Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 73, de 17/09/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 73
EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
Sesión núm. 4 celebrada el miércoles 17 de septiembre de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de la señora ministra de Educación, Política Social y Deporte (Cabrera Calvo-Sotelo), para informar sobre el curso escolar 2008-2009. A petición propia. (Número de expediente 214/000036.)...
(Página 2)... (Página )

Proposiciones no de Ley:

- Sobre la transferencia y financiación de los servicios de las competencias sobre expedición y homologación de títulos académicos, profesionales y universitarios a la Generalitat de Catalunya. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000179.)... (Página 20)

Página 2


Para territorializar la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000239.)... (Página 24)

- Relativa a impartir una tercera hora de castellano en Cataluña.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000189.)... (Página 29)

- Relativa a la aprobación del Plan Integral de atención para los menores de tres años en situación de dependencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000376.)... (Página 35)

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (CABRERA CALVO-SOTELO), PARA INFORMAR SOBRE EL CURSO ESCOLAR 2008/2009. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000036.)

El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión entrando directamente en el primer punto del orden del día. Como imagino que SS.SS. serán conscientes de que todo el mundo quiere marchar temprano esta tarde o por lo menos salir hoy para sus respectivas circunscripciones, vamos a intentar hacer una sesión fluida y acabar a una hora razonable. De todas maneras, creo que no votaremos antes de las siete y media de la tarde.


Sin más dilación, entramos en el primer punto del orden del día dando la palabra a la señora ministra para que informe sobre el comienzo del curso escolar.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Hace poco más de tres de meses, recién nombrada ministra de Educación, Política Social y Deporte, vine a esta Comisión para presentar lo que serían las líneas maestras del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en esta legislatura. Hoy, en esta ocasión, como he hecho en años anteriores, he querido comparecer a petición propia para tratar de forma monográfica sobre nuestro sistema educativo en este principio del curso escolar 2008/2009 que está comenzando en estos días.
Por tanto, voy a trazar las líneas generales del sistema educativo al que se incorporan los cursos que lo hacen en este segundo año de la Ley Orgánica de Educación; enumeraré después brevemente las principales novedades del curso académico y, por último, haré referencia a la política de este ministerio en los próximos meses vinculándola a las propuestas que enuncié en la comparecencia del pasado 29 de mayo.


Empiezo por el primer punto. Inauguramos este curso escolar 2008-2009 y con él comienza el segundo año de entrada en las aulas de la Ley Orgánica de Educación. En estos días, como seguro que saben todos ustedes, 7.400.000 alumnos están empezando sus clases en las enseñanzas de régimen general no universitario, un 2,7 por ciento más de estudiantes que en el ejercicio anterior. Junto a ellos estarán 623.974 profesores en 25.572 centros. Estos 7,4 millones de estudiantes se incorporan a un sistema cuyo principal objetivo es ofrecer una educación de calidad para todos.
España, como acaba de señalar la OCDE en su último informe, tiene uno de los sistemas educativos más equitativos de toda Europa, y esto es algo a lo que no podemos ni queremos renunciar. La política de becas y ayudas al estudio constituye uno de los puntales de la equidad de nuestro sistema educativo. Por primera vez en este año superamos el millón y medio de becarios y vamos a seguir mejorando nuestra política de becas y ayudas al estudio, cuyo presupuesto para este curso 2008-2009 es de 1.172,5 millones de euros, lo que supone un incremento en el presupuesto de becas de un 17 por ciento en relación con el curso anterior de 171,2 millones de euros más. Por otra parte, los límites máximos de renta que dan derecho a beca, los umbrales, se elevan un 27 por ciento respecto al curso pasado y la cuantía media de las becas crece un 6 por ciento.
Estamos convencidos de que una educación de calidad unida a la equidad en el acceso a la misma es fundamental para el desarrollo de los individuos, para que puedan acceder a los mejores empleos, para promover la inclusión social y para asentar los valores cívicos y democráticos. Por eso exigimos a nuestros jóvenes el máximo esfuerzo y, al mismo tiempo, les ofrecemos la máxima calidad. Estos 7,4 millones de estudiantes se incorporan, además, a un sistema más flexible porque la Ley Orgánica de Educación apuesta por la atención individualizada a los alumnos y por la diversificación curricular. Tal y como ha observado la OCDE, un sistema educativo flexible ofrece un mayor número de alternativas para que los estudiantes puedan optar entre diversas vías para completar su formación.
Por el contrario, un sistema educativo rígido tiende a expulsar a un número considerable de estudiantes y agranda el fracaso escolar. En definitiva, un sistema más

Página 3


flexible responde mejor a la diversidad de circunstancias e intereses de los estudiantes y también de nuestro país. Queremos un sistema más flexible y por esta razón en este curso entran en vigor nuevas alternativas para nuestros estudiantes como los programas de cualificación profesional inicial que ofrecen un mayor abanico de opciones a los jóvenes mayores de 16 años. Creemos que estos programas se erigen en una herramienta eficaz para combatir el abandono escolar prematuro. Estos 7,4 millones de estudiantes se incorporan, además, a un sistema exigente que promueve le esfuerzo individual. Un sistema flexible, decía antes, pero un sistema exigente que elimina barreras y ofrece más oportunidades a nuestros estudiantes, al mismo tiempo que incentiva su responsabilidad y prima el esfuerzo. La Ley Orgánica de Educación, les recuerdo, aunque seguro que no hace falta, sostiene en su primer artículo que el esfuerzo individual y la motivación del alumnado constituyen dos de los principios fundamentales sobre los que se asienta nuestro sistema educativo. La ley sitúa entre sus fines la educación en la responsabilidad individual y en el mérito y el esfuerzo personal.
Nuestro sistema educativo aspira a conseguir lo mejor de cada uno. Por eso reivindicamos la cultura del esfuerzo y la exigencia personal. Todos los individuos somos capaces de aprender y por eso a todos se nos tiene que exigir, pero hemos de partir de la base de que no hay dos individuos iguales y que esto requiere que el sistema educativo atienda las necesidades específicas de cada uno. Todos pueden progresar, sea cual sea su punto de partida.


Estos 7,4 millones de estudiantes se incorporan, además, a un sistema que responde a las principales recomendaciones de la OCDE. Los informes periódicos de la OCDE, tanto los anuales como el informe PISA, revelan los avances y las debilidades de nuestro sistema educativo. Eso nos interesa a todos porque nos permite saber qué medidas debemos adoptar para mejorar. El Gobierno Español es el primer interesado en que estos informes se lleven a cabo y contribuye por eso a financiar los estudios que la OCDE realiza sobre nuestro sistema educativo. El último informe publicado por la OCDE retrata la situación en que se encontraba nuestro sistema educativo en el año 2005, pocos meses después de que accediera al Gobierno el Partido Socialista. Una situación que, entendimos entonces, requería un cambio para adaptarnos a las exigencias de una sociedad más dinámica y de una economía basada en el conocimiento. Por eso pusimos en marcha la Ley Orgánica de Educación. La ley introduce una nueva orientación y medidas para responder a los problemas que la OCDE ha detectado en nuestro sistema educativo pues asume e incorpora sus principales recomendaciones: mayor exigencia a los alumnos acompañada de una mayor flexibilidad y más opciones para elegir, una atención más individualizada por parte de los profesores y un refuerzo considerable de las matemáticas, de la lengua y de la lectura. Estos 7,4 millones de estudiantes se incorporan además a un sistema educativo que va a ser capaz de aprender de su propia experiencia para mejorar, y esto es absolutamente fundamental. Los informes de los organismos internacionales son necesarios, como acabo de decir, pero no nos bastan. Nuestros estudiantes se incorporan a un sistema educativo que de ahora en adelante va a ser también capaz de aprender de su experiencia para mejorar. En este curso entran en vigor evaluaciones periódicas, las evaluaciones generales de diagnóstico, que nos van a permitir mejorar la calidad de nuestro sistema. Solo podremos mejorar si sabemos cómo funciona el sistema, cómo prepara a nuestros estudiantes y cuál su grado de eficacia, qué es lo que va bien y qué es lo que hay que cambiar. Para eso son esenciales las evaluaciones periódicas, porque la información que nos transmiten permite orientar las políticas educativas.


Estos 7,4 millones de estudiantes, y voy con una última nota de ese sistema al que se incorporan, lo hacen a un sistema con una financiación creciente. El reciente informe de la OCDE presentado al público hace pocos días refleja que el gasto por alumno en España en los últimos años ha crecido sustancialmente y a un ritmo similar a la media de la OCDE.
Pero ese informe demuestra también que el gasto educativo en relación con el PIB es inferior a la media de la OCDE. No obstante, el estudio de la OCDE, como he dicho hace un momento, se detiene en el año 2005, antes de que entrara en vigor la memoria económica que acompaña a la Ley Orgánica de Educación, una memoria económica aprobada por las Cortes y cifrada en 7.000 millones de euros para invertir entre los años 2006 y 2010. Si en el año 2005, como pone de relieve la OCDE, el gasto educativo representaba el 4,2 por ciento del PIB, en 2008 -esperamos- habrá crecido más de tres décimas, un aumento considerable, y se situará en el 4,54.
Este curso vamos a proseguir con las inversiones dirigidas a mejorar nuestro sistema educativo. De hecho, en el último Consejo de Ministros, el viernes pasado, se aprobó el reparto de 95 millones de euros, que corresponden al Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica de Educación, una cantidad que se va a dedicar a programas de mejora del éxito escolar, programas para la disminución del abandono temprano, programas de formación de profesorado, de aprendizaje de lenguas extranjeras y de extensión del tiempo escolar.


He dicho al principio que el segundo punto de mi intervención iba a ser las principales novedades de este curso 2008-2009. ¿Cuáles son esas novedades principales? La primera se refiere a la educación infantil, la educación de 0 a 6 años. En este curso 2008-2009 comienza la etapa de educación infantil que tiene dos ciclos, pero que es una etapa única con identidad propia y que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. En esta etapa educativa, en la educación infantil, se sientan las bases para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base del desarrollo posterior de competencias básicas de todo el alumnado, especialmente en el segundo ciclo, cuando nuestros niños realizarán una primera aproximación

Página 4


a la lectura, la escritura, las habilidades numéricas básicas, las tecnologías de la información y la comunicación, la expresión visual y musical y harán también un primer acercamiento a la lengua extranjera. La implantación de la Ley Orgánica de Educación en educación infantil llega acompañada de un importante esfuerzo presupuestario que va a actuar, por un lado, en la línea del Plan Educa 3 -al que me referiré después también-, en el primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años, cuyo objetivo es crear 300.000 plazas entre el año 2008 y 2012; un plan en el que prevemos invertir, junto con las comunidades autónomas, 1.087 millones de euros. Además, y en relación con el segundo ciclo de educación infantil, estamos invirtiendo 528 millones de euros, con los que el ministerio contribuye a garantizar la gratuidad de este ciclo para todos los niños de 3 a 6 años. Quiero aprovechar esta ocasión para recordar que el reciente informe de la OCDE nos sitúa entre los países con mayor tasa de escolarización en la etapa de educación infantil.


Junto con la educación infantil, el bachillerato. En este curso 2008-2009 comienza el primer curso del nuevo bachillerato. Un bachillerato en el que los alumnos tendrán más opciones para hacer elecciones más responsables. Un bachillerato orientado a promover el acceso de nuestros jóvenes a la educación superior, bien en la universidad bien en los ciclos superiores de la formación profesional o de las enseñanzas de régimen especial. Déjenme destacar algunas de las novedades de este bachillerato como son su estructuración en tres modalidades: ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales y artes, esta última organizada en dos vías, una de artes plásticas, diseño e imagen y otra de artes escénicas, música y danza. Una novedad de este nuevo bachillerato es que todos los alumnos cursarán la materia de ciencias para el mundo contemporáneo. Un nueva asignatura obligatoria para todos, sea cual sea la modalidad de bachillerato elegida y cuyo objetivo es que nuestros alumnos puedan comprender y expresar informaciones con contenido científico y manejar conceptos, leyes y teorías útiles para formarse opinión fundamentada en el ámbito científico.


Educación infantil, nuevo bachillerato y -otra de las novedades del curso, como he mencionado hace un momento- la puesta en marcha de los programas de cualificación profesional inicial. Unos programas que van a permitir a los alumnos mayores de 16 años que no hayan finalizado la educación secundaria obligatoria obtener una acreditación profesional reconocida y el título de educación secundaria obligatoria mediante la realización de un módulo voluntario. A lo largo del curso pasado, del curso 2007-2008, ha habido ya alguna experiencia piloto con estos programas, sobre todo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte -también en algunas comunidades autónomas-, pero ahora se generaliza la implantación de los mismos. En estos momentos hay 23 programas publicados por el ministerio y estamos agilizando la elaboración de otros nuevos para que la oferta de los mismos sea lo más amplia posible. Estos programas van a formar a los estudiantes en cualificaciones profesionales básicas de nivel 1 contenidas en el catálogo nacional de cualificaciones, catálogo que cuenta ya con un total de 62 cualificaciones profesionales de nivel 1. Estos programas de cualificación profesional inicial se perfilan como uno de los elementos básicos para reducir la tasa de abandono escolar prematuro de los alumnos y prevemos que en este curso puedan incorporarse a estos programas cerca de 48.500 alumnos.


Estas son a grandes rasgos algunas de las novedades que se incorporan a este segundo año de Ley Orgánica de Educación en nuestras aulas. Voy con el tercer y último punto anunciado de mi intervención: las políticas educativas, que esperamos poner en marcha a lo largo de este curso 2008-2009. Me he referido antes al Plan Educa 3 y voy a decir alguna cosa más sobre él. En la comparecencia del pasado 29 de mayo anuncié la creación de este Plan Educa 3 cuyo objetivo era impulsar la atención educativa en la etapa de 0 a 3 años. Este plan fue presentado en el Consejo de Ministros del pasado 29 de agosto. Responde a una iniciativa del Gobierno que persigue un doble objetivo: ofrecer una educación de calidad a los niños y niñas de estas edades y, al mismo tiempo, responder a la demanda de muchas de nuestras familias que necesitan conciliar la vida familiar, personal y laboral. Ya lo he mencionado antes, pero insisto: la educación infantil es un factor básico de equidad clave para compensar desigualdades de partida y contribuye a mejorar el posterior éxito escolar. Así lo reconoce el informe 2007: Objetivos educativos y puntos de referencia 2010, en el marco de la estrategia de Lisboa. Un informe en el que se dice que la escolarización en edades tempranas es uno de los factores más determinantes para conseguir que los estudiantes alcancen mejores resultados, especialmente cuando los niveles socioeconómicos y culturales de las familias son más bajos. España es hoy uno de los países de la OCDE con mayor tasa de escolarización en esta etapa, una situación que queremos consolidar. Por eso hemos puesto en marcha este Plan Educa 3, el primer programa integral de impulso a la creación de nuevas plazas educativas para niños de 0 a 3 años; un programa, como decía antes, que supondrá una inversión total de 1.087 millones de euros entre 2008 y 2012. Una financiación que se realizará al 50 por ciento entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y las comunidades autónomas. El primer crédito para este plan se aprobó el pasado 29 de agosto con el reparto entre las comunidades autónomas de 130 millones de euros para este año 2008. De ellos, 100 millones están destinados a la construcción de nuevas escuelas de educación infantil, a la adaptación de edificios ya construidos para albergar nuevas escuelas de educación infantil y a la ampliación de las escuelas existentes. Los 30 millones restantes corresponden a la cofinanciación de programas sociales dirigidos a las familias y a la infancia para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral mediante la atención a las niñas y niños de entre 0 y 3 años. Conforme a este plan, entre el año 2008 y 2012

Página 5


el ministerio desplegará una serie de medidas dirigidas a crear nuevos centros y mejorar los existentes, de modo que garanticen un entorno educativo adecuado para los más pequeños; medidas dirigidas también a establecer convenios con las comunidades autónomas que garanticen una oferta educativa de calidad; a incentivar a los ayuntamientos para que participen en la creación y adecuación de centros que atiendan a este primer ciclo de educación infantil y a mejorar la atención educativa de los niños que vivan en zonas rurales de población dispersa. Quiero insistir en algo que me parece fundamental. Este impulso notable a la red de centros educativos de educación infantil responderá a las condiciones de calidad y equidad recogidas en la Ley Orgánica de Educación. Los centros deberán diseñarse y organizarse con intención educativa; serán espacios diferenciados según edades; reunirán las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad, de seguridad y de accesibilidad que señale la legislación vigente. Además, contarán con un número suficiente de profesionales con la formación y titulación que requiere la atención a los niños en estas edades, así como de maestros titulados en educación infantil. Esta será una de las líneas de actuación del ministerio a lo largo de este curso.


Otra línea de actuación importante va a ser el nuevo impulso a la formación profesional. El 29 de mayo anuncié ante esta Comisión mi intención de presentar en este curso un plan dirigido a impulsar, promover y mejorar los estudios de formación profesional. Hoy puedo confirmar que este compromiso ya está en marcha y que en breve, junto con el ministro de Trabajo e Inmigración, presentaré ante el Consejo de Ministros las líneas generales de este Plan de impulso a la formación profesional; un plan que será presentado y consensuado con los agentes sociales, con la patronal y con las organizaciones sindicales. La formación profesional es una pieza clave para impulsar un modelo alternativo de crecimiento económico, basado en el conocimiento que asegure un desarrollo económico sostenible y un creciente bienestar y cohesión social. Por eso, queremos que los próximos cuatro años sean años decisivos para la configuración de la formación profesional en España. Es cierto que en los últimos años se ha hecho ya un esfuerzo importante por mejorar la oferta de formación profesional. Este esfuerzo lo ha reconocido la sociedad, como demuestra el hecho de que el 82 por ciento de los titulados de formación profesional de grado medio que concluyeron sus estudios entre los años 2001 y 2005 han conseguido un trabajo; un 82 por ciento es un porcentaje notable. Sin embargo, todavía podemos hacer más. Nuestra sociedad demanda a estos profesionales y también demanda que tengan una formación acorde con las nuevas necesidades de nuestra economía. Por esa razón vamos a trabajar para tener una formación profesional dirigida a potenciar esa formación en los sectores emergentes e innovadores en el contexto de la sociedad del conocimiento. Queremos una formación profesional que integre plenamente la formación en el sistema educativo y la formación en el ámbito empresarial y laboral, es decir, que acredite, reconozca e integre la experiencia laboral y la formación profesional, tanto reglada como para el empleo, y compatibilice la formación y el trabajo. Queremos una formación profesional polivalente, que prepare a los estudiantes para una sociedad en continuo proceso de cambio e innovación y una formación profesional que integre plenamente la enseñanza de idiomas y de las tecnologías de la información y del conocimiento y, además, una formación profesional que favorezca la formación a lo largo de la vida, que promueva la movilidad nacional e internacional y que se inserte plenamente en el contexto europeo. No voy a entrar en el detalle de este Plan de impulso a la formación profesional que, como he dicho, será presentado en breve en el Consejo de Ministros y que tiene que ser consensuado con los agentes sociales, pero sí puedo avanzarles algunos de nuestros objetivos. Esta formación profesional tendrá, como he dicho, muy en cuenta las necesidades de los sectores económicos emergentes y, para ello, vamos a actualizar los títulos existentes y a elaborar títulos nuevos. Esta formación profesional va a facilitar la movilidad dentro del sistema educativo, de modo que los estudiantes de formación profesional puedan tener más opciones para acceder a la universidad. Este programa, en relación con la formación profesional, incentivará la promoción de formación de carácter práctico y capacitará a los jóvenes para crear sus propias empresas y poner en marcha sus iniciativas. En este plan vamos a desarrollar más -porque creemos que es muy importante- los servicios de información y de orientación profesional y, además, vamos a establecer las vías para el reconocimiento académico de la experiencia profesional. Sobre esto último quiero hacer un breve comentario. El reconocimiento de la experiencia es una demanda histórica de los agentes sociales y ha logrado muy buenos resultados en otros países europeos. Nuestro objetivo es que los conocimientos adquiridos mediante la experiencia laboral puedan convalidarse por módulos o asignaturas de formación profesional y traducirse en una certificación profesional. De este modo, estos trabajadores podrán volver al sistema educativo, mejorar su formación -la formación continua es uno de los pilares sobre los que se asienta la sociedad del conocimiento- y tener así la oportunidad de conseguir un título académico.


Educación infantil y reforma de la formación profesional son líneas de actuación de la política del ministerio y también lo es las evaluaciones del diagnóstico del sistema. Anuncié en mi comparecencia anterior que en este curso comenzarían las evaluaciones generales de diagnóstico del sistema educativo. Hoy puedo anunciar que los trabajos preparatorios para estas evaluaciones ya están muy avanzados y que la primera evaluación general del sistema educativo -conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Educación- se realizará a finales de este curso, en la primavera del año 2009. La finalidad de estas evaluaciones es mejorar la calidad y la equidad de la

Página 6


educación. Es también finalidad de estas evaluaciones orientar las políticas educativas y aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo. Queremos conocer en tiempo real y de primera mano cómo está funcionando nuestro sistema educativo, porque no queremos perder tiempo en nuestra capacidad de respuesta ante los retos que tiene planteada la sociedad española para lograr un sistema educativo como el que necesita nuestro país y nos piden nuestros estudiantes. Conforme avance el curso iremos facilitando una información más detallada sobre las pruebas que se realizarán en el año 2009. Baste señalar que, como prevé la ley, esta primera evaluación del año 2009 se realizará con alumnos de cuarto curso de educación primaria y valorará las competencias de los alumnos en comunicación lingüística, matemáticas, conocimiento e interacción con el mundo físico, así como competencia social y ciudadana. Para realizar estas pruebas habrá una selección aleatoria de centros en cada una de las diecisiete comunidades autónomas y en cada centro seleccionado se elegirá al azar un grupo de alumnos de cuarto curso de primaria. Habrá pruebas escritas y orales con distintos formatos, aunque ninguna de las pruebas para cada competencia superará los cincuenta minutos.


Otra de las líneas de actuación es la formación del profesorado, una de las prioridades del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
En los últimos años hemos hecho ya importantes esfuerzos en este ámbito, tanto en el plano presupuestario como en el académico. Hemos reformado la formación inicial de nuestros profesores conforme a las necesidades de nuestro sistema educativo y a los requisitos del espacio europeo de Educación Superior y los nuevos títulos comenzarán a ofrecerse en el curso 2009-2010. Al mismo tiempo que diseñábamos esos nuevos títulos hemos hecho un esfuerzo notable en la formación permanente del profesorado, que va a ocupar un espacio relevante en el trabajo de este ministerio en el curso 2008-2009. A lo largo de este curso implantaremos nuevos modelos de formación permanente, en colaboración con las comunidades autónomas, con el fin de responder a las demandas que se derivan de la implantación de la Ley Orgánica de Educación. En estos nuevos modelos se prestará una atención especial a los proyectos de formación del profesorado en los propios centros. Queremos que estos proyectos combinen la enseñanza presencial con la formación y el asesoramiento a distancia y que incluyan propuestas de trabajo con el alumnado del centro, de modo que, junto con la formación teórica, puedan tener una aplicación práctica en el mismo entorno en el que se desarrolla la labor decente. También observé en mi última comparecencia que si la formación es importante no lo son menos las condiciones de trabajo del profesorado y que, por eso, íbamos a retomar la negociación con los sindicatos para promover un estatuto de la Función pública docente con el máximo consenso. La secretaria de Estado de Educación y Formación ha tenido ya esos primeros contactos con los sindicatos y las negociaciones están avanzando.


