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DS. Senado, Pleno, núm. 132, de 14/09/2011
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA

Sesión celebrada el miércoles, 14 de septiembre de 2011

ORDEN DEL DÍA

Cuarto

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

— Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la priorización de las inversiones en infraestructuras ferroviarias del Estado.

(Núm. exp. S. 671/000146)

Quinto

MOCIONES

— Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a que la medida aprobada en el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, por la que se aplica hasta el 31 de diciembre el tipo reducido del 4 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a las entregas de inmuebles destinados a vivienda, se prolongue doce meses más y se aplique a la adquisición de vivienda habitual.

(Núm. exp. S. 662/000192)

— Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a trabajar en la promoción y divulgación en el ámbito educativo del «Camino Escolar Seguro» como buena práctica y útil herramienta para la educación vial en los colegios.

(Núm. exp. S. 662/000191)

Sexto

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley reguladora de la jurisdicción social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 111, de fecha 14 de septiembre de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000114)

(Núm. exp. C.D. 121/000110)




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— De la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con el Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 110, de fecha 13 de septiembre de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000115)

(Núm. exp. C.D. 121/000123)

— De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el Proyecto de Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 111, de fecha 14 de septiembre de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000116)

(Núm. exp. C.D. 121/000128)

— De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con el Proyecto de Ley General de Salud Pública. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 111, de fecha 14 de septiembre de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000117)

(Núm. exp. C.D. 121/000115)

— De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 111, de fecha 14 de septiembre de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000118)

(Núm. exp. C.D. 121/000119)

— De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 107, de fecha 7 de septiembre de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000110)

(Núm. exp. C.D. 121/000117)

— De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de Ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 110, de fecha 13 de septiembre de 2011).

(Núm. exp. S. 621/000111)

(Núm. exp. C.D. 121/000125)

Séptimo

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— Acuerdo relativo a la protección de información clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel / el Ministerio de Defensa israelí, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 421, de fecha 15 de abril de 2011).

(Núm. exp. S. 610/000260)

(Núm. exp. C.D. 110/000262)




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— Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra, por el que se modifica el Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación, hecho en Kleinmond, Sudáfrica el 11 de septiembre de 2009. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 422, de fecha 15 de abril de 2011).

(Núm. exp. S. 610/000261)

(Núm. exp. C.D. 110/000263)

— Acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia, en particular, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la delincuencia organizada entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2011. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 425, de fecha 29 de abril de 2011).

(Núm. exp. S. 610/000262)

(Núm. exp. C.D. 110/000264)

— Convenio entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Amman el 15 de marzo de 2011. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 426, de fecha 29 de abril de 2011).

(Núm. exp. S. 610/000263)

(Núm. exp. C.D. 110/000265)

— Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 31 de enero de 2011. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 427, de fecha 6 de mayo de 2011).

(Núm. exp. S. 610/000264)

(Núm. exp. C.D. 110/000266)

— Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ghana sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Accra el 31 de marzo de 2011. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 428, de fecha 13 de mayo de 2011).

(Núm. exp. S. 610/000265)

(Núm. exp. C.D. 110/000267)

— Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia y del Protocolo Adicional al Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de solicitudes, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010 y Declaración que España desea formular. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 429, de fecha 13 de mayo de 2011).

(Núm. exp. S. 610/000266)

(Núm. exp. C.D. 110/000268)

— Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Cortes Generales, Serie A, número 431, de fecha 27 de mayo de 2011).

(Núm. exp. S. 610/000267)

(Núm. exp. C.D. 110/000269)




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Octavo

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

— Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el intercambio de información sobre la identidad de personas inscritas en los registros de parejas de hecho o de similar naturaleza. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, número 90, de fecha 6 de julio de 2011).

(Núm. exp. S. 592/000032)

(Núm. exp. C.D. 093/000035)




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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

Página

MOCIONES

7880

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a que la medida aprobada en el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, por la que se aplica hasta el 31 de diciembre el tipo reducido del 4 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a las entregas de inmuebles destinados a vivienda, se prolongue doce meses más y se aplique a la adquisición de vivienda habitual.

El señor García Ballestero defiende la moción.

La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor García Ballestero expone la posición de su grupo respecto de la enmienda.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ramis Otazua.

En turno de portavoces intervienen las señoras Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Alberich Cano, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; así como los señores Ramis Otazua, por el Grupo Parlamentario Socialista, y García Ballestero, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción por 129 votos a favor y 121 en contra.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación.)

7896

Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la priorización de las inversiones en infraestructuras ferroviarias del Estado. (Votación.)

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 140 votos a favor y 109 en contra.

MOCIONES (Continuación)

7896

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a trabajar en la promoción y divulgación en el ámbito educativo del «Camino Escolar Seguro» como buena práctica y útil herramienta para la educación vial en los colegios.

El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de modificación, por lo que decaen las enmiendas.

El señor Jiménez Araya defiende la moción.




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En turno de portavoces intervienen la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; los señores Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Jiménez Araya, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Abejón Ortega, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación por 234 votos a favor y 8 abstenciones.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

7905

De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en relación con el Proyecto de Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

7905

El señor Bella Galán, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Roig i Grau defiende las enmiendas números 18 a 22, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Batlle Farrán defiende las enmiendas 24 y 25, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

La señora Borrego Izquierdo defiende las enmiendas 1 a 17, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Iranzo Sánchez.

En turno de portavoces intervienen los señores Pérez Bouza, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; Roig i Grau, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Batlle Farrán, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como las señoras Iranzo Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Borrego Izquierdo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

La señora de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Aguilar Rivero), hace uso de la palabra.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 19, 20 y 21, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 9 votos a favor, 121 en contra y 122 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 252 votos a favor.

Se rechazan las enmiendas números 23 y 24, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 14 votos a favor, 116 en contra y 121 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 4, 5 y 9, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 251 votos a favor y 1 en contra.




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Se aprueba la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 131 votos a favor y 121 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 1, 3, 6, 8 y 10, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 120 votos a favor y 128 en contra.

Se aprueba la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 130 votos a favor y 121 en contra.

Se aprueba la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 250 votos a favor.

Se aprueban las enmiendas números 13, 14 y 15, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 136 votos a favor y 116 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 68734 por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 68735 por asentimiento de la Cámara

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 68736 por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 251 votos a favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

De la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con el Proyecto de Ley General de Salud Pública. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7917

El señor Esquerda Segués, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Zubia Atxaerandio defiende la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La señora Aleixandre i Cerarols defiende las enmiendas 32 a 34, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Esquerda Segués defiende las enmiendas 35 a 127, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y anuncia la retirada de las números 79, 80, 81, 92, 93 y 103, así como de las números 35 a 78, y 82, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 105, 106, 116, 117 y 122.

La señora De Aragón Amunarriz defiende las enmiendas números 2 a 31, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y anuncia que retira la enmienda número 18.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Maestre Martín de Almagro.

En turno de portavoces intervienen la señora Aleixandre i Cerarols, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como los señores Esquerda Segués, por el Grupo Parlamentario




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Entesa Catalana de Progrés, y Villagrán Bustillos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pan Vázquez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 19 votos a favor y 321 en contra.

Se rechaza la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 13 votos a favor, 235 en contra y 2 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 18 votos a favor, 232 en contra y 1 abstención.

Se aprueba la enmienda número 34, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 135 votos a favor y 116 en contra.

Se rechaza la enmienda número 83, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 20 votos a favor, 229 en contra y 1 abstención.

Se aprueba la enmienda número 84, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 138 votos a favor y 112 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 85, 94, 99, 100 y 121, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 240 en contra.

Se aprueba la enmienda número 88, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 128 votos a favor y 121 en contra.

Se rechaza la enmienda número 98, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 19 votos a favor y 232 en contra.

Se rechaza la enmienda número 101, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 19 votos a favor y 230 en contra.

Se rechaza la enmienda número 102, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 237 en contra y 2 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 104, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 240 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 107 a 115, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 240 en contra.

Se rechaza la enmienda número 118, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 240 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 119 y 120, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 240 en contra.

Se rechaza la enmienda número 127, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 18 votos a favor y 229 en contra.




Página 7871


Se aprueban las enmiendas números 7, 8, 9, 17, 19 y 21, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 129 votos a favor y 122 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 6, 10, 11, 13 y 26, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 119 votos a favor, 123 en contra y 8 abstenciones.

Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 120 votos a favor y 131 en contra.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 68753 por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro 68762 por 234 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 131 votos a favor y 119 abstenciones.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley reguladora de la jurisdicción social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7932

El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

El señor ministro de Justicia (Caamaño Domínguez) hace uso de la palabra.

Comienza el debate del articulado.

El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 1 a 12, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números 87 a 90 y 92, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 93 a 162, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y anuncia que retira las números 100, 101, 102, 103 y 127.

El señor presidente informa de la retirada de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Pastor González defiende las enmiendas números 13 a 86, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Pestana Padrón.

En turno de portavoces intervienen el señor Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana




Página 7872


de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Pastor González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 3 y 10, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 7 votos a favor, 240 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 122 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 9 votos a favor, 237 en contra y 1 abstención.

Se rechazan el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 6 votos a favor, 125 en contra y 117 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 87 y 88, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 14 votos a favor, 116 en contra y 118 abstenciones.

Se aprueban las enmiendas números 89 y 90, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 124 votos a favor, 123 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 92, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 229 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 94, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 12 votos a favor y 236 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 97, 98, 111, 119, 124, 125, 147 y 161, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 121 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 105, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 237 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 95, 96, 104, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 120, 121, 122, 126, 133, 134, 135, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 157 y 160, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor y 237 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 93, 99, 106, 107, 109, 115, 118, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 139, 141, 142, 148, 152, 154, 155, 156, 158, 159 y 162, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 11 votos a favor, 124 en contra y 113 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 121 votos a favor y 127 en contra.

Se rechaza la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 117 votos a favor y 130 en contra.

Se rechazan el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 118 votos a favor y 129 en contra.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 246 votos a favor.




Página 7873


El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7944

El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números 1 a 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas 79 a 174, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor Irízar Ortega defiende las enmiendas 72 a 75, 77 y 78, del Grupo Parlamentario Socialista, y anuncia la retirada de la número 76.

