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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 119-13, de 07/07/2011
 

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
7 de julio de 2011

Núm. 119-13


ENMIENDAS E ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO

121/000119 Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas y del índice de enmiendas en relación con el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2011.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-María Nuria Buenaventura Puig, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.

ENMIENDA NÚM. 1

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado uno

De adición.

Se añade un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 5 bis añadido en el apartado uno del artículo único, con la siguiente redacción:

"El deudor deberá acreditar que ha informado a los representantes de los trabajadores del inicio de las negociaciones para obtener un acuerdo de refinanciación o una aprobación anticipada de convenio, y que ha iniciado el deber de consulta con dichos representantes sobre la adopción de medidas preventivas en caso de riesgo para el empleo, de conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores."

MOTIVACIÓN

Se trata de una medida preventiva ante una situación de riesgos para el empleo, lo que obliga a dar cumplimiento


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al artículo 64 del ET, que impone el deber de información y consulta, lo que no es sino mandato establecido de la Directiva 2002/14/CE, de 11 de marzo. Es preciso lograr la adecuada coordinación de los dos bloques normativos y eliminar el riesgo de prácticas ilegales que puedan viciar la propia consecución de los acuerdos de refinanciación o la aprobación anticipada del convenio.

En ese acuerdo se incluye un plan de viabilidad, de conformidad con el artículo 71.6 que va a predeterminar las medidas extintivas o modificativas de los contratos de trabajo, y es preciso asegurar que las consultas se realizan en un período idóneo, antes de haberse predeterminado la posición empresarial de conformidad con la doctrina del TJUE.

ENMIENDA NÚM. 2

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Nuevo apartado en el artículo único

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo único, con la siguiente redacción:

"Seis bis (nuevo). Se añade un inciso al final del tercer párrafo del apartado 1 del artículo 13, cuya redacción será la siguiente:

"Igualmente se comunicará la solicitud a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento como parte y dándoles traslado de los documentos a que se refiere el artículo 6.2, subapartados 2, 3 y 4 de esta ley. La personación la podrán realizar directamente, así como a través de las organizaciones sindicales más representativas o con representación en la empresa.""

MOTIVACIÓN

La tramitación del concurso no puede realizarse a espaldas de los representantes de los trabajadores, siendo preciso facilitar su acceso al proceso para poder intervenir en el mismo desde el primer momento considerando los intereses económicos y profesionales que se ven afectados. La remisión de la documentación por el propio deudor facilita ese conocimiento y asegura la transparencia del concurso.

Del mismo modo, es preciso articular la intervención procesal de los sujetos que representan al conjunto de los trabajadores, ya sean los representantes legales, o las organizaciones sindicales más representativas o con representación en la empresa, que posibilita la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, elimina la necesidad de personación individual de toda la pluralidad de trabajadores y sirve para solucionar los casos en que la empresa pudiera tener varios órganos de representación unitaria mediante la intervención de las propias organizaciones sindicales.

ENMIENDA NÚM. 3

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Nuevo apartado en el artículo único

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo único, con el siguiente contenido:

"Once bis (nuevo). Se añade un nuevo párrafo, después del primero, en el apartado 5 del artículo 21, con la siguiente redacción:

"De la misma forma, el Secretario judicial notificará el auto a la representación legal de los trabajadores, aunque no hubiera comparecido en el procedimiento, tomando en consideración los datos que le hubiera facilitado el concursado de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de esta ley.""

MOTIVACIÓN

Aunque los representantes de los trabajadores no se hubieran personado, deben recibir la notificación del auto de declaración del concurso para posibilitar el ejercicio de la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores y facilitar la intervención de los trabajadores que pudieran ser acreedores.


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ENMIENDA NÚM. 4

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado catorce

De modificación.

El apartado 3 del artículo 25 bis añadido en el apartado catorce del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"3. La acumulación procederá aunque los concursos hayan sido declarados por diferentes juzgados. En ese caso, la competencia para la tramitación de los concursos acumulados corresponderá al Juez que estuviera conociendo del concurso de la sociedad dominante o, en su caso, del deudor con mayor pasivo en el momento de la presentación de la solicitud de concurso."

MOTIVACIÓN

Por coherencia con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la Ley Concursal respecto al centro de intereses principales del grupo. Además, se elimina la referencia final del apartado por ser innecesaria de incoherente con el régimen legal de atribución de la competencia judicial.

ENMIENDA NÚM. 5

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado quince

De adición.

Se añade un nuevo párrafo 3.º en el apartado 2 del artículo 27 modificado en el apartado quince del artículo único, con la siguiente redacción:

"3.º En caso de que las deudas con los trabajadores sean superiores al 50 por ciento de los créditos ordinarios reconocidos por el deudor, el juez nombrará como administrador acreedor a la representación legal de los trabajadores, si la hubiere, que deberá designar un profesional que reúna la condición de auditor de cuentas, economista, titulado mercantil o abogado, quedando sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y responsabilidad que los demás miembros de la administración concursal. A efectos de llevar a cabo la designación, se seguirán los mismos criterios que los establecidos en el artículo 64 de esta ley para obtener el acuerdo en el período de consultas. Si los créditos de los trabajadores hubieran sido satisfechos por el Fondo de Garantía Salarial en la cuantía anteriormente expresada, dicha designación corresponderá al citado organismo."

MOTIVACIÓN

Dado que los trabajadores son interesados principales en la continuidad de la empresa, se considera conveniente la introducción en dicho artículo de una fórmula que facilite, en mayor medida, la participación de sus representantes en la designación de los administradores concursales cuando se trata de un concurso ordinario y por ende, reservado a las grandes empresas. En todo caso, ello está particularmente justificado cuando las deudas con la plantilla exceden determinado montante frente a los créditos ordinarios, en cuyo caso desplazan al nombramiento de un acreedor. Además, se eliminan los problemas que pudieran generarse cuando no existe representación de los trabajadores, ya que otras fórmulas o no son operativas, o pueden entrañar notables retrasos en la designación del administrador y con ello, en la dinámica del proceso concursal.

ENMIENDA NÚM. 6

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado quince

De modificación.

El primer párrafo del apartado 4 del artículo 27 modificado en el apartado quince del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"4. Los administradores concursales profesionales se nombrarán por el Juez respetando el orden de las listas que existan. No podrá ser designado administrador


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concursal aquel que ya desempeñe esa función en tres o más concursos."

MOTIVACIÓN

Se está produciendo un verdadero abuso en el nombramiento de los administradores concursales que, como sucedía con las derogadas leyes de quiebras y de suspensión de pagos, se realiza con criterios poco claros. En principio, todos los incluidos en las listas profesionales cumplen con los requisitos para ser designados como administradores, por lo que no hay razón para romper el orden de las listas. Se trata, en suma, de introducir transparencia en este mercado profesional eliminando al arbitrismo basado en razones poco transparentes, cuando no injustificadas.

Se propone agilizar la tramitación de los concursos y romper el oligopolio que se está creando en este ámbito.

En primer lugar, como decimos, hay que suponer que todos los administradores concursales tienen la misma habilitación profesional. En segundo lugar, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos profesionales, el nombramiento de los administradores concursales no está sujeto a la libre competencia, sino que es producto de la decisión judicial. En tercer lugar, el principal problema en la tramitación de los concursos es su dilación, hasta el punto de que aquella se está acercando peligrosamente a los antiguos procedimientos concursales, que nunca terminaban. Por último, resulta imposible que un administrador concursal pueda gestionar eficazmente más de tres concursos con la diligencia y atención necesarias.

ENMIENDA NÚM. 7

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado quince

De modificación.

El apartado 7 del artículo 27 modificado en el apartado quince del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"7. En supuestos de concursos conexos, el Juez competente para la tramitación de éstos, nombrará una administración concursal única designando auxiliares delegados. En caso de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento recaerá en una de las administraciones concursales ya existentes."

MOTIVACIÓN

Se trata de abaratar costes del concurso y simplificar su tramitación. Si se acumulan o tramitan conjuntamente varios concursos no tiene sentido la coexistencia de distintas administraciones concursales. Por lo demás, en este caso es lógico que la administración recaiga en los administradores concursales ya designados, que conocen las circunstancias del concurso.

ENMIENDA NÚM. 8

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado dieciséis

De modificación.

El segundo párrafo del apartado 4 del artículo 28 modificado en el apartado dieciséis del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, o hayan existido en los dos años anteriores a la solicitud del concurso, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia, cualquiera que sea el título jurídico que pueda atribuirse a dichas relaciones."

MOTIVACIÓN

Como en otros ámbitos del concurso (acciones rescisorias, responsabilidad del concursado, etc.) resulta necesario extender, y por el mismo periodo de dos años, la vinculación a las relaciones entre los administradores concursales inmediatamente anteriores a la solicitud del mismo.

Se trata de corregir el creciente y preocupante fenómeno de que, en ciertos casos, algunos administradores concursales tienen relaciones económicas con el Juez del concurso. Es el caso, por ejemplo, de la organización por aquellos de cursos, conferencias o congresos a


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los que se invita a participar, de manera remunerada, al Juez.

ENMIENDA NÚM. 9

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado diecinueve

De modificación.

El apartado diecinueve queda redactado en los siguientes términos:

"Diecinueve. Se añade un segundo párrafo nuevo al apartado 1 del artículo 32, cuya redacción será la siguiente:

[...]

El nombramiento de, al menos, un auxiliar delegado será obligatorio cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

1.º En empresas con establecimientos en, al menos, dos provincias.

2.º En empresas de más de 500 trabajadores.

3.º En concursos conexos."

MOTIVACIÓN

Se precisa el texto, que adolece de excesiva indefinición. En primer lugar, no parece necesario nombrar un auxiliar cuando los establecimientos se encuentran en la misma provincia; si se considera conveniente proceder a ese nombramiento basta con lo previsto en el primer párrafo del precepto. En segundo lugar, se precisa el concepto de empresa de gran dimensión tomando como referencia el número de trabajadores. En tercer lugar, en coherencia con otra enmienda, se suprime la referencia a la posibilidad de que existan varias administraciones concursales en los concursos conexos. Finalmente, se suprime el ordinal 3.º del texto porque no se entiende en qué puede ayudar a la tramitación del concurso el nombramiento de un auxiliar cuando se acuerda la prórroga del informe, más allá de aumentar los costes del concurso de forma injustificada.

ENMIENDA NÚM. 10

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado veintiuno

De modificación.

El número 1.º del apartado 3 del artículo 43 modificado en el apartado veintiuno del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"3. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

1.° Los actos de disposición que la administración concursal, por unanimidad, considere indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa hasta la aprobación judicial del convenio o hasta la aprobación judicial del plan de liquidación. Antes de proceder a realizar tales actos de disposición, la administración concursal deberá comunicar su intención al Juez del concurso indicando el concreto acto que propone realizar, sus condiciones y términos, la identidad de aquel con el que pretende realizarlo y la justificación de su indispensabilidad, en particular, la inexistencia de alternativa económica al acto de disposición que se propone. No podrán enajenarse bienes o derechos que no se encuentren afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado o que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial.

Si se pretendiese la enajenación de bienes o derechos que integran la masa activa, dicha enajenación se realizará con arreglo a las normas establecidas en el artículo 149 de esta Ley."

MOTIVACIÓN

Se propone precisar las condiciones y el procedimiento para la realización de los actos de disposición a los que se refiere el precepto. Se suprime la referencia a las necesidades de tesorería porque puede dar lugar a abusos, además de que pudiera darse el caso de que estos actos impidan o dificulten la viabilidad de la empresa. Se precisa el contenido de la comunicación a Juez y se exige que éste apruebe la realización de dichos actos ya que no parece oportuno que una decisión tan importante pueda realizarse sin previa aprobación judicial. Por último, se armoniza la eventual enajenación de bienes y derechos con lo previsto en la propia Ley Concursal para la liquidación.


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ENMIENDA NÚM. 11

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado veintisiete

De modificación.

El apartado 2 del artículo 48 ter añadido en el apartado veintisiete del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"2. De igual manera, durante la tramitación del concurso de la sociedad, el Juez, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos de los socios personalmente responsables de las deudas de la sociedad en la cuantía que estime bastante, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas, pudiendo, a solicitud del socio, acordarse la sustitución del embargo por aval de entidad de crédito."

MOTIVACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 12

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y tres

De adición.

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 1 del artículo 55 modificado en el apartado treinta y tres del artículo único, con la siguiente redacción:

"Igualmente podrán continuar las ejecuciones laborales que se hubieran iniciado con anterioridad a la declaración del concurso, siempre que hubiera bienes que se estimen prudencialmente suficientes para atender los créditos que pudieran ser preferentes a los créditos laborales que se ejecutan y no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor."

MOTIVACIÓN

Para evitar perjuicios a los trabajadores en el concurso se propone en otras enmiendas que la ejecución de los créditos laborales vuelva a ser competencia de los Jueces del Orden Social de la jurisdicción y no del Juez Mercantil, si bien con matices. En coherencia con la finalidad del concurso de ordenar y clasificar los créditos, que su ejecución lo sea de conformidad con la clasificación que haya declarado el Juez del concurso y cuando no afecte a la continuidad de la empresa.

ENMIENDA NÚM. 13

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De modificación.

El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, con la siguiente redacción:

"Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en tramitación un expediente de regulación de empleo, la Autoridad laboral mantendrá su competencia, correspondiendo a la administración concursal la ejecución de la resolución dictada por aquella."

MOTIVACIÓN

La autoridad laboral es órgano experimentado y buen conocedor de los problemas y conflictos sociolaborales, y tiene la capacidad y perspectiva de valorar otros intereses públicos generales tales como los locales, los del sector, etc. Mantener la competencia de la autoridad laboral, cuando ya ha iniciado la tramitación, facilitaría que se pudieran resolver muy rápidamente las situaciones de empresas abocadas al cierre y sin liquidez, con acceso al desempleo más rápido.


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ENMIENDA NÚM. 14

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De supresión.

Se suprime el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la redacción propuesta para el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 64.

ENMIENDA NÚM. 15

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De modificación.

El párrafo segundo del apartado 2 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"En el caso de no existir representación legal de los trabajadores, éstos podrán atribuir su representación en la tramitación de los procedimientos a una comisión de un máximo de tres miembros, integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa concursada."

MOTIVACIÓN

El artículo 7 de la Constitución Española atribuye a los sindicatos la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, y los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, reconocen a los sindicatos más representativos y representativos, especial papel en la representación de los trabajadores. Así pues, en ausencia de representación unitaria en la empresa, que no es sino un instrumento de la acción sindical en la empresa, deben ser directamente los sindicatos más representativos y los representativos, a los que corresponda la negociación.

ENMIENDA NÚM. 16

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De modificación.

El párrafo tercero del apartado 5 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"Los representantes de los trabajadores o la administración concursal podrán solicitar al Juez la participación en el periodo de consultas de otras sociedades o personas que indiciariamente puedan constituir un grupo de empresas a efectos laborales. A estos efectos, podrá interesar el auxilio del juzgado que se estime necesario para su comprobación."

MOTIVACIÓN

Lo relevante es poder traer al ERE concursal), al grupo de empresas a los efectos laborales, cuyos requisitos están perfectamente definidos por la jurisprudencia laboral.

ENMIENDA NÚM. 17

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De modificación.


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El párrafo segundo del apartado 6 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de los representantes sindicales, si los hubiere, que en su caso sumen la mayoría de aquéllos. En ausencia de representación de los trabajadores, el acuerdo requerirá la mayoría de la comisión integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa concursada."

MOTIVACIÓN

Mejora técnica, en coherencia con otra enmienda.

ENMIENDA NÚM. 18

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De adición.

El sexto párrafo del apartado 6 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, queda redactado como sigue:

"Recibida dicha comunicación, el Secretario judicial recabará un informe de la Autoridad Laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de quince días, pudiendo ésta oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisión. A tal efecto, se facilitará a la Autoridad Laboral la totalidad de la documentación en la que se pretenda justificar las medidas propuestas. Cuando entre las mismas se incluya la suspensión o extinción de los contratos de trabajo, y no se hubiere alcanzado acuerdo entre la representación de los trabajadores y la administración concursal, el informe de la Autoridad Laboral será vinculante, pero el Juez podrá apartarse del mismo si considera que incurre en grave error de hecho o de derecho y así hubiera sido denunciado por las partes intervinientes. Ello se entiende sin perjuicio de los recursos de suplicación que se deriven del auto del Juez Mercantil que resuelva el expediente, que se podrán fundamentar en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la ilegalidad de la propuesta de la Autoridad Laboral."

MOTIVACIÓN

Es preciso articular una solución coherente con el sistema de distribución de competencias y con la reciente atribución al Orden Social como Juez natural para enjuiciar las materias relativas al despido colectivo. Se preserva el control por el Juez Mercantil del procedimiento, pero en caso de medidas extintivas se da relevancia decisoria al informe de la Administración, que predeterminará la solución del expediente salvo que el Juez Mercantil aprecie graves vicios. Con ello se asegura igualmente la identidad en la interpretación de las causas extintivas al preservarse un control por la Jurisdicción Social, por la vía del recurso de suplicación, el cual puede extenderse a las causas propuestas por la Autoridad Laboral.

Con ello se asegura que la autoridad laboral debe mantener la competencia para decidir sobre la procedencia de las medidas extintivas.

ENMIENDA NÚM. 19

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De adición.

Se añade un último párrafo en el apartado 6 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, con la siguiente redacción:

"Asimismo, si no se hubiere alcanzado acuerdo, y en el periodo de consultas se hubieren incorporado sociedades o personas que indiciariamente puedan constituir un grupo de empresas a los efectos laborales, el juez convocará a las partes a una vista para formular alegaciones y proponer pruebas respecto a sus responsabilidades en las medidas propuestas, incluida la indemnizatoria de aprobarse extinciones de los contratos, responsabilidades que serán determinadas en el auto a que se hace referencia en el apartado siguiente."


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MOTIVACIÓN

La incorporación en el periodo de consultas de las sociedades y personas que puedan formar parte del grupo de empresas a efectos laborales, debe conllevar las correspondientes consecuencias, si se acredita su responsabilidad a efectos laborales.

ENMIENDA NÚM. 20

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De modificación.

El primer párrafo del apartado 7 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"7. Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el Juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo apreciase la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación vigente y al informe vinculante de la Autoridad laboral en caso de desacuerdo."

MOTIVACIÓN

Mejora técnica, en coherencia con otra enmienda.

ENMIENDA NÚM. 21

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De supresión.

Se suprime el párrafo segundo del apartado 7 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único.

MOTIVACIÓN

Mejora técnica en coherencia con otra enmienda.

ENMIENDA NÚM. 22

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De adición.

Se añade un nuevo párrafo, después del segundo, en el apartado 7 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, con la siguiente redacción:

"En caso de no concurrir las causas justificadas para la extinción de los contratos, pero se acreditase la imposibilidad objetiva de dar ocupación a los trabajadores por cese o cierre de la empresa, se declarará extinguida la relación laboral y se reconocerá a los trabajadores afectados la cuantía de la indemnización legal establecida para el despido improcedente, además de los salarios devengados hasta el momento de la extinción. Igualmente, procederá reconocer la indemnización adicional a que se refiere el apartado anterior en atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la imposibilidad de continuación de la actividad."

MOTIVACIÓN

La tramitación del período de consultas puede concluir sin acuerdo, pero la experiencia demuestra, y así lo ha recogido la práctica judicial, que la obligación de resolver con arreglo al principio de congruencia impone reconocer una indemnización superior al mínimo legal para el despido colectivo cuando la situación económica de la concursada, los perjuicios ocasionados a los trabajadores por la extinción, hubieran posibilitado su abono, si bien el acuerdo final se frustró por diversas razones.

Ello permite además otorgar mayor seguridad jurídica a la decisión extintiva, en cuanto reduce las posibilidades de recurso de suplicación contra la misma, reduce la tensión propia del conflicto y busca una composición de intereses más equilibrada entre los respectivos sacrificios de las partes, partiendo de que la extinción


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de una parte de los contratos es un sacrificio que han de asumir determinados trabajadores para la continuidad del proyecto empresarial. En todo caso, conviene fijar un parámetro máximo para dicho importe, que sirva a su vez de módulo orientador tanto para los Administradores concursales como para el órgano judicial al llevar a cabo su reconocimiento.

Por otra parte, hay que dar salida a la situaciones que se producen cuando la empresa se ha visto afectada por una situación de crisis económica, pero no obstante ello, no concurren los presupuestos que puedan justificar la extinción contractual, lo que la experiencia ha demostrado en supuestos en que la crisis ha sido generada por discrepancias de los socios, por negligencia en la administración, o por un cierre o cese de actividad injustificado que ha generado en una crisis irreversible. En tal caso, ni la extinción se puede considerar justificada, ni parece razonable encomendar la solución de esa situación a litigios individuales basados en el incumplimiento empresarial por falta de ocupación. Es por ello necesario adoptar la misma solución que contempla la legislación laboral cuando, a pesar de ser un cese nulo, resulta imposible la continuación de la actividad, lo que permite acordar la extinción del contrato, abonar la indemnización para el despido improcedente y un importe adicional por los perjuicios causados por la extinción.

ENMIENDA NÚM. 23

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De adición.

Se añade un nuevo párrafo, después del primero, en el apartado 8 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, con la siguiente redacción:

"Igualmente podrán interponer recurso contra el auto la sociedad y persona integrante del grupo de empresas a efectos laborales, cuya responsabilidad haya sido determinada por aquél."

MOTIVACIÓN

Reconocer el derecho al recurso de los integrantes del grupo.

ENMIENDA NÚM. 24

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De modificación.

El segundo párrafo del apartado 8 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, queda redactado como sigue:

"Las acciones que los trabajadores o el Fondo de Garantía Salarial puedan ejercer contra el auto en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en materia laboral. El plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de un mes desde que se notificó al trabajador el auto del Juez del concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación."

MOTIVACIÓN

El plazo que recoge el Proyecto de Ley comienza a computarse desde que el trabajador conoció o debió conocer el auto del Juez que acuerda la extinción, modificación o suspensión del contrato de trabajo, lo que genera una completa indeterminación del momento concreto en que se produce dicha situación, lo que es relevante para el propio trabajador y para la firmeza de la medida acordada. En este punto es imprescindible que quien se va a ver afectado por la resolución judicial sea debidamente notificado, y sólo a partir de ese momento podrá computar el plazo para recurrir.

ENMIENDA NÚM. 25

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De adición.


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Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 8 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, con la siguiente redacción:

"En caso de estimarse el recurso y se revocara la medida extintiva, si la readmisión resultara objetivamente imposible será de aplicación lo establecido en el apartado anterior para estos supuestos, abonándose así mismo los salarios dejados de percibir, si bien se deducirán los salarios obtenidos en otro empleo, o en su caso, el importe de las prestaciones por desempleo u otro concepto similar, en los términos establecidos en la legislación laboral."

MOTIVACIÓN

Es preciso abordar la situación que se puede producir si la resolución extintiva es revocada, con la necesidad de recomponer la relación laboral. Para ello se propone la solución adoptada por la jurisprudencia social, permitiendo el descuento de los salarios abonados con lo obtenido en otro empleo, o en concepto de prestaciones por desempleo o subsidio por IT, en su caso.

ENMIENDA NÚM. 26

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado treinta y ocho

De modificación.

El apartado 10 del artículo 64 modificado en el apartado treinta y ocho del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"10. Las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del Estado de los Trabajadores que se basen en la falta de pago de salarios o en la falta de ocupación efectiva, y que se hubieran interpuesto con posterioridad a la solicitud de concurso, podrán ser objeto de acumulación para su resolución ante el Juez del Orden Social que resulte competente, a instancia de la Administración concursal, cuando acredite que el incumplimiento empresarial, en su caso, está motivado por la situación económica o la insolvencia del concursado.

El ejercicio de acciones de resolución del contrato no impedirá la inclusión, a efectos cautelares, de los trabajadores afectados en el expediente al que se refiere este artículo en los apartados anteriores.

Tendrá efectos preferentes la demanda de resolución del contrato de trabajo si al tiempo del inicio del expediente de extinción previsto en este artículo, hubieran concurrido todos los elementos determinantes de aquella pretensión. Cuando no concurran tales elementos tendrá plenos efectos extintivos el despido colectivo.

En el supuesto de resolución de contratos de trabajo, se reconocerá la indemnización prevista en el Estatuto de los Trabajadores para estos supuestos, salvo que en el expediente de extinción colectiva tramitado ante el Juez del Concurso se alcance un acuerdo con la representación de los trabajadores que incluya a aquellos trabajadores, que implique la aprobación de un plan de viabilidad para la empresa y la continuidad de una parte de los puestos de trabajo, con compromisos de recolocación en su caso, y sin que en tal supuesto se pueda reconocer una indemnización inferior a la prevista para el despido colectivo. A tales fines, la Administración concursal comunicará al Juez de lo Social que conociera de tales acciones el inicio del expediente concursal que incluya a tales trabajadores, así como, en su caso, el acuerdo que se pueda obtener o la falta del mismo. El Juez de lo Social suspenderá los procesos, con efectos a partir del momento anterior a dictar sentencia, en cuanto constate la inclusión de los trabajadores demandantes en el expediente de extinción colectiva de contratos."

