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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 140, de 04/02/2009
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
4 de febrero de 2009

Núm. 140


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

Comisiones, Subcomisiones y Ponencias

158/000023 Solicitud de creación, en el seno de la Comisión de Trabajo e Inmigración, de una Subcomisión para el estudio de la racionalización de los horarios laborales y su acercamiento al horario europeo, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)... (Página 9)

Personal

299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Cese...
(Página 10)

Nombramiento... (Página 10)

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de ley

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000686 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de medidas compensatorias a ciudadanos españoles exresidentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial...
(Página 10)

161/000694 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación en la Franja de Gaza... (Página 11)

Comisión de Justicia

161/000657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre reforma de la normativa vigente para evitar que queden impunes el delito de homicidio y sus formas en los casos en que el cuerpo de la víctima haya sido ocultado y/o destruido... (Página 12)

161/000658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la clasificación de las ciudades de Tarragona, Girona y Lleida en los grupos de población en los que se integran los miembros de la carrera judicial a efectos retributivos... (Página 13)

Página 2


Comisión de Interior

161/000707 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la aplicación efectiva de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, singularmente con respecto al terrorismo nacionalista vasco, y a la transposición de las Directivas 2005/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo y 2006/70/CE de la Comisión... (Página 14)

161/000709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución... (Página 16)

161/000711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la agilización de los trámites para la construcción de nuevas instalaciones para la Guardia Civil del Mar en el Puerto de Algeciras (Cádiz)... (Página 17)

161/000712 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio Criminalista de la Guardia Civil... (Página 18)

Comisión de Defensa

161/000690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la interrupción de venta de material de defensa y doble uso al Estado de Israel... (Página 18)

161/000693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre denegación, suspensión o revocación de las solicitudes de venta de armamento... (Página 19)

Comisión de Economía y Hacienda

161/000650 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre el desarrollo reglamentario de la regulación relativa a la hipoteca inversa... (Página 20)

161/000664 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la recuperación del IVA en las facturas incobrables... (Página 20)

161/000675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reestructuración del Instituto de Crédito Oficial (ICO)... (Página 22)

161/000696 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre dispensa de garantías para el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias... (Página 22)

Comisión de Fomento

161/000649 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación y firma del Convenio para la construcción de la vía de alta velocidad ferroviaria, con la representación del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra... (Página 24)

161/000652 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al soterramiento de la autovía A-49, a su paso por los términos de Tomares y Castilleja de la Cuesta... (Página 25)

161/000654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al proyecto de la carretera de circunvalación de O Barco de Valdeorras (Ourense)... (Página 26)

161/000663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el restablecimiento del servicio de consigna en la estación de RENFE en Girona... (Página 27)

Página 3


161/000665 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el trazado del AVE a su paso por Antequera (Málaga)... (Página 27)

161/000666 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la publicación de las cuentas de explotación de cada uno de los aeropuertos del Estado... (Página 28)

161/000668 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora en la frecuencia de los trenes de cercanías, así como mejores horarios para la comarca del Baix Maestrat...
(Página 29)

161/000673 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aceleración de las obras de desdoblamiento de la carretera N-II en las comarcas de Girona, especialmente en el tramo entre Sils-Maçanet... (Página 30)

161/000677 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la cobertura parcial de la carretera B-20 en Santa Coloma de Gramenet... (Página 31)

161/000678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adecuación del tramo de la carretera N-260, túnel de Balupor a Fiscal... (Página 31)

161/000679 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la autovía A-68, en sus tramos Zaragoza-Alcañiz y Alcañiz-Mediterráneo... (Página 32)

161/000680 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la liberación del peaje de la autopista AP-4, Jerez-Dos Hermanas... (Página 32)

161/000681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al incremento de facilidades a los usuarios de la web y clientes de RENFE a la hora de reservar y adquirir sus billetes... (Página 33)

161/000682 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los servicios diurnos de larga distancia entre Galicia y Madrid prestados por RENFE Operadora... (Página 33)

161/000683 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conexión directa para mercancías entre los puertos de Barcelona y Bilbao suprimida por RENFE... (Página 34)

161/000689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas ante las perforaciones y rupturas del acuífero del Valle de Abdalajís ocasionadas durante la ejecución de las obras de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid... (Página 35)

161/000692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la remodelación y ampliación del puente sobre la vía férrea en Villafranca (Navarra)... (Página 36)

161/000697 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos en el sentido de otorgar a Sant Carles de la Rápita la condición de Capitanía Marítima con los límites territoriales establecidos entre el río Cenia y la Punta del Águila... (Página 36)

161/000706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para acelerar el inicio de las obras de la estación de La Sagrera (Barcelona)... (Página 37)

161/000708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para la construcción de un aparcamiento dentro del recinto amurallado de "El Cerco de Artajona (Navarra)"... (Página 38)

161/000713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el tren de alta velocidad de Cantabria...
(Página 38)

Página 4


161/000718 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apeadero de RENFE de Premià de Mar...
(Página 39)

Comisión de Educación, Política Social y Deporte

161/000661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la aprobación de la Moción del Parlamento de Navarra por la que se solicita al Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca que modifique su comportamiento hacia la Comunidad Foral de Navarra, en relación con el Decreto que recoge el curriculo para la educación básica en el País Vasco... (Página 39)

Comisión de Trabajo e Inmigración

161/000648 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el mantenimiento del régimen público de Seguridad Social para toda la ciudadanía... (Página 41)

161/000662 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la emisión de informes por las Asociaciones de Autónomos en relación con los proyectos de viabilidad de la actividad por cuenta propia de extranjeros... (Página 41)

161/000704 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para la mejora de la protección a las personas desocupadas... (Página 42)

161/000714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la aplicación del régimen especial del mar de la Seguridad Social a los pescadores de río... (Página 44)

Comisión de Industria, Turismo y Comercio

161/000659 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la cualificación del municipio de Guardiola de Berguedà en los programas de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras... (Página 44)

161/000684 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las necesidades de alimentación eléctrica en alta tensión de la línea de alta velocidad entre Lubián-Ourense... (Página 45)

161/000698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Liderazgo Compartido... (Página 46)

161/000699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Entorno Competitivo... (Página 46)

161/000700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Sostenibilidad... (Página 47)

161/000701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Valor Cliente... (Página 47)

161/000702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Nueva Economía Turística... (Página 48)

161/000710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con el actual trazado del eje de máxima capacidad que conecta la generación eléctrica del Noroeste de España con Madrid, a su paso por el municipio de La Seca (Valladolid)...
(Página 48)

Página 5


161/000715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conservación y restauración del cargadero de mineral "El Alquife" de Almería... (Página 49)

161/000716 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de Centro de Referencia Nacional de Industrias Extractivas especializado en la Extracción de la Piedra Natural y en la Elaboración de la Piedra Natural, en la comarca almeriense del Almanzora... (Página 49)

Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

161/000656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para comenzar los trabajos de finalización del paseo marítimo de poniente de la ciudad de Málaga... (Página 50)

161/000660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sector lácteo... (Página 51)

161/000676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a necesidad de habilitar ayudas para los trabajadores del mar y armadores obligados a realizar un amarre forzoso de tres meses de duración... (Página 52)

161/000685 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre dotación de un fondo extraordinario para la reparación de los daños producidos por el temporal de levante en los municipios costeros...
(Página 52)

Comisión de Administraciones Públicas

161/000670 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los Convenios de colaboración que realiza la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ésta con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado... (Página 53)

161/000695 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al proceso Bolonia y su afección en las Administraciones Públicas... (Página 54)

161/000703 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la convocatoria de la primera reunión de la Subcomisión de Seguimiento e Información de las Inversiones de la Administración General del Estado que afectan a Galicia... (Página 55)

Comisión de Cultura

161/000651 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la Comisión Delegada para Asuntos Culturales... (Página 57)

161/000669 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una nueva modalidad de Premio Nacional del Blog... (Página 58)

161/000691 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre rehabilitación del claustro de la Catedral de Tudela (Navarra)... (Página 59)

Comisión de Sanidad y Consumo

161/000653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre programa de salud para la vacunación contra el virus de hepatitis B en los centros penitenciarios... (Página 59)

161/000671 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el diagnóstico precoz de la ambliopía u ojo vago... (Página 60)

161/000687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre introducción de fórmulas de COPAGO por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud... (Página 61)

Página 6


161/000705 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre desigualdades y salud... (Página 61)

161/000717 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Hospital universitario Marqués de Valdecilla de Santander... (Página 62)

Comisión de Ciencia e Innovación

161/000667 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la revisión del sistema estatal de becas y ayudas al estudio...
(Página 63)

161/000674 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al proceso de Bolonia... (Página 64)

161/000688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el reconocimiento del derecho a realizar las pruebas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada en las lenguas cooficiales... (Página 66)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000672 Proposición no de Ley presentada por el Grupos Parlamentarios Socialista, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Mixto, sobre aprobación de la normativa específica reguladora de las subvenciones de cooperación internacional al desarrollo, en aplicación de la disposición adicional 18.ª de la Ley 38/2003, General de Subvenciones... (Página 66)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adecuada y amplia difusión de los contenidos y valores de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y su correspondiente Protocolo Facultativo...
(Página 67)

Preguntas para respuesta oral

Comisión de Interior

181/001127 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Cruz (GP), sobre valoración de los enfrentamientos y disturbios que se produjeron el día 07/12/2008 en La Mojonera (Almería)... (Página 68)

181/001128 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Cruz (GP), sobre actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en relación con los hechos ocurridos en La Mojonera (Almería) el día 7 de diciembre de 2008... (Página 68)

181/001129 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Cruz (GP), sobre medidas para que hechos como el producido el día 7 de diciembre de 2008 en La Mojonera (Almería) no se repitan... (Página 68)

181/001130 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Cruz (GP), sobre motivos por los que la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. no ejecuta las actuaciones que tiene encomendadas... (Página 69)

181/001131 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Navarro Cruz (GP), sobre criterios seguidos para mantener abiertas las celdas del módulo dos por la noche, en el centro penitenciario del Acebuche, en Almería... (Página 69)

181/001154 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GMx), sobre criterios con los que ha establecido el Ministerio del Interior su inversión de papeletas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo... (Página 69)

Página 7


Comisión de Defensa

181/001150 Pregunta formulada por el Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (GP), sobre papel de coordinación entre los tres ejércitos que desempeñará el Jefe de Estado Mayor de Defensa... (Página 69)

181/001151 Pregunta formulada por el Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (GP), sobre nueva estructura orgánica del Ejército de Tierra... (Página 69)

181/001152 Pregunta formulada por el Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (GP), sobre nueva estructura orgánica del Ejército del Aire... (Página 69)

181/001153 Pregunta formulada por el Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (GP), sobre nueva estructura orgánica de la Armada...
(Página 70)

Comisión de Fomento

181/001125 Pregunta formulada por el Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (GP), sobre fecha prevista para la finalización de los nuevos accesos por carretera al puerto exterior de Ferrol (A Coruña)...
(Página 70)

181/001126 Pregunta formulada por el Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (GP), sobre fecha prevista para iniciar los trámites para la construcción del acceso por ferrocarril al puerto exterior de Ferrol (A Coruña)... (Página 70)

181/001136 Pregunta formulada por la Diputada doña Dolors Montserrat Montserrat (GP), sobre causa por la que la empresa Operadora Renfe ha suprimido la conexión directa para mercancías entre los puertos de Barcelona y Bilbao... (Página 70)

181/001137 Pregunta formulada por la Diputada doña Dolors Montserrat Montserrat (GP), sobre fecha prevista para que la empresa operadora Renfe restablezca la conexión directa para mercancías entre el puerto de Barcelona y Bilbao... (Página 70)

181/001138 Pregunta formulada por la Diputada doña Dolors Montserrat Montserrat (GP), sobre gestiones para evitar la supresión de la conexión directa para mercancías entre los puertos de Barcelona y Bilbao...
(Página 70)

Comisión de Educación, Política Social y Deporte

181/001147 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU), sobre actuaciones para activar la puesta en marcha del fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia... (Página 71)

181/001149 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU), sobre previsión de creación de Fondos de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia de ámbito de Comunidad Autónoma...
(Página 71)

Comisión de Trabajo e Inmigración

181/001148 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU), sobre previsiones acerca de habilitar un espacio alternativo para continuar prestando los servicios que el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social desarrollaba en Terrassa (Barcelona)... (Página 71)

Comisión de Industria, Turismo y Comercio

181/001140 Pregunta formulada por el Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (GP), sobre previsiones acerca de iniciar las negociaciones con Bruselas para la vuelta a la construcción naval convencional de los astilleros de Navantia-Fene... (Página 71)

Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

181/001139 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Fajarnés Ribas (GP), sobre adquisición de terrenos costeros en las islas de Ibiza y Formentera... (Página 71)

Página 8


Comisión de Cultura

181/001134 Pregunta formulada por el Diputado don José María Lassalle Ruiz (GP), sobre objetivos previstos para la creación del canal cultural de televisión para 2010... (Página 72)

181/001135 Pregunta formulada por el Diputado don José María Lassalle Ruiz (GP), sobre financiación prevista para la creación del canal cultural de televisión para 2010... (Página 72)

Comisión de Sanidad y Consumo

181/001143 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV), sobre inclusión del copago como alternativa dentro del Comité para la Racionalización del Gasto Sanitario... (Página 72)

181/001144 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV), sobre participación del Gobierno en los contratos existentes en relación a la puesta en marcha de medidas de copago en el sistema sanitario por parte de los usuarios... (Página 72)

181/001145 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV), sobre posición del Gobierno en relación a la introducción del copago en el sistema sanitario mediante figuras como el "euro por consulta" el "ticket moderador" o la "factura en la sombra" entre otros... (Página 72)

181/001146 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV), sobre medidas adicionales de copago que se prevén en el ámbito farmacéutico... (Página 72)

Preguntas para respuesta escrita

Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en la Comisión de Interior... (Página 73)

Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en la Comisión de Fomento... (Página 73)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

Tribunal Constitucional

232/000023 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 4057/2005, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con el artículo 3.7 párrafo II; artículo 20.4.b), 5, 6 y 7; Disposición Final Segunda, apartado dos; Disposición Final Cuarta y Disposición Final Quinta, de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres... (Página 74)

Página 9


COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

158/000023

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.


AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Solicitud de creación, en el seno de la Comisión de Trabajo e Inmigración, de una Subcomisión para el estudio de la racionalización de los horarios laborales y su acercamiento al horario europeo.


Acuerdo:

Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Trabajo e Inmigración, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que, conforme a lo dispuesto en el punto tercero de la citada Resolución, la Comisión ha de concretar, en su caso, en su propuesta de creación, la composición de la Subcomisión. En el supuesto de que dicho extremo no quede resuelto expresamente, la composición de la Subcomisión se ajustaría a lo dispuesto en la Cámara para las Ponencias.


De otra parte, advertir que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore. Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y, reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Trabajo e Inmigración, para el estudio de la racionalización de los horarios laborales y su acercamiento al horario europeo.


Exposición de motivos

Durante la VIII Legislatura se creó y estuvo en funcionamiento la Subcomisión para "la emisión de un informe que analice la ordenación y adecuación del tiempo de trabajo, la flexibilidad horaria y de la jornada, así como de las posibilidades de adecuación del horario laboral a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal". El informe de dicha Subcomisión fue aprobado por acuerdo de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, en fecha 28 de febrero de 2007.


Más allá de las propuestas debatidas en el seno de dicha subcomisión y de las constataciones y recomendaciones efectuadas por la misma, es necesario continuar avanzando en esta materia. Se trata de un proceso largo, que requiere la actuación de diversos sectores de la sociedad y por ello es necesario trazar un plan de largo recorrido.


Convergència i Unió mantiene la voluntad de impulsar políticas transversales que persigan una mejor conciliación de la vida familiar y laboral de las personas. Para poder hacerlo posible es necesario articular una política familiar que facilite la plena participación de mujeres y hombres en el mundo del trabajo y para ello debe actuarse en diversos ámbitos, siendo uno de ellos la racionalización de los horarios laborales.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone la creación en el seno de la Comisión de Trabajo e Inmigración, de una Subcomisión para el estudio de la racionalización de los horarios laborales y su acercamiento al horario europeo.


Reglas de organización y funcionamiento

A) Composición

La Comisión determinará el número de representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios en la Subcomisión.


B) Adopción de acuerdos

En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.


Página 10


C) Objeto de la Subcomisión

La Subcomisión deberá estudiar la racionalización de los horarios laborales y la posibilidad de su acercamiento al horario europeo, además de plantear al Gobierno las medidas que estime pertinentes para posibilitar dicha aplicación.


D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión

La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de cuatro meses desde su constitución. El mencionado estudio, una vez aprobado por la Comisión de Trabajo e Inmigración junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.


Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


PERSONAL

299/000003

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 27 de enero de 2009 el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. de don Ramón Jáuregui Atondo, con efectos de 27 de enero de 2009, de doña Adelaida MARTÍN MELERO como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 27 de enero de 2009 el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Amparo MARTÍNEZ CAMPO, a propuesta del Excmo. Sr. don Ramón Jáuregui Atondo, con efectos de 28 de enero de 2009 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


Comisión de Asuntos Exteriores

161/000686

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, una proposición no de ley de medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex residentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial.


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Exposición de motivos

En el mes de febrero de 1969, el Gobierno ordenó la evacuación urgente de todos los ciudadanos españoles residentes en Guinea Ecuatorial, antigua provincia que había accedido a la independencia el 12 de octubre de 1968.
Tras de sí estos ciudadanos dejaron todos sus bienes y como consecuencia de su marcha, se interrumpió la explotación de las plantas de cacao y café de su propiedad.


El 3 de agosto de 1974 se produjo un golpe de Estado en la República de Guinea Ecuatorial, alzándose con el poder el actual Presidente Teodoro Obiang Enguema, quien solicitó a los propietarios españoles, especialmente a los agricultores, que volvieran a Guinea y pusieran de nuevo en funcionamiento las plantaciones que se encontraban abandonadas.
Algunos propietarios volvieron a ocupar sus fincas e invirtieron para ponerlas en marcha. Sin embargo, este nuevo intento terminó en fracaso por cuanto el café y cacao recolectado quedaba intervenido en su exportación por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, quien liquidaba al propietario el 10 por ciento de su valor en el mercado internacional, circunstancia que al hacer inviable la explotación, supuso en la mayoría de los casos su abandono al cabo de unos dos años. Tras el lento abandono de las fincas, éstas fueron definitivamente ocupadas por ciudadanos guineanos, consumándose así la expoliación que se había iniciado años atrás.


Los ciudadanos españoles que abandonaron Guinea Ecuatorial, a diferencia de lo que sucedió con los antiguos residentes en otras ex colonias, no recibieron ningún tipo de indemnización, más que una mínima cantidad en concepto de ayuda social, ni crédito que les permitiera, bien resarcirse en parte del perjuicio económico que padecieron por culpa del abandono del Gobierno de la época, bien reiniciar su vida en el territorio peninsular o insular.


A lo largo de los años han sido numerosas las iniciativas parlamentarias que han mantenido abierto este debate, Así, ya en el lejano 1993, este Grupo Parlamentario interrogó al Gobierno sobre la situación de los ex residentes en Guinea Ecuatorial y, posteriormente en fecha de 5 de abril de 1995 el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que hacia referencia a las medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex residentes en la antigua provincia de Guinea Ecuatorial.


El objetivo de esta Proposición no de Ley era resolver el problema de aquellas personas que abandonaron la ex colonia española como consecuencia del deterioro de las relaciones entre el Gobierno español y el Gobierno de Guinea, dejando todos sus bienes en dicho territorio. En ella se instaba al Gobierno, por una parte, a elaborar en el plazo de seis meses en censo en relación a los españoles que tuvieron que abandonar la colonia y por otra parte, se establecía que en el plazo de dos meses a contar desde la elaboración de dicho censo se debían concretar las medidas.


Con el paso, de los años, han sido muchas y reiteradas las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con el fin de terminar con esta injusticia. Así, el 11 de junio de 2003, el 9 de julio de 2004 y el 22 de diciembre de 2005 el Congreso de los Diputados volvió a aprobar -a instancias de este Grupo Parlamentario- sendas Proposiciones no de Ley sobre la cuestión. Sin embargo, a fecha de hoy, el Gobierno aún no ha concretado una solución.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer y reconocer, en un plazo de seis meses, medidas compensatorias para los ciudadanos españoles -o, en su defecto, a sus herederos- que fueron perjudicados por la pérdida de bienes inmuebles y negocios como consecuencia de la descolonización y consecuente evacuación forzosa de Guinea Ecuatorial.


2. Publicar el censo de perjudicados en el proceso de descolonización de Guinea Ecuatorial.


3. Instrumentar los mecanismos administrativos oportunos para que los perjudicados perciban de un modo efectivo y eficaz las ayudas compensatorias del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


161/000694

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposicion no de Ley, sobre la situación en la Franja de Gaza, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


El ataque militar lanzado por el gobierno israelí contra la Franja de Gaza, bajo la denominación "Plomo fundido", ha provocado hasta la fecha de hoy más de 1.000 muertos y 3.500 heridos palestinos, en su mayoría civiles desarmados, incluido un gran número de mujeres y niños, con la destrucción de escuelas gestionadas por Naciones Unidas y la utilización de bombas de fragmentación y fósforo blanco. Las graves carencias de atención médica, alimentos, medicinas, agua y electricidad, generadas por el prolongado bloqueo impuesto por Israel, se han visto agravadas por los bombardeos y la destrucción de viviendas e infraestructuras de servicios públicos esenciales. La Organización

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Mundial de la Salud ha denunciado el colapso sanitario y el Consejo de Seguridad de la ONU ha reconocido el grave deterioro de la crisis humanitaria.


De otra parte, prosigue el lanzamiento de cohetes por los grupos radicales palestinos contra las poblaciones fronterizas, afincadas en territorio israelí, con los consiguientes daños a las personas y a los bienes. Pero el legítimo derecho de Israel a defender su seguridad no le confiere carta blanca para infligir un castigo colectivo a la población palestina, en clara violación del derecho de guerra y del derecho humanitario internacional.


El estado de Israel, que ya cuenta con una larga trayectoria de vulneraciones del derecho internacional, incumple reiteradamente las resoluciones de Naciones Unidas, el dictamen del Tribunal de La Haya que obliga a la demolición del Muro y, de manera flagrante, la IV Convención de Ginebra, cuyo artículo 33 prohíbe el principio de responsabilidad colectiva, y la resolución 1860 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en enero, que "destaca la urgencia y pide que se establezca un alto el fuego inmediato, duradero y plenamente respetado, que conduzca a la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza".


La comunidad internacional debe forzar al gobierno israelí a respetar el derecho internacional humanitario y a cumplir sus obligaciones hacia la población palestina en tanto que potencia ocupante.


En las actuales circunstancias, el gobierno español debería suspender la exportación de armas a Israel, en aplicación del artículo 8 de la ley de Comercio de Armas y el Código de Conducta de la Unión Europea, por tratarse de un Estado en conflicto, que por añadidura vulnera el derecho internacional humanitario.


La historia en la región ha probado que no existe una solución militar al conflicto. Por ello España debe intensificar su esfuerzo para alcanzar una solución dialogada al conflicto, exigiendo el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y trabajando para la coexistencia de los palestinos y los israelíes en dos Estados soberanos, en fronteras seguras y reconocidas.


Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Condena la invasión militar y la matanza de civiles por el ejército de Israel en la Franja de Gaza, en contra de la Convención de Ginebra y el derecho internacional.


2. Pide un inmediato alto el fuego, con la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, el fin del bloqueo y el cese del lanzamiento de cohetes dirigidos contra Israel.


3. Reitera su apoyo a una solución justa y duradera, basada en las resoluciones de Naciones Unidas, el fin de la ocupación y el diálogo político.


4. Insta al Gobierno a emprender acciones de presión económica y política sobre el gobierno de Israel, solicitando la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel, en el marco de la Unión Europea, y a paralizar la venta de armas españolas a lsrael."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comisión de Justicia

161/000657

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña Rosa Díez González de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 124 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente proposición no de Ley para reformar la Ley en aras de evitar que queden impunes el delito de homicidio y sus formas en los casos en que el cuerpo de la víctima haya sido ocultado y/o destruido, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

El constante cambio al que se ve sometida la sociedad y los agentes que participan en la misma, exige una adaptación de las acciones objeto de recriminación penal a las circunstancias reales del momento en el que conviven y al que sirven de fundamento. Dicha adaptación legislativa cumple, de un lado, una función preventiva al evitar determinados comportamientos sociales que surgen ex novo y que son reputados indeseables y, de otro lado, una función resocializadora para el agente causante.


Sin embargo, la "estática" tipificación de los elementos objetivos y subjetivos que delimitan el ilícito junto con la interpretación de los mismos -a través de la Jurisprudencia-, aumenta la audacia de los sujetos de la acción delictiva, que buscan cualquier fisura legal para escapar del poder punitivo del Estado. Una de estas grietas, la encontramos respecto del delito tipificado en el Título I del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, esto es, del homicidio y sus formas.


Ernest Beling definió al sujeto y el objeto de la acción del delito de homicidio como "el que matare a otro (...)" lo que, conforme a la lógica, exige el efectivo fallecimiento de la víctima y por ende, a priori, la efectiva presencia del corpus delicti que, en la presente, se materializa en el cuerpo del finado. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el autor del homicidio oculta y/o destruye el cuerpo de la víctima?

Pese a no existir precepto legal que compela la existencia del cadáver a fin de condenar al culpable de un delito de homicidio, lo cierto es que los tribunales y el

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Tribunal Supremo en sentada Jurisprudencia, en aras al principio de inocencia y tutela judicial efectiva, exigen la efectiva presencia del corpus delicti como presupuesto indispensable para acreditar la muerte y, de este modo, poder atribuir la autoría de este ilícito a persona cierta.


La ausencia del corpus delicti en los delitos de homicidio ha provocado que la imputación penal del supuesto culpable se haya incoado bajo los presupuestos de otro tipo penal, por ejemplo el delito de secuestro, o ha supuesto el sobreseimiento de la causa, logrando que el homicida quede impune por sus acciones. Esta fisura legal es conocida por los homicidas, quienes ven en la ocultación y/o destrucción del corpus delicti, la vía de escape de la mano de la Justicia a pesar de la existencia de indicios, en muchos casos, que inducen a pensar lo contrario.


Conscientes de estas lagunas, otros ordenamientos jurídicos lo han solventado de diferentes formas. Así, en Estados Unidos la ausencia de corpus delicti se ha salvado por el término legal de la prueba circunstancial o presunta fuera de toda duda razonable. El primer caso sentado sobre esta base se dio en 1850 en el Juicio contra John Webster, acreditándose probado la muerte de su víctima Ephraim Littlefield en base al conjunto probatorio pese a la ausencia del cuerpo de la víctima. En línea similar vemos la figura de la "prueba forense" en Derecho anglosajón, que en 1949 permitió condenar a John George Haigh por seis delitos de asesinatos, pese a la ausencia del cuerpo de sus víctimas y a que el asesino disolvía sus cuerpos en ácido sulfúrico.


En aras a que no queden impunes el delito de homicidio y sus formas en los casos en que el cuerpo de la víctima haya sido ocultado y/o destruido, se insta al Gobierno a acometer una reforma -en los artículos que afecten a esta materia-, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, al ser la ley procesal que impulsa el procedimiento penal además de fijar las reglas de valoración de la prueba donde radica la problemática de la ausencia del corpus delicti.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto (Unión, Progreso y Democracia) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el plazo máximo de 3 meses, una reforma parcial de los artículos que regulan lo relativo a los delitos de homicidio y sus formas para evitar que queden impunes los casos en los que el cuerpo de la víctima haya sido ocultado y/o destruido cuando existan suficientes indicios del delito."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.-Rosa Díez González, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000658

A la Mesa del Congreso

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Justicia, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la clasificación de las ciudades de Tarragona, Girona y Lleida en los grupos de población en los que se integran los miembros de la carrera judicial a efectos retributivos.


Antecedentes

El sistema retributivo de los Magistrados y Jueces previsto en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, penaliza a los profesionales destinados en Tarragona, Girona y Lleida. Los anexos de la Ley en relación con los grupos poblacionales prevén, por defecto, la aplicación de retribuciones del Grupo 4 para los magistrados de estas poblaciones.


Esta clasificación no tiene en cuenta la densidad demográfica real de los partidos judiciales de estas ciudades, y la correspondiente carga de trabajo, así como tampoco el índice del coste de la vida en la misma, superior al de la mayoría de las provincias del Estado.


De manera más específica, la clasificación vigente ignora que la ciudad de Girona constituye una conurbación urbana con el municipio de Salt, que totaliza un conjunto de 119.859 habitantes, según el último padrón de población publicado en el año 2007. En el caso de Tarragona, junto con la población cercana de Reus, la población asciende a más de 238.000 habitantes. Lleida es una ciudad en constante crecimiento que ha experimentado un incremento de población que ha pasado, en el año 2000, de 106.454 habitantes a, en el año 2007, a los 127.314.


En los tres casos, cabe tener en cuenta, además, que estas poblaciones cuentan con zonas de gran interés turístico, Costa Dorada, Costa Brava y Pirineo, con un elevado contingente de población flotante nada despreciable a la hora de valorar un complemento de destino.


