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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 29, de 27/05/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 29
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 2 elebrada el martes 27 de mayo de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro de Interior (Pérez Rubalcaba), para informar sobre:

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000007.)... (Página 2)

- Los objetivos y programa de trabajo del ministerio durante la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000049.)... (Página 2)

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- Las medidas políticas que adoptará como responsable de su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/00007.)... (Página 2)

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000024.)...
(Página 2)

Se abre la sesión a las diez de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la sesión de la primera reunión ordinaria de la Comisión de Interior y doy la bienvenida a todos los señores diputados y señoras diputadas, a los que deseo acierto en su trabajo. También quiero dar la bienvenida y agradecer al ministro del Interior su presencia en esta Comisión.


Vamos a tramitar de manera conjunta, como saben, las cuatro solicitudes de comparecencia del ministro del Interior -a petición propia y a petición de tres grupos parlamentarios- para informar de las líneas generales de su departamento al comienzo de esta IX Legislatura. Como es costumbre y regla, intervendrá en primer lugar el señor ministro y seguidamente los turnos serán de los grupos que han solicitado la comparecencia, por orden de menor a mayor, y después de los demás grupos, por el mismo orden.


Tiene la palabra el ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Señoras y señores diputados, comparezco en esta Comisión a petición propia y también del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista para presentar las líneas generales de actuación del Ministerio del Interior. Lo hago tras más de dos años al frente del ministerio, en los que he tenido la oportunidad y el privilegio de gestionar la política de seguridad del Gobierno. Tengo así la posibilidad de prolongar el honor de dirigir la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aunque tendré ocasión de referirme a ello más adelante, quiero expresar, en estas mis primeras palabras, mi satisfacción por la forma en que cumplen su misión constitucional, que no es otra que la de proteger el libre ejercicio de los derechos y de las libertades y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos.


Inicio esta nueva legislatura reafirmando el compromiso que hice en su momento en esta Comisión hace algo más de dos años. Trabajaré -dije entonces- con el objetivo de que España sea cada día un país más seguro para que los ciudadanos puedan ejercer todos los derechos que la Constitución nos reconoce; más seguro para que los españoles podamos disfrutar plenamente de nuestra libertad; más seguro, en fin, para que en nuestro país se pueda vivir sin ningún tipo de miedo. La seguridad de los ciudadanos y de nuestras instituciones, en definitiva, la seguridad de la nación es, sin duda, la primera gran tarea en la que debe empeñarse el Estado. Así lo expresa claramente nuestra Constitución en su preámbulo cuando proclama que la nación española desea establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran, garantizando la convivencia democrática, el Estado de derecho y la protección a todos los españoles. Nuestra tarea, señorías, no es otra que trabajar para que los ciudadanos vivan en libertad, con derechos, con dignidad y sin miedo. Digo sin miedo, porque no solo tenemos que luchar contra los elementos objetivos que generan sufrimiento a las personas; también tenemos que ayudarles a sentirse más seguros, más confiados.
Proteger, o lo que es lo mismo, amparar y defender a los ciudadanos, a mi juicio, es uno de los más altos objetivos del Estado.


Señorías, nuestro mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa.
También nuestro país se ve afectado por estos cambios. Cambios que condicionan, cómo no, también la política de seguridad. El antiguo concepto de seguridad, limitada a la seguridad policial y/o militar y especialmente referida a la seguridad de los Estados, ha quedado obsoleto. Naciones Unidas, desde hace décadas, viene impulsando un nuevo concepto de seguridad; la seguridad entendida como seguridad de las personas. En este nuevo escenario siguen presentes las tradicionales demandas de seguridad, como la lucha contra el terrorismo o la criminalidad tradicional. Siguen existiendo prioridades como la prevención y la protección de conductas contra los colectivos de riesgo: las mujeres, los niños o las personas mayores. Pero a estos riesgos, llamémoslos tradicionales, se han venido a sumar recientemente algunas graves amenazas para nuestra seguridad nacional. Me refiero al terrorismo internacional, a la criminalidad organizada, a los grandes movimientos de inmigración ilegal, al tráfico de armas de destrucción masiva o a las catástrofes medioambientales, entre otras. Para afrontar propiamente estas amenazas, para reducir nuestras vulnerabilidades no podemos trabajar solos; los retos y los riesgos son comunes, y las respuestas también deben serlo. Contamos con nuestros vecinos y aliados, contamos con las instituciones europeas, contamos con

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nuestras propias instituciones, contamos con ventajas tecnológicas que hace tan solo décadas eran impensables, y contamos, como siempre, con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los desafíos son de tal magnitud que solo se les puede hacer frente desde el conjunto de las instituciones del Estado, poniendo en común objetivos y recursos para afrontar con eficacia tanto las tareas de prevención como las de intervención.
Justamente, esta es la razón por la que el Gobierno ha considerado necesario elaborar una estrategia nacional de seguridad que, en este contexto, se ha convertido en una exigencia y una tarea ineludible para que nuestro futuro colectivo sea más seguro, tal y como anunció el presidente del Gobierno en el debate de investidura. Es evidente, señorías, que la elaboración de una estrategia de esta naturaleza desborda con mucho la acción de un solo departamento. Su definición debe corresponder al trabajo coordinado de una buena parte de los actuales ministerios. Sin embargo, es igualmente cierto que una buena parte de las actuaciones y de los recursos, tanto presupuestarios como humanos, implicados en una estrategia de este tipo ha de proceder del Ministerio del Interior. Es por ello por lo que quisiera que esta comparecencia se percibiera enmarcada en esa estrategia nacional de seguridad, que el Gobierno deberá traer a esta Cámara de acuerdo con los compromisos establecidos por el presidente, a los que me acabo de referir. Porque la definición de cualquier estrategia de seguridad debe descansar sobre algunas premisas básicas. En primer lugar, en un análisis riguroso de los riesgos, de las amenazas y de nuestras vulnerabilidades; en segundo término, en un análisis y una evaluación de nuestras fortalezas y debilidades frente a los mismos, en una precisa definición de cuáles son nuestros objetivos y prioridades estratégicas, en la determinación de nuestras capacidades y, finalmente, en la coordinación y planificación de esfuerzos por parte del Gobierno de la nación, del resto de las administraciones públicas y, en su caso, del sector privado. Para el Ministerio del Interior es evidente que el objetivo sigue siendo el mismo de siempre: hacer que España sea de día en día un país más seguro frente a todas las amenazas. Y cuando digo España, me refiero, claro está, al conjunto de los ciudadanos que viven en nuestro país y a sus instituciones: más seguros frente al terrorismo y el crimen organizado; más seguros en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en nuestros hogares; más seguros al circular por nuestras carreteras; más seguros y protegidos frente a los riesgos inherentes al medio en el que los ciudadanos se desenvuelven, que pueden provenir de catástrofes o desastres naturales, climáticos, de accidentes, de catástrofes de carácter industrial, nuclear, etcétera; más seguros, en definitiva, para que, tal y como he referido, los ciudadanos disfruten y ejerciten libremente los derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución.


He organizado esta intervención, señorías, siguiendo precisamente este esquema. En primer lugar, les hablaré de las amenazas, de los desafíos y los riesgos a los que nos enfrentamos, junto a las estrategias para combatirlos, y seguidamente analizaré los instrumentos y recursos que tenemos para hacer frente a esos riesgos. Lo haré en cualquier caso con un grado inevitable de generalidad, para no alargar en exceso esta primera intervención ante la Comisión, y también porque sin duda muchas de las iniciativas a las que me voy a referir a continuación serán objeto de estudio y debate en el seno de esta misma Comisión a lo largo de la legislatura que estamos comenzando.


Creo que todos los grupos parlamentarios podríamos estar de acuerdo en que, como ya he dicho, España comparte amenazas, desafíos y riesgos con los países de la Unión Europea, aunque no solo con ellos. El terrorismo interior e internacional, el crimen organizado, la inmigración ilegal, la inseguridad ciudadana, las catástrofes naturales y la inseguridad vial son posiblemente las preocupaciones más acuciantes en la mayoría de los países del mundo, también para nosotros. Me referiré a ellos exactamente en el orden en el que los he mencionado.


Desgraciadamente, señorías, los españoles llevamos décadas sufriendo el terrorismo. Hace tan solo dos semanas ETA volvió a matar. Esta vez asesinó a otro guardia civil, a otro servidor público, Juan Manuel Piñuel, al que me gustaría, en primer lugar, rendir homenaje; rendir homenaje a un guardia civil, a un trabajador, a un padre de familia, a un ser humano y, con él, a todas las víctimas del terrorismo salvaje, de la locura de quienes integran ETA, una organización criminal, una organización de malhechores. También me gustaría rendir homenaje al resto de las víctimas del terrorismo, de cualquier terrorismo. Todas ellas, como diré más adelante, deben ser objeto permanente de nuestro recuerdo y de nuestro homenaje.


Señorías, hace ya más de un año que ETA decidió reiniciar su trayectoria brutal de crímenes y de violencia. Al hacerlo, al desaprovechar una vez más la oportunidad que le brindaba la democracia, dejó claro su único destino: poner fin a la barbarie criminal definitiva e incondicionalmente. Vengo sosteniendo que si miramos la lucha de la democracia contra el terrorismo con perspectiva, si echamos la vista atrás, debemos concluir que hoy ETA está más débil que nunca, de la misma forma que el Estado está más fuerte que nunca. Pero que nadie me entienda mal. Nos pueden hacer mucho daño todavía; nos lo han hecho, y de qué manera, hace tan solo algunos días. Pero hoy sabemos, señorías, todos, también ETA, que su final está escrito, que no alcanzarán jamás ninguno de sus objetivos políticos mediante la violencia. El Estado, es decir, la democracia, ganará y será ETA la que más pronto que tarde tendrá que desistir. Como dijo el presidente del Gobierno en el Pleno de investidura, gracias a la democracia hoy ETA está más débil que nunca.
Las últimas detenciones de importantes miembros de la banda terrorista la pasada semana debilitan aún más a la organización. Es conocido que la dirección de ETA es colegiada. También lo es que no todos sus miembros tienen el mismo ascendiente. Pues bien, Francisco Javier

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López Peña era uno de los miembros de la dirección de ETA con más ascendiente, quizá por su veteranía y con toda seguridad por su radicalidad. Su detención, pues, debilita la banda, pero -insisto- ETA conserva capacidad para hacer daño, mucho daño, aunque nunca podrá alcanzar ninguno de sus objetivos. Sostengo que el Estado está más fuerte que nunca, entre otras cosas, porque hemos mantenido una estrategia coherente cuya lógica ha sido siempre la misma: fortalecer al Estado y debilitar a ETA. Tenemos más policías y más guardias civiles que nunca formados e informados como no lo han estado nunca. Tenemos unas leyes y unos tribunales más eficaces que nunca; unos tribunales que hacen cumplir unas leyes que, por cierto, no se han cambiado desde hace años; unos tribunales que, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nunca han dejado de trabajar. Tenemos la mejor cooperación internacional que hemos tenido nunca, empezando por la cooperación con Francia, y ETA está más acosada que nunca; acosada policialmente, aislada social y políticamente. Pero repito, nos pueden hacer mucho; de hecho, nos los acaban de hacer, pero nunca ganarán. En este sentido la ruptura de la última tregua, como sucedió con las anteriores, no ha hecho sino acelerar su final. Sabemos, señorías, que ETA es mucho más que sus comandos. ETA pone bombas y asesina, pero también intenta hacer política, trata de relacionarse internacionalmente y persigue el desarrollo de movilizaciones sociales. En ETA coexisten jóvenes dedicados a la lucha callejera con presos, refugiados e integrantes de comandos. En todos estos ámbitos el Estado debe estar para combatir a ETA y en todos estos ámbitos lo estamos haciendo. Esa ha sido y esa será nuestra estrategia.
Para seguir adelante con ella, para mejorarla si es preciso, hoy pido el apoyo a todos los grupos de esta Cámara, porque si algo hemos aprendido en estos años, muchos años ya de lucha contra ETA, es que juntos somos más fuertes, que la unidad, señorías, nos fortalece.


Otra importante amenaza la constituye el denominado terrorismo internacional. Desgraciadamente, los españoles conocemos muy de cerca el daño y el dolor que pueden llegar a infligir algunos fanáticos en nombre de una distorsionada y radicalizada visión de su fe religiosa. Son muchas las redes y grupos extremistas que promueven el terrorismo, sustentándose en una pretendida justificación religiosa y con una ambición común: causar el mayor número de muertes posible. Nuestra estrategia para abordar la amenaza del terrorismo internacional es compartida en la Unión Europea y se articula en torno a cuatro tipos de acciones: la prevención, la persecución, la protección y la preparación. En primer lugar, prevenir los atentados a través de la lucha contra la radicalización de las personas, combatiendo las desigualdades y la discriminación que pudieran favorecerla. Prevenir también a partir del debate ideológico, del rechazo de las ideologías extremistas que justifican la violencia y de la colaboración con las comunidades musulmanas que descalifican las interpretaciones radicales y fanatizadas del Islam. En segundo lugar, perseguir a los terroristas y a sus cómplices mediante la actuación de las Fuerzas de Seguridad, de los servicios de inteligencia y la cooperación internacional. En tercer término, proteger los lugares en los que el terrorismo internacional acostumbra a cometer sus atentados: estaciones, aeropuertos, transportes. Asimismo, proteger a los ciudadanos mediante un control más exhaustivo de nuestras fronteras. Prepararnos, en fin, para hacer frente a las acciones terroristas, aprendiendo de las experiencias desgraciadamente existentes, y siempre, como en el caso del terrorismo de ETA, buscando el acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque prevenir y erradicar el terrorismo en España y en cualquier otro país del mundo es siempre un objetivo de Estado.


Señorías, a la hora de describir estas amenazas no puedo olvidar a aquellos que las han sufrido directamente, me refiero a las víctimas del terrorismo. Todos los grupos que aquí representamos la soberanía nacional sabemos y compartimos que la fortaleza y la superioridad ética de la lucha de los demócratas contra el terrorismo, la fortaleza de nuestra acción política, judicial, policial y social frente a cualquier tipo de terrorismo, descansa en la memoria y en el respeto constante a las víctimas, a sus familiares y a sus seres queridos. Durante la pasada legislatura cumplimos plenamente con los compromisos de atención, de apoyo y de solidaridad con las víctimas, poniendo en práctica una concepción proactiva y dedicada especialmente a este colectivo, que ha supuesto una mejora cualitativa y cuantitativa en el apoyo institucional que prestamos a las víctimas del terrorismo. Ahora, como explicaré más adelante, ese compromiso permanente, el compromiso de la sociedad española con las víctimas del terrorismo, se va a ver reforzado.


Señorías, paso a comentar algunos aspectos acerca del crimen organizado.
Como saben SS.SS., los sucesivos informes estratégicos de Europol ponen de manifiesto que la existencia de la delincuencia organizada constituye, junto al terrorismo, la mayor amenaza para la seguridad interior de la Unión y de sus distintos Estados miembros. Consecuentemente con estos informes, el Gobierno de España ha fijado la lucha contra este tipo de delincuencia y sus distintas expresiones -tráfico de drogas, delitos contra el patrimonio, delincuencia económica y blanqueo de capitales, falsificación de monedas, tráfico de seres humanos- como prioridades operativas. Las características de este tipo de delincuencia, su grado de sofisticación tecnológica y su carácter frecuentemente transnacional exigen la elaboración -aquí también- de una estrategia específica de actuación. Una estrategia articulada en torno a la mejora de los servicios de información e inteligencia; a la constitución de unidades operativas especializadas en esta materia; al incremento de los medios materiales y sobre todo tecnológicos; y a la potenciación de todas las modalidades de cooperación policial aduanera y judicial, tanto a nivel nacional como internacional. Los tentáculos del

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crimen organizado llegan a todas las comunidades y a todos los países, pero es necesario que tengamos en cuenta una cuestión de la máxima importancia: el crimen organizado, en cualquiera de sus modalidades delictivas, se está haciendo más complejo y opera eligiendo sus lugares de trabajo allá donde el riesgo es más bajo y el beneficio puede ser más alto. Tenemos, pues, que dejar muy clara nuestra determinación para impedir que la delincuencia organizada se extienda por nuestro país. Así lo hemos hecho en la anterior legislatura y así lo vamos a hacer en esta que ahora comienza.


Paso, a continuación, a abordar algunos aspectos generales sobre la lucha contra la inmigración ilegal. No quisiera entrar en este tema sin hacer algunas consideraciones, también muy generales, sobre la política de inmigración que ha desarrollado y que va a continuar desarrollando el Gobierno. Siempre he sostenido -en esta Comisión lo he hecho en varias ocasiones- que la inmigración legal y ordenada es una oportunidad para nuestro país y, por supuesto, para quien viene a trabajar con nosotros. Y así es. Todos los análisis coinciden en afirmar que el fenómeno de la inmigración no es un fenómeno coyuntural en España y todos los estudios demuestran que la inmigración ha sido uno de nuestros motores económicos en los últimos años y que en ella se basa una buena parte de la sostenibilidad de nuestro modelo de protección social y de nuestro sistema de pensiones. Siempre he defendido, señorías aquí también que quienes vienen a vivir y a trabajar entre nosotros deben hacerlo legalmente y que una vez en nuestro país deben tener los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano. En estas condiciones debemos seguir esforzándonos por mejorar los mecanismos para establecer nuestra capacidad de acogida, por llegar a acuerdos para favorecer la contratación en origen de los inmigrantes, por garantizar una adecuada integración de quienes trabajan y viven entre nosotros y, por supuesto, por luchar contra la inmigración ilegal. Esta última es una responsabilidad de mi departamento. Siempre habrán oído ustedes plantear al Gobierno del que formo parte, empezando por su presidente, que la política de inmigración debe tener un marco: la Unión Europea. Si ese marco es necesario en la política de inmigración con carácter general, resulta ineludible en lo que se refiere a la lucha contra la inmigración ilegal. Entre otras razones porque algunos inmigrantes intentan entrar ilegalmente en España para quedarse, pero otros lo que pretenden realmente es llegar a algún otro país de Europa y hacerlo a través de España, que constituye su frontera europea más cercana.


La lucha contra la inmigración ilegal exige un eficaz control de nuestras fronteras, de las nuestras y de las de aquellos países de origen y de tránsito de la inmigración ilegal. Exige asimismo una ágil política de repatriaciones y devoluciones, respetando siempre los derechos y garantías de aquellos que intentan entrar o han entrado ilegalmente en nuestro país. Y es evidente que para alcanzar ambos objetivos -un eficaz control de nuestra frontera y una ágil política de repatriaciones- hace falta cooperar activamente con los países de origen o de tránsito de la inmigración ilegal. Una cooperación para asegurar en el medio y largo plazo el desarrollo económico y social de estos países, para mejorar en el corto plazo sus fuerzas de seguridad y para garantizar en todo caso, a través de la contratación en origen y medidas de acogida, que se abran cauces legales para venir a trabajar a nuestro país. Señorías, no conozco ningún país que desee que sus ciudadanos vengan ilegalmente al nuestro.
No he encontrado ningún Gobierno que fomente que sus ciudadanos se jueguen la vida en manos de las mafias, pero tampoco conozco ningún responsable político que desee constreñir la capacidad de sus ciudadanos para buscar un futuro para ellos y para los suyos, y eso ni lo podemos olvidar si queremos ser eficaces en la lucha contra la inmigración ilegal ni lo debemos olvidar si queremos ser un país justo y solidario. En definitiva, lo que trato de decir es que la inmigración legal y ordenada y la lucha contra la inmigración ilegal son las dos caras de la misma moneda. La una no es posible sin la otra, y al revés.


Señoras y señores diputados, les hablaba al comienzo de mi intervención del terrorismo, del crimen organizado, de la inmigración ilegal y, en cuarto término, de la seguridad ciudadana. Este cuarto lugar no significa en modo alguno desconocer que la inseguridad ciudadana es probablemente lo que genera una mayor preocupación entre nuestros ciudadanos. Es una percepción individual compatible con la valoración de la amenaza que supone para el conjunto de nuestro país el terrorismo o el crimen organizado. Por decirlo de otra manera, los ciudadanos perciben de forma distinta las amenazas que sufre el conjunto del país de aquellas que sienten cada uno de ellos en su vida cotidiana. Es verdad que España tiene unas tasas de criminalidad bajas si las comparamos con las que existen en los países de la Unión con un nivel de desarrollo económico comparable el nuestro. Así sucede, por ejemplo, con lo que podríamos denominar los delitos violentos, es decir, aquellas formas delictivas acompañadas de violencia física o psíquica sobre las víctimas, que incluye asesinatos, homicidios, lesiones, robos con violencia o intimidación y los delitos contra la libertad sexual. Las tasas de estos delitos, los llamados delitos violentos, están muy por debajo de aquellas que tienen los socios europeos de referencia. En España, por ejemplo, se cometen cuatro veces menos delitos violentos de los que se registran en Suecia o en Bélgica; tres veces menos de los que tienen lugar en Holanda; la mitad aproximadamente de los que suceden en Francia, y algunos menos de los acontecidos en Dinamarca o en Alemania. Sin embargo, debemos y podemos hacer todavía más por mejorar los niveles de seguridad ciudadana frente a la delincuencia. Se trata, señorías, de tener más policías y más guardias civiles, de formarles mejor y especializarles también mejor, de mejorar sus condiciones de trabajo y los medios de que disponen. Se trata

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también de alcanzar la máxima eficacia posible de nuestro sistema de seguridad, de todo nuestro sistema de seguridad, y asegurar la mejor coordinación dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de estas con las policías autonómicas, con las policías municipales y con la seguridad privada. Se trata, en fin, de mejorar también la colaboración institucional entre las distintas administraciones, asumiendo que la seguridad, con independencia de las atribuciones competenciales de unos y de otros, es ante todo una tarea compartida.


Para mejorar nuestra respuesta a los problemas de seguridad ciudadana es útil marcarnos objetivos. Señalaré tres. Queremos mantener la tasa de criminalidad por debajo de la media de los países de nuestro entorno; queremos reducir todavía más la actual tasa de delitos graves, en particular la tasa de homicidios, de robos con violencia y de agresiones sexuales a mujeres, y queremos perseguir de forma específica las infracciones penales de abusos y agresiones a menores y los delitos de pornografía infantil.


Señoras y señores diputados, les hablaba al comienzo de un concepto amplio de seguridad que pone el acento en la protección de los ciudadanos ante cualquier situación o actuación que afecte a su integridad o a la posibilidad de no poder vivir en libertad y sin miedo. Esta es la razón por la que la protección frente a los riesgos por catástrofes o desastres naturales tiene que constituir, constituye de hecho, otro de los ejes de nuestra política de seguridad. Tenemos que dar una respuesta integral a los ciudadanos que sufren daños personales o materiales por causa de estas catástrofes. Es necesario mejorar asimismo la prevención ante estas situaciones para responder con prontitud y con eficacia cuando se producen. Como ya tuve ocasión de anunciar en esta Cámara, concibo la protección civil como parte fundamental de la política de seguridad de un país avanzado. Sé que en un Estado compuesto como el nuestro las dos palabras claves para disponer de un sistema eficaz de protección civil son respeto y colaboración; respeto a las competencias de cada administración y colaboración entre todas ellas. Es así, señorías, como me propongo seguir trabajando.


Apunté, señorías, al comienzo de mi intervención la inseguridad vial como uno de los riesgos que asumen los españoles en su vida cotidiana. Fue la mejora de la seguridad vial uno de los objetivos de la anterior legislatura, le dedicamos todos -y en este todos incluyo especialmente a los grupos parlamentarios de esta Cámara y a su Comisión de Seguridad Vial-, muchísimo esfuerzo. Reformamos la Ley de Seguridad Vial para introducir el permiso por puntos, modificamos el Código Penal, reforzamos los controles en nuestras carreteras y, sobre todo, señorías, pusimos la lucha contra los accidentes de tráfico en la agenda cotidiana de todos y cada uno de nuestros conductores. Los resultados están ahí. Esta misma mañana, antes de venir aquí, he revisado los datos de accidentes mortales del día de ayer, de lo que va transcurrido del mes de mayo y del año 2008. Ayer fallecieron en nuestras carreteras cuatro personas, una menos que el mismo día del año 2007; si nos fijamos en el mes de mayo, han sido 161 las víctimas mortales, 34 fallecidos menos que en el mismo mes del año 2007, es un 17,4 por ciento; y si lo hacemos en lo que va de año, han fallecido en España 838 personas, que son 200 menos que en el mismo periodo del año 2007, es un 20 por ciento menos. Todo apunta, pues, señorías, a que este año continuaremos con el descenso en el número de fallecidos en nuestras carreteras, tal y como viene ocurriendo en los últimos cinco años. Pero, señorías, estamos hablando todavía de miles de fallecidos en nuestras carreteras, de muchas vidas perdidas; de miles de heridos, algunos de ellos con secuelas irreversibles para toda la vida; estamos hablando, pues y ante todo, de seguir trabajando. En este caso, los datos de la anterior legislatura demuestran bien a las claras dos cosas: que los accidentes en nuestras carreteras se pueden reducir y que sabemos cómo hacerlo. Después del esfuerzo realizado, debemos trabajar por consolidar las herramientas y los instrumentos de los que nos hemos dotado. Nuestros objetivos deberían ser mejorar el funcionamiento del permiso por puntos, garantizar el cumplimiento de las medidas previstas en el Código Penal, preocuparnos más por la seguridad de nuestros motoristas y continuar mejorando nuestras carreteras. Todo ello sin olvidar la introducción de la educación vial en nuestras escuelas e institutos, que es la herramienta más poderosa de la que disponemos para cambiar los comportamientos de los futuros conductores. Para exponer con detalle los pormenores de la política de seguridad vial que me propongo desarrollar en el ministerio, he solicitado una comparecencia en la Comisión correspondiente de esta Cámara de Diputados.


Una vez expuestas las amenazas y los riesgos a los que se enfrenta nuestro país, una vez expuestas también con carácter general las estrategias que desde el Ministerio del Interior queremos poner en marcha para abordar cada uno de ellos, permítanme que les enumere los principales instrumentos de que dispone el Estado para hacer frente a dichas amenazas y las actuaciones que me propongo desarrollar para potenciar cada uno de dichos instrumentos. Me referiré a continuación, y por este orden, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los medios materiales y las infraestructuras de las que disponemos, a los servicios de inteligencia, a la coordinación institucional y la cooperación internacional, a algunos planes específicos del ministerio que marcan otras tantas prioridades, al sistema penitenciario, para acabar haciendo alguna referencia a las reformas normativas y las nuevas leyes que nos proponemos traer a estas Cámaras.


Empezaré por las fuerzas de seguridad, que son sin duda el principal activo, como decía al comienzo de mi intervención, del que dispone el Ministerio del Interior. Es a las mujeres y hombres que integran el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil a los que debemos agradecer los niveles de seguridad de los que disfrutamos

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en España. Son ellos, con su trabajo y su profesionalidad, los que previenen los delitos, persiguen y detienen a los delincuentes y, en general, auxilian y ayudan a los ciudadanos, garantizándoles sus derechos y libertades. En definitiva, la mejora de nuestra seguridad debe asentarse sobre el incremento de la eficacia en la gestión y la actividad de nuestros cuerpos de seguridad. Una mayor eficacia, señorías, se alcanza aumentando las plantillas; una mayor eficacia es posible si los policías y los guardias civiles se forman mejor y se especializan más; una mayor eficacia es posible también si se garantizan y se revisan las condiciones laborales, si las posibilidades de promoción se aumentan y si las retribuciones se mejoran. Esos son sintéticamente nuestros objetivos para esta legislatura y para alcanzarlos nos proponemos mantener las oportunas negociaciones con los sindicatos policiales y, en la medida en que se vaya desarrollando la Ley de derechos y deberes de la Guardia Civil, el diálogo también con las asociaciones que a su amparo se constituyan. Dichas negociaciones, señorías, pretendo que comiencen inmediatamente.


Resumidamente les diré que queremos incrementar la oferta de puestos de trabajo en la Policía y la Guardia Civil hasta alcanzar de forma estable una plantilla mínima de 150.000 efectivos disponibles, una plantilla a la que ofreceremos un plan de formación, perfeccionamiento y reciclaje de conocimientos revisado y ampliado, así como un programa de formación y alta especialización en metodología y técnicas operativas contra las formas emergentes del crimen organizado: blanqueo de capitales, delitos de carácter urbanístico e inmobiliario, uso fraudulento de instrumentos financieros, grandes fraudes a la Hacienda pública y a la Seguridad Social. Aumentaremos asimismo en 500 el número de especialistas para la lucha contra el terrorismo, de forma que en ocho años habremos incrementado en 1.800 los agentes que dentro de la Policía y la Guardia Civil se dedican fundamentalmente a la lucha contra ETA y el terrorismo internacional. Haremos lo propio para afrontar el crimen organizado, incorporando 800 especialistas más para las unidades de inteligencia y operativas de la Policía y de la Guardia Civil; también duplicaremos al menos los actuales Greco, en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, y los ECO, en la Guardia Civil, estableciendo una malla operativa y especializada contra la delincuencia organizada en todo el territorio.
Igualmente, en diciembre de 2008 dispondremos de 1.848 efectivos más en relación con 2004 para luchar contra la violencia de género. En el mismo sentido y para hacer frente a los desafíos de la seguridad vial y garantizar la integridad de las personas en las carreteras a través de la vigilancia y el control suficiente de las mismas, ampliaremos la plantilla de agentes de tráfico de la Guardia Civil hasta llegar a los 11.000 funcionarios dedicados a esta tarea.


Señorías, para que estos incrementos de plantilla se traduzcan en una mejora de la seguridad de los ciudadanos, es necesario que vayan acompañados de las oportunas dotaciones de medios materiales e infraestructuras. Señalaré tres actuaciones en este campo. En primer lugar, continuaremos con la política desarrollada en la anterior legislatura tanto para la construcción de obras nuevas como para la remodelación de cuarteles de la Guardia Civil y comisarías del Cuerpo Nacional de Policía. Pretendemos dotarnos de unas instalaciones modernas y funcionales que por supuesto permitan el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en óptimas condiciones, pero también que posibiliten la mejora de la atención al ciudadano, favoreciendo aspectos tales como la accesibilidad, la comodidad y la atención individualizada y personalizada. En segundo lugar, y estrechamente relacionado con el servicio policial, nos proponemos poner en marcha un plan cuatrienal de infraestructuras tecnológicas que, para que todo el mundo entienda, significa básicamente impulsar nuestro sistema estatal común de bases policiales. En tercer lugar, llevaremos a cabo una serie de refuerzos de las infraestructuras relacionadas con la lucha contra la inmigración ilegal. Reformaremos y aumentaremos la red de centros de internamiento de extranjeros, los CIE, con el fin de mejorar las condiciones y la calidad de vida de los inmigrantes irregulares mientras se desarrollan los procesos de repatriación. Ampliaremos especialmente en las islas Canarias los equipos necesarios para el control de las costas de nuestro mar territorial y para el patrullaje, buscando la cooperación con los países de procedencia de la inmigración irregular. Así mejoraremos el despliegue del servicio marítimo de la Guardia Civil, incorporaremos dos aviones nuevos de ala fija, que serán los primeros de los que dispone la Guardia Civil para este fin, y seguiremos explotando todas las posibilidades que nos da el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, SIVE, al tiempo que mejoramos los sistemas que permiten un control integral del paso de los ciudadanos por las fronteras españolas, y concretamente me refiero al Sistema de Información Avanzada sobre Pasajeros, el API, y al Sistema de Información Schengen, el SIS.


