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BOCG. Senado, apartado I, núm. 110-887, de 13/09/2011
cve: BOCG_D_09_110_887
 





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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

(621/000118)

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 119


Núm. exp. 121/000119)

ENMIENDAS

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 6 enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Senado, 7 de septiembre de 2011.—El Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.

ENMIENDA NÚM. 1

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Uno. Pre

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Artículo único. Uno. Bis

Artículo 5 Apartado 4 (nuevo): Deber de solicitar la declaración de concurso.

«4. El deber de solicitar la declaración de concurso tampoco será exigible al deudor persona natural que haya iniciado el procedimiento notarial legalmente previsto para promover un convenio con sus acreedores y lo ponga en conocimiento del Juzgado competente para su declaración de concurso. Transcurridos tres meses desde la comunicación al Juzgado, el deudor que no haya alcanzado un pacto con los acreedores, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes siguiente, si subsiste la insolvencia. A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, y dentro del procedimiento notarial legalmente




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previsto el deudor persona natural podrá promover ante notario un convenio con sus acreedores, sobre la base de los bienes y derechos de que aquél sea titular. El convenio podrá establecer condonaciones y esperas y será vinculante para todos los acreedores a los que el deudor haya notificado fehacientemente el inicio del procedimiento notarial, siempre que se adhieran al mismo acreedores cuyos créditos en conjunto representen más de un 50% del valor total de las deudas sobre cuya existencia e importe exista conformidad con el deudor. A efectos del cómputo no se incluirán los acreedores con garantía hipotecaria o pignoraticia, que sólo quedarán afectados por el contenido del convenio si votan a favor del mismo.

Cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo podrá impugnar ante los juzgados de lo mercantil del domicilio del deudor la validez del convenio notarial a que se refiere el párrafo anterior, si se hubiera alcanzado en fraude de acreedores o con preterición negligente de algún bien o derecho o de alguna deuda. La estimación de dicha impugnación determinará el deber del deudor de solicitar la declaración de concurso de acreedores. Los pagos realizados en virtud del convenio serán reintegrables a la masa de concurso.

El acreedor que haya sido omitido en la relación de acreedores incorporada en el procedimiento notarial no quedará vinculado por el convenio que, en su caso, se alcance y podrá ejercitar individualizadamente sus derechos ante los tribunales de justicia para la satisfacción de sus créditos, pero no podrá impugnar dicho convenio.»

JUSTIFICACIÓN

Introducir un procedimiento notarial previo, con la finalidad de desjudicializar y promover la solución convencional de la insolvencia del deudor persona natural.

ENMIENDA NÚM. 2

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Quince.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo único. Quince.

«Artículo 27 Apartado 1. Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales.

1. La administración concursal estará integrada por los siguientes miembros:

1.º Un abogado en ejercicio con, cinco años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la abogacía, que hubiera acreditado formación especializada en Derecho Concursal.

2.º Un economista, un titulado mercantil o un auditor de cuentas con, al menos, cinco años de experiencia profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal.

3.º Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o con privilegio general, que no esté garantizado, de entre los que figuren en el primer tercio de mayor importe.

2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado 1:

1.º En caso de concurso de una entidad emisora de valores o instrumentos derivados que se negocien en un mercado secundario oficial, de una entidad encargada de regir la negociación, compensación o liquidación de esos valores o instrumentos, o de una empresa de servicios de inversión, en lugar de economista, auditor o tutelado mercantil, será nombrado administrador concursal personal




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técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores u otra persona propuesta por ésta de similar cualificación, a cuyo efecto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará al Juez la identidad de aquélla.

El abogado y el miembro de la administración concursal representante del acreedor serán nombrados por el Juez a propuesta del Fondo de Garantía al que esté adherida la entidad o quien haya asumido la cobertura propia del sistema de indemnización de inversores.

2.º En caso de concurso de una entidad de crédito o de una entidad aseguradora será nombrado en lugar del acreedor el Fondo de Garantía de Depósitos que corresponda o el Consorcio de Compensación de Seguros, respectivamente, quienes deberán comunicar al Juez de inmediato la identidad de la persona natural que haya de representarlos en el ejercicio del cargo. Por lo que se refiere a la designación del administrador abogado y al auditor, economista o titulado mercantil, el Juez nombrará de entre los propuestos respectivamente por el Fondo de Garantía de Depósitos y el Consorcio de Compensación de Seguros.

3. En los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada por los profesionales que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad para el desempeño de tal función, su formación en materia concursal y, en todo caso, su compromiso de continuación en la formación en esta materia. A tal efecto, el Registro de Oficial de Auditores de Cuentas y los correspondientes colegios profesionales presentarán, en el mes de diciembre de cada año, para su utilización desde el primer día del año siguiente, los respectivos listados de personas disponibles. Los profesionales cuya colegiación no resulte obligatoria podrán solicitar, de forma gratuita, su inclusión en la lista en ese mismo período justificando documentalmente la formación recibida y la disponibilidad para ser designados.

Las personas implicadas podrán solicitar la inclusión en la lista de su experiencia como administradores concursales o auxiliares delegados en otros concursos, así como otros conocimientos o formación especiales que puedan ser relevantes a los efectos de su función.

4. Los administradores concursales profesionales se nombraran por el Juez procurando una distribución equitativa de designaciones entre los incluidos en las listas que existan, siempre teniendo en cuenta la experiencia profesional del administrador.

No obstante el Juez:

1.º Podrá, apreciándolo razonadamente, designar a unos concretos administradores concursales cuando el previsible desarrollo del proceso exija una experiencia o unos conocimientos o formación especiales, como los vinculados a asegurar la continuidad de la actividad empresarial o que se puedan deducir de la complejidad del concurso.

2.º Para concurso ordinarios deberá asignar a quienes acrediten su participación como administradores o auxiliares delegados en otros concursos ordinarios, o, al menos, tres concursos abreviados ya concluidos, salvo que el Juez considere, de manera motivada, idónea la formación y experiencia de los que designe en atención a las características concretas del concurso. (Resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, consideramos que es necesaria una vuelta a la Ley vigente en cuanto a los cinco años de ejercicio profesional, que incluso debería acreditarse la especialización en materia concursal. Estimamos que tal y como está redactado el Proyecto de Ley, no garantiza unos conocimientos suficientes en el ámbito concursal por parte de los profesionales de la administración concursal: abogados, economistas, titulares mercantiles o auditores. Téngase en cuenta que en el caso del abogado está próxima la reforma de la Ley de acceso que obligará a superar un examen práctico en materias jurídicas. No obstante todavía esta reforma no está vigente. En el caso del economista o titulado mercantil, no está previsto un examen de acceso similar. Por ello, consideramos que para equiparar a todos los profesionales, podría ser conveniente, para garantizar la calidad de todos las actuaciones profesionales exigir cinco años de ejercicio profesional y añadir además la especialización concursal. No tendría sentido, que pudiera ejercer como administrador concursal, tal y como se presenta en el Proyecto de Ley actual, cualquiera de los profesionales anteriormente mencionados sin ningún tipo de experiencia profesional. Estimamos que la propia seguridad jurídica y mercantil, justificaría esta restricción incluida en una Ley, que admite la propia Ley Ómnibus.




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En segundo lugar, suprimimos el segundo párrafo del apartado 1, ya que la actual propuesta de artículo 27.1 menciona la novedad de que puedan integrar la administración concursal, personas jurídicas. Teniendo en cuenta que no está resuelta del todo la problemática entre las sociedades profesionales, sociedades de profesionales y sociedades de intermediación, estimamos que la inclusión de esta cuestión puede suponer una complejidad adicional para la actividad concursal. Se propone en consecuencia, la supresión en el artículo 27 y en el resto de artículos del Proyecto de los párrafos del articulado, que se refieren a la participación de las personas jurídicas en la administración concursal.

Por último cabe mencionar que la actual propuesta de artículo 27.1 menciona la novedad de que puedan integrar la administración concursal, personas jurídicas. Teniendo en cuenta que no está resuelta del todo la problemática entre las sociedades profesionales, sociedades de profesionales y sociedades de intermediación, estimamos que la inclusión de esta cuestión puede suponer una complejidad adicional para la actividad concursal. Se propone en consecuencia, la supresión en el artículo 27 y en el resto de artículos del Proyecto de los párrafos del articulado, que se refieren a la participación de las personas jurídicas en la administración concursal.

ENMIENDA NÚM. 3

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo único. Setenta y ocho.

Artículo 155. Apartado 4: Pago de créditos con privilegio especial.

«4. La realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el Juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda.

Si la realización se efectúa fuera del convenio, el oferente deberá satisfacer un precio superior al mínimo que se hubiese pactado y con pago al contado, salvo que el concursado y el acreedor con privilegio especial manifestasen de forma expresa la aceptación por un precio inferior, siempre y cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de mercado según tasación oficial actualizada por entidad homologada para el caso de bienes inmuebles y valoración por entidad especializada para bienes muebles.

La autorización judicial y sus condiciones se anunciarán con la misma publicidad que corresponda a la subasta del bien y derecho afecto y si dentro de los diez días siguientes al último de los anuncios se presentare mejor postor, el Juez abrirá licitación entre todos los oferentes y acordará la fianza que hayan de prestar.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta permite una mayor flexibilidad en la realización de los bienes afectos a créditos con privilegio especial con respecto a los derechos de los acreedores y, en su caso, del concursado.




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ENMIENDA NÚM. 4

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y tres. SUPRIMIR el inciso «anticipado»

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

El concursado que ha obtenido, durante el desarrollo del proceso concursal, un convenio de las características que establece el párrafo segundo, del apartado 1, esto es, una quita inferior a un tercio del importe de los créditos o una espera inferior a tres años, merece o debe merecer el mismo tratamiento que el deudor que ha conseguido, por vía anticipada, un convenio de las mismas características. No existe, por tanto, razones objetivas, ni formales ni materiales que justifiquen un distinto tratamiento.

ENMIENDA NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición Adicional Sexta: Modificación de la Ley Enjuiciamiento Civil.

«Procedimiento notarial destinado a la liquidación patrimonial por sobreendeudamiento de las personas naturales.»

«1. El procedimiento regulado en esta disposición se aplicará exclusivamente a las personas naturales.

2. La persona física o los cónyuges que se encuentren en situación de sobreendeudamiento podrán iniciar el presente procedimiento notarial ante Notario hábil para actuar en la población en que tengan su domicilio familiar habitual.

3. El solicitante deberá declarar, y si fuese menester aportar o exhibir la documentación necesaria para ello, lo siguiente:

a. La descripción de todo su activo patrimonial, que en lo que concierne a los bienes, derechos o cualquier otra titularidad registrable, deberá contener necesariamente los datos que permitan su identificación registral.

b. La descripción suficiente que permita identificar todas las deudas, con singular determinación de los acreedores y de sus circunstancias personales o sociales.

c. El nombre y demás circunstancias necesarias del Letrado colegiado en quien delega la negociación.

d. La propuesta que ofrece para la mejor satisfacción de sus deudas, dentro de lo que pueda alcanzar a satisfacerse con los bienes declarados.




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4. El notario comunicará el inicio del presente procedimiento notarial a todos los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles u otros en que pueda constar la titularidad de elementos del activo susceptibles de registrarse.»

JUSTIFICACIÓN

Se introduce este procedimiento notarial previo, con la finalidad de desjudicializar y promover la solución convencional de la insolvencia del deudor persona natural.

ENMIENDA NÚM. 6

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Disposición adicional. (Nueva) Efectos de las resoluciones judiciales de suspensión.

«Cuando se haya dictado auto judicial decretando la suspensión de la ejecución de obras en los proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, la Dirección General de Cooperación Local podrá acordar con carácter excepcional, la interrupción del plazo de ejecución durante el tiempo en el que se mantenga vigente la medida cautelar mencionada.»

JUSTIFICACIÓN

La medida pretende que, cuando se haya dictado auto judicial decretando la suspensión de la ejecución de obras beneficiarias de ayudas de los Fondos Estatales, se suspenda asimismo el plazo de ejecución previsto por estos Fondos, posibilitando que no deban retornarse las ayudas por un incumplimiento de los plazos iniciales no atribuible a dichas Administraciones.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 65 enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Senado, 7 de septiembre de 2011.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.

ENMIENDA NÚM. 7

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Uno.




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ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado uno del artículo único del Proyecto de Ley modificando el apartado 3 del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la siguiente redacción:

«3. El Juez competente proveerá la admisión del acuerdo de refinanciación o propuesta anticipada de convenio y nombrará a un profesional de los establecidos en el artículo 27.1 para que en todo momento tutele todo el procedimiento, deje constancia e informe de toda la vida del acuerdo de refinanciación o propuesta anticipada de convenio, pudiendo emitir opinión en cualquier momento del mismo, especialmente en aquellos casos en que pueda estar produciéndose un perjuicio en interés del concurso. En este caso, el Juez podrá dar por terminado el periodo del convenio anticipado y dictar auto de concurso de acuerdo con la regulación del mismo.»

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que deber potenciarse la solución paraconcursal que ofrecen los Convenios anticipados. Determinados casos recientes han demostrado que el instituto del Convenio anticipado puede ser utilizado con intenciones contrarias al propio interés general del Concurso. Por ello convendría reforzar el control del Juez de este instituto paraconcursal, así como la participación en el mismo de los profesionales de la administración concursal del artículo 27.1.

ENMIENDA NÚM. 8

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

«Se propone suprimir el apartado uno del artículo único del Proyecto, que añade un nuevo artículo 5 bis a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto deroga el apartado 3 del artículo 5 (disposición derogatoria única), añadido a la LC por el Real Decreto-ley 3/2009, de 23 de marzo, y lo sustituye por un artículo 5 bis, cuya supresión se propone.

Se trata de una de las más importantes novedades del Proyecto, a la que la Exposición de Motivos dedica estos párrafos: Ante todo, la ley profundiza en las «alternativas» al concurso o los denominados institutos preconcursales, ofreciendo a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinanciación.

La Ley se preocupa de señalar que la comunicación formal de que se están iniciando negociaciones con los acreedores para un acuerdo de refinanciación, paraliza las ejecuciones con los acreedores, regula con detalle los deberes de las partes que negocian el acuerdo y, sobre todo, establece la homologación judicial de tal acuerdo, que, en consecuencia, y dentro de ciertos límites, se extiende a los acreedores disidentes.

Tal novedad, constituye una pieza extraña al sistema concursal de 2003, cuyo encaje resulta delicado y difícil.

La norma faculta al deudor a comunicar al Juez competente para la declaración de concurso el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación (artículo 71.6 LC, adicionado bajo el número




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cuarenta del artículo único del Proyecto) o presentar una propuesta anticipada de convenio (artículos 104 a 110 LC).

Los efectos de esa comunicación, hecha en el tiempo que señala el apartado 2, son:

El cese del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso voluntario (párrafo 3) durante el plazo fijado en el apartado 4.

En caso de presentación posterior de la solicitud del deudor, se entiende hecha en la fecha de la comunicación.

La inadmisión de cualquier solicitud de concurso necesario durante el plazo de tres meses a partir de la notificación (artículo 15.3).

La prohibición de proveer las solicitudes que se presenten, transcurridos esos tres meses, hasta que venza el plazo de un mes y el deudor no haya presentado solicitud de concurso (artículo 15.3, párrafo segundo, modificado bajo el número nueve del proyecto.

Existe un desajuste entre el texto de la E. de M. y el articulado del Proyecto en esta materia, que no contiene norma sobre paralización de ejecuciones ni regula los deberes de las partes en la negociación, como se anuncia en los párrafos antes transcritos del apartado III de aquélla.

Lo que el Proyecto recoge es simplemente un efecto dilatorio de la solicitud de concurso, atribuido a la mera comunicación unilateral del deudor, en contra del otro principio fundamental de la reforma, que es el de no retrasar la solución de la insolvencia (E. de M. IV). De esta forma, en virtud de una comunicación de hechos que ni se prueban ni se controlan, cualquier deudor puede dilatar la declaración de insolvencia, impidiendo a los acreedores y demás legitimados que la insten durante tres meses más uno hábil, sin más requisito que la presentación en el tiempo de cumplimiento del deber de solicitarla y sin más trámite que el de su «constancia» por el Secretario judicial, sin intervención alguna del Juez.

Al no paralizar las ejecuciones (cfr. artículos 55 y 56, modificados en los números treinta y tres y treinta y cuatro del Proyecto, y disposición adicional cuarta, modificada por el noventa y seis), el efecto dilatorio de declaración de concurso tendrá otro «de alarma», que precipitará las acciones contra el patrimonio del deudor y frustrará las negociaciones en curso.

El supuesto de la norma contenida en el vigente artículo 5.3 se extiende, además, respecto del actual artículo 5.3, porque comprende no solo el inicio de negociaciones para apoyar una propuesta anticipada de convenio, sino para alcanzar un acuerdo de refinanciación.»

ENMIENDA NÚM. 9

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado cuatro del artículo único del proyecto suprimiendo el párrafo final, que se añade al número 2.º del artículo 8 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la expresión «artículo 47».

JUSTIFICACIÓN

Evitar remisiones a artículos concretos de textos vigentes, como regla de técnica legislativa.




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ENMIENDA NÚM. 10

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado seis del artículo único del Proyecto que numera al actual párrafo del artículo 9 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, como apartado 1, añadiendo un nuevo apartado 2, cambiando la redacción del apartado 1 que tendrá el siguiente texto:

«1. La jurisdicción del Juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal.»

JUSTIFICACIÓN

Se aclara un tema polémico en la práctica de nuestros juzgados de lo mercantil: el de la competencia del Juez del concurso para conocer de las cuestiones prejudiciales civiles.

ENMIENDA NÚM. 11

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado seis del artículo único del Proyecto que añade un nuevo apartado 2 al artículo 9 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

Lo que dice el precepto es algo evidente y ya se encuentra en el artículo 42.1 y 2 LEC, de aplicación supletoria (y también en el artículo 10.1 LOPJ).

ENMIENDA NÚM. 12

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.




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Se propone cambiar el apartado ocho del artículo único del Proyecto que modifica al apartado 2 del artículo 13 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

«Si el Juez estimara que la solicitud o la documentación que la acompaña adolecen de algún defecto procesal o material o que ésta es insuficiente, señalará al solicitante un plazo de justificación o subsanación, que no podrá exceder de cinco días.»

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta el mantenimiento del apartado II, no tiene sentido introducir la precisión de que se señalará al solicitante un «único» plazo de justificación o subsanación.

ENMIENDA NÚM. 13

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado nueve del artículo único del Proyecto dando la siguiente nueva redacción al artículo 14 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:

«Artículo 14. Provisión sobre la solicitud del deudor.

1. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por el deudor y los documentos que la acompañan fueran los exigidos por la Ley, el Juez dictará auto declarando el concurso.

2. Contra el auto desestimatorio de la solicitud de concurso sólo cabrá recurso de reposición.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica; el deudor no tiene que acreditar su insolvencia.

ENMIENDA NÚM. 14

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado diez del artículo único del Proyecto, que da una nueva redacción al artículo 15 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, suprimiendo de su texto al apartado 3 y modificando los apartados 1 y 2 que tendrán la siguiente redacción:

«1. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por un acreedor y se fundara en un embargo o en una investigación de patrimonio infructuosos o que hubiera dado lugar a una declaración administrativa o judicial de insolvencia o en hecho que hubiera dado lugar a una declaración de insolvencia, el Juez dictará auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente.




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2. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por cualquier legitimado distinto al deudor y por un hecho distinto de los previstos en el apartado anterior, el Juez dictará auto, admitiéndola a trámite y ordenando el emplazamiento del deudor conforme a lo previsto en el artículo 184, con traslado de la solicitud, para que comparezca en el plazo de cinco días, dentro del cual se le pondrán de manifiesto los autos y podrá formular oposición a la solicitud, proponiendo los medios de prueba de que intente valerse. Admitida a trámite la solicitud, las que se presenten con posterioridad se acumularán a la primeramente repartida y se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaciones.»

JUSTIFICACIÓN

En el apartado 1 se añade la expresión «o en hecho que hubiera dado lugar a solicitar la declaración de concurso» para incluir los casos de insuficiencia patrimonial acreditada. Se suprime el último párrafo de este apartado 1 que se remite al artículo 20 de la Ley Concursal. Se suprime el apartado 3 en coherencia con la enmienda que propone la supresión del artículo 5 bis (nuevo).

ENMIENDA NÚM. 15

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado trece del artículo único del Proyecto, por el que se modifica el apartado 4 y se añade un 5, pasando el actual 5 a ser el 6 del artículo 20 la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá la siguiente redacción:

«4. El plazo para interponer el recurso de reposición y para preparar el recurso de apelación contará, respecto de las partes que hubieran comparecido, desde la notificación del auto, y, respecto de los demás legitimados, desde la publicación del auto en el “Boletín Oficial del Estado”.

5. En caso de estimación del recurso de apelación contra la resolución judicial que hubiera desestimado la solicitud, se fijará como fecha del concurso la de la presentación de la solicitud.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 16

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Catorce.

ENMIENDA

De adición.




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Se propone modificar el apartado catorce del artículo único añadiendo un nuevo párrafo al número 3.º, del apartado 1, del artículo 21, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que quedará redactado del siguiente modo:

«3. [...]

Si el concurso fuese voluntario y hubiese transcurrido más de un mes desde su solicitud, se requerirá al deudor que actualice esos documentos.»

JUSTIFICACIÓN

Se impone el deber al deudor en los concursos voluntarios que actualice el inventario de bienes y derechos y relación de acreedores.

ENMIENDA NÚM. 17

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Catorce.

ENMIENDA

De adición.

Se propone modificar el apartado catorce del artículo único del Proyecto a fin de dar nueva redacción al apartado 4 del artículo 21 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que deberá quedar redactado del siguiente modo:

«4. La administración concursal realizará sin demora un comunicación individualizada a cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio consten en la documentación que obre en autos, informando de la declaración de concurso y del deber de comunicar los créditos en la forma establecida por la Ley.

Si la administración concursal estuviere integrada por más de un miembro, estas comunicaciones deberá realizarlas el administrador economista o auditor.

La comunicación se efectuará por medios telemáticos, informáticos o electrónicos cuando conste la dirección electrónica del acreedor.

Dicha comunicación se dirigirá también a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, conste o no su condición de acreedoras.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de redacción, estableciendo, además, que en caso de pluralidad de administradores concursales, ese deber incumbe al administrador auditor o economista, como, por otra parte, sucede en la práctica.

ENMIENDA NÚM. 18

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Quince.




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ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado quince del artículo único del Proyecto, que modifica el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 22 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la supresión del artículo 5 bis

ENMIENDA NÚM. 19

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado dieciocho del artículo único del Proyecto a fin de dar nueva redacción a los apartados primero y segundo del artículo 25 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que deberán quedar redactados del siguiente modo:

«1. Dos o más deudores podrán solicitar la declaración conjunta de concurso de acreedores en las siguientes circunstancias:

1.ª Cuando sean cónyuges, cualquiera que sea el régimen económico del matrimonio, o pareja de hecho inscrita.

2.ª Cuando sean socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de una misma persona jurídica.

3.ª Cuando sean sociedades pertenecientes al mismo grupo.

4.ª Cuando sean garantes de, al menos, un tercio de las deudas de una persona física o jurídica que igualmente solicite la declaración conjunta de concurso.

5.ª Cuando exista confusión de patrimonios.

6.ª Cuando sean miembros o integrantes de una entidad sin personalidad jurídica y respondan personalmente de las deudas contraídas en el tráfico en nombre de ésta.

2. El acreedor podrá solicitar la declaración conjunto de concurso de varios de sus deudores cuando concurra cualquiera de las circunstancias enumeradas en el apartado anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica, para precisar los casos en que procede la declaración conjunta y para corregir la falta de correspondencia entre los supuestos de declaraciones conjuntas de concursos voluntarios y los supuestos de declaraciones conjuntas de concursos necesarios.

ENMIENDA NÚM. 20

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciocho.




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ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado dieciocho del artículo único del Proyecto a fin de dar nueva redacción al apartado primero del artículo 25 bis (nuevo) de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el cual deberá quedar redactado del siguiente modo:

«1. Cualquiera de los concursados o cualquiera de las administraciones concursales podrá solicitar al Juez, mediante escrito razonado, la acumulación de los concursos ya declarados cuando concurra cualquiera de las circunstancias enumeradas en el apartado primero del artículo anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Los supuestos de acumulación deben coincidir con los supuestos de posible declaración inicial conjunta.

ENMIENDA NÚM. 21

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado dieciocho del artículo único del Proyecto a fin de dar nueva redacción al apartado segundo del artículo 25 ter (nuevo) de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el cual quedará redactado del siguiente modo:

«2. Por excepción, se podrán consolidar las masas activas y pasivas de dos o más concursos cuando exista confusión de patrimonios.»

JUSTIFICACIÓN

Para la consolidación de masas (que no de inventarios o listas de acreedores) es condición necesaria que exista confusión de patrimonios (supuesto que no se define ni en el artículo 25.1 ni en este otro artículo por la pluralidad cambiante de hipótesis que puede englobar), sin que sean necesarios otros requisitos complementarios.

ENMIENDA NÚM. 22

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado diecinueve del artículo único del Proyecto a fin de dar nueva redacción a los dos primeros números del apartado 1 del artículo 27, con el siguiente texto:




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«1.º Un abogado en ejercicio con diez años de experiencia efectiva en el ejercicio de la abogacía, que pueda acreditar ante el Juzgado formación especializada en Derecho Concursal.

Si el concurso fuera de especial relevancia, se exigirá una experiencia efectiva de quince años.

2.º Un economista o un auditor de cuentas o un titulado mercantil, colegiados con diez años de experiencia efectiva en el ejercicio de la profesión, que pueda acreditar ante el Juzgado formación especializada en materia concursal.

Si el concurso fuera de especial relevancia, se exigirá una experiencia efectiva de quince años.»

JUSTIFICACIÓN

Los conocimientos en materia concursal deben considerarse un requisito indispensable para poder ser nombrado administrador concursal, y así debe establecer al señalar las condiciones subjetivas de las personas en las que pueda recaer el nombramiento.

ENMIENDA NÚM. 23

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado diecinueve del artículo único del Proyecto a fin de cambiar la redacción de los apartados 3 y 5 del artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrán el siguiente texto:

«3. En los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada por los profesionales y las personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad para el desempeño de tal función, su formación en materia concursal y, en todo caso, su compromiso de continuidad en la formación en esta materia. A tal efecto, el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y los correspondientes colegios profesionales presentarán, en el mes de diciembre de cada año, para su utilización desde el primer día del año siguiente, los respectivos listados de personas disponibles, incluidas las personas jurídicas. Los profesionales cuya colegiación no resulte obligatoria podrán solicitar, de forma gratuita, su inclusión en la lista en ese mismo período justificando documentalmente la formación recibida y la disponibilidad para ser designados.

Las personas implicadas podrán solicitar la inclusión en la lista de su experiencia como administradores concursales o auxiliares delegados en otros concursos, así como de otros conocimientos o formación especiales que puedan ser relevantes a los efectos de su función.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 24

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecinueve.




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ENMIENDA

De supresión.

Se propone modificar el apartado diecinueve del artículo único del Proyecto, a fin de suprimir el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

El supuesto de sociedades profesionales interprofesionales no debe admitirse. La Ley 2/2007, de 15 de marzo, optó claramente por implantar un modelo de sociedades profesionales (Ley 2/2007), admitiendo la posibilidad de que exista una sociedad profesional dedicada a la actividad de la abogacía. Pero la integración de abogados y de otros profesionales distintos en una misma sociedad sólo puede producirse en aquellos casos en los que no exista incompatibilidad declarada por ley. Así se pronuncia, en términos que no admiten otra interpretación, el artículo 3 («sociedades multidisciplinares») de la citada Ley 2/2007, según el cual «las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal».

El desempeño de la actividad de la abogacía es incompatible, por declaración expresa del legislador, con la procura y con la auditoría de cuentas. Centrada la cuestión en ese segundo extremo, la Ley de Auditoría de Cuentas (en la redacción dada por la Ley 12/2010) prevé en su artículo 8.3, letra «g», la incompatibilidad de la prestación simultánea por los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría de servicios de auditoría de cuentas y de servicios de abogacía. La lógica de dicha incompatibilidad sólo admite en la reformada Ley de Auditoría de Cuentas la excepción consistente en que los servicios de abogacía se presten por «personas jurídicas diferentes y con consejos de administración diferentes, y sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, medida en términos de importancia relativa, en los estados financieros correspondientes al período o ejercicio auditado». Esta causa de incompatibilidad, así delimitada, implica que la prestación simultánea de esos servicios de auditoría y de abogacía sólo es posible si se lleva a cabo por personas jurídicas diferentes, lo que no acontece en la proyectada reforma del artículo 27.1, párrafo segundo, de la Ley Concursal.

Si no se eliminara ese párrafo segundo del apartado primero del artículo 27, se rompería definitivamente una de las claves de bóveda de la reforma de 2003: la existencia —al menos, en los concursos medios y grandes— de profesionales recíprocamente autónomos, cada uno con una formación específica, actuando coordinadamente y controlándose de forma recíproca y continuada. Si no se eliminara la norma señalada, al final del proceso, serán filiales de las grandes multinacionales de la auditoría las que asumirán las administraciones concursales, con daño de un modelo legislativo que, en los años que lleva de aplicación, ha demostrado especiales ventajas.

ENMIENDA NÚM. 25

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado veinte del artículo único del Proyecto que modifica el apartado 4 del artículo 28 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, dándole una nueva redacción con el siguiente texto:




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«4. No podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 93.

Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que suprime el último párrafo del apartado 1 del artículo 27.

ENMIENDA NÚM. 26

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintidós.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado veintidos del artículo único del Proyecto que añade un párrafo 2 del apartado 1 del artículo 30 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda que suprime el último párrafo del apartado 1 del artículo 27.

ENMIENDA NÚM. 27

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado veinticuatro del artículo único del Proyecto que introduce un segundo párrafo nuevo al apartado 1 del artículo 32 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

El actual artículo 32 de la Ley Concursal establece un sistema de nombramiento de auxiliares delegados que se articula en dos criterios básicos: el primero, el de que el nombramiento es potestativo para los Administradores concursales, y, en segundo lugar, que el nombramiento se efectúa por el Juez a solicitud de dichos administradores concursales. El Proyecto de Ley de reforma, alterando sin justificación clara el modelo en vigor, pretende modificar sustancialmente este prudente sistema mediante la introducción de una serie de normas que no casan con el sistema antes señalado; y lo hace a través de una doble posibilidad que choca frontalmente con las exigencias de la lógica: en primer lugar, el Juez puede designar un auxiliar delegado cuando la administración concursal sea unipersonal; y, en segundo lugar, será obligatorio —a lo que parece, para el Juez— el nombramiento de un auxiliar delegado en los




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supuestos que se enumeran, que son absolutamente heterogéneos, y cuya razón de ser no se comprende con claridad (como sucede por el mero hecho de solicitar la prórroga para la emisión del Informe) o que presentan imprecisiones sustanciales (como el caso de las «empresas de gran dimensión»).

Pero a esta crítica de los postulados y de la técnica de que se parte y de la técnica empleada, se unen otras consideraciones de no menor entidad. En realidad, los auxiliares delegados son colaboradores de los administradores concursales, y por ello deben ser personas de su confianza más estricta, debiendo rechazarse la interferencia del Juez. Además, parece haberse olvidado que la retribución de estos auxiliares corre a cargo de la propia administración concursal y parece haberse olvidado también la responsabilidad de los administradores concursales por la actuación de estos auxiliares. De ahí que se proponga, pura y llanamente, la supresión de esos proyectados párrafos.

ENMIENDA NÚM. 28

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado veinticinco del artículo único a fin de modificar el apartado segundo del artículo 34 de la Ley Concursal con la siguiente redacción:

«2. La retribución de la administración concursal se determinará mediante arancel que atenderá a la cuantía del activo y del pasivo, al número de acreedores y a la previsible complejidad del concurso, considerando especialmente si se trata de un procedimiento ordinario o abreviado y del grado de limitación de las facultades del deudor común.

Los administradores concursales sólo podrán percibir por su intervención en el concurso las cantidades que resulten de la aplicación del arancel. La participación en la retribución será idéntica para todos los miembros de la administración concursal.

En aquellos concursos en que la masa sea insuficiente, se garantizará el pago de un mínimo retributivo establecido reglamentariamente, mediante una cuenta de garantía arancelaria que se dotará con aportaciones obligatorias de los administradores concursales. Estas dotaciones se detraerán de las retribuciones que efectivamente perciban los administradores concursales en los concursos en que actúen en el porcentaje que se establezca reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de introducir el factor del número de acreedores como uno de los principales para fijar la retribución y de establecer el principio de igualdad de la retribución, así como de solucionar el problema de la retribución en los concursos sin masa o con masa insuficiente.

ENMIENDA NÚM. 29

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta.

ENMIENDA

De modificación.




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Se propone modificar el apartado treinta del artículo único del proyecto modificando el apartado 2 del artículo 43 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y añadiendo un nuevo apartado 3 con la siguiente redacción:

«2.º Hasta la aprobación judicial del convenio o del plan de liquidación, los actos de disposición de bienes que no sean necesarios para la continuidad de la actividad cuando se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que a esos bienes se haya dado en el inventario. No obstante, el Juez autorizará, a solicitud del deudor o de la administración concursal, la venta de bienes que no sean necesarios para la continuidad de la actividad cuando se presenten ofertas que representen el valor razonable de dichos bienes. La administración concursal deberá comunicar inmediatamente al Juez del concurso la oferta recibida y la justificación del carácter no necesario de los bienes. La oferta presentada quedará aprobada si en plazo de diez días no se presenta una superior.