Asimismo, el número de asuntos que se tramitan en estas poblaciones es muy superior, en la mayoría de casos, al de las previstas en el grupo 3.
Buena prueba de todo ello es la reciente creación de la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial en Girona, la próxima apertura del octavo Juzgado de Primera Instancia en Tarragona, o la creación de una nueva plaza de magistrado para la Audiencia Provincial (penal), como reflejan las memorias de la Fiscalía General del Estado, el elevado número de diligencias penales incoadas en estas ciudades.


Esta situación supone un agravio comparativo en relación con otras ciudades con un número de habitantes parecido o, en algunos casos, inferior, que se incardinan

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en el grupo 3. Además, resulta significativo que de las cuatro capitales catalanas, tres de ellas se encuentren en el último grupo a efectos retributivos, lo que no ocurre en ninguna otra Comunidad Autónoma con mucha menos población que Catalunya.


Esta reclamación, además de contar con el apoyo de los miembros de la carrera judicial destinados en dichas ciudades, fue objeto, en el momento de la tramitación parlamentaria de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, de formulación de enmiendas por parte del Grupo que actualmente brinda apoyo al Gobierno, con objeto de incluir, además de otras ciudades, a Tarragona, Girona y Lleida en el grupo 3.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar la situación de las ciudades de Tarragona, Girona y Lleida en los grupos poblacionales en los que se integran los miembros de la carrera judicial previstos en los Anexos de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de la carrera judicial, situando dichas poblaciones en el grupo 3."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comisión de Interior

161/000707

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña Rosa Díez González, diputada de Unión, Progreso y Democracia al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposicion no de Ley sobre Actuaciones del Gobierno en orden a la aplicación efectiva de la Ley 12/2003, de 21 de Mayo, de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, singularmente con respecto al terrorismo nacionalista vasco, y a la transposición de las Directivas 2005/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo y 2006/70/CE de la Comisión, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

Uno de los elementos más débiles de la política antiterrorista del Gobierno es el referente a la lucha contra la financiación del terrorismo, en especial por lo que concierne a ETA y las organizaciones dependientes de ésta, buena parte de las cuales han sido ilegalizadas en sentencias firmes de los órganos judiciales competentes.


Tal debilidad se deriva, entre otros factores, por la inoperancia del Ministerio del Interior en orden a la aplicación de la Ley 12/2003 de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, lo que ha quedado reflejado en las respuestas que ha dado el Gobierno a algunas de las preguntas que la Diputada que suscribe le ha formulado en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.


Así, en su respuesta de 21 de mayo de 2008 a las preguntas relativas a la actuación de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (CVAFT), el Gobierno vino a reconocer que dicho órgano nunca ha hecho uso de su competencia para bloquear administrativamente operaciones de financiación del terrorismo, toda vez que, a tales efectos, "se ha utilizado siempre la vía, judicial". Asimismo, es notoria la carencia de información que exhibe el Gobierno con respecto a operaciones concretas de financiación de elementos terroristas realizadas por las Administraciones Públicas. De esta manera en su respuesta del 14 de octubre de 2008 a una pregunta sobre la actuación del Ayuntamiento de Bérriz (Vizcaya) para financiar con 3.000 ? a dos encausados por delitos terroristas, vecinos de la localidad, a fin de cubrir sus gastos para acudir al juicio que se les seguía en la Audiencia Nacional, el Gobierno reconoció no tener constancia del hecho por no haberse comunicado a la CVAFT por la referida Corporación, a la vez que omitió señalar si había hecho uso de la facultad sancionadora que le confiere la Ley 12/2003 ante tal circunstancia. El caso pudiera parecer anecdótico, pero no lo es, pues como se ha reflejado reiteradamente en los medios de comunicación este tipo de actuaciones de algunos Ayuntamientos del País Vasco son frecuentes, hasta el punto de que, entre 2001 y 2008, se han podido contabilizar operaciones de esa naturaleza por valor de 201.272 ? (valoradas a los precios actuales). Asimismo, entre 2003 y 2008, el Gobierno Vasco ha distribuido subvenciones a familiares de presos de ETA o a sus asociaciones -es decir, en los términos definidos por la Ley 12/2003, a "personas o entidades vinculadas a organizaciones terroristas o (para las que) exista algún indicio racional de que esté relacionado con ellas"- por valor de 1.743.127 ? (valoradas a los precios actuales), sin que conste actuación alguna al respecto de la CVAFT.


Por otra parte, idéntica pasividad de la CVAFT se constató en los conocidos casos de la financiación mediante aval bancario de las fianzas impuestas por la Audiencia Nacional, en el marco de procesos por delitos terroristas, a Arnaldo Otegui, en 2005, y a Rafael Díez Usabiaga, un año más tarde, de manera que las entidades financieras correspondientes -Caja Laboral Popular, en el primer caso, y Caja Vital, en el segundo- o bien no comunicaron a la CVAFT las respectivas

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operaciones, o bien éstas fueron autorizadas por el Ministerio del Interior.


A igual conclusión se llega cuando se constata que la CVAFT no realizó ninguna intervención para bloquear las operaciones de financiación de Batasuna por parte del Partido Comunista de las Tierras Vascas y de Acción Nacionalista Vasca; operaciones que se señalan como hechos probados en las sentencias de ilegalización de estos dos partidos acordadas por el Tribunal Supremo. Así, en tales sentencias se indica que el primero de dichos partidos "prestó apoyo financiero a personas vinculadas a Batasuna en cargos relevantes" por medio de "transferencias (bancarias) de dinero", en tanto que el segundo realizó numerosos pagos a individuos o entidades asociadas con Batasuna desde sus cuentas abiertas en La Caixa y Caja Laboral Popular. No cabe duda entonces de que, pudiendo haber utilizado los instrumentos legales para evitarlos, el Ministerio del Interior dejó que los aludidos tratos financieros tuvieran lugar sin traba alguna.


La misma inoperancia del Gobierno en orden a la aplicación efectiva de las normas legales vigentes se observa en lo referente a la transposición a la legislación española de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, y también de la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, a las que tendría que haberse dado cumplimiento antes del 15 de diciembre de 2007. En efecto, el Gobierno de España no ha adoptado ninguna medida legal, reglamentaria o administrativa para dar cumplimiento a lo dispuesto en dichas Directivas, lo que ha ocasionado la denuncia a España, por parte de la Comisión Europea, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el pasado 20 de noviembre de 2008. Se da la circunstancia de que España es el único país europeo que no ha cumplido con sus obligaciones en esta materia tan relevante para la lucha contra la financiación del terrorismo, toda vez que la primera de las citadas disposiciones reúne las normas que se requieren para prevenir la utilización del sistema financiero en la traslación de recursos económicos a las organizaciones terroristas; y la segunda añade elementos muy relevantes en el mismo orden, dado que define el concepto de "personas del medio político" a los efectos de la prevención de la financiación del terrorismo, a la vez que establece los criterios técnicos que permiten valorar las situaciones de riesgo en esa materia, por una parte, y la aplicación de las normas a las personas que realizan actividades financieras ocasionales.


Con respecto a estas directivas, no está de más recordar la participación de "personas del medio político" en las operaciones de financiación de ETA, Batasuna, ANV, PCTV y otras organizaciones vinculadas con ellas, tal como ha quedado acreditado en numerosos autos y sentencias de la Audiencia Nacional y, más en concreto, en las recientes del tribunal Supremo de ilegalización de ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas.


Asimismo, debe mencionarse que, según las autoridades de la Comisión Europea, la incuria del Gobierno de España en esta materia ha tenido una severa repercusión negativa sobre la efectividad de la Unidad de Inteligencia Financiera en cuanto a la supervisión de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo.


Finalmente, es preciso destacar que, desde el Parlamento Europeo, ya en junio de 2008 el Diputado David Fiammerstein registró una queja comunitaria por el hecho de que España no hubiera efectuado la transposición de las dos Directivas aludidas.


En definitiva, la lucha contra la financiación del terrorismo es en España muy débil, ha dado escasos resultados -en especial con respecto a ETA-, adolece de severas limitaciones jurídicas y, sobre todo, carece del impulso político que se requiere para alcanzar el éxito en la derrota de las organizaciones armadas. Ello hace ineludible instar al Gobierno para que, de manera urgente, adopte las medidas necesarias para hacer operativa la aplicación de la Ley 12/2003 y también para que transponga las Directivas 2005/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, y 2006/70/CE de la Comisión, abordando así el impostergable problema de la financiación del terrorismo, singularmente del terrorismo nacionalista vasco, en España.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de tres meses:

1. Elabore una lista actualizada y completa de las organizaciones de ámbito u operativa nacional consideradas terroristas, así como de las personas físicas que hayan sido encausadas o condenadas por delitos de terrorismo, y de las personas jurídicas, especialmente las entidades asociativas, vinculadas o relacionadas con organizaciones terroristas.


2. Dé traslado de dicha lista a las Administraciones Públicas, en especial las ubicadas en el País Vasco y Navarra, a las entidades financieras y a las demás entidades y personas obligadas por la Ley 12/2003, para su conocimiento, advirtiéndoles de su obligación de comunicar a la CVAFT cualquier operación de pagos o de carácter financiero relacionada con las organizaciones, entidades o personas incluidas en ella.


3. Proceda a reforzar las plantillas del SEPBLAC, singularmente con personal especializado en la inspección de las Administraciones Públicas, las entidades financieras y las demás entidades obligadas por la Ley 13/2003, a fin de exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas por dicha Ley y, en su caso, facilitar a la CVAFT la información requerida para el ejercicio de sus competencias sancionadoras.


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4. Proceda a la transposición al ordenamiento español de las Directivas 2005/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, y 2006/70/CE de la Comisión.


Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a publicar, antes del mes de marzo de cada año, una memoria en la que se recojan, de manera detallada, los datos referidos a las operaciones de bloqueo de la financiación del terrorismo, con especificación de las organizaciones terroristas o las personas físicas y jurídicas afectadas, así como de las entidades a las que se hayan abierto procedimientos sancionadores por el incumplimiento de sus obligaciones administrativas en materia de financiación del terrorismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2009.-Rosa Díez González, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000709

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña Rosa Díez González de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución.


Exposición de motivos

Tras la aprobación de la Constitución del 6 de diciembre de 1978, agentes de la Guardia Civil se organizaron para reclamar mejoras profesionales y de reconocimiento de derechos constitucionales. El primer fruto de ese movimiento fue una manifestación de policías y guardias civiles en Madrid para reclamar el derecho a la Seguridad Social. Este hecho desencadenó la primera gran represión interna en la Benemérita: doscientos guardias civiles fueron encarcelados en diversos acuartelamientos del cuerpo y, cincuenta de ellos, expulsados. El resto fue distribuido por las comandancias del País Vasco. Muy al contrario de lo que se esperaba la dispersión de estos elementos inconformes consiguió formar núcleos de protesta y lucha clandestina.


Su lucha, sin embargo, no obtuvo ningún éxito legislativo. Ni con la aprobación de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y Organización Militar en 1980 ni, tres años más tarde, con la Ley Orgánica de Defensa.
Por el contrario, su aprobación incentivó el movimiento clandestino en el Cuerpo logrando alcanzar repercusión nacional, incluso, en los medios de comunicación en defensa de sus reivindicaciones.


El período comprendido entre 1986 y 1992 fueron los años de mayor auge del movimiento reivindicativo en la Guardia Civil aunque es, a partir de 1988, cuando se inicia un cambio radical desde el Ministerio de Interior que opta por las detenciones de los máximos dirigentes de dicho movimiento, la formulación de cargos por el delito de sedición en los Juzgados Militares y su posterior ingreso en las distintas prisiones militares.


Sin embargo, el Tribunal Constitucional da el primer varapalo a dicha política el 16 de noviembre de 1989 en una sentencia que resuelve el recurso de amparo interpuesto por el Cabo 1.º Manuel Rosa Recuerda, cabeza visible del SUGC, en la que establece que la Guardia Civil no pertenece a las Fuerzas Armadas y, por tanto, sus agentes no deben tener los límites constitucionales de los militares. Esta decisión judicial creó un precedente para el resto de los sumarios. Tras varios años, todos los procedimientos abiertos concluyeron en un auto de sobreseimiento o de absolución para los implicados. Sin embargo, la Dirección de la Guardia Civil no se conformó e inició la apertura de expedientes disciplinarios contra los encausados acusándoles de falta muy grave por "realizar acciones gravemente contrarias a la disciplina militar que no constituyan delito".


Durante los años de existencia del SUGC, fueron varias las fórmulas de sus componentes por buscar una vía legal y alternativa que les diera un respaldo legal para encauzar sus aspiraciones y reivindicaciones dentro de la legalidad. Para ello, intentaron la legalización de asociaciones de todo tipo como la Asociación Democrática de Guardias Civiles, ADGC, auspiciada por el Cabo Rosa, la Sociedad Unionista de Guardias Civiles, SUGC, auspiciada por guardias civiles de la Comunidad Valenciana encabezados por el Sargento José Morata Gargallo y la Asociación Deportiva y Cultural de la Guardia Civil, ADCGC, auspiciada por el Cabo 1.º Manuel Rosa Recuerda y los Guardias Civiles Joaquín Parra Cerezo y José Piñeiro González. Ninguna logró el reconocimiento ni su inscripción en el registro correspondiente, pese a que todas tenían como fines motivos culturales, deportivos o religiosos.


Finalmente, en 1994 el sargento 1.º José Morata, entre otros, aprovecharon la coyuntura ocasionada por el "Caso Roldán" y consiguieron legalizar la Coordinadora Pro Perjudicados por la Gestión de Luis Roldán, COPROPER, sin la oposición del entonces Ministro de Interior, Juan Alberto Belloch.
En esas mismas fechas, la Audiencia Nacional dictó sentencia reconociendo el derecho de la asociación 6.J. de guardias civiles a ser inscrita en el Registro correspondiente. A finales de año, las asociaciones se fusionaron en una sola que recibió el nombre de Coproper-6J, hoy extendida por todo el territorio nacional bajo el nombre de Asociación Unificada de la Guardia Civil, AUGC.


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La lucha de los agentes recibió en noviembre de 2006 el reconocimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que condenó al Gobierno Español por la aplicación del Real Decreto de las Fuerzas Armadas por ser ilegal. El órgano judicial establecía que el citado régimen carecía del principio de legalidad y seguridad jurídica, y en base a esa sentencia el Gobierno debía "de oficio" volver sobre sus propios actos y anular todos los actos ilegales llevados a cabo con un régimen disciplinario ilegal. Un régimen, explicaba literalmente, que conculcaba la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, tras cuya aprobación se produjo la desvinculación plena de la Guardia Civil con el Código Penal Militar y la desaparición de las sanciones de arresto y privación de libertad, por mandato de la propia sentencia del TEDH de noviembre del año 2006.


Así se ha llegado al año 2007, fecha en la que se aprobó la Ley Orgánica Reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil con el objetivo de dotar a este Cuerpo de un Estatuto regulador de los derechos y deberes de sus miembros. Entre las novedades más importantes destaca la introducción del "derecho de asociación profesional de los miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 y 104.2 de la Constitución, para la representación y promoción de las condiciones profesionales de sus miembros".


El paso de los años ha demostrado que las reivindicaciones realizadas en su día por los movimientos sindicales clandestinos y, posteriormente, por las asociaciones de guardias civiles eran justas y, que el poder político, tras varios años, las ha acometido por considerarlas necesarias para la modernización y puesta al día de este colectivo.


Por eso, en este momento de cambios tan importante y de ajuste del colectivo de la Guardia Civil a la realidad constitucional, tantos años negada, creemos que debe procederse a la rehabilitación de los guardias civiles injustamente represaliados por solicitar de forma pacífica el reconocimiento de los derechos consti-tucionales para su colectivo, que hoy, con muchos años de retraso, finalmente se les reconoce. Además, se reclama su regreso con todos los derechos a la carrera de la que fueron injustamente separados. Es el caso del sargento 1.º D. José Morata Gargallo, el cabo 1.º D. Manuel Rosa Recuerda, el guardia 2.º D. Manuel Linde Falero y el guardia 2.º D. José Carlos Piñeiro González.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto (Unión, Progreso y Democracia) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a readmitir en el plazo de un mes a los Guardias Civiles en la situación administrativa que tenían al ser separados del servicio por solicitar sus derechos constitucionales, especialmente el derecho de asociación general amparado en el artículo 22 de la CE."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2008.-Rosa Díez González, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000711

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la "Agilización de los trámites para la construcción de nuevas instalaciones para la Guardia Civil del Mar en el Puerto de Algeciras (Cádiz)", para su debate en Comisión de Interior.


Exposición de motivos

El Estrecho de Gibraltar se convierte en el punto más cercano que separa los continentes europeo y africano. Esta cercanía hace que se convierta en el lugar idóneo para el paso de tráficos ilícitos procedentes del norte de África, sobre todo en lo que se refiere a droga (hachís) e inmigración ilegal.


El deber del Estado Español es atajar con todos los medios a su alcance estos tráficos, y para ello cuenta con la encomiable labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre ellos la Guardia Civil del Mar.


Este último cuerpo lleva a sus espaldas la mayor parte del peso que supone actuar contra quienes pretenden vulnerar las leyes españolas introduciendo en nuestro país droga o inmigrantes ilegales y no es ninguna exageración decir que estos guardias civiles se juegan la vida a diario en las aguas del Estrecho y sus cercanías.


En la actualidad, las instalaciones con las que cuenta la Guardia Civil del Mar, con base en el Puerto de Algeciras (Cádiz), no son en modo alguno las más adecuadas para llevar a cabo la importantísima labor que llevan a cabo estos guardias civiles. Se trata de unas instalaciones que pueden ser calificadas como "precarias" y por tanto no facilitan la labor de la Guardia Civil del Mar.


El Grupo Parlamentario popular ha venido defendiendo la necesidad de ampliar y mejorar las dotaciones de medios humanos y materiales para la Guardia Civil del Mar, dotándola de mayor número de agentes y más y mejores embarcaciones para facilitar la magnífica labor que llevan a cabo en la actualidad a pesar de las dificultades con las que se encuentran por esta falta de medios.


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Dentro de las cuestiones que se hacen del todo urgentes se encuentra la dotación de unas instalaciones acordes con las necesidades de este cuerpo que permitan dignificar el trabajo de los guardias civiles destinados a Algeciras.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a acometer los estudios y trabajos previos para dotar de nuevas instalaciones a la Guardia Civil del Mar en Algeciras (Cádiz) acordes con la importante labor que realizan en su lucha contra los tráficos ilícitos en aguas del Estrecho de Gibraltar y sus cercanías."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000712

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Proposición no de Ley, sobre la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio Criminalista de la Guardia Civil, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, tiene como principales funciones la prestación de los servicios de criminalística, identificación, analítica e investigación técnica, así como la elaboración de los informes periciales y documentales que le sean encomendados.


El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil es una Unidad de Policía Judicial cuya misión principal es el confeccionar los informes periciales que las Autoridades Judiciales, Tribunales, Jueces o Ministerio Fiscal, le soliciten y el apoyo técnico-científico a las Unidades Operativas del Cuerpo durante el desarrollo de sus investigaciones

Se puede afirmar que el objetivo del Servicio de Criminalística tanto de la Policía como de la Guardia Civil, es convertir en prueba científica ante un Tribunal el indicio o evidencia encontrados en el lugar de los hechos. Es un trabajo imprescindible en la resolución de muchos casos, y de su buen funcionamiento depende en muchos casos, que la justicia pueda actuar con prontitud y diligencia.


El Gobierno a través de respuesta parlamentaria ha dado a conocer que en julio de 2008 el número de informes pendientes de emitir por la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía era de 14.524 y por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de 11.677.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.º Incrementar los efectivos de la Comisaría General de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.


2.º Priorizar la adquisición de los medios técnicos necesarios para la potenciación de los laboratorios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.


3.º Poner en marcha de forma urgente un Plan especial para descongestionar el elevado número de informes periciales pendientes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial en lo relacionado con los análisis de ADN."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2009.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Defensa

161/000690

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la interrupción de venta de material de defensa y doble uso al Estado de Israel, para su debate en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos

Según las estadísticas oficiales de las exportaciones españolas de material de defensa y de doble uso de 2007, remitido en su día al Congreso de los Diputados, el Gobierno ha autorizado la venta de armas a Israel por un importe de 1,5 millones de euros. El grueso de estas exportaciones se corresponde con la categoría 15 que tiene que ver con equipos de formación de imagen y contramedidas. A estos productos hay que añadir "armas de fuego, materiales energéticos y sustancias relacionadas", así como "bombas, torpedos,

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cohetes y misiles". Las categorías con las que informan las autoridades españolas son muy genéricas y, por lo tanto, lo mismo se puede haber realizado a Israel una operación de venta de un equipo sensor de imagen para radar, explosivos, fusiles que bombas.


Entre los años 2000 y 2007, mientras sigue la violencia en la región, el Gobierno de España autorizó que empresas armamentísticas vendiesen a Israel armas de fuego, combustibles militares, explosivos, bombas, cohetes, misiles y torpedos. Han cooperado en programas de combatientes futuros, guerras nucleares, biológicas, químicas, detección de explosivos, etc. A lo largo de los últimos dos años, las exportaciones españolas de material militar a Israel no solo no han disminuido, sino que se han cuadruplicado. Se ha pasado de un total de 488.690 ?, en 2005, hasta a 2.366.820 ?, en 2007.


El Gobierno ha incumplido el Código de Conducta de la venta de armas que adoptó la Unión Europea el año 1998 y que es de obligado cumplimiento para todos los estados miembros. Este Código de conducta prevé que las empresas que pretenden exportar armas a Israel deben solicitar previamente una autorización al Gobierno, quien puede aceptarlas o denegarlas. Uno de los criterios que debe seguir el Gobierno, según el Código de Conducta, es que no se puede autorizar exportaciones a países que no respeten los derechos humanos o en los que haya tensiones o conflictos armados.


La comunidad internacional sigue con preocupación la alta tensión que vive de forma continuada la zona de Oriente Medio donde una vez más la población civil sigue siendo el blanco de todas las partes involucradas en el conflicto. Además, no se puede obviar la nueva escalada en materia de rearme nuclear que está viviendo la región.


La venta de armas a este país ha sido calificada por entidades del prestigio de Amnistía Internacional como irresponsables ya que no existe ninguna garantía de que el material vendido no contribuirá a más violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.


Los graves acontecimientos que se han venido sucediendo en los últimos días en Gaza, que incluso han sido descalificados por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, suponen una inaceptable ofensiva militar por parte de las autoridades de Israel sobre zonas civiles de Gaza.


Para llevar a cabo dicha ofensiva, Israel puede haber estado utilizando material militar vendido por el Gobierno español. Este hecho pone en entredicho la firme postura que ha defendido España en la actual crisis entre Israel y Palestina.


Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a interrumpir sin excepciones, de forma inmediata y hasta que se resuelva el conflicto entre Israel y Palestina, la venta de cualquier tipo de material de defensa y doble uso."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


161/000693

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Portavoz Adjunto Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la denegación, suspensión o revocación de las solicitudes de venta de armamento a Israel para su debate en la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos

En el Informe "Análisis de las Exportaciones Españolas de Armamento 2005", Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón-Oxfam mostraban su preocupación por la venta de armas españolas a Israel, entre otros destinos, y solicitaban del Gobierno Español una aclaración sobre la interpretación de los criterios del Código de conducta de la Unión Europea al respecto.


Desde entonces, y gracias a la presión de estas y otras organizaciones, el Estado Español ha aprobado la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, que establece en su artículo 8 los supuestos para la denegación, suspensión y revocación de las autorizaciones de venta de armas. Entre estos supuestos se contemplan aquellas ventas que vulneren las directrices del Código de Conducta de la Unión Europea o "cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, o otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes".


La venta de armamento a Israel, y más allá de las consideraciones respecto a las ventas efectuadas en un pasado, suponen en el presente y el futuro próximo una clara violación del artículo 8 de la Ley española y, por tanto, deberían denegarse, suspenderse o revocarse las solicitudes con tal destino.


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Es por ello que se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a

- Denegar, suspender o revocar las solicitudes de venta de armamento a Israel."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Joan Tardá i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comisión de Economía y Hacienda

161/000650

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Economía y Hacienda, una Proposición no de Ley sobre el desarrollo reglamentario de la regulación relativa a la hipoteca inversa.


Antecedentes

La Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, en su disposición adicional primera, regula la institución de la Hipoteca Inversa. La regulación de este instrumento financiero era esencial para dar respuesta a la necesidad de muchos ciudadanos de dar liquidez a su patrimonio para hacer frente a las atenciones de la vejez y de la dependencia, así como para resolver un vacío frente al cada vez mayor número de entidades financieras que ofrecen este producto.


Las estimaciones del número de operaciones contratadas se elevan a 8.000 hipotecas inversas. La realidad muestra que en el mercado se están comercializando productos de naturaleza muy variada y de gran complejidad, por lo que por parte de los solicitantes y sus familias se requiere un esfuerzo para estudiar y, finalmente, decidir cuál de ellos responde más adecuadamente a sus necesidades. Ante esta situación, en aras a garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, debe abogarse por la mayor transparencia posible de los productos ofertados, así como por una mejor información de los mismos.


El apartado 3 de dicha disposición adicional dispone que "El régimen de transparencia y comercialización de la hipoteca inversa será el establecido por el Ministro de Economía y Hacienda". Asimismo, como consecuencia de la misma, se prevé que las entidades que concedan hipotecas inversas deban suministrar servicios de asesoramiento independiente a los solicitantes de este producto, a través de los mecanismos que determine el Ministerio de Economía y Hacienda, estableciendo las condiciones, forma y requisitos para la realización de las funciones de asesoramiento.


Habiendo entrado en vigor esta disposición hace un año sin que el Gobierno haya procedido a la aprobación de su desarrollo reglamentario, procede reclamar su concreción, a fin de garantizar al usuario la máxima transparencia e información en la comercialización y contratación de una hipoteca inversa.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dictar con carácter de urgencia las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, en relación a la regulación de la hipoteca inversa, previendo:

1. El establecimiento de las condiciones, forma y requisitos para la realización de las funciones de asesoramiento independiente a los solicitantes de hipotecas inversas.


2. El régimen de transparencia y comercialización de la hipoteca inversa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


161/000664

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


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AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds

Proposición no de Ley sobre la recuperación del IVA en las facturas incobrables.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposicion no de Ley sobre la recuperación del IVA en las facturas incobrables, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.


Exposición de motivos

Una operación comercial fallida no sólo acarrea para el empresario no cobrar el producto vendido o servicio prestado sino que además le comporta la obligación de pagar el IVA repercutido de una factura no cobrada. Es decir, recibe una doble carga derivada de la morosidad, precisamente por el devengo de un impuesto que debería ser neutral y que acaba perjudicando seriamente a la tesorería, así como sobre la cuenta de resultados de la propia empresa.


Para evitar esta carga, la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en su artículo 80, así como el artículo 24 del Real Decreto 1624/1992 que lo desarrolla, prevé la posibilidad de recuperar el IVA correspondiente a facturas impagadas para el caso de clientes morosos, siempre que previamente se haya producido la reclamación judicial o el cliente moroso haya sido declarado en concurso.


Así pues, la Agencia Tributaria permite que el sujeto pasivo modifique la base imponible del IVA, correspondiente a aquellas facturas que no se cobran, minorando las bases imponibles devengadas a través de la siguiente declaración de IVA. No obstante, para ello, deben de haber transcurrido dos años desde el devengo del impuesto que se esté repercutiendo sin que se haya obtenido el cobro de parte o el todo del crédito.


Actualmente, se encuentra en tramitación parlamentaria el proyecto de ley por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria que contempla una rebaja de dos a un año del tiempo que debe transcurrir para poder deducir de la base imponible del impuesto, el IVA repercutido y no cobrado.


Es conveniente modificar la legislación sobre el IVA para permitir que las empresas, y en particular los pequeños negocios, puedan aplazar el pago del IVA hasta el cobro real de las facturas en las que se devengue el impuesto. Así ocurre por ejemplo en el Estado Francés en el que en la mayoría de las operaciones comerciales el IVA sigue un criterio de caja por lo que no se debe adelantar su ingreso, aún cuando el cliente se retrase en el pago como sucede en el Estado Español.


En este sentido, la Comisión Europea en su recomendación 95/198/CE, de 12 de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales, emplaza a los estados miembros, teniendo en cuenta las características específicas de las PYMES y concretamente las consecuencias que puedan tener para su tresorería las demoras en el pago, a prever que dichas empresas se beneficien de los plazos más favorables en el marco de la Directiva 77/388/CE del Consejo (Sexta Directiva) en materia de IVA.


Por todo lo expuesto anteriormente se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al gobierno español a:

Realizar, en un plazo no superior a tres meses, las modificaciones legislativas necesarias en la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y en su Reglamento a fin de, siguiendo la recomendación de la Comisión 95/198/CE, de 12 de mayo de 2005, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales y en el ámbito de la Sexta Directiva Europea.


a) Aplazar para las PYMES, el pago del IVA hasta el efectivo cobro de la factura cuyo IVA ha repercutido.


b) Subsidiariamente, ampliar para las PYMES el plazo de presentación de la declaración del IVA."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


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161/000675

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Economía y Hacienda, la siguiente Proposición no de Ley sobre reestructuración del Instituto de Crédito Oficial (ICO).


Antecedentes

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Economía, que tiene consideración de Agencia Financiera del Estado. Como prevén sus Estatutos, los fines del ICO son el sostenimiento y la promoción de las actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución de la riqueza y, en especial, de aquellas que por su trascendencia social, cultural, innovadora o ecológica, merezcan su fomento.


