verdaderamente un estímulo para el proceso de transformación de la realidad a que aspira y que promueve nuestro movimiento social. Su labor, por supuesto no soy yo quien lo tengo que decir, no es oscura ni pasa inadvertida, no para el movimiento de la discapacidad, es seguida y apreciada y sus esfuerzos no son vanos.
Depositamos en las Cámaras, en esta Comisión y en el Congreso, una gran dosis de esperanza y contamos siempre con su alianza sostenida para lograr un entorno ciudadano para la discapacidad más amigable, más cómodo y más digno.


El inicio de una nueva legislatura -llevamos ya unos meses de ésta- puede ser el momento idóneo, y creo que por eso me han convocado como representante del Cermi para venir a esta Cámara, para traer lo que la discapacidad pide y espera de la acción pública en esta esfera. En estos momento inaugurales resulta más que recomendable que desde el sector asociativo de la discapacidad digamos alto y claro qué es lo que plantea y demanda este sector de población para los próximos cuatro años; y lo planteamos con la legitimidad que otorga ser la plataforma, valga la expresión, paraguas, que anuda a más 4.500 asociaciones y entidades de la discapacidad de toda España, que trama el tejido asociativo y que busca, -esa es nuestra misión- la incidencia política para influir previa y prescriptivamente allí donde se toman las decisiones, a fin de que la discapacidad alcance el rango que se merece en la atención pública y en la acción política. Actuamos crítica y exigentemente reclamando sin transacciones los derechos que nos corresponden, pero al tiempo, y no nos duelen prendas decirlo, cooperativamente, con plena disposición al razonamiento y al diálogo con los poderes públicos, con todo tipo de poderes legitimados en un sistema democrático. Creemos en la democracia participativa -me escucharán a lo largo de esta comparencia aludir a este término-, donde la política es tan importante y tan noble que no puede dejarse en manos exclusivas de los políticos. Como ciudadanos comprometidos queremos nuestra cuota de participación y por eso nos corresponsabilizamos. Pedimos tanto (la discapacidad pide mucho, y los que han sido miembros del Ejecutivo, como el presidente, y los que han tenido responsabilidades de gestión lo saben, así como los propios diputados y diputadas), como estamos dispuestos a ofrecer.


Hablando de pedir y de plantear, ¿qué es lo que solicitamos o qué planteamos a esta Comisión, a esta Cámara? No es fácil resumir, cifrar nuestras demandas, corren el riesgo de que sean infinitas y han comenzado a saldarse tarde y lentamente, pero tengo la obligación de intentarlo; su tiempo es muy valioso. El enfoque de

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diversidad humana enriquecedora, la visión garantista y de derechos humanos de la discapacidad, la igualdad de trato y de oportunidades, la activación a través del empleo de calidad, un educación inclusiva, la inmersión y el dominio de las nuevas tecnologías, una protección social y sanitaria eficientes y estimuladoras, la accesibilidad universal han de ser los principales ejes en el futuro inmediato de unas ambiciosas políticas transversales. El apoyo extenso a la familia que tenga en su seno una persona con discapacidad y la atención a los grupos que dentro de la propia discapacidad sufren exclusión múltiple -el tema de la exclusión múltiple de la discapacidad se va a agravar en el futuro- completan el círculo de actividad propio de las políticas en favor de la discapacidad.


Una de las grandes líneas de acción para los próximos cuatro años, pasa por seguir avanzando en la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos, de puros y simples derechos humanos. La nueva visión de la discapacidad entendida como ejercicio de esos derechos, ha de verse completamente consolidada, y no solo en las leyes, sino también y sobre todo en las prácticas, en las mentalidades y en la vida cotidiana. La recepción de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, de la que nuestro país ya es parte, plenamente vigente e invocable, debe darnos pie en esta legislatura para modificar todos aquellos aspectos de nuestro sistema legal -que un sistema legal amplio, acumulativo, muy copioso- que se oponen a esta concepción de derechos de la discapacidad. Y hay que ir más allá de la letra de la norma legal, para que lo que ésta expresa pase del papel a la realidad, de las musas al teatro, que en términos de discapacidad no siempre ha sido así. Hemos de avanzar en efectividad y en cumplimiento real y efectivo de los derechos. Proponemos, pues, la aprobación de una ley transversal que proceda a ajustar todo el ordenamiento legal a los valores, principios, mandatos y compromisos de la convención. Desde el Cermi estamos trabajando en ello, y pronto esta Cámara, los grupos que la integran y el Gobierno tendrán una propuesta, como siempre por supuesto mejorable, pero creemos que solvente y atinada, sobre cómo debe hacerse, al menos desde nuestra perspectiva, esa operación de ajuste.


Otro gran bloque de cuestiones, de demandas conecta con la vida autónoma independiente de las personas con discapacidad. Éstas deben disponer de un entorno amistoso que les permita llevar una vida libremente elegida y conforme con sus deseos y aspiraciones. Esta forma de vida independiente pasa por disponer de autonomía económica, cómo no, que a su vez en una sociedad abierta viene dada en la mayoría de ocasiones por el ejercicio de un trabajo digno, estable y de calidad. La inactividad laboral a la que se ven abocadas miles de personas con discapacidad, es un inmenso problema que hay que combatir con todas las energías. El éxito de las políticas de empleo se cifra en la activación de miles de personas con discapacidad que han de incorporase en los próximos cuatro años a la vida económica. Estamos persuadidos de que la Estrategia global de empleo para personas con discapacidad 2008-2012, que el Gobierno debe aprobar por mandato de este Parlamento, de la última reforma laboral, ayudará a ese objetivo. En un momento, señorías, y bien lo saben porque lo han tratado en diversos plenos y comisiones, de coyuntura económica desfavorable, en la que el empleo de los grupos sensibles, como es el de la discapacidad, se puede deteriorar más aceleradamente, son más necesarias que nunca políticas vigorosas de activación que no se pueden limitar a lo estrictamente laboral, sino que han de abarcar la educación, la formación a lo largo de la vida, la protección social para evitar a veces incompatibilidades y elementos desincentivadores, la accesibilidad, la fiscalidad, la mentalización y la visibilidad. Todo esto reforzando simultáneamente la protección social y económica de aquellas personas con discapacidad que no pueden ejercer total o parcialmente una actividad remunerada, que han de disponer de apoyos y ayudas suficientes y sostenidas, dejando atrás el nivel absolutamente insuficiente que aún soportamos. Y pienso, señorías, en las prestaciones no contributivas, que han mejorado, que conseguimos hace ya años que fueran un derecho subjetivo, pero que todavía, y sentimos decirlo, alcanzan niveles casi de mera subsistencia. Habría que acometer una reforma profunda de estas pensiones. Si miran las estadísticas de pensiones no contributivas, como se llaman en la ley por razón de invalidez, o sea, para menores de 65 años que tienen una discapacidad severa, se aprecia que en los últimos años están bajando, se causan menos pensiones. Eso quiere decir que hay menos estado de necesidad y que hay más integración laboral. Bueno, pues ese ahorro que se están produciendo con esa bajada en los perceptores, se puede aplicar a incrementar las cuantías. Y también creo que sería necesario cambiar, por ejemplo, las normas del cómputo de las pensiones no contributivas y hacer como en la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia, que solo se tiene en cuenta la capacidad económica de los beneficiarios, y no de la unidad familiar. Creo que debemos avanzar también en ese sentido.


Paso a darles unas ideas de lo que para el Cermi está siendo el Sistema para la autonomía y atención a la dependencia que, como muy bien saben, se puso en marcha en 2007 con el consenso de la mayor parte de las fuerzas parlamentarias, y que ha supuesto -tenemos que decirlo- un cualificado instrumento para dar repuesta a las necesidades sociales de las personas con discapacidad con más necesidades de apoyo para su autonomía personal. Esta nueva legislación, que ha sido recibida con tanto deseo y expectación, se ha de aplicar con urgencia y equilibrio y ha ser mejorada y ampliada en los próximos cuatro años. Por ejemplo, se han de acortar los plazos para que sus prestaciones y servicios sean una realidad tangible que llegue a los ciudadanos concretos con nombres y apellidos. Se han de ajustar los baremos, sobre todo pensando en determinadas discapacidades,

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una vez que conozcamos el resultado detallado tras el primer año de vigencia del baremo de valoración de dependencia, que ya ha transcurrido.
Se ha de reforzar y extender el bloque de autonomía personal de la ley, la ley se llama en primer término de promoción de la autonomía personal, con nuevas prestaciones y servicios. Ha de ser, -lo es, pero tenemos que perfeccionarla- una auténtica ley de promoción de la autonomía personal, pues a más autonomía habrá siempre menos dependencia. Hay que establecer un límite alto de exención para el copago, y se han de revisar algunas incompatibilidades de Seguridad Social entre las nuevas prestaciones por dependencia y otras ya consolidadas. Y, cómo no, se ha de reconocer un papel más relevante a las entidades no lucrativas en la gestión del sistema. Se ha de asegurar una auténtica coordinación institucional de todas las administraciones que intervienen en el sistema, es un sistema complejo y no es fácil de gestionar, que han de actuar con lealtad, sin partidismos, sin veleidades, evitando todo lo que no sea servir a los ciudadanos que están en esa situación de necesidad, y evitando en lo posible desigualdades de aplicación entre los ciudadanos que sean intolerables.