El señor Juncal Rodríguez defiende las enmiendas números 7 a 71, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, informando de la retirada de las números 8, 11, 42, 54 y 32.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Irízar Ortega.

En turno de portavoces intervienen la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Juncal Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 129 votos a favor, 119 en contra y 1 abstención.

Se aprueba la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 130 votos a favor y 120 en contra.

Se aprueba el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 131 votos a favor, 116 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 124, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 18 votos a favor y 233 en contra.

Se rechaza la enmienda número 138, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 18 votos a favor y 232 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 81, 83, 119, 121, 123 y 137 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 126 votos a favor, 117 en contra y 8 abstenciones.




Página 7874


Se rechaza la enmienda número 90, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 18 votos a favor y 232 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 122 y 144, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 123 votos a favor, 117 en contra y 10 abstenciones.

Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 10 votos a favor, 232 en contra y 9 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 74, del Grupo Parlamentario Socialista, por 120 votos a favor, 121 en contra y 10 abstenciones.

Se aprueba el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, por 242 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 128 votos a favor y 123 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 7, 13, 52, 58, 65 y 67, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 123 votos a favor, 120 en contra y 8 abstenciones.

Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 121 votos a favor, 122 en contra y 7 abstenciones.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 129 votos a favor, 1 en contra y 121 abstenciones.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social

7959

El señor Asensio Martínez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Quintero Castañeda anuncia la retirada de las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por dicho señor senador.

El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 98 a 124 y 159, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números 130 a 139, 147 a 152 y 155, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas 3 a 43 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor Irízar Ortega defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 128 y 129, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas




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44 a 51, 58, 61, 62, 66, 68 y 69, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y 140 a 146 y 153, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Altava Lavall defiende las enmiendas números 52 a 57, 59 y 60, 63 a 65, 67 y 70 a 96.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Irízar Ortega.

En turno de portavoces intervienen el señor Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 98 y 99, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 11 votos a favor y 236 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 113 a 116, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 7 votos a favor y 239 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 100 a 112, 122, 123 y 124, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 6 votos a favor y 240 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 117, 118 y 121, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 6 votos a favor, 232 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 119 y 120, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 13 votos a favor y 234 en contra.

Se aprueba la enmienda número 159, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 125 votos a favor, 121 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 131 y 137, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a favor y 231 en contra.

Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 13 votos a favor y 231 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 3, 4, 17 y 19, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 8 votos a favor, 238 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 8 votos a favor, 238 en contra y 1 abstención.

Se rechaza la enmienda número 21, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor, 237 en contra y 2 abstenciones.

Se aprueba la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 129 votos a favor y 118 en contra.




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Se aprueba la enmienda número 40, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 128 votos a favor, 112 en contra y 7 abstenciones.

Se rechazan las enmiendas números 5 a 16, 24, 26, 28 a 33 y 35 a 37, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor, 235 en contra y 4 abstenciones.

Se rechaza la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 16 votos a favor, 229 en contra y 1 abstención.

Se aprueba la enmienda número 39, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 132 votos a favor y 114 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 23, 25, 34, 38, 41, 42 y 43, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 8 votos a favor, 231 en contra y 8 abstenciones.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a las enmiendas números 44 a 51, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 117 votos a favor, 123 en contra y 7 abstenciones.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a la enmienda número 66, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 112 votos a favor, 132 en contra y 1 abstención.

Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a la enmienda número 68, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 115 votos a favor, 6 en contra y 126 abstenciones.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a la enmienda número 69, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 116 votos a favor y 130 en contra.

Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a la enmienda número 58, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 126 votos a favor y 121 en contra.

Se aprueba la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a las enmiendas números 61 y 62, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en segunda votación al haberse producido empate en la primera, por 124 votos a favor y 123 en contra.

Se rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto del Congreso en lo relativo a las enmiendas números 140 a 146 y 153, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 118 votos a favor y 128 en contra.

Se aprueban las enmiendas números 128 y 129, del Grupo Parlamentario Socialista, por 126 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención.

Se rechazan las enmiendas números 52 a 57, 59, 60, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 75 a 80, 82 a 90 y 92, por 122 votos a favor, 124 en contra y 1 abstención.

Se aprueban las enmiendas números 65, 74, 81, 91 y 93 a 96, por 121 votos a favor, 119 en contra y 7 abstenciones.




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Se aprueban las propuestas de modificación con número de registro 68730 y 68731 por asentimiento de la Cámara.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 247 votos a favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

De la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con el Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

7976

La señora Rubial Cachorro, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

La señora Parera Escrichs defiende las enmiendas números 11 a 15, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Esquerda Segués defiende la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

La señora Peris Jarque defiende las enmiendas números 1 a 7, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Bustos Amores.

En turno de portavoces intervienen las señoras Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Burgués Bargués, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, así como el señor Pliego Cubero, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora De Aragón Amunarriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechazan las enmiendas números 11 a 15, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 13 votos a favor y 220 en contra.

Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 16 votos a favor y 216 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 1 a 7, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 115 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 225 votos a favor y 8 abstenciones.

El señor presidente informa de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

De la Comisión de Cultura en relación con el Proyecto de Ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

7983




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El señor Sañudo Aja, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de las enmiendas.

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra defiende las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El señor Bofill Abelló defiende las enmiendas números 3 a 11, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Fuentes García.

En turno de portavoces intervienen las señoras Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; así como los señores Bofill Abelló, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y Villagrán Bustillos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Gueimunde González, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación.

Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, por 14 votos a favor y 211 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y 10, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 13 votos a favor y 213 en contra.

Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 14 votos a favor y 214 en contra.

Se rechazan las enmiendas números 3 a 9 y 11, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por 14 votos a favor y 214 en contra.

Se aprueba la parte del proyecto de ley enmendada en comisión y no comprendida en votaciones anteriores, por 227 votos a favor y 1 abstención.

Se aprueba el resto del proyecto de ley por 226 votos a favor.

El señor presidente informa de que, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

7992

Acuerdo relativo a la protección de información clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel / el Ministerio de Defensa israelí, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011

7992

Se autoriza.




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Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra, por el que se modifica el Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación, hecho en Kleinmond, Sudáfrica el 11 de septiembre de 2009

7992

Se autoriza.

Acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia, en particular, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la delincuencia organizada entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2011

7993

Se autoriza.

Convenio entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Amman el 15 de marzo de 2011

7993

Se autoriza.

Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 31 de enero de 2011

7993

Se autoriza.

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ghana sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Accra el 31 de marzo de 2011

7993

Se autoriza.

Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia y del Protocolo Adicional al Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de solicitudes, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010 y Declaración que España desea formular

7994

Se autoriza.

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009

7994

Se autoriza.

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

7994

Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el intercambio de información sobre la identidad de personas inscritas en los registros de parejas de hecho o de similar naturaleza

7994

La Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.

Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cuarenta minutos.




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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Tomen asiento, por favor. Se reanuda la sesión.

MOCIONES

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE LA MEDIDA APROBADA EN EL REAL DECRETO-LEY 9/2011, DE 19 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DE CONTRIBUCIÓN A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL, Y DE ELEVACIÓN DEL IMPORTE MÁXIMO DE LOS AVALES DEL ESTADO PARA 2011, POR LA QUE SE APLICA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE EL TIPO REDUCIDO DEL 4 POR CIENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) A LAS ENTREGAS DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA, SE PROLONGUE DOCE MESES MÁS Y SE APLIQUE A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL.

(Núm. exp. S. 662/000192)

El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día. Mociones.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a que la medida aprobada en el Real Decreto-Ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, por la que se aplica hasta el 31 de diciembre el tipo reducido del 4 por ciento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las entregas de inmuebles destinados a vivienda, se prolongue doce meses más y se aplique a la adquisición de vivienda habitual.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado una enmienda a esta moción.

Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador García Ballestero.

El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. El pasado día 19 de agosto del presente año, el Consejo de Ministros aprobó por real decreto ampliar el tipo reducido del IVA al 4%. El periodo de vigencia de esta nueva medida, según el Gobierno, es hasta el próximo día 31 de diciembre del año 2011.

Señorías, esta es otra improvisación más del Gobierno del señor Zapatero, que ha seguido al anuncio del Partido Popular de recoger en nuestro programa electoral la deducción por la compra de vivienda habitual. Esta es una medida que no concreta nada, que no tiene tiempo material para que se puedan ver sus efectos y sus beneficios en esta materia, que afecta por igual a todas las viviendas, ya sean habituales o segunda residencia, y donde el importe de la vivienda no se tiene en cuenta, da lo mismo una vivienda de 150 000 euros que una vivienda de un millón de euros.

Esta ha sido la tónica, señorías, de esta legislatura. Prisas, improvisación, falta de concreción y rectificaciones. Legislatura que está a punto de terminar, como también está a punto de terminar la andadura de los Gobiernos presididos por el señor Rodríguez Zapatero, que comenzaron con la mejor herencia que jamás ha recibido un Gobierno en la democracia española, también con la puesta en marcha del Ministerio de Vivienda, y que va a terminar con paro, con déficit, con recorte, con deuda y con un ministerio que ha tenido que suprimirse porque no ha sido capaz de dar la respuesta que los ciudadanos querían en el tema de la vivienda y que se ha dedicado durante sus siete años de vigencia a desmantelar el sector.

Hablar hoy en España del sector inmobiliario es hablar, desgraciadamente, de ruina, de pérdida, de paro, de cientos de miles de viviendas vacías, de fracaso, de restricción del crédito, de empresas en quiebra o de los bancos, que se han convertido en la mayor inmobiliaria de este país.

Y alguna responsabilidad, señorías, tendrá quien ha gobernado este país durante los últimos ocho años. El desmantelamiento del sector comenzó con la puesta en marcha del Ministerio de Vivienda y sus erráticas políticas y llega a nuestros días agudizada por una grave crisis económica y financiera.

La política del Gobierno socialista en esta materia ha sido un fracaso. A la vista está. Ha habido tres ministras, fracaso tras fracaso, rectificación tras rectificación, y los datos, señorías, son los que son. Hemos pasado del récord de construcción de viviendas y de la concesión de créditos hipotecarios de la legislatura 2004-2008, con un millón más de viviendas construidas que en la legislatura 2000-2004, a las que ahora tenemos que dar salida, a estar en mínimos históricos. Frente a unos ritmos de venta de más




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de treinta mil casas nuevas al mes en pleno bum inmobiliario se ha pasado en el pasado mes de junio a venderse menos de 13 926 viviendas.