En el año 2007, último del que se disponen datos completos, la suma de los créditos del ICO formalizados ascendió a 15.518,7 millones de euros. A 31 de diciembre, el total emitido por los fondos de titulización administrados por el ICO ascendía a 119.076 millones de euros, referidos a un total de 80 operaciones. En la misma fecha, la plantilla del ICO estaba compuesta por un total de 278 empleados.


En la actual situación económica, las políticas económicas desarrolladas por el Gobierno han centrado su atención en la potenciación del cometido del ICO, erigiéndose como uno de los actores principales de las medidas públicas de lucha contra la crisis. Desde el 13 de junio, el Gobierno ha aprobado hasta en nueve ocasiones en esta Legislatura medidas que se articulan a través del ICO, ya sea con la creación de nuevas líneas, como la ICO-Circulante o la ICO-FTVPO, o bien, con un importante incremento económico de las ya existentes para el año 2009,

El reciente Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias, incrementa el límite de endeudamiento del ICO en 15.000 M?. Si el anexo III de la Ley xx/2008, de xx de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, prevé la autorización de crédito al ICO por valor máximo de 12.500 M?, con el incremento previsto en el Real Decreto-ley, este Instituto dispondrá de hasta 27.500 M?, más del doble de lo inicialmente previsto en los PGE 2009. Esta suma supone poner a disposición del ICO una cifra que alcanza el 2,5 por ciento del PIB de España y que, muy probablemente, se vea incrementada en los próximos meses mediante nuevas medidas que adopte el Gobierno.


Esta suma es más que significativa teniendo en cuenta que, además, en el período presupuestario 2008, los Presupuestos Generales del Estado prevén un límite máximo de endeudamiento para el ICO de 10.000 M?.


Para el Grupo Parlamentario Catalán el ICO debe considerarse un elemento de especial importancia para garantizar la liquidez del sistema financiero, entidades, empresas y consumidores, en el actual contexto económico. Pero, congruentemente, no parece muy lógico pretender que la actual configuración del ICO permita desarrollar en las mejores condiciones su cometido.


Desde la perspectiva de Convergència i Unió, para garantizar el éxito en su gestión y la correcta ejecución de los fondos atribuidos al ICO en los próximos años, debe promoverse por parte del Gobierno la modificación de su estructura y funcionamiento, así como incrementar los medios y recursos puestos a disposición del Instituto.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposicion no de Ley

"El Congreso de los Diputados, en orden a garantizar la liquidez financiera que en todo momento requieren las familias, empresas y entidades para llevar a cabo la actividad económica, y vistas las actuales restricciones que padece el sistema financiero, insta al Gobierno a acometer la reestructuración del Instituto de Crédito Oficial para adecuar la estructura orgánica de este organismo a las nuevas funciones otorgadas por el Gobierno, incrementando sus recursos humanos y materiales, reforzando su organización y gestión, como instrumento de ejecución de las políticas económicas del Gobierno."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


161/000696

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Economía y Hacienda, la siguiente Proposición no de Ley sobre dispensa de garantías para el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias.


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Antecedentes

Uno de los aspectos que influyen más negativamente sobre la evolución de la crisis que padece la economía española es la falta de liquidez que tienen las empresas y los consumidores en su actividad económica.
Rápidamente el sistema financiero ha reducido el crédito que necesitan las empresas en su actividad ordinaria, así como el crédito a medio y largo plazo para financiar nuevas inversiones. Es una coyuntura peligrosa, ya que simplemente por la falta de liquidez que padecen los operadores económicos, frena la actividad económica y se agrava la crisis con inusitada rapidez, destruyendo empresas y empleo.


La situación, después de las medidas adoptadas hasta el momento, no está reflejando una mejora en la captación de financiación por parte de los sujetos económicos, ya sea por la falta de idoneidad, ya sea por el excesivo tiempo en la instrumentación de las mismas. Ello indica que es preciso complementar las medidas adoptadas con nuevos proyectos más inmediatos y efectivos, con el único objetivo de facilitar financiación a la actividad productiva y al consumo.


Y una de las vías puede ser facilitar el aplazamiento y el fraccionamiento de deudas tributarias, dejando de exigir la constitución de garantías de deudas de importe relativamente bajo.


El Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, en su Disposición Adicional 2.ª, habilita al Ministro para modificar la cuantía por debajo de la cual no se exigen garantías con motivo de la solicitud de aplazamiento de impuestos. Esta cuantía hoy se encuentra fijada en 6.000 euros.


El artículo 33.4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, entre otros supuestos, prevé que no es necesaria la constitución de garantías cuando el total de la deuda aplazable sea igual o inferior a 30.000 euros, o cuando, siendo la deuda aplazable inferior a 90.000 euros, se acuerde que se ingrese al menos un tercio de esta última antes de que hayan transcurrido 10 días desde la notificación de la concesión y el resto en los dos años siguientes.


En este sentido, existiendo en la normativa un supuesto similar, parece adecuado adoptar para las deudas tributarias, especialmente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Valor Añadido, los límites económicos previstos para las deudas con la Seguridad Social.


Esta medida comportaría la liberación de recursos económicos en beneficio y estímulo de la actividad productiva, sin que suponga una pérdida de recaudación tributaria, sino simplemente un aplazamiento en su cobro.


Ante la actual coyuntura, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), cree que es momento de accionar la habilitación normativa para incrementar esta cuantía, automatizando el otorgamiento de aplazamientos y fraccionamiento de deudas tributarias, medida que beneficiará especialmente a las pequeñas y medianas empresas, así como a profesionales autónomos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, singularmente al Ministro de Economía y Hacienda, a:

1. Regular el aplazamiento automático del pago de impuestos, cuando la deuda sea inferior a 30.000 euros, o bien el aplazamiento parcial cuando la deuda sea inferior a 90.000 euros, en ambos casos sin necesidad de presentación de garantías, en aras a facilitar liquidez a personas y empresas, especialmente PYMES.


A tal efecto, insta al Gobierno a trasladar al ámbito tributario la normativa prevista en relación a la dispensa de constitución de garantías en el aplazamiento o fraccionamiento de deudas de Seguridad Social de importe reducido. Para ello, de acuerdo con la habilitación establecida en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, el Ministro de Economía y Hacienda, en el plazo de dos meses, aprobará la oportuna normativa con objeto de dispensar de la obligación de aportar garantías con motivo de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas tributarias que en su conjunto no superen:

a) Los 30.000 euros, o

b) Los 90.000 euros, cuando se acuerde ingresar al menos un tercio de la deuda antes de que hayan transcurrido 10 días desde la notificación de la concesión, pagando el resto en los dos años siguientes.


2. Asimismo, insta al Gobierno a incidir ante las entidades financieras sobre la conveniencia de que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias no signifique un obstáculo para que los operadores económicos accedan a las líneas de financiación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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Comisión de Fomento

161/000649

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la aprobación y firma por el Gobierno de España, del Convenio para la construcción de la vía de alta velocidad ferroviaria, con la representación del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La construcción del trazado de la vía de alta velocidad ferroviaria en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra viene siendo un asunto recurrente, desde hace varios años, a causa de la demora de la firma del convenio que regularía su desarrollo infraestructural, y con ello haría posible su pronta conexión con el resto de la red viaria nacional y europea.


Técnicamente, el trazado se entiende desde una doble vertiente: la prolongación de la línea actual desde Zaragoza por Castejón, y, de otra parte, la conexión con la llamada "Y" vasca, que permitirá, a su vez, la unidad de red con Francia. Para la Comunidad Foral de Navarra, dada su posición geográfica, la participación en la red de alta velocidad española y su conexión con la europea supone un aliciente imprescindible para su desarrollo, tanto por el tránsito de viajeros y la reducción de tiempos de viaje como por la posible utilización coma red de distribución de mercancías, con las evidentes ventajas en el manejo logístico de las mismas, y su implicación en la localización y el fomento de actividades empresariales y agrarias relevantes.


La Comunidad Foral de Navarra, en virtud de su sistema de participación en las cargas generales del Estado, propuso hace años la posibilidad de que las obras de construcción del trazado de la alta velocidad ferroviaria se desarrollaran mediante un sistema de colaboración institucional. En razón del mismo, se ofreció al Gobierno de España la disponibilidad para adelantar la financiación de la infraestructura -económicamente, la mayor inversión nunca hecha en Navarra- y proceder a descontar posteriormente las cantidades correspondientes de la aportación periódica al Estado.


Tal convenio era similar al que la Administración General del Estado estableció en su tiempo con la Comunidad Autónoma Vasca, por idénticas razones que las expuestas. Por consiguiente, a las motivaciones de pertinencia y eficacia de la cooperación interadministrativa, cabría añadir la razón de equidad como justificativa de la pretensión aludida.


Sin embargo, a pesar de que por el Gobierno de España se declaró que se aceptaba la fórmula propuesta y se comprometió la firma de un convenio regulador de la misma, hasta el día de hoy no se ha producido aprobación alguna de un texto que establezca tal colaboración, y ello a pesar de las reiteradas declaraciones públicas de responsables del Gobierno anunciando la inminencia de la rúbrica.


Como antecedentes más cercanos en el tiempo podemos citar la entrevista el día 17 de octubre de 2007 entre los presidentes del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y del Gobierno de España, al término de la cual la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, explicó los acuerdos alcanzados y señaló textualmente que "las administraciones estatal y navarra suscribirán antes de fin de año un convenio para ejecutar las obras del corredor navarro de Alta Velocidad". La ministra llegó a asumir el modelo económico previsto, al concretar que "en virtud de este pacto, la comunidad anticipará una cuantía que posteriormente se descontará de su aportación para el cumplimiento del Convenio Económico que mantienen el Estado y Navarra".


Tras esa reunión y declaraciones, el día 7 de noviembre de 2007 se mantuvo una reunión entre representantes del Gobierno de Navarra y el Ministerio de Fomento (con la participación del secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán Gracia) en la que se anunció un acuerdo completo sobre la materia.


Las bases establecidas en la reunión, según la información oficial facilitada, fueron las siguientes:

- El Ministerio de Fomento pondrá en marcha de forma inmediata la redacción de los proyectos de construcción del tramo Zaragoza-Castejón, que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para proceder a continuación a su construcción. Se exceptuará el tramo correspondiente a la posible variante de Tudela que será objeto de un estudio informativo para analizar las posibles alternativas y su viabilidad, que será contratado por el Ministerio de Fomento de forma inmediata. El Ministerio de Fomento será el responsable de la construcción y financiación de este tramo, tanto en lo correspondiente a la plataforma, como a la superestructura ferroviaria.


- El Gobierno de Navarra por su parte, se responsabilizará de la redacción del proyecto, construcción y dirección de obra de la plataforma del tramo Castejón-Comarca de Pamplona. La superestructura de este tramo, si bien será proyectada y construida por el Ministerio de Fomento, será contratada y financiada por el Gobierno de Navarra. Toda la financiación que realice el Gobierno de Navarra será descontada de las aportaciones correspondientes a la aportación económica que, de acuerdo con el régimen fiscal foral, le corresponde aportar a la Comunidad Foral a las Cuentas Generales del Estado.


Para la gestión de las expropiaciones a realizar en territorio de la Comunidad Foral, la Administración

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General del Estado, que es la entidad expropiante, contará con la colaboración técnica y administrativa del Gobierno de Navarra.


- El Convenio de Financiación se complementará con otro convenio por el que el Ministerio de Fomento encomendará al Gobierno de Navarra la gestión de los tramos que le corresponda proyectar, construir o dirigir, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Financiación.


- En cuanto al tramo entre Pamplona y el punto de conexión con la "Y" Vasca, se prevé la redacción del estudio informativo para la selección del trazado definitivo y su posterior construcción y financiación.


Sin embargo, y a pesar de la detallada concreción que el acuerdo del que informó el Ministerio de Fomento suponía, nada más se sabe de por qué el Consejo de Ministros no ha procedido a aprobar el citado convenio, para ser rubricado junto con el Gobierno de Navarra.


El señor Rodríguez Zapatero, en un acto de partido, declaraba el día 29 de junio en Burlada que el convenio se firmaría con prontitud, y anunció que preparaba un viaje a Navarra como presidente del Gobierno de España a tal efecto. Del mismo modo, el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba el día 10 de septiembre ante el Pleno del Congreso que la llegada del tren de alta velocidad a Navarra no dependía de los Presupuestos Generales del Estado de 2009, ya que se trata de un "compromiso político".


Y más recientemente, la secretaria de organización del Partido Socialista Obrero Español, señora Leire Pajín, en un acto político el día 4 de octubre de 2008, anunciaba en Arguedas que "el Gobierno de España, de forma inminente, va a venir a Navarra a firmar el convenio para que la alta velocidad sea realidad dentro de poco en esta tierra".


Sin embargo, a pesar de tan reiterados anuncios, el convenio sigue sin ser aprobado por el Consejo de Ministros, y no existe una explicación solvente que justifique la incongruencia entre las rotundas declaraciones y el palmario incumplimiento de la palabra dada. Por ello, surgen fundadas dudas de si realmente el Gobierno de España ha tomado real conciencia de sus compromisos, y si existe el necesario ámbito de coordinación entre los ministerios implicados que aporte una solución definitiva al asunto que tan largamente se viene demorando.


Concretamente, en respuesta a pregunta oral ante el Pleno de esta Cámara, la ministra de Fomento afirmaba el día 19 de noviembre que "No hemos perdido un solo minuto. En su ejecución vamos a llegar a un acuerdo y va a ser fruto del consenso y de la colaboración. Ya hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno navarro, similar al del Gobierno vasco, en todas las cuestiones técnicas, y quedan por ultimar por el Ministerio de Economía y Hacienda algunos aspectos relacionados con la financiación".


De esas palabras cabe deducir, por tanto, que los trámites competencia del Gobierno de España no están concluidos, y que por el contrario se está cuestionando la fórmula prevista, que como es conocido es idéntica de la ya convenida con la administración de la Comunidad Autónoma Vasca.
Requiriendo conocer los criterios del Ministerio de Economía y Hacienda a los que aludió la ministra de Fomento, se ha registrado la correspondiente pregunta escrita, de la que todavía no se conoce respuesta.


Como parece obvio, pues, nos hallamos ante un caso de incumplimiento de compromisos públicos adoptados por el Gobierno de España, que además se refieren a proyectos estratégicos de construcción de infraestructuras, esenciales para el fomento del desarrollo social y económico de Navarra y del resto de España. Políticamente, la posición del Gobierno sólo cabe calificarse como de inconsistencia entre las palabras y los hechos, de elusión de sus responsabilidades y de generar ya un hartazgo de imposible justificación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Proceder a la inmediata aprobación y firma del Convenio de Financiación y Encomienda de Gestión para la construcción de la vía de alta velocidad ferroviaria en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con las bases comprometidas por el secretario de Estado de Infraestructuras en su reunión con el Gobierno de Navarra del día 7 de noviembre de 2007.


2. Que por el Ministerio de Fomento se desarrollen, con carácter inmediato, los compromisos que le son propios en relación con el citado acuerdo, relativos a la redacción y aprobación de los proyectos de tramos, expropiaciones, superestructuras y variantes establecidas en el Convenio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2008.-Santiago Cervera Soto y Andrés Ayala Sánchez, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000652

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al soterramiento de la Autovía A-49, a su paso por los términos

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de Tomares y Castilleja de la Cuesta, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

La falta de respuesta en Administraciones Públicas al grave problema de la movilidad y transporte de la comarca del Aljarafe con la ciudad de Sevilla está afectando y perjudicando gravemente a la calidad de vida y el bienestar en los ciudadanos de esta importante área residencial y de trabajo de nuestra provincia.


Tomares, junto con el municipio vecino de Castilleja de la Cuesta, se encuentra situado en el epicentro del colapso del tráfico que se incorpora a la aglomeración urbana de Sevilla, provocando a su vez una grave contaminación medio ambiental y acústica a los vecinos cuyos hogares se encuentran a ambos lados de la saturada Autovía Sevilla-Huelva.


Esta contaminación es incompatible no sólo con un mínimo de calidad ambiental, de vida y habitabilidad, sino también con el necesario e imprescindible derecho al descanso que merecen nuestros vecinos.


Ante la falta de previsión y respuesta de las Administraciones Públicas a esta problemática, consideramos de interés exigir la adopción de medidas urgentes que contribuyan a la resolución de la contaminación medio ambiental y acústica que padecen ambos municipios.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Que a la mayor brevedad proceda al soterramiento do la Autovía A-49, a su paso por los términos de Tomares y Castilleja de la Cuesta.


- Que a la mayor brevedad posible, y hasta la instalación de las pantallas acústicas, se sustituyan las bandas de rodadura que se han puesto recientemente por otros elementos que ralenticen el tráfico, pero que no generen tanta contaminación acústica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2008.-Ricardo Tarno Blanco, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000654

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa al proyecto de la carretera de circunvalación de O Barco de Valdeorras, Ourense, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

O Barco de Valdeorras es una pujante villa de la provincia de Ourense y la capital de una importante comarca que destaca desde el punto de vista económico por la producción de la pizarra, que se transporta casi en exclusiva por medio del transporte por carretera.


Así esta localidad padece un intenso tráfico de ve-hículos, especialmente pesados que no tienen otra alternativa que atravesar esta urbe para dirigiese a otros destinos.


Existe pues desde hace años una sentida necesidad de que se ejecute una circunvalación, es decir una conexión entre las carreteras N-120 y N-536, que dé solución al problema planteado.


Por ello el Gobierno del Partido Popular en noviembre de 2003 solicitó la orden de estudio para la realización del Estudio Informativo que fue resuelta por la Dirección General de Carreteras -del nuevo Gobierno- el 16 de septiembre de 2004.


El 24-6-2005, el Ministerio de Fomento licitó con su publicación en el BOE la redacción del estudio informativo de la conexión entre las carreteras N-120 y N-536 en O Barco, con un presupuesto de licitación de 178.817,00 ?.


El 26-12-2005, el Ministerio de Fomento adjudicó a una empresa la redacción del Estudio Informativo. El presupuesto de adjudicación ascendió a 120.701,48 ?.


El 28-01-2008 por Resolución del Subdirector General de Planificación se aprobó provisionalmente el estudio informativo, recomendando como alternativa más favorable la B-4 con una longitud aproximada de 6.520 metros y un presupuesto base de licitación de 22,9 millones de euros.


El 16-02-2008 el BOE publicó el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se somete a información pública la aprobación provisional del Estudio Informativo. Actualmente se está a la espera de la emisión de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental y de la aprobación definitiva del estudio informativo.


La realidad es que el retraso acumulado en este proyecto es monumental; casi tres años y medio después no se ha licitado la redacción del proyecto de esta pequeña carretera de tan sólo 6,520 Km y de seguir con este cansino ritmo nos conducirá a un horizonte de puesta en servicio cercano al año 2012 cuando se había comprometido la fecha de 2009.


Además de este desfase administrativo, la ejecución presupuestaria ha sido muy deficiente. El ejecutivo socialista en 2006 sólo gastó el 38,19 por ciento del presupuesto y en 2007 sólo gastó el 20,88 por ciento del presupuesto.


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El gobierno socialista no gastó en esta conexión un total de 137.209,26 ? que se habían presupuestado en 2006 y 2007. Tan sólo fue capaz de gastar en ambos ejercicios 70.790,74 ?. Mucho nos tememos que la partida presupuestada para 2008 corra la misma suerte.


Es imprescindible que el Gobierno tome conciencia de la urgente necesidad de impulsar esta carretera, recuperando el tiempo perdido y es por ello que formulamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dotar y ejecutar las partidas presupuestarias así como a acelerar todos los trámites administrativos de modo que en el año 2010 pueda estar en servicio la conexión entre las carreteras N-120 y N-536, en O Barco de Valdeorras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.-Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000663

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el restablecimiento del servicio de consigna en la estación de RENFE en Girona, para su debate en Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

A lo largo de los últimos años, la ciudad de Girona se ha consolidado como destino turístico, en buena medida gracias al auge de las líneas de bajo coste que operan en el aeropuerto de Girona-Costa Brava. De los 535.585 pasajeros que recibió esta instalación en el año 2002, se ha pasado a los casi 4 millones de viajeros en agosto del presente año.


A pesar del importante incremento de visitantes que recibe la ciudad de Girona y el esfuerzo tanto del sector público como privado por ofrecer a los visitantes un servicio de calidad, a día de hoy todavía existen importantes problemas que precisan solucionarse con celeridad.


Uno de ellos, es el servicio de consignas de la estación de ferrocarril de Girona. Desde junio de 2007 las consignas de la estación de RENFE permanecen cerradas por no disponer de un escáner. Ello conlleva que los turistas, sobre todo aquellos que no pernoctan en Girona, deban dejar sus maletas y equipajes en las distintas oficinas de turismo de la ciudad. A lo largo del 2008, y como consecuencia de esta precaria situación que daña la imagen de Girona, 1.743 quejas han sido presentadas en las oficinas de turismo de la ciudad.


Por este motivo, el Ajuntament de Girona ha realizado reiteradas solicitudes de restablecimiento del servicio de consignas con las medidas de seguridad pertinentes.


Pese a que ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), órgano encargado de la gestión de la estación de Girona, se comprometió con el ayuntamiento de la ciudad a colocar un arco de seguridad que permitiera reabrir el servicio de consignas, a día de hoy la situación sigue sin haberse solventado.


Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el plazo de dos meses, a reestablecer el servicio de consignas en la estación de RENFE de Girona con las garantías de seguridad necesarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


161/000665

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento.


Desde el primer momento del anuncio de los diferentes proyectos de trazado de una línea de alta velocidad ferroviaria entre Sevilla y Granada, a su paso por la ciudad de Antequera, presentados tanto durante el Gobierno del PP, como por el del PSOE, y haciéndonos eco de la reivindicación ciudadana, nuestro Grupo fue el único que siempre ha apostado y apoyado la opción del paso soterrado del mismo en esta parte del trayecto, por lo cual fuimos descalificados y tachados de utópicos e irreales, pero que el paso del tiempo ha terminado por darnos la razón, y lo que es más importante, conseguir una posición unitaria de apoyo de todos los grupos políticos que conforman la Corporación antequerana para el estudio y puesta en marcha de esta reivindicación popular.


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Efectivamente, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Antequera adoptó los siguientes acuerdos:

a) Acuerdo unánime del Pleno de fecha 13 de septiembre de 2007, por el que se insta a la Subdirección General de Planes y Proyectos de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, para que:

- Emita informe de viabilidad, tanto técnica como económica, del soterramiento del AVE a su paso por la ciudad de Antequera, por el mismo trazado actual, indicando posible longitud de soterramiento, variaciones de trazado y coste aproximado.


En caso de no ser viable por el trazado actual, la emisión de un informe de viabilidad tanto técnica como económica del soterramiento por el trazado actualmente en estudio por el Ministerio de Fomento (Sur-2), con las mismas especificaciones del informe anterior.


- El mantenimiento de los trenes de Cercanías y Media Distancia, así como el compromiso del mantenimiento de la estación de Antequera ciudad.


De lo que hasta la fecha sólo se ha dado cumplimiento al punto primero, y al compromiso de mantener la estación de Antequera ciudad. Ya que se remitió informe sobre las posibilidades de soterrar, tanto por el trazado actual -Variante 1- como por otra nueva denominada Variante 2, en las que se plantean algunos problemas técnicos solucionables, y resultando ser el mayor inconveniente el tema económico, ya que ambos implicaban unos 65 millones de euros de inversión, con el soterramiento de unos 1.900 metros. En la misma línea se definía el estudio independiente encargado por el Ayuntamiento.


b) Acuerdo unánime del Pleno de fecha 3 de abril de 2008, por el que nuevamente se insta al Ministerio de Fomento la urgente contestación a los puntos 2 y 3 del anterior Acuerdo de 13 de septiembre de 2007, dándose por contestado el primero. A la vez que se plantea que el Ayuntamiento de Antequera sigue apostando por el soterramiento del trazado del AVE.


Pues bien, en la actualidad y pese al largo período transcurrido, no se ha producido remisión alguna de lo reiteradamente solicitado al Ministerio de Fomento. Y, dichos informes y compromisos son esenciales para poder adoptar una postura definitiva y consecuente con el interés general, respecto a la futura configuración de la ciudad de Antequera, que pueda determinar la adopción de la solicitud de soterramiento del trazado.


c) Por último, Acuerdo de la Alcaldía de fecha 1 de agosto de 2008, por el que solicita una entrevista con el Ministerio de Fomento y sus responsables de infraestructuras, para obtener la información necesaria sobre las peticiones formuladas por el Pleno municipal antes referidas.


Tampoco se ha llevado a cabo dicho acuerdo, resultando evidente su importancia para determinar la mejor y más adecuada solución, así como las formas y maneras de financiar dicha mejor solución.


Por todo ello, y con independencia de la decisión definitiva que se pueda adoptar, resulta imprescindible que se dé cumplimiento a los diferentes Acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Antequera, adoptados por unanimidad por todos los grupos políticos. A la vez que resulta necesaria la adopción de acuerdos de financiación y apoyo al proyecto que se determine, tanto por el Gobierno central como por el andaluz.


Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados acuerda requerir al Ministerio de Fomento para que dé cumplimiento a los Acuerdos del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, respecto a la remisión de los diferentes informes y compromisos sobre el trazado del AVE a su paso por la ciudad de Antequera, así como sobre el mantenimiento del paso por la ciudad de los trenes de Cercanías y Media Distancia reiteradamente solicitados, y que no han obtenido respuesta hasta la fecha. Así como instar al Gobierno de la Nación para que preste su total colaboración y apoyo en la cofinanciación con el Gobierno andaluz de la efectiva ejecución del proyecto que definitivamente se adopte, en cuanto al trazado soterrado de la mencionada línea Sevilla-Granada a su paso por la ciudad de Antequera."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio de 2008.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


161/000666

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley para la publicación de las cuentas de explotación de cada uno de los aeropuertos del Estado.


Antecedentes

La disposición adicional cuarta de la Ley 4/2004, de 29 de diciembre, de modificación de tasas y de beneficios fiscales de acontecimientos de excepcional interés público, realizó un mandato a AENA para que anualmente publicara el coste real de los servicios prestados en los aeropuertos del Estado.


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La finalidad de esta disposición adicional, aprobada mediante una transaccional a una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), era conseguir la implantación de una contabilidad analítica en el Ente Público que permitiera la publicación de las cuentas de explotación por aeropuertos, al mismo tiempo que permitía cumplir con el principio de equivalencia entre tasa y coste del servicio.


El 9 de octubre de 2006, más de un año y medio después de la aprobación de la Ley 4/2004, el Presidente de AENA compareció en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para informar sobre temas relativos al Proyecto de Presupuestos del Estado para el año 2007. En respuesta a la pregunta del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) sobre el estado de la contabilidad analítica de AENA, confirmó que la Entidad no tenía contabilidad analítica por aeropuertos pero que estaban trabajando en ello, mediante la contratación de una empresa consultora, con la previsión de tener una aproximación de esa contabilidad analítica a mediados del año 2007.


La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó, en marzo de 2007, una resolución que insta a AENA a "ultimar, con la mayor brevedad posible, el encargo ya implementado de una contabilidad analítica independiente para cada uno de los aeropuertos que gestiona y que deberá permitir conocer con detalle los íngresos, gastos e inversiones efectuadas en cada aeropuerto". Además, AENA debe publicar cada año el coste de los servicios prestados en cada instalación.


A pesar de todo ello, cuatro años después de la aprobación de la Ley 4/2004 y tres años después que la entidad reconociera que había iniciado los trabajos para implantar una contabilidad analítica en AENA, todavía no se ha publicado ninguna cuenta de explotación por aeropuerto ni los costes de los servicios de cada instalación, lo cual indica que ni la eficiencia de gestión ni la transparencia informativa parecen estar entre las prioridades de una de las principales empresas públicas dependientes de la Administración General del Estado.


Según el informe del año 2007, los ingresos totales de explotación de AENA fueron 2.982 millones de euros. Pocas son las empresas españolas con este volumen de facturación, las posibles comparaciones con otras empresas deben realizarse con empresas de su mismo tamaño, como por ejemplo las empresas cotizadas en el IBEX 35. Para un inversor sería difícil explicarse los motivos por los cuales una empresa cotizada en el IBEX 35 no tuviera todos los sistemas de información necesarios para gestionar su negocio y seguramente sería objeto de una anotación en un informe de auditoría de las cuentas anuales. Algo falla cuando después de cuatro años AENA no dispone de la información necesaria para gestionar de forma eficiente los aeropuertos del Estado.


Por otra parte la falta de transparencia en la información de AENA resulta más grave cuando el Gobierno está comprometido en un proceso de cambio de modelo de gestión, que en el caso de Catalunya debe comportar la incorporación de la Generalitat y de instituciones civiles catalanas a la misma.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados reitera el mandato al Gobierno para que disponga de una contabilidad analítica independiente para cada uno de los aeropuertos dependientes de AENA y en este sentido, insta al Gobierno a publicar, en el primer semestre del año, las cuentas de explotación del año 2008 de cada uno de los Aeropuertos del Estado gestionados por AENA, con detalle de los ingresos-costes de los servicios de cada instalación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


161/000668

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora en la frecuencia de los trenes de cercanías así como mejores horarios para la comarca del Baix Maestrat, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

La ciudad de Vinarós, capital de la comarca del Baix Maestrat, con una población de más de 27.000 habitantes, es núcleo de muchos servicios administrativos, sanitarios y educativos que obliga a la mayoría de los vecinos de la comarca a desplazarse a este municipio para hacer sus gestiones o cumplir con sus obligaciones escolares o laborales.