La puesta en marcha de un sistema de nuevo cuño tan trascendental como este de autonomía personal y atención a la dependencia es una tarea ardua, lo sabemos, y exige lo mejor de cada una de las partes implicadas.
No podemos negar, que hay incertidumbres y expectativas aún no satisfechas, dificultades objetivas, disfunciones y prácticas que pueden ser mejoradas, pues la ambición que supone el sistema es más que considerable. Entendemos que la revisión que las Cortes han de hacer de la aplicación de la Ley 39/2006 tiene que adelantarse al año 2009 para que, sobre la experiencia adquirida en su implantación y la opinión de la comunidades autónomas, de las corporaciones locales, de los agentes sociales concernidos y especialmente de los movimientos sociales más afectados, como son las personas mayores y las personas con dependencia, pueda dársele un nuevo y efectivo impulso. Dejo a disposición de SS.SS.
aquí, en la mesa, el texto de la resolución aprobada por la asamblea de representantes del Cermi el pasado 23 de junio, más de 150 personas que representaban a todos los territorios, en la que queda ampliamente formulada, y mucho más por extenso, la posición del sector de la discapacidad sobre este sistema y las propuestas para su consolidación y despliegue acelerados.


Otro frente de acción es el de la accesibilidad. Sin un acceso regular a los entornos, productos, bienes y servicios por ausencia o falta de accesibilidad, no se puede llevar una vida normalizada y participativa.
La no accesibilidad es una sutil pero letal forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Cuestiones como el acceso a las nuevas tecnologías, la lucha contra la brecha digital y la regulación de la accesibilidad a los contenidos audiovisuales estarán en la agenda de estos próximos cuatro años. A estas fechas, y una vez que ha entrado la convención en vigor y resulta aplicable en España, no tenemos una legislación que obligue, por ejemplo, a la televisiones, a los medios audiovisuales a emitir con subtítulos, a emitir en lengua de signos o a emitir con audiodescripción, cosa que en Estados Unidos existe desde hace quince años, o en Reino Unido desde hace diez o en Francia desde hace cinco. Es un tema pendiente y esperamos que en esta legislatura hayamos saldado esa deuda. Otro tema en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información es la televisión digital terrestre que, como saben, se implantará en todo el territorio en 2010 y que, ahora mismo, a pesar de que legalmente está solventado, en la práctica puede suponer una desconexión para muchas personas con discapacidad, y estoy pensando en personas ciegas o con deficiencia visual o en personas sordas. Para estas personas la televisión digital puede ser un retroceso respecto a la televisión analógica que todos conocemos. ¿Otras materias, otras cuestiones referidas a la accesibilidad? Pues el desarrollo de la reciente legislación sobre lenguas de signos españolas y apoyos a la comunicación oral, todos estos estarán en la agenda estos próximos años.
Y cómo no, pues se trata de un compromiso pendiente al que todavía no hemos dado respuesta, la reforma urgente, inaplazable diría, de la Ley de Propiedad Horizontal, para que las comunidades de propietarios asuman, socialicen el coste de las actuaciones y obras de accesibilidad en los edificios de vecinos. Señorías, este es el tema sobre el que más quejas, reclamaciones, y con plena justicia, recibimos. Es un tema no resuelto.
Tenemos a personas que por el mero hecho de tener una discapacidad están rehenes, presas en sus casas. Tenemos casos de gente que está siendo bajada o subida a hombros o en parihuelas porque, por la legislación que tenemos, no se puede acometer la obra porque no hay suficiente quórum o la persona no tiene los suficientes medios para acometer por sí misma la obra o la actuación. Creo que si se reformara en el sentido que hemos pedido, porque parece que hay un consenso general, pero no termina de producirse la modificación legislativa, si se aprobase esta medida, sería una de las actuaciones en materia de accesibilidad más directamente percibibles por los ciudadanos y que mejorarían más la calidad de vida de muchas personas con discapacidad y de muchas personas mayores. La verdad es que consideraría un fracaso enorme del Cermi, del movimiento asociativo, de la sociedad en su conjunto si en esta legislatura no lográsemos modificar esta legislación de propiedad horizontal.


La atención y apoyo a la familia que tiene en su seno a personas con discapacidad, resulta también una cuestión esencial. La atención temprana, la inclusión educativa de calidad, la mejora de la acción sanitaria, -se ha de construir, porque no lo tenemos, por desgracia, un espacio sociosanitario, porque hoy es inexistente o apenas balbuciente -o el incremento del nivel de ayudas a las familias cuando se presenta una discapacidad, son factores que deben integrar armónicamente las políticas de familia para los próximos años. Necesitamos un

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auténtico modelo de atención sociosanitaria, como decía antes, que dé una respuesta adecuada a las necesidades ineludibles de discapacidades, ya no tan emergentes, sino que están ahí, que crecen a ojos vista, como la enfermedad mental, las personas con daño cerebral adquirido o las personas con enfermedades raras. Necesitamos la aprobación de una legislación integral de protección de víctimas de accidentes de tráfico, que es la primera causa generadora de discapacidad en nuestro país, y que hoy están un poco a su suerte o se tienen que enfrenta a múltiples y dispersos mecanismos de respuesta o de ayuda.


Otras cuestiones que requerirá la atención de los poderes públicos son el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación horizontal y específicamente, y la actualización impostergable de la prestación ortoprotésica y de las tecnologías de apoyo a la vida autónoma e independiente. La prestación ortoprotésica no se reforma desde hace por lo menos quince años. El fomento del deporte de base y de élite, y aprovecho para felicitar a la selección paralímpica española; sé que el presidente y varios miembros de esta Comisión han podido estar en Pekín siguiendo los Juegos Paralímpicos. La actuación en temas de deporte tiene gran trascendencia por su visibilidad, emulación y de ejemplo enorme para las posibilidades de las personas con discapacidad.


En los próximos meses esperemos que también se vea en esta Cámara culminada las regulación de las actividades de juego por medios virtuales, especialmente Internet, pues la alegalidad que hoy impera en ese lucrativo mercado afecta de modo muy negativo tanto a las arcas públicas, que dejan de percibir los impuestos que corresponderían, a la debida protección de grupos vulnerables, como la infancia, y a expresiones del mundo del juego muy consolidadas, de absoluta preeminencia social, cuya continuidad y sostenibilidad son imprescindibles para la fortaleza y el mantenimiento del sector de la discapacidad.


Todo lo anterior se ha de completar con dos líneas de acción política transversal, que nosotros hemos asumido dentro de nuestra agenda política: la atención al factor de género dentro de la discapacidad, que somete a las mujeres con discapacidad a situaciones de severa multiexclusión, y la promoción y desarrollo de las personas con discapacidad que habitan en zonas rurales, un millón según la encuesta del año 1999, que esperamos tener pronto renovada. Precisamos políticas vigorosas de equiparación, medidas de acción positiva que nos resitúen en posiciones de partida de igualdad real y efectiva. Un dato, para mí estremecedor, acreditado por recientes estudios, revela cuán necesaria es aún la acción afirmativa: acceder a los mismos servicios y bienes que el resto de los ciudadanos -una guardería, un vehículo, un viaje turístico- le supone como media a una persona o familia con un miembro con discapacidad entre un 30 y un 40 por ciento más de coste que a una persona o familia sin discapacidad. Más que un sobrecoste es un agravio que lastra en muchas ocasiones o que torna heroica la realización de los anhelos y las aspiraciones de la persona. Dejar persistir, sin atacarlas, las condiciones que permiten este estado de cosas, escamotea lo más valioso que tiene el individuo: un proyecto de vida y de felicidad libremente elegido en relación armónica con la comunidad a la que pertenece.


Las políticas de discapacidad que planteamos y traemos a esta Cámara han de hacerse coparticipadamente, corresponsabilizadamente, como decía antes, mediante un diálogo constante con la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad; en suma, con las organizaciones representativas y con la ciudadanía, que pugna por innovar nuevas formas de participación política. Nadie sabe más de discapacidad, de autonomía personal, de vida independiente y de inclusión que quien lo vive personalmente en la familia en su día a día. El principio de diálogo civil, concreción de la democracia participativa, ha de presidir todas las políticas de discapacidad, y estoy seguro, y así lo han demostrado, que desde esta Comisión se actuará en el sentido de aumentar la cultura política de la participación responsable.


Concluyo ya, señorías. El tejido asociativo de la discapacidad que representa el Cermi plantea esta extensa agenda de demandas, pero no tan extensa como las necesidades que subyacen, que espero sea conocida y compartida por el Parlamento. Dejo también a la Mesa de la Comisión un documento mucho más prolijo y minucioso, con la explicación de las medidas y su justificación, que en esta presentación, por mor del tiempo, me he limitado a enunciar, más otras que no he tenido tiempo de abordar.


Las personas con discapacidad somos ciudadanos de pleno derecho que, con políticas adecuadas que eviten discriminaciones que anulan restricciones a la participación comunitaria, borren ideas recibidas y prejuicios y promuevan las habilidades de la persona, estamos llamados a aportar un enorme potencial de talento, de creatividad, de ingenio y esfuerzo a la vida en comunidad. Proporcionamos una pátina de diversidad humana fecunda y expansiva. No contar con la discapacidad no es solo una burla de los designios más elevados y de los propósitos más decentes, sino que es un lujo que la sociedad no puede permitirse. Las políticas que esperamos han de poner en manos de las propias personas con discapacidad y sus familias herramientas eficaces y un sistema suficiente y amplio de apoyos, para que nosotros mismos seamos los agentes de su propio proceso de inclusión y los dueños de nuestra peripecia vital.