3.º Las ofertas comunicadas al Juez del concurso sobre todos los actos de disposición de bienes que no sean necesarios para mantener la continuidad de la actividad, deberán publicarse en el registro publico concursal (Art.198), en el que conste toda la información sobre los mismos. Admitiéndose durante el plazo de diez días ofertas superiores.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera que el valor por el que se deberían vender dichos bienes es el valor razonable tal como lo definen las normas de valoración de carácter mercantil-contable, de otro lado, se considera que establecer unos porcentajes de variación en menos de esos valores pueden impedir la realización de los mismos en el mercado y un significativo deterioro en los importes recuperados finalmente.

Publicación en Pág. Web. El nuevo texto le concede especial relevancia, a la comunicación mediante correo electrónico, parece lógico y deseable que para una mayor transparencia y mejor gestión de los bienes que pueden ser enajenados dentro del concurso, estos sean publicitados y dar así posibilidad de mejorar las ofertas existentes, además de garantizar los principios de publicidad y libre concurrencia.

ENMIENDA NÚM. 30

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado treinta y seis del artículo único del Proyecto que añade un nuevo artículo 48 ter a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cambiando la redacción de los apartados 1 y 2 que tendrán el siguiente texto:

«1. Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el Juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, o de los acreedores, podrá acordar, como medida cautelar, el embargo de bienes y derechos de sus administradores, liquidadores o apoderados generales, de hecho y de derecho, y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta Ley.

El embargo se acordará por la cuantía que el Juez estime y podrá ser sustituido, a solicitud del interesado, por aval de entidad de crédito.

2. De igual manera, durante la tramitación del concurso de la sociedad, el Juez, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos del socio o los socios personalmente responsables por las deudas anteriores a la declaración de concurso, en la cuantía




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que estime bastante, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas, pudiendo, a solicitud del interesado, acordarse la sustitución del embargo por aval de entidad de crédito.»

JUSTIFICACIÓN

Si bien parece acertado el reconocimiento expreso como medida cautelar del embargo previsto; entre otras razones porque permite suplir el silencio de la norma sobre el procedimiento, aplicando el general previsto para las medidas cautelares en la LEC, resulta discutible la exclusión, en todo caso, de la legitimación activa de los acreedores para solicitar la medida.

En el apartado 2 se mejora la redacción cambiando la poco clara expresión «los referidos socios» por la referencia explícita a los socios identificados en el artículo 48.1 bis.

ENMIENDA NÚM. 31

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado cuarenta y dos del artículo único del Proyecto, eliminando lo que modifica al apartado 1 del artículo 55 de la Ley 22/2003, de 9 julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

Tratando de mejorar la posición jurídica de los créditos públicos en el concurso, el Proyecto sustituye «providencia de apremio» por diligencias de «embargo» en este artículo 55. Al proceder así se olvida que uno de los postulados de la Ley Concursal es el reducir al máximo ese trato privilegiado de los créditos públicos, tanto en el plano sustantivo como procesal. De ahí que resulta claramente preferible mantener la solución vigente.

ENMIENDA NÚM. 32

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado cuarenta y tres del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción a la rúbrica, los apartado 1 y 2 y añade un nuevo apartado 5 al artículo 56 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, modificando el texto del citado apartado 2 que tendrá la siguiente redacción:

«2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se suspenderán desde que la declaración de concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho. Solo se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento




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testimonio de la resolución del Juez del concurso que declare que los bienes o derechos no están afectos o no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de redacción, destacando que, aunque se hubieran publicado los anuncios, la suspensión se produce necesariamente.

ENMIENDA NÚM. 33

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado cuarenta y cuatro del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al artículo 58 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

El difícil equilibrio entre los distintos intereses en juego, que esté en la base de esa gran transacción que representó la Ley Concursal, se rompe en el Proyecto de Ley a favor del crédito público. Un ejemplo de esa ruptura es la nueva redacción del artículo 58, en materia de compensación, que permite la compensación entre créditos y deudas tributarias incluso cuando el acto administrativo se dicte después de la declaración judicial de concurso. Tampoco encuentra justificación la compensación judicial, ya que desde la declaración judicial los créditos frente al concursado devienen inexigibles. De ahí que proceda la eliminación de esta nueva redacción.

ENMIENDA NÚM. 34

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y seis.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado cuarenta y seis del artículo único del Proyecto que añade un nuevo apartado 2 al artículo 60 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, reenumerando los actuales 2 y 3 del precepto como 3 y 4.

JUSTIFICACIÓN

Se pretende evitar la posibilidad de ejecución de garantes hasta que no se pronuncien los acreedores en la fase convenio y conforme al artículo 135 LC. No se les priva de la posibilidad de ejecutar contra los garantes sino de que temporalmente puedan ejecutar. De otra forma resulta que la ejecución dejaría fuera al acreedor y afectaría al contrato o negocio y por ello a la viabilidad de la empresa.




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En la actualidad el 90 por ciento de los concursos de personas físicas son de socios o administradores o personas relacionadas con la empresa que son garantes de la misma. Para evitar esta ejecución se va al concurso de la persona física, cuya solución solo es intentar dilatar este concurso hasta que se llegue a una solución en las empresas.

ENMIENDA NÚM. 35

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado cincuenta del artículo único del Proyecto para dar una nueva redacción al apartado 1 del artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con el siguiente texto:

«1. Declarado el concurso serán rescindibles los actos perjudiciales para los acreedores realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de concurso, aunque no hubiera existido intención fraudulenta.»

JUSTIFICACIÓN

La norma fundamental en materia de reintegración de la masa activa —que es la que se contiene en este apartado primero del artículo 71— presentado por importantes defectos, que están repercutiendo muy negativamente en las posibilidades del sistema de reintegración.

El primer defecto, el de que, en lugar de referirse el perjuicio a los acreedores —como hacen las legislaciones más significativas— lo hace a la «masa activa» (cuando, en el momento de realización del acto, esa masa no existe). Esta peculiar referencia ha dado lugar a muy importantes discrepancias a la hora de la aplicación judicial de la norma, con soluciones tan divergentes que afectan frontalmente a la seguridad jurídica. Por esta razón, se propone seguir el criterio tradicional de las legislaciones más representativas (art. 66.1 Legge fallimentare italiana; § 132 Insolvenzordnung alemana).

El segundo defecto se refiere al dies a quo desde el que contar hacia atrás los dos años el periodo sospechoso. Se conocen casos en los que, presentada por acreedor legítimo, la solicitud de declaración judicial de concurso, el deudor, con acuerdo —y, a veces, con financiación— de otro acreedor potencialmente afectado por la rescisión, se opone a dicha solicitud a pesar de estar clara y manifiestamente en estado de insolvencia, con la simple finalidad de retrasar la fecha de la declaración judicial, evitando que el acto que se desea preservar caiga dentro de los dos años. A fin de evitar este tipo de maniobras —especialmente graves como consecuencia de dilación de muchos de los juzgados de lo mercantil en la declaración de concurso necesario—, la solución más adecuada es computar esos dos años desde la fecha de la solicitud, y no desde la fecha de la declaración.

ENMIENDA NÚM. 36

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.




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Se propone modificar el apartado cincuenta y dos del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al apartado 2, adiciona un nuevo apartado 3 y reenumera el apartado 3 como 4 del artículo 74 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, suprimiendo los apartados 2 y 3 en la redacción propuesta por el proyecto, pasando el vigente apartado 3 del precepto a ser el 2 y modificando la redacción del vigente apartado 1 del siguiente modo:

«1. El plazo para la presentación del informe de los administradores judiciales será de un mes a contar desde la fecha en que finalice el plazo para la comunicación de los créditos por los acreedores. Por cada mil acreedores los administradores concursales dispondrán de un mes más, hasta un máximo de tres, sin posibilidad de prórroga alguna.»

JUSTIFICACIÓN

Muchos de los problemas relativos a la presentación del Informe son consecuencia de que, a la fecha en que finaliza el plazo para la presentación, los acreedores todavía no han comunicado los respectivos créditos. Por esta razón, es aconsejable que el dies a quo para el cómputo del plazo fuera aquel en que finalice el plazo establecido por la Ley para la comunicación de los créditos (v. art. 85.1). De otro lado, se configura como automática la prórroga en función del número de acreedores, a la vez que se limita el periodo máximo de duración.

ENMIENDA NÚM. 37

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado cincuenta y siete, artículo único del Proyecto, a fin de suprimir el número 11 del apartado 2 del artículo 84 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. En coherencia con nuestra enmienda al número 6 del artículo 91.

ENMIENDA NÚM. 38

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado cincuenta y nueve del artículo único del Proyecto, a fin de suprimir el nuevo apartado tercero del artículo 86 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, quedando así el apartado cuarto como apartado tercero, según figura en la ley vigente.




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JUSTIFICACIÓN

Ese deber de cumplimentación de las declaraciones fiscales o asimiladas a cargo de la administración concursal en caso de sustitución olvida las enormes dificultades que suelen tener los integrantes de este órgano para conocer la realidad económica subyacente y, además, parece encubrir una posible derivación posterior de responsabilidad.

ENMIENDA NÚM. 39

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado sesenta y dos del artículo único del Proyecto, a fin de cambiar la redacción del número 6.º del artículo 91 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

«6.º Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones previstas en el apartado 6 del artículo 71.»

JUSTIFICACIÓN

Se priva a estos créditos del carácter de créditos contra la masa del artículo 84, pero se le reconoce integramente el de créditos con privilegio general.

ENMIENDA NÚM. 40

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado sesenta y dos del artículo único del Proyecto, a fin de dar una nueva redacción al número 5.º del artículo 91 de la Ley 22/2003, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

«5.º Los créditos por responsabilidad civil extracontractual no asegurados o en la parte no cubierta por el seguro, así como los créditos por responsabilidad civil.»

JUSTIFICACIÓN

En primer lugar, no se acierta a comprender cómo en el Derecho vigente se reconoce un privilegio indirecto a las aseguradoras, privilegio que debe suprimirse y, en segundo lugar, debe ampliarse el ámbito del privilegio del crédito de responsabilidad civil derivada del delito, sin distinción de tipo penal del que proceda.




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ENMIENDA NÚM. 41

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado sesenta y seis del artículo único del Proyecto que incorpora un nuevo apartado 1 al artículo 95 la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cambiando su redacción, que tendrá el siguiente texto:

«1. La administración concursal, con una antelación mínima de diez días al último fijado para la presentación del informe al Juez, dirigirá comunicación electrónica a los acreedores de los que conste este tipo de dirección, informándoles del proyecto de inventario y de la lista de acreedores. Hasta tres días antes del fijado para la presentación del informe al Juez, los acreedores podrán presentar a la administración concursal, igualmente por medios electrónicos, las observaciones que consideren oportunas y solicitar que se rectifique cualquier error o que complementen los datos comunicados.»

JUSTIFICACIÓN

Se amplía el contenido de esta audiencia previa de los acreedores, que no solo conocerán el criterio de la administración concursal sobre el reconocimiento de su crédito y podrán solicitar la rectificación de cualquier error o el complemento de omisiones, sino también exponer su opinión sobre el criterio de la misma administración acerca del reconocimiento y la calificación de otros créditos.

ENMIENDA NÚM. 42

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado sesenta y seis del Proyecto de Ley que modifique el artículo 95.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá la siguiente redacción:

«1. La administración concursal, con una antelación mínima de diez días previos a la presentación del informe al juez, dirigirá comunicación electrónica a los acreedores sobre los que conste su dirección electrónica, informándoles del proyecto de inventario y de la lista de acreedores. Los acreedores podrán solicitar a la administración concursal, igualmente por medios electrónicos, hasta cinco días anteriores a la presentación del informe al juez, que se rectifique cualquier error o que complementen los datos comunicados.»

JUSTIFICACIÓN

Los acreedores deben pedir la rectificación de su crédito 5 días antes, en vez de tres. Con este último plazo se deja muy pocos días a la Administración concursal para que elabore el informe definitivo.




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ENMIENDA NÚM. 43

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado sesenta y siete del artículo único del proyecto que añade un nuevo apartado 4 al artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y modifica al actual reenumerándolo como apartado 5, cambiando la redacción del apartado 4, que tendrá el siguiente texto:

«4. Cuando las impugnaciones afecten a menos del 20 por ciento del activo o del pasivo del concurso el Juez podrá ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o de liquidación, sin perjuicio del reflejo que las impugnaciones puedan tener en los textos definitivos y de las medidas cautelares que, de oficio o a petición de parte, pueda adoptar para su efectividad.»

JUSTIFICACIÓN

Atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares en este caso, parece conveniente precisar su régimen, admitiendo expresamente la petición de parte interesada.

ENMIENDA NÚM. 44

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado sesenta y nueve del artículo único del Proyecto, que da una nueva redacción a la rúbrica y adiciona los apartados 3 y 4 al artículo 97 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, a fin de suprimir el número 2.º del texto del citado nuevo apartado 3.

JUSTIFICACIÓN

No resulta justificable que el retraso en la determinación de los créditos tributarios y de las demás Administraciones públicas sea intrascendente. La dinámica del concurso exige conocer desde que la lista de acreedores es definitiva lo que real y efectivamente se debe. En función de ese pasivo se delimitan las estrategias de los acreedores de cara al posible convenio. No es de recibo pretender que esa lista definitiva se pueda modificar a posteriori en beneficio del crédito público. El principio de igualdad de trato debe jugar aquí sin excepción.

ENMIENDA NÚM. 45

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y dos.




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ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado ochenta y dos del artículo único del Proyecto, cambiando la redacción del apartado 1 del artículo 133, que tendrá el siguiente texto:

«1. El convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia que lo apruebe, salvo que, recurrida esta, el Juez, por razón del contenido del convenio, acuerde, de oficio o a instancia de parte, retrasar esa eficacia a la fecha en que la aprobación alcance firmeza.

Al pronunciarse sobre la solicitud de retrasar la eficacia del convenio, el Juez podrá acordarlo con carácter parcial.»

JUSTIFICACIÓN

Se mejora técnicamente la redacción y se prevé el retraso de la eficacia del convenio, en caso de recurso contra la sentencia que lo aprueba, de oficio o a instancia de parte. Por otra parte se incorpora, como apartado segundo, el texto del apartado segundo del artículo 197.5, con la debida modificación, ya que el precepto no habla de «suspensión», sino de «retrasar la eficacia del convenio».

ENMIENDA NÚM. 46

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado ochenta y tres del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al artículo 142 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, suprimiendo el apartado 3 y modificando el texto del apartado 1 del siguiente modo:

«1. El deudor podrá pedir la liquidación en cualquier momento. En caso de suspensión de las facultades de administración y de disposición sobre los bienes y derechos que integran la masa activa, además del deudor, la administración concursal estará legitimada igualmente para pedir la liquidación.

Si el deudor formulara oposición dentro de los tres días siguientes, se dará a la solicitud el trámite previsto en los artículos 15 y 19, resolviendo el Juez mediante auto.»

JUSTIFICACIÓN

En ocasiones, sucede que el deudor, a pesar de la inexistencia de argumentos objetivos para la continuación de la empresa, no pide la liquidación. En otros casos, el deudor se desentiende por completo de la marcha del procedimiento. A tales efectos, resulta imprescindible que, al menos, cuando hay sustitución, se reconozca legitimación a la propia administración concursal en defensa del interés del concurso, sin que ello suponga negársela al deudor concursado.

ENMIENDA NÚM. 47

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ochenta y tres.




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ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado ochenta y tres del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al artículo 142 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, modificando el texto del apartado 2 del siguiente modo:

«2. El deudor deberá pedir la liquidación desde que conozca la imposibilidad de cumplir el convenio. Presentada la solicitud, el Juez dictará auto abriendo la fase de liquidación.

En caso de incumplimiento del convenio, cualquier acreedor podrá solicitar la apertura de la fase de liquidación.»

JUSTIFICACIÓN

El Sistema del Derecho vigente, que en lo sustancial mantiene el Proyecto de Ley, es altamente perjudicial para los acreedores, ya que, incomprensiblemente, el incumplimiento del convenio no es suficiente para abrir la fase de liquidación si la solicitud procede de acreedor legítimo. De otro lado, la supresión el apartado cuarto del artículo 2 hace igualmente necesario modificar este precepto.

ENMIENDA NÚM. 48

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado noventa y cinco del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 164 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cambiando el texto del citado apartado de la siguiente manera:

«1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o en la agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, o de sus directores generales, y de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud de declaración de concurso.»

JUSTIFICACIÓN

No hay apoderados de hecho: todo apoderado lo es de derecho, aunque el poder se haya conferido tácitamente o por hechos concluyentes. De otro lado, se considera preferible incluir a los «directores generales» en lugar de a los apoderados porque lo relevante es el ejercicio del poder de dirección y no la mera existencia del poder de representación voluntaria, que —como enseña la experiencia— puede no existir.

Si se acepta esta modificación, deberá modificarse igualmente la redacción de otros artículos proyectados que utilizan la misma errónea expresión, como, por ejemplo, la del número 1.º del apartado segundo del artículo 172 y la del apartado primero del artículo 172 bis.

En fin, en cuanto al dies a quo, el momento temporal para el cómputo de los dos años debe ser la fecha de presentación de la solicitud, y no la fecha de la declaración. Algunas oposiciones a la solicitud de declaración de concurso se explican precisamente por tratar de retrasar la declaración evitando así que




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puedan quedar involucradas determinadas personas (v. gr., antiguos administradores que ostenten, además, la condición de socios mayoritarios).

ENMIENDA NÚM. 49

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado noventa y ocho del artículo único del Proyecto modificando la redacción de los números 2.º y 3.º del apartado 2 del artículo 172 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y añadiendo al citado apartado un número 4.º con la siguiente redacción:

«2.º La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un periodo de dos a quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo periodo. Para determinar la duración del periodo de inhabilitación atenderá el Juez a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio.

En caso de convenio, si así lo hubiera solicitado la administración concursal, la sentencia de calificación podrá autorizar al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada.

En caso de que una misma persona sea inhabilitada en dos o más concursos, el periodo e inhabilitación será la suma de todos ellos.

3.º La pérdida de cualquier derecho que los inhabilitados tuvieran como acreedores concursales o de la masa.

4.º La condena a los inhabilitados a indemnizar los daños y perjuicios causados por la generación o la agravación del estado de insolvencia.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de redacción individualizando y precisando el contenido de cada uno de los pronunciamientos.

ENMIENDA NÚM. 50

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado noventa y ocho del artículo único del Proyecto cambiando la redacción del apartado tercero del artículo 172 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

«3. La sentencia que califique el concurso como culpable condenará, además, a los cómplices a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa, a la devolución de los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiesen




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recibido de la masa activa y a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el acto en el que hubieran participado.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora de redacción individualizando y precisando el contenido de cada uno de los pronunciamientos relativos a los cómplices, evitando los equívocos de la redacción que figura en el Proyecto de Ley, en la que el tema de la complicidad se aborda tanto en el número 3.º del apartado segundo como en este apartado tercero.

ENMIENDA NÚM. 51

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado noventa y nueve del artículo único a fin de mejorar la redacción del apartado primero del artículo 172 bis, que debería ser la siguiente:

«1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y a los apoderados generales de la persona jurídica concursada a los que sean imputables los hechos que hubiera determinado la calificación del concurso, a indemnizar a los acreedores con el pago, total o parcial, del importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa.»

JUSTIFICACIÓN

La polémica ha de resolverse como apunta la jurisprudencia en el sentido indemnizatorio no sancionador.

ENMIENDA NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado ciento cuatro del artículo único del Proyecto a fin de modificar los números 3.º, 4.º y 5.º del artículo 183 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, relativo a las secciones del concurso:

«3.º La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, a las autorizaciones para la enajenación y para la separación de bienes y derechos de la masa activa y a las deudas de la masa.




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4.º La sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales y al pago de los acreedores. En esta sección se incluirán también, en pieza separada, los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran acumulado al concurso de acreedores y las ejecuciones que se inicien o se reanuden contra el concursado.

5.º La sección quinta comprenderá lo relativo al convenio y a la liquidación, incluidos el convenio anticipado y la liquidación anticipada.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de mejorar la distribución de las materias entre las distintas Secciones en que se divide el concurso de acreedores, solucionando los problemas de interpretación que plantea el tenor vigente del expresado artículo 183.

ENMIENDA NÚM. 53

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado ciento siete del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al cap. II del Título VIII de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, modificando el artículo 191, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 191. Contenido.

1. En el procedimiento abreviado la administración concursal estará integrada por un único miembro, abogado en ejercicio, economista, titulado mercantil, colegiados o auditor de cuentas.

2. El administrador concursal deberá presentar el inventario de bienes y derechos de la masa activa dentro de los quince días siguientes a la aceptación del cargo.

3. El administrador concursal deberá presentar el informe previsto en el artículo 75 en el plazo de un mes, contado a partir de la aceptación del cargo. Razonadamente, podrá solicitar al Juez una prórroga que en ningún caso excederá de quince días.

4. Con una antelación mínima de cinco días previos a la presentación de la lista de acreedores, el administrador concursal practicará la comunicación prevista en el apartado 1 del artículo 95 en las condiciones y con los efectos en él previstos.

El Secretario Judicial dará traslado de las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores al administrador concursal al día siguiente de su presentación, sin incoar incidente.

En el plazo de diez días, el administrador concursal comunicará al juzgado si acepta la pretensión, incorporándola a los textos definitivos, o si se opone formalmente a la misma.

En caso de oposición a la impugnación se dará traslado, en su caso, al deudor y al resto de partes afectadas por la impugnación para que contesten a la misma.

Contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, el proceso continuará conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 194.

Se impondrán las costas a las partes del incidente conforme al criterio de vencimiento objetivo, salvo que el Juez aprecie, y así lo razone, mala fe o existencia de serias dudas de hecho o derecho. En el caso de la administración concursal se estará a lo dispuesto en la norma general del artículo 184.5.

Si hubiera incidentes de impugnación, el administrador concursal deberá informar de inmediato al Juez de la incidencia sobre los quórums y mayorías necesarios para aprobar el convenio.




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5. El plazo para la presentación de propuestas ordinarias de convenio finalizará, en todo caso, cinco días después de la presentación del informe del administrador concursal. Admitida a trámite la propuesta de convenio, el Secretario judicial señalará fecha para la celebración de la junta de acreedores dentro de los treinta días hábiles siguientes.

6. Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se hubiera presentado propuesta de convenio, el Secretario judicial abrirá de inmediato la fase de liquidación requiriendo al administrador concursal para que presente el plan de liquidación en el plazo improrrogable de diez días.

Una vez aprobado el plan, las operaciones de liquidación no podrán durar más de tres meses, prorrogables, a petición de la administración concursal, por un mes más.»

JUSTIFICACIÓN

Párrafo IV: Se trata de una mejora técnica, ya que la redacción actual se limita a reproducir literalmente el artículo 194.4 vigente, que no se modifica.

Párrafo V: Con respecto a la imposición de costas, se propone la adición por coherencia con lo dispuesto en esta norma, ya que, de no incluirse, podría pensarse que la ley la excepciona para el procedimiento abreviado, lo que no parece ser el caso.

Párrafo VII: Se propone la supresión de este párrafo, apartado último, que repite el artículo 96.4 del Proyecto de reforma. La repetición en este caso es, además, incompleta, por lo que, en el caso de mantener el precepto, se plantearía la duda de si en el procedimiento abreviado está excluida la posibilidad de adoptar medidas cautelares prevista en el 96.4. La respuesta, sin duda, debe ser a favor de tal posibilidad, pero el problema se solucionaría con la supresión del precepto.

ENMIENDA NÚM. 54

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone, como alternativa a la enmienda anterior, modificar los párrafos I a III del apartado 4 del artículo 191 (apartado 5 antes de la reforma que se propone) de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrán el siguiente texto:

«Presentadas impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, el Secretario judicial, previa la decisión sobre su admisión, al día siguiente de su presentación y sin incoar incidente, dará traslado de las mismas solo al administrador concursal, en el caso de suspensión de facultades, y también al deudor, si el régimen acordado fue el de intervención, para que, en el plazo de diez días, comuniquen al juzgado si aceptan la pretensión o si se oponen formalmente a la misma.

Aceptadas las impugnaciones por el administrador concursal y, en su caso, por el deudor, el Secretario judicial dictará decreto aprobándolas y ordenando su incorporación a los textos definitivos, salvo que aprecie la existencia de fraude o perjuicio de tercero, en cuyo caso dará cuenta al juez para que resuelva.

En caso de oposición a la impugnación por parte del administrador concursal y, en su caso, por el deudor, se incoará incidente concursal, dándose traslado al resto de partes afectadas por la impugnación para que contesten a la misma.»

JUSTIFICACIÓN

Párrafo I: Por un lado, parece razonable mantener el control sobre la admisibilidad de las impugnaciones previsto en el artículo 194.2; impugnaciones que, según el artículo 96.5 (ahora 6, no modificado), de aplicación supletoria, «se sustancian por los trámites del incidente concursal» y tendrán la forma de




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demanda, que deberá sujetarse a los requisitos del artículo 194.1 («se presentará en la forma prevista en el artículo 399 de la LEC»). Por otra, no parece acertado que la sola aceptación de la impugnación por el administrador concursal suponga su estimación, sin prestar audiencia siquiera al deudor y por lo menos en los casos en que el régimen adoptado haya sido el de intervención.

Párrafo II: Las impugnaciones pueden tener un contenido relevante, por lo que no parece que la sola aceptación sea suficiente, por lo menos en todos los casos, para incorporar las modificaciones que supongan a los textos definitivos. En cuanto la referida aceptación supone un acto dispositivo parece razonable hacer referencia a su control tal y como se prevé, por ejemplo, en los casos de allanamiento (artículo 21.1 LEC).

Párrafo III: Con fundamento en el respeto de las garantías, parece razonable abrir el cauce del incidente, con traslado de la impugnación a otros interesados, en los casos en que se oponga el deudor a la impugnación en los casos en que se acuerde el régimen de intervención.

ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado ciento siete del artículo único del Proyecto que da una nueva redacción al Capítulo II, del Título VIII, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, suprimiendo el apartado 3 del nuevo artículo 191 ter y trasladando la peculiaridad que contiene al artículo 192.2.

JUSTIFICACIÓN

La redacción no parece la adecuada porque la tajante afirmación inicial («Las impugnaciones del inventario o de la lista de acreedores no suspenderán las operaciones de liquidación») queda vaciada de contenido por lo que el artículo dice a continuación. Por otra parte, si se tiene en cuenta que estas impugnaciones se tramitan por el cauce del incidente concursal, bastaría con el artículo 192.2 actual, de aplicación supletoria al procedimiento abreviado, dentro del cual se propone ahora incluir la peculiaridad de la norma (la posibilidad de que el juez requiera caución al impugnante).

ENMIENDA NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado ciento ocho del Proyecto de Ley que modifican los apartados 4 del artículo 197 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cambiando la redacción del apartado 4, que tendrá el siguiente texto:




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«4. Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días.

A estos efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio

Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refieren los artículos 72.3 y 80.2 de esta Ley, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter preferente.»

JUSTIFICACIÓN

Uno de los temas más delicados que se plantean en materia de reintegración de la masa activa es que, conforme al sistema de la Ley Concursal, las sentencias que recaigan en los incidentes de rescisión no son directamente apelables, sino que se someten a la regla general de la «apelación más próxima». Esta solución no solo es ilógica, sino que dilata la solución de la reintegración efectiva de la masa.

ENMIENDA NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado ciento nueve del Proyecto de Ley que modifican los apartados 4, 5 y 6 del artículo 197 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cambiando la redacción del apartado 5, que tendrá el siguiente texto:

«5. Contra las sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación, cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente, y en la forma prevista para las apelaciones de sentencias en la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

JUSTIFICACIÓN

Persiste —desde el texto originario de la Ley— la imprecisión técnica en la regulación de la sustanciación del recurso de apelación, ya que el precepto continúa remitiendo a la prevista para «las apelaciones de sentencias dictadas en juicio ordinario», cuando la LEC/2000 ha unificado la tramitación de este recurso ordinario, sin que proceda, por tanto, hacer distinción alguna cuando el mismo se interponga contra sentencias dictadas en el juicio ordinario. Debería aprovecharse la reforma para hacer desaparecer del texto de la Ley, de una vez, esta deficiencia.

Se propone la supresión del párrafo segundo que se incorpora al texto del artículo 133.1.

ENMIENDA NÚM. 58

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento dieciocho.




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ENMIENDA

De supresión.

Se propone suprimir el apartado ciento dieciocho del Proyecto, que añade una nueva disposición final undécima bis a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con nuestras enmiendas de supresión a los preceptos del proyecto que pretenden proteger el crédito público rompiendo con ello el delicado equilibrio del vigente sistema concursal.

ENMIENDA NÚM. 59

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone adicionar un nuevo apartado al artículo único del Proyecto, a fin de incorporar un nuevo artículo, el 72 bis, a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la siguiente redacción:

«Artículo 72 bis. Acciones revocatorias en tramitación en caso de aprobación judicial del convenio.

Si las acciones revocatorias se encontraran en tramitación a la fecha de la aprobación del convenio, los administradores judiciales continuarán con plena legitimación en el incidente, pudiendo interponer los recursos pertinentes contra las resoluciones judiciales que recaigan y ejecutar esas resoluciones, aunque el deudor hubiera recuperado la facultad de administración y de disposición sobre los bienes y derechos que integran su patrimonio.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de prever el caso de que, en el momento de la aprobación judicial del convenio, se encontraran en tramitación cualquiera de las acciones a que se refiere el artículo 71. No puede ser el deudor el que sustituya a los administradores judiciales, ya que el deudor es, por definición, uno de los demandados (art. 71.2).

ENMIENDA NÚM. 60

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único del proyecto para modificar el párrafo segundo del apartado primero del artículo 100 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, con la siguiente redacción:




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«Las proposiciones de convenio podrán superar el límite de quita y espera establecidos en el párrafo anterior, sin llegar a diez años, cuando el deudor, durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores a la fecha de la declaración de concurso, reuniera cualquiera de las siguientes condiciones:

1.ª Que el importe neto de la cifra anual de negocios fuera superior a los quinientos millones de euros.

2.ª Que el número medio de trabajadores empleados fuera superior a quinientos.»

JUSTIFICACIÓN

En el Derecho concursal vigente se autoriza la superación de los límites del convenio «cuando se trate de un concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial importancia para la economía». Con esta fórmula genérica (que no figuraba en el Proyecto de Ley Concursal) se ha introducido una muy grave inseguridad en la práctica y, a la postre, un factor de injusticia. Hay jueces de lo mercantil que consideran que una pequeña empresa tiene especialmente importancia para un minúsculo municipio, mientras que otros niegan esa posibilidad a empresas de mayores dimensiones. Es, pues, indispensable introducir factores de objetividad y a tal fin se presenta la presente enmienda. Con ella, además de suprimir la posibilidad de que la quita supere el 50 por ciento del nominal de los créditos, se establecen elementos precisos para ampliar el plazo de espera, cuyo máximo se limita a diez años.

Como complemento necesario, para evitar soluciones divergentes según que el convenio sea de tramitación ordinaria o de tramitación abreviada, en la disposición derogatoria se procede a derogar el apartado segundo del artículo 104.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único para adicionar un nuevo apartado 4 al artículo 100 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, pasando a ser apartados 5 y 6 los actuales apartados 4 y 5, con la siguiente redacción:

«4. En ningún caso la propuesta podrá contener estipulaciones sobre las acciones rescisorias ya ejercitadas o por ejercitar, ni sobre los incidentes de reintegración de la masa activa que se encuentren en tramitación.»

JUSTIFICACIÓN

A la vista de la experiencia de los últimos años, en los que en algunas propuestas de convenio se incluyen estipulaciones sobre las acciones rescisorias, con la finalidad de enervar los riesgos de rescisión para determinados acreedores más o menos próximos al deudor común, resulta imprescindible incluir una expresa prohibición.




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ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al Proyecto de Ley que modifique el artículo 82.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá la siguiente redacción:

«1. La administración concursal elaborará a la mayor brevedad posible un inventario que contendrá la relación y el avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa a la fecha de cierre, que será el día anterior al de emisión de su informe. En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en el inventario la relación y el avalúo de los bienes y derechos privativos del deudor concursado, así como las de los bienes y derechos gananciales o comunes, con expresa indicación de su carácter.

La fecha de referencia del inventario de la masa activa debe ser la de la declaración del concurso, igual que la de la masa pasiva. Todo ello con independencia de la obligación de mostrar un inventario o relación de bienes enajenados durante la fase común.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un apartado nuevo del Proyecto de Ley que modifique el artículo 94.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá la siguiente redacción

«1. Al informe de la administración concursal se acompañará la lista de acreedores, referida a la fecha de solicitud del concurso, que comprenderá una relación de los incluidos y otra de los excluidos, ambas ordenadas alfabéticamente.

La lista de acreedores debe referirse a la fecha de la declaración del concurso, no de su presentación.»

JUSTIFICACIÓN

En concordancia con el artículo 74 y otros.