Dentro de las líneas de actuación del ministerio -por señalar algunas de las fundamentales- quiero mencionar, por último, que estamos trabajando en la preparación de un plan especial para Ceuta y Melilla, donde el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ejerce la gestión directa. Este plan especial para Ceuta y Melilla se hará público a lo largo de este trimestre. Vamos a desarrollar un plan específico de acción para ambas ciudades que nos permita afrontar la realidad allí existente y avanzar hacia la igualdad de oportunidades, como principio básico que debe presidir nuestra labor educativa. Este plan va a incidir principalmente en aquellas acciones que tienen que ver con la escolarización temprana, la mejora del éxito escolar, la lucha contra el abandono prematuro, la adecuación de la oferta de la formación profesional a las necesidades productivas de ambas ciudades y, en general, a la mejora de la calidad de la educación y de los rendimientos escolares del alumnado que cursa enseñanzas no universitarias en las ciudades de Ceuta y Melilla.


Concluyo. Estas son, en líneas generales -como he ido exponiendo-, las características del sistema educativo al que se incorporan los estudiantes este curso 2008-2009, las principales novedades que conlleva este curso académico, y las líneas generales de política educativa para los próximos meses. He dicho muchas veces -y no me voy a cansar de repetirlo- que tenemos un buen sistema educativo, que responde a las necesidades de una sociedad compleja y exigente, como es la actual sociedad española. No creo que nadie, haciendo un ejercicio de honradez intelectual, pueda negar que sería imposible entender el desarrollo español y los cambios de la sociedad española de las últimas décadas si no hubiéramos contado con unas escuelas y unos institutos capaces de formar a las sucesivas generaciones de ciudadanos. Pero sabemos también -y también lo he repetido y no me cansaré de hacerlo- que si nuestro sistema educativo es fuerte en muchos aspectos, puede mejorar en otros. Y por eso seguimos trabajando -como he explicado- para extender la educación infantil, para desarrollar y reformar la formación profesional, para poner en marcha las evaluaciones del sistema educativo, y para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado.


Como saben SS.SS,. una de las cuestiones que más nos interesa corregir es la tasa de abandono escolar temprano. Desde el Gobierno hemos promovido ya algunas medidas que nos van a permitir combatir este problema. Me he referido a los programas de cualificación profesional inicial; he mencionado también esa partida de 95 millones de euros, cuyo reparto aprobó el último Consejo de Ministros, y que incluye programas específicamente dirigidos a ese objetivo. Pero ya dije también en mi anterior comparecencia -repito ahora- que la lucha contra el abandono temprano del sistema educativo es un asunto de Estado, y por eso nos concierne

Página 7


a todas las administraciones educativas: a quienes diseñamos y coordinamos políticas generales y a quienes ejecutan día a día las políticas educativas en los principales territorios. Por eso avancé que el ministerio y las comunidades autónomas abordaríamos este tema en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, y confiamos poder celebrar esa reunión en el próximo mes de octubre, una Conferencia Sectorial de Educación dedicada monográficamente al abandono escolar prematuro.


Pero quiero recordar algo que también mencioné hace pocos meses en una reunión de esta Comisión. Combatir el abandono escolar prematuro no es solo tarea de las administraciones; es una tarea de la sociedad en su conjunto. Nuestros jóvenes solo continuarán estudiando si somos capaces de convencerlos -a ellos y a sus familias- de que los estudios representan un valor añadido; de que al estudiar, al completar su formación en cualquiera de los ámbitos del sistema educativo, pueden acceder a un mayor abanico de oportunidades. Y solo podremos convencer a los jóvenes de que continuar estudiando es bueno para ellos, y también para el conjunto de la sociedad, si les enseñamos a apreciar nuestro sistema educativo y a valorar, con todos los matices que sean necesarios, lo que tiene de bueno. Y eso, señorías, no les quepa ninguna duda, es tarea de todos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, y por diez minutos, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer a la ministra esta comparecencia al inicio del curso porque, efectivamente, aunque algunos anuncios ya -como ella misma dijo- nos fueron hechos en su comparecencia de inicio de legislatura, es conveniente, la comparecencia, porque también introdujo algunas novedades. Hay cuestiones que la ministra ha tocado con mayor relevancia, como esta última del fracaso escolar o la educación de 0 a 3 años, y que nosotros también queríamos plantear como problemas que continúan existiendo en este inicio de curso.
De hecho la ministra nos habla de los proyectos que tiene para resolver estas cuestiones en el futuro, y entendemos que algunas lo serán en un futuro inmediato y que se verán reflejadas en los próximos presupuestos del año 2009 en la medida en que son programas que, efectivamente, hay que desarrollar y que en 2008 no estaban presupuestados, como los que tienen que ver con la evaluación de las cualificaciones, con el tramo de 0 a 3 años, con la cantidad económica que nos acaba de exponer que tiene prevista para los próximos años, y con la construcción de las escuelas.
En este sentido, señora ministra, quisiera decirle que este inicio de curso comienza con los problemas de siempre. Otra cosa es que usted, en el futuro, vaya resolviendo estas cuestiones, que nosotros queremos ponerle de manifiesto, y que si bien usted las acaba de nombrar, en lo que respecta al fracaso escolar, nos preocupa cómo lo van a hacer.


Hay que tener en cuenta que la convergencia con Europa está marcada para el año 2010; que aún existe una diferencia muy grande en el fracaso escolar que tiene el Estado español, que es del 28 por ciento frente al 15 por ciento que se marca en la Unión Europea para el año 2010. En el tema de 0 a 3 años usted nos indica que en un informe de la OCDE se dice que España es el Estado de la Unión Europea que más escolarizado tiene a este tramo de edad, pero yo creo que ese informe no tiene en cuenta -o lo tendrá matizado- que una cosa es la escolarización y otra cosa es que seguramente hay Estados de la Unión Europea que tienen atención para niños y niñas de 0 a 3 años con otras figuras. No es que las compartamos, pero lo que sí es cierto es que hay Estados de la Unión Europea que el tramo de 0 a 3 años lo tienen mucho más cubierto, en cuanto a la atención y a las posibilidades de compatibilizar la vida laboral y familiar, que el Estado español en estos momentos. Quiero decir en este punto que usted, con lo que nos acaba de proponer o explicar que tiene previsto desarrollar, basa la finalización de los proyectos de 0 a 3 años, el tramo completo de 0 a 6 en la construcción de las escuelas, las 450.000 plazas que dijo que se iban a construir de aquí a 2012, lo cual significa que en el año 2010, que es el que marca los objetivos de la Unión Europea, no va a estar cumplido ese objetivo.


Vuelvo otra vez a retomar el tema del fracaso escolar, señora ministra, y a propósito de lo que es la realidad en este momento, y es que sigue habiendo programas que son elaborados por el Estado y que llegan a las administraciones autonómicas como finalistas, es decir, que las administraciones no pueden hacer nada para modificarlos, independientemente de que tengan que aportar una financiación del 30 por ciento, lo que, por el conocimiento que nosotros tenemos de Galicia, es total y absolutamente insuficiente, en la medida en que ni siquiera se cubre un centro escolar por ayuntamiento. En ese sentido usted anuncia que se van a incrementar los recursos para este tipo de actuaciones, pero por lo que usted expone entendemos que van a volver a ser programas finalistas, programas elaborados por el ministerio, y que las comunidades autónomas solo van a tener que hacer lo que les corresponde, que es la gestión de los mismos. Este punto nos preocupa más incluso que lo que usted anuncia: los programas de cualificaciones profesionales como una parte del programa para resolver el fracaso escolar y el abandono, ese abanico de posibilidades y de oportunidades para que las y los jóvenes que abandonan los estudios puedan descartar dicho abandono orientándose hacia estas profesiones. Usted habla de algo que, repito -lo he dicho en varias ocasiones-, nos preocupa, como es la movilidad con la que va a dotar a estos programas, y teniendo en cuenta que van a estar orientados a profesiones emergentes, nos preocupa que, dada la práctica del ministerio de elaborar estos programas sin contar con las comunidades autónomas, y por

Página 8


tanto con esas realidades territoriales del Estado, en este caso vayan a hacer también unos programas que no tienen relación con la realidad profesional del lugar donde están los alumnos que deberían desarrollarlos. Por tanto, seguiríamos con un problema -como nosotros diríamos- de emigración de personas para estudiar en otros lugares, pero si en el territorio donde habitan no hay oferta laboral de la materia a estudiar evidentemente van a tener problemas.


Usted habla de que se van a producir encuentros en la conferencia sectorial, pero no nos comenta si en dicha conferencia van a ser analizadas este tipo de cuestiones, y si efectivamente el ministerio va a elaborar estos proyectos teniendo en cuenta la opinión que sobre esas profesiones se tenga en las comunidades autónomas, de acuerdo con las necesidades profesionales que existen en las mismas. También ha hablado usted, señora ministra, de la modificación del estatuto del personal docente, y de que ya están ustedes en contacto con centrales sindicales, y a mí, como nacionalista y como persona que conoce la realidad en este caso de Galicia y la representación existente en el sector de la enseñanza en nuestro país, me preocupa que ustedes no tengan en cuenta aquellas centrales sindicales que son representativas mayoritariamente del propio sector. Quiero hacerle llegar esta cuestión en este momento porque sabemos que es práctica del Gobierno contar solamente con las centrales sindicales de ámbito estatal, independientemente de que haya otras, y en este caso, en el caso concreto de la enseñanza, la mayoritaria no es de ámbito estatal, sino que es de ámbito gallego. Por tanto, se lo planteo porque si efectivamente usted quiere tener una idea de la problemática y de la realidad de las enseñanzas en Galicia sería conveniente que también tuviera en cuenta a esa central sindical.


Señora ministra, por lo demás, y dado que finaliza el tiempo, seguimos planteándole nuestra preocupación en cuanto al fracaso escolar. Nos gustaría que nos aclarase esos puntos que le comentamos, y en el caso de ese impulso que se va a dar desde el ministerio al tramo de edad de 0 a 3 años también tenemos que manifestarle, independientemente de que usted acabe de anunciar la creación de 450.000 plazas, que en estos momentos ustedes están resolviendo el problema mediante algo que nunca nos gustó, y sigue sin gustarnos, como son los conciertos con la enseñanza privada en detrimento por tanto de la enseñanza pública, cuestión que nosotros siempre defenderemos porque compartimos algo que usted dijo al final de su intervención: efectivamente creemos que tenemos unos centros e institutos realmente importantes y con una adecuada calidad de enseñanza -independientemente de que sea necesario mejorarla- para nuestras generaciones futuras. Señora ministra, preguntándole por estas cuestiones que le acabo de plantear y agradeciendo el tiempo que se me acaba de dispensar, aquí remato.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Tardà i Coma.


El señor TARDÀ I COMA: Señora ministra, gracias por su comparecencia.
Déjeme que empiece casi por el final y que además haga una excursión hasta Ceuta y Melilla. La verdad es que lamento -y se lo digo con todo el sentimiento- que ahora que ha manifestado que piensan actuar de forma decida en pro de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta y Melilla, que evidentemente tienen una situación muy singular, y que haya hecho una mención a los diversos frentes en los que piensan actuar, no haya hecho referencia -¿cómo puede ser que se le haya olvidado?- a la lengua materna del 50 por ciento de la población de Ceuta y Melilla, es decir, aquellos que ya estaban cuando fuimos nosotros. Cuando digo fuimos me refiero a todos, los ciudadanos del actual Estado español. Ellos ya estaban allí, y usted sabe que allí se habla la lengua tamaszight, lengua que se habla desde Suez hasta Níger, y que es la lengua materna de más del 50 por ciento de la población, que precisamente son -incluso socialmente- los más desfavorecidos. Yo sé que usted lo sabe y conozco su implicación por lo que significa el sistema educativo público como agente activo en el proceso de socialización. Señorías, no puede ser;que la lengua del territorio, y del 50 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta y Melilla esté excluida todavía hoy, y eso que el Estado español es firmante de la Carta europea de las lenguas regionales, pues bien, todavía no es lengua vehicular, y eso que desde el año 2004 en que aterrizamos en este Parlamento andamos en esta demanda. Tenemos un gran número de preguntas dirigidas al Gobierno y contestadas diciéndonos que sí, que ciertamente se intenta hacer algo con alguna clase extraescolar Señorías, parece que sea la lengua de los indígenas, cuando Ceuta y Melilla no son Argelia en el año 1963; a no ser que quieran acarrear con las consecuencias. Por tanto, le pido de verdad que, como un epígrafe más de su actuación respecto a Ceuta y Melilla, contemple la lengua tamazigt en la variante de Ceuta que, si se me permite la expresión, es otro registro coloquial. Esta es una petición compartida por compañeros socialistas de Melilla con los cuales he hablado. No puedo decir lo mismo respecto a Ceuta pero sí, como digo, respecto a compañeros socialistas de Melilla.


Dicho esto, en términos generales compartimos el análisis que usted hace, y es más, creo que ya lo demostramos con la ministra Salgado y posteriormente hemos colaborado con usted. Por eso, y partiendo de la base de que sé que existe un compromiso por su parte de trabajar en ello, estamos esperando desde hace mucho tiempo saber qué va a ocurrir con las becas. Usted ha hablado de una aportación económica francamente muy buena. La verdad es que ha hablado de unas cifras considerables y aunque nunca es suficiente podemos decir que el montante es serio. Esto hay que celebrarlo, pero usted sabe

Página 9


que existe una sentencia del Tribunal Constitucional, además durante los últimos cuatro años hemos estado trabajando conjuntamente, y en su momento hubo un compromiso por parte del ministerio de ir hacia una reformulación de los criterios en tanto en cuanto las becas son para las ciudadanas y para los ciudadanos, y las personas viven en un determinado contexto económico donde existen unos índices de precios, etcétera. No puede ser que el hijo de un trabajador de la Seat de Martorell o del Baix Llobregat, de mi comarca, no tenga la opción de tener una beca y, en cambio, una persona con una renta superior, con más ingresos, en otra parte del territorio español, sí. Usted sabe que hay desequilibrios, pero hay que buscar una ponderación. Yo sé que hay un compromiso, pero van pasando los meses y no sabemos a ciencia cierta si vamos a verlo o esto es el parto del elefante, que dura mucho, demasiado. De manera que, dicho con todo respeto y ánimo de colaborar con ustedes, si nos pudieran decir cuándo va a caer el maná se lo agradeceríamos, dicho en términos metafóricos.


Ya he dicho que nosotros estamos preocupados también por el Fondo de Inmigración. Yo sé que no le compete a usted estrictamente, pero hablo de Cataluña y allí, gracias al Fondo de Inmigración, es decir, gracias también al Gobierno socialista de Madrid, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha podido hacer -ahora no quisiera equivocarme- casi un millar de aulas de acogida. Esto quiere decir que la población de ciudadanos catalanes inmigrantes o hijos de inmigrantes -ciudadanos, en definitiva- pueden tener una acogida que permite incluso que las clases medias no deserten de la escuela pública, en la medida en que la afluencia de nuevos jóvenes no afecte a las calidades de la escuela pública, y esto no desencadene un proceso, que no nos interesa, hacia la deserción por parte de sectores de clases medias o clases trabajadoras más aposentadas hacia la escuela concertada, porque una buena escuela pública es clave para la cohesión social de todos los países. Nos alimentamos de este Fondo de Inmigración, es decir que básicamente va para el sistema escolar. Esperamos de usted que combata. Nosotros ya pediremos doblar el Fondo de Inmigración. Además, el mismo presidente Zapatero habló el otro día de las bondades del plan. No quisiéramos que el Fondo de Inmigración quedara reducido a la batalla exclusiva del ministro de Trabajo e Inmigración; quisiéramos que, en la medida en que pudiera ser y como además el Gobierno es un órgano colegiado, se viera también como parte fundamental para el sistema escolar público que en los próximos Presupuestos Generales del Estado tuviéramos un Fondo de Inmigración más generoso. Nosotros pedimos el doble. Por pedir que no quede; usted ya me entiende.


Hemos tenido desencuentros. Luego está la insistencia contumaz del Partido Popular respecto a la tercera hora de castellano -luego ya nos pelearemos con el Partido Popular-, pero también debo decirle desde la lealtad que nos merecemos estar recogiendo ahora las tempestades de aquellos vientos, porque cuando hicimos -hicieron, pero tuvieron la colaboración de Esquerra Republicana- la Ley Orgánica de Educación habíamos quedado -ya sé que era un pacto entre grupos parlamentarios que trabajaban conjuntamente y no había nada escrito-, en que, antes de aprobar decretos de despliegue, habría una cierta colaboración. No fue así. Es cierto que en aquel momento Esquerra Republicana no estaba en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, aunque luego volvimos, pero ahora tenemos el conflicto de la tercera hora de castellano -no hay que esconderlo, tenemos un conflicto, con el Tribunal Constitucional y con la posición de fuerza de nuestro presidente-, pero hubiera sido posible no descarrilar entonces. Lo digo porque también estamos interesados en opinar y en saber cuál es su posición respecto a estos reales decretos, por ejemplo el de formación profesional y el de secundaria; es decir, tendríamos que intentar, en el marco de esta Comisión y de las relaciones entre el Gobierno y nuestro grupo parlamentario -si ustedes se dejan-, que las relaciones fueran fluidas.


No tengo más tiempo. Solo quiero decirle que cuando hablamos de diálogo con los sindicatos nosotros también estamos preocupados por ver cuál es la situación en estos momentos de la relación entre ustedes y los sindicatos respecto al futuro estatuto, y también debo decirle que me sumo a la demanda de mi compañera del Bloque Nacionalista Galego para que tengan en cuenta a todos los sindicatos que, en el caso de Cataluña, tienen una presencia importante en el mundo de la educación, que, así como en otros sectores de la economía básicamente en Cataluña son Comisiones Obreras y UGT, en el caso de la enseñanza hay otros.


El señor PRESIDENTE: Ahora por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem i Palmés.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia y por sus explicaciones. Le quiero agradecer que mantenga esta costumbre de comparecer al inicio del curso escolar que, como ya he tenido oportunidad de decirle en anteriores ocasiones, nos permite, más allá de conocer las cifras directamente a través de la titular del ministerio, hacer un balance y una evaluación del sistema escolar en su conjunto. A mí me ha agradado que una de sus primeras palabras al calificar el sistema escolar contemplado en la Ley Orgánica de Educación sea decirnos que en el desarrollo de la LOE va a primar la valoración del esfuerzo personal, la valoración del mérito individual y, en definitiva, dar un realce e importancia a la cultura del esfuerzo. Me ha agradado porque usted sabe que este es uno de los empeños que sistemáticamente han asistido a mi grupo parlamentario como uno de los valores importantísimos que tenían que influir, sin duda alguna, en todo el sistema educativo español. Por lo tanto, me ha agradado y de esta manera quiero comenzar mis palabras.


Página 10


Hay otros temas más preocupantes no solo, me imagino, para mi grupo parlamentario, sino en general -empezando por el ministerio- para todos los grupos, como es la valoración del informe de la OCDE, al que usted se ha referido. Usted ya me conoce, señora ministra, y no soy una persona pesimista y, por lo tanto, comenzaré diciendo que me alegra la valoración de la equidad de nuestro sistema. Es algo importante que no debemos perder de vista y que debemos mantener, pero me alegra también que en el propio informe, más allá de los comentarios en los medios de comunicación -tengo el texto del informe-, se señale que ha aumentado considerablemente el porcentaje de alumnos que tienen un título de secundaria superior. Ha aumentado de 2005 con respecto a 2004. Quiero señalar esto porque seguidamente no me queda más remedio que indicar que estamos todavía muy lejos de la media comunitaria y de conseguir los objetivos de Lisboa. Quiero señalar también que el abandono escolar sigue siendo un problema, más masculino que femenino. Lo dice también el propio informe, así como que el punto débil es sobre todo la titulación en FP.
Son datos que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo que le digo que he acudido a la fuente del informe, la verdad es que me ha sorprendido que en la nota de prensa del ministerio ustedes resalten que en los últimos treinta años España ha mejorado 37 puntos en el nivel formativo de los jóvenes frente a los 23 puntos de media de la OCDE. No me extraña porque no sea cierto. Claro que es cierto -¡faltaría más!-, pero resulta que la población española de entre 55 y 64 años -entre la cual me encuentro- nos educamos durante la dictadura. Yo me alegro de que el sistema educativo de la democracia haya permitido incorporar a mucha más gente al sistema educativo, pero no creo que se deba resaltar esto porque son datos que realmente no hacen justicia a lo que es la realidad del sistema. Me gustaría que trabajáramos con los datos desde la democracia y, tal como se está haciendo, con los datos que año a año nos van dando afortunadamente estos informes de la OCDE.


¿Qué medidas se van a tomar para vencer este abandono escolar? Usted nos ha anunciado una próxima conferencia sectorial, pero, más allá de los acuerdos necesarios que se tengan que tomar y de los puntos de vista que puedan intercambiar en la conferencia sectorial, a mí me gustaría que el ministerio -no sé si se ha puesto en marcha ya o se va a poner en marcha, en todo caso lo pongo encima de la mesa- hiciese una investigación educativa acerca de cuáles son las causas. He leído en algún medio de comunicación que usted ha señalado como una de las causas la facilidad para encontrar empleo. A mí no me parece ninguna tontería esta manifestación, pues el hecho de que el abandono sea más masculino que femenino o que haya una incorporación a trabajos no cualificados de más chicos que chicas, etcétera, en parte se ajusta a la realidad, pero yo creo que, una vez finiquitado el ciclo expansionista, hemos de ver la parte positiva en el tema que nos ocupa, y es aprovechar la situación para ver cómo podemos mantener a los chicos y chicas, especialmente a los chicos, en la educación posobligatoria.


Ha hablado usted de los programas de cualificación profesional inicial para mayores de 16 años, también de la reforma de la FP, como medidas a tomar para hacer este sistema más flexible, en el cual se pueda acceder a la titulación trabajando o después de haber trabajado. Estoy completamente de acuerdo en que esto hay que ponerlo en marcha, pero le quiero señalar que parte de las competencias, por lo menos en Cataluña, las tiene la Generalitat y por lo tanto me gustaría que el hecho de contar con las comunidades autónomas sea para algo más que para las titulaciones, es decir, para las titulaciones regladas es el Estado quien ha de poner los requisitos de la titulación, pero todo lo demás, la organización, etcétera, corresponde a las comunidades autónomas. Quiero señalar también al respecto que el objetivo que usted ha señalado de facilitar la labor de compaginar la formación con el trabajo me parece muy relevante. Hay mucha gente que realmente no puede permitirse el lujo de únicamente estudiar, y por lo tanto creo que este es un camino importante y me permito apuntar de nuevo la experiencia exitosa que se está haciendo en el País Vasco con el llamado contrato dual, que yo creo que merece nuestro estudio y a ser posible la extensión de esta regulación.


