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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 59, de 22/07/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 59
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
Sesión núm. 3 (extraordinaria) celebrada el martes 22 de julio de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves), para informar sobre:

- Actuaciones y políticas en materia de inmigración. A petición propia.
(Número de expediente 214/000027.)... (Página 2)

- El cambio en la política de inmigración, de las previsiones de reformas normativas que el Gobierno piensa acometer en materia de inmigración y de la posición del Gobierno sobre la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo conocida como "Directiva de Retorno". A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000124.)... (Página 2)

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- El grado de cumplimiento de los compromisos fruto del diálogo social adquiridos en 2006 sobre la modernización de los servicios públicos de empleo y de las medidas adicionales a adoptar en 2008 ante las repercusiones de la crisis económica sobre el empleo. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000123.)... (Página 26)

Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (CORBACHO CHAVES), PARA INFORMAR SOBRE:

- ACTUACIONES Y POLÍTICAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN. A PETICIÓN PROPIA.
(Número de expediente 214/000027.)

- EL CAMBIO EN LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN, DE LAS PREVISIONES DE REFORMAS NORMATIVAS QUE EL GOBIERNO PIENSA ACOMETER EN MATERIA DE INMIGRACIÓN Y DE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO CONOCIDA COMO "DIRECTIVA DE RETORNO". A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA- IZQUIERDA UNIDA INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 213/000124.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo e Inmigración celebrando la comparecencia del ministro de Trabajo según el orden del día que tienen ustedes en su poder.


De acuerdo con la Mesa y con los portavoces de los grupos parlamentarios, el debate va a discurrir en dos bloques en los que acumularíamos el primer punto, que es la comparecencia del ministro a petición propia, y el tercero, que es la comparecencia también del ministro de Inmigración a petición del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Izquierda Unida, y posteriormente otro bloque con el segundo punto del orden del día, que es sobre la modernización de los servicios públicos de empleo, comparecencia que está solicitada también por el Grupo de Esquerra Republicana Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Si les parece, sin más preámbulos vamos a dar comienzo a esta comparecencia del señor ministro. Señor ministro tiene usted la palabra cuando quiera.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señorías, comparezco a petición propia y del Grupo de Esquerra Republicana Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en sesión extraordinaria, para informarles de la política de inmigración del Gobierno.


Desde el año 2004, con la llegada al Gobierno del Partido Socialista, las políticas de inmigración adquirieron una nueva orientación. La inmigración es una necesidad objetiva de nuestra sociedad y tiene un impacto directo en nuestra economía y en nuestra convivencia. Por ello se abordó el fenómeno de la inmigración afrontando conjuntamente su dimensión política, económica y social. Se abrió un proceso de diálogo con los interlocutores sociales, se estableció un proceso de normalización, se diseñaron cauces legales de entrada, se luchó contra la inmigración ilegal y se firmaron acuerdos con los países de origen y de tránsito.


En la nueva legislatura y reforzando la vinculación de la inmigración con las necesidades del mercado de trabajo, el ministerio pasó a denominarse Ministerio de Trabajo e Inmigración. Desde la perspectiva sociolaboral hay, a mi juicio, dos características esenciales que deben ser resaltadas. La primera es que hoy día las migraciones se producen principalmente por motivos económicos; es la falta de perspectivas de futuro lo que hace que hoy las personas se desplacen miles de kilómetros en busca de un empleo y, consecuentemente, la inmigración que hoy vivimos es una inmigración que viene fundamentalmente definida por motivos laborales y económicos como consecuencia de las desigualdades que desgraciadamente se dan a nivel global. Además, como he reiterado en múltiples ocasiones y he puesto de manifiesto en esta Cámara, la segunda característica sería que el fenómeno implica a las personas, tanto en los países de origen como en los países de destino, y tiene importantes repercusiones en los sistemas de organización sociolaboral y también en nuestra convivencia diaria.


Para situar la fuerza de la corriente migratoria en el orden sociolaboral, no hay más que recordar algunos hechos y datos. La entrada de mano de obra extranjera ha sido, junto con la incorporación al trabajo de la mujer, el gran cambio del mercado laboral español de los últimos quince años. El dinamismo de este proceso se refleja en unas pocas cifras: en 1999, había 332.407 trabajadores y trabajadoras extranjeros afiliados a la

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Seguridad Social; en el año 2000, había 452.097; en el año 2004, 1.074.794; en la actualidad, 2.128.384 personas. Además, los inmigrantes han permitido elevar de forma estructural el nivel de empleo y de recaudación fiscal de nuestra economía. Las contribuciones de los inmigrantes a la Seguridad Social están muy por encima de los beneficios concedidos. Esto es debido al fuerte aumento de afiliados al sistema de trabajadores extranjeros con los mismos derechos y deberes que los trabajadores españoles. En los últimos cuatro años los afiliados extranjeros se han duplicado hasta alcanzar, como ya les he citado antes, 2.100.000 personas.


La gestión del flujo migratorio para su incorporación ordenada al mercado laboral y con contrato de trabajo se apoya en los acuerdos bilaterales de gestión de flujos y otros instrumentos similares suscritos entre España y los países de origen de los trabajadores inmigrantes, en concreto, con Colombia, Ecuador, Marruecos, República Dominicana, Rumania, Bulgaria -estos dos últimos desactivados a raíz de su incorporación a la Unión Europea-, Mauritania, Filipinas, Senegal y El Salvador, estando en negociación acuerdos con otros países como Bolivia, Moldavia, Ucrania y Paraguay. Estos acuerdos bilaterales se caracterizan porque establecen la posibilidad de contratar trabajadores en su lugar de origen por las empresas españolas que realizan las ofertas de empleo y porque permiten simplificar la venida a España de los trabajadores de temporada en el sector agrario. Además, para lograr que en los países de origen la inmigración sea un factor de crecimiento económico, se han establecido acuerdos en materia de cooperación migratoria, con Marruecos, Mauritania, Argelia, Nigeria, Guinea-Bissau, Guinea Conakry, Gambia y Cabo Verde, estando en marcha los acuerdos con Senegal, Mali, Ghana, Camerún, Liberia, Níger y Sierra Leona, todos ellos países cuyos nacionales forman parte del grueso de la inmigración hacia nuestro país. Estos acuerdos permiten que los países de origen se corresponsabilicen en la gestión del flujo migratoria, abriendo ámbitos conjuntos de acción en materia de cooperación al desarrollo, asistencia técnica y financiera, apertura de oficinas de información y de ofertas de empleo. En este sentido, entiendo que un mercado laboral con empleos ilegales atrae a inmigrante ilegales y, por tanto, es necesario continuar potenciando la acción contra el empleo clandestino y la economía sumergida, toda vez que desde otros departamentos de la Administración se incrementan los medios destinados al control de las fronteras y la lucha contra el tráfico de seres humanos.


Al respecto tengo que manifestar que en el contexto de la cooperación con los países de origen, junto a los acuerdos bilaterales de gestión de flujos y los acuerdos de cooperación en materia migratoria, son fundamentales los acuerdos de readmisión de personas en situación irregular, que permiten la repatriación de los inmigrantes ilegales a sus lugares de origen. Estos acuerdos existen con los principales países de origen y tránsito, como Marruecos, Portugal, Francia, Argelia, Mauritania o Guinea-Bissau. A partir del mes de septiembre pretendo viajar a los principales países de origen y de tránsito para conocer in situ la situación y ver en qué ámbitos podemos reforzar la cooperación y hacer más eficaz la gestión de flujos. He participado en la Conferencia 5+5 sobre aspectos sociolaborales de las relaciones mediterráneas, donde he expuesto a mis colegas las líneas principales de la política migratoria de España y la situación actual. Señorías, la política del ministerio destinado a gobernar el fenómeno se estructura sobre dos ejes o líneas estratégicas.


Primera línea, control y legalidad. El control de los flujos migratorios se tiene que adecuar dentro de la ley y de forma ordenada, lo que supone que todos los extranjeros que deseen venir a España deben hacerlo con un contrato de trabajo. Con una doble garantía, la garantía de que la inmigración responde a las necesidades del mercado laboral y, consecuentemente, no desborda la capacidad del mismo para acoger mano de obra extranjera. Y, también, que la integración en el trabajo se va a realizar en las mismas condiciones que los nacionales, sin discriminación, eliminando toda posibilidad de abuso y explotación, lo que significa plena igualdad de derechos y deberes. Es una preocupación de este ministro que las medidas de control de fronteras, de acceso al mercado de trabajo, de integración social y, en general, de todas aquellas medidas de control que deben observar y respetar los inmigrantes, se realicen y apliquen garantizando en todo momento el cumplimiento de la ley y, por tanto, con el máximo respeto a la dignidad de las personas y salvaguardando y asegurando el ejercicio de sus derechos fundamentales.


Los días 3 y 4 de junio visité las islas Canarias para conocer de primera mano la dimensión del fenómeno de llegada de inmigrantes ilegales por vía marítima y las condiciones de atención comunitaria, a pie de playa, que se sufragan desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración por un importe de 6.720.000 euros en el año 2008. Una de las caras más dramáticas de esta inmigración es la llegada de menores en situación de desamparo, motivo por el que hemos dispuesto una partida presupuestaria de un millón de euros para que el Gobierno de Canarias pueda cumplir la tarea de proteger el interés superior de los menores, y he solicitado a todos y cada uno de los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, expresamente y por escrito, su colaboración para hacer frente a la atención de esos menores. Para frenar esta tragedia de los cayucos desde las costas africanas es imprescindible actuar sobre las causas de la misma, que no son otras que el hambre y la miseria. Esa ha sido una prioridad absoluta del Gobierno desde el primer momento. La ayuda al desarrollo pasó del 0,2 por ciento en 2004 al 0,5 del PIB en la actualidad, lo que supone pasar de algo menos de 2.000 millones de euros en 2003 a cerca de 5.300 millones en este año. El objetivo ahora, como ha señalado reiteradas veces el presidente del Gobierno, es alcanzar el 0,7 por ciento en esta legislatura.


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Para poder gobernar el fenómeno es necesario contar con la Unión Europea.
En un espacio de libertad y seguridad como el establecido entre los Estados miembros de la Unión Europea es necesario contar con la solidaridad tanto de los Estados miembros como de las instituciones de la Unión Europea, motivo por el que contribuimos y participamos activamente en el diseño y la adopción de medidas conjuntas, como el reciente Pacto sobre inmigración y asilo propuesto por la actual Presidencia del Consejo de la Unión y que será sometido a la consideración de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete el próximo 15 de octubre. Como saben, el pacto fue presentado al Consejo a nivel ministerial el pasado día 7 de julio en Cannes y se estructura en torno a cinco áreas: en primer lugar, organizar la inmigración legal de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo; en segundo lugar, luchar contra la inmigración ilegal y organizar las repatriaciones; en tercer lugar, aumentar el control de las fronteras; en cuarto lugar, sentar las bases de una política europea común de asilo; y, en quinto lugar, crear una asociación con los países de origen y tránsito de la inmigración. Es decir, un pacto que refleja nítidamente el modelo español y nuestras prácticas de gestión de la inmigración.


Respecto de la Directiva de Retorno, permítanme hacer una reflexión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta directiva se adopta por consenso; que alcanzar acuerdos en la Unión Europea no es fácil y que se avanza lentamente. Es una directiva que establece mínimos comunes pero que respeta la legislación nacional, siempre que su protección sea superior a la misma y, por lo tanto, no tiene por qué afectar a nuestra legislación, mucho más garantista que esta directiva. Lo importante es que con ella se da un paso más hacia una política común de inmigración en Europa. Nuestro país siempre ha estado a favor de progresar hacia una política común en materia de inmigración, evitando las diferencias legislativas entre los Estados miembros que puedan suponer una ventaja para las mafias. Por ello no nos hemos opuesto a la aprobación de esta directiva, toda vez que el periodo máximo de retención lo fija la ley nacional de cada Estado miembro, lo que significa que las modificaciones legislativas que afectan a este periodo en España se decidirán en esta Cámara. Por tanto, entiendo que la directiva es un paso adelante hacia una política común de inmigración y es otra herramienta en la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias que trafican con seres humanos.


Segunda línea estratégica, cohesión social, integración y convivencia.
Señorías, la política de inmigración que se está desarrollando desde mi departamento pretende alcanzar un gran objetivo, como es conseguir una sociedad plural y diversa construida entre todos y entre todas, nacionales y extranjeros, en la que nuestros valores y principios constitucionales de libertad, igualdad, respeto a la ley y a los derechos de los demás aseguren la convivencia. Para ello, en primer lugar, es necesario adaptar la Ley de Extranjería a las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en noviembre y diciembre del año 2007, que declaran inconstitucionales algunos artículos de la ley que regulan derechos fundamentales y libertades públicas de los extranjeros en España, como los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga. Asimismo, es necesario trasponer al ordenamiento interno directivas de la Unión Europea que afectan directamente al contenido de la ley, como las de residentes de larga duración, investigadores, o la de víctimas de trata de seres humanos. Por último, la experiencia acumulada en la aplicación de la ley aconseja someter a reflexión la actual aplicación de alguna de las figuras jurídicas, como es el caso de la reagrupación familiar. Nadie cuestiona el derecho reconocido y garantizado que tienen los extranjeros a vivir en familia, pero es necesario delimitar claramente qué familia y en qué condiciones.


En segundo lugar, estamos en un proceso de desaceleración económica, con un fuerte impacto en ciertos sectores productivos que trae aparejado un incremento del número de trabajadores extranjeros que quedan en situación de desempleo, por lo que el pasado día 18 de julio he presentado ante el Consejo de Ministros un informe sobre el programa de retorno voluntario de trabajadores extracomunitarios en situación de desempleo. Como también anuncié en su día, este programa viene a complementar el conjunto de medidas destinadas a una buena gestión de la inmigración y a dar cumplimiento al compromiso manifestado por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Como su nombre indica, el programa tiene por finalidad principal facilitar el retorno voluntario, a sus países de origen, de aquellos trabajadores extracomunitarios que se encuentren en situación de desempleo a través del abono acumulado de la prestación.


En tercer lugar, diálogo y concertación territorial. El pasado día 9 se constituyó la Conferencia Sectorial de Inmigración con representación de todas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, y se pusieron encima de la mesa aquellas medidas que deben permitir gobernar el fenómeno de la inmigración en los próximos años, y a las que posteriormente haré una referencia, como la reforma de la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social o el programa de retorno voluntario de trabajadores extracomunitarios en situación de desempleo. Asimismo, el pasado día 19 de junio se reunió el pleno del Foro para la integración social de los inmigrantes, órgano de participación y consulta que por su composición es en sí mismo un órgano de consenso de distintas sensibilidades y posicionamientos. El informe sobre la situación social de los inmigrantes en España y su integración social, en el que el foro está trabajando en estos momentos, representa una importante ocasión para hacer realidad su papel de cauce de participación y diálogo entre las diversas entidades implicadas en la gobernabilidad de la inmigración.


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En cuarto lugar, políticas de integración. Este es uno de los retos más importantes que actualmente afronta la sociedad española y al respecto hay que dejar claro que el Gobierno es plenamente consciente del riesgo que supone para la convivencia en nuestro país la no integración de los ciudadanos extranjeros que viven en España.


Señorías, garantizar la convivencia y participar conjuntamente en un proyecto común requiere un esfuerzo tanto de los autóctonos como de los extranjeros para lograr su plena integración. Por ello, para eliminar las barreras que impiden la plena integración de los extranjeros y para impedir el racismo y la xenofobia es por lo que hemos decidido dar un renovado impulso a todo lo relacionado con las políticas de integración haciendo de la gestión de la integración de los inmigrantes uno de los ejes de la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. Al respecto contamos con instrumentos valiosos dotados con importantes recursos financieros para alcanzar esas metas, como son el Plan estratégico de ciudadanía e integración 2007-2010 establecido con la finalidad de sentar las bases y definir los instrumentos que permitan al conjunto de las administraciones públicas gestionar los procesos de integración de los inmigrantes, potenciando los servicios que se prestan al conjunto de la ciudadanía y el Fondo para la acogida e integración social de los inmigrantes así como para el esfuerzo educativo de los mismos, destinado a las comunidades autónomas y ayuntamientos conforme a criterios objetivos de distribución y dotado para el año 2008 con 200 millones de euros.


Las familias, las escuelas, los barrios constituyen espacios de convivencia en contextos de diversificación sociocultural, y es precisamente en estos lugares en los que hay que impulsar la cohesión social trabajando conjuntamente con los distintos servicios municipales, las asociaciones de vecinos, las ONG y las asociaciones de inmigrantes.
La participación de los inmigrantes en las elecciones supone un elemento favorable para su integración al fomentar su implicación en los procesos democráticos que afectan directamente a su entorno más cotidiano. Como SS.SS. conocen, impulsaremos iniciativas en esta Cámara para avanzar en esta dirección. Por último, quiero manifestar que la mejor forma de alcanzar las deseadas cotas de control y legalidad, y de cohesión social, integración y convivencia, es a través de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que permita establecer un pacto de Estado en materia de política de inmigración.


Señorías, he dado pasos y he impulsado los cauces de los que podemos servirnos para lograr a través de un diálogo abierto y sincero alcanzar acuerdos y establecer un pacto de Estado, como la Conferencia Sectorial de Inmigración, que eleva el debate y los acuerdos a los máximos responsables políticos de cada una de las comunidades autónomas, y seguiré trabajando por alcanzar el consenso necesario para establecer ese pacto. En conclusión, estamos ante un fenómeno complejo que para ser gobernado requiere medidas adecuadas a las situaciones reales y a la problemática concreta que presenta, motivo por el que se han elaborado una serie de iniciativas y se han puesto en marcha políticas que vienen a complementar las herramientas de que disponemos para dar una respuesta adecuada a cada una de las situaciones que se plantean. Mantenemos una estrecha cooperación con los países de origen y tránsito; vinculamos la gestión de la inmigración a la capacidad de acogida de mano de obra extranjera por parte del mercado de trabajo, y exigimos la contratación en origen como garantía de que la inmigración responde al mercado de trabajo y de que los inmigrantes reciben el mismo trato que los nacionales. Abrimos vías de retorno voluntario para los trabajadores extranjeros en situación de desempleo, impulsamos la concertación territorial y el consenso, potenciamos la integración sociolaboral de los inmigrantes y abogamos por un pacto de Estado.


En esta tarea fundamental para la sociedad española espero contar con su colaboración.


El señor PRESIDENTE: Esta comparecencia se realiza a petición propia del ministro y a petición también del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por lo cual tiene la palabra en primer lugar el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero comenzar mi intervención agradeciendo la comparecencia al señor ministro de Trabajo e Inmigración. Esta petición de comparecencia tiene que ver con nuestra preocupación por la política de inmigración en general pero en particular por lo que consideramos un cambio para mal de la política de inmigración. Cambio del discurso por parte del ministro de Trabajo y cambio también de las medidas, la más significativa de ellas es el apoyo por parte del Gobierno a la llamada Directiva de Retorno en el marco de la Unión Europea que, en nuestra opinión, niega todos los compromisos adquiridos entre las fuerzas políticas y las organizaciones sociales durante la pasada legislatura. En ese sentido hemos pedido la comparecencia, porque estamos preocupados y porque estamos alarmados no solamente por un cambio del discurso sino también por un cambio de la política -en nuestra opinión para mal- en relación con la política migratoria.


Decía el novelista siciliano Sciascia que las palabras no eran como los perros, que les podías silbar y volvían; que las palabras quedaban.
Quiero referirme a alguna de sus palabras que a lo largo de los últimos tiempos han supuesto un cambio en el discurso del Gobierno en relación con la política migratoria. Una frase suya, una de las primeras: "Nadie puede perder un derecho por los inmigrantes". (Oponiendo inmigrantes y derechos.) Otra:"Un país, un barrio o una escalera nunca pueden gobernarse con las normas del último que llega". (Como si en nuestro país hubiera normas al margen del Estado de derecho.) Otra: El gasto social no soportará que los

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extranjeros traigan a toda su familia. O la frase: Las condiciones en las que ha llegado un inmigrante a España no pueden prevalecer sobre lo que determina la ley en relación con algunos casos dramáticos en materia de acogida a los inmigrantes. Otra:"La propuesta de la Generalitat de separar a los menores inmigrantes en las escuelas es una iniciativa valiente. No es ningún problema que los discursos del Partido Popular y los del Partido Socialista sobre este fenómeno puedan coincidir". (No lo digo yo, lo dice también el señor Corbacho.)

Señorías, al menos un cambio en el discurso sí se pone de manifiesto.
También creemos que se está produciendo un cambio en las medidas. El principal exponente de ello es la directiva de retorno que en nuestra opinión inicia un camino de rectificación y de involución en la política migratoria en España, política migratoria que fue de acuerdos a lo largo de la legislatura pasada. Quiero destacar las bases de esos acuerdos e incluso las diferencias. En primer lugar, compartimos que la inmigración no era un problema, que la inmigración era un reto que tenía aspectos muy positivos y que debíamos procurar que siguiese siendo así. En segundo lugar, también acordamos entre las fuerzas políticas y las organizaciones sociales un reglamento de normalización ligada al empleo; ese fue un segundo gran acuerdo no solamente político sino también social. En tercer lugar, acordamos en distintos presupuestos un plan de integración social de la inmigración que, aunque escaso en nuestra opinión, sigue siendo imprescindible. Por último, también acordamos en el marco presupuestario iniciativas para mejorar y para dotar suficientemente la cooperación internacional, no es el 0,5 del presupuesto que usted ha dicho, al que no llegamos, es el 0,37 del Gobierno central más el resto, hasta casi el 0,5, por parte de otras administraciones. Estos eran nuestros acuerdos.
También teníamos desacuerdos; desacuerdos por ejemplo en relación con la aplicación y necesidad de cambio de la Ley de Extranjería, que el Gobierno no consideró a lo largo de la legislatura pasada; desacuerdos también en relación con la falta de normativa en los centros de internamiento y desacuerdos también con respecto a la situación de los denominados inexpulsables. A pesar de ello había un ámbito de acuerdo en el discurso y también, en la práctica, un ámbito de acuerdo importante en materia de inmigración. Sin embargo, a lo largo de estos pocos meses de legislatura, nosotros tenemos la impresión de que esos acuerdos se han malbaratado en el discurso; he hecho alguna referencia a sus frases a lo largo de estos meses. Si hubiera sido a tenor de su intervención de hoy aquí yo hubiera estado bastante de acuerdo en alguno de sus términos, pero las frases han quedado, como diría Sciascia, y no han sido rectificadas, sino que han sido ratificadas por usted mismo. Es decir, usted se ha convertido, en vez de en un ministro de trabajo e inmigración, en un ministro de extranjería, que repite machaconamente un discurso, el discurso de que los inmigrantes compiten con nuestro mercado de trabajo; el discurso de que nuestros inmigrantes están poniendo en peligro el Estado del bienestar, y el discurso que vincula inmigración, conflicto y orden público, que en nuestra opinión ha sido y es un discurso equivocado.


Además, por si no fuera suficiente el discurso, hay medidas que a nosotros nos preocupan mucho. Por ejemplo, habla usted hoy del no rechazo de la Directiva de Retorno. No; no rechazo, no, sino la promoción de la Directiva de Retorno por parte de su Gobierno -hay que decir las cosas claras- como un paso necesario hacia una política de inmigración en el marco de la Unión Europea. Cuestiono que eso sea así, pero en todo caso es algo que veremos en el futuro. En cualquier caso, lo que más preocupa a nuestro grupo parlamentario es el argumento de que esta directiva -directiva que cuestiona aspectos tan importantes como la protección de los derechos del niño o la convención de los derechos de los migrantes- sea considerada por parte del Gobierno una directiva de mínimos para la Unión Europea, que no obliga al Gobierno español. En nuestra opinión, es una directiva inaceptable en la Unión Europea, que flexibiliza de manera muy preocupante los derechos humanos en la Unión Europea estableciendo distintos raseros, pero además es una directiva que impulsa otra política en nuestro país, porque no es verdad que no influya sobre la política de nuestro país. De hecho, en estos momentos ya se está hablando de cambiar la legislación en materia de retención, incluso se está hablando de un mayor tiempo de retención; no se habla nada, por supuesto, de mejorar las condiciones de los centros de internamiento, que han sido cuestionados recientemente por organizaciones de derechos humanos -esa cuestión sí nos parece importante-; en segundo lugar, al calor de la iniciativa de retorno, el Gobierno ha aprobado otra iniciativa de retorno que, si bien no tiene nada que ver, se inscribe en una filosofía similar y, por otra parte, el Gobierno nos ha anunciado también nuevas restricciones a la política de reagrupamiento familiar, que en nuestra opinión es cuestionable; al menos deberían darnos la oportunidad de debatirlas.


El Gobierno dice que no ha cambiado nada. Nosotros creemos que sí ha cambiado el discurso del Gobierno en relación a la política migratoria.
Antes era un discurso positivo y ahora da la impresión de que es maletas para todos. Por otra parte, sí han cambiado las medidas, señor ministro, y además han cambiado sin que haya habido una mínima negociación entre quienes fuimos y fueron sujetos de negociación en la política migratoria de la legislatura pasada. No se ha negociado con los sindicatos y con los agentes sociales, tampoco se ha negociado con las fuerzas políticas y con las comunidades autónomas. Por tanto, son decisiones unilaterales del Gobierno y es un discurso unilateral del Gobierno. Esperamos que esto cambie, que de alguna forma disminuyan estos discursos altisonantes sobre la inmigración, y volvamos a una retórica matizada, esperando que cambien también las medidas para que sea posible el consenso; desde luego,

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con medidas unilaterales va a ser difícil el consenso, al menos con nuestro grupo parlamentario.


Usted me dijo en la comparecencia anterior que, en relación a la Directiva de Retorno, seguramente mis votantes estarían más de acuerdo con usted que conmigo. La encuesta reciente demuestra que no, que mis votantes están más de acuerdo conmigo que con ustedes, y que sus votantes están más en desacuerdo con ustedes en relación a la Directiva de Retorno que conmigo. En definitiva, en mi opinión, deberíamos buscar las posibilidades de una actitud más matizada en materia de inmigración, y una voluntad mayor de consenso en torno a algunos aspectos que voy a comentar de manera muy resumida. En primer lugar, en relación con la situación de casi medio millón de no expulsables en nuestro país.
Entonces consideramos que había una dificultad, que era un mercado laboral irregular con un trabajo clandestino; en estos momentos tenemos aproximadamente, según la encuesta, medio millón de no expulsables, y deberíamos ver también los mecanismos para su normalización. En segundo lugar, tenemos problemas en nuestros consulados y en las oficinas de extranjería de las delegaciones del Gobierno, porque no hay criterios claros, pero sí colapso en ambos. También tenemos problemas en relación con el carácter penitenciario de los CIE, que deberíamos regular por ley para que sea posible el acceso familiar, la comunicación y la protección de los derechos de los inmigrantes. Tenemos también problemas -y usted lo ha dicho en alguna declaración- en relación con los plenos derechos, como el derecho al voto; tenemos problemas en relación con la política de integración y el refuerzo presupuestario, en nuestra opinión insuficiente. El Gobierno no ha firmado aún el convenio de Naciones Unidas sobre los migrantes, que es contradictorio con la Directiva de Retorno, como he dicho antes, y necesitamos reforzar la cooperación internacional y aplicar de manera efectiva el derecho de asilo.


Esos son los aspectos fundamentales, y en torno a ellos estamos dispuestos al diálogo y al consenso, pero, eso sí, hacemos una llamada de atención sobre la involución no solamente en el discurso, sino también en medidas tan reprochables como la Directiva de Retorno.


El señor PRESIDENTE: A continuación, hará uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular don Rafael Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Agradezco la presencia del señor ministro esta mañana en esta comparecencia. Como todos ustedes saben, nuestro deseo hubiera sido que hoy hubiera comparecido ante esta Cámara quien teóricamente, y según el propio Gobierno, es la responsable de coordinar la política de inmigración, que no es otra que la vicepresidenta primera del Gobierno. Es ella la que el día 16 de junio anunció la creación de una comisión delegada, presidida por ella, para coordinar precisamente las políticas de inmigración que afectan a distintos ministerios.
Ciertamente por ello nos ha sorprendido o nos sigue sorprendiendo que quien haya comparecido para explicar los cambios que se están produciendo en política de inmigración no sea ella, sino usted, señor ministro.


