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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 100-5, de 22/12/2010
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
22 de diciembre de 2010

Núm. 100-5


ENMIENDAS E ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO

121/000100 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pago y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, así como del índice de enmiendas al articulado.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2010.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pago y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


ENMIENDA NÚM. 1

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Al título

De modificación.


Se modifica el título del Proyecto de Ley, con el siguiente texto:

"Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública y la Ley 22/2007, de 11 de julio, de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores".


JUSTIFICACIÓN

Ampliar el título del Proyecto de Ley mencionando la modificación de la Ley 22/2007, de 11 de julio, de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores que contempla la disposición final segunda, tal y como recomienda el Consejo de Estado en su Dictamen.


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ENMIENDA NÚM. 2

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición adicional (nueva)

De adición.


Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

"Disposición adicional nueva. Mejora de la fiscalidad de los Sistemas Institucionales de Protección.


Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, que quedará redactado en los siguientes términos:

2. Uno. Las entidades integrantes de un sistema institucional de protección en los términos de la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, tributarán por el impuesto sobre Sociedades en régimen general, si bien podrán optar por el régimen de consolidación fiscal previsto en el capítulo VII del título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, siempre que la puesta en común de resultados a que se refiere el número IV de la precitada norma alcance el 100% de los resultados mutualizables, que el compromiso de solvencia a que se refiere el número III de la misma norma alcance el 100% de los recursos propios computables del conjunto de las entidades integrantes del sistema y, por último, que la entidad central del sistema dirija todas las políticas financieras y de explotación del grupo. En tal caso:

a) Se entenderá por sociedad dominante del grupo la entidad central del sistema institucional de protección.


b) Se entenderá por sociedades dependientes el resto de las entidades que integren dicho sistema institucional de protección, así como aquellas en las que cualquiera de éstas o la sociedad dominante, individual o conjuntamente, tengan el grado de participación al que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 67 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.


c) No serán exigibles los requisitos establecidos en las letras a y b del apartado 2 y en el apartado 3 del artículo 67 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.


d) Las entidades que, en los términos de la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, con posterioridad a la constitución de un sistema institucional de protección de entidades de crédito que ya hubiera optado por el régimen de consolidación fiscal, se integren en el mismo, igualmente habrán de integrarse obligatoriamente en el grupo fiscal con efectos del mismo periodo impositivo.


e) Sin perjuicio de la forma prevista en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la opción por este régimen especial también podrá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha en la que el Banco de España comunique la comprobación a que se refiere la letra d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, y tendrá efectos para todo el periodo impositivo en el que se comunique esta opción a la Administración tributaria, y de forma indefinida durante los periodos impositivos siguientes mientras no se renuncie a su aplicación a través de la correspondiente declaración censal.


f) Se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 81 de esta Ley cuando alguna de las entidades integradas en el sistema institucional de protección tuviera la condición de entidad dominante de otro grupo fiscal que viniese tributando en régimen de consolidación fiscal, y adquiera la condición de entidad dependiente del nuevo grupo fiscal como consecuencia del ejercicio de la opción prevista en este apartado 2.Uno.


Dos. Podrán no integrarse en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades las rentas generadas en las transmisiones de elementos patrimoniales, consecuencia de un intercambio de activos y pasivos, realizadas entre entidades de crédito en cumplimiento de los acuerdos de un sistema institucional de protección a que se refiere la letra a) del apartado 1 anterior, a condición de que cada entidad adquirente valore, a efectos fiscales, los elementos adquiridos por el mismo valor que estos últimos tuviesen en la entidad transmitente con anterioridad a la realización de la transmisión, teniéndose en cuenta dicha valoración para determinar las rentas asociadas a esos elementos que se generen con posterioridad".