Señorías, en los últimos años hemos dedicado un esfuerzo presupuestario y organizativo singular para dotar a nuestros cuerpos de seguridad de un adecuado nivel científico. Creemos disponer en estos momentos de unos excelentes servicios de policía científica, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, dotados de personal altamente cualificado y con un instrumental moderno y eficiente. Me gustaría que en esta legislatura esta tarea se pudiera profundizar. Para ello, entre otras medidas, estamos estudiando la conveniencia de constituir un servicio nacional de policía científica que optimizará las capacidades, los procedimientos y los recursos científico-técnicos disponibles, que rentabilizará y racionalizará las nuevas e imprescindibles inversiones en medios materiales y tecnológicos, todo ello respetando la autonomía funcional y organizativa de los servicios y unidades de cada uno de los cuerpos.


Me referiré a continuación y en tercer lugar a los servicios de inteligencia y de información. Se ha con

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vertido en un lugar común poner de manifiesto la importancia de la inteligencia a la hora de abordar algunas de las amenazas con las que nos enfrentamos, singularmente el terrorismo y el crimen organizado, como lo es apelar a la necesaria cooperación entre los servicios de inteligencia de los distintos países, especialmente de los países de la Unión Europea, de los países del Magreb y de los Estados Unidos. Por estas razones pretendemos reforzar el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, el CNCA, convirtiéndolo en un centro europeo de referencia en materia de inteligencia antiterrorista. Para ello lo dotaremos de personal y de medios tecnológicos, de forma que podamos asegurar que cumple su función más importante, que, como saben SS.SS., es garantizar la coordinación de nuestros tres servicios básicos de información, el Centro Nacional de Inteligencia y los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil. Asimismo respaldaremos e impulsaremos sus contactos con centros homólogos de todo el mundo y reforzaremos lo que entiendo que es una excelente tarea que realiza de análisis y de prospectiva en materia de terrorismo, tarea que pretendemos poner al servicio de las unidades operativas, por supuesto de nuestros cuerpos policiales y también de los servicios antiterroristas de nuestros aliados. Para mejorar nuestra respuesta ante la delincuencia organizada queremos potenciar las capacidades tecnológicas y humanas del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, el CICO. Además del desarrollo de sus competencias en materia de inteligencia, de la integración de toda la información disponible contra el crimen organizado, apoyaremos desde el CICO a los servicios operativos de nuestros cuerpos policiales y desarrollaremos la cooperación con los cuerpos autonómicos y con los centros homónimos de la Unión Europea y de los terceros Estados. En materia de inmigración irregular mejoraremos la coordinación, tanto en el ámbito operativo como en el de inteligencia, también en este caso con la Unión Europea, con sus Estados miembros y, como decía antes, con terceros Estados, básicamente del norte y del oeste de África.


Señorías, paso al cuarto instrumento del que dispone el Estado para luchar contra las amenazas, que es el de la coordinación, coordinación a la que ustedes saben que he dedicado una buena parte de mi trabajo en la anterior legislatura. Así pretendo que siga siendo en esta que ahora comienza, porque, como bien saben SS.SS., nuestro sistema de seguridad pública, entendiendo como tal el conjunto formado por las instituciones de seguridad dependientes del Gobierno, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, es un sistema que a mi juicio está provisto de capacidades operativas muy significativas en términos de recursos humanos, de medios económicos, de recursos materiales y tecnológicos; capacidades que nos deberían permitir afrontar con altos niveles de eficacia y eficiencia los retos a los que me vengo refiriendo. Pero nuestro sistema de seguridad, como acabo de describir, es complejo con actores políticos y operativos múltiples, y por ello necesita actuaciones específicas de cooperación para garantizar estos niveles de eficacia y eficiencia que deseamos.


Es parte, pues, de la estrategia de seguridad poner en marcha o incrementar algunas de las acciones que hemos venido poniendo en marcha en los últimos años y a las que me referiré brevemente. En primer lugar, impulsar las funciones del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, del CEMU, que es, como saben SS.SS., un elemento central para estimular la cooperación entre las unidades operativas especializadas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que es un instrumento esencial también para la modernización de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al CEMU, no hay que olvidar, le corresponde la aprobación del Plan estratégico conjunto del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para los años 2008 al 2012. Pretende impulsar asimismo la coordinación operativa entre la Policía y la Guardia Civil y los cuerpos de policías autonómicas, en línea con los acuerdos que ya hemos venido alcanzando en las respectivas juntas de seguridad del País Vasco, de Cataluña y de Navarra. Pretendemos constituir, siempre de acuerdo con los gobiernos autonómicos y en el marco de lo que se establezca en los respectivos consejos de política de seguridad, las juntas autonómicas de seguridad en todas las comunidades autónomas para el desarrollo de funciones de colaboración, de coordinación y de informe de las políticas que implantamos en cada uno de estos ámbitos territoriales. Vamos a seguir impulsando formas efectivas de cooperación con los entes locales.
En particular vamos a continuar desarrollando los compromisos y acuerdos alcanzados en la anterior legislatura con la Federación Española de Municipios y Provincias que, como saben SS.SS., se refieren a la colaboración de los cuerpos de Policía local en las funciones de Policía judicial que desarrollan Policía y Guardia Civil, específicamente en el mantenimiento de la seguridad y de la convivencia ciudadana en la protección de los colectivos más vulnerables, singularmente en los casos de violencia de género, así como en el ámbito de la seguridad vial.


En contacto con los responsables de las empresas de seguridad privada, queremos establecer un plan de cooperación y desarrollar una herramienta informática que nos permita la colaboración en tiempo real en las tareas de prevención y de lucha contra la criminalidad que unos y otros, cuerpos del Estado y policías privados, realizan diariamente.


En materia de protección civil, como he tenido ocasión de recordar ya, estas políticas de coordinación institucional son especialmente necesarias. Con este propósito elaboraremos un mapa de riesgos para todo el Estado; pondremos en marcha junto a las comunidades autónomos un sistema nacional de alerta temprana y convertiremos el portal Inforiesgos en la base de información para la actuación conjunta de las administraciones públicas. Completaremos, en fin, la dotación de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, reforzando al mismo tiempo su capacidad de colaboración con otras unidades similares en la Unión Europea.


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En materia de seguridad vial es necesario, asimismo, promover planes autonómicos y municipales -lo haremos en los municipios de más de 40.000 habitantes- en colaboración con la Federación de Municipios, y por supuesto pretendemos, como explicaré en la comparecencia a la que me he referido antes, mantener nuestra colaboración con los ministerios, básicamente de Fomento y de Educación en los temas relacionados con la seguridad vial.


No es preciso, señorías, que me esfuerce en resaltar en esta Comisión la importancia de la cooperación internacional; he hablado de ella en distintas ocasiones en esta intervención. El terrorismo internacional se combate internacionalmente. Se hace frente al crimen organizado de carácter trasnacional organizando a los distintos países en los que opera, y la lucha contra las mafias que están detrás de la inmigración ilegal solo se puede llevar a cabo a través de la cooperación de los países de origen y tránsito de los inmigrantes irregulares. Por todo ello, vamos a seguir fomentando la cooperación bilateral y multilateral con nuestros socios, favoreciendo las políticas comunes en el ámbito de la Unión y estableciendo acuerdos relevantes con terceros Estados en materias de terrorismo, crimen organizado e inmigración irregular. Un ejemplo destacado de las posibilidades que brinda la cooperación policial en la Unión Europea es justamente el Frontex. Entre nuestros objetivos está previsto articular medidas concretas para incrementar su capacidad operativa, básicamente haciendo posible que disponga de medios propios para la vigilancia.


Quisiera a continuación, y tal como les dije, anunciar brevemente una serie de planes específicos que vamos a poner en práctica o a reforzar y que recogen otras tantas prioridades del Ministerio del Interior. Me voy a limitar a exponerlos, sin perjuicio de que a lo largo del debate en esta mañana o en otras comparecencias podamos entrar con detalle en cada uno de ellos: el plan de infraestructuras críticas; el plan de violencia de género; un plan específico de lucha contra la trata de seres humanos para la explotación sexual y/o laboral; el plan de actuación conjunta entre la Inspección de trabajo y los servicios de Policía y Guardia Civil contra la contratación fraudulenta de inmigrantes en situación irregular; el plan para luchar contra la violencia de las bandas juveniles; el plan contra la distribución y venta de drogas en centros educativos y sus entornos; el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar; y, finalmente, el plan de apoyo a la gestión administrativa del DNI electrónico, del pasaporte y de la tarjeta de residencia. Son ocho planes específicos, todos están en distinto grado de desarrollo, que pretendemos profundizar en esta legislatura y que marcan ocho grandes prioridades de actuación para el ministerio y para nuestras fuerzas de seguridad.


Por terminar este apartado, quisiera referirme a otro instrumento con que cuenta el Estado para hacer frente a las amenazas y los riesgos que enuncié al principio de esta intervención. Estoy hablando del sistema penitenciario. El gran desafío que se nos presenta hoy en materia penitenciaria es conjugar el sistema de penas vigente y su adecuado cumplimiento con el tratamiento de los reclusos, haciendo factible su reinserción plena a la vida en sociedad cuando finalice el cumplimiento de su condena, tal y como establece nuestra Constitución. El Gobierno de España ha hecho de la política penitenciaria otro de los ejes principales dentro de sus políticas de seguridad. En la actual legislatura nos proponemos reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria, desarrollar el Plan de infraestructuras de centros penitenciarios y reforzar el cumplimiento de penas en medio abierto, entre otros objetivos. Sobre la Ley General Penitenciaria volveré más adelante. Me referiré al desarrollo del Plan de infraestructuras que a lo largo de la legislatura nos permitirá construir 18 nuevos centros penitenciarios y 32 nuevos centros de inserción social. Crearemos asimismo cinco unidades de madres para el cumplimiento de las penas de aquellas madres que conviven en prisión con sus hijos menores, cumpliendo así nuestro compromiso de sacar a los niños de nuestras prisiones. Modificaremos asimismo los procesos de gestión de personal en materia de concurso de traslado, acceso y formación permanente. Implantaremos un plan trienal para este tipo de formación.
Crearemos el centro de estudios y formación de instituciones penitenciarias y, finalmente, a través de los acuerdos con las organizaciones sindicales representativas continuaremos mejorando progresivamente las retribuciones de los funcionarios de prisiones. Otra prioridad, la tercera a la que me refería en materia penitenciaria, es la de desarrollar el medio abierto. Para hacerlo reforzaremos de manera singular las plazas de las que disponemos para cumplir las penas en medio abierto, tanto en los centros de inserción social como a través de los medios telemáticos. También para desarrollar el medio abierto estableceremos un programa marco de intervención con personas excarceladas y en libertad condicional, promoviendo los recursos específicos de integración e inserción en coordinación con las administraciones territoriales.


Les indiqué que el último gran instrumento del que dispone el Estado para hacer frente a las amenazas, que he descrito en esta intervención, es justamente las modificaciones legislativas. Mencionaré a continuación las que nos proponemos elaborar en esta legislatura. Lo voy a hacer sin ninguna pretensión de exhaustividad y con el carácter general que una intervención de esta naturaleza exige. En primer lugar, quisiera indicarles que nos proponemos aprobar una nueva ley de protección integral a las víctimas del terrorismo. Vamos a traer a esta Cámara una ley de protección integral para las víctimas del terrorismo que entre otras cosas unifique de manera sistemática, en un solo texto, todas las normas existentes; que sirva para garantizar una reparación integral a las víctimas mejorando todo el dispositivo legal vigente en la actualidad en sus dimensiones indemnizatorias, asistenciales y en general de reconocimiento hacia las personas que han sufrido la violencia terrorista en cualquiera

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de sus formas. La nueva ley, señorías, supondrá también un avance en terrenos que hasta ahora solo hemos iniciado, como el reconocimiento de nuevos derechos sociales para las víctimas del terrorismo, la mejora de su estatuto en el proceso penal y la potenciación de la sociedad civil en todas las tareas de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo.


En materia de extranjería, queremos proceder a una modificación de la ley de acuerdo con el Ministerio de Trabajo -a esta modificación se refirió ayer en su comparecencia el ministro en esta misma Cámara- que en lo relativo al Ministerio del Interior quiere aumentar el periodo máximo de internamiento en los centros de extranjeros -los CIE- que hasta ahora es de cuarenta días, de forma que dispongamos del tiempo necesario para cumplimentar los trámites correspondientes a las repatriaciones de aquellos que intentan entrar ilegalmente en nuestro territorio.


Nos proponemos asimismo elaborar una ley de personal del Cuerpo Nacional de Policía. Un sistema policial moderno, señorías, exige una regulación integral del servicio que presta el Cuerpo Nacional de Policía. Mi departamento es sensible a esta realidad como lo es también a las aspiraciones de los miembros de la Policía Nacional. Existe una necesidad, a nuestro juicio evidente, de establecer un nuevo estatuto, un verdadero estatuto de personal que mediante una norma con rango de ley regule la carrera profesional, actualice, unifique y garantice los sistemas de acceso, de promoción y la prestación del servicio unificando la dispersa normativa que en la actualidad existe. Como existe urgencia, señorías, de disponer de una ley de régimen disciplinario de la Policía que dote al cuerpo nacional de un régimen disciplinario más moderno y actualizado en el que queden reflejadas entre otras las modificaciones que se derivan de la aprobación del Estatuto básico de los empleados públicos. De la misma forma que se hizo la Ley orgánica de régimen disciplinario de la Guardia Civil que se aprobó en esta Cámara, este proyecto -el de régimen disciplinario de la Policía- va a tratar de adecuar la definición de las infracciones al trabajo actual de nuestro policías, de garantizar mejor sus derechos en las instrucciones de los correspondientes procedimientos y agilizarlos.


Queremos igualmente elaborar una ley de personal de la Guardia Civil que es un proyecto que responde a dos necesidades fundamentales: primera, la de adecuar la ley a las previsiones de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes y, segunda, la necesidad de regular en el ámbito de la Guardia Civil las previsiones de los contenidos de la Ley de Carrera Militar en cuanto se refiere a carrera, enseñanzas, formaciones y escalas.
Pretendemos incidir en estos aspectos. Me gustaría apuntar que lo pretendemos hacer en el nuevo sistema de carrera profesional, que ya anuncio que estará basada en el mérito y en la capacidad más que en la antigüedad de los componentes de la Guardia Civil. También anuncio que procederemos a la creación de una única escala de oficiales y a la integración de las actuales escalas superiores de suboficiales y oficiales. Mencionaré en este apartado también, por tratarse de normas que afectan a la Guardia Civil, nuestra voluntad de desarrollar la Ley orgánica de derechos y deberes mediante la aprobación de los correspondientes reglamentos, así como garantizar o facilitar la inscripción de las asociaciones profesionales, la celebración de las elecciones y la constitución del consejo de la Guardia Civil.


Reformaremos la Ley de Seguridad Privada, retocando sus disposiciones reguladoras, entre otras cosas para adecuar la ley a las competencias que los distintos estatutos de autonomía están otorgando en esta materia a las comunidades autónomas, para modificar algunas cuestiones relativas a la habilitación como personal de estas empresas a los nacionales de terceros Estados que residan en nuestro país, de acuerdo con algunas mociones aprobadas por unanimidad en este Parlamento, y finalmente para mejorar el régimen de vigilancia y control de las empresas de seguridad privada, intensificando los requisitos exigidos a quienes pretendan ejercer estas tareas. Entendemos necesario igualmente proceder a una reforma parcial de la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Las previsiones legislativas a las que he hecho referencia, en especial las que afectan al régimen disciplinario y al personal del Cuerpo Nacional de Policía, inciden directamente en los contenidos de esta ley, igual que inciden algunas medidas aprobadas en la anterior legislatura. Todo ello aconsejaría que abordáramos en esta legislatura una reforma siquiera parcial de los contenidos de la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado.


Queremos también aprobar y enviar a esta Cámara un proyecto de ley de precursores de drogas, que muy sucintamente pretende incorporar a nuestro ordenamiento una directiva comunitaria sobre circulación, comercio y control de estas sustancias, de los precursores de drogas, que pueden ser utilizados para la fabricación de productos estupefacientes. Resulta necesario también, y a ello me he referido antes, reformar el marco jurídico que regula las actuaciones de protección civil, aprobando una nueva ley que ponga su acento en la cooperación interadministrativa.
Creemos de suma importancia que se refuercen los mecanismos para permitir la colaboración más eficaz posible entre todas las administraciones, respetando lógicamente las competencias que en esta materia tienen asumidas tanto las comunidades autónomas como los municipios.


Señorías, vamos también a modificar la Ley de Seguridad Vial en lo que afecta a las sanciones en materia de tráfico. Como SS.SS. saben - ha sido objeto de discusión en esta Cámara en distintas ocasiones-, la labor de los agentes de tráfico de la Guardia Civil puede caer en saco roto si no somos capaces de llevar a término en tiempo razonable el procedimiento sancionador previsto para aquellos conductores que se saltan las normas de tráfico. Por esta razón vamos a modificar la ley en el título correspondiente a las sanciones y sus procedi

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mientos, con la voluntad de hacerlos más ágiles y más eficaces. De igual manera, nos proponemos llevar a cabo una reforma de la Ley reguladora del derecho de asilo con un objetivo fundamental, que es incorporar las directivas comunitarias en esta materia y conseguir así la completa adaptación de nuestra legislación al sistema europeo común de asilo, contribuyendo de esta forma a la consolidación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia y reforzando nuestro compromiso con la defensa y la protección universal de los derechos humanos, particularmente de los refugiados.


Finalmente, y como antes apunté, creemos necesario llevar a cabo una reforma de la Ley General Penitenciaria y del reglamento correspondiente, ya que aunque tenemos una buena ley que ha demostrado su eficacia existen necesidades referidas a la adecuación de su contenido, fundamentalmente por las múltiples modificaciones que hemos llevado a cabo en nuestro sistema penal. Por resumirlo, se trataría de abordar la implantación de las medidas alternativas a las penas de internamiento, de impulsar la modernización de los programas de rehabilitación y de reinserción, de mejorar el funcionamiento de los distintos equipos de trabajo en el seno de las prisiones y de dotarnos de instrumentos para evaluar nuestro trabajo en el ámbito penitenciario. En este contexto también pretendemos elaborar -esta es la última ley que les comento- una ley de cuerpos penitenciarios que, entre otras cuestiones, debe abordar la ordenación de los cuerpos de funcionarios penitenciarios para adaptarlos a la evolución de sus tareas, que ha sido mucha en los últimos años, para actualizar la definición de sus funciones y de sus competencias, para revisar las necesidades de capacitación y de formación inicial y también formación a lo largo de su carrera, así como llevar a cabo una configuración adaptada a los cambios normativos habidos en los últimos años en lo que se refiere singularmente a las diferentes situaciones administrativas.


Señorías, voy concluyendo. He tratado de exponer las líneas generales de actuación del departamento, cuya dirección me ha encomendado el presidente del Gobierno. Lo he hecho analizando tanto los riesgos que tiene nuestro país en relación con la seguridad de los ciudadanos como las estrategias que en cada uno de los riesgos tenemos que poner en marcha, así como los instrumentos y los medios de los que nos hemos dotado o nos vamos a dotar para sortearlos.


No me queda sino ofrecer a todos los grupos de la Cámara mi voluntad y la de todo el Gobierno para mantener un diálogo fluido que pueda conducir a los consensos que en esta materia, la seguridad de los españoles, resultan especialmente convenientes. Mi deseo -así quiero que conste en el "Diario de Sesiones"- es de colaboración y de diálogo. Mi voluntad es la de recoger todas las sugerencias que los grupos quieran plantearme. Mi voluntad es la de entender las críticas que a lo largo de esta legislatura puedan hacerme como contribuciones a las políticas del ministerio, porque estoy convencido, señorías, que a todos nos une un mismo deseo: garantizar la seguridad y la libertad de todos nuestros conciudadanos.


Muchas gracias, señorías, y quedo a su disposición. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, por su extensa y condensada comparecencia.


Abrimos, ahora, el turno de los grupos parlamentarios. Vamos a hacerlo, como acordamos en la reunión de Mesa y portavoces, dando la palabra en primer lugar a aquellos grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia del ministro, de menor a mayor. Para su turno, tiene la palabra la señora Pigem por el Grupo Parlamentario de CiU.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señor ministro, quiero que mis primeras palabras sean, como no puede ser de otra manera, para darle la bienvenida a esta Comisión en su primera comparecencia y también agradecerle la pormenorizada cantidad de datos y la explicación que nos ha dado acerca de cuáles van a ser las políticas de su ministerio en estos próximos años. Quiero también explicitar, ya de entrada, la predisposición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para encontrar este camino de colaboración y de diálogo en la búsqueda de un consenso en las materias que incumben al Ministerio del Interior. Usted nos ha explicado los temas de terrorismo, inmigración, lucha contra la delincuencia, protección civil, temas todos ellos de una complejidad no menor, no pequeña, pero que en definitiva atañen a algo que constituye una preocupación medular, y por ello demanda de la ciudadanía a la que representamos, que es la exigencia de seguridad. Desde la consideración que siempre hemos planteado en Convergència i Unió de que sin seguridad no hay libertad, uno de los valores supremos de nuestra arquitectura constitucional, va a encontrar, como digo, señor ministro, la predisposición de mi grupo parlamentario para buscar y, si es posible, encontrar, las mejores soluciones e implementar las mejores políticas para dotarnos de un sistema de seguridad que dé confianza a la ciudadanía, sometido, como no puede ser de otra manera, al imperio de la ley, y de un sistema garantista, es decir con un escrupuloso respeto a los derechos individuales y también con una exquisito respeto a las competencias de las comunidades autónomas, en especial -en lo que a mí respecta y por el pensamiento político, la fuerza política a la que represento- con las nuevas competencias del Estatuto de Cataluña.


Señor ministro, usted nos ha hecho una enumeración intensa y extensa, y seguramente se han escapado a esta portavoz muchos de los apartados que leeré con mucha atención en el "Diario de Sesiones", pero le quiero decir que realmente nos viene mucho trabajo por delante. Ha enumerado, si no he contado mal, hasta la elaboración de trece nuevas leyes, de trece nuevas modificaciones legislativas sin contar, me imagino, con la implementa

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ción de otro tipo de políticas. Mi primera pregunta sería si tienen ustedes un calendario previsto para ver cómo vamos a abordar desde esta Comisión, desde esta Cámara los proyectos de ley que nos va a enviar el Gobierno.


Terrorismo. En el tema del terrorismo, Convergència i Unió tiene, ha tenido y tendrá una posición muy firme. Vamos a seguir condenando, como hemos hecho siempre, la barbarie asesina, cuya violencia no nos va a mover de nuestras posiciones y convicciones. Quiero sumarme aquí, en esta primera intervención como portavoz, al homenaje que ha hecho al último guardia civil asesinado, Juan Manuel Piñuel, y también al resto de víctimas tanto de ETA como del terrorismo internacional. Señor ministro, vamos a seguir apoyando al Gobierno en su política antiterrorista, con el uso de toda la fuerza que le da la ley, tal como hemos hecho con todos los gobiernos de uno y otro signo. Seguiremos apoyando a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todas, incluyendo también a las policías integrales autonómicas, los Mossos y la Ertzaintza.
Celebraremos cualquier avance en la desarticulación operativa de ETA, como el ocurrido recientemente y al que usted se ha referido, aunque la experiencia nos dicta que en este tema nunca hay que echar las campanas al vuelo y hay que ser muy prudente. Celebramos también la cooperación conseguida con Francia, que esperamos que no solo siga sino que aumente, puesto que es una premisa indispensable para el logro de la desarticulación de ETA. Seguiremos apelando a la unidad de todos los demócratas, de todas las fuerzas políticas democráticas. En el pasado en esta Cámara no ha habido unión, y creemos que es momento de pasar página y mirar al futuro. Parece que en esta legislatura va a ser posible esta unión, y esto nos alegra especialmente, porque sin duda supone un aumento exponencial en la autoridad moral para luchar contra una banda que quiere precisamente que estemos divididos.


En el tema de inmigración, la verdad es que cuando en el nuevo organigrama del Gobierno vimos que había un Ministerio de Inmigración pensamos que allí se residenciarían todas las competencias para poderlas ejercer de manera global y transversal. Vemos con sorpresa que esto no es así, sino que aparte de la titularidad de Inmigración, sigue habiendo competencias repartidas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el ministerio cuya titularidad usted ostenta. En primer lugar, le pregunto: ¿Cuál es entonces la razón de la creación de un Ministerio de Inmigración? En segundo lugar: ¿Cómo se van a coordinar? ¿Lo van a hacer a través de las comisiones delegadas de distintos ministerios que han anunciado que se van a crear? El objetivo del tema inmigración es sin duda alguna la lucha contra la inmigración ilegal; usted lo ha expuesto muy bien. Según datos de la Comisión Europea, en la Unión hay al menos 8 millones de personas en situación ilegal. Es un objetivo que, como también ha señalado, no se nos escapa que debe ser comunitario. Ante esto, le voy a plantear dos cuestiones. Creo que una ya la ha contestado, pero me gustaría conocer una opinión un poco más ampliada. Hace pocos días se pactó la redacción de una directiva europea, pendiente todavía de aprobación por el Parlamento Europeo y del refrendo del Consejo de Ministros de Justicia e Interior, en la que se anunciaba que el periodo de retención podría llegar hasta seis meses, que se permitía internar a menores en centros especiales, que no se iba a obligar a los Estados a apostar por una asistencia jurídica gratuita, a dotarla de manera obligatoria y a una armonización de los procedimientos de repatriación. Ha anunciado usted una de las modificaciones legales, que es la ampliación de los cuarenta días que establece en este momento la legislación española. Me gustaría saber cuál es la previsión del ministerio: ampliarlo hasta cuándo. En este plazo de hasta seis meses, ¿qué previsión tiene el ministerio? ¿Qué propuesta nos va a hacer? También nos gustaría que nos ratificara que derechos que ya están consolidados, como el de la asistencia jurídica gratuita, no se van a modificar, o por lo menos que nos dijera qué previsiones tiene el Gobierno al respecto. Piense que ha habido muchas asociaciones en defensa de los derechos humanos que han llamado a esta directiva "directiva de la vergüenza", no por medidas concretas sino por el recorte que puede suponer de las medidas garantistas, sobre todo las medidas en defensa de los derechos de las personas que están en una situación irregular. Otro apunte en este asunto sería el tema de Italia. El secretario de Estado para la Unión Europea -nuestro antiguo compañero Diego López Garrido- ha transmitido, a mi modo de entender con acierto, la preocupación porque el endurecimiento contra la inmigración clandestina hecho unilateralmente por Italia, convirtiendo en delito una situación de irregularidad administrativa, puede suponer que estas personas se desplacen hacia otros países, entre ellos España, derivándose de esta actuación unilateral de Italia unos flujos migrotarios desproporcionados y desordenados. Le pregunto qué previsiones tienen y qué actuaciones operativas tienen previstas frente a este tema.


En cuanto al tema de policías quisiera trasladarle nuestra preocupación por el insuficiente número de efectivos en Cataluña. El número de efectivos de la Polícia integral autonómica, de los Mossos, evidentemente se autoriza y se dota desde el Estado. El cálculo de los efectivos actuales se hizo sobre la base de la población catalana en el último Gobierno de Convergència i Unió; desde entonces hasta ahora existe por lo menos un millón y medio de personas más. Habrá un millón y medio de personas que tengamos documentadas, aunque posiblemente existan más.
Cuando la señora Tura era consellera de Interior, es decir en el primer gobierno tripartito, hubo un acuerdo con el Estado en función del cual se irían ampliando 1.500 efectivos en cada convocatoria y 3.000 en total a partir de este año. Todo este plan no nos parece mal, pero nos llama la atención que no se vaya a materializar hasta 2012. En ese año volveremos a estar mal otra vez, es decir

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vamos por detrás de una realidad a la que tenemos que hacer frente. Por tanto, nos gustaría que se hiciera un cálculo real de necesidades y que en su caso se revisara esta propuesta, que se hizo hace ya unos cuatro años. Además queremos llamar su atención porque necesitaríamos que estos efectivos estuvieran mejor pagados porque el módulo es bajo. Una prueba de que el módulo es bajo es que cuando se ha dado la posibilidad a las Fuerzas y Cuerpos de la Guardia Civil y de la Polícia Nacional, con el desplegamiento de los Mossos, de incorporarse a la Policía integral de Cataluña, únicamente se han incorporado no más de un 15 por ciento, y una de las razones es que está peor pagada. En este tema de la policía queremos llamar también su atención en el despligue de los Mossos y el repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque hay bajas que no se cubren, señor ministro. Creo que hay una obligación legal, pero también moral, para que esto no sea así y para no dejar desasistida a la población en este tránsito entre el despliegue y el repliegue de efectivos. A nuestro juicio deberían dictarse instrucciones y fijar objetivos para el traslado interno y cobertura de vacantes en Cataluña de los efectivos que ya han sido sustituidos y mantener un nivel de operatividad razonable en los territorios y en las competencias donde siguen actuando la Policía Nacional y la Guardia Civil. Usted ha hablado del control de fronteras. Cataluña tiene muchas fronteras con Francia, y hay puestos, ciertamente los más pequeños, que realmente no están bien asistidos, por no decir desasistidos. Un tercer apunte con el tema de la policía es que nos gustaría -no es la primera vez que lo solicitamos- que se incorporaran las policías integrales, la Ertzaintza y los Mossos, a los foros operativos policiales europeos. Esto depende de una mera voluntad política del Gobierno de notificación. De esta manera se podrían incorporar a Europol, a la Orden Europea de Defensa, etcétera. Además esta es una de las competencias que está prevista en el nuevo Estatut de Catalunya.


Con respecto a la protección civil -usted ha anunciado una nueva ley- estamos de acuerdo sin embargo, pongo el acento especialmente en la necesidad de coordinar los mensajes entre el Estado y los gobiernos autonómicos, y me refiero en este caso a Cataluña. Se han lanzado mensajes descoordinados, yo diría que distintos. Cuando hay una detención de unas células terroristas a la población le desorienta y le crea confusión que, por una parte, se diga que es muy importante y que, por otra, se minimece diciendo que no es nada importante. Tendría que haber una mayor coordinación en el mensaje que se lanza, porque crea desorientación y además un efecto no querido, que es un efecto de desconfianza. Si no hay coordinación en el mensaje, no se confía en que haya una coordinación en la actuación.


También quiero llamar su atención sobre el tema de las matrículas, un clásico, como usted conoce, de nuestra reivindicación. En la legislatura 2000-2004 el Grupo Parlamentario Socialista votó a favor de la posibilidad de la incorporación de los distintivos de las comunidades autónomas a las placas de matrícula. La pasada legislatura por dos veces el portavoz de Convergència i Unió, Josep María Guinart, planteó -tanto en la primera intervención del ministro Alonso como en su primera intervención- esta cuestión y en las dos ocasiones obtuvo una respuesta positiva. También quiero recordar que hubo una moción aprobada en el Senado en la que se acordaba que se incorporarían los distintivos de las comunidades autónomas a las placas de matrícula; una moción que se aprobó con los votos del Grupo Parlamentario Socialista. Sé que su respuesta siempre es positiva, cuanto menos no es negativa, pero le quiero preguntar si realmente hay una voluntad política de hacerlo y, en caso afirmativo, cuándo se va a hacer.


