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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 64, de 30/07/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 64
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 3 (extraordinaria) celebrada el miércoles 30 de julio de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia de la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz), para informar sobre:

- La posición del Gobierno ante las reformas de la legislación electoral, incluida la del voto de los ciudadanos inscritos en el CERA. A petición propia. (Número de expediente 214/000031.)... (Página 2)

- Qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno para posibilitar el voto presencial en urna de los españoles residentes en el exterior, inscritos en el CERA, al objeto de que dicha reforma sea efectiva para los próximos procesos electorales. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000127.)... (Página 2)

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La disposición del Gobierno a tramitar, con la máxima urgencia, un Proyecto de Ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del Régimen Electoral General (LOREG), que permita que los residentes ausentes puedan ejercer su derecho al voto en urna, al objeto de garantizar el carácter secreto del voto y evitar la suplantación de la identidad de los votantes, en los procesos electorales a celebrar el próximo año, teniendo en cuenta que el 14 de julio de 2008 el Parlamento gallego, con ese objeto, someterá a debate y votación una Proposición de Ley orgánica de reforma parcial de la LOREG, que cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara gallega.
Apetición de los grupos Mixto y Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 213/000133.)... (Página 2)

Se abre la sesión a las once de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar esta sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional acordada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados con un orden del día que, como ustedes conocen, tiene tres puntos, que trataremos como uno solo porque son distintas peticiones para el mismo asunto. En primer lugar, está la petición de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, a quien damos la bienvenida a esta Comisión para su comparecencia, que lo ha hecho para informar sobre la posición del Gobierno ante las reformas de la legislación electoral, incluida la del voto de los ciudadanos inscritos en el censo de españoles residentes ausentes, el CERA. El segundo punto es la comparecencia igualmente de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia para que informe sobre qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno para posibilitar el voto presencial en urna de los españoles residentes en el exterior inscritos en el CERA, al objeto de que dicha reforma sea efectiva para los próximos procesos electorales. Y en tercer lugar, también la comparecencia de la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia para explicar la disposición del Gobierno a tramitar con la máxima urgencia un proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, Reguladora del régimen electoral general, que permita que los residentes ausentes puedan ejercer su derecho al voto en urna al objeto de garantizar el carácter secreto del voto y evitar la suplantación de la identidad de los votantes en los procesos electorales a celebrar el próximo año, teniendo en cuenta que el 14 de julio de 2008 el Parlamento gallego con ese objetivo ha sometido a debate y votación una proposición de ley orgánica de reforma parcial de la LOREG que cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara gallega.
Como ven, son tres puntos de la misma comparecencia de la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Comenzaremos el debate con la intervención de la señora vicepresidenta y luego pasaremos a la intervención de los grupos proponentes y del resto de los grupos.
Señora vicepresidenta tiene la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoras y señores diputados, portavoces -bienvenido señor Pizarro como portavoz de esta Comisión-, comparezco esta mañana ante ustedes con la intención de darles a conocer la posición del Gobierno en relación con la posibilidad de introducir reformas en nuestro sistema electoral. Sin duda este es un tema de gran relevancia democrática e institucional que nos interesa a todos sobremanera, en la medida en que las posibles reformas van dirigidas a profundizar en la calidad de nuestra democracia y en el perfeccionamiento de nuestro sistema político. Permítanme que comience reafirmando la voluntad expresa del Gobierno de llevar adelante una reforma del régimen electoral. Como ustedes recordarán, fue el mismo presidente del Gobierno quien se comprometió a abordarla en el debate de investidura, y para ello propuso la constitución de una subcomisión en esta Comisión para abordar y evaluar todo aquello que afecta a la Ley Electoral. Yo misma ante esta Comisión, el pasado 7 de mayo, volví a manifestar la disposición del Gobierno a seguir propiciando todas aquellas reformas que tengan como objetivo mejorar y facilitar la participación ciudadana y que nos permitan ganar en calidad democrática e incrementar el rendimiento de las instituciones.


En la misma comparecencia anuncié también la voluntad del Gobierno de solicitar del Consejo de Estado un informe sobre las determinaciones constitucionales del Régimen Electoral General, así como sobre las principales propuestas de reforma del mismo que han sido objeto de debate político y doctrinal, analizando en particular tanto su ajuste al marco constitucional como su funcionalidad dentro del conjunto del sistema.
Pues bien, mi compromiso está cumplido ya que, como saben todos ustedes, hace algo más de un mes el Consejo de Ministros, en su reunión de 27 de junio, acordó solicitar el citado informe.


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Señorías, como bien saben todos ustedes porque lo hemos reiterado en distintas ocasiones, el Gobierno valora muy positivamente el sistema electoral español y la ley que lo desarrolla. Como dijo el presidente en el debate de investidura, se trata de un sistema que ha permitido garantizar los tres principios que se le piden a una ley electoral: que sea una ley justa, que recoja la pluralidad mediante un método proporcional y que permita la formación de mayorías y gobiernos. No nos cabe duda de que esa garantía ha contribuido decisivamente a la gobernabilidad y a la estabilidad política de España, conformando un régimen democrático cuya solidez y calidad están plenamente acrisoladas y reconocidas. Sin embargo todo sistema es perfectible, todo sistema -aun el más elaborado- debe ser sometido permanentemente a análisis y revisión. Debe ser así para evaluar sus necesidades de actualización, para corregir las eventuales disfunciones que han podido ir configurándose y consecuentemente para perfeccionar o adaptar la normativa a aquellos aspectos que la evolución política y social de un país democrático como el nuestro demanda. En esa dirección, el compromiso electoral que adquirimos con los ciudadanos el pasado mes de marzo y al que los ciudadanos otorgaron su confianza mayoritaria contempla una serie de medidas con la intención no de cambiar el modelo electoral sino de mejorar la participación de la ciudadanía en los procesos electorales.
Nuestra posición ha sido y es muy clara. En primer lugar, consideramos que nuestro modelo electoral es válido; ha sido y es un instrumento esencial de nuestro sistema político. En segundo lugar, coincidimos con los grupos parlamentarios y con muchos especialistas en la materia en que el modelo puede y debe mejorarse. Por tanto, reafirmamos la validez de nuestro sistema electoral, coincidimos con los grupos en que podemos mejorar y estamos dispuestos a hacerlo desde el acuerdo y el consenso porque, desde nuestro punto de vista, las reformas de la Ley Electoral deben abordarse desde el consenso entre las fuerzas políticas; a poder ser, de todas las fuerzas políticas. Y queremos que así sea porque nos encontramos ante una norma fundamental del Estado democrático, una norma de gran relevancia constitucional -algunos la sitúan en el marco del denominado bloque de constitucionalidad-, una ley que contiene las reglas fundamentales de la representación política en democracia y cuya modificación tiene siempre una fuerte repercusión social. La Ley Electoral garantiza la expresión de la soberanía popular al articular el procedimiento del que emana la voluntad mayoritaria del pueblo, permitiendo la alternancia en el poder y dando sentido a ese valor superior de nuestro ordenamiento jurídico que llamamos pluralismo político. En consecuencia, nos parece más que razonable que la intervención legal sobre todo aquello que incida en el acceso a la participación política de los ciudadanos esté presidida por una opinión compartida de quienes son precisamente sus representantes políticos.


Por otro lado, también debe repararse en el hecho de que en algunas de las propuestas de reforma planteadas por los distintos grupos parlamentarios concurren especiales dificultades de carácter jurídico, siendo preciso determinar si en tales casos basta con la sola modificación de la Ley Electoral o sería necesario abordar una reforma de la Constitución. En otros casos las dificultades son de articulación técnica, en razón de la complejidad de la materia, circunstancia que obligará a los responsables de la reforma a ponderar y a elegir la más adecuada entre las diversas alternativas posibles. El Gobierno, señorías, entiende que las reflexiones y decisiones a que finalmente den lugar todas las cuestiones que hay que abordar -técnicas y jurídicas- deben producirse desde el principio en un marco de diálogo.


Estas son las razones que nos han llevado a decantarnos por convocar a los grupos políticos presentes en esta Cámara a un diálogo en sede parlamentaria, en lugar de elaborar y presentar un proyecto de ley a las Cortes. El Gobierno considera que es en el Parlamento -lugar en el que reside la representación democrática- donde deben celebrarse los debates y fraguarse los consensos necesarios para iniciar las reformas electorales. Por eso, pensamos que la creación en el seno de la Comisión Constitucional de una subcomisión que estudie las posibles modificaciones del régimen electoral general es el camino correcto.


Señorías, en este tema es conveniente además, a mi juicio, prescindir de posiciones dogmáticas o partidarias. Los pilares fundamentales de un sistema político, si se quieren fuertes, deben construirse con ausencia de material oportunista, pues este se revela frágil con el paso del tiempo y acaba perjudicando al conjunto del edificio. En temas de gran calado, como es el caso, debemos trabajar con la mirada puesta más allá de lo inmediato y, en cuanto a la llegada a buen puerto, no teman SS.SS.
porque el Gobierno no tiene la intención de dilatar eternamente su travesía amparándose en el consenso. El consenso nos importa demasiado como para pervertir su valor. No pretendemos hacer de él una herramienta para la demora, un instrumento que en la práctica obstaculice la toma de decisiones y la solución de los problemas más acuciantes. Es por esta razón que confiamos y deseamos que la subcomisión comience sus trabajos en fechas próximas, cuando SS.SS. decidan; como saben, en este tema esto depende de ustedes.


Señorías, derecho de voto y ciudadanía son cara y cruz de una misma moneda. Ciudadano o ciudadana es quien puede participar plenamente en la vida de una comunidad política y, en una democracia representativa como la nuestra, esa participación se ejerce principalmente a través del derecho de voto, cuyas condiciones de ejercicio vienen determinadas por el régimen electoral. El régimen electoral habilita la participación de los ciudadanos, traduce su voluntad en escaños y legitima democráticamente las decisiones de los diversos poderes públicos del Estado. En consecuencia, examinar y debatir propuestas concernientes al régimen electoral supone

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adentrarse en el corazón de nuestra democracia y en el territorio de los consensos políticos y constitucionales sobre los que esta se asienta.


Frente a quienes consideran que en las sociedades contemporáneas hay un exceso de derechos y libertades públicas, los socialistas siempre hemos pensado que el reconocimiento de nuevos derechos o la mejora de los ya existentes solo puede redundar en una mayor calidad de nuestra democracia. Esa confianza en los derechos y en las personas forma parte de nuestra trayectoria política y es sin duda una de las señas de identidad del Gobierno del presidente Zapatero.


Señorías, dada la apuntada vinculación entre el derecho de sufragio y el estatuto de ciudadanía, era en cierto modo inevitable que un partido y un Gobierno especialmente preocupado por extender y mejorar los derechos de los ciudadanos reflexionase y propusiese ciertos cambios en relación con el derecho de voto y sus condiciones de ejercicio. Algunos, como la introducción de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las candidaturas electorales, la garantía del secreto de voto de las personas con discapacidad o el compromiso de facilitar el ejercicio del derecho de voto de los españoles residentes en el exterior, ya fueron objeto de debate y aprobación en la pasada legislatura; otros, sin embargo, no pudieron entonces acometerse y por esa razón se incorporaron a nuestro programa electoral. Además, la pasada campaña electoral puso de relieve que la preocupación por perfeccionar algunos aspectos de nuestro régimen electoral es un criterio compartido por la práctica totalidad de las fuerzas políticas. Por eso solicitamos del Consejo de Estado el informe sobre las principales propuestas de reforma al que me he referido y por eso, abundando en la misma dirección, el Grupo Parlamentario Socialista recabó las firmas necesarias para proceder a la creación de la subcomisión a la que antes me refería, firmas que fueron presentadas el pasado mes de mayo en el registro de la Cámara, haciendo constar además que los grupos podrían promover -quiero destacar este tema- y dar prioridad a cuantas iniciativas legislativas, puntuales o parciales, considerasen conveniente adelantar. Por tanto, desde el pasado 29 de mayo la subcomisión está en condiciones de ser constituida a través de alguno de los cauces reglamentariamente establecidos e iniciar sus trabajos cuando así lo estime la Cámara o cuando así lo estimen ustedes, señorías.


En suma, la decisión del Gobierno de favorecer la formación de un amplio consenso forjado en la Cámara, que confiera a las iniciativas de reforma un carácter compartido por todos los grupos políticos, se ha visto acompañada por la fuerza de los hechos; unos hechos que certifican que como Gobierno hemos cumplido escrupulosamente con todos y cada uno de los pasos anunciados.


Concluido el periodo ordinario de sesiones, algunas de las cuestiones que están llamadas a formar parte de los trabajos de la subcomisión han adquirido una mayor notoriedad y relevancia en los debates públicos, lo que ha motivado esta comparecencia. Me refiero, por una parte, al reconocimiento del derecho de voto a los extranjeros residentes en España y, de otra, a la cuestión del voto en urna de los residentes ausentes, habiéndose debatido además el pasado día 21 una proposición de ley orgánica en el Parlamento de Galicia en relación con esta concreta materia.