JUSTIFICACIÓN

Los Sistemas Institucionales de Protección se han convertido en fórmulas extremadamente eficaces para la integración y el fortalecimiento de las entidades financieras españolas y, en ese sentido, pueden considerarse estratégicos para el buen fin del proceso de reestructuración que nuestro sistema financiero ha acometido

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para afrontar la actual situación de crisis económica. Tanto el Real Decreto 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo en cuanto a la concreta configuración de los SIP's, como el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, en relación con los aspectos regulatorios y fiscales de estos sistemas, han contribuido de manera determinante a incrementar la seguridad jurídica de estas fórmulas de integración, coadyuvando a la prosperabilidad de la reestructuración del sistema financiero, cuestión especialmente sensible para el conjunto de la economía.


La realidad ha conducido a que la mayor parte de estos procesos de reestructuración hayan apostado por una integración total, tanto en lo patrimonial, como en lo financiero y lo operativo, lo cual obliga a regular adecuadamente la post-integración, específicamente en determinados aspectos fiscales que han de adecuarse a la realidad de los nuevos grupos financieros nacidos de los SIP's, con el objetivo de evitar efectos no deseables que impacten negativamente en la eficiencia y competitividad de los nuevos grupos financieros.


Hay que recordar que estas integraciones empresariales constituyen verdaderas fusiones, si bien no pueden ser reconocidas como tales formalmente por el hecho de que las personas jurídicas que se integran no se extinguen, lo que, a su vez, impide que puedan actuar como una sola entidad a efectos jurídicos y fiscales quedando obligadas a soportar los costes e ineficiencias de este hecho.


A tal efecto resulta necesario modificar la vigente regulación normativa en materia de régimen fiscal de grupos de sociedades para dar cabida en él a los grupos consolidables de entidades crédito creados mediante los SIP's, de forma que, si bien no pueden actuar como una única entidad, puedan al menos operar como un grupo empresarial a todos los efectos. La normativa actual de consolidación fiscal en Impuesto sobre Sociedades está pensada para grupos basados en el dominio accionarial, concretamente en grupos constituidos en torno a una entidad dominante que posea, al menos, una participación accionarial del 75% de las dominadas (70% para cotizadas).


Esta regulación, que ha permanecido invariable prácticamente desde 1978, debe actualizarse para dar cabida a una realidad económica nueva y esencial de nuestro tiempo, como es la de los grupos creados mediante SIP's, en la que el "dominio" como fundamento del grupo no participa tanto de la naturaleza accionarial como de la contractual y de la regulatoria. Precisamente porque los SIP's con un 100% de compromiso de mutualización son verdaderas fusiones, no cabe duda que en los mismos concurren, sobradamente, los elementos claves en la configuración del grupo empresarial, como son el dominio basado en la unidad de decisión, el compromiso de compartir sustancialmente riesgos y beneficios y la estabilidad del proyecto común. Por una parte, la unidad de decisión alcanza una especial importancia en los SIP's de entidades de crédito reconocidos por el BE como grupos consolidables, pues tanto la Ley [art.
8. 3.d) i) de la Ley 13/1985] como el regulador exigen que la misma resida de forma permanente e incontestable en la Entidad Central, cuyo papel de dominante resulta, por tanto, incontrovertido.


En cuanto a compartir riesgos y beneficios, el hecho afianzarse recíproca sin límite y de poner en común la totalidad de los resultados individuales acredita indubitadamente las concurrencia de este requisito.
Por último, en cuanto a la estabilidad, la propia Ley 13/1985 exige una larga duración mínima de diez años que acompañada de una reducción al mínimo de las posibles causas de salida y de un régimen extremadamente duro de penalizaciones para posibles abandonos hace prácticamente inviable la ruptura, siquiera parcial, de estos grupos. Siendo así, es claro que nada debería obstar la aplicación del régimen fiscal de grupos de sociedades con los efectos positivos que en materia de eficiencia y competitividad ello conlleva.


ENMIENDA NÚM. 3

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición adicional (nueva)

De adición.


Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

"Disposición adicional nueva. Nueva línea de crédito ICO-Morosidad Entes Locales.


Se modifica la disposición adicional cuarta de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que queda redactada en los siguientes términos:

El Gobierno, en el plazo de treinta días, a través del Instituto de Crédito Oficial, instrumentará una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010.