Lucha contra el crimen organizado. Usted ha señalado ya el nuevo fenómeno de aparición de bandas organizadas para la comisión de múltiples delitos: tráfico de personas, trata de mujeres para la explotación sexual, drogas, etcétera. Se nos hace llegar la dificultad de su detención puesto que en España con la tipificación actual, con el catálogo de delitos que tenemos, la mera pertenencia a banda organizada no es delito. Le pregunto su opinión sobre si considera necesario y viable tipificar la pertenencia a banda organizada con independencia del resultado de una comisión delictiva.


Me gustaría también dar una pincelada a una mirada de género. Usted ha hablado de la necesidad de dotar de más personal para la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género, pero hay más temas, tales como el Plan de lucha contra la trata de personas, especialmente la trata de mujeres con fines de explotación sexual. A finales del año 2003 salió de esta Cámara un mandato al Gobierno para que realizara un plan de lucha contra la trata de mujeres. Sabemos por los estudios que se han realizado que España no es un país de transito sino que es un país de destino. Se ha estado reclamando durante la pasada legislatura que se implementara este plan. Acabó la legislatura sin que ello se hiciera. Usted anuncia ahora que se va a hacer este plan. ¿Cuándo se va a hacer este plan? ¿Está el plan preparado? ¿Cuándo lo van a implementar? ¿Por qué se está tardando tanto? Es un plan absolutamente necesario, señor ministro, como lo es también hacer un análisis exhaustivo para ver cuál es el eslabón o los eslabones que fallan en la cadena de protección a las mujeres maltratadas. Se hizo -creo recordar- hace aproximadamente un año un plan para ver cuál era el nivel de peligro que tenían las mujeres maltratadas después de presentar la denuncia. ¿Me puede explicar un poco cuál ha sido el resultado de este plan? Aparte de aumentar los efectivos, ¿qué otros medios piensa que se pueden adoptar para proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género? Es evidente que no vamos a achacar a la falta de protección los resultados de víctimas que lamentablemente tenemos, pero sí es cierto que hay muchas mujeres que siguen implacablemente todo el camino que les señala la ley y que desgraciadamente son víctimas, son asesinadas por sus compañeros sentimentales, por sus ex maridos, por sus

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maridos. Por tanto, sí que me gustaría saber cómo está este tema.


La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Pigem, no quiero ser muy rígida con los tiempos, pero le recuerdo que lleva alrededor de veinte minutos. Si puede ir resumiendo, se lo agradecería.


La señora PIGEM PALMÉS: Voy a acabar con este tema y como me imagino que habrá una segunda intervención... ¿Va a haberla?

La señora PRESIDENTA: Depende de los grupos.


La señora PIGEM PALMÉS: Entonces voy a acabar ya preguntando si España ha firmado el Convenio europeo de lucha contra la trata de personas y, si no es así, si tiene previsto hacerlo y en qué plazo. Dejo unas últimas cuestiones, aunque no las menos importantes desde luego, para la posibilidad de una segunda intervención.


La señora PRESIDENTA: Es el turno ahora del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: En primer lugar, quiero unirme también a la bienvenida al ministro a esta Comisión, aunque en realidad él es bastante más antiguo que yo y, por tanto, casi la bienvenida a esta Cámara me la podría dar él a mí. En segundo lugar, quiero felicitarle por su nombramiento como ministro del Interior. La verdad es que usted había anunciado que no tenía mucho deseo de continuar y, al final, no tiene una sino dos carteras, aunque una de ellas sea de forma temporal y la otra no sabemos tampoco por cuánto tiempo; pero no querer ser ministro y asumir dos carteras, sin duda es meritorio. En tercer lugar, me gustaría desearle suerte, primero, porque la va a necesitar y, segundo, porque cuando el ministro del Interior tiene suerte eso es bueno para todos los españoles. Así que se la deseo de corazón.


Deseo unirme, antes que nada, al homenaje que ha hecho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de manera muy especial a todas las víctimas del terrorismo -a las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las que no son miembros de estas-, ejemplificándolas en esa última víctima que lamentablemente hemos tenido que sufrir, que es el guardia civil Juan Manuel Piñuel. Aprovecho para decirle que solicité a la presidenta de la Comisión que quienes pertenecemos a ella pudieramos realiar una visita a las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco para expresarles nuestro apoyo y nuestro reconocimiento en un momento especialmente difícil. Espero que esa petición pueda ser atendida por el Ministerio del Interior en el menor plazo posible.


Usted no es nuevo en el Ministerio del Interior y por tanto comprenderá que desde el punto de vista de la oposición le planteemos de inicio un déficit de credibilidad en muchas de las cosas que usted ha dicho esta mañana. Es decir, quien ha pilotado el proceso de negociación con ETA quizás no sea la persona más adecuada para llevar a cabo ahora esta política de derrota de ETA que, si no le he entendido mal, es lo que plantea en esta Comisión; quien ha sufrido la mayor avalancha de inmigración ilegal, a lo largo de sus dos años como ministro del Interior, que ha experimentado nuestro país en toda su historia, tampoco parece el más adecuado para venir ahora a arreglar el problema; y quien ha hecho que las cifras de delincuencia estén creciendo como están creciendo a lo largo de su mandato, tampoco parece la persona más adecuada para venir ahora a arreglar el problema de la seguridad ciudadana de los españoles. En todo caso, es una decisión del presidente del Gobierno y, por tanto, nosotros haremos la labor de oposición que nos corresponda.


Con relación a ETA, yo quiero reiterarle las mismas palabras que le dije en la Comisión de Interior del Senado hace dos años, que son a su vez las mismas palabras que le dije hace cuatro a su antecesor. Le indicaba entonces y lo mantengo ahora que, en relación con el terrorismo, no hace falta que le reitere el principio de lealtad que el Partido Popular va a mantener siempre en esta cuestión. Nunca vamos a utilizar ningún atentado terrorista para desgastar al Gobierno o para tratar de obtener ventaja electoral alguna (Rumores.). Va a contar siempre con nuestro apoyo en cualquier medida, en cualquier política que plantee en la lucha contra el terrorismo, pero esa lealtad sin ningún tipo de limitación no puede ser compartida cuando lo que se plantea no es la lucha contra el terrorismo sino otras cuestiones como la apertura del diálogo o de negociaciones con el terrorismo. Decía entonces que no digo que lo haya hecho ni que lo vaya a hacer -ahora tendría que decir: aunque lo haya hecho-, lo único que quiero es que tenga muy claro que apoyaremos toda la lucha contra el terrorismo y no apoyaremos, en ningún caso, y nos opondremos tajantemente a cualquier proceso de diálogo o de negociación con los terroristas.
Esto, señor ministro, se lo dije a su antecesor antes de que se abriese el proceso de negociación con ETA, se lo reiteré a usted cuando estaba inmerso en pleno proceso de negociación con ETA y se lo repito hoy, cuando usted nos manifiesta que no tiene ninguna voluntad más que la de derrotar al terrorismo. Esta es nuestra posición. Yo creo que, por fortuna, su posición sí ha cambiado radicalmente en esta cuestión y quiero decirle que, lejos de hacerle ningún reproche sobre su cambio de posición, lo que quiero es felicitarle y felicitarnos todos por su cambio de posición. Me parece que la buena noticia de esta mañana es que hoy el Partido Popular y el Partido Socialista, el Gobierno y el principal partido de la oposición estamos unidos en un objetivo común, que es la derrota de ETA, y eso es muy importante para todos los españoles. Sin embargo, no podemos quedarnos únicamente ahí, no podemos quedarnos únicamente en las palabras de unidad, ya sea

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para condenar los atentados, como debemos hacer, o para felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como también debemos hacer.
Tenemos que convertir esa unidad en un instrumento eficaz para lograr ese objetivo común y, por tanto, lo primero que tenemos que lograr es que los terroristas pierdan toda esperanza de que podrán obtener ninguna ventaja por su acción criminal, que pierdan toda esperanza de que el Gobierno de España vuelva a sentarse a negociar en una mesa con los terroristas.


Ayer, el candidato del Partido Socialista en Euskadi hablaba de un final dialogado de ETA. En primer lugar, a mí me gustaría saber si usted comparte esa posición, de final dialogado, y me gustaría preguntarle si, en una situación como la que vivimos o como la que podamos vivir en el futuro, en la que ETA trate de engañarnos nuevamente con una supuesta o una hipotética tregua, alto el fuego o cualquier otra denominación de las que habitualmente ha empleado la banda, usted estaría dispuesto a sentarse a negociar de nuevo con ETA. A mí me parece que es importante.
Yo sé que ahora usted no tiene voluntad, pero quiero saber cuál es la firmeza, cuál es la garantía que usted da a los españoles de que usted y su Gobierno nunca más van a volver a sentarse a negociar con ETA, porque esa es la única manera que tenemos de que los terroristas pierdan toda esperanza; si no, estaremos siempre a merced de que los terroristas, mediante una declaración, puedan volver a sentarnos en una mesa de negociación. En segundo lugar, es fundamental, señor ministro -y usted no ha dicho nada sobre ello-, expulsar a los terroristas de las instituciones democráticas. Es imposible que podamos derrotar a ETA si no expulsamos a sus representantes políticos de los ayuntamientos del País Vasco y de Navarra. En tercer lugar, señor ministro, creo que tenemos una tarea importante para volver a situar a las víctimas del terrorismo en la vanguardia de la lucha contra el terrorismo, porque uno de los efectos más nocivos que en mi opinión ha tenido el diálogo con ETA ha sido la división que ha generado en la sociedad española, sin duda, pero de manera muy especial entre las víctimas del terrorismo. Usted nos ha anunciado ahora una nueva ley -a mí me parece muy importante esa ley, y estaremos dispuestos a estudiarla y a apoyarla en la medida en que suponga cualquier mejora para las víctimas del terrorismo-, pero yo creo que, cuanto antes, deben iniciar ustedes un diálogo con las asociaciones representativas de víctimas del terrorismo para recomponer una confianza que jamás debió resquebrajarse de la forma en que se hizo. En cuarto lugar, señor ministro, a mi grupo le parece importante que los principios y los instrumentos que estaban en el Pacto por las libertades y contra el terrorismo puedan ser recuperados. Me gustaría que me dijera si usted considera que ese pacto sigue vigente, si considera que debemos superarlo. Si es así, me gustaría que nos dijera a todos los españoles en qué quiere cambiar ese pacto.


La democracia española tiene hoy una nueva oportunidad, una oportunidad histórica para la derrota definitiva de ETA, usted lo ha dicho. Para eso hace falta la determinación de los demócratas para derrotarla, la unidad de los partidos para poder hacerlo y no volver a equivocar el camino, no volver a coger ningún atajo que conduzca al precipicio. Lo ha mencionado usted con otras palabras, pero quiero reiterar también nuestra preocupación por el terrorismo yijahidista, porque la prioridad de derrotar a ETA, que sin duda debe constituir la prioridad absoluta de su Gobierno, no puede hacernos descuidar que tenemos una amenaza enormemente peligrosa para nuestra seguridad y libertad. Es una amenaza global compartida por la Unión Europea pero que en España tiene una especial singularidad y, por tanto, nos debe hacer estar especialmente atentos.
Hemos apoyado y vamos a apoyar todos los esfuerzos y medidas, los que se han hecho y los que usted ha anunciado hoy, para mejorar la seguridad en este campo, para luchar contra esta amenaza. Hay tres áreas prioritarias que me gustaría destacar y que usted no ha mencionado -quizás porque tampoco ha pormenorizado todos los asuntos-: en primer lugar, el uso de Internet para estas organizaciones terroristas, que es un elemento de vulnerabilidad sobre el que debemos actuar; en segundo lugar, la seguridad en puertos y, en general, en tráfico marítimo, ya que hay millones y millones de contenedores y no es nada fácil controlar ese flujo; y, en tercer lugar, una estrategia por parte del Gobierno que evite la radicalización de la comunidad islámica, cada vez más numerosa en nuestro país.


En materia de seguridad ciudadana, denunciamos una vez más la absoluta opacidad y secretismo que imperan en el Ministerio del Interior. Los únicos datos que usted ha facilitado esta mañana, señor ministro, son los de accidentes de tráfico, que son positivos y de los que nos congratulamos, pero nos gustaría -le exigimos- que facilitara datos sobre seguridad ciudadana sobre los que hay una absoluta -insisto- opacidad y secretismo. Es más, cuando nosotros le preguntamos desde el Parlamento por esos datos luego nos riñe. A mí me ha reñido públicamente por preguntar los datos sobre seguridad ciudadana. Debería ser una obligación democrática de su ministerio el que yo no tuviera que preguntar, porque esos datos deberían ser accesibles no para un parlamentario, no para el Parlamento, sino para el conjunto de los ciudadanos. De los datos de que disponemos, que -insisto- son pocos, lo que observamos por lo que ha publicado su ministerio es un crecimiento constante en el número de delitos y faltas conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si utilizamos la fuente de la fiscalía, que publica su memoria anualmente, el crecimiento entre los años 2004 y 2006 habría sido del 20 por ciento; si utilizamos los datos de su ministerio, el Ministerio del Interior, el incremento sería del 14 por ciento, con una cifra total en el año 2007 de 2.267.733 delitos y faltas conocidas. Esos son casi 300.000 delitos y faltas más que los que se habían cometido antes de que ustedes llegaran al Gobierno. En 2007, año sobre el que prácticamente no tenemos datos, sabemos que hay una

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tendencia al alza en el Cuerpo Nacional de Policía algo superior al uno por ciento, y una tendencia al alza en la Guardia Civil algo superior al 3 por ciento. Lo que más preocupa es que en los primeros meses de 2008 parece -usted nos lo confirmará o no- que se está produciendo una aceleración en el crecimiento del número de delitos y faltas conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y estaríamos hablando de un crecimiento en el primer trimestre en torno al 10 por ciento, lo cual sinceramente, señor ministro, es una barbaridad. Yo sé que ahora en la réplica me va a decir dos cosas: primero, que con el Partido Popular fue peor. Esto es falso. (Risas.) Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en el año 1996, nos encontramos 1.726.346 delitos y los dejamos en 1.985.595 en el año 2004, hubo un crecimiento de 250.000 delitos; es decir, en ocho años la delincuencia en España creció menos que en sus cuatro años de Gobierno. Son datos oficiales, haré como el señor Rodríguez Zapatero, lo colgaré en la página web, en mi blog personal, para que usted tenga acceso a esos datos, que proceden de fuentes del Ministerio del Interior.


Lo segundo que me va a decir es que disponemos de más recursos, tenemos más policías y más presupuesto. Pues habrá que felicitar al señor Solbes porque le ha dado a usted más recursos, pero usted con más recursos ha generado más delincuencia, lo cual significa que es usted muy mal gestor.
Los recursos han aumentado, aunque siguen siendo manifiestamente insuficientes, pero los resultados, que es por lo que le tenemos que pedir responsabilidades, son los que son. Sin duda tendremos muchos más debates sobre esto, pero quiero plantearle que hace falta claramente un cambio en su política de seguridad ciudadana, porque esto va mal y los datos lo demuestran. Tiene un problema, primero, de estructura. Yo entiendo que esto de coordinar tres mandos únicos tiene que ser complicadísimo. Debe usted coordinar a un director general de la Policía y de la Guardia Civil con un secretario de Estado de Seguridad y con el Cómité Ejecutivo para el Mando Unificado, el CEMU famoso, y tiene que ser complicado. La salida del señor Mesquida del ministerio no es un problema del señor Mesquida, ni siquiera creo que sea un problema del señor Camacho, sino de que esa estructura -y se lo dijimos cuando usted nos la presentó- no funciona. Creo que debe revisar esa idea porque, lejos de mejorar la coordinación, ha generado más problemas. Segundo, me ha gustado mucho que haya corregido usted al presidente del Gobierno, que en su discurso de investidura hace muy pocos días habló de un horizonte de 140.000 efectivos estables para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y hoy usted nos habla de 150.000. (El señor ministro del Interior, Pérez Rubalcaba: 140.000.) ¿140.000? Yo le había entendido 150.000. Pues entonces lamento que no haya corregido usted al presidente del Gobierno, porque 140.000 está bien, son 16.000 más de los que tenemos ahora, pero ¿por qué 140.000 y no 130.000 ó 120.000? De todas maneras, revíselo, porque creo que ha dicho 150.000, pero puede ser un error. En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenemos un déficit de 16.000 efectivos, pero como el catálogo son 150.000, vamos a marcarnos como objetivo llegar a cubrir al cien por cien el catálogo de puestos de trabajo.


Voy un poco rápido, señora presidenta, pero tenía varias cosas que decir.


La señora PRESIDENTA: Vaya como quiera, solamente les pido que ustedes mismos se limiten un poco porque, si no, no vamos a terminar nunca.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Ejerceré la autocensura en la medida de mis posibilidades.


Tercero, no ha hablado usted, entre la multitud de reformas legislativas que nos ha planteado, de una que me parece importante. Haría falta una reforma del Código Penal para hacer frente a algunas nuevas formas de delincuencia que generan una especial alarma social y que resultan especialmente peligrosas para nuestra seguridad. Ese fue un compromiso que el propio presidente del Gobierno asumió en un debate sobre el estado de la Nación. Usted no lo ha mencionado y me parece que es un punto esencial.


Creo que lo más importante que tenemos ahora mismo para poder garantizar mejor la seguridad de los ciudadanos -y coincidirá conmigo- son unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan un trabajo profesional, que se entregan día a día, que dan lo mejor de sí mismas para garantizar la seguridad a los ciudadanos, pero que tienen un serio problema con usted, porque usted les ha prometido algo que no ha cumplido y además ahora les dice que no tiene voluntad de cumplirlo. En su programa electoral y en el preámbulo del acuerdo al que llegaron con los sindicatos de la policía hablaban de una progresiva equiparación salarial con las policías autonómicas, y ahora usted dice que no, que se equivocaron; de hecho, en el nuevo programa electoral de 2004 no lo pone, y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están enfadados porque usted no ha cumplido lo que les habían prometido; pero es que, además de que no han cumplido, hay una situación que reconocemos como injusta, aunque con la generosidad política que caracteriza a mi grupo decimos que no es responsabilidad exclusiva suya, sino que es un déficit que viene de muy atrás, porque tenemos unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no están bien pagados. Nosotros hicimos un esfuerzo en nuestra etapa, ustedes lo han hecho en la legislatura anterior y tenemos que seguir realizando ese esfuerzo.


A lo que le insto es a que se ponga a negociar cuanto antes y que ya que usted consiguió lo que no había logrado ningún otro ministro del Interior, que fue sacar a los guardias civiles a manifestarse de uniforme, nos evite una manifestación conjunta de policías y guardias civiles, porque con ello seguiría usted asegurándose hitos en la historia del Ministerio del Interior. Junto a este

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tema, que tiene una enorme importancia porque estamos hablando de la motivación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, usted nos vuelve a vender ahora planes de modernización, pero, señor ministro, son muy viejos. No diré que ustedes no han hecho nada, porque otra de las características de mi grupo es el rigor. Han hecho algo: de todas las comisarías de policía nuevas que iban a hacer han hecho una, en León, lo que está muy bien. De todos los centros penitenciarios que nos anunciaron que iban a hacer han hecho uno, que es el Puerto III, pero el porcentaje de acuartelamientos de la Guardia Civil que han arreglado en la legislatura anterior oscilará entre el 0,3 y el 0,5 por ciento, me refiero a los de nueva construcción, porque lógicamente habrán cambiado algún cristal. Le tomo la palabra y estaremos muy atentos para ver cuál es el grado de cumplimiento de los compromisos que usted ha asumido hoy en materia de modernización de medios, pero ahí su credibilidad es mínima.


Me preocupa que no haya hecho mención ninguna al tema de la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y si lo ha hecho habrá sido muy tenue y se me ha pasado, señor ministro. Tenemos una necesidad grande de formación. Necesitamos no solamente más efectivos y más motivados, sino, de manera muy importante, mejor formados. No solamente en especialización. Me preocupa mucho la formación básica. Usted sabe que, por capacidad de los centros de formación, estamos teniendo a los policías nacionales en formación profesional la mitad del tiempo que los hemos tenido siempre ya que están exclusivamente medio curso académico.
Necesitamos dar un complemento de formación a lo largo de toda la carrera profesional porque los retos y los desafíos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad son cada vez más complejos. Por tanto, señor ministro, como me preocupa que su discurso sea de una complacencia continuista -lo hemos hecho bien y vamos a seguir haciendo lo mismo-, le pediría dos cosas: en primer lugar, transparencia -sé que es difícil pedírselo a usted- y, en segundo lugar, un plan de medidas urgentes porque, de verdad, tenemos un problema y, si usted no lo quiere ver hoy, lo comprobaremos en reiteradas ocasiones a lo largo de la legislatura.


Pasando rápidamente a otras cuestiones, señora presidenta, quiero referirme a la inmigración y decirle que la inmigración no es un problema en sí mismo -en eso coincido al cien por cien con usted-, pero que nuestro país tiene un serio problema de inmigración ilegal, y que usted, su Gobierno y su política a lo que han contribuido decisivamente es a que ese problema sea hoy muy grave, y así lo perciben los ciudadanos. Usted sabe que la inmigración ha pasado de ser un problema prácticamente inexistente en la opinión pública española a ser uno de los problemas que más preocupa actualmente a los españoles. No tiene ninguna lógica que un país de la dimensión de España absorba, todos los años más de la mitad del total de la inmigración de la Unión Europea. No tiene ningún sentido contabilizar inmigrantes irregulares porque usted sabe, mejor que yo, que es complicado ya que la propia irregularidad lo hace complicado, pero si comparamos el padrón con el número de residentes extranjeros legales, nos da una cifra que está en torno a un millón de inmigrantes ilegales. Esa es la cifra que utilizan los sindicatos en un informe que he leído de Comisiones Obreras; es decir, que tenemos un problema serio de inmigración ilegal en nuestro país. Le pediría esta mañana, señor ministro, un doble compromiso. En primer lugar, que no va a haber más regularizaciones masivas a lo largo de esta legislatura, y fíjese que se lo pido siendo consciente de que el problema es el mismo que se suponía que ustedes tuvieron para hacer la regularización anterior. Por tanto, le estoy pidiendo claramente que corrija la política porque aquella solución no fue buena. Fue muy mala solución. Fue una solución que agravó aún más el problema. Sería muy importante que usted lanzara hoy el mensaje de que España no va a seguir siendo la puerta de entrada de la inmigración ilegal a Europa y el medio a través del cual se consigue un estatus de residente legal en la Unión Europea. En control de fronteras me pasa lo mismo que con sus planes de modernización. Llevamos un gran retraso en el despliegue del SIVE. No tiene ningún sentido que cuatro años después el SIVE no esté completamente desplegado en las islas Canarias o que me esté anunciando algunos despliegues del SIVE en la costa mediterránea que hace tiempo que tendrían que estar ya a pleno rendimiento. Seguimos teniendo déficit de recursos humanos y de recursos materiales en nuestras fronteras. Lo peligroso del descontrol que existe en las fronteras no es ya solo un problema de inmigración ilegal, es un problema de tráficos ilícitos. El último informe de Europol lo refleja muy claramente. España sigue siendo, a enorme distancia, el principal puerto de entrada para toda la droga que viene de Sudamérica y para toda la droga que viene del norte de África. Necesitamos un control mucho más estricto de las fronteras. En tercer lugar, y esto lo entiende usted muy bien porque lo ha explicado alguna vez, estamos en un espacio común dentro de la Unión Europea en el que hay libertad de movimientos. Por tanto, los flujos de inmigración ilegal se dirigen hacia aquellos países que reúnen dos características: menor control de sus fronteras y un marco normativo más laxo para permitir la inmigración ilegal. Lo que le pido es que estudiemos, y es una cuestión siempre complicada, qué reformas legales podemos realizar en la línea de homogeneizar nuestro sistema legal, nuestro marco jurídico de la inmigración al del resto de nuestros socios europeos. No me vale el argumento que da usted de que la directiva que ha aprobado muy recientemente el Gobierno español, a propuesta de la Comisión, obliga exclusivamente a aquellos estados que tienen las legislaciones más duras. Es verdad que a esos los obliga, porque es una directiva de obligado cumplimiento, pero, señor ministro, el sentido de esa directiva es armonizar nuestra política de inmigración, que es un objetivo compartido por el presidente del Gobierno. Por tanto, noso

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tros también tenemos que recorrer un camino para armonizar esa legislación en el conjunto de la Unión Europea.


La señora PRESIDENTA: Señoría, le ruego que vaya concluyendo.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Voy concluyendo, señora presidenta.


Les pediría que abandonen esa demagogia que tanto practican con este tema respecto a otros socios europeos y también respecto a mi propio partido y se pongan a trabajar en serio porque, señor ministro, tenemos un problema real de inmigración ilegal.


En cuanto a las cárceles, y me quedan dos cosas, señora presidenta, con su Gobierno hemos tenido un crecimiento espectacular del número de reclusos en los últimos cuatro años, un 20 por ciento. En este momento estamos casi en 70.000 reclusos. Cuando nosotros gobernábamos, en el debate sobre el estado de la Nación de 2005 decía el actual presidente del Gobierno: están aumentando los reclusos en las cárceles porque está fracasando su política social. Yo no voy a caer en esa demagogia. Igual que no le voy a llamar a usted racista ni xenófobo por habernos propuesto esta mañana ampliar los plazos de retención de los inmigrantes ilegales para poder proceder a su expulsión, tampoco le voy a decir que están aumentando los presos porque está fracasando su política social. Nosotros no caemos en esa demagogia, pero sí que tenemos un problema, que es la gran masificación en las cárceles. Tenemos saturación. Ustedes prometieron también -prometiendo son buenísimos- un preso por cárcel. (Rumores. Un señor diputado: Por celda.) Por celda, perdón. Hasta ahí no llegaban, es verdad. Ha sido una exageración por mi parte. A lo mejor alguna vez lo prometieron, pero creo que no. Lo que prometieron claramente fue un preso por celda. La realidad es que tenemos centros absolutamente saturados y que la ratio entre funcionario y preso está deteriorándose notablemente.
Usted nos vuelve a vender ahora un plan que yo ya le he escuchado varias veces: 18 centros penitenciarios, 34 tal, 5 unidades... Han inaugurado una en cuatro años y las cosas están mucho peor de como estaban. Ahora le veo enseñar un poco la patita por debajo de la puerta y dice: como nos aumenta mucho la población penitenciaria y no somos capaces de construir nuevas cárceles, la solución evidente -y se nos ocurre a cualquiera- es que mandemos a los presos a la calle y vayamos a régimen abierto. (El señor ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, hace gestos negativos.) Señor ministro, le parecerá muy mal pero vamos por partes. Usted admitirá que tenemos un problema serio de saturación en las cárceles porque eso es objetivo. Admite que hace una apuesta muy decidida por el medio abierto.
Estoy muy gustoso de que me desmienta pero a mí me preocupa que la política sea la de llevar presos al medio abierto porque eso puede terminar repercutiendo en un deterioro aún mayor de la seguridad ciudadana. Simplemente, como es mi función, le aviso.


Veo que viene usted con un paquete de medidas de reformas legislativas que nos va a tener muy ocupados, de lo cual yo me alegro, en esta Comisión.
Me da la impresión de que quiere usted recuperar todo el tiempo perdido en los últimos cuatro años en los que al final aprobamos, un par de leyes de guardia civil con el cronómetro casi en tiempo de prórroga de la legislatura, las reformas lógicas que apoyamos -lo hicimos en el carné por puntos pero no en la reforma del Código Penal para accidentes de tráfico-, una base de datos de ADN y poco más. Por el paquete con el que usted viene, y me alegro, parece que quiere usted recuperar parte de lo que no hicimos en la legislatura anterior. Esperemos estar como Comisión a la altura de la circunstancias.


Me gustaría fijar alguna precisión más, si es posible, señor ministro, sobre la reforma de la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya reforma anuncia, pero no nos dice ni para qué ni nos precisa qué es lo que quiere hacer usted con la reforma de esta ley. Para que vea que no todo lo hace mal, por lo menos desde nuestro punto de vista y también lo reconocemos cuando hay aciertos, quiero recordar el éxito en la reducción de los accidentes de tráfico y especialmente el número de víctimas mortales de tráfico. Lo hago sin el más mínimo reparo porque con toda modestia -y usted lo ha mencionado también- creo que este Parlamento y mi grupo parlamentario pueden sentirse corresponsables de ese éxito. En la legislatura anterior se redujeron los accidentes poniendo un enorme énfasis en la responsabilidad de los ciudadanos. Creo que para seguir reduciendo los accidentes -y con 3.000 personas fallecidas en las carreteras el año pasado todavía el grado para la autocomplacencia tiene que ser limitado por su parte y por la mía- toca ahora que la Administración haga un esfuerzo. Se ha pedido mucho esfuerzo a los ciudadanos, que tienen un enorme mérito en este éxito colectivo, pero ha llegado el tiempo de que la Administración también realice un esfuerzo en la reducción de tramos peligrosos en las vías y en el aumento de efectivos para la Agrupación de Tráfico que usted decía.


Termino con el último tema. Me hubiera gustado un poquito más de énfasis en la lucha contra la violencia machista. No voy a recordar los datos, porque los tiene usted muy presentes, pero son muy preocupantes. Hay un aumento importante en el número de mujeres asesinadas y tenemos un claro fallo en la protección a las víctimas de esta violencia. Me gustaría que ahí se extendiera más. Usted nos ha hablado de más medios, y yo le apoyo, pero me parece que hay algo más que está fallando. Probablemente sea imprescindible una reforma de la ley y un cambio en la estrategia, porque está claro que no vamos por el camino adecuado.


Termino, señora presidenta, -termino, de verdad- diciendo que en un sistema democrático la tarea y la labor del Gobierno es fundamental, pero soy de los que cree, sin tener ninguna vocación de ello, que la labor de

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una oposición democrática, de una oposición firme, de una oposición leal, es también muy relevante. Y si esa oposición está avalada por más de diez millones de españoles, es más relevante aún, sin ningún menosprecio para ninguno de los grupos de la Cámara. Por tanto, con la confianza que nos han otorgado esos diez millones de españoles sepa que vamos a trabajar con la mayor intensidad de la que seamos capaces por mejorar la seguridad de los españoles, que es el único objetivo que anima y tiene este grupo parlamentario. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Hernando.


El señor HERNANDO VERA: Señor ministro, en primer lugar, quisiera felicitarle en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por su confirmación como ministro del Interior y desearle éxito en el desempeño de sus funciones. Su éxito será el de todos, el de toda la sociedad y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque eso nos proporcionará mayor seguridad. También le deseo suerte, que hago extensiva al portavoz del Grupo Parlamentario Popular y a todos sus compañeros. Me da la impresión de que la van a necesitar, y no especialmente en esta Comisión. También quisiera felicitar a los portavoces de los distintos grupos por su nombramiento y por la designación de sus grupos como portavoces de esta Comisión y recordar con afecto a aquellas personas que ya no están en esta Comisión y que hoy desempeñan otras funciones y otras responsabilidades. En concreto, quisiera mencionar a doña Alicia Sánchez-Camacho, a don José María Guinart, a don Luis Mardones, a doña Isaura Navarro y a don Agustí Cerdà, porque hicieron una magnífica labor en esta Comisión la legislatura pasada. Queremos unirnos también desde el Grupo Parlamentario Socialista al homenaje del ministro a don Juan Manuel Piñuel, el guardia civil asesinado por ETA hace escasamente quince días. Felicitamos al ministro, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Guardia Civil por las detenciones producidas la semana pasada en Francia. Estamos seguros de que este operación ha sido fruto del trabajo llevado a cabo durante muchos meses por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente por la Guardia Civil, y por la cooperación intensa y estrecha del Gobierno francés y de sus fuerzas de seguridad.