Quedo, presidente, señorías, con sumo gusto, a las cuestiones, planteamientos, sugerencias que tengan la amabilidad de formularme.
Muchas gracias por su tiempo y por su atención.


El señor PRESIDENTE: Después de su intervención, comenzamos el turno de los grupos parlamentarios. Dado que no se encuentra la portavoz del Grupo Mixto, ni del Grupo de Esquerra Republicana-Iniciativa per

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Catalunya Verds, pasamos al Grupo Parlamentario Vasco. Tiene usted la palabra, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que forma parte de un uso inveterado en esta Cámara no intervenir sin haber escuchado al compareciente, y no voy a ser yo quien vulnere aspectos tan sacrosantos del funcionamiento de esta institución. Lo siento, son los tributos de un grupo pequeño, que tiene que multiplicar su actividad y su presencia y que no posee el don de la ubicuidad en su aspecto personal. Me han trasladado su intervención, y la leeré detenidamente. Solo haré un doble comentario. Nos preocupan dos cosas fundamentalmente. Usted ha realizado un diagnóstico en la parte final, en las postrimerías de su intervención.
Numerosas circunstancias que obstaculizan el funcionamiento y el desarrollo normal de la vida de las personas afectadas por discapacidad, por situaciones de discapacidad de cualquier naturaleza, no han sido objeto de remoción ni por la legislación ni por el funcionamiento o la actuación de los poderes públicos del Estado. Esto es algo preocupante.
Hubo una comisión que funcionó durante la legislatura pasada, que por falta de capacidad o por situaciones de coyuntura política no fue capaz de elevar un texto articulado donde se integrarían, yo creo que de forma más ordenada y más adecuada, aquellos efectos a los que nos mandata aquella obligación de remover los obstáculos que dificultan la efectiva igualdad entre los ciudadanos; es un mandato del artículo 9.2 de la Constitución, al que nosotros somos particularmente sensibles. Vamos a ver si ésta es la legislatura en donde un texto articulado o por lo menos unas conclusiones elevadas al Pleno, y que meriten el suficiente consenso por todos los grupos parlamentarios, permiten una remoción de las dificultades, que muchas veces son comunes y muchas veces son específicas, según la naturaleza de la discapacidad; pero, en todo caso, es evidente que la dispersión, la insuficiencia, las lagunas y las deficiencias del ordenamiento jurídico actual son manifiestamente claras y deben ser objeto de una atención por parte de esta Comisión, en primer lugar, y por el Pleno de la Cámara en segundo lugar. Caso parecido a lo que pasó en su momento con la subcomisión de Emigración, cuyos trabajos casi se pudieron consensuar, se frustró el consenso a última hora, en las postrimerías de la legislatura; más de 300 medidas para las actuaciones relativas al problema de la emigración y de la extranjería con carácter general, y tampoco fuimos en este caso capaces de elevar al Pleno consensos o propuestas consensuadas para elaborar el correspondiente texto normativo que removiera las dificultades que afectan a este colectivo de ciudadanos. Vamos a ver si somos capaces entre todos, es una apelación a la responsabilidad que mi grupo se la hace a sí mismo, no tiene legitimidad para realizarla a los demás, y lo intentaremos con todas nuestras fuerzas, se lo puedo asegurar. Puede contar con nosotros como interlocutor leal, sabe que lo hemos sido en la medida en que hemos participado incluso en jornadas y en otro tipo de actividades conjuntamente, y ya veremos. Por nuestra parte no va a quedar, haremos todos los esfuerzos pertinentes para que esta vez no se frustren estas expectativas de reformar el ordenamiento jurídico y para instar, que es otra de las funciones parlamentarias, al Poder Ejecutivo y a las administraciones competentes para que las disfunciones que todavía se mantienen en relación a los discapacitados se puedan remover eficazmente.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora doña María Concepción Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÁS: En primer lugar, cómo no, quiero agradecer la presencia del presidente del Cermi. Consideramos además necesario para todos nosotros el tener este cambio de opiniones con las personas o los representantes del mundo de la discapacidad. De hecho, esta comparecencia se pidió por unanimidad. Al crearse la Comisión fue lo primero que entre todos los grupos se comentó, y por lo tanto quiero agradecerle también aquí sus propuestas y sus peticiones; peticiones que desde nuestro grupo parlamentario hemos escuchado muy atentamente y que intentaremos recoger, porque muchos de estos temas -me comentaba mi compañero Carles Campuzano, que es quien en la legislatura pasada ha estado defendiendo todos estos temas relativos a la discapacidad- coinciden con muchas de las demandas y propuestas que ya llevábamos en nuestro programa electoral.


Nosotros este verano presentamos una proposición de ley de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. He oído que es sobre lo que más quejas tenían. Estamos convencidos de que al llegar el momento de la discusión contaremos con un amplio consenso entre todos los grupos. Es muy triste ver cómo muchas personas están condenadas en su casa, porque la ley no les apoya lo suficiente para modificar todo lo que necesitan sus domicilios. Además vamos a impulsar una serie de medidas para la activación del empleo de la personas con discapacidad. Próximamente presentaremos en la Cámara también unas propuestas para reformar la ley y estimular el empleo, sobre todo la parte de empleo público. Creemos que se tiene que estimular más. Tenemos que hacer que se cumpla el tanto por ciento que hoy en día se reserva desde las administraciones, y que en muchos casos no se cumple, y si es posible tenemos que aumentarlo, porque estos miles de personas están necesitadas de ese empleo y además les es necesario e imprescindible para su inclusión en la sociedad y para poder llevar una vida realmente autónoma y digna. Como ha dicho muy bien, sin la parte económica, sin ese trabajo estable o sin ese trabajo de calidad, esa persona jamás será autónoma.


Nosotros también hemos recogido el comentario que ha hecho sobre el coste adicional que representa para una persona con discapacidad el acceder a todos los servicios básicos de la sociedad. Usted ha dicho que es

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un 30 o un 40 por ciento. Es cierto. Hay un estudio de la Diputación de Barcelona o del Ayuntamiento de Barcelona, no sé ahora exactamente, que lo corrobora. Pero además, mi compañero Carles Campuzano presentó una proposición no de ley en la última legislatura, que se aprobó, para que en esta Cámara se presentara un estudio con el coste real de lo esta discapacidad, un estudio serio. Estamos a la espera, reclamaremos otra vez este estudio, aprobado en la última legislatura, para que esto se constate y para que además sensibilice a la gente de que esto es así y de que, cuando a veces se pide desde el mundo de la discapacidad algunas ventajas fiscales, se vea que es una necesidad de esas personas, y que simplemente es equipararlas a los derechos de las demás.


En cuanto a la Ley de la Dependencia y su aplicación, nosotros en la comparecencia de la ministra aquí, le pedimos adelantar la revisión de la aplicación de esta ley, y también le pedimos, y volveremos a hacerlo, la revisión de esos baremos; no solamente la aplicación de la ley, sino la revisión de esos baremos. Es importantísimo, porque mucha gente ha quedado excluida en la revisión o ha estado mal valorada. Estamos de acuerdo con las opiniones que usted ha dado, pero además quiero recordar otra vez que las discapacidades derivadas de enfermedades crónicas necesitan de una atención especial que ahora no contempla la ley.
Esperaremos, pues, a que se haga esa revisión lo más pronto posible y estaremos atentos para que todo esto, que ahora falta su inclusión en la ley, se corrija en el futuro.


No voy a alargarme, porque no quiero quitar tiempo a mis compañeros.
Simplemente he de volver a decir que me ha gustado escuchar el comentario, esa frase que voy a hacer un poco mía, de que es un lujo que la sociedad no puede permitirse prescindir de la personas con discapacidad. Es cierto, pero además tenemos que hacer que la gente se sensibilice más a este respecto. Hemos tenido una prueba ahora con los Juegos Paralímpicos: la poca difusión que ha habido, en comparación con los juegos ordinarios, que decimos, de estos que son los auténticos juegos extraordinarios por el esfuerzo que representan; la poca difusión que se ha hecho en comparación unos con otros. Por lo tanto, nosotros, nuestro grupo, continuaremos también luchando, como siempre se ha hecho y como siempre ha caracterizado también al Grupo de Convergència i Unió en este aspecto, luchando por igualar y por el pleno derecho de todas las personas con discapacidad.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Vañó Ferre.


El señor VAÑÓ FERRE: Señor Pérez Bueno, muchas gracias por su comparecencia, por su exposición, como siempre muy en sintonía con las demandas que tiene esta Comisión, que usted conoce, sabe, atiende en general con prontitud, con la máxima brevedad posible. Mi grupo parlamentario, como creo que usted sabe, está de acuerdo con el lema que fue conclusión del Año Europeo de la Discapacidad 2003, de que nada para los discapacitados sin los discapacitados. Creo que en este sentido hemos dado muestras de ello. Incluso para esta solicitud de comparecencia, que por cierto es unánime, de todos los grupos, ha habido un consenso absoluto para que sea la primera, porque considerábamos que el mejor camino a seguir era -ahí coincidimos, insisto, todos los grupos parlamentarios- que los representantes cualificados del sector nos marcasen un poco las pautas de las necesidades, de las carencias, de lo que todavía está por resolver, que es mucho, en el sector de la discapacidad; por lo tanto quién mejor que el que tiene el problema nos cuente cuál es y también sus preferencias.