Y si en plena locura alcista era posible vender hasta 112 000 pisos de nueva construcción en un solo trimestre, el último dato publicado es absolutamente demoledor: apenas fueron escrituradas 26 000 viviendas en el pasado mes de enero. Sin ir más lejos, este mes de julio fue el quinto mes de descenso consecutivo de este año en la compra de vivienda y las previsiones no parecen mejorar.

La venta de vivienda en España continúa su particular caída desde que comenzó a desplomarse en el mes de marzo pasado. Según las estadísticas publicadas por el Ivima, la transacción de casas se redujo el pasado mes de julio el 34,5% con respecto al mismo mes del año 2010.

El sector inmobiliario, por tanto, no pasa, señorías, su mejor momento, y ya acumula en este año cinco meses de caídas consecutivas desde marzo, tras registrar en enero y en febrero datos positivos por el denominado efecto llamada, que animó la compraventa en los últimos meses del año 2010 debido a la eliminación de las deducciones fiscales, y que siguió notándose a principios de este año, cuando todavía estaba en vigor la citada desgravación, pero se cambió el rumbo el tercer mes de este año y ya no ha vuelto a levantar cabeza.

A partir del mes de marzo las operaciones cayeron en un 11%, en abril un 29%, en mayo un 18% y en junio un 22%, y no será que al Ejecutivo no se le advirtió que esto podía ocurrir; cuando en enero decidió suprimir las desgravaciones fiscales por compra de vivienda todos se lo dijimos: los promotores, los constructores, los expertos, los analistas y el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado innumerables iniciativas para que no desapareciera dicha desgravación.

¿Y qué ocurriría en el año 2011? Pues que con más de cuatro millones de parados y todavía muchos problemas para conseguir hipoteca todo indicaba que la compra de casas no iba a repuntar, al menos por el momento. Pero los responsables del Ejecutivo seguían insistiendo con el mismo argumento: que las viviendas se estaban abaratando y que era el mejor momento para comprar. Eso decía la entonces ministra y ahora secretaria de Estado.

Pues no, señorías, las cifras desmienten esa visión tan optimista de un mercado que desgraciadamente ha pasado de aportar el 10% del producto interior bruto a un exiguo 4%. Con la subida del IVA del 7% al 8% pasó algo similar; el mejor ejemplo de ello es el impulso que registró la venta de viviendas la primera mitad del año 2010. Y después, en el último trimestre, cuando los más rezagados decidieron comprar antes de la desaparición de la desgravación fiscal, fue cuando aumentó la compra de viviendas.

Ahora la finalidad que pretende el Gobierno es la misma, animar la venta de casas nuevas para reducir el excedente que el Ejecutivo cifra nada menos que en 680 000 viviendas antes de final de año. Y si en el último trimestre del año 2010, con el incentivo de la desgravación, se vendieron 56 000 viviendas, ¿no es muy ambicioso pretender, señorías, que en cuatro meses se reduzca significativamente el stock de 700 000 viviendas? Por ello reitero lo anteriormente dicho, y es que después de casi ocho años de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero hablar del sector de la construcción sigue siendo hablar de ruina, de paro, de inaccesibilidad al crédito y de cientos de miles de viviendas vacías.

Desmantelar el sector de la construcción, como se ha hecho, sin tener un modelo de crecimiento alternativo solo puede dar los resultados que se han obtenido y que son de sobra conocidos por todos. Los datos son los que son, son tozudos y a la vista están todas las dificultades del acceso a la vivienda, las dificultades del acceso al crédito y el hecho de que muchas familias humildes lo están pasando hoy verdaderamente mal con un gobierno socialista.

Aquí se dice que se apoya mucho la vivienda, que se apoya el alquiler, pero las ayudas a la promoción de la vivienda de alquiler se han recortado en casi un 40%, y eso es algo tan real como lo es el hecho de que hoy estamos aquí debatiendo. También se han eliminado las reservas de eficacia a nuestras comunidades autónomas, unas reservas que primaban a las comunidades que construían viviendas protegidas y que querían construir más vivienda social.

Señorías, me han oído decir muchas veces que un país que no construye es un país que no crece, y mientras no empecemos a construir en España no empezaremos a crecer. Tenemos que retomar la senda de la construcción sostenible, razonable y equilibrada, y de un acceso a la vivienda sensato por parte de los ciudadanos españoles. Este país tiene que volver a funcionar, se tiene que volver a poner en marcha y el sector de la construcción se tiene que volver a poner a funcionamiento, algo esencial para que cualquier país crezca y empiece a funcionar,

Después de todo este lío y después de esta confusión de los últimos años, nos encontramos con que quienes eliminaron las desgravaciones a las capas medias y bajas de la sociedad, especialmente a los




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jóvenes para la compra de su primera vivienda, o que quienes tan solo hace trece meses subieron el IVA del 7 al 8%, ahora nos traen una reducción del IVA, independientemente del valor que tenga la vivienda o si es habitual o segunda residencia.

El anuncio de esta reducción fiscal nos cogió a todos con el pie cambiado. Tampoco era de extrañar. Se trataba de un viernes 19 de agosto, donde la mayoría de los españoles estaba a otra cosa. Pero superado el anuncio inicial surgieron las preguntas. ¿Por qué ahora, a poco menos de tres meses de unas elecciones generales? La respuesta del ejecutivo es que las ventas están en caída libre. Las ventas en caída libre, señorías, en el sector inmobiliario llevan ya muchos meses, por no decir algunos años. Y, quizás, para entender esta iniciativa haya que buscar las claves en el calendario electoral. Faltan poco más de dos meses para las elecciones generales y en el Partido Popular hemos ratificado que si logramos gobernar recuperaremos la desgravación por la compra de vivienda, la desgravación en el IRPF, y esta claro que era necesario contrarrestar esta iniciativa que este senador, insisto, ha defendido en innumerables ocasiones en esta Cámara. Pero es que además de tarde es muy breve en el tiempo, solo cuatro meses. Está incompleta, no distingue si es para primera vivienda o segunda vivienda y sus efectos, insisto, serán muy limitados.

Y después de aprobar esta medida por sorpresa, señorías, y una vez que ha pasado la euforia del primer momento, lo que aquí queremos y lo que aquí pretendemos es que esta medida sea más efectiva de lo que en principio quiere ser. Por tanto, es insólito el tiempo de duración de cuatro meses, un plazo muy reducido en el que sus señorías entenderán que la efectividad no se va a poder llegar a ver. Nosotros queremos poner un poco de cordura en este tema y, aparte de unirlo a la desgravación fiscal y a la propuesta que vamos a llevar en las siguientes elecciones generales de desgravación por compra de vivienda, nosotros queremos ampliar el plazo doce meses más, durante todo el año y el próximo 2012, porque con las limitaciones que se han puesto encima de la mesa, difícilmente se puede sacar este estocaje de vivienda y difícilmente se puede ver el resultado, a no ser que lo que se quiera sea un impacto electoral que en poco o en nada ayude a resolver el estocaje de vivienda que hay.

Señorías, la propuesta que ha presentado el Grupo Popular en esta Cámara, que sometemos a su consideración y que espero tengan a bien apoyar y aprobar, es la ampliación del plazo del IVA durante el próximo año 2012 doce meses más. Creemos que es lo justo, creemos que es lo sensato y creemos que es lo razonable. Es una propuesta que no va en contra de nadie, que va a favor del sector de la construcción y de los ciudadanos españoles. Creemos que es una iniciativa que puede ayudar, junto con otras iniciativas más, a dinamizar el sector de la construcción en España y, sobre todo, a sacar ese gran estocaje de vivienda nueva que hay y que es un tapón que tiene nuestro país a la hora de volver a construir, a la hora de volver a hacer vivienda nueva. Creemos que no es la panacea, que esta medida aislada no es la que va a resolver todos los problemas, pero sí creemos que esta medida, junto con otras, tiene que ayudar a dinamizar este sector, insisto, que ha pasado del 10% del PIB al 4% del PIB, porque un país para crecer tiene que construir.

Por tanto, señorías, les pido que apoyen y respalden esta iniciativa para que nuestro sector de la construcción, tan maltratado durante los últimos años, sea un sector que empiece a tener dinamismo, que empiece a crecer, que se empiece a construir y también que los ciudadanos españoles tengan un mayor acceso a la vivienda.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos a la enmienda del Grupo de Convergència i Unió.

La senadora Cunyat tiene la palabra.

La señora CUNYAT BADOSA: Bé, bon dia, senyor president.

Bon dia, senyories.

El PP ha presentat una moció en què insta el Govern que la mesura aprovada en el Reial decret llei 9 del 2011 del passat mes d’agost, per la qual s’aplica fins al 31 de desembre el tipus reduït del 4 % de l’IVA a les entregues d’immobles destinats a l’habitatge es prorrogui 12 mesos més i s’apliqui a l’adquisició d’habitatge habitual.

Bé, com ja hem expressat en diverses ocasions, des del nostre grup considerem que la rehabilitació i el lloguer han de ser eixos claus en les polítiques actuals d’habitatge. Som plenament conscients de l’existència d’un enorme estoc de vivendes d’obra nova i s’ha d’afavorir la seva venda, ajudant a moure




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estocs d’entitats financeres i també de promotors. Però no hem d’obviar en cap moment els beneficis que ens aportaria la rehabilitació d’habitatges, beneficis com la reactivació de l’economia, del sector de la construcció i en definitiva de la generació de llocs de treball. És per aquesta raó que presentem una esmena a la moció presentada pel PP, que té com a objectiu essencial ampliar l’aplicació de l’IVA reduït a la rehabilitació d’habitatges, ja siguin d’habitatges d’ús particular, ja siguin d’habitatges destinats al lloguer.