Por lo que respecta al reconocimiento del derecho de voto a los extranjeros residentes en España, señorías, les diré que el Partido Socialista y el Gobierno ya han manifestado su posición favorable al reconocimiento del derecho de voto en las elecciones municipales a todos aquellos inmigrantes con residencia estable en nuestro país. Si viven con nosotros, si trabajan con nosotros, pagan impuestos como nosotros y utilizamos los mismos servicios públicos, es de justicia que también puedan decidir con nosotros y que, a través del derecho de voto, puedan, como nosotros, otorgar o retirar su confianza a quienes ocupan cargos electos en los gobiernos locales. Claro es que el reconocimiento a los extranjeros residentes de este derecho de voto debe hacerse dentro del marco establecido por el artículo 13.2 de la Constitución y, por tanto, con observancia de los criterios de reciprocidad a que se refiere el citado precepto constitucional. Aunque ciertamente y a día de hoy no nos consta la existencia de sentencia alguna del Tribunal Constitucional que de forma directa haya precisado qué ha de entenderse por criterios de reciprocidad, nosotros estamos dispuestos a explorar y consensuar en sede parlamentaria las diversas propuestas interpretativas que se formulen al efecto, en el bien entendido de que interpretar esa expresión nunca puede justificar su negación o su desconocimiento. El legislador, en el ejercicio de su función de desarrollo normativo de la Constitución, está habilitado para elegir, de entre varias interpretaciones constitucionales posibles, aquella que con el necesario consenso estime más adecuada y conveniente a la realidad que quiere regular, teniendo en cuenta, por tanto, que elegir no es sustituir ni imponer una fórmula alternativa a la constitucionalmente establecida. Teniendo en cuenta esto estamos dispuestos, pues, a trabajar por encontrar dentro de la Constitución aquellas fórmulas que nos permitan extender ese derecho de voto al mayor número posible de extranjeros con residencia permanente en España. Ahora bien, esa misma voluntad y disposición la tendremos a la hora de defender una interpretación razonada y razonable del artículo 13.2 de la Constitución española. Desde esa perspectiva, pueden adelantarse ya algunas líneas de trabajo en relación con los principales colectivos de inmigrantes presentes en nuestro país.


Ante todo, es propósito del Gobierno aprovechar las posibilidades que ofrecen algunos tratados de cooperación y amistad que han sido ratificados por España y que prevén ya en la actualidad extender el derecho de voto en las elecciones municipales a los extranjeros nacionales de los Estados signatarios. España ha ratificado este tipo de acuerdos internacionales con países como

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Noruega, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, solamente el canje de cartas acordado con Noruega se está aplicando actualmente en términos que permiten a los noruegos con residencia legal e ininterrumpida de tres años en España ejercer el derecho de voto en las elecciones municipales, más allá de lo que se incorporó a través del Tratado de Maastricht en relación con los ciudadanos europeos. El resto de tratados precisan de la firma de acuerdos complementarios en lo que se refiere al derecho de voto en las elecciones municipales en los que se prevean las condiciones en las que se extenderá este derecho a los extranjeros nacionales de tales países y en las que dichos países reconocerán el derecho al voto en sus elecciones a los españoles. Es voluntad del Gobierno tomar la iniciativa para generar -ya lo venimos haciendo- en el marco de nuestras relaciones diplomáticas con dichos Estados el clima de diálogo que permita alcanzar los acuerdos necesarios para extender el derecho de sufragio a los nacionales de los Estados citados. Estamos convencidos de que el clima de entendimiento que preside la relaciones de España con los países citados facilitará la pronta celebración de tales acuerdos.


De igual manera, en segundo lugar, el Gobierno explorará la posibilidad -lo estamos haciendo ya- de firmar tratados similares con aquellos países cuya Constitución y legislación lo haga posible porque permita la extensión a los españoles del derecho de sufragio en sus respectivas elecciones. Este es el caso de países como Bolivia, Paraguay, Perú o Islandia; y, finalmente, existe otro grupo de países en los que la celebración del acuerdo de reciprocidad ofrece especiales dificultades debido a que su Constitución o su legislación impide en la actualidad que reconozcan el derecho de sufragio en sus elecciones a los españoles, o bien a la dificultad derivada de que no existen en ellos elecciones similares equiparables. Este último caso es el de países como China -por citar algún ejemplo- o Guinea Ecuatorial. En países como India, Argelia o Pakistán la dificultad para la firma del necesario acuerdo de reciprocidad dependerá de la modificación previa de su legislación electoral, y en otros países como Brasil, Ecuador, Guatemala o República Dominicana -por citar solo algunos ejemplos- la firma del acuerdo de reciprocidad está supeditada a un cambio de su propio texto constitucional, dado que es la propia Constitución de los países cuyos nacionales serían beneficiarios en España del derecho de sufragio la que lo impide.


Como fácilmente puede verse, la obligación de cumplir el requisito de reciprocidad hace que la solución para la extensión del derecho de sufragio a los extranjeros deba hacerse Estado por Estado y que la cuestión presente un grado variable de dificultad dependiendo de la normativa y de la situación política interna de cada país. Además, el criterio constitucional de reciprocidad nos obliga a desplegar, cosa que ya estamos haciendo, una intensa actividad diplomática en la búsqueda de los acuerdos internacionales necesarios para la firma de los respectivos tratados. Esta es una de las razones por las que el Gobierno, más allá de las actuaciones que les indicaba que ya estamos llevando a cabo -y aprovecho la ocasión de esta comparecencia para anunciárselo-, va a nombrar un embajador en misión especial para la negociación de los acuerdos de reciprocidad con los distintos países, comenzando por aquellos que cuentan con mayor número de inmigrantes residentes en España.


Así pues, y a pesar de las dificultades que acabo de expresarles, el Gobierno quiere mostrar de forma clara su predisposición para trabajar, siempre en los márgenes que permita nuestra Constitución y en el ámbito de los criterios que se establezcan en esta Comisión, en la búsqueda de las fórmulas que permitan superar tales dificultades y lograr la firma de los necesarios tratados de reciprocidad con terceros países siempre que ello sea posible. Lo haremos, como les decía, comenzando por aquellos que tienen mayor número de residentes en nuestro país y en los que el marco normativo y diplomático lo haga más fácil, y extendiendo la firma de los respectivos acuerdos progresivamente a otros países. Entendemos que merece la pena hacer frente a estas dificultades, ya que extender el derecho de sufragio a los extranjeros significa no solo cumplir una condición que facilitará en gran manera su integración en la vida política y social de nuestro país, sino también cumplir un compromiso de estricta justicia en un Estado, como el nuestro, que hace del reconocimiento y la efectividad de los derechos fundamentales para todos una de sus principales señas de identidad.


En cuanto a la segunda de las cuestiones, es decir, la concerniente al establecimiento del voto presencial o en urna de los residentes ausentes, el Gobierno, en consonancia con lo que siempre ha defendido, manifiesta su clara posición favorable a esta iniciativa. Nuestro apoyo es un apoyo decidido y responsable, que no pretende rehuir la complejidad de la cuestión y mucho menos ocultar sus múltiples implicaciones. Señorías, a ninguno de los presentes se nos escapa que perfeccionar las condiciones de ejercicio del derecho de voto de los residentes ausentes es una propuesta íntimamente unida a aquella otra, también formulada por algunas fuerzas políticas entre las que se encuentra el Partido Socialista Obrero Español, que pretende examinar, debatir y finalmente, en su caso, aprobar la creación de una nueva circunscripción electoral para los ciudadanos residentes en el exterior. Las condiciones de voto de los españoles en el exterior y la posibilidad de reformar nuestro ordenamiento jurídico con el fin de crear una circunscripción única y específica que les permita disfrutar de una representación propia son sin duda alguna proyecciones diferentes de una misma realidad. Es claro que el legislador puede optar por aprobar una sola de estas propuestas o incluso acordar el tratamiento separado y diferido de ambas, pero en todo caso parece razonable que se consideren las múltiples implicaciones jurídicas y políticas existentes entre ellas, que se pronuncie y fije expresamente el orden de prioridades y que se establezca,

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establezca, desde el consenso, un calendario coherente de actuaciones.
Tanto del contenido -deduzco- de las diversas intervenciones habidas en relación con esta comparecencia en el seno de la Diputación Permanente como del hecho de haberse presentado por el Parlamento de Galicia una iniciativa legislativa de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, cabe inferir que la mayoría de las fuerzas políticas presentes en esta Comisión se inclinan por abordar el tratamiento separado y diferido de ambas propuestas, dando prioridad a la primera de ellas. Es evidente que, tratándose de un tema expresamente residenciado en el Parlamento -el acuerdo, con la aceptación de todos los grupos políticos-, es al legislador a quien le corresponde fijar el orden de prioridades que estime más conveniente y oportuno y por ello mismo siempre va a encontrar en el Gobierno todo el apoyo y toda la colaboración que sea precisa para llevar a cabo lo que en el seno de esa subcomisión y de esta Comisión se decida.


La voluntad compartida y mayoritaria de reforzar las garantías del ejercicio del derecho de voto en el exterior no nos puede llevar tampoco a desconocer la importancia de los retos técnicos y de articulación jurídica a los que como legisladores debemos hacer frente; retos técnicos que exigen capacidad de adaptación y sobre todo de encuentro entre todas las fuerzas políticas. Todos confluimos, pues, en la disposición a mejorar en tanto sea posible la calidad democrática del ejercicio del voto de quien reside en el exterior. Si bien, como SS.SS. conocen mejor que nadie, esta ha sido una cuestión larga y ampliamente debatida en esta sede parlamentaria, el siempre fructífero debate ha permitido conocer que existen dificultades técnicas que son inherentes al establecimiento de un sistema de voto presencial o en urna de los españoles en el exterior.


La reciente iniciativa presentada por el Parlamento de Galicia, de la que compartimos tanto su objetivo como el espíritu que la anima, contiene una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que nos ayuda a ilustrar la finalidad por todos querida de mejorar las condiciones del ejercicio de voto de los residentes ausentes equiparándolos en todo lo posible a las del resto de los ciudadanos y a vislumbrar las dificultades técnicas que todos conocemos y a las que me referiré y me he referido, aunque en su detalle la ley parece más bien pensada para hacer frente a las elecciones autonómicas exclusivamente en aquella comunidad autónoma que para operar como un marco de referencia general válido para todas las elecciones en lo que se refiere al voto de los residentes ausentes.


La complejidad del tema revela que la propuesta no está exenta de algunas dificultades que consideramos merecen una reflexión detenida. Piénsese, solo por poner un ejemplo, en la aplicación del modelo de voto que se propone en esa proposición de ley del Parlamento de Galicia a las elecciones generales, en las que sería necesario habilitar -partiendo de que es imprescindible organizar una administración electoral en el exterior- un gran número de mesas electorales en las 157 demarcaciones consulares que mantiene España en la actualidad y colocar en cada una de las mesas 52 urnas para el Congreso y otras tantas para el Senado. A ello habría que añadir en cada mesa un juego completo de papeletas de todas las candidaturas concurrentes al Congreso y al Senado por cada una de las circunscripciones. De igual manera sería necesario dotar a cada uno de los 157 consulados de cabinas, manuales de mesa y otros elementos necesarios para la votación. Hablamos, por lo tanto, de miles de mesas, de miles de urnas, junto a cientos de miles de papeletas. O piénsese, como les señalaba, en los problemas -no insuperables porque, señorías, ningún problema es insuperable- que supone reproducir la Administración electoral en cada uno de los Estados en los que España tiene representación diplomática, donde habría que nombrar miembros de las mesas electorales, que en algunos países para concurrir a sus puestos tendrían que recorrer largas distancias e incluso en ocasiones a través de vías de comunicación de difícil tránsito. Asimismo, nuestra obligación es que pensemos también en los problemas que va a plantear a los partidos políticos el nombramiento de interventores, que además puede suponer mayores problemas para los partidos minoritarios que seguramente tendrían en tales circunstancias menos posibilidades de designar personas para ejercer unas funciones imprescindibles. A todo esto habría que sumar todo lo que conlleva la creación de una estructura administrativa electoral ad hoc en la que la actual Administración electoral tendría que ser sustituida por la Administración General del Estado, que ejercería las funciones de gestión y de supervisión y control. Téngase en cuenta que la organización del voto presencial o en urna en las distintas oficinas consulares diseminadas por el mundo supondría que ciertas funciones de gestión, supervisión y control del proceso electoral, tradicionalmente encomendadas a las juntas y a las mesas electorales, deberían ser asumidas por funcionarios consulares dependientes de la Administración General del Estado. De la misma manera, otra de las garantías esenciales de nuestro proceso electoral, como es el control judicial, debería ser asumida por los funcionarios consulares, suprimiendo la garantía que brinda la intervención judicial o buscar alguna solución técnica. Pongo encima de la mesa los temas que creo que hay que abordar. Pensemos también en el tradicional despliegue de supervisores e interventores en las mesas el día de las elecciones y en qué medida puede reproducirse esa cobertura en todas o en la mayoría de las mesas consulares.