La considerable distancia entre Vinarós y otros importantes términos municipales del Baix Maestrat, como Benicarló o Peñíscola, con Castellón (75 km) dificulta enormemente una fluida relación con la capital de la provincia.


Las comunicaciones entre estos términos municipales y Castellón se reducen a una peligrosa y saturada

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carretera nacional (N-340), una autopista de peaje (AP-7), que por el coste de la misma se hace inviable para la mayoría de los afectados o unos servicios ferroviarios que no atienden, ni por calidad ni por frecuencia, la demanda de los vecinos.


La ciudad de Castellón cuenta con la única Universidad pública de la provincia (Universidad Jaume I) por lo que muchos universitarios de la comarca del Baix Maestrat (alrededor de 800) que tienen que desplazarse a su centro de estudios carecen de un medio de transporte que les permita un viaje de ida y vuelta en el día y sus familias se ven obligadas a costear el alojamiento de sus hijos en la capital.


Por otra parte Vinarós cuenta con juzgados que atienden los asuntos de los ciudadanos de la comarca así como centros sanitarios a los que se desplazan constantemente con un desfase horario que les impide conciliar su vida laboral y familiar y les hace perder mucho tiempo.


Recordar que la Proposición no de Ley que presento es consecuencia de la moción que se aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales, a instancia del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Vinarós y responde también a la moción aprobada en la Diputación de Castellón y a la iniciativa recientemente debatida y aprobada en la Comisión de Fomento del Senado.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ampliar la frecuencia de los trenes de cercanías, así como mejores horarios para la Comarca del Baix Maestrat conectando adecuadamente la capital de la provincia con el término municipal de Vinarós."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.-Andrea Fabra Fernández, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley para la aceleración de las obras de desdoblamiento de la N-II en las comarcas de Girona, especialmente en el tramo entre Sils-Maçanet.


Antecedentes

En el año 1997, la Dirección General de Carreteras redactó un Estudio Informativo para el desdoblamiento de la N-II entre Tordera y Fornells de la Selva. Una vez aprobado provisionalmente el estudio por la Dirección General (resolución de 20 de junio de 1998) y sometido a información pública el año 1998 (BOE de 8 de septiembre). El tramo de 20,2 Km de longitud se dividió en 4 subtramos a efectos de proyecto constructivo, siendo uno de ellos el tramo de 5 Km entre Maçanet de la Selva-Sils.


Nueve años después de iniciarse el estudio informatívo, el 2 de febrero de 2006, el Ministerio de Fomento adjudicó las obras del tramo entre Maçanet y Sils a la Unión Temporal de Empresas formada por Concisa, S A. y Marco Ebro, S.A., con un presupuesto de 23,3 millones de euros. Dos años después, todavía no se han realizado obras significativas en este tramo, a causa de las modificaciones que se han incorporado al proyecto constructivo original y de una desviación presupuestaria que supera el 20 por ciento sobre los 23,3 millones de euros.


A mediados del mes de diciembre de 2007, el subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco-Busquets, reconoció que el tramo entre Sils y Maçanet tenía las obras paralizadas desde principios de octubre y que estarán paradas como mínimo un año. Según el subdelegado, es necesario rescindir el contrato y volver a iniciar todo el proceso para la adjudicación de las obras.


Los alcaldes de Sils, Vidreres y Maçanet, los municipios afectados por este tramo, han manifestado la necesidad de reemprender las obras con la mayor celeridad posible para que no acumulen mayores retrasos.


No se trata de una situación aislada. Los miles de conductores que circulan diariamente por el tramo de la N-II por las comarcas de Girona saben que las obras de desdoblamiento llevan un retraso considerable. El tramo entre Fornells y Caldes, el único que está terminado, tardó cuatro años y el tramo entre Caldes de Malavella-Sils se prevé terminar el año 2010 a pesar que ya han trascurrido tres años desde que el Ministerio de Fomento adjudicó las obras.


El resto de tramos entre Girona-frontera francesa tampoco parece que vayan a ser ejecutados en un breve plazo de tiempo. El estudio informativo del tramo Girona-frontera francesa se inició el año 2000 y únicamente tres subtramos tienen adjudicados los proyectos constructivos. Al actual ritmo, el desdoblamiento de la N-II entre Girona y la frontera francesa no será una realidad hasta el año 2020.


Catalunya no puede esperar entre 15 y 20 años entre el inicio de los estudios informativos y la finalización de las obras, especialmente en actuaciones con tanta importancia social y económica como el desdoblamiento de la N-II en las comarcas de Girona.


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Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar las obras para el completo desdoblamiento de la N-II en las comarcas de Girona, adoptando, entre otras, las siguientes medidas:

1. Acelerar los procesos administrativos necesarios para iniciar las obras del tramo entre Sils-Maçanet a mediados del año 2009.


2. La dotación económica de un fondo extraordinario para las obras de la N-II que permita finalizar el desdoblamiento completo del tramo Girona-frontera francesa antes del año 2015."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


161/000677

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la cobertura parcial de la carretera B20 en Santa Coloma de Gramenet, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

La carretera B20 a su paso por Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), transcurre en un importante tramo a cielo abierto entre viviendas. En el momento de su inauguración, la denominada "Pata Norte" de las rondas se cubrió en un tramo que dio lugar a un gran espacio público que es el Parque de Europa.


Pero buena parte del recorrido de la B20 por Santa Coloma de Gramenet se hace a cielo abierto, sin ningún tipo de protección en términos de contaminación acústica y ambiental, hecho que menoscaba notablemente la calidad de vida de los vecinos que residen en los alrededores, además de suponer una importante barrera urbanística. El tramo con más déficit es el que va desde el puente del río Besòs hasta el Parque de Europa, por donde diariamente circulan miles de vehículos.


En los últimos tiempos se han ejecutado grandes obras para integrar las principales vías de entrada a la ciudad de Barcelona, concretamente en los dos extremos de la ciudad de Barcelona, por un lado la Gran Vía en L'Hospitalet de Llobregat y por otro en el Distrito de Sant Martí.


En los presupuestos generales del Estado para el año 2008 se contemplaba una partida presupuestaria de dos millones de euros para la redacción de los proyectos de cobertura parcial de la B20 en la citada ciudad, pero hasta la fecha no se ha ejecutado prácticamente nada. Únicamente se han colocado unas vallas de tela metálica para cubrir con plantas esta infraestructura, acción que no realizan las funciones de reducción de la contaminación acústica y ambiental que los vecinos reclaman.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Que redacte los proyectos para iniciar la ejecución del cubrimiento parcial de la carretera B-20 a su paso por la ciudad de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en el tramo entre el puente del río Besòs y el Parque Europa de la citada localidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2008.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000678

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la adecuación del tramo N-260 Túnel de Balupor a Fiscal, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

El denominado Eje Pirenaico N-260 está en fase de remodelación desde hace varios años. Las mejoras introducidas tanto en el territorio de Cataluña como Aragón han supuesto una mejora necesaria para el tránsito de personas y mercancías.


Actualmente se trabaja en el tramo Sabiñánigo-Fiscal que supondrá evitar el tránsito por el puerto de Cotefablo suponiendo un ahorro de tiempo considerable, para el acceso a los valles del Sobrarbe altoaragonés, a todo el tráfico proveniente de Navarra y País Vasco. Esta actuación permitirá un crecimiento importante de los tránsitos entre los distintos valles pirenaicos.


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Desde País Vasco hasta Cataluña y Aragón obtendrán un beneficio derivado del incremento de turismo y la posibilidad de interrelación económica.


De esta forma se evitará uno de los mayores impedimentos para tener una red de prestaciones más acordes con las demandas actuales del turismo.


Fruto de estos trabajos, se ha experimentado un fuerte incremento de tránsito, especialmente de camiones por las obras comentadas, que ha supuesto el deterioro progresivo del tramo pendiente de ejecución de la N-260 entre el túnel de Balupor y Fiscal haciendo de la conducción un peligro constante para los usuarios y vecinos de los valles, así como para el turismo.


Las expectativas generadas con la remodelación del eje pirenaico y la situación de este tramo, que todavía tiene pendiente su aprobación definitiva para su remodelación integral, hace necesario y con urgencia, acometer las obras de reparación del actual firme de la carretera.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Que con carácter urgente se acometan las obras de acondicionamiento del firme de la N-260, tramo Túnel de Balupor-Fiscal con el fin de garantizar la seguridad para todos los usuarios hasta la ejecución del proyecto definitivo de ejecución de este tramo de carretera."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 2008.-Ángel Pintado Barbanoj, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000679

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la Autovía A-68, en sus tramos Zaragoza-Alcañiz y Alcañiz-Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

La Autovía A-68 está pensada para que transcurra por Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y finalizar en la costa mediterránea. Su tramo aragonés ha sido motivo de numerosas reivindicaciones sociales e institucionales.


En lo que se refiere a los tramos Zaragoza-Alcañiz y Alcañiz-Mediterráneo, solo el trayecto Zaragoza-El Burgo de Ebro se encuentra en servicio. Está adjudicado el estudio informativo del tramo Fuentes de Ebro- Valdealgorfa (Teruel), tramo que según el actual Gobierno, estará terminado en 2010.
En 2007 se adjudicó el estudio previo del tramo Vadealgorfa-Mediterráneo.


Para el conjunto de las comunicaciones españolas esta infraestructura es de gran importancia, muy particularmente para la Comunidad de Aragón, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con la máxima urgencia, sean elaborados los correspondientes proyectos, a fin de que en la presente Legislatura los tramos de la autovía A-68 entre El Burgo de Ebro (Zaragoza) y Vadealgorfa (Teruel) y Valdealgorfa-Mediterráneo estén en servicio, en obras, o adjudicados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2008.-Santiago Lanzuela Marina, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000680

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la liberación del peaje de la Autopista AP-4, Jerez-Dos Hermanas, para su debate en Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

Con cargo al Fondo Estatal de Compensación para la liberación de peajes, se han excluido de pago varias autopistas en Cataluña, Galicia y La Rioja.


La liberación del peaje en la AP-4 es una reclamación unánime de la provincia de Cádiz, habiendo sido prometida además por los dirigentes socialistas de la provincia. Pese a ello esta promesa electoral no se cumplió en la anterior legislatura, y en el Proyecto de Presupuestos para el 2009 no se incluye consignación alguna por este concepto.


La alternativa es el desdoble de la N-IV entre Jerez-Dos Hermanas, pero esta obra puede durar más de diez años, a la vista del importe de las partidas presupuestarias incluidas en el Proyecto de Presupuesto.


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De esta forma, la provincia de Cádiz padece un agravio con respecto a otras zonas de España, pues mientras allí se liberan los peajes sin más, aquí no solo no se libera sino que la alternativa se fija a muy largo plazo, con el consiguiente perjuicio que ello proporciona a la economía de la provincia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Liberar el peaje de la Autopista AP-4, entre Jerez-Dos Hermanas, con cargo al Fondo Estatal de Liberación de Peajes, mientras no se ponga en servicio la autovía N-IV en ese mismo tramo.


2. Dar prioridad a la construcción de la Autovía N-IV entre Jerez y Dos Hermanas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.-Aurelio Romero Girón, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000681

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al incremento de facilidades a los usuarios de la web y clientes de RENFE a la hora de reservar y adquirir sus billetes, en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

La revista "Paisajes" del pasado mes de septiembre, distribuida por RENFE en algunas de sus líneas ferroviarias, dedica un artículo bajo el título "Las ventas on line en alza", a las ventajas para los usuarios de obtener billetes de tren a través de la Web www.renfe.com.


En dicho artículo, se dice que las ventas de billetes on line subieron entre enero y octubre de 2007 un 85 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Añade que entre enero y junio de 2008 la cifra es de un 185 por ciento más que en el mismo periodo de 2007. El objetivo de la compañía, según dicha publicación, es superar el 20 por ciento de billetes vendidos por este canal para el 2010.


Llama la atención una frase que podemos leer en el artículo mencionado, y que afirma que "el mecanismo de compra es sencillo". Lo cierto es que a través de esta página, tal y como funciona actualmente, es imposible, por ejemplo, hacer elección de plazas de litera o cama, y esta opción solo es factible mediante compra en ventanilla o en el teléfono 902240202, asignando el sistema la plaza de forma automática sin posibilidad de elección. En otros servicios ferroviarios también resulta imposible la elección de asiento.


Si comparamos este tipo de aplicación con la que podemos encontrar en las Web de compañías aéreas o de autobuses interurbanos, donde sí es posible entre otras opciones hacer reservas de plazas concretas y obtener los billetes de viaje con antelación de meses, comprenderemos las grandes diferencias con la página de RENFE en este tipo de prestaciones a los usuarios.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Proceder a modificar la actual página Web de RENFE www.renfe.com, en el sentido de que el canal de ventas "on line" pueda permitir a sus usuarios entre otras, las siguientes aplicaciones:

a) Hacer posible la opción de seleccionar plazas o asientos en todo tipo de trenes y recorridos, incluidos los vagones de camas y literas.


b) Facilitar el poder adquirir billetes por un período mayor a los 62 días fijados actualmente.


2. Introducir programas de fidelización que permitan obtener puntos acumulables por el uso del servicio u otro tipo de ventajas, al igual que se produce en compañías aéreas y de trasporte interurbano por carretera, ampliando así las únicas opciones existentes en este momento: Club Ave y Visa Renfe.


3. Incrementar sensiblemente y en plazos razonables el número de estaciones con máquinas auto check in, los puntos de venta habilitados para la emisión de billetes obtenidos vía Internet o por compra telefónica, y los horarios de apertura de los puntos de venta."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2008.-Joaquín García Díez, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000682

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes

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del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a los servicios diurnos de larga distancia entre Galicia y Madrid prestados por RENFE Operadora, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de Galicia si se hubieran cumplido los plazos comprometidos en el Congreso de los Diputados -con la aprobación unánime el 22 de junio de 2004 de una Moción a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular- debería estar comunicada con Madrid por ferrocarril de alta velocidad en el año 2009.


Pero la triste realidad es que este plazo no se cumplirá y la puesta en servicio de esa conexión tiene lamentablemente muchas posibilidades de acercarse al horizonte final del PEIT, es decir al año 2020.


El retraso de las obras del decisivo tramo de Lubían a Ourense -104 Km con 53 túneles y 35 viaductos-que no comenzarán hasta mediados de 2009, la ausencia de una planificación de la alimentación en alta tensión de esta línea, la falta de proyecto de las estaciones y la alarmante inejecución presupuestaria son la viva expresión de que para el Gobierno socialista la comunicación por AVE de Galicia con Madrid no es una prioridad.


No tienen y no van a tener en varios años los gallegos otra alternativa para viajar en ferrocarril a Madrid que utilizar los servicios convencionales de larga distancia que dejan mucho que desear en calidad de los trenes, frecuencias y tiempos de viaje.


En la actualidad RENFE Operadora ofrece a los viajeros procedentes de Galicia, una sola relación diurna con dos ramas: el Tren TALGO 00151 que sale a las 12,50 horas de Pontevedra y a las 13,10 de A Coruña. Ambos trenes confluyen en Ourense y se conforman como uno solo para llegar a Madrid a las 21,08.


El hecho de que esta relación alcance la capital de España pasadas las 9 de la noche, impide a los viajeros transbordar con otros trenes en el día para otros destinos como pueden ser Cataluña, Valencia, Alicante y Andalucía, y tampoco les permite combinar con otros modos de transporte como por ejemplo los vuelos nocturnos hacia Ibero-América dado el escaso tiempo existente, que no asegura las conexiones.


Hay que destacar que Galicia es la única Comunidad Autónoma que sólo cuenta con una relación diurna diaria con Madrid; de las restantes Comunidades, la que menos tiene es de tres relaciones y las hay de 12, de 20 y hasta de 44 relaciones, y la ratio de número de servicios diurnos/habitantes, todavía agrava hasta tres veces más esta relación de déficit.


No hay explicación al bajo número de servicios ofertados por RENFE-Operadora en la Comunidad Autónoma de Galicia, que representan entre 10 y 20 veces menos oferta que la que gozan cualquiera de las otras Comunidades periféricas (excluida Aragón, que se beneficia de su posición geográfica en mitad de la línea de AV Madrid-Barcelona).


Es urgente que Galicia tenga al menos dos relaciones diarias diurnas para unirse con Madrid y para ello es preciso que RENFE Operadora establezca de inmediato una segunda relación diurna matinal y así se reduzca el déficit que tiene esa Comunidad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, RENFE Operadora, establezca de inmediato una segunda relación diurna -matinal- para unir Galicia con Madrid, de modo que los usuarios del ferrocarril dispongan de un servicio adecuado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2008.-Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000683

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la conexión directa para mercancías entre los puertos de Barcelona y Bilbao suprimida por RENFE, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

RENFE ha suprimido, de un día a otro, de forma unilateral y sin dar ninguna explicación, la conexión directa para mercancías entre los puertos de Barcelona y Bilbao.


La línea dejó de operar el pasado 2 de noviembre de 2008, dos días después de que la operadora comunicara a través de un correo electrónico a sus clientes que esta línea de mercancías dejaba de operar.


El tren multi-cliente permitía a los operadores que no disponían del volumen suficiente para comprar un tren completo beneficiarse de una relación directa entre ambos puertos. A partir de ahora, los convoyes de mercancías entre estos dos puertos serán desviados por Madrid y obligados hacer el trasbordo de la mercancía en dicha localidad. Este hecho representa una gran pérdida de tiempo, dinero, y un aumento de trámites y burocracia.


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La terminal de mercancías de Madrid en la actualidad sufre un colapso considerable, lo que representa que la fiabilidad de los servicios disminuirá y obligará a los operadores privados que quieran transportar mercancías entre estos dos puertos a adquirir trenes completos si quieren mantener la conexión directa y evitar trasbordos.


Esta decisión de RENFE contradice la voluntad manifestada por el Presidente del Gobierno en su comparecencia del 26 de noviembre de 2008 ante esta Cámara para informar sobre la situación económica y las medidas para la reactivación de la economía mediante el impulso del transporte de mercancías por ferrocarril.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno que de manera urgente e inmediata inste a la empresa operadora RENFE para que recupere la conexión ferroviaria de mercancías multi-cliente entre los puertos de Bilbao y Barcelona, para que éstas no se tengan que desviar por Madrid."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2008.-Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000689

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

Durante la ejecución de las obras de la línea ferroviaria de Alta Velocidad entre Málaga y Madrid se produjeron perforaciones y rupturas del acuífero del Valle de Abdalajís, la primera de las cuales se remonta a marzo de 2005. Como resultado de dichas perforaciones y las filtraciones de dicho acuífero a dos túneles de la citada línea AVE, los habitantes de Valle de Abdalajís han sufrido una continua situación de falta de agua, tanto para el consumo humano como para el uso agrícola y ganadero.


ADIF, responsable de las obras, estableció un acuerdo por el que se comprometía a reparar los daños creados mediante compensaciones económicas al municipio de Valle de Abdalajís y el suministro de agua desde dos pozos. Igualmente se prometió la solución a las perforaciones realizadas y la utilización del agua que se sigue filtrando en los túneles y su aprovechamiento para el suministro.


En varias ocasiones se ha solicitado del Ministerio de Fomento que el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) realice un estudio a fondo de las fórmulas más adecuadas para rellenar los acuíferos perforados, así como la situación real de seguridad de dichos túneles del AVE Málaga-Madrid.


Los dos pozos habilitados por ADIF para suplir el suministro de Valle de Abdalajís han dejado de ser utilizados, uno de ellos absolutamente agotado y el otro con una concentración de barro y sedimentos que lo hace de imposible uso. A este maltrato por parte de ADIF se une la no satisfacción de cantidad alguna al municipio en concepto de compensaciones económicas.


Sorprendentemente, ADIF se ha comprometido en noviembre de 2008 a suministrar agua drenada de los túneles al municipio de Antequera, en concreto a la zona de La Fresneda, también deteriorada por los trabajos de la línea de Alta Velocidad. Este acuerdo ha venido a incrementar la alarma en Valle de Abdalajís, dada la actual situación de absoluto déficit hídrico.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que el Ministerio de Fomento encargue al CEDEX el inmediato estudio hidrogeológico del Valle de Abdalajís, la situación del acuífero perforado, el grado de seguridad de los túneles de AVE en ese punto y los métodos más adecuados para restablecer el acuífero.


Asimismo, se insta al Gobierno para que ADIF satisfaga sus compromisos con Valle de Abdalajís, abonando inmediatamente las compensaciones económicas establecidas.


Finalmente, se insta al Gobierno para que el Ministerio de Fomento ponga en marcha con carácter de urgencia un suministro alternativo de agua a dicho municipio, fiable y permanente, hasta la reposición del acuífero a su estado inicial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2008.-Celia Villalobos Talero, Juan Manuel Moreno Bonilla, Begoña Chacón Muñoz, Federico Souvirón García y Ángel González Muñoz, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/000692

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de la Diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos Berruezo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la remodelación y ampliación del puente sobre la vía férrea en Villafranca (Navarra), pera su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La localidad navarra de Villafranca cuenta con tres accesos, El acceso principal que permite llegar al centro de la localidad se trata de un puente ubicado sobre la vía del ferrocarril.


Sin embargo, dicho puente no resulta operativo ya que la anchura del mismo hace que el paso de dos vehículos al mismo tiempo sea ciertamente complicado. Además, este puente soporta un tráfico elevado y complica en muchas ocasiones el acceso al centro de la localidad.


Asimismo, las aceras con las que cuenta este puente son excesivamente estrechas y en muchas ocasiones los peatones que portan cochecitos de niños así como las personas minusválidas tienen que invadir la carretera con el consiguiente peligro que esto supone.


La remodelación y ampliación de este puente resulta necesario por cuestiones evidentes de seguridad y viabilidad así como para el desarrollo de la vida de dicha localidad a todos los niveles

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Destinar 2.000.000 de euros para llevar a cabo las actuaciones necesarias encaminadas a la remodelación y ampliación del puente ubicado sobre la vía férrea de Villafranca (Navarra)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Uxue Barkos Berruezo, Diputada.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000697

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a modificar el Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos en el sentido de otorgar a Sant Carles de la Rápita la condición de Capitanía Marítima con los límites territoriales establecidos entre el río Cenia y la Punta del Águila, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

El Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos establece, entre otras consideraciones, una nueva ordenación y estructura de las Capitanías Marítimas así como la creación y regulación de los Distritos Marítimos.


En su artículo 2, el Real Decreto especifica los requisitos que deben concurrir para la creación de las Capitanías Marítimas, concretamente, de forma esquemática, señala: la existencia de puertos de interés general, la gran intensidad o las especiales particularidades en las que se desarrolle el tráfico marítimo y la concurrencia de condiciones técnicas o geográficas que puedan incidir en la seguridad de la navegación, de la vida humana en la mar o en la prevención de la contaminación del medio marino. Asimismo, en su artículo 3, especifica el procedimiento para la creación o supresión de las Capitanías Marítimas.


En el anexo del Real Decreto en cuestión, se describe el ámbito territorial de las Capitanías Marítimas y de las aguas de su competencia, y de los Distritos Marítimos de ellas dependientes. Concretamente para la provincia de Tarragona establece la Capitanía Marítima de Tarragona y dos Distritos Marítimos en Sant Carles de la Rapita y en Tarragona.


El puerto de Sant Carles de la Rápita, situado a 100 km. de la capital provincial, Tarragona, es sin duda uno de los más importantes de Catalunya por las particularidades definidas por su ubicación, coincidente con el Delta del Ebre; por su peso en el sector pesquero, alberga la mayor flota de la Comunidad con más de 400 barcos entre las distintas artes; y por su importancia geoestratégica al convertirse en el último puerto de la Comunidad Catalana, equidistante entre Barcelona y Valencia y salida logística natural de los tráficos generados en la Comunidad Aragonesa.


Con más de 100.000 habitantes en su comarca; 100 km. de costa marítima y 70 fluvial; 1.900.000 Tm. de carga en mercantes contabilizada en el ejercicio 2006; 3500 embarcaciones deportivas; estratégicas instalaciones industriales, como plataformas petroleras; zonas de alto interés ecológico protegidas, como el Parque Natural del Delta del Ebre; aglutina un conjunto de particularidades superior al de otras zonas de nuestra geografía que ostentan la condición de Capitanías Marítimas.


En este sentido, la pérdida de la condición de Capitanía Marítima para Sant Carles de la Rápita conlleva importantes problemas de operatividad para los importantes flujos de tráfico marítimo que se generan en sus aguas de competencia y representa un freno para el

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desarrollo económico de la zona al negarle competencias básicas para la potenciación de su peso logístico.


Aspectos como las autorizaciones y el control de servicios de playa y alquiler de embarcaciones, la coordinación de emergencias marítimas, la contaminación, el tráfico y la seguridad portuarias, control de la desembocadura, informes sobre navegación del río Ebre, deben ser resueltos en la ciudad de Tarragona representando todo ello un obstáculo para la eficacia en los servicios y la operatividad de los distintos tráficos.


Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos en el sentido de otorgar a Sant Carles de la Rápita la condición de Capitanía Marítima con los límites territoriales establecidos entre el río Cenia y la Punta del Águila, dotándola de los recursos humanos y materiales necesarios para el pleno desarrollo de las competencias asignadas para las Capitanías Marítimas establecidas en el Real Decreto de referencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000706

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley para acelerar el inicio de las obras de la estación de La Sagrera (Barcelona).


Antecedentes

El día 27 de junio de 2003 se constituyó formalmente el Consorcio Alta Velocidad de Barcelona. Están representadas las administraciones firmantes del convenio para la alta velocidad en Barcelona, formalizado el 12 de junio de 2002, entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo del Consorcio es el seguimiento y coordinación de las actuaciones vinculadas a la construcción de las infraestructuras de la alta velocidad en Barcelona.


En el marco de la Alta velocidad a su paso por Barcelona, la nueva estación central de la Sagrera se conforma como una pieza básica para la movilidad, ya que debe permitir la creación de un gran centro intermodal de transporte para la interconexión de la alta velocidad con las cercanías, el metro y el autobús. Además, la estación genera a su alrededor una importante transformación urbana con importantes beneficios socio-económicos para la zona de Sant Andreu-Sagrera y para el conjunto de Barcelona.


En el convenio subscrito por las tres administraciones el año 2002, el Estado debía aportar directamente el 38 por ciento (225 millones) de los 592 millones previstos de coste total del proyecto. El resto de financiación, 367 millones, debían obtenerse mediante las plusvalías de la urbanización de la zona, pero la crisis inmobiliaria ha dejado paralizada esta vía de financiación, al menos a corto plazo.


Tanto el Ministerio de Fomento como el delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel, mantienen de forma oficial la fecha de abril 2009 para la finalización del proyecto constructivo de la estructura, que permitiría licitar y adjudicar la obra después del verano y empezar los trabajos a finales del 2009. En este contexto, se hace necesario encontrar una solución a parte de la financiación prevista vía plusvalías antes de primavera.


En este sentido, el Plenario municipal de Barcelona aprobó de forma unánime, el día 19 de diciembre, una proposición en la que insta al Gobierno municipal a exigir al Ministerio de Fomento la aportación de los recursos necesarios para garantizar la financiación de la futura Estación de Sagrera e iniciar las obras durante el año 2009,

Al mismo tiempo que, la financiación de la Sagrera es una incógnita, la Ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, presentó la remodelación de la estación de Atocha, que finalizará la primera fase el año 2010, con un coste aproximado de 520 millones de euros. Mientras el calendario y la financiación de la estación de Sagrera no están garantizados, el ministerio anuncia una inversión con un coste similar con un calendario acelerado; es sin duda otro ejemplo de agravio comparativo sin explicación posible.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aportar los recursos necesarios, en el marco del Consorci Barcelona Alta Velocitat, para garantizar la financiación de la futura Estación de la Sagrera para que las obras se adjudiquen e inicien durante el año 2009."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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161/000708

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de la Diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos Berruezo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la construcción de un aparcamiento dentro del recinto amurallado de "El Cerco de Artesona (Navarra)", para su debate en la Comisión.


Exposición de motivos

El Cerco de Artajona (Navarra), constituye la fortificación popular medieval más importante de la Zona Media de Navarra. Se trata de un conjunto amurallado del siglo XI, de estilo románico, que originariamente contó con catorce torreones almenados, de los que sólo quedan nueve, unidos por el camino de ronda. El Cerco, forma un pintoresco conjunto fortificado que se configura como un recinto de trazado irregular en forma arriñonada, impuesto por la topografía del terreno.


Tratándose de un lugar muy visitado dentro de la geografía navarra, se requiere la necesidad de construir un aparcamiento dentro del recinto amurallado de "El Cerco", para que las personas que se acerquen al mismo, en los distintos medios de transporte existentes, puedan hacerlo con facilidad y viabilidad suficiente.