Nosaltres proposem una modificació de la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit, en tres sentits, i que afecten la rehabilitació i reparació d’habitatges. En primer lloc proposem eliminar el requisit que la despesa total de les obres excedeixi el 25 % del preu de l’habitatge perquè siguin considerades sota el concepte de la rehabilitació. Creiem que aquest percentatge —aquest 25 %— és un límit, una barrera important que s’han trobat els operadors econòmics i, per tant, una dificultat per accedir a aquest benefici fiscal de la reducció de l’IVA. En segon lloc, proposem augmentar el percentatge de cost de materials aportats per la persona que realitzi les obres de rehabilitació a partir de la qual no pot aplicar-se el tipus reduït, actualment previst en un 33 %, d’acord amb els límits que estableix la directiva comunitària. El que es pretén amb aquesta proposta és permetre que aquestes obres de rehabilitació i reparació que exigeixen una aportació superior al 33 % de matèria per part del constructor també puguin beneficiar-se d’aquesta aplicació de l’IVA reduït. La directiva europea únicament fa referència a «exclosos els materials que suposin una part important del valor del servei subministrat», per això creiem que tenim marge per augmentar d’un 33 a un 49% el límit del percentatge del cost de materials aportat pel constructor per poder-se aplicar aquest tipus reduït d’IVA. Finalment proposem suprimir la restricció de l’aplicació de l’IVA reduït a la rehabilitació d’habitatge habitual perquè també es pugui aplicar als habitatges destinats al lloguer. Proposem que el tipus reduït s’apliqui quan el destinatari sigui una persona física, i que tingui com a objectiu utilitzar l’habitatge per al seu ús particular o per destinar-la al lloguer.

La directiva s’expressa amb el terme habitatge particular, pel que creiem que l’aplicació a l’IVA reduït s’hauria de considerar també per a les obres executades en habitatges que hagin estat cedides o destinades al lloguer. Amb aquesta esmena fomentarem la rehabilitació d’habitatges, i en seran beneficiaris els que ho facin a nivell particular però també els que ho facin amb la intenció de posar les seves propietats al mercat del lloguer. Amb la presentació d’aquesta esmena es busquen dues finalitats: millorar les condicions d’accés a l’habitatge i la reactivació del sector de la construcció, que està, com ha dit el nostre company, en autèntiques hores baixes. Des del nostre grup hem dit en diverses ocasions que creiem que s’han de prendre mesures que tinguin una incidència clara en el mercat d’habitatge de venda però també en el del lloguer. Els preus dels habitatges s’han reduït, però especialment aquesta reducció s’ha donat en els preus d’habitatges de venda, i encara que també s’ha observat una certa reducció en els preus dels pisos de lloguer, aquest no ha estat prou substancial com per fomentar una nova tendència en el sector del lloguer. A pesar dels diferents ajustaments de preus, a dia d’avui l’accés a un habitatge segueix essent un problema.

L’actual Govern del Zapatero s’ha marcat com a objectiu per al 2020 que un 20 % de les famílies espanyoles visquin en habitatges de lloguer. Actualment estem a l’entorn d’un 15 %, lluny encara del 30 % europeu, i creiem que aquestes mesures fiscals fomentarien el moviment en l’oferta de pisos de lloguer, i aquest fet incidiria directament en el preu, que actualment és molt elevat i molt similar encara al preu dels habitatges de venda.

Per altra banda, amb les mesures que proposem en la nostra esmena creiem que el foment per a l’habilitació d’habitatges provocarà un efecte dinamitzador al sector de la construcció...

Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

El PP ha presentado una moción en la que insta al Gobierno para que la medida aprobada en el Real Decreto 9/2011 del pasado 19 de agosto, y por la que se aplica hasta el 31 de diciembre el tipo reducido del 4% del IVA a las empresas o a las entregas de muebles destinadas a la vivienda, se prorrogue doce meses más y se aplique a la adquisición de vivienda habitual.

Como hemos expresado en distintas ocasiones, en nuestro grupo pensamos que la rehabilitación y el alquiler deben ser ejes clave en las políticas actuales de vivienda. Somos completamente conscientes de la existencia de un enorme stock de viviendas de obra nueva, que debe favorecerse su venta y ayudar a mover stocks de entidades financieras y promotores, pero no debemos obviar en ningún momento los beneficios que nos reportaría la rehabilitación de viviendas, beneficios como la reactivación de la economía, del sector de la construcción y, en definitiva, también de la generación de puestos de trabajo.




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Por ese motivo presentamos una enmienda a la moción presentada por el PP que persigue como objetivo esencial ampliar la aplicación del IVA reducido a la rehabilitación de viviendas, ya sea de viviendas de uso particular o de viviendas destinadas al alquiler.

Nosotros proponemos una modificación de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en tres sentidos que afectan a la rehabilitación y reparación de viviendas: En primer lugar, proponemos eliminar el requisito de que el gasto total de las obras exceda el 25% del precio de la vivienda para que sean consideradas bajo el concepto de rehabilitación; consideramos que este porcentaje —este 25% mencionado— es un límite, una barrera significativa que los operadores económicos han encontrado y, por lo tanto, una traba para acceder a ese beneficio fiscal de la reducción del IVA. En segundo lugar, proponemos aumentar el porcentaje de coste de materiales aportados por la persona que realice las obras de rehabilitación, a partir del cual no puede aplicarse el tipo reducido, que es un 33% actualmente, según los límites establecidos por la directiva comunitaria. Lo que proponemos mediante esta propuesta es permitir que estas obras de rehabilitación o reparación que exigen una aportación superior al 33% de materia por parte del constructor también puedan beneficiarse de esta reducción o aplicación del IVA reducido. La directiva europea tan solo hace referencia a excluidos los materiales que supongan una parte significativa del valor del servicio suministrado; por lo tanto, consideramos que aún hay margen de aumentar del 33 al 49% el límite del porcentaje del coste de materiales aportados por el constructor para poder aplicársele este tipo reducido del IVA. Y, por último, proponemos suprimir la restricción de la aplicación del IVA reducido a la rehabilitación de vivienda habitual para que también pueda aplicarse a las viviendas destinadas a alquiler. Proponemos que el tipo reducido se aplique cuando el destinatario sea una persona física y tenga como objetivo utilizar la vivienda para su uso particular o para destinarla al alquiler.

La directiva se expresa en términos de vivienda particular, por eso pensamos que la aplicación del tipo reducido debería aplicarse también a las obras ejecutadas en viviendas que hayan sido cedidas o destinadas al alquiler. En esta enmienda también fomentamos la rehabilitación de viviendas y los beneficiarios serán aquellos que la realicen a nivel particular, pero también aquellos que la hagan con la intención de poner sus propiedades en el mercado del alquiler.

Mediante la presentación de esta enmienda perseguimos dos finalidades: mejorar las condiciones de acceso a la vivienda y reactivar el sector de la construcción que, como ha dicho nuestro compañero, está en auténticas horas bajas. Nuestro grupo ya ha dicho en distintas ocasiones que pensamos que deben tomarse medidas que tengan una incidencia clara en el mercado de venta de vivienda, pero también de alquiler. Los precios de la vivienda se han reducido, pero esta reducción se ha dado sobre todo en los precios de venta. Aunque hemos visto una cierta reducción en los precios de los pisos de alquiler, no ha sido sustancial como para fomentar una nueva tendencia en el sector del alquiler. A pesar de los distintos ajustes de precio, hoy por hoy el acceso a la vivienda sigue siendo un problema.

El actual Gobierno de Zapatero se ha marcado como objetivo para 2020 que el 20% de las familias españolas puedan vivir en viviendas de alquiler. Actualmente nos encontramos en el 15%, lejos del 30% europeo, y consideramos que estas medidas fiscales fomentarían el movimiento en la oferta de pisos de alquiler, lo que incidiría directamente en el precio, actualmente muy elevado, similar aún al de las viviendas en venta.

A través de las medidas presentes en nuestra enmienda consideramos que el fomento de la rehabilitación de la vivienda también provocaría un efecto dinamizador en el sector de la construcción…

El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.

La señora CUNYAT BADOSA: Acabo tot seguit.

...especialment el de les petites i mitjanes empreses, essència en definitiva del nostre sector empresarial.

Per tot això demanem doncs que donin suport a la nostra esmena. Moltes gràcies.

Termino enseguida.

…sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas, que, en definitiva, constituyen la esencia de nuestro sector empresarial.

Por todo lo expuesto, esperamos que sus señorías den su apoyo a nuestra enmienda.

Gracias.




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El señor PRESIDENTE: Para manifestar su posición sobre la enmienda que acabamos de debatir, tiene la palabra el senador García Ballestero.

El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero agradecer a la portavoz de Convergència i Unió, la senadora Cunyat, la presentación de esta enmienda, contribuyendo a enriquecer este debate sobre la vivienda y su fiscalidad, pero tengo que decirle que esta enmienda desvirtúa la moción inicialmente presentada por el Grupo Popular. Su objeto no es otro que ampliar el plazo de la reducción del IVA para la vivienda nueva a fin de dar salida al stock de vivienda nueva existente en nuestro país, a esos cientos de miles de viviendas que hoy siguen sin venderse, y con la pretensión también de que constituyan la vivienda principal de las familias que decidan su compra, tasado su valor, porque, como dije en mi anterior intervención, no puede ser lo mismo una vivienda de 150 000 euros que otra de un millón de euros.

Por tanto, senadora, su enmienda persigue la revisión de la fiscalidad para la rehabilitación y el alquiler de la vivienda, que, insisto, no es objeto de esta moción. Por eso, creo que puede ser una buena iniciativa y objeto de una buena moción para presentar en el siguiente Pleno, a lo que le animo, para que lo tratemos entonces. Pero, al no estar en consonancia con la filosofía de la moción del Grupo Popular, la vamos a rechazar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Ramis.

El señor RAMIS OTAZUA: Bon dia, senyor president, senyors i senyores senadors.

Buenos días, señor presidente, señoras y señores senadores.