He hablado de las comunidades autónomas y de sus competencias. Lo mismo tengo que decirle con respecto al programa Educa 0 a 3 años. Usted ha hablado de recursos y de plazas, y a mí me parece importantísimo el tema de los recursos, sobre todo en una situación de financiación no resuelta, como tenemos en este momento, pero yo creo que estos recursos deben estar territorializados porque la educación de 0 a 3 años en Cataluña es competencia exclusiva del Gobierno de la Generalitat.


Con respecto al tema del profesorado y el estatuto de la función pública docente, me sumo a las palabras de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra en el sentido de que se tenga en cuenta a las organizaciones sindicales más allá del ámbito estatal, es decir, también a las que están en este ámbito en las comunidades autónomas, y me sumo también, cómo no, a la petición del señor Tardà con respecto al tema de las becas. Ustedes han aumentado los umbrales para poder acceder a las mismas, y han aumentado el importe consignado para becas, con lo cual es de esperar que el porcentaje de alumnos y alumnas de Cataluña aumente sustantivamente, pero no me refiero tanto al contenido, sino al fuero.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que se debe cumplir, y me sumo por ello a las palabras del portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.


Gasto previsto en educación. Nos ha dicho usted también que el informe de la OCDE pone el acento en que en los últimos diez años, es decir, de 1995 al año 2005 ha habido un descenso en la inversión en educación, pero que con la memoria económica de la LOE se ha invertido esta tendencia, y que para el año 2008

Página 11


estaba previsto que fuera del 4,54 del PIB. Nos ha dicho también que van a continuar, ha anunciado 95 millones de euros para el plan de apoyo de la LOE, pero me gustaría que nos dijera -porque seguro que el Gobierno ya lo sabe- cuál es la previsión de gasto en educación para los próximos Presupuestos Generales del Estado. Estamos todavía lejos de la media de la OCDE. La media de la OCDE es el 5,4 y aquí estamos en el 4,5. Ustedes han anunciado reiteradamente que nos iríamos acercando. La situación económica es la que es, es una situación de crisis, pero a mí me gustaría saber si la educación, junto con el gasto social y otras medidas, va a ser uno de los temas preferentes en los presupuestos para el próximo año 2009, y me gustaría que me lo precisara.


Hay otros temas que durante un tiempo aparecen y luego desaparecen, pero sobre los que me gustaría saber si tienen noticias al respecto. Uno de ellos es el clima escolar. En publicaciones especializadas se lee, por ejemplo, que actualmente está iniciándose el cyberbullying, es decir, las amenazas a través de SMS o de Internet. Sin querer ser en absoluto alarmista, simplemente le traslado la cuestión para que me diga qué se está haciendo al respecto.


Por último, para no agotar la paciencia del presidente, quiero referirme a algo que es un clásico de la reivindicación de mi grupo parlamentario, que es el tema de la constitución de una comisión para el estudio de la cuantía de los módulos del concierto educativo, en cumplimiento del apartado 2 de la disposición adicional vigesimanovena de la Ley Orgánica de Educación. Usted sabe, señora ministra, que lo reclamé reiteradamente la pasada legislatura. Se me dijo que este tema estaba en marcha, y sigo sin tener noticias de él, por lo que me gustaría que me precisara cuáles son las previsiones del ministerio al respecto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gómez Trinidad.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Ante todo, señora ministra, gracias por su comparecencia y también por su brevedad, porque es de agradecer a estas horas. Voy a intentar seguir su ejemplo.


La verdad es que se le ha entendido muy bien aquello de lo que ha hablado; de lo que no ha hablado, evidentemente, no lo hemos podido entender. Nos ha explicado muy bien cuáles son las principales medidas que se van a poner en marcha con la aplicación del calendario LOE, que es, evidentemente, lo que toca este año, medidas que por lo demás los que leímos la LOE y los reales decretos de calendario conocíamos. Y también gracias por sus intenciones, en las cuales coincido plenamente con usted.
Hay más coincidencia entre usted y yo de la que se imagina, el problema es cómo vamos a conseguir esos fines. ¡Pues solo faltaría! Coincido con alguna intervención anterior en que a usted ya se le empieza a ver un cierto aire de familia con el PP. Empieza usted a hablar de responsabilidad, de esfuerzo; de algunas cosas aún no se atreve a hacerlo, como es de autoridad, pero no se preocupe, es recuperar el sentido común, que, como le he dicho esta mañana y le insisto, es lo que se echa en falta en estos últimos veinte años de política educativa socialista. Ya sé que estuvimos gobernando ocho años, pero coincidirá conmigo en que nosotros lo único que hicimos fue calentar el huevo que puso el Partido Socialista entonces en el Gobierno, y lo calentamos porque era nuestra responsabilidad institucional y, cuando estábamos convencidos de que había que cambiarlo, así lo hicimos, aunque, como usted sabe, quedó abortado por razones en las que no voy a insistir. A pesar de la discrepancia, señora ministra, créame que, como coincidimos en los fines y buscamos una educación de calidad y equitativa y todas estas cosas en las que es difícil no estar de acuerdo, quiero ser leal con usted, pero la lealtad viene por decir las cosas como uno las ve y de la forma en que pueda ayudar a su ministra. Porque yo tengo interés, más que su grupo parlamentario, en que usted sea una buena ministra de educación, lo cual me obliga a decirle, sin las ataduras propias del partido, dónde se está equivocando.


Señora ministra, tenemos un problema muy gordo y es que la educación en España no va bien. Puede usted decir, con un eufemismo, que tenemos la generación mejor preparada de la historia y, evidentemente, a lo mejor hasta tiene razón. Como si dice que tenemos a la juventud más conectada informáticamente de la historia. ¡Sólo faltaría! Pero es que Internet no es un invento del Partido Socialista ni del Gobierno actual ni del anterior. El problema no es que tengamos la generación más preparada de la historia ni más moderna, el problema es si tenemos una generación preparada para afrontar los retos históricos que les está tocando vivir.
Ya vale de comparaciones con hace veinticinco ó treinta años. Por cierto, hace veinticinco o treinta años los que estamos aquí fuimos educados. Por tanto, también pido un respeto a nuestros maestros, que es verdad que sociológicamente no tiene nada que ver esta España con aquella, pero me parece que aquella educación no era tan nefasta como ahora pretendemos hacer ver. Para hacer las cosas bien no hace falta descalificar a un pasado que en cualquier caso lo hemos vivido, y ahora estamos afrontando el reto de preparar a nuestros jóvenes para el presente y para el futuro.


Usted no ha abordado el fracaso escolar más que para decir que es un problema, efectivamente, que tenemos que abordar entre todos. Me alegro de que convoque a los consejeros. Pero, ministra, la conferencia no puede ser un acto formal donde se reúna a los consejeros para decirles qué va a hacer el ministerio y, previamente acordado con una mayoría propia de la parroquia, decidir que las medidas que propone el ministerio son las mejores. En estos momentos hay un cambio histórico, el ministerio ya no tiene competencias en materia de educación y, en estos momentos, el ministerio tiene que escuchar de verdad cuáles son las propuestas de las comunidades. Las comunidades, más allá de las pretensiones

Página 12


de alguno de mis compañeros nacionalistas que antes han intervenido, han llegado a su mayoría de edad, pero no por el hecho diferencial sino por el hecho competencial, y esto a veces el ministerio lo olvida. Es verdad, señora ministra -se lo decía esta mañana y vuelvo a insistir-, que el problema que tenemos no es de un fracaso escolar, sino que es un fracaso educativo; es un fracaso educativo que es la antesala de un fracaso social y el problema está en la educación que les estamos dando a nuestros chicos, al menos durante los últimos años.


Voy a seguir, en general, para que a usted le sea más fácil, los puntos que ha ido exponiendo. Respecto de los objetivos, ya le he dicho que no puedo discrepar, solo puedo hacer algunas distinciones -si me permite- más teóricas que prácticas, pero estoy convencido de que no hay cosa más práctica que una buena teoría, es decir, tener las ideas claras.
Naturalmente que todos estamos por la equidad, pero la equidad no está reñida con la calidad, y con las comunidades autónomas españolas se ha demostrado que aquellas que van mejor en calidad también van mejor en equidad, por tanto, no intentemos refugiarnos en la equidad para excusarnos de la baja calidad. Tenemos que aspirar a máxima calidad y a máxima equidad; y algunas comunidades han demostrado que esto es posible.
Claro que tenemos que pretender que todos sean iguales, pero no confundamos el principio de igualdad de oportunidades con el principio de igualdad de resultado y a distintos esfuerzos distintos resultados. Esto es algo que ya tenemos que empezar a recuperar, sin demagogias. La calidad viene de la mano del esfuerzo, del administrativo, del colectivo, de la inversión de una sociedad y también del esfuerzo personal; y yo me alegro de que usted lo haya mencionado aquí, pero me gustaría saber cómo quiere contemplar ese esfuerzo, cómo va a primar el esfuerzo.


Habla usted de flexibilidad, las palabras pueden significar mucho o no significar nada; lo que no podemos es confundir la flexibilidad con rebajar los niveles. Mucho me temo que a veces, por determinadas medidas de las cuales luego hablaremos, se está confundiendo flexibilidad con rebajar los niveles. Ha estado usted hablando, dentro de este primer punto, de un aumento de la financiación. Está demostrado que una buena calidad es cara, pero también está demostrado que una educación cara no necesariamente es buena; esto pertenece ya a la literatura científica.
Ahora no tenemos excusa. Tenemos más dinero invertido que nunca, pero no se engañe, el esfuerzo está siendo de las comunidades autónomas. Me gustaría saber, si tiene los datos del coste que se invierte, cuánto corresponde al Estado y cuánto a las comunidades autónomas, cuánto es el dinero público y cuánto es el dinero privado que está puesto. No nos pongamos aquí medallas que a lo mejor son de todos. Sé que el esfuerzo de todas las comunidades autónomas, y por lo tanto del Estado español, ha sido enorme durante estos últimos años. Me consta que muchas comunidades en los últimos seis u ocho años casi han duplicado el presupuesto educativo.


Respecto de las novedades que ha anunciado, no son más que lo que tocaba por calendario. Ha hablado de educación infantil -ahora me referiré un poco a ello-, ha hablado del nuevo bachillerato en cuya estructura y configuración discrepo. Igual que discrepo -lo ha mencionado usted- en ciencias para el mundo contemporáneo y dice usted que uno de los objetivos es comprender y expresarse en el ámbito científico. Señora ministra, el bachillerato en España no ha estado mal del todo y todos nuestros bachilleres han sabido comprender y expresar el mundo en términos científicos. Esta asignatura es un café para todos, que no tenemos ni siquiera perfiles profesionales ajustados para la pluralidad de temas que tiene que abordar, y que por cierto ha desequilibrado la propia organización del bachillerato llevando a horarios de treinta y dos horas que han producido alteraciones en los comedores, en los transportes, etcétera; pero eso podía ser cuestión menor si la finalidad fuera importante y creo que con este instrumento no se ha conseguido.


Vamos a entrar en las políticas educativas. Señora ministra, ahora une educación y política social y usted tiene muchos remedios para conseguir el fin loable que es la conciliación de la vida laboral y familiar, pero no nos venda la parte como el todo. Tiene, en su responsabilidad en educación y en política social, que adoptar muchas medidas para la conciliación. Crear plazas de guardería en la red pública no es ni la primera ni la más importante. No nos engañemos, aún queda mucho por recorrer en el Estado de bienestar con medidas de tipo fiscal, con medidas de tipo laboral que permitan a la mujer o al hombre -como me apuntan- conciliar sus dos dimensiones.


Sobre formación profesional, la primera vez que intervine y le dije que la formación profesional había sufrido un parón durante los últimos cuatro años, usted se extrañó. Probablemente sus asesores no le habían dicho qué es lo que estaba pasando. Están hablando ahora de una gran novedad que es reconocer la experiencia laboral. Señora ministra, dígale a sus colaboradores que esto ya estaba en la Ley de Cualificaciones Profesionales; lo que no estaba era desarrollado, incluso se apuntaba su desarrollo en un real decreto que quedó anulado y las comunidades autónomas, algunas de ellas, experimentaron y algunas están reconociendo esta experiencia. El problema es de nuevo del ministerio que no ha regulado esto con carácter general y estatal, como le corresponde al ministerio, para todas las comunidades. Por tanto, no es ninguna novedad.
Es presentarse con los deberes en septiembre, pero cinco años después. No se puede pretender, cinco años después y en septiembre, querer ser el primero de la clase. La formación profesional estaba bastante bien, pero aquí hay un problema: ¿Cómo captamos a alumnos de formación profesional?.
Por cierto, también aquí hay diferencia entre comunidades. Hay una coincidencia entre el número, la proporción de alumnos de formación profesional y el PIB de las naciones, y también está ocurriendo esto en las comunidades

Página 13


autónomas. No hay que descubrir el Mediterráneo; pregunte usted qué están haciendo las comunidades autónomas para el fomento de esto. Además, ¿qué han hecho durante la última legislatura?

Dentro de la formación profesional le ha dedicado un capítulo a los PCPI.
Los PCPI en la LOE es un intento de no imitar a los PIP de la LOCE, pero es un intento malo, porque usted sabe bien -y sabe bien su equipo- que los PCPI no conducen a título. Bien es verdad que después en el desarrollo se dieron cuenta de que esto era una traba para el éxito escolar, y decidieron abrir una puerta que no deja de ser una gatera, y ya veremos quiénes utilizan esa gatera. Al alumno que no tiene el rendimiento académico que se espera de él a los 16 años, aunque han dicho que excepcionalmente a los 15 -ya van entrando en razón-, cuando termina la iniciación a la formación profesional se le da la oportunidad de que haga los módulos generales para que puedan obtener la ESO. Es decir, estamos hablando de alumnos de 18 años que cuando han adquirido alguna cualificación profesional se les dice: y ahora, chaval, estudia para que te demos la ESO. Eso es desconocer la psicología o desconocer el aula.
Esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de sentido común.
Revise usted el planteamiento de los PCPI.


Hablamos de evaluaciones. Bienvenidas sean las evaluaciones. Han tardado, pero que lleguen. Es vergonzoso decir, no para el Ministerio sino para cualquier responsable educativo, que uno aspira a la calidad si en paralelo no presenta un sistema de evaluación con el cual medir esa calidad. No por el mecachis qué guapo soy uno acaba siendo guapo, sino cuando alguien desde fuera reconoce si está cumpliendo esos objetivos.
Tengo gran confianza, porque soy optimista por naturaleza, en que estas evaluaciones que están contempladas en la LOE den su fruto. Pero, señora ministra, quiero analizarlo en esta Comisión más despacio. Por eso pediré que en el seno de la misma nos explique cuáles son los planes, cómo se van a hacer las evaluaciones de diagnóstico y cómo se van a implicar las comunidades autónomas. En cualquier caso, ya le digo que esta medida es insuficiente. De una muestra de colegios de los cuales, a su vez, se toma una muestra de alumnos no se puede inferir cómo está realmente mi hijo, mi clase, mi colegio o el sistema educativo, si queremos tener un diagnóstico profundo.


Respecto de la formación del profesorado, y voy terminando, también me parece muy bien. Han modificado. Vamos a ver cómo se configura esa formación inicial. Le felicito por el plan especial para Ceuta y Melilla, pero hay otra serie de cuestiones sobre las cuales tenemos que hablar y que usted seguramente por la brevedad del tiempo no ha hecho, pero que no dejan de ser temas importantes. Estamos asistiendo a una desvertebración...


El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, vaya terminando.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Tengo que ir terminando. Muchas gracias, señor presidente, termino enseguida. Le enumero los temas importantes.


El señor PRESIDENTE: No serán muchos.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Los que se ha dejado la ministra.


Decía que estamos asistiendo a una desvertebración efectiva del sistema educativo español por vía de los hechos. Esto está impidiendo la movilidad. No deja de ser curioso que invoquemos la movilidad, pero la movilidad entre autonomías cada vez es más difícil. Estamos asistiendo a la desvertebración por los resultados académicos de las distintas comunidades. No ha hablado usted, y es muy responsable de esto, no digo de que se ocasione, pero sí de subsanar el problema, por tanto, de poner el remedio, del derecho que tienen todos los alumnos españoles a aprender y expresarse en castellano. De las otras lenguas cooficiales ya nos ha dicho esta mañana el presidente que se va a encargar él, y los compañeros de la Comisión también lo han dicho. Pero nadie más que usted es la garante de estos derechos. Podíamos hablar del inglés. Presentamos una iniciativa. Dentro de esa alfabetización para ser competentes es fundamental el conocimiento de inglés. Podíamos hablar del paro juvenil o de educación para la ciudadanía, la bicha que nadie quiere mentar, pero con la que todo el mundo se topa cada día cuando lee los periódicos.
(Rumores.) Es un problema artificial, señora ministra, pero es un problema que tiene su ministerio y que no lo va a solucionar una resolución judicial o una sentencia judicial. Hay aquí una fractura más profunda por la que usted tendrá que hacerlo.


Me gustaría tener tiempo para las becas también y espero que sea en una sesión única. -Tranquilo, señor presidente, que ahora sí que termino.- Le apunto, por último, una cuestión que es de orden práctico y que me parece muy importante, es el sistema informático. Antes de las competencias y durante los primeros años del traspaso de competencias el ministerio tenía unos sistemas informáticos compartidos por las comunidades, el GC, el IES-2000, que permitían, no solo la movilidad, sino la gestión para todas las comunidades autónomas. Esta unidad se ha fracturado porque han ido creciendo las demandas. El ministerio asumió el compromiso de homologar y homogeneizar este sistema y durante los últimos cursos se ha quedado paralizado. Para dar respuesta a esta tarea que es de Estado, pero que también exigen las comunidades autónomas puesto que los chicos están permanentemente moviéndose, y aunque no, le pediría que tome nota para que se subsane. Por lo demás, señora ministra, le reitero lo que le digo en todas las comparecencias: Tiene en el Grupo Parlamentario Popular nuestra más leal colaboración, siempre y cuando estemos hablando de la educación y no de programas educativos realizados a espalda de lo que son las necesidades reales.


Página 14


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez López.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Señora ministra, gracias por su comparecencia en esta Comisión para informarnos sobre el inicio del curso escolar, y también sobre el conjunto de novedades y propuestas que tiene su ministerio para seguir impulsando un sistema educativo con más calidad, con más equidad y, sobre todo, con una ambición, la de convertirse en la piedra angular de una sociedad que ha de tener en el conocimiento su más firme sustento para el desarrollo de nuestra sociedad, tanto en el ámbito económico como con su mayor cohesión social. Es precisamente en el comienzo del curso escolar cuando las familias y el conjunto de la sociedad española muestran una atención especial a todo lo que concierne al sistema educativo. Por tanto, su comparecencia y el debate que estamos teniendo con todos los grupos en esta Comisión tratan temas que de verdad tienen una gran importancia en la vida cotidiana de millones de personas.
Nos decía en su información que casi 7,5 millones de alumnos y de alumnas cursan alguna de las enseñanzas que se imparten en nuestro sistema educativo, además con un incremento que está cercano al 3 por ciento. El Grupo Parlamentario Socialista le agradece toda la información que nos ha facilitado y también valora positivamente las iniciativas y programas que ha presentado que están orientados a cumplir los objetivos de la Ley Orgánica de Educación y los compromisos que ha adquirido nuestro país para impulsar los objetivos europeos fijados por la Unión Europea en la cumbre de Lisboa. De los datos que nos ha facilitado hoy, por su relevancia educativa y también por la incidencia y el impacto social que tienen, me gustaría destacar algunos. En primer lugar, y después voy a hacer también referencia a ello, el crecimiento de las plazas de educación infantil de 0 a 3 años, por lo que comporta para la educación de esos niños, para su desarrollo intelectual y emocional posterior, porque contribuye a la igualdad de oportunidades y también, como muy bien ha dicho, porque supone un paso más en la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres, con lo que también coincido especialmente.


Hay un segundo aspecto de su información que me parece relevante que también ha sido citado, el aumento del número de escolares que percibe becas o ayudas al estudio. Decía que superamos el umbral del millón y medio. Le aseguro, señora ministra, que esa es también una estupenda noticia para muchas familias españolas. De toda esa información hay que resaltar ese incremento de la financiación de la educación que está permitiendo impulsar todos los objetivos fijados en la Ley Orgánica de Educación. Señor Gómez, hay una cuestión relevante en estos momentos: en España se está recuperando la financiación, el gasto público en educación, que pasó un mal momento durante toda la etapa de Gobierno del Partido Popular. Estamos yendo a los índices que había antes de que ustedes gobernaran. Pero junto a la información sobre el sistema educativo, el Grupo Parlamentario Socialista valora positivamente las iniciativas que usted ha presentado para este curso escolar, porque todas ellas están destinadas a consolidar un sistema educativo que busca el éxito escolar, que sigue apostando por la equidad y que impulsa su adaptación a la realidad social, tecnológica o cultural que caracteriza a la sociedad española del siglo XXI. En esa dirección se sitúan muchos de sus planes o proyectos que hoy ha señalado. Es verdad que en esta Comisión se ha hablado de fracaso escolar, se ha hablado del informe de la OCDE; es verdad, y este grupo también reconoce, que en él como en otros informes españoles o internacionales se evidencian algunas debilidades de nuestro sistema educativo. Y el Grupo Socialista comparte con el ministerio y con los grupos su preocupación, por ejemplo, por el porcentaje de graduados en secundaria o, por qué no, por el porcentaje de graduados en FP de grado medio. Pero, sin ninguna duda, a la hora de valorar el estado de la educación en España, tal como hace el citado informe -me alegra también que la señora Pigem así lo haya hecho-, es preciso valorar también nuestras fortalezas y, sobre todo, analizar si la evolución que se está produciendo, gracias a las medidas que se están introduciendo, va en la dirección adecuada. No es cierto que España tenga una educación peor que antes ni que la situación sea tan mala. Yo diría que todo lo contrario. Hacía alusión la señora Pigem a un dato que aparece también en el informe de la OCDE, y que creo que es necesario tener en cuenta para ser capaces de hacer esa radiografía de cómo está la situación de la educación en España. En la generación que ahora tiene, o tenemos, 55 ó 60 años, es decir, los que teníamos entre 25 ó 30 años al comienzo de la década de los ochenta, sólo un 27 por ciento alcanzó la titulación de bachillerato o FP. Es verdad, señor Gómez, teníamos buenos maestros, pero es que el resto no pudieron alcanzar esa titulación; 27 por ciento con buenos maestros, pero el resto al margen. Y, sin embargo, treinta años después o unas décadas después, los hijos e hijas de esa generación alcanzan ya el 65 por ciento de titulación en FP o en bachillerato. Es decir, en solo una generación se ha producido una de las mayores transformaciones habidas en la educación, en el sistema educativo en este país a lo largo de toda su historia.