La construcción del aparcamiento, objeto de la presente Proposición no de Ley, encuentra su origen en el escrito, con fecha 14 de abril de 2008, que el Ayuntamiento de Artajona (Navarra), dirige al Ministerio de Fomento, para solicitar la financiación del aparcamiento con cargo a los fondos del 1 por ciento Cultural. El 25 de junio de 2008, el Ministerio de Fomento, remite un escrito al Ayuntamiento de Artajona, indicándole que si bien la actuación solicitada cumplía con los requisitos del artículo 68 que la de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, de ser una intervención a realizar en un bien público de titularidad pública y de aportar proyecto de ejecución informado favorablemente por la Comisión de Patrimonio de su Comunidad Autónoma, carecía de determinada documentación necesaria y le brindaba la oportunidad de subsanar dicha deficiencia. Una vez subsanada la falta de documentación por parte del Ayuntamiento, el 15 de septiembre de 2008, el Ministerio de Fomento, remite nuevamente un escrito al Ayuntamiento en el que se le informa que "analizada la documentación entonces remitida y la ahora recibida, se deduce que esta actuación, cumple con los requisitos establecidos en la Orden CUL/596/2005 relativos a la finalidad del artículo 68 de la Ley 16/1985, a ser una intervención realizada en un bien de titularidad pública que está declarado BIC en la categoría de Conjunto Histórico y a contar con proyecto de ejecución informado favorablemente por la Comisión de Patrimonio de su Comunidad Autónoma."

Finalmente, el 23 de diciembre de 2008, el Ministerio de Fomento remite un escrito al Ayuntamiento de Artajona, en el que le comunica que "la Comisión Mixta del IV Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1 por ciento Cultural, en su reunión de fecha de 4 de noviembre de 2008 (Acta LIV), ha tomado el acuerdo de archivar el expediente por falta de adecuación a los requisitos técnicos y formales exigidos por la Orden CUL/596/2005, al considerar que las actuaciones propuestas, (construcción de un aparcamiento), por el objeto de la intervención, no pueden encuadrarse dentro del cumplimiento de los fines de la Ley de Patrimonio Histórico Español."

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer la financiación, con cargo a los fondos que el Ejecutivo determine, para la construcción de un aparcamiento dentro del recinto amurallado de "El Cerco" de Artajona (Navarra)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2009.-Uxue Barkos Berruezo, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000713

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento.


Proposición no de Ley

El Tren de Alta Velocidad es prioritario y fundamental para el futuro de Cantabria, y si esta inversión es básica en el siglo XXI para cualquier territorio, lo es más aún si la misma está diseñada y ejecutándose en la práctica totalidad del territorio español.


Por ello, Cantabria no puede quedar una vez más aislada y ser la última Comunidad Autónoma en el desarrollo de una infraestructura tan importante, sufriendo el abandono como ocurrió en la Autovía de la Meseta y privando a nuestra Comunidad de competir con el resto en igualdad de condiciones.


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Hoy es una realidad que el AVE se está ejecutando para llegar a todas las Comunidades Autónomas del norte de España, con obras en todas ellas, excepto en Cantabria.


Sin embargo, en la actualidad el AVE para Cantabria sigue siendo una total incógnita y por consiguiente nos lleva a una incertidumbre que perjudica claramente nuestros intereses y nuestro futuro.


Por lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular presentada la siguiente

Proposición no de Ley

"El congreso de los Diputados insta al gobierno a:

1. Presentar en el plazo de 3 meses un informe detallado de las características técnicas del proyecto, el tiempo estimado de viaje entre Santander y Valladolid, calendario de ejecución previsto de las obras y estimación con finalización y puesta en servicio de la Alta Velocidad a Cantabria.


2. Que agilice los trámites necesarios para garantizar que Cantabria tendrá en el tiempo más breve posible, y no más tarde 2011, iniciada la ejecución de todos los tramos del Tren de Alta Velocidad Santander-Madrid con las mejores características técnicas que Galicia-Madrid, Asturias-Madrid y Bilbao-Madrid."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2008.-José Joaquín Martínez Sieso, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000718

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al apeadero de RENFE de Premià de Mar, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

Resulta incongruente que el Apeadero de RENFE de Premia de Mar sector de Camp Pou-Camp de Mar fuese construido en 1964, cuando la población tenía una demografía mucho más baja que la actual, y que a pesar del progresivo y continuo crecimiento demográfico se haya mantenido fuera de servicio estas instalaciones.


Resulta paradójico que este Apeadero haya contado con partida presupuestaria asignada en los presupuestos de los últimos años, pero que nunca se haya ejecutado (en 2008 la partida asignada fue de 750.000 euros).


En el año 2004 la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de Diputados aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno de España a iniciar los trámites para poner de nuevo en funcionamiento el Apeadero de RENFE de Premià de Mar sector de Camp Pou-Camp de Mar. Esta proposición instaba a realizar la adecuación de los andenes y asegurar la parada frecuente de parte de los muchos trenes que pasan por esta vía ferroviaria.


Hay que advertir que se crea un agravio comparativo con poblaciones vecinas que hace años que disfrutan de un Apeadero propio.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- adoptar las medidas oportunas para que las autoridades competentes aprueben el proyecto de adecuación del Apeadero de RENFE de Premià de Mar sector de Camp Pou-Camp de Mar con la máxima urgencia y procedan a la ejecución de las obras en los próximos seis meses,

- adoptar las medidas oportunas para que las autoridades competentes garanticen la parada en este Apeadero de los trenes que paran en los municipios vecinos, para garantizar el trato equitativo entre las poblaciones del Maresme en el acceso al servicio público ferroviario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2009.-Dolors Montserrat Monserrat, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Educación, Política Social y Deporte

161/000661

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), don Carlos Salvador Armendáriz, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la aprobación de la Moción del Parlamento de Navarra por la que se solicita al Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca que modifique su comportamiento hacia la Comunidad Foral de Navarra, para su debate en Comisión.


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Exposición de motivos

El Boletín Oficial del País Vasco, de fecha 13 de noviembre de 2007, publicó el denominado: "Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el-currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco."

En el citado Decreto, salvo en su denominación oficial de la norma, y su anexo, se hace interesadamente desaparecer la referencia al ámbito de aplicación de la propia norma autonómica -País Vasco o Euskadi-, sustituyéndose hasta en más 135 ocasiones por la de "Euskal Herria" término con el que el nacionalismo vasco designa a la nación vasca

La positivización de una realidad polítíco-institucional ficticia, como ocurre en este caso, excede los límites legales del derecho de las Comunidades Autónomas a elaborar los currículos educativos en su propio ámbito de aplicación

Por ello, el Gobierno de Navarra desde luego, y algunos colectivos de padres del País Vasco por otros motivos, han anunciado la presentación de sendos recursos a los contenidos de este Decreto.


Por parte del Gobierno de la Nación, se ha hecho caso omiso de cuantas advertencias, avisos y denuncias se le han trasladado de los excesos que pudiera contener este Decreto, no habiendo, en todo este tiempo, llevado a cabo ninguna actuación administrativa relevante ni el mínimo y exigible control de legalidad por parte de la Alta Inspección de Educación. Es más, transcurrido el plazo para presentar recurso fijado en el Decreto, se confirma que el Gobierno de España ha decidido no hacer nada al respecto, por lo que se puede entender que para este gobierno socialista el contenido curricular de este Decreto es ajustado a derecho en toda su extensión: decreto y anexos.


Por el contrario, no todos los socialistas pudieran pensar lo mismo. El Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Foral de Navarra, sin ir más lejos, presentó para su debate y votación en Pleno de fecha 29 de febrero de 2008, una Moción relativa a este mismo asunto con el siguiente clarificador texto:

"El Grupo Parlamentario Socialistas del Parlamento de Navarra, al amparo de lo establecido en sus artículos 195, 196 y 197, presenta para su debate y aprobación por el Pleno del Parlamento de Navarra la siguiente moción por la que se insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca para que modifique su comportamiento hacia la Comunidad Foral de Navarra y respete la voluntad de su ciudadanía, que ha decidido formar parte de una Comunidad política propia y diferenciada.


En el BOPV (Boletín Oficial del País Vasco) del 13 de noviembre de 2007, se ha publicado el Decreto 175/2007, por el que se establece el Currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, como desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 y de los Reales Decretos 1513/2006 y 1631/2006, que establecían las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y Secundaria.


En el preámbulo del mencionado Decreto se realizan unas declaraciones de intenciones que pretenden ilustrar o guiar el contenido posterior que, por su contenido y significado, presentan una clara injerencia en la realidad política de la Comunidad Foral de Navarra. Tales manifestaciones serían las siguientes:

Este Decreto se elabora, por tanto, desde la voluntad de construir una visión global, plural y abierta, a partir de la visión propia y específica de Euskal Herria, entendiendo como tal el ámbito territorial referido al conjunto de Álava, Bizkaia, Guipúzcoa, Lapurdi, Navarra (Baja y Alta) y Zuberoa.


Entendemos que el respeto mutuo entre las distintas Comunidades políticas es imprescindible para el ejercicio de la democracia y el único camino para establecer relaciones sólidas y fructíferas para el conjunto de los ciudadanos. La falta de reconocimiento de, la realidad institucional y política de la Comunidad Foral de Navarra y, en definitiva, la falta de respeto a la voluntad de su ciudadanía deben finalizar para fomentar las relaciones de buena vecindad que todos/as deseamos. Es por todo ello por lo que el Grupo Parlamentario Socialistas del Parlamento de Navarra, presenta para su debate y votación en el Pleno de la Cámara la siguiente moción:

El Parlamento de Navarra solicita al Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca que modifique su comportamiento hacia la Comunidad Foral de Navarra y respete la voluntad de su ciudadanía, que ha decidido formar parte de una Comunidad política propia y diferenciada, que quiere ser solidaria y comprometerse con el conjunto de la ciudadanía española en la búsqueda, ampliación y consolidación de la democracia, así como de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas."

A la vista de los distintos posicionamientos expresados por los socialistas en unos y otros foros, convendría aclarar las posturas, por lo que en UPN entendemos es bueno trasladar a esta cámara el debate de un asunto tan sensible en Navarra, como es el saber y conocer de los grupos representados en esta comisión, la valoración de un texto normativo que, proyecta en su contenido, una visión partidista y ficticia más allá de la realidad político-institucional que ampara y protege la constitución.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso, a instancia del Diputado de UPN, presenta la siguiente

Proposición no de Ley en Comisión:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Ratifique el contenido integro de la Moción citada del Parlamento Foral de Navarra, que fue aprobada

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con el voto favorable del Partido Socialista de Navarra, Unión del Pueblo Navarro y Convergència de Demócratas de Navarra.


2. A través de los mecanismos de garantía oportunos, impugne aquellas normas de desarrollo del Decreto que recoge el currículo para la educación básica en el País vasco, que no respeten por exceso el ámbito de aplicación autonómico vasco de la competencia de educación reservada a esa Comunidad

3. Garantice, a través de la Alta Inspección de Educación, el cumplimiento de la Ley y el respeto del citado Decreto a los límites de su ámbito de aplicación político-territorial, evitando la injerencia del contenido curricular respecto a la división político-administrativa amparada en la Constitución organizada en Comunidades Autónomas, y en especial, impidiendo que el mismo haga invisible, como si fuera un hecho constitucionalmente inexistente, la realidad político-institucional e histórica de la Comunidad Foral de Navarra."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Carlos Salvador Armendáriz, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Trabajo e Inmigración

161/000648

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunuya Verds presenta la siguiente Proposición no de ley sobre para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.


La Constitución española, en su artículo 41 compromete a los poderes públicos en el mantenimiento del régimen público de Seguridad Social para toda la ciudadanía.


Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el marco de sus competencias:

1. Vele por el mantenimiento de las competencias la titularidad pública y de los acuerdos u traspasos con las respectivas Comunidades Autónomas en los procesos de remodelación o cambios del modelo de gestión de centros y hospitales de la antigua red trasferida del INSALUD.


2. En el caso de cesiones o privatizaciones del mencionado patrimonio haga cumplir el acuerdo de traspasos firmado por la Tesorería de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma revirtiendo dichas instalaciones y servicios a manos públicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2008.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


161/000662

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la emisión de informes por las Asociaciones de Autónomos en relación con los proyectos de viabilidad de la actividad por cuenta propia de extranjeros, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

El día 29 de junio de 2007, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales -hoy Ministerio de Trabajo e Inmigración- y la Asociación de autónomos UPTA firmaron un Convenio sobre los informes a evacuar por ésta relativos al cumplimiento de determinados requisitos para la concesión de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia para extranjeros. El Convenio se fundamentaba en la Ley y el Reglamento de Extranjería, con el fin de que la asociación en cuestión ayudara a aquellos inmigrantes que desearan establecerse por cuenta propia en nuestro país.


El Convenio establece en su parte expositiva la referencia a la Instrucción dictada por la Dirección General de Inmigración con fecha 29 de junio de 2007 y remitida a las Delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y en la que se regula "la incorporación a los expedientes de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia de determinados informes que tendrán la consideración de medios de prueba del cumplimiento de los requisitos previstos por el Reglamento". Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 fue aprobado por el Real Decreto 2393/2004.


No obstante llama la atención que en un tema tan delicado como la concesión de una residencia temporal en nuestro país o la renovación de la misma y el establecimiento por cuenta propia de un extranjero, se firme un convenio con una asociación privada como es UPTA con el único fin de ayudar a presentar el proyecto de viabilidad de la actividad que desea implantar en nuestro país, privando de la misma facultad a otras asociaciones de autónomos que tiene la misma implantación que la asociación firmante, quebrantando desde esta forma un principio tan elemental como es el de la igualdad: permitir que todas las asociaciones tengan la posibilidad

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de asesorar, y ayudar a elaborar los proyectos de viabilidad para la actividad por cuenta propia.


Igualmente, la Administración mediante la firma de este Convenio con el representante de una sola asociación de autónomos está privando del derecho al inmigrante de acudir a aquella asociación que libremente considere que puede atender mejor sus expectativas de negocio a la hora de implantar su actividad por cuenta propia.


Por otra parte, en la cláusula segunda del Convenio en cuestión, se obliga a la asociación de autónomos UPTA a pronunciarse de forma concreta respecto de la viabilidad del proyecto que se desea acometer por parte del inmigrante. Se puede entender -siempre que se respete el derecho a que todas las asociaciones puedan emitir el referido informe- que se informe, asesore y ayude a redactar el proyecto de la actividad que se desea implantar, pero en ningún caso se puede admitir un pronunciamiento concreto sobre la viabilidad del proyecto a desarrollar ya que en todo caso esta facultad le corresponde a la Administración y nunca a un titular privado. La Administración debe ser quien acredite realmente la viabilidad del proyecto porque en caso contrario estaría haciendo dejación de la facultad de control que prevé la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Asimismo, la cláusula quinta del Convenio en cuestión que establece el seguimiento de los proyectos informados favorablemente y, por tanto, de supervivencia y buen funcionamiento, es absolutamente contraria a lo admisible ya que UPTA debe presentar ante la Administración del Estado un informe de seguimiento de los informes presentados especificando el sentido positivo o negativo del mismo. De forma que el Estado delega la facultad de control a una entidad privada. Nuevamente se estaría ante una actuación en contra de la Ley porque no ha existido esa delegación mediante una encomienda de gestión, máxime teniendo en cuenta que el informe positivo de los proyectos puede llevar consigo la concesión de créditos, microcréditos o acceso a entidades financieras tal y como establece el propio Convenio.


Igualmente, en el Convenio no se recoge la fórmula de financiación de la actividad para la que se faculta mediante trato de favor a la asociación UPTA por los servicios que se compromete a prestar a los inmigrantes que presenten proyectos para su evaluación y emisión de informe.


Este Grupo Parlamentario defiende que todas las asociaciones de autónomos que tengan suficiente implantación en el territorio nacional tengan la misma posibilidad que la Administración del gobierno socialista ha concedido a su asociación afín, la asociación de autónomos UPTA, para emitir el informe sobre el que se base la viabilidad de un proyecto de implantación de actividad de un trabajador extranjero por cuenta propia, y que se produzca la necesaria resolución administrativa motivada que se pronuncie sobre la misma y que se establezcan mecanismos transparentes para controlar el seguimiento de dichas resoluciones administrativas.


Así lo expresó el Ministro en el Congreso de los Diputados manifestando: "que se establece es una fórmula de colaboración con entidades públicas o privadas, que facilita precisamente a estos órganos la resolución de las solicitudes de autorización para residir y trabajar en España por cuenta propia. Y, en segundo lugar, esta forma de colaboración no tiene carácter exclusivo. El convenio de colaboración puede firmarse con cualquier entidad, pública o privada, que así lo desee, con el único requisito de que tenga reconocida solvencia y prestigio. En todo caso, tiene abierta una mesa de conversaciones con todas las organizaciones representativas de los autónomos para hablar de la colaboración y la cooperación."

Es por todo ello, que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a

1. Ampliar el Convenio de 29 de junio de 2007 firmado entre la Asociación de autónomos UPTA y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy Ministerio de Trabajo e inmigración a todas las Asociaciones de Autónomos que tengan la implantación territorial necesaria, o aquellas que lo soliciten al Ministerio de Trabajo e Inmigración para que todas ellas puedan asesorar y elaborar los informes de viabilidad de los proyectos de los autónomos extranjeros a que se refiere el art. 58 del Reglamento de la Ley de Extranjería.


2. Que el Ministerio de Trabajo e Inmigración resuelva motivadamente cada una de las solicitudes de los proyectos de actividad por cuenta propia que presenten los extranjeros en España ante los Registros de entrada sin que quepa delegación alguna sobre este extremo y que establezca los controles pertinentes de seguimiento de los mismos para validar el cumplimiento de la legalidad vigente que incide en la concesión y renovación de permisos de residencia temporal en nuestro país."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2008.-Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000704

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposicion no de Ley para la mejora de la protección a las personas desocupadas, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.


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Vivimos una crisis global que tiene efectos en las economías locales. En el caso español debemos añadirle elementos endógenos que han empeorado todavía más nuestra situación económica y social.


La riqueza no se ha distribuido adecuadamente, los desequilibrios que se manifiestan después de años de expansión no pueden relativizarse: inversión sesgada hacia la construcción, creación de empleo de baja calidad, sostenimiento del diferencial de inflación con la UE, elevado endeudamiento privado, o incumplimiento de los compromisos medioambientales. Después de más de trece años de crecimiento sostenido cerca de 11 millones de asalariados son mileuristas, los salarios han perdido participación en la Renta Nacional y apenas han logrado mantener su poder adquisitivo, la elevada temporalidad en el empleo puede provocar que muchos desempleados no accedan con garantías a la protección por desempleo, y no se ha avanzado suficientemente en protección social ni cerrado la brecha que nos separa de los países más avanzados de la UE, .


De manera particular, no podemos olvidar que si bien nuestro mercado de trabajo ha creado empleo con intensidad en el ciclo expansivo, buena parte de él lo es de baja calidad, muy precario y, por tanto, muy frágil ante el cambio de ciclo. Cuatro millones de personas de nacionalidad extranjera han aumentado la población de nuestro país integrándose en los más bajos niveles de renta pero, en paralelo, los niveles per capita de gasto público en educación, sanidad o servicios sociales no han crecido como para fortalecer la cohesión social.


Los datos del paro son muy preocupantes, después de un período de crecimiento que tuvo un efecto positivo en el mercado de trabajo que permitió absorber gran parte del paro preexistente, ahora se pone de manifiesto que el estancamiento en el crecimiento económico y el incremento de la desocupación están afectando a todos los grupos de trabajadores y trabajadoras en todas las actividades económicas alcanzando la cifra de tres millones de parados y paradas en el conjunto del Estado Español. La crisis también va a poner a prueba nuestro Estado social y los mecanismos de cohesión.


Atendiendo al registro del INEM, el año 2008 se ha cerrado con 3.128.963 desempleados, tras aumentar en casi un millón de personas en el año, un aumento del 47 por ciento con relación a 2007. Dramáticos datos que nos sitúan a la cabeza de la Unión Europea en aumento del desempleo.


En Cataluña el paro también continúa aumentando de forma considerable. En el mes de diciembre de 2008 se ha llegado a la cifra de 423.232 personas paradas, esto supone un incremento interanual de aproximadamente el 60 por ciento. Las personas inmigrantes representan el 20 por ciento de la población parada en Cataluña y por sexo los hombres suponen el 52,6 por ciento del total de parados y las mujeres el 47,4 por ciento.


Cataluña es la segunda Comunidad Autónoma donde más ha crecido el paro en el mes de diciembre, centrándose fundamentalmente en el sector de la construcción con un incremento del 128 por ciento, aunque también se ve afectado el sector servicios y la industria.


Por eso es por lo que es necesario que las administraciones públicas sitúen como eje prioritario de su actuación la gestión de la crisis orientada tanto al cambio de modelo productivo como a la articulación de una serie de medidas específicas dirigidas a paliar la desprotección social de los trabajadores.


Entre enero y octubre de 2008, se autorizaron en nuestro país más de 3.000 expedientes de regulación de empleo, que afectaron a 67.567 personas. En Cataluña, a lo largo del 2008 se han registrado un total de 403 expedientes de regulación de empleo, de éstos un 27 por ciento (107 EREs) son de suspensión del contrato de trabajo. Ello implica un grave perjuicio económico para los trabajadores afectados en caso que agoten total o parcialmente su derecho a paro y se vean abocados a situaciones críticas de pérdida de poder adquisitivo.


Una de las líneas que desde los sindicatos CCOO y UGT se viene reclamando con carácter urgente y de manera paliativa es mayor protección a los afectados por ERE temporales, concretamente que no consuman durante este período el tiempo de prestación por desempleo, denominado contador a cero. La segunda propuesta, se centra en la discriminación fiscal de las rendas salariales que provienen de expedientes de regulación de empleo.
En este sentido, es necesario revisar su tributación fiscal en el IRPF.


El incremento del paro provocará situaciones de necesldad entre las capas más bajas de la población afectada, por ello es necesario que el Gobierno actúe de manera rápida y urgente adoptando medidas paliativas que sirvan para aligerar las situaciones de vulnerabilidad a las que se exponen los trabajadores.


Es por todo lo expuesto que se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a realizar las modificaciones legales oportunas para que:

1. Se excluya el período de prestación por desempleo, como período consumido, cuando la situación se haya producido por un expediente de regulación de empleo temporal.


2. Se consideren exentas a afectos de tributación en el IRPF las indemnizaciones y las rentas salariales provenientes de despidos colectivos o individuales siempre y cuando no superen el límite establecido como despido improcedente en el Estatuto de los Trabajadores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunuya Verds.


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161/000714

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a necesidad de aplicar el régimen especial del mar de la Seguridad Social a los pescadores de río para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La actividad pesquera en el río Miño, desde el ayuntamiento de Arbo hasta A Guardia, ya en la desembocadura, engendra una riqueza económica que da empleo a más de 350 pescadores.


Los pescadores de río, como los que ejercen su actividad en el Miño, deben contar con todos lo requisitos que corresponden a la actividad de la pesca, tanto en lo relacionado con las correspondientes licencias, como en lo que respecta a la normativa a la que tienen que ajustarse sus embarcaciones

Estos requisitos asemejan las condiciones reglamentarias de los pescadores de río con las propias de los pescadores de mar. Sin embargo, no gozan de los mismos beneficios del Régimen de Seguridad Social ya que los pescadores de río están encuadrados en el Régimen de Autónomos.


Es una vieja reivindicación de este colectivo dedicado a la pesca de río, el poder acogerse a las condiciones que se contemplan en el Régimen Especial del Mar, especialmente si se tiene en cuenta que, además de las similitudes antes apuntadas, también padecen las situaciones de penosidad, peligrosidad, y problemas de salud derivadas de las condiciones en las que realizan su actividad.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Estudiar la incorporación de los pescadores de río al Régimen Especial del Mar, dadas las similitudes de su actividad y de sus condiciones de trabajo con las de los pescadores de mar.


- Contemplar esta demanda en los debates relativos a la modificación del Pacto de Toledo para poder considerarlos en los acuerdos que finalmente se alcancen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2009.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Industria, Turismo y Comercio

161/000659

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la cualificación del municipio de Guardiola de Berguedà en los programas de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras.


Antecedentes

Guardiola de Berguedà, municipio de la provincia de Barcelona, es un núcleo de gran tradición minera, en el que se han venido desarrollando desde finales del siglo XIX actividades y explotaciones mineras de carbón y otras materias. En el territorio del municipio se llegaron a explotar 18 instalaciones, a pesar de que existieron muchas otras, de carácter familiar, cuya explotación era exclusivamente en interés particular.


La actividad minera conllevó la llegada del ferrocarril en el año 1904, como medio de transporte de carbón, que no hubiera sido posible de otro modo. Asimismo, en año 1910, y con objeto de electrificar las explotaciones mineras de "Carbones de Berga, S.A.", empresa que operaba en el municipio, se construyó la Central Hidroeléctrica del Collet.


De entre las explotaciones de carbón más destacables, en la de la zona del Collet trabajan en el año 1956: 481 personas, contaba con más de siete kilómetros de galerías y se extraían unas 95.000 TM anuales de carbón.
Diez años más tarde, en 1966, se extraían 117.000 TM.


En la actualidad, únicamente opera en municipio la mina llamada Horadada inferior de la Torre de Foix, dedicada a la extracción de piedra. Con el cierre de la gran mayoría de minas, la economía del municipio se resintió de forma evidente.


El Plan Nacional de reserva estratégica de carbón 2006-2012 y Nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, aprobado por el Consejo de Ministros, en su reunión del día 31 de marzo de 2006, incluye una serie de medidas destinadas a la reactivación de las comarcas mineras afectadas por la reordenación de la minería del carbón, con líneas de ayudas al desarrollo de infraestructuras, apoyo a los proyectos de inversión empresarial y de formación y becas.


Asimismo, se prevé el alcance territorial medidas, disponiendo tres categorías de municipios mineros: municipios muy afectados por la minería del carbón, municipios afectados por la minería del carbón limítrofes a los anteriores, y resto de municipios afectados. El Anexo VI del Plan relaciona los municipios incluidos

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en cada una de las categorías, sobre las que se gradúa, por ejemplo, el montante de las subvenciones al apoyo a proyectos de inversión empresarial, o el acceso a las ayudas al desarrollo de las infraestructuras.


En el caso de Guardiola de Berguedà, se incluye en la segunda de ellas, como municipio limítrofe a municipio declarado muy afectado por la minería del carbón. A la vista de los datos reseñados, esta clasificación no puede considerarse correcta, dada la evidente tradición minera de la población en el pasado y la profunda afectación que supuso y supone para la economía local la pérdida de la actividad minera.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la calificación del municipio de Guardiola de Berguedà en el Plan Nacional de reserva estratégica de carbón 2006-2012 y Nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, clasificándolo como municipio muy afectado por la minería del carbón, en el Grupo 1 del Anexo VI del mismo, dando las oportunas instrucciones al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

161/000684

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente, Proposición no de Ley relativa a las necesidades de alimentación eléctrica en Alta Tensión de la linea de alta velocidad entre Lubián-Ourense para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.


Exposición de motivos

La conexión ferroviaria de Galicia con Madrid en alta velocidad se encuentra muy retrasada.


Si se hubieran cumplido los plazos comprometidos en el Congreso de los Diputados -con la aprobación unánime el 22 de junio de 2004 de una Moción a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular- Galicia tendría que estar comunicada con Madrid por ferrocarril de alta velocidad en el año 2009.


Pero la triste realidad es que este plazo no se cumplirá ya que las obras no han sido licitadas -a fecha de redacción de esta iniciativa- y la puesta en servicio de esa conexión tiene lamentablemente muchas posibilidades de acercarse al horizonte final del PEIT, es decir al año 2020.


El retraso más acusado lo encontramos en las obras del decisivo tramo que va desde la zamorana localidad de Lubían hasta Ourense -de 104 Km y con 53 túneles y 35 viaductos- que no comenzarán hasta mediados de 2009.


Y entre las causas de esa demora que afectará a la puesta en servicio debemos citar la ausencia de una planificación de la alimentación en alta tensión de esta línea.


La electrificación de una línea férrea de Alta Velocidad de doble vía se realiza en España mediante hilo de contacto de 2 x 25 Kv 50 Hz, en corriente alterna.


La línea debe alimentarse, desde la red de Alta Tensión (responsabilidad de Red Electrica de España S.A.) en tensiones de 220 Kv ó 400 Kv.


Las subestaciones, junto con sus centros de auto transformación, tienen como función la alimentación eléctrica a la linea aérea de contacto (catenaria), que a su vez alimenta a los trenes y a las instalaciones ferroviarias de señalización y comunicaciones.


Las subestaciones están diseñadas para abastecer de energía eléctrica los trenes para una velocidad de circulación máxima de 350 km/h, aunque el tramo Lubián-Ourense no tiene velocidad de diseño superior a los 240 km/hora. Cada una de las subestaciones de tracción se conecta a 400 kV, con acometidas trifásicas, desde subestaciones de REE próximas o adyacentes.


El número de subestaciones depende de la longitud de la línea ferroviaria (normalmente una por cada 40 a 70 kilómetros), y desde éstas se alimenta la línea eléctrica mediante los llamados Centros de auto-transformación (CTs), ubicados cada 8 a 12 kilómetros, para así evitar fuertes caídas de tensión en sus extremos.


Para la proyectada línea de Alta Velocidad entre Lubián y Ourense (104 kilómetros), los expertos estiman necesarias 2 Subestaciones y alrededor de unos 8 / 10 CTs.


La ubicación ideal de cada Subestación debería estar en las proximidades de la mitad del tramo al cual va a dar servicio, por lo que en la citada línea se situarán aproximadamente, una entre Ourense y Laza (Baños de Molgas-Vilar de Barrio) y la otra entre Laza y Lubián (Vilariño de Censo-A Gudiña).