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ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al artículo único del Proyecto por el que modifica al apartado 2 del artículo 192 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá el siguiente texto:

«2. Los incidentes concursales no suspenderán el procedimiento de concurso, sin perjuicio de que el juez, de oficio o a instancia de parte, acuerde la suspensión de aquellas actuaciones que estime puedan verse afectadas por la resolución que se dicte.

No obstante, si el incidente tuviera lugar por haberse impugnado el inventario o la lista de acreedores y el impugnante solicitara la suspensión de las operaciones de liquidación, el juez podrá requerirle caución que garantice los posibles daños y perjuicios derivados de la demora.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior en la que se propone la supresión del actual artículo 191 ter, apartado 3.

ENMIENDA NÚM. 65

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo apartado al Proyecto de Ley que modifique el artículo 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que tendrá la siguiente redacción:

«2. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles a corto plazo.»

JUSTIFICACIÓN

La definición que establece la Ley Concursal de insolvencia no está fundada en criterios económicos sino más bien en consideraciones jurídicas. Consideramos que la inclusión de una definición más económica de insolvencia, contribuiría a una mayor ajuste a la realidad empresarial y evitaría casos de empresas que acuden en numerosas ocasiones tarde al concurso, dado que técnicamente se encuentran desde hace tiempo en insolvencia, con las dificultades que supone que se pueda llegar a un convenio, lo que determinará que haya que acudir la liquidación y sin embargo, todavía no cumplirían el presupuesto objetivo más bien de carácter jurídico del artículo 2.2. Creemos que debe incluirse en la Ley Concursal, la definición técnica económica de insolvencia, que establece la Ciencia Económica, que es la utilizada en el ámbito contable y de auditoría: un pasivo circulante que supera al activo circulante, esto es un fondo de maniobra, inferior a cero.




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ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional única.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una nueva disposición adicional al Proyecto, que tendrá el siguiente texto:

«Disposición adicional nueva. Medidas sobre tratamiento preventivo de la insolvencia.

El Gobierno, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá remitir a las Cortes un proyecto de ley que regule de forma integral las medidas que se deban aplicar para el tratamiento preventivo de la insolvencia.»

JUSTIFICACIÓN

Por su complejidad y repercusión en la incoación de posibles concursos, el tratamiento preventivo de la insolvencia requiere de un riguroso examen en profundidad que debe ser discutido y aprobado mediante Ley por las Cortes.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una nueva Disposición Adicional al Proyecto de Ley, que tendrá la siguiente redacción:

Inclusión de un nuevo Título X: «Acuerdos de refinanciación» (artículos 231 a 249)

Se introduce un nuevo Título X, denominado «Acuerdos de refinanciación»

CAPÍTULO I

Acuerdos de refinanciación

Artículo 231. Los acuerdos de refinanciación.

Se consideran acuerdos de refinanciación, a los efectos de lo regulado en esta Ley, aquellos que establezca el deudor común con una pluralidad de acreedores, que consistan bien en la ampliación en, al menos, el diez por ciento, de la financiación concedida por esos acreedores, sea por novación de los créditos o de los préstamos existentes, sea por concesión de otros nuevos en sustitución de aquéllos, bien en la prórroga por, al menos, tres años, con o sin intereses, del plazo de vencimiento de las obligaciones contraídas.

CAPÍTULO II

De la convocatoria a los acreedores

Artículo 232. La convocatoria a los acreedores.

1. El deudor en situación de insolvencia actual o inminente que pretenda negociar un acuerdo de refinanciación, hasta que no haya sido admitida a trámite la solicitud de declaración de concurso, convocará




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a aquellos acreedores que libremente decida, a una reunión a celebrar en el lugar donde radique su domicilio para tratar de la consecución de dicho acuerdo.

Si el deudor fuera persona jurídica, la competencia para decidir la convocatoria corresponderá al órgano de administración, el cual no podrá delegarla en ninguno de sus miembros.

2. Entre la fecha de la convocatoria y la fecha de la reunión deberá mediar, al menos, un plazo de diez días hábiles.

Artículo 233. Forma de la convocatoria.

La convocatoria se realizará por conducto notarial, por medio de burofax con Certificación de contenido o por cualquier otro medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción, incluidos los electrónicos.

Artículo 234. Contenido de la convocatoria.

1. La convocatoria deberá expresar el lugar, día y hora de la reunión, la finalidad de ésta, así como la identidad de cada uno de los acreedores convocados, con expresión de la cuantía del crédito de que fuera titular cada uno de ellos, de la fecha de concesión y de vencimiento, y de las garantías, personales o reales, que, en su caso, se hubieran constituido y de la fecha de la constitución.

2. La convocatoria deberá ir firmada por el propio deudor y, si fuera persona jurídica, por el administrador con poder de representación.

Artículo 235. Convocatoria a reuniones conjuntas.

Dos o más deudores podrán convocar simultáneamente a aquellos acreedores que cada uno de ellos libremente decida a una reunión conjunta a celebrar en el lugar donde radique el domicilio de cualquiera de ellos para tratar de la consecución de acuerdos simultáneos de refinanciación.

CAPÍTULO III

De la comunicación al Juzgado y efectos jurídicos

Sección 1.ª De la comunicación

Artículo 236. Comunicación al Juzgado.

1. La existencia de la convocatoria deberá ser puesta en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso voluntario el mismo día en que se hubiera realizado, con expresión de la identidad de los acreedores convocados, acompañando copia de los escritos remitidos a los acreedores.

2. En caso de convocatoria a reuniones conjuntas, la existencia de la convocatoria deberá ser puesta en conocimiento por cada uno de los deudores al juzgado competente para la declaración del propio concurso.

Artículo 237. Auto de iniciación.

1. En el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil al de su reparto, el juez examinará la comunicación y los documentos que la acompañen y, si se estima competente y se ajustara ésta a lo establecido en esta Ley, dictará auto teniendo por comunicado la voluntad del deudor común de iniciar negociaciones para la Consecución de un acuerdo de refinanciación, concediendo el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la comunicación para presentar al juzgado el texto de dicho acuerdo.

2. El juez competente actuará de oficio en todo el proceso de negociación nombrando un profesional del artículo 27.1, abogado, auditor, economista o titulado mercantil para que intervenga en todo el proceso y emita informe descriptivo y, en su caso, valorativo del mismo.

3. En el auto o en resolución posterior podrá el juez, a instancia del anterior experto del apartado 2, acordar la intervención de las facultades de administración y disposición del deudor común sobre su patrimonio, nombrando un interventor de entre los auditores, titulados mercantiles o economistas que reúnan las condiciones exigidas por la Ley para ser designados administradores concúrsales. La retribución del interventor correrá a cargo del deudor.




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Sección 2.ª De los efectos de la comunicación

Artículo 238. Efectos de la comunicación sobre el deudor común.

1. Desde la convocatoria a los acreedores, el deudor común se limitará a realizar los actos propios de la actividad a que se dedique. Para los demás actos requerirá bien conformidad de la totalidad de los acreedores convocados, bien autorización judicial.

2. El deber de solicitar la declaración de concurso voluntario no será exigible al deudor en situación de insolvencia actual que hubiera obtenido plazo del juez para negociar con los acreedores un acuerdo de refinanciación.

Artículo 239. Deberes de los acreedores convocados.

1. Los acreedores convocados están obligados a guardar secreto sobre la existencia y la finalidad de la convocatoria, así como a asistir a la reunión.

La persona que asista a la reunión en representación del acreedor persona jurídica se considerará a todos los efectos con poder suficiente para negociar y aceptar las propuestas de refinanciación que pudiera realizar el deudor, aunque esta facultad no figure en la escritura de poder con la que asista.

Los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo recibido la convocatoria, no asista a la reunión, se calificarán como créditos subordinados en el caso de que, fracasada la consecución del acuerdo de refinanciación, fuera declarado el concurso del deudor común.

2. Desde la fecha de recepción de la convocatoria hasta que finalice la reunión, los acreedores convocados deberán abstenerse de realizar cualquier acto dirigido a mejorar o modificar la situación en que se encuentren respecto del deudor común. En

Particular, no podrán dar por vencidos anticipadamente los créditos aplazados, exigir la extinción total o parcial de la deuda o la novación de ésta, exigir el pago a los fiadores, solicitar u obtener nuevas garantías o ampliar las ya existentes, ni compensar los créditos frente al deudor común con deudas que el acreedor tuviera frente a éste.

Artículo 240. Solicitudes de declaración de concurso necesario posteriores a la convocatoria a los acreedores.

Las solicitudes de declaración de concurso presentadas por cualquiera de los acreedores antes o después de la fecha de la comunicación de la convocatoria sólo se proveerán cuando haya finalizado el plazo de dos meses fijado por el juez competente para la declaración de concurso o antes de ese plazo si hubieran fracasado las negociaciones con los acreedores. Las solicitudes de declaración de concurso presentadas antes pero admitidas después de la comunicación, quedarán en suspenso.

CAPÍTULO IV

De la negociación del acuerdo de refinanciación

Artículo 241. La mesa de los acreedores.

1. Las reuniones con los acreedores se celebrarán bajo la presidencia del principal acreedor concurrente, actuando de secretario el siguiente en importancia.

2. El secretario levantará acta de la reunión, a menos que el deudor o cualquiera de los acreedores convocados hubieran requerido la presencia de notario.

3. En ningún caso podrán actuar como presidente o secretario acreedores especialmente relacionados con el deudor.

Artículo 242. Las reuniones.

1. En la primera reunión el deudor entregará a los acreedores convocados un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial por un plazo de, al menos, cinco años, así como una propuesta de acuerdo de refinanciación.

2. Si la mayoría del pasivo convocado no acordara continuar las negociaciones, fijando un calendario para las sucesivas reuniones, el deudor deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores.




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3. El mismo deber tendrá el deudor desde que, en alguna de las sucesivas reuniones, la mayoría del pasivo convocado no concurriera a la reunión o no acordara continuarlas.

Artículo 243. Ampliación de la convocatoria.

La mayoría del pasivo convocado podrá acordar la ampliación de la convocatoria a las reuniones sucesivas a los acreedores que considere conveniente.

Artículo 244.Modificación del plan de viabilidad.

Los acreedores convocados podrán modificar el plan de viabilidad presentado por el deudor como tengan por conveniente.

Artículo 245. El acuerdo de refinanciación.

1. El acuerdo de refinanciación exigirá el voto favorable de acreedores convocados cuyos créditos representen, al menos, los tres quintos del pasivo exigible del deudor, excluidos los créditos de los acreedores especialmente relacionados con éste.

2. El acuerdo de refinanciación se consignará por escrito y deberá ir acompañado de un informe favorable sobre el plan de viabilidad, emitido por experto independiente, designado por la mayoría del pasivo convocado de entre los auditores, titulados mercantiles o economistas que reúnan las condiciones para ser designados administradores concúrsales.

3. Todos los acreedores convocados, incluso los disidentes y los que, a pesar de haber sido convocados, no hubieran participado en las reuniones, quedarán sometidos a las prórrogas por, al menos, tres años, con o sin intereses, del plazo de vencimiento de las obligaciones contraídas.

Artículo 246. Comunicación del acuerdo de refinanciación al Juez. Declaración de oficio del concurso de acreedores.

1. Dentro del plazo de dos meses a contar desde la primera convocatoria a los acreedores, el deudor deberá presentar al Juez el acuerdo de refinanciación, acompañado del plan de viabilidad y del informe del experto independiente, así como de una relación de los créditos de que fueran titulares los acreedores no convocados que estuvieran vencidos a la fecha del acuerdo.

2. En el caso de falta de presentación dentro de ese plazo o de presentación incompleta, el Juez declarará de oficio el concurso voluntario del deudor.

Artículo 247. Publicidad del acuerdo.

Presentado el acuerdo de refinanciación, el Juez dictará auto teniéndolo por presentado. A este auto se dará la misma publicidad que la establecida para la declaración de concurso.

Artículo 248. Pago de los créditos vencidos.

1. Dentro de los tres meses siguientes a la comunicación del acuerdo de refinanciación, el deudor deberá presentar al Juez los justificantes del pago de los créditos de los acreedores no convocados que estuvieran vencidos a la fecha del acuerdo o el documento en el que consten los pactos particulares que, en su caso, hubiera alcanzado con ellos.

2. En el caso de falta de presentación dentro de ese plazo, el Juez declarará de oficio el concurso necesario del deudor.

Artículo 249. Rescisión.

1. En caso de que el deudor fuera declarado en concurso transcurridos dos años a contar de la fecha del acuerdo de refinanciación, los actos realizados por éste en Ejecución del acuerdo de refinanciación y las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de lo pactado sólo podrán ser objeto de rescisión si se acreditara la intención fraudulenta de quienes hubieran realizado esos actos o constituido esas garantías.

2. La administración concursal será la única legitimada para el ejercicio de las acciones de reintegración a que se refiere el apartado anterior.




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JUSTIFICACIÓN

De esta enmienda: (a todo el Título X nuevo a través de los artículos 231 a 249)

Estimamos que los artículos de la reforma relativos a los acuerdos de refinanciación no son suficientes, por lo que se propone la inclusión de un Título X nuevo específico, en el que se desarrolla con detenimiento esta solución preconcursal. Asimismo, se refuerza la intervención del operador judicial en estos acuerdos de refinanciación. Finalmente se propone una intervención profesional en la negociación con control judicial, a través del auxilio de profesionales competentes.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir una disposición adicional nueva al proyecto que tendrá el siguiente texto:

«Disposición adicional nueva. Medidas para el sobreendeudamiento de las familias y consumidores.

El Gobierno deberá remitir a las Cortes, de manera urgente, en el plazo de seis meses, un conjunto de medidas legislativas que aborde de forma integral las reformas sustantivas y procedimentales que sean necesarias emprender para dar una adecuada solución a los casos de sobreendeudamiento de los consumidores y de las familias.»

JUSTIFICACIÓN

En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el 23 de abril de 2009, con ocasión de la aprobación del Real Decreto-ley 3/2009, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, el ministro de Justicia se comprometió y anunció que encomendaría a la Comisión General de Codificación la elaboración de una propuesta de actualización de la Ley Concursal para que dentro de otras materias aborde las especialidades procedimentales para afrontar el sobreendeudamiento que agobia a las familias y consumidores.

Este Grupo Parlamentario entiende que el grave problema del sobreendeudamiento, que abruma a las familias y consumidores no solo debe tener una solución procesal desde la Ley Concursal, que por cierto no viene contemplada en el proyecto de ley que ocupa a estas enmiendas, como había prometido el ministro en su intervención, sino integral que, además de tocar aspectos sustantivos, tenga en cuenta a todos los implicados en esta problemática.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria única.

ENMIENDA

De modificación.




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Se propone modificar la disposición derogatoria única del Proyecto, que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición derogatoria.

Quedan derogados los siguientes artículos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal:

— Los apartados cuarto y quinto del artículo 6.

— El artículo 98.

— El artículo 142 bis.

— El apartado séptimo de la disposición final segunda, que añade un nuevo párrafo al final del artículo 580 del Código de Comercio, como párrafo segundo.»

JUSTIFICACIÓN

La supresión del apartado cuarto del artículo 6 tiene como causa el hecho de que no debe ser necesario que el deudor común que solicita la liquidación tenga que acompañar un plan. La competencia para elaborar ese plan corresponde en todos los casos a la administración concursal (artículo 148.1 LC).

La supresión del apartado quinto de ese mismo artículo obedece a que no es admisible que un deudor se presente en concurso sin acompañar los documentos enumerados en ese artículo.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar la disposición final tercera del Proyecto, del siguiente modo:

«Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2012.»

JUSTIFICACIÓN

Una Ley de tanta complejidad como esta Ley de reforma exige un mínimo periodo de vacatio, para que los operadores jurídicos y económicos puedan estudiar adecuadamente las muchas innovaciones que contiene. Además, se considera preferible fijar una fecha fija para la entrada en vigor.

ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone introducir una nueva disposición final al Proyecto, con la siguiente redacción:




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«Disposición final.

Se habilita al Gobierno para que, en el plazo de doce meses, proceda a aprobar el Texto Refundido de la Ley Concursal, con la sistemática que considere oportuna, con las aclaraciones y armonizaciones que considere necesarias.»

JUSTIFICACIÓN

A la vista del alcance de la reforma de la Ley ahora en proyecto y de las recientes modificaciones que ha experimentado por medio del Real Decreto-ley 3/2009 y la Ley 13/2009, es conveniente incluir una nueva disposición final, como la propuesta, que contenga un mandato al Gobierno de refundición, en su más amplio sentido, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, y sus sucesivas reformas, a fin de que la norma capital del Derecho concursal sea un texto unívoco y claro en su interpretación y aplicación, con el consiguiente refuerzo de la seguridad jurídica para los operadores jurídicos implicados y los ciudadanos. De este modo, además, se podrían corregir los muchos defectos de sistemática —tantas veces denunciados— de la Ley Concursal.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 7 enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Senado, 7 de septiembre de 2011.—La Portavoz, María del Carmen Silva Rego.

ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar la rúbrica del apartado doce del artículo único del Proyecto que pasará a tener el siguiente texto:

«Doce. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 18 que queda redactado de la siguiente forma:»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. El actual artículo 18 sólo tiene dos apartados, por lo que procede la modificación de la rúbrica en el sentido propuesto.

ENMIENDA NÚM. 73

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecisiete.

ENMIENDA

De modificación.




Página 261


Se propone modificar el apartado diecisiete del Proyecto modificando apartado segundo del artículo 24 que pasará a tener el siguiente texto:

«Diecisiete. Artículo 24. Publicidad registral.

(….)

2. Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, serán objeto de inscripción en la hoja abierta a la entidad, preferentemente por medios telemáticos, los autos y sentencias de declaración y reapertura del concurso voluntario o necesario, de apertura de la fase de convenio, de aprobación de convenio, la apertura de la fase de liquidación, la aprobación del plan de liquidación, la conclusión del concurso y la resolución de la impugnación del auto de conclusión, la formación de la pieza de calificación y la sentencia de calificación del concurso como culpable, así como cuantas resoluciones dictadas en materia de intervención o suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado sobre los bienes y derechos que integran la masa activa. Cuando no constase hoja abierta a la entidad, se practicará previamente la inscripción en el Registro.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 74

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado veinte del artículo único del Proyecto por el que se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 28 que pasará a tener el siguiente texto:

«Veinte. Los apartados 2, 4, 5 y 6 del artículo 28 pasan a tener la siguiente redacción:

2. En el caso de que existan suficientes personas disponibles en el listado correspondiente, no podrán se nombrados administradores concursales los abogados, auditores, economistas o titulados mercantiles que hubieran sido designados para dicho cargo por el mismo juzgado en tres concursos dentro de los dos años anteriores. A estos efectos, los nombramientos efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al mismo grupo se computarán como uno solo. Esta limitación no se aplicará en el caso de las personas jurídicas recogidas en el incido final del artículo 27.1.

Tampoco podrán ser nombrados administradores concursales, ni designado por la persona jurídica cuando se haya nombrado a ésta como administrador concursal, quienes hubieran sido separados de este cargo dentro de los dos años anteriores, ni quienes se encuentren inhabilitados, conforme al artículo 181, por sentencia firma de desaprobación de cuentas en concurso anterior.

4. Se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de los fondos de garantía de depósitos, del Consorcio de Compensación de Seguros y de cualesquiera Administraciones Públicas acreedoras, las normas contenidas en este artículo, con excepción de las prohibiciones por razón de cargo y de las establecidas en el artículo 93.2.2.º.

5. Salvo para las personas jurídicas recogidas en el inciso final del artículo 27.1 no podrán ser nombrados administradores concursales de un mismo concurso quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 93.




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Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia.

6. No podrá ser nombrado administrador concursal quien, como experto independiente, hubiera emitido el informe a que se refiere el número 2 del apartado 6 del artículo 71 de esta Ley en relación con un acuerdo de refinanciación que hubiera alcanzado el deudor antes de su declaración de concurso.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 28.4 viene a sustituir al antiguo apartado 5 del artículo 28, que extendía a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de los fondos de garantía de depósitos, del Consorcio de Compensación de Seguros y cualesquiera Administraciones Públicas acreedoras las normas contenidas en el citado artículo 28 con excepción de las prohibiciones por razón del cargo y de las establecidas en el artículo 93.2.2.º La mención a las Administraciones Públicas acreedoras debe mantenerse, ya que aunque se ha pasado de una administración trimembre a un modelo de un único administrador concursal, en los concursos de especial trascendencia las Administraciones Públicas acreedoras pueden ser nombradas administradores concursales.

En el apartado 6 se actualiza la remisión al cambiar la ubicación de los acuerdos de refinanciación.

Se mantiene la redacción del apartado 3, que con la redacción dada por el Congreso al artículo había desaparecido.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiséis.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado cincuenta y seis del artículo único del Proyecto que pasará a tener la siguiente redacción:

«Cincuenta y seis. Se modifica la rúbrica de la sección 1.ª del capítulo III del título IV:

Sección 1.ª De la composición de la masa pasiva.»

JUSTIFICACIÓN

Corrección de errores.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y seis.

ENMIENDA

De modificación.




Página 263


Se propone modificar el apartado cincuenta y seis del artículo único del Proyecto que pasará a tener la siguiente redacción:

«Cincuenta y seis. Se modifica la rúbrica de la sección 1.ª del capítulo III del título IV:

Sección 1.ª De la composición de la masa pasiva.»

JUSTIFICACIÓN

Corrección de errores.

ENMIENDA NÚM. 77

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el apartado ciento nueve del artículo único del Proyecto de ley por el que se modifican los apartados 4, 5 y 6 del artículo 197, que pasarán a tener la siguiente redacción:

«4. Contra los autos resolutorios de recursos de reposición y contra las sentencias dictadas en incidentes concursales promovidos en la fase común o en la de convenio no cabrá recurso alguno, pero las partes podrán reproducir la cuestión en la apelación más próxima siempre que hubieren formulado protesta en el plazo de cinco días. A estos efectos, se considerará apelación más próxima la que corresponda frente a la resolución de apertura de la fase de convenio, la que acuerde la apertura de la fase de liquidación y la que apruebe la propuesta anticipada de convenio. Se exceptúan las sentencias dictadas en los incidentes a que se refiere el artículo 72.4 y el artículo 80.2, que serán apelables directamente. Este recurso de apelación tendrá carácter preferente.

5. Contra las sentencias que aprueben el convenio, o las que resuelvan incidentes concursales planteados con posterioridad o durante la fase de liquidación cabrá recurso de apelación que se tramitará con carácter preferente.

6. El juez del concurso, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar motivadamente al admitir el recurso de apelación la suspensión de aquellas actuaciones que puedan verse afectadas por su resolución. Su decisión podrá ser revisada por la Audiencia Provincial a solicitud de parte formulada mediante escrito presentado ante aquella en los cinco días siguientes a la notificación de la decisión del juez del concurso, en cuyo caso esta cuestión habrá de ser resuelta con carácter previo al examen del fondo del recurso y dentro de los diez días siguientes a la recepción de los autos por el tribunal, sin que contra el auto que se dicte pueda interponerse recurso alguno.

Si se hubiera solicitado la suspensión del convenio al recurrir, el juez podrá acordarla con carácter parcial».

JUSTIFICACIÓN

Se ajusta la remisión del apartado 4 al apartado 4 del artículo 72, ya que dicho artículo ha sido modificado en el Proyecto.

Se elimina del apartado 5 el segundo párrafo, ya que esta duplicado en el apartado 6, donde se mantiene.




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ENMIENDA NÚM. 78

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

La referencia al apartado 7 de la disposición adicional tercera de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de entenderse hecha al apartado 7 de la disposición final tercera de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, la rúbrica del artículo ciento seis pasa a tener la siguiente redacción:

«Ciento dieciséis. Se modifica el apartado 7 de la disposición final tercera, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 61 enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Senado, 7 de septiembre de 2011.—El Portavoz, Ramón Aleu i Jornet.

ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo IX.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el párrafo sexto del apartado IX del Preámbulo.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del artículo 164 de la Ley 58/2003 General Tributaria y de la 3771992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (puntos ciento uno y ciento dos del artículo único del Proyecto de Ley) solo es justificada en el Proyecto de Ley para coordinar la actuación de la Administración Tributaria en caso de concurso, pero su objetivo es que en la enajenación de bienes inmuebles realizada como consecuencia de la fase de liquidación del concurso el IVA de la operación sea liquidado por el adquirente aplicando el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, para evitar de esa forma que el importe que percibiría la concursada en concepto de IVA se destine a pagar los créditos de la masa preexistentes.

Ello supone un derecho preferente a la Agencia Tributaria en perjuicio del resto de los acreedores, en la liquidación de los créditos contra la masa.

Hay que considerar que también que el punto setenta y siete del artículo único del Proyecto de Ley da el siguiente redactado al artículo 154. Pago de créditos contra la masa: «Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.




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Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial.»

En este sentido, una operación de liquidación de venta de activos, no puede en ningún caso considerarse como un crédito con privilegio especial. Así, el modificado artículo 154 entraría en contradicción con la pretendida inversión del sujeto pasivo en la liquidación del IVA devengado en la enajenación de bienes inmuebles durante la fase de liquidación.

Asimismo este nuevo privilegio especial entra en contradicción con lo dispuesto en los también modificados artículos 84.2 y 84.3 (punto cuarenta y seis del Proyecto de Ley), lo que aporta más inseguridad jurídica en pago del los créditos contra la masa.

ENMIENDA NÚM. 80

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado uno. De modificación.

Se modifica el apartado 4 del Artículo 5 bis, al que se le da el siguiente redactado:

«4. Transcurridos tres meses de la comunicación al juzgado, el deudor haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, mediación o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que no se encontrara en estado de insolvencia.»

JUSTIFICACIÓN

Se introduce como vía alternativa de índole paraconcursal, con el objetivo de descargar a los Juzgados de lo Mercantil de un número excesivo de concursos y aplicar especialmente esta resolución alternativa de conflictos a los concursos de pequeña dimensión de empresas y en los concursos de personas físicas. Se propone incluir esta solución en el artículo 5 bis, que se desarrollaría con más detalle en el Proyecto de Ley de Mediación que paralelamente se está también tramitando en el Congreso.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado uno. De modificación.

Se modifica el apartado 3 del Artículo 5 bis, al que se le da el siguiente redactado:




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«3. El Juez competente proveerá la admisión del acuerdo de refinanciación o propuesta anticipada de convenio y nombrará a un profesional de los establecidos en el artículo 27.1 para que en todo momento tutele todo el procedimiento, deje constancia e informe de toda la vida del acuerdo de refinanciación o propuesta anticipada de convenio, pudiendo emitir opinión en cualquier momento del mismo, especialmente en aquellos casos en que pueda estar produciéndose un perjuicio en interés del concurso. En este caso, el Juez podrá dar por terminado el periodo del convenio anticipado y dictar auto de concurso de acuerdo con la regulación del mismo.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario potenciar la solución paraconcursal que ofrecen los Convenios anticipados. Determinados casos recientes han demostrado que el instituto del Convenio anticipado puede ser utilizado con intenciones contrarias al propio interés general del concurso. Por ello convendría reforzar el control del Juez de este instituto paraconcursal, así como la participación en el mismo de los profesionales de la administración concursal del artículo 27.1.

ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Uno.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado Uno. De adición.

Se añade un nuevo párrafo al artículo 5 bis de la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«La empresa deberá acreditar que ha informado a los representantes de los trabajadores del inicio de las negociaciones para obtener un acuerdo de refinanciación o una aprobación anticipada de convenio, y que ha iniciado el deber de consulta con dichos representantes sobre la adopción de medidas preventivas en caso de riesgo para el empleo, de conformidad con el artículo 64.5 del Estatuto de los Trabajadores.»

JUSTIFICACIÓN

Estamos ante una medida preventiva ante una situación de riesgos para el empleo, lo que obliga a dar cumplimiento al art. 64 del ET, que impone el deber de información y consulta, lo que no es sino mandato establecido de la Directiva 2002/14/CE, de 11 de marzo. Es preciso lograr la adecuada coordinación de los dos bloques normativos y eliminar el riesgo de prácticas ilegales que puedan viciar la propia consecución de los acuerdos de refinanciación o la aprobación anticipada del convenio.

En ese acuerdo se incluye un plan de viabilidad, de conformidad con el art. 71.6, que va a predeterminar las medidas extintivas o modificativas de los contratos de trabajo, y es preciso asegurar que las consultas se realizan en un período idóneo, antes de haberse predeterminado la posición empresarial de conformidad con la doctrina del TJUE.




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ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Nueve.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nueve. De modificación.

Se modifica el articulo 14 de la ley 22/2003, que queda redactado como sigue:

«Artículo 14. Provisión sobre la solicitud del deudor.

1. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por el deudor y los documentos que la acompañan fueran los exigidos por la Ley, el Juez dictará auto declarando el concurso.

2. Contra el auto desestimatorio de la solicitud de concurso sólo cabrá recurso de reposición.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el «problema del tiempo» es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado. En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios —los declarados a solicitud de acreedor legítimo— son escasos en número.

Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores. Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un «estímulo negativo» muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.

La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4), no sólo porque la exhaustividad del elenco —que carece de precedentes en el Derecho español— limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art.20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.




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ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diez.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado diez. De modificación.

Se modifica el redatado del artículo 15 de la ley 22/2003, que queda redactado como sigue:

«Artículo 15. Provisión sobre la solicitud de otro legitimado y acumulación de solicitudes

1. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por un acreedor que fuera titular de crédito vencido y exigible, al menos seis meses antes de la presentación de la solicitud, el Juez dictará auto declarando el concurso si el solicitante acredita, además, la concurrencia de alguno de los siguientes hechos:

1.º El impago de obligaciones tributarias o de cuotas de la Seguridad Social.

2.º El impago de los salarios correspondientes a dos mensualidades.

3.º El embargo infructuoso de bienes en procedimiento de ejecución forzosa en el que se hubiera requerido de oficio al ejecutado para que manifieste bienes y se hubiera investigado judicialmente el patrimonio de éste.

2. Cuando la solicitud hubiera sido presentada por un acreedor que no reúna las condiciones o que no acredite los hechos establecidos en el apartado anterior o por cualquier otro legitimado distinto del deudor, el Juez dictará auto admitiéndola a trámite y ordenando el emplazamiento del deudor, con traslado de la solicitud, para que comparezca en la Secretaría del Juzgado en el plazo de tres días, dentro del cual se le pondrá de manifiesto los autos, y oficiará a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, que remitirá por medios telemáticos, a fin de que informen de si existen obligaciones o cuotas pendientes de pago por el deudor.

3. Dentro de los tres días siguientes al de la comparecencia, el deudor podrá allanarse a la solicitud o formular oposición, manifestando no estar en estado de insolvencia actual y proponiendo los medios de prueba de que intente valerse para acreditar la realidad de esa manifestación.

4. Admitida a trámite la solicitud, las que se presenten con posterioridad, se acumularán a la primeramente repartida y se unirán a los autos, teniendo por comparecidos a los nuevos solicitantes sin retrotraer las actuaciones.»

[…] El apartado tercero de este artículo, en la redacción del Proyecto, pasará a ser apartado quinto.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el «problema del tiempo» es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado. En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios —los declarados a solicitud de acreedor legítimo— son escasos en número.

Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores. Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un «estímulo negativo» muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.




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La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4), no sólo porque la exhaustividad del elenco —que carece de precedentes en el Derecho español— limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art.20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.

ENMIENDA NÚM. 85

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Catorce.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado catorce. De adición.

Se modifica el redactado del apartado catorce añadiéndole la modificación del apartado 1.3 del artículo 21 que queda redactado como sigue:

«Once: el número 1.º y 3.º del apartado 1 y el apartado 4 del art. 21 pasan a tener la siguiente redacción

1..1.º (...)

1.3.º Si entre la presentación de la solicitud y la declaración de concurso voluntario hubiera transcurrido más de un mes, el requerimiento al deudor para que, en el plazo de diez días a contar desde la notificación del auto, presente, convenientemente actualizados, el inventario de bienes y derechos y la relación de acreedores; y, en el caso de que la solicitud hubiera sido presentada por persona distinta del deudor, el requerimiento al deudor para que, dentro de ese mismo plazo, presente esos documentos y, si formase parte de un grupo, una memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras sociedades del mismo grupo durante ese mismo período.»

4. (....)

JUSTIFICACIÓN

Se propone modificar la redacción del número relativo al pronunciamiento tercero del auto de declaración de concurso a fin de incluir el supuesto —muy frecuente en la práctica— de que entre la solicitud de concurso voluntario y la declaración de concurso transcurra más de un mes. De otro lado, como la administración concursal, al posesionarse del cargo, accederá a las cuentas anuales y a los estados financieros intermedios, si se hubieran confeccionado, lo esencial es que el deudor facilite los dos documentos básicos de todo concurso: el inventario de la masa activa y la relación de acreedores.




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ENMIENDA NÚM. 86

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Catorce.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado catorce. De adición.

Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 21, apartado 5 de la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«El Secretario judicial notificará el auto a la representación legal de los trabajadores, aunque no hubiera comparecido en el procedimiento, de la misma forma, tomando en consideración los datos que le hubiera facilitado el concursado, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Aunque los representantes de los trabajadores no se hubieran personado, deben de recibir la notificación del auto de declaración del concurso, lo que además de posibilitar el ejercicio de la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, facilita la intervención de los trabajadores que pudieran ser acreedores.