Creo que poco favor, señor Gómez, hacemos a nuestros profesores, a nuestro alumnado, a nuestros centros, a nuestro país y a nuestra educación, cuando constantemente se pone el acento en lo malo y no se pone en la fortaleza que se demuestra, una y otra vez, tiene nuestro sistema educativo. Reitero que me parece -y lo celebro- que en este sentido el resto de los grupos valoren esa fortaleza de nuestro sistema educativo.
También ha puesto de manifiesto el informe de la OCDE nuestra equidad, o el porcentaje de titulados en educación superior, o por qué no el esfuerzo colectivo que se ha hecho por parte de las administraciones y por parte del conjunto del profesorado para sacar a la educación española de esa triste realidad que arrastrábamos hace

Página 15


algunas décadas. Por tanto, todavía hoy tenemos que ser conscientes de que nuestro punto de partida no era bueno. Es más, ese punto de partida era desigual entre unas comunidades autónomas y otras, entre unas capas sociales y otras, debido fundamentalmente a las diferencias de orden socioeconómico que existían. Por tanto podemos decir, señora ministra, que compartimos con usted que tenemos un buen sistema educativo, pero es verdad -y lo compartimos también con todos ustedes- que es necesario hacer un esfuerzo mayor, seguir haciendo esfuerzos para mejorar la educación en España y alcanzar esos objetivos que nos hemos trazado.


Lo que hoy cabe preguntarse es, y nosotros nos preguntamos a la luz de este análisis: ¿a iniciativa del Gobierno, la iniciativa del ministerio, las propuestas que está realizando y que hoy realiza el ministerio, aquí en esta Comisión, son adecuadas para avanzar en esa dirección a partir de dónde estamos? Señorías, sinceramente creemos que sí. Saludamos la propuesta del ministerio de celebrar ese debate sobre uno de nuestros problemas, el abandono escolar, y hacerlo además en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, porque, señora ministra, no creemos que el sistema educativo en este país se esté desvertebrando; todo lo contrario, cada comunidad autónoma tiene sus competencias y el ministerio lidera un proyecto. El sistema educativo se desvertebra cuando las comunidades autónomas no cumplen las leyes o pretenden no cumplirlas.
En cuanto al currículo común para el conjunto de los españoles, ahí está lo que sucede con educación para la ciudadanía en algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular. Acaso, señora ministra, ¿no es avanzar en esa dirección el Plan Educa 3 que el ministerio ha presentado? Le decía esta mañana en la pregunta que le hacía que el Plan Educa 3 es una excelente noticia para los más pequeños y para sus familias, porque va a permitir afrontar a esos niños y a esas niñas, en mejores condiciones, la etapa obligatoria, y sobre todo algo que nos preocupa mucho: va a corregir desigualdades de origen. Entendemos que avanzar en esa dirección hacia el éxito escolar es abordar esa renovación de la formación profesional, adaptarla a nuestro momento histórico, si quiere, a nuestro sistema productivo; hacer que nuestro sistema productivo se pueda beneficiar de una nueva formación profesional. Avanzar en esa dirección es también generalizar los programas de capacitación profesional inicial, y también en esa dirección clarísimamente está el nuevo bachillerato. Un bachillerato muchísimo más adaptado a lo que es la enseñanza superior y, por supuesto, al conjunto de estudios de esa etapa del ámbito europeo.


Señora ministra, para nosotros afianzar un sistema educativo, hacerlo más sólido, significa continuar trabajando en el ámbito de la equidad. Es verdad, ya lo hemos dicho, que en estos momentos nuestra posición es buena, pero sin ninguna duda es preciso fortalecerla para afianzar esa calidad en igualdad que se logra con muchas cosas, con financiación por supuesto, pero también se logra con esa voluntad de equidad para corregir las desigualdades de origen. En ese sentido, creo que un ejemplo de lo que hace el Gobierno, su ministerio, es la política de becas, uno de los elementos fundamentales de la igualdad de oportunidades, porque, señor Tardà, se han convertido en un derecho -usted hablaba de las becas-, porque además se ha elevado el nivel de renta para todos los niños y niñas, para todos los jóvenes españoles y, sobre todo, porque se ha diversificado y mejorado el tipo de ayudas. Avanzar en igualdad son esos planes destinados a mejorar el éxito al alumnado inmigrante -el Plan PROA-o todos los que van destinados al éxito escolar. También decía, señora ministra, al comienzo de mi intervención que había que valorar la capacidad de adaptar el sistema educativo a los cambios sociales, culturales o tecnológicos que se producen. En ese sentido, valoramos positivamente el esfuerzo por reforzar las competencias básicas en los currículos, por formar al profesorado o por iniciar programas de evaluación del alumnado que ofrezcan un diagnóstico permanente; diagnóstico para mejorar para mejorar el conjunto del sistema; que sea un instrumento válido además de para el ministerio, para las comunidades y también para los centros educativos, pero nunca, señora ministra, como se pretende en algunos casos, para hacer ranking de centros. Volvemos a hablar de la situación desigual que puede haber entre unos centros y otros. Para el Grupo Socialista la educación no consiste solo en la instrucción sobre física, matemáticas o literatura, como hemos oído a alguna responsable del Partido Popular en estos días. Seguimos apostando de forma decidida por una educación que forme buenos ciudadanos, además de buenos informáticos, de buenos historiadores o de buenas matemáticas.
Para nosotros el sistema educativo ha de procurar la formación en valores cívicos, en las virtudes públicas que deben conocer y aprehender los futuros ciudadanos, pues son, sin ninguna duda, el más firme sustento de una sociedad democrática. Señor Gómez, hablamos de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, y desde aquí instamos y apoyamos al ministerio para que con todas las medidas que tiene haga posible que esa asignatura tan importante para la ciudadanía y la democracia, pueda ser realmente conocida, y aprendida y estudiada por el conjunto del alumnado de este país.


Decía, señor Gómez, que no se desvertebra nuestro sistema...


El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, vaya terminando.


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Voy a terminar en seguida, señor presidente.
Solamente una última cuestión. El inglés, la educación para la ciudadanía, las becas y el liderazgo del sistema educativo están siendo, todos, contemplados por su ministerio. Creo que la Ley Orgánica de Educación, aunque algún grupo -el Partido Popular- no la votase, no la apoyase, esta siendo una

Página 16


buena guía, un buen medio, un buen instrumento para hacer avanzar la educación en este país. Cuente, señora ministra, con el apoyo de este grupo y del resto de los grupos políticos, y con nuestra disposición -como siempre- a trabajar conjuntamente para colaborar, entre todos, a obtener ese mayor éxito escolar de nuestros jóvenes y de nuestros niños.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Voy a intentar cumplir con esta brevedad de la que hablábamos al principio de esta sesión, porque además estoy convencida de que si me dejo alguna cosa por contestar me la van a recordar todos ustedes en próximas comparecencias o por escrito y, por lo tanto, serán cumplidamente contestadas.


Ha habido varias intervenciones en esta dirección, de la señora Fernández Davila, del señor Tardà, incluso, sorprendentemente -si me lo permite- por parte del señor Gómez Trinidad. Yo tengo muy claro, y creo que en esta Comisión lo he repetido en más de una ocasión, cómo está organizado nuestro Estado autonómico, y en relación con las competencias de este ministerio, cuáles de ellas y hasta dónde están transferidas. Y como lo que de verdad me interesa es que nuestro sistema educativo -que es de lo que estamos hablando hoy aquí-, en todas y cada una de las comunidades autónomas funcione de la mejor manera posible, evidentemente, nada de lo que hace este ministerio se hace sin las comunidades autónomas, entre otros motivos, porque somos conscientes de que cualquier política que tratemos de afrontar, si no contamos con las comunidades autónomas, no va a llegar a aplicarse. Y esto no lo digo con resignación, lo digo con la convicción de que gracias a la organización autonómica del Estado algunas políticas muy importantes, como es la educación, están más cerca de los ciudadanos. Por lo tanto, nada sin las comunidades autónomas, aunque eso no signifique nunca renuncia a las competencias que sigue teniendo el ministerio y la Administración General del Estado, que son -como saben todos ustedes- la elaboración de las leyes generales y la coordinación en la aplicación de esas leyes generales.


¿Carácter finalista de algunas decisiones nuestras? En la medida en que responden a eso, pero nunca jamás sin tener en cuenta la información que nos proporcionan las comunidades autónomas. No habrá educación de 0 a 3 años sin el acuerdo de las comunidades autónomas y sin la experiencia que las comunidades autónomas tienen ya en esta etapa. No habrá reforma de la formación profesional sin tener en cuenta lo que en las comunidades autónomas se está haciendo en formación profesional. Y no habrá posible política por un mayor éxito escolar y frente al abandono prematuro del sistema educativo, si no sabemos lo que pasa en todas y cada una de las comunidades autónomas; y son esas mismas comunidades autónomas las que nos ponen de manifiesto cuáles son las propuestas que consideran idóneas para hacer frente a ese problema. Eso es lo que pretendemos hacer en esa conferencia sectorial. Queremos que las comunidades autónomas nos informen de su problema, y de qué manera se plantean cada una de ellas el abandono prematuro del sistema. ¿Por qué? Pues entre otras razones porque, como todos sabemos, esas cifras no son iguales en las diferentes comunidades autónomas y, probablemente, tienen unas razones de ser específicas, no digo ya en cada comunidad autónoma, en cada territorio, en cada región o, incluso, en cada ciudad. Y sí -no me acuerdo muy bien ahora quién lo ha planteado, me parece que ha sido la señora Pigem-, estamos estudiando la puesta en marcha de un estudio que nos ayude a entender las razones del abandono prematuro del sistema educativo. Porque nos inclinamos a entender el abandono exactamente igual que tendemos a mal leer algunos informes internacionales que hablan de educación, pero que nos están haciendo un retrato de la sociedad en su conjunto, no solamente del sistema educativo. Estamos demasiado acostumbrados a entender el abandono prematuro del sistema educativo como una consecuencia exclusiva de cómo funciona el sistema educativo; y yo creo que si seguimos empeñados en ello no conseguiremos nunca poner remedio a esta cuestión.


Es verdad que el sistema educativo debe y tiene que hacer mucho para prevenir ese abandono, en la línea de lo que he dicho en mi intervención; y me ratifico, sobre todo, en lo que tiene que ver con la flexibilidad del sistema; y flexibilidad nunca quiere decir rebaja de exigencia, nunca, sino más bien todo lo contrario, porque exige mayores niveles de responsabilidad para los jóvenes, para sus familias, para los profesores y para los centros escolares. Un sistema educativo más flexible es un sistema educativo mucho más exigente, todo lo contrario de lo que habitualmente se dice. Es verdad que desde esa mayor flexibilidad del sistema entendemos que caminamos en una vía de solución de esas tasas de abandono, que he señalado al final de mi intervención como una de las cuestiones que más nos preocupa, pero no a nosotros, no al ministerio; entiendo que nos preocupa a todos porque si no nos preocupa a todos tampoco conseguiremos ponerle remedio. Nos debe preocupar a todos, no cuando se inicia el curso escolar, que es uno de los escasos momentos del año en el que hablamos de estos temas, sino que nos debería preocupar de manera sistemática y, por lo tanto, convertirlo en un tema de debate relevante.


Insisto, sobre el abandono tenemos que opinar todos, pero para empezar las propias comunidades autónomas, sin las cuales, insisto, difícilmente vamos a hacer nada. Y, señor Gómez Trinidad, si me permite, me he sentido agradablemente sorprendida cuando ha hecho esta defensa de las competencias en educación de las comunidades autónomas -con la que estoy totalmente de

Página 17


acuerdo-; y sus compañeros de comisión no sé si se han sorprendido tanto, pero a lo mejor sí. Sin embargo, luego me ha vuelto a hablar de la desmembración del sistema educativo. Una cosa junto con la otra nos parece que no casan del todo bien. Le agradezco de verdad, y a todos los grupos, sus ofrecimientos, porque cuando hablamos de educación todos estamos dispuestos a trabajar en una misma dirección para que el sistema educativo que nuestro país exige tenga la mayor calidad y la mayor equidad. Desde luego que no son incompatibles, más bien creo que van de la mano. Muchas gracias, por tanto, por todos los ofrecimientos a todos los grupos parlamentarios. El señor Gómez Trinidad ha dicho que mi intervención empezaba a tener un aire de familia con las políticas defendidas por el Partido Popular, en el sentido de la insistencia en los niveles de exigencia, de esfuerzo individual, etcétera. Señor Gómez Trinidad, si me lo permite, esto no es del Partido Popular. Esto tiene -y ya sé que le va a parecer una heterodoxia- un origen mucho más antiguo y si me permite, por la parte que me toca, se remonta -si me deja citar un precursor- a la Institución Libre de Enseñanza. Es el principio básico de la manera de entender la educación de la tradición pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza: exigencia, responsabilidad personal y esfuerzo individual; por supuesto que sí. Esto no es patrimonio del Partido Popular y tampoco del Partido Socialista. Si en esto nos ponemos de acuerdo, a lo mejor conseguimos al final entender todos qué entendemos por educación y en qué dirección debemos trabajar, todos, para conseguir el mejor sistema educativo que queremos.


Yo sé que la señora Pigem -y de verdad que no sabe cómo se lo agradezco, y sé que lo hace porque coincidimos en la Comisión de Educación al principio de la legislatura pasada- se lee los informes, y no lo que los titulares de los medios de comunicación dicen de los informes; entonces, cuando uno se lee los informes, además de leer la prensa -que siempre hay que leerla- uno entiende qué es lo que los informes están diciendo. Y efectivamente, ha señalado tres o cuatro aspectos que se incluyen en el informe de la OCDE que ha valorado en ese sentido. Es verdad que no debemos refugiarnos exclusivamente en lo que hemos mejorado, pero la propia OCDE insiste en que sus informes solo pueden entenderse en sentido dinámico. Es decir, que una foto fija sobre la situación de la educación en un momento determinado, difícilmente podemos valorarla para bien o para mal si no tenemos en cuenta de dónde se viene y con qué ritmo se está cambiando. Es cierto que todavía estamos por detrás de muchas medias tanto de la Unión Europea como de la OCDE, pero también es verdad que hay que tener en cuenta en qué medida y a qué ritmo nos acercamos a ellas porque, si no, no entendemos lo que está ocurriendo. También es verdad que no debemos seguir hablando solamente de lo que pasaba hace treinta años, pero, como ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, estamos hablando de un salto generacional importantísimo que se ha producido entre nuestra generación y la de nuestros hijos en relación con los porcentajes de jóvenes que consiguen obtener un título de educación secundaria obligatoria o postobligatoria. Es un salto inmenso. No nos debe consolar a la hora de ver qué es lo que todavía nos separa de las medias de la Unión Europea o de la OCDE, pero olvidarlo no nos ayuda a entender cuáles son nuestros problemas. Me estoy acordando, por ejemplo, de un comentario que hice yo misma, y que luego fue entendido como se entendió, cuando se publicó el último informe PISA. En ese informe uno de los indicadores que utiliza la OCDE para explicar resultados de los jóvenes es el nivel educativo de sus padres, que es un indicador o una variable absolutamente imprescindible para entender algunos de los problemas que tienen los jóvenes en el sistema educativo.
Esta información es necesaria. No nos consuela; explica lo que explica, y evidentemente el horizonte al que tenemos que mirar es el del presente hacia el futuro, pero, insisto, esta es una información absolutamente relevante. Esto en cuanto a cuestiones generales.


Señor Gómez Trinidad, es verdad que he hecho una intervención breve. Es la historia de mi vida; siempre hago intervenciones breves. Ahora hago frases más largas; antes ponía más puntos y aparte. Ahora tengo que hacer frases más largas porque la realidad que tengo que explicar es un poco más complicada, pero desde siempre he hecho frases cortas, muchos puntos y aparte e intervenciones breves. Lo que me he dejado no me lo he dejado porque no quiera hablar de ello. Hablamos de todo lo que ustedes quieran cuando quieran, y siempre he repetido que estoy dispuesta a comparecer ante esta Comisión siempre que sea necesario. He hablado de lo que he considerado esencial para una comparecencia como la de hoy: cuál es el sistema educativo, cuáles son las novedades de este curso y cuáles son las líneas de actuación de la política del ministerio. Podemos hablar de todo lo que usted quiera; también, señor Tardà de la tercera hora de castellano, de educación para la ciudadanía, problemas que me parecen absolutamente fundamentales pero que, si me permiten, podían distraer del objetivo fundamental de esta comparecencia, que tenía un carácter de intervención inicial a comienzo de curso. Educación para la ciudadanía me parece una materia importantísima, pero, si me permite, no me parece que sea, como se ha repetido hasta la saciedad, la principal novedad de aportación del Gobierno a la mejora de la educación. No estoy de acuerdo con esta afirmación y, desde luego, no es mía. Me parece muy importante, pero no es lo básico ni la aportación fundamental ni el tema del que debamos hablar de manera sistemática, impidiéndonos a nosotros mismos hablar de otras cuestiones que me parecen absolutamente fundamentales.


Cuestiones concretas. Señora Fernández Davila, espero haberle aclarado todos sus recelos respecto a las decisiones finalistas del ministerio en relación con las comunidades autónomas. Insisto, sin las comunidades

Página 18


autónomas no podemos hacer nada, y esto lo tenemos muy claro. Sin las organizaciones sindicales, aunque sean de ámbito autonómico, a la hora de seguir debatiendo sobre el estatuto de la función docente tampoco haremos nada; lo sabemos. Y no lo sabemos de manera resignada, insisto, sino de manera positiva, puesto que tenemos el Estado autonómico que tenemos.
Ahora bien, de la misma manera, insisto -ya no lo repito más-, yo soy también muy celosa de mis competencias y por supuesto que las voy a apurar, pero esto no solamente no es incompatible con lo otro sino que en el Estado en el que vivimos es absolutamente complementario, porque, si no, no funciona. Becas. Yo tenía entendido, pero estoy dispuesta a revisarlo, que en la legislatura pasada aprobamos un decreto de bases de becas en el cual al menos -ya sé que aquí no nos acabaremos de poner de acuerdo, pero seguro que al final en algún momento lo conseguimos- aplicábamos o reconocíamos la famosa sentencia del Tribunal Constitucional. Probablemente hay interpretaciones sobre si se recoge o no, pero desde luego estaba en ese decreto de bases, y de hecho en la política de becas abrimos una posibilidad, a través de la horquilla en determinados tipos de becas, de iniciar esa política desde las comunidades autónomas que espero que se desarrolle. En cualquier caso, otra de las iniciativas del ministerio -se ha plasmado en esta legislatura pero viene también de la anterior- ha sido pedir a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas una evaluación de la política de becas. En esa evaluación de la política de becas, es decir, de cómo está funcionando nuestro sistema de becas, indudablemente se van a poner de manifiesto cuestiones que han sido comentadas aquí y a las que estoy segura que podremos hacer frente con más información.


Señor Tardà, respecto a Ceuta y a Melilla, si me permite, en cuanto esté el plan elaborado y desarrollado veremos si cumplimos o no con los problemas de la lengua que no sé si es mayoritaria o no pero que en cualquier caso tiene una presencia indudable en estas dos ciudades y el impacto que indudablemente eso tiene en los niveles de fracaso escolar.
Hablaremos de ello en cuanto esté elaborado el plan. Señora Pigem, sé que en la legislatura pasada pidió la creación de una comisión. Creo recordar que se le contestó que primero tenía que producirse el desarrollo de los currículos y hasta donde yo sé ha vuelto a hacer la petición hace pocos días. Espero que podamos cumplir con este compromiso en esta legislatura.
También le puedo decir que en relación con el clima escolar y el ciberbulling estamos poniendo en marcha iniciativas que también traeremos a la Comisión y que espero cumplan con el objetivo que ya mencioné en alguna comparecencia pública de conseguir que estos medios que nuestros jóvenes utilizan fundamentalmente desde el móvil y que se está empleando de manera perversa pueda utilizarse precisamente para luchar contra esa perversión en la utilización. Estamos trabajando en ese tema y espero que podamos tener algún programa en breve.


Se han hecho comentarios sobre los programas de formación profesional inicial. El señor Gómez Trinidad dice que ya estaban en marcha -no sé; trataré de recabar la información- o algo parecido. No, me ha dicho que reconsiderara cómo están diseñados porque no van a conducir a lo que se supone que tienen que conducir. Señor Gómez Trinidad, a lo mejor soy muy ingenua o muy optimista y pienso que las cosas que ponemos en marcha van a llegar a cumplir el objetivo para el que están diseñadas. A lo mejor luego la realidad nos las devuelve pervertidas y no se consiguen, pero la voluntad es que quienes cursen esos programas de formación profesional inicial tengan una formación profesional inicial pero además tengan la oportunidad de obtener el título de educación secundaria obligatoria.
Haciendo un esfuerzo adicional, sí; evidentemente. Exactamente igual que cuando pongamos en marcha los procedimientos de reconocimiento de méritos profesionales y su traducción en un título de formación profesional el trabajo y los méritos profesionales contarán, pero para tener un título de formación profesional habrá que hacer algo más, por supuesto; si no, estaríamos rebajando la calidad y el nivel de exigencia del sistema.