Analicemos, en definitiva -estamos en la obligación de hacerlo-, si es factible articular la constitución de una mesa electoral en todas y cada una de las oficinas consulares. Para este y para muchos otros temas que les pongo encima de la mesa, señorías, solo con el ánimo de tratar de conocer por todos la realidad -porque sobre esa realidad es sobre la que tenemos que operar- hemos de ser capaces de encontrar la mejor articulación jurídica y técnica. Y para ello creo que necesitamos no solo un diagnóstico preciso de la realidad a la que nos enfrentamos,

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sino propuestas y soluciones concretas -que seguro que las hay- y, además, en qué medida esas soluciones que vamos a proponer pueden condicionar, tienen que condicionar o tienen que determinar, la mejora del sistema en todo caso, porque no podrían condicionar en la práctica la buena marcha de una reforma que lo que pretende es establecer mayores garantías en el ejercicio del derecho de voto y mayor igualdad de nuestros conciudadanos en el exterior. La disposición de la intendencia de urnas, de papeletas y de todas las demás infraestructuras que, de acuerdo con nuestra legislación, sirven para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio igual, libre, directo y secreto, así como la correcta y acompasada adecuación a los tiempos y plazos del engranaje perfecto que constituye nuestro proceso electoral, son cuestiones, todas ellas, que solo pueden encontrar una respuesta racional y ponderada tras un minucioso análisis.


Esta línea de trabajo exigiría conocer, además, y tener presente que el ejercicio en el exterior de tal derecho requiere de algunas atenciones particulares, por su especificidad. Ahora, pienso, por ejemplo, en las derivadas de garantizar el carácter secreto del voto en urna, en aquellas oficinas consulares con un número reducidísimo de electores, o incluso otras dificultades vinculadas al derecho de participación política en relación con la campaña electoral que puedan llevar a cabo los partidos y que habrá de cohonestarse con las condiciones de ejercicio del derecho de reunión y de otros derechos exigibles en el país de que se trate. El Parlamento es, sin duda, la sede más adecuada -y esta Comisión, la idónea- para proceder al examen de todas estas cuestiones, de las ventajas, de los inconvenientes, de cada una de las soluciones técnicas jurídicas posibles y el debate parlamentario es la mejor garantía de que ningún pretendido avance en el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos españoles esconda en realidad mayores dificultades o cargas, que pudieran generar el efecto indeseable de convertir en más gravoso el ejercicio del derecho de voto que pretenden facilitar. Creo que como esto no está en el ánimo de nadie -sino todo lo contrario-, es nuestra obligación descender hasta el último detalle.


Hay que ser sensibles también a las diferentes realidades geográficas y, en ocasiones -aunque las hemos ido mejorando-, a las precarias y escasas dotaciones de infraestructuras de algunos de los países en los que viven nuestros connacionales. Es responsabilidad de todos ponderar la carga que puede suponer para muchos de nuestros compatriotas desplazarse a una determinada sede consular, sobre todo si el país es muy extenso, las distancias muy largas, las comunicaciones poco fluidas o si se trata de una persona mayor o sin demasiados recursos. Por eso hemos de ser capaces de encontrar y articular otros medios técnicos que garanticen el secreto del voto y la identidad del votante, cuando emprender un viaje para poder votar en urna genere serios costes personales y materiales a nuestros compatriotas. Se trata, sin duda, de mejorar y garantizar el ejercicio del derecho, el secreto del voto, la identidad del votante, pero también, sin duda, se trata de facilitar su ejercicio. Es decir, que todo esto no dificulte sino que facilite a su vez, también, la participación. En opinión del Gobierno, ante esta variedad de cuestiones técnicas que se plantean, las nuevas tecnologías pueden constituir una buena herramienta de trabajo, ya que, por ejemplo, permiten abrir la puerta al voto presencial en urna electrónica o al voto electrónico por Internet, sin menoscabo y en convivencia con el voto por correo, ya sea manteniendo el sistema actual o volviendo, si así lo deciden SS.SS., a la legislación anterior, de 1995, de voto rogado. Se trata, en definitiva, de reforzar las garantías de un derecho fundamental, garantías que no pueden en modo alguno mermarse por ejercerse desde el exterior.


En fin, señorías, les reitero una vez más la voluntad del Gobierno de colaborar en las reformas que sean necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de voto de nuestros conciudadanos. Si coincidimos en la voluntad de mejorar las garantías del ejercicio del derecho de voto en el exterior y en la voluntad de mejorar la calidad democrática del mismo, estoy segura de que esta coincidencia se va a concretar en acuerdos sobre las mejores fórmulas que conciten un amplio grado de acuerdo entre los grupos políticos aquí presentes. El Gobierno está dispuesto a contribuir, en la medida en que SS.SS. lo acuerden, a desarrollar y a ejercer las decisiones que SS.SS. adopten en esta materia. Cuenten por lo tanto y sepan que cuentan con todo nuestro apoyo y con toda nuestra colaboración para alcanzar los acuerdos, para desarrollarlos y para ponerlos en marcha.


Señoras y señores diputados, cuando hablamos de la reforma del sistema electoral nos estamos refiriendo a uno de los órganos vitales del Estado democrático. Por eso, cuando, además de hablar, decidimos actuar sobre el sistema debemos hacerlo con rigor y responsabilidad. Está en juego la participación ciudadana en política y el rendimiento de nuestras instituciones. Si queremos sinceramente que las modificaciones de la Ley Electoral tengan la calidad y la fuerza a las que todos aspiramos, a mi juicio debemos cuidar dos cosas: en primer lugar, buscar la excelencia de las aportaciones, el genio de las ideas, el nivel técnico de las propuestas; en segundo lugar, debemos sumar más de los 176 votos que formalmente nos pide la Constitución. Debemos estar ahí todos los posibles. Porque vivimos en democracia y sin embargo hay que hacerla cada día, sin prisa pero sin pausa; como diría Goethe, como las estrellas. Por eso reitero la voluntad del Gobierno de acordar cuantas reformas sean necesarias y de implantarlas en el tiempo que de forma ponderada consideremos entre todos, priorizando las que SS.SS. consideren oportunas. El Gobierno cree que es factible llegar a una reforma electoral acordada entre todos. Invito por tanto a SS.SS. a no cejar en la tarea, a trabajar juntos, a forjar acuerdos que la consoliden y que la hagan crecer. Si todos estamos en el empeño -que sé que lo estamos-, estoy convencida

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de que llegaremos a importantes y relevantes acuerdos. En esa voluntad, no lo duden, estamos juntos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta, por su intervención.


Pasamos ahora a la intervención de grupos. Como saben ustedes, el Reglamento establece un turno de diez minutos, que yo tomaré con cierta flexibilidad. Los grupos proponentes han sido el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Mixto y el Grupo Vasco (EAJ-PNV) El Grupo Popular, que ha sido el primer proponente cronológicamente, ha solicitado distribuir su tiempo de intervención. En primer lugar hablará don Juan Carlos Vera Pró. Tiene la palabra.


El señor VERA PRÓ: Con la venia, señor presidente.


Quiero comenzar agradeciendo a la señora vicepresidenta su presencia y su comparecencia ante esta Comisión. Mi grupo la consideraba absolutamente necesaria, porque queremos que los españoles residentes ausentes puedan ejercer su derecho de voto en urna ya desde los próximos comicios que se convoquen. Esto no va a ser dentro de mucho tiempo y de ahí nuestra urgencia. Usted, señora vicepresidenta, ha considerado oportuno extender esta comparecencia para informar sobre la posición del Gobierno respecto a diferentes reformas que pueden plantearse sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, lo cual nos parece muy bien. Además, me alegro de coincidir en muchas de las cosas que usted ha dicho, pero eso no puede servirnos de excusa para no examinar de manera urgente esta reforma puntual de nuestra ley electoral. Hoy, usted nos ha hablado de reformas que el Gobierno tiene en su consideración. Nos ha hablado, por ejemplo, de que los inmigrantes puedan votar en las elecciones municipales y tengo que decirle que ya hay fórmulas para eso, siempre que exista reciprocidad. Incluso, estamos dispuestos a estudiar la interpretación de reciprocidad a la que se refiere el artículo 13.2 de la Constitución, pero siempre que no suponga discriminación de nuestros compatriotas, residan en los países que residan. Si se quiere ir más allá, lógicamente sería necesario reformar este artículo de nuestra Constitución. Podríamos hablar de muchas otras cosas, como de la obligatoriedad de las cabinas de votación, o de que en los ayuntamientos gobiernen las listas más votadas cuando se den determinadas circunstancias, incluso, de otras reformas que se refieren también a los residentes ausentes y que requieren un debate más profundo, como la de establecer -a la que usted también se ha referido- una circunscripción propia para los residentes ausentes. En todo caso, como ya he dicho, esto no puede ser pretexto para no abordar una reforma urgente y que nosotros consideramos necesaria.


Señora vicepresidenta, sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es bien conocida la posición de mi grupo parlamentario, que además coincide con la de su grupo parlamentario. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a impulsar -como lo estamos haciendo hoy-, a estudiar y a debatir, las reformas de nuestra Ley Electoral dirigidas a facilitar y a mejorar el derecho de sufragio de los ciudadanos. Éramos partidarios de que se constituyese la subcomisión a la que se refirió el señor Rodríguez Zapatero en el debate de investidura y que usted nos anunció en su primera comparecencia ante esta Comisión. Y seguimos siendo partidarios de que se constituya a la mayor brevedad, para debatir en ella sobre todos los asuntos a los que usted se ha referido y a todos aquellos que puedan plantearse. De hecho, mi grupo se considera impulsor de esta subcomisión, que ya propusimos en el año 2005. No está en la sala el señor Jáuregui; fue una enmienda transaccional a una proposición no de ley presentada por don Ramón Jáuregui, y estoy seguro de que el presidente de esta Comisión se acordará de ello. La propusimos en el año 2005, no se llegó a constituir en la pasada legislatura porque alguien tuvo la tentación de sustraer de ella un determinado asunto, y algunos no estuvimos dispuestos a ello. Somos partidarios de ponernos a trabajar cuanto antes en esta materia, porque ninguna ley electoral es perfecta -la nuestra no es una excepción- y por tanto puede ser mejorada, pero entendemos que ninguna reforma que afecte a las reglas del juego democrático puede hacerse por intereses partidistas, sino exclusivamente por el interés general. Además, pensamos, y así lo hemos defendido en todas las ocasiones en que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, que cualquier reforma de nuestra Ley Electoral debe contar con el respaldo más que mayoritario de las Cortes Generales. Nuestra Ley Orgánica del Régimen Electoral General fue aprobada de forma unánime por esta Cámara, y esa es una condición esencial para ser una buena ley electoral.
Coincidimos con ustedes en valorar positivamente el sistema electoral, como ha hecho la vicepresidenta en el día de hoy.


En definitiva, a nosotros nos parece razonable que dediquemos todo el tiempo que sea necesario para estudiar todas las reformas que puedan mejorar la normativa electoral y, desde luego, mi grupo parlamentario irá a esa subcomisión con la mejor voluntad, dispuesto a aportar ideas y a buscar soluciones y acuerdos para los problemas que se planteen. Ahora bien, entendemos que es necesario que comencemos con una reforma que consideramos urgente, dada la cercanía de las próximas convocatorias electorales y que precisamente por ello no puede esperar a los trabajos de la subcomisión, una reforma con la que todos estábamos de acuerdo en la pasada legislatura y que así reflejamos en el Estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior.


Sin más, señor presidente, le cedería la palabra ahora a mi compañero Celso Delgado.


El señor PRESIDENTE: Don Celso Delgado tiene la palabra.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente de esta Comisión, don Alfonso Guerra, señora vicepresidenta del Gobierno, señor portavoz titular de la Comisión,

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Comisión, don Manuel Pizarro, señoras y señores, yo quiero hablar muy concretamente, señora De la Vega, de lo mismo que hablé en la Diputación Permanente, del tema que nos trae, al menos a este grupo parlamentario, aquí, que es para hablar del deseo, de la voluntad inequívoca de que 1.221.000 electores residentes inscritos en el censo y que están en el exterior puedan votar en urna, presencialmente en urna, en las próximas elecciones que se convoquen en el año 2009.


Usted ha comparecido ante esta Comisión como si hoy fuera la primera vez que asume funciones gubernamentales. El Gobierno del Partido socialista está en uso democrático de sus funciones desde el año 2004. En el mismo mes de junio de 2004, un portavoz de Coalición Canaria, don Paulino Rivero, preguntaba al entonces ministro del Interior, el hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Alonso, sobre cuándo se iba a acometer esta reforma para posibilitar el voto presencial en urna. El señor Alonso -en el Boletín Oficial de las Cortes se puede consultar literalmente lo que voy a decir- decía: Esta reforma se tiene que hacer en cualquier caso en el curso de esta legislatura, nos comprometemos a ello. Por supuesto este compromiso ha sido notoriamente incumplido, porque nada de esto se ha hecho.