MOTIVACIÓN

En la regulación del Proyecto de ley, las acciones por incumplimiento empresarial motivadas por la crisis de la empresa supone que se incluyan, de oficio, entre los trabajadores afectados por el despido colectivo. Este es el único significado posible de la calificación como extinciones de carácter colectivo y los efectos extintivos del auto que resuelva el expediente. Se trata de una solución inaceptable por un doble género de razones: el despido colectivo enerva la acción de resolución, de modo que el incumplimiento empresarial y los daños generados a la plantilla quedan sin consecuencia jurídica alguna, al operar una causa extintiva, y ello, incluso en el caso de que ya concurrieran los elementos determinantes del incumplimiento empresarial y de la acción de resolución. Esto es particularmente grave si hubieran sido los Administradores Concursales los que incurrieran en la falta de pago de salarios o de ocupación efectiva, y no obstante ello, la inclusión ex lege de tales trabajadores en el despido colectivo priva de la compensación prevista en la legislación laboral para estos casos. En segundo lugar, penaliza con el despido colectivo a los trabajadores por la simple razón de haber ejercitado una acción de resolución de contrato,


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lo que lesiona la tutela judicial efectiva, y no puede convertirse en un obstáculo que disuada el ejercicio de acciones por incumplimiento empresarial. Se puede considerar que ante la crisis de la empresa, la solución adecuada no deba arbitrarse a través de una pluralidad de decisiones de los órganos laborales, en función del reparto de asuntos con el riesgo evidente de contradicción. Es por ello razonable estimular la acumulación de acciones pero sin desnaturalizar la competencia natural del Juez Social para su resolución.

La legislación actual no ofrece ningún cauce de intervención colectiva a una vía que se configura en muchos casos como la liquidación del conjunto de la empresa, y en la que no tienen espacio acuerdos para garantizar la viabilidad de la empresa. Es preciso diseñar un mecanismo de intervención colectiva a fin de que los representantes de los trabajadores dispongan de un margen de negociación para decidir el futuro de la empresa y los contratos de trabajo. Para ello es preciso clarificar la capacidad negociadora de los representantes en este período de consultas, sobre todo, en qué medida pueden disponer de esa indemnización legal por debajo del límite para las acciones de resolución pendientes. Sólo se podrá reconocer una indemnización inferior cuando se alcance un acuerdo con la representación legal, que implique la aprobación de un plan de viabilidad para la empresa y la continuidad de una parte de los puestos de trabajo, con compromisos de recolocación en su caso, y sin que en tal supuesto se pueda reconocer una indemnización inferior a la prevista para el despido colectivo.

Otra cuestión relevante es el criterio que se viene asentado desde determinadas instancias judiciales, que consideran que la extinción ante el Juez del Concurso por la falta de pago de salarios tiene los mismos efectos que la existencia de razones justificadas para la extinción de los contratos por causas económicas, y por tanto, sólo procede la indemnización legal de 20 días por año de servicio, con el máximo de una anualidad. Esa conclusión, además de que no tiene fundamento legal, coloca en la misma situación al empresario diligente, que atiende los salarios y que justifica las medidas de regulación de empleo, y al empresario que se desentiende del negocio, deja de abonar los salarios con el perjuicio que ello supone para los trabajadores, y además, no justifica ni siquiera lo integra, la existencia de razones justificativas para la extinción de los contratos. Este completo contrasentido debe ser resuelto expresamente a fin de determinar de forma concluyente los efectos que ha de tener la acción de resolución por incumplimiento empresarial cuando se tramita ante el Juez del Concurso, en el sentido de reconocer la indemnización prevista en el Estatuto de los Trabajadores para estos supuestos.

Habría que mejorar la coordinación con la resolución de los contratos determinada por los Juzgados de lo Social, a fin de garantizar que la solución global adoptada alcance a toda la plantilla que aún no haya visto extinguidos los contratos, y se impidan que grupos de trabajadores vinculados con la dirección accionen de forma anticipada antes del concurso para eludir esa medidas y acceder a mayores indemnizaciones. En tal sentido, debería establecerse que el acuerdo alcanzará al conjunto de los trabajadores que aún no hubieran extinguido de manera definitiva sus contratos, aunque hubieran iniciado acciones de resolución.

ENMIENDA NÚM. 27

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Nuevo apartado en el artículo único

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo único con el siguiente contenido:

"Treinta y ocho bis (nuevo). Se añade un nuevo apartado 10 bis en el artículo 64 con la siguiente redacción:

"10 bis. Mientras se resuelve el expediente al que se refiere este artículo, se podrá acordar por el Juez de lo Mercantil la suspensión de la prestación de servicios cuando se constate la imposibilidad de dar ocupación a los trabajadores, y en todo caso, cuando se incurra en la falta de pago de los salarios equivalentes a tres mensualidades. Ello no impedirá el abono de los salarios correspondientes al período de suspensión del deber de prestación de servicios, así como el mantenimiento del deber de cotización, con las limitaciones establecidas en la legislación laboral correspondientes a los salarios de tramitación. Ello se entiende sin perjuicio de que el trabajador acceda a la situación legal de desempleo, y en caso de abono de salarios impagados, se proceda a su regularización como en el caso previsto de los salarios de tramitación.""

MOTIVACIÓN

Dar respuesta a los frecuentes casos en que la empresa no puede dar ocupación y no obstante ello hay que esperar a la conclusión del expediente de extinción que puede estar ralentizado por diversas causas. Los perjuicios desproporcionados que genera dicha situación se deben abordar mediante una medida cautelar de cese de actividad que legitime la posibilidad de búsqueda de otra ocupación o de acceso a la protección por desempleo, sin que ello suponga merma de las obligaciones salariales de la empresa por cuanto no es imputable al trabajador dicha situación. Además, ello puede beneficiar al activo


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de la empresa pues reduce los salarios como deudas contra la masa si los trabajadores acceden a otro empleo mediante la vía de los descuentos.

ENMIENDA NÚM. 28

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado cuarenta y uno

De modificación.

El apartado 2 del artículo 72 añadido en el apartado cuarenta y uno del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"2. Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que puedan dirigirse contra los acuerdos de refinanciación que cumplan la totalidad de los requisitos del apartado 6 del artículo 71. Para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior."

MOTIVACIÓN

La restricción en la legitimación, que es una excepción al sistema de legitimaciones en el ejercicio de las acciones rescisorias y de impugnación de los actos del concursado, sólo se puede justificar en el previo cumplimiento de los requisitos exigidos, a tal fin, por el artículo 71.6 de la Ley. En consecuencia, el acuerdo que no cumpla con tales requisitos no puede acogerse a la presente excepción. Conviene explicitarlo porque no basta con que el acuerdo se llame o pretenda de refinanciación, sino que ha de cumplir, además, los requisitos que legalmente se le imponen.

ENMIENDA NÚM. 29

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado cuarenta y dos

De modificación.

El número 1.° del apartado 2 del artículo 74 modificado en al apartado cuarenta y dos del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"2. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por el Juez:

1.º En caso de que concurran circunstancias excepcionales, a solicitud de la administración concursal presentada antes de que expire el plazo legal, por tiempo máximo e improrrogable de dos meses más. En dicha solicitud la administración concursal deberá justificar la existencia de dichas circunstancias excepcionales."

MOTIVACIÓN

Uno de los graves problemas de los concursos en nuestro país es su alargamiento, que repercute negativamente en la salida al concurso. La mayoría de los concursos terminan, cuando lo hacen, en liquidación. Siendo así, es claro que deben adoptarse medidas prácticas que permitan eliminar esa circunstancia. Aquí se propone precisar que el plazo de prórroga es máximo e improrrogable y se suprime la referencia al administrador que ha sido nombrado en tres o más concursos. Por un lado, porque en otra enmienda se limita a un máximo de tres nombramientos y, por otro, dentro de ese límite de tres concursos, porque, si el administrador no es capaz de desempeñar diligentemente sus funciones, debe renunciar a alguno de esos nombramientos. Por lo demás, es evidente que la referencia final del texto a las causas ajenas al ejercicio profesional ya está incluida en la circunstancias excepcionales a las que se alude al comienzo del número 1.° del apartado 2.

ENMIENDA NÚM. 30

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado cuarenta y seis

De modificación.

El número 1.º del apartado 2 del artículo 84 modificado en el apartado cuarenta y seis del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"1.º Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de


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concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, y las indemnizaciones por extinción colectiva de los contratos de trabajo que hubieran tenido efectividad en el año anterior a la declaración de concurso, en la parte que no sea objeto de cobertura por el Fondo de Garantía Salarial o por una institución de aseguramiento o previsión similar."

MOTIVACIÓN

No es posible que en los momentos anteriores al concurso los acuerdos alcanzados en el ámbito de los expedientes de regulación de empleo, que se formalizan precisamente dentro de un programa para recuperar la viabilidad de la empresa, queden afectados por el concurso y con ello se paralice la efectividad de los compromisos que la empresa hubiera podido asumir y que no se exterioricen a través de una compañía de seguros, fondo de pensiones, o institución de previsión similar, lo mismo que si son objeto de cobertura por el FOGASA. No sólo es preciso asegurar a los trabajadores el abono de las indemnizaciones y los complementos de rentas que estuvieran establecidos, sino que además la posibilidad de que un ulterior concurso impida su efectividad mediatiza los acuerdos ante la crisis de la empresa, y con ello, arrastra a conflictos y a situaciones insuperables. Además, el importe de las cantidades se reduce notablemente por cuanto la parte sustancial estará cubierta por el FOGASA o por instituciones de aseguramiento o previsión, las cuales están en condiciones financieras mucho más adecuadas que los propios trabajadores para atender a la conclusión del concurso para la satisfacción de tales créditos.

Con ello no se genera una situación anormal, sino que se equiparan tales cantidades a favor de los trabajadores a los acuerdos de refinanciación o a los créditos hipotecarios, que su consideración a priori como créditos concursales no es obstáculo para reconocer un tratamiento diferenciado para asegurar su efectividad, lo que se consigue con el mecanismo de su asimilación a créditos contra la masa.

ENMIENDA NÚM. 31

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado cuarenta y seis

De modificación.

El número 2.º del apartado 2 del artículo 84 modificado en el apartado cuarenta y seis del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"2.º Los de costas y gastos judiciales indispensables para la solicitud y la declaración del concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y los necesarios para la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria, hasta la resolución judicial de conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del Juez del concurso cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas."

MOTIVACIÓN

Precisar el ámbito de estos créditos, evitando que se extiendan más allá de lo conveniente con el consiguiente perjuicio al concursado y a los demás acreedores.

ENMIENDA NÚM. 32

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado cuarenta y seis

De adición.

Se añade un nuevo párrafo al final del número 11.º del apartado 2 del artículo 84 modificado en el apartado cuarenta y seis del artículo único, con la siguiente redacción:

"En ningún caso se antepondrá el pago de estos créditos a los créditos de los trabajadores, ya sean estos contra la masa o con privilegio general."

MOTIVACIÓN

Los créditos de los trabajadores, por su especial naturaleza, deben garantizarse en relación con el "dinero fresco".


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ENMIENDA NÚM. 33

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado cuarenta y seis

De modificación.

El apartado 3 del artículo 84 añadido en el apartado cuarenta y seis del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"3. Los créditos del número 1.º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal, cuando lo considere conveniente para el interés del concurso, podrá alterar esta última regla postergando el pago de los restantes créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar a los créditos contra la masa de los trabajadores, alimenticios, tributarios y de la Seguridad Social."

MOTIVACIÓN

Aclarar el sentido del precepto, que no es otro que introducir la posibilidad de postergación en el pago de los créditos contra la masa cuando lo aconseje el interés del concurso. En la redacción del Proyecto de Ley se podría dar el caso de que se adelantase el pago de esos créditos aunque no hubiesen vencido, lo que, a todas luces, es injustificado. Por lo demás, la redacción propuesta en esta enmienda es coherente con la propuesta para el artículo 176 bis en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 34

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado cuarenta y seis

De modificación.

El apartado 5 del artículo 84 añadido en el apartado cuarenta y seis del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"5. Satisfechas las prestaciones conforme a su normativa específica, el Fondo de Garantía Salarial se subrogará en los créditos de los trabajadores con su misma clasificación y en los términos del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha subrogación se entenderá producida a los efectos de vencimiento en la fecha en que se acredite el pago a los trabajadores por el Fondo de Garantía Salarial."

MOTIVACIÓN

Garantizar el cobro atendiendo a la fecha de pago efectivo por el FOGASA.

ENMIENDA NÚM. 35

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado cuarenta y ocho

De adición.

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 2 del artículo 86 modificado en el apartado cuarenta y ocho del artículo único, con la siguiente redacción:

"Los créditos laborales que son objeto de litigio en el ámbito social se considerarán comunicados por la propia existencia del proceso laboral dirigido frente a la empresa y serán reconocidos en cualquier momento, ya sea como contingentes antes de que se dicte sentencia, o como créditos definitivos con arreglo al privilegio que corresponda según su naturaleza y cuantía."

MOTIVACIÓN

Se vienen planteando importantes problemas en la comunicación de los créditos de los trabajadores cuando hubieran formulado acciones reclamando su pago. La previsión legal contempla que se entenderán comunicados los créditos que consten en sentencia, así como los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. Pero el


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problema surge cuando no obstante ello, no se incluyen en la lista de acreedores por los Administradores. La mera comunicación tardía ya genera que pierdan sus privilegios y se califiquen como subordinados, y además, si ni siquiera se comunican antes de que se elabore la lista, a pesar de estar pendientes de un proceso judicial y reconocerse finalmente por sentencia, no son reconocidos en la lista ante la imposibilidad de modificación de la misma y pierden toda posibilidad de ser reconocidos y abonados en el concurso, incluso como créditos subordinados.

Es por ello que se hace precisa una regulación concreta de los créditos laborales en los casos frecuentes de que están pendientes de proceso judicial en el ámbito social. En tal caso, se deben considerar comunicados por la propia existencia del proceso laboral y reconocidos en cualquier momento, ya sea como contingentes antes de que se dicte sentencia, o como créditos definitivos con arreglo al privilegio que corresponda con arreglo a su naturaleza y cuantía.

ENMIENDA NÚM. 36

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado noventa y dos

De modificación.

El apartado 5 del artículo 184 modificado en el apartado noventa y dos del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

"5. Los administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando intervengan en incidentes o recursos deberán hacerlo asistidos de letrado que, en todo caso, será el letrado miembro de la administración concursal en cuyas funciones se entenderá incluida esa intervención. Salvo temeridad manifiesta no procederá la condena en costas a los administradores concursales."

MOTIVACIÓN

Se propone precisar algo que es lógico: que la defensa de la administración concursal la desempeñe personalmente el letrado miembro de la administración concursal, al tiempo que se impide la irregularidad de diferenciar entre dirección técnica e intervención en incidentes y recursos, de manera tal que se nombra a otro letrado para estos últimos, encareciendo innecesariamente los costes del concurso.

ENMIENDA NÚM. 37

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al apartado ciento tres

De adición.

Se añade un nuevo párrafo en la regla Primera del apartado 3 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores modificado en el apartado ciento tres del artículo único, con la siguiente redacción:

"Ello se entiende sin perjuicio de la responsabilidad directa del organismo en los casos legalmente establecidos, así como de las cantidades que estuvieran reconocidas en título sobre el que se hubiera despachado ejecución y se hubiera declarado judicialmente la insolvencia del empresario afectado por el concurso, y las cantidades reconocidas en sentencia del Orden Social, que se entenderán comunicadas y reconocidas a todos los efectos legales."

MOTIVACIÓN

La necesidad de que las cantidades de los trabajadores estén reconocidas en el concurso como créditos concursales o créditos contra la masa plantea dos problemas. Por una parte, es evidente que no puede afectar a los casos de responsabilidad directa del Fondo en el pago de una parte de la indemnización por extinción por causas objetivas o despido colectivo, en cuyo caso la declaración de concurso de la empresa no puede operar como condicionante de la responsabilidad del Fondo. Y además, hay que tener en cuenta que el Orden Social sigue teniendo la competencia para declarar la existencia de deudas contra la empresa, sin perjuicio de que su ejecución se encuentre sometida al concurso. En tales casos, exigir un reconocimiento por los Administradores introduce el riesgo de que ante la negativa, los trabajadores tengan que agotar todo un sistema de recursos ante el Orden Civil cuando ya en el Orden Social han obtenido la condena en la que han sido parte


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los propios Administradores. Esto pone en evidencia que estamos ante una exigencia desproporcionada e injustificada que puede ralentizar el cobro de los salarios o indemnizaciones cubiertos por el Fondo.

Además se plantea el caso de los supuestos en los que se ha declarado la insolvencia antes del concurso y aún no se ha reclamado la prestación al Fondo. Por ello no parece razonable excluir la posibilidad de que la declaración de insolvencia sea suficiente para acceder a las prestaciones, tanto respecto a las anteriores al concurso, como incluso las posteriores reconocidas en sentencia del Orden Social.

ENMIENDA NÚM. 38

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Al artículo único, apartado ciento tres

De supresión.

Se suprime la regla tercera de apartado 3 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores modificado en el apartado ciento tres del artículo único.

MOTIVACIÓN

La regla tercera que se pretende introducir en el Artículo 33.3 del Estatuto de los Trabajadores implica un recorte completamente injustificado de las cantidades que el Fondo ha de pagar a los trabajadores afectados por la situación concursal de su empresa. La citada regla significaría que, aunque el Auto del Juez Mercantil fijara a favor de los trabajadores a despedir indemnizaciones más altas, bien en módulo de días/año, bien por ser los salarios superiores al triplo del SMI, y de la masa del concurso los trabajadores perciban una parte, el FOGASA no abonaría las prestaciones contempladas con carácter general, sino que descontaría lo ya recibido por el trabajador de la masa.

Esta propuesta tiene dos efectos negativos e incluso perversos. El primero es que no favorece, sino que dificulta seriamente la búsqueda de acuerdos en el ERE del concurso, acuerdos que en algunos casos implican una indemnización algo mayor a cambio de mayor agilidad y rapidez en la resolución del despido colectivo y, por tanto, una mejor clarificación del concurso en beneficio de todos los acreedores. De prosperar este punto de la reforma, las negociaciones se alargarían en perjuicio de la concursada, de su viabilidad y del resto de los acreedores.

Y el segundo efecto, profundamente injusto, es que los trabajadores de una empresa en situación de insolvencia concursal tendrían peor condición que los de una empresa también parcialmente insolvente, pero en situación de insolvencia no concursal, en la que el FOGASA paga las cantidades fijadas en el artículo 33 del Estatuto, sin recorte alguno aunque los trabajadores hayan percibido alguna cantidad de la propia empresa.

ENMIENDA NÚM. 39

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds

Nueva disposición adicional

De adición.

Se añade una disposición adicional con la siguiente redacción:

"Disposición adicional. Procedimiento concursal especial para personas físicas consumidoras.

Uno. Sin perjuicio de las medidas establecidas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que resulten aplicables, se establece un procedimiento concursal específico para aquellas personas que tengan la consideración de consumidoras y usuarias de conformidad al artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Dos. Podrán acogerse a este procedimiento específico las personas consumidoras y usuarias que, por justas causas apreciadas por el juez, no puedan cumplir en tal momento regularmente sus obligaciones exigibles o que prevean que no podrán hacerlo.

Tres. Con carácter previo a la declaración de concurso, en su caso, el deudor consumidor deberá comunicar al Juzgado su voluntad de iniciar un procedimiento negociador con sus acreedores, en un plazo no superior a dos meses, a fin de alcanzar adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Reglamentariamente se establecerá un modelo normalizado, de reparto por Asociaciones de Consumidores, Colegios de Abogados y Juzgados, de uso común para contener tal solicitud.


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El Juez, oído el Ministerio Fiscal, resolverá mediante Auto el inicio del período negociador y nombrará a un representante de las asociaciones de consumidores más representativas, a designar de una lista de asesores consumeristas que conservará el Consejo de Consumidores y Usuarios y comunicará semestralmente al Consejo General del Poder Judicial, a fin de que fije el activo y pasivo del deudor consumidor, en el plazo de quince días, y auxilie a éste en el procedimiento negociador.

El plazo para la solicitud de procedimiento negociador será de dos meses desde la fecha en que resulte imposible atender sus obligaciones de pago tanto vencidas y exigibles como a plazo, o desde que se prevea que no podrá hacerlo. No serán de aplicación las medidas cautelares establecidas en el artículo 7.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Cuatro. Transcurrido el período indicado en el apartado anterior, si se hubiere alcanzado una propuesta anticipada de convenio, el consumidor lo comunicará al Juzgado a fin de que éste apruebe o desapruebe tal convenio anticipado.

Para lograr la aceptación de la propuesta anticipada de convenio será necesario obtener el voto favorable de la mitad del pasivo del concurso.

Las propuestas anticipadas de convenio podrán contener quitas superiores a la mitad de la deuda, así como también podrán contener, conjunta o alternativamente, esperas de hasta quince años.

Si el consumidor no hubiere logrado las adhesiones necesarias a su propuesta anticipada de convenio en los términos establecidos en el apartado anterior, deberá comunicar al Juzgado tal circunstancia a fin de que el Juez resuelva en los términos establecidos en el apartado cinco de esta Disposición.

En su comunicación al Juzgado el consumidor deberá justificar adecuadamente su endeudamiento y su estado de insolvencia actual o inminente en los términos establecidos en el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Asimismo, el deudor deberá acreditar que, en el plazo de los dos meses anteriores, comunicó al Juzgado la iniciación de un procedimiento negociador con sus acreedores a fin de alcanzar adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y documentalmente dará cuenta del resultado de tales negociaciones.

Cinco. Admitida a trámite la solicitud de concurso especial de consumidores y usuarios, el juez en un plazo de tres días desde su admisión, dictará Auto en los términos establecidos en la Sección Tercera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, declarando o desestimando la declaración del concurso del consumidor.

La desestimación de la declaración de concurso podrá ser recurrida en apelación.

En la resolución que acuerde la declaración del concurso del consumidor se incluirá el nombramiento de un asesor consumerista representante de una de las asociaciones de consumidores más representativas, en los términos establecidos en el apartado tres párrafo segundo de esta Disposición adicional, el cual ejercerá funciones de asesoramiento al consumidor y a la Administración Concursal durante todo el proceso hasta su finalización. Reglamentariamente se determinarán las facultades, funciones y obligaciones del asesor consumerista.

El Juez, asimismo, determinará el régimen de las facultades de administración de los bienes por parte del deudor consumidor, el cual, en ningún caso, podrá ver reducido su derecho de alimentos a menos de la tercera parte de sus ingresos habituales.

Seis. Desde el momento en que el consumidor comunique al Juzgado su voluntad de iniciar un período de negociación con sus acreedores para alcanzar una propuesta anticipada de convenio, y sin perjuicio del resultado que se obtenga en la negociación, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Así tampoco podrán los acreedores con garantía real sobre la vivienda familiar del concursado iniciar ejecución o realización forzosa de la garantía hasta la apertura de la liquidación.

De igual modo, la comunicación al Juzgado del inicio de negociaciones para alcanzar una propuesta anticipada de convenio suspenderá cualesquiera otros procedimientos ejecutivos y no podrán reanudarse sino hasta la apertura de la fase de liquidación, en su caso.

Los juicios declarativos en tramitación al momento de comunicar el consumidor al Juzgado el inicio del período de negociaciones, cualquiera que fuera el estado procesal de los mismos, se suspenderán y el juez o tribunal respectivo acordará la inmediata remisión de las actuaciones practicadas al Juez de lo Mercantil que haya conocido de la solicitud de inicio de negociaciones.

Cualesquiera otros nuevos juicios declarativos o de otra índole que pudieran tener trascendencia para el patrimonio del deudor consumidor se acumularán al concurso en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Siete. El Juez, en el Auto que declare el concurso, nombrará un Administrador Concursal único de entre la lista de abogados de oficio que le haya sido comunicada por los Colegios de Abogados con implantación en la jurisdicción territorial del Juzgado.

La remuneración del Administrador Concursal, en los términos previstos por la normativa que regula los honorarios a devengar a los Administradores Concursales, no podrá ser superior al 1 por ciento del pasivo y se realizará con cargo a financiación pública en los términos que disponga la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la normativa de acompañamiento de la misma.

Los plazos de presentación de informes a los que venga obligada la Administración Concursal serán los


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mismos que los prevenidos para el procedimiento abreviado.

Ocho. Si finalmente, transcurridos los modos y plazos prevenidos para el procedimiento abreviado no hubiere sido posible alcanzar un convenio, el Juez ordenará, en los términos del artículo 143 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la apertura de la fase de liquidación de oficio, a instancia del deudor consumidor o de la Administración Concursal.

No obstante, con carácter previo a la apertura de la fase de liquidación, el consumidor, sobre la base del informe elaborado por el Administrador concursal y el asesor consumerista, podrá elevar en el plazo de cinco días al juez un plan de pagos específico. El juez, a la vista del mismo, podrá dar su aprobación.

En caso de denegación de este plan de pagos específico el Juez determinará la apertura de la fase de liquidación. En el Auto que acuerde la apertura de la fase de liquidación se fijará el régimen de las facultades de administración y disposición del deudor consumidor, sin perjuicio de que para cualquier decisión que afecte notablemente al patrimonio del mismo, conservando tales facultades el deudor consumidor, deberá éste actuar siempre con la avenencia de la Administración Concursal.