Antes de entrar en mi intervención, quisiera manifestar algo, que no sé si es apropiado o no. Quisiera hablar no de las reglas del juego, sino del espíritu que en mi opinión tendría que presidir esta Comisión. Durante la legislatura pasada esta Comisión ha sido muy virulenta, ha tenido mucho conflicto; se quiso convertir en la segunda Comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo; se quiso traer a esta Comisión uno de los elementos de mayor crispación, como es el terrorismo; se quiso hacer de esta Comisión el epicentro de la división contra el terrorismo. Lo que hoy queremos decir, acogiendo las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán CiU y del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es que nosotros también estamos dispuestos y deseamos tender la mano a todos los grupos para que el terrorismo deje de ser un elemento de confrontación permanente en esta Comisión, en general en la política, pero especialmente en esta Comisión, que es en la que ahora estamos. Esta puede ser, como dice la naturaleza jurídica de las comisiones, una comisión de control, una comisión legislativa, una comisión en la que la oposición controle férreamente al Gobierno, por supuesto que sí, con toda la contundencia que estime necesario, pero no debería ser una comisión en la que se traiga el enfrentamiento virulento que se produjo en la legislatura pasada en materia de terrorismo. Yo doy la bienvenida al discurso que he oído del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En esta Comisión queremos discutir, queremos debatir, queremos proponer alternativas, queremos mejorar las leyes que nos ha anunciado el ministro, porque creemos que con el trabajo de todos y con este espíritu mejorará la seguridad de todos los ciudadanos también.


En el tema del terrorismo diré solamente un par de cosas más, y es una reflexión genérica. Yo creo que en este país, en los últimos cuatro años, ha habido dos anomalías. Una de ellas existe en otros países, que es la del terrorismo; el terrorismo en el siglo XXI es una anomalía. Se va extendiendo cierto tipo de terrorismo, que es el terrorismo internacional, pero el otro está despareciendo en la práctica totalidad de los países. Esa anomalía democrática en una sociedad democrática y en pleno siglo XXI existe, con carácter generalizado, en algunos sitios; pero la otra no existe o no ha existido en ningún sitio, que es la anomalía de la división de los demócratas frente a los terroristas. Esa anomalía solo ha existido en este país en los últimos cuatro años, señorías. Y yo me alegro de escuchar las palabras que he escuchado, para que esa anomalía, que también es una anomalía democrática, deje de existir, y es la división frente a los terroristas, frente a los violentos y frente a quienes les amparan. Por lo tanto, bienvenido sea su discurso, se lo digo con toda sinceridad y con la mano en el corazón, y bienvenida sea su disposición. En materia terrorista solo quiero decir otra cosa. Después del último atentado y después del anterior, del asesinato de Isaías Carrasco, este Parlamento y los grupos parlamentarios hicimos lo que yo creo que se debe hacer, lo que nosotros creemos que se debe hacer, que es manifestarnos conjuntamente a través de una declaración en contra del terrorismo, condenando el atentado y estableciendo las reglas del juego, que no pueden ser otras que las del Estado de derecho, como nos ha anunciado el ministro. Lo que me parece importante es que esto no sea una pose después de un atentado. Lo que espero es que nunca sea una pose. Lo que espero es que sea una posición política sensata y definitiva por parte de todos los grupos. Que no sea aquello que viene en el manual que hay que hacer después de un atentado, sino que sea una declaración sincera y, sobre todo, señorías, un compromiso sincero.


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A mí me parece que el ministro nos ha expuesto cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta nuestro país en materia de seguridad, y nos ha diseñado una estrategia nacional de seguridad. Ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra que las cosas van peor en España, que hay más inseguridad, que ha crecido el número de delitos y de faltas, etcétera.
Vamos a ver algunas cifras; cifras de las publicadas, de las que ya conoce él, porque él también es más antiguo que yo en esto; era portavoz de Interior antes que yo en el Senado, y algunas cifras ya conoce de las que les trasladó el secretario de Estado de Seguridad durante la pasada legislatura en la sede del Senado. Yo no sé si es, como dice algún dirigente del Partido Popular que le gusta mucho utilizar la expresión monumental, un monumental fracaso o no que España tenga menos tasa de criminalidad -2006, no las del 2007, que el propio secretario de Seguridad se comprometió a comunicárselas al hoy portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular- que Italia, Luxemburgo, Francia, Finlandia, Austria, Alemania, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido o Suecia, no lo sé, me da la impresión de que no; y si es un fracaso, bienvenidos sean este tipo de fracasos. Esas son las cifras que conocemos a día de hoy y de las que usted también dispone, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No sé qué cifras está manejando; sé las publicadas, las que usted ya conoce. En cuanto a infracciones penales graves, las más graves, en 2006 teníamos 21,7 y en 2002 teníamos 25,6. Usted se va a las cifras totales, que es una trampa fácil. Las cifras totales no valen, porque cuando aumenta mucho la población hay más delincuencia. Hay que ir a las cifras relativas, en relación con 1.000 o con 10.000 habitantes. Esto usted lo sabe, esto es de libro, no hace falta que yo se lo repita. Usted sabe que esto hay que relacionarlo con población, con 10 o con 1.000 habitantes. (Una señora diputada: Exactamente.) ¿Fracaso monumental que la tasa de homicidios dolosos y asesinatos haya bajado al 2, 49 en 2006, frente al 3,23 en 2002? ¿Fracaso monumental que la tasa de robos haya bajado de 141 por cada 10.000 habitantes en 2001, frente a los 105,6 en 2006? No. Yo creo que no. Creo que todos somos conscientes de que sigue habiendo problemas, de que sigue habiendo delincuencia, de que sigue habiendo criminalidad, por supuesto que sí, pero las cifras han descendido claramente a lo largo de estos cuatro años. Han descendido si usted cuenta como tiene que contar, si hace trampas contando, es difícil.
No digo trampas, digo si no es riguroso a la hora de contar. No quiero acusarle de trampas. Esto es así por una sencilla razón, que hemos expuesto muchas veces en esta Comisión. Es una ecuación que casi siempre da resultado. El ministro lo ha dicho también a lo largo de su intervención y en intervenciones anteriores. Más policías, más guardias civiles, más gasto en seguridad, normalmente es menos criminalidad y menos inseguridad, y a las pruebas me remito, a las pruebas de las cifras publicadas y no de las cifras sobre las que usted especula. El incremento del gasto en materia de seguridad en la última legislatura -cosa importante, no me lo negará usted- ascendió al 53 por ciento. Todos los gobiernos han intentado hacer mucho en esta materia, también los gobiernos del Partido Popular. Al final de su legislatura, el incremento del gasto en seguridad de los gobiernos del Partido Popular ascendió al 29 por ciento; en nuestro caso, un 53 por ciento. Son veintitantos puntos más. Hemos hecho más esfuerzo, hay que reconocerlo. Sé que usted ha reconocido muchas cosas, en otras ha sido crítico, pero esta es una de las que tendríamos que reconocer. Me parece que es razonable hacerlo.
Criminalidad, cifras de criminalidad, cifras de delincuencia, número de efectivos de la Guardia Civil, de la Policía; hablando de Guardia Civil, en materia de Guardia Civil y de las dos últimas leyes que aprobaron este Parlamento y el Senado sobre la Guardia Civil, quizás ustedes también tendrían que decir algo, porque se opusieron a ambas leyes. Se opusieron a la Ley de derechos y deberes de la Guardia Civil, se opusieron a que hubiera asociaciones democráticas de la Guardia Civil, se opusieron a que hubiera un consejo de la Guardia Civil y se opusieron al régimen disciplinario de la Guardia Civil, que entre otras cosas permitía que se detuviese a los guardias civiles por simples faltas. Sinceramente le digo que no he visto en su programa que las vayan a derogar, como en su momento nos manifestaron. No sé si ahora están de acuerdo, pero creo que son dos buenas leyes para modernizar ese instituto armado. Respecto a las manifestaciones de la Guardia Civil, en general creo que hoy no es un buen día para que ustedes hablen de manifestaciones. Los resultados están ahí, son contundentes y claros y la realidad se conforma con datos, con cifras y con hechos. Esta es la realidad que existe en estos momentos, aunque a veces la realidad no esté bien vista por la oposición. Yo pensé que iba a ser usted un poco más revolucionaro en el día de hoy, pero en el sentido de Víctor Hugo, que decía que la revolución es pasar del ensayo, pasar de la representación a la verdad. Pensé que hoy iba a ser mucho más revolucionario en términos de verdad, en términos de realidad.


En el tema de las víctimas a mí me parece que quizás sea este uno de los capítulos más desgraciados de la legislatura pasada, que nos enfrentásemos en los aspectos relacionados con las víctimas y que el dolor de las víctimas se quisiese arrojar en ocasiones, como se arrojó, a la cara del Gobierno, a la cara de estos diputados y diputadas. Lo hemos dicho por activa y por pasiva muchas veces. Las víctimas son la columna vertebral, la columna moral que soporta nuestra acción contra los terroristas. Creemos que tienen que ser nuestros interlocutores privilegiados, que les debemos mucho, que nunca les podremos pagar todo lo que representan para nosotros y para nuestra democracia. También nos gustaría que no se volviesen a repetir en esta materia los enfrentamientos que se produjeron la legislatura pasada que, como he dicho, fueron uno de los capítulos más desgraciados. El ministro nos ha anunciado una nueva ley de víctimas del terrorismo y yo invito a todos los grupos para que traba

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jemos, cuando esa ley venga aquí, para sacar la mejor ley posible. Sería muy bueno que esa ley fuese fruto del consenso de todos los grupos parlamentarios. Se han hecho muchas cosas en la legislatura pasada en esta materia. El Gobierno ha intentado resarcir a víctimas del pasado, no solamente de la organización terrorista ETA sino a víctimas en el Sáhara, en Marruecos e incluso ha buscado a personas que habían perdido sus indemnizaciones porque no las habían reclamado. Me parece que es muy positivo que sigamos caminando en este sentido.


En cuanto al tema de la coordinación, el ministro nos ha expuesto cuáles son las líneas generales básicas de la coordinación para mejorar la seguridad. A mí me parece que a estas alturas ya no es razonable, vistos los resultados, criticar el CEMU, crticar el Mando Unificado o criticar la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. No lo he visto en los programas, en general no he visto que eso se fuese a derogar. Es más fácil coordinar a dos que coordinar a cinco. Esto es casi una regla de sentido común. Creo que eso ha dado y está dando sus resultados, que el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado ha dado sus resultados a lo largo de esta última legislatura, igual que los grupos Greco, o los grupos ECO, o el CNCA en este tema. En cuanto a los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todos coincidimos en la necesidad de que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén mejor pagados, mejor remunerados, y tengan mejores condiciones sociales. En la anterior legislatura -usted lo ha dicho, señor ministro- se consiguió un acuerdo con los sindicatos de la policía, para que se produjese un aumento salarial del 10,5 por ciento por encima del IPC en los siguientes cuatro años. Se están produciendo contactos con los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para que esto sea así. En este tema también todos deberíamos estar de acuerdo porque no es razonable que un guardia civil hoy en España esté cobrando mucho menos, infinitamente menos, que algunas policías autonómicas o que algunas policías locales. A mí me parece que el esfuerzo que se ha hecho presupuestariamente en los últimos años es un esfuerzo importante para mejorar la remuneración de estos profesionales, que tanto dan por nuestra seguridad. Me parece muy importante el tema de la coordinación con las policías autonómicas y locales -lo ha recordado la portavoz de Convergència i Unió- y que esa coordinación sea operativa en cuanto a los cuerpos de las policías autonómicas. La constitución de las juntas de seguridad en todas las comunidades autónomas permitirá desarrollar mejor la colaboración en las políticas de seguridad.
Asimismo, nuestro grupo valora muy positivamente la cooperación real de los cuerpos de seguridad locales en las funciones de policía judicial y mantenimiento de la seguridad y la convivencia ciudadanas, desarrollando, entre otros, los acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias.


En materia de política penitenciaria solo comentaré una cosa. Me parece que usted ha dicho, señor Cosidó, el 20 por ciento. Yo creo que el incremento de la población ha estado en el 18 por ciento en el último año -y miro a la que era la responsable en esta materia de mi grupo-. En 2000-2004 crecía al 29 por ciento, once puntos más, y el presupuesto era de once puntos menos del que hemos destinado en la última legislatura.
Crecía menos en la última legislatura, hemos destinado once puntos más de presupuesto y, naturalmente, habrá que seguir destinando mucho más, pero el esfuerzo presupuestario en esta materia ha sido del 46 por ciento; un incremento presupuestario del 46 por ciento en gasto destinado a prisiones.


Dejo para el final la inmigración y solo diré una cosa respecto a la violencia de género, que sí me parece -como todos los otros- un problema sustancial y evidente. Hasta marzo de 2004 existían 505 agentes especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora tenemos 1.614. El ministro ha anunciado que vamos a llegar a 1.800. Es decir, se ha multiplicado por más de tres y al final va a multiplicarse casi por cuatro. En 2002 el número de denuncias era de 47.000; en 2007, de 80.000. Y yo pregunto, ¿se han duplicado el número de agresiones? No, señorías, no. La ley, la concienciación, la información es lo que ha permitido a muchas mujeres denunciar, pedir ayuda y salir de su pesadilla. La violencia de género es un problema estructural que persiste en la sociedad a pesar de la existencia de la ley. La ley no erradica el fenómeno. Esa violencia ha de combatirse con educación no sexista en las aulas -por ejemplo, a través de la tan denostada por algunos asignatura de educación para la ciudadanía-, con campañas de sensibilización, con conciencia ciudadana, de familiares, de amigos, de los vecinos de las víctimas. La eficiencia de la ley debe medirse, por lo tanto, precisamente por el incremento del número de denuncias, por el aumento del número de medidas de protección, así como por los recursos puestos a disposición de este gravísimo problema. Y los recursos también han crecido mucho. Se creó un fondo económico para la asistencia social integral de 28,5 millones de euros que antes no existía. Reconozcamos lo que se ha hecho, aun reconociendo la gravedad del problema.


Finalmente, termino con inmigración. Durante mucho tiempo, durante ocho años -y fundamentalmente durante cuatro años-, la inmigración fue un caballo de batalla electoral en España. Eran los tiempos en los que la inmigración se equiparaba a la delincuencia y se hablaba de tasas mayores de delincuencia porque había más inmigrantes en España. Eran los tiempos en los que se hacían procesos de regularización sin pedir contrato a las personas a las que se iba a documentar. Eran los tiempos en los que se retornaba a un número importante de inmigrantes. Eran los tiempos en los se modificaron tres leyes de extranjería y se nombraron tres delegados del Gobierno para la inmigración o la extranjería. Cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos

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con 700.000 personas, que no habían llegado volando ni habían aparecido aquí por arte de magia, que habían entrado a través de nuestras fronteras, que estaban trabajando, escolarizando a sus hijos, viviendo con nosotros en nuestros mismos edificios y siendo nuestros vecinos.
Había que darles una solución y se les dio; se les dio en coordinación con sindicatos, con empresarios, con organizaciones no gubernamentales, con asociaciones de inmigrantes. Y se les dio porque tenían trabajo, porque disponían de trabajo, porque tenían un contrato. Y se les dio siempre y cuando se diesen de alta en la Seguridad Social. Seguimos haciendo una política que era la de retornar, con todas las garantías, a todas las personas que entraban irregularmente en este país. Eso nos llevó a que el número de retornados se incrementase en un 40 por ciento respecto a las cifras de la legislatura anterior: de 240.000 pasamos a 370.000 personas retornadas, y eso fue posible gracias a los acuerdos de segunda y tercera generación que se fueron firmando con países como Mali, Senegal, Mauritania, Gambia, Cabo Verde, etcétera, países a los que muchos países de la Unión Europea no son capaces de retornar -ya digo, siempre con todas las garantías- a las personas que entran irregularmente en sus territorios. Esa es la política que se ha hecho, la de controlar mejor los flujos migratorios, que ha traído como consecuencia el que ya prácticamente sean muy contadas las incursiones de inmigrantes irregularmente por la fachada mediterránea y que el tráfico irregular y la explotación de esas personas se haya llevado a la fachada atlántica hasta Senegal, Mauritania, etcétera. Efectivamente, ha habido problemas en el archipiélago canario por la llegada de numerosas personas, pero también hay que reconocer que esas cifras han descendido en un 30 y en un 40 por ciento en el último año y en los últimos meses. Por lo tanto, señorías, ¿se están haciendo las cosas como se tienen que hacer o prefieren que vayamos en lugar de a un proceso de documentación definitivo a tres o cuatro, como se hacía en la legislatura anterior, sin pedir contrato? ¿Prefieren que se hagan las cosas como se tienen que hacer o retornamos menos de lo que se retornaba en la legislatura pasada, bajamos un 40 por ciento? A mí me parece que los discursos no son duros o blandos en función de las barbaridades que se puedan decir, que los discursos son ciertos o no lo son, y lo que es cierto es que nosotros hemos hecho una política rigurosa en materia de inmigración, y que cuando se decía que los inmigrantes son delincuentes o que este país es una fortaleza, lo que se consiguió, en primer lugar, fue despertar el racismo en algunos sectores y, en segundo lugar, dejar a 700 u 800.000 personas sin papeles en este país en el año 2004. Pongámonos de acuerdo respecto a qué hay que hacer en inmigración. No sé cuál va a ser la posición del Partido Popular, sé que el ministro ha propuesto traer aquí la Ley de Extranjería, una propuesta respecto al incremento del número de días, para ser más eficaces, con todas las garantías. No sé cuál va a ser la opinión del Grupo Parlamentario Popular y del resto de grupos en esta materia; lo que sí es evidente es que España está a la cola de los países que menos días de internamiento tienen para los inmigrantes. Lo que también deberíamos tener en cuenta es que la inmigración va a ser un fenómeno estructural para este país dada la situación geográfica en la que se encuentra y el crecimiento económico que tiene, y que deberíamos, en la medida de lo posible, llegar a acuerdos que no partiesen de planteamientos demagógicos o de confrontación. Por lo tanto, en esta materia lo que ofrecemos al resto de grupos es lo mismo que ha ofrecido el señor ministro del Interior, y es la mano tendida para hacer una ley mejor y una ley más eficaz.


La señora PRESIDENTA: Tienen el turno de palabra los grupos que no han solicitado la comparecencia. En primer lugar, de menor a mayor, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señora Díez, por un tiempo de diez minutos aproximadamente.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Disculpen que haya tenido que ausentarme; estaba en otra reunión a la vez. Es lo que tiene pertenecer al Grupo Parlamentario Mixto y tener que estar en dos sitios a la vez. Siento mucho no haber seguir todo el debate, pero he podido seguir al menos toda la intervención que ha hecho el ministro, a quien saludo particularmente en esta Comisión en representación del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor ministro Pérez Rubalcaba ha hecho una intervención muy extensa y también muy concreta, a pesar de las dificultades para hacerlo en este primer turno, y yo le agradezco mucho toda la información que nos ha dado y todos los anuncios que ha hecho de iniciativas de su departamento.
Naturalmente, en el contenido de cada una de las iniciativas tendremos que entrar cuando estas se planteen en la Cámara y en su momento expondremos nuestra posición, las sugerencias, las mejoras o nuestro rechazo parcial o total. Espero que sea siempre parcial y que tengamos muchas más posibilidades de encuentro que de lo contrario, pero será en el momento en que se debatan aquí cada una de las 13 iniciativas legislativas que nos ha anunciado -si no recuerdo mal, quizá más, pero me ha dado tiempo a apuntar 13- cuando podremos fijar posición sobre cada una de ellas. Todas ellas tienen un enunciado que nos resulta muy interesante. Cómo no estar a favor de que haya una ley general para avanzar en lo que es la seguridad privada, o una ley orgánica de derechos y deberes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o una mejora de la protección civil a partir de una nueva ley, o una ley reguladora del derecho de asilo, o de seguridad vial o de atención a las mujeres que sufren malos tratos. Cómo no estar de acuerdo con el enunciado de una serie de leyes. De la lectura de la comparecencia anterior he podido extraer que algunos de sus compromisos ya formaban parte de la legislatura pasada, algunos de esos enunciados ya se hicieron también aquí y hoy se repiten. Yo espero que a lo largo de esta legislatura tengamos la oportunidad no solamente de debatirlas sino de apro

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barlas, con nuestras aportaciones y con las mejoras que a lo largo del trámite parlamentario se producirán. Antes de marcharme, escuché a la representante de Iniciativa per Catalunya hablar, por ejemplo, de la Ley de protección a las mujeres, de las dificultades que ha tenido la Ley contra la violencia de género, de las iniciativas que el ministro había planteado en ese sentido y me sumo -porque ella lo hizo prolijamente- a esas preguntas que se le plantearon sobre en qué medida se va a reformar esa ley y qué se va a hacer en concreto para resolver los problemas que no hemos sido capaces de resolver. Cierto es que una ley no puede resolver en sí misma los problemas, pero en la legislatura pasada, y en relación con este drama, vivimos quizá una expectativa exagerada respecto de lo que la ley podía o no podía hacer. Si la ley no se dota económicamente, si no se amplía suficientemente el número de policías para evitar que las mujeres que son víctimas se conviertan en víctimas mortales, lo que podemos generar es no solamente una desesperación por parte de las personas que sufren el maltrato, sino incluso una sensación en la sociedad, como sabe muy bien el ministro, de pensar que las leyes no sirven para nada. Y no es eso, ni son capaces de resolverlo todo ni todo lo contrario.


Me parece muy oportuna la referencia que ha hecho el ministro del Interior en relación con la inmigración. La inmigración es un problema o es una oportunidad, según cómo se plantee. Ningún país de la Unión Europea es capaz de resolver este fenómeno ni de enfrentarse con garantías de éxito, desde la perspectiva de los ciudadanos que viven en el país y desde la perspectiva de los ciudadanos que aspiran a vivir en el país. Ningún país de la Unión Europea puede enfrentarse con éxito a esta cuestión por sí solo, ni el país más grande de los que somos ni dos o tres juntos. No hay fronteras. Se destacó que la iniciativa unilateral de Italia puede generar problemas al resto de los países miembros de la Unión, como la iniciativa unilateral de España en la legislatura pasada fue objeto también de críticas precisamente por esa unilateralidad. Los objetivos pueden ser muy lógicos, los deseos pueden ser muy defendibles, pero hay políticas en esta materia que requieren de un pacto de Estado no solamente dentro del país, en este caso dentro de España, sino también de un gran pacto a nivel europeo para enfrentarnos con garantías de éxito a lo que es un fenómeno de nuestro siglo, que puede ser, insisto, una ventaja para todos o que puede convertirse en un verdadero problema, no solo para los que vivimos aquí sino para aquellas personas que se arriesgan a morir. Pasar el Estrecho o pasar las fronteras en las condiciones en que muchos lo hacen es arriesgarse a morir, porque se arriesgan a vivir, porque saben que en su país de origen realmente no tienen expectativa de futuro. Por tanto, espero que este tema de la inmigración sea también objeto del máximo consenso a lo largo de esta legislatura.


El ministro ha hablado en varias ocasiones de la necesidad de dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a sus integrantes, del mejor nivel de seguridad, del mejor nivel de retribución, del mejor nivel de capacidad y también de las mejores posibilidades para el desarrollo de una carrera profesional. El ministro también ha anunciado próximas negociaciones o incrementos retributivos para los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No se nos oculta a nadie que hay una reivindicación antigua, pendiente y justa, desde mi perspectiva, de quienes tienen entre sus obligaciones, como muy bien destacaba el señor ministro, la de proteger nuestros derechos y garantizar nuestra seguridad, de que sean también ellos protegidos por quienes tenemos la capacidad de hacer iniciativa legislativa y, en este sentido, de que sus retribuciones sean homologadas y homologables al margen de la Administración de la que dependan. Esta es una vieja reivindicación. A mi juicio, no es sostenible desde ninguna perspectiva que a lo largo del tiempo un guardia civil que está destinado en el País Vasco o un policía nacional en cualquier otro lugar donde hay policía autonómica y que cumple la misma función -no diré ni mayor ni menor que un compañero de la Ertzaintza o de los Mossos d'Esquadra- tengan retribuciones en algunos casos de un 30 por ciento menos que las de sus compañeros de profesión, aunque sean de otro cuerpo de la Administración, porque al fin y al cabo tienen la misma tarea, que es proteger nuestros derechos y garantizar nuestra seguridad. Por tanto, esto de iniciaremos, seguiremos, negociaremos no debería ser un brindis más al sol, sino un objetivo fundamental del Gobierno para esta legislatura: la homologación de las retribuciones con las del resto de compañeros de otros cuerpos que hacen su misma tarea en el resto de España y que dependen de otras administraciones.


Finalmente, porque seguro que ya se me está agotando el tiempo que la presidenta me ha anunciado que tenía, el ministro ha hablado, como no podía ser de otra manera, de terrorismo, tanto de terrorismo denominado internacional como del terrorismo doméstico, por llamar así al terrorismo de ETA. Hay algunas afirmaciones que ha hecho el ministro que yo no comparto. Alguien podría pensar que son afirmaciones de tenor menor o que el hecho de que no las comparta no es muy importante si lo importante es que trabajemos juntos en que de aquí en adelante pongamos en común no solamente la estrategia sino la reflexión sobre la situación actual, pero quiero decirlo en esta Comisión porque es la primera oportunidad que tengo de hacerlo en presencia del ministro. Señor ministro, no se puede decir en rigor que ETA está más débil que nunca, porque la debilidad de la organización terrorista, como muy bien sabe el ministro, no depende solo del número de comandos activos que tenga, no sé si el ministro sabe exactamente cuántos tiene y puede decir: tiene menos ahora que hace cinco años y, por tanto, digo que está más débil; pero ni en ese supuesto, como sabe el ministro, la debilidad no depende solo del número de comandos activos que tenga o del número de miembros dispuestos a formar parte de la

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organización terrorista, ni siquiera depende, como él también sabe muy bien, de la duración de esos comandos. Muchas veces hemos analizado la situación de debilidad de ETA en función del tiempo que tardaban en caer los comandos nuevos. Se decía: Organizan comandos, pero en cuanto los organizan los cuerpos y fuerzas de seguridad tanto en España como en Francia los detienen y eso es una imagen y una constatación de la debilidad de ETA. Eso es importante y es una de las partes que demuestran la debilidad de ETA. No se puede decir que ETA está más débil que nunca, como tampoco se podría decir lo contrario -negaría también la afirmación contraria, que está más fuerte que nunca-, ni lo uno ni lo otro, porque hace cinco años ETA estaba, a criterio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado francés -cuyos informes hemos leído todos, también en los medios de comunicación españoles-, en una situación de máxima debilidad y a punto de extinguirse, según informaban todos los expertos -yo solo me limitaba a leer lo que los expertos informaban-, y además estaban fuera de las instituciones democráticas. La fortaleza militar, si me permiten la expresión entre comillas y en minúsculas, es una de sus partes. ETA, socialmente -el ministro ha afirmado lo contrario-, también estaba más débil hace cinco años; ETA no estaba en las instituciones democráticas, y hoy está dentro. No es menor que ETA esté dentro, no es una cuestión poco importante que ETA esté dentro de las instituciones democráticas porque ustedes les han dejado entrar, no es poco importante. Acaban de detener en Francia, como usted muy bien sabe, a quien fue alcalde de Andoain durante muchos años, cuando mataron a José Luis López de Lacalle y a Joseba Pagazaurtundua, por ejemplo, y estaba allí porque no teníamos una ley, como es la Ley de Partidos, que nos permitiera echar de las instituciones democráticas a quienes han hecho de destruir la democracia su razón de ser. Por tanto, que ETA haya vuelto a las instituciones no es un grado de debilidad del terrorismo, en todo caso es un grado de debilidad de los demócratas. Que ETA esté en las instituciones, que cobre dinero de los Presupuestos Generales del Estado, de nuestros impuestos, que estén allí organizados, que puedan desde dentro -si me permiten la expresión coloquial, que no quiero que moleste a nadie- tenernos más a tiro, no es una sensación ni una imagen de fortaleza de la democracia, es una realidad de menos fortaleza democrática y de más seguridad por parte de los terroristas. Por tanto, no se puede decir que están socialmente más aislados. Hace cuatro años no había terrorismo callejero, el señor ministro lo sabe muy bien; las expresiones de terrorismo callejero, no en esta última legislatura que acaba de terminar sino en la legislatura pasada, eran anécdotas cuando funcionaba el Pacto por las libertades y contra el terrorismo y funcionaba a plenitud la Ley de Partidos. Entiendo que el ministro me replique mientras yo hablo, pero es tan fácil tirar de hemeroteca que no tendríamos más que hacerlo. El terrorismo callejero se recrudeció en la última legislatura y los terroristas volvieron a las instituciones en la última legislatura. Espero que eso al menos no me lo niegue el ministro.


Creo, por tanto, que la afirmación de que están más débiles que nunca no se corresponde con la realidad. Insisto, no me parecería muy importante reseñarlo si eso no nos sirviera como coartada para no hacer lo que tenemos que hacer, me parecería incluso poco importante. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar la ley, solo la ley pero toda la ley, por ejemplo la que nos permite echar de las instituciones democráticas a quienes no son demócratas; solo la ley, pero toda la ley, por ejemplo el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que no es un artículo extraordinario de una ley extraordinaria, sino un artículo ordinario de una ley ordinaria.


Cuando hablaba de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señor ministro -hizo una alabanza, que yo comparto, y me sumo a la felicitación que aquí se ha hecho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y concretamente al recuerdo del último guardia civil asesinado por ETA-, se ha referido a la necesidad de dotaciones extraordinarias, de poner en marcha una iniciativa que garantice la seguridad en los cuarteles, en los lugares donde vive la Policía y la Guardia Civil, donde están para protegernos y para garantizar nuestra seguridad. Creo -y espero que comparta conmigo este planteamiento- que tenemos que proteger a quienes nos protegen, y eso es evitar que haya dificultades, por ejemplo, para la seguridad de los cuarteles, dificultades que a veces no vienen de la Administración del Estado, sino de otras administraciones, que ponen pegas a algunos elementos de seguridad que son claves, insisto, para proteger a quienes nos protegen. Creo que el Gobierno puede hacer más de lo que hace en este sentido, desde normas propias hasta evitar que se apliquen normas que vayan contra la seguridad de los acuartelamientos, y en ese sentido creo que la obligación de protegerlos a ellos, que nos protegen a nosotros, es algo que está en nuestra mano y que debiera formar parte de esa estrategia nacional de seguridad.