Usted ha utilizado la expresión: vamos a hacer una reflexión detenida. Es muy atinada la reflexión, porque es detenida la reflexión. La reflexión sobre este tema está absolutamente parada, y está parada porque el 19 de abril de 2005 el Congreso de los Diputados aprobó también por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista justamente sobre el derecho de sufragio de los españoles en el extranjero. Se defendió y se aprobó la creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, que tenía que elaborar en el plazo de un año un informe en el que se incluirían, entre otras cuestiones, las relativas a la homogeneización de los procedimientos y plazos de los electores residentes ausentes para que pudieran votar en el exterior en las mismas condiciones que los nacionales. Nada de eso se ha cumplido, señoría.
Ustedes, el Gobierno socialista, están incumpliendo un mandato legislativo. Aprobamos todos en esta Cámara la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que está publicado en el BOE del día 15 de diciembre. Dice el artículo 4, en su punto 5: Para facilitar el ejercicio del derecho al voto de los españoles residentes en el exterior se promoverán las medidas legales tendentes a homogeneizar los procedimientos electorales para la ciudadanía española en el exterior y se habilitarán los medios materiales -repito, señoría-, los medios materiales, técnicos y humanos precisos, que posibiliten la votación en urna o a través de otro medio técnico que garantice el secreto del voto y la identidad del votante en las generales, en las europeas, en las autonómicas, en las demarcaciones consulares. Esta ley, en su disposición final cuarta, dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación. Entró en vigor el 16 de diciembre de 2006, han pasado veinte meses; aquí hay un mandato a quien tiene iniciativa legislativa, y en primer lugar la tiene el Gobierno, para acometer estas reformas. Nada de esto se ha hecho y han transcurrido veinte meses desde aquella fecha.


El Gobierno socialista, señora Fernández de la Vega, también está incumpliendo los compromisos con la representación de la emigración, porque en los plenos del Consejo General de la Emigración reiteradamente se aborda esta cuestión y reiteradamente se toman acuerdos al respecto.
Le cito dos: en Santiago de Compostela, en mayo y en junio de 2004, el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio de 2004, se reunió el pleno del consejo de la Emigración y en él se tomó el acuerdo explícito de que se modificara la Loreg, para que los ciudadanos inscritos en el CERA votaran en las mismas condiciones que los que residen en el territorio nacional. Ha sido reiterado en el pleno del 19 y 20 de noviembre de 2007, cuya acta ase acaba de aprobar hace unos días en la reunión celebrada en Madrid, y dice: Este consejo general acoge favorablemente la implantación del voto en urna en el exterior al mismo tiempo que pide que no se suprima bajo ningún concepto el voto por correo. Usted ha desanimado por completo a los que estamos en esta Comisión y a todos los que trasladan la información al exterior de las complejísimas dificultades técnicas que tienen estas reformas. Yo vivo en un país que se autocalifica la octava potencia económica del mundo; yo escucho a mi presidente del Gobierno, que habla todos los días de lo bien que vamos y de que hemos sobrepasado a Italia y a otros grandes países en no sé cuantos ranquins; yo veo a ciudadanos de Ecuador, a ciudadanos de Perú y a ciudadanos de Colombia votando en las elecciones generales y presidenciales de sus países en Madrid y en los distintos consulados que hay en España, y yo me pregunto: ¿somos ese país o somos otro país diferente? Sé que hay complejidades técnicas, pero desde luego todas son salvables, si hacemos una legislación y una reglamentación adecuada.


En esta legislatura que ha empezado nosotros hemos movido ficha, hemos movido ficha ya en mayo de 2008, cuando hubo un debate sobre la facilitación del voto en el Senado, a instancias del Partido Socialista.
Nosotros introdujimos una enmienda para acelerar este tema, fue rechazada, y lo hemos planteado ya con nuestra petición de que se constituya una subcomisión. Esa subcomisión no se ha constituido y es imprescindible que eche a andar cuanto antes. Las reformas del voto exterior, para que los que residen en el exterior puedan votar en urna, señorías, no tienen por qué estar condicionados por los trabajos de esa subcomisión, si hay voluntad política de que ello suceda. Señorías, el 14 de julio de 2008, en el Parlamento de Galicia, tres fuerzas políticas, las tres representadas en esa Cámara, Partido Socialista, Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego, aprobaron por unanimidad una proposición de ley orgánica. Dos son los ponentes socialistas en esa materia. Yo asistí al debate y presencié la votación, y vi al señor Touriño votar a favor de esta iniciativa. Es un texto legal trabajado, pensado

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pensado y consensuado, que cuando llegue aquí, a la Cámara, no podrá ser debatido hasta que como mínimo transcurra año y medio, por mor del Reglamento de esta casa, que lo impide por la existencia de un orden de prelación que no se puede saltar. Desde luego hay formas de solucionar este problema y una fórmula muy clara, señoría, es que el Gobierno haga suyo este texto de la proposición de ley orgánica, o que tome como eje central esta propuesta, que la apruebe en un Consejo de Ministros, a celebrar en este mes o en el siguiente, y que en los primeros días de septiembre tengamos un texto sobre el que debatir en esta casa, sobre el que hacer enmiendas y hacer aportaciones. Eso no ha sido improvisado.
Usted ha aludido a que parece que ese texto de Galicia está solo pensado para elecciones autonómicas. No, está pensado para el conjunto de los procesos electorales, pero, como todo proyecto, es plenamente perfectible. Lo que persigue claramente es garantizar la homogeneidad de los ciudadanos con independencia de donde residan y el secreto y la independencia de las votaciones.


Tengo que decirle, señora vicepresidenta, que nos parece muy bien que usted nos hable tanto hoy del voto de los ciudadanos inmigrantes que residen en España. Esa es una reforma sobre la que nosotros, como decía el señor Vera, estamos dispuestos a hablar, claro que sí, pero también tengo que decirle que nos acaba de preocupar mucho escuchar que van a nombrar ustedes a un embajador en misión especial, con la finalidad de que haga las gestiones relacionadas con los tratados internacionales de reciprocidad que puedan permitir que ese derecho se ejercite. Nosotros ya estamos un poco sobre aviso respecto a estos nombramientos y designaciones que su Gobierno ha venido haciendo. Usted dijo: tenemos que prescindir de posiciones partidarias en relación con los temas de la emigración, pero ¿ustedes realmente lo están haciendo? ¿Usted recuerda el nombramiento como embajador en misión especial para la coordinación de las relaciones con las comunidades españolas en Iberoamérica del ex diputado socialista don Miguel Cortizo, que obviamente no es un diplomático de carrera? ¿Usted sabe que en Buenos Aires, en Argentina, donde hay 264.952 españoles inscritos en el CERA, de ellos el 21 por ciento gallegos, tenemos un embajador que es un respetable ex diputado socialista? ¿Usted sabe que la delegada de la Xunta de Galicia en Argentina es otra ex diputada socialista? ¿Usted sabe que en el Boletín Oficial de 8 de julio de este año se publica un nombramiento como consejero de Asuntos Laborales y Sociales en Argentina de otro ex diputado socialista, don Guillermo Hernández Cerviño? ¿Usted sabe que las funciones de un consejero de Trabajo y Asuntos Sociales es asistir a los residentes españoles para tramitar pensiones asistenciales por ancianidad, difundir y gestionar programas de ayudas y orientar sobre el retorno y colocación en España de los emigrantes españoles? ¿Usted cree que responde a criterios de prescindir de posiciones partidarias convertir la representación diplomática y consular de España en Argentina en una agrupación del Partido Socialista? Pues yo le digo que esto está totalmente alejado de lo que nosotros pensamos. Por eso, le digo que, si usted, su Gobierno, decide nombrar un embajador en misión especial, debe ser, desde luego, un diplomático de carrera y buscando previamente un consenso.


Remato, señor presidente, formulando unas preguntas muy concretas que desearía que, si lo tiene a bien, me contestase. ¿Es consciente el Gobierno de que llevamos esperando desde 2004 para la reforma de la ley orgánica de modo que sea posible el voto presencial en urna? ¿Es consciente el Gobierno de que han transcurrido ya veinte meses desde la aprobación del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior que ordenaba la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para posibilitar el derecho de voto? ¿Es consciente el Gobierno de que desde el año 2004 los representantes del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior vienen reclamando la implantación del voto en urna? ¿Es consciente el Gobierno de que la proposición de ley orgánica del Parlamento de Galicia fue votada por unanimidad, es decir, con los votos del Partido Socialista, de los diputados del Bloque Nacionalista y del Partido Popular? Y la pregunta clave: ¿Aprobará el Gobierno en Consejo de Ministros en este mes o en el siguiente un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de modo que pueda presentarse en septiembre en el Congreso e iniciar su tramitación parlamentaria? Yo se lo pido. Creo que el Gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. Y también le digo que, si no lo hiciera el Gobierno dentro de los quince primeros días del mes de septiembre, este grupo parlamentario buscará el consenso de todos los demás grupos parlamentarios y presentará un texto para su debate y toma en consideración en esta Cámara sobre la base de la proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: En nombre de otro grupo proponente, el Grupo Mixto, tiene la palabra don Francisco Jesús Jorquera.


El señor JORQUERA CASELAS: Comenzaré dando la bienvenida a la vicepresidenta primera y agradeciéndole sus explicaciones, aunque anticipándole que, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, lo manifestado por la vicepresidenta dista mucho de ser satisfactorio; incluso algunos aspectos de su intervención -con el debido respeto que me merece y que por supuesto mantendré- me han parecido casi indignantes. Procuraré explicar por qué en el transcurso de mi intervención. En primer lugar, creo que es evidente que la solicitud de comparecencia que usted ha hecho ha sido provocada porque se ha visto forzada por las circunstancias. Había dos solicitudes de comparecencia, una formulada por el Grupo Parlamentario Popular y otra por el Bloque Nacionalista Galego, para que usted manifestase si el Gobierno tenía disposición para acometer una reforma urgente de la Ley Electoral para que los residentes ausentes puedan votar con un procedimiento de

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votación homólogo al que existe para los residentes del interior. Ante la evidencia de que estas solicitudes iban a prosperar, usted lo que ha hecho es solicitar intervenir en esta Comisión a petición propia, para subsumir un aspecto concreto como el que planteábamos en un marco mucho más general de reforma de la Ley Electoral. Usted, si no me confundo, señora vicepresidenta, ya ha comparecido en esta Comisión para darnos cuenta de la posición de su Gobierno con respecto a reformas en la legislación electoral. Y, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, el tema que es objeto real de comparecencia, si hay voluntad por parte del Gobierno para activar las reformas legales que hagan posible la equiparación de los procedimientos electorales de los residentes ausentes con los residentes en el interior, no es subsumible en el marco de una reforma electoral mucho más compleja. Estamos hablando de una reforma puntual, de una reforma que no afecta al fondo del sistema electoral; una reforma que, sin cuestionar el régimen electoral vigente, lo que pretende es preservar las plenas garantías democráticas del proceso electoral. No sería así, señora vicepresidenta, si hablásemos de otras cuestiones, cuestiones de las que el Bloque Nacionalista Galego está dispuesto a hablar cuando se acometa una reforma mucho más profunda de la Ley Electoral. Y las enuncio, simplemente a efecto de que consten en el"Diario de Sesiones", porque no es este el objeto de nuestra solicitud de comparecencia.


¿No sería necesario distinguir entre nacionalidad y ciudadanía y por tanto proceder a la regulación del derecho al sufragio en determinados supuestos? Y lo ejemplifico. ¿Es lógico que puedan votar personas que tienen doble nacionalidad de manera simultánea en dos Estados? No ocurre así en la mayoría de los Estados del mundo. ¿Es lógico que en unas elecciones locales puedan votar personas que no han nacido ni han residido nunca en ese ayuntamiento, simplemente por ser hijo de una persona originaria de ese ayuntamiento, y no pueda votar -con eso estamos totalmente de acuerdo- un inmigrante extracomunitario con muchos años de residencia en ese ayuntamiento? Nosotros estamos dispuestos a abordar estos temas. ¿Es lógico que la distribución de escaños por provincias, según la actual Ley Electoral, se haga teniendo en cuenta la población de derecho y no el censo? Piense usted, señora vicepresidenta, que esto provoca distorsiones brutales como que Galicia logre cinco escaños menos en las elecciones generales al Congreso de los Diputados de los que le corresponderían por censo. Tenga usted en cuenta que, cuando la Constitución española estableció que la distribución de escaños tenía que hacerse teniendo en cuenta la población, en aquel entonces población y censo eran prácticamente coincidentes, descontando los menores de 18 años. En estos treinta años ha habido un bum de la inmigración, ha habido un bum también del crecimiento del censo de residentes ausentes. La distribución territorial de ambos fenómenos no ha sido coincidente, y esto hoy en día provoca distorsiones brutales. Nosotros no tenemos ningún reparo en abordar cuestiones como si los residentes ausentes deberían de escoger a sus diputados y senadores a través de una circunscripción electoral propia. Estas son reformas más profundas; reformas, algunas de ellas, que conllevan reforma constitucional, por lo tanto habrá que estudiarlas y debatirlas en el marco de esa reforma general de la actual Ley Electoral. Esto no es lo que nos ocupa hoy, señora vicepresidenta.