En ningún caso el deudor consumidor podrá ser privado de su derecho de alimentos en los términos establecidos en el apartado cinco de esta Disposición adicional.

Todos los créditos concursales aplazados y cualesquiera otras obligaciones del deudor que no tuvieren contenido económico directo serán convertidos en cantidad líquida evaluable económicamente, pudiendo servirse el Administrador Concursal de peritos que efectúen los cálculos procedentes, los cuales estarán sujetos, en cuanto a su régimen de honorarios, gastos y suplidos a lo prevenido por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Administrador Concursal, con la avenencia del asesor consumerista, elaborará un plan de liquidación de los bienes del deudor consumidor en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación del Auto que ordene la apertura de la fase de liquidación, que someterá al Juez del Concurso para su aprobación por éste en el plazo de cinco días.

El plan de liquidación contendrá el modo en que con cargo al activo del deudor consumidor se hará frente al pasivo mediante la enajenación de los bienes y derechos del deudor consumidor. Los bienes se enajenarán atendiendo a una prelación en la que prime el mantenimiento de los medios esenciales de vida del deudor consumidor.

Para el caso de que se enajenase el domicilio familiar sujeto a garantía hipotecaria, el acreedor hipotecario se lo adjudicará en pago por el importe fijado en la subasta. Si el producto obtenido fuera menor que el importe de la deuda hipotecaria pendiente, incluido principal e intereses, no serán de aplicación los artículos 178.2 y 179 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Si fuera superior, se aplicará de forma prorrateada al pago del resto de las deudas pendientes.

Concluido el concurso, en los términos del Título VII, Capítulo Único de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, determinándose la inexistencia de bienes y derechos del deudor consumidor, no podrán iniciarse nuevas acciones por deudas contraídas con anterioridad a la finalización del mismo, ni podrá ordenarse la reapertura del mismo."

MOTIVACIÓN

La Ley Concursal es un régimen prácticamente pensado en exclusiva para la insolvencia empresarial. Los datos sobre personas físicas consumidoras que acuden a este procedimiento son notablemente bajos, lo que explica la carencia absoluta de esta norma en cuanto protectora de los consumidores, y plantean la exigencia de una reforma necesaria dada la coyuntura en la que se aprecia cómo en la práctica es más frecuente la insolvencia de la persona física, para lo cual basta ver la estadística de embargos desde 2007 a 2010, publicadas por el Consejo General del Poder Judicial.

Frente una situación de sobreendeudamiento, los consumidores no se acogen al procedimiento de la Ley Concursal, aunque en teoría la ley lo permite. Esto se debe a que el proceso, tal y como está hoy día planteado, aboca a una penosísima situación personal que acaba en muchas ocasiones en la plena liquidación y ruina absoluta de la persona concursada y no ofrece garantía al consumidor en la protección de sus derechos, además de resultar excesivamente caro.

Por todo ello, se hace imprescindible una reforma que garantice los derechos del deudor consumidor, especialmente en dos ámbitos:

1. Lograr que el concurso de persona física no sea un seguro destino hacia la ruina civil o un continuo círculo de concursos y reapertura de los mismos, manteniendo en constante inseguridad jurídica a los deudores consumidores,

2. Proteger la vivienda con garantía hipotecaria y establecer la posibilidad de extinción total de su deuda en la parte no pagada por inexistencia de bienes, lo que en otros ordenamientos jurídicos se denomina fresh start, y que permite al consumidor no arrastrar perpetuamente una deuda que condicione su vida laboral y social.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las


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siguientes enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2011.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 40

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, uno

De modificación.

Texto que se propone:

Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 5 bis con la siguiente redacción:

"... 5. La empresa deberá acreditar que ha informado a los representantes de los trabajadores del inicio de las negociaciones para obtener un acuerdo de refinanciación o una aprobación anticipada de convenio, y que ha iniciado el deber de consulta con dichos representantes sobre la adopción de medidas preventivas en caso de riesgo para el empleo, de conformidad con el artículo 64.5 del Estatuto de los Trabajadores."

JUSTIFICACIÓN

Estamos ante una medida preventiva ante una situación de riesgos para el empleo, lo que obliga a dar cumplimiento al artículo 64 del ET, que impone el deber de información y consulta, lo que no es sino mandato establecido de la Directiva 2002/14/CE, de 11 de marzo. Es preciso lograr la adecuada coordinación de los dos bloques normativos y eliminar el riesgo de prácticas ilegales que puedan viciar la propia consecución de los acuerdos de refinanciación o la aprobación anticipada del convenio.

ENMIENDA NÚM. 41

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, seis bis

De adición.

Texto que se propone:

Seis bis. Se añade un nuevo inciso en el párrafo tercero del número 1 del artículo 13, con esta redacción:

"Igualmente, se comunicará la solicitud a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento como parte, dándoles traslado de los documentos a que se refiere el artículo 6.2, apartados 2, 3 y 4. La personación la podrán realizar directamente, así como a través de las organizaciones sindicales más representativas o con representación en la empresa."

JUSTIFICACIÓN

La tramitación del concurso no puede realizarse a espaldas de los representantes de los trabajadores, sino que es preciso facilitar su acceso al proceso para poder intervenir en el mismo desde el primer momento dado los intereses económicos y profesionales que se ven afectados. La remisión de la documentación por el propio deudor facilita ese conocimiento y asegura la transparencia del concurso.

ENMIENDA NÚM. 42

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, once

De modificación.

Texto que se propone:

Se añade un nuevo párrafo al apartado 5 del artículo 21, con esta redacción:

"El Secretario judicial notificará el auto a la representación legal de los trabajadores, aunque no hubiera comparecido en el procedimiento, tomando en consideración los datos que le hubiera facilitado el concursado, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de esta Ley."

JUSTIFICACIÓN

Aunque los representantes de los trabajadores no se hubieran personado, deben de recibir la notificación del auto de declaración del concurso, lo que además de posibilitar el ejercicio de la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, facilita la intervención de los trabajadores que pudieran ser acreedores.


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ENMIENDA NÚM. 43

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, quince

De modificación

Texto que se propone:

Se modifica el apartado 2 del artículo 27, mediante la adición de un nuevo párrafo con el número 3.º, con esta redacción:

"En caso de que las deudas con los trabajadores sean superiores al 50 por ciento de los créditos ordinarios reconocidos por el deudor, el juez nombrará como administrador acreedor a la representación legal de los trabajadores si la hubiere, que deberá designar un profesional que reúna la condición de auditor de cuentas, economista, titulado mercantil o abogado, quedando sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y responsabilidad que los demás miembros de la administración concursal. A efectos de llevar a cabo la designación, se seguirán los mismos criterios que los establecidos en el artículo 64 de esta ley para obtener el acuerdo en el período de consultas. Si los créditos de los trabajadores hubieran sido satisfechos por el Fondo de Garantía Salarial en la cuantía anteriormente expresada, dicha designación corresponderá al citado organismo."

JUSTIFICACIÓN

Dado que los trabajadores son interesados principales en la continuidad de la empresa, se considera conveniente la introducción en dicho artículo de una fórmula que facilite, en mayor medida, la participación de sus representantes en la designación de los administradores concursales cuando se trata de un concurso ordinario y, por ende, reservado a las grandes empresas. En todo caso, ello está particularmente justificado cuando las deudas con la plantilla exceden determinado montante frente a los créditos ordinarios, en cuyo caso desplazan al nombramiento de un acreedor. Además, se eliminan los problemas que pudieran generarse cuando no existe representación de los trabajadores, ya que otras fórmulas o no son operativas, o pueden entrañar notables retrasos en la designación del Administrador y con ello, en la dinámica del proceso concursal.

ENMIENDA NÚM. 44

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De modificación.

Texto que se propone:

Se sustituye el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 64, por el siguiente redactado:

"Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en tramitación un expediente de regulación de empleo, la autoridad laboral mantendrá su competencia, correspondiendo a la administración concursal la ejecución de la resolución dictada por aquella."

JUSTIFICACIÓN

La autoridad laboral es órgano experimentado y buen conocedor de los problemas y conflictos sociolaborales, y tiene la capacidad y perspectiva de valorar otros intereses públicos generales tales como los locales, los del sector, etc. Mantener la competencia de la autoridad laboral, cuando ya ha iniciado la tramitación, facilitaría que se pudieran resolver muy rápidamente las situaciones de empresas abocadas al cierre y sin liquidez, con acceso al desempleo más rápido.

ENMIENDA NÚM. 45

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De modificación.

Texto que se propone:

Se sustituye el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 64, por el siguiente redactado:

"En caso de no existir representación legal de los trabajadores, éstos podrán atribuir su representación en la tramitación de los procedimientos a una comisión de


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un máximo de tres miembros, integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa concursada."

JUSTIFICACIÓN

El artículo 7 de la Constitución Española atribuye a los sindicatos la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, y los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, reconocen a los sindicatos más representativos y representativos, especial papel en la representación de los trabajadores. Así pues, en ausencia de representación unitaria en la empresa, que no es sino un instrumento de la acción sindical en la empresa, deben ser directamente los sindicatos más representativos y los representativos, a los que corresponda la negociación.

ENMIENDA NÚM. 46

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De modificación.

Texto que se propone:

Se sustituye el párrafo tercero del apartado 5 del artículo 64, por el siguiente redactado:

"Los representantes de los trabajadores o la administración concursal podrán solicitar al Juez la participación en el período de consultas de otras sociedades o personas que indiciariamente puedan constituir un grupo de empresas a efectos laborales. A estos efectos, podrá interesar el auxilio del juzgado que se estime necesario para su comprobación."

JUSTIFICACIÓN

Lo relevante es poder traer al ERE concursal al grupo de empresas a los efectos laborales, cuyos requisitos están perfectamente definidos por la jurisprudencia laboral.

ENMIENDA NÚM. 47

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De modificación,

Texto que se propone

Se sustituye el párrafo segundo del apartado 6 del artículo 64, por el siguiente redactado:

"El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de los representantes sindicales, si los hubiere, que en su caso sumen la mayoría de aquéllos. En ausencia de representación de los trabajadores, el acuerdo requerirá la mayoría de la comisión integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa concursada."

JUSTIFICACIÓN

Técnica, en concordancia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 48

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De modificación.

Texto que se propone:

Se añade un nuevo inciso al apartado 6 del artículo 64, con esta redacción:

"A tal efecto, se facilitará a la autoridad laboral la totalidad de la documentación en la que se pretendan justificar las medidas propuestas, así como el resultado del período de consultas.

Cuando entre las mismas se incluya la suspensión o extinción de los contratos de trabajo, y no se hubiere alcanzado acuerdo entre la representación de los trabajadores y la administración concursal, el informe de la autoridad laboral será vinculante, pero el Juez podrá


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apartarse del mismo si considera que incurre en grave error de hecho o de derecho y así hubiera sido denunciado por las partes intervinientes. Ello se entiende sin perjuicio de los recursos de suplicación que se deriven del auto del Juez Mercantil que resuelva el expediente, que se podrán fundamentar en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la ilegalidad de la propuesta de la Autoridad Laboral."

JUSTIFICACIÓN

Es preciso articular una solución coherente con el sistema de distribución de competencias, y con la reciente atribución al Orden Social como Juez natural para enjuiciar las materias relativas al despido colectivo. Se preserva el control por el Juez Mercantil del procedimiento, pero en caso de medidas extintivas se da relevancia decisoria al informe de la Administración, que predeterminará la solución del expediente salvo que el Juez Mercantil aprecie graves vicios. Con ello se asegura igualmente la identidad en la interpretación de las causas extintivas al preservarse un control por la Jurisdicción Social, por la vía del recurso de suplicación, el cual puede extenderse a las causas propuestas por la Autoridad Laboral.

Con ello se asegura que la autoridad laboral debe mantener la competencia para decidir sobre la procedencia de las medidas extintivas.

ENMIENDA NÚM. 49

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De modificación.

Texto que se propone:

Se añade un nuevo párrafo final al apartado 6 del artículo 64, con esta redacción:

"Asimismo, si no se hubiere alcanzado acuerdo, y en el período de consultas se hubieren incorporado sociedades o personas que indiciariamente puedan constituir un grupo de empresas a los efectos laborales, el juez convocará a las partes a una vista para formular alegaciones y proponer pruebas respecto a sus responsabilidades en las medidas propuestas, incluida la indemnizatoria de aprobarse extinciones de los contratos, responsabilidades que serán determinadas en el auto a que se hace referencia en el apartado siguiente."

JUSTIFICACIÓN

La incorporación en el período de consultas de las sociedades y personas que puedan formar parte del grupo de empresas a efectos laborales, debe conllevar las correspondientes consecuencias, si se acredita su responsabilidad a efectos laborales.

ENMIENDA NÚM. 50

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De modificación.

Texto que se propone:

Se modifica el primer párrafo del apartado 7 del artículo 64, con esta redacción:

"Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el Juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo apreciase la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación vigente y al informe vinculante de la Autoridad laboral en caso de desacuerdo."

JUSTIFICACIÓN

Técnica, en concordancia con la enmienda de adición de un nuevo inciso en el apartado 6.

ENMIENDA NÚM. 51

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De supresión.


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Texto que se propone:

Se suprime el párrafo segundo del apartado 7 del artículo 64.

JUSTIFICACIÓN

Técnica, en concordancia con la enmienda de adición del nuevo párrafo final en el apartado 6.

ENMIENDA NÚM. 52

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De adición.

Texto que se propone:

Se añade un nuevo párrafo al apartado 7 del artículo 64, con esta redacción:

"En caso de no concurrir las causas justificadas para la extinción de los contratos, pero se acreditase la imposibilidad objetiva de dar ocupación a los trabajadores por cese o cierre de la empresa, se declarará extinguida la relación laboral y se reconocerá a los trabajadores afectados la cuantía de la indemnización legal establecida para el despido improcedente, además de los salarios devengados hasta el momento de la extinción. Igualmente, procederá reconocer la indemnización adicional a que se refiere el apartado anterior en atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la imposibilidad de continuación de la actividad."

JUSTIFICACIÓN

La tramitación del período de consultas puede concluir sin acuerdo, pero la experiencia demuestra, y así lo ha recogido la práctica judicial, que la obligación de resolver con arreglo al principio de congruencia impone reconocer una indemnización superior al mínimo legal para el despido colectivo, cuando la situación económica de la concursada, los perjuicios ocasionados a los trabajadores por la extinción, hubieran posibilitado su abono, si bien el acuerdo final se frustró por diversas razones.

ENMIENDA NÚM. 53

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De adición.

Texto que se propone:

Se añade un nuevo párrafo al apartado 8 del artículo 64, con esta redacción:

"Igualmente podrán interponer recurso contra el auto, la sociedad y persona integrante del grupo de empresas a efectos laborales, cuya responsabilidad haya sido determinada por aquél."

JUSTIFICACIÓN

Reconocer el derecho al recurso de los integrantes del grupo.

ENMIENDA NÚM. 54

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De modificación.

Texto que se propone:

Se modifica el último inciso del párrafo segundo, y se añade un nuevo párrafo al apartado 8 del artículo 64, que quedará redactado de la siguiente forma:

"El plazo para interponer demanda de incidente concursal es de un mes desde que se notificó al trabajador el auto del Juez del Concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.

En caso de estimarse el recurso y revocarse la medida extintiva, si la readmisión resultara objetivamente imposible será de aplicación lo establecido en el apartado anterior para estos supuestos, abonándose asimismo los salarios dejados de percibir, si bien se deducirá los salarios obtenidos en otro empleo, o en su caso, el importe de las prestaciones por desempleo u otro concepto


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similar, en los términos establecidos en la legislación laboral."

JUSTIFICACIÓN

El plazo que recoge el proyecto de ley comienza a computarse desde que el trabajador conoció o debió conocer el auto del Juez que acuerda la extinción, modificación o suspensión del contrato de trabajo, lo que genera una completa indeterminación del momento concreto en que se produce dicha situación, lo que es relevante para el propio trabajador como para la firmeza de la medida acordada. En este punto es insoslayable que quien se va a ver afectado por la resolución judicial no sea debidamente notificado, y sólo a partir de ese momento podrá computar el plazo para recurrir.

Además es preciso abordar la situación que se puede producir si la resolución extintiva es revocada, con la necesidad de recomponer la relación laboral. Para ello se propone la solución adoptada por la jurisprudencia social, permitiendo el descuento de los salarios abonado con lo obtenido en otro empleo, o en concepto de prestaciones por desempleo o subsidio por IT, en su caso.

ENMIENDA NÚM. 55

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De modificación.

Texto que se propone:

De modificación del apartado 10, del artículo 64, con esta redacción:

"Las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores que se basen en la falta de pago de salarios o en la falta de ocupación efectiva, y que se hubieran interpuesto con posterioridad a la solicitud de concurso, podrán ser objeto de acumulación para su resolución ante el Juez del Orden Social que resulte competente, a instancia de la Administración concursal, cuando acredite que el incumplimiento empresarial, en su caso, está motivado por la situación económica o la insolvencia del concursado.

El ejercicio de acciones de resolución del contrato no impedirá la inclusión, a efectos cautelares, de los trabajadores afectados en el expediente al que se refiere este artículo en los apartados anteriores.

Tendrá efectos preferentes la demanda de resolución del contrato de trabajo si al tiempo del inicio del expediente de extinción previsto en este artículo, hubieran concurrido todos los elementos determinantes de aquella pretensión. Cuando no concurran tales elementos tendrá plenos efectos extintivos el despido colectivo.

En el supuesto de resolución de contratos de trabajo, se reconocerá la indemnización prevista en el Estatuto de los Trabajadores para estos supuestos, salvo que en el expediente de extinción colectiva tramitado ante el Juez del Concurso se alcance un acuerdo con la representación de los trabajadores que incluya a aquellos trabajadores, que implique la aprobación de un plan de viabilidad para la empresa y la continuidad de una parte de los puestos de trabajo, con compromisos de recolocación en su caso, y sin que en tal supuesto se pueda reconocer una indemnización inferior a la prevista para el despido colectivo. A tales fines, la Administración concursal comunicará al Juez de lo Social que conociera de tales acciones el inicio del expediente concursal que incluya a tales trabajadores, así como, en su caso, el acuerdo que se pueda obtener o la falta del mismo. El Juez de lo Social suspenderá los procesos, con efectos a partir del momento anterior a dictar sentencia, en cuanto constate la inclusión de los trabajadores demandantes en el expediente de extinción colectiva de contratos."

JUSTIFICACIÓN

En la regulación del Proyecto de ley, las acciones por incumplimiento empresarial motivadas por la crisis de la empresa suponen que se incluyan, de oficio, entre los trabajadores afectados por el despido colectivo. Este es el único significado posible de la calificación como extinciones de carácter colectivo y los efectos extintivos del auto que resuelva el expediente.

ENMIENDA NÚM. 56

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, treinta y ocho

De adición.


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Texto que se propone:

De adición de un apartado 11, al artículo 64, con esta redacción:

"11. Mientras se resuelve el expediente al que se refiere este artículo, se podrá acordar por el Juez de lo Mercantil la suspensión de la prestación de servicios cuando se constate la imposibilidad de dar ocupación a los trabajadores, y en todo caso, cuando se incurra en la falta de pago de los salarios equivalentes a tres mensualidades. Ello no impedirá el abono de los salarios correspondientes al período de suspensión del deber de prestación de servicios, así como el mantenimiento del deber de cotización, con las limitaciones establecidas en la legislación laboral correspondientes a los salarios de tramitación. Ello se entiende sin perjuicio de que el trabajador acceda a la situación legal de desempleo, y en caso de abono de salarios impagados, se proceda a su regularización como en el caso previsto de los salarios de tramitación."

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 57

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, cuarenta y ocho

De adición.

Texto que se propone:

"Adición de un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 86.

Los créditos laborales que sean objeto de litigio en el ámbito social, se consideran comunicados por la propia existencia del proceso laboral dirigido frente a la empresa, y serán reconocidos en cualquier momento, ya sea como contingentes antes de que se dicte sentencia, o como créditos definitivos con arreglo al privilegio que corresponda según su naturaleza y cuantía."

JUSTIFICACIÓN

Se vienen planteando importantes problemas en la comunicación de los créditos de los trabajadores cuando hubieran formulado acciones reclamando su pago. La previsión legal contempla que se entenderán comunicados los créditos que consten en sentencia, así como los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. Pero el problema surge cuando, no obstante ello, no se incluyen en la lista de acreedores por los Administradores. La mera comunicación tardía ya genera que pierdan sus privilegios y se califiquen como subordinados, y además, si ni siquiera se comunican antes de que se elabore la lista, a pesar de estar pendientes de un proceso judicial y reconocerse finalmente por sentencia, no son reconocidos en la lista ante la imposibilidad de modificación de la misma, y pierden toda posibilidad de ser reconocidos y abonados en el concurso, incluso como créditos subordinados.

ENMIENDA NÚM. 58

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, sesenta y uno

De modificación.

Texto que se propone:

De modificación, del apartado 3, del artículo 100, con esta redacción:

"3. En ningún caso la propuesta podrá consistir en la cesión de bienes y derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos con la excepción de los supuestos previstos en el apartado 3 del artículo 142 bis y el apartado 4 del artículo 155, ni en cualquier forma de liquidación global del patrimonio del concursado para satisfacción de sus deudas, ni en la alteración de la clasificación de créditos establecida por la Ley, ni de la cuantía de los mismos fijada en el procedimiento, sin perjuicio de las quitas que pudieran acordarse y de la posibilidad de fusión o escisión de la persona jurídica concursada, y sin perjuicio asimismo de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 5 de este artículo."

JUSTIFICACIÓN

Permitir saldar deudas mediante la dación en pago de derechos reales garantizados en hipoteca, o bienes muebles pignorados.


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ENMIENDA NÚM. 59

FIRMANTE:

Francisco Xesús Jorquera Caselas

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo único, setenta bis

De adición.

Texto que se propone:

Setenta bis. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 142 bis, con la siguiente redacción:

"3. El Juez podrá autorizar la posibilidad de que la propuesta de liquidación contemple la dación en pago a los acreedores de todos o parte de los bienes muebles o inmuebles del concursado sobre los que exista constituido un derecho real de hipoteca o prenda."

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 109 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2011.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.

ENMIENDA NÚM. 60

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo cinco bis, en el apartado uno del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo al artículo 5 bis) con el siguiente tenor literal:

"La empresa deberá acreditar que ha informado a los representantes de los trabajadores del inicio de las negociaciones para obtener un acuerdo de refinanciación o una aprobación anticipada de convenio, y que ha iniciado el deber de consulta con dichos representantes sobre la adopción de medidas preventivas en caso de riesgo para el empleo, de conformidad con el artículo 64.5 del Estatuto de los Trabajadores."

JUSTIFICACIÓN

Estamos ante una medida preventiva ante una situación de riesgos para el empleo, lo que obliga a dar cumplimiento al artículo 64 del ET, que impone el deber de información y consulta, lo que no es sino mandato establecido de la Directiva 2002/14/CE, de 11 de marzo. Es preciso lograr la adecuada coordinación de los dos bloques normativos y eliminar el riesgo de prácticas ilegales que puedan viciar la propia consecución de los acuerdos de refinanciación o la aprobación anticipada del convenio.

En ese acuerdo se incluye un plan de viabilidad, de conformidad con el artículo 71.6, que va a predeterminar las medidas extintivas o modificativas de los contratos de trabajo, y es preciso asegurar que las consultas se realizan en un período idóneo, antes de haberse predeterminado la posición empresarial de conformidad con la doctrina del TJUE.

ENMIENDA NÚM. 61

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

A un nuevo apartado siete bis al artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado siete bis) con el siguiente tenor literal:

"Siete bis. Adición de un nuevo inciso en el párrafo tercero del número 1, con esta redacción.

"Igualmente se comunicará la solicitud a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento como parte, dándoles traslado de los documentos a que se refiere el artículo 6.2, apartados 2, 3 y 4. La personación la podrán realizar directamente, así como a través de las organizaciones sindicales más representativas o con representación en la empresa"."

JUSTIFICACIÓN

La tramitación del concurso no puede realizarse a espaldas de los representantes de los trabajadores, sino que es preciso facilitar su acceso al proceso para poder


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intervenir en el mismo desde el primer momento dados los intereses económicos y profesionales que se ven afectados. La remisión de la documentación por el propio deudor facilita ese conocimiento y asegura la transparencia del concurso.

ENMIENDA NÚM. 62

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

A un nuevo apartado once bis al artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado once bis) con el siguiente tenor literal:

"Once bis). Se añade un nuevo párrafo último al apartado 5 del artículo 21:

El Secretario judicial notificará el auto a la representación legal de los trabajadores, aunque no hubiera comparecido en el procedimiento, tomando en consideración los datos que le hubiera facilitado el concursado, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de esta Ley."

JUSTIFICACIÓN

Aunque los representantes de los trabajadores no se hubieran personado, deben de recibir la notificación del auto de declaración del concurso, lo que además de posibilitar el ejercicio de la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, facilita la intervención de los trabajadores que pudieran ser acreedores.