ENMIENDA NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Catorce.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado catorce. De adición.

Se modifica el redactado del apartado catorce añadiéndole la modificación del apartado 1.2 del artículo 21 que queda redactado como sigue:

Los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio, así como el nombramiento y las facultades de los administradores concursales

«Salvo que exprese hora determinada, el auto de declaración del concurso de acreedores se entenderá pronunciado a las cero horas del día de la fecha.»

JUSTIFICACIÓN

Como quiera que el auto es inmediatamente ejecutivo (art. 21.2), el deudor puede quedar inmediatamente inhabilitado (art. 40.2), es decir, privado de la facultad de administración y disposición sobre el patrimonio concursal (art. 40.3 y 4). Por consiguiente, los actos que realice ese mismo día —antes de que se le notifique esa resolución— son anulables (art. 40.7). Se plantea entonces el problema de si la resolución judicial de declaración de concurso ha sido anterior o posterior a dicho acto. De ahí la necesidad de una norma que solucione la cuestión. De otra parte, el mismo tema se plantea en relación




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con los actos rescindibles (arts. 71 a 73). La Insolvenzordnung alemana de 5 de octubre de 1994 contiene una norma semejante a la ahora propuesta.

ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado dieciseis. De modificación:

Se modifica el redactado del párrafo 2 del apartado 1 del artículo 23 que queda redactado como sigue:

«El extracto de la declaración de concurso se publicará, con la mayor urgencia y de forma gratuita, en el “Boletín Oficial del Estado”, y contendrá únicamente los datos indispensables para la identificación del concursado, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el objeto social, actividad según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE correspondiente, el juzgado competente, el número de autos, la fecha del auto de declaración de concurso, el plazo establecido para la comunicación de los créditos, la identidad de los administradores concursales, el domicilio postal y la dirección electrónica señalados para que los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de créditos de conformidad con el artículo 85, el régimen de suspensión o intervención de facultades del concursado y la dirección electrónica del Registro Público Concursal donde se publicarán las resoluciones que traigan causa del concurso.»

JUSTIFICACIÓN

Supondría una mejora en la información que se publica para conocer los sectores más afectados. Facilitaría la elaboración de estudios estadísticos y económicos, que pueden servir de análisis económico y de termómetro de la coyuntura económica por sectores económicos, lo que contribuiría a un mejor conocimiento de la realidad concursal, que beneficiaría a todos los participantes, afectados y terceros.

ENMIENDA NÚM. 89

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado dieciocho. De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 2 del artículo 25 de la ley 22/2003, que queda redactado como sigue:

«2. El acreedor podrá solicitar la declaración judicial conjunta de concurso de varios de sus deudores, cuando cumplidos en cada uno de ellos los presupuestos subjetivos y objetivos a que se refieren los




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artículos 1 y 2 de esta ley, exista entre ellos confusión de patrimonios o formen parte del mismo grupo de sociedades.»

JUSTIFICACIÓN

Por una parte, el acreedor solicitante debería cuidar explícitamente que se den los presupuestos subjetivos y objetivos de sus deudores, y por otra, el precepto debe ser congruente con el artículo 3. «Legitimación», en su apartado 5, por lo que no es necesario en el caso de personas físicas deudoras, que sean cónyuges o parejas de hecho inscritas para que se pueda solicitar la declaración conjunta de concurso de las mismas, pues parece que la relación íntima o afectiva entre los deudores personas físicas debería ser ajena a los presupuestos concursales.

ENMIENDA NÚM. 90

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado diecinueve. De modificación.

Se modifica el artículo 27.1.1.º de la ley 22/2003, que queda redactado como sigue:

«1.º Un abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la abogacía, que hubiera acreditado formación especializada en Derecho concursal.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 27.1.1.º del Proyecto establece sin más que la Administración concursal estará integrada por un abogado en ejercicio, entre otros. Se considera necesario —más aún, imprescindible— que se indique un número mínimo de años de experiencia profesional y que los interesados cuentan con la formación adecuada en esta específica materia. Esta sugerencia está en consonancia, además, con lo previsto más adelante en la reforma proyectada, cuyo artículo 27.3 contiene una referencia —ciertamente, genérica— a la experiencia y a la formación para la inclusión en las listas.

El Proyecto pretende, entre otras finalidades, la de profesionalizar esta función. Se considera necesario, en línea con esa explicitada finalidad de la reforma (que, sin embargo, luego no encuentra reflejo ni refrendo en el articulado proyectado), que se requiera una formación específica en Derecho concursal para todos aquellos abogados que quieran ejercer como Administradores concursales. Para garantizar un buen servicio deberá ser necesaria la acreditación de esa experiencia y la formación específica en esta materia, bien mediante la realización de cursos de postgrado especializados, suficientemente serios, bien mediante experiencia docente universitaria, bien mediante, el correcto desempeño previo de la propia función. A este respecto, por consiguiente, se considera insuficiente la previsión comentada del artículo 27.1, que, además, no se encuentra en consonancia con el resto del precepto, en el que esa experiencia en materia concursal puede ser incluida, a petición de los interesados en las listas que obran en los juzgados (27.3, segundo párrafo), así como ser tenida en cuenta por el Juez para proceder al nombramiento de los Administradores (artículo 27.4).

En esta misma línea de observaciones, se llama la atención sobre el hecho de que, por la posible combinación de algunas de las reformas proyectadas, un abogado con escaso bagaje concursal, pueda acceder a la administración de un concurso ordinario. Así, el artículo 27.4 establece la regla general para el nombramiento de los Administradores, que completa con dos reglas especiales, según las cuales el




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Juez del concurso podrá (regla 1ª) o deberá (2ª) designar a personas con una experiencia o formación suficientes a su juicio para el buen fin del concurso. Sin embargo, en esta segunda regla se limita la designación de administradores con experiencia previa a los concursos ordinarios, si bien ello se exceptúa en aquellos casos en los que «el Juez considere idónea la formación y experiencia de aquéllos [los administradores] en atención a la complejidad del concurso».

A la vista de lo expuesto, puede deducirse, primero, que la experiencia y la formación de los incluidos en las listas es capital, por lo que se entiende que deben contar con experiencia profesional previa, en los términos señalados (reforma del artículo 27.1); segundo, que la determinación de esas cuestiones en las listas no debería ser potestativa sino obligatoria (artículo 27.3). Como se ha expuesto, las anteriores reglas se predican en el Proyecto respecto de los concursos ordinarios, sin que merezcan una mención específica los abreviados. De ello no puede más que seguirse que para esta segunda tipología de concursos no es precisa, en la configuración del anteproyecto, experiencia previa alguna, ni siquiera formación específica en la materia. Esta posibilidad es abiertamente criticable. Se entiende que cualquier previsión en esta materia ha de ponerse en conexión con las especialidades de la materia concursal, que permiten demandar una formación específica, con compromiso de continuidad en ella. Asimismo, es de suma importancia, para la mejor formación de la decisión del Juez en determinados casos, que la experiencia concursal, de existir, también se refleje en los listados, eliminando de este modo posibles retrasos en la configuración de la Administración concursal. La complejidad inherente al concurso, incluido el llamado abreviado, permite considerar que en su recta administración concurre un especial interés, tanto de los sujetos implicados, como el general concretado en la garantía de una buena Administración de Justicia (concepto que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas integra en el de razones imperiosas de interés general —Directiva 2006/123, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior—, que representan un límite a la libertad general de prestación de servicios — incluidos los jurídicos— en la Unión Europea). Esta garantía representa precisamente la posibilidad de establecer limitaciones a la libre prestación de servicios, por existir razones que lo justifican.

De acuerdo con lo expuesto, se entiende que existen razones suficientes para exigir a los letrados que pretendan integrarse en las listas de administradores una experiencia profesional previa y una formación específica en la materia concursal, además del compromiso de formación continuada tradicional en la materia.

ENMIENDA NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Artículo único, apartado diecinueve. De supresión.

Se suprime el segundo párrafo del artículo 27.1.2.º, en la redacción daado por el proyecto de ley. que empieza por

Los dos primeros supuestos...... (hasta) administración concursal

JUSTIFICACIÓN

El segundo párrafo del vigente artículo 27.1 de la Ley 22/2003 establece que «cuando el acreedor designado administrador concursal sea una persona jurídica, designará, conforme al procedimiento previsto en el apartado 3 de este artículo, un profesional que reúna las condiciones previstas en el párrafo 2




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anterior, el cual estará sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones que los demás miembros de la administración concursal».

Esta previsión se modifica en el Proyecto en los siguientes términos:

«Los dos primeros supuestos [administradores letrado y especialista en materias económicas, respectivamente] se entenderán también cumplidos si se trata de personas jurídicas que integren a ambos tipos de profesionales y garanticen la debida independencia y exclusividad en el desarrollo de las funciones de administración concursal».

La reforma proyectada supone una contravención del régimen propio de la Administración concursal actualmente diseñado en la Ley 22/2003 y del específico de determinados servicios profesionales.

Así, por lo que se refiere al primer extremo, ha de destacarse que la Administración concursal, junto al Juez, es el único órgano necesario del concurso, pudiendo revestir una composición plural o unipersonal. En el primero de los casos, el régimen de actuación se establece en el artículo 35 de la Ley Concursal que prevé que «cuando la administración concursal esté integrada por tres miembros, las funciones de este órgano concursal se ejercerán de forma colegiada», adoptándose las decisiones por mayoría y, de no alcanzarse ésta, resolverá el juez (apartado segundo).

A lo que se añade que «si por cualquier circunstancia sólo estuvieran en el ejercicio del cargo dos de los tres miembros de la administración concursal, y mientras se mantenga esta situación, la actuación de los administradores concursales habrá de ser mancomunada, salvo para el ejercicio de aquellas competencias que el juez les atribuya individualizadamente», resolviendo el Juez en caso de disconformidad (apartado tercero). Este supuesto de la composición de la Administración concursal por dos personas puede producirse por cualquier circunstancia que aparte a un administrador del cargo o por el hecho de no aceptar el cargo uno de los sujetos identificados por el propio artículo 27.

Por otra parte, añade el artículo 35.5 de la Ley Concursal que «las resoluciones judiciales que se dicten para resolver las cuestiones a que se refiere este artículo revestirán la forma de auto, contra el que no cabrá recurso alguno. Tampoco podrá plantearse incidente concursal sobre la materia resuelta». Es decir, que la intervención judicial es dirimente de los conflictos que puedan surgir en el seno de la Administración concursal. Ello presupone que la colegialidad se configura como un principio estructural esencial de la Administración concursal formada por más de un miembro, con lo que la adopción de decisiones está sometida al principio de la mayoría. En el ejercicio de su función, cada administrador es autónomo, sin más posibilidad dirimente que la del Juez y más regla de actuación que la de mayoría o, en casos específicos, la de mancomunidad.

En abierta contradicción con estas previsiones y con la práctica generada en el foro se encuentra la novedosa previsión que se propone suprimir, en la que la Administración concursal podrá encomendarse en sus dos terceras partes a una sola persona jurídica en la que se encuentren integrados el administrador letrado y el especialista en materias económicas, si se garantiza la debida independencia y dedicación en el desarrollo de las funciones de administración concursal. Aparte de su absolutamente superflua la referencia a la «dedicación», la introducción como único límite a una Administración concursal así diseñada consiste en el Proyecto en la garantía de la «debida independencia» de esos dos administradores. El Proyecto, sin embargo, no perfila quién ha de garantizar esa independencia, que en el actual sistema es inherente a la propia configuración de la Administración concursal. Antes bien, el Proyecto parte de la presunción de que esa independencia puede no existir, de ahí que sea preciso instrumentar garantías que la aseguren, las cuales no se prevén en el Proyecto. Una regla como la ahora comentada socava el régimen de funcionamiento autónomo de la Administración concursal e introduce una inaceptable distorsión en su configuración, además de no adecuarse al régimen legal de ciertas actividades profesionales.

Una vez que el legislador optó por implantar un modelo de sociedades profesionales (Ley 2/2007), la posibilidad de que exista una sociedad profesional dedicada a la actividad de la abogacía y que, en cuanto tal, integre no sólo a abogados sino también a otros profesionales sólo puede producirse en aquellos casos en los que no exista incompatibilidad declarada por ley. Así se pronuncia, en términos que no admiten otra interpretación, el artículo 3 («sociedades multidisciplinares») de la Ley 2/2007, según el cual «las sociedades profesionales podrán ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado incompatible por norma de rango legal».

El desempeño de la actividad de la abogacía es incompatible, por declaración expresa del legislador, con la procura (Ley de Enjuiciamiento Civil) y con la auditoría de cuentas (Ley 19/1988). Centrada la




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cuestión en ese segundo extremo, la Ley de Auditoría de Cuentas (en la redacción dada por la Ley 12/2010) prevé en su artículo 8.3.g) la incompatibilidad de la prestación simultánea por los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría de servicios de auditoría de cuentas y de servicios de abogacía. Esa incompatibilidad admite en la reformada Ley de Auditoría de Cuentas la excepción consistente en que los servicios de abogacía se presten por «personas jurídicas diferentes y con consejos de administración diferentes, y sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, medida en términos de importancia relativa, en los estados financieros correspondientes al período o ejercicio auditado».

Esta causa de incompatibilidad, así delimitada, implica que la prestación simultánea de esos servicios de auditoría y de abogacía sólo es posible si se lleva a cabo por personas jurídicas diferentes, lo que no acontece en la proyectada reforma del artículo 27.1, párrafo segundo, de la Ley Concursal. A lo anterior no puede oponerse el argumento consistente en que en el ámbito concursal no hay propiamente actividad de auditoría, pues son varios los preceptos que encargan al llamado segundo administrador la valoración de los estados financieros de las empresas en concurso. Y es que, de seguirse adelante con la reforma proyectada, resultaría que una misma empresa «administrador concursal» valoraría esos estados financieros y asesoraría jurídicamente en el concurso, cuando esa posibilidad ha sido excluida a radice por el legislador. Marcada la incompatibilidad de actividades por el legislador, no es admisible que, como pretende el Proyecto, se permita su inobservancia en la Ley Concursal a voluntad de esas empresas, con la mera previsión de que se garantizará que las funciones jurídicas y económicas cuentan con la debida independencia y dedicación en su desarrollo.

Por todo ello, se considera que la reforma proyectada no puede ser admitida y debe mantenerse en sus términos actuales la Ley 22/2003.

ENMIENDA NÚM. 92

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecinueve.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado diecinueve. De adición.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 27, de la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«En caso de que las deudas con los trabajadores sean superiores al 50 por ciento de los créditos ordinarios reconocidos por el deudor, el juez nombrará como administrador acreedor a la representación legal de los trabajadores si la hubiere, que deberá designar un profesional que reúna la condición de auditor de cuentas, economista, titulado mercantil o abogado, quedando sometido al mismo régimen de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, remuneración y responsabilidad que los demás miembros de la administración concursal. A efectos de llevar a cabo la designación, se seguirán los mismos criterios que los establecidos en el artículo 64 de esta ley para obtener el acuerdo en el período de consultas. Si los créditos de los trabajadores hubieran sido satisfechos por el Fondo de Garantía Salarial en la cuantía anteriormente expresada, dicha designación corresponderá al citado organismo.»

JUSTIFICACIÓN

Dado que los trabajadores son interesados principales en la continuidad de la empresa, se considera conveniente la introducción en dicho artículo de una fórmula que facilite, en mayor medida, la participación de sus representantes en la designación de los administradores concursales cuando se trata de un concurso ordinario y por ende, reservado a las grandes empresas. En todo caso, ello esta particularmente justificado cuando las deudas con la plantilla exceden determinado montante frente a los créditos




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ordinarios, en cuyo caso desplazan al nombramiento de un acreedor. Además, se eliminan los problemas que pudieran generarse cuando no existe representación de los trabajadores, ya que otras fórmulas o no son operativas, o pueden entrañan notables retrasos en la designación del Administración y con ello, en la dinámica del proceso concursal.

ENMIENDA NÚM. 93

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinte.

ENMIENDA

De supresión.

Artículo único, apartado Veinte. De supresión.

Se suprime el apartado Veinte del artículo único con el objetico de mantener el actual redactado de artículo 28.4 de la ley 22/2003.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 28.4 de la Ley Concursal prevé que «no podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 93. Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia».

Esta regla que se inserta en el marco del régimen jurídico de la Administración concursal como garantía de la autonomía y la verdadera colegialidad del órgano, se modifica en el Proyecto para, en línea con el nuevo párrafo segundo del artículo 27.1 (Enmienda n.º 8), establecer que «salvo para las personas jurídicas recogidas en el inciso final del apartado 1 del artículo 27, no podrán ser nombrados administradores concursales en un mismo concurso quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar la vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 93. Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia».

El Proyecto, por consiguiente, excepciona de la garantía de las incompatibilidades y prohibiciones el caso de las personas jurídicas administradores concursales, de la que pueden provenir, según el Proyecto, los administradores primero y segundo. El efecto práctico de esa previsión no será otro que el de la quiebra de este régimen de salvaguardia del artículo 28 de la Ley Concursal, pues bajo el paraguas de su integración en una persona jurídica podrán formar parte de la Administración concursal personas física vinculadas personal o profesionalmente, con los consiguientes efectos perniciosos en el normal desarrollo de la Administración concursal. Esta medida no supone un avance de la legislación concursal, sino la voladura de uno de sus principios esenciales. Por ello se postula el mantenimiento del vigente régimen jurídico en la materia.

ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiuno.




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ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado Veintiuno. De modificación.

Se modifica el apartado 1 del artículo 29, el la redacción dada por el Proyecto de ley, quedando redactada como sigue:

«1. El nombramiento de administrador concursal será comunicado al designado por el medio más rápido. Dentro de los 15 días (…)»

JUSTIFICACIÓN

En la reforma se establece la posibilidad de que el nombramiento del administrador se haga por el medio más rápido. Seguidamente se indica que dispondrá de cinco días para acreditar que cumple con el requisito de tener suscrito una póliza de seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente para responder de los posibles daños en el ejercicio de sus funciones.

En relación con esta previsión, se entiende que el plazo de cinco días para acreditar este requisito de suscripción de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente proporcional parece excesivamente corto debiéndose ampliar a los quince días, pues no es ese trámite el que hará minimizar los retrasos en estos procedimientos.

ENMIENDA NÚM. 95

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado Veintiuno. De modificación.

Se modifica el apartado 4 del artículo 29, el la redacción dada por el Proyecto de ley, quedando redactada como sigue:

«4. Al aceptar el cargo, los administradores concursales deberán facilitar al Juzgado las direcciones postal y electrónica, a efectos de notificaciones. La comunicación de créditos de los acreedores se realizará a la dirección electrónica del administrador concursal único o, en caso de administración concursal de composición plural, a la del administrador concursal auditor o economista.»

JUSTIFICACIÓN

Se estima acertado que se pueda utilizar el medio más rápido para la comunicación del nombramiento. Por el contrario, no parece aconsejable que se deje sin especificar el medio, por cuanto que a partir de ese momento comienza el plazo de tiempo del que se dispone para acreditar un requisito imprescindible para aceptar el cargo.

Un aspecto que ofrece cierta oscuridad en el texto del Proyecto de Ley es el término «dirección electrónica», que es utilizado hasta en siete ocasiones, de un modo un tanto ambiguo y sin precisar su concepto adecuado. En aras de proporcionar garantías y seguridad jurídica a las comunicaciones electrónicas, como medio o instrumento que agiliza la tramitación del concurso, el legislador debe concretar a qué se refiere con el término «dirección electrónica», si se trata de una mera dirección de correo electrónico (lo que sería deseable en las primeras referencias que aparecen en el Proyecto, reforma de




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los artículos 6, 21, 23 y 85) o si por el contrario se trata de un espacio web, con dirección URL y al que se accedería mediante una contraseña proporcionada por los órganos concursales (parece el caso de la reforma introducida en el artículo 95 de la Ley Concursal).

Dada la relevancia práctica de dicho medio de comunicación procedimental y ante el riesgo de que la reforma devenga inaplicable en la práctica en este aspecto, se hace necesario realizar dichas precisiones en el texto del Proyecto.

A su vez, conjuntamente con lo anterior, el legislador debería fijar algún tipo de garantía o estándar de seguridad para las comunicaciones electrónicas, pudiendo tomarse como ejemplo la firma electrónica en el caso de los correos electrónicos.

La previsión novedosa consistente en que se comunique la dirección de correo electrónico de la Administración concursal merece un juicio favorable. En particular, es el nuevo artículo 29.4 el que prevé que, «al aceptar el cargo, el administrador concursal único o el segundo de los administradores, en caso de órgano trimembre, deberán facilitar al juzgado las direcciones postal y electrónica a las que efectuar la comunicación de créditos, así como cualquier otra notificación». Puesta esta regla en conexión con las relativas a la función de los Administradores concursales, se observa que en el caso de que se nombre a un administrador concursal único, en el plazo de un mes previsto en el artículo 21.1, párrafo quinto, en relación con el artículo 85.1, deberán efectuarse las comunicaciones de los créditos por los acreedores. La previsión —nuevo artículo 85.2— de que la comunicación de créditos a la Administración concursal pueda verificarse por medios electrónicos sin duda contribuirá a la celeridad de la formación de la lista de acreedores. A este respecto, el tema más importante que se suscita es el del acierto o desacierto de que la dirección electrónica a la que efectuar la comunicación de créditos sea la del primero que acepte, cuando, en la práctica —como es de todos conocido—, es el Administrador concursal auditor o economista el que se ocupa de la revisión de los créditos comunicados por los acreedores, y no el Administrador concursal letrado. En este sentido, sería altamente perturbador que, por el hecho de haber aceptado el primero, fuera el Administrador concursal letrado el que facilitara la dirección electrónica propia, a la que los acreedores efectuarán la comunicación de los créditos, para tener que reenviar dichas comunicaciones al Administrador concursal que, de hecho, se ocupa de esta materia. Una cosa es que el Juzgado deba conocer la dirección electrónica de todos y otra muy distinta que sea a la dirección electrónica del Administrador concursal letrado a la que se efectúen esas comunicaciones. En atención a estas consideraciones, parece mucho más adecuado que el apartado cuarto de este artículo 29 quede redactado como se propone. El problema es que esa dirección electrónica deberá constar en los edictos que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (art. 23.1), pero los textos no están coordinados, con lo que, conforme al texto del Proyecto, se dará la paradoja de que los acreedores no conocerán la dirección electrónica a la que efectuar esas comunicaciones. El problema es que si se espera la aceptación y a la comunicación de la propia dirección para librar los edictos, la publicidad de la declaración judicial de concurso se retrasará.

En relación con esta cuestión, ha de llamarse la atención sobre el régimen que se introduce para el caso de que exista un único Administrador concursal. La reforma proyectada modifica el artículo 32 de la Ley 22/2003 para añadir a su primer apartado un nuevo párrafo segundo. Según esta novedad, el juez, para el caso de que exista Administración concursal unipersonal, «podrá designar un auxiliar delegado en el que dicho administrador podrá delegar sus funciones conforme al párrafo anterior».

El Proyecto ganaría en claridad si en el artículo 27.4, en conexión con los artículos 21.1 y 82, se admitiera la posibilidad de que las comunicaciones de este género se realizaran al Administrador concursal o al auxiliar delegado nombrado por el Juez, en el que el Administrador puede delegar esta función. Una previsión de esta clase en nada afectaría a la formación de la lista, pudiendo insertarse esta designación sin alteración de los plazos fijados en la Ley a tal efecto (tras los cinco días de que dispone el Administrador designado para aceptar podría encajarse esta designación en un plazo igualmente breve, sin afectar a la duración del proceso mismo).




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ENMIENDA NÚM. 96

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veintiséis.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado veinteseis. De modificación.

Se modifica el apartado 4 del artículo 35, que queda redactado como sigue:

«Los acuerdos, que no sean de trámite o gestión ordinaria, adaptados sin la aquiescencia de la totalidad de los administradores concursales se consignarán en documentos firmados por todos ellos».

JUSTIFICACIÓN

Los acuerdos de los administradores concursales son constantes, incluso los más sencillos referidos a la intervención de los actos de los administradores sociales y el que se requiera para todos ellos su consignación por escrito y firma por todos los administradores concursales hará mucho más laboriosa la coordinación entre ellos, en perjuicio de la agilidad en el desempeño de sus funciones, necesaria para el buen funcionamiento del procedimiento concursal.

ENMIENDA NÚM. 97

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado treinta. De modificación.

Se modifica el redactado de los apartados 2 y 3 del artículo 43 de la ley 22/2003, que quedan redactados como sigue:

«2. Hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, en interés del concurso, la administración concursal podrá realizar los actos de disposición necesarios para garantizar la viabilidad de la empresa o las necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso, comunicándolo inmediatamente al Juez del concurso acompañando la justificación de su necesidad y de los actos realizados.

3. Fuera de estos supuestos, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del Juez. No obstante, el Juez autorizará, a solicitud del deudor o de la administración concursal, la venta de bienes que no sean necesarios para la continuidad de la actividad cuando se presenten ofertas que coincidan sustancialmente con el valor que a esos bienes se haya dado en el inventario. Se entenderá que esa coincidencia es sustancial si en el caso de inmuebles la diferencia es inferior a un diez por ciento y en el caso de muebles de un veinte por ciento, y no constare oferta superior».




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JUSTIFICACIÓN

La reforma que se propone del artículo 43 de la Ley Concursal proporciona una mayor autonomía a la Administración Concursal, incluso al deudor concursado, para la enajenación de bienes, con la transformación del requisito de autorización previa en una mera comunicación.

Las garantías de la intervención judicial no pueden ceder en pos de la pretendida celeridad que se encuentra en el fundamento de la reforma, más aún cuando la justificación se encuentra en conceptos relativamente indeterminados como «garantizar la viabilidad de la empresa» y «las necesidades de tesorería».

La configuración de ese ámbito de autonomía implica una pérdida de garantías que no se considera justificada.

Más criticable resulta el supuesto configurado en el último apartado, en el que se impone al Juez la autorización de venta en los casos en los que se presenten ofertas coincidentes de modo s stancial con el valor del bien en el inventario, para a continuación afirmar que dicha coincidencia puede consistir en bajas del 10% o del 20%. La tentación de aprovechar esa rebaja «legal» la vendrá a convertir en cuasiautomática. Parece pues que dichas referencias porcentuales deberían ser eliminadas.

ENMIENDA NÚM. 98

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado treinta y dos. De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 1 del artículo 46 de la ley 22/2003, que quedado redactado como sigue:

«1. En caso de intervención, sustituirá la obligación legal de los administradores de formular y de someter a auditoría las cuentas anuales.»

JUSTIFICACIÓN

La supervisión de las cuentas anuales es un concepto indefinido, cuyo alcance no queda acotado en la normativa reguladora de la actividad que podría ser más afín, la de auditoria de cuentas (Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas). Mantener ese requerimiento perpetúa la indefensión actual del administrador concursal, nada deseable, derivada de la indefinición de la norma.

ENMIENDA NÚM. 99

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta y seis.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado treinta y seis. De modificación.




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Se modifica el apartado 2 del Artículo 48 ter, que queda redactado como sigue:

«2. De igual manera, durante la tramitación del concurso de la sociedad, el Juez, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá ordenar el embargo de bienes y derechos de los socios personalmente responsables por las deudas de la sociedad en la cuantía que estime bastante cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer todas las deudas, pudiendo, a solicitud del interesado, acordarse la sustitución del embargo por aval de entidad de crédito.»

JUSTIFICACIÓN

Conveniencia de mejorar la redacción para especificar a cuáles de ellos se aplicará el régimen de embargo de bienes.

ENMIENDA NÚM. 100

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y tres.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado cuarenta y tres. De modificación.

De modificación al apartado cuarenta y tres del artículo único del proyecto de Ley, que queda redactado como sigue:

Se modifica la rúbrica, el apartado 1, el apartado 2 del artículo 56 y se añade un nuevo apartado 5 a este precepto:

«Artículo 56. Paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas.»

«1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación.

Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo, cuando se refieran a los bienes indicados en el párrafo anterior, las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos en virtud de contratos inscritos en el Registro de bienes muebles o los cedidos en arrendamientos financieros formalizados en documento que lleve aparejada ejecución o haya sido inscrito en el referido registro, ni las resolutorias de ventas de inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad.

Los acreedores con garantía real sobre la vivienda habitual del concursado no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurran dos años desde la declaración del concurso».

«2. Las actuaciones ya iniciadas en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior se suspenderán desde que la declaración del concurso conste en el correspondiente procedimiento. Si ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho, se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando conste en el procedimiento testimonio de la resolución del Juez del




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concurso que declare que los bienes o derechos no están afectos o no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.»

«5. A los efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al Juez del concurso determinar si un bien del concursado se encuentra o no afecto a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad y si un bien o derecho resulta necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.»

JUSTIFICACIÓN

Con la modificación del artículo 56 para paralizar la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual del deudor.

ENMIENDA NÚM. 101

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo Único, apartado cuarenta y ocho. De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 2, del artículo 64, que queda redactado como sigue:

«La administración concursal, el deudor o los trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales, podrán solicitar del Juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado.

En el caso de no existir representación legal de los trabajadores, éstos podrán atribuir su representación en la tramitación del procedimiento a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores salvo que el juez del concurso de oficio o a solicitud de la administración concursal acuerde, en su lugar, la intervención de los sindicatos más representativos.»

JUSTIFICACIÓN

Es de dudosa legalidad desde el punto de vista constitucional y laboral privar a los trabajadores de su derecho a elegir sus representantes e incluso representarse a sí mismos.

Por otra parte, no existen tampoco razones objetivas que justifiquen que los sindicatos vayan a representar mejor a los trabajadores afectados que los representantes elegidos por los trabajadores, que en muchos casos pertenecerán a sindicatos.

ENMIENDA NÚM. 102

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.




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ENMIENDA

De modificación.

Artículo nuevo apartado cuarenta y ocho. De modificación.

Se modifica el apartado 8 del artículo 64 de la ley 22/2003, que queda redactado como sigue:

«El plazo para interponer demanda de incidente concursal es de un mes desde que se notificó al trabajador el auto del Juez del Concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.

En caso de estimarse el recurso y se revocara la medida extintiva, si la readmisión resultara objetivamente imposible será de aplicación lo establecido en el apartado anterior para estos supuestos, abonándose así mismo los salarios dejados de percibir, si bien se deducirá los salarios obtenidos en otro empleo, o en su caso, el importe de las prestaciones por desempleo u otro concepto similar, en los términos establecidos en la legislación laboral.»

JUSTIFICACIÓN

El plazo que recoge el proyecto de ley comienza a computarse desde que el trabajador conoció o debió conocer el auto del Juez que acuerda la extinción, modificación o suspensión del contrato de trabajo, lo que genera una completa indeterminación del momento concreto en que se produce dicha situación, lo que es relevante para el propio trabajador como para la firmeza de la medida acordada. En este punto es insoslayable que quien se va a ver afectado por la resolución judicial no sea debidamente notificado, y sólo a partir de ese momento podrá computar el plazo para recurrir.

Además es preciso abordar la situación que se puede producir si la resolución extintiva es revocada, con la necesidad de recomponer la relación laboral. Para ello se propone la solución adoptada por la jurisprudencia social, permitiendo el descuento de los salarios abonado con lo obtenido en otro empleo, o en concepto de prestaciones por desempleo o subsidio por IT, en su caso.

ENMIENDA NÚM. 103

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo nuevo apartado cuarenta y ocho. De adición.

Se añade un nuevo apartado 11 del artículo 64 de la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«11. Mientras se resuelve el expediente al que se refiere este artículo, se podrá acordar por el Juez de lo Mercantil la suspensión de la prestación de servicios cuando se constate la imposibilidad de dar ocupación a los trabajadores, y en todo caso, cuando se incurra en la falta de pago de los salarios equivalentes a tres mensualidades. Ello no impedirá el abono de los salarios correspondientes al período de suspensión del deber de prestación de servicios, así como el mantenimiento del deber de cotización, con la limitaciones establecidas en la legislación laboral correspondientes a los salarios de tramitación. Ello se entiende sin perjuicio de que el trabajador acceda a la situación legal de desempleo, y en caso de abono de salarios impagados, se proceda a su regularización como en el caso previsto de los salarios de tramitación.»




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JUSTIFICACIÓN

Igual que la enmienda de modificación del apartado 10 del artículo 64.

ENMIENDA NÚM. 104

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho

ENMIENDA

De adición.

Artículo nuevo apartado cuarenta y ocho. De adición.

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 1 del artículo 64 de la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«Si los trabajadores ya hubieran extinguido su relación laboral con anterioridad al inicio de este expediente, no podrán ser objeto de inclusión en el mismo, salvo que el cese estuviera motivado por causas objetivas al amparo del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, estuviera pendiente de resolución judicial y el trabajador solicitara su inclusión.»

JUSTIFICACIÓN

Es preciso coordinar el expediente concursal con los procesos por despido objetivo que puedan haber acordado con anterioridad al inicio del expediente a fin de que el trabajador pueda acogerse al programa de extinciones colectivas, impide un tratamiento arbitrario a tales trabajadores, y además elimina el riesgo de la ilegalidad de las extinciones anteriores al haberse superado, finalmente, los umbrales del despido colectivo.

ENMIENDA NÚM. 105

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Artículo nuevo apartado cuarenta y ocho. De adición.