Lo que nos ocupa hoy es una reforma puntual que no afecta a la naturaleza del sistema electoral; se trata única y exclusivamente de asegurar la limpieza del proceso electoral. Por lo tanto, que se equipare el procedimiento de votación de los llamados residentes ausentes con los residentes en el interior. Yo quiero apuntarle, señora vicepresidenta, que no estamos hablando de un problema menor. Tenga usted en cuenta que Galicia ya tiene un censo de residentes ausentes que supera los 300.000 electores, aproximadamente el 12 por ciento de nuestro actual censo electoral. Piense, señora vicepresidenta, que si se extiende la nacionalidad a los descendientes de segunda generación, como establece el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, el censo de los residentes ausentes en Galicia pasará a ser aproximadamente de 500.000 electores. A este ritmo se va a dar la paradoja de que Galicia tenga más electores que habitantes; y en Galicia es una opinión generalizada y fundamentada en hechos probados que el actual sistema de votación no ofrece las garantías mínimas que permitan afirmar que los residentes ausentes, los llamados residentes ausentes -luego le aclaro por qué hago este matiz-, voten con un mecanismo que asegure el carácter libre, secreto y directo del voto. En Galicia existe la opinión generalizada de que el actual sistema de votación permite todo tipo de manipulaciones, y cuando estamos hablando de un contingente de electores tan elevado impedir esto es básico por la propia pureza del sistema democrático. En ese sentido, señora vicepresidenta, quiero manifestarle que hay precedentes de reformas puntuales de la Ley Electoral General, al margen de que sea necesario un debate y una reflexión sobre si hay que ir a reformas de mayor calado, de mayor profundidad. En la pasada legislatura hubo una reforma para habilitar al Gobierno para que a través del desarrollo reglamentario estableciera mecanismos de votación que permitieran votar sin ningún tipo de dificultad a las personas que tienen determinadas discapacidades. Quiero recordar que la primera iniciativa que presentó el propio Grupo Socialista en esta Cámara en esta legislatura fue una proposición no de ley para que se instase al Gobierno a estudiar la reforma de la papeleta del Senado por las confusiones que introducía. Estamos hablando de una cuestión mucho más relevante, porque tiene que ver con la limpieza de los procesos democráticos, y para nosotros esta es una reforma urgente por varias razones: en primer lugar, porque el Bloque Nacionalista Galego no practica lo que establece el famoso dicho de que lo urgente muchas veces no deja tiempo para lo importante. Para nosotros es urgente y es fundamental garantizar la limpieza de los procesos electorales. En segundo lugar, nos urge porque estamos de nuevo a las puertas de unas nuevas elecciones

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autonómicas en Galicia, donde por la dimensión de nuestro CERA este problema tiene un impacto particular, y también ante unas nuevas elecciones que van a afectar al conjunto del Estado español, como son las europeas, y, señora vicepresidenta, todavía estamos como estábamos. Y hay un hecho nuevo: que en aquella comunidad donde este problema tiene mayor dimensión, mayor impacto, se acaba de aprobar una proposición de ley orgánica de reforma de la Ley del Régimen Electoral General suscrita por el conjunto de los diputados de la Cámara.


Señora vicepresidenta, usted en su intervención ha apelado a la necesidad de consenso para acometer todas estas reformas. Yo quiero que usted reflexione sobre un hecho. En esta cuestión que hoy nos ocupa, que está siendo objeto de debate, hay pleno consenso, a no ser que quien realmente no participe de él - no quiero ser prejuicioso, nunca lo soy, ni soy amigo de afirmaciones demasiado gruesas, señora vicepresidenta, pero creo que ya es hora de esclarecer claramente cuál es la voluntad del Gobierno al respecto- sea el grupo que da soporte al Gobierno aunque no lo manifieste. Le aportaré una serie de datos, algunos coincidentes con los que ya ha manifestado el señor Delgado. En primer lugar, existe un mandato legislativo, así se establece en el Estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior. En segundo lugar, esta Cámara se ha pronunciado reiteradas veces apoyando, en muchas ocasiones por unanimidad, mociones o proposiciones no de ley en las que se instaba al Gobierno a acometer estas reformas legales para homologar los procedimientos del voto en el exterior y en el interior, y hay una proposición de ley orgánica aprobada por el Parlamento gallego a la que he aludido y que está apoyada por el Partido Socialista, por el Partido Popular y por el Bloque Nacionalista Galego. Además, señora vicepresidenta, me remito a las intervenciones, no solo al sentido del voto, sino a las intervenciones realizadas por parte de los portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Diputación Permanente en la que se debatieron estas solicitudes de comparecencia, en las que todos los portavoces se manifestaron a favor de acometer esta reforma. La única que introdujo en su intervención claroscuros -yo diría que más oscuros que claros- fue la portavoz del Grupo Socialista.


Usted ha aludido a problemas técnicos. Permítame que me detenga, abusando un poco de la generosidad del presidente, en este tema, en el que voy a procurar ser enormemente sintético. Señora vicepresidenta, si existe voluntad política los problemas técnicos son perfectamente solucionables.
Ustedes han dispuesto de mucho tiempo, teniendo en cuenta este mandato parlamentario, para estudiar las soluciones técnicas. El señor Delgado ha aludido a que estamos acostumbrados a ver en el Estado español cómo muchos inmigrantes aquí votan en urna, y estamos hablando muchas veces de Estados con democracias menos asentadas que la española y con recursos técnicos mucho más limitados, por tanto esa no puede ser la explicación.
Señora vicepresidenta, le voy a hacer una serie de apuntes respecto a los problemas técnicos que usted ha manifestado. No es necesario, porque hay soluciones técnicas que lo evitan, habilitar en cada local electoral dependiente de un consulado 52 urnas para el Congreso y para el Senado, una por circunscripción. La propia proposición de ley del Parlamento gallego establece otro mecanismo para evitar este problema técnico: que a la hora de hacer el recuento primero se discriminen las papeletas por circunscripciones, dado que en la papeleta aparece en primer lugar destacado cuál es la circunscripción, y luego se haga el recuento por circunscripciones. Por tanto es un problema de voluntad política. En segundo lugar, yo quiero que repare en la incongruencia de lo que usted ha manifestado, señora vicepresidenta. Usted habla de la complejidad de desplegar una Administración electoral en el exterior, del control judicial en el exterior, pero es que la realidad es que hay 1.218.000 electores, según el censo de mayo de 2008, que son residentes ausentes, 330.000 de ellos gallegos. Esta ya es una realidad. ¿Qué me quiere decir? ¿Que votan sin ningún control judicial? ¿Que votan sin que exista una Administración electoral mínima? Precisamente ante esta realidad es necesario establecer los mecanismos para que se pueda votar con plenas garantías democráticas, porque se pudo optar por otra política, señora vicepresidenta, pero eso no es responsabilidad del BNG es responsabilidad -así tengo que decirlo- del Partido Socialista y del Partido Popular; ellos son responsables de que votasen única y exclusivamente los residentes ausentes estricto sentido, es decir aquellas personas que han nacido en el Estado español y después han tenido que emigrar o aquellas personas que han residido en el Estado español, han accedido a la nacionalidad española durante ese periodo de residencia y luego han tenido que emigrar. Si se opta por una política de extensión de la nacionalidad y del derecho al sufragio a hijos y ahora también a nietos, habrá que establecer los mecanismos que permitan que voten con plenas garantías democráticas porque si no estamos trucando, señora vicepresidenta -e insisto en que no somos amigos de palabras gruesas-, las reglas del juego. Por lo tanto, si hay una realidad, un 1.200.000 electores que votan en el exterior y que se va a ampliar con la extensión de la nacionalidad a la segunda generación, no puede ser explicación que es muy complejo crear una Administración electoral en el exterior y el control judicial en el exterior.


Algunas de sus explicaciones, señoría -se lo digo con todo afecto, puede creerme, y con todo respeto- casi me provocan hilaridad: la dificultad que tiene para los partidos minoritarios hacer campañas en el exterior y nombrar interventores. Esa ternura casi me conmueve, y lamento ser tan irónico. Usted no me conoce pero soy una persona extraordinariamente respetuosa, señora vicepresidenta. Aquí hay un hecho objetivo, y es que el modelo actual no asegura la igualdad de concurrencia entre los distintos agentes electorales. En el año 2004 el Partido Popular en el exterior obtuvo el 65 por ciento de los votos, en el año 2008 el Partido Socialista en el exterior

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exterior obtuvo el 65 por ciento de los votos; lo objetivo es que el modelo actual a quien beneficia es al partido que está en el Gobierno.
Queremos creer que ese no es el motivo de la falta de urgencia que parece manifestar el Gobierno para acometer esta reforma. Por lo tanto, que usted apele a la dificultad de partidos minoritarios para nombrar interventores y hacer campañas en el exterior, me parece tierno.


Por último, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General emanada del Parlamento gallego establece el voto por correo rogado, es decir a solicitud del elector, cuando no sea viable votar en urna, eso sí, con una serie de mecanismos, con la tutela de los consulados, para evitar que pueda haber casos, como ha habido y están probados, de suplantación de la identidad. Por ello, sinceramente, muchas de las complejidades técnicas a las que usted ha aludido nos parece que obedecen -pese a que usted lo ha manifestado en términos exactamente contrarios- a una coartada para no acometer una reforma necesaria y urgente. En cualquier caso palabras no son amores; el BNG quiere juzgar por hechos y no de manera prejuiciosa, por eso nos gustaría saber si el Gobierno tiene voluntad de asumir los contenidos básicos de la reforma propuesta por el Parlamento gallego, presentando un proyecto de ley a las Cortes nada más reiniciarse el periodo de sesiones.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Meritxell Batet.


La señora BATET LAMAÑA: Yo también quiero empezar agradeciendo a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia su comparecencia en esta Comisión para hablarnos de algo tan importante como son las posibles modificaciones de la Ley Electoral que los grupos parlamentarios podamos proponer. Comparece de nuevo la vicepresidenta para volver a constatar la voluntad política de llevar adelante, de apoyar todas las posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que los grupos parlamentarios acordemos por consenso. Así lo dijo ya en su primera comparecencia y además adquirió el compromiso de solicitar un informe al Consejo de Estado para que este emitiera su opinión sobre las posibles reformas de la Ley Electoral. Desde nuestro punto de vista, por tanto, el Gobierno ha cumplido con lo que se comprometió, que fue precisamente la solicitud de este informe al Consejo de Estado. En el ámbito parlamentario, para el estudio riguroso de todas las modificaciones que cada uno de los grupos políticos de la Cámara tengamos a bien presentar, solicitamos la creación de una subcomisión. Esta solicitud se presentó el 29 de mayo y, como se ha dicho ya a lo largo de esta mañana en esta Comisión Constitucional, fue unánime y acordada por todos los grupos políticos de la Cámara. La vicepresidenta se ha referido a dos cuestiones de reforma de la Ley Electoral, señor Jorquera, no se ha manifestado sobre todas las modificaciones potenciales que ella pueda tener; se ha referido a dos, porque son las dos cuestiones que tienen una actualidad, que han salido en los debates de las últimas semanas. La primera de ellas hacía referencia al derecho de voto de los extranjeros residentes en España. La vicepresidenta ha explicado extensamente que para ello hará falta que aquellos extranjeros tengan una residencia estable y legal, evidentemente, en España y que será necesario tener un convenio de reciprocidad con aquellos países de donde procedan, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución. En ello tenemos un especial interés los socialistas porque, como todos ustedes saben, fue una de las propuestas que salió de nuestro congreso de partido durante este mes de julio y, por tanto, hubo un compromiso con los militantes de llevarlo a la Cámara. No por ello vamos a saltarnos el acuerdo con todos ustedes, sino que, por el contrario, lo que haremos será llevar la propuesta a la subcomisión del Congreso, porque este era el compromiso adquirido por todos nosotros, señorías, crear una subcomisión para llevar a ella todas las reformas que consideremos pertinentes.