La línea de crédito se cancelará y satisfará, caso por caso, siempre que no haya sido amortizada con carácter

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previo, en un plazo concertado con posterioridad a la entrada en vigor de la futura reforma del sistema de financiación de los Entes Locales y será instrumentada con independencia a los recursos provenientes de la PIE y vinculada a las obligaciones reconocidas a los proveedores del sector privado."

JUSTIFICACIÓN

Mejorar la financiación del tejido productivo español, restaurando literalmente el mandato al Gobierno aprobado en la Ley 15/2010 para que cree la línea de crédito del ICO para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos y que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 ha modificado para evitar la creación de la citada línea.


ENMIENDA NÚM. 4

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición adicional (nueva)

De adición.


Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

"Disposición adicional nueva. Determinación del devengo del IVA en el momento del cobro del precio para PYMES y autónomos.


Con efectos desde la entrada en vigor de la presente Ley, y vigencia indefinida, se modifica el apartado 2 del artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con la siguiente redacción:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, y en las operaciones sujetas a gravamen cuyos sujetos pasivos se encuentren en la categoría de empresas de reducida dimensión en los términos del artículo 108 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, o bien en la categoría de trabajadores autónomos en los términos del artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.


Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las entregas de bienes comprendidas en el artículo 25 de esta Ley."

JUSTIFICACIÓN

Mejorar la financiación del tejido productivo nacional, limitando el efecto de la morosidad en las operaciones comerciales de PYME y Autónomos permitiéndoles no pagar el IVA de las facturas no cobradas.


Esta iniciativa ha sido aprobada en varias ocasiones por el Pleno del Congreso de los Diputados como Proposición no de Ley y como moción, y ha sido tomada en consideración como Proposición de Ley, sin que por un lado se haya implementado la medida por el Ejecutivo, ni por otro, se haya conseguido culminar su tramitación como Proposición de Ley, evitando así que se convierta en una norma con rango de Ley, de obligado cumplimiento.


ENMIENDA NÚM. 5

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la disposición adicional (nueva)

De adición.


Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente texto:

"Disposición adicional nueva. Compensación de deudas tributarias.


Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 71 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con el siguiente texto:

4. Para los obligados tributarios que se encuentren en la categoría de empresas de reducida dimensión en los términos del artículo 108 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, o bien en la categoría de trabajadores autónomos en los términos del artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, el sistema de cuenta corriente establecido en el apartado 3 anterior será de aplicación a todos los créditos reconocidos por acto administrativo, en los términos que reglamentariamente se determinen."

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JUSTIFICACIÓN

Mejorar la financiación del tejido productivo español, permitiendo que las Pymes y los autónomos puedan compensar a través de liquidaciones de impuestos las deudas reconocidas por las correspondientes Administraciones Públicas.


Esta iniciativa ha sido aprobada como Proposición no de Ley por el Congreso de los Diputados.


A la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, Presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


ENMIENDA NÚM. 6

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Al apartado Trece del artículo segundo del referido texto

De modificación.


Redacción que se propone:

Artículo segundo. Apartado trece.


El artículo decimosexto queda redactado como sigue:

"Artículo 16. Liquidación anticipada.


1. La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente del acuerdo de compensación contractual o de las operaciones financieras realizadas en el marco del mismo o en relación con él no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un procedimiento concursal o de liquidación administrativa. En caso de ejercicio de la acción resolutoria la indemnización prevista en el artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se calculará conforme a las reglas previstas en dicho acuerdo.


2. En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en una de las situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte incursa en dichas situaciones exclusivamente el importe neto de la operación u operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él.


En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Conforme a lo establecido en el artículo 62.4 de la citada ley, si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como cause de resolución dicha situación o el incumplimiento del concursado previo a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se incluirá en el concurso como crédito concursal. Si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como motivo para ello cualquier otro incumplimiento del concursado posterior a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se satisfará con cargo a la masa.