Seguro que me he dejado algunas cuestiones, pero antes de que el presidente me diga que ya se me ha acabado el tiempo quiero hacer un último comentario sobre evaluaciones, porque el señor Gómez Trinidad las ha mencionado y no sé si ha habido alguien más. Es muy importante, absolutamente básico e imprescindible para que la Ley Orgánica de Educación llegue a cumplir con los objetivos que se marca la ley y que es exactamente eso, más calidad en la educación y para todos -lo hemos repetido desde que la ley empezó a discutirse-, que el sistema se evalúe de manera sistemática. La ley contempla unas evaluaciones de diagnóstico que se iban a poner en marcha el curso pasado, pero la permeabilidad de todo el sistema, la cultura de la evaluación, tiene que ir mucho más allá. Este es un empeño que tenemos y que vamos a poner en marcha en este curso y a lo largo de esta legislatura. Insisto, las evaluaciones de diagnóstico forman parte de algo que tiene que ser mucho más general y que es la penetración de la cultura de la evaluación en todo el funcionamiento del sistema educativo. Cuando digo todo quiero decir también del proceso de implantación de la ley. La Ley Orgánica de Educación tiene prevista su propia revisión en caso de ser necesario. De ese proceso de evaluación forma parte algo que me importa señalar para terminar. Los méritos del buen sistema educativo dependen de muchísimos agentes y factores. Como ministra de Educación, nunca jamás me voy a apuntar como mérito propio lo que no me corresponde. Que el sistema educativo funcione depende de la comunidad educativa, de los profesores, de las familias, de las administraciones, de la sociedad en general. Yo no me apunto como mérito propio lo que no me corresponde, insisto. Como sí espero que la Ley Orgánica de Educación consiga poner nuestro sistema educativo a la altura que tiene que estar, cuando reconozcamos eso,

Página 19


desde luego por mí no va a quedar el reconocer los méritos de todos los que hayan efectivamente colaborado al buen éxito de nuestro sistema educativo. Para eso hay que empezar por reconocerle lo que tiene de bueno y no acumular críticas sistemáticas que lo único que hacen es desmoralizar a la comunidad educativa y desmotivar a los estudiantes.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, como ustedes saben, la ministra cerrará en todo caso el debate. ¿Alguna de SS.SS. tiene interés en tomar la palabra? (Pausa.) La señora Pigem, el señor Gómez Trinidad y la señora Martínez López. ¿Hay alguien más? (Pausa.) Muy brevemente tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señora ministra, muchas gracias por sus respuestas. Tomamos nota de que, de acuerdo con lo que le hemos solicitado en nuestra intervención, se va a hacer un estudio para averiguar las causas del abandono prematuro, que parece muy interesante e importante. Tomo nota respecto al tema del ciberbullying y estaremos también sobre ello. Me gustaría incidir en el gasto público en la educación. La pregunta es sencilla: ¿Cuál es la previsión para los próximos Presupuestos Generales del Estado? Segunda pregunta, para la que tampoco he encontrado la respuesta: ¿Los recursos para el Plan Educa 3 van a estar territorializados para de esta manera respetar la competencia exclusiva, al menos la de Cataluña, respecto a la organización de la educación infantil en este primer tramo? En tercer lugar, las becas.
Podemos revisar lo que queramos, pero nos habríamos dado cuenta de que nos han llegado los recursos en bloque y que de alguna manera la competencia de las comunidades autónomas, por lo menos la de Cataluña, donde se recoge la sentencia del Tribunal Constitucional, es adaptar el otorgamiento de estas becas de acuerdo con las peculiaridades territoriales, si no recuerdo mal del texto literal del cuerpo de la sentencia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gómez Trinidad por el mismo tiempo.


El señor GÓMEZ TRINIDAD: Permítame que antes de dirigirme a la ministra le dé un saludo a mi compañera la señora Martínez. Le agradezco mucho la atención que me presta. Es magnífico que usted elogie la tarea de la señora ministra. No hace falta que la defienda. Tenemos una magnífica ministra y me da respuesta a aquello que considera oportuno. De todas formas, si yo no pusiera de manifiesto lo que es mejorable, nos podrían ocurrir dos cosas, que muriéramos de gozo o que nos hiciésemos trampa al solitario, y el pueblo español, como se suele decir, no me ha votado para que venga a morir de gozo ni para hacernos trampas al solitario.


Ministra, sé que no me ha contestado a algunas cosas, que no ha abordado algunos temas, pero yo mismo le he dicho que espero que sean debatidos con más intensidad. No existe ningún antagonismo entre apostar por el traspaso de competencias y estar vigilantes de que no se produzcan desfases entre las distintas comunidades. Hay que recordar que fue el Partido Popular el que culminó el traspaso de competencias y además estando el señor Rajoy; luego la apuesta decidida por hacer el traspaso definitivo fue del Partido Popular, lo cual no quita para que en determinadas actuaciones y sobre todo en programas concretos el ministerio ponga condiciones para que se acepten con todas sus consecuencias tal como los pone el ministerio o incluso determinadas reglamentaciones, lo que me parece que es no considerar en estos momentos la mayoría de edad de las comunidades autónomas. En cualquier caso, es cuestión de matices y en otro momento lo podemos debatir y podré decirle qué es lo que considero que el ministerio está atropellando en algunos casos.


En cuanto al sentido de la responsabilidad, yo le decía en tono irónico: Está volviendo a términos del Partido Popular, y a continuación: No se preocupe que esto no es del Partido Popular sino del sentido común. Claro que hay Institución Libre de Enseñanza. En cuanto al cristianismo, también ha hablado de la responsabilidad. ¡Pues menudo planteamiento el del cristianismo! Y si nos apuramos, los griegos. Pues naturalmente.
Desde que el hombre es hombre quien la hace la paga. La responsabilidad no es patrimonio de nadie, es de todos.


En cuanto al salto generacional en que insiste la señora Martínez, claro que lo hemos dado, pero cuando estamos haciendo una evaluación del sistema educativo no estamos dando una clase de historia. Señora Martínez, usted está mirando por el retrovisor, y una de dos, o va a coger tortícolis o se va a pegar un leñazo impresionante. Haga usted reflexión sobre qué se ha hecho en su ámbito y en su responsabilidad, la suya y la de su partido, durante los veinte años que lleva usted con responsabilidades educativas. Antes ni de usted ni de mí dependía.
Tenemos que dar respuesta de aquello sobre lo que nos ha correspondido tener protagonismo, y al menos son los últimos veinte años, y de esto tenemos que hablar, no de lo que ocurrió antes de los veinte años.


Respecto de la educación para la ciudadanía, ministra, estoy de acuerdo en que no es lo básico. Soy el primero que lo dice, pero desde luego es necesario solucionarlo para dedicarnos precisamente a lo básico. Claro que se están haciendo muchas cosas bien y por parte de todos y hay que reconocerlo. Lo que digo es que para lo bueno y para lo malo cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad, como en la financiación de las comunidades autónomas, que han hecho un gran esfuerzo. Por lo demás, le agradezco su aportación, su talante, señora ministra, y seguiremos hablando e intentando solucionar los problemas, que es lo que nos interesa a todos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Martínez López. Espero que conserve usted todos los puntos en el carné.


Página 20


La señora MARTÍNEZ LÓPEZ: Había pedido la palabra fundamentalmente para agradecer a la señora ministra su comparecencia, su aportación y también algo para nosotros muy importante, que es la propuesta de debate sobre el abandono escolar desde la complejidad que el tema tiene y, señora ministra, con la serenidad y el equilibrio con que usted lo plantea.
Señor Gómez -también le saludo como gran conocedor de la educación, además hemos compartido desde distintas comunidades autónomas preocupaciones y acuerdos por la educación-, sabe perfectamente que para acertar en las medidas es necesario hacer un diagnóstico concreto. Si los diagnósticos no son correctos, las medidas no suelen ser acertadas. Por eso, señora ministra, estamos haciendo un buen diagnóstico pero también miramos al futuro, que es lo que el ministerio y este grupo quieren hacer.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para cerrar el debate, la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE (Cabrera Calvo-Sotelo): Señora Pigem, me va a permitir que no desvele el debate presupuestario antes de que se haya cerrado incluso en el seno del propio Gobierno, pero sí le puedo decir que nuestra voluntad, anunciada por el presidente del Gobierno, es cumplir con los compromisos en educación y con la memoria económica de la ley e incrementar la inversión en becas.
Veremos qué resulta finalmente en los presupuestos, pero las previsiones son esas. En relación con las becas y la sentencia del Tribunal Constitucional, insisto en que en ese decreto de bases, que creo que pasó por informe del Consejo de Estado, se supone que está recogida la sentencia del Tribunal Constitucional. Le acepto que las interpretaciones sobre la sentencia no coinciden, pero está recogida en ese decreto básico sobre becas, que es en su plasmación también -insisto- una medida que abre una posibilidad de actuación en becas que todavía no se ha puesto en marcha, con la apertura de horquillas en las cuales las comunidades autónomas podían desarrollar su propia política de becas. En cualquier caso, también entiendo, al hilo de lo que le comentaba sobre la evaluación que hemos pedido de la política de becas, que seguiremos hablando de esta cuestión porque estoy convencida de que el objetivo de todos es conseguir que nuestra política de becas funcione y responda a la realidad y que, efectivamente, dé respuesta a las necesidades y a las exigencias de la sociedad.


Señor Gómez Trinidad, muchísimas gracias de verdad por lo que ha dicho al final de su intervención sobre que trabajaremos todos por la mejora de nuestro sistema educativo. Estoy completamente de acuerdo. Le reconozco -antes no se lo dije- que, indudablemente, el esfuerzo en financiación de la educación por parte de las comunidades autónomas ha sido básico, y vuelvo a lo que decía antes: no me voy a apuntar lo que no es mío. El esfuerzo del Ministerio de Educación y de la Administración General del Estado ha sido muy grande, extraordinariamente grande, porque la Ley Orgánica de Educación ha sido la primera ley educativa que nació con una memoria económica de 7.000 millones de euros, y eso sí es Administración General del Estado, y además el Ministerio de Educación dobló su presupuesto durante la legislatura pasada. Eso por lo que corresponde a la Administración General del Estado, lo cual no quita en absoluto el reconocimiento del esfuerzo que las comunidades autónomas han hecho en este sentido. En relación con educación para la ciudadanía, señor Gómez Trinidad, las leyes que aprueba el Parlamento están para cumplirse mientras los tribunales no digan lo contrario, y las administraciones educativas están para cumplir la ley. Lo ha dicho el propio señor Rajoy, no hablando de educación para la ciudadanía, pero sí de la obligación que tienen todas las administraciones de cumplir las leyes. Cumplamos la ley, es fácil la solución. No vamos a hacer trampas en el solitario ni vamos a venir a hablar aquí de lo que no interesa. Nadie espera que en una comisión parlamentaria nos dediquemos a alabarnos unos a otros, pero entiendo que tiene todo el sentido frente a determinadas opiniones, por desgracia demasiado frecuentes, respecto a nuestro sistema educativo que haya intervenciones que resalten lo que nuestro sistema educativo tiene de absolutamente positivo.


Muchísimas gracias de nuevo a todos los grupos parlamentarios, y seguro que nos veremos con frecuencia a lo largo de este curso.


El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir durante tres o cuatro minutos la sesión para despedir a la señora ministra. (Pausa.)

DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE LA TRANSFERENCIA Y FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS COMPETENCIAS SOBRE EXPEDICIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS, PROFESIONALES Y UNIVERSITARIOS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000179.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar la sesión con el debate y votación al finalizar el debate de las cuatro proposiciones no de ley que figuran en el orden del día. La primera se refiere a la transferencia y financiación de los servicios de las competencias sobre expedición y homologación de títulos académicos, profesionales y universitarios a la Generalitat de Catalunya, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para la defensa de

Página 21


la proposición no de ley tiene la palabra el señor Tardà por diez minutos.


El señor TARDÀ I COMA: Intentaré intervenir menos tiempo atendiendo a que todavía quedan cuatro puntos del orden del día y es muy tarde. Quiero empezar autocorrigiéndonos en la exposición de motivos puesto que hubo un error que vale la pena mencionar. Quien leyera esta exposición de motivos vería que entra en contradicción con la parte dispositiva en tanto en cuanto el artículo 131.4 del Estatuto de Autonomía da competencia a la Generalitat de Catalunya para la homologación de títulos académicos y profesionales estatales en materia de enseñanza no universitaria, y en la parte dispositiva pedíamos la expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales estatales y la expedición de los títulos universitarios oficiales, respectivamente. Nos referimos a una demanda de la Generalitat de Catalunya realizada este verano y dirigida al Ministerio de Sanidad para poder contratar médicos extranjeros que se encontraban a la espera de la homologación de su titulación, pero no ha lugar a esta referencia puesto que la homologación es una competencia estatal y no autonómica. Reconozco este error y por eso lo menciono.


La razón de esta proposición no de ley nace de la preocupación al observar que a pesar de los dos años que ya llevamos de vigencia del nuevo Estatuto de Autonomía solo se han realizado once traspasos, alguno de ellos incluso extra estatutario. Si tenemos en cuenta que el cálculo aproximado eleva la cifra de los traspasos necesarios a 244, a este paso tendríamos que tener una vida muy larga para ver el Estatuto transferido en todas sus potencialidades, lo cual me lleva a recordar que el de 1979 finalizó sus días de vigencia con 70 competencias pendientes. Digo esto porque se trata de aprender de la historia. Por eso nuestro afán es que los engranajes de la Comisión mixta, que es la que tiene que agilizar los trabajos, no entre en una zona de silencios y de trabajos a una velocidad muy baja. Por eso pedimos que la capacidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña para expedir y homologar las titulaciones no universitarias forme parte de la forma más inmediata posible de la hoja de ruta de la Comisión mixta, puesto que esta es la que tiene que hacer los trabajos para que luego sea la parte gubernamental la que eleve, a través de un real decreto, todo lo aprobado en la Comisión mixta. Es cierto que el Estatuto de Autonomía deja claro en el artículo 172.3, igual que en el caso anterior de los títulos no universitarios, la competencia ejecutiva de la Generalitat de Catalunya, aun cuando es cierto que la titulación las expiden universidades, las cuales están sujetas, a su vez, a su autonomía, tal como regula la Ley Orgánica de Universidades. Para nosotros es fundamental que se agilicen los trabajos. Entendemos que esta es la orientación que se consagra en la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y que aceptándola queda resuelto el tema de las titulaciones no universitarias. Queda pendiente de qué forma se va a dejar explícito el tema de la expedición, que no homologación, de los títulos universitarios.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Palma.


La señora PALMA MUÑOZ: El portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha dejado claro el porqué de esta proposición no de ley y los motivos que han generado cierta confusión en su comprensión a todos los que la hemos leído y analizado. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda para contribuir a aclarar lo que en este momento y en relación con las transferencias de competencias se puede hacer de acuerdo con el nuevo Estatuto de Cataluña. La enmienda fue presentada a principios de junio. Entendemos que se hizo al calor de una polémica pública, a la que se ha referido el señor Tardà, sobre la falta de médicos especialistas, dificultades que se han resuelto en estos últimos meses al estar de acuerdo el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial de Sanidad, a lo que hacía referencia hoy en el Pleno el ministro de Sanidad, con el desarrollo del artículo 18 de la LOPS, Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, para agilizar el reconocimiento de las especialidades médicas.


Por otra parte, la otra voluntad que late en el texto de esta proposición es dar cumplimiento al Estatut de Catalunya. Absolutamente de acuerdo en dar cumplimiento a las transferencias que conllevará el tema del Estatut, pero a día de hoy la Comisión mixta de transferencias ya tiene muy avanzada la negociación de lo que es transferible sobre la base de estos dos artículos del Estatut de Catalunya a los que se ha hecho referencia.
El primero de ellos tiene que ver con la expedición y homologación de los títulos académicos no universitarios, y el segundo con la expedición de los títulos universitarios. Entendiendo que el Estatut de Catalunya en estos artículos reconoce competencias que la Generalitat de Catalunya ya ejerce, como es el caso de la expedición de los títulos no universitarios y de la expedición de los universitarios a través de sus propias universidades, la competencia susceptible claramente de transferencia en el marco de la comisión mixta es la homologación de los títulos académicos no universitarios. Hemos presentado esta enmienda para ajustar y afinar a la realidad de la negociación y del desarrollo estatutario, y por ello pedimos el voto a favor del resto de los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular ha solicitado que alteremos -digo esto para avisar con tiempo- el orden del día y que pasemos el punto 4.º, proposición no de ley para territorializar la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social, al punto siguiente porque había algún problema con algunas de las señoras y los señores diputados que tenían viajar. Si no hay inconveniente de ningún grupo,

Página 22


podemos alterar el orden del día y que la siguiente proposición no de ley que debatamos sea esa. Digo esto para que avisen, pero están presentes todos los que van a intervenir, con lo cual no hay ningún problema.
¿Están de acuerdo? (Pausa.) Alteramos el orden del día de esta manera.
Después de proposición no de ley que se está viendo, debatiremos la que consta en el orden del día como punto 4.º

Ahora tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señor presidente, tomo la palabra para explicitar que nuestro grupo parlamentario votará favorablemente esta iniciativa de Esquerra Republicana con las autocorrecciones y la aceptación de enmiendas que ha anunciado el propio compareciente. Lo vamos a hacer -voy a ser muy breve- tanto por el fuero, es decir, somos un grupo absolutamente partidario de que se transfieran de manera inmediata a la Generalitat de Catalunya las competencias y servicios previstos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña con sus recursos correspondientes, como por el contenido. Nos parece muy importante que de esta manera se puedan agilizar la homologación y las capacitaciones de profesionales que son necesarios para determinados ámbitos, más allá del ámbito que quizá propició en aquel momento esta iniciativa que fue el sector sanitario. Sin embargo, más allá de ese ámbito hay otros ámbitos en donde tanto el sector necesita personas capacitadas, como los propios trabajadores necesitan agilización en la homologación de sus titulaciones para poder acceder en condiciones al mercado de trabajo. Esto desde nuestro punto de vista debe hacerse por la Administración próxima, que es la que conoce las necesidades, y por la Administración competente. Por todo ello vamos a dar nuestro voto favorable.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Me permitirá el señor presidente y los miembros de la Comisión manifestar, en primer lugar, mi creciente perplejidad ante esta iniciativa, ante la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista y ante las intervenciones tanto del señor Tardà como la de la diputada que ha defendido la enmienda socialista, por lo siguiente.
Primero, estamos en el típico asunto en el que el contenido de la iniciativa de Esquerra Republicana afecta tanto a lo que podíamos denominar las competencias del Ministerio de Educación y Asuntos Sociales, o como se llame, como al nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación. Por lo tanto, supongo que cuando se trata de este tipo de asuntos se calificará a qué Comisión corresponde cogiendo una moneda al aire y según caiga de un lado o de otro. Pero esta perplejidad aumenta cuando he visto la documentación, los antecedentes, para poder plantear la posición del Partido Popular y me he encontrado con el Real Decreto 1388/2008, de 1 de agosto, sobre ampliación de funciones y servicios traspasados a la Generalitat de Catalunya por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en materia de enseñanza, homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias. Ni el señor Tardà ha hecho referencia a ese real decreto ni la portavoz del Grupo Socialista. Pero la enmienda del Grupo Socialista lo que dice es: impulsar, en el marco de la Comisión mixta de transferencias, el proceso de negociación entre la Generalitat de Cataluña y la Administración General del Estado para transferir los servicios correspondientes sobre homologación de los títulos académicos y profesionales estatales en materia de enseñanza no universitaria, garantizando los recursos necesarios para el ejercicio de dicha competencia. Por lo tanto, si esta enmienda es la que votamos, quiere decir que no hay acuerdo sobre el contenido del real decreto de agosto, del que he entendido - y a lo mejor estoy muy equivocado- que zanjaba el asunto, que había pleno acuerdo porque está firmado por el representante de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Administraciones Públicas, sancionado por el conjunto del Gobierno y con entrada en vigor al día siguiente de su publicación, aportando un anexo con los servicios transferidos y el modelo de credencial, características, el dinero, personal funcionario, personal laboral, etcétera. Y creía -esta ha sido mi modesta interpretación- que lo que quedaba pendiente -y de ahí mi perplejidad- es que un asunto que afecta tanto a títulos no universitarios como a títulos universitarios no hubiera sido objeto de una sola negociación y de un acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y la Administración General del Estado que zanjara el asunto. He visto, por el contrario - y está de moda hablar en esta Cámara de la coordinación entre los ministerios, del Gobierno y de la tarea de la señora Fernández de la Vega y a qué se dedica- que al parecer, según mi interpretación, con el Ministerio de Educación se ha llegado a un acuerdo en materia no universitaria y, sin embargo, queda pendiente la negociación en materia universitaria. Supongo que eso es así porque en el Ministerio de Ciencia e Innovación hasta muy avanzado el mes de julio no ha aparecido el decreto de organización del ministerio, es decir, tres meses de parálisis de ese ministerio, un desastre absoluto. He comprobado en el decreto que las competencias clarísimas para la homologación de títulos y expedición de títulos en materia universitaria corresponden a dicho ministerio. Por tanto, algún tipo de aclaración se tiene que dar sobre cuál es el sentido de nuestra votación, si Esquerra Republicana ha aceptado la enmienda de transacción del Grupo Socialista. Es decir, si lo que aquí se pretende que votemos es que siga la negociación, en el marco de la Comisión mixta de transferencias, exclusivamente sobre homologación de los títulos académicos en materia de enseñanza no universitaria, y dejamos ad calendas graecas la de los títulos universitarios.


Dicho lo cual, quiero manifestar en estos momentos la posición de mi grupo en relación con el asunto que

Página 23


nos ocupa, aunque, por la lectura del decreto veraniego del 1 de agosto, me imagino que estamos debatiendo una cosa ya prejuzgada, porque yo creo que los criterios están muy claros y el Gobierno ya se ha pronunciado al respecto. Mi posición es firmemente contraria a la solución del Real Decreto del 1 de agosto, por tres motivos de coherencia. En primer lugar, por coherencia con nuestros propios actos, los del Grupo Parlamentario Popular, ya que presentamos en la legislatura anterior un recurso de inconstitucionalidad del Estatut -que yo tuve la honra de firmar personalmente-, y en ese recurso de inconstitucionalidad, precisamente, planteamos la necesidad de pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación con los artículos 131 y 172, que son la base de la pretensión de la iniciativa de Esquerra Republicana. Por lo tanto, a mí me parece que lo prudente sería esperar el pronunciamiento del Alto Tribunal para atender la doctrina que establezca al respecto, porque se trata de un tema sumamente delicado, señor presidente, aunque tengo que reconocer que el Tribunal se está haciendo de rogar, lamentablemente, lo que está provocando daños ya incalculables a nuestro ordenamiento jurídico. El Gobierno ha dado ya un primer paso, inequívoco. No ha esperado a la doctrina del Tribunal Constitucional y, dando ese paso, ha cometido una acción irresponsable. Por tanto, no se puede desvincular mi análisis de la proposición no de ley de Esquerra Republicana del Real Decreto del 1 de agosto.


Entrando rápidamente, señor presidente, en lo que está en juego, que es de enjundia, diré lo siguiente. Primero, que es preciso distinguir entre expedición de títulos y homologación y reconocimiento de títulos extranjeros, y no hay nada que objetar en lo que se refiere a la expedición de títulos. La competencia ejecutiva de la expedición de los títulos, por otra parte, está ya traspasada desde hace mucho tiempo. La tienen, en las materias no universitarias, las comunidades autónomas y, en materia universitaria, los rectores. Tanto desde la Ley de Reforma Universitaria, como la LOU, como la reforma de la LOU, los expide el rector en nombre del Rey. Pero otra cosa muy distinta es la homologación de los títulos extranjeros, se trate tanto de enseñanzas universitarias como no universitarias. La homologación es un acto jurídico singular de cada caso que entraña lo que técnicamente es una calificación. No es una competencia ejecutiva de un mero acto administrativo, de pura ejecución de un acto reglado, porque calificar, como dice el diccionario de la Real Academia Española, consiste en apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o algo. Por tanto, esa actividad de apreciar es un acto jurídico, de naturaleza compleja, discutible, que entraña una interpretación de la norma, porque sabemos que las condiciones generales de homologación nunca pueden ser exhaustivas. Es imposible que haya tablas de equivalencia completas y que contemplen todos los supuestos, por lo que la calificación, vuelvo a insistir, entraña un elemento subjetivo de apreciación. Por eso, la base de esa calificación es un tratado internacional y en nuestra concepción del Estado, sustentado evidentemente en los parámetros constitucionales, esta debe ser una competencia irrenunciable del Estado, porque lo exige la propia naturaleza del acto. El asunto es grave por las importantes consecuencias que tiene. La homologación de un título otorga derechos importantes y, por tanto, esta decisión de desapoderar al Estado en este ámbito es grave, es peligrosa y nosotros estamos radicalmente en contra. Estas dificultades aparecen en el propio Real Decreto del 1 de agosto, ya que este establece una comisión técnica de colaboración entre la Generalitat y la Administración del Estado, para homogeneizar y armonizar la aplicación de los criterios de homologación y convalidación, que por tanto pueden ser discrepantes. Pero ese mecanismo de cooperación -y eso es grave, señor presidente- se hace inter pares, entre iguales. No hay una posición de superioridad del Estado, no se prevé en el decreto -nos parece una chapuza- un ente que dirima esas posibles discrepancias.