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 6 del artículo 64 de la ley 22/2003,

«A tal efecto, se facilitará a la autoridad laboral la totalidad de la documentación en la que se pretendan justificar las medidas propuestas.

Cuando entre las mismas se incluya la extinción de los contratos de trabajo, el informe de la autoridad laboral será vinculante, pero el Juez podrá apartarse del mismo si considera que incurre en grave error de hecho o de derecho y así hubiera sido denunciado por las partes intervinientes. Ello se entiende sin perjuicio de los recursos de suplicación que se deriven del auto del Juez Mercantil que resuelva el




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expediente, que se podrán fundamentar en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la ilegalidad de la propuesta de la Autoridad Laboral.»

JUSTIFICACIÓN

Es preciso articular una solución coherente con el sistema de distribución de competencias, y con la reciente atribución al Orden Social como Juez natural para enjuiciar las materias relativas al despido colectivo. Se preserva el control por el Juez Mercantil del procedimiento, pero en caso de medidas extintivas se da relevancia decisoria al informe de la Administración, que predeterminará la solución del expediente salvo que el Juez Mercantil aprecie graves vicios. Con ello se asegura igualmente la identidad en la interpretación de las causas extintivas al preservarse un control por la Jurisdicción Social, por la vía del recurso de suplicación, el cual puede extenderse a las causas propuestas por la Autoridad Laboral.

Con ello se asegura que la autoridad laboral debe mantener la competencia para decidir sobre la procedencia de las medidas extintivas.

ENMIENDA NÚM. 106

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Artículo nuevo apartado cuarenta y ocho. De adición

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 7 del artículo 64 de la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

En caso de acordarse la extinción, se reconocerá la indemnización que corresponda con arreglo a la legislación laboral, salvo que a la vista de la posición de las partes, la Administración concursal hubiera mostrado su conformidad en reconocer una adicional, de hasta quince días de salario por año de servicio y un máximo de doce mensualidades, ponderando los intereses afectados por el concurso, la disponibilidad de recursos de la empresa y los perjuicios sufridos por los trabajadores ante la extinción.

En caso de no concurrir las causas justificadas para la extinción de los contratos, pero se acreditase la imposibilidad objetiva de dar ocupación a los trabajadores por cese o cierre de la empresa, se declarará extinguida la relación laboral y se reconocerá a los trabajadores afectados la cuantía de la indemnización legal establecida para el despido improcedente, además de los salarios devengados hasta el momento de la extinción. Igualmente, procederá reconocer la indemnización adicional a que se refiere el apartado anterior en atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la imposibilidad de continuación de la actividad.

JUSTIFICACIÓN

La tramitación del período de consultas puede concluir sin acuerdo, pero la experiencia demuestra, y así lo ha recogido la práctica judicial, que la obligación de resolver con arreglo al principio de congruencia impone reconocer una indemnización superior al mínimo legal para el despido colectivo, cuando la situación económica de la concursada, los perjuicios ocasionados a los trabajadores por la extinción, hubieran posibilitado su abono, si bien el acuerdo final se frustró por diversas razones.

Ello permite además otorgar mayor seguridad jurídica a la decisión extintiva, en cuanto reduce las posibilidades de recurso de suplicación contra la misma, reduce la tensión propia del conflicto y busca una composición de intereses más equilibrada entre los respectivos sacrificios de las partes, partiendo de que la extinción de una parte de los contratos es un sacrificio que han de asumir determinados trabajadores




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para la continuidad del proyecto empresarial. En todo caso, conviene fijar un parámetro máximo para dicho importe, que sirva a su vez de módulo orientador tanto para los Administradores concursales como para el órgano judicial al llevar a cabo su reconocimiento.

Por otra parte, hay que dar salida a la situaciones que se producen cuando la empresa se ha visto afectada por una situación de crisis económica, pero no obstante ello, no concurren los presupuestos que puedan justificar la extinción contractual, lo que la experiencia ha demostrado en supuestos en que la crisis ha sido generada por discrepancias de los socios, por negligencia en la administración, o por un cierre o cese de actividad injustificado que ha generado en una crisis irreversible. En tal caso, ni la extinción se puede considerar justificada, ni parece razonable encomendar la solución de esa situación a litigios individuales basados en el incumplimiento empresarial por falta de ocupación. Es por ello necesario adoptar la misma solución que contempla la legislación laboral cuando, a pesar de ser un cese nulo, resulta imposible la continuación de la actividad, lo que permite acordar la extinción del contrato, abonar la indemnización para el despido improcedente, y un importe adicional por los perjuicios causados por la extinción.

ENMIENDA NÚM. 107

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado cincuenta y dos. De modificación.

Se modifica el redactado del artículo 74, que queda redactado como sigue:

«Artículo 74. Plazo de presentación del informe

1. El plazo de presentación del informe de los administradores concursales será de dos meses contados a partir de la fecha de aceptación del administrador único o, en caso de varios administradores, de la fecha de aceptación del primero de ellos.

2. El plazo de dos meses podrá ser prorrogado por quince días por el juez a solicitud de la administración concursal, presentada cinco días antes de que expire el plazo legal si al vencimiento del plazo para la presentación del informe no hubiera concluido el plazo de comunicación de los créditos por los acreedores concursales.

3. Por cada mil acreedores los administradores concursales dispondrán de un mes más, hasta un máximo de seis, sin posibilidad de prórroga alguna.»

JUSTIFICACIÓN

En la configuración legal del concurso de acreedores, la Ley establece una primera fase, la denominada «fase común», cuya finalidad principal es la determinación precisa de la masa activa y de la masa pasiva. La duración de esta fase está en función de dos factores: en primer lugar, el momento de presentación del Informe de la administración concursal a que se refiere el artículo 75 de la Ley 22/2003, de 9 de julio; y, en segundo lugar, el número, mayor o menor, de incidentes de impugnación del inventario o de la relación —o lista— de acreedores. Hasta que no finalice la tramitación de estos incidentes, el juez no puede abrir la fase de convenio —o, en su caso, aprobar el convenio anticipado, que, por definición, es un convenio tramitado durante la fase común— ni abrir la alternativa fase de liquidación.

El Proyecto de Ley trata de agilizar la tramitación de esta fase mediante dos técnicas diferentes: en primer lugar, mediante la regulación, con criterios más adecuados, del régimen jurídico de la prórroga del plazo de emisión de ese Informe (número 40 del artículo único; art. 74.2 LC), a fin de impedir que, en los




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grandes concursos —o mejor, en los concursos con un elevadísimo número de acreedores—, al amparo de la alegada «fuerza mayor», se dilate en exceso la presentación de este documento y de sus muy importantes anejos. Y, en segundo lugar, mediante la mejora del régimen de la liquidación anticipada, esto es, de la liquidación de la masa activa durante esa fase primera o fase común, introducida por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 3 de noviembre (art. 142 bis LC, artículo que el Anteproyecto deroga, por no ser ya necesario como consecuencia de las modificaciones que se introducen en el Capítulo II del Título V).

Sin embargo, el problema de fondo —la duración de la tramitación de los incidentes— no se afronta. El Proyecto se limita a establecer un peculiar trámite —cuya articulación, por otra parte, no se considera bien resuelta— para que, antes de la presentación del inventario y de la lista de acreedores, los interesados puedan conocer los «proyectos» de estos documentos a fin de que tengan ocasión de advertir a la Administración concursal la existencia de errores o para que complementen los datos relativos a los créditos que en su día hubieran sido objeto de comunicación (número 51 del artículo único; art. 95.1 LC).

Es necesario tanto modificar profundamente el régimen del plazo de presentación del Informe como evitar esa «paralización» de la fase común; y es preciso afrontar ambas cuestiones con decisión y firmeza. En relación con este segundo tema, la clave es que la impugnación del inventario y de la lista de acreedores no produzca esa paralización. Al mismo tiempo, hay que eliminar esa acumulación de oficio de los incidentes, introducida por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 3 de noviembre (art. 17.13), que, por no ser realista, los Jueces de lo mercantil, con buen criterio, se abstienen de acordar.

ENMIENDA NÚM. 108

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y siete.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado cincuenta y siete. De adición.

Se añade un nuevo inciso al final del párrafo primero del apartado 2 del artículo 84 de la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«Igualmente se considerarán créditos contra la masa las indemnizaciones por extinción colectiva de los contratos de trabajo que hubieran tenido efectividad en el año anterior a la declaración de concurso, en la parte que no sea objeto de cobertura por el Fondo de Garantía Salarial o por una institución de aseguramiento o previsión similar.»

JUSTIFICACIÓN

No es posible que en los momentos anteriores al concurso los acuerdos alcanzados en el ámbito de los expedientes de regulación de empleo, que se formalizan precisamente dentro de un programa para recuperar la viabilidad de la empresa queden afectados por el concurso, y con ello se paralice la efectividad de los compromisos que la empresa hubiera podido asumir y que no se exterioricen a través de una compañía de seguros, fondo de pensiones, o institución de previsión similar, lo mismo que si son objeto de cobertura por el Fogasa. No sólo es preciso asegurar a los trabajadores el abono de las indemnizaciones y los complementos de rentas que estuvieran establecidos, sino que además la posibilidad de que un ulterior concurso impida su efectividad mediatiza los acuerdos ante la crisis de la empresa y con ello, arrastra a conflictos y a situaciones insuperables. Además, el importe de las cantidades se reduce notablemente por cuanto la parte sustancial estará cubierta por el Fogasa o por instituciones de aseguramiento o previsión, las cuales están en condiciones financieras mucho más adecuadas que los propios trabajadores para atender a la conclusión del concurso para la satisfacción de tales créditos.




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Con ello no se genera una situación anormal, sino que se equiparan tales cantidades a favor de los trabajadores a los acuerdos de refinanciación o a los créditos hipotecarios, que su consideración a priori como créditos concursales no es obstáculo para reconocer un tratamiento diferenciado para asegurar su efectividad, lo que se consigue con el mecanismo de su asimilación a créditos contra la masa.

ENMIENDA NÚM. 109

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y nueve.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado cincuenta y nueve. De adición.

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 2 del artículo 86 de la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«Los créditos laborales que son objeto de litigio en el ámbito social, se considerar comunicados por la propia existencia del proceso laboral dirigido frente a la empresa, y serán reconocidos en cualquier momento, ya sea como contingentes antes de que se dicte sentencia, o como créditos definitivos con arreglo al privilegio que corresponda según su naturaleza y cuantía.»

JUSTIFICACIÓN

Se vienen planteando importantes problemas en la comunicación de los créditos de los trabajadores cuando hubieran formulado acciones reclamando su pago. La previsión legal contempla que se entenderán comunicados los créditos que consten en sentencia, así como los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. Pero el problema surge cuando no obstante ello, no se incluyen en la lista de acreedores por los Administradores. La mera comunicación tardía ya genera que pierdan sus privilegios y se califiquen como subordinados, y además, si ni siquiera se comunican antes de que se elabore la lista, a pesar de estar pendientes de un proceso judicial y reconocerse finalmente por sentencia, no son reconocidos en la lista ante la imposibilidad de modificación de la misma, y pierden toda posibilidad de ser reconocidos y abonados en el concurso, incluso como créditos subordinados.

En el proyecto de Ley Concursal, el art. 97.3.3.º permite la modificación de la lista de acreedores con posterioridad a su aprobación «Cuando después de presentando el informe definitivo, los créditos contingentes hubieran sido confirmados o reconocidos por sentencia firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su naturaleza o cuantía», lo que sólo resuelve en parte el problema dado que han debido de haber sido reconocidos como contingentes —art. 87.2 LC— y si no lo han hecho así los administradores, resulta inviable la posibilidad de modificar la lista de acreedores.

Es por ello que se hace precisa una regulación concreta de los créditos laborales en los casos frecuentes de que están pendientes de proceso judicial en el ámbito social. En tal caso, se deben considerar comunicados por la propia existencia del proceso laboral, y reconocidos en cualquier momento, ya sea como contingentes antes de que se dicte sentencia, o como créditos definitivos con arreglo al privilegio que corresponda con arreglo a su naturaleza y cuantía




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ENMIENDA NÚM. 110

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado sesenta y dos. De modificación.

Se modifica el apartado 7 del artículo 91, en la redacción dado por el proyecto de ley, pasando a tener la siguiente redacción

«Artículo 91. Créditos con privilegio general.

Son créditos con privilegio general:

[…]

7.º Los créditos de que fuera titular el acreedor que hubiera solicitado la declaración de concurso, salvo los que tuvieren el carácter de subordinados.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el «problema del tiempo» es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado. En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios —los declarados a solicitud de acreedor legítimo— son escasos en número.

Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores. Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un «estímulo negativo» muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.

La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4), no sólo porque la exhaustividad del elenco —que carece de precedentes en el Derecho español— limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art.20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.




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ENMIENDA NÚM. 111

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y seis.

ENMIENDA

De sustitución.

Artículo único, apartado sesenta y seis. De sustitución.

Se sustiyute la modificación contenida en el proyecto de ley del artículo 95 de la ley 22/2003, por la siguiente

«Artículo 95. Fin de la fase común

Al siguiente día de la presentación del informe por la Administración concursal, el Juez dictará resolución poniendo fin a la fase común, con el contenido que proceda de conformidad con lo establecido en el Título II.»

JUSTIFICACIÓN

En la configuración legal del concurso de acreedores, la Ley establece una primera fase, cuya finalidad principal es la determinación precisa de la masa activa y de la masa pasiva. La duración de esta fase está en función de: en primer lugar, el momento de presentación del Informe de la administración concursal a que se refiere el artículo 75 de la Ley 22/2003 y, en segundo lugar, el número, mayor o menor, de incidentes de impugnación del inventario o de la relación —o lista— de acreedores. Hasta que no finalice la tramitación de estos incidentes, el juez no puede abrir la fase de convenio —o, en su caso, aprobar el convenio anticipado, que, por definición, es un convenio tramitado durante la fase común— ni abrir la alternativa fase de liquidación. El Proyecto de Ley trata de agilizar la tramitación de esta fase mediante dos técnicas diferentes: en primer lugar, mediante la regulación, con criterios más adecuados, del régimen jurídico de la prórroga del plazo de emisión de ese Informe (número 40 del artículo único; art. 74.2 LC), a fin de impedir que, en los grandes concursos —o mejor, en los concursos con un elevadísimo número de acreedores—, al amparo de la alegada «fuerza mayor», se dilate en exceso la presentación de este documento y de sus muy importantes anejos. Y, en segundo lugar, mediante la mejora del régimen de la liquidación anticipada, esto es, de la liquidación de la masa activa durante esa fase primera o fase común, introducida por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 3 de noviembre (art. 142 bis LC, artículo que el Anteproyecto deroga, por no ser ya necesario como consecuencia de las modificaciones que se introducen en el Capítulo II del Título V).Sin embargo, el problema de fondo —la duración de la tramitación de los incidentes— no se afronta. El Proyecto se limita a establecer un peculiar trámite —cuya articulación, por otra parte, no se considera bien resuelta— para que, antes de la presentación del inventario y de la lista de acreedores, los interesados puedan conocer los «proyectos» de estos documentos a fin de que tengan ocasión de advertir a la Administración concursal la existencia de errores o para que complementen los datos relativos a los créditos que en su día hubieran sido objeto de comunicación (número 51 del artículo único; art. 95.1 LC).

Es necesario tanto modificar el régimen del plazo de presentación del Informe como evitar esa «paralización» de la fase común; y es preciso afrontar ambas cuestiones con decisión y firmeza. En relación con este segundo tema, la clave es que la impugnación del inventario y de la lista de acreedores no produzca esa paralización. Al mismo tiempo, hay que eliminar esa acumulación de oficio de los incidentes, introducida por el RDL 13/2009, art. 17.13), que, por no ser realista, los Jueces de lo mercantil, con buen criterio, se abstienen de acordar.




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ENMIENDA NÚM. 112

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y siete.

ENMIENDA

De sustitución.

Artículo único, apartado sesenta y siete. De sustitución.

Se sustituye el contenido del apartado cincuenta y seis por el siguiente:

«Cincuenta y seis. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 96 de la ley 22/2003 que quedan redactados como sigue:

Artículo 96. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores

1. Dentro de los diez días siguientes a contar desde la publicación en el Registro Público Concursal de la presentación del escrito de corrección del inventario y de la lista de acreedores los personados en el concurso que hubieran solicitado la corrección sin que la solicitud hubiera sido estimada por la administración concursal podrán impugnar la decisión de ésta. Dentro del mismo plazo los demás personados podrán impugnar las correcciones introducidas en esos documentos por la administración concursal.

[…]

4. Las impugnaciones se sustanciarán por los trámites del incidente concursal, pudiendo acumular el Juez, una vez contestadas, las que se refieran a las mismas materias.

[…] Sigue igual.»

JUSTIFICACIÓN

En la configuración legal del concurso de acreedores, la Ley establece una primera fase, la denominada «fase común», cuya finalidad principal es la determinación precisa de la masa activa y de la masa pasiva. La duración de esta fase está en función de dos factores: en primer lugar, el momento de presentación del Informe de la administración concursal a que se refiere el artículo 75 de la Ley 22/2003, de 9 de julio; y, en segundo lugar, el número, mayor o menor, de incidentes de impugnación del inventario o de la relación —o lista— de acreedores. Hasta que no finalice la tramitación de estos incidentes, el juez no puede abrir la fase de convenio —o, en su caso, aprobar el convenio anticipado, que, por definición, es un convenio tramitado durante la fase común— ni abrir la alternativa fase de liquidación.

El Proyecto de Ley trata de agilizar la tramitación de esta fase mediante dos técnicas diferentes: en primer lugar, mediante la regulación, con criterios más adecuados, del régimen jurídico de la prórroga del plazo de emisión de ese Informe (número 40 del artículo único; art. 74.2 LC), a fin de impedir que, en los grandes concursos —o mejor, en los concursos con un elevadísimo número de acreedores—, al amparo de la alegada «fuerza mayor», se dilate en exceso la presentación de este documento y de sus muy importantes anejos. Y, en segundo lugar, mediante la mejora del régimen de la liquidación anticipada, esto es, de la liquidación de la masa activa durante esa fase primera o fase común, introducida por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 3 de noviembre (art. 142 bis LC, artículo que el Anteproyecto deroga, por no ser ya necesario como consecuencia de las modificaciones que se introducen en el Capítulo II del Título V).

Sin embargo, el problema de fondo —la duración de la tramitación de los incidentes— no se afronta. El Proyecto se limita a establecer un peculiar trámite —cuya articulación, por otra parte, no se considera bien resuelta— para que, antes de la presentación del inventario y de la lista de acreedores, los interesados puedan conocer los «proyectos» de estos documentos a fin de que tengan ocasión de advertir a la Administración concursal la existencia de errores o para que complementen los datos relativos a los créditos que en su día hubieran sido objeto de comunicación (número 51 del artículo único; art. 95.1 LC).

Es necesario tanto modificar profundamente el régimen del plazo de presentación del Informe como evitar esa «paralización» de la fase común; y es preciso afrontar ambas cuestiones con decisión y firmeza.




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En relación con este segundo tema, la clave es que la impugnación del inventario y de la lista de acreedores no produzca esa paralización. Al mismo tiempo, hay que eliminar esa acumulación de oficio de los incidentes, introducida por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 3 de noviembre (art. 17.13), que, por no ser realista, los Jueces de lo mercantil, con buen criterio, se abstienen de acordar.

ENMIENDA NÚM. 113

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Sesenta y siete.

ENMIENDA

De sustitución.

Artículo único, apartado sesenta y sieta. De sustitución.

Se sustituye el redactado de apartado sesenta y cuatro del artículo único por el siguiente:

El apartado 1 del artículo 122 pasa a tener la siguiente redacción:

«No tendrán derecho de voto en la junta los titulares de créditos subordinados»

JUSTIFICACIÓN

Para propiciar la aprobación de convenios, deseada por todos, no debe quedar limitado al cumplimiento de condición alguna el derecho de voto de los acreedores que han adquirido créditos que se hallen incluidos en la lista de acreedores.

ENMIENDA NÚM. 114

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Setenta y dos.

ENMIENDA

De sustitución.

Artículo único, apartado setenta y dos. De sustitución.

Se sustituye el contenido del apartado setenta y uno por el siguiente:

«Setenta y uno. El artículo 100 de la ley 22/2003 que quedan redactados como sigue:

Artículo 100. Contenido de la propuesta de convenio

1. La propuesta de convenio podrá tener cualquier contenido, incluida la asunción del activo o de parte de él por uno o varios acreedores o terceros con obligación de pago de la totalidad o parte del pasivo concursal.

2. Las propuestas deberán ir acompañadas de un plan de pagos, en el que se especifiquen los medios y las fechas de satisfacción de los acreedores.




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3. Cuando para atender al cumplimiento del convenio se prevea contar con los recursos que genere la continuación, total o parcial, de la actividad profesional o empresarial del deudor, la propuesta deberá ir acompañada de un plan de viabilidad.»

JUSTIFICACIÓN

En materia de convenio, la opción es muy clara: o se reconoce el principio de autonomía privada en el contenido del convenio, de modo tal que pueda pactarse cualquier clase de convenio, incluso de cesión de bienes, o se suprimen las excepciones a los límites legales que contienen la legislación vigente. No se acierta a comprender, en primer lugar, por qué razón el hecho de que el convenio tenga la consideración de anticipado permita superar esos límites generales; y mucho menos se acierta a comprender cómo esa superación se admita igualmente en el caso de empresas cuya actividad pueda tener especial importancia para la economía (art. 100.1, párrafo segundo). Por supuesto, la tramitación no puede discriminar: sea tramitación anticipada del convenio, sea tramitación ordinaria, las mismas posibilidades de contenido deben estar al alcance de de los deudores. Pero, además, esa otra segunda excepción plantea en la práctica un doble problema de justicia: de un lado, porque se trata desigualmente a las empresas por razón de la pretendida importancia que, a la postre, suele traducirse en criterios dimensionales: las empresas más grandes o no quiebran o gozan de un privilegio a la hora de convenir; y, de otro lado, porque la fórmula legal es tan imprecisa que ha conducido a situaciones paradójicas, en las que «empresas mínimas» han conseguido la superación de los límites por tener una relativa importancia para el muy modesto término municipal en el que radicaban, mientras que otras, de mayor relieve, no han conseguido ese propósito. Semejante disparidad de soluciones en la práctica revela la inconsistencia de la actual situación normativa.

ENMIENDA NÚM. 115

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y seis.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado noventa y seis. De modificación.

Se modifica el apartado 1 del artículo 167, al que se le da la siguiente redacción:

«1. La formación de la sección sexta se ordenará en la misma resolución judicial por la que se apruebe el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias.

Por excepción a lo establecido en el apartado anterior, no procederá la formación de la sección de calificación del concurso cuando el pasivo ordinario acumulado por el deudor sea inferior al millón de euros, cuando tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido.

La sección se encabezará con testimonio de la resolución judicial y se incorporarán a ella testimonios de la solicitud de declaración de concurso, la documentación aportada por el deudor, el auto de declaración de concurso y el informe de la administración.»

JUSTIFICACIÓN

Reducir los costes del concurso mediante una limitación efectiva. No se trata solamente de liberar recursos a los órganos concursales, sino de mejorar su eficiencia orientando la atención a los procesos




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económicos (reasignación de recursos: viabilidad o liquidación). Un tamaño reducido suele venir acompañado de la responsabilidad ilimitada del deudor y de la opacidad de sus operaciones. La formación de la sección de calificación no encuentra justificación clara en concursos cuyos deudores tienen responsabilidad ilimitada: careciendo el deudor de tal privilegio patrimonial, los acreedores encontrarán escasos beneficios adicionales en la calificación del concurso como culpable. Por otra parte, la mayor opacidad de las operaciones del deudor limita la obtención de resultados tangibles en los informes emitidos durante su tramitación, lo que resulta en un desplazamiento abusivo de responsabilidades a la administración concursal.

El incentivo de eliminar la pieza de calificación del concurso sólo en aquellos casos en los que tenga lugar la aprobación de un convenio anticipado debería reconsiderarse. El objetivo esencial perseguido por la Ley es la terminación a través de un convenio, lo que haría deseable la previa confección de un plan creíble y cabal de viabilidad y, en la mayor parte de los casos, una negociación intensiva con los principales acreedores.

ENMIENDA NÚM. 116

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, aparatado noventa y ocho. De modificación.

Se modifica el artículo 172.2.3.º al que se le da la siguiente redacción:

«3.º La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o las declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa.

4.º La condena a las personas afectadas por la calificación o a las declaradas cómplices a indemnizar los daños y perjuicios causados.»

JUSTIFICACIÓN

Una de las cuestiones que se debaten en la interpretación de la Ley Concursal es la de si la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados es o no independiente de la condena a la cobertura total o parcial del déficit. Al mismo tiempo, el hecho de que el tema de la indemnización aparezca incluido dentro de un número que se ocupa de otras muchas materias suscita igualmente la duda del ámbito subjetivo de esa eventual condena. Por esta razón, se propone la enmienda actual, desdoblando el actual artículo 172.2.3.º en dos apartados.

ENMIENDA NÚM. 117

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Noventa y nueve.




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ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado noventa y nueve. De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 1 del artículo 172 bis, en su redacción dada por el proyecto de ley, quedando redactado como sigue:

«1. Cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el Juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores o apoderados generales, de derecho o de hecho, de la persona jurídica concursada que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial del déficit.

Si el concurso hubiera sido ya sido ya calificado como culpable, en caso de reapertura de la sección sexta por incumplimiento del convenio, el Juez atenderá para fijar la condena al importe que de sus créditos no perciban los acreedores concursales en la liquidación de la masa activa tanto a los hechos declarados probados en la sentencia de calificación como a los determinantes de la reapertura.»

JUSTIFICACIÓN

La palabra «déficit» es una expresión totalmente indefinida. Si se refiere a «déficit patrimonial» debería indicarse a qué fecha está referido y qué se entiende por patrimonio: «¿el contable?, ¿el del informe de la administración concursal en que se valoran los activos a precio de mercado y a una fecha distinta que los pasivos concursales?, ¿con inclusión de los créditos contra la masa?. Por tanto, se propone mantener la definición de «déficit del concurso» que ya recoge el apartado 3 del artículo 172.

ENMIENDA NÚM. 118

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento dos.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado ciento dos. De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 2 del artículo 178 de la Ley 22/2003, en el redactado dado por el proyecto de ley, quedando como sigue:

«Artículo 178. Efectos de la conclusión del concurso.

1. (…)

2. En los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 172 ter. Salvo lo establecido en este último precepto, los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme.

3. (…).»

JUSTIFICACIÓN

La modificación de los artículos 172 y 178, y la introducción del 172.ter, tiene por finalidad de introducir un mecanismo de exoneración al deudor.




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En la vigente Ley Concursal, a las personas jurídicas se les permite la extinción de sus obligaciones, con extinción de la personalidad jurídica, en caso de inexistencia de bienes y derecho; y en este supuesto quedan insatisfechas las deudas que no se hayan satisfecho con el patrimonio de la compañía. Por el contrario, no se establece ningún tipo de límite a la responsabilidad del deudor persona natural. Ello comporta además que no exista ningún incentivo para que el acreedor acuerde un convenio con el deudor, lo cual supondría que el deudor se obliga a efectuar los pagos convenidos con el consiguiente esfuerzo para la satisfacción de los créditos. Ante la insolvencia del deudor persona natural deben establecerse mecanismos de colaboración efectiva entre acreedores y deudores destinados a la consecución de soluciones convencionales a la insolvencia

ENMIENDA NÚM. 119

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento cuatro.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado ciento cuatro. De adición.

Se añade un nuevo apartado por el que se incorpora la modificación de los números 3, 4 y 5 del artículo 183 de la Ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«3.º La sección tercera comprenderá lo relativo a la determinación de la masa activa, a las autorizaciones para la enajenación y para la separación de bienes y derechos de la masa activa y a las deudas de la masa.

4.º La sección cuarta comprenderá lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales y al pago de los acreedores. En esta sección se incluirán también, en pieza separada, los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran acumulado al concurso de acreedores y las ejecuciones que se inicien o se reanuden contra el concursado.

5.º La sección quinta comprenderá lo relativo al convenio y a la liquidación, incluido el convenio anticipado y la liquidación anticipada.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone la modificación de los números 3.º, 4.º y 5.º del artículo 183, relativo a las secciones del concurso, para resolver los problemas de interpretación que se plantean en la práctica.

ENMIENDA NÚM. 120

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento seis.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado ciento seis. De adición.




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Se añade un nuevo apartado al Artículo 184, que queda redactado como sigue:

«6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido para la representación y defensa de los trabajadores en la Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades atribuidas a los graduados sociales y otros profesionales con competencias laborales y a los sindicatos para el ejercicio de cuantas acciones y recursos sean precisos en el proceso concursal para la efectividad de los créditos y derechos laborales, y de las Administraciones públicas en la normativa procesal específica.»

JUSTIFICACIÓN

Abogar por las competencias en el ámbito laboral que estatutariamente tienen atribuidas, otros profesionales, entre ellos, los economistas y los titulares mercantiles. Teniendo en cuenta las competencias en el ámbito laboral reguladas en su Estatuto Profesional (Real Decreto 871/77) y legislación general, así como en la jurisprudencia, resultaría lógico que pudieran participar sin comparecencia formal obligatoria a través de procurador, letrado o graduado social.

ENMIENDA NÚM. 121

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Artículo único, apartado Ciento dieciocho. De supresión.

Se suprime la disposición final undécima bis.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del artículo 164 de la Ley 58/2003 General Tributaria y de la 3771992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (puntos ciento uno y ciento dos del artículo único del Proyecto de Ley) solo es justificada en el Proyecto de Ley para coordinar la actuación de la Administración Tributaria en caso de concurso, pero su objetivo es que en la enajenación de bienes inmuebles realizada como consecuencia de la fase de liquidación del concurso el IVA de la operación sea liquidado por el adquirente aplicando el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, para evitar de esa forma que el importe que percibiría la concursada en concepto de IVA se destine a pagar los créditos de la masa preexistentes.

Ello supone un derecho preferente a la Agencia Tributaria en perjuicio del resto de los acreedores, en la liquidación de los créditos contra la masa.

Hay que considerar que también que el punto setenta y siete del artículo único del Proyecto de Ley da el siguiente redactado al artículo 154. Pago de créditos contra la masa: «Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la administración concursal deducirá de la masa activa los bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta.

Las deducciones para atender al pago de los créditos contra la masa se harán con cargo a los bienes y derechos no afectos al pago de créditos con privilegio especial.»

En este sentido, una operación de liquidación de venta de activos, no puede en ningún caso considerarse como un crédito con privilegio especial. Así, el modificado artículo 154 entraría en contradicción con la pretendida inversión del sujeto pasivo en la liquidación del IVA devengado en la enajenación de bienes inmuebles durante la fase de liquidación.




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Asimismo este nuevo privilegio especial entra en contradicción con lo dispuesto en los también modificados artículos 84.2 y 84.3 (punto cuarenta y seis del Proyecto de Ley), lo que aporta más inseguridad jurídica en pago del los créditos contra la masa.

ENMIENDA NÚM. 122

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado al artículo único por el que se modifica el artículo 2 de la Ley 22/2003. con la siguiente redacción:

«Artículo 2. El presupuesto objetivo

1. La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común.

2. Se encuentra en estado actual de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

3. Si la solicitud de declaración de concurso se presentara por el deudor, podrá fundarse igualmente en la insolvencia inminente. Se encuentra en estado inminente de insolvencia el deudor que prevea que, dentro del año siguiente a la presentación de la solicitud, no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el «problema del tiempo» es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado. En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios —los declarados a solicitud de acreedor legítimo— son escasos en número.

Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores. Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un «estímulo negativo» muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.

La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4), no sólo porque la exhaustividad del elenco —que carece de precedentes en el Derecho español— limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art.20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).




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El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.

ENMIENDA NÚM. 123

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo.

Se añade un nuevo apartado por el que se modifica el apartado 2 del artículo 2 de la ley 22/2003, con el siguiente redactado:.

«2. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles a corto plazo.»

JUSTIFICACIÓN

La definición que establece la Ley Concursal de insolvencia no está fundada en criterios económicos sino más bien en consideraciones jurídicas. Consideramos que la inclusión de una definición más económica de insolvencia, contribuiría a una mayor ajuste a la realidad empresarial y evitaría casos de empresas que acuden en numerosas ocasiones tarde al concurso, dado que técnicamente se encuentran desde hace tiempo en insolvencia, con las dificultades que supone que se pueda llegar a un convenio, lo que determinará que haya que acudir la liquidación y sin embargo, todavía no cumplirían el presupuesto objetivo más bien de carácter jurídico del artículo 2.2. Creemos que debe incluirse en la Ley Concursal, la definición técnica económica de insolvencia, que establece la Ciencia Económica, que es la utilizada en el ámbito contable y de auditoría: un pasivo circulante que supera al activo circulante, esto es un fondo de maniobra, inferior a cero.