ENMIENDA NÚM. 63

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo veintisiete, apartado quince

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo en el apartado tercero del epígrafe 2 del artículo 27, con el siguiente tenor literal:

"En caso de que las deudas con los trabajadores sean superiores al 50 por ciento de los créditos ordinarios reconocidos por el deudor, el juez nombrará como administrador acreedor a la representación legal de los trabajadores si la hubiere, que deberá designar un profesional que reúna la condición de auditor de cuentas, economista, titulado mercantil o abogado, quedando sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y responsabilidad que los demás miembros de la administración concursal. A efectos de llevar a cabo la designación, se seguirán los mismos criterios que los establecidos en el artículo 64 de esta ley para obtener el acuerdo en el período de consultas. Si los créditos de los trabajadores hubieran sido satisfechos por el Fondo de Garantía Salarial en la cuantía anteriormente expresada, dicha designación corresponderá al citado organismo."

JUSTIFICACIÓN

Dado que los trabajadores son interesados principales en la continuidad de la empresa, se considera conveniente la introducción en dicho artículo de una fórmula que facilite, en mayor medida, la participación de sus representantes en la designación de los administradores concursales cuando se trata de un concurso ordinario y por ende, reservado a las grandes empresas. En todo caso, ello está particularmente justificado cuando las deudas con la plantilla exceden determinado montante frente a los créditos ordinarios, en cuyo caso desplazan al nombramiento de un acreedor. Además, se eliminan los problemas que pudieran generarse cuando no existe representación de los trabajadores, ya que otras fórmulas o no son operativas, o pueden entrañar notables retrasos en la designación del Administrador y con ello, en la dinámica del proceso concursal.

ENMIENDA NÚM. 64

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al apartado treinta y cuatro del artículo único

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 34, quedando redactado en los siguientes términos:


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"Treinta y cuatro. Se modifica la rúbrica y el apartado 1 y 2 del artículo 56 y se añade un nuevo aparta- do 5 a este precepto:

Artículo 56. Paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas.

1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación.

Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo:

a) Las acciones tendentes a recuperar los vienes vendidos a plazos o financiados con reserva de dominio mediante contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles.

b) Las acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad.

c) Las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero mediante contratos inscritos en los Registros de la Propiedad o de Bienes Muebles o formalizados en documento que lleve aparejada ejecución.

2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se suspenderán desde que la declaración del concurso conste en el correspondiente procedimiento. Si ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho, se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando conste en el procedimiento testimonio de la resolución del Juez del concurso que declare que los bienes o derechos no están afectos o no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al Juez del concurso determinar si un bien del concursado se encuentra o no afecto a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad y si un bien o derecho resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor."

JUSTIFICACIÓN

La Ley 26/1988 (de) sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, definió el arrendamiento financiero en su disposición adicional séptima en estos términos: "Tendrán la consideración de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles e inmuebles, adquiridos por dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación. Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente una opción de compra a su término, a favor del usuario".

La propiedad del arrendador financiero sobre los bienes arrendados no es una garantía real asimilable a la garantía real constituida sobre determinados bienes, muebles o inmuebles del deudor o de un tercero, a favor del prestamista, sino que es, en sentido propio y directo, el derecho dominical del arrendador sobre los bienes arrendados (como lo es en cualquier otro contrato de arrendamiento, y sin perjuicio de que se conceda por ley al arrendatario financiero un derecho de opción de compra).

Debe considerarse, pues, inadecuado que en el artícu-lo 56 de la Ley Concursal, bajo la rúbrica general Paralización de ejecuciones de garantías reales se incluyan, en el párrafo segundo de su apartado 1, "las acciones tendentes a recuperar los bienes cedidos en arrendamiento financiero".

ENMIENDA NÚM. 65

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

A un nuevo apartado treinta y ocho al artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado que por el orden de apartados que modifican los artículos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pasaría a ser el número 38 modificando consecuentemente la numeración del resto de apartados:

"Treinta y ocho. Se añade un nuevo párrafo al artículo 61.2:

Cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero en interés del concurso, en el que no haya habido acuerdo en cuanto a la resolución entre las partes, la indemnización, con cargo a la masa, en favor del arrendador financiero, se establecerá teniendo en cuenta la tasación oficial independiente de los bienes cedidos en arrendamiento financiero, que los administradores, en caso de suspensión, o el concursado,


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en caso de intervención, deberán acompañar en el momento de presentar la solicitud de resolución."

JUSTIFICACIÓN

En muchos casos estos contratos están afianzados por lo que resuelto el contrato no cabe reclamar al fiador el importe pendiente de vencimiento con grave perjuicio patrimonial para la arrendadora financiera.

La solución, para equilibrar equitativamente los intereses en juego, vendría por determinar más adecuadamente la "indemnización" que establece el propio artículo 61.2 in fine LC, estableciéndose que los administradores o el concursado en su caso deberán presentar una tasación independiente de los bienes en el momento de solicitar la resolución y que, en el supuesto de que la tasación del bien sea inferior a la "deuda" total de la entidad arrendadora, se establezcan las oportunas indemnizaciones, teniendo en cuenta el valor de la tasación y el perjuicio del arrendador financiero, de forma automática a cargo de la masa.

ENMIENDA NÚM. 66

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al epígrafe uno del artículo sesenta y cuatro en el apartado treinta y ocho del artículo único

De sustitución.

Se propone la sustitución del párrafo segundo del epígrafe 1 del artículo 64 por el siguiente redactado:

"Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en tramitación un expediente de regulación de empleo, la autoridad laboral mantendrá su competencia, correspondiendo a la administración concursal la ejecución de la resolución dictada por aquella."

JUSTIFICACIÓN

La autoridad laboral es órgano experimentado y buen conocedor de los problemas y conflictos sociolaborales, y tiene la capacidad y perspectiva de valorar otros intereses públicos generales tales como los locales, los del sector, etc. Mantener la competencia de la autoridad laboral, cuando ya ha iniciado la tramitación, facilitaría que se pudieran resolver muy rápidamente las situaciones de empresas abocadas al cierre y sin liquidez, con acceso al desempleo más rápido.

ENMIENDA NÚM. 67

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al epígrafe cinco del artículo sesenta y cuatro en el apartado treinta y ocho del artículo único

De sustitución.

Se propone la sustitución del párrafo tercero del epígrafe 5 del artículo 64 por el siguiente redactado:

"Los representantes de los trabajadores o la administración concursal podrán solicitar al Juez la participación en el período de consultas de otras sociedades o personas que indiciariamente puedan constituir un grupo de empresas a efectos laborales. A estos efectos, podrá interesar el auxilio del juzgado que se estime necesario para su comprobación."

JUSTIFICACIÓN

Lo relevante es poder traer al ERE concursal al grupo de empresas a los efectos laborales, cuyos requisitos están perfectamente definidos por la jurisprudencia laboral.

ENMIENDA NÚM. 68

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al epígrafe siete del artículo sesenta y cuatro en el apartado treinta y ocho del artículo único

De modificación.

Se propone la modificación del primer párrafo del epígrafe 7 del artículo 64, quedando redactado como sigue:

"Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el Juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo apreciase la existencia de fraude, dolo coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación vigente y al informe vinculante de la Autoridad laboral en caso de desacuerdo."


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JUSTIFICACIÓN

Técnica.

ENMIENDA NÚM. 69

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al epígrafe siete del artículo sesenta y cuatro en el apartado treinta y ocho del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo, a continuación del párrafo segundo, al epígrafe 7 del artículo 64, con el siguiente tenor literal:

"En caso de no concurrir las causas justificadas para la extinción de los contratos, pero se acreditase la imposibilidad objetiva de dar ocupación a los trabajadores por cese o cierre de la empresa, se declarará extinguida la relación laboral y se reconocerá a los trabajadores afectados la cuantía de la indemnización legal establecida para el despido improcedente, además de los salarios devengados hasta el momento de la extinción. Igualmente, procederá reconocer la indemnización adicional a que se refiere el apartado anterior en atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la imposibilidad de continuación de la actividad."

JUSTIFICACIÓN

La tramitación del período de consultas puede concluir sin acuerdo, pero la experiencia demuestra, y así lo ha recogido la práctica judicial, que la obligación de resolver con arreglo al principio de congruencia impone reconocer una indemnización superior al mínimo legal para el despido colectivo, cuando la situación económica de la concursada, los perjuicios ocasionados a los trabajadores por la extinción, hubieran posibilitado su abono, si bien el acuerdo final se frustró por diversas razones.

ENMIENDA NÚM. 70

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al epígrafe ocho del artículo sesenta y cuatro en el apartado treinta y ocho del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo segundo, pasando el actual segundo a tercero, al epígrafe 8 del artículo 64, con la siguiente redacción:

"Igualmente podrán interponer recurso contra el auto, la sociedad y persona integrante del grupo de empresas a efectos laborales, cuya responsabilidad haya sido determinada por aquél."

JUSTIFICACIÓN

Reconocer el derecho al recurso de los integrantes del grupo.

ENMIENDA NÚM. 71

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al epígrafe ocho del artículo sesenta y cuatro en el apartado treinta y ocho del artículo único

De modificación.

Se propone la modificación del último inciso del párrafo segundo, y de adición de un nuevo párrafo, al epígrafe 8 del artículo 64, quedando redactado como sigue:

"El plazo para interponer demanda de incidente concursal es de un mes desde que se notificó al trabajador el auto del Juez del Concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.

En caso de estimarse el recurso y revocarse la medida extintiva, si la readmisión resultara objetivamente imposible será de aplicación lo establecido en el apartado anterior para estos supuestos, abonándose asimismo los salarios dejados de percibir, si bien se deducirán los salarios obtenidos en otro empleo, o en su caso, el importe de las prestaciones por desempleo u otro concepto similar, en los términos establecidos en la legislación laboral."

JUSTIFICACIÓN

El plazo que recoge el proyecto de ley comienza a computarse desde que el trabajador conoció o debió conocer el auto del Juez que acuerda la extinción, modificación o suspensión del contrato de trabajo, lo que genera una completa indeterminación del momento concreto en que se produce dicha situación, lo que es relevante para el propio trabajador como para la firmeza de la medida acordada. En este punto es insoslayable que quien se va a ver afectado por la resolución judicial no sea debidamente notificado, y sólo a partir de ese momento podrá computar el plazo para recurrir.


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Además es preciso abordar la situación que se puede producir si la resolución extintiva es revocada, con la necesidad de recomponer la relación laboral. Para ello se propone la solución adoptada por la jurisprudencia social, permitiendo el descuento de los salarios abonado con lo obtenido en otro empleo, o en concepto de prestaciones por desempleo o subsidio por IT, en su caso.

ENMIENDA NÚM. 72

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al epígrafe diez apartado treinta y ocho del artículo sesenta y cuatro del artículo único

De modificación.

Se propone la modificación del epígrafe 10 del artículo 64, quedando redactado como sigue:

"10. Las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores que se basen en la falta de pago de salarios o en la falta de ocupación efectiva, y que se hubieran interpuesto con posterioridad a la solicitud de concurso, podrán ser objeto de acumulación para su resolución ante el Juez del Orden Social que resulte competente, a instancia de la Administración concursal, cuando acredite que el incumplimiento empresarial, en su caso, está motivado por la situación económica o la insolvencia del concursado.

El ejercicio de acciones de resolución del contrato no impedirá la inclusión, a efectos cautelares, de los trabajadores afectados en el expediente al que se refiere este artículo en los apartados anteriores.

Tendrá efectos preferentes la demanda de resolución del contrato de trabajo si al tiempo del inicio del expediente de extinción previsto en este artículo, hubieran concurrido todos los elementos determinantes de aquella pretensión. Cuando no concurran tales elementos tendrá plenos efectos extintivos el despido colectivo.

En el supuesto de resolución de contratos de trabajo, se reconocerá la indemnización prevista en el Estatuto de los Trabajadores para estos supuestos, salvo que en el expediente de extinción colectiva tramitado ante el Juez del Concurso se alcance un acuerdo con la representación de los trabajadores que incluya a aquellos trabajadores, que implique la aprobación de un plan de viabilidad para la empresa y la continuidad de una parte de los puestos de trabajo, con compromisos de recolocación en su caso, y sin que en tal supuesto se pueda reconocer una indemnización inferior a la prevista para el despido colectivo. A tales fines, la Administración concursal comunicará al Juez de lo Social que conociera de tales acciones el inicio del expediente concursal que incluya a tales trabajadores, así como, en su caso, el acuerdo que se pueda obtener o la falta del mismo. El Juez de lo Social suspenderá los procesos, con efectos a partir del momento anterior a dictar sentencia, en cuanto constate la inclusión de los trabajadores demandantes en el expediente de extinción colectiva de contratos."

JUSTIFICACIÓN

En la regulación del Proyecto de ley, las acciones por incumplimiento empresarial motivadas por la crisis de la empresa suponen que se incluyan, de oficio, entre los trabajadores afectados por el despido colectivo. Este es el único significado posible de la calificación como extinciones de carácter colectivo y los efectos extintivos del auto que resuelva el expediente.

ENMIENDA NÚM. 73

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

De un nuevo epígrafe once, al artículo sesenta y cuatro en el apartado treinta y ocho del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo epígrafe 11 al artículo 64, con el siguiente tenor literal:

"11. Mientras se resuelve el expediente al que se refiere este artículo, se podrá acordar por el Juez de lo Mercantil la suspensión de la prestación de servicios cuando se constate la imposibilidad de dar ocupación a los trabajadores, y en todo caso, cuando se incurra en la falta de pago de los salarios equivalentes a tres mensualidades. Ello no impedirá el abono de los salarios correspondientes al período de suspensión del deber de prestación de servicios, así como el mantenimiento del deber de cotización, con las limitaciones establecidas en la legislación laboral correspondientes a los salarios de tramitación. Ello se entiende sin perjuicio de que el trabajador acceda a la situación legal de desempleo, y en caso de abono de salarios impagados, se proceda a su regularización como en el caso previsto de los salarios de tramitación."


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JUSTIFICACIÓN

En la regulación del Proyecto de ley, las acciones por incumplimiento empresarial motivadas por la crisis de la empresa suponen que se incluyan, de oficio, entre los trabajadores afectados por el despido colectivo. Este es el único significado posible de la calificación como extinciones de carácter colectivo y los efectos extintivos del auto que resuelva el expediente.

ENMIENDA NÚM. 74

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo setenta y uno, en el apartado cuarenta del artículo único

De modificación.

Se propone la modificación del epígrafe 2.º quedando redactado como sigue:

"2.º El acuerdo haya sido informado favorablemente por designación conforme al artículo 338 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o en su defecto por el del domicilio de cualquiera de las sociedades del grupo. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo primero y sobre la proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo."

JUSTIFICACIÓN

Se debe optar por fórmulas que impliquen la agilización de las designaciones.

ENMIENDA NÚM. 75

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al número seis del artículo setenta y uno, en el apartado cuarenta del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo epígrafe 4.º en el número 6 del artículo 71, con el siguiente tenor literal:

"4.º El acuerdo podrá formalizarse mediante las daciones en pago o para pago de deudas, siempre que estas operaciones se realicen a precio de mercado como posible supuesto de acuerdo de refinanciación protegida."

JUSTIFICACIÓN

Debe ampliarse la definición de acuerdo de refinanciación, a fin de que cuenten con la cobertura prevista en el 61.6 las daciones en pago o para pago de deudas.

ENMIENDA NÚM. 76

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al número seis del artículo setenta y uno, en el apartado cuarenta del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo epígrafe 5.º en el número 6 del artículo 71 con el siguiente tenor literal:

"5. El acuerdo de refinanciación que cumpla formalmente los requisitos de la norma no debe ser revisable judicialmente salvo en caso de fraude."

JUSTIFICACIÓN

El juez no debería poder entrar a valorar la razonabilidad de las hipótesis sobre la base de las cuales se realizó el informe.

ENMIENDA NÚM. 77

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al número seis del artículo setenta y uno, en el apartado cuarenta del artículo único


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De adición.

Se propone la adición de un nuevo epígrafe 6.º en el número 6 del artículo 71 con el siguiente tenor literal:

"6. Se podrá solicitar para los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente en la nueva disposición adicional cuarta la paralización de las ejecuciones individuales."

JUSTIFICACIÓN

Congruencia con la disposición adicional cuarta.

ENMIENDA NÚM. 78

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al número seis del artículo setenta y uno, en el apartado cuarenta del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo epígrafe 7º en el número 6 del artículo 71 con el siguiente tenor literal:

"7. La protección prevista en este precepto se debe extender a los negocios, actos, pagos y garantías de acuerdos de financiación y daciones en pago de deudas realizadas al amparo del acuerdo de refinanciación u otros pactos que cuenten con el respaldo del plan de viabilidad."

JUSTIFICACIÓN

Congruencia con el reconocimiento de los acuerdos en dación de pago previstos en esta Ley.

ENMIENDA NÚM. 79

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo ochenta y cuatro, en el apartado cuarenta y seis del artículo único

De adición.

Se propone la adición del siguiente inciso en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 84, con el siguiente tenor:

"Igualmente se considerarán créditos contra la masa las indemnizaciones por extinción colectiva de los contratos de trabajo que hubieran tenido efectividad en el año anterior a la declaración de concurso, en la parte que no sea objeto de cobertura por el Fondo de Garantía Salarial o por una institución de aseguramiento o previsión similar."

JUSTIFICACIÓN

No es posible que en los momentos anteriores al concurso los acuerdos alcanzados en el ámbito de los expedientes de regulación de empleo, que se formalizan precisamente dentro de un programa para recuperar la viabilidad de la empresa queden afectados por el concurso, y con ello se paralice la efectividad de los compromisos que la empresa hubiera podido asumir y que no se exterioricen a través de una compañía de seguros, fondo de pensiones, o institución de previsión similar, lo mismo que si son objeto de cobertura por el FOGASA. No sólo es preciso asegurar a los trabajadores el abono de las indemnizaciones y los complementos de rentas que estuvieran establecidos, sino que además la posibilidad de que un ulterior concurso impida su efectividad mediatiza los acuerdos ante la crisis de la empresa y, con ello, arrastra a conflictos y a situaciones insuperables. Además, el importe de las cantidades se reduce notablemente por cuanto la parte sustancial estará cubierta por el FOGASA o por instituciones de aseguramiento o previsión, las cuales están en condiciones financieras mucho más adecuadas que los propios trabajadores para atender a la conclusión del concurso para la satisfacción de tales créditos.

ENMIENDA NÚM. 80

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo ochenta y cuatro, en el apartado cuarenta y seis del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo final en el número 11 del apartado 2 del artículo 84, con el siguiente tenor:


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"En ningún caso se antepondrá en pago de estos créditos a los créditos de los trabajadores, ya sean estos contra la masa o con privilegio general."

JUSTIFICACIÓN

Los créditos de los trabajadores, por su especial naturaleza, deben estar garantizados en relación con el "dinero fresco".

ENMIENDA NÚM. 81

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo ochenta y cuatro, en el apartado cuarenta y seis del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un segundo párrafo al apartado 5 del artículo 84, con el siguiente tenor:

"Subrogación que se entenderá producida a los efectos de vencimiento, en la fecha en que se acredite el pago a los trabajadores por el Fondo de Garantía Salarial."

JUSTIFICACIÓN

Se ha de garantizar el cobro atendiendo a la fecha de pago efectivo por el FOGASA.

ENMIENDA NÚM. 82

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al apartado noventa y seis del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo al epígrafe 1.º de la disposición adicional cuarta, con el siguiente tenor literal:

"La homologación judicial, a efectos de la espera que se hubiera pactado debe extenderse a aquellos acreedores que cuenten con garantía real."

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que la exclusión de los acreedores titulares de garantía real va a determinar la inaplicabilidad práctica de esta previsión, en tanto en cuanto, prácticamente la totalidad de los acuerdos de financiación sindicados cuenta con garantías reales.

ENMIENDA NÚM. 83

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al apartado noventa y seis del artículo único

De supresión.

Se propone la supresión de la siguiente expresión en el apartado 3.º de la disposición adicional cuarta:

"... y no suponga un sacrificio desproporcionado para las entidades financieras acreedoras que no lo suscribieron."

JUSTIFICACIÓN

Es deseable que se omitan expresiones tan abiertas como la anterior, cuya definición legal hubiera ayudado a la operación a evitar quedar al albur de la interpretación judicial.

ENMIENDA NÚM. 84

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al apartado noventa y seis del artículo único

De adición.


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Se propone la adición de un nuevo epígrafe número 7 a la disposición adicional cuarta, con el siguiente tenor literal:

"7. Los acreedores con garantía real no quedarán vinculados por el acuerdo de refinanciación."

JUSTIFICACIÓN

No se conoce ningún acuerdo de financiación sindical en los tres últimos años que no tuviera garantías reales.

ENMIENDA NÚM. 85

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al apartado noventa y seis del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo epígrafe número 8 a la disposición adicional cuarta, con el siguiente tenor literal:

"8. Si existen acreedores de más de una clase debe obtenerse la aprobación del 75% de cada clase afectada."

JUSTIFICACIÓN

Así ocurre en las Juntas especiales de una sociedad de capitales.

ENMIENDA NÚM. 86

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al apartado noventa y seis del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo epígrafe número 9 a la disposición adicional cuarta, con el siguiente tenor literal:

"9. La suspensión a las ejecuciones ya iniciadas deberá tener al menos la misma duración de la espera que se establezca en el acuerdo de financiación que se homologue."

JUSTIFICACIÓN

Razonabilidad de los plazos en relación a la espera del acuerdo de refinanciación.

ENMIENDA NÚM. 87

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo treinta y tres del Estatuto de los Trabajadores, en el apartado ciento tres del artículo único

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado a la regla primera del artículo 33.3 del Estatuto de los Trabajadores, con el siguiente tenor:

"Ello se entiende sin perjuicio de la responsabilidad directa del organismo en los casos legalmente establecidos, así como de las cantidades que estuvieran reconocidas en título sobre el que se hubiera despachado ejecución y se hubiera declarado judicialmente la insolvencia del empresario afectado por el concurso, y las cantidades reconocidas en sentencia del Orden Social, que se entenderán comunicadas y reconocidas a todos los efectos legales."

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de que las cantidades de los trabajadores estén reconocidas en el concurso como créditos concursales o créditos contra la masa plantea dos problemas. Por una parte, es evidente que no puede afectar a los casos de responsabilidad directa del Fondo en el pago de una parte de la indemnización por extinción por causas objetivas o despido colectivo, en cuyo caso la declaración de concurso de la empresa no puede operar como condicionante de la responsabilidad del Fondo. Y además, hay que tener en cuenta que el Orden Social sigue teniendo la competencia para declarar la existencia de deudas contra la empresa, sin perjuicio de que su ejecución se encuentre sometida al concurso. En tales casos, exigir un reconocimiento por los Administradores introduce el riesgo de que ante la negativa, los trabajadores tengan que agotar todo un sistema de recursos ante el Orden Civil cuando ya en el Orden Social han obtenido la condena en la que han sido parte


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los propios Administradores. Esto pone en evidencia que estamos ante una exigencia desproporcionada e injustificada que puede ralentizar el cobro de los salarios o indemnizaciones cubiertos por el Fondo.

ENMIENDA NÚM. 88

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Al artículo treinta y tres del Estatuto de los Trabajadores, en el apartado ciento tres del artículo único.

De supresión.

Se propone la supresión de la regla tercera del artículo 33.3 del Estatuto de los Trabajadores.

JUSTIFICACIÓN

La regla tercera que se pretende introducir en el artículo 33.3 del Estatuto de los Trabajadores implica un recorte completamente injustificado de las cantidades que el Fondo ha de pagar a los trabajadores afectados por la situación concursal de su empresa. La citada regla significaría que, aunque el Auto del Juez mercantil fijara a favor de los trabajadores a despedir indemnizaciones más altas, bien en módulo de días/año, bien por ser los salarios superiores al triple del SMI, y de la masa del concurso los trabajadores perciban una parte, el FOGASA no abonaría las prestaciones contempladas con carácter general, sino que descontaría lo ya recibido por el trabajador de la masa.

Esta propuesta tiene dos efectos negativos e incluso perversos. El primero, es que no favorece, sino que dificulta seriamente la búsqueda de acuerdos en el ERE del concurso, acuerdos que en algunos casos implican una indemnización algo mayor a cambio de mayor agilidad y rapidez en la resolución del despido colectivo y, por tanto, una mejor clarificación del concurso en beneficio de todos los acreedores. De prosperar este punto de la reforma, las negociaciones se alargarían en perjuicio de la concursada, de su viabilidad y del resto de los acreedores.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2011.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

ENMIENDA NÚM. 89

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado uno

De supresión.

Se propone suprimir el apartado uno del artículo único del Proyecto, que añade un nuevo artículo 5 bis a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto deroga el apartado 3 del artículo 5 (disposición derogatoria única), añadido a la LC por el Real Decreto-ley 3/2009, de 23 de marzo, y lo sustituye por un artículo 5 bis, cuya supresión se propone.

Se trata de una de las más importantes novedades del Proyecto, a la que la Exposición de Motivos dedica estos párrafos: Ante todo, la ley profundiza en las "alternativas" al concurso o los denominados institutos preconcursales, ofreciendo a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinanciación.