Hay otro elemento del modelo establecido en este decreto veraniego que no se puede pasar por alto y que dice textualmente: Las resoluciones del órgano competente de la Generalitat de Catalunya tendrán efectos en todo el territorio nacional. Si esto es así y otra comunidad autónoma consigue lo mismo, habrá diez, doce, catorce o diecisiete ventanillas para homologar los títulos extranjeros para el conjunto de España, y el extranjero de turno, el británico, el paraguayo o el que sea podrá elegir entre las distintas ventanillas. (El señor Tardá i Coma: ¡O en Mongolia!) ¿Qué pasa además con el Real Decreto 1988, de 29 de enero, que era el que regulaba con un enorme rigor jurídico las condiciones, los criterios para realizar el acto administrativo, esta homologación o esta convalidación, y que no se cita? Por tanto, manos libres. Supongo que la Generalitat de Catalunya tendrá que elaborar el correspondiente decreto para aplicar esas normas, porque no aparece en el Decreto de 1 de agosto.


Termino, señor presidente. Por todas estas razones nos parece que la homologación de títulos extranjeros es una competencia inherente al Estado que no debe ser transferible ni delegable. Así se ha entendido hasta este momento. Obviamente, esperamos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El Gobierno socialista contrae una nueva responsabilidad en este nuevo episodio de desmantelamiento de nuestro Estado, en un asunto que afecta a la igualdad en el ejercicio de derechos básicos en todo el territorio nacional en el ámbito profesional y que afecta a la seguridad jurídica. Algunos pensarán que este tema es de detalle, que no tiene importancia, pero no es así, señor presidente, no es así, sobre todo para los que creemos que un Estado tiene unas funciones absolutamente irrenunciables y por tanto creemos que este paso va en contra del interés general. Por esa razón expresamos nuestra posición contraria, nuestra preocupación y nuestro voto en contra.


Página 24


El señor PRESIDENTE: Para aceptar o rechazar la enmienda, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, aceptamos la enmienda tal como ya hemos expuesto en la intervención anterior.


- PARA TERRITORIALIZAR LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IRPF DESTINADA A OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000239.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para territorializar la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social. Para defender la proposición, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Llegamos a la consideración de esta proposición no de ley, que pretende proponer al conjunto de los grupos de la Cámara la solución, desde un consenso social y político amplio que existe en Cataluña, a la vieja cuestión del reparto de las subvenciones que se gestionen en relación con el 0,52 por ciento -hoy el 0,7 por ciento- del IRPF. La solución concreta que planteamos está muy vinculada precisamente al aumento del tanto por ciento que se destina a fines de interés social del 0,5 al 0,7. Nos encontramos en un contexto en el que en el año que viene la cantidad de dinero que se va a gestionar en relación con estos programas va a doblarse; estamos hablando de que este año el Estado habrá repartido alrededor de 144 millones de euros.
Previsiblemente en el próximo año el Estado, las administraciones, van a repartir 223 millones de euros. En Cataluña se ha formulado un consenso desde la sociedad civil que creo que compartimos todas las fuerzas políticas catalanas. Lo compartimos con Esquerra Republicana, con Iniciativa per Catalunya y lo compartimos con el propio Partido Socialista de Cataluña, que en su programa electoral formulaba una propuesta de estas mismas características. Desconozco exactamente las posiciones que mantiene el Partido Popular de Cataluña, pero en todo caso, diputados del Partido Popular de Cataluña habían manifestado a la Taula del tercer sector su coincidencia en este planteamiento. Planteamos que precisamente en este contexto de crecimiento del conjunto de los recursos que se destinan al IRPF de interés social se optase por repartir al 50 por ciento la gestión del mismo. Que un 50 por ciento fuese distribuido por parte de los gobiernos autonómicos y que un 50 por ciento fuese distribuido por parte de la Administración General del Estado.
Insisto, esa es la propuesta que se formula desde la Taula del Tercer Sector de Catalunya, que agrupa a todo el tejido asociativo de Catalunya, desde la Cruz Roja y Cáritas a todo el mundo de la discapacidad, a todo el ámbito de la educación en el tiempo libre, tanto los movimientos scouts como los movimientos d'Esplais hasta todas las entidades que trabajan en la lucha contra la pobreza. Asimismo, en el marco estatal ha sido asumido por la red de la lucha contra la pobreza en España. Por tanto, una propuesta que no responde tanto a un planteamiento exclusivo de Convergència i Unió sino de un consenso que en Cataluña existe y que además nos parece que responde, por un lado, al reparto de competencias que se articulan en los diversos estatutos de Autonomía, en los que las competencias en materia de asistencia social y servicios sociales forman parte de la competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas. Por tanto es razonable pensar que quien tiene la competencia exclusiva en asistencias sociales, en servicios sociales, gestione una parte -fíjense la contención con la que se plantea esta iniciativa desde la sociedad civil catalana- de los recursos que se destinan a políticas de asistencia social y servicios sociales. Responde también a una concepción de la política social basada en la cercanía y en la subsidiariedad, convencidos de que estas políticas son más eficaces en la medida en que son gestionadas mejor por quienes están más cerca de esa propia realidad, alejándose de una gestión burocrática, centralizada, de las políticas sociales que se aleja de los problemas que tienen los ciudadanos. Además, pretendemos vincular el esfuerzo individual de cada uno de los ciudadanos del Estado español a la hora de efectuar esa declaración de la renta y que con relación a ese esfuerzo individual se vea reflejada también una mayor proximidad en los programas que se están desarrollando en los distintos puntos del Estado. Además, en aquellos territorios del Estado donde hay un mayor esfuerzo concreto de los ciudadanos individuales para reflejar en sus declaraciones de la renta esa vocación de destinar una parte de sus impuestos a programas de carácter social también tenga reflejo en una asignación de recursos a esos propios territorios. En el caso concreto de Cataluña la situación es realmente de escándalo. El conjunto de los ciudadanos catalanes declaran en sus declaraciones de la renta cerca de 40 millones de euros para que se destinen a finalidades de interés social y tan solo retornan en programas sociales para la sociedad civil catalana 13 millones de euros. 40 millones de euros de esfuerzo de recaudación a través del IRPF en Cataluña y un retorno de 13 millones de euros. Además, señorías, la solución que proponemos es una solución en la que todo el mundo gana. Si la Administración General del Estado ha repartido alrededor de 144 millones de euros -según las últimas cifras-, y si calculásemos que el año que viene se van a repartir 223 millones de euros, la propuesta que les planteamos permite a la Administración General del Estado continuar gestionando cerca de 112 millones de euros y 112 millones de euros al conjunto de las comunidades autónomas. Eso permitiría al Gobierno andaluz gestionar cerca de 13 millones de euros; al Gobierno de Aragón, cerca de 4 millones de euros; al Gobierno de

Página 25


Asturias, 2,5 millones de euros; al Gobierno de Baleares, 2,5 millones de euros; al Gobierno de Canarias, 3,5 millones de euros; al Gobierno de Cantabria, 1,5 millones de euros; al Gobierno de Castilla-La Mancha, 3 millones de euros; al Gobierno de Castilla y León, 5,5 millones de euros; al Gobierno de Cataluña, 30 millones de euros; a Ceuta, 160.000 euros; al Gobierno del País Valenciano, cerca de 11 millones de euros; al Gobierno de Extremadura, cerca de 1.400.000 euros; al Gobierno de Galicia, más de 5 millones de euros; al Gobierno de Madrid, cerca de 25 millones de euros; al Gobierno de Melilla, 126.000 euros; al Gobierno de Murcia, 2 millones de euros, y al Gobierno de La Rioja, cerca de un millón de euros. Por tanto, no estamos hablando de que nadie pierda nada, estamos hablando de permitir a los gobiernos autonómicos que en materia de asistencia social y servicios sociales tienen esas competencias que puedan ejercer en un 50 por ciento de ese tramo esas competencias para su sociedad civil, para programas cercanos a los ciudadanos.


Nos parece una propuesta razonable, acorde con el modelo de Estado y llena de sentido común. Esta mañana Esquerra Republicana y el Grupo Socialista han pactado un texto, que tiene aspectos positivos -no lo vamos a negar-, porque incorpora la idea de que estos recursos se deben en parte territorializar, pero no asume el consenso que la sociedad civil en Cataluña ha generado, que es la gestión del 50 por ciento del IRPF y la gestión íntegra de ese 50 por ciento por parte de las comunidades autónomas. En el texto acordado esta mañana no se reconoce ni una cosa ni la otra, se establecen criterios generales y, por tanto, nosotros la hemos votado porque supone un paso hacia delante, pero no responde a ese consenso alcanzado. Además, señorías, en el debate de esta mañana algún portavoz ha planteado el debate en unos términos absolutamente maniqueos, que mi grupo rechaza. No es razonable confrontar las organizaciones centrales del tercer sector del conjunto del Estado con las organizaciones de ámbito autonómico ni con esas mismas organizaciones en el ámbito autonómico. Es de una grave irresponsabilidad el discurso que se ha realizado esta mañana. Confrontar Cáritas del conjunto del Estado con Cáritas de Cataluña, confrontar Cruz Roja Española con la Cruz Roja de Cataluña me parece una grave irresponsabilidad.


Decía esta mañana que eran discursos que fomentaban el separatismo, porque estas entidades podrían llegar a la conclusión de que tal vez siendo independientes de sus organizaciones españolas podrían recibir mayores recursos para desarrollar sus programas de carácter social. Seguramente a esa conclusión se llegaría. El debate no es entre comunidades ricas y comunidades pobres, el debate es entre políticas sociales cercanas a los problemas de los ciudadanos, cercanas a las iniciativas que trabajan en los barrios de las grandes ciudades, cercanas a los problemas sociales que se plantean en sociedades complejas como la nuestra, frente a una concepción centralista, burocrática y demagógica sobre el modelo de Estado en el que estamos centrados.


Sabemos que esta proposición no de ley de Convergència i Unió va a ser rechazada, supongo que por los dos grupos mayoritarios de esta Cámara, pero estamos también convencidos de que es cuestión de tiempo que el modelo que hoy les planteamos sea al final asumido por todos. Va a tardar más o menos, pero lo que defendemos responde al sentido común de un modelo de Estado que atribuye un determinado reparto competencial y responde también al sentido común de la realidad viva de la sociedad civil española. Si los que hoy van a votar en contra de esta proposición no de ley les preguntaran a la Cruz Roja de sus respectivas comunidades autónomas, a la Cocemfe, a las confederaciones de la discapacidad psíquica, a Cáritas de sus respectivos territorios, en Cantabria, en el País Valenciano, en Extremadura, en Andalucía, estarían de acuerdo con que sus gobiernos autonómicos pudiesen gestionar esos recursos, pudiesen destinar sus recursos a los pobres de su territorio. De eso se trata, señorías, de adaptar ese programa que venimos desarrollando desde hace 15 años a la realidad viva del modelo de Estado y a la realidad viva de la propia sociedad en la que estamos instalados. Estoy seguro de que tardaremos más o menos, pero que, finalmente, esta propuesta de hoy será también la suya.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Por la intervención de mi compañero de Convergència i Unió intuyo, porque no lo ha comentado, que va a rechazar la enmienda que hemos presentado, quizás porque él señalaba que quedaba corta y, en todo caso, difusa. Me va a permitir, señor presidente, que diga al diputado de Convergència i Unió que me admira escucharle y disfruto. Es verdad, disfruto escuchando siempre a Carles Campuzano, me lo paso bien y aprendo. Pero yo le recordaría que llevamos ya haciendo este debate unos cuantos años y recuerdo una comisión en la pasada legislatura en la que pusimos encima de la mesa la posible territorialización del 0,52 por ciento del IRPF; ahora hablamos del 0,7 por ciento. En aquel momento se adujeron razones de carácter jurídico y competencial y este grupo muy pronto se dio cuenta, y creo que en cierto modo también el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de que con razones de carácter jurídico y competencial difícilmente podríamos avanzar hacia una solución de consenso que complaciera a todo el mundo, es decir, que todo el mundo saliera reforzado; con lo cual, al menos desde nuestra posición, decidimos aparcarlo, porque es verdad que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de asistencia social, pero también el Estado puede hacer labores de asistencia social para asegurar la cohesión social, la igualdad, etcétera. Es decir, nos dimos cuenta de que seguir por la

Página 26


vía jurídica probablemente no nos llevaría a ninguna parte porque todo el mundo tiene razón. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que de verdad importa? Lo que de verdad importa es que en su día este impuesto, el 0,52 por ciento, salió para financiar a la Iglesia Católica; y entonces este beneficio, esta ventaja, se extendió a las entidades sociales y realmente fue un paso interesante. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos ayudar a vertebrar nuestros territorios, el conjunto de España, propiciando entidades no solamente de carácter territorial, que también, sino entidades de segundo y tercer nivel como confederaciones, lo que ha permitido articular un tejido asociativo fantástico que puede dar respuesta y que tiene un alcance multiplicador en el conjunto del territorio, y esto en sí mismo es estupendo. Ya decíamos entonces que habíamos de ser capaces de encontrar una solución sin desmontar aquello de bueno que tiene esa propuesta que sale con un objetivo distinto al que hoy tenemos planteado, cómo podíamos conservar esto pero a la vez ser más justos con el modelo de Estado del cual nos hemos dotado las comunidades autónomas en materia competencial y asistencia social; cómo podíamos combinar ambas cosas. De eso se trata.


El primer paso que quisimos dar -se acordará el señor Campuzano y el resto de los grupos que están aquí- fue intentar ser capaces de pasar del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento -era un compromiso del Gobierno- que nos permitiera multiplicar el contenido de la recaudación para finalidades sociales e incorporamos también las entidades de medio ambiente. Esto ya está. Después pensamos que había que estudiarlo más a fondo, ver con qué criterios y cómo podiamos aprovechar lo mejor que ha pasado durante estos años y a la vez poderlo compatibilizar con otra realidad que se da en cada una de las comunidades autónomas. Ahí me voy a referir a la situación de Cataluña. Es cierto que en Cataluña se ha dado una circunstancia, y esto es muy bueno. Nos hemos de sentir todos contentos, al menos yo me siento enamorada porque se ha sido capaz de tener un tejido social, unas entidades del tercer sector que hoy se plantean la calidad y la excelencia, que se plantean llegar a muchos más ciudadanos en un modelo de cooperación con las administraciones que funciona muy bien. Esto se ha ido irradiando y se ha ido extendiendo a las personas individuales que se sienten comprometidas con esta cruz para finalidades sociales. Esto es bueno. De ahí que esta energía, esta dinámica, toda la gente que estamos en Cataluña no solamente la hemos propiciado, sino que en buena parte salimos y procedemos de estas entidades sociales que están luchando para la inclusión social y para establecer unas líneas de igualdad o una sociedad basada en la igualdad, de la cual nos sentimos contentos porque vemos el avance, y realmente el instrumento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el 0,7, es un instrumento importante de ayuda.


Dicho esto, queremos ser cuidadosos. Cualquier nueva estrategia debe darse en una práctica cooperativa institucional, señor Campuzano. Es bueno que las comunidades autónomas en su conjunto y la Administración General del Estado empiecen a trabajar -yo creo que ya lo hacen en parte, pero no del todo- de manera circular, cooperativa, que permita tomar decisiones, y esto es lo que dice la enmienda que hemos presentado y la moción que hemos aprobado esta mañana. Hemos de avanzar en criterios, hemos de procurar la participación, hemos de procurar la gestión de las comunidades autónomas, que juntos sumemos más, nos multipliquemos y sirva para enriquecer el trabajo de los territorios. Esta es la tarea, esta es la pretensión que tenemos. Claro que también pretendemos que esto repercuta en una mayor gestión y en una mayor toma de decisiones también para Cataluña, faltaría más, porque hay dos cosas en las que hemos de avanzar, señor presidente. Hemos de avanzar en la proximidad ya que hoy las entidades locales, las entidades de proximidad, las pequeñas, las que están en el territorio y que forman parte del tejido intersticial, no perciben ninguna ayuda, quedan fuera, por lo que hemos de poder combinar esto. La proximidad es incuestionable, es indiscutible, y esto se hace desde una visión territorial, desde el punto de vista de que la administración más cercana pueda decir alguna cosa. Todo esto lo hemos de pensar; hemos de ser justos en la redistribución y saber incentivar a los ciudadanos del conjunto de España para que todo el mundo vaya cooperando en esta magnífica tarea, en esta magnífica vertebración, en este magnífico trabajo que están haciendo hoy las entidades en toda España, y tampoco debemos ir por una vía que lleve a enfrentar entidades con entidades, administraciones con administraciones. Hemos de ser capaces, inteligentes y tener una opción decidida de combinar ambas cosas. La enmienda que hemos presentado va en esta línea. Pretende sacar consecuencias para esta próxima convocatoria, donde las comunidades autónomas, y por supuesto la de Cataluña, puedan decir las suyas, puedan tener una mayor presencia en la toma de decisiones y conseguir una redistribución que se ajuste más a la realidad de manera gradual.
Evidentemente, hay que ir pensando en ser coherentes con el modelo de Estado y pensar más adelante en poder hacer una distribución territorial con mayores competencias de las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Como ya han repetido algunos portavoces, esta cuestión no es nueva en esta Cámara, sino que se ha debatido en numerosas ocasiones, a iniciativa esta vez del Grupo Catalán, de CiU, y en otras ocasiones de Esquerra. Sin ir más lejos, hoy mismo, como ya se ha citado por parte de algunos intervinientes, ha sido debatida con ocasión de una moción que presentó Esquerra Republicana, a la que luego me referiré, pero me gustaría hacer un planteamiento general de la postura que tiene mi grupo en este tema, pues es una propuesta que a nuestro juicio tiene de todo menos

Página 27


sentido común, entiéndase en términos de solidaridad y de distribución de la riqueza de un país en función de la tributación a través de nuestros impuestos. Los diferentes grupos nacionalistas catalanes han planteado, como he dicho, esta cuestión reiteradamente y la postura del Grupo Popular ha sido expuesta también de forma reiterada, pero me gustaría dejar hoy más apuntalada esa posición y que al menos se entendieran suficientemente bien nuestros argumentos.


Yo creo que ustedes parten de una premisa que es errónea y es que como parece ser que los ciudadanos de Cataluña marcan en mayor medida la cruz destinada a otros fines de interés social en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, llegan a la conclusión de que también debe ir a parar más dinero al territorio de la comunidad autónoma de Cataluña y, por tanto, gestionarse en gran parte por la propia Generalitat; en este caso un 50 por ciento. No sé, además, por qué establecen un 50 por ciento y no un 70 o un cien por cien. Es un hilo argumental que tampoco tiene fundamento. Partiendo de esta premisa, concluyen que a Cataluña debe ir más dinero para este tipo de fines de interés social.


Señorías, quizá esté simplificando mucho -y se lo digo con el mayor de los respetos al grupo proponente-, pero ustedes saben tan bien como yo que estos recursos van destinados por el Gobierno de España a financiar proyectos sociales para colectivos desfavorecidos a través de organizaciones no gubernamentales. El 80 por ciento, como seguramente ustedes sabrán, se distribuye a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el 20 por ciento restante lo distribuye el Ministerio de Asuntos Exteriores, y parece ser que ahora se ha incorporado también el Ministerio de Medio Ambiente. Ustedes saben también que los principales programas que se desarrollan -y los principales colectivos a los que se aplican estos programas- van destinados al maltrato infantil, a la ayuda al empleo de jóvenes, al fomento del empleo para la mujer, a la prevención de violencia doméstica, al apoyo a familias con personas minusválidas, a la asistencia a drogodependientes, a la asistencia a enfermos de sida y a la asistencia a reclusos. Es un planteamiento que siempre me he hecho, pero no creo que el Grupo Parlamentario Catalán piense o les pueda parecer lógico que estas personas que he citado, que corresponden a colectivos muy vulnerables y con riesgo de exclusión social, son más merecedoras de protección en Cataluña que en otras partes del territorio español. Sinceramente, no creo que sea ese el planteamiento, porque sería absolutamente disparatado. Habrá que llevar la ayuda allá donde se necesite, esté en Cataluña, en Cantabria o en Andalucía. Y habrá que llevarla en función de las necesidades que haya en cada territorio, no en función de lo que aporte ese territorio por esa cruz en el impuesto sobre la renta. Nos parece, como he dicho, un planteamiento disparatado. Lo hemos dicho muchas veces y lo voy a decir una vez más. A la hora de hablar de pagar impuestos -en concreto de pagar el impuesto sobre la renta- hablamos de impuestos que pagan las personas, no los territorios. Estamos hablando de personas solidarias que deciden voluntariamente poner esta cruz destinada a otros fines de interés social porque quieren colaborar con estas organizaciones no gubernamentales y quieren ayudar a estas personas que están en situaciones de riesgo, de necesidad y de exclusión social.


En el Grupo Parlamentario Popular daremos la bienvenida a cualquier iniciativa que potencie la participación del tercer sector, de estas ONG.
Somos tan entusiastas con la actividad que desarrollan estas asociaciones como lo ha expuesto la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. De hecho, votamos favorablemente elevar este porcentaje destinado a fines de interés social del 0,52 al actual 0,7 por ciento, porque nos parece estupendo que cada vez el Estado sea más solidario con este tipo de colectivos. Estamos convencidos, además, de que este tercer sector está necesitado de un incremento de recursos; seguro que todas estas organizaciones necesitan más recursos. Queremos, por tanto, unas organizaciones fuertes y potentes que sean capaces de dar respuesta a los innumerables problemas sociales que sin duda nuestra sociedad tiene planteados; pero pensamos que la mejor manera de hacerlo es desde el Gobierno de España. Estamos convencidos de ello porque estos colectivos que necesitan ayudas, señorías, existen en todo el territorio español y son merecedores de nuestra solidaridad allá donde se encuentren. Para nosotros es indiferente si el colectivo de drogodependientes o de reclusos es catalán o es cántabro, nos da exactamente igual; para nosotros son personas y colectivos de riesgo que necesitan ayuda, y este planteamiento creo que es el hilo argumental de nuestra posición que es necesario dejar clara de una vez.