ENMIENDA NÚM. 124

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado por el que se incorpora un nuevo apartado 4 al artículo 5 de la Ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«4. El deber de solicitar la declaración de concurso tampoco será exigible al deudor persona natural que haya iniciado el procedimiento notarial legalmente previsto para promover un convenio con sus




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acreedores y lo ponga en conocimiento del juzgado competente para su declaración de concurso. Transcurridos tres meses desde la comunicación al Juzgado, el deudor que no haya alcanzado un pacto con los acreedores deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes siguiente, si subsiste la insolvencia.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, y dentro del procedimiento notarial legalmente previsto, el deudor persona natural podrá promover ante notario un convenio con sus acreedores sobre la base de los bienes y derechos de que aquél sea titular. El convenio podrá establecer condonaciones y esperas y será vinculante para todos los acreedores a los que el deudor haya notificado fehacientemente el inicio del procedimiento notarial, siempre que se adhieran al mismo acreedores cuyos créditos en conjunto representen más de un 50 por ciento del valor total de las deudas sobre cuya existencia e importe exista conformidad con el deudor. A efectos del cómputo no se incluirán los acreedores con garantía hipotecaria o pignoraticia, que sólo quedarán afectados por el contenido del convenio si votan a favor del mismo.

Cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo podrá impugnar ante los juzgados de lo mercantil del domicilio del deudor la validez del convenio notarial a que se refiere el párrafo anterior, si se hubiera alcanzado en fraude de acreedores o con preterición negligente de algún bien o derecho, o de alguna deuda. La estimación de dicha impugnación determinará el deber del deudor de solicitar la declaración de concurso de acreedores. Los pagos realizados en virtud del convenio serán reintegrables a la masa del concurso.

El acreedor que haya sido omitido en la relación de acreedores incorporada en el procedimiento notarial no quedará vinculado por el convenio que, en su caso, se alcance; y podrá ejercitar individualizadamente sus derechos ante los tribunales de justicia para la satisfacción de sus créditos, pero no podrá impugnar dicho convenio.»

JUSTIFICACIÓN

Se establece un mecanismo de exoneración de las deudas al deudor persona natural en la línea del derecho comparado, con el establecimiento de un procedimiento notarial previo con la finalidad de desjudicializar las situaciones de insolvencia de la persona natural.

El actual sistema económico está basado en la concesión de crédito tanto a empresas como a particulares. Siendo el mercado del crédito un elemento fundamental para el desarrollo económico, es necesario que el ordenamiento jurídico ofrezca una solución a los accidentes que se produzcan en el normal desarrollo del sistema crediticio, de forma que el deudor que se vea sumido en una situación de sobreendeudamiento no deba quedar obligado al pago de sus obligaciones de forma inexorable y sin posibilidad alguna de liberación de las deudas.

ENMIENDA NÚM. 125

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado al artículo único por el que se modifica el artículo 9.1 de la Ley 22/2003. con la siguiente redacción:

Artículo 9. Extensión de la jurisdicción.

«1. La jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, administrativas o sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal.»




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JUSTIFICACIÓN

En el artículo 9 se propone aclarar un tema polémico en la práctica de nuestros juzgados de lo mercantil: el de la competencia del Juez del concurso para conocer de las cuestiones prejudiciales civiles.

ENMIENDA NÚM. 126

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado al artículo único, por el que se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 18, de la ley 22/2003, que queda redactado como sigue:

«Artículo 18. Allanamiento u oposición del deudor

[…]

2. El deudor deberá basar su oposición en que no se encuentra en estado de insolvencia actual.

3. Formulada oposición por el deudor, el Secretario judicial, al siguiente día, citará a las partes a la vista, a celebrar en el plazo de tres días, previniéndolas para que comparezcan a ella con todos los medios de prueba que pueda practicarse en el acto.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el «problema del tiempo» es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado. En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios —los declarados a solicitud de acreedor legítimo— son escasos en número.

Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores. Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un «estímulo negativo» muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.

La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4), no sólo porque la exhaustividad del elenco —que carece de precedentes en el Derecho español— limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art.20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez




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debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.

ENMIENDA NÚM. 127

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado al artículo único, por el que se modifica el artículo 20 de la ley 22/2003, que queda redactado como sigue:

«Artículo 20. Resolución sobre la solicitud

1. Dentro de los tres días siguientes al de la celebración de la vista, el Juez dictará auto declarando el concurso o desestimando la solicitud.

2. Si el Juez declarare el concurso, las costas tendrán la consideración de créditos contra la masa. Si el Juez desestimare la solicitud, sólo se impondrán las costas al solicitante en caso de temeridad.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el «problema del tiempo» es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado. En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios —los declarados a solicitud de acreedor legítimo— son escasos en número. Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores. Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un «estímulo negativo» muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria. La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4), no sólo porque la exhaustividad del elenco —que carece de precedentes en el Derecho español— limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art.20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art.




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15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada

ENMIENDA NÚM. 128

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado al artículo único, por el que se añade un nuevo artículo 20bis, a la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«Artículo 20 bis. Recursos.

1. Contra el pronunciamiento del auto sobre la declaración de concurso o la desestimación de la solicitud las partes podrán interponer recurso de apelación, que no tendrá efecto suspensivo.

2. Contra los demás pronunciamientos del auto de declaración de concurso las partes podrán interponer recurso de reposición.

3. Están legitimados para recurrir el auto de declaración de concurso el deudor que no hubiera solicitado esa declaración y cualquier persona que acredite interés legítimo, aunque no hubiere comparecido con anterioridad. Está legitimado para recurrir el auto desestimatorio del concurso quien hubiera solicitado la declaración.

4. El plazo para interponer el recurso de reposición y para preparar el recurso de apelación contará, respecto de las partes que hubieran comparecido, desde la notificación del auto, y, respecto de los demás legitimados, desde la publicación del auto en el Boletín Oficial del Estado.

5. En caso de estimación del recurso de apelación contra la resolución judicial que hubiera desestimado la solicitud, se fijará como fecha del concurso la de la presentación de la solicitud.

6. La desestimación de los recursos determinará la condena en costas del recurrente.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el «problema del tiempo» es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado. En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios —los declarados a solicitud de acreedor legítimo— son escasos en número.

Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores. Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un «estímulo negativo» muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.

La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4), no sólo porque la exhaustividad del elenco —que carece de




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precedentes en el Derecho español— limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art.20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.

ENMIENDA NÚM. 129

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo artículo 22bis a la ley 22/2003 con la siguiente redacción:

«Artículo 22 bis. Embargo preventivo de bienes en caso de concurso necesario.

1. En caso de concurso necesario, en el mismo auto de declaración de concurso el Juez ordenará el embargo preventivo de los bienes y derechos de los administradores y liquidadores de la persona jurídica deudora que tuvieran poder de representación orgánica o que lo hubieran tenido dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.

2. Contra este pronunciamiento, los interesados podrán interponer recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a aquel en el que les hubiera sido notificado el auto de declaración de concurso.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contiene normas adecuadas para resolver el problema de la tardía apertura de los procedimientos concursales; y, sin embargo, el «problema del tiempo» es uno de los más graves que tiene que resolver el Derecho proyectado. En primer lugar, los concursos voluntarios se suelen presentar cuando la situación del deudor común es absolutamente desesperada; y, en segundo lugar, los concursos necesarios —los declarados a solicitud de acreedor legítimo— son escasos en número.

Entre las principales aspiraciones de la reforma de la Ley Concursal debería figurar, en efecto, la de establecer estímulos para anticipar la apertura del concurso de acreedores, a la vez que facilitar las solicitudes provenientes de los acreedores. Los estímulos para la oportuna presentación de los concursos voluntarios deben estar dirigidos a disuadir al deudor común de los riesgos de que presente una solicitud de declaración de concurso. El embargo preventivo de bienes y derechos de los administradores de la persona jurídica deudora en caso de concurso necesario podría constituir un «estímulo negativo» muy importante. La posibilidad de embargo que contiene la Ley vigente (art. 48.3) es insuficiente por no tener en cuenta ese factor. La norma debería ir acompañada de otra, más dura, que cumpliera la señalada función disuasoria.




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La potenciación de los concursos necesarios exige la derogación del sistema de hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4), no sólo porque la exhaustividad del elenco —que carece de precedentes en el Derecho español— limita las posibilidades de acción del acreedor, sino también porque la Ley Concursal configura con gran arcaísmo los hechos que exteriorizan la situación de crisis; exige igualmente la supresión de la amenaza que representa la eventual condena al pago de las costas en caso de desestimación de la solicitud (art. 20.1), salvo que la solicitud haya sido presentada con temeridad; exige la derogación de la muy peculiar norma sobre indemnización de daños y perjuicios, cuya existencia parece presuponerse (art.20.1); y exige, en fin, que el privilegio del acreedor instante sea reconocido por la totalidad del crédito de que fuera titular (art. 91-6.º).

El Proyecto, frente a esta batería de acciones que podrían tener cabida en la Ley Concursal, se limita a establecer que, si la solicitud del acreedor se fundara en determinados hechos reveladores, el Juez debe dictar auto de declaración de concurso el primer día hábil siguiente (número 8 del artículo único; art. 15.1). Pero, incluso, esta innovación presenta importantes dificultades como consecuencia del régimen jurídico del embargo contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se entiende que debe rectificarse la redacción presentada.

ENMIENDA NÚM. 130

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado por el que se modifica el apartado 1 del artículo 34 de la Ley 22/2003, al que se le da la siguiente redacción:

El apartado 1 del artículo 34 pasa a tener la siguiente redacción:

«Los Administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa, salvo cuando se trate del personal de las entidades a que se refieren los párrafos 1.º y 2.º del apartado 2 del artículo 27. Los honorarios fijados para la fase común serán prededucibles y tendrán preferencia ante cualquiera del resto de créditos contra la masa.»

JUSTIFICACIÓN

Los administradores concursales son profesionales escogidos y nombrados por el Juez del concurso que no reciben más honorarios que los establecidos en el arancel. La Ley Concursal no permite, además, que el profesional elegido renuncie al cargo salvo causa justificada. En caso de no aceptarlo sufre una penalización que le impide trabajar durante un cierto período de tiempo.

Si la finalidad del legislador es crear un cuerpo independiente y profesional, debe proteger el cobro de estos honorarios. No es de recibo esperar que un profesional realice una labor que conlleva tanta responsabilidad sin tener la certeza de obtener una remuneración a cambio.

La Ley Concursal prevé una prelación en el pago de los créditos. Distingue claramente entre los que se devengan con posterioridad a la declaración de concurso y los que ya existen en esa fecha, dando a los primeros una prioridad en el pago.

El artículo 84 de la Ley Concursal relaciona los créditos considerados contra la masa y en esa extensa relación no figuran indicados explícitamente los honorarios de la Administración Concursal. No es presumible entender que el legislador no los enunciara de forma explícita y se refiriera a ellos incluyéndolos en el punto 12 (según el orden dado por el punto cuarenta y seis del artículo único del Proyecto de Ley)




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del citado artículo 84 («Cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal consideración») ya que este crédito es el único que indefectiblemente se generará en todos los procedimientos. El resto de los relacionados pueden o no darse, pero los honorarios de la Administración Concursal existirán siempre.

Por otro lado, en el artículo 34 de la Ley Concursal, que regula la retribución de la Administración Concursal, el legislador no indicó que éstos fueran con cargo a la masa, sino que «los administradores concursales tendrán derecho a retribución con cargo a la masa» La diferencia es mínima, pero relevante: tendrán derecho, no empleó la expresión se realizarán o satisfarán con cargo a la masa, expresión que si emplea la Ley Concursal en relación a otros créditos, como puede comprobarse en los artículos 61.2 o 62.4, por ejemplo.

También es preciso hacer observar que el Proyecto de Ley impone nuevas obligaciones y responsabilidades a la Administración Concursal, algunas de ellas implicarán una inversión por su parte, y, también establece el nombramiento de un único administrador concursal en gran número de procedimientos.

El arancel de la Administración Concursal se calcula en base al activo y el pasivo de la concursada, teniendo una mayor incidencia en la cifra de los honorarios el activo. La mayor parte de procedimientos apenas disponen de activo y los pasivos no sobrepasan los diez millones. Esto supone que la mayoría de concursos suponen unos honorarios para la Administración Concursal inferiores a 10.000¤. Sólo cuando los activos alcanzan veinticinco millones de euros, los honorarios de la Administración Concursal suponen unos 100.000¤.

Los concursos con honorarios excesivos, aunque notorios por la repercusión en prensa, son un número insignificante. Pero los concursos cuyos honorarios ni siquiera suponen 2.000¤ de honorarios para la Administración Concursal son innumerables. Justo es pues, que al menos, se le garanticen esos honorarios. Sin perjuicio de que, en un futuro, se modifiquen los aranceles limitándose por exceso, pero también por defecto.

ENMIENDA NÚM. 131

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado por el que se introduce un nuevo artículo 73bis a la y 22/2003, con la siguiente redacción:

Artículo 73 bis. Recurso de apelación.

«Contra la sentencia que recaiga en los incidentes de reintegración de la masa activa podrá interponerse recurso directo de apelación.»

JUSTIFICACIÓN

Uno de los temas más delicados que se plantean en materia de reintegración de la masa activa es que, conforme al sistema de la Ley Concursal, las sentencias que recaigan en los incidentes de rescisión no son directamente apelables, sino que se someten a la regla general de la «apelación más próxima». Esta solución no sólo es ilógica, sino que dilata la solución de la reintegración efectiva de la masa. Por esta razón se propone introducir este nuevo artículo.




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ENMIENDA NÚM. 132

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado al artículo único por el que se adiciona un artículo 95 bis a la ley 22/2003, con el siguiente redactado:

«Artículo 95 bis. Publicidad del informe y de la documentación complementaria.

1. La presentación del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso, y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado.

2. El juez podrá acordar, de oficio o a instancia de interesado, cualquier o publicidad complementaria que considere imprescindible, en medios oficiales o privados.»

JUSTIFICACIÓN

En la configuración legal del concurso de acreedores, la Ley establece una primera fase, la denominada «fase común», cuya finalidad principal es la determinación precisa de la masa activa y de la masa pasiva. La duración de esta fase está en función de dos factores: en primer lugar, el momento de presentación del Informe de la administración concursal a que se refiere el artículo 75 de la Ley 22/2003, de 9 de julio; y, en segundo lugar, el número, mayor o menor, de incidentes de impugnación del inventario o de la relación —o lista— de acreedores. Hasta que no finalice la tramitación de estos incidentes, el juez no puede abrir la fase de convenio —o, en su caso, aprobar el convenio anticipado, que, por definición, es un convenio tramitado durante la fase común— ni abrir la alternativa fase de liquidación.

El Proyecto de Ley trata de agilizar la tramitación de esta fase mediante dos técnicas diferentes: en primer lugar, mediante la regulación, con criterios más adecuados, del régimen jurídico de la prórroga del plazo de emisión de ese Informe (número 40 del artículo único; art. 74.2 LC), a fin de impedir que, en los grandes concursos —o mejor, en los concursos con un elevadísimo número de acreedores—, al amparo de la alegada «fuerza mayor», se dilate en exceso la presentación de este documento y de sus muy importantes anejos. Y, en segundo lugar, mediante la mejora del régimen de la liquidación anticipada, esto es, de la liquidación de la masa activa durante esa fase primera o fase común, introducida por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 3 de noviembre (art. 142 bis LC, artículo que el Anteproyecto deroga, por no ser ya necesario como consecuencia de las modificaciones que se introducen en el Capítulo II del Título V).

Sin embargo, el problema de fondo —la duración de la tramitación de los incidentes— no se afronta. El Proyecto se limita a establecer un peculiar trámite —cuya articulación, por otra parte, no se considera bien resuelta— para que, antes de la presentación del inventario y de la lista de acreedores, los interesados puedan conocer los «proyectos» de estos documentos a fin de que tengan ocasión de advertir a la Administración concursal la existencia de errores o para que complementen los datos relativos a los créditos que en su día hubieran sido objeto de comunicación (número 51 del artículo único; art. 95.1 LC).

Es necesario tanto modificar profundamente el régimen del plazo de presentación del Informe como evitar esa «paralización» de la fase común; y es preciso afrontar ambas cuestiones con decisión y firmeza. En relación con este segundo tema, la clave es que la impugnación del inventario y de la lista de acreedores no produzca esa paralización. Al mismo tiempo, hay que eliminar esa acumulación de oficio de los incidentes, introducida por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 3 de noviembre (art. 17.13), que, por no ser realista, los Jueces de lo mercantil, con buen criterio, se abstienen de acordar.




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ENMIENDA NÚM. 133

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado al artículo único por el que se adiciona un artículo 95 Ter a la ley 22/2003, con el siguiente redactado:

«Artículo 95 ter. Corrección del inventario y de la lista de acreedores

1. Dentro de los diez días siguientes a contar desde la notificación a que serefiere el artículo anterior, los personados en el concurso podrán solicitar de la administración concursal la corrección del inventario o de la lista de acreedores, mediante escrito razonado que remitirán al correo electrónico de ésta, acompañado de las pruebas documentales que consideren necesarias o convenientes.

2. Dentro de los quince días siguientes a la finalización del plazo para solicitar la corrección, la administración concursal presentará escrito al Juez del concurso en el que relacionarán las solicitudes de corrección recibidas y expresarán aquéllas correcciones que consideren procedentes introducir, con justificación e la decisión; y ese mismo día remitirá comunicación a cada uno de los solicitantes de la corrección informándoles de la estimación o desestimación de la solicitud. Si las solicitudes de corrección fueran más de quinientas el plazo será de un mes.

3. La presentación de este escrito se notificará a quienes se hayan personado en el concurso, y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado.»

JUSTIFICACIÓN

En la configuración legal del concurso de acreedores, la Ley establece una primera fase, la denominada «fase común», cuya finalidad principal es la determinación precisa de la masa activa y de la masa pasiva. La duración de esta fase está en función de dos factores: en primer lugar, el momento de presentación del Informe de la administración concursal a que se refiere el artículo 75 de la Ley 22/2003, de 9 de julio; y, en segundo lugar, el número, mayor o menor, de incidentes de impugnación del inventario o de la relación —o lista— de acreedores. Hasta que no finalice la tramitación de estos incidentes, el juez no puede abrir la fase de convenio —o, en su caso, aprobar el convenio anticipado, que, por definición, es un convenio tramitado durante la fase común— ni abrir la alternativa fase de liquidación.

El Proyecto de Ley trata de agilizar la tramitación de esta fase mediante dos técnicas diferentes: en primer lugar, mediante la regulación, con criterios más adecuados, del régimen jurídico de la prórroga del plazo de emisión de ese Informe (número 40 del artículo único; art. 74.2 LC), a fin de impedir que, en los grandes concursos —o mejor, en los concursos con un elevadísimo número de acreedores—, al amparo de la alegada «fuerza mayor», se dilate en exceso la presentación de este documento y de sus muy importantes anejos. Y, en segundo lugar, mediante la mejora del régimen de la liquidación anticipada, esto es, de la liquidación de la masa activa durante esa fase primera o fase común, introducida por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 3 de noviembre (art. 142 bis LC, artículo que el Anteproyecto deroga, por no ser ya necesario como consecuencia de las modificaciones que se introducen en el Capítulo II del Título V).

Sin embargo, el problema de fondo —la duración de la tramitación de los incidentes— no se afronta. El Proyecto se limita a establecer un peculiar trámite —cuya articulación, por otra parte, no se considera bien resuelta— para que, antes de la presentación del inventario y de la lista de acreedores, los interesados puedan conocer los «proyectos» de estos documentos a fin de que tengan ocasión de advertir a la Administración concursal la existencia de errores o para que complementen los datos relativos a los créditos que en su día hubieran sido objeto de comunicación (número 51 del artículo único; art. 95.1 LC).




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Es necesario tanto modificar profundamente el régimen del plazo de presentación del Informe como evitar esa «paralización» de la fase común; y es preciso afrontar ambas cuestiones con decisión y firmeza. En relación con este segundo tema, la clave es que la impugnación del inventario y de la lista de acreedores no produzca esa paralización. Al mismo tiempo, hay que eliminar esa acumulación de oficio de los incidentes, introducida por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 3 de noviembre (art. 17.13), que, por no ser realista, los Jueces de lo mercantil, con buen criterio, se abstienen de acordar.

ENMIENDA NÚM. 134

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado, por el que se suprime el apartado 2 del artículo 104 de la ley 22/2003.

JUSTIFICACIÓN

Si se opta por mantener los límites actuales en el artículo 100, la reforma consistiría en la derogación del apartado segundo del artículo 104, en materia de propuesta anticipada, y en la supresión del párrafo segundo del artículo 100.1.

ENMIENDA NÚM. 135

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado por el que se incorpora un nuevo apartado 3bis al artículo 172 a la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«3 bis. En el supuesto en que el deudor persona natural hubiere promovido el procedimiento notarial previo al concurso a que se refiere el art. 5.4 sin haber alcanzado un convenio con sus acreedores o, habiéndolo alcanzado, éste hubiere resultado incumplido, la calificación culpable del concurso sólo procederá:

a) si resulta de aplicación alguna de las circunstancias previstas en los artículos 164 y 165 de esta ley,

b) si se acredita la existencia de omisiones significativas en el inventario de bienes y derechos o en la relación de acreedores declarada notarialmente en el procedimiento a que se refiere el art. 5.4, o

c) si se acredita que el convenio notarial se ha incumplido con mala fe o negligencia grave.




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En caso de calificación culpable del concurso, al deudor persona natural no podrá aprovecharle lo previsto en el artículo 172 bis.

A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se considerará que una omisión en la relación de bienes y derechos o en la relación de acreedores es significativa cuando, de acuerdo con los valores consignados en los textos definitivos de los documentos del Informe de la administración concursal a que se refiere el artículo 75 apartado segundo, suponga como mínimo un 20 por ciento del valor de los bienes y derechos o del valor del conjunto de las deudas, según corresponda, declarados ante el notario en el procedimiento a que alude el art. 5.4.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación de los artículos 172 y 178, y la introducción del 172.ter, tiene por finalidad de introducir un mecanismo de exoneración al deudor.

En la vigente Ley Concursal, a las personas jurídicas se les permite la extinción de sus obligaciones, con extinción de la personalidad jurídica, en caso de inexistencia de bienes y derecho; y en este supuesto quedan insatisfechas las deudas que no se hayan satisfecho con el patrimonio de la compañía. Por el contrario, no se establece ningún tipo de límite a la responsabilidad del deudor persona natural. Ello comporta además que no exista ningún incentivo para que el acreedor acuerde un convenio con el deudor, lo cual supondría que el deudor se obliga a efectuar los pagos convenidos con el consiguiente esfuerzo para la satisfacción de los créditos. Ante la insolvencia del deudor persona natural deben establecerse mecanismos de colaboración efectiva entre acreedores y deudores destinados a la consecución de soluciones convencionales a la insolvencia.

En los últimos veinticinco años, prácticamente la totalidad de los países de nuestro entorno han introducido mecanismos de exoneración, bien en procedimientos judiciales bien en procedimientos extrajudiciales. A diferencia de los Estados Unidos y el Reino Unido, la mayoría de países de la Unión Europea han optado por introducir sistemas en los que en lugar de una exoneración directa y sin prácticamente ningún requisito (fresh start), consideran que debe exonerarse al deudor de sus obligaciones, pero exigiendo que sea un deudor honesto o de buena fe y que demuestre su esfuerzo en el pago a sus acreedores a través del seguimiento de algún plan de pagos (earned start).

En este sentido, la Recomendación CM/Rec(2007)8 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre soluciones jurídicas a los problemas de endeudamiento, ya establecía que «La liquidación total o parcial de las deudas puede ser una solución útil en los casos de sobreendeudamiento en los que otras medidas han demostrado ser ineficaces. En algunos casos, puede ser consecuencia del cumplimiento satisfactorio de planes de ajuste de la deuda y, en otros, puede utilizarse como una solución independiente. En todos los casos, la liquidación de las deudas debería ir acompañada de medidas encaminadas a prevenir el sobreendeudamiento, teniendo en cuenta los motivos específicos que conducen al sobreendeudamiento en cada caso particular. Al considerar la liquidación total o parcial de las deudas, debería tenerse debidamente en cuenta que todas las deudas deberían incluirse, salvo aquellas que sean objeto de exenciones especiales previstas por la legislación nacional.»

Reconoce la exposición de motivos del proyecto de reforma de la ley concursal, que «el deterioro de la situación económica ha acentuado determinados aspectos de la legislación que han resultado disfuncionales y ha puesto de manifiesto el incumplimiento de uno de los propósitos principales de la ley, que es la conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado.» Y asimismo, que el proyecto supone una «actualización integral de nuestro Derecho concursal a la vista de la corta pero intensa experiencia y aplicación de la Ley del 2003, del derecho comparado y de su evolución.»

Por ello, la propuesta que se efectúa engarza con el doble planteamiento del proyecto de reforma. Por un lado se pretende dar respuesta a una situación económica deteriorada y por otro lado, introducir mecanismos que el derecho comparado ha constatado como necesarios y útiles. El mecanismo de exoneración propuesto tiene un componente evidente de estímulo económico. La experiencia de países de nuestro entorno nos muestra como la introducción de la segunda oportunidad supone un claro incentivo a la emprendeduría, dado que se ofrece al deudor la posibilidad de empezar de nuevo, de salir de un proceso de eventual exclusión social a un proceso de reactivación de su capacidad de iniciar nuevas iniciativas empresariales, de solicitar nuevamente crédito, o de crear empleo.




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ENMIENDA NÚM. 136

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado por el que se incorpora un nuevo artículo 172 Ter a la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«Articulo 172 ter.

1. En el caso de deudor persona natural, la resolución judicial que declare el concurso fortuito podrá acordar motivadamente que, si de la liquidación resulta la inexistencia de bienes y derechos suficientes para satisfacer a los acreedores, la obligación de responder de las deudas subsistentes con los bienes y derechos que obtenga en el futuro prevista en el artículo 1.911 del Código Civil sea limitada temporalmente en consideración a las circunstancias personales del deudor y de su familia. En tal caso, la resolución judicial determinará que, transcurrido un plazo que no podrá ser inferior a tres años ni superior a seis computado desde la fecha de la firmeza del auto de conclusión del procedimiento concursal, el deudor quedará exonerado de la obligación de pagar el pasivo concursal que permanezca insatisfecho y no podrá acordarse si el deudor se hubiera beneficiado de tal mecanismo de exoneración en el período de diez años anterior a la resolución judicial. Esta exoneración podrá ser revocada en el plazo de un año desde que se acuerde, a instancias de cualquier acreedor que justifique que, tras la conclusión del concurso, el comportamiento del deudor haya frustrado negligente o dolosamente las posibilidades de cobro de sus acreedores.

La exoneración no perjudicará a los acreedores cuyos derechos de créditos nazcan con posterioridad a la conclusión del concurso.

2. Con carácter alternativo a lo previsto en el apartado anterior, siempre que concurran las circunstancias señaladas en el mismo y en consideración a las circunstancias personales del deudor y de su familia, la resolución judicial que declare el concurso fortuito podrá establecer motivadamente, durante el plazo que estime adecuado, un umbral de inembargabilidad de los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones futuras del deudor superior al previsto con carácter general en el ordinal segundo del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo podrá solicitar la modificación de dicho umbral de inembargabilidad cuando acredite el cambio de las circunstancias que justificaron la elevación del mismo en beneficio del deudor.

3. En los supuestos previstos en el apartado primero, no será posible la reapertura del concurso y tendrán carácter individual las acciones que, en su caso, se interpongan hasta la fecha en que sea efectiva la exoneración de deudas. Una vez sea eficaz la exoneración de deudas, serán archivadas las acciones individuales en trámite que no hayan sido conducentes y únicamente cabrá la solicitud de un nuevo concurso de acreedores frente al mismo deudor si se cumplen los presupuestos establecidos en esta Ley en relación con deudas nacidas tras la conclusión del primer procedimiento concursal.

4. En las hipótesis previstas en el número 2 anterior no será posible la reapertura del concurso de acreedores, pero los nuevos umbrales de inembargabilidad no podrán oponerse a los acreedores cuyos créditos hayan nacido con posterioridad a la conclusión del concurso.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación de los artículos 172 y 178, y la introducción del 172.ter, tiene por finalidad de introducir un mecanismo de exoneración al deudor.

En la vigente Ley Concursal, a las personas jurídicas se les permite la extinción de sus obligaciones, con extinción de la personalidad jurídica, en caso de inexistencia de bienes y derecho; y en este supuesto




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quedan insatisfechas las deudas que no se hayan satisfecho con el patrimonio de la compañía. Por el contrario, no se establece ningún tipo de límite a la responsabilidad del deudor persona natural. Ello comporta además que no exista ningún incentivo para que el acreedor acuerde un convenio con el deudor, lo cual supondría que el deudor se obliga a efectuar los pagos convenidos con el consiguiente esfuerzo para la satisfacción de los créditos. Ante la insolvencia del deudor persona natural deben establecerse mecanismos de colaboración efectiva entre acreedores y deudores destinados a la consecución de soluciones convencionales a la insolvencia

ENMIENDA NÚM. 137

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, capítulo nuevo.

Se introduce un nuevo Título X, denominado «Acuerdos de refinanciación», con los siguientes artículos.

«CAPÍTULO I

Acuerdos de refinanciación

Artículo 231. Los acuerdos de refinanciación.

Se consideran acuerdos de refinanciación, a los efectos de lo regulado en esta Ley, aquellos que establezca el deudor común con una pluralidad de acreedores, que consistan bien en la ampliación en, al menos, el diez por ciento, de la financiación concedida por esos acreedores, sea por novación de los créditos o de los préstamos existentes, sea por concesión de otros nuevos en sustitución de aquéllos, bien en la prórroga por, al menos, tres años, con o sin intereses, del plazo de vencimiento de las obligaciones contraídas.

CAPÍTULO II

De la convocatoria a los acreedores

Artículo 232. La convocatoria a los acreedores.

1. El deudor en situación de insolvencia actual o inminente que pretenda negociar un acuerdo de refinanciación, hasta que no haya sido admitida a trámite la solicitud de declaración de concurso, convocará a aquellos acreedores que libremente decida, a una reunión a celebrar en el lugar donde radique su domicilio para tratar de la consecución de dicho acuerdo.

Si el deudor fuera persona jurídica, la competencia para decidir la convocatoria corresponderá al órgano de administración, el cual no podrá delegarla en ninguno de sus miembros.

2. Entre la fecha de la convocatoria y la fecha de la reunión deberá mediar, al menos, un plazo de diez días hábiles.

Artículo 233. Forma de la convocatoria.

La convocatoria se realizará por conducto notarial, por medio de burofax con certificación de contenido o por cualquier otro medio de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción, incluidos los electrónicos.




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Artículo 234. Contenido de la convocatoria.

1. La convocatoria deberá expresar el lugar, día y hora de la reunión, la finalidad de ésta, así como la identidad de cada uno de los acreedores convocados, con expresión de la cuantía del crédito de que fuera titular cada uno de ellos, de la fecha de concesión y de vencimiento, y de las garantías, personales o reales, que, en su caso, se hubieran constituido y de la fecha de la constitución.

2. La convocatoria deberá ir firmada por el propio deudor y, si fuera persona jurídica, por el administrador con poder de representación.

Artículo 235. Convocatoria a reuniones conjuntas.

Dos o más deudores podrán convocar simultáneamente a aquellos acreedores que cada uno de ellos libremente decida a una reunión conjunta a celebrar en el lugar donde radique el domicilio de cualquiera de ellos para tratar de la consecución de acuerdos simultáneos de refinanciación.

CAPÍTULO III

De la comunicación al Juzgado y efectos jurídicos

Sección 1.ª De la comunicación

Artículo 236. Comunicación al Juzgado.

1. La existencia de la convocatoria deberá ser puesta en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso voluntario el mismo día en que se hubiera realizado, con expresión de la identidad de los acreedores convocados, acompañando copia de los escritos remitidos alos acreedores.

2. En caso de convocatoria a reuniones conjuntas, la existencia de la convocatoria deberá ser puesta en conocimiento por cada uno de los deudores al juzgado competente para la declaración del propio concurso.

Artículo 237. Auto de iniciación.

1. En el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil al de su reparto, el juez examinará la comunicación y los documentos que la acompañen y, si se estima competente y se ajustara ésta a lo establecido en esta Ley, dictará auto teniendo por comunicado la voluntad del deudor común de iniciar negociaciones para la consecución de un acuerdo de refinanciación, concediendo el plazo de dos meses a contar desde la fecha de la comunicación para presentar al juzgado el texto de dicho acuerdo.

2. El juez competente actuará de oficio en todo el proceso de negociación nombrando un profesional del artículo 27.1, abogado, auditor, economista o titulado mercantil para que intervenga en todo el proceso y emita informe descriptivo y, en su caso, valorativo del mismo.

3. En el auto o en resolución posterior podrá el juez, a instancia del anterior experto del apartado 2, acordar la intervención de las facultades de administración y disposición del deudor común sobre su patrimonio, nombrando un interventor de entre los auditores, titulados mercantiles o economistas que reúnan las condiciones exigidas por la Ley para ser designados administradores concursales. La retribución del interventor correrá a cargo del deudor.

Sección 2.ª De los efectos de la comunicación

Artículo 238.—Efectos de la comunicación sobre el deudor común

1. Desde la convocatoria a los acreedores, el deudor común se limitará a realizar los actos propios de la actividad a que se dedique. Para los demás actos requerirá bien conformidad de la totalidad de los acreedores convocados, bien autorización judicial.

2. El deber de solicitar la declaración de concurso voluntario no será exigible al deudor en situación de insolvencia actual que hubiera obtenido plazo del juez para negociar con los acreedores un acuerdo de refinanciación.

Artículo 239. Deberes de los acreedores convocados.