Por último -y termino con esto, presidenta-, usted acabó su repaso en relación con la situación de ETA y con ese diagnóstico, que le he avanzado que no compartía, con algo que sí me parece importante y que quiero compartir con usted. Usted pidió el apoyo de todas las fuerzas políticas para terminar con ETA, el apoyo de todos nosotros para la política del Gobierno en esta materia. Y lo dijo, como es normal y habitual, recordándonos que juntos somos más fuertes. No hace falta que le diga, ministro, que en el apoyo al Gobierno frente a ETA estoy al frente de la manifestación, si me permite esta frase que puede sonar excesiva. En el apoyo al Gobierno frente a ETA cuente conmigo al frente de la manifestación, desde la humildad de una diputada que es solo una diputada en nombre de Unión Progreso y Democracia. Ahora bien, quiero que entienda, señor ministro, que una cosa es apoyar al Gobierno frente a ETA y otra es apoyar a ciegas su política antiterrorista.


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No creo que eso sea lo que usted nos pida, pero en todo caso, por si acaso, quería hacer la distinción de que una cosa es apoyar al Gobierno y otra cosa puede ser, y es, apoyar a ciegas su política antiterrorista. No nos pida, señor ministro, una actuación seguidista del Gobierno en esta materia, hagan lo que hagan en esta materia. Mi deseo y mi voluntad es coincidir, pero la coincidencia, como sabe el señor ministro, ha de basarse en posiciones asumidas por todos y no en posiciones de unos a las que nos llamen a, sencillamente, incorporarnos a los demás. Así es como veo el apoyo al Gobierno en esta materia y para eso estoy naturalmente a su disposición.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra el señor Ridao.


El señor RIDAO I MARTÍN: Señor ministro, quiero empezar esta intervención por el capítulo protocolario, pero no por ello menos sincero, agradeciéndole no solo sus explicaciones, sino también la voluntad expresada de colaboración y de diálogo. Yo no sé si usted quería ser o no ministro, entre mis funciones no está la de ser portavoz omnisciente. Lo que sí sé es que su departamento es muy importante y, como se sabe, en un Estado de derecho donde impera la supremacía y el sometimiento de la ley, recae en el ministro del Interior la observancia, la vigilancia del cumplimiento de las normas y también el auxilio y la protección de los derechos y de los bienes de las personas, y eso es fundamental, por lo que yo le deseo no solo mucho éxito sino que, además, le encarezco a que usted tenga el entusiasmo necesario para el desempeño de sus tareas.


Dicho esto quisiera principiar esta intervención hablando del capítulo de la lucha antiterrorista. Las recientes detenciones en Burdeos, en esta operación conjunta entre la Policía española y francesa, han sido una muy buena noticia, aunque como usted ya sabe -y no lo digo yo, lo han hecho notar algunos observadores diligentes conocedores del mundo de ETA y también de la lucha antiterrorista- es discutible que estos detenidos tengan la relevancia que se les ha querido dar. Este es el hecho más bien anecdótico. Lo que es una categoría, señor ministro, es que hay un cierto afán por parte del Gobierno y del ministerio en anunciar periódicamente que se detiene o que cae la cúpula de ETA y el número uno. Evidentemente, no voy a negar la trascendencia de estas detenciones, que son importantes. Que personas que estaban pensando en atentar recientemente, en extorsionar o en matar sean puestas a disposición judicial siempre es un hecho positivo, pero me gustaría que sobre este hecho hiciera usted alguna referencia. En todo caso, lo relevante y lo que quería trasladarle fundamentalmente en este capítulo de la lucha antiterrorista es que usted nos pide apoyo, que creo que lo tiene en su lucha sin cuartel contra ETA; usted nos pide unidad, que también la tiene en el mismo sentido que se ha expresado antes; unidad, sí, pero no seguidismo canino en ningún caso; pero también quiero decirle que debe haber reciprocidad por parte del Gobierno. Digo reciprocidad porque, permítame la expresión coloquial moderna y juvenil, no solo puede pedirse buen rollo a los partidos políticos, sino que todo el mundo debe estar al lado del Gobierno, sí, pero también compartiendo algunas estrategias y algún tipo de información, por lo que, de entrada, le pregunto si comparte usted la necesidad expresada en alguna ocasión por mi grupo, y también por otros grupos de esta Cámara, de sustituir el actual Pacto antiterrorista, no solo por dudoso, desde el punto de vista democrático, sino porque es, todavía hoy, un pacto de naturaleza excluyente.


Ha habido algún grupo que ha hablado de negociación con ETA. Yo no voy a ser tan concreto ni tan preciso. Yo le hablaré del diálogo con otro Gobierno, en este caso el gobierno democrático de Euskadi. La semana pasada asistimos a una nueva exhibición de talante del presidente del Gobierno al reunirse con el lehendakari, pero, en nuestra opinión, sin dar pasos más valientes en relación al conflicto, por lo que el Gobierno nos parece que permanece enrocado después del fracaso del proceso de paz y de la ruptura de la mesa de partidos. Es precisamente en este contexto que estamos viviendo en el que hay una ofensiva indiscutible por parte de la organización armada, y hubiera estado bien que el presidente del Gobierno hubiera erigido al lehendakari como interlocutor único, al menos como el más válido porque, en definitiva, lo que pretende ETA con sus atentados y con su demostración de fuerza es hacer ver que ETA es la única interlocutora posible. Yo creo que el sí de Zapatero a Ibarretxe hubiera sido un no clarísimo a ETA. Por tanto, desde ese punto de vista, el Gobierno se equivoca y el presidente del Gobierno, evidentemente, también. Lo digo con toda humildad y con toda modestia.


Por lo que se refiere a la seguridad ciudadana, sé que conseguir un buen nivel de seguridad ciudadana no es responsabilidad exclusiva del ministro del Interior, porque la seguridad en una sociedad moderna desarrollada pasa por tener no solo una sociedad cohesionada socialmente, sino también una ciudadanía comprometida en los asuntos colectivos de forma cívica, solidaria, etcétera, por lo que la respuesta ante la inseguridad ciudadana está detrás de la acción del Gobierno en su conjunto. En cuanto a lo que depende de usted, sí quisiera hablarle de dos cosas. La primera es que dejando de lado todo alarmismo, tiene usted razón, y también otros portavoces, cuando dicen que el Estado español es un Estado razonablemente seguro, teniendo en cuenta que no existe la delincuencia cero en ninguna parte. Podemos comparar algunos indicadores en relación con otros países de nuestro entorno más próximo, algunos ya han sido citados: 1,4 muertos en Francia y en el Reino Unido; 1,2 en el Estado español. Por tanto la comparación, año a año, demuestra que hay un estancamiento de la delincuencia a la baja y, sobre todo, de los delitos que son más relevantes, desde el punto de vista penal, a pesar del incremento de la demografía y del flujo de turistas, etcétera. Sin embargo, sí que hay dos factores que le

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quiero trasladar. El primero es que la sensación de inseguridad crece. Ya sé que la sensación es un elemento subjetivo, pero en las encuentras la seguridad ciudadana continúa ocupando un lugar destacado en la jerarquía de inquietudes y de preocupaciones de la ciudadanía, lo cual quiere decir que las cosas no se trasladan bien a la opinión pública. Eso acaba desacreditando a las instituciones y radicalizando las posiciones ante algunos episodios concretos que todos tenemos en la mente y que hemos vivido, y promoviendo el recurso a la autodefensa, incluso a la violencia en algunos casos. El segundo tema es el de la violencia de género, donde los deberes no se han hecho suficientemente bien. Su antecesor en fecha lejana, en mayo de 2004, al inicio de su mandato, se comprometió ante esta Comisión a varias cuestiones que no se han cumplido. La primera es adoptar un protocolo con la autoridad judicial para cumplir estrictamente las órdenes de protección, a constituir un registro con las órdenes de alejamiento a disposición de todos los cuerpos de seguridad, cosa que no se ha hecho, entre otras cosas porque ni siquiera existe un registro de las víctimas. Lo cierto es que ha habido un crecimiento exponencial de la violencia de género, y estos hechos y este tipo penal son los que generan mayor alarma social y alimentan la sensación de inseguridad ciudadana.


Otro tema al que usted se ha referido es al incremento del número de efectivos. Ya sabe usted que la calidad de la seguridad no depende necesariamente de la ratio o del número de efectivos. No por más médicos hay menos enfermos, por tanto, es muy importante la formación, la especialización y la coordinación. A la vista no solo de algunos episodios que hemos vivido en el Cuerpo Nacional de Policía, sino en algunas policías locales cuya coordinación también depende en buena parte de usted, me gustaría que en cuanto a la formación y la especialización me dijera exactamente qué medidas va a adoptar su departamento.


En cuanto a la modificación de la Ley de Extranjería, usted ha anunciado, si no he entendido mal -y eso me ha generado una cierta inquietud y preocupación-, un aumento del periodo de internamiento en los CIES, actualmente de cuarenta días. No ha expresado, si no recuerdo mal, el plazo. Usted lo ha justificado por la necesidad de disponer de un plazo razonable para culminar o ultimar los trámites de repatriación. Yo le iba a preguntar antes de que usted dijera eso qué opinión le merecía la Directiva de retorno de la Unión Europea. Se ha dicho que es una directiva de mínimos y que la legislación interna española es mucho más garantista. Me parece que puede ser una cortina de humo para disminuir las garantías aquí y lo cierto es que usted ya está automáticamente anunciando una reforma de la Ley de Extranjería en esa misma dirección.
Le pido si puede usted verter un poco más de luz sobre ese extremo.


Finalmente, dos cuestiones. La primera sobre seguridad vial. Comparto con usted que ha habido una reducción ostensible de las víctimas de los siniestros y accidentes de tráfico y, concretamente, de accidentes mortales. Algunas medidas implementadas como el carné por puntos seguramente han tenido incidencia en este punto, pero también es cierto que este indicador que acabo de citar está muy lejos del compromiso del Gobierno en la anterior legislatura, que era reducir ese dato hasta un 40 por ciento en cinco años. También es una realidad que aunque la legislación creo que es suficientemente dura e incluso en algún punto desproporcionada, lo cierto es que no siempre se puede cumplir en la medida en que, como usted sabe, hay muchas sentencias del orden penal que no se pueden ejecutar por la ausencia de medidas alternativas a las penas de privación de libertad. Quizá eso también puede acabar desincentivando al usuario a cumplir las normas y las leyes.


La última cuestión es en relación con el despliegue de la policía de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra. Usted ya sabe que el reto del Gobierno catalán en materia de seguridad es culminar este mismo año 2008 el despliegue operativo de los Mossos d'Esquadra en todo el territorio de Cataluña y llegar, por tanto, a las comarcas de Tarragona y a las tierras del Ebro. Como también se ha dicho antes, la mala negociación -por ser suaves-, quizá la imprevisión en el año 2000 en la negociación entre el Gobierno del Partido Popular y el de Convergència i Unió en aquel momento, hace que ahora haya menos efectivos que los que había previsto o acordado la Junta de Seguridad en el año 2000. Ello nos lleva, como usted sabe, a que en este año haya 1.000 mossos menos de los que hacen falta.
En la Junta de Seguridad de 2006, de acuerdo con el crecimiento demográfico que ha experimentado Cataluña en estos últimos años, se acordó un incremento algo superior a 3.000 mossos a partir de 2009 y hasta 2015, por lo que en 2009 habrá 15.000 mossos y en 2015 se prevé que haya 18.000. En este contexto, y es lo que le quería trasladar -ya sé que es difícilmente objetivable porque no se dispone de los datos, entre otras cosas porque el ministerio no los facilita-, usted sabe que ha habido un repliegue fáctico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante el inminente despliegue operativo de los Mossos d'Esquadra en muchas partes del territorio catalán. No se han cubierto jubilaciones, ni traslados, ni bajas y este es un hecho preocupante. Yo le ruego y le traslado, señor ministro, que antes de que acabe el año y de que se acabe el despliegue operativo de los Mossos d'Esquadra, ustedes cumplan con los mínimos estándares de seguridad y destinen los efectivos necesarios.


Con esto termino. Solo quisiera sumarme al ruego que hacía la diputada de Convergència i Unió con relación a un clásico moderno, como es el tema de las matrículas y los distintivos autonómicos. Después de haberlo anunciado en reiteradas ocasiones, no sé si directamente o por persona interpuesta -en este caso me refiero a un consejero del Gobierno catalán-, ¿qué intenciones tiene el Gobierno español en esta legislatura en cuanto a incorporar el distintivo autonómico a las matrículas de los vehículos?

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La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para terminar este turno por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En mi ya larga historia parlamentaria es la única vez que me toca el honor de concluir y cerrar la comparecencia del ministro. No sé si es una elevación de rango institucional o es fruto de circunstancias contingentes. Espero que sea lo primero, no lo segundo, porque si lo que se está buscando es provocar un efecto que el Reglamento de la Cámara no permite, y es que los debates relevantes son aquellos articulados entre el Partido Popular y el Partido Socialista y de ambos con el Gobierno y los demás nos convertimos en una especie de acompañantes necesarios, obviamente estaríamos rayando en el fraude reglamentario, señora presidenta. Espero que sea fruto de la casualidad lo que ha ocurrido en el día de hoy. En todo caso, cierro el turno muy gustosamente.


La señora PRESIDENTA: Si me permite, le diré, para su tranquilidad, que es una circunstancia que avala nuestro Reglamento, porque ha sido así decidido en Mesa y portavoces este orden que, como dije en aquel momento, podía ser cambiado. Si se ha elegido este, no creo que tenga ningún interés, como usted señala.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya me imagino que el siguiente paso no sería nuestro acceso a la gobernabilidad del Estado español, señora presidenta.
Tanto como eso ya habíamos intuido.


Al margen de estas circunstancias, le felicito por su nombramiento, señor Rubalcaba. Usted y yo somos viejos conocidos en líderes parlamentarias -solo en líderes parlamentarias, evidentemente- y no voy a glosar el entusiasmo de su designación como ministro porque me parece una cuestión manifiestamente irrelevante. Una vez nombrado, usted lo hará con la eficiencia con la que suele acometer todas sus responsabilidades políticas. Esta es una de las escasas cuestiones -con todo el respeto- en que coincido con el Partido Popular. Desearle suerte es desear suerte a todos los ciudadanos y, por tanto, yo se la deseo sinceramente. Sabe que estas proclamaciones e invocaciones de mi grupo son siempre sinceras.


Señor ministro, aquí se han dicho muchas cosas. Primero por usted, en una intervención que ha sido muy prolija. Nos ha puesto el listón de los deberes muy alto. Se ha propuesto nada menos que la elaboración desde su ministerio de trece proyectos de ley, en una Comisión que no se ha caracterizado históricamente por su gran capacidad legislativa o por su gran capacidad de incrementar nuestro ordenamiento jurídico -de hecho en esta Comisión solo se tramitaron cinco proyectos de ley en la legislatura pasada-, y si se admite la invocación hecha por le portavoz del Partido Popular serían catorce las que tendríamos que acometer. Señor ministro, no sé si usted recuerda -me imagino que sí- que la legislatura se compone de cuatro años, suponiendo que se agote la totalidad de la misma. Esto exige un sacrificio y un esfuerzo que nosotros estamos dispuestos a asumir, porque no estaría en condiciones de refutar la necesidad de ninguna de ellas. Me parece que todas las que usted ha citado son pertinentes y necesarias para complementar en el ámbito de la seguridad, en el sentido más aristotélico del término, los flecos pendientes, los agujeros pendientes. En fin, son todas leyes importantes. Pero se han dicho otras muchas cosas. Me ha sorprendido escuchar que a usted no se le atribuye legitimidad para ser ministro del Interior porque su Gobierno ha hablado o negociado con ETA. Esto se ha dicho expresamente y en estos términos en esta Comisión. Si ese fuera el criterio para atribuir legitimidades para ocupar esta cartera, pocos partidos políticos de los que tienen representación en esta Cámara podrían ocuparla.
Particularmente me estoy refiriendo al que le ha hecho esta invocación, sin introducir un turno de alusiones que sabe la señora presidenta con qué tipo de perífrasis y respeto suelo realizar este tipo de manifestaciones. Desde esa perspectiva, a mí me parece que por la circunstancia de lo ocurrido, que además nosotros lo apoyamos expresamente la legislatura pasada, no solo usted no queda invalidado sino que es una persona que tiene perfecta legitimidad para ocupar el ministerio que en este momento está ocupando -los dos, transitoriamente-.


En segundo lugar, de nuevo hemos vuelto a oír -y siento que no esté la señora Díez, aunque tampoco me gustaría articular otro turno de alusiones de esta naturaleza y menos prevaliéndome de la ausencia de la interpelada en este caso- que ETA está en las instituciones. Algún otro grupo también lo ha dicho. Pero ¿cómo se pueden realizar afirmaciones de esta naturaleza? En las instituciones públicas hay algunos grupos que representan a la izquierda abertzale pero porque ha sido validada su presencia por el Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo ha validado, mediante la aplicación de una ley que ya es restrictiva y dudosa en cuanto a su legitimidad democrática como es la Ley de Partidos Políticos, la presencia de representantes de distintos grupos de la izquierda abertzale en instituciones vascas, no sé cómo alguien puede permitirse la licencia -puede ser una licencia semántica, intelectual o utilitarista- de decir que ETA está en las instituciones. ETA no puede estar en las instituciones, en tanto en cuanto la presencia de representantes de la izquierda abertzale está avalada nada menos que por la Sala del 61 del Tribunal Supremo. Y nadie ha podido comprobar que esas personas que ocupan cargos institucionales, en algunas ocasiones "ex post", cuando se ha descubierto que alguien pertenece a ETA puede ser porque pertenezca a una institución pública o puede ser porque pertenezca a la iniciativa de la actividad privada en cualquiera de sus dimensiones o ámbitos. Eso es un accidente, pero que se pueda afirmar que colectivamente ETA está en las instituciones es una aberración de naturaleza política que deslegitima la actuación del Tribunal Supremo entre otras cosas, no ya

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la del Ministerio del Interior, no ya la del fiscal general del Estado ni de la Abogacía del Estado; está deslegitimando las actuaciones y resoluciones del Tribunal Supremo.


Dicho esto, nosotros, señor ministro, sabe que en materia de terrorismo -por empezar por las mismas cuestiones y el mismo orden que usted ha utilizado- va a contar con nuestra leal colaboración. Igual los diagnósticos, las recetas para la resolución de este problema pueden no ser coincidentes siempre, pero va a contar con nuestra leal colaboración.
Nosotros nos felicitamos de las detenciones de miembros de ETA. Nos felicitamos tanto como el que más; ni más ni menos que los demás. Nos felicitamos porque es correcto y es una obligación legal que hay que acometer, y además hay que hacerlo con eficiencia. Pero también nos preocupa algo que ha dicho el señor Ridao y que yo comparto en sus propios términos, que es lo siguiente: cuando usted busque interlocutores para la reprensión de esta patología social, que es el terrorismo de ETA, no debería despreciar -y en ocasiones tenemos la sensación subjetiva de que se ha hecho- la interlocución del Partido Nacionalista Vasco y la interlocución del lehendakari de Euskadi. El presidente de mi partido realizó una declaración recientemente que yo comparto en sus propios términos. Me parece que es una intervención que vulgariza una realidad profunda que creo que debe ser objeto de remoción en su talante en esta legislatura. No se puede contar con el lehendakari y con el Partido Nacionalista Vasco solo para las aceras y los trenes y hablar con ETA para la articulación del derecho de autodeterminación, porque eso, en sí mismo, ya es una patología, y es atribuir interlocución política a quien no la merece, a quien no la puede tener por sus condiciones, por su naturaleza. Está en la naturaleza de las cosas que no puede ser que quién practica la violencia como mecanismo de actuación política sea el interlocutor para resolver problemas nada menos que vinculados a la autodeterminación o a la estructura territorial del Estado o a la forma de cómo componer un Estado compuesto, como es el Estado español, y reducir a la representación política democrática de las instituciones vascas al papel de meros ejecutores de políticas sectoriales indicándoles, incluso, de forma más o menos directa pero clara, que pueden llegar a estorbar en la articulación de determinadas fórmulas o mecanismos de interlocución política para resolver el problema de la violencia. Dicho lo cual, nosotros indicamos que compartimos la eficiencia en la actuación. La única cosa que podría yo compartir en este momento con Rosa Díez -aunque obviamente no comparto esa cosmovisión que tiene de que todo lo que preconice el independentismo es ETA, esa cosmovisión del terrorismo, esa cosmovisión de ETA, que ella prácticamente preconiza cada vez que interviene en esta Cámara- es que en cuanto a las detenciones y en cuanto a la debilidad y fortaleza de ETA es muy difícil mesurarla; siempre es arriesgado. No sabemos en este momento, porque es muy difícilmente mesurable si ETA está más débil o más fuerte, si las detenciones tienen una relevancia orgánica mayor o menor. Lo que hay que hacer es seguir practicando detenciones. Hay que seguir actuando eficazmente, pero también hay que hacerlo, señor ministro -y voy a intentar privar a mis palabras de todo tipo de aristas agresivas o políticamente proclives a la polémica- de elementos oscuros o de agujeros. La legislación y la actuación, la política antiterrorista, en definitiva, y la actuación de los poderes públicos se tiene que legitimar por su probidad y por su ajuste estricto a los requerimientos del ordenamiento jurídico. Para no utilizar palabras mías, que pueden considerarse opiniones discutibles, voy a utilizar opiniones del Relator especial para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas, que visitó recientemente el Estado español, invitado por su Gobierno. Este relator, el doctor Scheinin, ha redactado una propuesta de informe que se va a elevar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde se afirman cosas relevantes que meritan una consideración, señor ministro. En primer lugar, realiza una reflexión muy crítica sobre nuestra legislación penal en materia de identificación de los tipos de terrorismo, llegando a afirmar que algunos no se ajustan a los requerimientos de tipificación formal que exige el artículo 15 del Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos, y se refiere no al artículo 571, que es el genérico, el troncal del Código Penal, que define el delito de terrorismo, sino a los que están comprendidos entre los artículos 572 y 580, que son los que definen el delito de colaboración con banda armada y el delito de kale borroka, de lucha callejera, indicando que estos preceptos no cubren los requerimientos de tipificación formal requeridos de la jurisprudencia de las propias Naciones Unidas y de la proclamación del artículo 15 del Pacto de derechos civiles y políticos. Me parece muy clara y muy grave esta acusación. Esto nos obligaría a meditar sobre si quizás una decimoquinta ley no sería pertinente para ajustar estos preceptos, que son el tronco que legitima a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para luchar contra el terrorismo, para que adquieran los elementos de legitimación jurídica que Naciones Unidas preconizan en relación con la tipificación de delitos tan graves como estos. Luego dice que no descarta la existencia de prácticas de tortura.


Dice el Relator de la ONU para la protección de los derechos humanos que no se descartan prácticas de tortura, que también están prohibidas y vetadas por el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el derecho internacional y por el derecho nacional, por el Código Penal, que las considera un delito; esta es una acusación muy importante, que dificulta la eficiencia o debilita por lo menos la lucha antiterrorista. Llega a decir nada menos el doctor Scheinin, el Relator de derechos humanos de Naciones Unidas, que le sorprende que el seguimiento o la investigación de denuncias de torturas no sea más adecuada, más eficiente en el Estado español; que se sigan formulando

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dice exactamente- sospechas de que no hay investigaciones rápidas y cabales en el seno interno de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el seno de las propia Administración de Justicia.
Considera el Relator especial de Naciones Unidas que esta situación deslegitima la lucha del Gobierno contra el terrorismo ante aquellos sectores de la sociedad española que más necesitarían convencerse del genuino apego del Gobierno central a la tolerancia cero contra la tortura. A esto podemos añadir la circunstancia de que el Tribunal Constitucional ha obligado a un juzgado de instrucción que se negó a investigar prácticas de tortura a que las investigue, y podemos añadir también un dato indubitable -se lo puedo proporcionar con fechas-, que es el de 75 sentencias firmes del Tribunal Supremo por prácticas de tortura; 75, que no son pocas, dadas las dificultades de un procedimiento para la acreditación de estas prácticas. Señor ministro, le pido por favor que, para que la lucha antiterrorista no quede debilitada con sombras de sospecha, con agujeros negros de estas características, sea particularmente beligerante en la erradicación y sobre todo en la investigación de las denuncias que se produzcan sobre estas prácticas, y pido que seamos todos -se lo pido a todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios- beligerantes en cuanto a la identificación de los tipos penales.


El Relator de Naciones Unidas también se refiere a la legislación antiterrorista, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a esos espacios prolongados de hasta cinco días de internamiento en el Estado español sin ningún tipo de control, sin la aplicación de protocolos como el de Garzón o el que él sugería como más pertinente, el de la Erztaintza, de instrumentos de videograbación de lo que ocurre en esas dependencias policiales desde el momento de la detención al momento del pase, en su caso, a disposición judicial de los detenidos durante un tiempo tan prolongado como el de cinco días, uno de los tiempos en nuestra legislación terrorista más prolongados del derecho comparado, que también merita una reflexión por nuestra parte. Dicho esto, señor ministro -contando con nuestra colaboración para la represión inequívoca de una práctica tan patológica como los asesinatos y la extorsión y las prácticas habituales que caracterizan la actuación de la organización ETA y de otras organizaciones como la yihadista, en donde estamos avanzando afortunadamente en la especialización de cuerpos de policía para afrontar una fenomenología terrorista que afloró espectacularmente el 11-M de 2004-, hay otro ámbito en el que nos gustaría conocer su opinión, además inequívocamente, en términos expresos. Estamos hablando en materia de extranjería -con prolijidad se ha referido a la misma el señor Hernando- de la conocida -comparto las reflexiones de la señora Pigem- tipificación como delito en el Estado italiano, que no deja de ser una aberración, de la situación irregular de trabajadores extranjeros ahí y de los flujos que puede provocar esta situación, en donde el primer ministro de Italia ha comentado, ha afirmado que por fin el Estado vuelve. Este tipo de reflexiones -muy características de esta persona- nos pueden provocar problemas a todos los demás. Sin perjuicio de esto, señor ministro, me gustaría conocer específicamente su opinión de la llamada directiva de retorno que está a punto de ser aprobada por el Parlamento Europeo, trabajada previamente en instituciones como el Coreper, sobre la cual no conocemos la opinión del Gobierno español. Yo no la comparto. Nos preguntaba a los demás portavoces el señor Hernando cuál era nuestra posición sobre ella. No me parece que sea el endurecimiento de la legislación en materia de extranjería, aunque sea una directiva de mínimos, la mejor terapia para afrontar esta fenomenología con carácter general, como tampoco comparto lo que preconizaba el señor Hernando, que se había recurrido y se había incrementado el procedimiento de retorno.
Para empezar, el procedimiento de retorno es el único en la legislación de extranjería que no requiere ningún tipo de garantías. El retorno no es igual que la expulsión, no es igual que la repatriación y de él se ha abusado por las autoridades administrativas, señor ministro, como usted sabe. El retorno consiste en colocar al otro lado de la frontera a los que ingresan irregularmente. Cuando hay llegadas masivas, en cayucos o por otros procedimientos, de inmigrantes a nadie se le deja invocar que está huyendo, su condición de asilado, de perseguido político, o si tiene la posibilidad de ir a otro país porque tiene trabajo en otro país; se le retorna, se les devuelve automáticamente, pero ni siquiera a su país de origen porque ni siquiera se aplica bien el retorno. Se les ubica en el país de donde proceden inmediatamente, y muchas veces no es el país de donde proceden, que eso sería la repatriación, a la que se ha recurrido poco. Se ha recurrido - como bien decía el señor Hernando, pero es una patología en materia de inmigración- a la figura del retorno, confundiendo el retorno con otras fórmulas que sí proveen de garantías jurídicas a los inmigrantes, incluso de asistencia letrada. Pues bien, en esta directiva de retorno que ha sido muy glosada por la señora Pigem, que tiene muchas dificultades (falta de asistencia jurídica, incremento de los periodos de internamiento, incluso a menores en circunstancias en las que todos conocemos cuales son las condiciones de internamiento), sobre todo hay algo que se preconiza que es la imposibilidad de que un extranjero que ingresó de forma irregular en el Estado español durante un periodo de cinco años no pueda volver a ingresar en el Estado español o en cualquier otro. Me gustaría que me explique con qué legitimidad nadie, ninguna institución pública, puede privar a una persona durante cinco años de poder volver a ingresar en un Estado si sus condiciones personales han cambiado y si de forma sobrevenida sus condiciones le permiten acogerse a lo que la legislación de extranjería de cada Estado posibilita para ingresar: si encuentra un trabajo en cinco años o puede reagruparse familiarmente en cinco años. ¿Quién tiene legitimidad y por qué, cuál es el fundamento ontológico de esa legitimidad para mantener

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durante cinco años a una persona excluida de la posibilidad de retornar, de ingresar en este país, regularmente esta vez. Esa es la arista más dura de esta directiva, respecto de la cual me gustaría oír de su propia boca que usted tiene también una opinión desfavorable o crítica, porque no es más que un endurecimiento de la política de extranjería en la que usted también nos ha invitado a todos los demás a coparticipar mediante un consenso amplio, para mejorar o afrontar de forma más eficiente este fenómeno, la regulación de la extranjería.


Se ha informado también -estoy desordenando un poco la intervención en este momento y voy acabando, señora presidenta- sobre la vigencia del pacto antiterrorista. Quedó claro ya en la legislatura pasada -usted lo comentó- que el pacto antiterrorista ante la beligerancia del partido más importante de la oposición, contra todo lo que suponía la política antiterrorista de su Gobierno, lo había amortizado de facto, no hacía falta proclamarlo públicamente. En materia de pactos yo invitaría a que los pactos sean con todos los partidos, que no sean un pacto a dos, un pacto además que criminaliza a organizaciones o ideologías políticas simbólicamente en su propio preámbulo. Se indicaba en su propio preámbulo que es la mera existencia de la ideología nacionalista la que propicia la existencia de organización como ETA. Le voy a terminar haciendo dos peticiones, señor ministro, tres en concreto, pero ya puntualmente, y con esto acabo de verdad. No voy a pedir más acogiéndome a la generosidad de la presidenta, que ha sido tan exuberante con el portavoz del Grupo Popular y algún otro, pero sí una exuberancia de límite medio.


La señora PRESIDENTA: Le recuerdo que la mayor generosidad es con el portavoz del Grupo Vasco.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vaya, hombre. No sé por qué me lo temía, señora presidenta. (Risas.)