La presente moción del Grupo Popular pretende prorrogar por un periodo de doce meses la iniciativa del Gobierno de aplicar el tipo reducido del 4% del impuesto sobre el valor añadido a las entregas de inmuebles destinados a viviendas, pero que únicamente se aplique a la adquisición de la vivienda habitual, ajustando además un tope máximo del precio, hecho que viene a reconocer por parte del Grupo Popular la idoneidad y la oportunidad de esta medida impulsada por el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero a través del Real Decreto Ley 9/2011, a pesar de que el Partido Popular no se dignara a votar favorablemente esta medida. ¿Y qué pretende esta medida excepcional? Básicamente, reducir el stock de viviendas sin vender, una rémora que impide reactivar la construcción. Este sector en su día llegó a suponer casi un 10% del PIB, como antes señaló el portavoz del Grupo Popular, pero por exceso, porque actualmente apenas alcanza el 4%, precisamente por esa sobreedificación, esa sobreexplotación en la construcción. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Se trata, pues, de una iniciativa destinada a impulsar el final del ajuste del sector inmobiliario y contribuir a que este recupere el peso específico razonable que ha de tener en nuestro sistema productivo y de empleo. Se trata, por tanto, de un incentivo fiscal de carácter marcadamente temporal aplicado a las transacciones de compra-venta de vivienda nueva precisamente para favorecer su compra, aplicando el tipo superreducido del IVA del 4%, frente al 8% aplicado hasta ahora.Una medida que, como decía, pretende reducir el exceso de viviendas originado, paradójicamente, por las políticas del mismo Partido Popular que ahora se postula como la solución de todos los problemas habidos y por haber.

Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que nos habían dejado la mejor herencia. Sí, pero una herencia totalmente envenenada, de aquellas políticas de los Gobiernos de Aznar que convirtieron todo el suelo rústico en suelo urbanizable. Esa es la herencia que el Partido Popular nos dejó. Tenemos ejemplos como la comunidad autónoma de las Islas Baleares, en la que el Partido Popular se opuso totalmente a todas las medidas para controlar la construcción en materia de licencias. En municipios que intentaban imponer controles para que no hubiera una masificación en la construcción, el Partido Popular votaba una y otra vez, reiteradamente en contra. Cuando el Gobierno autonómico quiso hacer una ley que controlase las licencias urbanísticas, nuevamente el Partido Popular se opuso porque lo que iba bien entonces era la construcción abusiva y excesiva. Precisamente para el Partido Popular la construcción era un paradigma de sus Gobiernos, de su política. Y a pesar de los avisos que desde Europa nos advertían de una sobreexplotación y el sobredimensionamiento del sector, en pocos años y gracias a las políticas impulsadas por el Partido Popular se agotó la demanda inmobiliaria de una década, y actualmente constituye el mayor freno para la recuperación económica del país.




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Es, pues, la persistencia de este elevado remanente de viviendas disponibles para la venta y la continuación de la atonía de este sector, la que hace aconsejable emprender medidas fiscales como la aprobada por el Gobierno, que ayuden a la colocación de estas existencias y a la paulatina normalización y recuperación del sector. Por ello la previsión incluida en el citado real decreto ley es una medida de política fiscal que incide sobre una situación concreta y temporal, sin vocación de afectar con carácter permanente la estructura de los tipos impositivos del IVA. Una medida que, sin embargo, y como ha sido costumbre durante esta legislatura, no fue apoyada por el Partido Popular siendo su portavoz el señor Rajoy quien anunció que, si los españoles le otorgaban su confianza en las próximas elecciones legislativas, prolongaría esta medida doce meses más. No sé si el señor Rajoy ha perdido ya esa confianza en que los ciudadanos le otorguen nada o, simplemente, esta es la forma que el señor Rajoy tiene de cumplir sus compromisos. Lo cierto es que no ha esperado a obtener la confianza de los ciudadanos y nos ha presentado esta moción. ¿Es esta la coherencia a la que se refiere el Partido Popular? Decía el señor Rajoy que estamos en un período de rectificaciones, lo que no sabía es que estas rectificaciones afectaban precisamente al Partido Popular.

Nuevamente el señor Rajoy, a la cabeza del Partido Popular, y a pesar de su reconocimiento de la oportunidad de esta medida, no ha querido votar a favor. Tampoco ha querido negociar esta medida, y ahora pretende protagonizar esta medida introduciendo tres enmiendas que desvirtúan totalmente el sentido y la finalidad de la propuesta. En primer lugar, solicitan que el término de esta medida se alargue en doce meses. Pero ¿por qué el decreto ley contemplaba únicamente cuatro meses? Hay que destacar que esta iniciativa se ha podido llevar a cabo en base al supuesto de aplicar el tipo impositivo reducido del 4% del impuesto sobre el valor añadido contemplado en el artículo 91.7 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. Una ley que no es otra cosa que la transposición de las previsiones de la Directiva 112/2006 de la Unión Europea relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido y que, si bien en su artículo 98 regula los tipos impositivos y prevé tipos reducidos para los supuestos tasados en el anexo III de la misma, en su artículo 99 establece que los tipos impositivos reducidos deben ser fijados como un porcentaje de la base imponible que no puede ser inferior al 5%.

Por tanto, la medida adoptada supone la aplicación de un tipo impositivo reducido por debajo del mínimo que establece la directiva europea, por lo que se ha hecho necesario justificar la medida en tanto que se trata de una disposición de carácter excepcional y con un plazo de aplicación breve. Por esta circunstancia, resulta difícilmente justificable ante la Unión Europea prorrogar el precepto anterior más allá de la fecha que el mismo decreto prevé.

Por otra parte, el Partido Popular pretende limitar esta medida a la adquisición únicamente de la vivienda habitual y limitar el precio máximo. Son propuestas que en otro contexto nos parecerían totalmente correctas, pero que ahora producirían unos efectos contrarios a la iniciativa del Gobierno, que no son otros que reducir el stock total de las viviendas existentes sin ningún límite, un exceso de viviendas que, como he dicho, fue originado paradójicamente por las políticas del Partido Popular y especialmente por su anterior presidente, el señor Aznar, que impulsó políticas de construcción masiva.

Señores del Partido Popular, les pido que no tomen decisiones incoherentes y retiren esta moción, porque, por una parte, contradice las promesas del señor Rajoy y no es más —y usted lo ha dicho— que una propuesta electoralista y, por otra, porque además incumplirían las directivas europeas y anularían los efectos deseados de esta propuesta, que no son otros que eliminar el stock existente de viviendas y reiniciar la recuperación de la construcción.

Por tanto, retiren esta moción, y dejen que sea el nuevo Gobierno el que decida en la próxima legislatura las políticas que se deben llevar a cabo para incentivar y regular el sector de la construcción, que ustedes precisamente desrregularon.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Pausa.)

Ningún portavoz desea intervenir.

¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Pausa.)

Tampoco desean intervenir.

Por el Grupo de Convergència i Unió, té la paraula, senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Moltes gràcies.




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La disposició transitòria quarta del Reial Decret-llei 9/2011 preveu que amb efecte de l’entrada en vigor del mateix i en vigència exclusivament fins al 31 de desembre de 2011, s’aplicarà el tipus reduït del 4% de l’impost sobre el valor afegit a les entregues d’habitatge.

La moció formulada pel Grup Popular pretén, en primer lloc, ampliar l’àmbit temporal de l’aplicació de la mesura a 12 mesos, circumscriure-la a les entregues d’habitatges que siguin per a residència habituals i ajustar la mesura al màxim de preu d’habitatge. Evidentment, aquestes propostes presentades per aquest grup ens semblen correctes i els anuncio ja el nostre vot a favor.

En el primer discurs d’investidura del president del Govern, el senyor Zapatero, el 15 d’abril de 2004 va anunciar la creació del Ministeri d’Habitatge i les seves paraules van ser les següents: Afrontar el major problema amb què avui dia viuen i conviuen milions de famílies espanyoles: la impossibilitat d’accedir a un habitatge en condicions raonables. No és necessari insistir en les conseqüències anihiladores que aquest fet té per a tants projectes de vida.

Senyories, ahir va comparèixer en aquesta cambra per última vegada el president Zapatero. Segurament, si li haguéssim demanat un balanç en matèria d’habitatge s’hauria adonat que les seves paraules, pronunciades aquell 15 d’abril de 2004, tenen més força que mai, ja que la realitat avui dia és que Espanya, immersa en una greu crisi econòmica, no ha estat capaç d’establir estratègies o polítiques que assegurin l’accés a l’habitatge.

Des del primer moment el Grup Parlamentari Català de Convergència i Unió va considerar l’habitatge com una prioritat en aquesta i en aquella legislatura, ja que, entre 1997 i 2003, el preu mitjà d’un habitatge va créixer d’un 91% i ha estat el país de la Unió Europea amb un increment més elevat dels preus en matèria d’habitatge.

A pesar de ser una prioritat política del govern actual, el balanç de l’actuació d’aquest govern en matèria d’habitatge al llarg d’aquests darrers set anys, ni existint temporalment un Ministeri d’Habitatge, pot ser positiu.

Els posaré alguns exemples. L’accés a l’habitatge en règim de propietat s’està reduint, com demostren dades relatives al nombre de préstecs hipotecaris nous per a l’adquisició d’habitatges. Concretament, van disminuir d’un 35% el 2008, un 13% el 2009 i un 7% el 2010. Una altra dada és que les transaccions immobiliàries fins al mes de juny han caigut d’un 40,80% en termes interanuals. Aquesta reducció s’ha produït principalment per les exigències de solvència que demanen les entitats bancàries i també per la falta de capacitat financera de les famílies que, al llarg de la crisi, ha anat disminuint molt ràpidament, molt més que el mateix preu dels habitatges. Els actuals preus de mercat no són assequibles i hi ha serioses dificultats per accedir a un habitatge, a pesar que tenim més de mig milió d’habitatges buits a disposició del mercat en el conjunt de l’Estat. La renda de les famílies s’ha deteriorat i ho seguirà fent a mesura que les xifres de l’atur continuïn creixent.

Davant d’aquesta situació, el lloguer hauria de ser de manera natural l’alternativa real a l’accés a l’habitatge, però les xifres demostren que el mercat de lloguer no s’està convertint en l’alternativa real a la compra. La inexistència d’un parc públic de lloguer amb una dimensió suficientment grossa com per influir realment en el mercat i en els seus preus, així com la inadequació de les ajudes al lloguer fan que les actuals polítiques del Govern no siguin suficients per afrontar les dificultats provocades per l’actual crisi econòmica i les seves conseqüències en l’àmbit de l’habitatge.