La Ley se preocupa de señalar que la comunicación formal de que se están iniciando negociaciones con los acreedores para un acuerdo de refinanciación, paraliza las ejecuciones con los acreedores, regula con detalle los deberes de las partes que negocian el acuerdo y, sobre todo, establece la homologación judicial de tal acuerdo, que, en consecuencia, y dentro de ciertos límites, se extiende a los acreedores disidentes.

Tal novedad, constituye una pieza extraña al sistema concursal de 2003, cuyo encaje resulta delicado y difícil.

La norma faculta al deudor a comunicar al Juez competente para la declaración de concurso el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación (artículo 71.6 LC, adicionado bajo el número cuarenta del artículo único del Proyecto) o presentar una propuesta anticipada de convenio (artículos 104 a 110 LC).


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Los efectos de esa comunicación, hecha en el tiempo que señala el apartado 2, son:

El cese del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso voluntario (párrafo 3) durante el plazo fijado en el apartado 4.

En caso de presentación posterior de la solicitud del deudor, se entiende hecha en la fecha de la comunicación.

La inadmisión de cualquier solicitud de concurso necesario durante el plazo de tres meses a partir de la notificación (artículo 15.3).

La prohibición de proveer las solicitudes que se presenten, transcurridos esos tres meses, hasta que venza el plazo de un mes y el deudor no haya presentado solicitud de concurso (artículo 15.3, párrafo segundo, modificado bajo el número nueve del proyecto.

Existe un desajuste entre el texto de la E. de M. y el articulado del Proyecto en esta materia, que no contiene norma sobre paralización de ejecuciones ni regula los deberes de las partes en la negociación, como se anuncia en los párrafos antes transcritos del apartado III de aquélla.

Lo que el Proyecto recoge es simplemente un efecto dilatorio de la solicitud de concurso, atribuido a la mera comunicación unilateral del deudor, en contra del otro principio fundamental de la reforma, que es el de no retrasar la solución de la insolvencia (E. de M. IV). De esta forma, en virtud de una comunicación de hechos que ni se prueban ni se controlan, cualquier deudor puede dilatar la declaración de insolvencia, impidiendo a los acreedores y demás legitimados que la insten durante tres meses más uno hábil, sin más requisito que la presentación en el tiempo de cumplimiento del deber de solicitarla y sin más trámite que el de su "constancia" por el Secretario judicial, sin intervención alguna del Juez.

Al no paralizar las ejecuciones (cfr. artículos 55 y 56, modificados en los números treinta y tres y treinta y cuatro del Proyecto, y disposición adicional cuarta, modificada por el noventa y seis), el efecto dilatorio de declaración de concurso tendrá otro "de alarma", que precipitará las acciones contra el patrimonio del deudor y frustrará las negociaciones en curso.

El supuesto de la norma contenida en el vigente artículo 5.3 se extiende, además, respecto del actual artículo 5.3, porque comprende no solo el inicio de negociaciones para apoyar una propuesta anticipada de convenio, sino para alcanzar un acuerdo de refinanciación."

ENMIENDA NÚM. 90

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado dos

De modificación.

Se propone modificar el apartado dos del artículo único del Proyecto, a fin de dar una nueva redacción al número 4.º e introducir un nuevo número 5.º en el apartado segundo del artículo 6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la siguiente redacción:

"4. Relación de acreedores, por orden alfabético, con expresión de la identidad y domicilio de cada uno de ellos y, en su caso, de su dirección electrónica.

5. En su caso, la plantilla de trabajadores y la identidad del órgano de representación de la empresa o centro de trabajo del deudor."

JUSTIFICACIÓN

En el número 4.º, es conveniente evitar la expresión "dirección electrónica de cada uno de ellos", porque sólo es aplicable "en su caso" (en el caso de que la tengan y conste al deudor, o la conozca).

En el siguiente número que se introduce que tiene entidad propia para constituir un 5.º y no englobarse en el anterior 4.º de la relación de acreedores, no es correcta la expresión "se indicará los trabajadores". El apartado 2 del artículo 6, en el que se incluye este número 4, se refiere a "los documentos" que han de acompañarse con la solicitud y la "plantilla" es uno de ellos. La terminología laboral se mejora al incluir "plantilla", "empresa" y "centro de trabajo".

ENMIENDA NÚM. 91

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado cuatro

De modificación.

Se propone modificar el apartado cuatro del artículo único del proyecto suprimiendo el párrafo final, que se añade al número 2.º del artículo 8 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la expresión "artículo 47".


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JUSTIFICACIÓN

Evitar remisiones a artículos concretos de textos vigentes, como regla de técnica legislativa.

ENMIENDA NÚM. 92

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único del Proyecto por el que se da una nueva redacción al número 6 del artículo 8 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

"Las acciones de reclamación de deudas sociales interpuestas contra los socios subsidiariamente responsables de los créditos de la sociedad deudora, cualquiera que sea la fecha en que se hubiera contraído y las acciones para exigir a los socios de la sociedad deudora el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Se sustituye la expresión "sociedad concursada" por "sociedad deudora" ya que antes del concurso no se puede decir que la misma sea "concursada".

ENMIENDA NÚM. 93

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado cinco

De modificación.

Se propone modificar el apartado cinco del artículo único del Proyecto que numera al actual párrafo del artículo 9 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, como apartado 1, añadiendo un nuevo apartado 2, cambiando la redacción del apartado 1 que tendrá el siguiente texto:

"1. La jurisdicción del Juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal."

JUSTIFICACIÓN

Se aclara un tema polémico en la práctica de nuestros juzgados de lo mercantil: el de la competencia del Juez del concurso para conocer de las cuestiones prejudiciales civiles.

ENMIENDA NÚM. 94

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado cinco

De supresión.

Se propone suprimir el apartado cinco del artículo único del Proyecto que añade un nuevo apartado 2 al artículo 9 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

Lo que dice el precepto es algo evidente y ya se encuentra en el artículo 42.1 y 2 LEC, de aplicación supletoria (y también en el artículo 10.1 LOPJ).

ENMIENDA NÚM. 95

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado siete

De modificación.

Se propone cambiar el apartado siete del artículo único del Proyecto que modifica al apartado 2 del artícu-lo 13 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:


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"Si el Juez estimara que la solicitud o la documentación que la acompaña adolecen de algún defecto procesal o material o que ésta es insuficiente, señalará al solicitante un plazo de justificación o subsanación, que no podrá exceder de cinco días."

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta el mantenimiento del apartado II, no tiene sentido introducir la precisión de que se señalará al solicitante un "único" plazo de justificación o subsanación.

ENMIENDA NÚM. 96

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado ocho

De modificación.

Se propone modificar el apartado ocho del artículo único del Proyecto dando la siguiente nueva redacción al artículo 14 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:

"Artículo 14. Provisión sobre la solicitud del deudor.

1. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por el deudor y los documentos que la acompañan fueran los exigidos por la Ley, el Juez dictará auto declarando el concurso.

2. Contra el auto desestimatorio de la solicitud de concurso sólo cabrá recurso de reposición."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica; el deudor no tiene que acreditar su insolvencia.

ENMIENDA NÚM. 97

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nueve

De modificación.

Se propone modificar el apartado nueve del artículo único del Proyecto, que da una nueva redacción al artículo 15 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, suprimiendo de su texto al apartado 3 y modificando los apartados 1 y 2 que tendrán la siguiente redacción:

"1. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por un acreedor y se fundara en un embargo o en una investigación de patrimonio infructuosos o que hubiera dado lugar a una declaración administrativa o judicial de insolvencia o en hecho que hubiera dado lugar a una declaración de insolvencia, el Juez dictará auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente.

2. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por cualquier legitimado distinto al deudor y por un hecho distinto de los previstos en el apartado anterior, el Juez dictará auto, admitiéndola a trámite y ordenando el emplazamiento del deudor conforme a lo previsto en el artículo 184, con traslado de la solicitud, para que comparezca en el plazo de cinco días, dentro del cual se le pondrán de manifiesto los autos y podrá formular oposición a la solicitud, proponiendo los medios de prueba de que intente valerse. Admitida a trámite la solicitud, las que se presenten con posterioridad se acumularán a la primeramente repartida y se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaciones."

JUSTIFICACIÓN

En el apartado 1 se añade la expresión "o en hecho que hubiera dado lugar a solicitar la declaración de concurso" para incluir los casos de insuficiencia patrimonial acreditada. Se suprime el último párrafo de este apartado 1 que se remite al artículo 20 de la Ley Concursal. Se suprime el apartado 3 en coherencia con la enmienda que propone la supresión del artículo 5 bis (nuevo).

ENMIENDA NÚM. 98

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado el artículo único del Proyecto, por el que se modifica el apartado 4 y se añade un 5, pasando el actual 5 a ser el 6 del artículo 20 la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá la siguiente redacción:


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"4. El plazo para interponer el recurso de reposición y para preparar el recurso de apelación contará, respecto de las partes que hubieran comparecido, desde la notificación del auto, y, respecto de los demás legitimados, desde la publicación del auto en el "Boletín Oficial del Estado".

5. En caso de estimación del recurso de apelación contra la resolución judicial que hubiera desestimado la solicitud, se fijará como fecha del concurso la de la presentación de la solicitud."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 99

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone añadir un apartado nuevo al artículo único del Proyecto a fin de añadir un nuevo párrafo al número 3.º, del apartado 1, del artículo 21, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que quedará redactado del siguiente modo:

"3. [...]

Si el concurso fuese voluntario y hubiese transcurrido más de un mes desde su solicitud, se requerirá al deudor que actualice esos documentos."

JUSTIFICACIÓN

Se impone el deber al deudor en los concursos voluntarios que actualice el inventario de bienes y derechos y relación de acreedores.

ENMIENDA NÚM. 100

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado once

De adición.

Se propone modificar el apartado once del artículo único del Proyecto a fin de dar nueva redacción al apartado cuarto del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que deberá quedar redactado del siguiente modo:

"4. La administración concursal realizará sin demora un comunicación individualizada a cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio consten en la documentación que obre en autos, informando de la declaración de concurso y del deber de comunicar los créditos en la forma establecida por la Ley.

Si la administración concursal estuviere integrada por más de un miembro, estas comunicaciones deberá realizarlas el administrador economista o auditor.

La comunicación se efectuará por medios telemáticos, informáticos o electrónicos cuando conste la dirección electrónica del acreedor.

Dicha comunicación se dirigirá también a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, conste o no su condición de acreedoras."

JUSTIFICACIÓN

Mejora de redacción, estableciendo, además, que en caso de pluralidad de administradores concursales, ese deber incumbe al administrador auditor o economista, como, por otra parte, sucede en la práctica.

ENMIENDA NÚM. 101

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado doce

De supresión.

Se propone suprimir el apartado doce del artículo único del Proyecto, que modifica el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 22 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la supresión del artículo 5 bis.


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ENMIENDA NÚM. 102

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado catorce

De modificación.

Se propone modificar el apartado catorce del artículo único del Proyecto a fin de dar nueva redacción a los apartados primero y segundo del artículo 25 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que deberán quedar redactados del siguiente modo:

"1. Dos o más deudores podrán solicitar la declaración conjunta de concurso de acreedores en las siguientes circunstancias:

1.ª Cuando sean cónyuges, cualquiera que sea el régimen económico del matrimonio, o pareja de hecho inscrita.

2.ª Cuando sean socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de una misma persona jurídica.

3.ª Cuando sean sociedades pertenecientes al mismo grupo.

4.ª Cuando sean garantes de, al menos, un tercio de las deudas de una persona física o jurídica que igualmente solicite la declaración conjunta de concurso.

5.ª Cuando exista confusión de patrimonios.

6.ª Cuando sean miembros o integrantes de una entidad sin personalidad jurídica y respondan personalmente de las deudas contraídas en el tráfico en nombre de ésta.

2. El acreedor podrá solicitar la declaración conjunto de concurso de varios de sus deudores cuando concurra cualquiera de las circunstancias enumeradas en el apartado anterior."

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica, para precisar los casos en que procede la declaración conjunta y para corregir la falta de correspondencia entre los supuestos de declaraciones conjuntas de concursos voluntarios y los supuestos de declaraciones conjuntas de concursos necesarios.

ENMIENDA NÚM. 103

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado catorce

De modificación.

Se propone modificar el apartado catorce del artículo único del Proyecto a fin de dar nueva redacción al apartado primero del artículo 25 bis (nuevo) de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el cual deberá quedar redactado del siguiente modo:

"1. Cualquiera de los concursados o cualquiera de las administraciones concursales podrá solicitar al Juez, mediante escrito razonado, la acumulación de los concursos ya declarados cuando concurra cualquiera de las circunstancias enumeradas en el apartado primero del artículo anterior."

JUSTIFICACIÓN

Los supuestos de acumulación deben coincidir con los supuestos de posible declaración inicial conjunta.

ENMIENDA NÚM. 104

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado catorce

De modificación.

Se propone modificar el apartado catorce del artículo único del Proyecto a fin de dar nueva redacción al apartado segundo del artículo 25 ter (nuevo) de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el cual quedará redactado del siguiente modo:

"2. Por excepción, se podrán consolidar las masas activas y pasivas de dos o más concursos cuando exista confusión de patrimonios."

JUSTIFICACIÓN

Para la consolidación de masas (que no de inventarios o listas de acreedores) es condición necesaria que exista confusión de patrimonios (supuesto que no se


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define ni en el artículo 25.1 ni en este otro artículo por la pluralidad cambiante de hipótesis que puede englobar), sin que sean necesarios otros requisitos complementarios.

ENMIENDA NÚM. 105

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado quince

De modificación.

Se propone modificar el apartado quince del artículo único del Proyecto a fin de dar nueva redacción a los dos primeros números del apartado 1 del artículo 27, con el siguiente texto:

"1.º Un abogado en ejercicio con diez años de experiencia efectiva en el ejercicio de la abogacía, que pueda acreditar ante el Juzgado formación especializada en Derecho Concursal.

Si el concurso fuera de especial relevancia, se exigirá una experiencia efectiva de quince años.

2.º Un economista o un auditor de cuentas o un titulado mercantil, colegiados con diez años de experiencia efectiva en el ejercicio de la profesión, que pueda acreditar ante el Juzgado formación especializada en materia concursal.

Si el concurso fuera de especial relevancia, se exigirá una experiencia efectiva de quince años."

JUSTIFICACIÓN

Los conocimientos en materia concursal deben considerarse un requisito indispensable para poder ser nombrado administrador concursal, y así debe establecer al señalar las condiciones subjetivas de las personas en las que pueda recaer el nombramiento.

ENMIENDA NÚM. 106

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De supresión.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único del proyecto por el que se agrega un artículo 27 bis (nuevo) a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

"Artículo 27 bis. Concursos de especial relevancia.

Previa decisión motivada del Juez competente para declarar el concurso, se considerarán concursos de especial relevancia aquellos en que concurra alguno de los siguientes supuestos:

Que la cifra de negocio anual del concursado haya sido de treinta millones de euros o superior en cualquiera de los tres ejercicios anteriores a aquel en que sea declarado el concurso.

Que el importe de la masa pasiva declarada por el concursado sea superior a cincuenta millones de euros.

Que el número de acreedores manifestado por el concursado sea superior a mil.

Que el número de trabajadores sea superior a doscientos cincuenta o lo que haya sido en alguno de los tres ejercicios anteriores a la declaración del concurso.

En caso de concursos conexos o acumulados, cuando al menos una de las sociedades del grupo merezca la consideración de concurso de especial relevancia por alguno de los parámetros anteriores."

JUSTIFICACIÓN

La experiencia de aplicación de la ley concursal ha demostrado que hay que prestar una adecuada atención a los concursos de empresas de especial relevancia, dada la necesidad de asegurar la continuidad de éstas y por su importante repercusión en la sociedad y en el empleo. Eso requiere que los administradores concursales que se hagan cargo de estos concursos estén especialmente capacitados por tener conocimientos y experiencia en la continuación y reestructuración de empresas, además de contar con equipos multidisciplinares de profesionales que puedan atender las vertientes jurídicas, económicas y empresariales de estos concursos. Para ejercer esas funciones no basta la capacitación general que se viene exigiendo a los administradores concusales, sino que se precisa de unos profesionales dotados de unos extensos conocimientos y experiencia en las empresas, sus mercados y las vías para restructurarlas y asegurar su continuidad.


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ENMIENDA NÚM. 107

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado quince

De supresión.

Se propone modificar el apartado quince del artículo único del Proyecto, a fin de suprimir el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

El supuesto de sociedades profesionales interprofesionales no debe admitirse. La Ley 2/2007, de 15 de marzo, optó claramente por implantar un modelo de sociedades profesionales (Ley 2/2007), admitiendo la posibilidad de que exista una sociedad profesional dedicada a la actividad de la abogacía. Pero la integración de abogados y de otros profesionales distintos en una misma sociedad sólo puede producirse en aquellos casos en los que no exista incompatibilidad declarada por ley. Así se pronuncia, en términos que no admiten otra interpretación, el artículo 3 ("sociedades multidisciplinares") de la citada Ley 2/2007, según el cual "las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal".

El desempeño de la actividad de la abogacía es incompatible, por declaración expresa del legislador, con la procura y con la auditoría de cuentas. Centrada la cuestión en ese segundo extremo, la Ley de Auditoría de Cuentas (en la redacción dada por la Ley 12/2010) prevé en su artículo 8.3, letra "g", la incompatibilidad de la prestación simultánea por los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría de servicios de auditoría de cuentas y de servicios de abogacía. La lógica de dicha incompatibilidad sólo admite en la reformada Ley de Auditoría de Cuentas la excepción consistente en que los servicios de abogacía se presten por "personas jurídicas diferentes y con consejos de administración diferentes, y sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, medida en términos de importancia relativa, en los estados financieros correspondientes al período o ejercicio auditado". Esta causa de incompatibilidad, así delimitada, implica que la prestación simultánea de esos servicios de auditoría y de abogacía sólo es posible si se lleva a cabo por personas jurídicas diferentes, lo que no acontece en la proyectada reforma del artículo 27.1, párrafo segundo, de la Ley Concursal.

Si no se eliminara ese párrafo segundo del apartado primero del artículo 27, se rompería definitivamente una de las claves de bóveda de la reforma de 2003: la existencia -al menos, en los concursos medios y grandes- de profesionales recíprocamente autónomos, cada uno con una formación específica, actuando coordinadamente y controlándose de forma recíproca y continuada. Si no se eliminara la norma señalada, al final del proceso, serán filiales de las grandes multinacionales de la auditoría las que asumirán las administraciones concursales, con daño de un modelo legislativo que, en los años que lleva de aplicación, ha demostrado especiales ventajas.

ENMIENDA NÚM. 108

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado quince

De modificación.

Se propone modificar el apartado quince del artículo único del Proyecto a fin de cambiar la redacción de los apartados 3 y 5 del artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrán el siguiente texto:

"3. En los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada por los profesionales y las personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad para el desempeño de tal función, su formación en materia concursal y, en todo caso, su compromiso de continuidad en la formación en esta materia. A tal efecto, el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y los correspondientes colegios profesionales presentarán, en el mes de diciembre de cada año, para su utilización desde el primer día del año siguiente, los respectivos listados de personas disponibles, incluidas las personas jurídicas. Los profesionales cuya colegiación no resulte obligatoria podrán solicitar, de forma gratuita, su inclusión en la lista en ese mismo período justificando documentalmente la formación recibida y la disponibilidad para ser designados.

Las personas implicadas podrán solicitar la inclusión en la lista de su experiencia como administradores concursales o auxiliares delegados en otros concursos, así como de otros conocimientos o formación especiales que puedan ser relevantes a los efectos de su función."

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.


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ENMIENDA NÚM. 109

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado dieciséis

De modificación.

Se propone modificar el apartado dieciséis del artículo único del Proyecto que modifica el apartado 4 del artículo 28 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, dándole una nueva redacción con el siguiente texto:

"4. No podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 93.

Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia."

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que suprime el último párrafo del apartado 1 del artículo 27.

ENMIENDA NÚM. 110

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado dieciocho

De supresión.

Se propone suprimir el apartado dieciocho del artículo único del Proyecto que añade un párrafo 2 del apartado 1 del artículo 30 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que suprime el último párrafo del apartado 1 del artículo 27.

ENMIENDA NÚM. 111

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado diecinueve

De supresión.

Se propone suprimir el apartado diecinueve del artículo único del Proyecto que introduce un segundo párrafo nuevo al apartado 1 del artículo 32 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

El actual artículo 32 de la Ley Concursal establece un sistema de nombramiento de auxiliares delegados que se articula en dos criterios básicos: el primero, el de que el nombramiento es potestativo para los Administradores concursales, y, en segundo lugar, que el nombramiento se efectúa por el Juez a solicitud de dichos administradores concursales. El Proyecto de Ley de reforma, alterando sin justificación clara el modelo en vigor, pretende modificar sustancialmente este prudente sistema mediante la introducción de una serie de normas que no casan con el sistema antes señalado; y lo hace a través de una doble posibilidad que choca frontalmente con las exigencias de la lógica: en primer lugar, el Juez puede designar un auxiliar delegado cuando la administración concursal sea unipersonal; y, en segundo lugar, será obligatorio -a lo que parece, para el Juez- el nombramiento de un auxiliar delegado en los supuestos que se enumeran, que son absolutamente heterogéneos, y cuya razón de ser no se comprende con claridad (como sucede por el mero hecho de solicitar la prórroga para la emisión del Informe) o que presentan imprecisiones sustanciales (como el caso de las "empresas de gran dimensión").

Pero a esta crítica de los postulados y de la técnica de que se parte y de la técnica empleada, se unen otras consideraciones de no menor entidad. En realidad, los auxiliares delegados son colaboradores de los administradores concursales, y por ello deben ser personas de su confianza más estricta, debiendo rechazarse la interferencia del Juez. Además, parece haberse olvidado que la retribución de estos auxiliares corre a cargo de la propia administración concursal y parece haberse olvidado también la responsabilidad de los administradores concursales por la actuación de estos auxiliares. De ahí que se proponga, pura y llanamente, la supresión de esos proyectados párrafos.


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ENMIENDA NÚM. 112

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone introducir un nuevo apartado en el artículo único a fin de modificar el apartado segundo del artículo 34 de la Ley Concursal con la siguiente redacción:

"2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante arancel que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al número de acreedores y a la previsible complejidad del concurso, considerando especialmente si se trata de un procedimiento ordinario o abreviado y del grado de limitación de las facultades del deudor común.

Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel. La participación en la retribución será idéntica para todos los miembros de la administración concursal.

En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se establezca reglamentariamente."

JUSTIFICACIÓN

Se trata de introducir el factor del número de acreedores como uno de los principales para fijar la retribución y de establecer el principio de igualdad de la retribución, así como de solucionar el problema de la retribución en los concursos sin masa o con masa insuficiente.

ENMIENDA NÚM. 113

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado veinticinco

De modificación.

Se propone modificar el apartado veinticinco del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al artículo 48 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, modificando la rúbrica del precepto que tendrá el siguiente título: "Efectos de la declaración de concurso sobre los órganos de las personas jurídicas deudoras".

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. El contenido del artículo es más amplio que el que expresa la rúbrica que figura en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 114

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado veintisiete

De modificación.

Se propone modificar el apartado veintisiete del artículo único del Proyecto que añade un nuevo artículo 48 ter a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cambiando la redacción de los apartados 1 y 2 que tendrán el siguiente texto:

"1. Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el Juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, o de los acreedores, podrá acordar, como medida cautelar, el embargo de bienes y derechos de sus administradores, liquidadores o apoderados generales, de hecho y de derecho, y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta Ley.

El embargo se acordará por la cuantía que el Juez estime y podrá ser sustituido, a solicitud del interesado, por aval de entidad de crédito.

2. De igual manera, durante la tramitación del concurso de la sociedad, el Juez, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos del socio o los socios personalmente responsables por las deudas anteriores a la declaración de concurso, en la cuantía que estime bastante, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas, pudiendo, a solicitud del interesado,


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acordarse la sustitución del embargo por aval de entidad de crédito."

JUSTIFICACIÓN

Si bien parece acertado el reconocimiento expreso como medida cautelar del embargo previsto; entre otras razones porque permite suplir el silencio de la norma sobre el procedimiento, aplicando el general previsto para las medidas cautelares en la LEC, resulta discutible la exclusión, en todo caso, de la legitimación activa de los acreedores para solicitar la medida.

En el apartado 2 se mejora la redacción cambiando la poco clara expresión "los referidos socios" por la referencia explícita a los socios identificados en el artículo 48.1 bis.

ENMIENDA NÚM. 115

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado treinta y tres

De supresión.

Se propone suprimir el apartado treinta y tres del artículo único del Proyecto, que modifica al apartado 1 del artículo 55 de la Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

Tratando de mejorar la posición jurídica de los créditos públicos en el concurso, el Proyecto sustituye "providencia de apremio" por diligencias de "embargo" en este artículo 55. Al proceder así se olvida que uno de los postulados de la Ley Concursal es el reducir al máximo ese trato privilegiado de los créditos públicos, tanto en el plano sustantivo como procesal. De ahí que resulta claramente preferible mantener la solución vigente.

ENMIENDA NÚM. 116

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado treinta y cuatro

De modificación.