Al margen de esto, tres peticiones concretas, específicas. En materia de seguridad vial, la tipificación de determinadas conductas como tipos penales ha resultado un fracaso. Es decir, conducir de determinada manera, superando determinados límites de velocidad, o bajo la influencia de sustancias tóxicas -estupefacientes, alcohol- y otras que se han tipificado como delito, no han cumplido el efecto de prevención especial que el Código Penal en el ordenamiento jurídico atribuye a las penas. No es por eso por lo que se ha reducido la siniestralidad en las carreteras, sino por otras leyes. Sin embargo, hemos creado un grave problema para la Administración de Justicia, porque ella no está en condiciones de poder ejecutar nuevos delitos; bastante tiene con ejecutar los que ya preexistían. Hay 270.000 ejecutorias penales todavía pendientes. Fíjese usted la dimensión del problema, señor ministro. Desde esa perspectiva, incrementar el Código Penal supone vulnerar su fundamento deontológico principal, que es el principio de mínima intervención. No creo en la tipificación de estas figuras como delito, y voy a proponer una decimosexta ley y que nos replanteemos si estas conductas deben continuar siendo delictivas. Por último, lo mismo que ha hecho la señora Pigem en relación con los Mossos, yo lo hago sobre la Ertzaintza. Hay dos faltas de sintonía con la Ertzaintza. En primer lugar, hay que hacer referencia al registro no de vehículos, que ya está compartido -las bases de datos ya están compartidas-, sino de personas conductoras. No hay un registro, no hay una base de datos de personas conductoras de automóviles compartida con la Ertzaintza ni con los Mossos d´Esquadra, lo cual -ya que la figura sigue siendo delictiva- dificulta mucho la represión penal de estas conductas. En segundo lugar, nosotros pedimos respecto a la Ertzaintza, igual que le pedimos respecto a los Mossos, su integración en todas la estructuras transnacionales policiales -en la estructura Schengen, en Europol, en Eurojust- y sobre todo la creación de equipos conjuntos con la Guardia Civil, con la Policía Nacional y también con la policía francesa. De nada servirían esos equipos conjuntos para la represión de una organización que no reconoce la frontera del Estado español -la llamada muga- como un elemento referencial de ninguna naturaleza. Sin la colaboración de la Gendarmería serían muy difíciles estos equipos conjuntos de actuación. Sé que usted era proclive a un entendimiento entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Ertzaintza y con los Mossos, pero tenía renuencias intelectuales serias a que se incorporara o se extendiera esa colaboración a la policía francesa. Desde una perspectiva de eficiencia policial, sin este requerimiento de actuación va a ser muy difícil mejorar las prestaciones en materia de lucha antiterrorista.


En todo caso, señora presidenta, acabo como empecé; además con la dignidad, la solemnidad y la impronta que da cerrar este debate parlamentario. Le deseo suerte, señor ministro. Sabe que va a contar con nuestra colaboración leal, desde la discrepancia o desde el consenso; lo sabe porque siempre ha sido la praxis de nuestro grupo parlamentario en estas materias, que no son materias baladíes. Desde luego le deseo suerte, porque su suerte va a ser la de todos los ciudadanos.


La señora PRESIDENTA: Tiene ahora el turno para replicar a los grupos parlamentarios el señor ministro.


Únicamente quiero decir a todos los portavoces que me parecía que en esta primera sesión de la Comisión no era muy propio estar reclamando los tiempos que habitualmente damos en los turnos. A ningún portavoz se lo he reclamado, pero recuerdo que para próximas sesiones y eventualidades seremos mucho más estrictos en la gestión de los tiempos, porque no podemos emplear la cantidad de horas que vamos a consumir en esta ocasión.


Sin más, tiene la palabra cuando quiera.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Quisiera hacer dos consideraciones iniciales antes de replicar a cada uno de los grupos parlamentarios

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que han usado la palabra en esta sesión. La primera es agradecer a todos ellos el tono; el tono de todos los grupos parlamentarios creo que ha sido francamente constructivo, lo cual agradezco. Reitero lo que dije al final de mi primera intervención, y es que entiendo las sugerencias como eso, como sugerencias; las voy a estudiar todas, y entiendo las críticas también como fórmulas para mejorar las políticas de seguridad. Estoy de acuerdo -lo decía yo y usted lo ha repetido, señor Cosidó, lo ha referido expresamente en su intervención- con que así hay que entenderlo: todos compartimos una voluntad, que es mejorar la seguridad de los ciudadanos.
No dudo de esa voluntad y con ese criterio de partida atenderé todas las sugerencias que se hagan y entenderé todas las críticas que se practiquen en esta Comisión. La segunda cuestión es que no puedo ser pormenorizado en mis respuestas; cogeré los temas más sustantivos y volveré a esta Comisión, como hago habitualmente. Saben ustedes que no me caracterizo, sino al contrario, por no estar en el Parlamento. Tengo gran respeto a esta Cámara, de la que he sido portavoz y es el mayor honor que he tenido en mi carrera política.


La señora Pigem -después de una afirmación genérica de diálogo y consenso que le agradezco y que le reconozco, porque es verdad que su grupo la ha practicado habitualmente en esta materia, con este Gobierno y con los anteriores, de forma sistemática y por tanto refuerza eso sus afirmaciones- me preguntaba por el calendario de las leyes. No lo tengo exactamente pormenorizado pero le puedo decir cuáles van a venir en primer lugar. La primera sin duda es la ley de disciplina de la policía, que en este momento está ultimando su tramitación en el ministerio y que yo confío en que llegue al Parlamento incluso antes del verano, del mes de agosto. Después, la ley de personal de la Guardia Civil, que también está muy trabajada. Quiero -aunque esto probablemente nos cueste algo más de tiempo- traer rápidamente la ley de personal de la policía, que es una ley que vamos a negociar con los sindicatos: creo que tiene una gran importancia y pretendo urgir los trabajos sobre esta ley. No es fácil, es una ley compleja, pero como estoy convencido de que vamos a llegar a muchos acuerdos con los sindicatos y parte de ellos tienen que reflejarse necesariamente en una ley, por esa razón creo que la ley vendrá rápido, y es mi voluntad que así sea. También creo necesario traer rápidamente la directiva de precursores de drogas, que tiene poca complejidad y que es importante tenerla; y como creo que es importante traer la modificación de la Ley de Seguridad Vial en todo lo que se refiere a la tramitación de las multas. Como saben ustedes, una de las críticas que se han hecho al carné por puntos es justamente la diferencia temporal que existe entre la retirada de los puntos y la retirada práctica de los puntos; notificación práctica. Tiene que ver con las garantías de nuestro sistema sancionador y hace falta una modificación de la ley orgánica, que se ha pedido por varios grupos de la Cámara y sobre la que estamos trabajando con urgencia. Por tanto, esa ley vendrá también rápidamente. Estas serían las primeras, el resto con mucho gusto se las iré facilitando cuando las tengamos. Hay varias que están muy elaboradas, la de víctimas por ejemplo lo está, pero ya les anuncio que mi voluntad sería que antes de enviarla al Parlamento -como sucedió con la otra ley de víctimas, la que tenemos en vigor- se negocie con los grupos parlamentarios. Si recuerdan ustedes -los más veteranos de la Cámara lo harán- esa es una ley que cuando vino estaba ya consensuada; es decir, mi voluntad sería consensuarla con los grupos antes de su aprobación formal por el Gobierno, para que cuando llegue al Parlamento tenga ya una aceptación. Creo que es lo más eficaz.
Es una ley compleja que nos va a llevar tiempo porque hay algunas delimitaciones jurídicas muy sensibles, pero en la que vamos a trabajar rápidamente.


Le agradezco el apoyo al Gobierno, reitero. Ha hecho usted una referencia a la cúpula. Creo que la palabra cúpula de ETA yo no la he mencionado nunca. Debo decirles que soy muy prudente en mis expresiones; es más, debo decirles que normalmente me las dan por escrito las fuerzas de seguridad. Por tanto, lo que digo de cada detención es lo que me dicen que diga; ese es mi criterio y aporto muy poco de mi cosecha, muy poco, por razones obvias que no tengo que glosar aquí. Por tanto, le pido a la Policía o a la Guardia Civil un papel y a continuación pregunto: qué queréis que diga, qué conviene que diga, qué es lo operativamente positivo que diga; y eso es lo que digo. Entre esas cosas nunca me dijeron que hablara de la cúpula. He hablado de atribuciones, he hablado de responsabilidad, he hablado de influencia, eso sí, porque es así y porque la Policía y la Guardia Civil creen que es así. Ya sé que ha habido quien, nombrando a unos innominados -valga la redundancia, en este caso contradictoria- expertos, ha dicho que no es así, pero yo he dicho lo que me ha recomendado la Policía y la Guardia Civil, y es así. Tengo la certeza de que es así porque me lo han dicho ellos, que son, mientras no se demuestre lo contrario, los que más saben de ETA y, por cierto, los que más detienen. Por tanto, eso es lo que hay. La frase que he empleado hoy está medida de acuerdo con los informes que me pasa la Guardia Civil.
Esa es la política del ministerio: ni exaltamos ni disminuimos. Soy consciente -lo dije también en mi primera declaración, la hice en Senegal- de que esto no es el fin de ETA y de que una cúpula de ETA se verá sustituida por otra el mismo día, ya la tienen nombrada. Pero al mismo tiempo todos somos conscientes de que cuando se detiene a alguien importante en ETA, esta recibe un golpe importante. Las dos cosas son perfectamente compatibles. Creo que dije: No es el final, aunque es verdad que nos acerca un poco al final. Creo que fue la expresión que utilicé y me parece que es cabalmente lo que cabe decir de esa detención, que, repito, es importante. Lo es para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y si lo es para ellas lo es para mí. No hay mucho más que aclarar. Soy prudente, muy prudente, tan

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prudente como me hacen ser las Fuerzas de Seguridad, que son quienes me indican lo que tengo que decir.


Ha entrado usted en el tema de la directiva y quisiera hacer algunas aclaraciones sobre este asunto, empezando por el sentido de la directiva.
Es verdad que la normativa comunitaria en materia de inmigración es prácticamente inexistente, y todos los grupos parlamentarios han estado de acuerdo en que sería muy bueno que hubiera una normativa común. Yo añado: tanto para la inmigración legal como para la inmigración ilegal; tanto para garantizar la inmigración legal ordenada, como para garantizar la lucha contra la inmigración ilegal. Es cierto que los países tienen normativas muy dispares, entre otras cosas porque sienten este fenómeno de manera radicalmente distinta. No es lo mismo un país que está en el este de Europa que un país que está en la punta oeste de Europa, y no es lo mismo un país del centro, no tiene nada que ver; y si uno examina las presiones migratorias de unos y de otros, descubrirá que son distintas, no solo en su intensidad, que lo son y mucho, sino también en su origen, que lo son y mucho. Cada país ha ido acomodándose a sus necesidades y ha hecho sus reglamentaciones, y algunos ni siquiera han hecho reglamentaciones. Se habla mucho del periodo de internamiento en los CIE y SS.SS. seguro que saben que hay países donde el periodo de internamiento es muy pequeño, como en España, y hay otros donde no existe un límite, los inmigrantes ilegales pueden estar internados en centros específicos tanto tiempo como se desee. Hay países, como España, que tienen necesariamente judicializado el internamiento; cada inmigrante ilegal internado en un CIE en España tiene una autorización judicial expresa, pero hay países que tienen exclusivamente autorizaciones administrativas. En resumen, hay normativas muy rígidas, muy garantistas, por entendernos, como la española, y hay normativas absolutamente laxas, que en algunos casos devienen de un fenómeno inexistente -hay países que no han regulado porque nunca han sentido la necesidad de regular-, y en otros casos devienen de una voluntad política de tratar el fenómeno de una forma distinta a como hemos decidido tratarlo los españoles; y cuando digo los españoles me refiero a todos porque la normativa actual en vigor es parte PSOE, parte PP, mucho acuerdo en este Parlamento, por tanto todos somos responsables de esa normativa.


Ese es el planteamiento inicial. A partir de ahí, hace ya tiempo (debo decir, entre otros, a iniciativa del Gobierno español, que ha peleado todos los consejos -yo, pero el primero fue el presidente del Gobierno- para que esta política de inmigración se fuera consensuando en Europa) se planteó la necesidad de armonizar, de tener una norma común para algo tan importante en la política de inmigración como son los retornos y las repatriaciones, y a continuación explicaré por qué. Lo que se ha hecho ha sido armonizar, y esto significa que la directiva que está actualmente en tramitación ni es tan laxa como la reglamentación de los países laxos ni es tan garantista como la reglamentación de los países garantistas. Es una directiva intermedia, como no puede ser de otra manera. Ya se pueden ustedes imaginar que para un Gobierno para el que las repatriaciones -luego lo comentaré- son siempre un problema acotar los tiempos de internamiento puede ser uno nuevo, porque, si es verdad que un país se resiste a aceptar las repatriaciones, cuanto más tiempo se tenga para negociar esa repatriación tanto mejor. Por tanto, hay países que dicen: No me toque usted, déjeme como estoy; no me obligue usted a ir a una normativa más restrictiva en una política tan compleja como es la de las repatriaciones. Hay otros gobiernos que en ese sentido estamos razonablemente cómodos porque tenemos una reglamentación restrictiva, garantista con la que estamos de acuerdo. En resumen, trato de decirles que no es fácil llegar a un punto medio porque hay gobiernos, como todo el mundo sabe -es público y notorio-, que no quieren establecer más garantías ante la dificultad que existe en la práctica para realizar las repatriaciones de los inmigrantes ilegales. Hemos buscado un punto intermedio que establece en algunos países como el nuestro muy pocas modificaciones. De hecho, como ya he dicho públicamente y repito en el Parlamento, nosotros no vamos a modificar las garantías existentes, ninguna; tenemos las que tenemos y nos parecen bien. Vamos a seguir siendo un país donde se cumplen escrupulosamente todas las normas aplicables a estos fenómenos de inmigración ilegal desde el punto de vista de la perspectiva más estricta de los derechos humanos. Quien ingrese en el CIE lo hará con autorización judicial y quien salga del CIE lo hará con autorización judicial, y mientras esté en el CIE tendrá por supuesto, señor Olabarría, el derecho a solicitar el asilo, que lo tiene.
Por tanto vamos a ser como somos, garantistas, y creo que en eso habrá acuerdo. Ahora, también nos gusta que otros gobiernos apliquen algunas garantías y vayamos poco a poco convergiendo; tenemos que ser comprensivos con esos gobiernos que van a ver que su legislación es así, que como es una legislación de mínimos van a tener que cambiarla. En otras palabras, no podemos pretender que todos vengan a la legislación española, pero sí que se acerquen a nuestra legislación. En ese sentido, nosotros sí defendemos esa normativa. ¿Por qué? Porque es un punto común y porque establece más garantías en aquellos países que tienen menos, pero lo que no podemos hacer es decir al resto de los países de Europa que sean como nosotros. No, en esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos poniendo en común normas en un tema tan delicado como es la inmigración, que -repito- genera muchísimas tensiones lógicamente en muchos países de la Unión Europea. Este sería el planteamiento general.


Quiero reiterar que no vamos a modificar las reglas básicas por las cuales se rigen los fenómenos o procesos de expulsión y de repatriación en nuestro país, salvo en una cosa que no tiene que ver con esta directiva.
Tan es así que estaba en nuestro programa electoral. Por tanto, antes de que la directiva saltara a la palestra ya lo

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incluimos en el programa electoral. Si ustedes examinan mis reflexiones en esta Comisión, implícitamente se deducen de algunas que hice en la anterior legislatura, que es el tiempo de estancia en el CIE, pero antes explicaré la importancia que tienen en la lucha contra la inmigración ilegal las repatriaciones. La tiene porque, más allá del hecho en sí mismo -que en términos humanos es dolorosísimo y SS.SS. lo tienen que entender y creo que lo compartimos todos-, el mensaje que se está mandando a la mafias y a los jóvenes que intentan venir a España es muy clarificador. El mensaje es: No lo intentéis ilegalmente porque lo normal es que os veamos -para eso están los SIVE y nuestras patrullas- y que volváis al país del que salisteis; y a las mafias: No engañéis a la gente, no digáis a los jóvenes que pueden entrar ilegalmente en España porque no pueden entrar. Ese es el mensaje central. Por tanto, las políticas de repatriación no tienen solo un valor práctico -devolver a la gente que intenta entrar ilegalmente, que es importante-, tienen un valor político. Se trata de enviar un mensaje a los jóvenes y también a las mafias muy rotundo: En España no se entra ilegalmente, y si se entra o se intenta usted se arriesga a volver por donde llegó. Ese es el mensaje.


A continuación -lo he dicho en mi intervención-, tenemos que ser comprensivos con los países origen de la inmigración. Nosotros no podemos ir a los países de África a decirles: Cerramos nuestras puertas, aquí no pasa nadie; eso hay que medirlo. Por eso, he insistido en que a los jóvenes de los países que quieren emigrar les tenemos que dar un mensaje del siguiente tenor: No lo hagáis ilegalmente porque normalmente vais a volver al sitio del que salisteis, pero va a haber fórmulas para entrar en España como la contratación en origen, por tanto de inmigración legal.
Eso sí, si tenemos puestos de trabajo; y, como ustedes saben, en determinados campos los tenemos y los seguiremos teniendo durante mucho tiempo cualquiera que sea la cifra de desempleo que tengamos en España, porque hay puestos de trabajo que en España sencillamente no se cubren.
Por tanto, vamos a tener necesidades de inmigración, y si las tenemos y tenemos capacidad de acogida, más allá de consideraciones solidarias -que yo las tengo y que pueden compartirse o no-, lo razonable es que el mensaje sea doble. La lucha contra la inmigración ilegal tiene otra cara de la moneda, que es la inmigración legal y ordenada. No puedes ir a África a decir: Europa cierra sus fronteras. Eso es un error y esta es la posición que estoy defendiendo, así como el Gobierno, en Europa. No podemos cerrar las puertas. Alguna de mis asesoras me decía el otro día con mucha razón: se habla mucho del efecto llamada; no es verdad, es el efecto huida, es que la gente tiene derecho a buscar para los suyos una mejor vida. Por tanto, no podemos cerrar las puertas. Otra cosa es que digamos que tiene que ser ordenada y tener en cuenta nuestra capacidad de acogida, nuestro sistema laboral, que tienen que venir con un contrato, pero tienen que tener esa oportunidad. Por tanto, nuestro discurso tiene que ser necesariamente equilibrado, tenemos que pedir a los países de África que colaboren con nosotros, que mejoren su policía de fronteras, y para eso les vamos a ayudar, tienen que aceptar las repatriaciones, tienen que decir que no van a consentir la emigración ilegal, pero a continuación España y Europa tienen que decirles a ustedes que hay posibilidades, cómo no, de trabajar en Europa legal y ordenadamente de acuerdo con nuestras capacidades de acogida.


Ese es el discurso que hace España, y debo decirles modestamente que creo que es un buen discurso, y la prueba de ello es que tenemos una excelente cooperación con los países de África. Por eso estamos trabajando muy bien en la lucha contra la inmigración ilegal, y por eso tiene razón mi compañero de grupo, Antonio Hernando, cuando dice que los datos han mejorado. ¿Saben ustedes por qué mejoran? Mejoran porque estos países se están preocupando de sus fronteras, entre otras cosas porque les ayudamos nosotros, y mejoran también porque hay más repatriaciones, porque estos países entienden que cooperamos con ellos, y porque les estamos diciendo: pero no os engañéis, vuestro mensaje como Gobierno no va a ser solo restrictivo, es un mensaje también en positivo. Si hay puestos de trabajo, y los hay, España intentará contratar en origen a jóvenes que quieren venir a nuestro país. Ese es el mensaje, esa es nuestra política de forma muy sintética, y en esa política los derechos de los inmigrantes tienen que ser y van a ser respetados en este país hasta el final.


Otra cosa distinta es que, vista la importancia que tienen los procesos de repatriación en esta política, repito, que creo que es equilibrada y que estamos defendiendo en Europa y que en África aplauden -y hay por ahí conferencias de prensa de presidentes de países, de Senegal o de Mauritania, donde expresamente dicen que esta es la política correcta-, más allá de eso es verdad que los procesos de repatriación son muy complicados, empezando porque quien va a ser repatriado tiene el derecho, que ejerce sistemáticamente, a negarse a contestar quién es y de dónde viene, y a partir de ahí, a través de mecanismos distintos, siempre respetando sus derechos, hay que averiguar quiénes son. A continuación hay que pedir a los países de origen -repatriamos solo a los países de origen; no repatriamos, por tanto, a malienses a Senegal ni a mauritanos a Mali, repatriamos a Mali a malienses y a Senegal a senegaleses, no repatriamos a nadie que no sea de ese país- que manden una comisión de identificación que identifique a las personas que han intentado entrar ilegalmente; una vez que las identifican vuelven a su país, mandan la documentación y, una vez tenemos la documentación, se hace la repatriación. Esto no es sencillo, es muy complicado, y los países no tienen por qué estar viniendo continuamente aquí a identificar, y no digo nada si los países son, por ejemplo, India, y hay emigrantes asiáticos que están llegando a través de África. Por tanto, es muy complicado, tanto que las mafias saben que, si aguantan cuarenta días, los inmigrantes ya no pueden ser repatriados, y les dan todo tipo

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de consejos para que lo hagan. El Estado español tiene que intentar, respetando todos los derechos y todas las garantías, que quien intenta entrar ilegalmente en España no lo haga. Esa es la tensión. En ese sentido yo les digo que cuarenta días es un período muy limitado, incluso por la propia tramitación de los documentos a los que me vengo refiriendo. Fíjense ustedes que, cuando llega un cayuco con cien personas, de entrada hay que ponerlas a disposición judicial, y son cien autorizaciones administrativas y a veces los correspondientes recursos, por poner un ejemplo. Es una tramitación endiablada desde el punto de vista jurídico, pero debe ser así. Esos cuarenta días son escasos y, por muy buena voluntad que pongan los países que trabajan con nosotros y que aceptan las repatriaciones, que no son todos, aunque hay una mayoría, no se puede. Por eso es razonable que procuremos como país, teniendo en cuenta que esta es la política que vamos a hacer, un período moderadamente más amplio, que en ningún caso creemos que deba llegar hasta los seis meses, que es el período mínimo que la directiva establece, pero debería ser un poco más amplio, sencillamente para poder hacer esta tramitación, en el bien entendido, repito, de que la política de repatriaciones es fundamental en la lucha contra la inmigración ilegal en este contexto que acabo de definir de política global, que es una política matizada y me parece que comprensiva y al mismo tiempo funcional, si se me permite la expresión, y solidaria, que no es menor el tema.


El trabajo sobre inmigración tiene un sentido básico que es justamente trabajar en todo el proceso de ordenación de la inmigración legal y, por tanto, establecer nuestra capacidad de acogida, negociar con sindicatos y empresarios, como se hace, las contrataciones en origen y saben ustedes que estas se están haciendo. En los últimos años casi todas las contrataciones se han hecho en origen. Se pacta con los sindicatos y los empresarios qué sectores necesitan trabajadores, se busca en los países en los cuales existen, se va allí, se contratan. Este tema está ordenado.
Es ordenado y es legal. Para eso y para facilitar la integración de quien llega está el Ministerio de Trabajo, porque una vez que alguien llega a nuestro país, y lo hace legalmente, eso sí, tiene que tener todos los derechos y todas las obligaciones. Las dos cosas, pero los derechos también. Eso exige un trabajo para integrar, para evitar que la integración de esos inmigrantes no vaya en detrimento de los derechos de quienes están, porque eso sí que es un problema y un agitador a la xenofobia. Eso sí, si alguien siente sus derechos constreñidos porque otros los tiene, ahí sí que tenemos un problema. Por tanto, hay que procurar mecanismos de integración, dotación de medios a aquellos sitios donde están los inmigrantes. Esto es lo que se está haciendo, porque esta política no es nueva, ustedes la conocen bien. Entre otras cosas, el fondo para integrar la inmigración se estableció en este Congreso de los Diputados hace cuatro años por acuerdo de los grupos parlamentarios, no fue del Gobierno en aquel momento, y lo dotamos, si no recuerdo mal, con 80 millones de euros y luego sube a 180 millones de euros. Por tanto, nos preocupamos de dotar a ayuntamientos y a comunidades de los medios necesarios para llevar a cabo esa integración. Esa integración es competencia del Ministerio de Trabajo, y ambos trabajamos conjuntamente en el marco de la comisión interministerial y en el día a día porque se pueden imaginar que son las dos caras de la misma moneda. Lo he dicho antes y creo que eso está también en relación con el trabajo que desarrollamos unos y otros. Trabajamos día a día en el bien entendido que la política de inmigración legal es un elemento básico de nuestra política ordenada de inmigración y que la lucha contra la inmigración ilegal es un elemento básico de nuestra política de inmigración ordenada.
En eso estamos. Por tanto, no hay dificultades de coordinación y se lo puedo garantizar. Al contrario. De hecho, si usted examina mi último viaje, durante el cual he estado en Mali, Senegal y Mauritania, verá que entre quienes venían había gente del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Trabajo. Por tanto, estamos los tres ministerios trabajando, lo hacemos razonablemente bien y a los datos me remito. No es casual que baje la presión migratoria; no lo es. No es casual que haya más repatriaciones; no lo es. Es el fruto de una política que creo que es correcta y que respeta los derechos de quienes quieren venir y los derechos de nuestro país a admitir a aquellos que realmente podemos admitir. Ese es el equilibrio y creo que está funcionando razonablemente bien.


Ya le he dicho la previsión. Creo que hay que ampliarlo algo.
Moderadamente. No creo que sea necesario. Me gustaría que llegáramos a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios porque no se trata de cambiar la política. Yo defendí aquí la primera vez que vine las políticas de repatriaciones y acabé diciendo que el mensaje tenía que ser inequívoco y que ese mensaje lo compartían las autoridades de Senegal, de Mali, de Mauritania, de Marruecos, de Argelia. Es un mensaje que comparten con nosotros. Simplemente es dotarnos de un instrumento para hacerlo más fácil o, mejor dicho, en algunos simplemente para hacerlo, porque hay veces que los trámites en países complejos, complicados, en países cuya burocracia es muy lenta, sencillamente desbordan los cuarenta días y eso deberíamos tratar de evitarlo. Les diré algo más, es algo que nos han sugerido incluso esos propios países que tienen dificultades objetivas de tramitación porque tienen administraciones mucho más lentas y mucho más complicadas que las nuestras y a veces, la simple identificación les es imposible en un plazo corto de tiempo. No se trata de cambiar la política. Se trata de dotarnos de un instrumento para hacer esa política más eficaz, sencillamente eso, pero es la misma política; una política, repito, equilibrada, cuya palabra clave es la ordenación del fenómeno de la inmigración. En este sentido vamos a seguir trabajando y abriendo vías en Europa. No nos engañemos, este debate, en buena medida, es fruto de nuestro trabajo. Hoy no hay Consejo de política interior que no tenga

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un punto de inmigración. Eso creo que es un éxito porque estoy convencido de que o abordamos conjuntamente esta política de inmigración, la legal y la ilegal, o tendremos grandes dificultades porque no podemos cerrar los ojos a la realidad que tenemos en el sur, en el este y en el oeste. No lo podemos hacer y, si lo hacemos, nos equivocaremos. Hay que estar en un punto medio. Creo que los discursos duros en eso valen relativamente poco. Lo que hace falta, como decía el portavoz socialista, es hacer las cosas y hacerlas con los países origen de tránsito de la inmigración, entender lo que pasa, porque hay países que sencillamente son tránsito, que se ven desbordados, que les entran por el sur y les salen por el norte. ¡Cómo no vas a entender a esos países! O les entiendes y les ayudas o el tema no tendrá arreglo. Por tanto, más allá de consideraciones solidarias que para mí son importantísimas de concepción del mundo, hay un interés práctico, funcional, que también defiendo en esta Comisión.


Voy rápido. Sobre el tema de Cataluña y los Mossos d'Escuadra ha dado usted los datos correctos. Efectivamente, en noviembre de este año tendría que haber 15.300 Mossos d'Escuadra. No los va a haber porque no se cubren las plantillas, no hay candidatos. No es un problema distinto.
Está el presupuesto y está la voluntad. El Gobierno catalán hace lo que puede para cumplir los plazos y para cubrir sus plantillas. Como usted dice, aprobamos en 2006 una ampliación hasta 2015 que llevará la plantilla de la policía autonómica catalana hasta los 18.3000 efectivos.
Son tres mil plazas más. Lo hicimos en razón de lo que usted señalaba, el número de habitantes de Cataluña, que es un criterio objetivo. Es verdad que Cataluña ha crecido y debe haber más policías, y el Estado así lo entendió. El acuerdo lo tenemos y está funcionando razonablemente bien.
Me preocuparé de asegurarme, de acuerdo con lo que usted me ha sugerido y con lo que ha sugerido también algún otro portavoz parlamentario. Creo que se está haciendo bien, que el despliegue no supone que haya poblaciones que tengan problemas de seguridad. No lo creo porque en este sentido tengo que decirle que Policía y Guardia Civil son muy cuidadosos con lo que hacen y no se van de un sitio hasta que no tienen las plantillas correspondientes de Mossos d'Escuadra, pero no le oculto que después de su intervención revisaré el despliegue, junto con el consejero de Interior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con quien sabe tengo unas excelentes relaciones. Discrepo con usted en lo de los salarios, pero es un tema complicado. He oído aquí apelaciones sobre la mejora de los salarios de la Policía y de la Guardia Civil que comparto totalmente.
En la legislatura anterior se hizo un esfuerzo. En cuatro años subimos a los policías, a los guardias civiles y a los funcionarios de prisiones algo más de diez puntos por encima de la subida al resto de los funcionarios. Por tanto, sobre la subida de los funcionarios, que fue IPC más algo, nosotros metimos diez puntos en cuatro años. En total algo más de 400 millones de euros, es lo que ha crecido la masa salarial del Ministerio del Interior, policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones. Lo hicimos porque compartíamos el esfuerzo que ya empezó el Gobierno anterior para mejorar las retribuciones.


Otra cosa distinta es el tema filosófico de fondo, la palabra homologación. Es un tema que yo discuto mucho con los sindicatos. Lo que voy a decir no les va a sorprender a los sindicatos porque lo he hablado con ellos gracias a las buenísimas relaciones que tenemos, más allá de que tengamos posiciones enfrentadas en algunos casos, yo diría lógicamente enfrentadas. La homologación planteada como un criterio absoluto es como decir que el Estado condiciona su capacidad de definir sus salarios a lo que hagan las comunidades autónomas. A ver si me explico bien para que nadie me entienda mal. Cataluña, el País Vasco, el Ayuntamiento de Madrid tienen la competencia constitucional de establecer sus salarios, y puede ser que sus gobiernos decidan gastarse mucho más que el Gobierno del Estado en los sueldos de los policías y menos en carreteras y en escuelas. Pudiera ser. Eso no puede condicionar la política del Estado. En otras palabras, nosotros no podemos definir nuestra política salarial según decisiones de otros gobiernos, que las tienen constitucionalmente, ni al revés. Yo no puedo obligar a la Comunidad Autónoma de Cataluña a mantener la misma política salarial que mantengo yo. Eso es desconocer nuestra Constitución y, sobre todo, eso establece un mecanismo de homologación que no tiene solución porque siempre habrá un cuerpo que gane más que otro y, por tanto, siempre habrá un proceso de homologación pendiente. Es verdad que las policías ganan distinto. ¿Que el criterio de esta Comisión es que las policías ganen lo mismo? El mío probablemente también, pero choca con una realidad y es que cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento tiene derecho a definir sus salarios y eso establece diferencias importantes. Tan es así que, como usted conoce bien, en Cataluña las dificultades del consejero son porque hay otros cuerpos que dependen de la comunidad, y en este caso de la propia Consejería de Interior, que ganan más, como por ejemplo los bomberos. De hecho, el último proceso de homologación es de policías catalanes con bomberos y a continuación vamos de policías del Estado con policías catalanes. And so on. Eso tienen que entenderlo SS.SS. y los sindicatos. Dicho esto, quede claro que no será el Gobierno el que reconozca que tienen que mejorar los salarios. Lo he dicho explícitamente, aunque vamos a intentar hacer un esfuerzo en el marco presupuestario -y lo hemos hecho, como reconoció el señor Cosidó-, que no será el primero porque es verdad que otros gobiernos lo han hecho también. Por tanto ¿estaríamos todos de acuerdo en que hay que hacerlo? ¡Hombre!, el criterio no sé si es el mejor, porque es un criterio que, entre otras cosas, desconoce nuestras competencias constitucionales. Cada uno tiene que fijar los salarios de sus funcionarios. Ya no me refiero solo a los policías sino a cualquier funcionario. A partir de ahí el término moderación entendido como el proceso que

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conduce de forma inveterada a que todos ganen lo mismo, reconozcan ustedes que para el empleador, en este caso el Estado, tiene algunos riesgos.
Podría tenerlos en otro sentido para las comunidades autónomas o para los ayuntamientos si las homologaciones se plantearan en otros términos, que seguramente se plantearán. ¿Es un tema que tenemos que discutir? Sin duda. ¿Sería razonable que los sueldos se homologaran -entre comillas-, que fueran parecidos? Sin duda. Pero desgraciadamente no es así. Les diré más, y no voy a dar pistas a los sindicatos porque se lo saben muchísimo mejor que yo: pueden coger la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la que ganan más. Pueden coger la policía autónoma vasca, que gana más. Pero hay policías municipales que ganan mucho más, alguna muy cercana. Y ya les estoy dando una pista. Existe una contradicción. Cuando se sube el sueldo en el Estado, los Mossos d'Esquadra reclaman también subida de sueldo porque se han deshomologado. Si lo entienden ustedes. Como sindicalista encuentro la palabra mágica. Es la vía más rápida hacia la subida salarial pero reconozcan ustedes que como responsable del Ministerio del Interior y del Estado tengo que tener cuidado con esa palabra. Lo que no quita, para que nadie me entienda mal, que no estemos de acuerdo con mejorar las retribuciones. Lo vamos a intentar. Lo hemos hecho ya durante cuatro años y mucho, porque diez puntos por encima de la subida del resto de los funcionarios es una subida importante. Repito que quizá los criterios deberían ser otros, no fijarnos en quien gana más aunque entiendo que es un criterio sindicalmente muy atractivo y probablemente tiene la ventaja, que en términos sindicales es fantástico, de que no termina nunca. He sido muy claro y repito, como se lo he dicho tan claramente, vamos a intentar mejorar las retribuciones, vamos a sentarnos a partir de la próxima semana o la siguiente con los sindicatos. Tenemos un conjunto de temas a discutir muy importantes. Algunos han salido aquí y han sido objeto de preocupación por parte de los grupos parlamentarios.
Efectivamente tenemos que hablar de formación, de promoción que es muy importante y probablemente de escalas. Tenemos en la policía un número limitado de escalas. Me pregunto si no sería bueno tener alguna más para facilitar la promoción. Tenemos que hablar de cómo se forma a los que están llegando ahora, porque es verdad que hemos formado a tanta gente en tan poco tiempo que quizá convenga que revisemos nuestros esquemas. Estoy de acuerdo por tanto. Tenemos que revisar la jornada laboral y nuestras normas de higiene y seguridad en el empleo. Tenemos un conjunto de temas que queremos abordar y negociar con los sindicatos y entre ellos también está el tema de los salarios. Por tanto, algunas de las cosas que he anunciado aquí como proyectos de ley deberían recoger el fruto de ese acuerdo que espero alcanzar y que, desde luego, vamos a empezar a negociar en los próximos días partiendo del principio de que hace cuatro años hicimos un buen acuerdo y que es verdad que hay una práctica de acuerdo en el ministerio muy positiva. No nos podemos quejar de la colaboración que tenemos de los sindicatos y de las asociaciones de guardias civiles. Creo que, en general, la relación es buena y aportan cosas muy positivas para la seguridad del Estado. Así lo entendemos también nosotros.


Voy acabando. Le he hablado de fronteras. Sobre el tema de la consideración de la Ertzaintza y de la policía autonómica como policía Schengen tenía razón el señor Olabarría. Tengo algunas dudas. Primero hacen falta, lógicamente, los acuerdos con el resto de los países con los que tenemos frontera y, segundo, hay que pensar bien si vamos a mejorar o lo contrario. Hay que pensarlo bien. Ese es el criterio. Es decir, no tenemos ninguna reticencia. ¡Faltaría más! Como saben ustedes -lo he dicho en mi comparecencia y lo repito ahora-, me he esforzado específicamente por tener muy buena relación con las policías autonómicas. Creo que hemos mejorado muchísimo. Compartimos cosas que hace cuatro años era impensable compartir -bases de datos; información-, y es verdad que se comparten. Es una cultura que cuesta, que hay que trabajar, porque los cuerpos de seguridad en general tienden a otras culturas distintas, que no son criticables -no lo entiendan como una crítica-, son simplemente, y a partir de ahí cuando lo hagamos tenemos que asegurar que eso mejora la eficacia y no lo contrario. En este momento tenemos en Francia trabajando a nuestros cuerpos de seguridad, más los cuerpos de seguridad franceses, que son diversos, más nuestros servicios de inteligencia y los franceses, que son diversos. Créanme que organizar esto no siempre es sencillo. Por suerte cada vez lo estamos haciendo mejor. Ese sería el límite de mi posición. No es una posición de principio negativa. Es una posición cautelosa, en la medida en que lo haremos cuando tengamos la seguridad de que eso va a mejorar nuestra eficacia y no al contrario. Mientras tanto, ambas policías, la catalana y la vasca, tienen la información que les proporcionan los cuerpos de seguridad, que es toda la que necesitan para hacer su trabajo. Por tanto, esto está razonablemente enfocado.


Sobre el tema de las matrículas, saben mi posición. El problema es que tenemos que tener un acuerdo y hay comunidades que no quieren. Deberíamos tener un acuerdo con los constructores de vehículos, y hay constructores que no quieren, que dicen que eso va a encarecer. Estamos en ello. Hay comunidades que se han opuesto explícitamente a modificar, y yo creo que ese es un tema que debería llevar el acuerdo de todas las comunidades y, a ser posible, el acuerdo de los fabricantes. En eso estamos. Reconozco que en los últimos meses no hemos hecho mucho por avanzar en este camino, pero me lo quedo para reiniciar las correspondientes conversaciones.


Dos consideraciones finales. He contestado muchas cosas de otros grupos.
Sobre el convenio, hemos aprobado la ratificación el viernes en Consejo de Ministros, por tanto está en marcha. Tiene usted razón, señora Pigem.
Tenemos un programa muy trabajado, cuyo

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resumen tengo aquí, sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Es un programa que tiene medidas de prevención, de educación, de asistencia y protección a las víctimas, legislativas, de coordinación y cooperación entre policías, que está muy a punto. Con retraso, pero cumpliendo la prescripción de esta Comisión, lo pondremos en marcha pronto. Por nuestra parte está prácticamente acabado -tengo aquí los detalles- y quizá en muy pocas semanas pueda pedir una comparecencia en esta Comisión para explicar explícitamente la puesta en marcha de este programa, que no solo es del Ministerio del Interior aunque sí una buena parte. Respecto a las víctimas, al que se han referido todos los grupos parlamentarios, admito paladinamente y comparto la preocupación de todos los grupos. En este tema no vale taparse los ojos detrás de las estadísticas. Hemos hecho un esfuerzo -lo he mencionado- y el ministerio va a seguir haciéndolo. De hecho, vamos a poner en esta materia 554 policías y guardias civiles más. Es algo menos. Exactamente vamos a dedicar, en números redondos, trescientos policías más en este año 2008 a violencia de género. Les he dado la cifra de los cuatro años; serían 1.848 más. Por tanto, estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la asistencia en esta materia. Les menciono -puede ser objeto también de una comparecencia específica, igual tendría sentido- que hemos hecho formación de policías y guardias civiles, que tenemos varios convenios de seguimiento compartido, que tenemos bases de datos. Se ha hecho un esfuerzo, pero admito que los datos están ahí. Fíjense que a día de ayer ha habido veintiséis asesinatos por violencia de género, que son muchísimos, y que el año 2007 hubo setenta y dos. Esto quiere decir que estamos por debajo en términos relativos, lo cual no debe ser tampoco objeto de especial satisfacción cuando hablamos de estas cifras. Es verdad que enero y febrero fueron meses terribles, que el mes pasado hubo un caso tremendo en Alovera, donde hubo dos personas asesinadas y un suicidio, por tanto tenemos un problema, aunque es cierto que la cifra es la que es y hablaría al final de menos fallecimientos, menos homicidios.
En todo caso, son muchos.


Me preguntaba alguno de los portavoces qué está fallando. Yo creo, como señalaba el señor Ridao, que no hay más delitos sino más denuncias. Esto es muy importante, ya que era uno de los objetivos, pero admito que esto es una pura creencia que no tiene ninguna base cuantitativa. Creo que hay más denuncias y que es positivo, porque uno de los problemas que había cuando abordamos este problema es justamente el miedo a la denuncia. Creo que eso se está rompiendo, que se está acabando con ello, pero es verdad que sigue habiendo problemas. El mayor problema que yo percibo es justamente la coordinación entre el Poder Judicial y las policías. Ese es el mayor problema que tenemos y al que tenemos que dedicarnos especialmente. Esa coordinación funciona a veces bien, a veces regular, y otras veces sencillamente mal. No hay más que analizar alguno de los problemas que hemos tenido en los últimos meses para darnos cuenta de que es una coordinación insuficiente. Por tanto, yo me esforzaría -aparte de poner más medios, de formar más a la gente, que estamos en ello- por garantizar fórmulas de coordinación que empiezan por compartir las bases de datos de sentencias, de requisitorias, de estas cosas que saben ustedes que, en este momento, desgraciadamente no se comparten. Es una reflexión general. Comparto las preocupaciones que han manifestado ustedes. No sé si hay que cambiar la ley o no. Saben ustedes que el Gobierno está revisándolo. Si hay que cambiarla se cambia, no es un tabú.
Las leyes son para lo que son; para que las cosas mejoren, y si al final, hay cambios que hacer, desde luego, no será el Gobierno el que se oponga.
Desde mi perspectiva, el problema es más el que les he mencionado pero, repito, estoy dispuesto a comparecer un día y explicarles a ustedes todo lo que hemos hecho y las cosas que estamos poniendo en marcha para abordar un tema que nos preocupa, como han resaltado todos los portavoces y creo que han sido absolutamente unánimes.


Paso al señor Cosidó. Algunas cosas las he comentado ya, señor Cosidó.
Empiezo por agradecerle el tono y el deseo de suerte -que no sabe cómo le agradezco, que le acepto inmediatamente-, así como la condena y la solidaridad, que es sincera en su grupo, en relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ha hecho algunas alusiones sobre mi capacidad o incapacidad, pero me siento reflejado y defendido por el señor Olabarría y, por lo tanto, me remito a él. Lo que ha dicho me parece muy puesto en razón, señor Olabarría. (Risas.) En este sentido, no voy a gastar un minuto en discutir con usted si hemos rectificado en política antiterrorista, no lo voy a gastar. Se me ocurren muchas fórmulas, como ¿cambió el señor Aznar su política antiterrorista cuando ETA rompió la tregua en 1999? ¿Rectificó? Yo creo que no, pero en fin, da igual; si usted cree que sí, pues yo también lo he hecho; si usted cree que no, pues yo no lo he hecho. Podía ser una fórmula de acuerdo razonable y ya está. Podría ser porque, realmente, hay muchos paralelismos; en unos casos se llevó más allá, en otros más acá, pero todos lo intentamos y lo ha recordado el señor Olabarría. Eso, en el espíritu de su intervención y en el de la mía, ya está. Lo importante es que, efectivamente, estemos juntos; y lo importante es que -como he dicho en mi intervención- a ETA le demos una pincelada común. Su salida, la única que tiene, es dejarlo, abandonar la violencia definitiva y unilateralmente. Esa es la salida, ese es el mensaje. En ese mensaje estamos de acuerdo y, por tanto, con eso tenemos que avanzar.


Aplicaremos la ley. En el tema de los ayuntamientos, la ley es la que es, usted la sabe. Si hay razones para hacerlo, lo haremos. Venimos demostrando que no tenemos problemas, antes al contrario, la aplicamos estrictamente. Lo hemos hecho hasta ahora, y las resoluciones judiciales del Supremo y del Constitucional en relación con ANV nos avalan. Siento que no esté doña Rosa Díez, pero no ha sido el Gobierno el que ha dicho

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sí o no, han sido los tribunales, y no es menor. Le diré más -y siento que no esté porque se lo quería decir a ella-, es muy importante para la lucha contra ETA que digamos la verdad, que son los tribunales los que deciden si un partido es legal o ilegal, no el Gobierno. Es muy importante, ¿se dan cuenta? Es muy importante. Eso sí que legitima la lucha antiterrorista. Por tanto, frases como las que ha dicho son poco razonables en nuestra estrategia, primero, porque es así, y segundo, porque es necesario que se perciba así. Es la ley la que aplicamos, y si un ayuntamiento comete un fraude de ley o se coloca fuera de la ley, señor Cosidó, aplicaremos la ley, no le quepa a usted ninguna duda; la aplicaremos. Tiempo tendremos de hablar de esto. La aproximación es común y me quedo con su voluntad de unidad, que ratifico plenamente y con la que estoy absolutamente de acuerdo.


Sobre el terrorismo internacional ha hecho usted tres consideraciones que comparto: Internet, es cierto; para el tráfico marítimo tenemos un plan específico, pero es verdad que ahí hay un problema que hemos procurado solventar en los últimos meses de la anterior legislatura; y toda la estrategia antiradicalización que, en parte, he mencionado en mi intervención, que usted ha profundizado en ella y que es fundamental, que es clave en toda la política antiterrorista de la Unión Europea en esta materia. Por tanto, son tres observaciones que creo que están muy puestas en razón. Donde discrepamos algo más, cómo no, es en el tema de la seguridad ciudadana. Hemos dado los datos. El secretario de Estado ha comparecido aquí y en el Senado y ha dado los datos. De todas formas, respecto a los datos, creo que deberíamos intentar empezar la legislatura, aprovechando este nuevo clima, poniéndonos también de acuerdo. Igual es posible, porque usted tiene experiencia en eso y nosotros también. Hay tres o cuatro cosas que conviene decir. Igual resulta que nos ponemos de acuerdo y conseguimos hacer unas estadísticas que todo el mundo interprete bien. El señor Hernando ha dicho algunas cuestiones que quiero recoger aquí. Primero, que los datos de delincuencia hay que remitirlos al número de habitantes. Si crecen los habitantes, razonablemente, crecen los delitos. Desgraciadamente es así.
Por tanto, el dato absoluto vale para muy poco. A usted le gusta y probablemente a nosotros nos gustó en la oposición, no estoy diciendo que no, pero usted y yo sabemos -como el clima de esta Comisión hoy nos permite hablar con mucha más franqueza y más cordialidad- que el dato correcto es remitirlo al número de habitantes.


Segundo, usted sabe como yo que hay dos comunidades autónomas, más Navarra, que tienen competencias en seguridad ciudadana. Yo estoy dispuesto a ser solidario con el señor Saura y con el señor Balza, con quien me une una relación excelente, pero, ¡hombre!, defender yo sus tasas de delincuencia me parece un poco excesivo. Por tanto, debemos ponernos de acuerdo sobre qué hacemos con eso. Lo ideal sería tener una estadística del Estado, y por tanto ver cómo va el número de delitos y de faltas en todo el Estado, para a continuación discutir el ámbito competencial de cada cual. En definitiva, yo vendría aquí a dar, cómo no, cumplida respuesta a los problemas que surjan dentro de lo que llamaríamos área Policía-Guardia Civil, y lo otro sería un dato estadístico, pero si lo sumamos, usted sabe que ahí tenemos un pequeño problema, porque los datos no son exactamente iguales, las bases no son las mismas, como en Navarra, donde también hay competencias de seguridad ciudadana, aunque todavía no se ha producido el despliegue de la Policía foral, y por tanto ahí tenemos un lío mayor, porque compartimos todo el territorio.


El tercer elemento me parece el más significativo. Usted lo conoce bien, pero a ver si soy capaz de explicárselo a la Comisión. Es verdad que hay algunos tipos de delitos y de faltas que, paradójicamente, cuando se investigan pueden ser utilizados contra la eficacia policial. Pongo un ejemplo: blanqueo de dinero. Es verdad que estamos trabajando muy duramente en blanqueo de dinero y es verdad que estamos obteniendo muy buenos resultados. Si usted examina el número de delitos de blanqueo de dinero que la Policía y la Guardia Civil llevan a los tribunales, verán que ha crecido mucho. La pregunta es: ¿Es que han crecido los delitos o es que ha mejorado la eficacia policial? Yo creo que ha mejorado la eficacia policial; igual también han crecido algo, pero ha mejorado la eficacia policial. Por tanto, nos encontramos con eso. No le digo nada lo que va a pasar este año cuando vengan los delitos de tráfico. Usted dirá: Ha aumentado el número de delitos. Y yo le diré: ¡Hombre!, es que hay 20.000, 15.000 ó 12.0000 delitos de tráfico que antes no había y que ahora hay porque hemos tipificado un nuevo delito. O los delitos de violencia de género, que todos tenemos que reconocer que han ido creciendo, pero yo creo que más que porque haya más, porque se denuncian más, mucho más. ¿Dónde voy? A que el número de delitos, si no se analiza bien, es un concepto manipulable, y cuando digo manipulable me refiero a ambas partes. Yo le propongo que lo analicemos en una comisión que trabaje un tiempo sobre nuestras estadísticas policiales, porque, créame, no tengo ningún interés, antes al contrario, en que no tengamos una buena estadística policial. De hecho, usted, que tiene buenos contactos en Guardia Civil y Policía, sabe que estamos haciendo esfuerzos para dotar de ordenadores a los cuarteles, para que los delitos y las faltas nos lleguen bien ordenados. No tengo ningún interés, al revés, creo que es muy importante para un ministro del Interior saber exactamente qué es lo que está pasando, pero a continuación creo que debemos decirles a los españoles lo que hay de verdad y expurgar lo que es un aumento real de delitos de lo que puede ser aumento de la eficacia policial y referirlo al número de personas y colocarlo en el ámbito administrativo correspondiente. Le ofrezco y ofrezco a todos los grupos de la Cámara trabajar para dotarnos de un buen instrumento estadístico, que luego cada uno podrá utilizar como quiera, pero por lo menos que tengamos, como tienen otros países del mundo, una estadística fiable para siempre, con criterios pactados y

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con estos matices, que creo que son importantes. Le ofrezco esa posibilidad y, entre tanto, le diré que compareceremos el secretario de Estado o yo para explicar los datos de 2007. El señor Ridao decía una cosa que ha pasado en Cataluña; supongo que los otros los saca de ahí, que son parecidos a los nuestros. Ya le avanzo que en el número de delitos graves, que son los que preocupan a la gente, no hemos aumentado.
Me parece que es un 0,7 por ciento, prácticamente nada. Si lo ponemos en términos de población, que ha seguido creciendo, estamos igual. En fin, eso no quita para que no debamos discutir a fondo algunos aspectos que ha planteado. Por tanto, le ofrezco esta posibilidad que me parece que podía salvar este tema. Tener una buena estadística y explicar a la gente qué es lo que pasa, sería muy útil. Es verdad que es un buen instrumento para las fuerzas de seguridad, un excelente instrumento para el ministro del Interior o para el director general, poder decir a las fuerzas de seguridad: oye, que esto se está escapando, y poder decirle a la sociedad: cuidado, y poder entrar en el detalle de los barrios y de las ciudades. Creo que es un instrumento imprescindible que deberíamos tener todos al alcance de nuestra mano.


Voy a hacer una brevísima reflexión sobre la coordinación. Estamos mejorando, señor Cosidó. No es tan difícil de entender. De hecho expliqué la reforma aquí en este Parlamento. El secretario de Estado de Seguridad tiene debajo de sí tres órganos: la Dirección General de Policía y Guardia Civil, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, las dos son secretarías generales, y una dirección general que creamos nueva justamente para los temas de inmigración. Es decir, coordina prácticamente toda la política de seguridad, salvo seguridad vial, coordina la política de seguridad en materia de crimen organizado y de terrorismo y los tres elementos para coordinarla son tres direcciones generales, cada una en su ámbito correspondiente: fuerzas de seguridad, prisiones e inmigración, que es más complejo que solo fuerzas de seguridad, aunque también incluye a la gente de extranjería. Eso funciona bien, sin dificultades. Se ha escrito mucho pero créame, se escriben cosas que forman parte del chaucháu, vamos a llamarlo así, del ministerio, pero funciona bien. Junto a esa estructura administrativa hemos intentado crear órganos específicos que, por una parte, busquen la coordinación en temas concretos y, por otra, busquen crear una cultura de coordinación, que sabe que es complicada de crear en el ministerio, pero que poco a poco vamos creando. El CEMI, que tiene la ventaja de que ahí está la dirección política y la dirección operativa, porque hay dos direcciones, dos directores, Guardia Civil y Policía, que se sientan en el CEMI. Créame que el CEMI funciona, se reúne todos los viernes, yo lo presido alguna vez y el secretario de Estado habitualmente. Eso va funcionado, hay planes estratégicos que se coordinan en el CEMI. El CNCA que es inteligencia, donde está el CNI, créame que funciona. Ya no hay solapamiento de operaciones antiterroristas, no las hay. En cuanto hay un solo dato común de una operación el CNCA decide qué cuerpo la va a llevar adelante. Por tanto, no hay una sola operación solapada. Es un primer paso, evidentemente, pero usted sabe que es un paso muy importante porque no siempre ha sido así. Lo mismo ocurre con el CICO en relación con el crimen organizado. Tenemos unos avances muy importantes estadísticos, que no es poco, y las bases de datos, que por fin las tenemos compartidas.
Hace cuatro años usted sabe que no había bases de datos compartidas, ni de huellas dactilares. ¿Qué paso quiero dar? El de Policía científica, que lo he anunciado aquí y que me parece muy importante. Usted sabe que hoy la Policía científica es la base de una buena parte de la investigación que realiza, ese es el siguiente paso que queremos dar.
Como he dicho, con prudencia, porque hay dos servicios en cada uno de los cuerpos que funcionan bien. Por tanto, hay que buscar esquemas de coordinación que no alteren lo que está funcionando bien y que mejore, por ejemplo, toda la adquisición tecnológica, que creo que se puede mejorar, las coordinaciones con las universidades. Hay un conjunto de temas que creo se pueden trabajar. Por tanto, vamos a seguir creando elementos de coordinación allá donde creemos que son vitales, para crear una cultura de coordinación entre los cuerpos que creo honestamente que está funcionando bien, más allá de que cada uno tenga su idiosincrasia y su forma de ser, que yo respeto. Como usted sabe, yo no soy partidario de la fusión corporativa y, por tanto, hacia ahí no voy a avanzar. La estructura del ministerio creo que es razonable, yo al menos estoy satisfecho, porque si no la hubiese cambiado, no me hubiera importando cambiarla y hubiese defendido el cambio, pero creo que está funcionando bien.


Ha dicho usted que tengo un hito de los guardias civiles. Es verdad, tengo un hito, lo reconozco. He hecho dos leyes sobre la Guardia Civil, una de derechos y deberes y otra de régimen disciplinario. Tiene usted razón, son mías. Son de ustedes, son de todos. Ojalá hubieran sido también de ustedes, bien sabe usted que lo intenté. Lo intenté, pero no lo conseguí.
Ese hito sí lo tengo, para lo bueno y para lo malo, yo creo que será para lo bueno.


Sobre el tema de comisarías, hemos hecho más. De hecho, yo he inaugurado más. Recuerdo de entrada que he inaugurado una comisaría en Albacete y otra en Algeciras. (El señor Cosidó Gutiérrez: Son de las nuevas.) Sí, son nuevas. La que he inaugurado es nueva y aquí está el alcalde. Es nueva, yo la vi nueva, salvo que me la pintaran para mí, pero yo la vi nueva. (Risas.) Estamos trabajando en ese tema, usted lo sabe. Estamos revisando cuarteles. Todo eso si quiere un día se lo expongo con detalle.
Estoy de acuerdo con usted -ya se lo he dicho- en que hay que cambiar esquemas de formación. No tengo inconveniente en hablarlo con usted, al contrario.


Sobre el tema de ilegales, creo que he dado una explicación de la política de inmigración del Gobierno bastante exhaustiva. Tengo aquí los datos del SIVE acerca

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de cómo van a entrar en funcionamiento y cuándo; en Tenerife, en Murcia, en Alicante, en Baleares, en Valencia, y los vamos a extender a Castellón, Pontevedra y Cataluña. Tengo los datos y con mucho gusto se los suministraré; son los datos -digamos- de la inauguración. Sabe usted que el padrón y la tarjeta de residentes no casan. Son dos instrumentos estadísticos distintos, entre otras cosas porque hay muchas personas que están en el padrón y que no tienen tarjeta de residentes, por ejemplo, los 800.000 ciudadanos de la Unión Europea. Por tanto, no es un buen mecanismo para saber algo que, como usted señala y es verdad, es bien difícil de saber, que es cuántos irregulares hay en España. El padrón hay que matizarlo mucho; si se matiza, con esto, más los estudiantes, más la gente que está renovándose las tarjetas, más la gente que no se da de baja en el padrón -que la hay-, más la gente que está empadronada en dos sitios, si hacemos toda esa purga estadística entonces el número de irregulares desciende radicalmente. Sobre lo que quiero llamar su atención sobre todo, más que avanzar una cifra, es que el padrón vale para lo que vale, pero no para medir el número de inmigrantes ilegales que hay en España.


En cuanto al tema de las cárceles. ¿Ha habido un crecimiento del número de presos? Sí. ¿A qué es debido? Pues no hay que ser un genio para saberlo.
A que hemos modificado el Código Penal y hemos endurecido las penas en 1995 y luego ya varias modificaciones que hicieron ustedes en 2003. Y si uno alarga las penas y elimina, entre otras cosas, las fórmulas de quitar penas por días de trabajo, evidentemente aumenta la población penitenciaria. Lo que yo le reprocharía, señor Cosidó, es que ustedes incrementaran el Código Penal, las penas, -que siempre queda bien- y se les olvidara incrementar las cárceles. Eso, si me lo permite, es una pequeña faena. Así no me venga usted ahora a reprochar que hemos hecho lo que ustedes no han hecho. Claro, se ha producido lo que se iba a producir; es que se iba a producir, es evidente. Usted hace penas más largas y hay más presos. ¡Hombre!, podían ustedes haber dejado las prisiones preparadas, que nos dejaron cuatro. (El señor Sánchez Ramos pronuncia palabras que no se perciben.) Cuatro y el terreno. No había más. El terreno, no había más. Créame, ni una peseta. ¡Hombre!, si quiere se lo doy con detalle. No había más y, claro, eso es una pequeña faena. Y la prueba es que solo hemos inaugurado Puerto III porque solo hemos podido hacer Puerto III en cuatro años, y hemos tenido dinero para hacerlo. Por tanto, usted lo dejó muy mal. Si lo hubiera dejado bien, habríamos hecho más. Porque dinero ha habido; ha habido un montón de dinero en el presupuesto. (El señor Sánchez Ramos pronuncia palabras que no se perciben.) No; créame, no. Se les olvidó ese pequeño detalle, pero, en fin, pelillos a la mar. Estamos en ello. De hecho, creo que el mes que viene voy a inaugurar dos. Es más, le voy a invitar a usted a que venga conmigo a inaugurarlas. (Risas.) Dos o tres; me parece que son tres.
Dicho esto, no pensamos hacer nada con los presos más que aplicar la ley.
Es verdad que tenemos un déficit de cumplimiento en las penas en lo que se llama medio abierto muy sustantivo; creo que lo decía el señor Olabarría o el señor Ridao. Ahora hay muchos delitos, como los de tráfico, que no implican entrada en prisión sino penas alternativas, por ejemplo, de servicios a la comunidad. Y es verdad que, una vez más, hicimos un Código Penal pero se nos olvidó poner los servicios, y tenemos un déficit nosotros y el resto de las comunidades autónomas muy grande en medio abierto. Pero no significa que vamos a sacar a nadie a la calle.
No, señor Cosidó, nada de eso. Significa que tenemos gente que tiene que cumplir penas fuera de prisión y que no tenemos un sistema suficientemente bien articulado para que esas penas se cumplan; eso significa. Y como nos hemos dado cuenta -violencia de género, por ejemplo-, lo que le digo es que esa es una prioridad que espero que comparta, pero no hay más que eso.


Sobre el tema de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le voy a ser completamente sincero. Porque usted no me ha dicho -y podía haberlo hecho- que ha hablado de modificación parcial. Yo la haría parcial. Ya entiendo que hay problemas de modelo policial, pero yo le voy a decir aquí con franqueza -seguramente sonará heterodoxo en algunas comunidades autónomas- que no estoy de acuerdo con la creación de policías autonómicas. No lo estoy. Hay tres comunidades que tienen policías, ¡ojo!, policías sustitutivas, que es lo que probablemente no se esté explicando en algunas zonas de España. Es que la gente no explica que el modelo policial que tenemos es o Guardia Civil y Policía o Policía autonómica, pero esa cosa de Guardia Civil, Policía y otra más, eso no está en nuestra ley. Está; se puede hacer con los estatutos, pero no está en nuestro modelo. De hecho ya le digo, mientras yo sea ministro no lo voy a financiar; todo el dinero que tengamos lo vamos a dedicar a policías y a guardias civiles. Ya se lo digo, no voy a engañar a nadie.
Es más, creo que introducir nuevas policías sin saber muy bien qué es lo que van a hacer, no va a generar grandes ventajas. Si estamos tratando de coordinarnos con las policías autonómicas, que, por cierto, son competentes en toda la seguridad ciudadana, porque de Cataluña, de Euskadi y de Navarra en principio la Guardia Civil y la Policía se están yendo. Por tanto, hay un sistema distinto. Pero es que lo que aquí se nos va a proponer y se nos está proponiendo es que haya Policía, Guardia Civil, Policía autonómica y policías locales, y además que lo pague el Estado. No, con franqueza. Por eso le he dicho parcial, porque creo que este podría ser un tema polémico, y huyendo de la polémica yo confío en que esto lo comparta usted; confío, pero no es el tema de hoy. He sido completamente sincero. ¿Hay que cambiar algunas cosas? Sí. Si modificamos carrera y disciplina, hay que tocar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; si modificamos alguna cuestión de policías locales y queremos llevarla más allá, hay que modificar alguna cosa. Por

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tanto, sí creo en una modificación parcial. Yo no me metería en el tema del modelo, aunque tengo el modelo muy claro, pero, en fin, quizá sea porque en este ministerio uno trata de huir de conflictos artificiales.
Lo que he dicho lo diré cuando vaya a los sitios a los que tengo que ir; de verdad no creo que sea bueno -mi experiencia me lo dice- poner otro cuerpo más. Además tenemos ya policías adscritas, como usted sabe, estamos haciendo unidades de policía adscrita en las comunidades autónomas. La pregunta es, ¿creemos que un cuerpo más de policía va a mejorar la seguridad? ¿Creemos que si donde hay tres ponemos cuatro va a mejorar la seguridad? Yo creo que no. Por tanto, ya le digo que mi obligación es que haya policías y guardias civiles, y creo que mientras tenga dinero del señor Solbes lo que voy a hacer es ampliar las plantillas de policías y de guardias civiles, y lo otro, si alguien lo quiere hacer y es su competencia autonómica, que lo haga, pero que lo financie. No le digan a la gente lo que no deben decirle; yo estoy dispuesto a debatir con todos los grupos si eso mejora o no la seguridad.
Otra cosa distinta es el modelo que tenemos, pero ese modelo es diferente, en ese modelo lo que hay es una sustitución, hay una policía que se va y otra que llega. Ahora no, ahora lo que se pretende es poner una más. No estoy de acuerdo, y ya está. Eso es lo que pretendo, básicamente.