Un altre exemple que els vull donar és la línia ICO-Moratòria Hipotecària, creada el 2008 i en vigor fins a aquest any. Va ser dotada amb 6 milions d’euros, de la qual només s’ha utilitzat un 1% de la dotació, a pesar que s’han produït prop de 500 000 execucions hipotecàries. L’aprovació del Reial Decret-llei de reducció de l’IVA no deixa de significar un fracàs en la política d’habitatge desenvolupada pel Govern fins al moment. Moltes mesures, disperses, en ocasions aparentment improvisades i fins i tot podríem dir que incoherents amb els seus propis discursos, que en definitiva no solucionen la problemàtica real del sector i dels ciutadans.

El senyor Blanco deia el passat 3 de maig que el seu objectiu se centra a trobar un equilibri del mercat immobiliari, equilibrant rehabilitació i habitatge nou, lloguer i compra, i l’oferta lliure amb la protegida. Suposo que ara que som a finals de legislatura, i veient les diferents decisions preses a última hora, aquest gran objectiu no s’ha aconseguit i el proper govern té un important repte sobre la taula. Entenem que, per impulsar el sector immobiliari i que recuperi el pes específic i raonable que ha tenir en el nostre sistema productiu, el Govern ha aprovat un incentiu fiscal de caràcter temporal per afavorir la compra d’habitatge nou. No ens sembla malament, al contrari: va en la línia del que hem estat sol·licitant sempre. Però aquesta mesura puntual només que fa que portar-nos a un espiral. Fa pocs mesos van incrementar




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un punt l’IVA, vam passar del 7% al 8%, que ara abaixem al 4%, però que d’aquí a 4 mesos, o 1 any si s’aprova la moció del Partit Popular, tornarà a ser del 8%. A més, ens trobem en un punt sense sortida: en comprar un habitatge nou, s’aplicarà un 4% de l’IVA. En canvi, si no es compleixen les rígides condicions per a la rehabilitació que estableix el Govern, per a una rehabilitació d’un habitatge s’haurà de pagar un 18% de l’IVA. És per això que proposàvem la nostra esmena. Tanmateix, la proposta del PP ens sembla adequada i donarà una estabilitat més àmplia a la mesura aprovada pel Govern. Aquesta acció, amb la qual estem totalment d’acord, creiem que dinamitzarà un sector que està absolutament aturat, un sector que va viure una gran època i que ens va portar, hipotèticament, a l’etapa de més creixement econòmic de la història d’Espanya. Clarament, l’aplicació d’aquesta acció generarà moviment dels grans estocs que avui dia tenen els promotors i les entitats bancàries. Permetrà la sortida d’habitatges nous i potser, certament a mitjà termini, implicarà el moviment del sector de la construcció.

En definitiva, en els darrers anys la situació social i econòmica ha canviat. Les necessitats de les famílies no són les mateixes i les dificultats marquen les tendències dels hàbits de consum de les famílies i, en conseqüència té un efecte directe en les dinàmiques dels mercats, també l’immobiliari. És evident que l’accés a l’habitatge és un dels grans reptes que haurà d’afrontar el nou govern. Els actuals preus del mercat de l’habitatge no són accessibles i existeixen serioses dificultats per accedir a un habitatge a pesar que hi ha més de mig milió d’habitatges buits a disposició del mercat en el conjunt d’Espanya.

Com llegia ahir a La Vanguardia, no hi ha solucions miraculoses, però sí que hi ha canvis més o menys encertats. Per tant, donarem suport a la moció presentada pel PP.

Moltes gràcies.

Muchas gracias.

La disposición transitoria cuarta del Real Decreto-ley 9/2011 prevé que con efectos desde su entrada en vigor y en vigencia exclusivamente hasta el 31 de diciembre de 2011 se aplique el tipo reducido del 4% del impuesto sobre el valor añadido a las entregas de vivienda.

La moción presentada por el Grupo Popular pretende ampliar el ámbito temporal de aplicación de la medida a doce meses, circunscribir las entregas de viviendas que sean para residencia habitual y ajustar la medida al máximo del precio de vivienda. Evidentemente, las propuestas presentadas por dicho grupo nos parecen correctas, por lo que ya anuncio nuestro voto a favor.

En el primer discurso de investidura del presidente, del señor Zapatero, el 15 de abril de 2004, anunció la creación del Ministerio de Vivienda, y sus palabras fueron las siguientes: Mi Gobierno va a afrontar el mayor problema con el que hoy conviven millones de familias españolas: la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones razonables. No es necesario insistir en las consecuencias aniquiladoras que este hecho tiene para tantos proyectos de vida.

Señorías, ayer compareció en esta Cámara por última vez el presidente Zapatero, y si le hubiéramos pedido un balance en materia de vivienda seguramente se hubiera dado cuenta de que las palabras pronunciadas el 15 de abril de 2004 tienen mayor fuerza que nunca puesto que, hoy por hoy, la realidad es que España está inmersa en una grave crisis económica y no ha sido capaz de establecer estrategias o políticas que garanticen el acceso a la vivienda.

El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió consideró desde el primer momento la vivienda como una prioridad, tanto en esta legislatura como en aquella, puesto que entre 1997 y 2003 el precio medio de una vivienda creció un 91%, y este ha sido el país de la Unión Europea con un incremento más elevado de precios a ese respecto.

A pesar de haber sido una prioridad política del actual Gobierno, el balance de su actuación en el ámbito de la vivienda a lo largo de los últimos siete años ni siquiera existiendo temporalmente un Ministerio de Vivienda puede ser positivo.

Voy a darles algunos ejemplos. El acceso a la vivienda en régimen de propiedad se está reduciendo, como lo demuestran los datos relativos al número de préstamos hipotecarios nuevos para la adquisición de viviendas; en concreto, disminuyeron un 35% en 2008, un 13% en 2009 y un 7% en 2010. Otro dato es que las transacciones inmobiliarias hasta el mes de junio han caído en un 40,80% en términos interanuales. Esta reducción se ha producido principalmente por las exigencias de solvencia que piden las entidades bancarias y también por la falta de capacidad financiera de las distintas familias, que a lo largo de la crisis ha ido mermando rápidamente, mucho más que el precio de las viviendas. Los actuales precios de mercado no son asequibles y existen serias dificultades para acceder a una vivienda, a pesar de que tenemos más de medio millón de viviendas vacías a disposición del mercado en todo el Estado. Y la renta




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de las familias se ha deteriorado y seguirá haciéndolo a medida que las cifras del desempleo sigan creciendo.

Ante esta situación, el alquiler debería ser de forma natural la alternativa real al acceso a la vivienda, pero las cifras demuestran que el mercado de alquiler no se está convirtiendo en una alternativa real a la compra. La inexistencia de un parque público de alquiler con una dimensión lo suficientemente amplia para poder influenciar en el mercado y en sus precios, así como la inadecuación de las ayudas destinadas al alquiler hacen que las políticas actuales del Gobierno no basten para afrontar las dificultades provocadas por la crisis económica y también sus consecuencias en el ámbito de la vivienda.

Otro ejemplo que me gustaría darles es el de la línea ICO−Moratoria Hipotecaria, establecida en el 2008 y en vigor hasta este año, que fue dotada con 6 millones de euros y de la que tan solo se ha empleado un 1% de esa dotación, a pesar de que se han producido más de 500 000 ejecuciones hipotecarias. La aprobación del Real Decreto-ley de reducción del IVA no deja de significar un fracaso en la política de vivienda desarrollada por el Gobierno hasta la fecha. Son muchas medidas dispersas y en ocasiones aparentemente improvisadas, e incluso podríamos decir que incoherentes con sus propios discursos y que, en definitiva, no solucionan la problemática real del sector y de los ciudadanos.

El señor Blanco decía, el pasado 3 de mayo, que su objetivo se centra en encontrar un equilibrio en el mercado inmobiliario, en equilibrar rehabilitación y vivienda nueva, equilibrando alquiler y compra y también oferta libre con protegida. Vemos que ahora, en que nos encontramos al final de la legislatura, y tras las decisiones tomadas en el último momento, este gran objetivo no ha sido alcanzado, y el próximo Gobierno tendrá un importante desafío sobre el tapete. Entendemos que para impulsar el sector inmobiliario, para que recupere el peso específico y razonable que debería tener en nuestro sistema productivo, el Gobierno ha aprobado un incentivo fiscal de orden temporal para favorecer la compra de vivienda nueva. No nos parece mal, todo lo contrario, avanza en la línea de lo que venimos solicitando desde siempre, pero esta medida puntual nos puede llevar a una espiral. Hace pocos meses se incrementó en un punto el IVA, que pasó del 7 al 8%, y que ahora reducimos al 4%; pero dentro de cuatro meses o de un año, de aprobarse la moción del Grupo Popular, volvería a ser del 8%. Además, nos encontramos en un callejón sin salida, puesto que al comprar una vivienda nueva se aplicará un 4% del IVA y, en cambio, si no se cumplen las severas condiciones establecidas por el Gobierno para la rehabilitación de una vivienda, deberá pagarse un 18% de IVA. Por ese motivo hemos formulado nuestra enmienda. Sin embargo, la propuesta del PP nos parece adecuada y dará una estabilidad mayor a la medida propuesta por el Gobierno. Esta acción, con la que estamos totalmente de acuerdo, consideramos que dinamizará un sector que ahora está detenido, un sector que vivió una gran época y que nos llevó hipotéticamente a la etapa de mayor crecimiento económico de la historia de España. La aplicación de esta acción generará claramente también el movimiento de los grandes stocks que, hoy por hoy, poseen promotores y entidades bancarias y permitirá la salida de viviendas nuevas; y quizás a medio plazo implicará un movimiento de todo el sector de la construcción.