Se propone modificar el apartado treinta y cuatro del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción a la rúbrica, al apartado 2 y añade un nuevo apartado 5 al artículo 56 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, modificando el texto del citado apartado 2 que tendrá la siguiente redacción:

"2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se suspenderán desde que la declaración de concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho. Solo se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la resolución del Juez del concurso que declare que los bienes o derechos no están afectos o no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor."

JUSTIFICACIÓN

Mejora de redacción, destacando que, aunque se hubieran publicado los anuncios, la suspensión se produce necesariamente.

ENMIENDA NÚM. 117

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado treinta y cinco

De supresión.

Se propone suprimir el apartado treinta y cinco del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al artículo 58 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

El difícil equilibrio entre los distintos intereses en juego, que esté en la base de esa gran transacción que representó la Ley Concursal, se rompe en el Proyecto de Ley a favor del crédito público. Un ejemplo de esa ruptura es la nueva redacción del artículo 58, en materia de compensación, que permite la compensación entre créditos y deudas tributarias incluso cuando el acto administrativo se dicte después de la declaración judicial de concurso. Tampoco encuentra justificación la compensación judicial, ya que desde la declaración


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judicial los créditos frente al concursado devienen inexigibles. De ahí que proceda la eliminación de esta nueva redacción.

ENMIENDA NÚM. 118

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado treinta y siete

De supresión.

Se propone suprimir el apartado treinta y siete del artículo único del Proyecto que añade un nuevo apartado 2 al artículo 60 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, reenumerando los actuales 2 y 3 del precepto como 3 y 4.

JUSTIFICACIÓN

Se pretende evitar la posibilidad de ejecución de garantes hasta que no se pronuncien los acreedores en la fase convenio y conforme al artículo 135 LC. No se les priva de la posibilidad de ejecutar contra los garantes sino de que temporalmente puedan ejecutar. De otra forma resulta que la ejecución dejaría fuera al acreedor y afectaría al contrato o negocio y por ello a la viabilidad de la empresa.

En la actualidad el 90 por ciento de los concursos de personas físicas son de socios o administradores o personas relacionadas con la empresa que son garantes de la misma. Para evitar esta ejecución se va al concurso de la persona física, cuya solución solo es intentar dilatar este concurso hasta que se llegue a una solución en las empresas.

ENMIENDA NÚM. 119

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único del Proyecto para dar una nueva redacción al apartado 1 del artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con el siguiente texto:

"1. Declarado el concurso serán rescindibles los actos perjudiciales para los acreedores realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de concurso, aunque no hubiera existido intención fraudulenta."

JUSTIFICACIÓN

La norma fundamental en materia de reintegración de la masa activa -que es la que se contiene en este apartado primero del artículo 71- presentado por importantes defectos, que están repercutiendo muy negativamente en las posibilidades del sistema de reintegración.

El primer defecto, el de que, en lugar de referirse el perjuicio a los acreedores -como hacen las legislaciones más significativas- lo hace a la "masa activa" (cuando, en el momento de realización del acto, esa masa no existe). Esta peculiar referencia ha dado lugar a muy importantes discrepancias a la hora de la aplicación judicial de la norma, con soluciones tan divergentes que afectan frontalmente a la seguridad jurídica. Por esta razón, se propone seguir el criterio tradicional de las legislaciones más representativas (art. 66.1 Legge fallimentare italiana; § 132 Insolvenzordnung alemana).

El segundo defecto se refiere al dies a quo desde el que contar hacia atrás los dos años el periodo sospechoso. Se conocen casos en los que, presentada por acreedor legítimo, la solicitud de declaración judicial de concurso, el deudor, con acuerdo -y, a veces, con financiación- de otro acreedor potencialmente afectado por la rescisión, se opone a dicha solicitud a pesar de estar clara y manifiestamente en estado de insolvencia, con la simple finalidad de retrasar la fecha de la declaración judicial, evitando que el acto que se desea preservar caiga dentro de los dos años. A fin de evitar este tipo de maniobras -especialmente graves como consecuencia de dilación de muchos de los juzgados de lo mercantil en la declaración de concurso necesario-, la solución más adecuada es computar esos dos años desde la fecha de la solicitud, y no desde la fecha de la declaración.

ENMIENDA NÚM. 120

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.


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Se propone adicionar un nuevo apartado al artículo único del Proyecto, a fin de incorporar un nuevo artículo, el 72 bis, a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la siguiente redacción:

"Artículo 72 bis. Acciones revocatorias en tramitación en caso de aprobación judicial del convenio.

Si las acciones revocatorias se encontraran en tramitación a la fecha de la aprobación del convenio, los administradores judiciales continuarán con plena legitimación en el incidente, pudiendo interponer los recursos pertinentes contra las resoluciones judiciales que recaigan y ejecutar esas resoluciones, aunque el deudor hubiera recuperado la facultad de administración y de disposición sobre los bienes y derechos que integran su patrimonio."

JUSTIFICACIÓN

Se trata de prever el caso de que, en el momento de la aprobación judicial del convenio, se encontraran en tramitación cualquiera de las acciones a que se refiere el artículo 71. No puede ser el deudor el que sustituya a los administradores judiciales, ya que el deudor es, por definición, uno de los demandados (art. 71.2).

ENMIENDA NÚM. 121

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado cuarenta y dos

De modificación.

Se propone modificar el apartado cuarenta y dos del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al apartado 2, adiciona un nuevo apartado 3 y reenumera el apartado 3 como 4 del artículo 74 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, suprimiendo los apartados 2 y 3 en la redacción propuesta por el proyecto, pasando el vigente apartado 3 del precepto a ser el 2 y modificando la redacción del vigente apartado 1 del siguiente modo:

"1. El plazo para la presentación del informe de los administradores judiciales será de un mes a contar desde la fecha en que finalice el plazo para la comunicación de los créditos por los acreedores. Por cada mil acreedores los administradores concursales dispondrán de un mes más, hasta un máximo de tres, sin posibilidad de prórroga alguna."

JUSTIFICACIÓN

Muchos de los problemas relativos a la presentación del Informe son consecuencia de que, a la fecha en que finaliza el plazo para la presentación, los acreedores todavía no han comunicado los respectivos créditos. Por esta razón, es aconsejable que el dies a quo para el cómputo del plazo fuera aquel en que finalice el plazo establecido por la Ley para la comunicación de los créditos (v. art. 85.1). De otro lado, se configura como automática la prórroga en función del número de acreedores, a la vez que se limita el periodo máximo de duración.

ENMIENDA NÚM. 122

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado cuarenta y seis

De modificación.

Se propone modificar el apartado cuarenta y seis, artículo único del Proyecto, a fin de suprimir el número 11 del apartado 2 del artículo 84 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. En coherencia con nuestra enmienda al número 6 del artículo 91.

ENMIENDA NÚM. 123

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado cuarenta y ocho

De modificación.

Se propone modificar el apartado cuarenta y ocho del artículo único del Proyecto, a fin de suprimir el


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nuevo apartado tercero del artículo 86 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, quedando así el apartado cuarto como apartado tercero, según figura en la ley vigente.

JUSTIFICACIÓN

Ese deber de cumplimentación de las declaraciones fiscales o asimiladas a cargo de la administración concursal en caso de sustitución olvida las enormes dificultades que suelen tener los integrantes de este órgano para conocer la realidad económica subyacente y, además, parece encubrir una posible derivación posterior de responsabilidad.

ENMIENDA NÚM. 124

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado cincuenta y uno

De modificación.

Se propone modificar el apartado cincuenta y uno del artículo único del Proyecto, a fin de dar una nueva redacción al número 5.º del artículo 91 de la Ley 22/2003, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

"5.º Los créditos por responsabilidad civil extracontractual no asegurados o en la parte no cubierta por el seguro, así como los créditos por responsabilidad civil."

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, no se acierta a comprender cómo en el Derecho vigente se reconoce un privilegio indirecto a las aseguradoras, privilegio que debe suprimirse y, en segundo lugar, debe ampliarse el ámbito del privilegio del crédito de responsabilidad civil derivada del delito, sin distinción de tipo penal del que proceda.

ENMIENDA NÚM. 125

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado cincuenta y uno

De modificación.

Se propone modificar el apartado cincuenta y uno del artículo único del Proyecto, a fin de cambiar la redacción del número 6.º del artículo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

"6.º Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones previstas en el apartado 6 del artículo 71."

JUSTIFICACIÓN

Se priva a estos créditos del carácter de créditos contra la masa del artículo 84, pero se le reconoce integramente el de créditos con privilegio general.

ENMIENDA NÚM. 126

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado cincuenta y cinco

De modificación.

Se propone modificar el apartado cincuenta y cinco del artículo único del Proyecto que incorpora un nuevo apartado 1 al artículo 95 la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cambiando su redacción, que tendrá el siguiente texto:

"1. La administración concursal, con una antelación mínima de diez días al último fijado para la presentación del informe al Juez, dirigirá comunicación electrónica a los acreedores de los que conste este tipo de dirección, informándoles del proyecto de inventario y de la lista de acreedores. Hasta tres días antes del fijado para la presentación del informe al Juez, los acreedores podrán presentar a la administración concursal, igualmente por medios electrónicos, las observaciones que consideren oportunas y solicitar que se rectifique cualquier error o que complementen los datos comunicados."


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JUSTIFICACIÓN

Se amplía el contenido de esta audiencia previa de los acreedores, que no solo conocerán el criterio de la administración concursal sobre el reconocimiento de su crédito y podrán solicitar la rectificación de cualquier error o el complemento de omisiones, sino también exponer su opinión sobre el criterio de la misma administración acerca del reconocimiento y la calificación de otros créditos.

ENMIENDA NÚM. 127

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado cincuenta y seis

De modificación.

Se propone modificar el apartado cincuenta y seis del artículo único del proyecto que añade un nuevo apartado 4 al artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y modifica al actual reenumerándolo como apartado 5, cambiando la redacción del apartado 4, que tendrá el siguiente texto:

"4. Cuando las impugnaciones afecten a menos del 20 por ciento del activo o del pasivo del concurso el Juez podrá ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o de liquidación, sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos y de las medidas cautelares que, de oficio o a petición de parte, pueda adoptar para su efectividad."

JUSTIFICACIÓN

Atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares en este caso, parece conveniente precisar su régimen, admitiendo expresamente la petición de parte interesada.

ENMIENDA NÚM. 128

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado cincuenta y ocho

De modificación.

Se propone modificar el apartado cincuenta y ocho del artículo único del Proyecto, que da una nueva redacción a la rúbrica y adiciona los apartados 3 y 4 al artículo 97 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, a fin de suprimir el número 2.º del texto del citado nuevo apartado 3.

JUSTIFICACIÓN

No resulta justificable que el retraso en la determinación de los créditos tributarios y de las demás Administraciones públicas sea intrascendente. La dinámica del concurso exige conocer desde que la lista de acreedores es definitiva lo que real y efectivamente se debe. En función de ese pasivo se delimitan las estrategias de los acreedores de cara al posible convenio. No es de recibo pretender que esa lista definitiva se pueda modificar a posteriori en beneficio del crédito público. El principio de igualdad de trato debe jugar aquí sin excepción.

ENMIENDA NÚM. 129

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único del proyecto para modificar el párrafo segundo del apartado primero del artículo 100 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la siguiente redacción:

"Las proposiciones de convenio podrán superar el límite de quita y espera establecidos en el párrafo anterior, sin llegar a diez años, cuando el deudor, durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores a la fecha de la declaración de concurso, reuniera cualquiera de las siguientes condiciones:

1.ª Que el importe neto de la cifra anual de negocios fuera superior a los quinientos millones de euros.

2.ª Que el número medio de trabajadores empleados fuera superior a quinientos."

JUSTIFICACIÓN

En el Derecho concursal vigente se autoriza la superación de los límites del convenio "cuando se trate de un concurso de empresas cuya actividad pueda tener


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especial importancia para la economía". Con esta fórmula genérica (que no figuraba en el Proyecto de Ley Concursal) se ha introducido una muy grave inseguridad en la práctica y, a la postre, un factor de injusticia. Hay jueces de lo mercantil que consideran que una pequeña empresa tiene especialmente importancia para un minúsculo municipio, mientras que otros niegan esa posibilidad a empresas de mayores dimensiones. Es, pues, indispensable introducir factores de objetividad y a tal fin se presenta la presente enmienda. Con ella, además de suprimir la posibilidad de que la quita supere el 50 por ciento del nominal de los créditos, se establecen elementos precisos para ampliar el plazo de espera, cuyo máximo se limita a diez años.

Como complemento necesario, para evitar soluciones divergentes según que el convenio sea de tramitación ordinaria o de tramitación abreviada, en la disposición derogatoria se procede a derogar el apartado segundo del artículo 104.

ENMIENDA NÚM. 130

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único para adicionar un nuevo apartado 4 al artículo 100 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pasando a ser apartados 5 y 6 los actuales apartados 4 y 5, con la siguiente redacción:

"4. En ningún caso la propuesta podrá contener estipulaciones sobre las acciones rescisorias ya ejercitadas o por ejercitar, ni sobre los incidentes de reintegración de la masa activa que se encuentren en tramitación."

JUSTIFICACIÓN

A la vista de la experiencia de los últimos años, en los que en algunas propuestas de convenio se incluyen estipulaciones sobre las acciones rescisorias, con la finalidad de enervar los riesgos de rescisión para determinados acreedores más o menos próximos al deudor común, resulta imprescindible incluir una expresa prohibición.

ENMIENDA NÚM. 131

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único del proyecto dando una nueva redacción al apartado 2 del artículo 100 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

"2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos o algunos de los acreedores, incluidas las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos.

También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada.

Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los acreedores, en los términos expresados en la propuesta de convenio. En estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores."

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con nuestra enmienda al artículo 102 de la Ley Concursal.

ENMIENDA NÚM. 132

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único del Proyecto a fin de modificar la redacción del artículo 102 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, del siguiente modo:


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"Artículo 102. Propuestas con contenidos alternativos.

1. Si la propuesta de convenio ofreciese a todos o a algunos de los acreedores la facultad de elegir entre varias alternativas, deberá determinar la aplicable en caso de falta de ejercicio de la facultad de elección.

2. El plazo para el ejercicio de la facultad de elección no podrá ser superior a un mes a contar desde la fecha de la firmeza de la resolución judicial que apruebe el convenio."

JUSTIFICACIÓN

Se mejora la redacción, evitando la referencia en el apartado primero a las "clases" de acreedores, que es expresión equívoca, que, aunque no se corresponde con la de "grupos" definida por el Anteproyecto de Ley Concursal de 1983 (art. 71), ha dado lugar a problemas de interpretación. Al mismo tiempo, se evita la referencia a la junta de acreedores, que aparece en el actual apartado segundo, porque el problema del ejercicio de la facultad de elección está igualmente presente en los convenios anticipados que, por definición, son convenios que se concluyen sin reunión de junta.

ENMIENDA NÚM. 133

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado sesenta y nueve

De modificación.

Se propone modificar el apartado sesenta y nueve del artículo único del Proyecto, cambiando la redacción del apartado 1 del artículo 133, que tendrá el siguiente texto:

"1. El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia que lo apruebe, salvo que, recurrida esta, el Juez, por razón del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha en que la aprobación alcance firmeza.

Al pronunciarse sobre la solicitud de retrasar la eficacia del convenio, el Juez podrá acordarlo con carácter parcial."

JUSTIFICACIÓN

Se mejora técnicamente la redacción y se prevé el retraso de la eficacia del convenio, en caso de recurso contra la sentencia que lo aprueba, de oficio o a instancia de parte. Por otra parte se incorpora, como apartado segundo, el texto del apartado segundo del artículo 197.5, con la debida modificación, ya que el precepto no habla de "suspensión", sino de "retrasar la eficacia del convenio".

ENMIENDA NÚM. 134

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado setenta

De modificación.

Se propone la modificación del apartado setenta del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al artículo 142 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, suprimiendo el apartado 3 y modificando el texto del apartado 1 del siguiente modo:

"1. El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento. En caso de suspensión de las facultades de administración y de disposición sobre los bienes y derechos que integran la masa activa, además del deudor, la administración concursal estará legitimada igualmente para pedir la liquidación.

Si el deudor formulara oposición dentro de los tres días siguientes, se dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 y 19, resolviendo el Juez mediante auto."

JUSTIFICACIÓN

En ocasiones, sucede que el deudor, a pesar de la inexistencia de argumentos objetivos para la continuación de la empresa, no pide la liquidación. En otros casos, el deudor se desentiende por completo de la marcha del procedimiento. A tales efectos, resulta imprescindible que, al menos, cuando hay sustitución, se reconozca legitimación a la propia administración concursal en defensa del interés del concurso, sin que ello suponga negársela al deudor concursado.


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ENMIENDA NÚM. 135

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado setenta

De modificación.

Se propone la modificación del apartado setenta del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al artículo 142 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, modificando el texto del apartado 2 del siguiente modo:

"2. El deudor deberá pedir la liquidación desde que conozca la imposibilidad de cumplir el convenio. Presentada la solicitud, el Juez dictará auto abriendo la fase de liquidación.

En caso de incumplimiento del convenio, cualquier acreedor podrá solicitar la apertura de la fase de liquidación."

JUSTIFICACIÓN

El Sistema del Derecho vigente, que en lo sustancial mantiene el Proyecto de Ley, es altamente perjudicial para los acreedores, ya que, incomprensiblemente, el incumplimiento del convenio no es suficiente para abrir la fase de liquidación si la solicitud procede de acreedor legítimo. De otro lado, la supresión el apartado cuarto del artículo 2 hace igualmente necesario modificar este precepto.

ENMIENDA NÚM. 136

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado ochenta y dos

De modificación.

Se propone la modificación del apartado ochenta y dos del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 164 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cambiando el texto del citado apartado de la siguiente manera:

"1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o en la agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, o de sus directores generales, y de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud de declaración de concurso."

JUSTIFICACIÓN

No hay apoderados de hecho: todo apoderado lo es de derecho, aunque el poder se haya conferido tácitamente o por hechos concluyentes. De otro lado, se considera preferible incluir a los "directores generales" en lugar de a los apoderados porque lo relevante es el ejercicio del poder de dirección y no la mera existencia del poder de representación voluntaria, que -como enseña la experiencia- puede no existir.

Si se acepta esta modificación, deberá modificarse igualmente la redacción de otros artículos proyectados que utilizan la misma errónea expresión, como, por ejemplo, la del número 1.º del apartado segundo del artículo 172 y la del apartado primero del artículo 172 bis.

En fin, en cuanto al dies a quo, el momento temporal para el cómputo de los dos años debe ser la fecha de presentación de la solicitud, y no la fecha de la declaración. Algunas oposiciones a la solicitud de declaración de concurso se explican precisamente por tratar de retrasar la declaración evitando así que puedan quedar involucradas determinadas personas (v. gr., antiguos administradores que ostenten, además, la condición de socios mayoritarios).

ENMIENDA NÚM. 137

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado ochenta y cinco

De modificación.

Se propone modificar el apartado ochenta y cinco del artículo único del Proyecto modificando la redacción de los números 2.º y 3.º del apartado 2 del artículo 172 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y añadiendo al citado apartado un número 4.º con la siguiente redacción:

"2.º La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un periodo de dos a quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo periodo. Para determinar la duración del periodo de inhabilitación


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atenderá el Juez a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio.

En caso de convenio, si así lo hubiera solicitado la administración concursal, la sentencia de calificación podrá autorizar al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada.

En caso de que una misma persona sea inhabilitada en dos o más concursos, el periodo e inhabilitación será la suma de todos ellos.

3.º La pérdida de cualquier derecho que los inhabilitados tuvieran como acreedores concursales o de la masa.

4.º La condena a los inhabilitados a indemnizar los daños y perjuicios causados por la generación o la agravación del estado de insolvencia."

JUSTIFICACIÓN

Mejora de redacción individualizando y precisando el contenido de cada uno de los pronunciamientos.

ENMIENDA NÚM. 138

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado ochenta y cinco

De modificación.

Se propone la modificación del apartado ochenta y cinco del artículo único del Proyecto cambiando la redacción del apartado tercero del artículo 172 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

"3. La sentencia que califique el concurso como culpable condenará, además, a los cómplices a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa, a la devolución de los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiesen recibido de la masa activa y a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el acto en el que hubieran participado."

JUSTIFICACIÓN

Mejora de redacción individualizando y precisando el contenido de cada uno de los pronunciamientos relativos a los cómplices, evitando los equívocos de la redacción que figura en el Proyecto de Ley, en la que el tema de la complicidad se aborda tanto en el número 3.º del apartado segundo como en este apartado tercero.

ENMIENDA NÚM. 139

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado ochenta y cinco

De modificación.

Se propone la modificación del apartado ochenta y cinco del artículo único a fin de mejorar la redacción del apartado primero del artículo 172 bis, que debería ser la siguiente:

"1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y a los apoderados generales de la persona jurídica concursada a los que sean imputables los hechos que hubiera determinado la calificación del concurso, a indemnizar a los acreedores con el pago, total o parcial, del importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa."

JUSTIFICACIÓN

La polémica ha de resolverse como apunta la jurisprudencia en el sentido indemnizatorio no sancionador.

ENMIENDA NÚM. 140

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone la introducción de un nuevo apartado en el artículo único del Proyecto a fin de modificar los números 3.º, 4.º y 5.º del artículo 183 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, relativo a las secciones del concurso:


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"3.º La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, a las autorizaciones para la enajenación y para la separación de bienes y derechos de la masa activa y a las deudas de la masa.

4.º La sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales y al pago de los acreedores. En esta sección se incluirán también, en pieza separada, los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran acumulado al concurso de acreedores y las ejecuciones que se inicien o se reanuden contra el concursado.

5.º La sección quinta comprenderá lo relativo al convenio y a la liquidación, incluidos el convenio anticipado y la liquidación anticipada."

JUSTIFICACIÓN

Se trata de mejorar la distribución de las materias entre las distintas Secciones en que se divide el concurso de acreedores, solucionando los problemas de interpretación que plantea el tenor vigente del expresado artículo 183.

ENMIENDA NÚM. 141

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado noventa y tres

De modificación.

Se propone modificar el apartado noventa y tres del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al cap. II del Título VIII de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, modificando el artículo 191, que tendrá la siguiente redacción:

"Artículo 191. Contenido.

1. En el procedimiento abreviado la administración concursal estará integrada por un único miembro, abogado en ejercicio, economista, titulado mercantil, colegiados o auditor de cuentas. Igualmente, podrá ser designada una persona jurídica para la administración concursal.

2. El administrador concursal deberá presentar el inventario de bienes y derechos de la masa activa dentro de los quince días siguientes a la aceptación del cargo.

3. El administrador concursal deberá presentar el informe previsto en el artículo 75 en el plazo de un mes, contado a partir de la aceptación del cargo. Razonadamente, podrá solicitar al Juez una prórroga que en ningún caso excederá de quince días.

4. Con una antelación mínima de cinco días previos a la presentación de la lista de acreedores, el administrador concursal practicará la comunicación prevista en el apartado 1 del artículo 95 en las condiciones y con los efectos en él previstos.

El Secretario Judicial dará traslado de las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores al administrador concursal al día siguiente de su presentación, sin incoar incidente.

En el plazo de diez días, el administrador concursal comunicará al juzgado si acepta la pretensión, incorporándola a los textos definitivos, o si se opone formalmente a la misma.

En caso de oposición a la impugnación se dará traslado, en su caso, al deudor y al resto de partes afectadas por la impugnación para que contesten a la misma.

Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 194.

Se impondrán las costas a las partes del incidente conforme al criterio de vencimiento objetivo, salvo que el Juez aprecie, y así lo razone, mala fe o existencia de serias dudas de hecho o derecho. En el caso de la administración concursal se estará a lo dispuesto en la norma general del artículo 184.5.

Si hubiera incidentes de impugnación, el administrador concursal deberá informar de inmediato al Juez de la incidencia sobre los quórums y mayorías necesarios para aprobar el convenio.

5. El plazo para la presentación de propuestas ordinarias de convenio finalizará, en todo caso, cinco días después de la presentación del informe del administrador concursal. Admitida a trámite la propuesta de convenio, el Secretario judicial señalará fecha para la celebración de la junta de acreedores dentro de los treinta días hábiles siguientes.

6. Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se hubiera presentado propuesta de convenio, el Secretario judicial abrirá de inmediato la fase de liquidación requiriendo al administrador concursal para que presente el plan de liquidación en el plazo improrrogable de diez días.

Una vez aprobado el plan, las operaciones de liquidación no podrán durar más de tres meses, prorrogables, a petición de la administración concursal, por un mes más."

JUSTIFICACIÓN

Párrafo IV: Se trata de una mejora técnica, ya que la redacción actual se limita a reproducir literalmente el artículo 194.4 vigente, que no se modifica.


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Párrafo V: Con respecto a la imposición de costas, se propone la adición por coherencia con lo dispuesto en esta norma, ya que, de no incluirse, podría pensarse que la ley la excepciona para el procedimiento abreviado, lo que no parece ser el caso.

Párrafo VII: Se propone la supresión de este párrafo, apartado último, que repite el artículo 96.4 del Proyecto de reforma. La repetición en este caso es, además, incompleta, por lo que, en el caso de mantener el precepto, se plantearía la duda de si en el procedimiento abreviado está excluida la posibilidad de adoptar medidas cautelares prevista en el 96.4. La respuesta, sin duda, debe ser a favor de tal posibilidad, pero el problema se solucionaría con la supresión del precepto.

ENMIENDA NÚM. 142

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único

De modificación.

Se propone, como alternativa a la enmienda anterior, modificar los párrafos I a III del apartado 4 del artículo 191 (apartado 5 antes de la reforma que se propone) de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrán el siguiente texto:

"Presentadas impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, el Secretario judicial, previa la decisión sobre su admisión, al día siguiente de su presentación y sin incoar incidente, dará traslado de las mismas solo al administrador concursal, en el caso de suspensión de facultades, y también al deudor, si el régimen acordado fue el de intervención, para que, en el plazo de diez días, comuniquen al juzgado si aceptan la pretensión o si se oponen formalmente a la misma.

Aceptadas las impugnaciones por el administrador concursal y, en su caso, por el deudor, el Secretario judicial dictará decreto aprobándolas y ordenando su incorporación a los textos definitivos, salvo que aprecie la existencia de fraude o perjuicio de tercero, en cuyo caso dará cuenta al juez para que resuelva.

En caso de oposición a la impugnación por parte del administrador concursal y, en su caso, por el deudor, se incoará incidente concursal, dándose traslado al resto de partes afectadas por la impugnación para que contesten a la misma."

JUSTIFICACIÓN

Párrafo I: Por un lado, parece razonable mantener el control sobre la admisibilidad de las impugnaciones previsto en el artículo 194.2; impugnaciones que, según el artículo 96.5 (ahora 6, no modificado), de aplicación supletoria, "se sustancian por los trámites del incidente concursal" y tendrán la forma de demanda, que deberá sujetarse a los requisitos del artículo 194.1 ("se presentará en la forma prevista en el artículo 399 de la LEC"). Por otra, no parece acertado que la sola aceptación de la impugnación por el administrador concursal suponga su estimación, sin prestar audiencia siquiera al deudor y por lo menos en los casos en que el régimen adoptado haya sido el de intervención.

Párrafo II: Las impugnaciones pueden tener un contenido relevante, por lo que no parece que la sola aceptación sea suficiente, por lo menos en todos los casos, para incorporar las modificaciones que supongan a los textos definitivos. En cuanto la referida aceptación supone un acto dispositivo parece razonable hacer referencia a su control tal y como se prevé, por ejemplo, en los casos de allanamiento (artículo 21.1 LEC).

Párrafo III: Con fundamento en el respeto de las garantías, parece razonable abrir el cauce del incidente, con traslado de la impugnación a otros interesados, en los casos en que se oponga el deudor a la impugnación en los casos en que se acuerde el régimen de intervención.

ENMIENDA NÚM. 143

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado noventa y tres

De modificación.

Se propone modificar el apartado noventa y tres del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al Capítulo II, del Título VIII, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, suprimiendo el apartado 3 del nuevo artículo 191 ter y trasladando la peculiaridad que contiene al artículo 192.2.

JUSTIFICACIÓN

La redacción no parece la adecuada porque la tajante afirmación inicial ("Las impugnaciones del inventario o de la lista de acreedores no suspenderán las operaciones de liquidación") queda vaciada de contenido por lo que el artículo dice a continuación. Por otra parte, si se tiene en cuenta que estas impugnaciones se tramitan


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por el cauce del incidente concursal, bastaría con el artículo 192.2 actual, de aplicación supletoria al procedimiento abreviado, dentro del cual se propone ahora incluir la peculiaridad de la norma (la posibilidad de que el juez requiera caución al impugnante).

ENMIENDA NÚM. 144

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único del Proyecto por el que se adiciona un nuevo artículo 191 quáter a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

"Artículo 191 quáter. Aplicación del procedimiento ordinario.

En todo lo no previsto en este capítulo se aplicarán las normas del procedimiento ordinario."

JUSTIFICACIÓN

No tiene sentido que la regla que, supuestamente, va a ser aplicada a todo el capítulo venga integrada como apartado 1 del artículo 191.

ENMIENDA NÚM. 145

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único del Proyecto por el que modifica al apartado 2 del artículo 192 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

"2. Los incidentes concursales no suspenderán el procedimiento de concurso, sin perjuicio de que el juez, de oficio o a instancia de parte, acuerde la suspensión de aquellas actuaciones que estime puedan verse afectadas por la resolución que se dicte.

No obstante, si el incidente tuviera lugar por haberse impugnado el inventario o la lista de acreedores y el impugnante solicitara la suspensión de las operaciones de liquidación, el juez podrá requerirle caución que garantice los posibles daños y perjuicios derivados de la demora."

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior en la que se propone la supresión del actual artículo 191 ter, apartado 3.

ENMIENDA NÚM. 146

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado nuevo

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único del Proyecto por el que modifica al apartado 4 del artículo 194 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

"4. Sólo se citará a las partes para la vista cuando se haya presentado escrito de contestación a la demanda, exista discusión sobre los hechos y estos sean relevantes a juicio del juez, y se hayan propuesto en los escritos de alegaciones medios de prueba, previa la declaración de su pertinencia y utilidad. Esta vista se desarrollará en la forma prevista en el artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales, en lo que resulte aplicable.

En otro caso, el juez dictará sentencia sin más trámites. Lo mismo hará cuando la única prueba que resulte admitida sea la de documentos, y estos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o cuando solo se hayan aportado informes periciales, y ni las partes ni el juez soliciten la presencia de los peritos en el juicio para la ratificación de su informe.

En este último caso, si en el escrito de contestación se plantearan cuestiones procesales por la parte demandada, o se suscitaran por la demandante a la vista de ese escrito en el plazo de cinco días desde que se le dio traslado del mismo, el juez las resolverá, previa audiencia de las partes por plazo de cinco días, dictando la resolución que proceda conforme a lo dispuesto en la


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Ley de Enjuiciamiento Civil para la resolución de este tipo de cuestiones en la audiencia previa del juicio ordinario. Si la decisión fuera la de continuar el proceso, dictará sentencia en el plazo de diez días."

JUSTIFICACIÓN

Se clarifican los casos en que procede la vista en el incidente, limitándolos a los supuestos en que exista discusión sobre los hechos relevantes y se hayan propuesto pruebas por las partes. Igualmente se prevé un trámite para la solución de eventuales problemas o cuestiones procesales que puedan plantearse.

ENMIENDA NÚM. 147

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado noventa y cuatro

De modificación.

Se propone modificar el apartado noventa y cuatro del Proyecto de Ley que modifican los apartados 4 y 5 del artículo 197 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cambiando la redacción del apartado 4, que tendrá el siguiente texto:

"4. Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días.

A estos efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio

Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refieren los artículos 72.3 y 80.2 de esta Ley, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter preferente."

JUSTIFICACIÓN

Uno de los temas más delicados que se plantean en materia de reintegración de la masa activa es que, conforme al sistema de la Ley Concursal, las sentencias que recaigan en los incidentes de rescisión no son directamente apelables, sino que se someten a la regla general de la "apelación más próxima". Esta solución no solo es ilógica, sino que dilata la solución de la reintegración efectiva de la masa.

ENMIENDA NÚM. 148

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado noventa y cuatro

De modificación.

Se propone modificar el apartado noventa y cuatro del Proyecto de Ley que modifican los apartados 4 y 5 del artículo 197 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cambiando la redacción del apartado 5, que tendrá el siguiente texto:

"5. Contra las sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente, y en la forma prevista para las apelaciones de sentencias en la Ley de Enjuiciamiento Civil."

JUSTIFICACIÓN

Persiste -desde el texto originario de la Ley- la imprecisión técnica en la regulación de la sustanciación del recurso de apelación, ya que el precepto continúa remitiendo a la prevista para "las apelaciones de sentencias dictadas en juicio ordinario", cuando la LEC/2000 ha unificado la tramitación de este recurso ordinario, sin que proceda, por tanto, hacer distinción alguna cuando el mismo se interponga contra sentencias dictadas en el juicio ordinario. Debería aprovecharse la reforma para hacer desaparecer del texto de la Ley, de una vez, esta deficiencia.

Se propone la supresión del párrafo segundo que se incorpora al texto del artículo 133.1.

ENMIENDA NÚM. 149

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado noventa y cinco

De supresión.


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Se propone suprimir el apartado noventa y cinco que introduce una nueva disposición adicional segunda bis en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

Equiparar a estos efectos a las entidades deportivas que participen en competiciones oficiales con las entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, aseguradoras y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores carece de sustento jurídico y sería contrario a la finalidad esencial del concurso, esto es, la satisfacción de los acreedores (E. de M. LC, II), pues en ella consiste el "interés del concurso" (artículos 61.2, párrafo segundo; 62.3; 149.1.a, entre otros).

El régimen especial aplicable en situaciones concursales a las entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, aseguradoras y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores se fundamenta por la propia Exposición de Motivos de la LC (XII) en que esta normativa concursal específica era impuesta por el Derecho de la Unión Europea. La LC ha respetado la legislación especial aplicable a las entidades de crédito, las aseguradoras y las operaciones relativas a los sistemas de pago y compensación por el carácter y procedencia europea de la normativa -de carácter imperativo- y por el ámbito europeo/internacional de los mercados regulados. La propia LC afirma en su E. M. que "solo en defecto de normas especiales y en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de aquellos sistemas se aplicarán en esta materia las de esta Ley".

Las entidades deportivas ni están reguladas por un Derecho comunitario imperativo que justifique la especialidad, ni tampoco el mercado en el que operan tiene ámbito europeo o internacional.

Las entidades deportivas que participen en competiciones oficiales, que no son un sector estratégico del orden económico, por lo que las normas especiales en materia deportiva no pueden menoscabar la aplicación de la LC general, ni, en consecuencia, la jurisdicción exclusiva y excluyente del Juez del concurso sobre el patrimonio de la entidad concursada (artículo 8 LC), ni sus competencias sobre las facultades de administración y disposición de esta (artículo 21.1.2.º; artículo 40), ni sobre la continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial que viniere ejerciendo, que no admitirán más restricciones o limitaciones que las que el propio Juez acuerde ex artículo 44 LC. Cualesquiera otras medidas, aun conformes a las normas especiales o sectoriales de la legislación deportiva, han de ceder ante la preferencia de las generales que para la insolvencia contiene la LC y que confieren al Juez poderes sobre el patrimonio del deudor con el carácter universal que reclama.

Los argumentos expuestos se refuerzan si se considera que la finalidad esencial del concurso es la satisfacción de los acreedores (E. de M. LC, II), y en ella consiste el "interés del concurso" (artículos 61.2, párrafo segundo; 62.3; 149.1.1.ª, p. ej.). "Finalidad esencial" no significa finalidad exclusiva, porque es compatible con otras, instrumentales o accesorias, conducentes a la satisfacción de los acreedores, como son las de continuación de la actividad del deudor y conservación de su empresa, siempre subordinadas a la "esencial" y en función de esta. La satisfacción de los acreedores y el interés del concurso se identifican con intereses generales que exceden de los particulares del deudor, de los de cada acreedor, de los trabajadores y de cualesquiera otros singulares implicados en el concurso, y, desde luego, de intereses sectoriales protegidos por una normativa específica, como es la deportiva, que, en caso de concurso de una entidad sujeta a ella, debe ceder ante la finalidad del concurso y el interés general de este.

La aplicación de las especialidades que para las situaciones concursales prevea la legislación del deporte y sus normas de desarrollo podría poner en serio peligro la supervivencia de las entidades deportivas declaradas en concurso y chocaría frontalmente con el interés de sus concursos y el principio de maximización del valor del activo para lograr la mayor satisfacción de los acreedores, e infringiría de forma manifiesta el artículo 44 LC, dado que sobre la continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial que el deudor viniere ejerciendo no se deben admitir más restricciones o limitaciones que las que el propio juez del concurso acuerde. Dicha viabilidad o continuidad normal de la empresa es absolutamente imprescindible para el pago de los acreedores por medio de un convenio, que pasa por que las entidades deportivas continúen en las competiciones oficiales, ya que solo así obtendrán los ingresos que podrían satisfacer los créditos contra la masa y los créditos concursales. En cambio, si se impide o coarta el desarrollo de su actividad, cesan todos los ingresos derivados de taquillas, abonos, derechos televisivos, patrocinios institucionales, contratos o derechos de imagen, y, a su vez, se cercena la posibilidad de futuros traspasos a otras entidades deportivas, todo ello contra la decisión judicial de continuación de la actividad de la concursada y en demérito de la masa activa.

A más, la aprobación de la introducción de esta nueva disposición adicional segunda bis puede constituir un perverso precedente, pues generará un "efecto llamada" en otros sectores tan o más relevantes para el orden económico constitucional como el de las entidades deportivas, que podrían verse discriminadas en su régimen jurídico especial respecto de estas. Este efecto puede obligar al legislador a introducir en el futuro otros regímenes especiales sectoriales, con lo que se corre el grave riesgo de limitar sensiblemente la virtualidad de los principios configuradores del concurso y su


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finalidad esencial por medio de indefinidos regímenes especiales.

Por todo ello, consideramos que las entidades deportivas que participen en competiciones oficiales no disfrutan de la trascendencia en el orden económico de las entidades de crédito, de las empresas de servicios de inversión, de las entidades aseguradoras, de las entidades miembros de mercados oficiales o de las entidades participantes en sistemas de compensación y liquidación de valores, por lo que la finalidad esencial del concurso no puede ceder frente a las normas sectoriales deportivas.

ENMIENDA NÚM. 150

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado noventa y nueve

De modificación.

Se propone modificar el apartado noventa y nueve del artículo único del Proyecto, a fin de modificar la redacción del número 2.º del artículo 13 del Código de Comercio, contenido en el apartado 1 de la disposición final segunda de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

"2.º Las personas inhabilitadas por sentencia firme mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación. Si se hubiera autorizado al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada, los efectos de la autorización se limitarán a lo específicamente previsto en la resolución judicial que la contenga."

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con nuestra enmienda al artícu- lo 172.2-2.º de la Ley Concursal.

ENMIENDA NÚM. 151

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al artículo único, apartado ciento dos

De supresión.

Se propone suprimir el apartado ciento dos del Proyecto, que añade una nueva disposición final undécima bis a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con nuestras enmiendas de supresión a los preceptos del proyecto que pretenden proteger el crédito público rompiendo con ello el delicado equilibrio del vigente sistema concursal.

ENMIENDA NÚM. 152

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Disposición adicional nueva

De adición.

Se propone añadir una nueva disposición adicional al Proyecto, que tendrá el siguiente texto:

"Disposición adicional nueva. Régimen especial aplicable a las situaciones de insolvencia de las sociedades deportivas.

El Gobierno, con carácter urgente, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre especialidades del tratamiento de insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas profesionales, calificadas así por la Ley del Deporte y de los créditos salariales de sus deportistas."

JUSTIFICACIÓN

Las singularidades que distinguen a las sociedades deportivas profesionales, calificadas de esa forma por la Ley del Deporte y a los deportistas que integran dichas instituciones, exigen que las situaciones de insolvencia que afecten a las primeras tengan un tratamiento legislativo especial establecido por normas con rango de Ley, que resulte de aplicación preferente a la Ley Concursal.


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ENMIENDA NÚM. 153

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Disposición adicional nueva

De adición.

Se propone añadir una nueva disposición adicional al Proyecto, que tendrá el siguiente texto:

"Disposición adicional nueva. Medidas sobre tratamiento preventivo de la insolvencia.

El Gobierno, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá remitir a las Cortes un proyecto de ley que regule de forma integral las medidas que se deban aplicar para el tratamiento preventivo de la insolvencia."

JUSTIFICACIÓN

Por su complejidad y repercusión en la incoación de posibles concursos, el tratamiento preventivo de la insolvencia requiere de un riguroso examen en profundidad que debe ser discutido y aprobado mediante Ley por las Cortes.

ENMIENDA NÚM. 154

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Disposición adicional nueva

De adición.

Se propone añadir una disposición adicional nueva al proyecto que tendrá el siguiente texto:

"Disposición adicional nueva. Medidas para el sobreendeudamiento de las familias y consumidores.

El Gobierno deberá remitir a las Cortes, de manera urgente, en el plazo de seis meses, un conjunto de medidas legislativas que aborde de forma integral las reformas sustantivas y procedimentales que sean necesarias emprender para dar una adecuada solución a los casos de sobreendeudamiento de los consumidores y de las familias."

JUSTIFICACIÓN

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Dipu-tados el 23 de abril de 2009, con ocasión de la aprobación del Real Decreto-ley 3/2009, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, el ministro de Justicia se comprometió y anunció que encomendaría a la Comisión General de Codificación la elaboración de una propuesta de actualización de la Ley Concursal para que dentro de otras materias aborde las especialidades procedimentales para afrontar el sobreendeudamiento que agobia a las familias y consumidores.

Este Grupo Parlamentario entiende que el grave problema del sobreendeudamiento, que abruma a las familias y consumidores no solo debe tener una solución procesal desde la Ley Concursal, que por cierto no viene contemplada en el proyecto de ley que ocupa a estas enmiendas, como había prometido el ministro en su intervención, sino integral que, además de tocar aspectos sustantivos, tenga en cuenta a todos los implicados en esta problemática.

ENMIENDA NÚM. 155

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Disposición derogatoria

De modificación.

Se propone modificar la disposición derogatoria única del Proyecto, que tendrá la siguiente redacción:

"Disposición derogatoria.

Quedan derogados los siguientes artículos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:

- Los apartados cuarto y quinto del artículo 6.

- El artículo 98.

- El artículo 142 bis.

- El apartado séptimo de la disposición final segunda, que añade un nuevo párrafo al final del artícu- lo 580 del Código de Comercio, como párrafo segundo."

JUSTIFICACIÓN

La supresión del apartado cuarto del artículo 6 tiene como causa el hecho de que no debe ser necesario que el deudor común que solicita la liquidación tenga que acompañar un plan. La competencia para elaborar ese


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plan corresponde en todos los casos a la administración concursal (artículo 148.1 LC).

La supresión del apartado quinto de ese mismo artículo obedece a que no es admisible que un deudor se presente en concurso sin acompañar los documentos enumerados en ese artículo.

ENMIENDA NÚM. 156

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Disposición final segunda

De modificación.

Se propone modificar la disposición final segunda del Proyecto, del siguiente modo:

"Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2012."

JUSTIFICACIÓN

Una Ley de tanta complejidad como esta Ley de reforma exige un mínimo periodo de vacatio, para que los operadores jurídicos y económicos puedan estudiar adecuadamente las muchas innovaciones que contiene. Además, se considera preferible fijar una fecha fija para la entrada en vigor.

ENMIENDA NÚM. 157

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Disposición final nueva

De adición.

Se propone introducir una nueva disposición final al Proyecto, con la siguiente redacción:

"Disposición final.

Se habilita al Gobierno para que, en el plazo de doce meses, proceda a aprobar el Texto Refundido de la Ley Concursal, con la sistemática que considere oportuna, con las aclaraciones y armonizaciones que considere necesarias."

JUSTIFICACIÓN

A la vista del alcance de la reforma de la Ley ahora en proyecto y de las recientes modificaciones que ha experimentado por medio del Real Decreto-ley 3/2009 y la Ley 13/2009, es conveniente incluir una nueva disposición final, como la propuesta, que contenga un mandato al Gobierno de refundición, en su más amplio sentido, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, y sus sucesivas reformas, a fin de que la norma capital del Derecho concursal sea un texto unívoco y claro en su interpretación y aplicación, con el consiguiente refuerzo de la seguridad jurídica para los operadores jurídicos implicados y los ciudadanos. De este modo, además, se podrían corregir los muchos defectos de sistemática -tantas veces denunciados- de la Ley Concursal.

A la Mesa de la Comisión de Justicia

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2011.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

ENMIENDA NÚM. 158

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de adicionar un nuevo apartado uno-pre al artículo único del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único.pre.

Artículo 2, apartado 2: Presupuesto Objetivo.

2. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles a corto plazo."


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JUSTIFICACIÓN

La definición que establece la Ley Concursal de insolvencia no está fundada en criterios económicos, sino más bien en consideraciones jurídicas. Consideramos que la inclusión de una definición más económica de insolvencia contribuiría a un mayor ajuste a la realidad empresarial y evitaría casos de empresas que acuden en numerosas ocasiones tarde al concurso, dado que técnicamente se encuentran desde hace tiempo en insolvencia, con las dificultades que supone que se pueda llegar a un convenio, lo que determinará que haya que acudir a la liquidación y, sin embargo, todavía no cumplirían el presupuesto objetivo más bien de carácter jurídico, del artículo 2.2. Creemos que debe incluirse en la Ley Concursal la definición técnica económica de insolvencia, que establece la Ciencia Económica, que es la utilizada en el ámbito contable y de auditoría: un pasivo circulante que supera al activo circulante, esto es un fondo de maniobra, inferior a cero.

ENMIENDA NÚM. 159

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de adicionar un nuevo apartado al artículo único uno pre del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único. Uno pre.

Artículo 5, apartado 4 (nuevo): Deber de solicitar la declaración de concurso.

4. El deber de solicitar la declaración de concurso tampoco será exigible al deudor persona natural que haya iniciado el procedimiento notarial legalmente previsto para promover un convenio con sus acreedores y lo ponga en conocimiento del Juzgado competente para su declaración de concurso. Transcurridos tres meses desde la comunicación al Juzgado, el deudor que no haya alcanzado un pacto con los acreedores deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes siguiente, si subsiste la insolvencia. A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, y dentro del procedimiento notarial legalmente previsto, el deudor persona natural podrá promover ante notario un convenio con sus acreedores, sobre la base de los bienes y derechos de que aquel sea titular. El convenio podrá establecer condonaciones y esperas y será vinculante para todos los acreedores a los que el deudor haya notificado fehacientemente el inicio del procedimiento notarial, siempre que se adhieran al mismo acreedores cuyos créditos en conjunto representen más de un 50 por ciento del valor total de las deudas sobre cuya existencia e importe exista conformidad con el deudor. A efectos del cómputo no se incluirán los acreedores con garantía hipotecaria o pignoraticia, que sólo quedarán afectados por el contenido del convenio si votan a favor del mismo.

Cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo podrá impugnar ante los juzgados de lo mercantil del domicilio del deudor la validez del convenio notarial a que se refiere el párrafo anterior, si se hubiera alcanzado en fraude de acreedores o con preterición negligente de algún bien o derecho o de alguna deuda. La estimación de dicha impugnación determinará el deber del deudor de solicitar la declaración de concurso de acreedores. Los pagos realizados en virtud del convenio serán reintegrables a la masa de concurso.

El acreedor que haya sido omitido en la relación de acreedores incorporada en el procedimiento notarial no quedará vinculado por el convenio que, en su caso, se alcance y podrá ejercitar individualizadamente sus derechos ante los tribunales de justicia para la satisfacción de sus créditos, pero no podrá impugnar dicho convenio."

JUSTIFICACIÓN

Introducir un procedimiento notarial previo, con la finalidad de desjudicializar y promover la solución convencional de la insolvencia del deudor persona natural.

ENMIENDA NÚM. 160

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de modificar el artículo único.Uno del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único. Uno.

Artículo 5 bis. Comunicación de negociaciones y efectos sobre el deber de solicitud del concurso.

1. El deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta ley o cuando haya iniciado el procedimiento


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notarial legalmente previsto para promover un convenio con sus acreedores.

2. Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5. Formulada la comunicación antes de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario.

3. El Secretario judicial, sin más trámite, procederá a dejar constancia de la comunicación presentada por el deudor.

4. Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación o las adhesiones necesarias para la administración a trámite de una propuesta anticipada de convenio o un acuerdo de convenio con sus acreedores, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que no se encontrara en estado de insolvencia, circunstancia que igualmente comunicará al Juzgado. De alcanzarse un acuerdo de refinanciación según lo previsto en el artículo 71.6 y en la disposición adicional cuarta.

5. Tampoco será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso dentro del plazo establecido en el artículo 5 al deudor que ponga en conocimiento del juzgado competente la iniciación de un procedimiento de mediación a través de organismos especializados, como las Cámaras de Comercio, para negociar bien los términos de un convenio, bien un plan de viabilidad."

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, modificamos el apartado 4 al ar- tículo 5 bis para introducir un procedimiento notarial previo, con la finalidad de desjudicializar y promover la solución convencional de la insolvencia del deudor persona natural y además tratamos de dar publicidad a la solicitud de homologación del convenio, atendidos los efectos que sobre el deudor y los acreedores se atribuyen a dicha solicitud.

Por otro lado, proponemos la adición de un apartado 5 al nuevo artículo 5 bis de la Ley Concursal donde se acoja también para esta materia el principio de promover la mediación que inspira la directiva europea 2008/52/CE, de 21 de mayo, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. La redacción propuesta menciona expresamente la posibilidad del deudor de acudir a la mediación como nuevo supuesto de prórroga del deber de solicitud de concurso, así como la posibilidad de que, una vez iniciado este, el juez designe como institución mediadora al servicio de mediación constituido en la Cámara Oficial de Comercio e Industria cuyo ámbito territorial se corresponda con la demarcación del Juzgado de lo Mercantil ante el cual se hubiera presentado la solicitud de declaración del concurso y la suspensión del procedimiento concursal entretanto se resuelve la mediación.