Pues bien, la que se ubicaría en las inmediaciones de Baños de Molgas no dispone de línea de alta tensión de 400 Kv, ni de 220 Kv, estando la subestación más próxima en "Cartelle", a unos 33 km.


La que se ubicaría en las inmediaciones de A Gudiña, dispone de una línea de 220m Kv, pero carece de subestación en la zona y debería conocerse si tiene capacidad disponible para alimentar el AVE, lo cual no parece probable dado que REDESA tiene planificada, y pendiente de aprobación, una nueva línea de 400 Kv para unir las subestaciones de "Trives" (Ourense) y la de "Aparecida" (Zamora).


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De los datos de los que disponemos resulta que la planificación de la Red Eléctrica Nacional no contempla hasta el momento, las líneas y subestaciones de AT que serán específicamente necesarias para alimentar a la futura línea e Alta Velocidad que está previsto construir entre Lubián y Ourense.


Es una realidad que el proceso de construcción de una Red de Alimentación ex novo (Líneas, Subestaciones y Centros de Transformación) para dar servicio a una línea de alta velocidad es muy complejo ya que requiere un proceso de Estudio informativo, Información Pública, DIA, Expropiaciones, Proyecto y Obra, como si de una carretera o línea de AV se tratase.


Así valga corno ejemplo que la tramitación ambiental de la línea Trives-Aparecida, que forma parte del eje de 400 kilovoltios de interconexión de Galicia con la Meseta, empezó hace tres años y todavía hoy continúa.


Es imprescindible tomar conciencia de que para acelerar la tan ansiada llegada de la alta velocidad a Galicia es también necesario impulsar y simplificar la tramitación administrativa de esta nueva línea de alimentación eléctrica de Alta Tensión, sin renunciar obviamente a la observancia de la normativa medioambiental.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y agilizar la construcción de las líneas, subestaciones y centros de transformación de Alta Tensión necesarias para la alimentación de la futura línea de alta velocidad que se construirá entre Lubian y Ourense."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 2008.-Celso Delgado Arce y Jesús Vázquez Abad, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000698

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la presente Proposición no de Ley, relativa a la creación de un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Liderazgo compartido para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.


Exposición de motivos

El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 es fruto del consenso y la participación de distintas instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector turístico. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular hace suyas las propuestas ahí consensuadas, reforzando esta medida el pacto de Estado que el Partido Popular ofreció al Gobierno de la Nación y a todas las fuerzas políticas del arco Parlamentario.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el plazo de seis meses remitirá al Congreso de los Diputados un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Liderazgo compartido para impulsar un nuevo liderazgo compartido del sistema turístico español que, desde los principios de eficiencia y corresponsabilidad en el desarrollo de acciones comunes, ayude al fortalecimiento de la conciencia de los beneficios socioeconómicos del desarrollo sostenible de la actividad turística para el sector y para la sociedad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2009.-María Salom Coll, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000699

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la presente Proposición no de Ley, relativa a la creación de un Plan específico que desarrolle, caleudarice y presupueste íntegramente el Eje Entorno Competitivo para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y comercio.


Exposición de motivos

El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 es fruto del consenso y la participación de distintas instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector turístico. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular hace suyas las propuestas ahí consensuadas, reforzando esta medida el pacto de Estado que el Partido Popular ofreció al Gobierno de la Nación y a todas las fuerzas políticas del arco Parlamentario.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el plazo de seis meses remitirá al Congreso de los Diputados

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un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Entorno competitivo para crear el entorno óptimo para la creación y desarrollo de negocios turísticos competitivos e innovadores. Promover un marco normativo que optimice la competitividad del sistema turístico español, favorezca la iniciativa empresarial y la innovación y simplifique los procesos administrativos que afectan a la toma de decisiones empresariales, aumentar la función directora del turismo, la cooperación intra e inter administrativa y la participación privada en la definición y ejecución de políticas públicas que afectan al turismo, impulsar planes sectoriales de competitividad que mejoren la eficiencia y eficacia de los negocios mediante alianzas, entornos de colaboración y plataformas de gestión empresariales y facilitar el acceso, la movilidad y las comunicaciones de los clientes, revalorizando turísticamente las infraestructuras de transporte, tecnologías y servicios serán sus principales objetivos enmarcados dentro de este Eje en el Plan de Turismo 2020."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2009.-María Salom Coll, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000700

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la presente Proposición no de Ley, relativa a la creación de un Plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Sostenibilidad para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y comercio.


Exposición de motivos

El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 es fruto del consenso y la participación de distintas instituciones publicas y privadas relacionadas con el sector turístico. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular hace suyas las propuestas ahí consensuadas, reforzando esta medida el pacto de Estado que el Partido Popular ofreció al Gobierno de la Nación y a todas las fuerzas políticas del arco Parlamentario.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el plazo de seis meses remitirá al Congreso de los Diputados un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Sostenibilidad del modelo para mejorar la sostenibilidad del modelo turístico español, optimizando los beneficios por unidad de capacidad de carga sostenible y de inversión, garantizando la calidad del entorno natural y cultural de cada lugar, la integración y bienestar social y el reequilibrio socio-territorial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2009.-María Salom Coll, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000701

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la presente Proposición no de I.ey, sobre la creación de un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Valor Cliente para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y comercio.


Exposición de motivos

El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 es fruto del consenso y la participación de distintas instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector turístico. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular hace suyas las propuestas ahí consensuadas, reforzando esta medida el pacto de Estado que el Partido Popular ofreció al Gobierno de la Nación y a todas las fuerzas políticas del arco Parlamentario.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el plazo de seis meses remitirá al Congreso de los Diputados un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Valor Cliente contemplado en el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 con el mejorar el valor ofrecido al cliente con experiencias turísticas que diferencien y potencien la personalidad y el posicionamiento de España como destino turístico, convirtiendo la gestión de la relación con el cliente y su satisfacción en el nuevo paradigma para el desarrollo, comercialización y gestión de los productos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2009.-María Salom Coll, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/000702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentado Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la presente Proposición no de Ley, relativa a la creación un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Nueva Economía Turística para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.


Exposición de motivos

El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 es fruto del consenso y la participación de distintas instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector turístico. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular hace suyas las propuestas ahí consensuadas, reforzando esta medida el pacto de Estado que el Partido Popular ofreció al Gobierno de la Nación y a todas las fuerzas políticas del arco Parlamentario.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el plazo de seis meses remitirá al Congreso de los Diputados un plan específico que desarrolle, calendarice y presupueste íntegramente el Eje Nueva Economía Turística contemplado en el Plan del Turismo Español Horizonte 2020 con el objeto específico de desarrollar plenamente para el sistema turístico español las ventajas diferenciales derivadas de una nueva economía en la que la innovación, el conocimiento y la captación y desarrollo del talento sean los activos estratégicos clave para la satisfacción del cliente y el éxito del negocio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2009.-María Salom Coll, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000710

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, en relación con el actual trazado del eje de máxima capacidad que conecta la generación eléctrica del Noroeste de España con Madrid, a su paso por el municipio de La Seca (Valladolid), para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La conexión Tordesillas-Galapagar en 400 kV, es decir, el nuevo eje de máxima capacidad que conecta la generación eléctrica del Noroeste de España con Madrid, debería estar en servicio desde el año 2006, tal como se aprobó en la planificación 2002-2011 de los sectores de transporte de electricidad y gas. Pese a ser la responsable del retraso, la compañía Red Eléctrica de España ha reconocido la urgente necesidad de esta línea, y ha justificado en este retraso las restricciones de conexión que viene aplicando en los últimos meses a diversos generadores eólicos de la Comunidad de Castilla y León.


Reconociendo la necesidad de esta línea, debe destacarse la falta de sensibilidad y capacidad de negociar alternativas con los diversos ayuntamientos de la provincia de Segovia y Valladolid sobre todo con el Ayuntamiento de La Seca (Valladolid) por parte de REE. Esto ha provocado precisamente una de las causas más graves del retraso en la ejecución, ya que ante la incapacidad de lograr el acuerdo con el Municipio, la Declaración de Utilidad Pública ha tenido que pasar por Consejo de Ministros.


Ya en 2007, desde la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León se remitió escrito a REE para que, en las circunstancias existentes de haber sido imposible alcanzar un acuerdo en el término municipal de La Seca, al menos se tuviese una sensibilidad máxima durante el replanteo de la obra, y se atendiesen las indicaciones del Consejo Regulador de Rueda, dado el daño que se producía en grandes extensiones de viñedos de esa localidad.


Ante tal situación el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que:

1. Dada la enorme insatisfacción generada en la zona por la nula capacidad negociadora de la empresa, se insta al Gobierno de la Nación a ordenar a REE el estudio y posterior inclusión en la Planificación de la Red de Transporte de un recorrido alternativo al actual, que goce del acuerdo del Ayuntamiento de La Seca, y que permita el desmantelamiento del trazado objeto de polémica que se está ejecutando actualmente o al menos su soterramiento en todo el trazado que afecte a los viñedos del Término Municipal de la Seca.


2. Ordene a REE el planteamiento de unas compensaciones económicas adecuadas al Municipio de La Seca, en los límites máximos que hayan sido abonados,

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por parte de la empresa transportista, en situaciones análogas.


3. Establezca compensaciones económicas a los Ayuntamientos afectados por el trazado en las provincias de Valladolid y Segovia que mejoren el impacto medioambiental que supone la instalación de una línea de esas características."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000715

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de cuanto establecen los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley, relativa la Conservación y restauración del Cargadero de mineral "El Alquife" de Almería, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.


Exposición de motivos

Tal y como recoge la normativa vigente en la actualidad, "el artículo 68.1 de la Ley16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dispone que en el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente, al menos, al uno por cien de los fondos que sean de aportacion estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno". De esta manera, entre estos trabajos han de señalarse los consistentes en la conservación, restauración, rehabilitación y la consolidación de bienes de interés cultural.


El Cargadero de mineral "El Alquife" de Almería, popularmente conocido como "El Cable Inglés", está declarado como bien de interés cultural por el Decreto 166/1998, de 28 de julio, por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría de monumento, el cargadero de mineral denominado "El Alquife" sito en la playa de las Almadrabillas, Almería, del Presidente de la Junta de Andalucía.


Este mismo Decreto señala que "el antiguo cargadero "El Alquife" es una obra civil singular de gran valor técnico e histórico". En efecto, este monumento "es una obra de ingeniería, concebida para utilizarla como medio de transporte, almacenaje y embarque del mineral procedentes de las minas de hierro de Alquife (Granada) por vía marítima. Esta estructura, diseñada como un muelle de agua profunda, permitía el arranque de buques de gran tonelaje, un sistema de almacenaje mineral, que al encontrarse a gran altura, posibilita la descarga por la acción de la gravedad".


En la actualidad, el estado de conservación de este monumento es deficiente, ya que algunas partes y elementos de su estructura están manifiestamente deteriorados.


Por las razones expuestas, el Grupo Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"E1 Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con la Administración Autonómica Andaluza, la elaboración de un proyecto destinado a conservar y restaurar el Cargadero de mineral "El Alquife" de Almería, popularmente conocido como "El Cable Inglés" a cargo de los fondos del 1% cultural que se constituyen con el 1% de la inversión en obra pública del Ministerio de Fomento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2009.-Carmen Navarro Cruz, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000716

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de cuanto establecen los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley, relativa a la creación de Centro de Referencia Nacional de Industrias Extractivas especializado en la Extracción de la Piedra Natural y en la Elaboración de la Piedra Natural, en la comarca almeriense del Almanzora, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.


Exposición de motivos

Tal y como señala el Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional, los Centros de Referencia Nacional están concebidos para realizar acciones de innovación e experimentación en materia de formación profesional. Dichos centros están especializados en los diferentes sectores productivos, a través de las distintas familias profesionales, y han de servir de referencia, a nivel estatal, en el ámbito de la familia profesional asignada al conjunto del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional y a los distintos sectores productivos. Asimismo, estos centros pueden incluir acciones formativas dirigidas a estudiantes, trabajadores

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ocupados y desempleados, así como a empresarios, formadores y profesores, relacionadas con la innovación y la experimentación en formación profesional, vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. A través de su articulado, pues, dicho Real Decreto 229/2008 recoge aquellos aspectos referentes a los fines, funciones, creación, calificación, titularidad, condiciones, funcionamiento, financiación y organización de los Centros de Referencia Nacional.


A fin de observar la evolución y las necesidades de cualificación del sistema productivo del mármol y piedra natural, y contribuir a la actualización y desarrollo de la formacion profesional para adaptarla a dichas necesidades; al objeto de aplicar y experimentar proyectos de innovación en materia de formación profesional en lo referido a la impartición de acciones formativas, información y orientación profesional, evaluación y acreditación de competencias profesionales y otras con valor para el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional; con el objetivo de servir de enlace entre las instituciones de formación e innovación y los sectores productivos, promoviendo la comunicación y difusión del conocimiento en el ámbito de la formación profesional; y para para proporcionar al Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional la información que requiera para su funcionamiento y mejora, es necesario crear un Centro de Referencia Nacional de Industrias Extractivas especializado en la Extracción de la Piedra Natural y en la Elaboración de la Piedra Natural.


La extracción de mármol y piedra natural, así como su elaboración y distribución, constituyen un pilar fundamental para la economía y el empleo en la comarca almeriense del Almanzora. Por esta razón, es oportuno que se cree dicho Centro de Referencia Nacional de Industrias Extractivas especializado en la Extracción de la Piedra Natural y en la Elaboración de la Piedra Natural en la comarca almeriense del Almanzora.


Por las razones expuestas, el Grupo Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un procedimiento destinado a estudiar la viabilidad y conveniencia de crear en la comarca almeriense del Almanzora, a través de un convenio de colaboración con la Administración Autonómica Andaluza, un Centro de Referencia Nacional de Industrias Extractivas especializado en la extracción de la Piedra Natural y en la Elaboración de la Piedra Natural."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2009.-Carmen Navarro Cruz, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

161/000656

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Popular me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para comenzar los trabajos de finalización del Paseo Marítimo de Poniente de la ciudad de Málaga.


Exposición de motivos

El Ayuntamiento de Málaga llegó a un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente hace doce años para acometer la finalización del Paseo Marítimo de Poniente de esta ciudad, resolviendo no sólo una situación urbanística, sino de degradación social y sanitaria de esa zona.


Como fruto de esos acuerdos, en el año 2002 la Dirección General de Costas terminó las obras del tramo de Paseo comprendido entre el contradique del Puerto de Málaga y la esquina de la calle Almonte. En el año 2004, la Junta de Gobierno Local de Málaga inició los trámites para la expropiación de los terrenos de una segunda fase de dicho Paseo Marítimo, de 418 metros lineales de longitud, entre la esquina de la calle Pacífico y el espigón de la antigua Central Térmica.


Esta decisión se tomó de acuerdo a un proyecto constructivo de la Dirección General de Costas, con un trazado que fue posteriormente modificado por ésta en julio de 2005, por lo que Ayuntamiento recomenzó las actuaciones de expropiación, que finalmente concluyeron en abril de 2006, nueve meses después.


Las obras de dicha segunda fase, con una inversión de 2,4 millones de euros y un plazo previsto de cinco meses, no han comenzado finalmente hasta este mes de noviembre de 2008. Cuando esas obras terminen, quedarán pendientes de ejecutar las obras del tercer tramo del Paseo Marítimo de Poniente de Málaga, entre el espigón de la Térmica y Guadalmar, de aproximadamente 2.000 metros lineales.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino inicie con carácter inmediato los trabajos y proyectos del tercer tramo del Paseo Marítimo de

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Poniente de Málaga, entre el espigón de la Térmica y Guadalmar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2008.-Celia Villalobos Talero, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000660

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el sector lácteo, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.


Exposición de motivos

El sector lácteo se encuentra ante un nuevo escenario como consecuencia del llamado "chequeo médico" de la Política Agraria Común que conlleva el compromiso del mantenimiento de unos programas de ayudas directas para los agricultores y ganaderos españoles y la necesidad de prepararse para la futura desaparición de las cuotas lácteas.


La actividad del sector lácteo es fundamental para la economía agraria, especialmente en Galicia que produce el 37 por ciento (2007) de la leche que se produce en España, e imprescindible para que se mantenga en el medio rural población suficiente para la sostenibilidad del mismo.


En Galicia el valor de la producción de leche a precios básicos representa un 30,45 por ciento respecto a la producción final agraria lo que pone en evidencia la importancia de este sector en el conjunto de la actividad agraria.


Dadas las dificultades por las que está pasando el sector lácteo, muchas empresas (granjas) se vieron obligadas a cerrar y otras están a punto de hacerlo, sería conveniente un programa mediante el cual los ganaderos que cesan tuvieran posibilidad de ver compensada parte de su inversión (cuota) y potenciales nuevos ganaderos pudieran acceder a dicha cuota y utilizar terrenos que de otra forma se abandonarían.


El precio de la leche pagado a los productores, en concreto en Galicia, pasó de 45,87 ?/100 litros en diciembre de 2007 (44,98 enero 2008) a 34,73 ?/100 litros en septiembre de 2008. A pesar del continuo incremento de precios de los productos lácteos para el consumidor y del incremento de los costes de producción: Incremento de fertilizantes 70 por ciento, de energía 25 por ciento y de piensos 19 por ciento,

La producción de leche en España entre 2005 y 2007 descendió un 3,32 por ciento pasando de 6.552,7 (000 Tn) a 6.335,3.


En España consumimos más que producimos, y tenemos la posibilidad de producir, más por tener Reserva Nacional sin repartir.


Los productos lácteos españoles y especialmente" los gallegos, tienen reconocida su calidad pero no es posible que los consumidores conozcan el origen de los productos que compran y sus características.


Las relaciones de los productores y las empresas comercializadoras no son equilibradas, en este sentido se produjo un pequeño avance con los contratos homologados, que ni están suficientemente implantados ni representan la garantía que tendrían que suponer como cualquier contrato.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Apoyar, impulsar y reforzar el' funcionamiento efectivo de la Interprofesional Láctea para que:

- Promueva y garantice, en la medida de lo posible, el posterior cumplimiento de contratos homologados.


- Se publiquen los datos de importación de leche por las diferentes industrias lácteas.


- Elabore campañas de promoción de consumo de derivados lácteos.


2. Elaborar, en el plazo de 3 meses un Plan Estratégico para el Sector Lácteo, que aproveche las posibilidades del artículo 68 de la PAC (antes 69) y las posibilidades que permite la inclusión del sector lechero entre los "nuevos retos" que prepare al sector para la futura desaparición de la cuota láctea. El Plan entre otras medidas contendrá:

- Priorizar la incorporación de jóvenes al sector.


- Reparto de la cuota de la Reserva Nacional con preferencia para las explotaciones prioritarias.


3. Promover el establecimiento de distintivos de calidad:

Denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida, leche ecológica, u otras protecciones de calidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.-Margarita Pérez Herraiz, Diputada.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/000676

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposicion no de Ley, relativa a necesidad de habilitar ayudas para los trabajadores del mar y armadores obligados a realizar un amarre forzoso de tres meses de duración, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La Comisión Europea aprobó en julio de 2008 una serie de medidas destinadas a hacer frente a la crisis producida por el ascenso de los precios de los combustibles en el sector pesquero. En el reglamento de las medidas aprobadas no se contempla que las paralizaciones temporales subvencionadas de hasta tres meses de duración tuviesen que ser obligatorias.


Sin embargo, el Gobierno español ha optado por una línea política más restrictiva, aprobando la Orden ARM/3423/2008, de 27 de noviembre, por la que se fija para 2008 y 2009 un cese temporal de la actividad pesquera de los buques que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste. De este modo se obliga a la flota del Gran Sol a realizar amarres temporales de tres meses de duración y en el periodo comprendido entre el 1 de agosto del año 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009.


Además, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural extendió dicha medida a los buques que capturan merluza y cigala en la costa Cantábrica y del Atlántico peninsular. El decreto fue publicado el miércoles 3 de diciembre en el BOE y en este caso, afecta a 165 barcos gallegos de la modalidad de arrastre de fondo, palangre de fondo y volanta que faenan en la costa Cantábrica y Atlántica.


En la sesión plenaria del 17 de diciembre, esta diputada formulaba pregunta oral a la Ministra sobre la decisión del Ministerio de optar por una política más restrictiva de la marcada por las normas europeas, obligando a amarres forzosos a las flotas mencionadas. En ese debate, el BNG le interpelaba por el futuro de miles de trabajadores del mar de las flotas afectadas debido a la preocupación de los marineros de no poder acceder a unas ayudas que, en principio, sólo estaban destinadas a los armadores.


Sin embargo, la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, respondía que "el Fondo Europeo de Pesca posibilita financiar ayudas a los pescadores y armadores por la paralización temporal de sus actividades".


Pues bien, partiendo de la afirmación de la Ministra, y dado el interés que suscita este tema entre los trabajadores del mar, sería importante que el Ministerio concretase cómo se van a arbitrar dichas ayudas, máxime si tenemos en cuenta que la Orden ARM/3423/2008, de 27 de noviembre, no concreta nada al respecto. Se limita únicamente a señalar que el cese temporal de actividad regulado en esta orden "podrá ser objeto de un régimen de ayudas con financiación a cargo de fondos públicos del Fondo Europeo de la Pesca o nacionales, a tenor del artículo 6 del Reglamento (CE) n.° 744/2008 del Consejo, de 24 de julio de 2008".


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Aprobar las ayudas económicas a armadores y trabajadores del mar afectados por la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de realizar amarres forzosos de tres meses de duración, unas ayudas que cuentan con el amparo de las normativas comunitarias.


- Proceder al pago de dichas ayudas en los periodos en los que se realizan los paros a fin de facilitar un sustento económico a los afectados.


- Concretar, con suficiente tiempo de antelación, los mecanismos a seguir para poder recibir dichas compensaciones económicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2008.-María Olaia Fernández Davila, Diputada.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


161/000685

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley a fin de dotar de un fondo extraordinario para la reparación de los daños producidos por el temporal de levante en los municipios costeros, para su debate en Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.


Exposición de motivos

El litoral de las provincias de Barcelona y Girona ha padecido los días 26 y 27 de diciembre del 2008, el peor temporal de levante que se recuerda en muchos años. Como consecuencia de este suceso, buena parte de la costa catalana ha sufrido importantes desperfectos. Playas arrasadas y engullidas por el mar, paseos marítimos destrozados, mobiliario urbano desaparecido o seriamente dañado, embarcaciones destruidas...


Por citar algunos de los ejemplos más notorios, en Blanes, las olas se llevaron parte del paseo marítimo y dañaron el espigón. El puerto y la cofradía de pescadores de

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Llançà presentan innumerables daños. En Portbou, el fuerte oleaje rompió el pantalán y hundió tres embarcaciones. En l'Escala, sesenta metros del paseo marítimo también han sido dañados. En Tossa de Mar y Lloret de Mar, también desaparecieron debajo del agua y la arena sus respectivos paseos marítimos. En muchas otras localidades de la comarca del Maresme los incidentes padecidos son similares, y en la ciudad de Barcelona las playas de Barceloneta Ponent, Llevant i Nova Marbella también se han visto gravemente afectadas, juntamente con diferentes infraestructuras portuarias. El paisaje de buena parte del litoral catalán es pues, a día de hoy desolador.


Por todo ello, y pasado el temporal, es preciso realizar con celeridad las debidas valoraciones e inventarios de los daños causados de manera coordinada con los ayuntamientos implicados, para posteriormente proceder cuanto antes a la reparación de todo lo destruido.


Ello es esencial pues los municipios costeros son un polo de atracción de una de las fuentes de riqueza más importantes del Estado Español, el turismo. La rápida reconstrucción de todo aquello que el mar se ha llevado se hace imprescindible. Se debe de garantizar que la próxima temporada turística que empieza en Semana Santa, pueda iniciarse con todas las infraestructuras necesarias disponibles, más si tiene en consideración el actual contexto de crisis económica en el que nos encontramos.


Por ello debería de dotarse a través de una línea extraordinaria de financiación a los municipios que han sufrido las inclemencias meteorológicas. Esta línea de financiación que debería de ir dirigida exclusivamente a dichos municipios, ha de ser totalmente independiente al recién aprobado Fondo de Inversión Municipal dotado con 8.000 millones de euros para obras de nueva planificación y ejecución inmediata.


Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de forma inmediata y urgente, a:

1. Evaluar de manera coordinada con los municipios afectados, los daños padecidos como consecuencia del temporal de levante, y realizar un inventario detallado de las actuaciones necesarias para proceder a su inmediata reparación.


2. Dotar un fondo extraordinario de financiación para que dichos municipios reciban, mediante transferencia de capital, el importe necesario para proceder a la rápida reconstrucción de todo aquello que se haya dañado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de enero de 2009.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comisión de Administraciones Públicas

161/000670

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley, relativa a los Convenios de colaboración que realiza la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de esta con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

Los convenios de colaboración que celebra la Administración General del Estado con personas físicas o jurídicas, a diferencia de los realizados por las Comunidades Autónomas que disponen, por regla general, de un amplio abanico de normas que regulan con amplitud la figura del convenio, en la mayoría de los casos, carecen de una normativa de carácter general que se ocupe de estos; en particular, sobre aquellas materias que se refieren al concepto del convenio, contenido, registros o aspectos procedimentales, entre otras. Así lo destaca el Tribunal de Cuentas en su informe del 24 de abril de 2008, aprobado con motivo de la fiscalización de los "Convenios de colaboración generadores de gasto suscritos en los años 2004-2005 por los Ministerios de Fomento y de Sanidad y Consumo con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado".


A través de esta fórmula de colaboración entre la Administración General del Estado y las entidades particulares, los convenios han venido siendo excluidos de la diferente legislación en materia de contratación pública.
Exclusión recientemente confirmada por la Ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, que dispone, en el apartado d) de su artículo 4, que están excluidos "los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales".


Aunque la doctrina administrativa establece la diferencia entre el contrato administrativo, en base a la contraposición de intereses y al intercambio de intereses patrimoniales, y el convenio de colaboración, como una fórmula que vincula para la consecución de un interés común, la problemática relativa a los convenios de colaboración celebrados por la Administración sigue persistiendo. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 18 de febrero de 2004, cuando indica que "es ciertamente complicada a causa, sobre todo, de la ausencia de una definición legal de los mismos,

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e incluso de un concepto doctrinal netamente perfilado sobre su naturaleza".


Sin embargo, ese criterio delimitador entre los contratos y los convenios celebrados entre la Administración General del Estado y las personas físicas o jurídicas, tal como insiste el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización, de una parte, "no ha sido asumido en ninguna norma legal" y, por otra, "no todas las partes coinciden en restringir la figura del contrato a un negocio jurídico bilateral de intercambio de prestaciones patrimoniales, ni consideran que únicamente existe contrato cuando se dan intereses contrapuestos, de manera que el convenio entraría dentro de la categoría de contrato".


Si bien es cierto que las circunstancias específicas que rodean a la celebración de determinados convenios pueden predeterminar la entidad con la que se suscribe, no lo es menos que, por regla general, no se promueve la concurrencia de terceros ante la inexistencia de regulación específica obligue a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia que rige en la contratación pública.


El Tribunal de Cuentas, para completar su informe de fiscalización analiza, entre otros aspectos, la procedencia del convenio, el órgano competente para su celebración, la tramitación de los expedientes o la aportación de la administración en cada uno de los casos, para concluir indicando que "El marco jurídico de los convenios de colaboración en la AGE es claramente insuficiente, lo que provoca constantes dudas y lagunas, tanto en los gestores públicos, como en el desarrollo del control de legalidad".


Finalmente el T.C., "a la vista del creciente empleo de la figura del convenio de colaboración y de la insuficiencia del marco legal en que se desenvuelve", recomienda que, "... sin perjuicio de que se recojan sus aspectos esenciales en una norma de alcance general, en vista de la gran variedad de tipos de convenios que existen y sus distintas exigencias, deberá de considerarse que cada Departamento ministerial elabore una norma reguladora propia, dentro del expresado marco común..."; sin duda aspectos sustanciales para el adecuado funcionamiento de la Administración General del Estado a las que el Congreso de los Diputados no puede permanecer ajeno.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:

Primero. En el plazo de tres meses, presente ante la Cámara un Proyecto de Ley en el que se regule, con carácter general, el marco jurídico en que deben de desarrollarse los convenios de colaboración que realiza la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de esta con personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, en el que queden plasmados los aspectos esenciales recomendados por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de 24 de abril de 2008.


Segundo. Durante el primer semestre del próximo ejercicio, cada uno de los Departamentos Ministeriales, apruebe su propia norma reguladora de desarrollo en la que queden plasmados los aspectos específicos o singulares en los que se enmarca su actividad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2008.-Arturo García-Tizón López y Rafael Merino López, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000695

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al Proceso Bolonia y su afección en las Administraciones Públicas, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

Con la Declaración de La Sorbona, en el mes de mayo del año 1988, se inició un proceso para promover la convergencia de los sistemas educativos superiores en Europa como "medio para fomentar la movilidad y la empleabilidad de los ciudadanos y el desarrollo global de nuestro continente", acuerdo que fue refrendado por 29 estados mediante la firma de la Declaración de Bolonia en el mes de junio del año 1999, con "el fin de consolidar el espacio europeo de la enseñanza superior", en un horizonte temporal fijado inicialmente para el año 2010.