A lo largo de estos últimos días más bien parece que el Gobierno no se fía mucho de lo que usted hace o dice, y que en ocasiones son otros ministros los que toman el protagonismo de decirnos cuál va a ser la política de este Gobierno. Lo hemos visto con las distintas directivas, como la de retorno, negociada al margen de usted por el secretario de Estado de Política Exterior y por el propio ministro de Asuntos Exteriores; lo hemos visto con el acuerdo europeo sobre inmigración, en el que el protagonismo lo ha tenido el señor Rubalcaba; lo hemos visto incluso con el informe sobre retorno, y hasta el propio señor Soria se dedica a visitar puntos calientes como Almería, después de las terribles tragedias ocurridas hace dos semanas. El Gobierno ha decidido que sea usted quien comparezca, y a nosotros nos gustaría que nos hiciera algunas aclaraciones y concreciones sobre lo que ha anunciado hoy y sobre lo que ha ido sucediendo, y voy a intentar fijar la posición de mi grupo en relación con alguno de los hechos que han ido sucediendo después de su última comparecencia.


Quiero manifestarle que mi grupo le apoya, apoya al Gobierno en lo que ha sido la Directiva de Retorno. Sabe usted -se lo hemos reiterado en otras ocasiones- que esto no debe servir de excusa para modificar nuestra legislación en materia de permanencia en los centros de retención. Sí creemos que debe buscarse la posibilidad de ampliar el periodo, y en eso les apoyaríamos, pero siempre que no se haga de forma genérica y se remita a situaciones de excepcionalidad. La propia Directiva de Retorno hace una advertencia a los países de la Unión Europea diciendo que no puede servir para mermar las legislaciones que ya son más amplias o más coherentes con el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, en ese sentido, no entiendo la preocupación y algunos puntos de vista de la izquierda que se han posicionado en contra de esta directiva.


Por lo que se refiere al acuerdo de la Unión Europea quiero decirles que nos ha llenado de satisfacción que ustedes lo hayan conseguido. Creo que esa es la vía: la política común europea. Y aquí sí que se produce un cambio. Usted hablaba de que en 2004 se produjo una nueva orientación en la política de inmigración. Sí, pero precisamente en el sentido contrario al que debía de haberse producido. En el año 2004 se rompió la política común europea; se decidió que España tenía que ser la envidia de la Unión Europea; se decidió que España tenía que realizar regularizaciones masivas en contra de lo que opinaban el resto de los países de la Unión Europea. Me alegro de que ahora sí haya una nueva orientación, en el año 2008, en el camino y en el sentido de lo que tiene que suceder con la política de inmigración, que tiene que ser una política común y europea, porque si no estaremos creando nichos donde la inmigración ilegal puede asentarse,

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asentarse, y eso es malo, no solo para el país que lo hace, sino también para el conjunto de los países que lo protagonizan.


Al finalizar el año 2003 en España había 1.647.000 permisos de residencia; hoy hay 4.192.000. Son 2,5 millones más. Ha aumentado un 160 por cien el número de permisos de residencia. Hemos tenido, no un proceso de regularización específico en el año 2005, sino cuatro años de regularización masiva, de papeles para todos y, por tanto, creo que hay que iniciar un cambio para al final no convertir la inmigración "que es lo que ustedes han hecho" en un problema para el conjunto de los ciudadanos. Es muy difícil que un país sea capaz de integrar a tantas personas en tan poco tiempo, y eso es desgraciadamente lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, y los peligros que tenemos por delante, máxime cuando afrontamos una situación de crisis económica que va a crear situaciones dramáticas para muchas personas. Por tanto, hay que abandonar los discursos demagógicos y afrontar este asunto con la seriedad y la responsabilidad que requiere.


Durante la pasada legislatura lo irregular o lo ilegal se convertía de facto en legal; eso es lo que ha sucedido, y esas son las cifras que tenemos en estos momentos, cifras oficiales que ustedes nos han proporcionado. Eso ha creado importantes problemas en los servicios que prestan las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Habla usted de política de integración, pero - y usted ha sido alcalde- creo que con medio euro al mes por inmigrante es muy difícil que los ayuntamientos puedan realizar política de integración alguna. Ahora ustedes pretenden poner parches, y lo han hecho con el famoso informe sobre el plan para el retorno. Han estado durante varios meses anunciándolo y haciendo declaraciones sobre este plan. Por fin, el viernes de la semana pasada llevaron ustedes al Consejo de Ministros este plan. Ha sido como el parto de los montes, pero al final ustedes han parido un ratón. Es un ratón.
Han anunciado que afectaría a 100.000 personas y ustedes saben que no va a afectar a tantas. No son 100.000 personas las que en estos momentos llevan más de cuatro años cotizados de forma continua a la Seguridad Social para generar esos meses de prestaciones por desempleo, a los que ustedes hacían referencia en el propio informe.


Además, nos parece que este no es el camino adecuado. Si hay que favorecer en estos momentos el retorno de alguien no es el de aquellas personas que llevan más tiempo entre nosotros, que están más integrados, que han traído a sus familias, sino justamente lo que hay que hacer es favorecer el retorno de aquellas personas que están en situación de precariedad, que no tienen prestaciones, que están pasando dificultades y que tienen grave riesgo de caer en las mafias de la delincuencia. Esas son las personas a las que hay que favorecer el retorno a sus países. Las personas que están cualificadas son personas que deben quedarse entre nosotros. Lo que usted tendría que ofrecer a esas personas no son maletas para todos, señor ministro, sino políticas de formación, de promoción y de creación de empleo. Ese es el grave problema. Hay 252.000 inmigrantes ya en situación de desempleo, estamos en el 16 por ciento de paro, y solo estamos en el principio de la crisis. ¿Cuántos parados inmigrantes tiene calculado el Gobierno que va a haber a final de año? ¿Van a existir prestaciones para todos ellos? Ayer ya conocíamos el dato del déficit de las cuentas del Estado. ¿Cómo se va a afrontar esa situación? Esta es la almendra del asunto, señor ministro, y de esto desgraciadamente usted ha hablado poco o casi nada, a pesar de que es usted el ministro de empleo.
Esto es lo que usted tenía hoy que explicarnos aquí: qué es lo que va a hacer el Gobierno para devolver la confianza a la sociedad española y volver a la senda de generación y de creación de empleo. La mejor política social para conseguir la integración de los inmigrantes es aquella que puede generar empleo. Sin empleo es muy difícil conseguir integración. Es imposible pensar que solo las políticas sociales van a favorecer durante largo tiempo la integración de los inmigrantes.


Le voy a hablar de otras cuestiones. Ha hecho referencia usted también a las limitaciones del reagrupamiento. Nosotros estamos dispuestos a hablar sobre este tema, se lo digo ya, pero me gustaría que usted nos aclarara qué es lo que ha ido pasando sobre reagrupamiento, por qué ahora nos dice que, si no se limita el reagrupamiento, pronto tendremos un millón más de personas reagrupadas. ¿Cuántas personas han permitido ustedes que se reagrupen durante todo este tiempo? ¿Por qué se ha utilizado el reagrupamiento en cadena y se ha permitido, consintiendo lo que es un fraude de ley desde mi punto de vista? Yo creo que, cuando se anuncian medidas, lo que hay que hacer es dar explicaciones sobre las situaciones que se han creado y no hacer meras formulaciones sin explicar a los ciudadanos españoles qué es lo que ha sucedido. Ustedes están todo el día reivindicando que no hay cambios, que están muy contentos con lo que han hecho, pero no estarán tan contentos cuando usted mismo hace declaraciones que van justamente en el sentido contrario. Creo que hay que hacer algo en reagrupamiento, pero limitando el reagrupamiento en cadena. Si se dice ahora que la familia no va a contar con los ascendientes habría que explicarlo de una forma más seria de lo que usted lo ha hecho, cuando se pide el apoyo para una medida como esa, en la que los ascendientes no son parte ya, según ustedes, de la familia.


Quiero pasar a otro asunto que nos parece importante, y es el tema de la tragedia de las pateras. Ha dado usted explicaciones sobre los convenios que se han ido formulando. Usted sabe que esa fue una política que se inició en la legislatura 2000/2004. Se han conseguido avances en algunos convenios con países de origen y con países de paso, pero nos gustaría que alguna vez alguien en la Cámara nos explicara en qué han consistido esos convenios, en qué han quedado y qué es lo que se ha limitado. No basta decir que se formulan convenios, hay que explicar cuáles son los resultados que se han producido.


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Yo le voy a decir -porque creo que usted lo sabe también, pero es bueno que lo conozca la Cámara- cómo operan las mafias que trafican con inmigrantes ilegales. Ha hablado usted de toda una serie de convenios con determinados países africanos. Fíjese usted qué casualidad que, de las personas que han llegado a las costas de Motril y Almería, ninguno de los inmigrantes declara ser ciudadano de esos países con los que España tiene convenios de repatriación; sorprendentemente todos saben perfectamente cuáles son los países con los que España no tiene esos convenios. Por tanto, cuando usted declara que esas personas van a ser retornadas a su país, creo que hay que hacerlo con prudencia. Le voy a decir lo que decía el abogado del Comité de Ayuda al Refugiado de Andalucía, CEAR: con ninguno de los países de los que estos inmigrantes dicen proceder hay firmados acuerdos de repatriación; en la práctica esto significa que esas órdenes de expulsión se quedarían en nada. Me gustaría saber si esto es verdad o no, y qué es lo que va a hacer el Gobierno, porque si no, al final, todo lo que hagamos no servirá para nada. Si al final estamos dejando huecos a las mafias, estas se van adaptando a los huecos que va dejando la legislación y a los huecos que se van abriendo en nuestra frontera. Creo que este es un asunto muy importante, un asunto de Estado, y usted va a tener el respaldo de este grupo parlamentario para luchar contra las mafias que trafican con personas, pero evidentemente lo que hay que hacer es ser coherente y decir la verdad a los ciudadanos españoles. No solo bastan las declaraciones contundentes, también hay que ser contundentes con los hechos, y ser responsables con los hechos y las consecuencias. En ese sentido, me gustaría saber si ustedes han pensado en pedir la extensión del Frontex a las costas andaluzas y murcianas. Me gustaría que alguna vez hicieran una evaluación sobre lo que ha sido el trabajo del mando único anunciado en el año 2006. Me gustaría saber cuáles son los resultados del SIVE y si ustedes creen que esa tecnología es suficiente o si hay que aplicar otras tecnologías. Me gustaría saber cuáles son los trabajos que está haciendo el Gobierno para detectar bolsas de inmigrantes ilegales en algunos países de tránsito, y qué es lo que se hace con las autoridades de esos países para limitar las acciones de estos grupos despreciables de auténticos negreros...


El señor PRESIDENTE: Don Rafael, ya ha sobrepasado usted considerablemente el tiempo. Le ruego que vaya concluyendo.


El señor HERNANDO FRAILE: ...que utilizan a esas personas y que van modificando su modus operandi según se van abriendo posibilidades nuevas.
Ahora el nuevo modus operandi consiste en enviar a mujeres con bebés en las pateras. Y eso quiere decir que ellos han encontrado hueco en esa fórmula de tráfico de personas, y nosotros, aunque nos duela mucho, tenemos que ser suficientemente coherentes como para aplicar la ley. Yo no creo que usted pertenezca al bando insensible del Gobierno; eso parece que es lo que opina el señor Pérez Rubalcaba. A mí esos discursos me parecen un gravísimo error, sencillamente porque estamos dando alas a los que trafican con esas personas, y aunque sea duro decirlo, me parece que la compasión en estos asuntos no cabe. Creo que hay otras fórmulas para ayudar a esas personas, y no es precisamente decir que el hecho de haber sufrido una terrible tragedia es causa para quedarse en este país.


Por último, señoría, en cuanto al voto de los inmigrantes, quiero saber cuál es la posición del Gobierno. Ustedes saben que este es un asunto contemplado perfectamente en nuestra Constitución, que está regulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que se establece sobre la base de una serie de principios: un principio, la reciprocidad, y otro principio, que es la firma de tratados internacionales. Desconozco cuáles son los motivos que están llevando al Partido Socialista y a algunos miembros del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista a decir que hay que modificar una ley que está perfectamente clara, y que regula perfectamente el procedimiento. Es más, Noruega no es de la Unión Europea y sin embargo sus ciudadanos, basándose en un convenio, en un tratado internacional votan en elecciones municipales. Por eso me gustaría saber si ustedes lo que van a hacer es modificar la Constitución, si es eso lo que pretenden en el futuro, porque si no es lo que pretenden, lo único que tienen que hacer -y en ello van a tener nuestro respaldo- es firmar tratados internacionales con países de origen en los que se dé el principio de reciprocidad. Además, tienen un mandato de esta Cámara del año 2006, y lo que tienen que hacer es intentar aplicarlo, en vez de seguir mareando la perdiz aparentemente para intentar dar excusas a un discurso que a ustedes les cuesta, en virtud de la demagogia que desgraciadamente han hecho en el pasado.


El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra en representación del Grupo Parlamentario Mixto doña Ana María Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor ministro, le agradezco su presencia.
Quiero decirle de entrada que los compromisos adquiridos con Canarias, en su primera intervención en el Congreso, están encaminados. Efectivamente, su primera visita ha sido a Canarias con ocasión del tema de los menores inmigrantes, y ha habido unos primeros gestos, pero creo que de los gestos hay que pasar ya a los hechos. A diferencia de algún otro portavoz, desde Coalición Canaria nos alegramos muchísimo del cambio de discurso. Su discurso es absolutamente realista sobre lo que piensan los ciudadanos y lo que sucede en las calles de las ciudades, pero creemos que el siguiente paso del discurso son las actuaciones, los hechos y las medidas. ¿Por qué digo esto? Porque -si quiere empezamos por el tema de menores- en este momento -y quiero decirlo aquí- hay 100 niños en un colegio de mi municipio en el que

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las clases no están ocupadas porque el curso no empieza hasta la primera semana de septiembre. Estos niños están en un gimnasio, donde hay metidas 90 camas que ha prestado el Ejército. Ya no estamos en situación de emergencia, sino que estamos en emergencia sobre emergencia. Como usted le comunicó a doña Inés Rojas en la última reunión, es necesaria una solución no solo para esos 100 niños, sino para los 12 que han llegado anoche -ayer llegaron 160 seres humanos a Canarias, de los cuales 12 son niños y en los próximos veinte días pueden llegar 40 ó 50 niños, como en el último mes-, porque las clases empiezan y el colegio tiene que estar libre el día 20 de agosto, para poderlo preparar para el curso que empieza la primera semana de septiembre. Sabemos que usted iba a dirigir una carta a las comunidades; quedó en enviarla a la consejera -anoche la consejera me informó de que todavía no tenía conocimiento de si esa carta se había enviado- porque mañana hay precisamente una reunión con las ONG, coordinada por el ministerio, para ver si se puede solventar esa situación de emergencia. Pero todavía no sabemos qué respuesta darán las comunidades a ese acogimiento por parte de las ONG, conservando la tutela la Comunidad Autónoma de Canarias y no asumiéndola las comunidades donde van a estar esos niños, como tantos cientos de niños que están en este momento en la Península que siguen siendo tutelados por la Comunidad Autónoma de Canarias y financiada su estancia en la Península por la Comunidad Autónoma de Canarias. Por eso creemos fundamental que mañana es esa reunión se tenga ya la respuesta de las comunidades autónomas, porque si no no serviría de nada. Y estamos hablando de un plazo prácticamente de quince días para hacer el traslado de aproximadamente 150 niños, dejando la situación en colapso y emergencia, pero no en emergencia sobre emergencia. Esperamos que esa reunión en la que ha quedado su ministerio en septiembre se produzca para avanzar en las modificaciones legislativas y en las adaptaciones que tienen que hacer las comunidades autónomas y el ministerio.


Hay otro tema que a mí me ha dolido muchísimo y para el que quiero darle mi apoyo. Las declaraciones irresponsables del ministro del Interior sobre el tema de la regularización de las personas que vivieron el drama inmenso de la patera que llegó con bebes han sido un error de un inmenso calibre, y se lo dice una persona que tuvo que trabajar durante muchos años en África para eliminar la imagen que existía de que si las mujeres venían embarazadas a España se les daban papeles. Quiero recordar aquí que -porque yo lo viví, ya que en mi municipio residen todas las mujeres y bebes que están en Canarias- venían niñas de 16 y 17 años, que las habían tenido durante ocho y nueve meses en los campamentos abusando de ellas hasta que se quedaban embarazadas, por los papeles. Tuvo que ir Cruz Roja a esos campamentos haciendo una campaña para explicar que venir embarazada no daba los papeles. Y, ¿sabe qué ha pasado? Que las mujeres que llegaron a Canarias hace un mes con bebés han ido con el recorte del periódico a ver si les dan los papeles. ¿Ahora se van a dar los papeles a las que vengan con bebés vivos, a las que vengan con bebés muertos? Ese mensaje es una absoluta irresponsabilidad. En África se oyen y se ven las televisiones españolas, se leen los periódicos, y si en un momento dado hay que tener una atención humanitaria se debe de hacer con la discreción necesaria. Yo le pido al Gobierno en este momento que hable muy claro y muy alto para que se sepa en África perfectamente que las mujeres o los hombres que vengan con bebés, propios o ajenos -usted entiende lo que quiero decir con este mensaje-, no van a tener papeles, porque si no vamos a ser responsables de un desastre de otro calibre -en este momento ya hay un desastre humano con la inmigración subsahariana- aunque no quiero entrar en detalles porque la gente que trabaja en el tema de la inmigración sabe qué estoy diciendo.


También quería hablarle sobre la polémica del asunto educativo. Quiero darle el apoyo de la Comunidad Autónoma de Canarias y de Coalición Canaria. Es muy fácil hablar en la teoría de un chico de 15 años que viene de un país subsahariano, que ni siquiera está alfabetizado, y decir que se incorpore al circuito normal educativo. Ese chico lo primero que tiene que hacer es tener unas nociones básicas de español, y en segundo lugar aprender a leer y a escribir. A ese chico no se le puede integrar con chicos de 15 ó 16 años en el circuito educativo. Ese chico, a nivel educativo, estaría como un niño de primaria de unos 5 ó 6 años. Pero a un chico de 15 ó 16 años, al que puede quedarle un año para incorporarse al mercado laboral, no le vamos a repatriar porque a los menores no los repatría este Gobierno, a pesar de que tiene localizada a su familia y a pesar de que habla por teléfono móvil con su familia. Eso no sucedía ni en épocas de guerra; a los niños se les reintegraba con sus familias y no se analizaba por Unicef ni por la ONU si las condiciones de sus familias después de la guerra -y estamos hablando de las guerras europeas- eran buenas. El primer derecho de los niños es criarse con sus familias. Lo que le estoy diciendo es que la responsabilidad de las instituciones que tutelamos a estos chicos que vienen con 16 ó 17 años es darles las herramientas para que cuando cumplan 18 y se les obligue a coger la puerta -porque ellos vinieron a eso- tengan por lo menos algunas nociones de español, tengan algunas nociones de lectura y escritura y, en otros casos, de albañilería, de fontanería, electricidad y determinados circuitos. Otro caso es el de los niños que tienen 10 y 12 años que vienen solos, y hay que decirlo, porque aquí se cree todo el mundo que los menores tienen 15 ó 16 años. Solo en un centro en Tenerife hay 50 niños de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años que han venido solitos. Esos niños tienen unas circunstancias distintas y se les integra en el sistema educativo normal, habiendo un trámite de actuación con estos chicos de seis años. No sigamos con las demagogias, no sigamos con las hipocresías de los derechos y seamos realistas sobre el fenómeno y sobre las actuaciones,

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actuaciones, con la coordinación de todas las instituciones en este tipo de actuaciones. Usted es ministro de Trabajo y sabe de lo que estoy hablando. Hay chicos que tienen que ir encaminados a una formación profesional muy rápida, muy especializada, porque son chicos que están en centros con 16, 17 y 18 años e incluso con 17 años y medio.


Quiero hablarle de la preocupación que tenemos por la noticia ya pública sobre la reducción del presupuesto en la Comunidad Europea del Frontex porque eso va a implicar una situación tremenda. El Frontex ha sido efectivo -no todo lo que quisiéramos- ante el drama humano. Como le decía al presidente, es tan terrible que mueran ocho mil personas como cuatro mil, pero es fundamental su permanencia en el tiempo. No se quiso que compareciera la vicepresidenta para hablar de las materias de coordinación; se dijo que usted venía para todo. Yo sé que eso no es materia suya pero sí se la planteo, al igual que el funcionamiento del SIVE, con aparatos estropeados, sin mantenimiento, con personal que no está preparado para trabajar en el sistema y, sobre todo, con aparatos en los que se han hecho inversiones y que no están funcionando porque no se ha invertido en el mantenimiento, la formación y el número de personas adecuadas para que estén funcionando. Los cayucos y las pateras siguen llegando a Canarias, a las playas, sin ser detectados. Eso no se puede permitir porque afecta incluso, como elemento general, a la seguridad de Canarias.


Respecto a las modificaciones de la Ley de Extranjería para su adaptación a las directivas europeas, como el resto de las cuestiones que usted ha planteado como reflexión, sería lógico que en este momento en que el Gobierno ha cambiado de discurso y en el que los grupos parlamentarios vamos a una posición más común, excepto alguno, pudiéramos volver a lo que fue el documento último de la subcomisión de Inmigración, donde después de un año de trabajo en el que intervinieron expertos jurídicos, ONG, voluntariado y las distintas instituciones del Estado se determinó muy bien cuáles eran las cosas que había que cambiar en el aspecto normativo del Estado, en la Ley de Extranjería, en los decretos, en las regulaciones, y ese es un trabajo que tiene un consenso político del 90 por ciento. No parece lógico que se empiece a modificar la Ley de Extranjería solo en aspectos determinados por un obligado cumplimiento de sentencias o de directivas europeas. Volvamos a ese documento porque ahora hay más posibilidades de consenso. Estamos equivocados pensando que en este momento el paro afecta a los inmigrantes. Quiero decir aquí -y lo digo públicamente con conocimiento de causa- que se están también produciendo tensiones sociales erróneas, como la que usted plantea como alcalde. Yo soy alcaldesa y cuando uno tiene cien plazas de guardería y la mitad -por razones objetivas- se la llevan familias inmigrantes, se crea una tensión en el municipio. En el tema del paro -y lo quiero decir aquí- el problema es que el paro no afecta fundamentalmente a la población inmigrante, que tiene un sueldo peor, un trabajo más precario pero más asumible por el empleador en tiempo de crisis, y tiene más capacidad de recolocación inmediata en ese mundo del trabajo. Eso sí crea también en un nivel social bajo determinadas tensiones sociales porque en determinadas empresas se echa al nacional y no al inmigrante, y está creando un bum, bum, bum, un rebumbio, que es donde tenemos que trabajar las administraciones, fundamentalmente los ayuntamientos, en los proyectos de integración social.


Por último, quiero decirle que por primera vez el Estado ha hecho una aportación de un millón de euros, como usted dice, para colaborar con la Comunidad Autónoma en el tema de menores inmigrantes, es un gesto pero insuficiente porque en este momento la Comunidad Autónoma de Canarias está asumiendo en su propio presupuesto el cien por cien, más de 15 millones de euros en lo que llevamos de año hasta la fecha de hoy, en la atención a los menores inmigrantes, una parte importante en la Península y 1.300 en Canarias.


Acabo diciéndole que va a contar con el apoyo de Coalición Canaria, del Gobierno de Canarias y estoy segura de que de todos los canarios, en la línea de trabajar conjuntamente en la integración y, sobre todo, en el drama humano que estamos viviendo y que a lo mejor deja de ser noticia, o sea, ya no es noticia a nivel nacional ni europeo si hay un muerto, lo es si hay diez, y vamos a ver cuándo vuelve a ser noticia, a lo mejor el próximo mes diez muertos con cinco bebés no es noticia y tiene que ser a partir de 25. En Canarias se nos siguen desgarrando las entrañas cuando aparecen en nuestra costa 17 personas o 160, como llegaron anoche, con 12 niños, la mitad de ellos hacia los hospitales. A mí como alcaldesa me produce un enorme desgarro ir a un colegio y encontrarme cien niños en un pabellón de deportes, y eso tiene que resolverse antes del día 20 de agosto.


El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra el representante del Partido Nacionalista Vasco don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor ministro, por sus explicaciones.


Señor presidente, no me gustaría polemizar con la señora Oramas, a la que me une un gran afecto y además sus exposiciones meritan al respecto de esta Cámara en esta materia particularmente, pero hay una expresión que no he terminado de captar bien en su sentido profundo cuando dice: dejémonos de demagogias hablando de derechos. No comparto esa reflexión.
Hablar de derechos no es hablar de demagogias; hablar de derechos es hablar de civilización y hablar de orden social, y la contraposición dialéctica de estas dos locuciones y de estos dos conceptos me parece, sobre todo en esta materia, particularmente peligrosa.


Yo voy a hablar de derechos, señor ministro, y hablando de derechos le tengo que comentar que se ha

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calificado su intervención como realista. Cuando se habla de realismo en una exposición en el ámbito político, en el ámbito de la dialéctica política, no se sabe muy bien qué significa el realismo, es una expresión polisémica absolutamente; puede ser bueno, malo, regular, neutro, contrario a los derechos o favorable a los derechos. Le voy a decir honestamente que su intervención me ha resultado decepcionante, señor ministro, sobre todo porque considero que es usted un ministro de profundas convicciones progresistas en esta materia y en otras también.


En relación a la Directiva de Retorno, señor ministro, de la cual usted de forma sobrevenida se ha convertido en una especie de apologeta, tengo que decirle varias cosas y no voy a utilizar palabras mías, voy a utilizar expresiones o documentos de Amnistía Internacional y del relator de las Naciones Unidas, en concreto aquel sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia. Amnistía Internacional en relación a la Directiva de Retorno ha afirmado enfáticamente, y yo hago absolutamente mías estas palabras, señor ministro, lo siguiente: esta directiva tiende a equiparar la irregularidad administrativa con la comisión de un delito, y refuerza el reduccionismo sistemático que vienen practicando todos los gobiernos europeos, incluido el español, al considerar la emigración irregular como un producto directo y exclusivo de las actuaciones mafiosas. Evidentemente, usted no puede compartir la idea o la opinión de que el fenómeno de la inmigración es un producto exclusivo de actuaciones mafiosas, ni por los que llegan; sí por los que intervienen en este mercado absolutamente deleznable del tráfico de personas, pero ni siquiera por las necesidades subyacentes que obligan a estas personas a venir.


En segundo lugar, usted ha realizado la correspondiente reflexión apologética, ya lo ha hecho el presidente Zapatero, no podía ser de otra manera, de que esta directiva supone la victoria de quienes reclaman una política de inmigración común en el seno de la Unión Europea. También aquí tiene una posición lacerantemente crítica Amnistía Internacional sobre este preconizar el carácter de unificación de las políticas de inmigración, porque dice que una vez más volvemos al reduccionismo y a la manipulación. Evidentemente que hay tensiones en el terreno que señala el presidente del Gobierno, el señor Zapatero -estaban hablando de cuando Zapatero por primera vez se refirió al carácter unificador de la Directiva de Retorno-, pero esta directiva tiene mucho más de culminación de un proceso represivo, de criminalización de la irregularidad administrativa que viene desde muy antiguo. ¿De qué antigüedad viene? En opinión de Amnistía Internacional, viene de las medidas contra la inmigración de la década de los setenta, donde se hablaba de inmigración cero o trabajadores invitados. Esta es la opinión de Amnistía Internacional, que yo comparto en sus propios términos, señor ministro.
Sin embargo, a pesar de que ha hecho la correspondiente reflexión apologética de esta directiva -que es un retroceso, aunque tiene valor de norma mínima solo a los efectos, por ejemplo, del plazo de internamiento-, se le ha olvidado que todavía estamos pendientes de trasponer o de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los acuerdos de Tampere en materia de inmigración, que van en un sentido ontológicamente contrario al de la Directiva de Retorno. Son acuerdos progresistas los que deberían ser defendidos por un gobierno de vocación o de fenotipo progresista, como expresión que hemos consagrado ya en esta Comisión con relación a los ministros de Trabajo. Sí se han publicado algunas instrucciones, pero tampoco se trasponen las directivas relativas a los residentes de larga duración. No sé a qué estamos esperando, señor ministro, para trasponer las directivas relativas a los residentes de larga duración.