Aunque ya ha habido una exposición detallada y pormenorizada de cuáles son las necesidades en general del sector de la discapacidad, por entrar más en detalle mi primera pregunta sería: Dentro de las solicitudes, dentro de las carencias o dentro de las necesidades que siente el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, como representante del sector, ¿cuáles serían las prioridades en el terreno legislativo y en qué orden? Es decir, ¿cómo podíamos afrontarlas para hacer justo lo que necesita el sector, no lo que nosotros creamos que necesita que podemos hacer por el bien del sector? Este es un poco el leitmotiv de esta primera comparecencia. Por lo tanto, ahí nos gustaría que incidiese en sus planteamientos para poder actuar en esa línea, que es la que creo que todo el mundo estamos de acuerdo en seguir. Por otro lado, como usted sabe, en esta Comisión existe un clima de consenso, demostrado ya en muchas ocasiones; hay una generosidad todos los grupos a la hora de sacrificar ideología por eficacia en favor de la discapacidad, a lo mejor no adecuadamente, a lo mejor no está bien hecho. Por cierto, hay que ser también humildes y preguntar si el sector cree que ese clima de consenso beneficia o no, porque quizá queriendo hacerlo bien estamos haciéndolo mal. Insisto en que, queriendo ser también un poco humildes desde la posición de los legisladores, desearía preguntarle si estamos actuando correctamente, tanto el Gobierno en sus responsabilidades como los partidos de la oposición en su labor legislativa, porque se supone que trabajamos para ustedes. No solamente estamos aquí haciendo una labor aséptica que no afecta a nadie, estamos trabajando precisamente para ese 9,5-10 por ciento de la población española que tiene alguna discapacidad y todo lo que conlleva alrededor, (familias a las que afecta, etcétera).


Yo no sé si, -quiero preguntárselo también- el ritmo de cumplimiento de las leyes promulgadas que afectan al sector es el adecuado, así como si el cumplimiento de sus desarrollos es el correcto. ¿Qué nos sugiere usted en ese sentido? Porque, insisto, la voluntad de esta Comisión es mejorar, por lo tanto escuchar la voz de los que tiene la necesidad nos va a aclarar las situaciones. Por ejemplo, para entrar en algo que se acerca, en este periodo legislativo vienen los Presupuestos Generales

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del Estado, por lo tanto otra pregunta que quería hacerle sería: ¿Cómo deberían ser desde su punto de vista, o en qué porcentaje deberían aumentar para llevar a cabo los compromisos del Gobierno? ¿Cómo debían plantearse las solicitudes para este próximo año, y si cree que la tónica de los últimos Presupuestos General del Estado en lo tocante a discapacidad se ha adaptado a las necesidades del sector? También usted ha hecho una alusión, muy importante y habrá que hacer una revisión y un nuevo planteamiento, so pena de ser reiterativo, pero prefiero hacer hincapié porque siempre quedan fijadas mejor las posiciones y las cuestiones, sobre todo por su parte como representante en este momento del sector. ¿Cómo cree que deberíamos plantear la legislatura a raíz de la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad, ya que España ha suscrito y está en vigor dicha convención? Yo no sé si considera que es un buen nivel de suficiencia la actual legislación en favor de la normalización de las personas con discapacidad, a la luz de la reciente entrada en vigor de la aludida Convención de Naciones Unidas. Por lo tanto, habría que saber qué leyes habría que intentar sustituir, mejorar, y si no es así dónde deberíamos incidir, los legisladores por un lado y el Gobierno por el otro. Yo he oído que efectivamente hay una necesidad de una ley transversal que ajuste el ordenamiento legal, pero de dónde hay que partir, cómo hay que seguir para ser eficaces, qué sugerencias nos proponen.


Tampoco quería pasar por alto la llamada coloquialmente Ley de Dependencia, pero en realidad hay que hacer énfasis en su auténtica denominación, que es Ley de promoción de la autonomía personal y, luego, atención a las personas en situación de dependencia; el énfasis en lo de la autonomía personal es porque efectivamente lo que se pretende es mejorar esa autonomía para evitar que haya más personas dependientes, por lo tanto mejorar la situación no solamente de la persona dependiente sino su efecto en la sociedad. Supongo que todo el mundo está de acuerdo en que cuando una persona se considera útil, está integrada, está laboralmente ocupada deja de ser más gravosa para el Estado; yo creo, por el contrario, que pasa a ser interesante. Como comentaba también mi compañera antes, y ha dicho usted en su exposición, es un lujo poder incorporar a casi un 10 por ciento de la población a la sociedad en todos los ámbitos. Yo no sé cuál es su punto de vista o qué defectos, -ha hecho alguna alusión- encuentra a la Ley de Dependencia, sobre todo para replantear la situación, o qué se le ocurre que podríamos hacer, cómo se podría actuar, para mejorar la situación. Con esto yo no quiero ponerle en un brete; no quiero buscar culpables, sino, como suelo decir, pretendo buscar soluciones, pero está claro que hay una cierta desazón de los sectores a los que afecta porque hay algunos defectos. Por lo tanto, qué sugerencias nos hace, aparte de esa revisión de la que hemos hablado para 2009; qué podíamos mejorar para conseguir alcanzar mejores cuotas y que se convierta, de verdad como era la pretensión en su origen de la ley, en el cuarto pilar del Estado de bienestar social, en el cual estábamos de acuerdo la mayoría de los grupos parlamentarios que votamos esa ley, porque consideramos que era imprescindible. Insisto que es enfatizar, pedirle que enfatice algunos puntos para tener clara la manera de actuar y poder ser más eficaces a la hora de conseguir esa normalización social de las personas con discapacidad.


El señor PRESIDENTE: Ahora en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, doña María José Sánchez Rubio.


La señora SÁNCHEZ RUBIO: Disculpen la voz, ando un poco afónica. Quería en primer lugar agradecer al señor Pérez Bueno su comparecencia en ésta también su Comisión, puesto que forma parte de un elemento fundamental de la actividad parlamentaria, que es la vinculación con la ciudadanía, con sus problemas y con sus situaciones, en particular en este caso con la de las personas con discapacidad. La unanimidad en la petición conjunta de su comparecencia puso en evidencia la importancia que para los portavoces de esta Comisión, de los distintos grupos parlamentarios, y mía, hablando en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, supone oír a las personas que tienen determinadas dificultades, que representan a un sector de la población, en este caso las personas con discapacidad, y que para nosotros es fundamental a la hora de ir orientando nuestra política. Por eso ha sido, después de la comparecencia del Gobierno, de su ministra, la ministra de Educación, Política Social y Deporte, la segunda comparecencia, puesto que para nosotros es relevante saber qué opinan, qué esperan de esta Comisión y de la acción de Gobierno, para orientar nuestro trabajo.


De la intervención que usted ha tenido yo voy a destacar en nombre de mi grupo dos temas que quizá no entran en excesivo detalle, pero me parecen claves, porque son una visión transversal y global de la acción para las personas con discapacidad. Usted ha hablado de algo que es relevante, como es abordar el tema desde un planteamiento de derechos, de derechos básicos, de derecho humanos, que se enmarca en la definición, en el punto de partida de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidades; eso me parece fundamental, así como lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico según lo que comentaban antes los demás portavoces, el portavoz del Grupo Vasco; la portavoz de Convergència i Unió, al igual que el del Grupo Popular, porque me parece imprescindible esa visión que atraviese la norma y que permita precisamente que se respeten los derechos. En nuestro país en este periodo democrático se ha hecho un esfuerzo grandísimo en materia legislativa en atención a las personas con discapacidad; quizá lo más potente fue la Lismi en su momento, y posteriormente se han ido haciendo sustanciales esfuerzos legislativos, lógicamente con los planteamientos ideológicos en cada momento en función del

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Gobierno que ha estado. Quizás haya carecido de cierta homogeneidad en el planteamiento, por lo tanto ese análisis puede ser muy interesante; un análisis al que nos insta la convención. Después ha comentado algo esencial desde el punto de vista de esa acción global, dos temas que lo atraviesan: uno es el de género, las grandes dificultades, la doble discriminación a la que se ven sometidas las mujeres con discapacidad, que nos lleva a plantear un recorrido de igualación, que permita precisamente poner en el mismo punto de partida de dificultad, por decirlo de una manera, a los hombres y a las mujeres con discapacidad; el otro es el rural. Esa doble discriminación por el lugar en que las personas viven debemos corregirla, y más en un país como el nuestro, donde hay comunidades autónomas con una dispersión poblacional inmensa.
Estoy pensando a lo mejor en muchas comarcas de muchas comunidades autónomas, Galicia o por poner un ejemplo de mi circunscripción, Las Alpujarras de Granada, donde hay núcleos de población de 100 habitantes, dispersos, donde el acceso a los servicios, la llegada de los servicios es muy complicada. Desde el Grupo Socialista compartimos en parte sus reivindicaciones, las propuestas que ha hecho. Nosotros les hemos oído también a ustedes, al Cermi, para la elaboración de nuestro programa electoral, y de hecho en él con el que concurrimos a las ultimas elecciones generales, recogíamos en parte esas reivindicaciones o esas demandas que usted hoy ha expuesto aquí.


Me parece imprescindible la accesibilidad audiovisual, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Ley de lengua de signos y de apoyo a la comunicación oral. Es básica la garantía de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, tanto la defensa jurídica como lo que es el juego no regularizado o irregular que tantos perjuicios ocasiona en materia de discapacidad. Es fundamental todo lo que es la revisión de los baremos de discapacidad, que usted también ha comentado, y me gustaría oirle algún comentario al respecto. Me parece primordial también el acceso individualizado de las personas con discapacidad a sus propios derechos; es decir, que tengan cauces, como es lógico, participativos, como las asociaciones, las federaciones, las confederaciones, el propio comité español, el Cermi, pero es vital el acceso individual de las personas con discapacidad a la información, para poder tener mayor conocimientos de sus derechos. Creo que hay que articular algo, porque a veces existe un espacio vacío donde las personas no saben exactamente cómo encauzar sus demandas de derechos, que a veces ya están reconocidos, y creo que habrá que articularlo.


Me parece también interesante lo que ha comentado usted en materia de patrimonio protegido de las personas con discapacidad, que el Gobierno lo ha recogido bien. El proyecto de ley está ahí, está pendiente de tramitación en esta Cámara. Además está el acceso a las nuevas tecnologías, que también me parece elemental y el tema del empleo, como comentaban usted y algunos otros portavoces. Yo destacaría, por la vinculación a la configuración del nuevo ministerio en su ámbito competencial, (educación, política social y deporte), la gran importancia que la ministra de Educación, Política Social y Deporte dio al aspecto educativo y al deporte como algo nuevo que aporta esta estructura para las personas con discapacidad. De hecho siempre tanto las personas con discapacidad como los padres de los niños o niñas con discapacidad han visto que el elemento educativo, y nosotros así lo entendemos, es básico para ese proceso de igualación ante las dificultades; dificultades tenemos todos en el proceso de nuestra vida, y nosotros lo que planteamos es que las personas con discapacidad tengan las mismas que las no discapacitadas y, por lo tanto, nos podamos enfrentar a la vida con los apoyos necesarios ante las mismas dificultades.


Yo destacaría igualmente de su comparecencia lo que ha dicho respecto a la ayuda a las familias, con la Ley de promoción de la autonomía personal.
Ustedes fueron artífices con su comparecencia precisamente en Comisión -creo que recordar que fue en la del Pacto de Toledo, incluso de la propuesta al Gobierno en su día, que recogió bien el Ministerio de Trabajo- de incluir ese apartado de promoción de la autonomía personal cuando estábamos debatiendo sobre el Libro Blanco de la Dependencia en España; la autonomía personal como un elemento fundamental. Cómo a eso se le da forma en el ámbito de la asistencia y de la atención a la dependencia, tiene su complejidad. Los tiempos posiblemente tengamos que acelerarlos, porque ese apartado de la ley es muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted y con el resto de los portavoces en ese sentido.


No quiero insistir más, solamente deseo decirle que desde el Grupo Socialista nos sentimos identificados en gran medida con las propuestas que nos ha hecho hoy aquí. Intentaremos no defraudar al sector de la discapacidad con el trabajo de esta Comisión y haremos todo lo posible para que nuestro trabajo responda a sus inquietudes y de alguna forma sea un elemento más, junto con la acción de Gobierno, de la solución de toda la problemática a la que las personas con discapacidad se enfrentan día a día.


El señor PRESIDENTE: Ahora tiene de nuevo la palabra el señor Pérez Bueno, presidente del Cermi.


El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERMI (Pérez Bueno): Agrupo las contestaciones por intervenciones pero, si hay alguna omisión, por favor, avísenme de que no he respondido o de que no he hecho alguna consideración de respuesta siempre a todas sus amables palabras. La verdad es que me he sentido muy bien tratado, no por mí mismo sino por la organización a la que represento.


Al señor Olabarría. Es cierto, yo le he escuchado muchas veces en reuniones bilaterales que hemos tenido esa invocación siempre del artículo 9.2 de la Constitución, de la remoción de las barreras que impiden que la

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participación sea real y efectiva a todos los ciudadanos. Los discapacitados somos un grupo social que tenemos un déficit de ciudadanía, y hay que repararlo compensando desventajas, y uno de los planos es el legal. ¿Tenemos los instrumentos jurídicos adecuados para reparar ese déficit y remover todas y cada una de las barreras? Seguramente no, no los tenemos. ¿Estamos en una senda de legislación progresiva de derechos? Lo estamos. El hecho de la convención, y me voy a referir a ella en casi todas las respuestas, nos da una herramienta muy útil, muy provechosa para ir a esa legislación de remoción de absolutamente todas las barreras. Como muy bien decía la portavoz socialista, la legislación española, la Constitución (artículo 49), la Ley de integración social de los minusválidos de 1982, la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2003, la Ley de promoción de la autonomía personal de 2006, son los grandes hitos legislativos, aparte de mucha legislación transversal sobre todo en los últimos diez o quince años. Hemos dicho que la discapacidad no tiene que ser una cosa específica, exclusiva, al margen de las corrientes de vida en las que se manifiestan todas las actividades humanas, porque nadie es solo discapacitado o es o no es ciudadano, uno lo lleva todo consigo. Esa labor de recepcionar la Convención de la ONU, significa en el plano internacional un cambio de paradigma evidente. Hay que pasar de lo que es la asistencia, la beneficencia, la consideración de la discapacidad como un sujeto pasivo a la centralidad de los derechos. Las personas con discapacidad no tenemos derechos distintos o diferentes de los derechos humanos generales, pero comprobamos, -la Declaración de Derechos Humanos tiene ya muchos decenios- que llegan con dificultad, que no llegan con el alcance y la intensidad en nuestro caso. Todos los derechos del siglo XIX, todos los ordenamientos jurídicos liberales, hablan de la libertad de circulación, de la libertad de comunicación. Para una persona con discapacidad, si el entorno no es accesible, esa libertad de desplazamiento, esa libertad de circulación es una ficción, una entelequia. La convención, ese trabajo de ajuste fino, nos puede permitir reformar y remover muchas leyes, muchas normas, muchas disposiciones legales que no han sido actualizadas, que van contra estos principios, este acervo de valores que todos tenemos asumidos, y que ese trabajo nos va a permitir contar yo espero que con esa futura legislación al menos completamente actualizada y puesta al día. Eso es importante

Nosotros nos encontramos, con que nos llegan quejas, reclamaciones a las organizaciones representativas, por la Ley del Jurado, que impide que determinada persona con discapacidad solo por ser ciega o por ser sorda ya pueda ser miembro del jurado, o por la Ley de Adopción. En algunas comunidades autónomas si la persona tiene alguna discapacidad ya la hace no idónea o con una desventaja frente a otra persona sin discapacidad para poder ser adoptante. Hay un cúmulo, de factores, que a veces es legislativo, pero también es de práctica, o de ideas recibidas, o de estereotipos que seguimos, que impide un regular funcionamiento de las administraciones y un correcto ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.


Yo no sé si en el futuro, en aras de esa seguridad jurídica, sería conveniente plantear, por ejemplo, la armonización de la Lismi con la Liondau, para saber que al menos en el ámbito estatal tenemos una única legislación de discapacidad. La verdad es que las dos leyes son muy importantes, y algunas venerables, porque todas las vemos como las que iniciaron las políticas de discapacidad en España con rango de derecho o de tendencia hacia el derecho, y podemos tener cierto temor reverencial a tocarlas. Quizá podamos hacer un texto refundido y volver a tener, con eso y con lo que hemos de hacer por el ajuste de la convención, un ordenamiento puesto al día y pionero; y no solo pionero en la proclamación, a veces retórica, sino en la ejecución y en la práctica.
Como muy bien decía la portavoz socialista al final, y en eso tenemos que avanzar y ser autocríticos como sector de la discapacidad y como organizaciones, nosotros tenemos que darle a nuestra gente una especie de kit de autodefensa, para que sepan cómo se tienen que defender. Hay que establecer un protocolo mínimo de cuáles son mis derechos y qué tengo que hacer; no quedarse pasivamente callados sin hacer nada o quejarse intransitivamente, sino plantearme: yo tengo derecho a esto, a esto, y tengo estos recursos y estos medios, voy ahí. Este trabajo puede ser muy efectivo. Quizá esa cultura de defensa de derechos civiles, que en otros países de otra cultura jurídica se ha dado y ha sido muy beneficiosa en avances, debiéramos implantarla aquí con mucha más intensidad. Los principales interesados por nuestros derechos somos nosotros mismos y tenemos que saber esas técnicas de autodefensa mínimas.


En cuando a la intervención de la señora Tarruella, quiero agradecerle las amables palabras que ha tenido para el Cermi y para mi comparecencia. En todos los asuntos que ha desgranado, en los que su grupo ha trabajado en legislaturas anteriores o que está en agenda, o incluso ya con iniciativas en esta Cámara presentadas en Registro, coincidimos y están en consonancia con demandas que yo he planteado aquí o con otras que por falta de tiempo no he comentado, pero que están en los documentos que hemos podido adjuntar, como la Ley de Propiedad Horizontal, en la que coincidimos plenamente, repito, y agradezco la iniciativa presentada por su grupo. Esperamos que en los próximos meses, en el trámite que siguen todas las iniciativas, podamos lograr ese fin. Sobre la activación del empleo público, hay un compromiso electoral de elevar la cuota al 7 por ciento. Es importante, y hay que decir las cosas positivas que suceden.
Desde el 2004, cuando se aprobó un nuevo decreto de acceso a la Administración de personas con discapacidad al empleo público, está funcionando la cuota en lo que es ámbito de la Administración General del Estado. Comenzamos a ver un efectivo cumplimiento, que durante muchos años no se había producido; es decir, hay buenas señales y tenemos que insistir ahí.


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Elevar la cuota del 5 al 7 por ciento y que tengan una consideración específica las personas con discapacidad intelectual me parece una buena medida, porque ellas, y las que se les pueden asimilar, personas con autismo, etcétera, no acceden al empleo público por las misma condiciones en que está planteado el método de acceso al empleo público, y tenemos que tener otras respuestas específicas; por ejemplo, esa subcuota que se aumenta el 2 por ciento para incapacidad intelectual puede ser una muy buena medida.


El tema del sobrecoste. Yo insisto, nosotros como sector de la discapacidad hemos conseguido justificar -y que la sociedad, y los poderes públicos y este Parlamento estén en sintonía con una justificación política, doctrinal, filosófica- la necesidad de políticas vigorosas para la discapacidad, como para otros grupos vulnerables o en riesgo de exclusión; pero ese mensaje, que nunca se va a agotar, necesita ser complementado. El aspecto del sobrecoste o del agravio económico, porque el sobrecoste es el hecho objetivo y al agravio es ya un hecho que tiene esa dimensión de daño a la persona, está ahí; cuando nosotros tengamos que ir a defender ante las consejerías o los ministerios de Hacienda o quien decide sobre los presupuestos, sobre las políticas fiscales, tenemos que ir armados de razones y decir: Oiga, es que a mí, para un hijo con discapacidad, con daño cerebral, o que tenga una..., buscarle una guardería me supone..., yo no puedo ir a la guardería de al lado, porque quizá no es accesible, porque no tiene personal especializado, y me tengo que ir a cinco kilómetros, a veinte, a treinta, y eso va sumando costes. Ese es un sobrecoste y eso es un agravio, y hay que buscar formas de compensación. No todo tiene que ser el Estado, no todo tiene que ser presupuestos, pero también una parte de esa compensación, de esa desventaja objetiva tiene que venir del Estado.


Respecto de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia creo que coincidimos. Yo sé de su interés, se lo he escuchado muchas veces, por el baremo de valoración de la dependencia en determinadas enfermedades crónicas. Es cierto que ahí no se afinó, pero el baremo en sí mismo llevaba una previsión, que me pareció inteligente, que nosotros apoyamos, que es que al año de su aplicación se revisaría y a la luz de la información adquirida se vería si estaba siendo ajustado o no estaba siendo ajustado y si para determinadas discapacidades que generan dependencia está siendo válido o no. Desde luego el Cermi está recogiendo este tipo de casos de las organizaciones más especializadas, y, junto con otros cambios y mejoras que hay que introducir en el baremo, lo vamos a plantear. Hacemos por supuesto nuestra esa petición.


Sensibilización. En una sociedad mediática, en una sociedad en la que casi lo que no aparece o comparece en los medios no tiene existencia, en la que ser es ser percibido, es así. La discapacidad ha carecido históricamente de visibilidad; ha estado encerrada, relegada a los hogares o a las instituciones especializadas y a veces -esto ya se remonta a hace años- era vergonzoso o vergonzante reconocer que existía en el ámbito familiar. Eso hoy no es así, pero nos cuesta. Tampoco debemos hacer un victimismo exagerado porque a cualquier grupo vulnerable, a cualquier grupo en riesgo de exclusión que usted escuche, según el género, la etnia, la orientación sexual, todos consideran que los medios de comunicación no les prestan la atención merecida o no expresan su realidad ajustada, sin tópicos y sin prejuicios. El deporte sirve para esa sensibilización, para esa mentalización. Pekín ha sido mejor que las veces anteriores en ese aspecto, y seguro que las siguientes -Madrid cuando llegue, ojalá que venga- será bastante más favorable. No se si me he dejado alguna cuestión.


Contestando al señor Vañó Ferre, que me ha hecho un lista exhaustiva de preguntas, empezaría por la segunda: ¿El clima de consenso hace bien? Hace bien, hace muy bien. ¿No quiere decir que la discapacidad sea como una cosa intangible sobre la que nadie puede manifestar una divergencia, o que nadie puede., si se aparta de algo que se supone políticamente correcto? No. La discapacidad como algo natural y normal entra en el juego político, y todos tenemos modelos de sociedad, modelos de pensamiento, modelos de vida distintos, y no habría por qué extrañarse de eso; pero cuando nosotros somos todavía un grupo de población singular, que ha estado históricamente aislado, ha sido discreto, de presencia social escasa, en estos momentos sí necesitamos un impulso político, que puede venir por ese consenso, por esa voluntad explícita de ponerse de acuerdo, porque todavía muchas cosas nucleares, muchas cosas esenciales no las hemos conseguido. En lo nuclear, en lo básico nosotros y las fuerzas políticas estamos básicamente de acuerdo. Ese pacto de Estado, ese acuerdo o esos consensos ahora mismo nos benefician, y eso no es óbice para que haya discrepancias puntuales, o intensidades o ritmos diferentes, pero esos consensos nos benefician y son agradecidos. Ahora, si mañana esta Comisión vota algo o un grupo se separa, va a ser enjuiciado, censurado por el sector, porque entra dentro del juego parlamentario y hay que verlo con normalidad. En cuanto a las prioridades en el terreno legislativo para esta legislatura, me reitero en las dichas, pero soy quizá más insistente; el ajuste de la convención, nos puede servir para hacer una actualización transversal de todo el ordenamiento jurídico. Se me ocurre que pueden ser tocados el Código Civil, para la reforma de los procesos de incapacitación, que tiene que ser cambiada a la luz del artículo 12 de la convención, porque la discapacidad no determina que una persona por tener una discapacidad tenga menos capacidad jurídica; habrá que dar un sistema de apoyos y hablar de procesos, en su caso, de modificación o de apoyo a la libre determinación de la voluntad de la persona. Eso necesariamente hay que tocarlo como la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la parte procesal de las incapacitaciones, de lo que ahora se llaman incapacitaciones, que tendrá que cambiar de nombre. También habrá que tocar el Código Penal; hay aspectos en él a la luz de la convención que todavía son éticamente discutibles:

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la esterilización forzosa, tratamientos ambulatorios, internamiento por razón de enfermedad mental. Hay aspectos que tiene que ser tocados repito. Después podemos aprovechar esa ley, -leyes se pueden hacer en una legislatura, ustedes lo saben muy bien, con una capacidad contada, no pueden hacerse 200 ó 300 leyes o tocar ley a ley todas- para hacer una actualización amplia y de un largo alcance de nuestro ordenamiento jurídico. Además se podrían abordar la de propiedad horizontal, la Ley de protección integral de víctimas de tráfico, que varios de los partidos políticos la llevan como compromiso electoral; y la de patrimonio protegido, que también ha sido mencionada. Hay una ley ya en el Parlamento, una de las primera leyes que entró en esta legislatura, sobre reforma de la Ley de Registro Civil y de la Ley de Protección Patrimonial, que consideramos positiva, que ha contado con nuestro consenso y nuestra anuencia, y que esperamos -ojalá fructifique- que pueda mejorar el tratamiento fiscal, -es de 2003- que se da a los patrimonios protegidos, que a nuestro juicio ha impedido que se expandan y sean una figura más útil y más provechosa para las personas con discapacidad, con determinadas discapacidades, y para sus familias. Como sobre la revisión del sistema de autonomía y atención a la dependencia ha hecho una pregunta posterior, después me extenderé.


La tercera pregunta hablaba de la aplicación de las leyes y de su desarrollo reglamentario correcto. Hemos tenido una producción normativa en temas de discapacidad muy amplia. Hemos tenido leyes básicas últimas que todavía no están completadas, como la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en la que en la legislatura pasada se cubrió casi todo, excepto el decreto de condiciones básicas de acceso a bienes y servicios; Eso está pendiente.
Es cierto, nosotros hemos planteado al Gobierno un modelo de cómo debía ser ese real decreto de condiciones básicas. También faltaría por abordar las condiciones básicas para la participación política y los procesos electorales; tenemos ahí dificultades. Hace muy poco, en las últimas elecciones, una persona ciega no pudo ser miembro de una mesa electoral en Valencia. Ahí nuestra legislación tiene todavía dificultades. Cuando hay convocatorias electorales recibimos quejas y denuncias de que alguien no puede votar o vota en condiciones de indignidad: la Policía local lo sube o se tiene que bajar con la urna a pie de calle porque no puede entrar a una cabina para ejercer el secreto de su voto. Se han producido avances, por ejemplo el voto en Braille para personas con discapacidad visual ha sido un gran logro en la legislatura pasada, pero hay cosas pendientes. ¿Los ritmos? A nosotros no gustaría que los ritmos fueran siempre más rápidos. Si comparamos la normativa reglamentaria de discapacidad ¿lleva el mismo retraso o no cumplimiento estricto de los plazos que las otras legislaciones? A mí, que veo todas, me parece que sí; o sea, no somos especialmente perjudicados, salvo que las normas, que muchas veces da este Parlamento, los plazos que da el Gobierno, son comprensibles las dificultades, no los lleva a rajatabla; pero desde luego nosotros estamos ahí, instando al Poder Ejecutivo y proponiéndole que todos esos desarrollos pendientes se hagan lo antes posible y con consenso. Tenemos un sistema muy complicado. Tenemos un país con 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, con legislaciones que han de ser puestaa al día; por ejemplo en temas de accesibilidad tenemos legislaciones de hace quince, veinte años de cada comunidad autónoma.
Hacer algo, un factor común de todo eso y un avance, y que nadie se sienta invadido en sus competencias, crea dificultosos trámites de elaboración de normas, pero eso no nos debe llevar en ningún caso a no abordarlo y a tratar de ser escrupulosos en el cumplimiento de los plazos.


El tema de Presupuestos Generales del Estado es una materia que quizá nosotros. Nosotros somos asociaciones, somos personal que la mayoría de las veces ha venido desde el mundo voluntario, desde el mundo del compromiso político o de la acción social y que después, por la fuerza de las circunstancia se ha ido profesionalizando, porque quien tenía que atender estas necesidades, que eran los poderes públicos, históricamente nos ha hecho sentirnos huérfanos de esa atención y hemos tenido que convertirnos en nuestros propios empresarios, en nuestro propios asistentes o en nuestros propios proveedores de recursos, cuando quizá no era esa nuestra vocación y queríamos llevar una de vida normal y corriente y preocuparnos de las cosas por las se preocupa la mayoría de gente. Vista la situación así, quizá nosotros, por nuestra cierta debilidad en el tema presupuestario, la entrada a analizar los presupuestos, que es una cosa complejísima, nos cuesta. El dinero que tienen asignado las políticas de discapacidad no viene en un epígrafe específico que tenga la Dirección General de Discapacidad del ministerio de turno; viene en las prestaciones familiares de la Seguridad Social, viene en los incentivos fiscales reconocidos por Hacienda, viene en multitud de otras normas que son difícilmente identificables, al menos a primera vista, con discapacidad. Yo, y no quiero hurtarme a ningún tema que pueda parecer más espinoso, creo que no se va a producir ningún retroceso. Supongo que una situación económica desfavorable siempre afecta a todo, porque nos afecta si el paro aumenta, si crece el desempleo. Somos parte de una sociedad y vivimos los avatares de esa sociedad, pero también nos estamos dotando en discapacidad de normas que son derechos, que han nacido como derechos, y los derechos en principio no están al albur del presupuesto, porque eso sería graciable, porque eso no sería un derecho auténtico. Cuando se trata de derechos y vamos avanzando en derechos, hay un compromiso del Estado, de los poderes públicos de que van a atender esos derechos porque son exigibles y porque son reclamables. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes también de que avanzamos en derechos, y los derechos tienen unas consecuencias de todo orden, incluidas las económicas.


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El tema de la convención. Es absolutamente necesaria esa ley de ajuste, creo que puede ser muy útil para actualizar nuestro ordenamiento jurídico, para situarnos en la cabeza no solo en las proclamaciones sino también en dotarnos de instrumentos eficaces de cumplimiento, de seguimiento y de denuncia en caso de que no se produzca ese cumplimiento.


El tema de la Ley de promoción de la autonomía personal. Yo creo que la autonomía, se ha dicho aquí y coincido, es rentable; es rentable para los poderes públicos, es rentable para la sociedad. Fomentar la autonomía personal hace que haya menos personas en situación de dependencia o que su dependencia sea menos severa y, por tanto, se aplace su necesidad de apoyo y recursos. Y en cuanto a la ley, yo no me he extendido, me he remitido a la resolución que aprobamos en asamblea el pasado junio, que tiene nueve puntos. En la asamblea donde se aprobó esta resolución había más de 150 personas que representaban a todas las organizaciones de Cermi, a estas 4.500 entidades y asociaciones que decía, y hablábamos de necesidad de un acuerdo interinstitucional y social que acelere el despliegue del sistema, aleje el debate político partidista en la implantación del sistema y garantice su sostenibilidad financiera. Y ahora que está abierto el debate de política fiscal y financiera y de financiación de las comunidades autónomas, a medio plazo sería bueno engarzar cómo se va a mantener la financiación del nuevo sistema de promoción de la autonomía personal con ese debate más amplio y más general de la financiación de las comunidades autónomas y de los entes territoriales. Hablamos de un adelanto a 2009 de la revisión del sistema de 2010, que habla la ley, pasarlo a 2009; y de una consulta amplia escuchando a todas las partes concernidas, a las administraciones, a las corporaciones locales, a las administraciones autonómicas y a los sectores, incluso los sectores empresariales que se están dedicando a esto, a los agentes sociales y a los sectores sociales, a los movimientos sociales de mayores y de personas con discapacidad, y sentar las bases de esa revisión. Eso no quiere decir que sea una enmienda a la ley, que sea desdecir una ley que ha supuesto un paso enorme en nuestra conformación de un sistema de protección social mucho más perfecto, pero en todas las cosas también se va aprendiendo con su implantación. Es necesario aprobar los dos acuerdos por parte del Estado que están pendientes, el tema de participación del usuario en el coste y el tema de acreditación de centros y servicios. Digamos que con esos dos acuerdos se cerraría la gran arquitectura del sistema en lo que es el nivel estatal, y ahora mismo hay borradores, pero por discrepancias o todavía diferencias entre las comunidades autónomas, están sin cerrar. Nosotros hemos hecho nuestras propuestas, pero esos acuerdos se deben cerrar para que en fases se vaya adelantando.


El tema del baremo de valoración de dependencia. Ha transcurrido ya el año, desde la primavera de 2007 en que se aprobó el decreto, y ya vamos teniendo datos de cómo se han ido realizando las valoraciones, que a veces se ha improvisado un poco en la determinación de los órganos que tienen que hacer la valoración. Era un tema muy nuevo, no tenían las personas que los conformaban, incluso no había, según las comunidades autónomas, un mismo perfil de valorador, podían tener formaciones distintas. Bueno, pues eso a lo mejor tiene que ser reformado y después, a la vista de cómo se han ido valorando, qué discapacidades tienen una valoración más fácil. Seguro que la enfermedad mental, la discapacidad intelectual, las enfermedades como el daño cerebral que lleva asociado trastornos de conducta, las enfermedades crónicas neuromusculares quizá no tienen la valoración fina y ajustada que sería deseable, pero tenemos la posibilidad de reformarlo, y eso creo que tenemos que plantearlo en la revisión del baremo.


Un tema que a nosotros nos preocupa mucho es la inequidad territorial, o sea, distinciones en función del territorio donde una persona viva que resulten intolerables desde el punto de vista de una igualdad básica o de una igualdad mínima, y a veces podemos albergar temores no solo en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la dependencia, también en otros, de que se están produciendo o que se pueden producir, y ya que es un sistema naciente habría que poner las salvaguardas para evitarlo; que hubiera pluralidad, que hubiera diversidad, pero que no hubiera diferencias que fueran intolerables. Yo creo que desde luego eso por nuestro sector es difícil de admitir. En el nivel estatal se han creado órganos o a órganos que ya existían se les ha dotado de participación en el sistema. Estoy pensando en el Consejo Estatal de Mayores, en el Consejo Nacional de la Discapacidad, se ha creado el Comité Consultivo para los Agentes Sociales. En el Estado se ha dado participación a los sectores sociales implicados. Si nos vamos a las comunidades autónomas, no se ha producido eso en la misma medida ni con la misma celeridad.
Ahora mismo hay interlocuciones informales en mesas de trabajo, en pasillos, pero poco se ha institucionalizado el diálogo sobre la autonomía personal y dependencia en las comunidades. Pues también hay que exigirles a las comunidades de que no se olviden que hay que darle participación a las entidades no lucrativas, a las entidades empresariales y de que hay que formalizar esa interlocución.


El tema del tercer sector de la discapacidad creemos que tiene que ser reforzado. Nosotros no éramos rentables para la iniciativa privada, quizá a diferencia de las personas mayores, donde la iniciativa privada tenía una mayor presencia en la gestión de servicios. Pero en la discapacidad han sido casi todo servicios autogestionados desde el propio mundo asociativo. Entonces, queremos que esa importancia real que tiene, que está teniendo el sector de la discapacidad tenga también una visibilidad.
Hablamos de aprobar un plan urgente de inversiones en infraestructuras para evitar esa dicotomía entre las prestaciones económicas. Yo creo que es importante que un sistema nazca, y quizá ese plan pueda

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ayudar a que en todos los entornos más o menos exista un mínimo de recursos y de redes para evitar que la ley quede en papel mojado o que no se adapte a la voluntad o al deseo de la persona. Y, por supuesto, el refuerzo del bloque de autonomía personal. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, nos gusta la ley. Aunque en prensa se habla de dependencia, nos gusta hablar de Ley de autonomía personal y de promoción de la autonomía personal, creación de servicios de promoción de servicios de la autonomía personal, regular más generosamente la figura del asistente personal, considerar como prestaciones del sistema en el futuro -y tendrá que sostenerse, no se puede todo en un momento- las prestaciones de tipo eliminación de barreras en el entorno domiciliario o en el entorno inmediato al domicilio, o las tecnologías de apoyo que fomenten la vida autónoma. Todas esas cuestiones, más en extenso, las tenemos en esa resolución de la que también les hemos pasado copia. Y creo que con esto he contestado a todas las cuestiones planteadas por el señor Vañó.