3. Los créditos derivados de acuerdos de compensación contractual y los de operaciones financieras no amparadas por dichos acuerdos, así como los derivados del vencimiento anticipado de los anteriores, no tendrán en ningún caso la consideración de intereses del artículo 59 de la Ley Concursal, estén o no ligadas, y sirvan o no de cobertura, a una financiación o pasivo.


4. Las operaciones financieras o el acuerdo de compensación que las regula no podrán ser objeto de las acciones de reintegración que regula el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, salvo mediante acción ejercitada por la administración concursal que tendrá que demostrar que se han realizado en fraude de acreedores."

JUSTIFICACIÓN

El objeto de la presente enmienda es incorporar un nuevo apartado 3 al artículo decimosexto del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, que regula la liquidación anticipada de los Acuerdos de Compensación Contractual (ACC) en supuestos concursales. Este nuevo apartado 3 establecería que los créditos derivados de los citados ACC y de las operaciones previstas por el Real Decreto-ley no tendrán, en ningún caso, la consideración de intereses (y, en consecuencia, de créditos

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subordinados) del artículo 59 de la Ley Concursal, estén o no ligados, y sirvan o no de cobertura, a una financiación o pasivo.


De esta forma, se acabaría con la controversia judicial que existe sobre este tema (y que ha dado origen a sentencias contradictorias al respecto) y se clarificaría la naturaleza autónoma e independiente de los ACC y de las operaciones previstas por el Real Decreto-ley, en el sentido de que, tal y como entiende la doctrina y jurisprudencia más autorizada en esta materia, incluso cuando estos Acuerdos y operaciones son utilizados como cobertura de otras operaciones de activo o pasivo, siguen teniendo entidad propia, siendo en todo caso contrario a su naturaleza que se les considere como operaciones accesorias, subordinadas o que se les caracterice como meros intereses de la operación de activo o pasivo a la que puedan estar sirviendo de cobertura. Además, todo ello redundaría en una mayor seguridad jurídica y evitaría que dichos Acuerdos y operaciones tengan un tratamiento jurídico en España distinto del que reciben internacionalmente.


Asimismo, se modifica el texto del actual apartado 3 del artículo decimosexto del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo (que, de acuerdo con la enmienda que se propone, pasaría a ser el nuevo apartado 4 del citado artículo), para adaptar su tenor al del apartado 5 del artículo decimoquinto de dicho Real Decreto-ley, en la redacción dada al mismo por el apartado doce del Proyecto de Ley. De esta manera, se evitarían las dudas interpretativas que se podrían suscitar si ambos preceptos mantuviesen textos diferentes para referirse a las mismas acciones de reintegración.


ENMIENDA NÚM. 7

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Al artículo (nuevo)

De adición.


Redacción que se propone:

"Artículo xxx. (nuevo) Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.


Se modifica el apartado dos del artículo 18 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que quedará redactado del siguiente modo:

Dos. En todo caso deberán mantener, como mínimo, el 60 por 100 de su activo computable, definido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de esta Ley, en acciones u otros valores o instrumentos financieros que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de aquéllas y participaciones en el capital de empresas que sean objeto de su actividad. Dentro de este porcentaje podrán dedicar hasta 20 puntos porcentuales del total de su activo computable en la adquisición de acciones o participaciones de entidades de capital-riesgo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19."

JUSTIFICACIÓN

Con objeto de favorecer la recapitalización de gran número de sociedades que han visto su actividad fuertemente afectada por la crisis, la mejora de la competitividad, de la actividad económica y del empleo de las empresas, se propone suprimir el límite máximo correspondiente a préstamos participativos que pueden otorgar las entidades de capital riesgo.


ENMIENDA NÚM. 8

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Al artículo (nuevo)

De adición.


Redacción que se propone:

"Artículo xxx. (nuevo) Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.