La regulación actual para la aplicación de un determinado porcentaje de los ingresos presupuestarios procedentes de la asignación tributaria del IRPF a fines de interés social, como saben ustedes, se inició en el año 1988 e incluyó en la consideración de otros fines de interés social los programas de cooperación y voluntariado sociales desarrollados, por ejemplo, por Cruz Roja Española y otras organizaciones no gubernamentales. Por otra parte, el real decreto que estableció los requisitos y el procedimiento para solicitar ayudas para fines de interés social derivadas de la asignación tributaria del IRPF se aprobó en el año 1989 y ha sido modificado recientemente para destinar, como decía antes, parte de esos fondos a fines de carácter medioambiental, lo cual también nos parece razonable.


Toda esta normativa fue en su momento una importante innovación porque supuso abrir un cauce de participación social en la aplicación de parte de los créditos presupuestarios, pero lógicamente supone también establecer unos requisitos y procedimientos de general aplicación en todo el Estado español, que permitan el conocimiento por parte de todos los contribuyentes del destino que se da a esos impuestos. Los ámbitos competenciales del Estado y de las comunidades autónomas,

Página 28


como ya decía la portavoz socialista, están perfectamente delimitados y cada una de estas administraciones puede ejercer sus competencias como le parezca más oportuno. Si la Generalitat catalana entiende procedente destinar un mayor importe de esos recursos a finalidades sociales, nos parece estupendo, pero no se puede privar al Gobierno central de uno de los instrumentos que tiene para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el territorio español. Mi grupo cree que es perfectamente compatible, y además complementario, que el Gobierno de España siga distribuyendo estas ayudas y, a su vez, el Gobierno de Cataluña lo haga como lo estime más oportuno.


Hoy, en el Pleno del Congreso, se ha dado un paso más hacia la territorialización de ese 0,7 por ciento, con la complicidad del Partido Socialista, a través de la aprobación de una enmienda conjunta que presentó el PSOE con Esquerra Republicana. Nosotros votamos en contra de esa moción y también votaremos en contra de esta propuesta. En esa moción no se delimitaba claramente en qué sentido va a ir esa territorialización y qué porcentaje se va a destinar -dice que va a ser un proceso gradual de distribución territorial- pero nos parece un primer paso para dividir esta política social, que creemos que debe llevar a cabo el Gobierno de España, en 17 pequeños trozos de políticas sociales que no garantizarán esa vertebración del territorio español y la ayuda que necesitan los colectivos más vulnerables. Por tanto, nuestro voto va a ser negativo a esta propuesta de CIU. En el futuro haremos un seguimiento exhaustivo sobre la puesta en marcha de esos puntos que se han aprobado hoy a través de la moción presentada por Esquerra porque, repito, nos parece un primer paso hacia una política de ayuda a estas personas y colectivos vulnerables que no creemos que sea la más acertada.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Queremos marcar nuestra posición sobre la propuesta hecha por Convergència i Unió y defendida por el señor Campuzano, desde la experiencia y realidad de Cataluña, diciendo que la compartimos al cien por cien, en tanto que podemos expresarlo también desde la realidad y experiencia que tenemos en Galicia. Entendemos que este 0,7 por ciento -antes el 0,52- que los ciudadanos ponen en la casilla para asuntos sociales en su declaración de la renta debe repercutir en el territorio, y no estaríamos en desacuerdo en que fuese el cien por cien de lo recaudado territorialmente, aunque podemos entender razones como las que se expresaron aquí para que sea el 50 por ciento. Las razones que tenemos pueden ser semejantes a las que ha dicho algún grupo en relación con la defensa de todo lo contrario de lo que estamos defendiendo algunos, partiendo de la realidad del tercer sector y sus actuaciones y actividades en cada territorio del Estado español y, sobre todo, de la distribución de estos fondos a esas organizaciones no gubernamentales que actúan en trabajos tan importantes como los de la exclusión social o personas con dependencia, etcétera.


La experiencia que tenemos en Galicia, después de muchos años de trabajar en la defensa de los mejores servicios sociales y de que estos redunden de la manera más óptima en las ciudadanos y las ciudadanas, es que no existe mejor garantía de que esto sea así que haya una administración -y aquella que tiene la responsabilidad de gestionarlos es la que nos parece la administración adecuada- que optimice esos recursos. En materia de servicios sociales quien tiene la competencia de gestionarlos son los gobiernos autonómicos, son las Administraciones autonómicas, y entendemos que la mejor optimización de este 0,7 por ciento estaría más acorde con la realidad territorial si es la Administración autonómica la que participa en ese reparto a las organizaciones no gubernamentales.


¿Qué queremos decir? Queremos decir que en todos los territorios del Estado no actúan las mismas organizaciones no gubernamentales, y si bien es cierto que hay organizaciones de índole estatal, incluso alguna de índole internacional, pero con ámbito estatal, también es verdad que no siempre tienen el mismo nivel de actuación en todos los territorios del Estado. Algunas que tuvimos experiencia en política municipal de servicios sociales sabemos que, aun perteneciendo a esa estructura de organización no gubernamental estatal, no existe esa reciprocidad o ese reparto territorial de la propia organización de acuerdo con el trabajo que cada delegación, por así decirlo, está haciendo en cada comunidad autónoma o ciudad. Desde nuestro punto de vista, la mejor optimización de este recurso, que solidariamente deciden los ciudadanos, se haría si se planteara a nivel territorial. Hay que recordar que es norma, en las subvenciones o en este tipo de reglamentaciones del Estado para la distribución a distintas asociaciones de fondos como los que estamos hablando, la exigencia de su estructuración a nivel estatal. Por tanto, en muchísimas ocasiones quedan excluidas de este tipo de ayudas o de colaboraciones organizaciones que tienen ámbito territorial, y que teniendo ámbito territorial tienen una grandísima labor social -en el caso de las que estamos hablando- y están relacionadas con esta distribución del 0,7 por ciento. Si queremos hablar de justicia a la hora de distribuir estos fondos y si queremos hablar realmente de solidaridad entendemos que la mejor forma sería territorializándolos, como se propone en la propuesta que hace Convergència i Unió. Somos conscientes de que esta mañana en los acuerdos que votamos favorablemente en Pleno, a propósito de la moción de Esquerra Republicana, se dio un paso adelante muy importante que puede acercarnos a esa pretensión que algunos tenemos de territorializar este 0,7 por ciento. Nuestra posición en la tarde de hoy va a ser apoyar la propuesta que hace Convergència i Unió, porque nos parece que

Página 29


ello significa trabajar para avanzar y para que al final lo que aprobamos esta mañana sirva para algo.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de su grupo tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Brevemente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expresado el diputado Campuzano. De hecho, corroboro al cien por cien lo dicho por el diputado de Convergència i Unió. No vamos a repetir debates; no tanto por el hecho de que ya lo hemos llevado a cabo desde hace algunos años de forma recurrente, sino porque está muy reciente el debate que llevó Esquerra Republicana a la tribuna en una interpelación urgente la semana pasada y que hoy ha quedado plasmado en el debate y votación de una moción consensuada entre el Grupo Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Si alguien leyera el"Diario de Sesiones" de esta Comisión, permítanme que le remita al debate que tuvimos hace una semana y al que hemos tenido hoy mismo en el Pleno de la Cámara.


Debo manifestar que la moción que presentamos a raíz de la interpelación ciertamente hablaba de la territorialización al 50 por ciento, puesto que es la posición de la Taula del Tercer Sector y la que defiende el Gobierno de Cataluña, y que para el otro 50 por ciento se establecieran criterios, entre los cuales uno de ellos fuera el criterio poblacional, y una tercera variable, que es la participación de las comunidades autónomas en la gestión del otro 50 por ciento, es decir, el reservado a la Administración General del Estado. Esta era nuestra posición reflejada en la moción, que no es la de nuestro partido puesto que es otra distinta, es la territorialización del cien por cien, pero la enmienda consensuada, presentada conjuntamente con el Grupo Socialista, no habla del 50 por ciento. Es precisamente lo que ahora el Grupo Socialista nos trae como enmienda a la propuesta del diputado de Convergència i Unió, señor Campuzano.


¿Qué quiere decir esto? Creo que el diputado Campuzano debería estar orgulloso de que nosotros siguiéramos la estela del pragmatismo, del funcionalismo y el viaje al realismo de Convergència i Unió; de hecho, ellos hicieron escuela y hete aquí que los republicanos, en términos pujolianos, diríamos: pescado al cesto. Es decir, acepto que nosotros hoy hemos hecho de Convergència i Unió. Lo importante es que hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista en un escenario de empeño también de los compañeros del Partido Socialista de Cataluña y de los socialistas del resto del Estado español, puesto que es evidente que hay que poner soluciones a unos agravios que no tienen ningún sentido, ya que el objetivo es luchar contra la exclusión, contra la pobreza y es evidente que los dineros tienen que rendir. No lo tendremos fácil, puesto que ya hemos escuchado el discurso del diputado Barrachina; han descubierto un pequeño filón, una ganga para explotar demagógicamente este avance.
También invito al posible lector del"Diario de Sesiones" de esta Comisión a que lea el discurso incendiario de la España que se rompe del diputado Barrachina. Además, no será fácil por otras razones. Existe una nomenclatura -nomenclatura con k- en algunas ONG, no tanto por ser su ámbito estatal sino en el núcleo duro, y es cierto que a veces corregir el sentido de según qué actuaciones desde, iba a decir, la poltrona, y lo digo, no es fácil. También es cierto que en el Partido Socialista -me consta de aquellas personas que tienen una visión más federalizante, ya no digo federalista del Estado- están empeñados en convencer a sus compañeros de partido de que la modernidad pasa por aquí; es decir, algunas resistencias socialistas -cada vez menos, por suerte- intentarán hacer un aprovechamiento político incendiando según qué sectores de algunas ONG estatales en su núcleo duro, lo cual significa que no será fácil. Por eso para nosotros es muy importante el acuerdo al que hemos llegado con el Partido Socialista para que el próximo año ya se apliquen criterios de territorialización que ciertamente están lejos de sus objetivos, pero que significan un gran avance.


El señor PRESIDENTE: Para la aceptación o rechazo de la enmienda tiene la palabra el señor Campuzano. Espero que en la aceptación o rechazo tenga en cuenta y pese en su conciencia la declaración que han hecho algunos miembros de esta Comisión respecto a su grupo parlamentario. Con su grupo parlamentario se aprende y se disfruta. (Risas.) En fin, tenga usted en cuenta lo que han dicho.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Estamos encantados de que se aprenda y aún más encantados de que se disfrute y estaríamos encantados además de que se nos votase favorablemente la propuesta. (Risas.) Pero de momento nos conformamos con agradar. Evidentemente, rechazamos la enmienda del Grupo Socialista.


- RELATIVA A IMPARTIR UNA TERCERA HORA DE CASTELLANO EN CATALUÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000189.)

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la proposición no de ley, que figuraba como punto 3, relativa a impartir una tercera hora de castellano en Cataluña, tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Gallego.


El señor GALLEGO BURGOS: Muchos de ustedes sabrán que el denominado proceso de inmersión lingüística de Cataluña implica que el horario de lengua y literatura castellana es el único momento donde los alumnos en Cataluña tienen la posibilidad de recibir clases en castellano. El resto de asignaturas -las personas que somos de Cataluña ya lo sabemos, pero para quienes no lo son conviene recordarlo- se imparten en catalán. Es decir, el catalán es la única lengua vehicular de aprendizaje en toda la etapa educativa de un alumno

Página 30


en Cataluña. El lunes empezaron las clases en Cataluña con muchos barracones, como ha dicho antes el señor Tardà, con récord de barracones.
(El señor Tardà i Coma hace gestos negativos.) Sí, antes hablabas de barracones y, efectivamente, en Cataluña se ha batido el récord de barracones una vez más. En esa cuestión algo de responsabilidad tendrá Esquerra Republicana, que forma parte del tripartito. Pues bien, la enseñanza en castellano sigue ocupando dos de las treinta horas lectivas que un alumno va al colegio es decir, de cada treinta horas lectivas que un alumno va al colegio, dos son en castellano y veintiocho son en catalán, sea cual sea su lengua materna, viva donde viva el alumno, sean cuales sean sus circunstancias, sea cual sea la elección o la opinión de la familia con relación a la lengua vehicular que desea para su hijo. Sé que este modelo, esta solución a los nacionalistas les agrada, les gusta, pero hablar de que este sistema es equitativo y equilibrado es un poco exagerado. Me hago la siguiente pregunta. ¿Qué dirían los nacionalistas si se hicieran veintiocho horas a la semana en castellano y dos en catalán? ¿Qué dirían los nacionalistas? Dirían que la situación es injusta y que se podría equilibrar de otra manera, pero cuando desde el Partido Popular hablamos de esta cuestión se nos acusa absolutamente de todo. Por tanto, se puede decir que hay un cierto territorio en nuestra nación, en España, donde desde el punto de vista educativo se trata al idioma común, al oficial, el castellano, de la misma manera que al inglés, exactamente de la misma manera desde el punto de vista educativa.
El castellano recibe en Cataluña las mismas horas lectivas que el inglés y esa es una cuestión que conviene dejar clara.


También quiero hacer referencia, aunque no viene al caso con el tema de la tercera hora, a tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en las que invita a la Administración catalana a que las familias puedan elegir la lengua vehicular de sus hijos, es decir a que en la casilla de matriculación de cada año la familia pueda decir si quiere como lengua vehicular el castellano o si quiere como lengua vehicular el catalán. La Generalitat de Catalunya tampoco cumple esas tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuestión que conviene recordar porque muchas veces me sorprende escuchar en paralelo discursos con relación al respeto al Estado de derecho. Creo que el respeto al Estado de derecho es también de alguna manera respetar lo que dicen los tribunales de Justicia.


El Gobierno socialista en 2006, después de estudiar diferentes informes oficiales sobre la evaluación académica de los alumnos en Cataluña, llegó a la lógica y sana conclusión de que había que cambiar el sistema que había hasta el momento para mejorar el aprendizaje del castellano. Es obvio que con dos horas de castellano a la semana de las treinta horas lectivas existentes, no podemos decir que un alumno pueda aprender en condiciones óptimas la expresión escrita, la gramática, la ortografía, la literatura, etcétera. Considero que así lo entendió en su día el ministerio y es por eso por lo que en 2006 aprobó un real decreto para corregir esa situación, y más tengamos en cuenta que las otras veintiocho horas son en catalán, es decir cuesta un poco más. También se preguntaba el ministerio cómo era posible que el resto de ciudadanos de España necesiten cuatro horas para aprender castellano correctamente y en cambio en Cataluña solo reciban dos. Claro, la respuesta era obvia, o sobraban dos horas en el resto de España o faltaban dos en Cataluña. En este sentido, con un cierto criterio lógico, el Ministerio de Educación impulsa un real decreto en el año 2006, concretamente el 1513. Ese real decreto implica que pasemos de dar dos horas de castellano a tres en la escuela pública catalana. Han pasado dos años y todavía hoy -el lunes empezó el curso escolar- se siguen dando únicamente dos horas en castellano. ¿Por qué? Ya sé que el señor Tardà me dirá: ¡Ya está el raca-raca del PP con la cuestión de la tercera hora! Pero es que resulta que este real decreto no es del Partido Popular, es un real decreto del Gobierno socialista que parece ser que la propia ministra de Educación no respeta mucho.


A partir de ese momento, a partir de 2006, se inicia una tormenta política en Cataluña. Los nacionalistas se tiran de los pelos y dicen que ampliar de dos a tres horas el castellano en Cataluña es un auténtico misil, un auténtico tiro contra el sistema educativo catalán, que eso es atacar y acabar con la inmersión lingüística en Cataluña. Y esta es la situación que se da en Cataluña, y por eso dicen, bueno, vamos a empezar a tejer una serie de triquiñuelas, trucos y movidas legales que impidan a toda costa que esto sea así. Lo primero que hacen es coger al señor Montilla y decirle: Si usted aprueba esto, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya no le darán apoyo y por tanto peligrará la gobernabilidad del tripartito. Esto es lo primero que hacen y efectivamente, ¿qué hace el señor Montilla? Dice: Habrá que recurrir este decreto de mi mismo partido; decreto que impulsa y aprueba el mismo Partido Socialista, a pesar de que él previamente incluso había dicho que le parecía correcto.
Evidentemente, el presidente de la Generalitat sufre un chantaje político a todas luces y en paralelo el señor Montilla habla con el Ministerio de Educación y les dice: Señores, nosotros no vamos a cumplir tampoco este real decreto del Estado. Es decir, viva el Estado de derecho, viva la democracia, pero los reales decretos del Estado no los cumplimos cuando no nos interesan. A partir de aquí vienen una serie de trucos y vericuetos legales. En primer lugar, plantean un conflicto positivo de competencias contra el Estado. Luego se escudan en los centros educativos para ir aplazando la decisión de manera que vayan pasando los meses y los años y no aplicar esa tercera hora del castellano. Luego la Generalitat de Catalunya aprueba un decreto absolutamente particular para decir: Bueno, mientras está todo este vacío, hago otro decreto y a partir de ahora considero que dos horas son las buenas. En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice en su sentencia que este real decreto es de estricto cumplimiento. Pero ellos dice que:

Página 31


Nos da igual, nosotros en Cataluña no le hacemos caso al Estado de derecho, no le hacemos caso a las leyes y en ese sentido y en paralelo vamos preparando una ley de educación que impida que esta situación se dé nunca en Cataluña.


¿Y qué opina la ministra de todo esto? ¿Qué opina de que una comunidad autónoma haga lo que le dé la real gana en materia lingüística, en materia de contenidos mínimos, que era lo que regulaba el Decreto 1513? Le da absolutamente igual. Acaba de decir a los medios de comunicación que ella no tiene constancia de que esto se esté dando en Cataluña. Es muy fácil, yo la invito a que venga a un colegio público de Cataluña, da igual de nuestra comarca o de otra, y allí podrá ver que efectivamente solo se dan dos horas. Y podríamos llegar a explicarles otras situaciones mucho más graves que se dan en materia lingüística en las escuelas. ¿No es lógico que nosotros pensemos que la ministra hace dejación de funciones al no cumplir los reales decretos que ella misma publica? ¿Es normal que una comunidad autónoma -igual soy novato y es normal, a lo mejor es así- vulnere sistemáticamente la reglamentación del Estado? lo mejor es normal y en mi calidad de novato no me doy cuenta. La misma ministra dice. Si no se cumple ese real decreto, será obligación del ministerio hacer que se cumpla. Lo dijo hace unos meses. Parece ser que ahora ha dicho todo lo contrario.


A ver si nos aclaramos, porque, a todo esto, lo que está pasando es que los niños en Cataluña pierdan la posibilidad de aprovechar las potencialidades que ofrece el bilingüismo de manera positiva e integradora.


En cualquier mente con sentido común cabe que con dos horas a la semana no se puede aprender un idioma en condiciones normales, no se puede. Ya sé que los nacionalistas dicen: No, no, pero es que los niños ven la tele en castellano, ya aprenden el castellano viendo Telecinco. Nosotros lo que pedimos es que esas dos horas se conviertan en tres o cuatro, como en cualquier otra parte de España, para que los niños también puedan aprender en condiciones óptimas una lengua que es una de las más importantes del mundo, y en ese sentido conseguir que al final de la etapa educativa aprendan las dos lenguas oficiales de Cataluña, el castellano y el catalán, de una manera absolutamente competente, porque queremos que los niños prosperen, y lo que no podemos hacer es lo que hace el presidente de la Generalitat de Catalunya, es decir someterse en este caso a los designios de partidos, que ya sabemos que si por ellos fuera no se daría ni una sola hora de castellano en las escuelas de Cataluña, en este caso porque quizá sus hijos no van a estos colegios.
Creo que desde luego se pueden hacer las cosas muchísimo mejor y no espero que los partidos nacionalistas voten a favor de esta propuesta, pero sí me gustaría que el Partido Socialista votara a favor de que se cumpla un real decreto impulsado por el Gobierno sustentado por el Partido Socialista, que yo creo que es una cuestión bastante clara.
Parece ser que ahora no van a respaldar esa propuesta, pero en definitiva pienso que es lógico pedir que se cumpla un real decreto que ustedes mismos han planteado. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para fijar posición por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Vamos a tomar como partida la circunstancia y casualidad de que el diputado del Partido Popular que acaba de hablar ahora se llama Gallego, que es como se dice en español galego, para hacer referencia también a la problemática en Galicia de la cuestión lingüística tanto del castellano o español como del propio gallego. Les preguntaba hace un momento a los compañeros de Convergència i Unió cuántos años se llevan impartiendo en Cataluña todas las asignaturas en catalán y el tiempo de las dos horas en español y parece ser que esto se lleva a cabo desde hace más de veinte años. Este es un dato importante para lo que yo quiero decir, por dos razones, una porque hace más de veinte años que en Galicia hubo un real decreto para que se impartieran tres asignaturas en gallego, lo que hasta que cambió el Gobierno del Partido Popular y a pesar de esos veinte años, nunca se cumplió. El real decreto estaba elaborado y aprobado en el Parlamento de Galicia con la mayoría absoluta del Partido Popular y en cambio, mientras gobernó el Partido Popular, el real decreto no se cumplió. Ha empezado a cumplirse tímidamente ahora, porque tampoco se está cumpliendo al cien por cien, cuando menos como nos gustaría a nosotros, y resulta que una vez que se está cumpliendo en Galicia un real decreto aprobado por mayoría absoluta del Partido Popular, también en estos momentos existe en Galicia una campaña de preocupación por la situación del español en la educación, en la sociedad, etcétera.


Evidentemente ni en Galicia existe un problema lingüístico en relación con el español ni creo que exista en Cataluña y digo creo porque no vivo en Cataluña y por lo tanto tengo que ser prudente en lo que digo. Pero sí existe en cuanto a Galicia un problema con el gallego. Me parece importante también este dato de los veinte años porque me consta -sé que ocurre en Cataluña- que a pesar de que en las escuelas públicas de dicha comunidad todo sea en catalán y que haya solo dos horas de español, existe el fenómeno en Cataluña, quizá menos que en Galicia, de que hay mucha gente que no conoce si habla el catalán, pero no hay nadie que desconozca y no hable el español. Si el problema es de la gravedad que acaba de exponer el diputado del Partido Popular, nos preguntamos cómo puede darse esa realidad que acabo de exponer. En Cataluña no hay nadie que no hable español y no hay nadie que no conozca la lengua española, pero sí hay muchísima gente catalana o que vive en Cataluña que desconoce el catalán. Por lo tanto, vuelve a ser un problema más del catalán que del español como conflicto, y en Galicia el problema del conflicto lingüístico es del gallego y no del español.