El segundo tema es el voto de los españoles residentes en el exterior, lo que todos conocemos como el voto CERA. Evidentemente, este era el tema central por las solicitudes de comparecencia que había de tres grupos parlamentarios. Recuerdo que el Grupo Vasco también solicitó esta comparecencia, y además fue aprobada por todos los otros grupos de la Cámara. Lamentamos que no estén presentes en esta Comisión porque el tema lo requiere por su importancia. En este sentido, me gustaría hacerles algunas preguntas a los grupos solicitantes de esta comparecencia. Si tanta urgencia había en esta segunda reforma concreta, ¿por qué no plantearlo ya, por ejemplo, en la primera comparecencia que hizo la vicepresidenta en esta Comisión Constitucional? ¿Por qué no solicitar la constitución de la subcomisión para que iniciara ya sus trabajos -recuerdo que presentamos la solicitud el 29 de mayo y tuvimos todo el mes de junio, en sesión ordinaria, para constituir esta subcomisión? ¿Por qué no solicitar en la Diputación Permanente, como se hizo con otra subcomisión en el marco de la Comisión de Agricultura, la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional para constituir dicha subcomisión, en vez de para celebrar esta comparecencia? Finalmente, ¿por qué aprobar en el Parlamento gallego una proposición de ley para remitir a las Cortes Generales, para su tramitación, si luego se defiende iniciar procedimientos al margen de ella? Yo creo que precisamente por respeto a las instituciones autonómicas, si realmente nos creemos el Estado de las autonomías, tendríamos que tener un mayor respeto a estas instituciones. Desde nuestro punto de vista, cualquiera de las cuatro opciones hubiese sido más lógica, más eficaz para conseguir los objetivos que todos pretendemos y más acorde y leal con el pacto del que partimos. Por cierto, la subcomisión que hubiese tenido que estudiar este tema no se constituyó en la pasada legislatura no porque el

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Grupo Socialista no quisiera, sino porque otros grupos de esta Cámara no quisieron crear esta subcomisión.


En cualquier caso, desde el punto de vista del Grupo Socialista, se inicia la legislatura con un pacto importante en materia electoral, que es habernos puesto de acuerdo en la metodología a seguir para las posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Por ello, romperlo no nos parece la mejor estrategia para llegar a acuerdos futuros, sinceramente. Quiero recordar también que en el escrito de solicitud de la subcomisión acordamos -además con la insistencia del Grupo Popular, y así se lo reconozco porque nos pareció bueno, y así también lo ha dicho la vicepresidenta- que, si esta subcomisión llegaba a conclusiones consensuadas de reformas puntuales antes de trabajar otras cuestiones y de dar por acabado todo el trabajo de la subcomisión, podíamos presentar proposiciones de ley en ese sentido para abordar esas reformas puntuales. ¿Para qué tanto interés en añadir este párrafo si después lo que quieren es que el Gobierno presente proyectos de ley al margen de la subcomisión?

En relación con la modificación solicitada que afecta al voto de los españoles residentes en el exterior, este Gobierno y el grupo parlamentario al que represento ha defendido siempre la necesidad de mejorar el sistema de voto CERA. Así lo han hecho de forma significativa además los socialistas canarios y los socialistas gallegos. No por ello dejamos de tener consciencia de las dificultades técnicas a las que ha hecho alusión la vicepresidenta. No solo se trata, pues, de voluntad política; voluntad política la hay, no lo duden, lo ha dicho el Gobierno y lo dice este grupo parlamentario, pero hay que ver cuáles son las distintas opciones para implementar, para concretar cómo articular esta participación de los residentes ausentes en urna. Ustedes creen que debe ser el Gobierno el que presente un proyecto de ley y que decida sobre todas estas cuestiones, o sea que se sustraiga ese trabajo de la subcomisión para que lo haga el Gobierno, precisamente lo mismo que criticaron en la anterior legislatura; que el Gobierno tuviera iniciativa y presentara un proyecto de ley para modificar algunos aspectos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General les pareció fatal. Ahora, en cambio, lo que proponen es sustraer algunas materias del trabajo parlamentario de la subcomisión, para que sea el Gobierno el que tome la iniciativa. El Grupo Socialista cree que la modificación de la Ley Electoral debe producirse con serenidad, y por ello queremos reafirmar la necesidad de constituir la subcomisión sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general, porque el debate abierto entre todos los grupos políticos será mucho mejor que aquellas iniciativas que vengan directamente desde el Gobierno, desde nuestro punto de vista. Por eso, en cuanto iniciemos el próximo periodo de sesiones ordinario en septiembre solicitaremos de forma inmediata una reunión de la Comisión Constitucional para poder aprobar la constitución de la subcomisión, y nos comprometemos además a iniciar el debate de esta materia lo antes posible.


Termino, señor presidente, como lo hice en la Diputación Permanente. Este grupo parlamentario espera que los trabajos que se desarrollen en la subcomisión no estén marcados por los comicios electorales que tenemos en el calendario y que, por el contrario, estén protagonizados por una voluntad firme de construir entre todos el consenso que el tema requiere.
Nosotros estaremos allí, en la búsqueda del consenso, en el rigor técnico y de gestión de todas las reformas que se propongan y en el estudio a fondo de todos los aspectos del proceso electoral que se pueden ver afectados en una reforma como la que se plantea. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Ahora, si lo tiene a bien, la señora vicepresidenta tiene la ocasión de contestar.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Quiero empezar por dar las gracias a todos los grupos por sus intervenciones, por el tono adoptado en sus posiciones y por las aportaciones que han hecho a este importante debate. Voy a tratar de responder a todos ellos de la forma más precisa y que contribuya mejor a dejar clara la voluntad del Gobierno, que quiero empezar por afirmar. Si SS.SS. deciden que haya una reforma prioritaria, urgente y anticipada desgajada del resto de reformas en el ámbito de lo que hemos acordado, la habrá, y desde luego si no la hay no será por falta de voluntad.


Me decía el señor Vera y otros representantes del Grupo Popular, a los que quiero agradecer su intervención de forma particular, que yo he venido a está Comisión de nuevo para hacer un planteamiento y hablar de lo que ya traté; que he venido para hablar de las reformas en general de la Ley Electoral y no de lo que SS.SS. querían exclusivamente en estos momentos, que es el voto de los residentes ausentes. Señorías, la razón por la que he solicitado la comparecencia para venir a hablar de las reformas electorales y de forma particular -como he hecho- de los dos temas que en los últimos meses, y tras la disolución del periodo de sesiones, se han suscitado en el debate político es, uno, porque me parece que esta es la Cámara y el lugar adecuado para que ese debate se produzca y para que conozcan cuáles son los trabajos que está llevando a cabo el Gobierno.
Dos, vengo a hacerlo porque entiendo, sigo entendiendo, que desde el inicio de esta legislatura, desde que el presidente del Gobierno se comprometió en el Parlamento en el debate de investidura a promover reformas de mejora de nuestro sistema electoral, hay que hacerlo de una determinada manera; no por el ejercicio de la iniciativa legislativa legítima que tiene el Gobierno, sino por el ejercicio de la iniciativa que tiene el Parlamento y los grupos, por creer y considerar -como ya he explicado y reiterado al inicio de mi intervención- que creemos que es el mejor método para abordar todo lo que se refiere a una norma tan

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importante como es la Ley Electoral, que afecta al corazón de nuestro sistema político y que forma parte del bloque de la constitucionalidad.
Eso se dijo en el debate de investidura y nadie lo cuestionó; eso se dijo en mi intervención en esta Comisión y nadie lo cuestionó y además ha sido la regla general a lo largo de toda la democracia.


Más de la mitad de las trece modificaciones que se han producido en la Ley Electoral desde su aprobación en el año 1985 han tenido su origen en proposiciones de ley de los grupos parlamentarios o en ponencias parlamentarias. De las restantes, dos surgieron de pactos entre las formaciones políticas y otras dos tenían como objeto adaptar la ley a tratados internacionales. La mayoría de las reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General han sido consecuencia de iniciativas parlamentarias, de ponencias, de subcomisiones y de trabajos parlamentarios; y creemos que esta sigue siendo la mejor opción. Estamos convencidos de que es muy importante que las normas que regulan los elementos esenciales de la participación política de los ciudadanos cuenten no solo con el mayor grado de apoyo posible - ya cuentan en él para querer regular el voto en urna de los residentes ausentes-, sino en cómo se va a hacer esa regulación; porque los temas que yo he planteado no son baladíes; porque de cómo se regule eso se va a derivar si mejoramos o no y cómo lo mejoramos. Me parece fenomenal que a todos ustedes les parezca muy fácil; yo creo que es complicado. No digo que sea insalvable, en ningún caso lo he dicho. Lo que he dicho es que existen varias opciones, incluso para cada uno de esos temas, y que la elección de la opción de cada uno de ellos tiene consecuencias. Creo que la responsabilidad es que las hablemos. Esa es la razón por la que, primero, he venido a explicar el marco de lo que hemos hecho y a lo que nos hemos comprometido. El Gobierno se comprometió a pedir un dictamen del Consejo de Estado; pedido está. El Gobierno se comprometió a promover a través del Grupo Parlamentario Socialista una subcomisión; pedida está, desde el 29 de mayo. Como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, desde entonces se ha podido constituir; no se ha constituido, lo lamento.
Desde entonces se ha podido tener la iniciativa que el propio texto de la Comisión prevé de desgajar de todo el bloque algo urgente; eso se dice, pero no se ha hecho, razones tendrán sus señorías. Ahora cambiamos de criterio; decimos: no, que sea el Gobierno el que ejerza, porque hasta ahora, que yo sepa, esa ha sido la posición. Quiero recordar que uno de los portavoces del Grupo Popular -no está ahora presente- dijo literalmente: Me anticipo a cosas que serán objeto de otros debates, pero lo digo: creo que las iniciativas parciales que se están produciendo de reforma de la Ley Electoral vía proposición de ley, y que imagino que van a ser discutidas en próximos plenos, debieran esperar a este cauce -se refería a la anunciada subcomisión-, porque si no probablemente no va a ser un buen principio tener que ir dejando apartadas, como si hubiera un criterio negativo, todas esas iniciativas antes de poder discutir con carácter global lo que pueda ser el alcance del estudio a iniciar sobre la ley electoral. Estoy de acuerdo, estábamos todos de acuerdo. Además se decía en las propias reglas de funcionamiento de la petición de la subcomisión: Los acuerdos alcanzados en la subcomisión sobre aspectos concretos que se consideren urgentes podrán dar lugar en su caso a las correspondientes iniciativas legislativas por parte de los grupos parlamentarios. Estamos ahí. El Gobierno considera que este es el mejor sistema, el sistema adecuado, la vía adecuada, y está dispuesto a colaborar con SS.SS. absolutamente en todo, pero queremos hacer el trabajo con la mano y de la mano de los grupos parlamentarios, porque creemos que es el modelo y porque creemos que tiene consecuencias.


Estamos dispuestos a priorizar el voto CERA, a regularlo y a tenerlo en consideración, más allá de que se pueda discutir, incluso también en el Parlamento, la toma en consideración de la ley del Parlamento de Galicia, antes, por acuerdo de los grupos para poder trabajar sobre ella, pero es que la del Parlamento de Galicia es una ley que está pensando en las elecciones autonómicas en Galicia, no en todo lo demás. No está pensando en la regulación en la Ley Electoral de todo el voto de los residentes ausentes. Claro que estamos de acuerdo, si lo hemos votado. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Quiero dejar bien claro que me parece muy bien que incluso el Grupo Popular esté de acuerdo con esto, pero en algunas ocasiones se ha opuesto a esta reforma. No voy a irme al pasado porque vamos a dejar el pasado en paz. Está muy bien que ahora todos queramos esto, pero cuando me hablan del incumplimiento de la Ley de Ciudadanía en el exterior yo quiero decir que hasta los más críticos deberán reconocer que en todo caso estamos tratando el cumplimiento de un precepto previsto en un proyecto de ley aprobado por el presidente Zapatero. ¿O no? Es la primera vez que se lleva a un proyecto de ley y se aprueba como un proyecto de ley. Ese precepto tiene un mandato directo y exclusivo, no al Gobierno -usted mismo lo ha dicho-, a todos.


Nosotros hemos estado trabajando este año en una cosa muy importante, la reforma del servicio exterior, aumentando consulados en la medida en que hemos podido para poder facilitar cuando llegue el momento, pero creo que sigue sin ser suficiente, hay que hacer más. Si nos detenemos a hacer un estudio pormenorizado -que lo haremos y que seguro que SS.SS. lo van a hacer- sobre la ley aprobada en el Parlamento de Galicia, está muy bien, pero a la hora de trasladar a la Ley del Régimen Electoral General la regulación del voto de los residentes ausentes hay que tener en cuenta las especificidades del ejercicio del derecho de voto en el exterior, nos guste o no, porque exige una profunda reforma -y habrá que ponerlo en la ley- de la organización consular con aumento de enseres y multiplicación de efectivos. Hemos aumentado mucho en el plan urgente que hemos hecho, pero no es suficiente, porque tenemos problemas que tienen que ver con la facilitación del voto. Me parece muy bien que el señor Jorquera diga que tiene

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todo tipo de facilidades. No sabe lo que me alegro, me alegra mucho que los grupos políticos tengan todas las facilidades para hacer campaña electoral en el exterior. Yo lo veo complicado. Lo haremos, se tiene que regular, se tiene que mirar el derecho comparado, desde buscar acuerdos con los países para ver cómo se ejerce el derecho de reunión, que en algunos países plantea dificultades, como usted bien sabe, hasta ver cómo se hacen las campañas electorales en los medios nacionales con repercusión. De cómo se regule eso dependerá si garantizamos o no el ejercicio del derecho de voto. Lo que quiero señalarles, señorías, es que en el ánimo del Gobierno y en el de esta vicepresidenta al pedir la comparecencia no ha estado otra cosa que, primero, poner de manifiesto la voluntad clara y explícita del Gobierno de llevar a cabo una reforma electoral; segundo, la voluntad de que esa reforma electoral se lleve a cabo a través del procedimiento que todos decidimos y todo el mundo acordó -y nadie protestó-; tercero, la voluntad del Gobierno de seguir trabajando ahora con la subcomisión para priorizar las reformas que se consideren oportunas. Y a partir de ahí, hacerlo como SS.SS. quieran, como ustedes decidan. Quiero que quede bien claro que esa es nuestra posición.