En definitiva, en los últimos años la situación económica y social se ha modificado, las necesidades de las familias ya no son las mismas y las dificultades marcan las tendencias de los hábitos de consumo de las familias; por lo tanto, eso tiene un efecto directo en las dinámicas de los mercados, incluido el inmobiliario. Es decir, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales retos a los que deberá dar solución el nuevo Gobierno. Los actuales precios del mercado no son accesibles, y existen serias dificultades para acceder a una vivienda, a pesar de que hay más de medio millón de viviendas vacías a disposición del mercado en el conjunto de España.

Como decía ayer La Vanguardia, no existen soluciones milagrosas pero sí acertadas, y por eso daremos nuestro apoyo a la propuesta del Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Por Entesa Catalana de Progrés, té la paraula, senadora Alberich.

La señora ALBERICH CANO: Gràcies, president. Molt bon dia, senyories.

Ens trobem davant d’una moció que presenta el Grup Popular, però que sembla ja que serà recolzada per Convergència i Unió, que planteja convertir una mesura aprovada recentment, econòmica, amb caràcter eminentment excepcional, en una mesura permanent.

Com bé saben, el Reial Decret-llei 9/2011, de mesures per la millora de la cohesió del Sistema Nacional de Salut, el decret que dóna peu a aquesta moció —i no llegiré el seu títol sencer, perquè és




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realment llarg— va ser convalidat pel Congrés dels Diputats precisament amb l’abstenció dels dos grups que avui sembla que es posen d’acord per pactar una modificació tàcita de l’Impost sobre el Valor Afegit a través d’aquesta moció.

Tot i que l’esmena de Convergència no ha estat acceptada finalment pel grup proponent, crec que val la pena comentar-la. Convergència pretenia afegir a aquesta bonificació del tipus de l’IVA la rehabilitació dels habitatges. Dic que val la pena comentar-la perquè val la pena recordar d’on ve aquesta modificació de l’impost. La llei de l’IVA vigent actualment va ser modificada a través d’una directiva europea que modificava també l’impost a la resta de la Unió. La finalitat d’aquesta modificació de l’impost a Espanya era, entre d’altres, aplicar aquest tipus a la rehabilitació, però aplicar-lo de manera que qualsevol natura de les obres de rehabilitació tingués cabuda dins d’aquesta bonificació. Sí que fomentàvem l’impuls de les empreses de la construcció, fins i tot l’estalvi de les persones que invertien en aquesta rehabilitació. Així doncs, no s’ha de considerar aquesta esmena que vostès proposaven amb l’esperit de la directiva europea entorn de l’IVA.

La directiva, a més, estableix un topall de tipus impositius reduïts, que és del 5%. Allargar, doncs, aquesta mesura i convertir-la en permanent seria, d’una banda, infringir de manera evident la normativa europea. És més, de fet, aquestes mesures que els Congrés de Diputats va aprovar a finals del mes d’agost han hagut de ser explicades i justificades pel Govern espanyol a la resta de la Unió. Les han entès pel seu caràcter permanent i no les entendrien d’una altra manera.

Sigui com sigui, els dos grups proposen obrir un debat sobre el model fiscal, sobre la llei de l’IVA, que des de l’Entesa creiem que no correspon a aquesta cambra en aquest moment. Potser és un debat d’inici de legislatura, de model fiscal, model tributari, molt més ampli i no s’ha de circumscriure exclusivament a uns tipus específics de bonificacions de l’impost.

L’objectiu de l’aplicació dels quatre punts de més en la reducció de l’IVA per la compra de l’habitatge no és un altre que impulsar la col·locació de l’estoc encara existent. Encara hi ha habitatges nous al nostre país que no s’han venut i la fi última d’aquesta proposta és col·locar aquest parc d’habitatges de manera que aconseguim estabilitzar el sector, fins a assolir el percentatge que necessàriament ha de tenir en el nou model productiu.

És veritat, la venda d’habitatges s’ha reduït considerablement per la falta de liquiditat de les famílies i la falta de voluntat de crèdit de les entitats financeres, però no hem d’oblidar d’on venim. Venim d’una sobreponderació del sector immobiliari, del sector de la construcció, en la nostra economia i d’una tasca llarga d’aquesta legislatura de tots els grups parlamentaris de treballar per modificar aquest model productiu, aquest sistema, i reconduir aquella sobreponderació del sector cap a nous models productius i nous sectors, incorporant la investigació i el desenvolupament, així com el valor afegit.

En definitiva, aquesta mesura, com els dic, és de caràcter temporal i té dues raons de ser. La primera, des del punt de vista econòmic, té l’objectiu d’afegir noves garanties per tal d’acomplir la reducció del dèficit públic, que per a aquest any està situada en una reducció del 6% entorn del PIB.

La segona és una raó des del punt de vista del model d’habitatge que volem per al nostre país i que s’ha impulsat aquesta legislatura. Com bé sabem i han posat de manifest en aquesta tribuna altres portaveus, el Govern ha fet una aposta pel mercat de lloguer. L’ha fet impulsant mesures que afavoreixin aquest tipus d’accés a l’habitatge per sobre de la compra. No tindria sentit perpetuar una mesura que bonifica la compra, perquè entraria en contradicció amb el que és —o s’ha manifestat com el que ha de ser— l’objectiu de país: afavorir el mercat de l’habitatge, fer-lo competitiu i accessible.

Si des de l’Entesa entenem la millora del tipus impositiu en la compra fins al 31 de desembre de 2011 és únicament perquè compartim que hem de col·locar l’estoc sobrant, un cop ja s’ha reduït el número de noves construccions i hem d’ajustar el sector. A més, creiem que hem d’avançar amb un model d’habitatge més flexible, on realment accedeixin a la propietat aquelles persones que s’ho poden permetre econòmicament, però alhora garantint que aquelles que no tenen un mercat de lloguer suficient i de qualitat. Com els deia, perpetuar aquestes ajudes no afavoriria aquest model. És per això que aquest grup no recolzarà la seva proposta.

Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías.

Nos encontramos ante una moción que presenta el Grupo Popular y que parece que será apoyada por Convergència i Unió, que plantea convertir una medida aprobada recientemente, una medida económica con un carácter eminentemente excepcional, en una medida permanente.




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Como saben, el Real Decreto-ley 9/2011, de medidas para la mejora de la cohesión del sistema nacional de salud, es decir, el real decreto que da pie a esta moción —no voy a leer el título completo, porque es realmente largo—, fue convalidado por el Congreso de los Diputados precisamente con la abstención de los dos grupos que hoy parece que se van a poner de acuerdo para pactar una modificación tácita del impuesto sobre el valor añadido a través de esta moción.

A pesar de que la enmienda de Convergència i Unió finalmente no ha sido aceptada por el grupo proponente, creo que vale la pena comentarla porque Convergència pretendía añadir a esta bonificación del tipo de IVA la rehabilitación de las viviendas. Y digo que vale la pena comentarla, porque es preciso recordar de dónde viene esta modificación del impuesto. La ley del IVA vigente en la actualidad fue modificada a través de una directiva europea que modificaba a su vez el impuesto en el resto de la Unión. El objetivo de esta modificación del impuesto en España era, entre otros, aplicar este tipo a la rehabilitación, pero aplicarlo de modo que cualquier tipo de rehabilitación tuviera cabida en esa modificación; de esa manera estábamos realmente fomentando el impulso de las empresas dedicadas a la construcción, e incluso el ahorro de las personas que invertían en la rehabilitación. Así pues, no hay que mezclar la enmienda que ustedes proponen con el espíritu de la normativa europea para con el IVA.

La directiva establece además un tope de tipo impositivo reducido del 5%; por tanto, prolongar esta medida y convertirla en permanente supondría infringir de modo evidente la normativa europea; es más, estas medidas, que el Congreso de los Diputados aprobó a finales de agosto, han tenido que ser explicadas y justificadas por el Gobierno español al resto de la Unión, que lo ha entendido precisamente por su carácter permanente. Y no lo entenderían de otro modo.

En cualquier caso, los dos grupos proponen abrir un debate sobre el modelo fiscal y el tipo de IVA, pero el Grupo de la Entesa piensa que es algo que no atañe a esta Cámara en este momento; es un debate de inicio de legislatura, de modelo tributario, un debate mucho más amplio, que no debería circunscribirse a unos tipos específicos de modificación del impuesto.

El objetivo de los cuatro puntos de modificación de IVA por la compra de una vivienda no es otro que colocar el stock ya existente, ya que todavía hay viviendas nuevas en nuestro país que no se han vendido. Por tanto, el objetivo último de esta proposición consiste en colocar este parque de viviendas, de modo que consigamos estabilizar el sector hasta conseguir el porcentaje que necesariamente debe tener en el nuevo modelo productivo.

Es cierto que la venta de viviendas se ha reducido considerablemente por la falta de liquidez de las familias y también por la falta de voluntad de crédito de las entidades financieras. Sin embargo, no debemos olvidar de dónde venimos. Venimos de un exceso del sector inmobiliario en nuestro país y también de una larga tarea de todos los grupos parlamentarios durante esta legislatura para modificar este modelo productivo, este sistema, y para reconducir esta sobreponderación del sector inmobiliario, del sector de la construcción, hacia nuevos modelos productivos y hacia nuevos sectores, incorporando la investigación y el desarrollo, así como el valor añadido.

En definitiva, como he dicho, esta medida tiene carácter temporal y tiene dos razones de ser: en primer lugar, desde el punto de vista económico, el objetivo no es otro que el de añadir otras garantías a fin de cumplir con la reducción del déficit público; y para este año se sitúa en una reducción del 6% en torno al PIB.

En segundo lugar, se trata del modelo de vivienda que queremos para nuestro país y que se ha impulsado en esta legislatura. Como ustedes saben, y han puesto de manifiesto otros portavoces en esta tribuna, el Gobierno ha apostado por el mercado de alquiler, y lo ha hecho impulsando medidas que favorecen este tipo de acceso a la vivienda por encima de la compra. No tendría sentido perpetuar una medida que bonifica la compra, porque eso entraría en contradicción —al menos así se ha manifestado— con lo que debería ser el objetivo del país: favorecer el mercado de la vivienda, que este sea competitivo y accesible.