Página 32


El discurso que en estos momentos tiene el Partido Popular como partido -independientemente de que esa posición de defensa a ultranza de las cuestiones de las que estamos hablando ahora la compartan otras personas que a lo mejor ideológicamente son de otros grupos políticos, pero quien políticamente está llevando esta batalla es el Partido Popular- se circunscribe a lo que manifestaba el señor Barrachina por la mañana en relación con el 0,7 por ciento. Al final, es una cuestión de no asumir, de no aceptar la pluralidad del Estado, ni desde el punto de vista nacional, ni desde el punto de vista lingüístico, ni desde el punto de vista cultural. Cuando hay alguna norma que trata de regularizar o equilibrar esa pluralidad de manera que pueda ser conocida cuando menos por aquellas personas más directamente relacionadas con esa pluralidad, nos echamos las manos a la cabeza y tratamos de recuperar unos tiempos que afortunadamente están perdidos y que algunos deseamos que estén perdidos para siempre.


Vamos a votar en contra de la propuesta que hace el Grupo Popular, pero querríamos manifestar nuestra posición porque se está haciendo un problema de algo que no lo es en la realidad. Además, los discursos defensores -el señor Gallego también hizo alusión a esto- del bilingüismo y del derecho de todos a poder conocer las dos lenguas, por la experiencia que tengo, es solo para que los español hablantes, si quieren, puedan hablar el idioma de las otras naciones, aunque vivan y trabajen allí, pero no es un derecho de aquellos que queremos en nuestra tierra, en nuestro país, hablar el idioma propio del país. Ya me dirán ustedes cómo puedo ejercer ese derecho si me dirijo a la Administración y un funcionario de esa Administración no me entiende ni me puede atender en mi idioma. Por tanto, es normal que se le exija el conocimiento de la lengua a cualquier funcionario que vaya a trabajar en una administración autonómica, del mismo modo que a cualquier funcionario, independientemente de qué territorio del Estado sea, si trabaja en la Administración General del Estado, tiene que conocer la lengua española obligatoriamente. Por tanto, el problema lingüístico tiene mucha importancia, en la medida que al lado o detrás de él el problema es otro, y es lo que comentaba, es la negativa a querer reconocer, porque es la realidad del Estado español, que es un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. En base a eso deberíamos ser respetuosos, del mismo modo que somos respetuosos con la cultura española y con la lengua española los que defendemos nuestra cultura y nuestra lengua propia.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: También brevemente. Antes hablaba del raca-raca y es cierto, pero legítimo. Ante esto nosotros siempre decimos lo mismo. No pudieron los fascistas durante cuarenta años, no pudieron los genocidas lingüísticos y culturales de las distintas lenguas y culturas del Estado español, es imposible que ocurra en democracia, de manera que es evidente que, ciertamente, entorpecen el proceso de cohesión social -digo de cohesión social, no nacional- en Cataluña, pero todas las expresiones son legítimas y dignas de respeto. Ahora bien, tienen la batalla perdida, totalmente perdida. ¿Por qué? Porque si algo en Cataluña tenemos claro, es que por encima de todo esta la cohesión de toda la sociedad y, básicamente, la cohesión de las clases populares que, desde tiempos históricos, siempre se han ido renovando mediante procesos de inmigración, razón por la cual hoy la mayoría de catalanes tenemos parcial o totalmente raíces familiares en territorios ajenos al dominio lingüístico del catalán. La prueba está en que nuestro presidente, el presidente de mi país, es nacido en Andalucía y bilingüe como la inmensa mayoría de los catalanes, es decir que tenemos la suerte de tener dos lenguas, la del país -y también la lengua materna de una gran parte de los catalanes- y, además, la del Estado, de manera que andamos bien pertrechados desde el punto de vista político, social y sociolingüístico, máxime ahora que recibimos una gran cantidad de nuevos ciudadanos -los creemos, catalanes de pleno derecho, como si tuvieran muchas generaciones de arraigo en el país- provenientes de distintas culturas y de otros, incluso, hemisferios. En Barcelona se hablan en estos momentos 234 lenguas, repito, 234 lenguas. Después de más de veinte años de inmersión lingüística, ciertamente las cosas todavía están como están. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido el acierto -que es el gran pacto no escrito de todos los partidos políticos catalanes que conforman la tradición del catalanismo político, desde el autonomismo hasta el independentismo pasando por el federalismo- de ir hacia una escuela inclusiva? Nunca, nunca, nunca aceptaremos el apartheid lingüístico.
Nunca lo aceptaremos porque sería la muerte de nuestra sociedad.


Es cierto lo que ha dicho el diputado, efectivamente. Mientras Esquerra esté en el Gobierno de Cataluña, no habrá tercera hora de castellano.
Dicho así sería petulante porque, además, parecería que estamos en contra del castellano, cosa que no es. Diré más. Mientras exista un gobierno de izquierdas y catalanista en la Generalitat de Catalunya habrá inmersión lingüística en los términos actuales. Ciertamente vamos a aprobar en el Parlamento de Cataluña -espero que con el concurso de Convergència i Unió- una ley, que ya ha salido del Palau de la Generalitat aprobada como proyecto de ley, que blinda la inmersión lingüística. Es cierto que en estos momentos, como en otros ámbitos, hay un conflicto de competencias entre el Estado y el Gobierno autónomo de Cataluña, en este ámbito como en decenas de otros ámbitos. Entendemos que no es de recibo intentar singularizar y elevarlo a la enésima potencia. Repito, la inmersión lingüística es fundamental. Es clave para que todos los ciudadanos, todos los jóvenes que salgan de la escuela tengan un dominio de las dos lenguas, de nuestras dos lenguas. No sé si ustedes a lo largo de estos años han leído muchas

Página 33


noticias, yo vengo de una ciudad en donde el 85 por ciento largo de los ciudadanos son hijos y nietos de andaluces y castellanos, y les puedo asegurar que nunca he presenciado ninguna manifestación de padres protestando. Es más, siempre han sido colaboradores activos de los claustros, de las escuelas, a fin y efecto de potenciar la educación en catalán y evidentemente para que cuando salgan sus hijos de la escuela tengan un dominio como las estadísticas demuestran. Nuestros alumnos, por desgracia, son tan aprovechados académicamente o mediocres, según qué baremos utilicemos -ya saben ustedes que hay muchos baremos y algunos a veces nos sorprenden-, como el resto de jóvenes escolares de otras comunidades autónomas. Hay que espabilarnos, pero nuestros resultados no son distintos a los del resto de las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: La verdad es que a Convergència i Unió nos sorprende el celo del Grupo Parlamentario Popular en la exigencia del cumplimiento de determinadas disposiciones legales en materia competencial, y lo que nos sorprende es que solo sea en determinadas, es decir unas sí y las otras no. Esta misma tarde Esquerra Republicana ha propuesto el cumplimiento de lo dispuesto competencialmente en el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña en lo que respecta a la transferencia de competencias sobre la expedición y homologación de títulos académicos.
Mi compañero y buen amigo señor Nasarre, como argumento de coherencia para votar negativamente, ha dicho que no lo podían hacer en coherencia con la actitud del Grupo Parlamentario Popular de tener recurrida esta disposición. Pues bien, yo aquí les diría exactamente lo mismo. Un primer argumento sería que este decreto cuyo cumplimiento inmediato ustedes invocan está recurrido por la Generalitat, precisamente porque no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 111 del Estatuto de Cataluña. Por lo tanto, reitero que nos sorprende el celo selectivo de la exigencia del cumplimiento de determinadas materias competenciales y en cambio de otras no.


Además es que el portavoz del Grupo Popular ha dado una serie de argumentos, que yo creo que es necesario resituar. Ha hablado del proceso de inmersión lingüística de Cataluña, un proceso que existe desde hace muchísimos años. Durante todos los años en que en España ha gobernado el Partido Popular se ha seguido llevando a cabo el proceso de inmersión lingüística de Cataluña, durante todos. Es más, el decreto que usted dice que ha hecho el Gobierno del Partido Socialista en 2006 lo que hace es modificar un decreto del año 2002 -es decir que se realizó en pleno Gobierno por mayoría absoluta del Partido Popular-, en el que se establecía que las seis horas de enseñanza de lenguas se podían dividir en dos de catalán, dos de castellano y dos de estructuras lingüísticas comunes, que se permitían dar en la lengua propia de Cataluña, que es el catalán. A ustedes les pareció bien. No entiendo por qué ahora ustedes utilizan el decreto recurrido de 2006 utilizando unos argumentos que ustedes han tolerado y consentido durante toda su etapa de Gobierno, sin y con mayorías absolutas. Y es que -entro ahí en mi propuesta de fondo- he de decir que yo lamento profundamente toda posición política que sea la de jalear, abundar o crear un problema en donde no lo hay, porque no lo hay. Técnicamente no lo hay. El señor Tardà se ha referido a ello. Si estamos todos auditados por los PISA, OCDE, etcétera. Los resultados de los estudios oficiales válidos en España para todo el territorio nos dicen que cualquier chico o chica al finalizar la enseñanza obligatoria, que es donde se marcan las leyes y los objetivos, tienen el mismo dominio del castellano -igual de bueno o igual de malo, estoy de acuerdo con él- que cualquier otro chico o chica de cualquier otro instituto o centro de enseñanza del resto del Estado, el mismo. Si es malo, es malo en general, no solo debe ser malo contemplado en Cataluña. Además, estos estudios nos dicen objetivamente -no con pruebas que hayamos hecho desde Cataluña- que el uso social del catalán no solo no está avanzando, sino que está retrocediendo. La señora Fernández Davila se ha referido a ello, y yo quiero insistir: hoy en Cataluña se puede vivir solo en castellano y no se puede vivir solo en catalán. Esta es la situación real, todo lo demás es crear políticamente un problema que en la sociedad no existe. Pero, además, nosotros defendemos y defenderemos el proceso de inmersión lingüística porque -el señor Tardà lo ha señalado también- para nosotros lo más importante es la cohesión social, el que no haya un solo pueblo, discriminado por la lengua que hable, por razón de su pertenencia de origen. Creo que hay que rectificar todas estas razones que pretendidamente se dan para justificar una situación que técnicamente es inexistente, y ha de lamentar una vez más que se cree un problema donde no lo hay.


Por todo ello, anuncio nuestro voto negativo desde Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Alegría.


La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Señorías, de acuerdo con los principios rectores que inspiran la LOE, la educación se concibe como un proceso de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. En consecuencia, todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias, competencias para su desarrollo personal y profesional. La introducción que la LOE hace en el currículum escolar del término competencias básicas no es una mera definición de un concepto, sino que implica una completa reformulación de los métodos de enseñanza: del saber al saber hacer, del aprender al aprender a aprender.
El objetivo es que una vez cumplida la etapa

Página 34


de escolarización obligatoria nuestros jóvenes hayan alcanzado una serie de competencias que les permitan incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral de una manera satisfactoria. Dicho de otro modo, ahora ya no hablamos solamente de contenidos, sino de la adquisición por parte de nuestros jóvenes de las competencias necesarias para poder ser competitivos en Europa. Una de estas competencias básicas es la de la comunicación lingüística. La adquisición de esta competencia lingüística en nuestro idioma y en otros supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el lenguaje, tanto en la comunicación oral como en la escrita y, asimismo, saber interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. Porque hoy, señores diputados, el dominio de las lenguas es, además de una riqueza, como decía esta mañana el presidente del Gobierno, una necesidad acuciante, y es allí donde el Ministerio de Educación debe redoblar sus esfuerzos: en que la competencia lingüística de nuestros jóvenes les permita estudiar, trabajar y moverse con garantías por toda Europa y por el resto del mundo. Precisamente por eso el Gobierno debe garantizar y garantiza el dominio del castellano por parte de todos los alumnos, y les aseguro que está garantizado. Por eso me sorprende que ustedes, los diputados del Partido Popular, sigan obcecados en este debate tan estéril. Los alumnos españoles, vivan donde vivan, hablan, comprenden y se expresan con normalidad en castellano.
(Rumores.) Sí, señorías, porque nosotros deseamos y trabajamos para que en aquellas comunidades autónomas que tienen entre su riqueza patrimonial tanto el castellano como su otra lengua nuestros estudiantes alcancen un verdadero (Rumores.) Sí, señorías, como en muchos otros países han hecho ya antes y han demostrado que es posible, y hoy en consecuencia tienen una posición mejor comparativamente que nosotros. Por eso nosotros trabajamos para que nuestros jóvenes sean competentes en dos idiomas españoles y en uno extranjero. Eso es el futuro, lo que sucede es que ustedes, señoras y señores del Partido Popular, siguen anclados en el pasado. Señor Gallego, le voy a pedir que sea un poquito más riguroso, porque aunque sea novato, igual que yo, a la hora exponer los argumentos hay que ser un poco más riguroso. Efectivamente el Real Decreto 1513/2006 establece las enseñanzas mínimas de la educación primaria, y fija en 665 el mínimo de horas de castellano en las comunidades autónomas con lengua propia. Sin embargo también permite que, en el caso de no efectuarse, se hagan en castellano un número de horas equivalentes de otras materias, Real Decreto 1513/2006. En el caso de Cataluña esto se traduce en tres horas de enseñanza de castellano y tres horas de catalán. Los contenidos de estas horas son comunes en ambas lenguas: estructuras lingüísticas, gramática, sintaxis, etcétera. Por eso, aquellos centros que elijan impartir en catalán tendrán que compensar la hora de castellano impartiendo en esta lengua otra materia. No obstante, es la inspección educativa quien debe velar y vela, en primer lugar, por el cumplimiento de la normativa básica y del proyecto educativo de centro. Y en el ministerio no existe ninguna comunicación por parte de la alta inspección del Estado en Cataluña de que esto no se esté cumpliendo. Hasta el momento, en este periodo de implantación, la actuación de la administración educativa autonómica ha sido respetuosa con la norma y ha puesto los medios necesarios, a través de las instrucciones dadas a los centros y a la inspección, para garantizar el cumplimiento de la normativa. (Rumores.)

Para finalizar mi intervención querría hacer solamente dos reflexiones que me surgen después de escuchar al señor Gallego. Hace unos días leía un artículo de opinión en un periódico de tirada nacional que hablaba sobre la tematización que a veces se hace de diferentes asuntos, con el único objetivo de informar o desinformar -como es el caso- de algunos temas, porque después de escucharle es más que evidente que ustedes pretenden generar un conflicto donde no lo hay; porque, señoras y señores del Partido Popular, en Cataluña no existe ningún conflicto con el castellano (Rumores.) pero a ustedes les sigue interesando hacer todos los días una ofensiva implacable contra la política lingüística catalana. Quería recordarles, como ha hecho la señora Pigem, que el régimen lingüístico de Cataluña ni es de hoy ni es de ayer. La Ley de Normalización Lingüística Catalana es de 1998, y hasta creo que la pasada legislatura no planteó el mayor problema. Saben ustedes también, como decía la señora Pigem, que hay evaluaciones realizadas por el Instituto de evaluación sobre el dominio del castellano de los alumnos que arrojan resultados muy similares en Cataluña y en el resto de las comunidades autónomas, e incluso en algunos casos, mejores. Además, están las pruebas de selectividad, donde los datos que obtienen los alumnos en Cataluña lengua castellana son superiores a los que obtienen otros alumnos en comunidades autónomas donde no hay lengua cooficial. Ustedes saben perfectamente que todos los chicos y chicas que viven en nuestro país terminan los estudios sabiendo castellano, y muchos más además saben catalán. Ningún ciudadano de Cataluña tiene problemas para vivir toda su vida en esa comunidad autónoma sin utilizar una sola palabra de la lengua propia de ese territorio. Esa es la realidad cotidiana de Cataluña y del resto de las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial, pero a ustedes les cuesta reconocerlo, y además prefieren continuar con esta estrategia de desgaste y confrontación.


Señor Gallego, yo me preocuparía más por declaraciones que hacen ustedes en Cataluña que por las que pueda hacer el señor Montilla, porque hoy vienen ustedes con esta proposición no de ley en la que parece que quieren decirnos que hay problemas con las lenguas castellana y catalana en su comunidad autónoma, y yo he leído recientemente que su líder del PP en la comunidad autónoma catalana habla de que conviven con normalidad las dos lenguas. Antes de hablar de lo que dice el señor Montilla, preocúpense y fijen criterios en su casa. (Rumores.) Por último, me reconocerán que es llamativo que vengan hoy presentando esta proposición

Página 35


no de ley instando al Gobierno a que haga cumplir en Cataluña la impartición de una tercera hora de castellano, y sin embargo, no hayan presentado en esta Cámara todavía una proposición no de ley donde insten al Gobierno a que haga cumplir la LOE, ley aprobada en este Parlamento, en aquellas comunidades autónomas donde están boicoteando la impartición de una asignatura como es Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Aprovechen la reunión que tienen el lunes con los consejeros de Educación en su sede de Génova y fijen criterios en este tema. Con todo lo anteriormente expuesto, imagino que los señores y señoras del Partido Popular habrán adivinado cuál va a ser nuestro voto.


- RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA LOS MENORES DE TRES AÑOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000376.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, la proposición no de ley relativa a la aprobación del Plan integral de atención para los menores de 3 años en situación de dependencia que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Hay un acuerdo general y dada la circunstancia y la hora que es, rogaría que las intervenciones fueran breves.


El señor BARRACHINA ROS: Voy a ocupar menos de la mitad del tiempo al que tengo derecho, pero me permitirá usted que, después de haber sido incesantemente aludido en esta Comisión y no haber pedido ningún derecho a réplica, diga que he escuchado con absoluto estupor que, ante la intervención brillante de mi compañero Gallego, por pedir una tercera hora en castellano, se hable de genocidio. Qué será por tanto cuando se dan veintiocho en otra lengua. Ni siquiera se ha atrevido a pedir lo que hay en mi comunidad, la comunidad valenciana, que es libertad, señora Alegría; libertad para que los niños pongan la crucecita en una casilla o en otra. Concluyo, señor presidente, y me centro en el tema, diciendo lo que es evidente y obvio, y es que coincido -en eso sí- con el señor Tardà. Es curioso que me aludan siempre -Tardà, Campuzano- cuando no tengo derecho a réplica y cuando tengo la oportunidad de hablar no están.
En eso sí coincido. Afortunadamente, Franco no pudo con el catalán, y tampoco Esquerra podrá naturalmente con el castellano. Mientras tanto, cientos de miles de niños son privados de su libertad de elección de su lengua materna en la escolarización.


Una vez aclarado este extremo, felizmente hemos llegado a un acuerdo en materia de dependencia en lo referido a los niños menores de 3 años. La Ley de Dependencia, aprobada por la inmensa mayoría de esta Cámara, recogía en su ámbito de aplicación, en el artículo 5, que los niños menores de 3 años estarían a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera. Esa disposición adicional recoge, en su punto tercero, que hay que hacer un plan integral que atienda a los niños. Afortunadamente, con el esfuerzo de la portavoz socialista y la comprensión del resto de grupos presentes en esta Comisión -Bloque Nacionalista Galego, Convergència i Unió y Esquerra Republicana-, hemos alcanzado el acuerdo de que el Gobierno proponga al Consejo Territorial de la Dependencia en el plazo de tres meses la creación de un grupo que, antes de un año, alumbre ese plan que debe procurar la temprana rehabilitación -con la mayor de las eficacias- de las capacidades mentales, intelectuales y físicas, como bien recoge esa disposición adicional. El texto ha sido rubricado por todos los grupos y, por tanto, quiero agradecer el esfuerzo y la comprensión de todos ellos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pérez Domínguez por el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Yo también voy a ser breve para que no perdamos los trenes o los aviones.


Efectivamente, hemos llegado a un acuerdo. Es absolutamente positivo que se encargue la creación de un grupo de trabajo para que empiece a trabajar en uno de los planteamientos que tenía la ley que era la realización de este plan integral. Solamente quiero añadir que, a día de hoy, es importante saber que se están produciendo ya valoraciones, que ya hay más de 1.300 menores de 0 a 3 años valorados, que están disponiendo de atención con esta Ley de la Dependencia, y que el baremo específico que planteaba la ley para ellos -que está siendo testado por los técnicos- está resultando bastante positivo. A ese trabajo de valoración y de prestaciones es muy necesario acompañarlo de este plan que, como dice el señor Barrachina, recoge la disposición decimotercera en su tercer punto. Hay que dar ese voto de confianza a las comunidades autónomas y al Gobierno en el Consejo Territorial de la Dependencia para que dispongan del tiempo necesario para poder aplicarlo.


Agradezco también al resto de los grupos que hayan firmado conjuntamente la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: La señora Fernández Davila quería hacer una breve intervención.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Una brevísima intervención, señor presidente, pero creo que merece la pena, primero porque, sin que sirva de precedente, queremos felicitar al señor Barrachina, al Grupo Popular por esta iniciativa que compartimos, que vamos a apoyar, y por eso hemos llegado al acuerdo. Cuando compartimos algo de este nivel, que es la propuesta que presenta el señor Barrachina, no tenemos ningún inconveniente en que así conste en el"Diario de Sesiones".


El señor PRESIDENTE: Señora Tarruella.


Página 36


La señora TARRUELLA TOMÁS: Ateniéndonos a la hora que es y a la brevedad que se nos pide, simplemente queremos hacer constar nuestra satisfacción por que sea aprobada hoy esta proposición no de ley, si bien me gustaría también puntualizar que esta demanda, que es la atención a los niños de 0 a 3 años, saben las señoras y los señores diputados presentes en esta Comisión mucho mejor que yo cómo mi admirado compañero Carles Campuzano, en la pasada legislatura y durante la tramitación de la llamada Ley de la Dependencia, peleó mucho e hizo mucho hincapié para que este apartado fuera incluido en la ley. Finalmente fue en esta disposición y nosotros ahora deseamos que este antes de un año que hemos pactado en esta transaccional entre todos los grupos sea el tiempo más breve posible porque, a pesar de que yo no comparto tanto el optimismo de la diputada del Partido Socialista, es muy importante desarrollar todo el aspecto reglamentario que lleva la Ley de la Dependencia.


El señor PRESIDENTE: Señorías, voy a aclarar que vamos a votar las proposiciones en el orden en que aparecen en el orden del día, y no en el que las hemos debatido.


En primer lugar, vamos a votar la proposición sobre la transferencia y financiación de los servicios de las competencias sobre expedición y homologación de títulos académicos, profesionales y universitarios a la Generalitat de Cataluña, que se somete en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y que ha sido aceptada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la proposición no de ley relativa a impartir una tercera hora de castellano en Cataluña, que se somete a votación en sus propios términos, en los que ha sido presentada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; votos en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley para territorializar la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social, que se vota también en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; votos en contra, 30; abstenciónes, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, votamos la proposición no de ley relativa a la aprobación del Plan integral de atención para los menores de 3 años en situación de dependencia, que se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional acordada por todos los grupos parlamentarios.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Muchas gracias. Buen viaje. Buenas noches.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal