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BOCG. Senado, apartado I, núm. 32-231, de 17/03/2011
cve: BOCG_D_09_32_231
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

(621/000086)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 100


Núm. exp. 121/000100)

DISCONFORMIDAD DEL GOBIERNO CON LA TRAMITACIÓN DE ENMIENDAS

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto al asunto de referencia:

Proyecto de Ley.

621/000086/0010

AUTOR: GOBIERNO

Manifestación de la disconformidad del Gobierno respecto a la tramitación de las enmiendas números 7, 8 y 9, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

ACUERDO:

Trasladar a la Comisión de Economía y Hacienda y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Senado, 15 de marzo de 2011.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

Al Excmo. Sr. Presidente del Senado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del Reglamento del Senado, tengo el honor de trasladar el criterio del Gobierno respecto a la tramitación de las enmiendas números 7, 8 y 9, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el




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Senado al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. (expediente n.º 621/000086).

En relación con la enmienda número 7, que propone añadir una nueva disposición adicional para modificar la Ley 15/2010, recogiendo la instrumentación de una Línea de Crédito ICO a favor de las Entidades locales para que éstas puedan hacer frente al pago de las obligaciones contraídas, es preciso señalar que la disposición final decimosexta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, introduce cambios en la disposición adicional cuarta de la citada Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y establece los criterios financieros de instrumentación de aquella Línea.

Con esta modificación se pretende adecuar la línea financiera que se instrumente a la función del ICO, como Agencia financiera del Estado y a los objetivos de consolidación fiscal que deben cumplir las Administraciones Públicas.

En esa disposición final se subraya la función del ICO como Agencia Financiera del Estado y se mantiene, entre otras, su función de atender las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales «conforme a los criterios de riesgo económico, financiero y presupuestario propios de su actividad como entidad de crédito», debiendo ejercer dicha función de forma coherente «con el proceso de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo».

Cabe señalar que el mismo grupo parlamentario en el Senado propuso al, entonces, proyecto de ley de economía sostenible (hoy Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible) mediante su enmienda 546 la adición de una nueva disposición adicional con idéntico contenido que el ahora se propone al Proyecto de ley citado más arriba que fue rechazada.

Por otra parte, tal medida supone un incremento en los créditos presupuestarios, en cuanto se pudiera acudir a la garantía del Estado ante el riesgo de impago, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos del ICO, y tiene por lo tanto un impacto presupuestario negativo en el actual contexto de consolidación fiscal, por lo que el Gobierno no puede dar su conformidad a la tramitación de la enmienda.

Asimismo las condiciones preferentes, según especifica la propuesta, en las que se conceda la línea de crédito supondrán un incremento del coste presupuestario en un importe equivalente a la bonificación del coste financiero de la línea. El importe de la bonificación, que supone un mayor gasto público, deberá financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. No se prevé, además, que las operaciones queden vinculadas a la financiación que se concede a las entidades locales a través de su participación en los ingresos del Estado.

En relación con la enmienda número 8, que propone añadir una disposición adicional por la que se modifica el artículo 75, apartado 2, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la aplicación de criterio de caja para determinados sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido para declarar e ingresar el mismo cuando se cobren las cuotas repercutidas, debe señalarse que la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), prevé numerosos sistemas de tributación especial, muy en particular para las PYME, que no hacen depender la declaración e ingreso del Impuesto en función del pago por los proveedores. Entre otros, pueden citarse el régimen simplificado, el especial agrícola o el del recargo de equivalencia.

Considerando todo ello, la modificación del criterio del devengo en el IVA para que las cuotas repercutidas a los clientes no se ingresen hasta que se produzca el cobro de las mismas plantearía graves problemas, no sólo de control, sino también a corto plazo de recaudación, y un elevado coste permanente de carácter financiero.

Además, esta enmienda supondría una disminución de los ingresos públicos al suponer una flexibilidad absoluta para trasladar cuotas correspondientes a bienes entregados o servicios prestados a períodos de declaración posteriores. Por tanto, no se puede dar la conformidad a su tramitación pues la misma implicaría una disminución de ingresos no viable en el actual contexto de austeridad presupuestaria.

En relación con la enmienda número 9, por la que se añade una disposición adicional para añadir un apartado 4 al artículo 71 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativo a la compensación de deudas tributarias, se señala que existe ya una figura próxima a la propuesta realizada, la de la compensación de deudas, en la vigente Ley General Tributaria.




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Sin embargo, y por razones obvias, la regulación de la figura de la compensación está ceñida a las deudas a favor de la Hacienda Pública en relación con los créditos reconocidos por aquella a favor del obligado tributario deudor, habida cuenta de la regulación del instituto en el ámbito del derecho común, Código Civil, del que se deriva el presupuesto de la necesaria coincidencia de la titularidad en la misma persona tanto del crédito como del débito objeto de compensación.

Sin embargo, este mecanismo no se puede aplicar en caso de que quien resulte deudor sea una Administración Pública distinta de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos. La propuesta del Grupo Parlamentario Popular que se contiene en la enmienda, implicaría una disminución de los ingresos presupuestarios del Estado en la medida en que el contribuyente podría compensar deudas de otras Administraciones Públicas con ingresos que corresponden a la Administración General del Estado.

En conclusión, la aprobación de las enmiendas números 7, 8 y 9, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado al citado Proyecto de Ley supondría un incremento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad a la tramitación de las mismas.

Madrid, 14 de marzo de 2011.— José Luis de Francisco Herrero, Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.


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