Tampoco se está trasponiendo, y ya se está multando al Estado español por ello, y debería hacerse aunque solo sea para evitar el quebranto económico dimanante de estas sanciones pecuniarias, la Directiva 2004/38 de la Unión Europea, relativa a los derechos de las personas comunitarias y sus familiares, que todas se incardinan en un sentido filosófico contrario a la Directiva de Retorno, lo cual, entre otras cosas, provoca dentro del propio derecho comunitario europeo un gran desorden normativo respecto al cual los Estados que pertenecemos a la Unión Europea debemos optar y debemos hacerlo desde una posición más solidaria que la que se deduce de la que parece ser directiva de síntesis final de todo lo anteriormente actuado, que es la Directiva de Retorno, una directiva que endurece las condiciones de los extranjeros mediante no solo el incremento o alargamiento de los periodos de internamiento, periodos que ya hemos visto en qué condiciones se llevan a cabo. No hay muchos centros penitenciarios en el Estado español que estén en las condiciones de hacinamiento, de déficit infraestructurales, de punición y de represión que existen en los CIE en este momento. El régimen de internamiento lo hemos podido comprobar incluso en documentos televisivos verdaderamente impactantes. No solo se incrementan estos periodos de internamiento, sino que se acomete una operación respecto a la cual no hay institución política en el mundo, ni el legislador español, ni el legislador europeo, ni los políticos ni los líderes europeos que tengan legitimidad para imponer a una persona que fue expulsada de un país por haber estado viviendo allí en situación irregular no poder volver durante cinco años a ese país, si adviene a mejor condición, si encuentra un trabajo de nuevo en ese país o puede buscar una vía alternativa a la del mercado de trabajo, como es el reagrupamiento familiar o, en su caso, el arraigo.
¿Qué ocurre con estos trabajadores, por qué se les limita un derecho, que es un derecho natural que le corresponde porque está previsto en el ordenamiento jurídico y que se excepciona sin legitimidad? Desde esa perspectiva, usted, que es un ministro de fenotipo progresista presumiblemente, debería haber hecho la correspondiente acotación y no haber hecho la apología de esta directiva.


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Otras actuaciones ya administrativas, y particularmente de su ministerio, señor ministro, no nos merecen tampoco menor preocupación. Cuando se está estimulando este procedimiento sutil de expulsión, consistente en expulsar a los trabajadores extranjeros desempleados, abonándoles mediante una forma de pago acumulado, de pago íntegro, la prestación de desempleo, se está olvidando de que el artículo 13 de la Constitución española atribuye a los ciudadanos extranjeros los mismos derechos que a los ciudadanos españoles. ¿Por qué no extiende a la totalidad de la ciudadanía en situación regular en el Estado español, sea de nacionalidad española o de otra nacionalidad, esta posibilidad de acumular la prestación del desempleo y así poder buscarse seguramente otro trabajo, porque lo hará con esa buena intención, que busquen otro trabajo en un país extranjero, el de origen u otro? La verdad es que estas son fórmulas que tienen difícil encaje no solo en el contenido esencial del derecho, que proclama el artículo 3.º de la Constitución, sino que se incardinan en políticas represivas que constituyen derechos -no demagogia- que están constitucionalizados en el Estado español y que, además, constituyen fórmulas añadidas a la expulsión, como si fueran poco generosas las ya previstas en la legislación de extranjería. Y ojalá se utilizaran bien, porque le vuelvo a repetir, señor ministro, que hay una patología con la que no acabamos de terminar o no se acaba de terminar por parte de las autoridades gubernativas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En los casos de llegadas masivas, de arribadas masivas de inmigrantes, no se les permite aducir o alegar la posibilidad de que sean perseguidos políticos y puedan tener, en su caso, derecho a la obtención de la condición de asilados. No se les permite porque se recurre sistemáticamente, no a la expulsión -que exige iniciar un procedimiento administrativo e incluso asistencia y protección letrada-, sino al retorno, que tiene efectos inmediatos sin ningún tipo de asistencia jurídica, sin ningún tipo de asistencia letrada. Como sabe usted, el retorno significa -fíjese hasta qué punto es significativo el rótulo que se ha puesto a esta directiva: Directiva de Retorno- la devolución inmediata, muchas veces ni siquiera a su país de origen sino al lugar de donde procedía la patera, el cayuco o el procedimiento por el cual este trabajador extranjero ha acudido al Estado español.


Usted ha invocado otra vez la necesidad de un pacto de Estado en su intervención y por eso le digo que esperemos que en esto no nos decepcione. Todos los ministros de Trabajo que le han precedido, o los competentes en materia de inmigración, todos han prometido en el inicio de la legislatura un pacto de Estado. Luego no se ha hecho nada, no se ha llamado a los portavoces para materializarlo, no se ha llamado a las comunidades autónomas para materializarlo. No se ha hecho nada. Se ha actuado mediante actuaciones administrativas de carácter siempre unilateral, señor ministro. Vamos a intentar un pacto de Estado.
Efectivamente -la señora Oramas lo comentaba-, ya hay un trabajo importante de una subcomisión en la anterior legislatura -que no se pudo aprobar desafortunadamente- que tiene más de cien propuestas de actuación. Sobre esas propuestas se podría articular un pacto de Estado y se podría reformar la normativa. Una normativa -y ya con esto acabo, señor presidente, porque veo que mi tiempo se agota- que, según el relator de la ONU, sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia, esta directiva no es la Directiva de Retorno sino de la vergüenza. Está comentándolo el relator de la ONU, señor ministro. Es una directiva cuyo fundamento es extremadamente xenófobo -reproduzco exactamente sus palabras- y vulnera todos los derechos civiles. Se hace un discurso xenófobo que discrimina o criminaliza la diversidad, vinculado o dimanante de la falta de entendimiento del fenómeno de la inmigración por parte de los líderes extranjeros hegemónicos en la Unión Europea. Desde esa perspectiva, estamos hablando de algo que será aprobado probablemente porque va a ser presentado a la correspondiente comisión de las Naciones Unidas por las propias Naciones Unidas. Esto en relación con la Directiva de Retorno.


Sus actuaciones administrativas no son más tranquilizantes que las dimanantes de esta actuación. Y esto nos provoca -y con esto ya acabo definitivamente, señor presidente- una disfunción que comentábamos en el debate en la Diputación Permanente de la que dimana esta comparecencia suya, señor ministro. Hay desorden o desarmonía, falta de sintonía entre lo que estaba antes pactado por la casi totalidad de los grupos parlamentarios de esta Cámara, que habían incorporado elementos de solidaridad a la legislación de extranjería -porque la legislación de extranjería, sobre todo la procedente de la época de Aznar, tenía una fundamentación ontológica reaccionaria-, de forma que no solo el mercado de trabajo fuera el elemento referencial para determinar los contingentes de extranjeros asumibles de forma ordenada por el Estado español, sino que había que incorporar otros elementos de solidaridad, diferentes incluso al reagrupamiento familiar o al arraigo; por cierto, cosas prácticas que se están haciendo con muchas dificultades. Pero ustedes, su Gobierno, de alguna forma están articulando un discurso diametralmente contrario. No solo hay desorden normativo, hay desorden institucional y hay desorden de planteamientos filosóficos en relación con el fenómeno de la inmigración y la extranjería. Desde luego, si la perspectiva no va a ser la solidaridad, la ordenación de una perspectiva diferente a la reacción provocada por una directiva como esta Directiva de Retorno, para ese pacto de Estado va a ser muy difícil que pueda contar con nuestro grupo parlamentario. Si buscamos fórmulas donde la solidaridad de alguna forma sea la que inspire la normativa, una normativa que hace referencia al problema más grave con el que vamos a tener que enfrentarnos en las próximas décadas, señor ministro, podrá contar con nuestra leal cooperación. En todo caso, lo primero que le pedimos es que en este pacto de Estado se corrija urgentemente este terrible desorden

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normativo y este terrible desorden en cuanto a las actuaciones institucionales.


El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Queremos agradecerle que haya comparecido este mes de julio en esta Comisión para abordar la política de inmigración. Vaya por delante una primera consideración de Convergència i Unió, en el sentido de que entendemos que sería irresponsable por parte de cualquier gobierno -o de este Gobierno en concreto- que, en el contexto preciso en el que hoy nos movemos, el Gobierno no adaptase sus políticas y la legislación vigente a la realidad en la que estamos instalados y a la realidad hacia la que estamos evolucionando. Sería terriblemente irresponsable que después de doce años de crecimiento sostenido y muy significativo de los flujos migratorios y en un contexto de crisis económica, el Gobierno mantuviese una posición política en relación a la inmigración que no abordase las cuestiones de fondo que tenemos planteadas. Desde este punto de vista, lo que el ministro ha venido anunciando en estas últimas semanas, que responde a esa voluntad de adecuar la política a la realidad presente y en los próximos años, en principio, y a expensas de entrar en el debate de fondo en su momento en el trámite parlamentario correspondiente, va a contar con el apoyo de Convergència i Unió.


Nos parece que instalarnos en una política de inmigración tan solo fundamentada en la idea de la solidaridad sería hacer el peor servicio al conjunto de las personas inmigradas y al conjunto de la sociedad. La solidaridad debe formar parte del conjunto de las políticas públicas del Gobierno, pero no puede estar en el núcleo central de las políticas de inmigración. Las políticas de inmigración van a estar asociadas fundamentalmente, a las demandas y necesidades de la economía española, como primer elemento central; lo ha sido siempre de esta manera. Quizá ahí el conjunto de los gobiernos ha tenido una enorme incapacidad de ajustar los mecanismos de gestión de los flujos migratorios a esas necesidades del mercado de trabajo; y junto a esas necesidades del mercado de trabajo, la política de inmigración también debe tener en consideración aspectos de carácter social, en lo que hace referencia a la integración de las personas extranjeras y a su familia, y en relación también a un aspecto concreto del flujo migratorio, como es la reagrupación familiar. Pero la lógica del mercado de trabajo, desde la convicción de que la integración tan solo es posible si se tiene empleo, debe formar parte del núcleo duro de la política de inmigración del Gobierno. Por tanto, señor ministro, en este contexto de crisis económica hemos de adaptar esta política de gestión de los flujos migratorios a esa realidad, tanto por lo que hace referencia a la contratación en origen como también a la gestión de la propia reagrupación familiar. Aquí hay una primera consideración que el Gobierno deberá resolver en los próximos meses y que tiene que ver con los criterios de contratación en origen de trabajadores extranjeros. Habrá que decidir si, como nos indican diversos estudios, nuestro mercado de trabajo va a continuar necesitando trabajadores cualificados o con determinadas cualificaciones que hoy no se encuentran en el mercado de trabajo, y qué políticas concretas impulsamos para hacer posible y efectiva esa contratación en origen en un contexto económicamente difícil, pero sabiendo que a medio plazo nuestra economía va a continuar necesitando trabajadores de origen extranjero y que en los próximos años se va a plantear en el mundo una competencia por el talento. Al mismo tiempo, la contradicción está en que en determinados sectores de empleo que requieren una intensidad alta de mano de obra en determinados momentos del año vamos a continuar necesitando trabajadores de temporada. Y ahí hay un primer reto del Gobierno, que es ser capaces de organizar de manera adecuada esas necesidades del mercado de trabajo que, a pesar de la crisis económica, previsiblemente vamos a tener que continuar resolviendo.


Al mismo tiempo, en ese contexto de nueva gestión de los flujos migratorios nos parece más que razonable que el Gobierno se plantee una racionalización de la reagrupación familiar para evitar que nuestro entorno urbano se vea sobrepasado por situaciones que sea incapaces de gobernar. Nos parecería absolutamente irresponsable pretender continuar desarrollando la actual política de reagrupación familiar sin asumir las consecuencias sociales que eso tiene en el actual contexto. Ahora bien, esa necesidad de adecuar la reagrupación a la nueva realidad debe implicar que los familiares reagrupados puedan acceder al mercado de trabajo con mayores facilidades que la actual legislación les permite, y muy especialmente en lo referente a cónyuges y a mujeres reagrupadas por parte de sus maridos. No tendría demasiado sentido que una parte muy significativa de la población de origen extranjero residente en España no pudiese incorporarse al mercado de trabajo porque la legislación o la aplicación concreta de la misma se lo impida. En este punto se produce ese primer reto en relación con la gestión de los flujos migratorios adecuándose a la realidad vigente.


Por otra parte, mi grupo no comparte algunas consideraciones de otras fuerzas políticas con relación a la Directiva de Retorno. En esta materia hay una enorme hipocresía. En el conjunto de las legislaciones europeas vienen funcionando desde hace muchos años realidades incómodas pero que son las derivadas de la expulsión, de la devolución, del retorno, de la existencia de centros de internamiento. En el caso español la legislación que tenemos en esa materia tiene las características que tiene, y hoy, comparada con aquello que prevé la Directiva de Retorno, nuestra legislación seguramente responde a parámetros más avanzados en términos de reconocimiento y tutela efectiva de derechos de las personas de

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origen extranjero que vayan a ser devueltas, retornadas o expulsadas. Por tanto, el marco europeo configura un entorno legal que permite en otros países europeos mejorar las condiciones existentes antes de la entrada en vigor de esta directiva. Eso puede resultar incómodo, puede chocar con nuestros planteamientos de carácter más humanitario, pero si uno observa las prácticas concretas del conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea lo que hace la Directiva de Retorno es dar un marco común que permite armonizar una política concreta, y no es otra la pretensión del conjunto de las directivas.


En el caso español se nos van a plantear dos cuestiones en relación con la aplicación de esta Directiva de Retorno. Una, si ampliamos el periodo de retención en los centros de internamiento. Mi grupo no se va a oponer a una ampliación del periodo de retención en los centros de internamiento, aunque quizás eso debe ir acompañado de una regulación más garantista de los propios centros de internamiento. En este sentido existe una sentencia del Tribunal Constitucional pendiente de implementación en nuestro ordenamiento jurídico que seguramente en un contexto de mayor duración de ese internamiento sería razonable que incorporásemos de una vez en nuestra legislación. Asimismo, si nuestra política de retorno sobre la base de esta nueva directiva debe continuar implementándose -el propio pacto europeo así lo reclama-, deben mejorarse las condiciones en términos de derechos humanos de los países a que son retornados estos inmigrantes. Por ejemplo, en estos meses se ha puesto encima de la mesa la situación de algún centro de acogida de inmigrantes en Mauritania por parte de alguna organización internacional. En este sentido España debe incorporar en sus convenios de readmisión a países terceros cláusulas de derechos humanos. Hay que trabajar para que los convenios de readmisión se extiendan, pero hay que reclamar a los países fronterizos con España que en esa admisión de personas que han cruzado las fronteras españolas de manera ilegal y que son retornadas a sus países esa asunción de responsabilidad responda al respeto a los derechos humanos de los inmigrantes retornados. Al mismo tiempo, si el Gobierno opta por regularizar, por razones humanitarias, a personas que hayan sido víctimas de los traficantes de seres humanos -como en el caso concreto de Almería-, mi grupo va a apoyar esa medida. Coincido con la señora Oramas en que sería bueno que nadie hiciese de eso una gran bandera, pero si el Gobierno opta por una dimensión humanitaria de manera discreta nos parecería razonable, porque junto con una capacidad de control férrea de los flujos migratorios hemos de ser capaces de incorporar actitudes que respondan al sentido común, al respeto al derecho a la dignidad de todas las personas.


Finalmente -termino señor presidente-, en esta legislatura debemos avanzar muy claramente en dos direcciones. Por un lado, en un mayor papel de las comunidades autónomas en todo lo que hace referencia al acceso de ciudadanos extranjeros a España. Usted sabe que el Estatuto de Autonomía de Cataluña y otros estatutos abren la vía a la participación de las autonomías en la primera contratación -tenemos que desarrollarlo en esta legislatura y para nosotros va a ser fundamental-, pero hay que ampliar la participación de las comunidades autónomas en los procesos de reagrupación familiar, concesión del permiso de residencia permanente y consideración de las situaciones de arraigo. Por tanto, hay que avanzar en un mayor papel, en un papel determinante de las comunidades autónomas en esa materia. Por otro lado, hay que avanzar en el acceso a la residencia permanente, que no puede continuar como hasta ahora simplemente vinculado al paso del tiempo. La Directiva de residencia de larga duración -pendiente de trasposición- abre la posibilidad de que los Estados miembros, para conceder ese permiso de residencia permanente, valoren el nivel de integración de las personas extranjeras en la sociedad de acogida. Por su parte, el reciente pacto europeo pone encima de la mesa, como elementos fundamentales en las políticas de integración, el conocimiento de las lenguas de las sociedades de acogida y la aceptación del cumplimiento de los marcos legales. Nos parece, señor ministro, que la residencia permanente debe ir vinculada a ese esfuerzo de integración de los ciudadanos extranjeros en nuestra sociedad. En este sentido, si la residencia permanente está vinculada al reconocimiento de derechos políticos, nos parece más progresista vincular el reconocimiento de los derechos políticos al esfuerzo individual de integración en la sociedad concreta en la que se vive que vincularlo a una relación política entre el Gobierno de España y el Gobierno de los países de origen de estas personas inmigrantes. Va a ser un debate complejo, difícil y necesario. Insisto, como le decía al principio, sería irresponsable abordar esta legislatura como si nada estuviese sucediendo.
Desde la perspectiva de Convergència i Unió van a contar con nuestro apoyo; nuestro apoyo en la tramitación parlamentaria de la ley si nos ponemos de acuerdo en estas cuestiones, que yo creo que sí, y sobre todo nuestro apoyo para alcanzar un acuerdo de Estado sobre esta materia, porque esta realidad que es la inmigración ha llegado para quedarse -repito, ha llegado para quedarse-, para quedarse como una realidad intrínseca de la nueva sociedad que se está construyendo en estos tiempos.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno de portavoces interviene por el Grupo Parlamentario Socialista doña Concha Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Voy a comenzar agradeciendo la comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración, comparecencia a petición propia y a la que hemos acumulado la petición realizada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna Verds. Quiero recordar que el ministro en su comparecencia del día 26 de mayo en esta Comisión expresó el conjunto de

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prioridades en materia de inmigración para esta legislatura, que lógicamente era la consolidación de los pilares básicos diseñados a lo largo de la pasada legislatura con las adaptaciones necesarias a la realidad con que nos enfrentamos en la presente legislatura. Además, el pasado 26 de mayo el ministro planteó su compromiso de abrir no solamente el diálogo social y territorial, sino también el diálogo político para avanzar en esta materia. Pues bien, en apenas dos meses creo que se han dado pasos significativos en este triple ámbito de diálogo y, por tanto, queremos agradecer esta comparecencia.


Una de las cuestiones más significativas de esta legislatura es precisamente la organización del Gobierno, incorporando al Ministerio de Trabajo la política de inmigración. Eso no quiere decir que cuando haya que elaborar tratados internacionales se deba contar con la presencia del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Asuntos Exteriores, o que las políticas relacionadas con el control de fronteras tengan que ejecutarse por el Ministerio del Interior, si bien todas las políticas de inmigración tienen que estar en el ámbito del Ministerio de Trabajo y, cuando haya un problema relativo a la prestación sanitaria, el responsable del departamento sanitario, en la ejecución de esas políticas, podrá comprobar qué está ocurriendo. Eso, más que desorden o disfunción, como lo han calificado algunos portavoces, me parece que es lógico, porque no se trata de que el Ministerio de Trabajo sustituya a medio Gobierno en políticas que deben ejecutar otros departamentos.
Entiendo que en esta legislatura, al organizar el Gobierno, se ha producido un avance significativo al poner la inmigración en el ámbito del Ministerio de Trabajo y darle un contenido y una referencia muy clara en relación con el diálogo social y el mercado de trabajo.


Durante este tiempo se ha producido la apertura, nuevamente, de la mesa del diálogo social y el planteamiento de todos los temas que le afectan y vayan a contemplarse en este nuevo periodo. Uno de los principios básicos de la pasada legislatura fue relacionar el tema de la inmigración con la capacidad de acogida del mercado de trabajo. Además, se estableció el diálogo tripartito en esta materia y se pactaron los mecanismos para determinar esa capacidad; mecanismos como el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y el certificado de insuficiencia de demandantes adecuados y disponibles. Yo creo que estos mecanismos van a permitir mantener esa adaptación de inmigración y mercado de trabajo y la determinación de la capacidad del mercado de trabajo a la hora de mantener los flujos migratorios. Fruto de ese diálogo social fue el proceso de normalización. Desde luego, no son aceptables las palabras que el representante del Grupo Popular ha pronunciado aquí cuando en la pasada legislatura se consiguió superar la situación de más de 700.000 inmigrantes irregulares y, a través del diálogo social, se logró un proceso de normalización que dio como resultado una participación activa de los empresarios en el contrato de esos inmigrantes, con la consecuencia inmediata del alta en la Seguridad Social. Lógicamente, este sistema de normalización está muy lejos de los procesos de regularización realizados por el Partido Popular, que no contemplaban ninguna relación con el mercado de trabajo. Los mecanismos acordados, a los que antes he hecho referencia, tienen que seguir funcionando. Cuando el Gobierno habla de una nueva propuesta, como es la del retorno voluntario a través de la acumulación de prestaciones, lo que se está haciendo es dar una opción más al inmigrante. La situación de desempleo está afectando a nacionales y a extranjeros, y lo que se hace es establecer para el inmigrante la posibilidad de optar por una obtención acumulada de prestaciones para iniciar un proyecto vital en su país de origen. Es una buena propuesta y además está sometida al diálogo social, como no puede ser de otra manera.


En contrapartida al concepto de inmigración legal está la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas. Creo que hay unanimidad en la Cámara a la hora de resaltar la importancia de la lucha contra la inmigración ilegal. Lógicamente todos los procesos han de realizarse con el respeto a los derechos humanos, pero hay que tener en cuenta que los procesos de inmigración ilegal van directamente a la economía irregular y lo que provoca inmediatamente es un dumping social, una reducción de los derechos laborales del conjunto de la sociedad y una vía indirecta de desregulación del mercado de trabajo. Por tanto, hay que ser especialmente beligerantes a la hora de evitar la inmigración ilegal y luchar contra ella. La vía emprendida por el Gobierno español en cuanto a la cooperación con países de origen y tránsito es buena, incluso está siendo considerada como válida por el conjunto de la Unión Europea puesto que permite ligar medidas de cooperación para regular los flujos migratorios, para facilitar el contrato de origen de acuerdo con las necesidades de nuestro mercado de trabajo y a su vez facilitar el retorno. Lógicamente esto permite tener un concepto integral de la cooperación con terceros países y atacar la causa del efecto huida. Una de las cosas que hoy ha puesto de manifiesto la intervención del ministro es que la inmigración tiene un carácter fundamentalmente económico, es decir, tiene como origen y consecuencia la situación económica que padecen y la falta de expectativas de vida para muchas personas de estos países. Por eso, ligar la cooperación y el compromiso del Gobierno en esta legislatura de seguir avanzando hasta la obtención del 0,7 del producto interior bruto para destinarlo a la cooperación tiene todo su sentido. Desde nuestro punto de vista es la forma de ir avanzando en la lucha contra la inmigración ilegal y favorecer la oportunidad para todos de una inmigración legal y regulada.


Otra cuestión que ha abordado el ministro y que nos parece importantísima es todo el principio de integración, de cohesión y de convivencia desde el respeto mutuo y la igualdad de derechos y obligaciones. La apertura del diálogo territorial, con la creación de la conferencia sectorial que se produjo el pasado día 9 de julio con la participación de las comunidades autónomas

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y los ayuntamientos, me parece un avance muy significativo. Efectivamente, la integración se hace siempre en un territorio, en un ámbito territorial, y es importantísima la participación de las comunidades autónomas dado el grado de descentralización y consolidación de las autonomías en nuestro país. Hay que recordar también los planes puestos en marcha por el Gobierno. El hecho de que tengamos problemas en algunas comunidades autónomas, no solamente en Canarias sino también en Andalucía, por la dimensión de la inmigración, sobre todo de menores no acompañados, no es justificación para no ejercer las competencias, porque el tema de menores es competencia de las autonomías, pero al mismo tiempo hay que reclamar la cooperación del conjunto del Estado y, por supuesto, del Gobierno central. Así que apoyamos la línea iniciada por el ministerio de respaldo a aquellas comunidades que tienen el efecto de puerta y que acogen a los menores, pero también hay que favorecer la cooperación del conjunto de las comunidades autónomas para permitir un tratamiento adecuado de respeto a los derechos del menor por si en algunos casos no pudiera ser posible ejecutarlo por parte de una sola comunidad autónoma.


El deseo de desarrollar una política común de inmigración en el ámbito de la Unión Europea fue un objetivo de los gobiernos españoles, pero es específicamente en la cumbre de diciembre de 2005 cuando se adopta la idea de una política global de inmigración y se ponen en marcha mecanismos tan importantes como Frontex o los cuatro fondos europeos con un volumen de recursos que supera los 4.000 millones de euros. El tema más importante en ese momento fue poner la inmigración en la agenda política europea, lo que lógicamente supone empezar a hacer política común. La Directiva de Retorno ha sido ampliamente debatida en el día de hoy. Esa directiva que se empezó a negociar hace más de tres años -se empezó a negociar en la pasada legislatura y se aprobó a comienzos de esta- ha ido encaminada, al menos en la posición española, a incorporar garantías en el conjunto de esa política común, por lo que no puede alegarse, como todo el mundo sabe, dado que es una directiva de armonización, para reducir garantías en los países que tienen un nivel de reconocimiento de derechos y garantías superior a los que establece la propia directiva. Como digo, la directiva lo que ha hecho es incorporar garantías en la limitación del tiempo de retención en el proceso de repatriación, porque existían más de nueve países sin limitación del mismo. Existe un control externo del órgano distinto al responsable de la repatriación. Se ha conseguido la incorporación de la asistencia letrada, lo que no es práctica habitual en el conjunto de determinados países de la Unión Europea, y por supuesto el respeto del interés del menor. En definitiva, lo que está ocurriendo es que hemos descubierto la realidad de las políticas migratorias de los distintos países de la Unión Europea, que lejos de ser uniforme y garantista es muy diversa y cada país hace la política que estima oportuno. Esta directiva plantea precisamente dar un paso en una política común y, por tanto, garantizar el control de los órganos comunitarios sin que pueda alegarse para reducir garantías de los ciudadanos. Y la reflexión que hay que hacer es si el conjunto de los inmigrantes de terceros países en la Unión Europea tiene más garantías o menos de las que tenía antes de la directiva. Quizás haya que plantearse si es oportuno o no seguir avanzando en políticas de la Unión Europea en materia de inmigración o, por el contrario, que cada país haga, como dicen en mi tierra, de su capa un sayo.


Siguiendo con el tema europeo, quería también felicitar al ministro por la labor que se viene realizando en el grupo de trabajo de los tres países -España, Francia y Alemania- para propiciar el Pacto europeo de inmigración y asilo. Le agradezco la información y espero que podamos seguir avanzando en la creación de esa arquitectura de las políticas migratorias, teniendo en cuenta las aportaciones que está haciendo España y que la regulación de los flujos migratorios es un principio básico -la lucha contra la inmigración ilegal-, pero sobre todo en la capacidad de cooperación de toda la Unión Europea con terceros países, tanto de origen como de tránsito, que se tenga en cuenta cuál es la causa que fuerza esa emigración y que Europa tenga puertas y guías claras para una inmigración legal, como no puede ser de otra manera.


Por último, querría hacer una breve referencia a las reformas legales y al diálogo político o pacto de Estado que en su momento planteó el ministro y al que hoy también ha hecho referencia. Por supuesto, el Grupo Socialista está empeñado en conseguir esos acuerdos políticos y va a trabajar en las reformas legales que hemos comentado y que todos han enumerado. Yo añadiré la inclusión de las sentencias del Tribunal Constitucional cuando reconoce el derecho de reunión, sindicación y huelga. Es decir, todos los derechos colectivos que la ley que elaboró el Partido Popular negaba y que el Tribunal Constitucional ha determinado como consecuencia del conjunto de recursos planteados por muchos grupos de esta Cámara, entre ellos el socialista. Por supuesto, no dejar lugar a dudas en el reconocimiento de los mismos derechos y obligaciones para los inmigrantes que para los nacionales, la incorporación de las directivas comunitarias para los residentes de larga duración, para la investigación y también para la inmigración consecuencia del tráfico y trata de personas. Querría recordar al Partido Nacionalista Vasco que estas directivas se pueden incorporar con rango legal. Hay que hacerlo en el mismo paquete legislativo; se pueden tomar determinadas instrucciones pero es necesaria la incorporación a la ley. Por tanto, creo que el ámbito propio es cuando abordemos la reforma de la Ley de Extranjería.
Además, creo que es buena idea lo que dice el ministro de que no se trata de hacer una nueva ley, sino de reformar el marco legal incorporando esta directiva. Lo que ha planteado el ministro de analizar...


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El señor PRESIDENTE: Señora Gutiérrez del Castillo, lleva usted sobrepasados seis minutos. Le ruego que vaya terminando.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Brevemente, en cuanto a la reagrupación familiar, le recuerdo al representante del Partido Popular que si ahora se da la reagrupación en cadena, la ley se hizo en la época del Partido Popular y habrá que adecuarla a lo que entre todos pactemos como el mecanismo de mayor garantía, es decir, lo que quiera este Parlamento.
Vamos a buscar un acuerdo político para garantizar la participación política en el ámbito municipal con el voto de los inmigrantes, que es la forma que más facilita la integración.


El señor PRESIDENTE: Una vez concluidas las intervenciones de los distintos portavoces, a continuación y para responder a las mismas tiene la palabra el señor ministro de Trabajo e Inmigración.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Intentaré no entrar en el cien por cien de lo que se ha planteado, sino telegráficamente entresacar aquellos temas que han sido expresados por SS.SS. y por el orden en que han sido establecidos.


Señor Llamazares, no me voy a detener ahora aquí en una discusión sobre si hay una nueva política o un nuevo discurso. En todo caso le pondría de manifiesto que nunca el futuro se gobernó mirando exclusivamente al pasado. Los futuros siempre plantean nuevos retos, nuevas situaciones, y hay que hacer siempre nuevas políticas para poder gobernar los retos de ese futuro. Quien se queda anclado en el pasado deja de ser un referente para el futuro. Lo dejo ahí como reflexión. En todo caso, cuando haga mención a una encuesta lea las dos preguntas y las dos respuestas, no se quede solo con una pregunta y una respuesta, porque si lee las dos preguntas y las dos respuestas verá usted que probablemente en la segunda pregunta y en la segunda respuesta sus votantes, que no sus ciudadanos, están más cerca de mis palabras que de las suyas. Usted ha leído una pregunta y una sola respuesta (El señor Llamazares Trigo: ¡Las dos!) referida a la directiva europea, pero no ha leído la segunda pregunta y la segunda respuesta que había en esa encuesta, que certifican mi política y no la suya. No hagamos los discursos a medias.


No descalifique algunas políticas sin conocerlas. No diga que la Generalitat de Cataluña está segregando a los niños por razón de la lengua, porque está usted tergiversando la realidad (El señor Llamazares Trigo: ¡Yo no he dicho eso!) o está usted demostrando un profundo desconocimiento. Si hay una comunidad en España que siempre se negó mayoritariamente, por todas las fuerzas políticas -siempre ha habido la excepción de alguna fuerza política-, a segregar a los niños por razón de lengua, esa ha sido la sociedad catalana y ese ha sido el sistema de educación de Cataluña. Pero se lo voy a explicar porque no sé si usted conoce a veces la realidad de la que habla, y hay que conocerla porque pretendemos gobernar para mejorar las condiciones de vida. En el mes de septiembre en Cataluña se abrirán las escuelas en muchas ciudades; ya no podrán tener 22 niños y niñas por aula, tendrán que tener 25 como mínimo y se reservarán un pequeño margen de dos, hasta 27, porque están al cien por cien. Las aulas de acogida empezarán en septiembre ocupadas todas ellas al cien por cien, con siete niños y niñas por aula. A partir de octubre, un mes después, a alguna de estas escuelas habrán llegado 150 nuevos alumnos y los profesores tienen que reprogramar la situación y llevamos al aula de acogida, que es un buen sistema. Los alumnos que llevan un mes o cuatro meses allí tiene que volver a compartir el inicio con el último que ha llegado, y así sucesivamente hasta llegar a una movilidad del 30 por ciento. En Reus -por cierto, lo cito porque es uno de los que se va a acoger al sistema-, 75.000 habitantes, mil niños y niñas en el pasado curso escolar llegaron durante todo el proceso. La presión en la escuela y en la comunidad educativa lleva a esa aula antes al fracaso que al éxito, porque para comunicarse con la familia en el tablón de anuncios de esa escuela tiene que haber como mínimo seis idiomas. Esa realidad que se pretende gestionar no es segregacionista, es una realidad compleja ¿Y cómo se gestiona? Pensando en el éxito y no en el fracaso, porque a veces los teóricos parece que se quedan más a gusto disfrutando de la teoría en lugar de preguntarse por qué en un colegio hay un 45 por ciento de fracaso escolar, a los menos teóricos nos preocupa el 45 por ciento de fracaso escolar y tomamos medidas para intentar corregirlo. Esa es la realidad. ¡Claro que sí, señor Llamazares! ¿Por qué el último que se empadrona no puede poner las normas? Por una razón muy sencilla, no por la que usted interpreta. ¿Qué pasa en un barrio cuando se produce una sustitución del 60 ó el 70 por ciento de la población autóctona? ¿Dejamos que ese barrio funcione conforme a esa nueva realidad y sea la que impere y nos vamos tanto, al modelo de segregación de gueto donde las normas que funcionan en ese barrio son las de la comunidad mayoritaria que lo integra, o hacemos que ese barrio tenga una realidad diversa, rica y compleja pero gobernada por la realidad democrática que se ha dado y en la que deben integrarse y formar parte de ella? ¿Qué diría usted, por ejemplo, cuando en una escalera hay una sustitución y se pierde la figura de la comunidad de propietarios? ¿Dejamos que sea lo normal simplemente porque ahora el 60 por ciento de los ciudadanos que viven en esa comunidad son de orígenes diferentes y la primera figura que se pierde es la de la comunidad? ¿Dejamos que eso funcione? Yo no estoy de acuerdo, y como no estoy de acuerdo tiene que haber una política mediadora, una política de sensibilización, una política de gestión para hacer que esas figuras no desaparezcan.


¡Claro que sí, señor Llamazares! Ningún español debe retroceder en los servicios del Estado del bienestar por tener que compartirlos, pero no se quede usted a mitad de la frase. Yo no le estoy diciendo ni le he dicho en

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ningún momento que culpo al extranjero; no. En todo caso pongo de manifiesto la debilidad del sistema. Cuando hay cien becas de comedor, 130 que la piden y el criterio de distribución son los problemas socioeconómicos, la comunidad que se queda sin la beca que tenía antes es el autóctono que no tiene una condición económica suficiente para poderla pagar. Pero usted hace una reflexión muy alegre. La mía es otra, que lo que hay que hacer es aumentar el Estado del bienestar. No desconozca usted la realidad, eso está pasando, eso pasa, hay familias que han perdido la beca de comedor porque hoy tienen que compartirla con una comunidad más amplia.


¿Está usted a favor del control y la legalidad o está en contra? Porque retórica toda la que quiera, pero después hay que concretar. ¿Usted está a favor del control y de la legalidad o está en contra? Yo le digo a favor de lo que estoy. Yo estoy a favor del control y de la legalidad, que vengan todos los inmigrantes que hagan falta, pero todos legales y todos con contrato de trabajo. Yo respetaré su opinión si piensa lo contrario, pero entonces dígalo alto y claro. Diga que venga todo el mundo que quiera, independientemente de su condición de legal o alegal, pero explíquelo. Yo le digo que no estoy de acuerdo. Es que no se debe hacer retórica. Al final, señor Llamazares, hay que concretar, hay que decir si se está a favor o en contra de determinadas cosas. Ya le explico yo que estoy a favor del control y de la legalidad.


No he dicho en ningún momento que los inmigrantes compiten con los nacionales; no lo he dicho en ningún momento. Yo creo que no compiten con los nacionales; los inmigrantes vienen a compartir un presente y un futuro con los nacionales. Y no me mezcle usted demagógicamente la Directiva de Retorno con el decreto de retorno voluntario, aunque una de las denominaciones se llame retorno, porque usted obvia una cosa que creo que no desconoce sino que simplemente elude en sus intervenciones, alguna cosa que es de fondo. En primer lugar, este es un decreto voluntario, y no se obliga a nadie a que se acoja a él; en segundo lugar, este es un decreto que le está dando la oportunidad a un inmigrante a que se pueda acoger a él si así lo desea; en tercer lugar, si retorna a su país y un día quiere volver a España no pierde ningún derecho que jurídica y administrativamente tuvo en España. En el año 1983 muchos españoles se acogieron a esa medida en Alemania y volvieron a España. (El señor Llamazares Trigo: 20.000.) Es igual, los que sean, como si es uno, señor Llamazares. El decreto no tiene el objetivo de que la gente se vaya a su país; el decreto tiene un solo objetivo que usted no entiende o no quiere entender. El objetivo es dar la oportunidad a una persona que se ha quedado en paro en este país de hacer varias cosas. Primero, pedir la capitalización y montar una empresa, igual que cualquier otro; segundo, cobrar el seguro de desempleo cada mes, como cualquier español; tercero, seguir buscando trabajo y ojalá lo encuentre rápidamente. La señora Oramas ha hecho alguna referencia porque probablemente conoce más la realidad que usted. Es posible que encuentre antes trabajo, pero, en última instancia, le estamos dando otra oportunidad, si desea acogerse a ella, y es que acumule ese derecho -que es suyo- y por tanto se vaya a su país, pero se le reservan, primero, derechos de retorno preferentes, y, segundo, que cuando vuelva ninguno de los derechos jurídicos y administrativos que acumuló los pierda. Eso no tiene nada que ver. Las cosas como son. Respetaré que usted diga que no está de acuerdo, pero que intente tergiversar las cosas, no. Finalmente, no me ha quedado claro algo que ha dicho y me gustaría que lo aclarara. Ha dicho que hay medio millón de personas irregularmente en España y que hay que dar una solución. ¿Quiere esto decir que hay que regularizar a las 500.000 personas que están irregularmente, dándoles papeles? Si es así, dígalo.
(El señor Llamazares Trigo: ¿Qué va a hacer usted? No me pregunte a mí.) No, no. Usted ha dicho que hay 500.000 personas no expulsables, y yo le pregunto: ¿Usted qué pide, una regularización masiva de las 500.000 personas, suponiendo que estuvieran? Dígalo. Yo ya le digo que no estoy de acuerdo con ninguna política de regularización masiva, y el Gobierno tampoco, pero respeto perfectamente que usted diga que sí lo está.
Explique y diga que Izquierda Unida está a favor de la regularización masiva de todas las personas que están irregularmente en España.


Señor Hernando, el ministro de Inmigración en el Gobierno de España es este ministro que está hablando, no tenga ninguna duda. Pero reconozca conmigo que cuando hablamos en Europa sobre una misma materia, puede haber muchos interlocutores diferentes, incluso en un momento determinado puede haber en un foro concreto una reunión específica en la que haya ministros diferentes. El ministro de Asuntos Exteriores francés fue el que tuvo las conversaciones con su homólogo español para el pacto, y en Madrid, en la reunión entre el ministro de Inmigración francés y este ministro que está hablando, se aprobó el acuerdo sobre el pacto que este jueves se verá en Bruselas, en el Consejo de Ministros al que evidentemente yo asistiré. Por supuesto la vicepresidenta puede hablar de inmigración y de cualquier cosa -faltaría más-, (Risas.) y por supuesto, el presidente. Le diré a usted, para su tranquilidad, que yo siempre estaré de acuerdo con todo lo que diga la vicepresidenta y, como no podía ser de otra manera, con todo lo que diga el presidente. Por tanto, ministro de Inmigración, Celestino Corbacho Chaves, y a partir de ahí, cuando usted desee saber respecto a la inmigración, sabe quien es su referente. Pero, lógicamente, esto no significa que el resto de compañeros del Gobierno no vayan a hablar en determinados momentos en función de sus propias competencias -que las tienen- y de sus propias responsabilidades.


Apoyo a la Directiva de Retorno y el Pacto Europeo. Creo que el Pacto Europeo ha ido evolucionando, de aquel Pacto Europeo inicial que aparece al Pacto Europeo que vamos a ver este jueves en Bruselas se ha dado un paso importante y creo que es fundamental que

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ese pacto se suscriba por cuanto es un pacto que va más allá de la parte normativa y contempla todos los temas, incluso de compromisos de apoyo a la solidaridad y otros compromisos.


No me haga usted trampa con las palabras. Dice: cuatro años de regularización masiva. Pero usted se olvida de una cosa que ha sido fundamental, en estos cuatro años, que es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo ha sido demandante durante estos cuatro años de un contingente muy importante de trabajadoras y de trabajadores. He dado en mi primera intervención las cifras, en el año 2004 había un millón de personas afiliadas a la Seguridad Social y en el año 2008 hay 2,1 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. El incremento, por tanto, de la inmigración durante estos cuatro años no podemos verlo al margen de lo que ha sido el mercado. Al Plan de retorno solo se pueden acoger, como máximo, si se acogieran, el cien por cien -que ya le anticipo que no se van a acoger-, 100.000 personas, que son las que están en situación de paro y que pertenecen a diecinueve países que tienen convenio con la Seguridad Social en España. Y aclaro -a ver si de una vez por todas queda claro- que el número de ciudadanos y ciudadanas de esos diecinueve países que tienen convenio con la Seguridad Social en España, alcanza el millón de personas. Pero de ese millón solo 100.000 están en paro, y si el decreto dice que para acogerse a él se tiene que estar en situación de desempleo, solo es susceptible que una parte mayor o menor respecto de esos 100.000 pudieran acogerse al desempleo. Hay que ver el tema del Decreto de Retorno con una cierta perspectiva de más largo plazo, que es que no está pensado solo para esta coyuntura, está pensado para reforzar la inmigración circular, porque hay gente que emigra con el objetivo de retornar a su país algún día y, por tanto, esa oportunidad siempre tiene que estar abierta, y además favorecer que otras personas de ese país puedan venir al nuestro.


Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con usted. Usted ha dicho que vamos a dar la oportunidad de que se vayan los que están en paro, que además son los más cualificados. Y añade: dé usted dinero a los que realmente están sin nada, antes que dárselo a esos. Usted me está diciendo que envíe a los pobres que están en el desespero y me quede con el personal más cualificado aquí. No estoy de acuerdo. Usted me puede decir que hay otro problema de orden social pero no lo ponga al mismo nivel, porque, fíjese, incluso le diría que no estoy de acuerdo al cien por cien en la dirección que va Europa cuando habla de los empleos altamente cualificados si eso no va acompañado de una contraprestación en el país de origen; es una injusticia que el país que menos tiene forme a su gente y luego Europa se los lleve formados sin devolverle una parte del costo que eso le ha supuesto. Si hiciéramos eso, si cogiéramos ahora a todas las personas que están desempleadas, en una situación próxima a la marginalidad, estaríamos mandando problemas a los países de origen, que ya tienen muchos, en lugar de mandarles personas para que se conviertan en una oportunidad en ese país. Porque si ahora resulta que en su país hay un desarrollo económico y esa persona llega con una cualificación y además con una economía que le permite poder reeemprender una acción, eso se puede convertir en una prosperidad en su país de origen y puede ayudar a su desarrollo económico gracias a la formación que adquirió aquí. Por tanto, otra cuestión, detrás de este Decreto de Retorno hay también un pensamiento progresista y un pensamiento de solidaridad con los países de origen.


El empleo. Convendrá usted conmigo en que el empleo no se crea por decreto, el empleo se destruye por ciclos económicos y serán los ciclos económicos, cuando cambien, los que generen empleo. Si usted dice lo contrario evidentemente es porque le interesa coyunturalmente, pero no porque realmente tenga una mínima base sólida para sostenerlo. Las medidas las expondremos en septiembre.


El tema de las pateras, para distinguir entre el drama y la inmigración.
En lo que llevamos de año han llegado 4.376 personas; si en un país de 46 millones de personas el problema lo constituyesen 4.300 personas querría decir que ni hace falta ministro de Inmigración ni hace falta política de inmigración. En las pateras vemos el drama, pero en las pateras no está el problema del descontrol de la inmigración. Es el drama del destino y el drama del origen, de los dos, y lógicamente hay que tener claras las políticas. Yo también tengo sentimientos, pero por encima de todo tengo la responsabilidad de gobernar. No me siento indiferente ante el drama de quién llega en una patera o en un cayuco, jugándose la vida, para intentar buscar una oportunidad, no soy indiferente, pero sería un irresponsable si a partir de ahí la decisión no fuera la que hemos establecido bajo el principio del control y la legalidad: que esa persona ha llegado ilegalmente a España y tiene que ser retornada a su país de origen. Si no lo hiciésemos así estaríamos haciendo precisamente lo contrario de lo que debemos en beneficio de la inmigración; nos dejaríamos llevar por una corriente equivocada y seguramente esa decisión llevaría a una publicidad en origen que diría: vaya usted que no tendrá ningún problema. Primero viene el cayuco, después viene la piragua y posteriormente acaban con el neumático, y al final la mayoría quedan en el mar. Eso es muy duro. Pero gobernar las realidades complejas y difíciles no se puede hacer solo en determinados momentos por muy duros que sean.


Hay una cuestión que usted ha planteado. Sin duda hay medios científicos para averiguar la edad y el origen. Sabemos por qué llegan menores, y eso nos lleva a otra reflexión. Si sabemos por qué llegan menores, algún día tendremos que tomar alguna decisión para evitar que se llegue por eso vía. Y volveremos otra vez al planteamiento de usted es insensible y usted es no sé qué. Pues siga usted ahí y cada vez habrá más menores. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.) No lo digo por usted, lo digo como reflexión,

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porque, en definitiva, detrás del menor, hay quien piensa que después reagrupará a la familia completamente. Esa es la realidad, compleja, pero es así.


A la señora Oramas le agradezco su intervención, sin duda cargada de conocimiento. Tal vez usted mejor que nadie simboliza lo que es estar muy cerca del drama, de conocer en primera persona lo que significa, pero también tener claras las necesarias medidas que hay que tomar. Sin duda, Canarias tiene un problema en el que todos nos tendremos que implicar, no tanto desde el punto de vista de lo que es la competencia, sino desde el punto de vista del número de menores que hay en estos momentos, que hacen imposible su solución si no buscamos una gestión adecuada de esa situación, porque a Canarias no solo le crea un problema por el número, sino un problema real porque, como usted bien ha dicho, en septiembre empiezan las clases y algunos de los equipamientos ni existen. Tienen ustedes mi compromiso y voy a seguir trabajando en ello. La carta a la que usted se ha referido, con fecha de 15 de julio, fue dirigida a la excelentísima señora doña Inés Nieves Rojas, de León, dándole conocimiento de la carta que he enviado a todas las comunidades autónomas, pidiendo precisamente la solidaridad y el compromiso con la situación que tiene Canarias. Usted la ha definido como una situación de emergencia, y estoy de acuerdo. Usted sabe que mi ministerio y sobre todo el Gobierno, que es lo que importa, va a estar al tanto de esa situación y entre todos vamos a intentar buscar una solución para los menores.
Usted ha hecho una referencia a los temas educativos, que yo comparto también y que me ha recordado una cuestión importante. La medida que adopta Cataluña no es para los menores de ocho años, por una razón, porque se entiende que un niño se seis o siete años, en primer lugar, no tiene nacionalidad y, en segundo lugar, porque no es un problema el idioma. Cuando llega un niño de seis años, usted lo lleva directamente a clase y no hay ningún problema. Eso sí, hay profesores que hacen las clases en círculo; un día le pregunté a una profesora que por qué daba las clases así y me dijo que era para que los niños y las niñas se fueran acostumbrando a los cambios que había en la clase y sobre todo a la diversidad. Si eso ocurre con un niño de 8 años, no pasa nada, pero pasan de esa edad cuando pasan de edad edad sí hay ya un problema porque, en función de la edad, va a secundaria, y además hay otros problemas añadidos que usted conoce perfectamente. La libertad está muy bien, pero yo conozco profesores que no permiten que se exhiban determinadas prendas en el patio porque a lo mejor se trata de la simbología de la pertenencia a una banda. Por tanto, estoy de acuerdo con usted respecto a esa realidad.


En cuanto a los temas de Frontex y del SIVE, recientemente España ha invertido una cantidad importante, más de 15 millones de euros. Europa está yendo en la importante dirección de fortalecer las fronteras con medios tecnológicos, económicos y con políticas en común. No podemos decir que estamos ya en la situación ideal, sino que tenemos que seguir trabajando. Estoy totalmente de acuerdo y me parece bien que los trabajos que se han hecho en la subcomisión sobre la inmigración sean tomados como referencia para las reflexiones que tengamos que hacer en el futuro.


Señor Olabarría, usted pertenece a un partido que gobierna en una comunidad próspera, con una renta per cápita alta y en la que la patronal dice que en los próximos años se van a necesitar 300.000 personas. ¿Se ha hecho usted alguna vez la reflexión de qué está haciendo mal su Gobierno? Yo le agradezco sus reflexiones aquí para este Gobierno, pero ahora le digo: ¿Se ha hecho usted alguna vez la reflexión de qué es lo que su Gobierno no está haciendo bien para que Euskadi, que tiene ese nivel de riqueza y de renta per cápita, solo tenga 40.000 extracomunitarios? Menos que mi ciudad, que tiene 260.000 habitantes y 63.000 extracomunitarios.
Posiblemente estaría bien que en esa reflexión que usted hace aquí de los derechos humanos y de la libertad, esos 300.000 que la propia Asociación de Empresarios Vascos dice que va a necesitar en los próximos años, la acompañaran ustedes con una política de incentivos y, además, de discriminación positiva para que pudieran ustedes compartir el presente y el futuro con la diversidad y de acuerdo con lo que hay en otras comunidades autónomas.


Usted me tiene que decir si está de acuerdo con las garantías que en estos momentos ofrece el Estado español respecto de las personas que entran irregularmente en España o no. Si usted está de acuerdo y cree que hay suficientes garantías, no me mezcle las cosas. No ponga usted en futuro lo que todavía no sabe qué va a ser. No ha habido ni una sola declaración de ningún miembro del Gobierno español que diga que por trasposición de la Directiva de Retorno europea se vayan a suprimir o a rebajar las garantías que en estos momentos hay respecto de los derechos humanos de las ciudadanas y de los ciudadanos que entran en este país. En este país los primeros derechos que tienen incluso los irregulares son la sanidad y la educación; y en este país usted sabe que se está bajo la tutela de un juez. En ningún momento el Gobierno español ha dicho que esos derechos vayan a ser rebajados ni modificados. Por tanto, exprese usted su pensamiento negativo con respecto a la directiva, pero no coloque absolutamente todo en esa situación como si el Gobierno español, aprovechando esa directiva, ahora fuera a restringir los derechos humanos que siempre ha respetado.


Sobre el tema de la trasposición de las directivas, ya le he comentado antes que a partir del mes de septiembre, como consecuencia del proceso y a través de los trabajos que hay en la propia subcomisión, podremos aprovechar no solamente para adaptar la Constitución sino estas directivas. Puedo compartir con usted que habrá que hacer un esfuerzo para mejorar las condiciones en las que se encuentran los internamientos.
Respecto a la Directiva de Retorno, España no se va a acoger a la parte máxima de tiempo que la directiva propone. Usted se puede estar preguntando que si no nos vamos acoger

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prácticamente a nada, ¿por qué la apoyamos? Sería un razonamiento lógico.
Pues bien, la aplazamos porque España valora favorablemente dos cosas, primero, es mejor que en toda Europa haya una directiva de tiempo a que una parte importante de los países no tengan tiempo. Es mejor. Entre no tener tiempo y estar obligado a tener un tiempo, yo prefiero que estén obligados a tener un tiempo. Segunda cuestión, a España ese punto le lleva a otro: hay que caminar hacia una política cada vez más común en la Unión Europea. Tercero, porque esa directiva a nosotros no nos va a obligar a hacer modificaciones en nuestra legislación nacional. Como consecuencia, España sigue garantizando con su legislación nacional los derechos humanos siendo muy respetuosa con ellos a la vez que valora favorable y positivamente que en Europa se empiece a trabajar en que haya un tiempo o no lo haya. Si usted me pregunta a mí, sin duda hubiese preferido un tiempo menor al que la directiva ha acabado poniendo.


Usted ha dicho una cosa que me ha quedado un poco confusa; no sé exactamente a qué se refiere. No voy a entrar en la desarmonía entre antes y ahora, pero usted ha dicho que la inmigración no está ligada solo al mercado de trabajo. Y la pregunta es ¿a qué lo liga usted, aparte de al mercado de trabajo? Me gustaría saberlo. La inmigración yo la ligo al mercado de trabajo. Si usted no la liga al mercado de trabajo tiene que decir a qué la liga, si es que la liga a algo, porque si no, quedan frases vacías que no se sabe exactamente que quieren decir. Yo la ligo al mercado de trabajo.


Respondo ya al tema de la reagrupación familiar. La reagrupación familiar tiene un objetivo que no negaré, sino que creo que hay que garantizar, que es la estructuración de la familia, el fortalecimiento de la familia, la estabilidad de la familia y la ayuda a la integración, incluso más rápida, cuando eso se dé. En primer lugar, las condiciones son importantes para una reagrupación, porque si no, podemos conseguir el efecto contrario del que pretendemos. Si la persona no tiene una mínima economía; si la persona no tiene una mínima vivienda; si la persona no tiene unas mínimas condiciones y, simplemente, ponemos en valor que lo que importa es la reagrupación, puede ser que al final la desestructuración sea lo que más rápidamente llegue a esa familia. Por tanto, primero vamos a poner unas condiciones mínimas -no máximas, mínimas- de tener una cierta garantía. En segundo lugar, ustedes, que están tan satisfechos de la ley, podrían haber contemplado, cuando se aprobó, que llevara aparejado el derecho de reagrupación para un chico cuando está en la escuela y que cuando llegue a los 16 años pueda tener permiso de trabajo, o que un chico o una chica, cuando se reagrupa a partir de los 16 años, pueda trabajar. Por ese discurso equivocado que a veces podemos hacer todos -yo el primero- dijimos: lo que hay que poner en valor es que lo importante es que un chico o una chica se reagrupe con su familia. Y se reagrupan. Llegan el viernes muy felices; ese día todos están llenos de felicidad; y el lunes le pregunta al padre o a la madre le dice: ¿y yo que puedo hacer? Y el padre o la madre: le dice: pues tú, hijo mío o hija mía, no puedes hacer nada porque no puedes trabajar en este país. Pues eso es una disfunción que habrá que corregir.


Y luego hay que distinguir entre la familia nuclear y la familia extensiva. Yo no niego la familia extensiva; no la niego, pero, el derecho de reagrupación hasta ocho y nueve personas ¿se puede ejercer o se debe ejercer al año? Si se tienen unas determinadas condiciones, probablemente sí; pero si no se tienen esas determinadas condiciones creo que vamos en una dirección que no es la acertada. Este es el único país de Europa que en ese sentido tiene una legislación tan laxa, en la que prácticamente no se fijan ni las condiciones económicas ni las condiciones de habitabilidad. Sí hay la condición de arraigo, pero les invito a ustedes a saber cómo se hace. Lo que está en la ley habrá que corregirlo, señor Olabarría, porque si queremos que la condición de arraigo tenga un certificado de una determinada manera, tendremos que explicitarlo de una determinada manera en esa situación. Entiendo que hay una reflexión que tanto se puede plantear más allá o menos. Pero, en todo caso, les puedo decir que mis reflexiones no son tanto individuales. Aquí tengo un documento de la Federación Española de Municipios y Provincias y las reflexiones que me hacen llegar todos los partidos políticos que están aquí representados no son excesivamente diferentes de las que yo estoy planteando aquí. En la reunión del otro día con todas las comunidades autónomas, créanme que estas no hicieron reflexiones excesivamente diferentes a algunas de las que yo he planteado aquí. Y eso no quiere decir que mis reflexiones tengan que ser las únicas, y mucho menos que tengan que ser las mejores.


Agradezco a Convergència i Unió el soporte que da a las grandes ideas.
Estoy convencido de que además en esa participación tanto Convergència i Unió como otras fuerzas políticas pueden llevar a cabo una gran contribución mediante sus aportaciones para que aquellas cosas que tengamos que tocar desde el punto de vista legislativo sienten unas buenas bases para el futuro. En cuanto a los trabajos temporeros quiero hacer una reflexión, y es que en relación con los estatutos de autonomía y en concreto con el de Cataluña los temas referidos a la inmigración tienen que ser traspasados y sin duda tienen que ser competencia de la Generalitat de Catalunya. Ahora bien, desde mi punto de vista la cuestión de los temporeros tiene que continuar siendo una competencia del Estado porque en este tema todos tenemos el reto de ver cómo somos capaces de ordenar los circuitos de temporada. En este sentido ya hay algunos indicios e inicios que van en la buena dirección, de manera que una temporada que empiece en Andalucía pueda acabar en Cataluña o en Castilla-La Mancha y en lugar de trabajar en contratación en origen ahora para cuarenta días, a la larga podríamos acabar trabajando por más tiempo. Si conseguimos circuitos de temporada por más tiempo probablemente ese trabajo pueda acabar siendo incluso interesante para alguien que esté aquí, no

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solo para la persona contratada en origen. Además a la larga podremos conseguir algo importante en el circuito, y que es reunir las condiciones de legalidad, las condiciones sanitarias, las condiciones higiénicas, las condiciones relativas a los derechos humanos, etcétera; tantas y tantas cosas que se dan si se hace de una manera circular, de una manera más estabilizada. Por tanto, tenemos que trabajar en este tema. Con relación a las personas cualificadas ya he dicho antes que evidentemente Europa también tiene un reto, y es el de la competitividad, dentro de un mundo global, con otros continentes, y efectivamente necesita personal cualificado. Europa y España van a seguir necesitando más inmigración y esto es algo que no debemos perder de vista. Tenemos una coyuntura, pero España y Europa seguirán necesitando más inmigración, y sin duda en esta cuestión Europa tiene que reflexionar en la doble dirección.
Evidentemente esa inmigración cualificada es necesaria para atender las necesidades de Europa, para hacer de Europa un continente y un espacio más competitivo, pero sin empobrecer cada vez más a los países de origen.
Por tanto, en este punto hay que reflexionar. En cuanto a los centros de internamiento también estoy de acuerdo en que en un espacio compartido como es el de las competencias, sin duda las comunidades autónomas tienen un papel importante y por eso he puesto en marcha la conferencia sectorial, para que lógicamente sea un espacio de encuentro, un espacio de reflexión y un espacio de consenso también necesario, pues hoy en día muchas de las políticas que tenemos que llevar a cabo en esta y en otras materias ya no podremos realizarlas al margen de la realidad institucional de las comunidades autónomas y de las administraciones locales.


Finalmente quiero agradecer a la portavoz del Grupo Socialista señora Gutiérrez su intervención, primero por el apoyo a la función y a la labor del ministerio y segundo por sus aportaciones. Comparto con S.S. en síntesis lo que ha supuesto la legislatura anterior, y lo comparto por una razón fundamental: porque fui el primero que la saludó cuando se puso en marcha. Sin embargo, señorías, hoy la situación es diferente a la de hace dos años y probablemente de aquí a otros cuatro será distinta a la de hoy y, por tanto, hay que ir viendo cómo se gobierna en cada momento.
Agradezco sus aportaciones, que son las proposiciones que están contenidas en el compromiso electoral del Partido Socialista. Repito, las propuestas del Partido Socialista para el año 2008 son diferentes a las de 2004, y si no lo hubiesen sido probablemente no habríamos ganado las elecciones. No se ganan unas elecciones en el año 2008 con las propuestas de 2004. Como decía, le agradezco las menciones que usted ha hecho a esos objetivos y sobre todo el acento que ha puesto en algo que para mí es muy importante: la integración, la cohesión social y la convivencia. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: No teníamos previsto que hubiera ningún turno de réplica pero veo que el señor Llamazares me está pidiendo la palabra y se la concedo con mucho gusto. Señor Llamazares, tiene usted la palabra.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervengo muy brevemente para responder al señor ministro en relación con algunas de las preguntas que le ha hecho a mi grupo parlamentario. Parece mentira que tengamos que responder a estas preguntas porque no hace falta volverse al pasado, basta con estar en el presente. Nosotros estamos de acuerdo con el control de los flujos migratorios y con la legalidad. Esa ha sido la posición de mi grupo parlamentario y hemos contribuido -lo he dicho antes- al actual reglamento y a otras iniciativas, es verdad que en condiciones diferentes a las que plantea usted hoy aquí porque me habla usted de que está en el futuro y de que yo estoy en el pasado. Es una muestra de anticomunismo bastante frecuente. En todo caso le quiero decir una cosa y es que yo no había sentido desde hace tiempo una vuelta al pasado como la he sentido hoy: de nuevo el tono de bronca y de nuevo argumentos del pasado que no tienen nada que ver con los que hemos dado en los últimos años.


En primer lugar, en relación con las aulas yo no he hablado en absoluto de discriminación por lengua; eso se lo ha inventado usted. He dicho que no estamos de acuerdo con aulas diferenciadas, porque esa ha sido la filosofía que hemos defendido en la LOE: aulas de refuerzo pero no aulas diferenciadas. Ustedes cambian, nosotros no, mantenemos aulas de refuerzo.


En segundo lugar, en relación con la valoración sobre la política migratoria, me he basado en sus frases y en las encuestas. No he intentado hacer una representación de cómo opinan los ciudadanos, aunque sí que hay un tufo y un olor rancio a estigmatización de los inmigrantes como filosofía de expulsión; es decir, vamos a un binomio de estigmatización de la inmigración y de expulsión, sea esta más favorable o con actitudes más duras. Quería decirle que ni los inmigrantes ni los trabajadores españoles han añadido a la crisis un ápice en este país, no son responsables de la crisis. Han contenido los salarios, han contribuido a las jubilaciones y no son responsables de la crisis; no les hagamos responsables de la crisis cuando no lo son. Por otra parte, tampoco son responsables de la crisis de determinados servicios sanitarios. Decir esto es, en mi opinión, eludir la responsabilidad de los políticos, de nosotros y echársela encima a los inmigrantes o a los trabajadores. La crisis del Estado del bienestar tiene otros orígenes y no tiene el origen en los trabajadores. Por último, el argumento que usted utiliza con respecto a la Directiva de Retorno -eso de una legislación de mínimos- utilícenlo también en la Directiva de tiempo de trabajo, les vale lo mismo. Es decir, si el argumento es que tiene que haber una armonización de mínimos, entonces armonización de mínimos en materia migratoria, 18 meses, armonización de mínimos en materia de empleo, 68 horas de trabajo. Utilicen el mismo argumento y si no cambien de argumento porque

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se están equivocando. En todo caso, quiero destacar el clima de consenso que ha habido en esta comparecencia porque seguramente va a ser muy interesante durante el desarrollo de la Ley de Extranjería. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me referiré también a dos cuestiones brevísimas, sucintas.


Señor ministro, ha dado en esta Cámara la reflexión más paternalista que se puede escuchar en esta materia y que yo haya oído en mi dilatada experiencia parlamentaria. Que usted no favorezca o no sea una persona particularmente entusiasta con la fórmula del reagrupamiento familiar porque eso puede provocar -si la situación económica de aquel que atrae, que provoca la visa atractiva para el agrupamiento.- problemas de desestructuración en esta familia, es algo impropio de un ministro. Esto no se puede decir, usted no puede presumir que ese efecto se va a producir y tampoco desde esa perspectiva buenista, bienintencionada aparentemente, puede decirle que lo hace por su bien, que es para que su familia no se desestructure posteriormente. La verdad es que me llaman mucho la atención reflexiones de esta naturaleza hechas desde el responsable político que usted con tanto énfasis ha remarcado, que es precisamente usted. No, dejémonos de paternalismos, por favor, y dejemos a los extranjeros que lo que preconiza la Constitución tienen los mismos derechos que los ciudadanos españoles utilicen los mecanismos que están previstos en la legislación de extranjería. Uno de ellos es el agrupamiento familiar y usted no les proteja de posibles desestructuraciones que solo en este momento existen en sus perspectivas puramente especulativas o profuturas, salvo que usted sepa alguna suerte de posesión de facultad paranormal que todas estas familias que van a tener problemas de desestructuración de verdad no nos haga reflexiones de esta naturaleza en esta Comisión.


Me dice que no existen mecanismos para el reagrupamiento. La ley es muy prolija en los mecanismos que posibilitan el reagrupamiento. Basta con aplicar las leyes. Yo no soy un entusiasta de la ley, es más, la ley de extranjería ni siquiera el reglamento me parecen particularmente progresistas en el Estado español. Son reaccionarias como todas las leyes de extranjería de toda Europa. Como bien dice el relator de las Naciones Unidas están basadas en principios de desconfianza en relación con el extranjero, pero sin perjuicio de ello está previsto en la ley. No me diga que no existen mecanismos legales para posibilitar el reagrupamiento porque o usted ignora cuáles son los consignados por la propia ley o sencillamente usted tampoco cree, por la razón que fuere, en ellos.


Desde esa perspectiva, señor ministro, usted me ha hecho una pregunta y yo le respondo con una pregunta: ¿Usted qué cree, que se debe vincular el fenómeno de la extranjería al mercado de trabajo? Fundamentalmente sí, pero además hay otros elementos que configuran el contingente de extranjeros que pueden estar en situación irregular y son aquellos que usted ha realizado una preterición en esta Comisión digna de mejor causa: son el reagrupamiento familiar y el arraigo. Por cierto, las dos directivas que regulan esta materia son las que están sin trasponer en el ordenamiento jurídico español, cosa muy curiosa. Ahora la empiezo a comprender mejor, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, tiene usted la palabra.


El señor HERNANDO FRAILE: Intervendré muy brevemente, solo para decirle algunas puntualizaciones.


En el tema de la segregación por razón de lengua en Cataluña, discrepo con usted por el planteamiento que ha hecho. Yo sí creo que desgraciadamente hay españoles que son segregados por razón de lengua en Cataluña porque no tienen derecho a ser escolarizados en una de las lenguas oficiales en Cataluña. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)

En cuanto a las contestaciones que usted ha hecho, yo no soy el que le ha llamado insensible. A usted quien le ha llamado insensible ha sido ministro del Interior. Otra cosa más. Cuando usted haga un programa de retorno, lo que tiene que facilitar es precisamente que retornen aquellos que tienen dificultades, los que están en situación de precariedad, los irregulares. Esos son los programas de retorno que necesitamos, no los que ustedes han presentado, cuya experiencia veremos, pero le garantizo que no van a servir para gran cosa y, ni desde luego para relajar la presión y los problemas que va a crear el aumento del paro en nuestro país.


Ha dicho usted que durante estos cuatro años pasados se han creado un 1.100.000 afiliados más a la Seguridad Social. sí, pero ustedes han dado 2.200.000 permisos de residencia. Por eso yo hablo de regularización masiva, más allá de lo que fue el proceso de regularización del año 2005.
El señor Zapatero para justificar aquel proceso utilizó las diferencias precisamente entre padrón y número de permisos de estancia. Ahora parece ser que eso no les vale, ahora parece ser que cuando se creaba empleo era gracias al señor Zapatero y cuando se crea paro es por culpa del ciclo.
Así, señor ministro, no vamos a ninguna parte.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano. le voy a dar la palabra pero le rogaría que no entráramos en debates que no son objeto de esta comparecencia.


El señor CAMPUZANO i CANADÉS: Mi grupo en su intervención no hemos querido hacer mención expresa al debate abierto en Cataluña sobre la política de acogida de alumnos de origen extranjero durante el curso que

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anunció el Gobierno de la Generalitat fundamentalmente por respeto a las propias competencias del Gobierno catalán y al debate que, en todo caso, en el Parlamento de Cataluña se debe tener. En la medida en que el debate se ha suscitado, simplemente quiero remarcar, coincidiendo con una afirmación del señor ministro, que en ningún caso -y lo afirman quienes hoy estamos en la oposición en el Parlamento de Cataluña- el planteamiento que el Gobierno catalán está efectuando responde a una lógica de segregación. En ningún caso. Responde a una lógica de ser capaces de dar respuesta tanto a las necesidades del sistema escolar como de los niños que se incorporan en medio del curso escolar, en clave de integración. En primer lugar, creo que hoy existe un amplio consenso en Cataluña, al menos a nivel de las fuerzas políticas; en segundo lugar, que veinticinco años de ejercicio del autogobierno en Cataluña en materia de educación han consolidado un sistema que en ningún caso ha segregado del sistema escolar a nadie por razón de lengua; en tercer lugar, eso ha funcionado durante estos veinticinco años con gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular en Madrid, que siempre han respetado el modelo de inmersión lingüística existente en Cataluña. Sería bueno que en el debate estuviese presente esa mención.


El señor PRESIDENTE: Doña Concha Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Quiero insistir en el tema de las regularizaciones que plantea el Partido Popular. Comprendo que se ha pasado exactamente una legislatura completa negando la bondad del proceso de normalización basado en el diálogo social y ligado al mercado de trabajo, quizá para ocultar los procesos de regularización con el famoso bono de transporte que se realizaba en la época del Partido Popular que afectaba a más de 500.000 personas, y lógicamente queda con esa muletilla. Ahora además hace propuestas, que hemos visto indirectamente en la prensa y en iniciativas en este Parlamento, de posibles regularizaciones precisamente cuando se ha negado a ellas permanentemente. Creo que la gran virtualidad en estos momentos es ligar la inmigración legal al mercado de trabajo, a nuestra capacidad de acogida y es precisamente la demanda de mayor fuerza de trabajo la que ha permitido un aumento importante de nuevos residentes y de permisos de trabajo según los mecanismos acordados con el diálogo social. Por supuesto, quiero insistir en que los procesos de integración que se están dando en la escuela respetan los principios constitucionales. Por supuesto que la lengua es un mecanismo de integración, de equiparación y de igualdad para permitir en la época adulta a cualquier ciudadano decidir cuál es la lengua de su preferencia. Creo que está muy mal traída su reflexión a este debate.


Finalmente, quiero decir que no es lo mismo una directiva que empieza a poner las bases de una política común, -una directiva de armonización como la de retorno que lo que hace es incorporar garantías en relación a la situación precedente-, que una directiva que forma parte del acervo comunitario sobre son las horas de trabajo y la regulación del acervo comunitario en el ámbito de la política social, la desregulación, en cuyo caso lógicamente estamos totalmente en contra de que se produzca.


El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor ministro para cerrar esta fase de la comparecencia.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señor Llamazares, control y legalidad es control y legalidad. Por lo tanto, si hay control del principio de legalidad, hay control y no le dé usted más vueltas. Quiere decir que la persona que entra legalmente en España puede hacerlo y la persona que viene ilegalmente no puede hacerlo. A partir de ese principio no intente usted descalificar las políticas cuando otros hablamos de la necesidad del control y de la legalidad. Yo no le he mencionado en ningún momento -ni por asomo, porque entre otras cosas no sé si existe todavía- el tema del comunismo. En ningún momento le he dicho nada del comunismo. (El señor Llamazares Trigo: Del anticomunismo.) No sé ni tan siquiera si existe. En todo caso, si existiera, le diría que no estoy de acuerdo porque, como dijo un ilustre socialista cuando le intentaron explicar lo bueno del comunismo: ¿Y aquí dónde está la libertad? Pero no creo que exista. Por lo tanto, no soy yo quien se lo dice. Usted sí ha intentado descalificarme, perdone que le diga, con una cierta demagogia porque se ha acogido a frases entresacadas y fuera de contexto para a partir de ahí utilizar todo un argumentario que no tenía nada que ver con la base de fondo de las propuestas. Tan mala no debía ser mi política cuando en mi ciudad la pacté con Izquierda Unida, porque formaban parte de mi Gobierno, y tan mala no debería ser mi política cuando en el área metropolitana de Barcelona Izquierda Unida participaba de ella. Yo he cambiado de función, pero no he cambiado de ideas. Esa seguramente es nuestra grandeza, que los socialistas pensamos igual cuando somos alcalde que cuando somos ministro. Me gustaría esa misma coherencia en todos los sitios. Por tanto, si es tan mala, no sé por qué su partido político participó de ella. Probablemente no es tan mala, probablemente es que usted hace un análisis equivocado de lo que realmente tiene que ser la política hoy en día en estas materias.


Yo no he dicho, faltaría más, que la culpa de la crisis o de la situación económica en la que estamos la tuvieran los trabajadores. La hemeroteca está llena de declaraciones mías diciendo que la situación económica no tiene un origen laboral, e incluso afirmaciones diciendo que no se pida moderación salarial a los salarios de mil euros en un país donde los beneficios empresariales han sido muy altos en los últimos años.


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No acabo de entenderlo. Para que no se siga usted confundiendo, no son 68 horas, son 65. (El señor Llamazares Trigo: 65 ampliables a 68.) Es igual, es que el Gobierno español y este ministro están en contra, y en septiembre el Partido Socialista traerá una moción para que el Parlamento se posicione en contra de las 65 horas. Si estamos de acuerdo no sé por qué usted saca a colación este tema.


Señor Olabarría, yo no sé si soy paternalista, pero en todo caso usted no para de darme consejos siempre que interviene, y alguna clase por medio.
Aplíqueselo usted también. La verdad es que sigue usted sin aclarar el concepto de, si usted no liga el extranjero al mercado de trabajo, a qué lo está ligando. Habla de la reagrupación familiar y a partir de ahí se pierde. Yo le repito una vez más que yo ligo la inmigración al mercado de trabajo. Si usted está de acuerdo, bienvenido, pero entonces no empiece a partir de ahí a hacer elucubraciones que no sé bien a dónde quieren llegar. La reagrupación familiar no es un problema de paternalismo. Hay una reagrupación familiar que yo valoro muy positivamente, faltaría más.
Lo único que he introducido ha sido alguna reflexión sobre ese particular, pero no es una reflexión exclusivamente mía, sino muy compartida hoy en día. Yo soy muy respetuoso, yo entiendo que el País Vasco y su Gobierno no tengan problema con la inmigración. Podrá tener opinión, pero no la responsabilidad de gobernar. A partir de ahí, yo respeto su opinión. Usted puede proponer, y yo también lo respetaré, que considera que la reagrupación familiar en un sentido muy amplio, extenso, debe prevalecer por encima de cualquiera, pero como mínimo respete usted también que otros podamos introducir algunas reflexiones sobre ese particular, reflexiones que en definitiva han hecho muchos países europeos y que van en esa dirección.Yo no le pretendo convencer a usted, porque veo que usted está convencido, pero reflexionen sobre este gesto que algunos de ustedes hacen muchas veces de estar por encima del bien y del mal y dar lecciones permanentemente de sabiduría, porque es probable que los demás no tengamos toda la verdad, ni mucho menos una parte de la verdad, pero nuestras políticas están ahí.


Finalmente, señor Hernando, en cuanto a los dos millones de más que hay, aparte de los afiliados a la Seguridad Social, sin duda muchos de esos dos millones de personas son de reagrupación familiar, el hijo, la hija, la mujer. Muchas de esos dos millones de personas hasta los cuatro millones también son personas que están en España y no lo están ni por una condición de trabajo ni tan siquiera por una condición de reagrupación familiar; están en España por otros motivos muy diversos. Lo que quiero decir es que si realmente fuésemos a desgranar los 4.200.000 personas que tienen tarjeta de residencia y viéramos la particularidad de cada caso seguramente veríamos que la situación es muy diversa. En cualquier caso, con dos millones de personas de en alta de Seguridad Social es más el beneficio que se aporta en el cien por cien del colectivo de la inmigración al desarrollo de la sociedad española que lo negativo, más allá de que las personas con tarjeta de residencia superen los cuatro millones. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al segundo punto de la comparecencia de hoy vamos a hacer un receso de cinco minutos. (Pausa.)

- EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS FRUTO DEL DIÁLOGO SOCIAL ADQUIRIDOS EN 2006 SOBRE LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO Y DE LAS MEDIDAS ADICIONALES A ADOPTAR EN 2008 ANTE LAS REPERCUSIONES DE LA CRISIS ECONÓMICA SOBRE EL EMPLEO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 213/000123.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la Comisión con el punto 2.º del orden día, que es la comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración para que informe del grado de cumplimiento de los compromisos fruto del diálogo social adquiridos en el 2006, sobre la modernización de los servicios públicos de empleo y de las medidas adicionales a adoptar en el 2008, ante las repercusiones de la crisis económica sobre el empleo.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Intentaré hacerlo lo más breve posible, atendiendo a la hora que es, pero, en cualquier caso, sin dejar de mencionar aquellas cosas que creo que son necesarias a tenor de la comparecencia solicitada.


En primer lugar, como han solicitado Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Vasco, hay que indicar que son dos temas con un denominador común, que tienen que ver con los instrumentos y las actuaciones vinculadas al desempleo, con su gestión y con las medidas planteadas para reducirlo. En mi primera comparecencia en esta Cámara, hace algo menos de dos meses, manifesté mi predisposición a comparecer cuantas veces fuera necesario, pues tengo el convencimiento de que la discusión en sede parlamentaria siempre enriquece las propuestas para avanzar en estas materias. Por tanto, les agradezco nuevamente la oportunidad de poder explicarles la acción de gobierno que vengo desarrollando. Señorías, en la actualidad la situación del paro es sin duda preocupante. No seré yo quien intente restarle trascendencia o descentrar el debate. Pero tampoco seré yo -como algunos pretenden y alientan-, quien genere alarmismos injustificados. Al Gobierno lo que le toca es transmitir confianza y no pesimismo.


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El proceso de diálogo social abierto en el año 2004 supone un antecedente básico para entender el proceso que ahora estamos abordando. En algunos casos, con toda probabilidad incluso, determinará directamente los contenidos del proceso actual. La Declaración para el diálogo social, de 8 de julio de 2004, firmada por los representantes del Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales, constituyó la hoja de ruta que definía las materias y objetivos, orientaciones generales que deberían marcar una nueva etapa para el dialogo social, y aquel método se demostró válido. La prueba es, en conjunto, que la pasada legislatura, fue el período de diálogo social más fructífero de nuestra historia, durante el cual se firmaron más de veinte acuerdos con los interlocutores sociales relativos a múltiples materias. Simplemente, a título de enumeración, les ataré los siguientes: igualdad entre hombres y mujeres, inmigración, formación, revalorización de instituciones laborales, políticas industrial y de medio ambiente, derechos de información, consulta y participación, prevención de riesgos laborales, negociación colectiva; protección social y responsabilidad social de las empresas. Y también sobre el mercado de trabajo y políticas de empleo, ámbito en el cual destacó el Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo de 9 de mayo del año 2006, que se concretó después en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, con tres capítulos: Medidas para impulsar la contratación indefinida; medidas para mejorar la utilización de la contratación temporal y la transparencia en la subcontratación; medidas para mejorar la protección por desempleo de los trabajadores, y para potenciar las políticas activas y los servicios públicos de empleo.


Los dos primeros se han desarrollado plenamente, estamos hablando de toda la parte de actuaciones encaminadas directamente a elevar la utilización de la contratación estable y reducir y adecuar la temporal. Se incluyen aquí el Plan extraordinario de conversiones de temporales en fijos de julio a diciembre del año 2006, el nuevo programa de incentivos a la contratación indefinida, la reducción de cotizaciones empresariales por desempleo en medio punto porcentual y de las cotizaciones al Fondo de Garantía Salarial a la mitad, del 0,4 al 0,2, el establecimiento de criterios más restrictivos para evitar el encadenamiento de contratos temporales, una determinación normativa más precisa de la figura de cesión ilegal de trabajadores, actuaciones todas ellas que sin duda han contribuido, en conjunto, a elevar la contratación estable y reducir la temporalidad. Desde la entrada en vigor de la reforma, la tasa de temporalidad ha caído 4,2 puntos, situándose en el 30,15 por ciento, la tasa más baja desde el segundo trimestre del año 1990.


Respecto al tercer bloque de materias también se han puesto en marcha un gran número de actuaciones; entre ellas podemos destacar las siguientes: se ha elevado la protección por desempleo, ampliándola para los trabajadores fijos-discontinuos, o mejorando el subsidio para los mayores de 45 años sin responsabilidades familiares; se ha mejorado la protección por el Fondo de Garantía Salarial en caso de insolvencia empresarial, elevando las cuantías máximas a percibir por el trabajador y ampliando los supuestos de su cobertura. En relación a las actuaciones previstas para potenciar las políticas activas y los servicios públicos de empleo, también se han implementado actuaciones destinadas a mejorar su eficiencia. Para su desarrollo se elaboró un documento con diversos proyectos y actuaciones para ser tratado en el seno del diálogo social, que sirvió de base para distintas reuniones con los interlocutores en las que se decidió abordar los temas de su contenido en varias mesas de trabajo.


Los nuevos órganos del sistema, aprobados por el real decreto están en fase de constitución; así se prevé que el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo quede formalmente constituido en el mes de septiembre de este año. Desde abril del año 2007 hay en marcha iniciativas que permiten ofertar servicios para el empleo a través de Internet a los ciudadanos, y estas son: el sistema de información de los servicios públicos de empleo, el Sispe, que recoge toda la información que entre los servicios públicos de empleo se ha pactado que debe ser común y compartida por los mismos, y también un portal del Sistema Nacional de Empleo. Se ha llevado a cabo la simplificación administrativa de la gestión de las prestaciones por desempleo, lo que ha permitido agilizar los procedimientos y homogeneizar y clarificar los derechos a prestaciones. Se ha definido un nuevo modelo de gestión de las prestaciones, para que abarque, además de la gestión del pago de la nómina, todos los aspectos relacionados con la tramitación, gestión y control de las prestaciones. Se ha potenciado la atención telefónica y la atención por Internet, lo que permite afirmar que el Servicio Público de Empleo Estatal garantiza, a fecha de hoy, el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos. Se ha aprobado el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se establece el subsistema de formación profesional para el empleo, que tiene por objeto regular las distintas iniciativas de formación, su régimen de funcionamiento y financiación, así como su estructura organizativa y participación institucional. Se ha puesto en marcha el Plan estratégico de recursos humanos del Servicio Público de Empleo Estatal, tanto en lo referido a su reestructuración organizativa como en lo referido a la mejora laboral y retributiva de su personal. En la actualidad estamos tramitando el proyecto de real decreto de estructura orgánica del Servicio Público de Empleo Estatal.


Señorías, en muchos aspectos hay que completar el desarrollo de los acuerdos alcanzados, y en otros adaptarlos a las nuevas exigencias del mercado laboral; esto implica renovar y profundizar en la tarea emprendida de acuerdo con los interlocutores sociales, hasta ahora. Desde esta perspectiva les anticipo algunas de las líneas de futuro que pretendemos impulsar. Actualmente corresponde a las comunidades autónomas el desarrollo de las políticas de empleo, el fomento del empleo y la ejecución

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ejecución de la legislación laboral. En este marco competencial es cierto que la potenciación y adecuación de los servicios públicos de empleo y el reforzamiento de las políticas de formación deben seguir siendo tareas prioritarias en esta legislatura. Creo que, junto a las políticas de incentivos selectivos para los colectivos más desfavorecidos, constituyen la base de las políticas activas de empleo; a ello vamos a dedicar todos los esfuerzos. El diálogo social será el ámbito en el que se debatirán los contenidos de las reformas a adoptar, pero el Gobierno tiene unas coordenadas básicas que ya he expuesto con anterioridad en otros foros y que, por tanto, son conocidas.


Por lo que se refiere a la modernización de los servicios públicos de empleo debe potenciarse su funcionamiento como un sistema en red de base territorial, soportado en un nuevo portal que permita a todos los demandantes de empleo consultar y aplicar todas las ofertas vigentes. El sistema ha de ofrecer igualdad de oportunidades en el conjunto del territorio español a las empresas y a los trabajadores en el acceso a la información, a la tramitación y a los servicios, y garantizará la coordinación efectiva de la gestión del empleo y de las prestaciones.
Lógicamente se tiene que mantener también la posibilidad de una atención presencial a aquellos demandantes de empleo que lo precisen. En todo caso, ya estamos tomando medidas. El incremento de las cargas de trabajo en materia de prestación por desempleo que se viene percibiendo en determinadas oficinas nos está obligando a reforzar los medios personales. El ministerio va a incrementar la plantilla de funcionarios destinados a las prestaciones en distintas provincias que han visto aumentada su carga de trabajo. En total, van a ser 1.415 las incorporaciones entre julio y septiembre de este año, de las cuales 866 lo harán de manera inmediata.


En el ámbito de las políticas de formación es preciso articular una mejor coordinación entre la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo, pero no solo eso, sino que hay que proceder a otros cambios estructurales para que los avances formativos den fruto: mejorar y desarrollar las competencias profesionales de los trabajadores; incorporar la cultura digital y el uso de Internet y de las tecnologías de la comunicación, reforzar la orientación profesional, identificar las ocupaciones en sectores emergentes, y acercar las oportunidades de desarrollo profesional a todos y a todas, especialmente a las personas con mayores dificultades de inclusión social.


Señorías, la situación actual precisa, en primer lugar, de un diagnóstico acertado y, en segundo lugar, de respuestas. En eso estamos trabajando en el Gobierno desde el primer momento. Se trata de atacar las causas de la situación y de paliar sus efectos. En este sentido, creo que es importante aclarar que esta no es una situación con causas de origen laboral, sino económico y de marcado carácter global. Por tanto, la superación de esta situación deberá venir sobre todo de la aplicación de medidas de carácter económico y no únicamente laboral. Existe una elevada coincidencia en reconocer tres factores como generadores de la situación más desfavorable que atravesamos. Dos son factores externos, que afectan a la mayoría de las economías internacionales: el primero es el crecimiento de los precios de las materias primas a nivel internacional, en especial del precio del petróleo; el segundo, la falta de liquidez en mercados internacionales provocada por la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que se une a la subida del Euribor. Hay un tercer factor que sí tiene que ver con el mercado español, y que es la desaceleración profunda en el sector de la construcción y en los servicios asociados. El Gobierno ya está actuando. Lo hicimos desde el primer momento, en el primer Consejo de Ministros, con la aprobación de un real decreto-ley de medidas urgentes de impulso a la actividad económica, ratificado después en el Congreso. En conjunto, el Gobierno ha adoptado numerosas medidas de diversa naturaleza -ustedes ya son conocedores de ellas- para impulsar la economía: medidas para mejorar la liquidez de las empresas; medidas para aliviar el coste para las familias; medidas para impulsar la construcción de vivienda pública, medidas fiscales; medidas presupuestarias de contención del gasto corriente, priorización de las contrataciones generadoras de inversiones en infraestructuras, y el compromiso de reducir la burocracia para la creación de nuevas empresas.Todas estas medidas -también es conocido por SS.SS- ascienden a 10.000 millones de euros, más de un billón y medio de las antiguas pesetas. También hemos impulsado un plan extraordinario de orientación y formación profesional y de inserción laboral, para potenciar la búsqueda de empleo y la recolocación de los trabajadores que pierdan su empleo en esta coyuntura.
El objetivo principal del plan es aumentar la prestación de servicios a los desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo, y también a los trabajadores ocupados, en las actividades de orientación y formación para mejorar su empleabilidad. Para ello se reforzará la red de oficinas de empleo con 1.500 orientadores profesionales: por otro lado, el plan introduce ayudas para los trabajadores de dos tipos. Por una parte, ayudas económicas para reforzar y facilitar la búsqueda de empleo y, por otra parte, también se establecen subvenciones a trabajadores desempleados para financiar los gastos que se les puedan ocasionar, cuando el puesto de trabajo a desempeñar se encuentre fuera de su residencia habitual. Esta medida contempla ayudas para gastos de desplazamiento, transporte de mobiliario y enseres, alojamiento, guardería y de atención a las personas dependientes. El coste total de este programa, como ustedes saben, asciende a 201 millones de euros, casi 35.000 millones de pesetas.


Todas estas subvenciones serán gestionadas por las comunidades autónomas, que tienen la responsabilidad en el ámbito de la formación, el empleo y el trabajo. Por ello, en la conferencia sectorial del pasado 26 de junio se concertó con todas las comunidades autónomas el plan y la distribución de los fondos necesarios, y con fecha 5

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de julio se publicó la orden ministerial que lo pone ya en funcionamiento.


Nuestra economía precisa más reformas estructurales para impulsar nuestro crecimiento, y hacerlo más sólido y sostenible, y esas reformas estructurales queremos llevarlas a cabo por consenso, con el acuerdo de los interlocutores sociales. El Gobierno, ahora, como entonces, está convencido de que el diálogo es el instrumento más eficaz para favorecer la competitividad, el empleo estable y la cohesión social; la celebración de un gran acuerdo de concertación social entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, que marque las pautas generales de la concertación social a lo largo de la legislatura, es un compromiso asumido por el presidente del Gobierno en el debate de investidura. Estamos trabajando ya conjuntamente para ello.
El proceso se abrió formalmente con la reunión del día 18 de junio en La Moncloa entre el presidente del Gobierno y los máximos dirigentes de los agentes sociales. Y ahora estamos trabajando para suscribir una nueva declaración para el diálogo social, una nueva hoja de ruta que identifique los temas a abordar y los métodos de trabajo con la experiencia del proceso anterior. Trabajamos con la premisa esencial de alcanzar acuerdos viables y eficaces, y sabemos que la situación no admite demoras; la sociedad no lo entendería. Pero este trabajo debe ser discreto y sin apriorismos. Por eso, por responsabilidad y lealtad en la negociación, no me es posible ahora plantear fuera de la mesa de negociación los temas que estamos abordando.


Señorías, concluyo. El diálogo social iniciado en el año 2004 permitió afrontar retos muy importantes para nuestra economía y para nuestro Estado del bienestar. En esta nueva etapa vamos a intentar recoger las buenas experiencias acumuladas en este proceso, que han sido la mayoría, desarrollar plenamente aquellas que faltan, y revisar las que ahora precisan una adaptación. Mientras, el Gobierno no está parado. Desde el primer momento hemos adoptado gran número de medidas dirigidas a reactivar la economía y paliar los efectos negativos que sufren los ciudadanos. Pero somos conscientes de que hay que seguir abordando las reformas estructurales que precisa nuestra economía y queremos que sea con la participación y colaboración de todos -sindicatos, organizaciones empresariales, gobiernos territoriales, organizaciones sociales y grupos parlamentarios-, porque se trata de un trabajo colectivo, aunque la responsabilidad primera recaiga sobre el Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su exposición.
(El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)

Sí, el señor Olabarría quería cambiar el orden, porque tiene alguna prisa.
Señor Olabarría, tiene usted la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, tengo que ausentarme por otros compromisos y, no habiendo podido calibrar la duración de la comparecencia anterior, solo quería hacerle una pregunta.


En primer lugar, señor ministro, me disculpo si alguna vez mis reflexiones en la anterior comparecencia han resultado impertinentes; reitero mis sinceras disculpas. No es mi vocación -aunque me dedico a la docencia-, dar lecciones a nadie ni impartir clases magistrales, y menos en este ámbito donde venimos todos a realizar reflexiones de naturaleza política.
Respecto a la materia que ahora nos ocupa, señor ministro, la pregunta concreta que le quería hacer es la siguiente. En la provincia de Huelva existe un porcentaje de desempleados, con relación a la población activa, del 15,3. Sin embargo, en esta misma provincia se tiene que acudir a personas de países del este -normalmente mujeres polacas y de otros países- que realizan funciones de recolección de determinados cultivos intensivos -en particular, la fresa- y a otro tipo de actividades. La pregunta concreta sería ¿están entre las líneas del diálogo social articulado por el Gobierno con los demás interlocutores sociales, los mecanismos de evaluación para que las personas desempleadas acepten realmente, cuando existen posibilidades de empleo, los empleos que se les ofertan, o se va a mantener esa laxitud con que se ha venido comportando la Administración laboral en esa materia? ¿Va a haber o se van a articular, señor ministro -y ya sería la segunda pregunta con la que acabo mi exposición-, mecanismos eficientes para la represión del fraude en materia de desempleo, es decir, el mantenimiento de falsos desempleados que tienen posibilidades de trabajar? Yo comprendo que a una persona que tiene imposibilidad de ser empleada, con dificultades objetivas de empleabilidad, se le deba incluso mantener la pensión o la prestación de desempleo indefinidamente, una prestación de carácter social. Pero, esa abundante picaresca en relación a falsas incapacidades que se consiguen con cierta facilidad, la no aceptación de determinados empleos que se ofertan por los servicios públicos de empleo, esa laxitud creo que es una de las lacras que provocan esta disfunción en esa provincia y en otros territorios. Esa es la pregunta -y me disculpo de nuevo, señor ministro, porque me tengo que ausentar- cuya respuesta leeré en el"Diario de Sesiones", porque es un tema que nos provoca particular preocupación. Muchas gracias por su amabilidad, señor presidente, y gracias al señor Llamazares por la posibilidad de intercambiar el turno de intervención.


El señor PRESIDENTE: El ministro no tiene inconveniente en contestarle ahora mismo, así que hacemos una excepción, si le parece, y así se va ya usted respondido.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Muy brevemente, señor Olabarría.


Usted ha puesto encima de la mesa un tema complejo y de un profundo calado, pero que no por ello se tenga

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que dejar de abordar. Es un tema que tenemos que ser capaces de abordar, y el reto que probablemente vamos a tener de futuro es cómo ser capaces de ligar cada vez más las políticas activas y las políticas pasivas. Es decir, políticas que en estos momentos se gestionan en dos ámbitos: el de la comunidad autónoma y el del Estado, pero que deberían tener un solo destinatario y tienen unos únicos recursos de origen, aunque se gestionen de manera diferenciada; sin duda, también hay que ver la condición de la persona y cómo llega al desempleo, e igualmente la condición del trabajo que se produce de una manera temporal. En todo caso, es verdad que hay que hacer algo.


Cuando yo hablaba esta mañana como, por ejemplo, de intentar hacer un trabajo más circular, así como ligar y concatenar temporadas, en el fondo no lo he dicho, pero hay implícita una cierta reflexión, y es que también, tenemos que ser capaces de hacer más atractiva esa concatenación de trabajo, un recorrido más amplio en el tiempo, no solamente para las personas de contratación en origen -que seguramente, habrá que seguir haciéndolo-, sino también para las propias personas desempleadas en una determinada comunidad. Sin duda este es un tema que deberá formar parte del diálogo social, y en la reforma de los servicios públicos de empleo parece razonable que esto tenga que estar. Hay otra reflexión que, al hilo de todo esto, también habrá que hacer en el futuro, y es todo aquello que a veces hemos colgado como prestación paralela a la tarjeta del desempleo. Parecería razonable una reflexión sobre la tarjeta de desempleo que la tiene quien se apunta para buscar un trabajo o quien pierde el trabajo; y no habría que colgar nada más. Otra cosa son los beneficios sociales o de otra índole, que tendrían que estar en otra parte. Pero, evidentemente, viene de una evolución en la que al desempleado se le ha ayudado para suplir una determinada situación, ya que a nadie se le escapa que cuando una persona está desempleada tiene una condición económica más compleja que cuando tiene empleo, y muchas veces se ha usado esa situación de la tarjeta de desempleado para obtener otros beneficios.


En definitiva, señora Olabarría, usted ha hecho una sola pregunta a partir de la cual realmente hay que desarrollar una reflexión muy profunda.
Comprenderá que en relación con la materia que ha expuesto -cosa que le agradezco- no le voy a dar una respuesta precisa ni a decir: Respecto a este problema que usted pone encima de la mesa mañana tengo la solución.
En todo caso, lo que no voy a hacer -esto téngalo por seguro- es rehuir el debate.


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: La motivación de esta petición de comparecencia con relación a la situación del empleo y las medidas del Gobierno es evidente. Estamos ante una crisis, es verdad que una crisis inducida desde el ámbito internacional, pero también ante una crisis propia debido a algunos elementos de nuestro propio sistema económico, en particular la construcción, aunque no solamente. Esa crisis va más allá incluso no solamente de las previsiones del Gobierno, sino de las previsiones del conjunto de los operadores económicos, porque en estos momentos la crisis es más aguda de lo que cualquiera podría pensar y sus efectos en el ámbito del empleo han sido prácticamente inmediatos tanto en destrucción de empleo como en relación con la afiliación a la Seguridad Social.
Además no se han dado únicamente en el ámbito de la construcción. El problema es que nos encontramos con una capacidad de contaminación del resto de los sectores muy importante. Por tanto no solamente tenemos un problema de empleo en un sector determinado para el que sea necesario tomar medidas especiales, sino que, por ejemplo, ese efecto se está generalizando al sector servicios en estos momentos de manera bastante preocupante.


No queremos ser catastrofistas -no lo somos-, pero queremos que el Gobierno adopte medidas adicionales a las ya adoptadas en su momento, y que lo haga en el marco del diálogo social. ¿Por qué adicionales a las ya adoptadas? Porque estamos de acuerdo con los sindicatos en que buena parte de las medidas ya adoptadas estaban previstas en reglamentaciones y en acuerdos anteriores y no suponen un añadido nuevo frente a la crisis económica y frente a su efecto sobre el empleo. Por ejemplo, en relación con los orientadores, que era uno de los elementos para los itinerarios personalizados de inserción, esto ya está previsto en el artículo 24.2 de la Ley 56/2006, de Empleo, y no fue desarrollado. Por ejemplo, con relación a las medidas de movilidad geográfica también resaltan los sindicatos que la Ley de Empleo contemplaba esa posibilidad y no se había desarrollado. Por otra parte, respecto a las medidas de formación el plan con relación al acuerdo de formación profesional del Real Decreto 395/2007 tampoco supone innovación alguna. Esa posición crítica que compartimos con los sindicatos nos lleva a emplazar al Gobierno a adoptar algunas medidas importantes. En estos momentos habría que potenciar más las políticas activas de empleo y los servicios públicos de empleo, toda vez que se ven colapsados tan solo con las medidas que tienen que ver con la prestación, no con las políticas activas. En segundo lugar, habría que asegurar una suficiente protección por desempleo ante una perspectiva bastante oscura en materia de desempleo que probablemente va a exigir una protección más importante que la prevista. Por otra parte también queremos emplazar al Gobierno a la negociación y al diálogo sin medidas unilaterales. Alguna de ellas ha creado incomodidad en el seno de los sindicatos, como ha sido la decisión tomada por el Gobierno al margen de la negociación colectiva respecto a trabajadores empleados públicos, decisión que no ha servido para favorecer ese clima de diálogo y de confianza. En ese sentido, ¿qué balance puede hacer el ministro de los compromisos adoptados hasta este momento?

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Los sindicatos, en nuestra opinión, lo hacen denunciando los incumplimientos de incrementar la plantilla de inspección de trabajo, de revalorizar los servicios públicos de empleo y de mejorar las políticas activas de empleo. Insistimos, como también hacen los sindicatos, en que ambas cuestiones son hoy más necesarias incluso que cuando se pactaron el año anterior ante el aumento del paro. El incumplimiento del Gobierno de los acuerdos de 2006 hace que hoy no se haya avanzado suficientemente en la modernización de los servicios públicos. Al contar los servicios públicos de empleo con debilidades evidentes, esta materia es todavía una asignatura pendiente. Esto queda de manifiesto al comprobar el plan extraordinario de inserción laboral. En ese sentido, ¿qué motivación tiene que se presenten como extraordinarias y coyunturales medidas que estaban ya incorporadas a acuerdos anteriores y que no habían sido desarrolladas por parte del Gobierno? ¿Cómo es posible que los servicios públicos de empleo estén en estos momentos colapsados tan solo en prestaciones y no cuenten con personal orientador suficiente para fijar, con los demandantes de empleo, itinerarios individualizados de inserción laboral. Es verdad que ahora se propone contratar de forma temporal a 1.500 orientadores que habrá de distribuirse entre mil oficinas de empleo de toda España para que fijen itinerarios de inserción solo a algunas de las personas en paro.


En tercer lugar, la tasa de intermediación en el mercado laboral de servicios públicos de empleo es en nuestra opinión muy insuficiente y las personas en paro no esperan encontrar un empleo en general a través de estas medidas de intermediación. No es de extrañar porque los trabajadores en paro no reciben las acciones precisas hasta ahora para su reinserción laboral.


Otro tema que queremos plantearle, señor ministro, es la protección por desempleo. El presidente del Gobierno ha destacado cada vez que ha tenido ocasión que la tasa de cobertura ha mejorado de forma sustancial en los últimos años. Lo compartimos. Como consecuencia de la expansión de la actividad económica, ha aumentado la posibilidad de generar el derecho a una prestación contributiva por desempleo. Considerando además la intensa rotación de un amplio colectivo de trabajadores temporales aumenta el número de beneficiarios de la prestación contributiva porque más trabajadores pueden acumular cotizaciones superiores a un año, que es el periodo de carencia. Pero la cuestión ahora, con el aumento del paro y la fragilidad de buena parte de nuestro empleo -una parte importante de precariedad y otra parte también de mileurismo-, es comprobar si el sistema será suficiente en su intensidad protectora. Es verdad que la crisis afecta primero a los trabajadores con contratos temporales en la construcción, pero también en los servicios; son los empleos más vulnerables y buena parte de ellos los han ocupado también trabajadores inmigrantes pero asimismo trabajadores españoles. Muchas de estas personas han acumulado una prestación por desempleo pero de corta duración. En ese sentido los sindicatos han dicho en los últimos días que más de la mitad de la población laboral que tiene derecho a una prestación por desempleo no supera los seis meses de prestación contributiva y muchas personas, agotada la prestación contributiva, no tendrán derecho al subsidio para el que se exige tener cargas familiares o ser mayor de 45 años, en particular entre los inmigrantes. Parte de los nuevos desempleados son más jóvenes y pueden no tener responsabilidades familiares o tenerlas en sus países de origen. Los sindicatos están señalando esta cuestión dándole especial relevancia, es decir, nos encontramos ante un colectivo importante con posible desprotección.
¿Considera el ministro que nuestro sistema de protección por desempleo es suficiente ante el aumento del paro y los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo? ¿Ha considerado el ministro destinar por ejemplo una parte de los presupuestos para que se asegure una protección por desempleo que hoy no daría cobertura a estos sectores? Creemos que esas son cuestiones importantes en políticas pasivas. Al mismo tiempo que algunos países europeos lo han planteado, nosotros plantearemos en el momento adecuado a la ministra adecuada que será necesario adoptar medidas tanto de protección directa como en materia de alimentación a colectivos que están en estos momentos o en la pobreza directa o en riesgo de pobreza severa ante la crisis.


Por último señor ministro nosotros consideramos que es importante el anuncio que ha hecho el Gobierno de no tomar ninguna decisión en materia laboral que no sea acordada con los agentes sociales, nos parece bien. En ese sentido nos preocupa el runrún que vuelve a aparecer de una posible flexibilización -si es posible aún una mayor flexibilización de nuestro mercado de trabajo- y por ello queremos preguntarle al ministro si ese runrún pertenece a alguna previsión del Gobierno. En todo caso, nos atenemos a ese compromiso del Gobierno de negociación con los agentes sociales y también saludamos las primeras reuniones que se han producido.
De todas maneras, quisiéramos hacer un apunte. Quizás no haya las mismas condiciones para un acuerdo social a largo plazo que las que hubo en el año 2006, quizás sea necesario un acuerdo a más corto plazo, porque la crisis nos plantea algunas urgencias. En ese sentido, hacemos un llamamiento al Gobierno, no solamente a esa voluntad de acuerdo, sino a concretar esa voluntad en un plazo corto que nos permita adoptar medidas en materia de protección laboral y también en materia de políticas activas; y asimismo, que en el marco de la negociación con los agentes sociales se pueden garantizar también avances en el cambio de nuestro actual modelo económico, que ha demostrado ser un modelo que responde en condiciones favorables, pero un modelo también muy sensible al cambio de ciclo, un modelo frágil. A nosotros nos gustaría que en estos acuerdos se incorporasen -creo que lo van a plantear los propios sindicatos- cambios en el modelo de desarrollo, a favor de un modelo más equilibrado y más sostenible desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental.


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El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Ignacio Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señorías, el pasado 16 de diciembre del año 2003, fue un Gobierno del Partido Popular el que aprobó la Ley de empleo en vigor, la Ley 56/2003. Una ley que pretendía, en aquel momento, aumentar la eficacia, aumentar la eficiencia y también la calidad de nuestro mercado de trabajo en España, reformar el papel de los servicios públicos de empleo y configurar nuevas políticas activas y -permítame que le diga- preventivas en el ámbito del empleo, coordinando estas con la protección por desempleo. Tres meses después de la publicación de esta ley el Partido Socialista ganaba las elecciones de marzo de 2004, y tuvieron que transcurrir nada más y nada menos que dos años para que el Gobierno acordara con los agentes sociales en mayo de 2006 y aprobase un real decreto, de junio de ese mismo año, que introdujese en su disposición adicional sexta un plan de modernización de los servicios públicos de empleo que incorporase, dentro de ese plan global, un plan estratégico de recursos humanos y sus consignaciones presupuestarias para el ejercicio siguiente, es decir, el año 2007, en los Presupuestos Generales del Estado. Estos tres planes, junto con su consignación presupuestaria, deberían estar listos antes de tres meses -estamos hablando de los inicios del verano de 2006 y, por tanto, antes de tres meses sería en septiembre de ese ejercicio-, además de un análisis de cómo estaban funcionando las políticas activas de empleo y un grupo de trabajo que estudiase los órganos, la coordinación y también la evaluación del Sistema Nacional de Empleo. Este último es el único que ha sido desarrollado íntegramente -hace seis meses exactamente, en diciembre de 2007, cuatro años tarde- y, por lo tanto, hoy merece la pena hacer una reflexión sobre cuál es, señor ministro, el resultado de todo este proceso de desarrollo de una ley tan importante como es la Ley de Empleo de nuestro país del año 2003, que dejó sin de vigor la anterior del año 1980.


La primera reflexión es que en plena vorágine de desempleo, en plena hemorragia de paro en nuestro país, el Gobierno del Partido Socialista ha incumplido el acuerdo con los agentes sociales de junio de 2006 sin que, por otra parte, ninguno de ellos se lo haya reprochado hasta el momento.
La pregunta, por tanto, es: Si en este momento hay de nuevo un proceso abierto de negociación con los agentes sociales, ¿por qué no se cierran algunos elementos que configuran de una forma muy importante lo que está pasando en este momento en nuestro país y que, repito, forman parte de acuerdos cerrados hace más de dos años?

La segunda conclusión sería que no se ha cumplido esa disposición adicional sexta del real decreto que desarrollaba la ley ni en lo que se refiere al plan de modernización de los servicios públicos, que es el elemento que nos trae hoy a esta comparecencia, ni en lo referente al plan estratégico de recursos humanos -después haré alguna pequeña reflexión de cómo está la situación de los servicios públicos de empleo y de las oficinas de empleo en nuestro país- ni tampoco en lo referente al análisis de las políticas activas de empleo, y desde luego muchos menos al compromiso de la adecuada dotación presupuestaria para los ejercicios 2007 y 2008. Tengo aquí los presupuestos del año 2007 y me gustaría, señor Corbacho, que me dijera en qué apartado está la consignación presupuestaria que permitía precisamente cumplir con ese acuerdo de los sindicatos y la patronal en términos de modernización de los servicios públicos de empleo. Pues bien, repito, ni en la configuración de objetivos estratégicos ni en medidas operativas reales y concretas que mejoraran la situación del empleo, ni siquiera el análisis de qué papel tenía que jugar cada uno de los sujetos que intervienen de una forma relevante en el mercado de trabajo, bien fuera en los servicios públicos de empleo, las entidades colaboradoras, las agencias de colocación o las empresas de recolocación, etcétera., para adecuarse al Convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo. Nada de nada. Papel mojado.
Acuerdo en saco roto y sobre todo tiempo perdido de cuatro años. Ahora muchos, repito, se preguntan si para esto sirven los acuerdos sociales, el diálogo social que firma el Gobierno, para qué se está iniciando en estos momentos -con retraso, desde luego, tres meses después de que se haya iniciado la legislatura con la que está cayendo- un nuevo proceso de diálogo social.


Probablemente muchos ahora se acuerdan de Santa Bárbara cuando las oficinas de empleo -antes yo hacía una referencia- se han colapsado con el aluvión de parados que han aumentado las cargas de trabajo en un 35 por ciento y que tienen que hacer cola desde la madrugada para así aliviar mejor, señor Corbacho, su frustración, su preocupación y también su angustia por haber perdido su puesto de trabajo. No lo digo yo, aquí tengo una recentísima resolución de urgencia de la Federación de Servicios Públicos de la UGT madrileña que eleva a su V Comité Regional, donde exige con urgencia al Gobierno de España el cumplimiento de lo establecido en esa disposición adicional, que desarrolla el acuerdo firmado por este sindicato y por otros precisamente en el año 2006.


Pues bien, señor ministro, decía que se acuerdan de Santa Bárbara cuando comprueban la escasa incidencia -lo decía también el señor Llamazares, que ahora se ha ausentado- en el ámbito de la colocación que tienen los servicios públicos de empleo en nuestro país y, si me permite, la cada vez menor eficacia también en la intermediación laboral, por debajo del 15 por ciento de colocaciones gestionadas frente a las colocaciones totales que se producen en nuestro país. Se acuerdan también de Santa Bárbara cuando decrece la tasa de éxito de estas oficinas de empleo en su labor de intermediación laboral de colocaciones gestionadas frente a puestos de trabajo ofrecidos, y eso se produce por una falta de adecuación de la oferta y la demanda y por una falta de la

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coordinación del Servicio Público de Empleo Estatal con los servicios públicos de empleo autonómicos. Se acuerdan de Santa Bárbara también, señor Corbacho, cuando disminuye el número de puestos de trabajo que se ofrecen para la gestión, porque desgraciadamente -o afortunadamente, no lo sé muy bien- Internet, las agencias privadas de colocación y las empresas de trabajo temporal están siendo mucho más eficaces que las oficinas públicas de empleo. En definitiva, se acuerdan de Santa Bárbara, señor ministro, cuando perciben que la labor de intermediación de los servicios públicos de empleo no benefician a quienes más lo necesitan en nuestro país, que son los parados mayores de 45 años y los que tienen solamente estudios primarios.