Antes de entrar a contestar más detenidamente al señor Jorquera quería decirles lo siguiente. No me parece razonable que se ponga en cuestión la honorabilidad de personas que desempeñan puestos, con honor mientras no se demuestre otra cosa, en la Administración del Estado, porque hayan desempeñado antes puestos en la política. La política no contamina el ejercicio de funciones que están sujetas a la ley. No voy a remitirme al pasado, no es mi estilo, pero no me parece razonable que se pongan en cuestión nombramientos de personas que se han producido con arreglo a la ley, que están desempeñando un papel impecable, que reúnen en su currículum las características fundamentales de personas ad hoc, si se es especialista en determinados temas, para el desempeño de una función técnica. No me parece razonable porque puestos a mirar perfiles inadecuados tendríamos mucho que hablar. (La señora Hermosín Bono: Más vale dejarlo.) Yo les pido respeto a las personas, que no se las prejuzgue gratuita e injustamente y que por prudencia no se descalifiquen nombramientos de la manera que ustedes lo han sugerido porque, repito, si le recuerdo perfiles exóticos para nombramientos, un oficial del ejército para dirigir una consejería de trabajo -y no tengo nada contra los oficiales del ejército- a lo mejor no es tan adecuado como una persona experta en temas laborales. Corramos un tupido velo porque creo que las personas se merecen respeto.


Dicho esto, vuelvo a repetir que el Gobierno está dispuesto a abordar la iniciativa en la forma, en las condiciones y por supuesto con el acuerdo de todos estos grupos en orden a todos los temas que el ejercicio de ese derecho lleva consigo. Señorías, que me llamen la atención sobre que vayamos a nombrar un embajador especial para tratar de desbrozar el camino para suscribir acuerdos internacionales que permitan ejercer el derecho de voto con arreglo al principio de reciprocidad... ¿Qué pasa? ¿Que cualquier nombramiento que hace este Gobierno de un embajador especial, que es un trabajo que entra absolutamente dentro del ámbito de la carrera diplomática, está bajo el manto de la sospecha? ¿Promover actuaciones para suscribir acuerdos internacionales, como otros que tenemos suscritos y que hacen todos los diplomáticos y todos los miembros de la carrera diplomática, les crea preocupación? (El señor Delgado Arce: Nos crea.) Sinceramente, me lo tendrán que explicar mucho porque no entiendo que les genere preocupación que se cree un embajador especial para acelerar la suscripción de tratados con otros países. Realmente mi nivel de perplejidad es absoluto, se lo digo sinceramente, porque ya es tender el manto de la sospecha sobre el nombramiento de un diplomático, de un embajador en servicios especiales, en misión especial, para suscribir con otros países acuerdos que tendrán que venir al Parlamento, me deja perplejísima. Eso es ya extender la mancha de la sospecha sobre todo lo que hace el Gobierno, francamente. No lo puedo entender, pero ustedes sabrán.


Señoría, yo nunca vengo forzada al Parlamento, yo vengo al Parlamento siempre que ustedes decidan; primero, porque es mi deber como Gobierno y, segundo, porque constituye un honor venir aquí para hablar de los temas que forman parte de la agenda política. Por tanto, de verdad, no voy a establecer ningún debate sobre cómo vengo al Parlamento. Siempre que SS.SS. decidan y con honor de representar al Gobierno y de venir aquí para hablar con SS.SS. y exponer a SS.SS. cuantos temas ustedes quieran.
Vengo siempre que ustedes lo pidan y vengo siempre que el Gobierno lo considere oportuno. En este caso, se ha dado la coincidencia de que ustedes lo han considerado oportuno y esta vicepresidenta también, por las razones que ya les he indicado, porque si hemos adquirido un compromiso al inicio de la legislatura de cómo llevar a cabo las reformas electorales y ahora se produce un cambio sobre cómo queremos llevar a cabo una reforma electoral, lo más importante es venir aquí, reiterar cuál es la posición del Gobierno, señalar lo que hemos hecho en estos dos meses -que hemos cumplido nuestros compromisos- y, a partir de ahí, acordar con SS.SS. cómo vamos a trabajar en este tema. Si SS.SS., vuelvo a repetir, deciden que tenemos que trabajar dándole urgencia y prioridad -además, está así previsto en los extremos de la subcomisión que se ha presentado-, por supuesto que lo vamos a aceptar pero creemos que los extremos de la iniciativa tienen que seguir saliendo de esta subcomisión, cuando realmente estamos hablando de cuestiones que tienen complejidad técnica y jurídica y consecuencias todas pero también he dicho que ninguna es insalvable. Lo que pasa es que la diferencia entre optar por una o por otra es muy distinta. ¿Podemos optar por el ejercicio del voto en Administración electrónica presencial? ¿Es mejor o no es mejor? ¿Nos dará más facilidades o no nos las dará?

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¿Introducimos el voto electrónico en Internet, que ya existe en muchos países? Por supuesto que somos la octava potencia del mundo pero lo que ustedes me cuentan de que hay inmigrantes de otros países que tienen menos condiciones que las nuestras y ejercen aquí su derecho de voto presencial en urna, en los locales que les facilitamos, no es comparable en absoluto porque es una urna y casi todas ellas son elecciones presidenciales. Nada que ver con nuestro sistema. Además, estoy dispuesta a que me digan: estas dificultades técnicas las solventamos así.
Díganmelo, si estoy encantada de que me lo digan y de que me propongan soluciones técnicas que llevemos al texto de la ley y que permitan el ejercicio del derecho de voto. Si no tengo ningún problema. Ahora, eso no significa que no tengamos que adoptar una u otra opción porque las consecuencias de adoptar una u otra no son irrelevantes. Como les decía al principio de mi intervención, hay que hacerlo desde el punto de vista de la responsabilidad, del rigor y con todos los elementos técnicos que tienen y que les podemos aportar; les aportaremos lo que ustedes necesiten de conocimiento y de apoyo. Fíjese, le diré más, el Gobierno está de acuerdo con que si la Comisión Constitucional decide la constitución de la subcomisión y fija los criterios fundamentales en los temas primordiales derivados de la ley del Parlamento de Galicia más los que puedan derivarse del análisis que estamos haciendo en la primera semana de septiembre -que pueden hacerlo y también en agosto, reuniéndose la Diputación Permanente para que se constituya, como decía la portavoz del Grupo Socialista-, el Gobierno, a partir de ahí, lo hará como ustedes quieran. Se puede hacer por la vía de proposición de ley -que no es más largo que el proyecto de ley- o se puede hacer por proyecto de ley. No estamos cerrados a ninguna posibilidad, a ninguna. Ahora, lo que queremos es situar la cuestión en el debate adecuado. Proposición de ley; proposición de ley adelantada; proyecto de ley, proyecto de ley del acuerdo derivado de todos los grupos en orden a los temas que abordar en esa reforma y con concreción de las distintas opciones, porque eso nos dará muchísimas más garantías y porque, además, sinceramente creo que hay que hacerlo así. Por tanto, el Gobierno está dispuesto a abordar cualquier tema, lo que sí les pido, señorías, es que se reúna cuánto antes la subcomisión y ustedes lo decidan. Con todos estos elementos -más los elementos que necesiten que el Gobierno les aporte en temas técnicos e informes de cómo está la infraestructura del servicio exterior-, todo eso se vea, se acuerde y se decida; y, en virtud de esa decisión, podamos adoptar el instrumento legislativo que SS.SS. consideren, que desde luego puede ser cualquiera de los que prevé la Constitución. Una vía u otra vía. Repito, una proposición de ley en muchas ocasiones ha demostrado que no es un procedimiento más largo que un proyecto de ley, pero, de verdad, no estamos cerrando la puerta tampoco al proyecto de ley. Lo que sí estamos haciendo es ser coherentes con la posición que hemos mantenido en este tema desde el inicio, y la posición que hemos mantenido en este tema desde el inicio es que se haga desde el diálogo, el acuerdo y la concreción con todos los grupos parlamentarios, dentro de la subcomisión que se ha creado en el ámbito de la Comisión Constitucional en el Parlamento, tanto en todas las reformas que hay por delante como en las reformas que se puedan desgajar, que para eso se previó también en lo que se refiere a esta. Desde luego, intención y deseo del Gobierno de que esté en marcha en las próximas confrontaciones electorales, por supuesto, no tenemos ningún problema; pero concretemos cuáles son los temas; concretémoslos entre todos porque creo que será la única manera de que podamos realmente avanzar. Estoy segura de que podemos avanzar, y estoy absolutamente convencida de que estamos en condiciones de poder hacerlo, incluso, con los mejores criterios de modernidad, introduciendo nuevos elementos con las garantías necesarias para que, por supuesto, en todo caso mejore el ejercicio del derecho del voto de nuestros residentes ausentes y haya todas las garantías en la identificación y en el secreto.
Si bien, les diré que lo que no puedo admitir tampoco es que se ponga en cuestión que el sistema que tenemos en España no sea un sistema limpio.
No lo voy a admitir. Es decir, en España está garantizada la limpieza de los procesos electorales, y cuando ha habido un problema, se ha detectado, se ha denunciado y se ha condenado. Dicho esto, ¿se puede mejorar? Por supuesto ¿Que estamos dispuestos a mejorarlo? Por supuesto, y estamos dispuestos a hacerlo en la forma y en el tiempo que, con el acuerdo y el consenso necesario, SS.SS. decidan.


Quiero dar las gracias también a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por la intervención atinada que ha tenido, en coherencia con la posición que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno viene manteniendo desde el inicio de la legislatura en este tema. (El señor Vera Pró pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Como saben este debate está tasado, pero si es un asunto breve se puede dar la palabra.


Señor Vera.


El señor VERA PRÓ: Quiero aclarar la postura del Grupo Parlamentario Popular porque la señora Batet ha hecho alguna consideración. A mí no me gustaría en absoluto que el Grupo Parlamentario Socialista buscara ninguna doble intención en lo que nosotros proponemos hoy. Nosotros estamos de acuerdo en haber firmado con todos los grupos parlamentarios la creación de esta subcomisión para estudiar todas las posibles reformas de la ley electoral. Estamos de acuerdo en que se aborden todos los temas que sean necesarios, con el rigor necesario, estábamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en que si hay consenso sobre alguna materia, por razones de urgencia lo pudiéramos anticipar y sacarlo de la Comisión antes de finalice todos sus trabajos. La única diferencia es que ustedes no ven ninguna urgencia y

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nosotros sí vemos la urgencia, que viene dada por la proximidad de nuevas convocatorias electorales. Además fuimos nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todos los grupos parlamentarios, los que suscitamos una expectativa de derecho en nuestros compatriotas que viven en el extranjero por una ley aprobada en la pasada legislatura y por eso mismo tenemos la obligación de desarrollarla lo antes posible.


Lo que nosotros planteamos es que si de alguna manera el Gobierno quiere, aunque no tenemos inconveniente en hacerlo nosotros, haga suya nuestra propuesta; que sea el Gobierno el que presente un proyecto de ley al que el resto de grupos podamos aportar nuestras consideraciones, porque si no quiere hacerlo, entonces tendremos que ser otros los que tomemos esa iniciativa. Sinceramente no sé si me creen, pero yo les pediría que lo hicieran porque yo no quiero que el Gobierno ni el Grupo Socialista se queden solos en esta materia, entre otras cosas porque siempre he considerado y siempre he defendido que la Ley Electoral es una cosa de todos.


Contesto a la señora Batet, porque yo dije que habíamos sido impulsores de la subcomisión en la anterior legislatura, que efectivamente no se pudo constituir, no porque no quisiéramos que se constituyera sino porque de esa subcomisión se pretendieron sustraer asuntos. (La señora Batet Lamaña: Como ahora.) No quiero poner ejemplos pero lo puedo hacer: se trató de sacar de la subcomisión la cuestión de la Ley de Igualdad, de la Ley paritaria, que se llevó a una subcomisión porque no tenía nada que ver con la Comisión Constitucional y por eso nosotros nos negamos a que se creara la subcomisión, porque había otro grupo que había decidido retirar un asunto que era claramente de esta Comisión y llevarlo a otra.
Simplemente a eso es a lo que antes me he referido, fue así y por eso no se constituyó la subcomisión. (El señor Delgado Arce pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tendrá que ser un minuto.