Sobre víctimas de tráfico, creo que hay que entrar en tramos, efectivamente, en los llamados puntos negros. Aunque le digo a continuación que la mayoría están en carreteras autonómicas y de diputación, porque el Estado tiene las grandes vías, donde hay pocos puntos negros pero algunos hay, y creo que efectivamente tenemos que entrar en serio en este asunto con el Ministerio de Fomento. Lo he dicho expresamente. Creo también, como usted, que hay que elevar el número de agentes de tráfico. Sabe usted que teníamos algunos problemas de formación, que hemos resuelto, y algunos problemas de salarios, que hemos resuelto. Creo que estamos trabajando en buena dirección.


Sobre violencia machista, comparto absolutamente lo que usted ha dicho, como comparto que si hay que cambiar la ley no es un tabú. Examinémoslo.
Creo que no es un problema de ley, pero estoy dispuesto a examinar con ustedes y con el resto de los grupos si hay que hacer algún cambio en esa ley, y creo que la ministra de Igualdad se ha pronunciado en el mismo sentido y la vicepresidenta del Gobierno, que es quien coordina estas políticas, también.


Al señor Hernando, por razón de hipoglucemia colectiva, le voy a contestar menos, porque estoy de acuerdo con usted. Creo que he recogido algunas de las cosas que usted ha dicho y que aportan luz al debate; por ejemplo el tema de seguridad ciudadana, el tema de los gastos de seguridad, el tema de prisiones. En conjunto, ha hecho usted aportaciones que podrían ser relevantes en este clima que estamos estableciendo en esta Comisión.


Siento que se haya marchado la señora Rosa Díez, pero estoy convencido de que tiene otros asuntos que atender, porque es verdad que los grupos pequeños tienen estos problemas. Le hubiera dicho que siempre la escucho con atención, antes y ahora, siempre la he escuchado con atención, y que no estoy de acuerdo con ella en esto de la debilidad. Para el "Diario de Sesiones", ella misma se ha dado cuenta de que entraba en una contradicción. Ha empezado a decir que no estaba de acuerdo en que ETA esté más débil y a continuación ha dicho que no cree tampoco que esté más fuerte, pero que, claro, eso no lo podemos decir porque eso es malo. Pero ha defendido que está más fuerte. Entonces he estado a punto de decirle: yo creo que está más débil, pero si usted no cree que está más débil lo razonable sería que no me lo dijera en público, que no pudiera salir de la Comisión la sensación de que hay un grupo parlamentario que dice que ETA está más fuerte que antes. ¿Es que eso le interesa a la democracia? Si me lo quiere decir que me lo diga. Creo que está más débil y le iba a dar los datos de kale borroka en 2000-2004 y 2004-2008 para demostrárselo, más los datos del apoyo electoral que ha tenido Batasuna, que lo hemos estudiado muy a fondo, para demostrárselo. Por tanto, cuando lo digo es porque lo pienso y porque los que saben de esto me lo dicen, una vez más, y no he visto nunca ningún informe que dijera que en 2004 estaba ETA ..., no he visto ninguno, igual los hay pero yo no los he visto. Es más, en cuanto llegue al ministerio voy a pedir esos informes, porque de 2004 a 2006, antes de la tregua, ETA atentó mucho, insisto, mucho. Y de 2000 a 2004 mató mucho, a 44 personas. Por tanto, ¡ojo! con las cosas que se dicen. Más allá de eso, tenía una gran contradicción en su razonamiento. Dice: No, no digo que esté más fuerte; pero está argumentando lo contrario. En fin, me quedo también con lo último, con que nos va a apoyar, así lo ha hecho hasta ahora, y será un placer tener su apoyo en esta materia, como del resto de los grupos parlamentarios.


Al señor Ridao le agradezco su intervención, el tono y los contenidos.
Creo que he contestado ya a sus dudas sobre quiénes son los que se han detenido. He sido muy prudente y lo voy a seguir siendo. Lo que he dicho es exactamente lo que me dicen que tengo que decir, creo que ese es el criterio profesional que debo tener en cualquier ámbito de este ministerio y sobre todo en el tema antiterrorista. Estoy de acuerdo con usted en que tiene que haber reciprocidad. ¡Faltaría más! Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que no debemos confundir las relaciones políticas con el Gobierno vasco con la lucha contra ETA, aunque es verdad que hay planos ahí que inevitablemente pueden solapar. Las relaciones institucionales entre los gobiernos en materia de política antiterrorista son muy buenas y las relaciones entre la policía son buenas. De vez en cuando hay algún desajuste, pero son buenas; en todo caso, infinitamente mejores. Además, el señor Balza y yo mismo nos hemos esforzado por que así apareciera; de hecho, las primeras reuniones de las llamadas cúpulas policiales se han producido bajo nuestros respectivos mandatos, y no responden simplemente a una voluntad de decir algo polí

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ticamente importante, que también. Responden a una voluntad de ser y de compartir una política en el día a día, operativa, y eso también se está haciendo. Ahora, dicho esto, es verdad que el señor Ibarretxe tiene sus planteamientos políticos y nosotros los nuestros, pero eso deberíamos separarlo del tema de ETA. Yo creo que lo he hecho siempre y, por eso, hay según qué argumentos que no me gustan. Por ejemplo: Usted habló con no sé quién... Pues no, no es un buen argumento, porque tiene una respuesta palmaria. Nos pida quien nos pida el derecho a la autodeterminación, los socialistas vamos a decir que no, porque creemos que no cabe en la Constitución. Ya está. No depende de quién sea el que lo pida, la respuesta es siempre la misma. Y como creo que esa es una mala respuesta, mejor casi no ir por esa línea, no me parece buena, qué quiere que le diga, porque el PNV ha seguido el proceso con nosotros y ha estado leal, muy leal y a nuestro lado. Y nada más.


Respecto a seguridad ciudadana, daba usted unos datos que son ciertos y me decía que hay una cierta paradoja, y es verdad que la hay. Los datos del CIS demuestran que la preocupación ciudadana sube y baja relativamente poco, y además oscila; o sea, sube unos puntos, baja, pero está entre un 10, un 12 y un 14. Es muy distinta según que usted formule la pregunta a todos o a colectivos concretos. Por ejemplo, hay una cosa que puede usted comprobar en los datos del CIS, que es muy llamativa, y es que crece con la edad; es decir, en los tramos de edad más jóvenes la preocupación por la seguridad es más baja y a medida que va aumentando la edad la seguridad ciudadana pasa a ser un problema más importante. Y es perfectamente razonable, como es razonable que con la vivienda suceda exactamente lo contrario. Son datos que se pueden explicar y es verdad que tienen una correlación muy elevada con lo que pase. Si hay de repente un acontecimiento de inseguridad muy llamativo, un robo de un chalé de alguien muy famoso, inmediatamente sube. Es muy sensible al día a día -lo cual no quiere decir que no tenga que preocuparnos, que nadie me entienda mal-, y no le oculto que produce algunas dudas en el Ministerio del Interior, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y pasa lo mismo con las policías autonómicas, tienen muchos éxitos en la lucha contra el delito, muchos, y uno dice: Vamos a publicitarlos, que la gente sepa que tenemos una buenísima Policía, una excelente Guardia Civil y buenas policías autonómicas. Pero te encuentras con que, si publicitas mucho todo lo que haces, igual la sensación de la gente es la contraria.
Detienen a tantos, luego habrá muchos. Hay un equilibrio muy complicado para dar una información veraz. No es que el Gobierno o el ministerio no quiera informar, es que quiere informar sin alarmar, pero informar. Al fin y al cabo, si detienes a alguien, es una buena noticia. No sé si me entiende. En ese equilibrio probablemente resida esa perplejidad que usted dice. Y es verdad que hay algunos robos que provocan más alarma.
Por eso creía yo antes que es importante que nos fijemos en los delitos que sabemos que provocan más alarma. Ya sé que últimamente roban muchos GPS en los coches y la policía está intentando evitarlo. Es un delito que molesta muchísimo, lo conozco, provoca una alarma social relativa; sin embargo, entrar en un chalé con una pistola provoca una gran alarma social. Entrar en una casa con una pistola o zarandear a una persona por la calle para robarle provoca una gran alarma social. Ese es el criterio que antes le decía al señor Cosidó que deberíamos plantearnos.
Probablemente en estas discusiones, en estas disquisiciones tan elementales, esté parte de la respuesta que usted me pedía. Es verdad que los datos son los que son, que hay una estabilidad muy grande; es verdad que hay muchas operaciones policiales brillantes. Lo dije al principio, y lo he dicho muchas veces, tenemos una excelente Policía y Guardia Civil, y los datos están ahí, son impepinables en comparación con Europa. Uno ya tiene la suficiente experiencia para saber cómo funcionan: son muy buenas, también las policías autonómicas. No es menos cierto que existe la preocupación, y si existe la preocupación subjetiva, existe y tenemos que hacerle frente.


Sobre violencia de género ya le he contestado. Sobre formación, es usted el que lo ha dicho. Decía que qué piensan hacer, si especializar. Es la clave. Coincido con el señor Cosidó en que quizá debamos reforzar nuestra formación básica, pues quizá la hayamos descuidado un poco, en gran medida porque hemos tenido generaciones muy amplias y hemos dado un ritmo a las academias de formación -a las de las policías autonómicas y a las del Estado- terrible y debemos darle una vuelta. Yo sería partidario de bajar un poco el ritmo, una vez que tenemos las dotaciones bien cubiertas, y de preocuparnos de reexaminar lo que enseñamos, pero es verdad que la especialización es fundamental. Hoy en día, si uno examina los delitos, muchos de ellos son hiperespecializados, de altísimo contenido tecnológico, que se atacan con la ciencia y hay que especializar a la policía. En eso tenemos un camino grande por recorrer.
Tenemos buena policía, buena ciberpolicía; tenemos una Policía científica muy buena y la Guardia Civil igual, pero ahí hay un camino y en eso estamos trabajando. Habría que plasmar también esa especialización en las promociones para que la gente vea que si uno se especializa también promociona de otra manera distinta. En fin, hay que revisar nuestra carrera, en eso estamos empeñados y lo vamos a hacer con los sindicatos de policía.


Sobre policías locales, sé que el tema de Coslada crea una alarma social.
Es evidente que es un tema gravísimo -no podemos desconocerlo- y que plantea algunas carencias. Tiene usted razón. No quiero escabullir el bulto, más allá de que la operación que ha dado al traste con esta presunta mafia policial es una operación de la policía. Por tanto, la policía ha hecho su trabajo, pero es verdad que los ciudadanos pueden pensar en una falta de control. En este momento, de acuerdo con las competencias, la coordinación de las policías locales y su formación corresponde a las comunidades autónomas. No es que yo quiera escurrir el bulto, repito. Si tenemos

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que trabajar con las comunidades y las policías locales, trabajemos, pero es verdad que algo tenemos que mejorar en el control, como tenemos que mejorar algo en el control de la seguridad privada, porque hemos visto cosas que pasaban en el metro de Madrid que no vamos a consentir y que no tienen que ver, por cierto, con que haya Policía y Guardia Civil, porque he escuchado a algunos responsables autonómicos decir que la culpa es que no haya policías, como si los policías privados pudieran hacer lo que quisieran. ¡Santo cielo! La culpa es que hay un policía privado que ha hecho lo que no tiene que hacer y, por tanto, aprovechando que vamos a cambiar la Ley de Seguridad Privada, preocupémonos por mejorar el control; por cierto, las propias policías privadas lo quieren hacer. No sería justo que el responsable de Interior no dijera que lo de Coslada, que es gravísimo, no es generalizable. Nuestras policías -las estatales, las autonómicas y las locales- son buenas policías. Desde luego, en las del Estado hay un sistema de control interno, que bien conocen SS.SS., que es implacable, pero en las autonómicas igual, y en las locales, que tienen menos sistemas, quien más quien menos los tienen establecidos. Lo peor es que un caso de estos puede dar una imagen falsa de nuestro sistema policial. Hay que ser muy rotundo. Es gravísimo lo que ha pasado, pero no da cuenta de lo que pasa en nuestra España. No sería justo pensar que es así, porque no lo es ni en las estatales ni en las autonómicas ni en las locales. En fin, abordemos el tema, aunque ya digo que es una competencia autonómica en parte, porque la de control ni siquiera es autonómica. Es decir, no está regulado si hay una unidad de asuntos internos. No lo está y tiene una cierta lógica. No tiene nada que ver, porque hay pueblos que tienen cuerpos de policía con diez, doce o catorce policías. ¿Se le puede pedir a ese cuerpo que tenga una unidad de asuntos internos? Pues no es razonable. En definitiva, más allá de que, repito, no es generalizable, es verdad que hemos visto conjuntamente una carencia que tenemos que resolver. Estoy de acuerdo con usted en que hay que revisarlo. Sobre los CIE ya he contestado antes. Quiero señalar que no tiene que ver con la directiva, que en nuestro programa electoral ya estaba esta reflexión.


En cuanto a lo de tráfico, no estoy de acuerdo con usted. Creo que el carné por puntos ha sido útil -me lo han oído ustedes defender muchas veces y usted también lo ha defendido-, y creo que la modificación del Código Penal, también. Le voy a dar los datos de los meses que llevamos de 2008, que creo que son bastante espectaculares comparados con los de 2007. En enero de 2007 hubo 207 fallecidos en las carreteras españolas; en 2008, 174; en febrero, 180 frente a 163; en marzo, 241 frente a 173; en abril, 215 frente a 167, y en lo que va de mayo 236 frente a 200, o sea, 36 menos. Es decir, 200 fallecidos menos en lo que va de 2008, que hay que sumar a los 1.300 que teníamos acumulados de los cuatro años. Yo creo que en estos 200 sí hay una influencia de la modificación del Código Penal. Le diré más. Sigo este tema, como sabe usted bien, con mucha intensidad porque creo que es muy importante, y me gusta reflexionar con mis colaboradores que estamos hablando de 2.700 fallecidos en las carreteras y que el número de personas que han sido asesinadas en España el año pasado fueron 890. Por tanto, hay más del doble de fallecidos en las carreteras que de personas asesinadas. Fíjese si no merece la pena hacer un esfuerzo. Dicho esto, seguimos mes a mes las sanciones que la Guardia Civil pone por incumplimiento del Código Penal, es decir, conducir a alta velocidad -que hay muy pocas-, conducir con alcohol -que hay muchas- y ahora sin carné. Todavía no tenemos una estadística de las de sin carné porque acaba de empezar -como usted sabe se modificó el 1 de mayo-, pero las de alcohol, que son las más frecuentes, han ido cayendo.
La Guardia Civil sigue haciendo lo mismo, luego tenemos que admitir que la gente, en principio -hay que ser muy cauteloso-, se está tomando las cosas en serio, y creo que una parte, no todo, de este descenso es por el Código Penal. Tiempo tendremos de revisarlo, pero creo que es así.


Sobre el despliegue, ya le he dicho a la señora Pigem que voy a revisarlo.
Creo que no nos quitamos si no hay quien nos sustituya, pero en todo caso lo vamos a revisar.


Termino ya con el señor Olabarría, al que agradezco el deseo de suerte y la defensa que ha hecho de mi legitimidad y competencia. Me doy por bien defendido por un parlamentario como usted, que además sabe que me merece todo el respeto. No dudo de la colaboración leal en el tema del terrorismo, lo he defendido aquí mismo esta mañana. Usted ha leído una parte de un informe del relator que no es definitivo y que yo todavía no tengo, pero creo que empieza con una alabanza a la política antiterrorista del Gobierno, por lo menos lo he leído en un teletipo, porque el informe -fíjese qué detalle, que supongo que no tiene ninguna significación- lo tiene usted y el ministro del Interior todavía no. Será que mis servicios no son suficientemente ... Caben otras opciones, pero seguramente no son. Creo que empieza con una alabanza rotunda.


Sí le quiero decir una cosa que he dicho públicamente. Cuando hay sospechas, los primeros interesados en que estas sospechas desaparezcan y por tanto que haya una investigación son quienes son acusados de este tipo de cosas, la Guardia Civil y la Policía. De hecho, hay un caso reciente que está en este momento en un juzgado de San Sebastián. Está colaborando la Guardia Civil, están declarando los agentes y se aclarará.
A continuación le digo que usted sabe que en los manuales de ETA figura lo que figura. Por cierto, detenga la policía que detenga, generalmente, dicen que han sido maltratados. Hay -usted decía- sentencias -seguro que se ha ido muy atrás en el tiempo-, pero hay muchas otras que dicen que era mentira, la inmensa mayoría. Dicho esto, comparto con usted que los primeros interesados en aclararlo son la Guardia Civil y la Policía, y el segundo el ministro del Interior.


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Sobre el tema de extranjería creo que le he comentado la política, que no coincide con todas las que estamos viendo. Habrá visto que hay diferencias sustanciales. Sobre el tema del Código Penal ya le he comentado.


En el tema de la Ertzaintza me he hecho al final una consideración del Código Penal que creo que no es así, pero en todo caso lo veremos. Es cuestión de examinarlo. Creo que los datos que he dado son muy concluyentes.


En cuanto al tema de las bases de datos estamos compartiendo progresivamente bases de datos. No sé en concreto esta que usted menciona, pero le aseguro que no va a haber ninguna reticencia por parte del Estado para seguir compartiendo bases de datos porque son instrumentos policiales muy útiles.


Sobre el tema de Europa, ya le he contestado a la señora Pigem. Estoy donde estaba. Cuando crea que es seguro y funcional lo haremos. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando como trabajamos, que creo que, de día en día, mejoramos nuestra coordinación. Le agradezco cómo ha acabado su intervención, que es como empezó, ofreciéndome diálogo que, por supuesto, acepto gustosamente.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, por su contestación tan prolija e interesante.


Antes de levantar la sesión voy a preguntar si algún portavoz quiere hacer uso de un turno que, en todo caso, va a ser muy breve de pregunta o aclaración, más que de otro discurso porque ya no el nivel de hipoglucemia, sino el físico en general no sería bien tratado por SS.SS.


¿El señor Cosidó quiere hacer uso de la palabra? (Asentimiento.) ¿Algún otro portavoz va a hacer uso de la palabra? (Pausa.) Seguimos el mismo orden que hemos tenido con anterioridad.


Tiene la palabra el señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Quiero aclarar que en ningún caso he puesto en duda la legitimidad del ministro, ni tampoco tengo ningún problema de relación personal, aunque pueda parecer lo contrario. Simplemente he expresado que tiene un déficit de credibilidad para mi grupo. Es lo único que he dicho. Creo que es muy legítimo y muy razonable en el debate político expresar que, dada su trayectoria política, que no personal, hay un déficit de credibilidad que he tratado de explicar.


En segundo lugar, creo que deben ser matizadas dos referencias que se han hecho por parte de algunos representantes de los grupos parlamentarios.
Primero, no comparto, en absoluto, la acusación de utilización del dolor de las víctimas. Pero no la comparto no porque me sienta aludido o sienta aludido a mi grupo, sino porque creo que catalogar como arma arrojadiza a las víctimas del terrorismo es, lo digo sinceramente, atentar contra su dignidad. Es un desprecio para las propias víctimas en mayor medida que para quien se intenta acusar que, en todo caso, y estoy seguro que es así, no creo que tuviera relación con mi grupo, pero sí quería hacer esta matización.


Sobre el tema de las torturas quiero expresar mi absoluta convicción, y en este caso, si me lo permiten, por experiencia personal, de la limpieza, del escrupuloso respeto no ya a la legislación, como es su obligación, sino a los derechos humanos por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España. Son injustas, y no he tenido tampoco acceso al informe del relator de Naciones Unidas, excepto por alguna referencia en la prensa. Ese tipo de reflexiones, que además tienen un carácter muy genérico, no se refieren exclusivamente a un caso concreto, aunque puede darse un caso concreto y ahí está el Estado de derecho para actuar, pero sinceramente, y lo digo de corazón, creo que tiene un efecto negativo en la lucha contra el terrorismo, por lo que deberíamos ser especialmente cuidadosos en ese tipo de referencias.


La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Cosidó.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Y para terminar, señora presidenta, quería decirle al ministro que me gustaría escuchar mayor claridad. Yo le he ofrecido nuestro apoyo. Creo que estamos en la dirección correcta en este momento y me gustaría oír al ministro: que este Gobierno nunca más se va a sentar a negociar con ETA. Me gustaría oír a este ministro: yo no estoy de acuerdo con el final dialogado que propone el secretario general del Partido Socialista en Euskadi. Me gustaría escuchárselo porque creo que le daría credibilidad. Era a lo que me refería al principio, a ese déficit de credibilidad a una buena parte del discurso que hace. No me vale con decir: que ahí está la ley para expulsar a los partidos políticos que representan políticamente a ETA como Batasuna que formalmente ha sido ya declarado, como ANV o como el Partido Comunista de las Tierras Vascas que, en mi opinión, lo van a ser. Coincido al cien por cien, en que serán los tribunales los que lo tienen que hacer. Eso no lo puede hacer el Gobierno, pero creo que el Gobierno tiene que hacer todo lo que está en su mano, todo lo que está en la ley porque es una exigencia democrática inmediata, señor ministro. Me gustaría escucharle también en este sentido con más claridad y con más contundencia qué va a hacer para expulsar a los representantes políticos de los terroristas que nunca deberían haber estado en los ayuntamientos del País Vasco y sí van a estar.


Y si me lo permite la presidenta, quería hacer dos matices más.


La señora PRESIDENTA: No, señor Cosidó, porque estamos siendo muy flexibles con los tiempos y en este turno no voy a dejarle. Lleva cinco minutos y como máximo son dos.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Quería hablar de retribuciones y de cárceles.


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La señora PRESIDENTA: No, lo siento, porque entonces abrimos un turno normal de réplica.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: De todas maneras, señora presidenta, no conozco, el Reglamento a fondo, pero está en el mismo que en las comparecencias haya un turno de réplica ¿o no?

La señora PRESIDENTA: Están los tiempos, que han utilizado con absoluta flexibilidad. Por tanto, le ruego que se atenga en este turno a los dos minutos que le he dado.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: ¿Puedo pedirle un minuto más?

La señora PRESIDENTA: Sí.


El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Puedo estar de acuerdo con su reflexión sobre la homologación de retribuciones, pero, uno, usted se lo prometió en su programa electoral; dos, la realidad es que en vez de acortarse, se ha distanciado más; y, tres, es que hay diferencias que resultan sangrantes. Tiene un problema y lo tiene que arreglar.


En relación con las cárceles, señor ministro, me ha parecido un poco desmesurado oirle decir que la culpa la tiene el Código de 1995, es decir que la culpa la tiene Felipe González. Echarle la culpa al Partido Popular tiene un pase, pero al Gobierno de González me parece excesivo.
El problema está en que el plan que usted ha defendido esta mañana aquí, al ritmo al que está creciendo la población reclusa nos genera un déficit todavía mayor. En ese sentido el problema es grave. Por tanto, le pido, señor ministro, que revise su plan porque no va a solucionar el problema, lo va a agravar aún más, a pesar de las dos cárceles a las que ya anuncio que en la medida que me lo permita mi agenda iré gustoso a inaugurarlas con usted.


La señora PRESIDENTA: Ruego a los portavoces que se atengan a un tiempo de dos o tres minutos. Señor Ridao

El señor RIDAO I MARTIN: Rápidamente, diez segundos, ateniéndome a la sugerencia de la Presidencia de hacer pregunta y respuesta.


Le he preguntado, y me parece que el señor Olabarría también, si usted era partidario o no de modificar el Pacto antiterrorista y abrirlo en tanto que es un pacto excluyente. Usted me ha contestado que sí, que habrá reciprocidad por parte del Gobierno, pero no en qué términos. Le vuelvo a preguntar si está de acuerdo en abrir el Pacto antiterrorista para que participen otras fuerzas políticas.


La señora PRESIDENTA: El señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Por esta vez le voy a hacer caso de forma estricta en los términos de su requerimiento. Va a ser una pregunta específica, a pesar de que después de oír al primer portavoz lo que me pide el cuerpo es reabrir el debate, pero no lo voy a hacer. La pregunta específica es que usted, señor ministro, ha mantenido a qué base de datos no conectada me refería. Es la base de datos de personas conductoras de vehículos que cometen infracciones administrativas o penales. De la misma manera que la base de datos de matrículas sí que está conectada en este momento, no lo está la de los conductores. Esa es la base de datos que por falta de conexión impide, cuando se detiene a un infractor, que puede ser un delincuente, porque ahora esta conducta está tipificada contra mi opinión como delito, que la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra puedan operar.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Pérez Rubalcaba): Empezaré por el señor Olabarría. Desconozco por qué no estamos conectados en esa base de datos pero le puedo asegurar que, salvo que haya un problema técnico irresoluble, desde el punto de vista político no se me ocurre ninguna razón para no hacerlo. Al contrario. Sabe que estamos compartiendo de día en día más bases de datos con la Policía vasca y también con la catalana.
Por tanto, lo haremos.


Señor Ridao, el Pacto antiterrorista tiene, en su redacción actual, tres elementos que creo que lo caracterizan. Primero, un preámbulo que tiene que ver con una situación política determinada; segundo, un contenido, una serie de políticas; y tercero, una bilateralidad. La bilateralidad creo que tiene una cierta lógica, como he dicho en esta Comisión en muchas ocasiones, y es que los dos grandes partidos, los dos partidos nacionales, los que razonablemente vamos a gobernar, con independencia de que lo hagamos solos o con alguien más, los dos partidos que hemos tenido responsabilidad en la lucha antiterrorista, es razonable que tengamos una relación bilateral que no excluye una multilateral. De hecho, como usted sabe, en la anterior legislatura intentamos que fuera así. Más bien incluso intentamos que hubiera bilaterales y multilaterales, lo que pasa es que aquello salió como salió. Pero a mí no me parece irracional que compartamos una relación bilateral con el Partido Popular toda vez que, repito, han gobernado, nosotros también, y razonablemente uno de los dos partidos va a seguir gobernando en este país.


Respecto a las políticas, creo que las que figuran en el Pacto antiterrorista esencialmente son las que está desarrollando el Gobierno.
Puede haber algún matiz. Creo que del Pacto antiterrorista se habla mucho y me parece que se lo ha leído muy poca gente. Yo, como lo

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redacté al 80 por ciento, me lo sé bien. Me gustaría que usted le echara un vistazo ahora, cogiera las políticas y viera que lo que hay ahí es lo que estamos haciendo. Le diré más; es lo que siempre hemos hecho. Pero este tema es una discusión que ya no quiero hacer porque no quiero reabrirla. Creo que bastante discutimos hace cuatro años.


Respecto al preámbulo, es evidente que tenía un sentido, pero ya no lo tiene. El preámbulo era una refutación del Pacto de Estella y este ya no existe, por tanto, tiene un sentido concreto, histórico, que es decir que el Pacto de Estella rompía la unidad de los demócratas -porque es verdad que un partido tradicionalmente aliado con los demócratas se había ido a un pacto con Batasuna-, pero ese pacto ya no existe. Desde esa perspectiva, discutimos de algo que no tiene sentido. El preámbulo era una refutación política a un pacto. Por tanto, bilateralidad va a seguir habiendo, lo que no quiere decir que no la haya con ustedes -que también la hay- y con el resto de los partidos y que no haya multilateralidad, si es posible. Ojalá. Entretanto, bilateralmente vamos avanzando, pero es verdad que ha habido algunos elementos de multilateralidad después de los últimos atentados que dan pie a pensar que podemos estar caminando en la buena dirección.


Las políticas están ahí y las he enunciado yo. La estrategia la he dicho yo y creo que figura punto por punto en el Pacto antiterrorista. Me parece que nadie me ha refutado la estrategia y, por tanto, debo entender que estamos básicamente de acuerdo con las políticas que estamos aplicando, más allá de que hay reticencias con la Ley de Partidos, que yo entiendo que las haya, que están ahí, y que no podemos desconocerlas. La pregunta es si por eso vamos a dejar de trabajar juntos. Creo que no.
Admitimos esa reticencia y seguimos para adelante en todo lo demás porque creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.


Tercero. Respecto al preámbulo, sencillamente es que este ya no existe porque no hay Pacto de Estella. Por tanto, es un preámbulo que ha perdido su validez en la medida en que aquello que refutaba, pura y sencillamente, ha dejado de existir.


Señor Cosidó, rápidamente. Creo que sobre ETA he sido muy claro. He dicho una cosa que voy a explicar brevemente. ETA, cuando rompe la tregua como la rompe, sencillamente ha dejado sin validez cualquier otra tregua. Si ahora ETA dijera que declara una tregua, nadie le podríamos creer porque la última que declaró la rompió unilateralmente y además con una bomba.
Desde esa perspectiva, he dicho: les queda a ustedes una cosa -que creo que hemos compartido también todos-, que es declarar unilateralmente y poner fin incondicionalmente a la violencia. Eso es clarísimo.


Sobre el tema de la ley, cumpliremos la ley, no le quepa duda, pero estrictamente, porque, repito, hay una cosa muy importante. La decisión de ilegalizar un partido no es una decisión del Gobierno. Otra cosa es que el Gobierno pueda instar. Es una decisión judicial y esa -usted lo ha hecho y se lo agradezco- es una diferencia muy importante en la lucha contra ETA, muy importante. No es que el Gobierno por la mañana diga: a usted le ilegalizo. Eso es un disparate. Además, eso lo cuidamos muchísimo en la Ley de Partidos, hasta extremos insospechados. Hay una discusión muy bonita sobre esta materia con los grupos que en aquel momento no lo apoyaron, porque había cosas que decían estos grupos que tenían una cierta lógica y que producían unos temores que yo compartía en ese momento. Por eso, hay que ser muy estricto en esa materia.


Sobre el tema de las cárceles, yo no he echado la culpa a Felipe González, entre otras cosas porque yo estaba en el último Gobierno de Felipe González, con lo cual me hubiera echado la culpa. Tampoco hubiera sido malo, porque se puede imaginar que uno echa la vista atrás y hay cosas de las que se siente más contento y otras de las que se siente más descontento. No soy de los que le duelen prendas en reconocer que hay cosas que salieron mal. Pero en este caso es evidente que lo que ha pasado en el sistema penitenciario español es que hemos endurecido mucho las penas. Tenemos un sistema penal muy duro -lo digo porque a veces se debate esto- y probablemente no se hicieron las previsiones penitenciarias oportunas. Ese incremento en población responde básicamente a eso. Fíjese que tenemos unas tasas de criminalidad, como hemos comentado en esta Comisión, relativamente bajas en relación con los países comparables de la Unión Europea y, sin embargo, tenemos la población penitenciaria más alta de todos los países, quitando Luxemburgo. Por tanto, si tenemos menos delitos y más población penitenciaria, no hay más remedio que concluir que tenemos un sistema penal más duro que el de muchos países de la Unión Europea porque lo quiso esta Cámara y porque lo votamos. Lo que digo es que no hicimos las previsiones oportunas y ahora, como usted dice, hay que hacerlas, y coincido con usted en que o las hacemos rápido o tendremos dificultades a lo largo de esta legislatura.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Se levanta la sesión.


Eran las tres y cinco minutos de la tarde.

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