La firma de esta Declaración por parte del gobierno español supuso la adopción de una serie de compromisos que varían, desde la adopción de un sistema de títulos comprensibles y comparables, basado esencialmente en dos ciclos principales, hasta la adopción de un sistema de calificaciones que permita una fácil conversión, la promoción de la movilidad y la cooperación europea en el aseguramiento de la calidad, entre otras materias.


La Conferencia de Berlín, celebrada en septiembre de 1993, además de incorporar a nuevos países europeos, hasta alcanzar la cifra de cuarenta los integrantes del Proceso de Bolonia, sirvió para marcar nuevos objetivos referidos a los sistemas de garantía de calidad, estructura de los estudios de grado y postgrado, reconocimiento de títulos y periodos de estudio.


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Con la finalidad de desarrollar criterios y metodologías uniformes sobre la acreditación en los diferentes países y su reconocimiento por el resto, en noviembre de 1993, se creó el Consorcio Europeo de Acreditación; consorcio de agencias que pretende avanzar en la acreditación como instrumento eficaz en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.


La Comisión creada en septiembre de 2004, por Orden del Ministerio de Administraciones Públicas, para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, al referirse en su informe a la "clasificación de los funcionarios por niveles de titulación académica", si bien propuso mantener la clasificación de los grupos de funcionarios públicos en función de los niveles de titulación académica, entre sus recomendaciones, también hacía referencia a la necesidad de adecuarlos a la estructura actual y prevista en el sistema educativo, y apuntaba la oportunidad de reconsiderar el número de grupos en función de las titulaciones de enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato o equivalente y titulaciones universitarias, del mismo modo planteaba su extensión al personal laboral.


La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, según revela su exposición de motivos, incorporó una nueva clasificación profesional para el acceso a la función pública, sobre la base de "la evolución que ha experimentado en los últimos años nuestro sistema educativo" y el "proceso abierto de reordenación de los títulos universitarios", y con independencia de las previsiones contenidas en su Disposición adicional séptima sobre agrupaciones, para cuyo acceso no será necesario estar en posesión de las titulaciones previstas en el sistema educativo, su artículo 76 la concretó con la creación de cinco grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera, en función de la titulación exigida para el acceso a los mismos; también su Disposición transitoria tercera previó la integración automática de los actuales grupos de clasificación de los funcionarios en los nuevos que han quedado definidos por la Ley.


Esta integración automática, según se desprende de las instrucciones dadas por el Ministerio de Administraciones Públicas para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, no resulta aplicable al nuevo Grupo B, que queda reservado a quienes estén en posesión del título de Técnico Superior, por no existir en los actuales grupos de clasificación uno equivalente, sin duda una de las titulaciones emergentes en el sistema educativo.


Si bien es cierto que la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado para el ejercicio 2008 previó los temarios mínimos comunes que regirán las convocatorias derivadas de la Oferta de Empleo Público para el acceso al nuevo Grupo B, no lo es menos que dentro de las 7067 nuevas plazas convocadas no se contempló la creación de ninguna específica para este nuevo grupo, poniendo así en evidencia que la Administración General del Estado todavía no tiene configurada la aplicación práctica de los nuevos grupos de clasificación profesional contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.


Que duda cabe, que la nueva estructuración de los estudios universitarios, los estudios oficiales de grado y postgrado, la homologación de títulos extranjeros de educación superior y las previsiones contempladas en el Estatuto Básico del Empleado Público tendrán una afección directa, no solamente con las personas que vayan a acceder por primera vez a la función pública, sino también para aquellas otras que estando ya incorporadas en sus puestos de trabajo, en su condición de funcionarios o personal laboral, estén inmersas o puedan estarlo en un futuro, en procesos de promoción interna de carácter general o, en su caso, de adaptación a los nuevos Cuerpos y Escalas que pudieran dimanar de los nuevos grupos de clasificación para el acceso a la función pública.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de seis meses elabore y presente un estudio sobre las consecuencias que tendrá la adaptación española al Proceso Bolonia y su aplicación práctica para el conjunto de las Administraciones públicas y, previa negociación con las mismas y con los agentes sociales, elabore una propuesta normativa que recoja y regule con carácter general los diferentes aspectos que les puedan afectar, entre otros sobre el acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas en función de los nuevos Grupos contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, retribuciones, provisión de puestos de trabajo y a la promoción profesional de funcionarios y personal laboral. Todo ello teniendo en cuenta el acervo de organización de nuestra Administración Pública, en tanto sea conciliable con las medidas que hayan de adoptarse."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2009.-Rafael Merino López, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000703

A la Mesa del Congreso de los Diputados,

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la convocatoria de la

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primera reunión de la Subcomisión de Seguimiento e Información de las Inversiones de la Administración General del Estado que afectan a Galicia, para su debate en la Comisión de Administraciones Públicas.


Exposición de motivos

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el Diputado Celso Delgado Arce, intervino el pasado día 25 de junio de 2008 en la Comisión de Fomento defendiendo una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a las infraestructuras de Galicia (número de expediente 161/000118).


El Boletín Oficial del Congreso de fecha 16 de julio publicaba lo siguiente:

"La Comisión de Fomento en su sesión del día 25 de junio de 2008, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a las infraestructuras de Galicia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 25, de 3 de junio de 2008, en los siguientes términos: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar con la Xunta de Galicia y en el marco de la actual Comisión Bilateral de Cooperación: Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo máximo de 3 meses, la creación de una Subcomisión dependiente de la misma que se ocupará de la evaluación e impulso de las infraestructuras de Galicia y de su ejecución presupuestaria así como de la aprobación de las fechas de puesta en servicio de las obras"."

Pese a que lo aprobado en la Comisión de Fomento no dejaba lugar a dudas: en el plazo de tres meses el Gobierno debería abordar con la Xunta de Galicia y en el marco de la actual Comisión Bilateral de Cooperación: Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, la creación de la aludida Subcomisión.


Pero lo cierto es que el 25 de septiembre, se cumplió el plazo de tres meses que se establecía en la Proposición no de ley aprobada en la Comisión de Fomento del 25 de junio, y el Gobierno de España no procedió a cumplirla. Incluso manifestó públicamente y en sede parlamentaria -en el Pleno del 11 de septiembre- la Ministra de Administraciones Públicas, que no se iba a cumplir.


Ante ese desafío del ejecutivo socialista el Grupo Parlamentario Popular solicitó el 1 de octubre de 2008 amparo al presidente del Congreso, José Bono, para que exigiera el cumplimiento de la aludida Proposición no de Ley y también formuló petición de comparecencia urgente el 24 de noviembre de la ministra Salgado en la Comisión de Administraciones Públicas para que explicase en sede parlamentaria los motivos de la no constitución de la subcomisión.


Tal fue la presión del Grupo Parlamentario Popular que a finales de diciembre y con ocasión de la celebración de la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, no le quedó más remedio al Gobierno del Sr.
Rodríguez Zapatero que rectificar su decisión y así se dio a conocer a la opinión pública a través de la web del Ministerio de Administraciones Públicas de fecha 22 de diciembre de 2008 la noticia de que "La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, presidida por la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, junto con el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, ha acordado en su reunión de hoy la creación de la Subcomisión de Seguimiento e Información de las Inversiones de la Administración General del Estado que afecten a Galicia. La Comisión Bilateral ha tomado esta decisión en virtud de su competencia para aprobar la creación de órganos dependientes de la misma, con la denominación, organización, funciones y duración que en cada caso se especifique. Según el acuerdo adoptado, la nueva subcomisión estará compuesta por un total de cuatro representantes de cada administración y presidida por los responsables que designen el Ministerio de Fomento y la Consejería de Política Territorial de la Xunta de Galicia. La sesión constitutiva se celebrará en el primer trimestre del año que viene. A estos efectos, el Gobierno y la Xunta de Galicia comunicarán con una antelación mínima de dos días a dicha reunión la identidad de los miembros que representarán a cada una de las administraciones. Este nuevo órgano tendrá las funciones de seguimiento e información de las inversiones de la Administración General del Estado que afecten a Galicia. La Subcomisión de Seguimiento e Información de las Inversiones se regirá por la normativa de funcionamiento de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General de Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en la que se integra, sin perjuicio de que por la propia subcomisión pueda adoptarse la normativa complementaria de funcionamiento que precise".


Teniendo en cuenta el deliberado retraso del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, el Grupo Parlamentario Popular entiende necesario que se proceda por el Gobierno sin dilación a la constitución y primera reunión de esta Subcomisión y desde luego antes de las próximas elecciones autonómicas de 1 de marzo de 2009.


Este órgano de control de las infraestructuras, propuesto por el GPP, debe servir para evitar que en la presente legislatura Galicia siga padeciendo los altísimos niveles de no ejecución presupuestaria de la anterior, en la que más de 2.000 millones de euros consignados no fueron ejecutados por el gobierno socialista en la comunidad gallega. Y además para relanzar unas infraestructuras gallegas empantanadas y en las que se están incumpliendo flagrantemente los plazos comprometidos

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en junio de 2004 en el Pleno del Congreso de los Diputados.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar -de inmediato y antes de la celebración de las elecciones autonómicas de 1 de marzo de 2009- la primera reunión de la Subcomisión, dependiente de la Comisión Bilateral de Cooperación: Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, que se debe ocupar de la evaluación e impulso de las infraestructuras de Galicia y de su ejecución presupuestaria así como de la aprobación de las fechas de puesta en servicio de las obras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2009.-Celso Delgado Arce, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Cultura

161/000651

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de la Comisión Delegada para Asuntos Culturales, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos

La pasada Legislatura se adoptó el acuerdo del Gobierno de suprimir la Comisión Delegada para Asuntos Culturales. Nuestro Grupo presentó una Proposición no de Ley aduciendo que la política cultural debía gozar del respaldo permanente de todo el Ejecutivo, bien a través de su acción directa, bien a través de otras administraciones públicas y de instituciones públicas y privadas. El objetivo era habilitar un instrumento operativo que trazara políticas conjuntas y optimizara con eficiencia todos los recursos de los diversos departamentos al servicio de la política cultural.


La descoordinación entre el Ministerio de Cultura y los diferentes departamentos ministeriales en la anterior Legislatura ha generado evidentes problemas operativos de mayor o menor gravedad.


Lo demuestra la aplicación -muchas veces imprecisa- del 1 por ciento cultural; la mala gestión interministerial vivida durante el expolio practicado por la empresa Odissey; los problemas ocasionados dentro del sector editorial por las ayudas a la industria del libro; la incapacidad del Gobierno a la hora de dotar presupuestariamente el Plan Integral para la Disminución y la Eliminación de las Actividades Vulneradas de la Propiedad Intelectual aprobado en 2005; o recientemente la inadecuada gestión evidenciada en la política cultural en el exterior al utilizar impropiamente fondos de ayuda al desarrollo para cubrir los gastos de la bóveda de la Alianza de las Civilizaciones en la sede de la ONU en Ginebra.


Por otro lado, hay que recordar también -de acuerdo con esta misma línea argumental- cómo durante la tramitación previa del Proyecto de Ley del Cine la Vicepresidenta del Gobierno tuvo que intervenir personalmente para despejar los problemas generados durante el debate de la citada Ley; o cómo se hizo público el Manifiesto "por el libro, las librerías, y por una educación de calidad con libros" que en junio de 2005 suscribieron libreros, editores, distribuidores y escritores con el objetivo de que el Presidente del Gobierno asumiera personalmente la dirección de la política cultural y educativa.


Todos estos episodios, en definitiva, podían haberse evitado con una Comisión Delegada de Asuntos Culturales y un liderazgo del Ministerio de Cultura en estos ámbitos. Ninguna de estas decisiones se han abordado por el Gobierno actual. Primero, porque el Gobierno aprobó el Real Decreto 680/2008, de 30 de abril, por el que se determina la composición de las comisiones Delegadas del Gobierno y, por desgracia, no se incluyó la Comisión que nuestro Grupo de nuevo reclama. Y, segundo, porque el actual organigrama del Gobierno no responde a un diseño estratégico que localice con claridad en el Ministerio de Cultura el liderazgo en estos ámbitos debido a la fragmentación y diseminación competencial que existe dentro de los distintos departamentos ministeriales.


El Ministro de Cultura en su comparecencia en el Congreso el 17 de junio de 2008 afirmaba que: "La coordinación entre todos los ministerios es total y absoluta y el Ministerio de Cultura se vanagloria de colaborar con todos ellos, porque todo está en función y beneficio de nuestra cultura en el mundo".


Sin embargo, la realidad es otra y la falta de liderazgo del Ministerio de Cultura persiste, tal y como demuestra el hecho de que la nueva Dirección General de Industrias Culturales, competente en la política de coordinación de industrias, sin embargo, tiene que ver cómo el Plan de Internacionalización de Industrias Culturales se gestiona desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al carecer de instrumentos institucionales desde los que proyectar fuera de nuestro país la acción de nuestras industrias creativas.


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En este sentido, la gestión del 1 por ciento cultural tampoco ha podido ser explicitada de forma precisa por el Ministerio de Cultura ya que desconoce las iniciativas que, al respecto, desarrollan algunos de los Ministerios o entidades que participan en la Comisión Mixta, por no hablar de la gestión de la política cultural en el exterior que sigue siendo objeto de desavenencias entre el Ministerio de Cultura y los gestores del Instituto Cervantes. Por último, la ineficacia del Plan Integral del Gobierno para la Disminución y la Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual debe imputarse básicamente al Ministerio de Cultura que, a día de hoy, sigue viéndose incapaz de ejecutar una política coordinada en este campo con los diferentes departamentos ministeriales.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, propone para su debate y votación la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación y recuperación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales y que, bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura, se convierta en el instrumento que agrupe las políticas conjuntas que puedan desarrollarse en ese ámbito, atribuyéndole la coordinación de los recursos así como los medios necesarios que, procedentes de los diversos departamentos, estén al servicio del desarrollo de la política cultural del Gobierno de España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2008.-José María Lasalle Ruiz, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000669

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular del Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de una nueva modalidad de Premio Nacional del Blog, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos

Internet se ha convertido en un espacio de enorme magnitud y relevancia para la creación cultural. Este proceso ha crecido exponencialmente gracias a la utilización de las herramientas que ofrece lo que se conoce como web 2.0 ya que permiten un acceso prácticamente universal a medios de producción de conocimiento y de comunicación.


Los últimos años han visto nacer innumerables proyectos que, utilizando lnternet como plataforma, han explorado múltiples modelos narrativos, temáticas y formatos. De esta ingente actividad, los llamados medios sociales digitales se han transformado en plataformas de experimentación formal y conceptual que están dando lugar a nuevas formas de comunicación y narración. No en vano los propios medios de comunicación e, incluso, la literatura, por no decir ya los medios audiovisuales, se están viendo influenciados por estos nuevos formatos. Los periódicos se hacen digitales y adoptan el "estilo blog o bitácora", la literatura ensaya ya los modelos narrativos fragmentarios propios de la red, el cine empieza a adoptar las estructuras y estéticas del video en internet y de los videojuegos, por no hablar del hecho de que es cada vez mayor la convergencia digital entre las industrias de medios y la comunicación.


El cambio de prácticas que ha significado Internet está dando forma a una nueva cultura digital que exige que paulatinamente vaya reconociéndose Internet como un espacio innovador de creación y comunicación. Un espacio que, además, reviste un enorme impacto económico y un extraordinario influjo social. Pero este cambio, siendo tangible, sigue estando limitado en su apreciación a una parte minoritaria de la sociedad. De este modo se genera una brecha digital que está relacionada con el acceso o el uso de la tecnología, sino con la comprensión de este nuevo modelo cultural. En este contexto, es una responsabilidad ineludible de los poderes públicos que aprecien la relevancia de la cultura digital.


El establecimiento de un Premio Nacional del Blog tendrá como objetivo reconocer específicamente el valor creativo asociado a obras individuales que, utilizando formatos múltiples (especialmente texto, pero también audio, video o fotografía, entre otros) son, también, de autoría individual, constituyendo ya la expresión genuina de una dimensión cultural propia que, incorporando elementos de la literatura o el ensayo, de la fotografía o del audiovisual, sin embargo, los adapta y transforma bajo el soporte de un medio que les permite añadir otros elementos totalmente originales. En España contamos ya con una gran comunidad de personas que mantienen blogs, siendo extraordinariamente diversos en sus formatos, sus estilos narrativos y sus temáticas. Muchos proceden del mundo del arte y la cultura, así como de la comunicación. Todos ellos utilizan Internet como un nuevo espacio de creación y, algunos, incluso son creadores emergentes que se han dado a conocer y han logrado notoriedad y relevancia gracias a lnternet.


El establecimiento de un Premio Nacional del Blog supondría tanto la oportunidad de comunicar la existencia de ese magma creativo mediante su reconocimiento oficial, como un incentivo que movilizaría a los ciudadanos a que conocieran este nuevo entorno y, de paso, a

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que se atrevieran a consumir esta forma de cultura digital, siendo usuarios activos de estos medios.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través del Ministerio de Cultura, establezca un Premio Nacional del Blog."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2008.-José María Lasalle Ruiz, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000691

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto,, a instancias de la Diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos Berruezo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la rehabilitación del claustro de la Catedral de Tudela (Navarra), para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La Catedral de Tudela (Navarra) fue construida entre los siglos Xl y XII sobre los restos de una antigua mezquita. Esta magnífica construcción es uno de los principales edificios arquitectónicos de la ciudad y uno de los más notables de la Navarra monumental.


Este edificio alberga en su interior piezas significativas que, según los expertos, constituyen uno de los conjuntos artísticos más representativos de la evolución de la Historia del Arte en Navarra.


Así, dentro de este impresionante templo se encuentran obras encuadradas dentro de los más variados estilos.


En los últimos años, la Catedral de Tudela ha sido objeto de distintas obras de restauración. Las últimas obras llevadas a cabo en el templo, fueron promovidas y financiadas por la Fundación para la Conservación de Patrimonio Histórico de Navarra y fueran desarrolladas entre abril de 2002 y julio de 2006.


A pesar de que la catedral ha sido restaurada en una fecha relativamente reciente, cabe destacar que en aquel momento, se tomó la decisión de posponer la rehabilitación del claustro de la misma. De manera que pudiera ejecutarse, una vez finalizadas las obras en el edificio, como un proyecto de rehabilitación independiente. Actualmente el claustro no ha sido objeto de obra de rehabilitación alguna.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Destinar 100.000 euros para llevar a cabo las obras de rehabilitación necesarias en el claustro de la Catedral de Tudela."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Uxue Barkos Berruezo, Diputado.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Sanidad y Consumo

161/000653

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la presente Proposición no de Ley, sobre programa de salud para la vacunación contra el virus de hepatitis B en Centros Penitenciarios, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La hepatitis B es un problema de salud mundial y se calcula que 300 millones de personas están infectados en todo el mundo por este virus.


Los especialistas han destacado que, a pesar de tratarse de una enfermedad con muy poca prevalencia en España, su presencia aumentará en los próximos años hasta incluso duplicarse. Esto se debe, principalmente al aumento de la inmigración procedente de países asiáticos, del norte de África y del este de Europa, donde las condiciones sanitarias son deficientes y los programas de vacunación, escasos.


Actualmente, se calcula que en España 300.000 personas (aproximadamente, un 0,5 por ciento de la población) padecen hepatitis B. Se trata de una enfermedad que infecta exclusivamente al hígado, causando inflamación o hepatitis y que se transmite por vía sexual, drogadicción o de madre a hijo en caso de madres infectadas.


Las especiales características de las personas ingresadas en los centros penitenciarios, en especial el uso de drogas por vía intravenosa, hacen que la prevalencia en la infección del virus de la hepatitis B (VHB) sea muy elevada en este colectivo. Las elevadas prevalencia en la infección y el mantenimiento de los comportamientos

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de riesgo durante la estancia en los centros penitenciarios, facilitan las nuevas infecciones y dificultan el control de la enfermedad en la sociedad. Los centros penitenciarios cuentan con personal sanitario y recursos que hacen factible el incidir sanitariamente sobre grupos de población de difícil acceso de otro modo a los servicios asistenciales.


El programa de vacunación antihepatitis B del Departamento de Sanidad incluye a los individuos presos y sentenciados a penas de prisión entre los grupos de riesgo prioritarios para recibir la vacunación, pero la ausencia de un programa de salud que contemple estas necesidades hace que esta práctica no sea habitual y sistematizada en las prisiones del territorio español.


La puesta en marcha de un programa de vacunación antihepatitis B en los centros penitenciarios es una tarea compleja y difícil. La población reclusa presenta una gran movilidad y esto puede comprometer seriamente los resultados de una intervención que requiere la administración de tres dosis de vacuna y la realización de extracciones sanguíneas (antes y después de completada la vacunación).


Por otro lado, se desconoce la respuesta inmunitaria en grupos de población con elevados índices de infección por VIH, por lo que la valoración de los facultativos tomará especial importancia.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, considerando y reconociendo el elevado riesgo y el alto índice de infección por el virus de la hepatitis B de la población reclusa en los centros penitenciarios, insta al Gobierno a diseñar e implantar un programa de salud, consistente en la vacunación sistemática de los reclusos y a determinar la inmunización de dichos reclusos tras la administración de las correspondientes dosis de dicha vacuna."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.-Enrique Fajarnés Ribas, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000671

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la presente Proposición no de Ley, sobre el diagnóstico precoz de la ambliopía u ojo vago, para su debate en la Comisión de Sanidad.


Exposición de motivos

La ambliopía, popularmente conocida como ojo vago, es la pérdida de la visión de uno de los dos ojos causada por un defecto en la formación de la visión durante la edad infantil.


La incidencia de la ambliopía en España se sitúa entre el 1,5 por ciento y el 3 por ciento de la población general, y algo más del 5 por ciento en los preescolares. En consecuencia puede haber en torno a 1 millón de adultos ambliopes en España.


La pérdida de la visión en un ojo es un defecto cuya solución está vinculada al diagnóstico precoz, de ahí la importancia de hacer un seguimiento de los niños antes de cumplir los 6 años. Antes de esa edad, en general pueden tratarse con éxito, entre los 6 y 8 años, solo se resuelve el 20 por ciento, y más tarde, el tratamiento ya no es eficaz, de forma que el adulto ambliope quedará el resto de su vida con visión monocular.


Las causas de la ambliopía son varias, pero las más prevalentes son la anisometropía (diferencia significativa de graduación entre ambos ojos) y el estrabismo (falta de paralelismo visual). Sin embargo, así como el estrabismo es fácilmente detectable, en el caso del niño ambliope, solo lo es mediante la realización de controles específicos en la edad adecuada, por su naturaleza oculta.


El mayor riesgo que corre un adulto ambliope es la ceguera cuando por un accidente o enfermedad pierde totalmente la visión de su único ojo funcional, aunque también existen otros problemas de carácter psicológico y social relacionados con la autoestima, el trabajo, el fracaso escolar y las relaciones personales.


Un ambliope adulto nunca podrá tener una correcta visión estereoscópica por falta de binocularidad, lo que les impide acceder a profesiones, como la de piloto u otras, en las que la visión en relieve es imprescindible.
Y desde luego, siempre será más propenso a los accidentes laborales o simplemente será un conductor con mayor riesgo de accidentes.


Por todo ello parece razonable abordar la detección precoz de la ambliopía en los niños entre 3 y 6 años, mediante revisiones periódicas por parte de los pediatras a través de un sencillo test estereoscópico que permite diferenciar a los niños ambliopes de los que no lo son. Y, una vez determinada la falta de visión estereoscópica, derivarlo al especialista para que sea diagnosticada o no la ambliopía, y en su caso tratada con garantías de eficacia.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en el seno del Consejo lnterterritorial de Salud, la utilización de tests estereoscópicos en las revisiones pediátricas periódicas de los niños entre 3 y 6 años, con

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objeto de diagnosticar precozmente la ambliopía y tratar la enfermedad con garantías de éxito."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2008.-Mario Mingo Zapatero, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/000687

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre introducción de fórmulas de Copago por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


En el Comité de Políticas para la Racionalización del Gasto sanitario, creado en el marco del Pacto por la Sanidad, han surgido algunas reflexiones propuestas compartidas por diversas Comunidades Autónomas en relación a distintas figuras de "Copago" por parte de los usuarios del sistema sanitario.


Dentro de las mencionadas figuras de Copago Sanitario se incluirían desde el "euro por consulta" de Francia, al "ticket moderador" de Alemania o la "factura en la sombra" de Bélgica como adelanto de pago.


Al parecer estas figuras de copago estarían siendo valoradas por algunas Comunidades Autónomas con o sin participación del Ministerio de Sanidad y Consumo.


La introducción del copago afectaría a la gratuidad, la universalidad y el carácter público de nuestro Sistema Nacional de Salud.


Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados rechaza la introducción de fórmulas de COPAGO (euro, ticket, etc.) por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, al entender que afectarían gravemente a principios básicos del derecho constitucional a la salud como la accesibilidad, la universalidad y la gratuidad de la atención integral de salud.


2. El Congreso de los Diputados considera que existe margen suficiente en base a la ampliación de los presupuestos públicos y la mejora en la eficiencia de la gestión, así como en la política de salud pública para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, en el marco de un Pacto por la Sanidad del que sean protagonistas las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Sanidad y Consumo, junto con los partidos políticos y los agentes sociales.


3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas correspondientes en el marco de sus competencias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


161/000705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Desigualdades y Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Las desigualdades en salud se refieren a las diferentes oportunidades y recursos que se relacionan con la salud, que tienen las personas en función de su clase social, género, etnia, educación y las condiciones sociales en que viven.


En todos los países donde se han investigado se han puesto en evidencia la existencia de estas desigualdades, siendo las personas de clases sociales menos favorecidas junto a las mujeres y los inmigrantes de rentas bajas los que presentan peor salud.


Estas desigualdades son muy importantes porque producen un exceso de enfermedades y de mortalidad, superior a la que causa la mayoría de los factores de riesgo conocidos. Además, porque estas desigualdades siguen aumentando a pesar del avance de los sistemas sanitarios.


Las desigualdades en salud vienen siendo, sobre todo, en los últimos veinte años, ampliamente investigados, principalmente en países europeos como Gran Bretaña y, sin embargo, en mucha menor medida en España, en Comunidades Autónomas como Catalunya y más recientemente en Andalucía y otras.


Ello se ha traducido en la escasa o nula presencia de las desigualdades en salud en las políticas sanitarias en nuestro país, a pesar de que la equidad es uno de los principios básicos de nuestro Sistema Nacional de Salud.


En el Informe sobre Desigualdades y Salud en Andalucía editado por la "Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública", se plantean tres conclusiones que afectan al conjunto del Sistema Nacional de Salud: Primero, la necesidad de contar con indicadores sociales en el sistema sanitario. Segundo, la prioridad de incrementar la escasa financiación de este tipo de investigaciones relacionadas con las desigualdades en salud, y por último, la necesidad de incorporar a la agenda

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política la prioridad de intervenir en la reducción de la brecha de las desigualdades en salud.


Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar en el marco de sus competencias a que en relación a la reducción de las desigualdades en salud tome las siguientes iniciativas:

1. Que por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con las Comunidades Autónomas, se realice un "estudio periódico de las desigualdades en salud en España", así como sobre las medidas para su reducción a través de instrumentos como el Plan de Calidad o el Fondo de Cohesión.


2. Que las estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluyan información sobre desigualdades en salud, así como objetivos e indicadores relacionados con su reducción. A tal efecto, se estudiarán con las Comunidades Autónomas la creación de una Comisión de Desigualdades en Salud en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.


3. Que los sistemas de información sanitaria y otros sistemas de información de agencias e institutos públicos, en coordinación con las Comunidades Autónomas incluyan variables comunes desagregadas, relacionadas con las desigualdades.


4. Que el Gobierno, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se adhiera activamente a los movimientos internacionales de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud (OMS): "Health in all policies, Health impact assessment" y "Investment for Health" que contemplan el trabajo y la colaboración intersectorial sobre los determinantes sociales de la salud.


5. Que las desigualdades en salud se constituyan en una de las prioridades de los planes y líneas de investigación sanitarios y sociales con la financiación correspondiente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


161/000717

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.


Proposición no de Ley

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla constituye sin duda una de las singularidades diferenciadoras de la Comunidad Autónoma de Cantabria; es un capital social, económico y de prestigio, además de referencia necesaria en la sanidad nacional e internacional, en la práctica asistencial, docente e investigadora.


La ejecución del Plan Director abría una etapa de esplendor asistencial y científico, que debiera de haber permitido al Hospital seguir siendo lo que siempre fue; un hospital de referencia, de alta tecnología, de excelentes profesionales y adecuadas infraestructuras, es decir, un ejemplo de funcionamiento por historia, por actualidad y por proyección de futuro.


El Gobierno de la Nación aportó y garantizó la financiación íntegra del Plan Director, a través de un convenio firmado con el Gobierno de Cantabria en agosto de 2002, y con un importe de 205,8 millones de euros, destinados en 5 anualidades (2002-2007). El Plan Director comprendía la construcción de un nuevo hospital y su completo equipamiento.


En la actualidad, el propio Gobierno de Cantabria no solo se ha visto obligado a reconocer un injustificable y gravísimo retraso en la ejecución del Plan Director, cuyas obras no finalizarán como mínimo hasta el año 2012, sino que ha admitido la existencia y generación de un desfase presupuestario que supera ya con creces los 100 millones de euros en la ejecución de dicho Plan Director.


Apenas iniciada la tercera fase del Plan, es un hecho irrefutable que los recursos económicos del Gobierno de la Nación para la completa ejecución, y por tanto finalización de las obras, se han agotado; debido a una gestión ineficaz y a la falta de previsión y planificación.