El señor DELGADO ARCE: Un minuto.


No empezamos de cero en esta legislatura, señora vicepresidenta, estos compromisos vienen desde el año 2004. El Ministerio del Interior dispone de técnicos, el servicio diplomático, el servicio consular, que deberían tener ya todas estas cuestiones perfectamente delimitadas; no es el momento de que empecemos ahora de cero, como todo indica que usted pretende que hagamos.


Segunda cuestión. La proposición de ley orgánica del Parlamento de Galicia muy claramente dice que las normas serán de aplicación a las elecciones generales, europeas y autonómicas, a todas las elecciones, y regula con detalle las cuestiones relativas a la demarcación consular y secciones consuladas, a las funciones de los consulados, a la organización de la campaña electoral, a la designación de interventores e interventoras, a las mesas electorales, al voto por correspondencia, que en modo alguno se suprime sino que se potencia en relación con esas oficinas consulares.
Por lo tanto, creo que no se lo ha leído usted suficientemente.


Tercera cuestión y penúltima. Señora vicepresidenta, su sensación de perplejidad es una sensación propia, yo la respeto, pero nosotros no caemos en la ingenuidad. Nosotros pensamos sinceramente que el nombramiento del 8 de julio, a poco más de ocho o diez meses de unas elecciones gallegas, evidencia claramente, para el puesto en el que se ha designado a la persona, un interés partidario, y pedimos que los nombramientos se acomoden a funcionarios de la carrera diplomática.


La pregunta final: señora vicepresidenta, ¿usted presentará o no antes del mes de septiembre un proyecto de ley de reforma de la ley orgánica para el voto en urna? Y segunda cuestión: si no lo presenta le pregunto, usted que se integra en el Grupo Parlamentario Socialista y que fija criterio a su grupo sobre la posición, ¿estaría dispuesta a votar a favor de la toma en consideración de una proposición de ley orgánica de los grupos parlamentarios que tome como texto literal inicial el de la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia? Le ruego que me conteste a esta pregunta.


El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, brevemente.


El señor JORQUERA CASELAS: Voy a procurar ser enormemente sintético.


En primer lugar, respondiendo a algunas de las preguntas, porque así fueron formuladas, de la portavoz del Grupo Socialista, señora Batet.
Ella preguntaba por qué no se planteó antes. Yo puedo responder por el BNG; por el Grupo Popular responderá el Grupo Popular. Creo saber por qué el Partido Popular estando en el Gobierno no tomó la iniciativa para sustanciar esta reforma y ahora la plantea. Lo que no me gustaría es que el Grupo Socialista mantuviera la misma práctica de modo que cuando estuvo en la oposición defendió un discurso que ahora se contradice con la práctica en el Gobierno.


En segundo lugar, por lo que respecta al Bloque Nacionalista Galego, la inmensa mayoría de las veces en las que se ha tratado este tema, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, ha sido a iniciativa del BNG. Muchas de las proposiciones no de ley y de las mociones aprobadas fueron a iniciativa del BNG. El BNG ha registrado nada más iniciarse esta legislatura una proposición de ley de reforma de la Loreg, que se debatirá cuando proceda reglamentariamente, en términos bastante similares a la del Parlamento gallego, no plenamente coincidentes porque lógicamente fue anterior y adivinos no somos. Incluso, dado que la vicepresidenta también ha hecho alusión al debate de investidura, en el mismo manifestamos que para nosotros esta era una cuestión fundamental a abordar con la máxima urgencia. ¿Por qué no tenemos respeto a las iniciativas de las instituciones autonómicas? Tenemos absoluto respeto, lo que ocurre es que por los propios procedimientos

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procedimientos reglamentarios la proposición de ley orgánica del Parlamento gallego podrá debatirse cuando ya se hayan celebrado elecciones en Galicia, en el País Vasco, elecciones europeas y no sé si otros comicios. El BNG es respetuoso con las reglas del juego. Los parlamentos autonómicos tienen iniciativa para promover reformas legislativas; también lo puede hacer el Gobierno; también lo pueden hacer los grupos parlamentarios, y también es función de la oposición dar impulso al Gobierno e instarlo a actuar en una determinada dirección. Por tanto, somos nacionalistas, pero respetuosos con las reglas del juego.


En tercer lugar, ¿por qué pedimos que el Gobierno tome la iniciativa? Aparte de por una razón de urgencia, porque hay un mandato -ya lo he citado en la anterior intervención-: Estatuto de la ciudadanía española en el exterior; hay un mandato legislativo al respecto y distintas proposiciones no de ley y mociones de esta Cámara en las que se instaba al Gobierno a actuar. En cuarto lugar, pido a la señora vicepresidenta que lea con detenimiento la proposición de ley orgánica del Parlamento de Galicia. No le pido, por propio respeto al Gobierno, que tenga que asumirla en todos sus términos, pero observará cómo da respuesta a las necesidades del conjunto del sistema electoral, no solo de las elecciones al Parlamento gallego. Lo hace un Parlamento que es el que más conoce el problema por el particular impacto que tiene en Galicia e, insisto, no se establece como único mecanismo de voto el voto presencial, sino que también se contempla el voto por correo, pero con otra reglamentación.
Creo que la vicepresidenta no me ha entendido. Yo soy pleno conocedor de la dificultad que tiene hacer campañas electorales en el exterior. Lo que digo es que, si hay una regulación básica, como la que contempla la proposición de ley orgánica emanada del Parlamento gallego, la situación siempre será mejor que la actual, donde no se dan las garantías mínimas para asegurar una concurrencia de los distintos agentes electorales en unas mínimas condiciones de igualdad.


Respecto al voto electrónico, con lo que no estamos de acuerdo es con subsumir cualquier reforma electoral a la implantación del voto electrónico. Por supuesto que consideraremos el voto electrónico tanto para los residentes ausentes como para los residentes del interior, pero subsumir que esta reforma pueda acometerse y tener sustanciación práctica a que esté en marcha el voto electrónico no nos parece razonable. Le aporto un dato en este sentido. Para las personas que durante los períodos electorales están embarcadas -esto también afecta de manera muy singular a Galicia, porque tenemos trabajadores en la flota de altura y en la marina mercante- todavía no se ha habilitado un mecanismo para que puedan votar. Esto también ha sido objeto de multitud de iniciativas del BNG. El voto electrónico podría ser una vía, pero lo cierto es que desde hace treinta años aún no se ha resuelto este problema. Para nosotros no puede ser solución derivar esto a cuando se pueda implantar en el futuro el voto electrónico.


Concluyo formulándole la misma pregunta que le ha hecho el señor Delgado, que nos manifieste claramente si el Gobierno está dispuesto a presentar un proyecto de ley a la Cámara antes del 15 de septiembre para homologar el procedimiento de voto en el exterior al del interior. Homologar significa que la opción preferente sea el voto en urna, pero que se contemple en determinados supuestos el voto por correo a solicitud del elector. Esto es homologar y es lo que propone el Parlamento gallego. Ya le anticipo que el BNG va a trabajar por todas las vías posibles. Ya tenemos una proposición de ley propia registrada desde el inicio de la legislatura. Solicitaremos que se constituya la Comisión, pero también estamos dispuestos a dialogar con el resto de los grupos para promover una proposición de ley conjunta si es necesario. En cualquier caso, nos gustaría que el Gobierno fuese concreto respecto a la pregunta que le he formulado.


El señor PRESIDENTE: La señora Batet tiene la palabra.


La señora BATET LAMAÑA: También intervengo brevemente para dar respuesta a algunas de las cuestiones que se han planteado.


Señor Vera, ya sé que en la anterior legislatura la subcomisión no se quiso constituir precisamente porque el Gobierno lo sacó del contexto parlamentario para impulsar una reforma determinada que venía a colación por otra ley completamente distinta, mucho más compleja y mucho más extensa, como era la Ley de Igualdad. Eso que ustedes critican es lo que ahora proponen; es decir, que creada la subcomisión, sea de nuevo el Gobierno el que sustrae una materia determinada para presentar un proyecto de ley. Lo siento, pero, honestamente, en eso veo una cierta contradicción metodológica. Si nos hemos puesto de acuerdo en crear una subcomisión para trabajar en ella, lo lógico es que no vayamos sustrayendo determinadas cosas para que el Gobierno impulse proyectos de ley, sino que seamos los propios parlamentarios, en el marco de esa subcomisión los que discutamos a fondo estas cuestiones. Por eso, quiero reiterar que desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a pedir la reunión de la Comisión Constitucional en la primera semana de septiembre para que aprobemos y constituyamos definitivamente la subcomisión, para que empecemos el trabajo de la subcomisión de forma inmediata y, precisamente con esta materia, si ustedes quieren, porque la consideran más urgente que las otras que se puedan plantear. Nos comprometemos a trabajar en primer lugar en esta materia y nos comprometemos también -por qué no- a tomar como base, de trabajo la proposición de ley del Parlamento gallego. Partamos de allí para empezar a trabajar y a desarrollar esa proposición de ley, que tiene algunos problemas.
Efectivamente, en ella se hace referencia a los tres comicios -autonómicos, generales y europeos-, pero también saben que en los artículos que desarrollan la concreción

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de cómo se va a llevar a cabo se está pensando en unas elecciones autonómicas, no en unas elecciones generales porque su complejidad es mucho mayor. Ustedes esto también lo saben, aunque nominalmente aparezcan citados los tres tipos de comicios: autonómicos, generales y europeos.
Trabajemos, por tanto, a partir de septiembre en este tema y el Grupo Parlamentario Socialista trabajará evidentemente en la dirección de conseguir lo antes posible un consenso en esta materia para impulsar una proposición de ley conjunta.


Quería hacer referencia también al servicio exterior. Este no es el contexto para hablar del servicio exterior, pero, sinceramente, si el paso por una Cámara como en la que estamos en estos momentos invalida a cualquiera de nosotros a ejercer con profesionalidad, con rigor y con objetividad cualquier otro trabajo, mal vamos. Yo creo que tendremos capacidad para hacer otras cosas en nuestra vida después de nuestro paso por esta Cámara. No todo se acaba aquí. Y sí creo que se puede hacer con una profesionalidad impecable. No nos invalida para hacer otros trabajos.


Finalmente, quería dar la bienvenida al señor Pizarro como nuevo portavoz en esta Comisión y desearle muchos aciertos. (El señor Pizarro Moreno: Muchas gracias.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias a todos por sus últimas intervenciones.


Simplemente señalaré que cualquier especulación que intente sembrar alguna duda acerca de las condiciones de nombramiento o de la idoneidad del consejero de Trabajo en Argentina carece de cualquier fundamento, tanto porque ha sido nombrado con arreglo a lo dispuesto en la ley como por su currículum, como por el trabajo que viene realizando. Y se hace al inicio de una legislatura. Por tanto, creo que reúne todos los requisitos de respetabilidad y honorabilidad.


Respondiendo a sus preguntas, señorías, creo que la posición del Gobierno es muy clara. Estamos claramente a favor -y los hechos lo constatan a lo largo de nuestra historia y de nuestras iniciativas en este Parlamento, en el Parlamento de Galicia y en nuestros programas electorales- de que se lleve a cabo una regulación del voto de los residentes ausentes en urna. Estamos a favor de que se haga, para que esté en vigor en las próximas confrontaciones electorales, y estamos a favor de que se haga por el procedimiento que hemos decidido entre todos; siempre por consenso y a través de los trabajos de esta Comisión. Por tanto, el Gobierno asumirá la regulación que sobre el ejercicio del voto de los residentes ausentes planteen con consenso, los grupos parlamentarios; esté inspirada, en todo o en parte, en la ley aprobada por el Parlamento de Galicia, apoyando bien una proposición de ley, si esa es la decisión que SS.SS adoptan, o asumiendo presentar un proyecto de ley, siempre y cuando esta subcomisión concrete todos -absolutamente todos- los extremos, que van más allá de lo establecido en la ley del Parlamento de Galicia, de cómo se tiene que ejercer y en qué condiciones la regulación de ese derecho. Esa es la posición del Gobierno y estamos dispuestos a hacerlo desde ya. Estamos dispuestos a trabajar en el mes de agosto con esta Comisión, si lo quieren, y en el mes de septiembre. Estamos dispuestos a lo que SS.SS quieran.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta. Le agradecemos muy sinceramente su comparecencia, y deseamos a todas las señoras diputadas y señores diputados y a la señora vicepresidenta un verano que nos permita calmar nuestras ideas y venir en septiembre dispuestos a reformar todo lo que haya que reformar.


Buen verano. Muchas gracias, señorías.


Era la una y diez minutos de la tarde.

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