1. Los acreedores convocados están obligados a guardar secreto sobre la existencia y la finalidad de la convocatoria, así como a asistir a la reunión.




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La persona que asista a la reunión en representación del acreedor persona jurídica se considerará a todos los efectos con poder suficiente para negociar y aceptar las propuestas de refinanciación que pudiera realizar el deudor, aunque esta facultad no figure en la escritura de poder con la que asista.

Los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo recibido la convocatoria, no asista a la reunión, se calificarán como créditos subordinados en el caso de que, fracasada la consecución del acuerdo de refinanciación, fuera declarado el concurso del deudor común.

2. Desde la fecha de recepción de la convocatoria hasta que finalice la reunión, los acreedores convocados deberán abstenerse de realizar cualquier acto dirigido a mejorar o modificar la situación en que se encuentren respecto del deudor común. En particular, no podrán dar por vencidos anticipadamente los créditos aplazados, exigir la extinción total o parcial de la deuda o la novación de ésta,exigir el pago a los fiadores, solicitar u obtener nuevas garantías o ampliar las ya existentes, ni compensar los créditos frente al deudor común con deudas que el acreedor tuviera frente a éste.

Artículo 240. Solicitudes de declaración de concurso necesario posteriores a la convocatoria a los acreedores.

Las solicitudes de declaración de concurso presentadas por cualquiera de los acreedores antes o después de la fecha de la comunicación de la convocatoria sólo se proveerán cuando haya finalizado el plazo de dos meses fijado por el juez competente para la declaración de concurso o antes de ese plazo si hubieran fracasado las negociaciones con los acreedores. Las solicitudes de declaración de concurso presentadas antes pero admitidas después de la comunicación, quedarán en suspenso.

CAPÍTULO IV

De la negociación del acuerdo de refinanciación

Artículo 241. La mesa de los acreedores.

1. Las reuniones con los acreedores se celebrarán bajo la presidencia del principal acreedor concurrente, actuando de secretario el siguiente en importancia.

2. El secretario levantará acta de la reunión, a menos que el deudor o cualquiera de los acreedores convocados hubieran requerido la presencia de notario.

3. En ningún caso podrán actuar como presidente o secretario acreedores especialmente relacionados con el deudor.

Artículo 242. Las reuniones.

1. En la primera reunión el deudor entregará a los acreedores convocados un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial por un plazo de, al menos, cinco años, así como una propuesta de acuerdo de refinanciación.

2. Si la mayoría del pasivo convocado no acordara continuar las negociaciones, fijando un calendario para las sucesivas reuniones, el deudor deberá solicitar de inmediato la declaración de concurso de acreedores.

3. El mismo deber tendrá el deudor desde que, en alguna de las sucesivas reuniones, la mayoría del pasivo convocado no concurriera a la reunión o no acordara continuarlas.

Artículo 243. Ampliación de la convocatoria.

La mayoría del pasivo convocado podrá acordar la ampliación de la convocatoria a las reuniones sucesivas a los acreedores que considere conveniente.

Artículo 244. Modificación del plan de viabilidad.

Los acreedores convocados podrán modificar el plan de viabilidad presentado por el deudor como tengan por conveniente.

Artículo 245. El acuerdo de refinanciación.

1. El acuerdo de refinanciación exigirá el voto favorable de acreedores convocados cuyos créditos representen, al menos, los tres quintos del pasivo exigible del deudor, excluidos los créditos de los acreedores especialmente relacionados con éste.




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2. El acuerdo de refinanciación se consignará por escrito y deberá ir acompañado de un informe favorable sobre el plan de viabilidad, emitido por experto independiente, designado por la mayoría del pasivo convocado de entre los auditores, titulados mercantiles o economistas que reúnan las condiciones para ser designados administradores concursales.

3. Todos los acreedores convocados, incluso los disidentes y los que, a pesar de haber sido convocados, no hubieran participado en las reuniones, quedarán sometidos a las prórrogas por, al menos, tres años, con o sin intereses, del plazo de vencimiento de las obligaciones contraídas.

Artículo 246. Comunicación del acuerdo de refinanciación al Juez. Declaración de oficio del concurso de acreedores.

1. Dentro del plazo de dos meses a contar desde la primera convocatoria a los acreedores, el deudor deberá presentar al Juez el acuerdo de refinanciación, acompañado del plan de viabilidad y del informe del experto independiente, así como de una relación de los créditos de que fueran titulares los acreedores no convocados que estuvieran vencidos a la fecha del acuerdo.

2. En el caso de falta de presentación dentro de ese plazo o de presentación incompleta, el Juez declarará de oficio el concurso voluntario del deudor.

Artículo 247. Publicidad del acuerdo.

Presentado el acuerdo de refinanciación, el Juez dictará auto teniéndolo por presentado. A este auto se dará la misma publicidad que la establecida para la declaración de concurso.

Artículo 248. Pago de los créditos vencidos.

1. Dentro de los tres meses siguientes a la comunicación del acuerdo de refinanciación, el deudor deberá presentar al Juez los justificantes del pago de los créditos de los acreedores no convocados que estuvieran vencidos a la fecha del acuerdo o el documento en el que consten los pactos particulares que, en su caso, hubiera alcanzado con ellos.

2. En el caso de falta de presentación dentro de ese plazo, el Juez declarará de oficio el concurso necesario del deudor.

Artículo 249. Rescisión.

1. En caso de que el deudor fuera declarado en concurso transcurridos dos años a contar de la fecha del acuerdo de refinanciación, los actos realizados por éste en ejecución del acuerdo de refinanciación y las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de lo pactado sólo podrán ser objeto de rescisión si se acreditara la intención fraudulenta de quienes hubieran realizado esos actos o constituido esas garantías.

2. La administración concursal será la única legitimada para el ejercicio de las acciones de reintegración a que se refiere el apartado anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Estimamos que los artículos de la reforma relativos a los acuerdos de refinanciación no son suficientes, por lo que se propone la inclusión de un Título X nuevo específico, en el que se desarrolla con detenimiento esta solución preconcursal. Asimismo, se refuerza la intervención del operador judicial en estos acuerdos de refinanciación. Finalmente se propone una intervención profesional en la negociación con control judicial, a través del auxilio de profesionales competentes.

ENMIENDA NÚM. 138

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.




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ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado nuevo. De adición.

Se añade un nuevo apartado por el que se incorpora una nueva Disposición Adicional a la Ley 22/2003, con el siguiente redactado:

«Disposición Adicional Sexta.

Procedimiento notarial destinado a la liquidación patrimonial por sobreendeudamiento de las personas naturales

1. El procedimiento regulado en esta disposición se aplicará exclusivamente a las personas naturales.

2. La persona física o los cónyuges que se encuentren en situación de sobreendeudamiento podrán iniciar el presente procedimiento notarial ante Notario hábil para actuar en la población en que tengan su domicilio familiar habitual.

3. El solicitante deberá declarar, y si fuese menester aportar o exhibir la documentación necesaria para ello, lo siguiente:

a) La descripción de todo su activo patrimonial, que en lo que concierne a los bienes, derechos o cualquier otra titularidad registrable, deberá contener necesariamente los datos que permitan su identificación registral.

b) La descripción suficiente que permita identificar todas las deudas, con singular determinación de los acreedores y de sus circunstancias personales o sociales.

c) El nombre y demás circunstancias necesarias del Letrado colegiado en quien delega la negociación.

d) La propuesta que ofrece para la mejor satisfacción de sus deudas, dentro de lo que pueda alcanzar a satisfacerse con los bienes declarados.

4. El notario comunicará el inicio del presente procedimiento notarial a todos los Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles u otros en que pueda constar la titularidad de elementos del activo susceptibles de registrarse.»

JUSTIFICACIÓN

Se establece un mecanismo de exoneración de las deudas al deudor persona natural en la línea del derecho comparado, con el establecimiento de un procedimiento notarial previo con la finalidad de desjudicializar las situaciones de insolvencia de la persona natural.

El actual sistema económico está basado en la concesión de crédito tanto a empresas como a particulares. Siendo el mercado del crédito un elemento fundamental para el desarrollo económico, es necesario que el ordenamiento jurídico ofrezca una solución a los accidentes que se produzcan en el normal desarrollo del sistema crediticio, de forma que el deudor que se vea sumido en una situación de sobreendeudamiento no deba quedar obligado al pago de sus obligaciones de forma inexorable y sin posibilidad alguna de liberación de las deudas.

ENMIENDA NÚM. 139

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo único.




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ENMIENDA

De adición.

Artículo nuevo. De adición.

Se añade un nuevo artículo después del artículo único por el que se modifica el apartado 3 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, que quedará redactado como sigue:

«Ello se entiende sin perjuicio de la responsabilidad directa del organismo en los casos legalmente establecidos, así como de las cantidades que estuvieran reconocidas en título sobre el que se hubiera despachado ejecución y se hubiera declarado judicialmente la insolvencia del empresario afectado por el concurso, y las cantidades reconocidas en sentencia del Orden Social, que se entenderán comunicadas y reconocidas a todos los efectos legales.»

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de que las cantidades de los trabajadores estén reconocidas en el concurso como créditos concursales o créditos contra la masa plantea dos problemas. Por una parte, es evidente que no puede afectar a los casos de responsabilidad directa del Fondo en el pago de una parte de la indemnización por extinción por causas objetivas o despido colectivo, en cuyo caso la declaración de concurso de la empresa no puede operar como condicionante de la responsabilidad del Fondo. Y además, hay que tener en cuenta que el Orden Social sigue teniendo la.competencia para declarar la existencia de deudas contra la empresa, sin perjuicio de que su ejecución se encuentre sometida al concurso. En tales casos, exigir un reconocimiento por los Administradores introduce el riesgo de que ante la negativa, los trabajadores tengan que agotar todo un sistema de recursos ante el Orden Civil cuando ya en el Orden Social han obtenido la condena en la que han sido parte los propios Administradores. Esto pone en evidencia que estamos ante una exigencia desproporcionada e injustificada que puede ralentizar el cobro de los salarios o indemnizaciones cubiertos por el Fondo.

Además se plantea el caso de los supuestos en los que se ha declarado la insolvencia antes del concurso y aun no se ha reclamado la prestación al Fondo. Por ello no parece razonable excluir la posibilidad de que la declaración de insolvencia sea suficiente para acceder a las prestaciones, tanto respecto a las anteriores al concurso, como incluso las posteriores reconocidas en sentencia del Orden Social. Esto es congruente además con el reconocimiento que se propone de la sentencia como reconocimiento ex lege de las cantidades a efectos concursales

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 31 enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Senado, 7 de septiembre de 2011.—El Portavoz, Ramón Aleu i Jornet.

ENMIENDA NÚM. 140

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Uno.

ENMIENDA

De adición.

De adición en el artículo único, apartado uno.

Se añade un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 5 bis.




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«El deudor deberá acreditar que ha informado a los representantes de los trabajadores del inicio de las negociaciones para obtener un acuerdo de refinanciación o una aprobación anticipada de convenio, y que ha iniciado el deber de consulta con dichos representantes sobre la adopción de medidas preventivas en caso de riesgo para el empleo, de conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una medida preventiva ante una situación de riesgos para el empleo, lo que obliga a dar cumplimiento al Art. 64 del ET, que impone el deber de información y consulta, lo que no es sino mandato establecido de la Directiva 2002/14/CE, de 11 de marzo. Es preciso lograr la adecuada coordinación de los dos bloques normativos y eliminar el riesgo de prácticas ilegales que puedan viciar la propia consecución de los acuerdos de refinanciación o la aprobación anticipada del convenio.

En ese acuerdo se incluye un plan de viabilidad, de conformidad con el Art. 71.6 que va a predeterminar las medidas extintivas o modificativas de los contratos de trabajo, y es preciso asegurar que las consultas se realizan en un período idóneo, antes de haberse predeterminado la posición empresarial de conformidad con la doctrina del TJUE.

ENMIENDA NÚM. 141

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

De modificación del apartado dieciocho del artículo único.

Se modifica el apartado 3 del artículo 25 bis.

«3. La acumulación procederá aunque los concursos hayan sido declarados por diferentes juzgados. En ese caso, la competencia para la tramitación de los concursos acumulados corresponderá al Juez que estuviera conociendo del concurso de la sociedad dominante o, en su caso, del deudor con mayor pasivo en el momento de la presentación de la solicitud de concurso.»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con lo dispuesto en el artículo 10.5 de la Ley Concursal respecto al centro de intereses principales del grupo. Además, se elimina la referencia final del apartado por ser innecesaria de incoherente con el régimen legal de atribución de la competencia judicial.

ENMIENDA NÚM. 142

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.




Página 319


De modificación del apartado diecinueve del artículo único.

Se modifica el primer párrafo del apartado 4 del artículo 27.

«4. Los administradores concursales profesionales se nombrarán por el Juez respetando el orden de las listas que existan. No podrá ser designado administrador concursal aquel que ya desempeñe esa función en tres o más concursos.»

JUSTIFICACIÓN

Se está produciendo un verdadero abuso en el nombramiento de los administradores concursales que, como sucedía con las derogadas leyes de quiebras y de suspensión de pagos, se realiza con criterios poco claros. En principio, todos los incluidos en las listas profesionales cumplen con los requisitos para ser designados como administradores, por lo que no hay razón para romper el orden de las listas. Se trata, en suma, de introducir transparencia en este mercado profesional eliminando al arbitrismo basado en razones poco transparentes, cuando no injustificadas.

Se propone agilizar la tramitación de los concursos y romper el oligopolio que se está creando en este ámbito.

En primer lugar, como decimos, hay que suponer que todos los administradores concursales tienen la misma habilitación profesional. En segundo lugar, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos profesionales, el nombramiento de los administradores concursales no está sujeto a la libre competencia, sino que es producto de la decisión judicial. En tercer lugar, el principal problema en la tramitación de los concursos es su dilación, hasta el punto de que aquella se está acercando peligrosamente a los antiguos procedimientos concursales, que nunca terminaban. Por último, resulta imposible que un administrador concursal pueda gestionar eficazmente más de tres concursos con la diligencia y atención necesarias.

ENMIENDA NÚM. 143

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado diecinueve del artículo único.

Se modifica el apartado 5 del artículo 27.

«5. En supuestos de concursos conexos, el Juez competente para la tramitación de éstos nombrará una administración concursal única designando auxiliares delegados. En caso de acumulación de concursos ya declarados, el nombramiento recaerá en una de las administraciones concursales ya existentes.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de abaratar costes del concurso y simplificar su tramitación. Si se acumulan o tramitan conjuntamente varios concursos no tiene sentido la coexistencia de distintas administraciones concursales. Por lo demás, en este caso es lógico que la administración recaiga en los administradores concursales ya designados, que conocen las circunstancias del concurso.




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ENMIENDA NÚM. 144

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado veinte del artículo único.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 28.

«Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan, o hayan existido en los dos años anteriores a la solicitud del concurso, de hecho o de derecho, relaciones de prestación de servicios, de colaboración o de dependencia, cualquiera que sea el título jurídico que pueda atribuirse a dichas relaciones.»

JUSTIFICACIÓN

Como en otros ámbitos del concurso (acciones rescisorias, responsabilidad del concursado, etc.) resulta necesario extender, y por el mismo periodo de dos años, la vinculación a las relaciones entre los administradores concursales inmediatamente anteriores a la solicitud del mismo.

Se trata de corregir el creciente y preocupante fenómeno de que, en ciertos casos, algunos administradores concursales tienen relaciones económicas con el Juez del concurso. Es el caso, por ejemplo, de la organización por aquellos de cursos, conferencias o congresos a los que se invita a participar, de manea remunerada, al Juez.

ENMIENDA NÚM. 145

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Veinticuatro.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el artículo único, apartado veinticuatro.

Veinticuatro. Se añade un segundo párrafo nuevo al artículo 32.1, cuya redacción será la siguiente:

«(…)

El nombramiento de, al menos, un auxiliar delegado será obligatorio cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

1.º En empresas con establecimientos en, al menos, dos provincias.

2.º En empresas de más de 500 trabajadores.

3.º En concursos conexos.»

JUSTIFICACIÓN

Se precisa el texto, que adolece de excesiva indefinición. En primer lugar, no parece necesario nombrar un auxiliar cuando los establecimientos se encuentran en la misma provincia; si se considera conveniente




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proceder a ese nombramiento basta con lo previsto en el primer párrafo del precepto. En segundo lugar, se precísale concepto de empresa de gran dimensión tomando como referencia el número de trabajadores. En tercer lugar, en coherencia con otra enmienda, se suprime la referencia a la posibilidad de que existan varias administraciones concursales en los concursos conexos. Finalmente, se suprime el ordinal 3.º del texto porque no se entiende en qué puede ayudar a la tramitación del concurso el nombramiento de un auxiliar cuando se acuerda la prórroga del informe, más allá de aumentar los costes del concurso de forma injustificada.

ENMIENDA NÚM. 146

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Treinta.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado treinta del artículo único.

Se modifica el número 1.º del apartado 3 del artículo 43.

«3. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

1.º Los actos de disposición que la administración concursal, por unanimidad, considere indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa hasta la aprobación judicial del convenio o hasta la aprobación judicial del plan de liquidación. Antes de proceder a realizar tales actos de disposición, la administración concursal deberá comunicar su intención al Juez del concurso indicando el concreto acto que propone realizar, sus condiciones y términos, la identidad de aquel con el que pretende realizarlo y la justificación de su indispensabilidad, en particular, la inexistencia de alternativa económica al acto de disposición que se propone. No podrán enajenarse bienes o derechos que no se encuentren afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado o que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial.

Si se pretendiese la enajenación de bienes o derechos que integran la masa activa, dicha enajenación se realizará con arreglo a las normas establecidas en el artículo 149 de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone precisar las condiciones y el procedimiento para la realización de los actos de disposición a los que se refiere el precepto. Se suprime la referencia a las necesidades de tesorería porque puede dar lugar a abusos, además de que pudiera darse el caso de que estos actos impidan o dificulten la viabilidad de la empresa. Se precisa el contenido de la comunicación a Juez y se exige que éste apruebe la realización de dichos actos ya que no parece oportuno que una decisión tan importante pueda realizarse sin previa aprobación judicial. Por último, se armoniza la eventual enajenación de bienes y derechos con lo previsto en la propia Ley Concursal para la liquidación.

ENMIENDA NÚM. 147

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.




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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado cuarenta y ocho del artículo único.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 64.

«Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en tramitación un expediente de regulación de empleo, la Autoridad laboral mantendrá su competencia, correspondiendo a la administración concursal la ejecución de la resolución dictada por aquella.»

JUSTIFICACIÓN

La autoridad laboral es órgano experimentado y buen conocedor de los problemas y conflictos sociolaborales, y tiene la capacidad y perspectiva de valorar otros intereses públicos generales tales como los locales, los del sector, etc. Mantener la competencia de la autoridad laboral, cuando ya ha iniciado la tramitación, facilitaría que se pudieran resolver muy rápidamente las situaciones de empresas abocadas al cierre y sin liquidez, con acceso al desempleo más rápido.

ENMIENDA NÚM. 148

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo único, apartado cuarenta y ocho.

El apartado 5 del artículo 64 modificado en el apartado cuarenta y ocho del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

«Los representantes de los trabajadores o la administración concursal podrán solicitar al Juez la participación en el periodo de consultas de otras sociedades o personas que indiciariamente puedan constituir un grupo de empresas a efectos laborales. A estos efectos, podrá interesar el auxilio del juzgado que se estime necesario para su comprobación.»

JUSTIFICACIÓN

Lo relevante es poder traer al ERE concursal al grupo de empresas a los efectos laborales, cuyos requisitos están perfectamente definidos por la jurisprudencia laboral.

ENMIENDA NÚM. 149

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.




Página 323


ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo único, apartado cuarenta y ocho.

El párrafo segundo del apartado 6 del artículo 64 modificado en el apartado cuarenta y ocho del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

«El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, en su caso, o de los representantes sindicales, si los hubiere, que en su caso sumen la mayoría de aquéllos. En ausencia de representación de los trabajadores, el acuerdo requerirá la mayoría de la comisión integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa concursada.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica, en coherencia con otra enmienda.

ENMIENDA NÚM. 150

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo único, apartado cuarenta y ocho.

El primer párrafo del apartado 7 del artículo 64 modificado en el apartado cuarenta y ocho del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

«7. Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el Juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo apreciase la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación vigente y al informe vinculante de la Autoridad laboral en caso de desacuerdo.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica, en coherencia con otra enmienda.

ENMIENDA NÚM. 151

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.




Página 324


ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo único, apartado cuarenta y ocho.

El segundo párrafo del apartado 8 del artículo 64 modificado en el apartado cuarenta y ocho del artículo único, queda redactado como sigue:

«Las acciones que los trabajadores o el Fondo de Garantía Salarial puedan ejercer contra el auto en cuestiones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en materia laboral. El plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de un mes desde que se notificó al trabajador el auto del Juez del concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en suplicación.»

JUSTIFICACIÓN

El plazo que recoge el Proyecto de Ley comienza a computarse desde que el trabajador conoció o debió conocer el auto del Juez que acuerda la extinción, modificación o suspensión del contrato de trabajo, lo que genera una completa indeterminación del momento concreto en que se produce dicha situación, lo que es relevante para el propio trabajador y para la firmeza de la medida acordada. En este punto es imprescindible que quien se va a ver afectado por la resolución judicial sea debidamente notificado, y sólo a partir de ese momento podrá computar el plazo para recurrir.

ENMIENDA NÚM. 152

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.

De supresión del artículo único, apartado cuarenta y ocho.

Se suprime el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 64 en el apartado cuarenta y ocho del artículo único

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la redacción propuesta para el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 64.

ENMIENDA NÚM. 153

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De supresión.




Página 325


Se suprime el apartado cuarenta y ocho del artículo único.

Se suprime el párrafo segundo del apartado 7 del artículo 64 modificado en el apartado cuarenta y ocho del artículo único.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica en coherencia con otra enmienda.

ENMIENDA NÚM. 154

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un párrafo en el apartado cuarenta y ocho del artículo único.

El sexto párrafo del apartado 6 del artículo 64 modificado en el apartado cuarenta y ocho del artículo único, queda redactado como sigue:

«Recibida dicha comunicación, el Secretario judicial recabará un informe de la Autoridad Laboral sobre las medidas propuestas o el acuerdo alcanzado, que deberá ser emitido en el plazo de quince días, pudiendo ésta oír a la administración concursal y a los representantes de los trabajadores antes de su emisión. A tal efecto, se facilitará a la Autoridad Laboral la totalidad de la documentación en la que se pretenda justificar las medidas propuestas. Cuando entre las mismas se incluya la suspensión o extinción de los contratos de trabajo, y no se hubiere alcanzado acuerdo entre la representación de los trabajadores y la administración concursal, el informe de la Autoridad Laboral será vinculante, pero el Juez podrá apartarse del mismo si considera que incurre en grave error de hecho o de derecho y así hubiera sido denunciado por las partes intervinientes. Ello se entiende sin perjuicio de los recursos de suplicación que se deriven del auto del Juez Mercantil que resuelva el expediente, que se podrán fundamentar en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la ilegalidad de la propuesta de la Autoridad Laboral.»

JUSTIFICACIÓN

Es preciso articular una solución coherente con el sistema de distribución de competencias y con la reciente atribución al Orden Social como Juez natural para enjuiciar las materias relativas al despido colectivo. Se preserva el control por el Juez Mercantil del procedimiento, pero en caso de medidas extintivas se da relevancia decisoria al informe de la Administración, que predeterminará la solución del expediente salvo que el Juez Mercantil aprecie graves vicios. Con ello se asegura igualmente la identidad en la interpretación de las causas extintivas al preservarse un control por la Jurisdicción Social, por la vía del recurso de suplicación, el cual puede extenderse a las causas propuestas por la Autoridad Laboral.

Con ello se asegura que la autoridad laboral debe mantener la competencia para decidir sobre la procedencia de las medidas extintivas.




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ENMIENDA NÚM. 155

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un último párrafo en el artículo único, apartado cuarenta y ocho.

Se añade un último párrafo en el apartado 6 del artículo 64 modificado en el apartado cuarenta y ocho del artículo único, con la siguiente redacción:

«Asimismo, si no se hubiere alcanzado acuerdo, y en el periodo de consultas se hubieren incorporado sociedades o personas que indiciariamente puedan constituir un grupo de empresas a los efectos laborales, el juez convocará a las partes a una vista para formular alegaciones y proponer pruebas respecto a sus responsabilidades en las medidas propuestas, incluida la indemnizatoria de aprobarse extinciones de los contratos, responsabilidades que serán determinadas en el auto a que se hace referencia en el apartado siguiente.»

JUSTIFICACIÓN

La incorporación en el periodo de consultas de las sociedades y personas que puedan formar parte del grupo de empresas a efectos laborales, debe conllevar las correspondientes consecuencias, si se acredita su responsabilidad a efectos laborales.

ENMIENDA NÚM. 156

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo párrafo en el artículo único, apartado cuarenta y ocho.

Se añade un nuevo párrafo, después del segundo, en el apartado 7 del artículo 64 modificado en el apartado cuarenta y ocho del artículo único, con la siguiente redacción:

«En caso de no concurrir las causas justificadas para la extinción de los contratos, pero se acreditase la imposibilidad objetiva de dar ocupación a los trabajadores por cese o cierre de la empresa, se declarará extinguida la relación laboral y se reconocerá a los trabajadores afectados la cuantía de la indemnización legal establecida para el despido improcedente, además de los salarios devengados hasta el momento de la extinción. Igualmente, procederá reconocer la indemnización adicional a que se refiere el apartado anterior en atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la imposibilidad de continuación de la actividad.»

JUSTIFICACIÓN

La tramitación del período de consultas puede concluir sin acuerdo, pero la experiencia demuestra, y así lo ha recogido la práctica judicial, que la obligación de resolver con arreglo al principio de congruencia




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impone reconocer una indemnización superior al mínimo legal para el despido colectivo cuando la situación económica de la concursada, los perjuicios ocasionados a los trabajadores por la extinción, hubieran posibilitado su abono, si bien el acuerdo final se frustró por diversas razones.

Ello permite además otorgar mayor seguridad jurídica a la decisión extintiva, en cuanto reduce las posibilidades de recurso de suplicación contra la misma, reduce la tensión propia del conflicto y busca una composición de intereses más equilibrada entre los respectivos sacrificios de las partes, partiendo de que la extinción de una parte de los contratos es un sacrificio que han de asumir determinados trabajadores para la continuidad del proyecto empresarial. En todo caso, conviene fijar un parámetro máximo para dicho importe, que sirva a su vez de módulo orientador tanto para los Administradores concursales como para el órgano judicial al llevar a cabo su reconocimiento.

Por otra parte, hay que dar salida a la situaciones que se producen cuando la empresa se ha visto afectada por una situación de crisis económica, pero no obstante ello, no concurren los presupuestos que puedan justificar la extinción contractual, lo que la experiencia ha demostrado en supuestos en que la crisis ha sido generada por discrepancias de los socios, por negligencia en la administración, o por un cierre o cese de actividad injustificado que ha generado en una crisis irreversible. En tal caso, ni la extinción se puede considerar justificada, ni parece razonable encomendar la solución de esa situación a litigios individuales basados en el incumplimiento empresarial por falta de ocupación. Es por ello necesario adoptar la misma solución que contempla la legislación laboral cuando, a pesar de ser un cese nulo, resulta imposible la continuación de la actividad, lo que permite acordar la extinción del contrato, abonar la indemnización para el despido improcedente y un importe adicional por los perjuicios causados por la extinción.

ENMIENDA NÚM. 157

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo párrafo en el artículo único, apartado cuarenta y ocho.

Se añade un nuevo párrafo, después del primero, en el apartado 8 del artículo 64 modificado en el apartado cuarenta y ocho del artículo único, con la siguiente redacción:

«Igualmente podrán interponer recurso contra el auto la sociedad y persona integrante del grupo de empresas a efectos laborales, cuya responsabilidad haya sido determinada por aquél.»

JUSTIFICACIÓN

Reconocer el derecho al recurso de los integrantes del grupo.

ENMIENDA NÚM. 158

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.




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ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo párrafo al artículo único, apartado cuarenta y ocho.

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 8 del artículo 64 modificado en el apartado cuarenta y ocho del artículo único, con la siguiente redacción:

«En caso de estimarse el recurso y se revocara la medida extintiva, si la readmisión resultara objetivamente imposible será de aplicación lo establecido en el apartado anterior para estos supuestos, abonándose así mismo los salarios dejados de percibir, si bien se deducirán los salarios obtenidos en otro empleo, o en su caso, el importe de las prestaciones por desempleo u otro concepto similar, en los términos establecidos en la legislación laboral.»

JUSTIFICACIÓN

Es preciso abordar la situación que se puede producir si la resolución extintiva es revocada, con la necesidad de recomponer la relación laboral. Para ello se propone la solución adoptada por la jurisprudencia social, permitiendo el descuento de los salarios abonados con lo obtenido en otro empleo, o en concepto de prestaciones por desempleo o subsidio por IT, en su caso.

ENMIENDA NÚM. 159

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo único, apartado cincuenta y uno.

El apartado 2 del artículo 72 añadido en el apartado cincuenta y uno del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

«2. Sólo la administración concursal estará legitimada para el ejercicio de la acción rescisoria y demás de impugnación que puedan dirigirse contra los acuerdos de refinanciación que cumplan la totalidad de los requisitos del apartado 6 del artículo 71. Para el ejercicio de estas acciones no será de aplicación la legitimación subsidiaria prevista en el apartado anterior.»

JUSTIFICACIÓN

La restricción en la legitimación, que es una excepción al sistema de legitimaciones en el ejercicio de las acciones rescisorias y de impugnación de los actos del concursado, sólo se puede justificar en el previo cumplimiento de los requisitos exigidos, a tal fin, por el artículo 71.6 de la Ley. En consecuencia, el acuerdo que no cumpla con tales requisitos no puede acogerse a la presente excepción. Conviene explicitarlo porque no basta con que el acuerdo se llame o pretenda de refinanciación, sino que ha de cumplir, además, los requisitos que legalmente se le imponen.




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ENMIENDA NÚM. 160

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo único, apartado cincuenta y dos.

El número 1.º del apartado 2 del artículo 74 modificado en al apartado cincuenta y dos del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

«2. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por el Juez:

1.º En caso de que concurran circunstancias excepcionales, a solicitud de la administración concursal presentada antes de que expire el plazo legal, por tiempo máximo e improrrogable de dos meses más. En dicha solicitud la administración concursal deberá justificar la existencia de dichas circunstancias excepcionales.»

JUSTIFICACIÓN

Uno de los graves problemas de los concursos en nuestro país es su alargamiento, que repercute negativamente en la salida al concurso. La mayoría de los concursos terminan, cuando lo hacen, en liquidación. Siendo así, es claro que deben adoptarse medidas prácticas que permitan eliminar esa circunstancia. Aquí se propone precisar que el plazo de prórroga es máximo e improrrogable y se suprime la referencia al administrador que ha sido nombrado en tres o más concursos. Por un lado, porque en otra enmienda se limita a un máximo de tres nombramiento, y por otro, dentro de ese límite de tres concursos, porque si el administrador no es capaz de desempeñar diligentemente sus funciones, debe renunciar a alguno de esos nombramientos. Por lo demás, es evidente que la referencia final del texto a las causas ajenas al ejercicio profesional ya está incluida en la circunstancias excepcionales a las que se alude al comienzo del número 1.º del apartado 2.

ENMIENDA NÚM. 161

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo único, apartado cincuenta y siete.

El número 1.º del apartado 2 del artículo 84 modificado en el apartado cincuenta y siete del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

«1.º Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, y las indemnizaciones por extinción colectiva de los contratos de trabajo que hubieran tenido efectividad en el año anterior a la declaración de concurso, en la parte que no sea objeto de cobertura por el Fondo de Garantía Salarial o por una institución de aseguramiento o previsión similar.»




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JUSTIFICACIÓN

No es posible que en los momentos anteriores al concurso los acuerdos alcanzados en el ámbito de los expedientes de regulación de empleo, que se formalizan precisamente dentro de un programa para recuperar la viabilidad de la empresa, queden afectados por el concurso y con ello se paralice la efectividad de los compromisos que la empresa hubiera podido asumir y que no se exterioricen a través de una compañía de seguros, fondo de pensiones, o institución de previsión similar, lo mismo que si son objeto de cobertura por el FOGASA. No sólo es preciso asegurar a los trabajadores el abono de las indemnizaciones y los complementos de rentas que estuvieran establecidos, sino que además la posibilidad de que un ulterior concurso impida su efectividad mediatiza los acuerdos ante la crisis de la empresa, y con ello, arrastra a conflictos y a situaciones insuperables. Además, el importe de las cantidades se reduce notablemente por cuanto la parte sustancial estará cubierta por el FOGASA o por instituciones de aseguramiento o previsión, las cuales están en condiciones financieras mucho más adecuadas que los propios trabajadores para atender a la conclusión del concurso para la satisfacción de tales créditos.

Con ello no se genera una situación anormal, sino que se equiparan tales cantidades a favor de los trabajadores a los acuerdos de refinanciación o a los créditos hipotecarios, que su consideración a priori como créditos concursales no es obstáculo para reconocer un tratamiento diferenciado para asegurar su efectividad, lo que se consigue con el mecanismo de su asimilación a créditos contra la masa.

ENMIENDA NÚM. 162

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo único, apartado cincuenta y siete.