Por lo tanto, la comparecencia de hoy, que era para hacer un análisis sobre lo que se ha hecho en modernización de los servicios públicos de empleo para combatir la situación de desempleo de nuestro país, es realmente lamentable. Por lo tanto, ¿grado de cumplimiento del compromiso fruto del diálogo social de 2006 sobre modernización de los servicios públicos de empleo? Suspenso. ¿Posibilidades de recuperar en septiembre? A tenor de su discurso y de sus ofertas, que han sido nulas, también suspenso, señor Corbacho. ¿Interés del Gobierno por la reforma de los servicios públicos de empleo y de las políticas activas de empleo que hubieran contribuido en este momento a paliar la tremenda crisis que estamos viviendo y las terribles cifras de paro? Nulo, también suspenso, señor Corbacho. Suspenso, Caldera; suspenso, Corbacho; suspenso, el señor Zapatero. ¿Necesidad de medidas en nuestro país, en este momento? Muy altas, señor ministro. ¿Necesidades adicionales a adoptar en este ejercicio 2008 ante las repercusiones de la crisis económica sobre el empleo? Suspenso, señor Corbacho. Ni están ni se les esperan en este momento. ¿Sabe que dijo el anterior secretario general de Empleo hace exactamente un año -solo un año- en esta Casa? Literalmente dijo: No habrá inflexión a la baja del crecimiento de empleo. No existen tensiones que hagan suponer un descenso del empleo. La situación no es preocupante.
Nota en las previsiones del Gobierno anterior: suspenso. Nota como responsables políticos: muy deficiente y, además, falso. Credibilidad del Gobierno, señor Corbacho, cero. Cero. ¿Qué quería hacer el Gobierno hace un año? Quería invertir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en Bolsa. Para eso trajo un proyecto de ley, que quedará transcrito en el"Diario de Sesiones" del Congreso para escarnio en los anales de la irresponsabilidad política, para -repito- invertir el Fondo de Reserva en Bolsa. ¿Cómo está la Bolsa, señor Corbacho? En la situación de inestabilidad de los mercados más alta que se ha vivido en las últimas décadas. ¿Y cuándo va a hacer falta ese Fondo de Reserva? En virtud de los datos demográficos y económicos cada vez más pronto, señor Corbacho.
¿Cuánto ha perdido la Bolsa este ejercicio, estos últimos meses? Un 30 por ciento, señor Corbacho. ¿Cuánto hubiera perdido el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social? Un 30 por ciento. (La señora López i Chamosa: No era en Bolsa.) ¿Quién impidió, señor ministro, frontalmente, que el Partido Socialista lo invirtiese en Bolsa? El Partido Popular. Ustedes se copiaron aquel proyecto de ley que trajeron al Parlamento y, por tanto, lo único que puedo decirle respecto a eso es: De nada. ¿Cuándo van a pedir, señor ministro, un crédito extraordinario para pagar el desempleo, ya que la partida presupuestada para este año se ha consumido? ¿Cuándo va a aprobar una modificación de crédito para que los más de 2.400.000 parados en nuestro país puedan cobrar su prestación? ¿Y de qué cantidad la va a pedir este año? ¿Supondrá, señor Corbacho, aumentar el déficit del Estado que ayer supimos que se había incrementado de una forma muy importante, con ese aumento del gasto por la prestación de desempleo, con esa disminución de la afiliación y, por tanto, de las cotizaciones de la Seguridad Social? ¿Cuánto va a aumentar el gasto, señor ministro? ¿Cómo van los ingresos por cotización este mes? ¿A qué tipo de interés va a pagar el Estado la deuda que genera ese déficit que se está produciendo en términos de prestaciones y de disminución de los ingresos como consecuencia de una crisis que impide tener retornos en términos fiscales? ¿O lo van a sacar disminuyendo el gasto público? ¿O van a subir otra vez los impuestos? Porque esa ecuación de ingresos y gastos, señor ministro, no tiene más respuestas ni más posibilidades. Es una ecuación -la de cotizantes y beneficiarios, la de impuestos y cargas sociales- que el Partido Socialista nunca, absolutamente nunca, ha sabido resolver en este país. Señor Corbacho, el empleo es la mejor defensa frente a la pobreza y la exclusión social. El empleo es la más importante, la principal política social para el que trabaja pero también para el resto de la sociedad, porque sin empleo no hay política social posible, no hay pensiones, no hay dinero para Sanidad, para dependencia, para Educación.
Son los trabajadores, a través de sus impuestos directos e indirectos y a través de las cotizaciones sociales, quienes pueden hacer la política social en un país. Mientras ha crecido el empleo, mientras hubo políticas adecuadas en materia económica que hicieron crecer el empleo se ha podido hacer política social. ¿Qué va a hacer usted ahora, señor Corbacho? ¿Qué va a hacer este Gobierno con el descenso de los ingresos en todos los órdenes y el aumento de los gastos como consecuencia del desempleo? Señor Corbacho, usted está destruyendo empleo (Rumores.) y sin política social este país va a perjudicar mucho más a las familias que más lo necesitan.
Señor Corbacho, España va mal. España va muy mal en estos momentos. Se han comido ustedes la herencia y los españoles tenemos un Gobierno absolutamente ineficaz. España necesita en estos momentos un Gobierno que, primero, no mienta y diga que hay una crisis instaurada fuerte, sólida, profunda; que no engañe, que diga la verdad, que se arremangue, que se ponga a trabajar en las medidas necesarias, que sea responsable y que sea serio con lo que está pasando; que se ponga a trabajar ya y que, sobre todo, deje de lado alianzas de civilizaciones, memorias históricas y proyectos

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proyectos simios y que se ocupe de los problemas de los ciudadanos. Que se ocupe de los problemas reales de los ciudadanos que son muy graves, que reaccione, que deje de vegetar y de estar de vacaciones porque en septiembre, señor Corbacho, ya le anticipo que esto va a ser mucho peor.
Vamos a tener dentro de tres días los datos de EPA (Risas.) -ríanse, que se van a asustar el jueves-, y dentro de una semana los datos de tasa de paro del mes de julio. Ya verá usted, señor Corbacho.


Estamos en una situación de celebración. El Partido Socialista celebra esta tarde, a las 7, creo, los primeros cien días de Gobierno en esta legislatura, y probablemente el señor ministro de Trabajo e Inmigración es el que más cosas tiene que celebrar hoy de todos. Va a tener que celebrar que el Partido Socialista se comprometió en el programa electoral al pleno empleo, se comprometió a crear dos millones de puestos de trabajo en esta legislatura (La señora Arnaiz García: ustedes más, ustedes 2.200.000.), y que ya se han creado 418.000 solo en el año 2008 y que solo en un año ya hay más de 2.400.000 parados, 425.000 más que hace un año, a la espera, repito, del dato de julio, que saldrá la próxima semana. Celebrará probablemente, señor Corbacho, que el Partido Socialista se comprometió en su programa electoral de hace tres meses a reducir la tasa de paro por debajo del 7 por ciento en la legislatura, el 8 por ciento este año, y que ya ha subido por encima del 10 por ciento y va a seguir subiendo, que es lo peor. Celebrará probablemente que siguen llegando pateras y que el desempleo de extranjeros ya alcanza las 260.000 personas, 260.000 inmigrantes que están en este momento en desempleo en nuestro país, un incremento del 74 por ciento en solo estos meses.
Celebrará probablemente, señor Corbacho, que sumando empleo e inmigración, según los datos de las encuestas del CIS de preocupación de los ciudadanos, usted ya no deja dormir a cerca del 90 por ciento de los españoles. Celebraremos probablemente, señor ministro, que por no haber hecho reformas en doce años... (El señor De la Rocha Rubí: Demagogia.)

El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, lleva usted sobrepasados cinco minutos. Le ruego vaya terminando.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Voy terminando, señor presidente.


Tras doce años de aumento de afiliación, por primera vez está disminuyendo la afiliación a la Seguridad Social, 200.000 personas menos en el mes de junio, un 1 por ciento menos, que no ocurría desde el año 1985, desde hace 23 años. (La señora López i Chamosa: Qué barbaridad.) Celebrarán probablemente que el 70 por ciento de los españoles les cree incapaces en este momento de resolver esta crisis en la que nos han metido, que por primera vez en junio las cuentas del Estado han tenido un déficit de 4.600 millones de euros y mientras tanto ustedes ponen en marcha iniciativas como la de los 400 euros, que no van a poder cobrar ni los pensionistas ni los trabajadores con menos rentas (La señora López i Chamosa: Pero que no habéis devuelto.) porque no tienen retenciones fiscales que alcancen esa cifra. Van a celebrar probablemente un importantísimo número de expedientes reguladores de empleo, no solo en Martinsa-Fadesa, sino en Pirelli, en Sony, en Roca, en Levantina o en Spanair, que van a dejar su plan de recolocación de parados en una auténtica broma, señor ministro. Celebramos en definitiva, señorías, que el paro ha vuelto a España, que ha vuelto en todo su esplendor y que, después de Felipe González, creíamos que era imposible volver a tener cifras del 23 por ciento de paro, pero el Partido Socialista en este momento está haciendo todos los deberes para tener la mayor tasa de paro de la Unión Europea, la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea, la mayor tasa de paro femenina de toda la Unión Europea a Veintisiete, cuando países como Dinamarca tienen un 2,6 por ciento de desempleo y Holanda un 2,7, y nosotros ya vamos por el 10 y subiendo, señor Corbacho.
Cuatro años, por tanto, perdidos para el empleo en el inicio de una etapa que no sabemos exactamente hasta dónde nos va a llevar, pero que tiene el innegable sello, la conocida impronta del Partido Socialista Obrero Español, que es el partido del paro en nuestro país, porque lo socialista y lo socialdemócrata siempre ha sido el paro y su única receta ha sido una sociedad absolutamente subsidiada.


Señor Corbacho, termino. Se permiten celebrar, con la que está cayendo, el diálogo social, que está en dique seco, esperando un plan, un papel, un documento, un calendario si quiere, del Gobierno, que este año sin duda ha anticipado sus vacaciones y las ha prolongado con las del año anterior porque no le gusta esta realidad de lo que está pasando. Celebran una inflación superior al 5 por ciento, que está perjudicando a los más débiles, a los más pobres de nuestra sociedad, porque ya no les llega lo que antes les llegaba para comer y para vivir, y celebran probablemente que en más de 500.000 familias ninguno de sus miembros tiene derecho al trabajo ni al bienestar social, económico y moral que genera tener un empleo. Deben celebrar probablemente que la gente está perdiendo el derecho a la vivienda, porque se ha incrementado en 250 euros la letra mensual que les estrangula y que ya no les permite llegar a final de mes; que cada día en este país, señor Corbacho, según pasan las semanas, hay menos derechos, cada vez hay más pobres y cada vez hay más excluidos.
Señor ministro, felices cien días. Por favor, transmítale al presidente del Gobierno, en nombre de los 10.400.000 personas que votaron al Partido Popular, nuestra felicitación. Dígale que nos sentimos muy orgullosos de él y de su Gobierno y que el resto de los españoles están esperando a que salga de su burbuja, a que salga de su irresponsable, de su lamentable y yo diría que de su insensato optimismo de brazos cruzados, de sus vacaciones veraniegas de doce meses al año para condecorarle, eso sí, con la medalla al campeón europeo del paro y a la Champions

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League de los gobernantes que llevan a su país a la deriva.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Abordamos un debate que es quizá de las cuestiones de mayor preocupación para los ciudadanos, y seguramente de las más relevantes de esta legislatura, en que el ministro de Trabajo e Inmigración va a tener que lidiar con una realidad preocupante y que afecta de manera muy significativa a cientos de miles de ciudadanos, en un contexto en el que sabemos que en los próximos meses las cifras no van a acompañar a ningún análisis optimista respecto de lo que está pasando.
Más allá de consideraciones sobre si el Gobierno está sabiendo gestionar bien las percepciones de los ciudadanos en relación con aquello que está haciendo para hacer frente a la crisis -que no es el objeto de esta comparecencia-, por lo que compete directamente al Ministerio de Trabajo e Inmigración y a mediados del mes de julio, mi grupo le quiere trasladar dos consideraciones de carácter general y cinco líneas de actuación concretas.


La primera consideración de carácter general, por lo que hace a las competencias del Ministerio de Trabajo e Inmigración -sobre las que ya tuvimos ocasión de trasladarle nuestra opinión-, es que el plan de recolocación que el Gobierno aprobó en su día, siendo bienintencionado, es insuficiente ante la magnitud del problema al que estamos haciendo frente. Y la segunda, el diálogo social es un buen instrumento para construir respuestas desde lo laboral a los problemas de nuestro mercado de trabajo, pero quizá, los ritmos del mismo no vayan suficientemente aparejados con las necesidades de la economía de las empresas, de las familias y de los trabajadores. La cuestión relevante que va a tener que atender su ministerio y el conjunto del Gobierno es que si en otoño aún no se ha cerrado ningún tipo de acuerdo, ¿qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno para hacer frente a ese aumento de paro que en este otoño-invierno vamos a vivir? Esta es la cuestión fundamental y mi grupo le insiste en que el diálogo social tiene todas las virtudes que ha tenido durante estos doce, trece o catorce años, pero que el Gobierno no puede quedar inactivo si en el marco del diálogo social no se producen los acuerdos que se deben producir. La sociedad no entendería que el Gobierno, por falta de acuerdo con los agentes sociales, no tomase las medidas que se deben tomar.


Hay cinco líneas concretas que mi grupo le quiere trasladar como reflexiones, como elementos a incorporar en el diálogo social o propuestas a impulsar desde la propia actuación del Gobierno. En primer lugar, en materia de recolocación y en la línea de una moción que aprobó el Pleno del Congreso, que fue pactada entre el grupo parlamentario que apoya al Gobierno y Convergència i Unió, la modernización de los servicios públicos de empleo, que en este contexto van a tener un papel fundamental, orientada hacia la personalización de las actividades de los servicios públicos de empleo, muy orientada también al incremento de nuestros gastos en políticas activas. Si nos comparamos con Dinamarca, Francia y Alemania estamos muy lejos de invertir en políticas activas aquello que toca, y en lo que el Gobierno debe apostar muy claramente por la colaboración con el sector privado para hacer frente a las necesidades de empleabilidad de los trabajadores en situación de paro. Si no hay una movilización de las energías y las capacidades del sector privado, nos parece que el sector público, los servicios públicos de empleo, -con su actual realidad y en la previsible realidad de los próximos tiempos- no van a dar respuesta a esa necesidad de recolocación de los trabajadores en situación de desempleo.


Segunda cuestión: en esta legislatura el Gobierno deberá avanzar en una nueva reforma del mercado de trabajo que responda a la lógica de lo que la Unión Europea viene impulsando bajo el título de la flexiseguridad.
Creo recordar que en el reciente congreso del Partido Socialista han debatido algunas cuestiones sobre esa materia. Hay dos aspectos que nos parece que el Gobierno, en el marco del diálogo social, debe plantear a fondo. Por un lado, esa vinculación entre salarios y productividad, que nos parece esencial para modernizar nuestro sistema de negociación colectiva, y por otro, avanzar en una disminución de las diferencias del coste de despido entre los trabajadores fijos y los eventuales. La diferencia hoy entre uno y otro coste de despido no está facilitando la reducción de la precariedad de la temporalidad. Porque junto a ese paro creciente -hoy somos el Estado de la Unión a Veinticinco con una tasa de paro más elevado-, continuamos moviéndonos en unas tasas de temporalidad del 30 por ciento, a pesar de la cantidad ingente de recursos públicos que en estos quince últimos años hemos gastado en esta materia. Quizá toca en esta legislatura avanzar en esa reducción de las diferencias entre los costes de despido de los fijos y los eventuales. Hay algunas propuestas formuladas en los últimos tiempos por expertos que nos parecen interesantes. Ese debate hay que plantearlo en el seno del diálogo social.


Tercera cuestión, aprobamos en la pasada legislatura un Estatuto del trabajo autónomo que incorpora todo un título de desarrollo del espíritu emprendedor. En el contexto de la actual situación económica hay que apostar por la gente que tenga ideas, por la gente que ponga en marcha sus propios negocios, por la gente que esté dispuesta a arriesgar, lo cual exige políticas públicas que acompañen esos procesos, esas iniciativas emprendedoras y de riesgo, en un contexto en el que está bajando también la tasa de inflación en el régimen de autónomos, como ayer ponían de manifiesto algunas de las organizaciones de autónomos.
Debemos plantearnos una capitalización del desempleo del cien por cien para permitir la puesta en marcha de nuevos negocios y medidas de

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carácter laboral que permitan a los emprendedores contratar a su primer empleado. Nos parece estratégico que en esta legislatura se avance en este ámbito.


Cuarta cuestión: tenemos un grave problema de falta de empleabilidad de jóvenes, cerca de un 30 por ciento de jóvenes que han abandonado prematuramente el mercado de trabajo. Deben orientarse políticas activas de empleo para facilitar la incorporación de estos jóvenes, en un contexto de reforma de los sistemas de formación profesional. También es necesario revisar los contratos de formación y contratos en prácticas. Al menos en Cataluña, tanto UGT como CCOO están planteando darle una vuelta al actual mecanismo de inserción en el mercado de trabajo de ese tipo de contrataciones.


Finalmente, desde la perspectiva del modelo de Estado, hay tres cuestiones esenciales. Una, el traspaso de la inspección de trabajo a la Generalitat de Catalunya. Es compromiso que figura en el Estatuto de Autonomía de Catalunya y que forma parte de la agenda de discusión entre el Gobierno de Catalunya y el Gobierno del Estado. Dos, el cumplimiento de las sentencias en materia de formación continua. En un contexto en el que el Gobierno ha anunciado la revisión de la formación profesional, hay que dar respuesta a la necesidad de proceder a que el conjunto de la formación continua sea gestionada por las comunidades autónomas. Y tres, hay que avanzar en una mayor vinculación entre políticas pasivas y políticas activas. Y eso quiere decir dar a las comunidades autónomas mayor capacidad para participar en el control y seguimiento de las políticas pasivas de empleo.


Le decía al principio que la sociedad no entendería que el Gobierno no liderase la respuesta ante la crisis económica, no liderase la respuesta ante la destrucción de empleo, ante el incremento del paro en nuestra sociedad. Si el Gobierno es capaz de tomar medidas, si el Gobierno es capaz de ser valiente, si el Gobierno es capaz de asumir sus responsabilidades, sabe que va a encontrar en Convergència i Unió un grupo parlamentario dispuesto a asumir riesgos en un contexto que va a ser difícil para el conjunto de la sociedad, pero especialmente para los sectores que van a ser castigados por la destrucción de empleo, que como siempre van a ser los más débiles de nuestra sociedad. Esperemos que el Gobierno sea valiente y que asuma sus responsabilidades en esta materia.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista don Jesús Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: En principio me gustaría hacer un reconocimiento por la exposición realizada a lo largo de esta mañana al señor ministro por varias razones. La primera de ellas porque ha hecho una intervención pormenorizada, bastante equilibrada y exenta de triunfalismo, que no coincide con algunas de las intervenciones que se han venido realizando por parte de alguno de los portavoces a lo largo de esta mañana, sobre todo por parte del señor Echániz. Quiero reconocer que en un debate de estas características hay muchas aristas y es muy fácil engancharse a una de ellas para seguir tirando del juguete. Hablar del desempleo es lo suficientemente serio para no introducir elementos demagógicos en el debate, porque si tanto estamos vinculados nosotros, como responsables políticos, a dar una imagen al conjunto de la sociedad, desde luego el parado lo que menos quiere es tremendismo, lo que más quiere es solución y lo que busca es confianza y equilibrio, no demagogia permanente.


Señor Echániz, no me ha sorprendido, pero me siento frustrado después de haber escuchado su intervención. Sinceramente, deje de ser apocalíptico y váyase al centro político que su partido en estos momentos está reivindicando. Deje de estar en esa montaña en la que permanentemente al señor ministro o al Gobierno que este grupo sustenta le está haciendo el artífice y el causante de una situación económica que todos sabemos de donde viene. Seguro que nuestro Gobierno tendrá alguna responsabilidad, pero no es el causante. Usted lo sabe. Con ese discurso no llegamos a ninguna parte. Llegamos a la sensación de que hablar del desempleo es un elemento recurrente que se utiliza para machacar sistemáticamente con las mismas posiciones. Me gustaría hoy hablar aquí de las cuestiones que ha planteado el señor ministro, que ha planteado el señor Olabarría, que ha planteado el señor Campuzano y que ha planteado el señor Gaspar Llamazares, que tienen algo que ver con los temas que en estos momentos es necesario discutir en este país cuando se habla del desempleo.


Primera cuestión: ¿vamos a tener garantías de protección para nuestros parados ante esta situación económica? Es lo que nuestros parados quieren saber. El ministro lo ha dejado bien claro: sí. Vamos a seguir manteniendo los niveles de protección con una tasa de cobertura del desempleo del 84 por ciento. Son veinte puntos por encima de cómo ustedes lo dejaron, señor Echániz. No recurra a este tema que constantemente nos hace devolverle lo mismo, no. Hoy, de cada cien parados netos, noventa y dos tienen cobertura de desempleo; y hay que intentar que eso se siga manteniendo. ¿Nosotros hemos desarrollado la Ley de Empleo que ustedes aprobaron -con nuestro apoyo- en el año 2003? Sí que la hemos desarrollado. ¿De dónde se cree que salen las medidas que aprobamos en el mes de abril, que tienen un coste de casi 202 millones de euros y unas aplicaciones concretas en los orientadores que van a ir a las oficinas del paro en nuestro país? Salen de ahí.¿Medidas que tienen unos itinerarios nuevos de cara a la orientación y a la inserción profesional? Salen de ahí.¿Medidas que tienen aportaciones económicas para los parados que quieren sujetarse a realizar cursos de formación en colaboración con las empresas? Trescientos cincuenta euros, que salen de ahí. ¿Medidas que tienen también un mayor apoyo a los parados de mas de 45 años? Salen de ahí. Porque la Ley de Empleo que ustedes sacaron adelante en diciembre de 2003 ha servido de soporte jurídico a

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los temas que estamos hablando. ¿O es que estamos hablando aquí del sexo de los ángeles? No. Estamos hablando de medidas concretas. Lo que ha planteado el ministro hoy son medidas concretas que igual no son suficientes, porque ¿podemos dejar en estos momentos determinados vectores que entran en el desempleo sin cobertura adecuada? Tenemos niveles de subsidio en estos momentos con unas coberturas que seguro que no son las mejores del mundo pero que se han incrementado en los últimos tres años en casi 113 euros. Tenemos unos niveles medios de percepción de desempleo en estos momentos de casi 800 euros. Para eso aprobamos el Iprem a comienzos de la legislatura anterior y para eso aprobamos unos incrementos del salario mínimo interprofesional; no solo para aquellos momentos sino para los de mayor protección. Esas son políticas sociales.
Señor Echániz, deje ya de echarse pegotes, hombre, que parece que nos está perdonando la vida a todos. En el año 2003 las políticas activas del Partido Popular suponían 5.409 millones de euros; en el año 2008 las políticas activas de este Gobierno, con un crecimiento del empleo impresionante y, por tanto, con menos necesidades de políticas activas, constituían casi 8.000 millones de euros, un 46 por ciento de incremento.
Esa es la realidad, igual que el subsidio de los parados. La realidad es mayor atención a nuestros parados y mayor grado de protección. Aparte de eso, cuando vienen mal, intentamos poner mecanismos que permitan insertar al parado en el mercado de trabajo, ¿Cómo? Con ayudas, ¿cómo?, con gente que tutele, con itinerarios nuevos y con formación profesional adecuada.
La formación ocupacional y la continua que ustedes dejaron en el 2003 se ha incrementado en estos momentos casi en el 50 por ciento y eso tiene repercusión en las empresas. Por eso hemos incrementado la productividad a lo largo de estos cuatros años. ¿Suficientemente? No, pero exponencialmente mucho comparado a cómo la dejaron ustedes en aquel momento.


Nosotros consideramos que en estos momentos hay un elemento fundamental.
El Gobierno, ante una situación crítica como la que tenemos desde el punto de vista económico actual, ha introducido mecanismos que intentan mejorar las condiciones de nuestros parados y que intentan buscar su permanencia el menor tiempo posible en la situación de desempleo, a través de itinerarios personalizados vinculados con la formación y con la empresa. Eso lo ha hecho este Gobierno. ¿Se estará desarrollando en estos momentos? Sí, porque si tú pones a 1.500 orientadores en las oficinas de empleo, esas que tanto personal necesitan, lo cual es cierto, hay que contratarlos, hay que contratarlos, pero estarán puestos allí en septiembre; de la misma manera que los mecanismos para que a un parado que se quiera trasladar a una localidad que no sea la suya se le den los recursos suficientes para la movilidad y la compensación desde el punto de vista incluso del alquiler, en algunos momentos, hay que arbitrarlos y hay que poner los condicionantes para ello. Eso se está haciendo.


Además, este Gobierno está impulsando para este tipo de políticas la concertación social y el diálogo social. Creo que han sido dos los portavoces que han dicho que había una cierta parálisis en el diálogo social. No es cierto. Yo alabo la prudencia del ministro de no decir lo que se avanza en el diálogo social. ¿Por qué? Por respeto a quienes están negociando. Sería muy fácil decir hoy: hemos tenido estas reuniones, estas y estas, y tenemos estas posiciones de llegada de manera inmediata.
No. Me parece que eso demuestra que hay un elemento de equilibrio, de ponderación y de respeto. ¿Se está avanzando? Sí. ¿Habrá acuerdo? Seguro que sí. ¿Mejoraremos las condiciones de las políticas activas en estos momentos? Sí. ¿Podremos avanzar? Lo que se pueda con el consenso. Es así como ha venido trabajando el Gobierno a lo largo de estos años y no nos ha ido mal:veinte acuerdos, la mayoría de ellos con una potencialidad desde el punto de vista de protección social impresionante Ya sé que no le gusta, señor Echániz, porque ustedes nos impresionaron sacando un decreto y haciéndonos tener que convocar una huelga general. Nosotros avanzaremos adecuadamente. ¿Hasta dónde llegaremos? Hasta donde podamos tener el mayor grado de concertación, como ha dicho el presidente del Gobierno. En esto del empleo, sumar es más importante que restar; sumar voluntades es lo fundamental. Lo más fácil es destruirlo; lo más difícil es construirlo. Pero construir el empleo se hace dando confianza a los empresarios, planteándoles recursos para que puedan hacerlo y teniendo unas condiciones laborales adecuadas que permitan a nuestras empresas ser competitivas, sin perder las condiciones laborales de la mayoría de nuestros empleados. Hacer esa cuadratura del círculo es muy complicado, y ustedes lo saben también.


Estoy con el señor Campuzano en una cuestión. Me gustaría que el diálogo social fuera rápido y que pudiese ir por delante de muchos acontecimientos. Me gustaría, pero las cosas son como son. Señor Campuzano, creo que la moción que aprobamos en el mes de junio marcaba una hoja de ruta, que es muy importante, pero es una hoja de ruta en la cual no podemos plantear que previsiblemente hay que reformar la Ley de Empleo, esa Ley de Empleo que aprobó el Partido Popular en el año 2003, en los temas de la intermediación. En estos momentos en la Ley de Empleo la intermediación queda sujeta exclusivamente a la actuación de los servicios públicos de empleo. Eso supondría una modificación y algunos elementos de concertación. Ya me gustaría que se pudiese avanzar por ahí, porque seguro que mejoraríamos el nivel de ocupación de nuestros parados.
En cualquier caso, en estos momentos las cosas se están haciendo bien, de una manera prudente, adecuada y sin ser tremendistas. Lo más fácil en estos momentos es vestirse uno con la catástrofe a cuestas e ir vendiendo demagogia por ahí. Sinceramente no creo que esa sea la función del ministro en la comparecencia ni del Gobierno gobernando.


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Una última cuestión para terminar. Al señor Echániz le preocupa la celebración de esta tarde. Seguro que es porque tiene envidia. Usted no puede celebrar nada -¡qué le vamos a hacer!-, ni a los cien días, ni a los doscientos ni previsiblemente a los muchos más días. Cuando usted tenga algo que celebrar, díganoslo que ya le felicitaremos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): El señor Llamazares ha hecho un recorrido en su intervención, ha expuesto algunas de las materias que son motivo de preocupación y también ha formulado algunas preguntas. Podemos convenir que en estos momentos la situación económica ha tenido una aceleración mucho más rápida de lo que era previsible, más profunda e incluso más negativa de lo que todos los indicadores y previsiones hacían pensar hace unos meses. Eso es verdad.
El Gobierno lo ha reconocido y lo han reconocido su presidente, el vicepresidente económico y, por supuesto, no vamos a negarlo. También es verdad que en estos momentos esa situación de complejidad económica, de dificultad económica, está afectando a sectores un poco más amplios que al de la construcción, pero no debemos perder de vista que es el sector de la construcción el que realmente entra en una situación de dificultad considerable que sin duda tiene un efecto sobre los servicios asociados.


Pero constatando también, y por tanto sin negar esa situación de complejidad, hay que reconocer que, en cambio, las exportaciones están yendo mejor y que el sector industrial incluso pone de manifiesto en determinados ámbitos una fortaleza importante. Por tanto, no hay que negar la realidad compleja de la desaceleración profunda, pero paralelamente hay que tener confianza por cuanto que partimos de una situación mucho más potente y más fuerte de la que ha tenido España en otros momentos en los que tuvo que hacer frente a situaciones muy parecidas o incluso diría que peores que la actual.