El apartado 6 del artículo 30 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva pasa a tener la siguiente redacción:

6. Los valores y otros activos que integren la cartera no podrán pignorarse ni constituir garantía de ninguna clase, salvo para servir de garantía en las operaciones que la institución realice en los mercados secundarios oficiales o en el marco de un acuerdo de garantía financiera en los términos previstos en el capítulo II del título I del Real-Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.
En su caso, los valores y activos que integren la cartera deberán estar depositados bajo la custodia de los

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depositarios regulados en esta Ley. No obstante, los valores y otros activos que integren la cartera de las IIC de carácter financiero podrán ser objeto de operaciones de préstamo de valores con los límites y garantías que establezca el Ministro de Economía."

JUSTIFICACIÓN

El capítulo II del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, objeto de modificación por este Proyecto de Ley, versa sobre acuerdos de compensación contractual y garantías financieras, y resulta de aplicación, según su artículo 4, apartado 1, letra c), a los acuerdos de compensación contractual y de garantías financieras en los que intervengan, entre otros, las Instituciones de Inversión Colectiva.


Sin embargo, y pese a estar recogida en el citado Real Decreto-ley, en la actualidad esta operativa no puede llevarse a la práctica por las IIC españolas, ya que se trata de acuerdos bilaterales que pueden implicar para la IIC tanto la recepción de valores en garantía (permitida por la normativa de IIC) como la cesión de valores en garantía, actualmente prohibida por el artículo 30.6 de la Ley 35/2003, de IIC, y que, por tanto, debería ser objeto de modificación.


La regulación española en este ámbito resulta opuesta a la aplicable a las IIC en el resto de Europa (que no sólo pueden ceder activos en garantía en el marco de este tipo de acuerdos, sino que, de hecho, la participación en estos acuerdos es considerada por el Comité Europeo de Reguladores de Valores corno una técnica para una más eficaz gestión de la cartera), y también resulta contraria a lo establecido para los Fondos de Pensiones españoles, a los que se les permite ceder sus activos en el marco de estos acuerdos, como recientemente ha señalado la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en consulta publicada el 3 de febrero de 2010.


A la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2010.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


ENMIENDA NÚM. 9

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

Al artículo segundo.


De adición.


Se añade un nuevo apartado catorce al artículo segundo, con la siguiente redacción:

"Catorce. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo diecisiete con la siguiente redacción:

3. Cuando el objeto de garantía sean derechos de crédito, la ley aplicable a la eficacia frente al deudor o frente a terceros de la cesión o de la prenda será la que rige el crédito cedido o pignorado."

MOTIVACIÓN

El Real Decreto-ley 5/2005 contiene en la actualidad en su artículo decimoséptimo una norma de conflicto que determina la ley aplicable cuando el objeto de garantía son valores o derechos sobre valores representados mediante anotaciones en cuenta. Tras la reforma, el Real Decreto 5/2005 será también aplicable a las garantías cuyo objeto son derechos de crédito. Por tal motivo, se propone la incorporación de otra norma de conflicto al precepto, que determine la ley aplicable a la eficacia frente al deudor cedido o pignorado y frente a terceros de este tipo de garantías.


ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO

Título del proyecto

- Enmienda núm. 1, del G.P. Popular.


Exposición de motivos

- Sin enmiendas.


Artículo primero

- Sin enmiendas.


Artículo segundo

- Enmienda núm. 6, del G.P. Catalán (CiU), apartado Trece.


- Enmienda núm. 9, del G.P. Socialista, apartado nuevo.


Página 8


Artículo nuevo

- Enmienda núm. 7, del G.P. Catalán (CiU).


- Enmienda núm. 8, del G.P. Catalán (CiU).


Disposición adicional primera

- Sin enmiendas.


Disposiciones adicionales nuevas

- Enmienda núm. 2, del G.P. Popular.


- Enmienda núm. 3, del G.P. Popular.


- Enmienda núm. 4, del G.P. Popular.


- Enmienda núm. 5, del G.P. Popular.


Disposición transitoria única

- Sin enmiendas.


Disposición final primera

- Sin enmiendas.


Disposición final segunda

- Sin enmiendas.


Disposición final tercera

- Sin enmiendas.

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