El número 2.º del apartado 2 del artículo 84 modificado en el apartado cincuenta y siete del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

«2.º Los de costas y gastos judiciales indispensables para la solicitud y la declaración del concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta ley, y los necesarios para la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria, hasta la resolución judicial de conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del Juez del concurso cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas.»

JUSTIFICACIÓN

Precisar el ámbito de estos créditos, evitando que se extiendan más allá de lo conveniente con el consiguiente perjuicio al concursado y a los demás acreedores.

ENMIENDA NÚM. 163

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y siete.




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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo único, apartado cincuenta y siete.

Se añade un nuevo párrafo al final del número 11.º del apartado 2 del artículo 84 modificado en el apartado cincuenta y siete del artículo único, con la siguiente redacción:

«En ningún caso se antepondrá el pago de estos créditos a los créditos de los trabajadores, ya sean estos contra la masa o con privilegio general.»

JUSTIFICACIÓN

Los créditos de los trabajadores, por su especial naturaleza, deben garantizarse en relación con el «dinero fresco».

ENMIENDA NÚM. 164

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y siete.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo único, apartado cincuenta y siete.

El apartado 3 del artículo 84 añadido en el apartado cincuenta y siete del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

«3. Los créditos del número 1.º del apartado anterior se pagarán de forma inmediata. Los restantes créditos contra la masa, cualquiera que sea su naturaleza y el estado del concurso, se pagarán a sus respectivos vencimientos. La administración concursal, cuando lo considere conveniente para el interés del concurso, podrá alterar esta última regla postergando el pago de los restantes créditos contra la masa. Esta postergación no podrá afectar a los créditos contra la masa de los trabajadores, alimenticios, tributarios y de la Seguridad Social.»

JUSTIFICACIÓN

Aclarar el sentido del precepto, que no es otro que introducir la posibilidad de postergación en el pago de los créditos contra la masa cuando lo aconseje el interés del concurso. En la redacción del Proyecto de Ley se podría dar el caso de que se adelantase el pago de esos créditos aunque no hubiesen vencido, lo que, a todas luces, es injustificado. Por lo demás, la redacción propuesta en esta enmienda es coherente con la propuesta para el artículo 176 bis en el Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 165

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y siete.




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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo único, apartado cincuenta y siete.

El apartado 5 del artículo 84 añadido en el apartado cincuenta y siete del artículo único, queda redactado en los siguientes términos:

«5. Satisfechas las prestaciones conforme a su normativa específica, el Fondo de Garantía Salarial se subrogará en los créditos de los trabajadores con su misma clasificación y en los términos del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha subrogación se entenderá producida a los efectos de vencimiento en la fecha en que se acredite el pago a los trabajadores por el Fondo de Garantía Salarial.»

JUSTIFICACIÓN

Garantizar el cobro atendiendo a la fecha de pago efectivo por el FOGASA.

ENMIENDA NÚM. 166

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cincuenta y nueve.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo párrafo en el artículo único, apartado cincuenta y nueve.

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 2 del artículo 86 modificado en el apartado cincuenta y nueve del artículo único, con la siguiente redacción:

«Los créditos laborales que son objeto de litigio en el ámbito social se considerarán comunicados por la propia existencia del proceso laboral dirigido frente a la empresa y serán reconocidos en cualquier momento, ya sea como contingentes antes de que se dicte sentencia, o como créditos definitivos con arreglo al privilegio que corresponda según su naturaleza y cuantía.»

JUSTIFICACIÓN

Se vienen planteando importantes problemas en la comunicación de los créditos de los trabajadores cuando hubieran formulado acciones reclamando su pago. La previsión legal contempla que se entenderán comunicados los créditos que consten en sentencia, así como los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso. Pero el problema surge cuando no obstante ello, no se incluyen en la lista de acreedores por los Administradores. La mera comunicación tardía ya genera que pierdan sus privilegios y se califiquen como subordinados, y además, si ni siquiera se comunican antes de que se elabore la lista, a pesar de estar pendientes de un proceso judicial y reconocerse finalmente por sentencia, no son reconocidos en la lista ante la imposibilidad de modificación de la misma y pierden toda posibilidad de ser reconocidos y abonados en el concurso, incluso como créditos subordinados.

Es por ello que se hace precisa una regulación concreta de los créditos laborales en los casos frecuentes de que están pendientes de proceso judicial en el ámbito social. En tal caso, se deben considerar comunicados por la propia existencia del proceso laboral y reconocidos en cualquier momento, ya sea como contingentes antes de que se dicte sentencia, o como créditos definitivos con arreglo al privilegio que corresponda con arreglo a su naturaleza y cuantía.




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ENMIENDA NÚM. 167

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento veinte.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el artículo único, apartado ciento veinte.

Se suprime la regla Tercera del apartado 3 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores modificado en el apartado ciento veinte del artículo único.

JUSTIFICACIÓN

La regla tercera que se pretende introducir en el Artículo 33.3 del Estatuto de los Trabajadores implica un recorte completamente injustificado de las cantidades que el Fondo ha de pagar a los trabajadores afectados por la situación concursal de su empresa. La citada regla significaría que, aunque el Auto del Juez Mercantil fijara a favor de los trabajadores a despedir indemnizaciones más altas, bien en módulo de días/año, bien por ser los salarios superiores al triplo del SMI, y de la masa del concurso los trabajadores perciban una parte, el FOGASA no abonaría las prestaciones contempladas con carácter general, sino que descontaría lo ya recibido por el trabajador de la masa.

Esta propuesta tiene dos efectos negativos e incluso perversos. El primero es que no favorece, sino que dificulta seriamente la búsqueda de acuerdos en el ERE del concurso, acuerdos que en algunos casos implican una indemnización algo mayor a cambio de mayor agilidad y rapidez en la resolución del despido colectivo y, por tanto, una mejor clarificación del concurso en beneficio de todos los acreedores. De prosperar este punto de la reforma, las negociaciones se alargarían en perjuicio de la concursada, de su viabilidad y del resto de los acreedores.

Y el segundo efecto, profundamente injusto, es que los trabajadores de una empresa en situación de insolvencia concursal tendrían peor condición que los de una empresa también parcialmente insolvente, pero en situación de insolvencia no concursal, en la que el FOGASA paga las cantidades fijadas en el Artículo 33 del Estatuto, sin recorte alguno aunque los trabajadores hayan percibido alguna cantidad de la propia empresa.

ENMIENDA NÚM. 168

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo único.

Catorce bis (nuevo). Se añade un nuevo párrafo, después del primero, en el apartado 5 del artículo 21, con la siguiente redacción:

«De la misma forma, el Secretario judicial notificará el auto a la representación legal de los trabajadores, aunque no hubiera comparecido en el procedimiento, tomando en consideración los datos que le hubiera facilitado el concursado de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de esta ley.»




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JUSTIFICACIÓN

Aunque los representantes de los trabajadores no se hubieran personado, deben recibir la notificación del auto de declaración del concurso para posibilitar el ejercicio de la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores y facilitar la intervención de los trabajadores que pudieran ser acreedores.

ENMIENDA NÚM. 169

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado al artículo único.

Se añade un nuevo apartado en el artículo único con el siguiente contenido:

Cuarenta y ocho bis (nuevo). Se añade un nuevo apartado 10 bis en el artículo 64 con la siguiente redacción:

«10 bis. Mientras se resuelve el expediente al que se refiere este artículo, se podrá acordar por el Juez de lo Mercantil la suspensión de la prestación de servicios cuando se constate la imposibilidad de dar ocupación a los trabajadores, y en todo caso, cuando se incurra en la falta de pago de los salarios equivalentes a tres mensualidades. Ello no impedirá el abono de los salarios correspondientes al período de suspensión del deber de prestación de servicios, así como el mantenimiento del deber de cotización, con las limitaciones establecidas en la legislación laboral correspondientes a los salarios de tramitación. Ello se entiende sin perjuicio de que el trabajador acceda a la situación legal de desempleo, y en caso de abono de salarios impagados, se proceda a su regularización como en el caso previsto de los salarios de tramitación.»

JUSTIFICACIÓN

Dar respuesta a los frecuentes casos en que la empresa no puede dar ocupación y no obstante ello hay que esperar a la conclusión del expediente de extinción que puede estar ralentizado por diversas causas. Los perjuicios desproporcionados que genera dicha situación se deben abordar mediante una medida cautelar de cese de actividad que legitime la posibilidad de búsqueda de otra ocupación o de acceso a la protección por desempleo, sin que ello suponga merma de las obligaciones salariales de la empresa por cuanto no es imputable al trabajador dicha situación. Además, ello puede beneficiar al activo de la empresa pues reduce los salarios como deudas contra la masa si los trabajadores acceden a otro empleo mediante la vía de los descuentos.

ENMIENDA NÚM. 170

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.




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Se añade una disposición adicional.

«Disposición adicional. Procedimiento concursal especial para personas físicas consumidoras.

Uno. Sin perjuicio de las medidas establecidas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal que resulten aplicables, se establece un procedimiento concursal específico para aquellas personas que tengan la consideración de consumidoras y usuarias de conformidad al artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Dos. Podrán acogerse a este procedimiento específico las personas consumidoras y usuarias que, por justas causas apreciadas por el juez, no puedan cumplir en tal momento regularmente sus obligaciones exigibles o que prevean que no podrán hacerlo.

Tres. Con carácter previo a la declaración de concurso, en su caso, el deudor consumidor deberá comunicar al Juzgado su voluntad de iniciar un procedimiento negociador con sus acreedores, en un plazo no superior a dos meses, a fin de alcanzar adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. Reglamentariamente se establecerá un modelo normalizado, de reparto por Asociaciones de Consumidores, Colegios de Abogados y Juzgados, de uso común para contener tal solicitud.

El Juez, oído el Ministerio Fiscal, resolverá mediante Auto el inicio del período negociador y nombrará a un representante de las asociaciones de consumidores más representativas, a designar de una lista de asesores consumeristas que conservará el Consejo de Consumidores y Usuarios y comunicará semestralmente al Consejo General del Poder Judicial, a fin de que fije el activo y pasivo del deudor consumidor, en el plazo de quince días, y auxilie a éste en el procedimiento negociador.

El plazo para la solicitud de procedimiento negociador será de dos meses desde la fecha en que resulte imposible atender sus obligaciones de pago tanto vencidas y exigibles como a plazo, o desde que se prevea que no podrá hacerlo. No serán de aplicación las medidas cautelares establecidas en el artículo 7.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Cuatro. Transcurrido el período indicado en el apartado anterior, si se hubiere alcanzado una propuesta anticipada de convenio, el consumidor lo comunicará al Juzgado a fin de que éste apruebe o desapruebe tal convenio anticipado.

Para lograr la aceptación de la propuesta anticipada de convenio será necesario obtener el voto favorable de la mitad del pasivo del concurso.

Las propuestas anticipadas de convenio podrán contener quitas superiores a la mitad de la deuda, así como también podrán contener, conjunta o alternativamente, esperas de hasta quince años.

Si el consumidor no hubiere logrado las adhesiones necesarias a su propuesta anticipada de convenio en los términos establecidos en el apartado anterior, deberá comunicar al Juzgado tal circunstancia a fin de que el Juez resuelva en los términos establecidos en el apartado cinco de esta Disposición.

En su comunicación al Juzgado el consumidor deberá justificar adecuadamente su endeudamiento y su estado de insolvencia actual o inminente en los términos establecidos en el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Asimismo, el deudor deberá acreditar que, en el plazo de los dos meses anteriores, comunicó al Juzgado la iniciación de un procedimiento negociador con sus acreedores a fin de alcanzar adhesiones a una propuesta anticipada de convenio y documentalmente dará cuenta del resultado de tales negociaciones.

Cinco. Admitida a trámite la solicitud de concurso especial de consumidores y usuarios, el juez en un plazo de tres días desde su admisión, dictará Auto en los términos establecidos en la Sección Tercera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal declarando o desestimando la declaración del concurso del consumidor.

La desestimación de la declaración de concurso podrá ser recurrida en apelación.

En la resolución que acuerde la declaración del concurso del consumidor se incluirá el nombramiento de un asesor consumerista representante de una de las asociaciones de consumidores más representativas, en los términos establecidos en el apartado tres párrafo segundo de esta Disposición adicional, el cual ejercerá funciones de asesoramiento al consumidor y a la Administración Concursal durante todo el proceso hasta su finalización. Reglamentariamente se determinarán las facultades, funciones y obligaciones del asesor consumerista.

El Juez, asimismo, determinará el régimen de las facultades de administración de los bienes por parte del deudor consumidor, el cual, en ningún caso, podrá ver reducido su derecho de alimentos a menos de la tercera parte de sus ingresos habituales.




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Seis. Desde el momento en que el consumidor comunique al Juzgado su voluntad de iniciar un período de negociación con sus acreedores para alcanzar una propuesta anticipada de convenio, y sin perjuicio del resultado que se obtenga en la negociación, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Así tampoco podrán los acreedores con garantía real sobre la vivienda familiar del concursado iniciar ejecución o realización forzosa de la garantía hasta la apertura de la liquidación.

De igual modo, la comunicación al Juzgado del inicio de negociaciones para alcanzar una propuesta anticipada de convenio suspenderá cualesquiera otros procedimientos ejecutivos y no podrán reanudarse sino hasta la apertura de la fase de liquidación, en su caso.

Los juicios declarativos en tramitación al momento de comunicar el consumidor al Juzgado el inicio del período de negociaciones, cualquiera que fuera el estado procesal de los mismos, se suspenderán y el juez o tribunal respectivo acordará la inmediata remisión de las actuaciones practicadas al Juez de lo Mercantil que haya conocido de la solicitud de inicio de negociaciones.

Cualesquiera otros nuevos juicios declarativos o de otra índole que pudieran tener trascendencia para el patrimonio del deudor consumidor se acumularán al concurso en los términos previstos en el artículo 50 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Siete. El Juez, en el Auto que declare el concurso, nombrará un Administrador Concursal único de entre la lista de abogados de oficio que le haya sido comunicada por los Colegios de Abogados con implantación en la jurisdicción territorial del Juzgado.

La remuneración del Administrador Concursal, en los términos previstos por la normativa que regula los honorarios a devengar a los Administradores Concursales, no podrá ser superior al 1 por ciento del pasivo y se realizará con cargo a financiación pública en los términos que disponga la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la normativa de acompañamiento de la misma.

Los plazos de presentación de informes a los que venga obligada la Administración Concursal serán los mismos que los prevenidos para el procedimiento abreviado.

Ocho. Si finalmente, transcurridos los modos y plazos prevenidos para el procedimiento abreviado no hubiere sido posible alcanzar un convenio, el Juez ordenará, en los términos del artículo 143 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal la apertura de la fase de liquidación de oficio, a instancia del deudor consumidor o de la Administración Concursal.

No obstante, con carácter previo a la apertura de la fase de liquidación, el consumidor, sobre la base del informe elaborado por el Administrador concursal y el asesor consumerista, podrá elevar en el plazo de cinco días al juez un plan de pagos específico. El juez, a la vista del mismo, podrá dar su aprobación.

En caso de denegación de este plan de pagos específico el Juez determinará la apertura de la fase de liquidación. En el Auto que acuerde la apertura de la fase de liquidación se fijará el régimen de las facultades de administración y disposición del deudor consumidor, sin perjuicio de que para cualquier decisión que afecte notablemente al patrimonio del mismo, conservando tales facultades el deudor consumidor, deberá éste actuar siempre con la avenencia de la Administración Concursal.

En ningún caso el deudor consumidor podrá ser privado de su derecho de alimentos en los términos establecidos en el apartado cinco de esta Disposición adicional.

Todos los créditos concursales aplazados y cualesquiera otras obligaciones del deudor que no tuvieren contenido económico directo serán convertidos en cantidad líquida evaluable económicamente, pudiendo servirse el Administrador Concursal de peritos que efectúen los cálculos procedentes, los cuales estarán sujetos, en cuanto a su régimen de honorarios, gastos y suplidos a lo prevenido por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Administrador Concursal, con la avenencia del asesor consumerista, elaborará un plan de liquidación de los bienes del deudor consumidor en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación del Auto que ordene la apertura de la fase de liquidación, que someterá al Juez del Concurso para su aprobación por éste en el plazo de cinco días.

El plan de liquidación contendrá el modo en que con cargo al activo del deudor consumidor se hará frente al pasivo mediante la enajenación de los bienes y derechos del deudor consumidor. Los bienes se enajenarán atendiendo a una prelación en la que prime el mantenimiento de los medios esenciales de vida del deudor consumidor.

Para el caso de que se enajenase el domicilio familiar sujeto a garantía hipotecaria, el acreedor hipotecario se lo adjudicará en pago por el importe fijado en la subasta. Si el producto obtenido fuera menor que el importe de la deuda hipotecaria pendiente, incluido principal e intereses, no serán de




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aplicación los artículos 178.2 y 179 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Si fuera superior, se aplicará de forma prorrateada al pago del resto de las deudas pendientes.

Concluido el concurso, en los términos del Título VII, Capítulo Único de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, determinándose la inexistencia de bienes y derechos del deudor consumidor, no podrán iniciarse nuevas acciones por deudas contraídas con anterioridad a la finalización del mismo, ni podrá ordenarse la reapertura del mismo.»

JUSTIFICACIÓN

La Ley Concursal es un régimen prácticamente pensado en exclusiva para la insolvencia empresarial. Los datos sobre personas físicas consumidoras que acuden a este procedimiento son notablemente bajos, lo que explica la carencia absoluta de esta norma en cuanto protectora de los consumidores, y plantean la exigencia de una reforma necesaria dada la coyuntura en la que se aprecia cómo en la práctica es más frecuente la insolvencia de la persona física, para lo cual basta ver la estadística de embargos desde 2007 a 2010, publicadas por el Consejo General del Poder Judicial.

Frente una situación de sobreendeudamiento, los consumidores no se acogen al procedimiento de la Ley Concursal, aunque en teoría la ley lo permite. Esto se debe a que el proceso, tal y como está hoy día planteado, aboca a una penosísima situación personal que acaba en muchas ocasiones en la plena liquidación y ruina absoluta de la persona concursada y no ofrece garantía al consumidor en la protección de sus derechos, además de resultar excesivamente caro.

Por todo ello, se hace imprescindible una reforma que garantice los derechos del deudor consumidor, especialmente en dos ámbitos:

1) Lograr que el concurso de persona física no sea un seguro destino hacia la ruina civil o un continuo círculo de concursos y reapertura de los mismos, manteniendo en constante inseguridad jurídica a los deudores consumidores,

2) roteger la vivienda con garantía hipotecaria y establecer la posibilidad de extinción total de su deuda en la parte no pagada por inexistencia de bienes, lo que en otros ordenamientos jurídicos se denomina «fresh start», y que permite al consumidor no arrastrar perpetuamente una deuda que condicione su vida laboral y social.

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 4 enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Palacio del Senado, 7 de septiembre de 2011.—El Portavoz, Ramón Aleu i Jornet.

ENMIENDA NÚM. 171

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Siete.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado siete. De adición.

Se añade un nuevo inciso al final del párrafo tercero, del apartado 1 del artículo 13 de la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

«Igualmente se comunicará la solicitud a la representación de los trabajadores, si la hubiere, haciéndoles saber de su derecho a personarse en el procedimiento como parte, dándoles traslado de los documentos a que se refiere el artículo 6.2, apartados 2, 3 y 4. La personación la podrán realizar




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directamente, así como a través de las organizaciones sindicales más representativas o con representación en la empresa.»

JUSTIFICACIÓN

La tramitación del concurso no puede realizarse a espaldas de los representantes de los trabajadores, sino que es preciso facilitar su acceso al proceso para poder intervenir en el mismo desde el primer momento dado los intereses económicos y profesionales que se ven afectados. La remisión de la documentación por el propio deudor facilita ese conocimiento y asegura la transparencia del concurso.

Del mismo modo, es preciso articular la intervención procesal de los sujetos que representan al conjunto de los trabajadores, ya sean los representantes legales, o las organizaciones sindicales más representativas o con representación en la empresa, que posibilita la defensa de los intereses colectivos de los trabajadores, elimina la necesidad de personación individual de toda la pluralidad de trabajadores, y sirve para solucionar los casos en que la empresa pudiera tener varios órganos de representación unitaria mediante la intervención de las propias organizaciones sindicales

ENMIENDA NÚM. 172

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y dos.

ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado cuarenta y dos. De adición

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 1 del artículo 55 de la ley 22/2003, con la siguiente redacción:

Igualmente podrán continuar las ejecuciones laborales que se hubieran iniciado con anterioridad a la declaración del concurso, siempre que hubiera bienes que se estimen prudencialmente suficientes para atender los créditos que pudieran ser preferentes a los créditos laborales que se ejecutan, y no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

JUSTIFICACIÓN

En razón de ello hemos planteado que, para evitar el grave perjuicio que vienen teniendo los trabajadores en el concurso, la ejecución de los créditos laborales vuelva a ser competencia de los Jueces del Orden Social de la jurisdicción y no del Juez Mercantil, si bien con dos matices. En coherencia con la finalidad del concurso de ordenar y clasificar los créditos, que su ejecución lo sea de conformidad con la clasificación que haya declarado el Juez del concurso y cuando no afecte a la continuidad de la empresa.

ENMIENDA NÚM. 173

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Cuarenta y ocho.




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ENMIENDA

De adición.

Artículo único, apartado cuarenta y ocho. De modificación.

Se modifica el apartado 10 del artículo 64 de la ley 22/2003, que queda redactado como sigue:

«Las acciones resolutorias individuales interpuestas al amparo del artículo 50 del Estado de los Trabajadores que se basen en la falta de pago de salarios o en la falta de ocupación efectiva, y que se hubieran interpuesto con posterioridad a la solicitud de concurso, podrán ser objeto de acumulación para su resolución ante el Juez del Orden Social que resulte competente, a instancia de la Administración concursal, cuando acredite que el incumplimiento empresarial, en su caso, está motivado por la situación económica o la insolvencia del concursado.

El ejercicio de acciones de resolución del contrato no impedirá la inclusión, a efectos cautelares, de los trabajadores afectados en el expediente al que se refiere este artículo en los apartados anteriores.

Tendrá efectos preferentes la demanda de resolución del contrato de trabajo si al tiempo del inicio del expediente de extinción previsto en este artículo, hubieran concurrido todos los elementos determinantes de aquella pretensión. Cuando no concurran tales elementos tendrá plenos efectos extintivos el despido colectivo.

En el supuesto de resolución de contratos de trabajo, se reconocerá la indemnización prevista en el Estatuto de los Trabajadores para estos supuestos, salvo que en el expediente de extinción colectiva tramitado ante el Juez del Concurso se alcance un acuerdo con la representación de los trabajadores que incluya a aquellos trabajadores, que implique la aprobación de un plan de viabilidad para la empresa y la continuidad de una parte de los puestos de trabajo, con compromisos de recolocación en su caso, y sin que en tal supuesto se pueda reconocer una indemnización inferior a la prevista para el despido colectivo. A tales fines, la Administración concursal comunicará al Juez de lo Social que conociera de tales acciones el inicio del expediente concursal que incluya a tales trabajadores, así como, en su caso, el acuerdo que se pueda obtener o la falta del mismo. El Juez de lo Social suspenderá los procesos, con efectos a partir del momento anterior a dictar sentencia, en cuanto constate la inclusión de los trabajadores demandantes en el expediente de extinción colectiva de contratos.»

JUSTIFICACIÓN

En la regulación del Proyecto de ley, las acciones por incumplimiento empresarial motivadas por la crisis de la empresa supone que se incluyan, de oficio, entre los trabajadores afectados por el despido colectivo. Este es el único significado posible de la calificación como extinciones de carácter colectivo y los efectos extintivos del auto que resuelva el expediente.

Se trata de una solución inaceptable por un doble género de razones: el despido colectivo enerva la acción de resolución, de modo que el incumplimiento empresarial y los daños generados a la plantilla quedan sin consecuencia jurídica alguna, al operar una causa extintiva, y ello, incluso en el caso de que ya concurrieran los elementos determinantes del incumplimiento empresarial y de la acción de resolución. Esto es particularmente grave si hubieran sido los Administradores Concursales los que incurrieran en la falta de pago de salarios o de ocupación efectiva, y no obstante ello, la inclusión ex lege de tales trabajadores en el despido colectivo priva de la compensación prevista en la legislación laboral para estos casos. En segundo lugar, penaliza con el despido colectivo a los trabajadores, por la simple razón de haber ejercitado una acción de resolución de contrato, lo que lesiona la tutela judicial efectiva, y no puede convertirse en un obstáculo que disuada el ejercicio de acciones por incumplimiento empresarial.

Se puede considerar que ante la crisis de la empresa, la solución adecuada no deba arbitrarse a través de una pluralidad de decisiones de los órganos laborales, en función del reparto de asuntos con el riesgo evidente de contradicción. Es por ello razonable estimular la acumulación de acciones pero sin desnaturalizar la competencia natural del Juez Social para su resolución.

La legislación actual no ofrece ningún cauce de intervención colectiva a una vía que se configura en muchos casos como la liquidación del conjunto de la empresa, y en la que no tienen espacio acuerdos




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para garantizar la viabilidad de la empresa. Es preciso diseñar un mecanismo de intervención colectiva a fin de que los representantes de los trabajadores dispongan de un margen de negociación para decidir el futuro de la empresa y los contratos de trabajo. Para ello es preciso clarificar la capacidad negociadora de los representantes en este período de consultas, sobre todo, en qué medida pueden disponer de esa indemnización legal por debajo del límite para las acciones de resolución pendientes. Sólo se podrá reconocer una indemnización inferior cuando se alcance un acuerdo con la representación legal, que implique la aprobación de un plan de viabilidad para la empresa y la continuidad de una parte de los puestos de trabajo, con compromisos de recolocación en su caso, y sin que en tal supuesto se pueda reconocer una indemnización inferior a la prevista para el despido colectivo.

Otra cuestión relevante es el criterio que se viene asentado desde determinadas instancias judiciales, que consideran la extinción ante el Juez del Concurso por la falta de pago de salarios tiene los mismos efectos que la existencia de razones justificadas para la extinción de los contratos por causas económicas, y por tanto, sólo procede la indemnización legal de 20 días por año de servicio, con el máximo de una anualidad. Esa conclusión, además de que no tiene fundamento legal, coloca en la misma situación al empresario diligente, que atiende los salarios y que justifica las medidas de regulación de empleo, y al empresario que se desentiende del negocio, deja de abonar los salarios con el perjuicio que ello supone para los trabajadores, y además, no justifica ni siquiera lo integra, la existencia de razones justificativas para la extinción de los contratos. Este completo contrasentido deber resuelto expresamente a fin de determinar de forma concluyente los efectos que ha de tener la acción de resolución por incumplimiento empresarial cuando se tramita ante el Juez del Concurso, en el sentido de reconocer la indemnización prevista en el Estatuto de los Trabajadores para estos supuestos.

Habría que mejorar la coordinación con la resolución de los contratos determinada por los Juzgados de lo Social, a fin de garantizar que la solución global adoptada alcance a toda la plantilla que aun no haya visto extinguidos los contratos, y se impidan que grupos de trabajadores vinculados con la dirección accionen de forma anticipada antes del concurso para eludir esa medidas y acceder a mayores indemnizaciones. En tal sentido, debería establecerse que el acuerdo alcanzará al conjunto de los trabajadores que aun no hubieran extinguido de manera definitiva sus contratos, aunque hubieran iniciado acciones de resolución.

Por otra parte, hay que dar respuesta a los frecuentes casos en que la empresa no puede dar ocupación y no obstante ello hay que esperar a la conclusión del expediente de extinción que puede estar ralentizado por diversas causas. Los perjuicios desproporcionados que genera dicha situación se deben abordar mediante una medida cautelar de cese de actividad que legitime la posibilidad de búsqueda de otra ocupación o de acceso a la protección por desempleo, sin que ello suponga merma de las obligaciones salariales de la empresa por cuanto no es imputable al trabajador dicha situación. Además ello puede beneficiar al activo de la empresa pues reduce los salarios como deudas contra la masa si los trabajadores acceden a otro empleo mediante la vía de los descuentos.

ENMIENDA NÚM. 174

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo único. Ciento seis.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo único, apartado ciento seis. De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 5 del Artículo 184, que queda redactado como sigue:

«5. Los administradores concursales serán oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, cuando intervengan en recursos o incidentes podrán hacerlo asistidos de letrado. La dirección




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técnica de estos incidentes y recursos se entenderá incluida en las funciones del letrado miembro de la administración concursal. Salvo caso de temeridad manifiesta no procederá la condena en costas a los administradores concursales.»

JUSTIFICACIÓN

Que el administrador concursal decida, según su criterio, si comparecer o no, a través de procurador y abogado. Continuar la tendencia del legislador en diversos ámbitos procesales tendentes hacia la voluntariedad de la comparecencia formal por medio de procurador y abogado, también para los administradores concursales que comparezcan en forma en los recursos e incidentes concursales.




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ÍNDICE

Artículo Enmendante Nº de enmienda
Preámbulo GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 79
Artículo único GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 1
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 2
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 3
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)
 4
GP Popular en el Senado (GPP) 7
GP Popular en el Senado (GPP) 8
GP Popular en el Senado (GPP) 9
GP Popular en el Senado (GPP) 10
GP Popular en el Senado (GPP) 11
GP Popular en el Senado (GPP) 12
GP Popular en el Senado (GPP) 13
GP Popular en el Senado (GPP) 14
GP Popular en el Senado (GPP) 15
GP Popular en el Senado (GPP) 16
GP Popular en el Senado (GPP) 17
GP Popular en el Senado (GPP) 18
GP Popular en el Senado (GPP) 19
GP Popular en el Senado (GPP) 20
GP Popular en el Senado (GPP) 21
GP Popular en el Senado (GPP) 22
GP Popular en el Senado (GPP) 23
GP Popular en el Senado (GPP) 24
GP Popular en el Senado (GPP) 25
GP Popular en el Senado (GPP) 26
GP Popular en el Senado (GPP) 27
GP Popular en el Senado (GPP) 28
GP Popular en el Senado (GPP) 29
GP Popular en el Senado (GPP) 30
GP Popular en el Senado (GPP) 31
GP Popular en el Senado (GPP) 32
GP Popular en el Senado (GPP) 33
GP Popular en el Senado (GPP) 34
GP Popular en el Senado (GPP) 35
GP Popular en el Senado (GPP) 36
GP Popular en el Senado (GPP) 37
GP Popular en el Senado (GPP) 38
GP Popular en el Senado (GPP) 39
GP Popular en el Senado (GPP) 40
GP Popular en el Senado (GPP) 41
GP Popular en el Senado (GPP) 42



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Artículo Enmendante Nº de enmienda
GP Popular en el Senado (GPP) 43
GP Popular en el Senado (GPP) 44
GP Popular en el Senado (GPP) 45
GP Popular en el Senado (GPP) 46
GP Popular en el Senado (GPP) 47
GP Popular en el Senado (GPP) 48
GP Popular en el Senado (GPP) 49
GP Popular en el Senado (GPP) 50
GP Popular en el Senado (GPP) 51
GP Popular en el Senado (GPP) 52
GP Popular en el Senado (GPP) 53
GP Popular en el Senado (GPP) 54
GP Popular en el Senado (GPP) 55
GP Popular en el Senado (GPP) 56
GP Popular en el Senado (GPP) 57
GP Popular en el Senado (GPP) 58
GP Popular en el Senado (GPP) 59
GP Popular en el Senado (GPP) 60
GP Popular en el Senado (GPP) 61
GP Popular en el Senado (GPP) 62
GP Popular en el Senado (GPP) 63
GP Popular en el Senado (GPP) 64
GP Popular en el Senado (GPP)
 65
GP Socialista (GPS) 72
GP Socialista (GPS) 73
GP Socialista (GPS) 74
GP Socialista (GPS) 75
GP Socialista (GPS) 76
GP Socialista (GPS) 77
GP Socialista (GPS)
 78
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 80
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 81
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 82
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 83
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 84
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 85
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 86
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 87
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 88
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 89
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 90
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 91



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Artículo Enmendante Nº de enmienda
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 92
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 93
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 94
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 95
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 96
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 97
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 98
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 99
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 100
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 101
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 102
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 103
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 104
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 105
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 106
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 107
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 108
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 109
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 110
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 111
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 112
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 113
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 114
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 115
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 116
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 117
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 118
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 119
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 120
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 121
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 122
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 123
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 124
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 125
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 126
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 127
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 128
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 129
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 130
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 131
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 132
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 133
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 134
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 135



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Artículo Enmendante Nº de enmienda
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 136
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 137
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 138
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 140
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 141
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 142
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 143
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 144
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 145
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 146
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 147
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 148
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 149
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 150
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 151
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 152
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 153
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 154
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 155
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 156
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 157
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 158
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 159
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 160
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 161
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 162
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 163
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 164
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 165
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 166
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 167
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 168
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 169
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 171
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 172
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 173
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 174
Artículo Nuevo a continuación del Artículo único 
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 
139
Disposición adicional única GP Popular en el Senado (GPP) 66
Disposición adicional nueva GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 5



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Artículo Enmendante Nº de enmienda
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 6
GP Popular en el Senado (GPP) 67
GP Popular en el Senado (GPP) 68
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 170
Disposición derogatoria única GP Popular en el Senado (GPP) 69
Disposición final tercera GP Popular en el Senado (GPP) 70
Disposición final nueva GP Popular en el Senado (GPP) 71

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