Respecto a los servicios públicos de empleo, no he venido aquí a decir que tenemos los mejores servicios públicos de empleo de Europa y, objetiva y seriamente, tampoco se puede decir que tenemos estos servicios públicos de empleo por culpa del Gobierno anterior. Yo le preguntaría al señor Echániz si en las comunidades en las que ustedes gobiernan y en las que los servicios públicos de empleo no funcionan, ¿también es culpa del ministro de Trabajo? Cuando uno echa la culpa a los demás también es bueno que de vez en cuando se mire en algún espejo. Volveré a ello.


El señor Llamazares planteaba algunos temas que ya veremos si en el diálogo social se identifican, como es el tema de si la actual legislación que da cobertura a la prestación por desempleo se considera suficiente o tiene que revisarse. En cualquier caso, la situación actual debe dar seguridad y garantía, primero. El señor Membrado ya ha hecho referencia a que en estos momentos tenemos un nivel de cobertura por encima del 84 por ciento. Es decir, los desempleados que hoy han perdido su empleo tienen un nivel de cobertura como nunca lo habían tenido.
Incluso en la medida en que las personas que se incorporan al desempleo en estos momentos vienen de algún sector como el de la construcción donde el salario era alto, esto ha significado que la media de percepción por desempleo haya aumentado. Con el superávit de las cotizaciones -porque históricamente el Servicio Público de Empleo, el INEM, ha tenido un superávit- en estos momentos no va a haber ningún problema para atender las necesidades que el Servicio Público de Empleo va a tener en los próximos meses como consecuencia de que más personas se puedan apuntar al desempleo. Y si llega un momento en el que las cuotas que se pagan para cubrir el desempleo no sean suficientes, sencilla y llanamente el Estado tendrá que hacer las aportaciones correspondientes, como lo hizo históricamente para cubrir ese derecho que tienen las trabajadoras y los trabajadores. (El señor Echániz Salgado hace gestos al orador.) Mire usted, si eso es déficit, es déficit. Y no lo digo por usted; lo digo porque ha salido en el debate. El déficit tiene que preocupar mucho cuando es el resultado de una mala gestión, pero no hay que dogmatizar el déficit si es el resultado de corregir en un determinado momento una determinada situación. Por tanto, no hay ningún problema en cuanto a la preocupación que podría embargar en estos momentos a una persona que se va a encontrar en situación de desempleo. Es verdad que el señor Llamazares hacía otra reflexión más de fondo, como es que tenemos un nivel de cobertura muy alto pero, sin duda, es un proceso en que con el paso del tiempo la gente va perdiendo en cantidad, en porcentaje, y le va quedando menos tiempo para esa percepción. Es evidente estamos en una situación de cambio muy rápido en la que a veces las medidas que se adoptan no tienen tiempo para demostrar su eficacia porque las cosas van a una velocidad importante. Pero en una situación como la actual, sin duda deberemos identificar qué medidas de cambio estructural se tendrán que ir produciendo para el medio y largo plazo. Tenemos que salir de esta coyuntura económica con una situación reorientada para que en el futuro la economía no esté basada en lo que ha estado en los últimos diez años, fundamentalmente sobre la construcción. Nos tenemos que basar en una economía más productiva, con mayor valor añadido, donde la formación tenga un papel importante, etcétera. Pero no nos llevemos a engaño, no vamos a corregir la situación que hoy tenemos y que vamos a tener en los próximos cuatro meses con medidas necesarias de cambios estructurales, que sí vendrán a reorientar a medio y largo plazo. Entonces hay que hacerse una reflexión, ¿qué otra medida se deberá adoptar para resolver la situación de la coyuntura? Es decir, cómo sabes que la coyuntura no la pones en valor de cambio de modelo, de cambio estructural. La coyuntura ayuda en un momento determinado

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determinado a la angustia que se puede producir en personas que pueden acabar perdiendo el empleo, tienen una cobertura, pero a corto plazo, a un año y medio vista, las expectativas no son buenas. Ahí el Gobierno tiene el reto de identificar qué medidas adopta, también a corto plazo, para que la situación de dificultad no sea una situación de angustia.


Las tasas de intermediación están por debajo de lo que sería deseable. En consecuencia, aquí deberemos hacer un análisis de cómo modernizamos los servicios de empleo. El señor Llamazares ha hecho referencia a la flexibilización, la flexibilidad y no sé si de la flexiseguridad ? No me gustan las palabras que se ponen rápidamente de moda sin saber cuál es su resultado final, por tanto, no seré de los que se apuntará a la moda por la moda. Creo que vivimos en una sociedad en la que la flexibilidad es un elemento imprescindible; negarla sería, incluso, negar el futuro. Pero eso de la flexibilidad como sistema, sinceramente, tengo serias dudas de que sea la solución. Es más, si nos atenemos a los resultados, yo creo que en España si hay un sector que es flexible es la construcción. No conozco ningún sector más flexible que la construcción; y en el que se han perdido más empleos; por tanto, ¿qué quiere que le diga? No tiene nada que ver con la flexibilidad, tiene que ver con otros factores que ahora serían largos de analizar y que todos sabemos: un cambio de ciclo; hipotecas de doce años a cuarenta, intereses del 2 por ciento, hipotecas del 120 por ciento respecto del valor del bien inmueble, y por tanto fijación más de la cuota del mes que del precio final del producto localización de muchos dineros para inversiones especulativas a corto plazo... Estos son los factores que hoy colocan a ese sector en problemas. Yo repito y repetiré que la situación que tenemos no tiene un origen laboral. Sería absurdo en este momento intentar buscar en la cuestión laboral el problema. Con esto no niego que se hayan de tomar medidas, pero no podemos mirar solo a ese lugar.


Señor Echániz, hoy en día las cosas están muy repartidas para lo bueno y para lo malo. ¿Sabe usted cuál es una de las comunidades donde está creciendo más el desempleo? En la que tiene la sede el Congreso de los Diputados: Madrid. ¿Sabe usted quién es el responsable directo de los desempleados que buscan trabajo? No es el ministro de Trabajo. Hasta ahí le supongo a usted conocedor de la legislación, porque sería grave que fuese usted un desconocedor de la misma y llegara a la conclusión que yo admito, que los parados me los pongan en mi haber, pero en este país el que menos competencia tiene sobre políticas activas es el ministro de Trabajo. (El señor Echániz Salgado: Pero en economía sí, ¡por Dios!) Pero yo no soy el ministro de Economía. Por tanto, usted convendrá conmigo que también sería injusto llegar a la conclusión de que toda la culpa en estos momentos del fuerte desempleo de Madrid la tiene la señora Aguirre.
En todo caso, puestos a repartir culpa, ¿le parece a usted que nos quedemos al 50 por ciento? Es decir, la mitad para su Gobierno y la otra mitad para mí.


Señoría, respecto al tema de los servicios públicos de empleo, seguramente ha habido una evolución. Han ido mejorando; mejoraron durante la pasada legislatura y deben seguir mejorando en el futuro. Sin duda tenemos que afrontar retos sobre cómo somos capaces de dotarnos de unos servicios públicos de empleo que sean útiles, que cada día sean mejor referente del desempleado y del empleador; cómo puede intermediar; cómo puede recolocar a los parados, y también -el señor Membrado hacía una referencia en este sentido- cómo somos capaces de abrir la visión de la utilización de todo lo que la propia sociedad nos muestra. Mi reflexión en este sentido es que el objetivo en el que tenemos que trabajar es que todo desempleado esté el menor tiempo posible buscando empleo. Ese es el objetivo, y a partir del mismo hay que ponerse a trabajar en la dirección de hacerlo posible, pero colocando las cosas en su lugar. Esto es, que el Estado no tiene competencias en materia de políticas activas de empleo, y aquí hay una disfunción que, si es posible, hay que superar rápidamente. Que no haya dos visiones sobre el desempleado; si es política pasiva no es mía, por tanto, es del Estado, y si es política activa, es mía. Es decir, ver cómo somos capaces de tener a partir de ahí, con un sistema bien coordinado, una sola política global que unas políticas activas y políticas pasivas, y en definitiva saquemos el máximo provecho a la propia suma de políticas.


En cuanto al INEM, ya he referenciado en mi primera intervención que en estos momentos es verdad que se ha producido una situación como consecuencia del aumento del desempleo y que se están contratando algo más de 1.400 personas. Por tanto, se va a producir una mejora, de manera especial en la Comunidad de Madrid, donde han empezado 100, ya que, como consecuencia de ser una de las comunidades españolas en la que mayor número de desempleo se está dando, es lógico que esto se refleje justamente en las oficinas del INEM de Madrid. Para corregir esa situación, el ministerio ha llevado las primeras 100 personas contratadas.


Señor Echániz usted ha hecho un relato de lo perversos y lo malos que somos, de lo mal que lo hacemos, pero yo respecto de usted solo puedo intuir lo que haría si tuviera responsabilidades de Gobierno en función de lo que hizo ante una situación de este tipo. Ante una situación de este tipo, porque una cosa es la crítica y otra es que usted no ha dicho ni una sola propuesta de qué es lo que haría -mientras usted no sea capaz de proponer, yo tengo que presumirlo aun a riesgo de equivocarme-, usted haría un decretazo con un artículo uno para la congelación salarial. Esto es algo que está escrito en los manuales del pensamiento neoconservador y neoliberal. Solución número uno, congelación salarial. Artículo dos del decreto, rebajar el Estado de bienestar. Lo vivimos ya con el señor Montoro y lo volveríamos a vivir con usted. El artículo tres iría encaminado a vender el patrimonio del Estado, el patrimonio público para dedicarlo

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a privatizar determinadas cuestiones. Esto es lo que ustedes harían (Un señor diputado: Y lo que hicieron.) y lo que nosotros no vamos a hacer; ténganlo claro. No vamos a congelar los salarios, y mucho menos los salarios más bajos; no vamos a congelar las pensiones, y mucho menos las más bajas; no vamos a rebajar el Estado de bienestar porque me atrevería a decir que tenemos el Estado de bienestar bueno pero justo, no para rebajarlo; y evidentemente no vamos a privatizarlo todo por apuntarnos al pensamiento de que en el mercado está la solución. Había un determinado régimen que decía: en el partido está la disciplina y en el mercado el bienestar. No nos apuntamos a ello.


Su herencia, el 11 por ciento de paro. ¿O es que ya no lo recuerda? Cobertura del desempleo, algo más del 50 por ciento; actualmente el 84.
Salario mínimo, congelación y bajo mínimos. Nunca mejor dicho, salario mínimo bajo mínimos. Pensiones, las mínimas y con un crecimiento pequeño.
Bajaron impuestos, como no podía ser de otra manera, a quienes tenían que pagar más impuestos. Esa es la situación que nosotros heredamos.
Compárela usted con la situación de hoy. Hoy tenemos más de 19 millones de personas afiliadas a la Seguridad social, tres millones de personas más que en el año 2004. Tenemos por tanto una cobertura del salario del 84 por ciento, muy superior a la que teníamos antes, pero eso, señor Echániz, hay que decirlo sin triunfalismos, reconociendo que la situación tiene complejidad, no la pongamos en ese nivel de dramatismo en el que ustedes suelen poner las cosas. Ustedes son apocalípticos y yo les recomendaría que en ese viaje al centro dejen el apocalismo para otra época porque les ha dado muy poco resultado en 30 años de democracia de este país. Solamente tuvieron la oportunidad de gobernar ocho (El señor Echániz Salgado: ¡Los mejores!). Los mejores, sí, sobre todo los mejores para ustedes que fueron los únicos ocho años en 30 que han podido gobernar. Pero los electores, que tienen siempre sabiduría, llegaron a la conclusión rápidamente de que ustedes donde mejor se encuentran es en la oposición y allí les mandaron para largo tiempo. Por tanto, en lugar de darnos tantos consejos, mírense a ustedes mismos porque todavía tienen mucho camino que recorrer para un día volver a ser depositarios de la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos. En síntesis, sobre este particular, no le quitamos ni un ápice de complejidad, pero tenemos la firme y la segura convicción de que de esta situación vamos a salir y vamos a salir bien. Por medio tendremos que aceptar todos que habrá unas dificultades objetivas, que nos tendremos que apretar el cinturón en muchos aspectos, que vendrá seguramente un tiempo de ciertas turbulencias, pero antes de esa situación es el momento de rearmarse para salir adelante y resolver los problemas. Lo vamos a hacer con diálogo social, lo vamos a hacer con diálogo con la sociedad y lo vamos a hacer gobernando, como no podía ser de otra manera.


Señor Campuzano, respecto a las cinco líneas que ha planteado en su intervención sobre estas materias, tengo que reconocer que en muchas de ellas hay coincidencia y en otras deberemos seguir profundizando. Usted plantea algunos temas que creo que son más que asumibles y vamos a trabajar en ellos inmediatamente. Comparto su análisis de los servicios públicos de empleo. Yo no quiero ser dogmático en este sentido, pero tampoco quiero hacer movimientos pendulares; es decir, esto no funciona, por tanto nos vamos al otro extremo. Creo que hay que hacer un análisis para ver cómo somos capaces de ir evolucionando en unos servicios públicos de empleo importantes.


En cuanto a la productividad y todo lo que se tiene que vincular al tema salarial, entiendo que es un tema en el que habrá que hablar y profundizar más, pero sobre todo es un tema al que el Gobierno le da mucha importancia, al acuerdo y al diálogo social. Entendemos que la soberanía popular reside en este Parlamento, no reside en otro sitio, pero no podemos dejar de reconocer la importancia que tienen en nuestro país las organizaciones sociales, máxime cuando reiteradamente han dado ejemplo de una altísima responsabilidad. Por tanto, nosotros tenemos que ser corresponsables en el sentido de no defraudar, sobre todo cuando se han adquirido algunos compromisos. Coincido absolutamente con usted en que la ayuda a los emprendedores y a los autónomos ha de ser una apuesta decidida. Una gran parte del empleo que se cree en este país en el futuro ha de venir por esa vía, por los emprendedores y por los autónomos.
Tenemos que trabajar en el tema de los jóvenes, puesto que estamos en una tasa de desocupación por encima de la medio europea y, por tanto, lejos del objetivo de la estrategia de Lisboa. Por lo que se refiere a los traspasos a las comunidades autónomas, será en el marco de lo que está establecido en los diferentes estatutos y en el marco de la comisión bilateral. Seguiremos trabajando y espero que vayan resolviéndose poco a poco los problemas que puedan aparecer.


Finalmente, agradezco al señor Membrado su análisis, acertado de la situación y también las propuestas que ha hecho en su intervención.
(Aplausos.- El señor Echániz Salgado pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Echániz, le rogaría brevedad porque llevamos cinco horas de comparecencia. No lo digo por mí, yo hasta la siete no tengo prisa, pero imagino que los demás sí.


Tiene usted la palabra.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: No se preocupe, señor presidente, acabaré antes de las seis de la tarde.


En primer lugar, quería poner de manifiesto que el portavoz socialista y el ministro han visto aristas en mi intervención y no les ha gustado.
Afortunadamente, no es el Grupo Socialista ni es el Gobierno el que configura el discurso del principal grupo de la oposición. Señor ministro, yo no he venido aquí a darle consejos, mi labor no es ser su consejero, ya tiene usted asesores y consejeros en el ministerio y tiene un Gobierno para ello. Mi

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labor democrática es la de control del Gobierno y en este momento, con las cifras de paro que tenemos, que es el principal problema de los españoles, mi obligación, como portavoz de Trabajo del principal grupo de la oposición, es decirle lo que está ocurriendo en este país, porque usted, a raíz de su intervención y de su análisis, no sabe todavía lo que está pasando. Yo sé que al Partido Socialista le encantaría hacer el discurso de la oposición, el discurso del Partido Popular, pero no nos lo van a hacer. Durante todo el tiempo que esta sangría de paro continúe en este país, vamos a seguir haciendo un discurso beligerante para que el Gobierno sea capaz de tomar medidas que beneficien a los españoles en materia de empleo. Y no se equivoque, señor Corbacho, esta comparecencia no es para que yo ponga encima de la mesa mis iniciativas. Yo las pondré donde tengo que ponerlas, a través de proposiciones de ley y de proposiciones no de ley, en Comisión y en Pleno, y las someteré a votación de todos los grupos. La comparecencia de hoy es para que usted dé explicaciones de lo que está pasando en materia de cumplimiento de acuerdos sociales previos, y lo que yo puedo constatar, así como todos los diputados en la mañana de hoy, es que se han incumplido los acuerdos de hace dos años y que hay un nuevo compromiso de diálogo social que no sabemos si solo se va a quedar en la foto como consecuencia de que los anteriores no han servido para nada y de que los resultados de las reformas adoptadas, como usted ha dicho, en la legislatura pasada han sido muy decepcionantes, como la reforma de la Seguridad Social o del mercado de trabajo, y si no mire usted la situación que tenemos en este momento. Lamento que no le guste mi discurso, pero este es el discurso de la oposición y el que vamos a seguir haciendo en beneficio de todos los ciudadanos españoles que están perdiendo el empleo.


La segunda cuestión que le tengo que decir es que se han pasado cuatro años hablando de lo que no importaba a los españoles y ahora denuncian falta de discurso tranquilo y constructivo por parte de la oposición.
Ahora nos dicen que esto es muy serio. Que era muy serio se lo decíamos nosotros, pero no ahora sino hace un año. Por tanto, bienvenidos, señor ministro y señores del Grupo Socialista, a los temas serios de este país, aunque haya tenido que ser a través de este aterrizaje forzoso por la situación que ustedes han planteado en nuestro país. Dicen que ahora hay mayor cobertura por gasto de desempleo. ¡Faltaría más! Si es que el Partido Socialista es el partido del desempleo, es el partido de los parados y, por tanto, cuando gobierna el Partido Socialista hay más prestaciones por desempleo. (Rumores.) Miren las tablas de los últimos treinta años que decía el señor Corbacho, miren cuándo menos prestaciones por desempleo han sido necesarias y cuándo más. Ustedes son el partido del paro. (El señor Membrado Giner: Es porcentual.) Le voy a decir un argumento adicional si me deja S.S. ¿Con qué dinero se pagan las prestaciones por desempleo? Con la riqueza que genera un país. Con el desempleo creado, con la destrucción de empleo, ¿con la destrucción de empresas que está habiendo, con la crisis económica. (Rumores.) ¿ustedes creen que va a haber recursos para poder seguir haciendo políticas de empleo y de bienestar social en nuestro país? Desgraciadamente no. El ministro ha puesto de manifiesto que no hay que ser dogmático con el déficit. Ha dicho reiteradamente que no hay que ser dogmático con el déficit. ¿Usted sabe, señor Corbacho, que el déficit es más gasto que ingreso y que eso genera deuda? ¿Que la deuda hay que financiarla y que el coste de la deuda está ahora mismo por encima del 5 por ciento? ¿Sabe usted que financiar la deuda por encima del 5 por ciento va en contra precisamente de las medidas económicas y que retroalimenta la crisis? ¿Cómo que no es importante el déficit público? ¿Cómo que no es importante la reducción del gasto público hasta un nivel razonable? Señor ministro, nosotros vamos a seguir denunciando esta situación porque es lo que les interesa a los españoles.


Decía que se preocupaba porque probablemente yo sentía envidia por la celebración de los cien días. Por cierto, no son cien días, son cuatro años y cien días, porque la herencia que tenemos (Rumores.) no es de otro Gobierno. Yo sé que les gustaría decir que es de otro Gobierno previo, pero no, es del Partido Socialista. Por tanto, no se preocupe por la envidia que yo pueda sentir; me preocupo sencillamente -y preocúpese usted también, señor ministro- por la envidia que pueden sentir los españoles que ven cómo ustedes se gastan el dinero esta tarde en celebrar la situación de nuestro país cuando ellos en muchos casos no tienen dinero ni derecho de trabajo, de vivienda o de bienestar social.


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Muy brevemente. Como autores de la iniciativa de petición de comparecencia del ministro ante esta Comisión, queremos terminar recordándole la necesidad del cumplimiento de los acuerdos que los sindicatos reclaman como un cumplimiento urgente, incluso antes de la adopción de las medidas recientemente aprobadas por el Gobierno frente a la crisis, pues hay acuerdos que vienen ya de antes. En segundo lugar, quiero instarle a adoptar nuevas medidas. Creemos que las actuales son insuficientes para la gravedad de la crisis y su impacto laboral y deben ser adoptadas con urgencia y hacer compatible el diálogo social y la participación política de esta Cámara. Eso debe ser así. Se ha hecho en otras ocasiones y no hay ninguna razón para que no lo hagamos en este momento, es decir, para que demos la mayor fuerza a las medidas por que sean las necesarias, por que tengan apoyo social y por que cuenten con la participación democrática de la representación del Parlamento.


Quiero darle la bienvenida a una reflexión que ha hecho en relación con las políticas neoliberales ante la crisis. Deduzco de su intervención que de flexibilización laboral, nada. Ha dicho mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, no a ningún recorte en materia de

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salarios y materia laboral. Deduzco, por tanto, ese compromiso del Gobierno. Por otra parte, deduzco también un compromiso del Gobierno de mantenimiento del Estado de bienestar y del gasto social. Eso significa gasto pero también ingreso, política fiscal progresiva. Y una referencia que me ha parecido de lo más interesante: la política de privatizaciones.
¿Eso quiere decir que el Gobierno paraliza la privatización de Renfe-Operadora y de AENA? Es una pregunta que me queda a raíz de la intervención del señor ministro, porque recientemente ha sido una posición expresada por el Gobierno y nosotros hemos mostrado nuestro desacuerdo al igual que los propios sindicatos.


Termino, para no sacralizar el déficit. En períodos de cambio de ciclo económico y en una depresión, o recesión como la que vivimos no hay que sacralizar el déficit, hay que saber utilizarlo para lo importante.
Seguramente algún grupo parlamentario considera que lo importante es la subvención a la empresa. En nuestra opinión, lo importante sería la iniciativa pública, en este caso también, para cambiar el modelo de desarrollo y veremos cuál es la naturaleza de ese déficit para posicionarnos con respecto a él.


El señor PRESIDENTE: Señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Muy rápido, para hacer unas puntualizaciones a una intervención anterior del señor Echániz que me parece que tienen una cierta gravedad. Ha hecho la afirmación de que con la ley truncada que no pudo salir, los socialistas lo que queríamos era utilizar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para invertir en Bolsa. Creo que nadie que tenga un poco de sentido común puede hacer caso a lo que dice el señor Echániz, pero por si hay alguien que no se ha enterado aquello fue un proyecto de ley que tenía un objetivo determinado que era incrementar la participación en actividades inversoras muy limitado, con unas condiciones equis y que se subían, me parece, un 6 por ciento más de lo que actualmente permite la propia ley. Aquello no pudo salir adelante aunque teníamos el apoyo de la mayoría de los grupos de la oposición porque no queríamos hacerlo en contra del Partido Popular, que iba a utilizar demagógicamente el mismo argumento que el señor Echániz en cualquier foro. ¿Cuál es nuestra sorpresa en estos momentos? Que en el Pacto de Toledo el portavoz del Partido Popular nos ha pedido que presentemos aquella ley porque podemos sacarla adelante y llegar a acuerdos, porque no era tan mala. Como el señor Echániz seguramente no se ha enterado, le hago un favor para que no vaya haciendo el ridículo si hace estas afirmaciones y su partido está haciendo lo contrario.


La segunda cuestión que le quería plantear es también sobre la reforma del mercado de trabajo. Señor Echániz, la que se planteó por acuerdo con los sindicatos, desgraciadamente, solo ha podido conseguir una reducción de la temporalidad en 4,8 puntos. Seguramente si hubiésemos tenido una situación mejor desde el punto de vista económico, hubiésemos podido rebajar en no mucho tiempo al 25 por ciento la tasa de temporalidad, que es nuestro objetivo. No lo hemos podido conseguir pero aquello, indudablemente, está teniendo unos efectos que estoy seguro de que lo veremos sujeto en el tiempo.


En cuanto al déficit que parece que usted lo está denostando, ya lo podían haber denostado cuando gobernaban. Nosotros hemos tenido que rebajar el déficit público en 14 puntos a lo largo de estos cuatro años.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar, tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Brevemente, señor presidente.


Le pediría al señor Echániz un poco más de confianza, si no ya en nosotros, al menos en usted. Descalifica el diálogo social anterior y ya incluso duda de la eficacia del futuro. Del diálogo social anterior nacieron muchos acuerdos muy positivos. Del programa del Gobierno anterior, fruto de ese diálogo y también de la acción parlamentaria, nacieron muchas partes normativas responsabilidad de este ministerio.
Unas, evidentemente, se llevaron a término y otras están pendientes de desarrollo. Y contesto también al señor Llamazares. En principio, este ministro hace suyo de la A a la Z todo lo que conformó el diálogo social de la pasada legislatura, que en muchos aspectos y en muchas cosas está pendiente de desarrollar. Por tanto, no solamente lo hago mío sino que lo pongo en prioridad.


Espero que paralelamente se vayan desarrollando estas medidas que vienen del diálogo social anterior y deseo que se pueda hacer una firma del diálogo social antes de la finalización de este mes, para que paralelamente puedan desarrollarse con aquellas que se hayan identificado de cara al futuro.


En cuanto al déficit, señor Echániz, repito, que hay que tener control del gasto, sobre todo del gasto corriente, de aquel que en principio no es generador de una actividad productiva, pero tampoco hay que sacralizarlo.
Yo sé que ustedes lo han sacralizado. Yo recuerdo cuando el señor Montoro hablaba del déficit cero, de la estabilidad presupuestaria y de unas políticas ciertamente duras que tuvieron sus impactos negativos en el Estado del bienestar, sin duda. Hay que hay que tener una política económica rigurosa, hay que controlar el gasto de las administraciones públicas, pero en un momento determinado, ante una determinada dificultad, no pasa absolutamente nada si uno genera generar algo de déficit.


Señor Llamazares, es mi voluntad política dar continuidad a los acuerdos que emanan del anterior diálogo social y hacerlos compatibles con la flexibilización laboral. Usted me hace una pregunta desde la desconfianza. Yo creo que usted llega a una conclusión: me suena bien la música, lo que dice el ministro en este tema, pero no me acabo de fiar del todo. A continuación

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me expone dos cosas que yo responderé y no sé si estará de acuerdo conmigo. Yo no soy de los que sacralizan el mercado ni de los que entienden que en el mercado está todo el mal de la humanidad, ninguna de las dos cosas. Yo sé distinguir siempre entre los objetivos y los instrumentos y me preocupan más los objetivos que los instrumentos, y depende del servicio que queramos prestar. Nunca pondría en manos del mercado los derechos de las personas, y mucho menos de los más débiles, pero no me importaría que una prestación de un servicio la hiciera el mercado si con eso consigo mejor prestación del servicio, más rentabilidad y ahorro económico. Por tanto, no comparto esa reflexión de que hay cosas que porque sean públicas parece que estén obligadas a serlo per se y si las externalizamos en un momento determinado ponemos en riesgo no sé qué. La sanidad tiene que ser pública, la educación también, la garantía de las pensiones también, hay elementos que es fundamental que sea el sector público, independientemente de la economía, el que los garantice. Pero, ¿cómo se llega a un aeropuerto y cómo se gestiona un aeropuerto? Lo mejor posible, y si puede ser lo más económicamente posible. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben.) A partir de ahí, ¿tenemos que negar la posibilidad de gestionar un aeropuerto con la participación, por ejemplo, de las propias administraciones locales o de la propia Administración autonómica, si llegara el caso (El señor Llamazares Trigo: Eso sigue siendo público.), y en su consecuencia, por qué no decirlo, incluso con una participación inferior a lo mejor de determinados sectores? Pues desde su punto de vista no lo sé, pero no me lleve usted a ese terreno porque le repito que no creo en el modelo estatalista, que en todo caso ya nos llevó a donde nos llevó, y tampoco creo en el mercado absolutamente neoliberal, que pone toda la suerte en el mercado.


Creo más en una situación en la que, repito, los derechos de las personas están garantizados por el sector público y la economía gestionada desde el sector público y con el concurso, en muchos aspectos, del sector privado.


El señor PRESIDENTE: Después de cinco horas largas de comparecencia, agradezco al ministro su trabajo y a todos ustedes les deseo muy buenas vacaciones.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde.

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