En cuanto a la portavoz socialista, yo creo que he agradecido, y si no lo hago ahora, esa unanimidad y ese honor que se nos hace como plataforma representativa de la discapacidad de comparecer inmediatamente después del Gobierno de España. Yo creo que pone en valor la importancia que esta Cámara y esta Comisión da a ese esfuerzo de la sociedad civil articulada de unirse, de cohesionarse para sacar un factor común de la discapacidad y presentarse como interlocutor válido y útil ante los poderes públicos.
Reitero una vez más que nos sentimos muy honrados, y ofrezco nuestra colaboración tanto grupo a grupo como a la Cámara o a la Comisión. Me alegra coincidir y es verdad que en nuestra acción de incidencia política, que decía yo que tiene Cermi como su misión, hemos estado con los partidos políticos tanto en el nivel estatal como en los niveles territoriales o autonómicos, también intentando influir a la hora en que ellos confeccionan su programa electoral. Se ve después que hay un cierta asonancia o sintonía entre lo que el Gobierno que resulta ganador en las elecciones tiene en su programa y las demandas que el sector ha hecho, o con los partidos que no han ganado pero que también han asumido esa cultura, ese acervo común de la discapacidad. Eso nos congratula y nos hacer avanzar más sencillamente, más fácilmente hacia objetivos y en la búsqueda de consensos.


Creo que se ha hecho un gran esfuerzo legislativo. Yo recuerdo la intervención de la portavoz socialista el día que compareció la ministra de Educación. Hizo (iba a decir una retahíla, pero no) un rosario de todas las medidas que se aprobaron en la legislatura pasada, y en el Consejo Nacional de la Discapacidad hemos hecho eso más técnicamente y salían cuarenta y tantas leyes y no sé cuántos decretos. O sea, que hay una acción transversal y podemos ver aspectos de discapacidad, de accesibilidad, de inclusión en la Ley de Parques Naturales o en la legislación de cualquiera otra cuestión que parece que en principio no conecta con un tema vehicular de la discapacidad. Yo creo que eso supone un avance en transversalidad.


El tema de género para nosotros es capital, no solo porque casi el 60 por ciento de las personas con discapacidad son mujeres, sino porque hay una exclusión ya no doble, sino una multiexclusión, y lo vemos en todos los índices, en el empleo, en el índice de educación y la calidad de esa formación, y después en los salarios e incluso en las prestaciones sociales. Entonces, ahí hay una cartografía de la exclusión en la que nosotros estamos trabajando y vamos a incidir más en ella, porque en ese sentido la exclusión en gran parte en discapacidad es mujer, tiene el rostro de mujer y hay que luchar y combatirla. Lo mismo para el medio rural. Las personas que viven en el medio rural tienen unas dificultades intensísimas para acceder a bienes y servicios que dentro de un entorno urbano son más o menos normales, aunque siempre con dificultades, por falta de transportes, por dispersión, como acudir a un centro de día, a un servicio residencial, a un transporte accesible o a veces a algo tan común como una conexión a Internet o acceso a la información e incluso hasta a los medios audiovisuales.


El tema de grandes hitos para esta legislatura que tenemos pendientes: la accesibilidad audiovisual. Sé que el Gobierno, en el último paquete de medidas legislativas para reactivar la economía, hablaba de presentar en breves fechas un proyecto de ley general audiovisual, que no fructificó en legislaturas anteriores, pero que incluso se había dotado de una fecha, que para primavera tenía que estar aquí, en las Cámaras.
Incidiremos ahí para que se regule con generosidad el tema de la accesibilidad audiovisual. La Ley de lengua de signos española y apoyo a la comunicación oral está pendiente de algunos desarrollos. Sé que se está trabajando, especialmente en las organizaciones más directamente afectadas, con el Gobierno de España.


El tema de defensa jurídica nos parece esencial, lo decía antes. Hay un compromiso de que cada colegio de abogados en España, y hay muchos, muchos más incluso que provincias, tengan su propio servicio de orientación jurídica para la discapacidad, ya algunos lo tienen, pero sería bueno que se extendiera por todo el territorio y que la gente supiera qué recursos tiene para reclamar.


El tema de los baremos, ya no de dependencia, sino baremos de discapacidad, creo que es necesario abordarlo. ¿Por qué? Porque ha cambiado la concepción de la discapacidad. La discapacidad ya no es la deficiencia que está basada en el modelo médico que dice que una persona por tener tal estado de salud o de no salud o tal carencia no puede hacer esto o lo otro. La discapacidad es el resultado de un interacción entre la situación de una persona y un entorno que muchas veces no está pensado para esa persona, sino para una entelequia que es el hombre o la persona media que entendemos que es perfecta. Eso que está en la convención, eso que está en la CIF, en la clasificación del funcionamiento de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, todavía no lo hemos incorporado a nuestro baremo de discapacidad

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porque abrevaba en concepciones de la discapacidad de hace veinte años. Es lógico, se va evolucionando y hay que cambiar. Y en temas de baremos de discapacidad se dan cosas como el tema de las discapacidades que cursan intermitentemente, que cursan con brotes, no están bien medidas, porque a lo mejor cuando una persona va a valorarse ese día no tiene nada y le dicen: usted está perfectamente, pero no saben lo que puede ser dentro de una semana, y no tenemos ahora indicadores que midan lo que supone de ausencia de restricción esa discapacidad. Entonces, tenemos que ir a un modelo más social y que el baremo no solo mida lo que es el estricto hecho, digamos, corporal o funcional, sino que sea también una valoración de la discapacidad mucho más social en relación con el entorno de esa persona. Yo creo que ahí tenemos mucho que avanzar. Al tema de patrimonio protegido ya me he referido, y hay expectativas razonables, espero, de avanzar en una mejora legislativa, sobre todo en la parte fiscal.


La estrategia de empleo. El Gobierno se ha comprometido a aprobarla este mes de septiembre. Por primera vez, y creo que esto es un paso muy importante, se ha hecho -y miro al presidente porque se negoció cuando él era ministro- en consonancia con las organizaciones de la discapacidad y los interlocutores sociales, que en otras ocasiones parece que se optaba entre unos y otros. Bueno, hemos madurado y es un estrategia apoyada por los interlocutores sociales y apoyada por las organizaciones de personas con discapacidad. Yo creo que eso es importante después para su implementación.


El plan de reactivación educativa que la ministra en su comparecencia se comprometió a adoptar en esta legislatura lo consideramos absolutamente esencial. En educación creo que España ya está en un nivel de integración aceptable, somos incluso más que muchos países europeos, pero tenemos que reactivarlo. Estamos viendo que el cambio sociológico, la llegada de la inmigración ha alterado los parámetros de lo que eran nuestros colegios y nuestras escuelas, y que la atención a la diversidad que supone la discapacidad necesita un impulso muy importante, porque con personas formadas, con personas cualificadas el proceso de inclusión de hace mucho más sencillo; y ahí tendremos que estar.


¿Las ayudas a las familias? Yo lo he dicho alguna vez y lo tengo escrito, las familias han sido hasta hace poco, cuando digo poco pueden ser quince, veinte años, la única red de servicios sociales de la discapacidad; hacíamos recaer en exclusiva sobre ellas la atención que lo público no estaba prestando. Y tenemos una idiosincrasia donde la familias se implican, y eso es bueno, es un valor, pero no podemos abusar de eso y hacer depende de ellas absolutamente lo que es ese sobrecoste de cuidados o esa sobreatención que, por recaer, por ejemplo, una discapacidad en la infancia o de modo traumático por un accidente o por un episodio de salud, supone de desestabilización y de mayor atención en una familia.


En cuanto a no defraudar, estoy seguro que no. Estamos, como decía al principio, confiados, alentados y nos sentimos escuchados y receptivos en esta Comisión, en este Parlamento, y estoy seguro que esta legislatura avanzaremos todavía más en esa dirección.


El señor PRESIDENTE: ¿Desean los grupo parlamentarios consumir otro turno, o consideran que es suficiente con la extensa intervención del señor Cayo y sus respuestas, que me parecen muy oportunas, a todas y cada una de las inquietudes de los grupos parlamentarios? (Pausa.) Aprecio que no se solicitan más turnos de intervención.


Antes de finalizar querría sumarme, si ustedes lo tienen a bien, a la felicitación en nombre de la Comisión hacia nuestro equipo paralímpico por los excelentes resultado obtenidos en Pekín, y sobre todo por lo que representa desde el punto de vista del espíritu de superación humana. Son un ejemplo para todos nosotros, y me gustaría que esta Comisión, espero que por unanimidad, les felicite por esos resultado y les anime a continuar trabajando en esa línea. ¿De acuerdo? Muy bien.


Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.

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