Se pretende con todo ello promover los servicios de mediación como modalidades alternativas de solución de conflictos en asuntos civiles y mercantiles, que vienen realizándose desde las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación en cumplimiento de las funciones público-administrativas que dichas corporaciones tienen encomendadas por la Ley 3/1993, de 22 de marzo, y restante regulación aplicable a aquellas.

ENMIENDA NÚM. 161

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de suprimir el inciso "en su caso" al artículo único.Dos del referido texto.

JUSTIFICACIÓN

Conviene introducir los elementos necesarios para dotar de la mayor agilidad al procedimiento, uno de estos elementos es la correspondencia vía correo electrónico, y dentro de ella la comunicación de créditos a la Administración Concursal.

Es ya obligatorio presentar cuentas e impuestos por medios electrónicos, por lo que no supone agravamiento de ninguna índole el que la comunicación del concurso por parte de los administradores concursales a los presuntos acreedores se realice por este medio.

ENMIENDA NÚM. 162

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de modificar al artículo único.Cinco del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único. Cinco.

Artículo 9, apartado 1: Extensión de la jurisdicción.

1. La jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal."


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JUSTIFICACIÓN

En el artículo 9 se propone aclarar un tema polémico en la práctica de nuestros juzgados de lo mercantil: el de la competencia del Juez del concurso para conocer de las cuestiones prejudiciales civiles.

ENMIENDA NÚM. 163

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de modificar el artículo único.Ocho del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único. Ocho.

Artículo 14. Provisión sobre la solicitud del deudor.

"1. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por el deudor y los documentos que la acompañan fueran los exigidos por la Ley, el Juez dictará auto declarando el concurso.

2. Contra el auto desestimatorio de la solicitud de concurso solo cabrá recurso de reposición."

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el "problema del tiempo" es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado.

En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios -los declarados a solicitud de acreedor legítimo- son escasos en número.

Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores.

Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un "estímulo negativo" muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.

La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4), no solo porque la exhaustividad del elenco -que carece de precedentes en el Derecho español- limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art. 20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.

ENMIENDA NÚM. 164

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de modificar el artículo único.Nueve del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único. Nueve.

Artículo 15. Provisión sobre la solicitud de otro legitimado.

1. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por un acreedor que fuera titular de crédito vencido y exigible al menos seis meses antes de la presentación de la solicitud, el Juez dictará auto declarando el concurso si el solicitante acredita, además, la concurrencia de alguno de los siguientes hechos:


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1.º El impago de obligaciones tributarias o de cuotas de la Seguridad Social.

2.º El impago de los salarios correspondientes a dos mensualidades.

3.º El embargo infructuoso de bienes en procedimiento de ejecución forzosa en el que se hubiera requerido de oficio al ejecutado para que manifieste bienes y se hubiera investigado judicialmente el patrimonio de este.

2. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por un acreedor que no reúna las condiciones o que no acredite los hechos establecidos en el apartado anterior o por cualquier otro legitimado distinto del deudor, el Juez dictará auto admitiéndola a trámite y ordenando el emplazamiento del deudor, con traslado de la solicitud, para que comparezca en la Secretaría del Juzgado en el plazo de tres días, dentro del cual se le pondrán de manifiesto los autos, y oficiará a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, que remitirá por medios telemáticos, a fin de que informen de si existen obligaciones o cuotas pendientes de pago por el deudor.

3. Dentro de los tres días siguientes al de la comparecencia, el deudor podrá allanarse a la solicitud o formular oposición, manifestando no estar en estado de insolvencia actual y proponiendo los medios de prueba de que intente valerse para acreditar la realidad de esa manifestación.

4. Admitida a trámite la solicitud, las que se presenten con posterioridad se acumularán a la primeramente repartida y se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaciones.

5. Una vez realizada la comunicación prevista en el artículo 5 bis y mientras no transcurra el plazo de tres meses previsto en dicho precepto, no se admitirán solicitudes de concurso a instancia de otros legitimados distintos del deudor. Las solicitudes que se presenten con posterioridad solo se proveerán cuando haya vencido el plazo de un mes hábil previsto en el citado artículo si el deudor no hubiera presentado solicitud de concurso. Si el deudor presenta solicitud de concurso en el citado plazo, se tramitará en primer lugar conforme al artículo 14. Declarado el concurso, las solicitudes presentadas previamente y las que se presenten con posterioridad se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los solicitantes."

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el "problema del tiempo" es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado.

En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios -los declarados a solicitud de acreedor legítimo- son escasos en número.

Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores.

Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un "estímulo negativo" muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.

La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4) no solo porque la exhaustividad del elenco -que carece de precedentes en el Derecho español- limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art. 20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.

ENMIENDA NÚM. 165

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de adicionar un nuevo artículo único.Diez bis del referido texto.


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Redacción que se propone:

"Artículo único. Diez bis.

Artículo 18. Allanamiento u oposición del deudor.

1. En el caso de admisión a trámite de la solicitud, si el deudor emplazado se allanase a la pretensión del solicitante o no formulase oposición en plazo, el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores. La misma resolución adoptará si, con posterioridad a la solicitud de cualquier legitimado y antes de ser emplazado, el deudor hubiera instado su propio concurso.

2. El deudor deberá basar su oposición en que no se encuentra en estado de insolvencia actual.

3. Formulada oposición por el deudor, el Secretario judicial, al siguiente día, citará a las partes a la vista, a celebrar en el plazo de tres días, previniéndolas para que comparezcan a ella con todos los medios de prueba que pueda practicarse en el acto."

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el "problema del tiempo" es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado.

En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios -los declarados a solicitud de acreedor legítimo- son escasos en número.

Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores.

Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un "estímulo negativo" muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.

La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4) no solo porque la exhaustividad del elenco -que carece de precedentes en el Derecho español- limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art. 20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.

ENMIENDA NÚM. 166

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de adicionar un nuevo artículo único.Diez ter del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único. Diez ter.

Artículo 20. Resolución sobre la solicitud.

1. Dentro de los tres días siguientes al de la celebración de la vista, el Juez dictará auto declarando el concurso o desestimando la solicitud.

2. Si el Juez declarare el concurso, las costas tendrán la consideración de créditos contra la masa. Si el Juez desestimare la solicitud, solo se impondrán las costas al solicitante en caso de temeridad."

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el "problema del tiempo" es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado.

En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios -los declarados a solicitud de acreedor legítimo- son escasos en número.


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Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores.

Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un "estímulo negativo" muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.

La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4) no solo porque la exhaustividad del elenco -que carece de precedentes en el Derecho español- limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art. 20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.

ENMIENDA NÚM. 167

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de adicionar un nuevo artículo único.Diez quáter del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único. Diez quáter.

Artículo 20 bis (nuevo). Recursos.

1. Contra el pronunciamiento del auto sobre la declaración de concurso o la desestimación de la solicitud las partes podrán interponer recurso de apelación, que no tendrá efecto suspensivo.

2. Contra los demás pronunciamientos del auto de declaración de concurso las partes podrán interponer recurso de reposición.

3. Están legitimados para recurrir el auto de declaración de concurso el deudor que no hubiera solicitado esa declaración y cualquier persona que acredite interés legítimo, aunque no hubiere comparecido con anterioridad. Está legitimado para recurrir el auto desestimatorio del concurso quien hubiera solicitado la declaración.

4. El plazo para interponer el recurso de reposición y para preparar el recurso de apelación contará, respecto de las partes que hubieran comparecido, desde la notificación del auto, y, respecto de los demás legitimados, desde la publicación del auto en el ''Boletín Oficial del Estado''.

5. En caso de estimación del recurso de apelación contra la resolución judicial que hubiera desestimado la solicitud, se fijará como fecha del concurso la de la presentación de la solicitud.

6. La desestimación de los recursos determinará la condena en costas del recurrente."

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el "problema del tiempo" es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado.

En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios -los declarados a solicitud de acreedor legítimo- son escasos en número.

Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores.

Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un "estímulo negativo" muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la


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Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.

La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4) no solo porque la exhaustividad del elenco -que carece de precedentes en el Derecho español- limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art. 20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.

ENMIENDA NÚM. 168

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de modificar al artículo único.Once del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único. Once.

Artículo 21. Auto de declaración del concurso.

1. El auto de declaración de concurso contendrá los siguientes pronunciamientos:

1.º El carácter necesario o voluntario del concurso, con indicación, en su caso, de que el deudor ha solicitado la liquidación o ha presentado propuesta anticipada de convenio.

2.º Los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio, así como el nombramiento y las facultades de los administradores concursales.

3.º Si entre la presentación de la solicitud y la declaración de concurso voluntario hubiera transcurrido más de un mes, el requerimiento al deudor para que, en el plazo de diez días a contar desde la notificación del auto, presente, convenientemente actualizados, el inventario de bienes y derechos y la relación de acreedores; y, en el caso de que la solicitud hubiera sido presentada por persona distinta del deudor, el requerimiento al deudor para que, dentro de ese mismo plazo, presente esos documentos y, si formase parte de un grupo, una memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras sociedades del mismo grupo durante ese mismo período.

4.º La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada, en la que informará de la declaración del concurso y del deber de comunicar sus créditos en la forma establecida en el artículo 85, a cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio consten en la solicitud del mismo, que se efectuará por medios telemáticos, informáticos o electrónicos, cuando conste su dirección electrónica. La comunicación se dirigirá en todo caso por los medios electrónicos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los medios que estas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas.

5.º El llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del auto de declaración de concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.

6.º La publicidad que haya de darse a la declaración de concurso.

7.º En su caso, la decisión sobre la formación de pieza separada, conforme a lo dispuesto en el artícu- lo 77.2 en relación con la disolución de la sociedad de gananciales.

8.º En su caso, la decisión sobre la decisión sobre la procedencia de aplicar el procedimiento especialmente simplificado a que se refiere el Capítulo II del Título VII de esta Ley.

2. Salvo que se exprese hora determinada, el auto de declaración del concurso de acreedores se entenderá pronunciado a las cero horas del día de la fecha.

3. Declarado el concurso, se ordenará la formación de las secciones segunda, tercera y cuarta. Cada una de estas secciones se encabezará por el auto o, en su caso, la sentencia que hubiera ordenado su formación.

4. La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio consten en el concurso, informándoles de la declaración de este y del


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deber de comunicar sus créditos en la forma establecida en el artículo 85.

5. El Secretario judicial notificará el auto a las partes que hubiesen comparecido. Si el deudor no hubiera comparecido, la publicación prevista en el artículo 23 producirá, respecto de él, los efectos de notificación del auto.

Si el concursado fuera una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión participante en un sistema de pagos y de liquidación de valores o instrumentos financieros derivados, el Secretario judicial notificará el auto, en el mismo día de la fecha, al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al gestor de los sistemas a los que pertenezca la entidad afectada, en los términos previstos en la legislación especial a que se refiere la disposición adicional segunda.

Asimismo, notificará el auto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando el concursado sea una sociedad que hubiera emitido valores admitidos a cotización en un mercado oficial.

Si el concursado fuera una entidad aseguradora, el Secretario judicial notificará el auto, con la misma celeridad, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y si fuera una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se lo notificará en los mismos términos al Ministerio de Trabajo e Inmigración.

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, se propone modificar la redacción del número 30 relativo al pronunciamiento tercero del auto de declaración de concurso a fin de incluir el supuesto -muy frecuente en la práctica- de que entre la solicitud de concurso voluntario y la declaración de concurso transcurra más de un mes. De otro lado, como la administración concursal, al posesionarse del cargo, accederá a las cuentas anuales y a los estados financieros intermedios, si se hubieran confeccionado, lo esencial es que el deudor facilite los dos documentos básicos de todo concurso: el inventario de la masa activa y la relación de acreedores.

Y en segundo lugar, se propone modificar el apartado 2 del presente precepto, ya que comoquiera que el auto es inmediatamente ejecutivo (art. 21.2), el deudor puede quedar inmediatamente inhabilitado (art. 40.2), es decir, privado de la facultad de administración y disposición sobre el patrimonio concursal (art. 40.3 y 4). Por consiguiente, los actos que realice ese mismo día -antes de que se le notifique esa resolución- son anulables (art. 40.7). Se plantea entonces el problema de si la resolución judicial de declaración de concurso ha sido anterior o posterior a dicho acto. De ahí la necesidad de una norma que solucione la cuestión. De otra parte, el mismo tema se plantea en relación con los actos rescindibles (arts. 71 a 73).

ENMIENDA NÚM. 169

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de adicionar un nuevo artículo único.Trece bis del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único. Trece bis.

Artículo 24. Publicidad registral.

1. Si el deudor fuera persona natural, se inscribirán preferentemente, por medios telemáticos, en el Registro Civil la declaración de concurso, con indicación de su fecha, la intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales.

2. Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, serán objeto de inscripción en la hoja abierta a la entidad, preferentemente por medios telemáticos, los autos y sentencias de declaración y reapertura del concurso voluntario o necesario; de apertura de la fase de convenio; de aprobación de convenio; la apertura de la fase de liquidación; la aprobación del plan de liquidación; la conclusión del concurso y la resolución de la impugnación del auto de conclusión; la formación de la pieza de calificación y la sentencia de calificación del concurso como culpable, así como cuantas resoluciones dictadas en materia de intervención o suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado sobre los bienes y derechos que integran la masa activa. Las resoluciones que no fueren aún firmes serán objeto de anotación preventiva en los términos previstos en el párrafo 5 de este mismo artículo.

3. Si se tratase de personas jurídicas no inscríbibles en el Registro Mercantil y que consten en otro Registro Publico, el secretario judicial mandará inscribir o anotar, preferentemente, por medios telemáticos, en este las mismas circunstancias señaladas en el apartado anterior.

4. Si el deudor tuviera bienes o derechos inscritos en Registros Públicos, se inscribirán en el folio correspondiente a cada uno de ellos la declaración de concurso, con indicación de su fecha, la intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales. La resolución que no fuere aún firme será objeto de anotación preventiva en los términos previstos en el párrafo 5 de este mismo artículo. Practicada la anotación preventiva o la inscripción, no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración


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de concurso que los acordados por el Juez de este, salvo lo establecido en el apartado 1 del artículo 55 de esta Ley.

5. Los asientos a que se refieren los apartados anteriores se practicarán en virtud de mandamiento librado por el secretario judicial. En el mandamiento se expresará si la correspondiente resolución es firme o no. En todo caso, las anotaciones preventivas que deban extenderse en los registros públicos de personas o de bienes por falta de firmeza de la resolución caducarán a los cuatro años desde la fecha de la anotación misma y se cancelarán de oficio o a instancia de cualquier interesado. El secretario judicial podrá decretar la prórroga de las mismas por cuatro años más.

6. El traslado de la documentación necesaria para la práctica de los asientos se realizará preferentemente por vía telemática desde el juzgado a los Registros correspondientes. Excepcionalmente, y si lo previsto en el párrafo anterior no fuera posible, los oficios con los edictos serán entregados al procurador del solicitante del concurso, con los mandamientos necesarios para la práctica inmediata de los asientos registrales previstos en este artículo. Si el solicitante del concurso fuese una Administración Publica que actuase representada y defendida por sus Servicios Jurídicos, el traslado de oficio se realizará directamente por el Juzgado a los correspondientes Registros.

7. Reglamentariamente podrán establecerse mecanismos de coordinación entre los diversos Registros Públicos en los que, con arreglo a lo previsto en los apartados anteriores, habrán de hacerse constar el auto de declaración y las demás vicisitudes de concurso."

JUSTIFICACIÓN

Son diversas las mejoras de índole técnica que se propone con respecto a la redacción actual del artícu- lo 2.5 y que resuelven las dudas que la práctica registral ha suscitado. La nueva redacción trata de resolver cualquier tipo de duda sobre el tipo de asiento a practicar en los Registros de bienes.

ENMIENDA NÚM. 170

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de adicionar un nuevo artículo único.Trece ter del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único. Trece ter.

Artículo 24 bis (nuevo). Registro Público Concursal.

1. El Registro Público Concursal se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y constará de dos secciones:

? En la sección primera, de edictos concursales se insertarán ordenados por concursado y fechas, las resoluciones que deban publicarse conforme a lo previsto en el artículo 23 de esta Ley y en virtud de mandamiento remitido por el secretario judicial.

? En la sección segunda, de publicidad registral, se harán constar, ordenadas por concursado y fechas, las resoluciones registrales anotadas o inscritas en todos los registros públicos de personas referidos en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 24 de esta Ley, incluidas las que declaren concursados culpables o acuerden la designación o inhabilitación de los administradores concursales y en virtud de certificaciones remitidas de oficio por el encargado del Registro una vez practicado el correspondiente asiento.

2. La publicación de las resoluciones judiciales o sus extractos tendrá un valor meramente informativo o de publicidad noticia.

3. Reglamentariamente se desarrollarán la estructura, contenido y sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes:

1.º Las resoluciones judiciales podrán publicarse en extracto, en el que se recojan los datos indispensables para la determinación del contenido y alcance de la resolución con indicación de los datos registrables cuando aquellas hubieran causado anotación o inscripción en los correspondientes registros públicos.

2.º La inserción de las resoluciones o sus extractos se realizará preferentemente, a través de mecanismos de coordinación con el Registro Civil, el Registro Mercantil o los restantes registros de personas en que constare el concursado persona jurídica, conforme a los modelos que se aprueben reglamentariamente.

3.º El Registro deberá contar con un dispositivo que permita conocer y acreditar fehacientemente el inicio de la difusión publica de las resoluciones e información que se incluyan en el mismo.

4.º El contenido del Registro será accesible de forma gratuita por Internet u otros medios equivalentes de consulta telemática."

JUSTIFICACIÓN

Por razones sistemáticas parece razonable agrupar el precepto con los actuales artículos 23 y 24. La inserción del artículo 198 de la Ley Concursal en el Títu- lo VIII de la Ley Concursal se debía a que, originariamente, era un mero Registro de algunas "resoluciones concursales". La notable ampliación del contenido del


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Registro que deriva del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, aconseja, por el contrario, dar un tratamiento unitario a todas las cuestiones relacionadas con la publicidad del concurso. De la misma forma, por razones de claridad, es conveniente unificar el contenido parcialmente coincidente de los actuales artículo 198 y disposición adicional 3.ª en una única disposición.

En todo caso, la regulación vigente peca de falta de claridad en algunos puntos esenciales, cuales son la delimitación de las resoluciones que habrán de publicarse a los efectos de la publicación. En cuanto al primero, no es fácil identificar las "que deban publicarse" con arreglo a la Ley, o la escueta referencia a las que han de ser objeto de publicación en el "Registro Mercantil". Parece adecuado centrar el objeto del Registro Público Concursal en aquellas resoluciones que son objeto de publicación material en el juzgado o de inscripción en los "registros de personas", en la medida en que son las que configuran los efectos generales del concurso. En cuanto a los efectos, la expresión utilizada en el párrafo II de la DA 30 es poco satisfactoria. La estructura, organización y finalidad del Registro Público Concursal apuntan a una mera eficacia informativa, que no debe entrar en colisión con los efectos sustantivos derivados de la inscripción en los Registros a que se refiere el artículo 24. Cuestión distinta son los supuestos específicos en los que la Ley vincula a la publicación material la producción de determinadas consecuencias.

Finalmente, por evidentes motivos de índole práctica, parece razonable no añadir tareas adicionales a los juzgados de lo mercantil.

Por el contrario, con el fin de evitar duplicidades innecesarias, la solución más sencilla es organizar la inserción y acceso al registro mediante mecanismos de coordinación con los demás registros públicos y, en particular, el registro mercantil, en línea con lo establecido en el Real Decreto 685/2005.

ENMIENDA NÚM. 171

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

A efectos de modificar al artículo único.quince del referido texto.

Redacción que se propone:

"Artículo único. Quince.

Artículo 27 Apartado 1. Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales.

1. La administración concursal estará integrada por los siguientes miembros:

1.º Un abogado en ejercicio con, cinco años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la abogacía, que hubiera acreditado formación especializada en Derecho concursal.

2.º Un economista, un titulado mercantil o un auditor de cuentas con, al menos, cinco años de experiencia profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal.

3.º Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario con privilegio general, que no esté garantizado, de entre los que figuren en el primer tercio de mayor importe.

2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1:

1.º En caso de concurso de una entidad emisora de valores o instrumentos derivados que se negocien en un mercado secundario oficial, de una entidad encargada de regir la negociación, compensación o liquidación de esos valores o instrumentos, o de una empresa de servicios de inversión, en lugar de economista, auditor o tutelado mercantil, será nombrado administrador concursal personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores u otra persona propuesta por ésta de similar cualificación, a cuyo efecto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará al Juez la identidad de aquélla.

El abogado y el miembro de la administración concursal representante del acreedor serán nombrados por el Juez a propuesta del Fondo de Garantía al que esté adherida la entidad o quien haya asumido la cobertura propia del sistema de indemnización de inversores.

2.º En caso de concurso de una entidad de crédito o de una entidad aseguradora será nombrado en lugar del acreedor el Fondo de Garantía de Depósitos que corresponda o el Consorcio de Compensación de Seguros, respectivamente, quienes deberán comunicar al Juez de inmediato la identidad de la persona natural que haya de representarlos en el ejercicio del cargo. Por lo que se refiere a la designación del administrador abogado y al auditor, economista o titulado mercantil, el Juez nombrará de entre los propuestos respectivamente por el Fondo de Garantía de Depósitos y el Consorcio de Compensación de Seguros.

3. En los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada por los profesionales que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad para el desempeño de tal función, su formación en materia concursal y, en todo caso, su compromiso de continuación en la formación en esta materia. A tal efecto, el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y los correspondientes colegios profesionales presentarán, en el mes de diciembre de cada año, para su utilización desde el primer día del año siguiente, los respectivos listados


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de personas disponibles. Los profesionales cuya colegiación no resulte obligatoria podrán solicitar, de forma gratuita, su inclusión en la lista en ese mismo período justificando documentalmente la formación recibida y la disponibilidad para ser designados.

Las personas implicadas podrán solicitar la inclusión en la lista de su experiencia como administradores concursales o auxiliares delegados en otros concursos, así como otros conocimientos o formación especiales que puedan ser relevantes a los efectos de su función

4. Los administradores concursales profesionales se nombrarán por el Juez procurando una distribución equitativa de designaciones entre los incluidos en las listas que existan, siempre teniendo en cuenta la experiencia profesional del administrador.

No obstante, el Juez:

1.º Podrá, apreciándolo razonadamente, designar a unos concretos administradores concursales cuando el previsible desarrollo del proceso exija una experiencia o unos conocimientos o formación especiales, como los vinculados a asegurar la continuidad de la actividad empresarial o que se puedan deducir de la complejidad del concurso.

2.º Para concurso ordinarios deberá asignar a quienes acrediten su participación como administradores o auxiliares delegados en otros concursos ordinarios o, al menos, tres concursos abreviados ya concluidos, salvo que el Juez considere, de manera motivada, idónea la formación y experiencia de los que designe en atención a las características concretas del concurso. (Resto igual.)"

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, consideramos que es necesaria una vuelta a la Ley vigente en cuanto a los cinco años de ejercicio profesional, que incluso debería acreditarse la especialización en materia concursal. Estimamos que tal y como está redactado el Proyecto de Ley, no garantiza unos conocimientos suficientes en el ámbito concursal por parte de los profesionales de la administración concursal: abogados, economistas, titulares mercantiles o auditores. Téngase en cuenta que en el caso del abogado está próxima la reforma de la Ley de acceso que obligará a superar un examen práctico en materias jurídicas. No obstante todavía esta reforma no está vigente. En el caso del economista o titulado mercantil, no está previsto un examen de acceso similar. Por ello, consideramos que para equiparar a todos los profesionales, podría ser conveniente, para garantizar la calidad de todos las actuaciones profesionales exigir cinco años de ejercicio profesional y añadir además la especialización concursal. No tendría sentido que pudiera ejercer como administrador concursal, tal y como se presenta en el Proyecto de Ley actual, cualquiera de los profesionales anteriormente mencionados sin ningún tipo de experiencia profesional. Estimamos que la propia seguridad jurídica y mercantil justificaría esta restricción incluida en una Ley, que admite la propia Ley Ómnibus.

En segundo lugar, suprimimos el segundo párrafo del apartado 1, ya que la actual propuesta de artícu- lo 27.1 menciona la novedad de que puedan integrar la administración concursal personas jurídicas. Teniendo en cuenta que no está resuelta del todo la problemática entre las sociedades profesionales, sociedades de profesionales y sociedades de intermediación, estimamos que la inclusión de esta cuestión puede suponer una complejidad adicional para la actividad concursal. Se propone, en consecuencia, la supresión en el artícu- lo 27 y en el resto de artículos del Proyecto de los párrafos del articulado que se refieren a la participación de las personas jurídicas en la administración concursal.

Y por último, se modifica el apartado 1 numero 3 ya que en la práctica el administrador concursal representante de los acreedores recae en acreedores de nula o muy escasa significación crediticia, lo que no hace más que generar suspicacias y actuaciones que, por falta de interés del representante designado, son poco acordes con la función que están llamados a desempeñar. Se propone esta enmienda ya que no parece procedente la distribución equitativa sin tener en cuenta la experiencia profesional del administrador.

ENMIENDA NÚM. 172

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

parte 1      parte 2     


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