El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aportar los recursos económicos necesarios para garantizar la financiación íntegra del Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, incluida su tercera fase.


2. Mantener el nivel de relaciones y compromisos con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria para hacer efectivo que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla mantenga la categoría de referencia nacional y lo convierta en un hospital modelo, tanto en su aspecto asistencial, como docente e investigador."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2008.-Ana Pastor Julián y José Joaquín Martínez Sieso, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Ciencia e Innovación

161/000667

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión del sistema estatal de becas y ayudas al estudio para su debate en Comisión

Exposición de motivos

El artículo 46.2.k de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre, de Universidades -LOMLOU-, determina el derecho de los estudiantes a poder compaginar el trabajo con el estudio. No obstante, se ha puesto de manifiesto la dificultad de poder estudiar y el trabajar en el nuevo contexto del Espacio Europeo de Educación Superior.


Las nuevas circunstancias hacen pues aún más urgente la revisión del sistema de becas y ayudas al estudio. Sin duda, el primer paso para esta revisión del sistema es un conocimiento profundo del estado actual de la política de becas por lo que se hace necesario impulsar con celeridad el Observatorio de Becas que se prevé en la disposición adicional vigésima segunda de la LOMLOU de 2007. Por esta razón el Gobierno debería constituir dicho observatorio en el plazo de un mes y presentar en el transcurso de los dos siguientes un diagnóstico detallado sobre cuál es la situación actual, para poder tomar en el futuro las decisiones necesarias que permitan equiparar la distribución de becas y ayudas al conjunto de estudiantes del Estado, independientemente de cuál sea la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan.


Asimismo, y de manera paralela a la constitución del Observatorio de Becas, es importante llevar a cabo un incremento de las ayudas destinadas al estudiantado a través del incremento presupuestario destinado a estos fines en los Presupuestos Generales del Estado de 2009. En este sentido, y con la finalidad de garantizar el desarrollo adecuado de la LOMLOU, Esquerra ya presentó una enmienda de aumento de esta partida en 61,051 M? que no prosperó.


Por todo ello, es preciso que los poderes públicos faciliten los elementos necesarios de soporte a los estudiantes durante su periodo de formación.
La continuada y adecuada otorgación de becas y ayudas a los alumnos y alumnas de nuestros centros de educación superior son los instrumentos con los que el alumnado debe poder contar a lo largo de sus años de formación. De lo contrario, se correría el enorme riesgo de abrirse una brecha importante entre aquellos estudiantes con mayores recursos, y aquellos otros que carecen de ellos, y por consiguiente, se impediría alcanzar los objetivos fijados por la LOMLOU.


Por último, y desde un punto de vista de las competencias que tienen atribuidas algunas comunidades autónomas en materia de becas y ayudas, es importante recordar que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, con ocasión de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 15 de junio de 1994, y la Orden del Ministerio de Educación y Cultura de 30 de junio de 1997, por las que se convocaron becas y ayudas al estudio de carácter general, para estudios universitarios y medios para los cursos 1994-1995 y 1997-1998, planteó un conflicto positivo de competencia (3386/94- 4710/97). Sobre éste, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia 188/2001, de 20 de septiembre de 2001, estimó parcialmente los dos conflictos positivos acumulados, declarando que las dos órdenes ministeriales vulneraban las competencias de la Generalitat de Catalunya en diversos artículos del Estatuto de autonomía de Catalunya de 1979.
Concretamente, determinó que pese a que el artículo 149.1.1 CE constituye un título competencial autónomo, positivo o habilitante, constreñido al ámbito normativo, lo que permite al Estado una regulación, ésta debería limitarse a las condiciones básicas que garanticen la igualdad, que no el diseño completo y acabado de su régimen jurídico. Asimismo, el artículo 172.g del vigente Estatuto, faculta también, a la Generalitat de Catalunya para regular y gestionar los fondos estatales en esta materia, por lo que el Gobierno debería de valorar en todo momento el actual mareo jurídico a la hora de legislar, regular y gestionar el ámbito de becas y ayudas a los estudiantes.


Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Respetar el marco jurídico vigente relativo a las becas y ayudas a los estudiantes.


2. Constituir, en el plazo de un mes, el Observatorio de Becas que se prevé en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.


3. Presentar de forma detallada en el transcurso de los dos siguientes meses de su constitución, un diagnóstico de la situación de partida que permita tomar decisiones en el futuro.


4. Crear un fondo adicional de becas y ayudas al estudiantado para equiparar el porcentaje de estudiantes becados entre todas las Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2008.-Francesc Canet i Coma, Diputado. Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


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161/000674

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(161) Proposición no de Ley en Comisión.


AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Proposición no de Ley relativa al proceso de Bolonia.


Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y teniendo en cuenta el escrito número de registro 59376, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia e Innovación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, la siguiente Proposición no de Ley relativa al proceso de Bolonia.


Antecedentes

La configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) arranca en Bolonia el año 1999, pronto hará una década. En aquel momento 29 Ministros de Educación, preocupados por la dificultad europea de competir con Estados Unidos en materia educativa y con el fin de aprovechar el potencial europeo a través de la interrelación entre los diversos sistemas educativos, firman un acuerdo para avanzar hacia un sistema universitario común que facilite la movilidad de los estudiantes, de los profesores y de los titulados europeos.


Los primeros acuerdos permitieron mejorar la información respecto a las titulaciones de cada país incorporando el suplemento al título, donde se especifican los estudios cursados y avanzando en el reconocimiento de estudios entre Estados miembros y en el aumento de la movilidad tanto de estudiantes como de profesores.


Estos primeros acuerdos fueron acompañados de un nuevo objetivo: mejorar el éxito académico, entendido como el concepto de acabar los estudios en el tiempo previsto y mejorar la calidad educativa mediante la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de aprendizaje, reducir el número de clases magistrales y aumentar el estudio de casos prácticos.


Para alcanzar los objetivos perseguidos: modelo común y éxito académico, destacan tres características principales en el Espacio Europeo de Educación Superior que se configura: la primera es la homogeneización de las titulaciones; la segunda es la estructura de la enseñanza en ciclos: grado, máster y doctorado; y la tercera es la medición del aprendizaje a través de un sistema común de créditos, el llamado Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), que tiene en cuenta el tiempo total dedicado por el estudiante a cada materia.


Es el llamado Proceso de Bolonia que cada uno de los Estados adheridos debe aplicar en su territorio en el horizonte del año 2010. Así, cuando se celebró la última de las reuniones bianuales de seguimiento del proceso de construcción de EEES, en el año 2007, de los 46 países adheridos, la mayoría había finalizado el proceso de adaptación, siendo el Estado español uno de los que mantenían mayor retraso en el proceso de adecuación.


El Ministerio de Educación está adaptando en estos momentos el denominado Proceso de Bolonia a la realidad española, algunos dicen que perseguimos una estructura europea con una concreción española, por ejemplo se ha determinado que todos los grados tengan 4 años con un carácter generalista, cuando en Europa los grados pueden tener 3 años. En cambio los masters, más especializados pueden tener 1 o 2 años. A la práctica esta situación comporta que las carreras que hasta ahora tenían 3 años pasan a tener un mínimo de 4 y aquellas que tenían 4 años de duración en estos momentos habitualmente tendrán 5 o 6 años, dependiendo de la duración del máster específico, es decir un año más de universidad para la mayoría de las carreras.


Más allá de la contradicción de que en diversos países de Europa pueda impartirse un grado con solo 3 años de estudio, grado que deberá ser homologado en España, mientras que aquí obligatoriamente debemos ir a 4 años, alargamiento tácito de las diferentes titulaciones universitarias en 1 o 2 años significa un coste adicional de profesorado y de instalaciones ¿Quién paga?

Por otra parte se pretende otorgar a los estudios universitarios una mayor intensidad, dificultándose la compatibilización de actividades laborales y universitarias. Si estudiar y trabajar es incompatible debe arbitrarse un mejor sistema de becas que permita al estudiante no solo cubrir coste de matrícula sino también cubrir parte de sus costes vitales, la beca-salario. Es cierto que el número de becas y presupuesto se ha incrementado los últimos años, pero en ningún caso

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alcanzan a cubrir las necesidades que genera la implantación del Proceso de Bolonia.


Un cuarto aspecto polémico de la concreción española de este proceso Europeo es la lentitud relativa a la elaboración de los documentos de referencia de los planes de estudio de las distintas titulaciones. Prueba de ellos es que para el actual curso 2008-2009 solo una Universidad pública, la Universidad Carlos III, ha presentado todas sus enseñanzas adaptadas al EEES y únicamente otras 8 Universidades públicas han presentado más de 3 titulaciones adaptadas al marco europeo.


Un quinto aspecto polémico corresponde a la regulación de los Reales Decretos de atribuciones, los cuales determinan las diferentes responsabilidades profesionales atribuibles a una titulación específica.
A grandes rasgos el Ministerio ha optado por establecer un cierto paralelismo entre las atribuciones profesionales que tenían los diplomados de grado medio y las que se asignan a quienes obtienen el grado, mientras que se reservan las atribuciones profesionales que tenían los licenciados a quienes obtengan un máster de especialización.


Todo este proceso de adecuación debería estar plenamente en vigor en los próximos meses, en cambio la Universidad padece un enorme desconcierto ante el Proceso de Bolonia, un proceso que es evidentemente constructivo, muy positivo en el contexto de la construcción de Europa y necesario para fortalecer la movilidad de estudiantes, profesores y titulados y también para mejorar la calidad de nuestra educación superior.


El desconcierto indica que el proceso de implantación del EEES en el Estado español no se ha gestionado bien, no se ha informado bien, ha faltado diálogo con los sectores universitarios y profesionales, con las Comunidades Autónomas, la Administración ha actuado con lentitud y no ha destinado a la universidad los recursos que requiere un cambio estructural tan importante.


Probablemente la insuficiencia de recursos económicos destinados a financiar la implantación del Plan de Bolonia sea la causa de la desafortunada acusación estudiantil que equipara Bolonia con un proceso de privatización de la universidad. Bolonia nada dice de privatización, Bolonia tan solo recomienda a los Gobiernos una financiación adecuada de la universidad, lo cual significa que la dotación de más recursos resulta imprescindible para que la implantación del Proceso de Bolonia en nuestra universidad sea un éxito.


En consecuencia, para el Grupo Parlamentario Catalán, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior a nuestra universidad es una oportunidad para mejorar su calidad, para propiciar más movilidad entre estudiantes, profesores y titulados y para aprovechar las experiencias de las mejores universidades europeas, pero debe venir acompañada del imprescindible apoyo en recursos económicos y humanos que exige cualquier cambio estructural de importancia y el Proceso de Bolonia lo es.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dar prioridad a una rápida incorporación de la universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior, para ello será preciso agilizar, en colaboración con las comunidades autónomas y la propia universidad, todos los procesos de adecuación de los planes de estudios y de la normativa pertinente a los acuerdos que constituyen el EEES.


2. Contribuir, a través de las comunidades autónomas, a sufragar el coste de adaptación de la Universidad española al EEES y para ello articular correspondiente crédito extraordinario destinado a cubrir el incremento de costes que para la universidad supone: ampliar en un año los estudios de la mayoría de las carreras y adecuar los métodos de enseñanza, el cual requiere unos parámetros de profesor por alumno muy superiores a los que se derivarían de la enseñanza circunscrita a la clase magistral; asimismo debe cubrir el coste de la inversión destinada a la adecuación de las instalaciones, en lo que corresponda al ejercicio 2009.


3. Colaborar con las comunidades autónomas y las universidades tanto en el proceso de favorecer la movilidad del alumnado y de los profesores como en el proceso de innovar metodológicamente en la enseñanza universitaria.


4. Aprobar, por parte del Gobierno, un plan extraordinario de becas que permita dar respuesta a la necesidad de adecuación de la Universidad al denominado Proceso de Bolonia. Dichas becas deberán tener en cuenta los diferentes costes de la vida por Comunidades Autónomas y ser gestionadas por las Administraciones autonómicas.


5. A elaborar con urgencia los documentos de referencia pendientes, correspondientes a los diferentes planes de estudio.


6. Regular, igualmente con urgencia, las atribuciones profesionales correspondientes a cada una de las titulaciones, teniendo en cuenta para ello tanto a los representantes de la comunidad educativa para cada titulación como a los representantes de los colegios profesionales afectados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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161/000688

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del derecho a realizar las pruebas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada en las lenguas cooficiales para su debate en la Comisión de Ciencia e Innovación.


Exposición de motivos

La formación especializada en el ámbito de la salud es un requisito indispensable para ejercer en calidad de especialista en cualquier país de la Unión Europea, condición que se obtiene al finalizar el período formativo de cada especialidad.


Los estudiantes tienen el derecho a recibir dicha formación en cualquiera de las lenguas oficiales de su país. En el caso del Estado español se reconocen como lenguas oficiales el español, el euskera, el catalán y el gallego. Por este motivo, una parte de la población escoge recibir su formación universitaria en la lengua específica de su comunidad autónoma (léase catalán, euskera o gallego).


Asimismo, los estudiantes tienen derecho a examinarse en la misma lengua en qué reciben la formación. En el caso de la formación especializada en las ciencias de la salud el examen, de carácter estatal, se realiza únicamente en español. Dicho examen consiste en una batería de preguntas de respuesta múltiple y las características, condiciones y requisitos del mismo se regulan según una Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo.


El próximo día veinticuatro de enero tendrá lugar el examen selectivo para Médicos (MIR) y se regirá por la Orden SCO/2642/2008, de 15 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas 2008 para el acceso en el año 2009 a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Bioquímicos, Psicólogos y Radiofísicos Hospitalarios. Los estudiantes que se presenten a este examen deberán examinarse en español, aunque algunos de ellos habrán recibido su formación en catalán, gallego o euskera.


Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Ofrecer la posibilidad de realizar las pruebas selectivas de la convocatoria 2008-2009 para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Bioquímicos, Psicólogos y Radiofísicos Hospitalarios en lengua castellana o en la oficial de su respectiva comunidad autónoma: gallego, catalán o euskera.


2. Reconocer en la orden que regule las pruebas de acceso de la próxima convocatoria y consiguientes todas las lenguas oficiales del Estado Español y, a tal efecto, si es necesario, que modifique el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2009.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000672

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los Grupos Parlamentarios firmantes presentan la siguiente Proposición no de Ley, sobre aprobación de la normativa específica reguladora de las subvenciones de cooperación internacional al desarrollo, en aplicación de la disposición adicional 18.ª de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Exposición de motivos

El 18 de febrero de 2004 se produjo la plena entrada en vigor de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, aunque las diversas convocatorias de subvenciones a las que afectaban tenían un plazo de un año -hasta febrero de 2005- para su correspondiente adaptación. La ley quiso responder a una situación de enorme dispersión normativa en el ámbito de las subvenciones y, por tanto, su objeto es dar un tratamiento jurídico homogéneo a la relación jurídica subvencional, independientemente del tipo de actividad subvencionada, siendo las bases reguladoras de cada convocatoria concreta de subvenciones las que tendrán que adaptar e individualizar en función de las características de cada tipo de subvención.


La entrada en vigor de la ley supuso que todas las administraciones públicas que tuvieran en marcha programas o convocatorias de subvenciones debían adaptar las bases reguladoras de dichas convocatorias a las prescripciones de la nueva ley.


La impresión de conjunto es que no se tuvo en cuenta la especificidad de las entidades no lucrativas (ENL)

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al elaborar esta ley, lo cual no es de extrañar si pensamos que, en una cuantificación aproximativa, las subvenciones que se destinan anualmente en todo el Estado español a iniciativas de ENL suponen poco más del 2 por ciento del total de recursos destinados a subvenciones por las diferentes administraciones públicas.


El conjunto de ENL de diferente tipología (asociaciones y fundaciones dedicadas a actividades de acción social en nuestro territorio, o a temas medioambientales, la defensa de los derechos humanos, o actividades de cooperación al desarrollo) han encontrado dificultades importantes para el acceso y gestión de subvenciones a raíz de la adaptación de la normativa reguladora (bases) a la nueva ley. Estas dificultades han sido especialmente importantes en el caso de las subvenciones dedicadas a cooperación internacional, que deben ejecutarse en terceros países, en realidades muy diferentes a la española, con condiciones en muchos casos muy difíciles.


Por ello, en los últimos tres años, ha habido una actividad significativa por parte de plataformas de ONG, y muy especialmente por parte de la Coordinadora Española de ONGD, para dialogar con el Gobierno y buscar una regulación adecuada.


En el caso de la cooperación internacional, en una reunión celebrada en noviembre de 2006 entre representantes de las ONGD y representantes de varios ministerios bajo el impulso de la Vicepresidencia I del Gobierno, se identificó que el cauce más adecuado era el desarrollo previsto en la disposición adicional 18.ª de la propia Ley 38/2003, General de Subvenciones.


Entre mayo de 2007 y enero de 2008, un grupo de trabajo integrado por representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y Economía y Hacienda, y de las ONGD, trabajaron en el desarrollo de un borrador de esta normativa, llegando a un texto bastante desarrollado y consensuado que, desde entonces, ha quedado pendiente del impulso final para su aprobación.


El desarrollo de esta normativa es uno de los compromisos recogidos en el Pacto de Estado contra la Pobreza, suscrito en diciembre de 2007 por todos los partidos políticos con representación parlamentaria.


Por todo ello, los Grupos Parlamentarios firmantes en la Comisión de Cooperación del Congreso, presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La aprobación, en el plazo más breve posible, del Real Decreto que, en aplicación de la disposición adicional 18.ª de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, establezca las normas especiales para la regulación de las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo.


2. En la tramitación de dicha normativa, se realicen las consultas oportunas con los sectores interesados, en especial, la Coordinadora Española de ONG de desarrollo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2008.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-María Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000655

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adecuada y amplia difusión de los contenidos y valores de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su correspondiente Protocolo Facultativo para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos

La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, fueron ratificados por España el 3 de diciembre de 2007, entrando en vigor en nuestro país el 3 de mayo de 2008.


La Convención no es el primer instrumento de derechos humanos que se ocupa de las cuestiones de la discapacidad, pero junto con el Protocolo Facultativo, ofrece a las personas con discapacidad un nivel sin precedentes de protección.


La Convención, en su artículo primero, declara que su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, para promover el respeto de su dignidad inherente. La Convención se concreta en los medios que los Estados deben adoptar para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad.


Por su parte, el Protocolo Facultativo, ratificado junto a la Convención, confirma el compromiso de dar cumplimiento efectivo a los derechos que en él se contienen, como es la posibilidad de reparación específica en los casos personales en los que el Estado infrinja los derechos de las personas con discapacidad así como la posibilidad de investigar por parte de un comité de expertos

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de la ONU, las posibles vulneraciones sistemáticas o generalizadas de las disposiciones de la Convención.


Siguiendo las recomendaciones de la ONU es necesario dar a conocer ampliamente los contenidos de la Convención y su Protocolo Facultativo como medios imprescindibles para asegurar la aplicación y efectividad de ambos instrumentos. Puesto que España ratificó el Protocolo, debe darse a conocer para que, quien lo juzgue necesario, pueda utilizar los mecanismos en él previstos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con la finalidad de avanzar en el reconocimiento y respeto de las personas con discapacidad:

- Dé a conocer de un modo amplio, mediante las correspondientes campañas de difusión y a través de cuantos instrumentos se consideren oportunos, los principios, contenidos y valores de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


- Edite y distribuya en formatos accesibles, los textos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


- Dé a conocer y difunda adecuadamente, entre las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que les representan, los procedimientos y mecanismos previstos en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU, para denunciar ante el correspondiente Comité de la ONU, posibles vulneraciones de las disposiciones de la Convención."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2008.-Inmaculada Bañuls Ros, Ana Pastor Julián y Francisco Vañó Ferre, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


Comisión de Interior

181/001127

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Carmen Navarro Cruz

Texto:

¿Cómo valora el Gobierno los enfrentamientos y disturbios que se produjeron el pasado 7 de diciembre en la Mojonera, Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2008.-Carmen Navarro Cruz, Diputada.


181/001128

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Carmen Navarro Cruz

Texto:

¿Cuál fue la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en relación con los hechos ocurridos en la Mojonera, Almería, el pasado 7 de diciembre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2008.-Carmen Navarro Cruz, Diputada.


181/001129

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Carmen Navarro Cruz

Texto:

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para hechos como el producido el 7 de diciembre en La Mojonera, Almería, no se repitan?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2008.-Carmen Navarro Cruz, Diputada.


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181/001130

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Carmen Navarro Cruz

Texto:

¿Por qué la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. no ejecuta las actuaciones que tiene encomendadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2008.-Carmen Navarro Cruz, Diputada.


181/001131

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Carmen Navarro Cruz

Texto:

¿Qué criterios se han seguido para mantener abiertas las celdas del módulo dos por la noche, en el Centro Penitenciario del Acebuche en Almería?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2008.-Carmen Navarro Cruz, Diputada.


181/001154

Grupo Parlamentario Mixto (UPyD) en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Rosa Díez González

Texto:

¿Con qué criterios ha establecido el Ministerio de Interior su inversión de papeletas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo en junio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2009.-Rosa Díez González, Diputada.


Comisión de Defensa

181/001150

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río

Texto:

¿Cuál es el papel de coordinación entre los tres ejércitos que jugará el Jefe de Estado Mayor de Defensa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado.


181/001151

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río

Texto:

¿Cuál es la nueva estructura orgánica del Ejército de Tierra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado.


181/001152

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río

Texto:

¿Cuál es la nueva estructura orgánica del Ejército del Aire?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado.


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181/001153

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río

Texto:

¿Cuál es la nueva estructura orgánica de la Armada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado.


Comisión de Fomento

181/001125

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río

Texto:

¿Cuándo piensa finalizar el Gobierno los nuevos accesos por carretera al puerto exterior de Ferrol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.-Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado.


181/001126

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río

Texto:

¿Cuándo piensa iniciar los tramites el Ministerio de Fomento para la construcción del acceso por ferrocarril al puerto exterior de Ferrol?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.-Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado.


181/001136

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Dolors Montserrat Montserrat

Texto:

¿Cuál es la causa que ha llevado a la empresa Operadora Renfe para suprimir la conexión directa para mercancías entre los puertos de Barcelona y Bilbao?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.


181/001137

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Dolors Montserrat Montserrat

Texto:

¿Para cuándo está previsto que la empresa operadora Renfe restablezca de nuevo la conexión directa para mercancías entre el puerto de Barcelona y Bilbao?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.


181/001138

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Dolors Montserrat Montserrat

Texto:

¿Cuáles han sido las gestiones que se han realizado desde el Gobierno para evitar la supresión de la conexión directa para mercancías entre los puertos de Barcelona y Bilbao ?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2008.-Dolors Montserrat Montserrat, Diputada.


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Comisión de Educación, Política Social y Deporte

181/001147

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte

Diputado don Carles Campuzano i Canadés

Texto:

¿Qué actuaciones piensa impulsar el Gobierno para activar la puesta en marcha del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.


181/001149

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte

Diputado don Carles Campuzano i Canadés

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la creación de Fondos de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia de ámbito de Comunidad Autónoma?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.


Comisión de Trabajo e Inmigración

181/001148

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración

Diputado don Carles Campuzano i Canadés

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno habilitar un espacio alternativo para continuar prestando los servicios que el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, hasta este mes de enero, desarrollaba en la ciudad de Terrassa, y que en la actualidad se encuentra cerrado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.


Comisión de Industria, Turismo y Comercio

181/001140

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria

Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río

Texto:

¿Cuándo piensa iniciar el Gobierno las negociaciones con Bruselas, anunciadas por el Presidente del Gobierno, para la vuelta a la construcción naval convencional de los astilleros de Navantia-Fene?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2008.-Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado.


Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

181/001139

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Diputado don Enrique Fajarnés Ribas

Texto:

¿Qué terrenos costeros ha adquirido, o piensa adquirir, el Gobierno en las islas de Ibiza y Formentera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2008.-Enrique Fajarnés Ribas, Diputado.


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Comisión de Cultura

181/001134

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura

Diputado don José María Lassalle Ruiz

Texto:

¿Cuáles son los objetivos previstos para la creación del canal cultural de televisión para 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2008.-José María Lassalle Ruiz, Diputado.


181/001135

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura

Diputado don José María Lassalle Ruiz

Texto:

¿Cuál es la financiación prevista para la creación del canal cultural de televisión para 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2008.-José María Lassalle Ruiz, Diputado.


Comisión de Sanidad y Consumo

181/001143

Grupo Parlamentario ER-IU-ICV

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo

Diputado don Gaspar Llamazares Trigo

Texto:

¿Dentro del Pacto por la Sanidad ha incluido el Gobierno el COPAGO como alternativa dentro del Comité para la Racionalización del Gasto Sanitario?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.


181/001144

Grupo Parlamentario ER-IU-ICV

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo

Diputado don Gaspar Llamazares Trigo

Texto:

¿Forma parte el Gobierno de los contratos existentes, con la participación de diversas Comunidades Autónomas, en relación a la puesta en marcha de medidas de copago en el sistema sanitario por parte de los usuarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.


181/001145

Grupo Parlamentario ER-IU-ICV

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo

Diputado don Gaspar Llamazares Trigo

Texto:

¿Cuál es la posición del Gobierno en relación a la introducción del copago en el Sistema Sanitario español mediante figuras como el "euro por consulta" el "ticket moderador" o la "factura en la sombra" entre otros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.


181/001146

Grupo Parlamentario ER-IU-ICV

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo

Diputado don Gaspar Llamazares Trigo

Texto:

¿Baraja el Gobierno medidas adicionales de copago en el ámbito farmacéutico, en función de la renta del paciente, el coste de los medicamentos o su introducción en determinados colectivos como los pensionistas hoy exentos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Interior, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


RELACIÓN DE PREGUNTAS

Núm. expte.: 184/029737.


Núm. registro: 34614.


Autor iniciativa: Barrachina Ros, Miguel (GP).


Objeto iniciativa: Valor del material sustraído en los robos o hurtos producidos desde la inauguración del centro penitenciario de Albocasser (Castellón).


Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 68, de 22 de septiembre de 2008, pág. 35.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001165.


Núm. expte.: 184/029738.


Núm. registro: 34615.


Autor iniciativa: Barrachina Ros, Miguel (GP).


Objeto iniciativa: Número de robos o hurtos ocurridos antes del 17 de junio de 2007 en el centro penitenciario de Albocasser (Castellón).


Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 68, de 22 de septiembre de 2008, pág. 35.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001166.


Núm. expte.: 184/029739.


Núm. registro: 34616.


Autor iniciativa: Barrachina Ros, Miguel (GP).


Objeto iniciativa: Fecha del robo de 11 cámaras de videovigilancia y algunos de sus soportes en el centro penitenciario de Albocasser (Castellón).


Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 68, de 22 de septiembre de 2008, pág. 35.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001167.


Núm. expte.: 184/029740.


Núm. registro: 34617.


Autor iniciativa: Barrachina Ros, Miguel (GP).


Objeto iniciativa: Número de robos o hurtos producidos desde el 17 de junio de 2007 en el centro penitenciario de Albocasser (Castellón).


Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 68, de 22 de septiembre de 2008, pág. 35.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001168.


La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertidas en preguntas con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Fomento, las preguntas al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relacionan, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


RELACIÓN DE PREGUNTAS

Núm. expte.: 184/035133.


Núm. registro: 42053.


Autor iniciativa: Reinares Fernández, Jaime (GP).


Objeto iniciativa: Situación del expediente del proyecto de duplicación de la calzada de la calle Nicolás Soria en Oviedo por debajo de las vías del ferrocarril.


Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 94, de 30 de octubre de 2008, pág. 302.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001191.


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Núm. expte.: 184/035134.


Núm. registro: 42054.


Autor iniciativa: Reinares Fernández, Jaime (GP).


Objeto iniciativa: Situación del expediente relativo al proyecto de los accesos al Oeste en Oviedo, también denominado Ronda Norte.


Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 94, de 30 de octubre de 2008, pág. 303.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001192.


Núm. expte.: 184/040607.


Núm. registro: 48834.


Autor iniciativa: Reinares Fernández, Jaime (GP).


Objeto iniciativa: Medidas a adoptar para compensar al municipio de Lena (Asturias) por las pérdidas que le puderan ocasionar el traslado de pago del peaje de la autopista del Huerna.


Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 116, de 01 de diciembre de 2008, pág. 667.


Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001193.


COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

232/000023

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(232) Recurso de inconstitucionalidad.


AUTOR: Tribunal Constitucional

Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 4057/2005, promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con el artículo 3.7, párrafo II; artículo 20.4.b), 5, 6 y 7; Disposición Final Segunda, apartado dos; Disposición Final Cuarta y Disposición Final Quinta, de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como votos particulares formulados a la misma.


Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Salas Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4057-2005, interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso contra los arts. 3.7 (párrafo segundo) y 20.4 b), 5, 6 y 7, y las Disposiciones Finales Segunda (apartado 2), Cuarta y Quinta de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Han sido parte el Parlamento y el Gobierno Vascos. Ha sido ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

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Ha decidido

Desestimar el recurso de inconstitucionalidad, núm. 4057-2005, interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso contra los arts. 3.7 (párrafo segundo) y 20.4 b), 5, 6 y 7, y las Disposiciones Finales Segunda (apartado 2), Cuarta y Quinta de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.


Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".


Dada en Madrid, a 19 de enero de 2009.

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