Si Entesa contempla la mejora del tipo impositivo en la compra hasta el 31 de diciembre de 2011 lo hace únicamente porque consideramos que debemos colocar el stock sobrante una vez reducido el número de nuevas construcciones y porque además tenemos que ajustar el sector y debemos avanzar hacia un modelo de vivienda más flexible en el que accedan a la propiedad realmente las personas que económicamente se lo puedan permitir, pero que, al mismo tiempo, garantice que las que no se lo puedan permitir tengan un mercado de alquiler suficiente y de calidad. Como decía, perpetuar estas ayudas no favorecería este modelo, y precisamente por eso este grupo no va a apoyar su propuesta.




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El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

La señora ALBERICH CANO: Perdoni, president, no he acabat. Senzillament necessitava veure aigua.

No volia baixar de la tribuna sense denunciar la connivència que en aquesta legislatura hem vist del Grup de Convergència i Unió amb el Grup del Partit Popular, i que en aquestes darreres setmanes i dies ni se n’amaguen, és descarat. Convergència i Unió a Madrid pretén donar una imatge de centre, de partit amb sentit d’Estat, però avui vota una proposta del Partit Popular sense contraprestació. Aquests no estan acceptant la seva esmena. Aquesta és la mateixa Convergència i Unió que dilluns es manifestava per un model d’escola en català a Catalunya sota els crits de «in, inde, independència», però accepta el recolzament a Catalunya del Partit Popular, que vota en contra de mocions a municipis com a Badalona contra aquest model d’immersió lingüística, permet el seu recolzament al Parlament de Catalunya i que hi hagi alcaldes processats per xenofòbia o contracta càrrecs de confiança exdirigents de Plataforma per Catalunya. En canvi, avui recolzen una iniciativa econòmica del Partit Popular, quan la seva proposta de modificació no ha estat acceptada. Si ho poso de manifest és perquè, senyors de Convergència, no els entenc.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente, pero aún no he terminado. Estaba bebiendo agua, simplemente. Pensaba que ya apuntaba la línea del voto.

No quiero abandonar la tribuna sin denunciar la connivencia que en esta legislatura hemos visto entre el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Popular, que en las últimas semanas y en los últimos días ya ni se esconden; es descarado. Convergència i Unió pretende dar en Madrid una imagen de centro, una imagen de partido con sentido de Estado, pero hoy vota una propuesta del Grupo Popular sin ninguna contraprestación. Es la misma Convergència i Unió que el lunes se manifestaba por un modelo de escuela en catalán en Cataluña bajo los gritos de independencia. Pero, el Partido Popular, en Badalona, vota en contra de ese modelo de inmersión lingüística y permite el apoyo en el Parlamento de Cataluña, y además permite que haya alcaldes procesados por xenofobia o alcaldes que contratan con cargos de confianza a exdirigentes de Plataforma por Cataluña y que, sin embargo, hoy apoyan una iniciativa económica del Partido Popular, aunque la propuesta de modificación no ha sido aceptada. Y si lo pongo de manifiesto es porque, señores de Convergència i Unió, realmente no les entiendo.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Senador Ramis, té la paraula.

El señor RAMIS OTAZUA: Moltes gràcies, senyor president.

Muchas gracias, señor presidente.

Me gustaría saber cuál va a ser la decisión del Grupo Popular con respecto a la propuesta que le hecho de retirar esta moción, que viene a ser una enmienda al decreto-ley aprobado el 23 de agosto.

Desafortunadamente, no he tenido esa oportunidad, pero a la vista de la intervención de la portavoz de Convergència i Unió —así lo ha manifestado la portavoz de Entesa—, y de su apoyo, independientemente de que se apruebe o no su enmienda, los resultados serán favorables para el Grupo Popular, pese a que esta propuesta contó en el Congreso de los Diputados con la abstención tanto del Grupo Parlamentario Popular como de Convergència i Unió. No es, por tanto, la finalidad lo que interesa, sino ir en contra del Gobierno en cualquier medida que este impulse. Esta ha sido la tendencia que ha marcado la posición del Partido Popular durante estos cuatro años. No importaba que la situación de España fuera mal; lo que interesaba era hacer una política para derribar al Gobierno. Y en este sentido los ciudadanos eran lo que menos importaba para el Partido Popular.

A la hora de justificar y valorar la oportunidad de la medida aprobada por el Gobierno el pasado 19 de agosto, y a la vista de la enmienda que ahora propone el Grupo Popular, no podemos dejar de analizar la situación del sector de la construcción. En este sentido, la memoria de la Confederación Nacional de la Construcción es contundente. El peso de la inversión en la construcción sobre el PIB ha retrocedido a niveles de los años sesenta, y el empleo generado ha retrocedido a las cifras del año 2000.

Desde el inicio de la crisis han desaparecido 48 000 empresas constructoras, más otras 25 000 pertenecientes a los sectores auxiliar, de proveedores, de subcontratas, de materiales o de especialidades




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relacionadas con esta actividad, datos que certifican un sobredimensionamiento de la construcción que, como ya he dicho, se generó en otras épocas debido a las políticas impulsadas por el Partido Popular; una construcción que se ha de estructurar basándose en unos conceptos muy diferentes a los utilizados hasta ahora. Este Gobierno ha puesto en marcha diferentes iniciativas, algunas solicitadas por la misma Confederación Nacional de Construcción, como son los planes de apoyo a la rehabilitación, el plan extraordinario de la inversión pública y privada, el Real Decreto 6/2010, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, y las medidas ampliadas en el Real Decreto Ley 5/ 2011, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. Y es que hemos de pensar que el futuro de la construcción no está en el pasado, no está en la construcción masiva. Ahora hemos de abrir otros caminos, el camino de la rehabilitación y el de construir según las necesidades de nuestra población. La realidad es que el ajuste del sector de la construcción residencial todavía no ha terminado y sigue suponiendo una aportación negativa al crecimiento y destruyendo empleo neto en nuestro país.

Eso es tan cierto como que el próximo Gobierno, independientemente de su color político, tendrá que adoptar nuevas medidas para la recuperación de la construcción dentro de unos márgenes que eviten que se repitan procesos especulativos como los vividos en las últimas legislaturas. Uno de los desequilibrios generados en la anterior fase de crecimiento fue precisamente el excesivo peso que adquirió la construcción residencial, que absorbía recursos que podrían haber servido para promover otras actividades productivas de mayor valor añadido, sobre todo incentivando el endeudamiento privado, que es el mayor problema que tiene hoy la economía española.

Quiero aprovechar esta moción, que no es más que una muestra de las contradicciones en las que cae el Partido Popular, para poner en valor las medidas anticrisis impulsadas por este Gobierno, ciertamente necesarias y positivas para nuestra economía, pero que son reiteradamente rechazadas por el Partido Popular, como decía, no por su idoneidad, sino simplemente para desprestigiar la acción del Gobierno; medidas que, a pesar de las durísimas turbulencias que afectan no solo a España sino a toda Europa, están dando resultados netamente positivos.

En este contexto, y al margen de las tensiones financieras y del fuerte y prolongado ajuste fiscal, lo cierto es que la economía española mantiene la recuperación precisamente gracias a medidas como estas, medidas que han generado que el crecimiento de la tasa intertrimestral de la economía española en el segundo trimestre fuera de un 0,2, el mismo que el conjunto de la zona euro y ligeramente superior al de países como Alemania y Francia; y si no fuera por la construcción estaríamos hablando de índices próximos al 2%.

Nuestro diferencial de inflación se ha reducido a la mitad con la zona euro. En los últimos dos años se ha reducido el déficit por cuenta corriente a la mitad: del 9,6%, en el 2008, al 4,6%, en el primer trimestre de 2011. Y por primera vez, en el primer trimestre, desde hace una década, el endeudamiento neto del conjunto de la economía española ha bajado un 4%. El Gobierno está en el camino de reducir el déficit público hasta el 6% del PIB al final de este año, uno de los mayores esfuerzos de austeridad que ha realizado una economía desarrollada.

La encuesta de población activa del segundo trimestre arroja una tasa de desempleo en torno al 20%, tasa evidentemente importante para la sociedad española pero que supone para nuestra economía que se vuelve a crear empleo neto por primera vez en casi tres años, y lo hace en todos los sectores menos en el de la construcción.

Estas políticas han llevado a que nuestras exportaciones se incrementen en un 18,5% y que el turismo en estos momentos sea uno de los puntos fuertes de nuestra economía; y, tal como expresaba el secretario general de Turismo, el señor Mesquida, el año 2011 se cerrará como el tercer o cuarto mejor año de la historia del turismo español, con un crecimiento anual del 6% en el número de turistas extranjeros, hasta alcanzar los 56 millones, y con un aumento de los ingresos del turismo internacional del 8,8% en los siete primeros meses del 2011, alcanzando la cifra más alta de la historia de España en materia turística y superando el año 2008 en casi 200 millones. ¿Dónde está el Partido Popular ante esta situación, ante estos resultados positivos? En la crítica, en la destrucción de toda la gestión y, como decía, sin importarle para nada los problemas de los ciudadanos.

En este sentido, quiero recordar la posición del Partido Popular ante las medidas impulsadas por los Gobiernos socialistas, que pretendían precisamente eso: controlar los excesos urbanísticos que se producían, por ejemplo, en la comunidad de Baleares. El Partido Popular se opuso, una vez tras otra, a todas las medidas que pedían limitar la construcción en Baleares, lo que ahora es precisamente la única




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causa que produce crisis en nuestra comunidad y en el resto de España. En la memoria de la Confederación Nacional de la Construcción se afirma que en los últimos tres años se han perdido un millón cien mil empleos en la construcción. Eso representa más de un 33% de todo el paro que se ha generado, precisamente porque la construcción es la causa principal de la crisis que nos afecta en estos momentos.

Este Gobierno, para absorber este stock de las nuevas viviendas, decidió impulsar unas medidas que ustedes no han apoyado y que hoy intentan modificar y eliminar su contenido; medidas para fomentar la adquisición de esas viviendas mediante incentivos fiscales, como reducir a la mitad el IVA, del 8 al 4%; medidas que suponen una ayuda directa a las familias y a la vez un incentivo para reducir el stock y reactivar la construcción, ahora sí, sobre la base de las necesidades reales de la población y no por unos intereses especulativos o, como ahora, electoralistas; medidas que, como ya he dicho, no permiten su prolongación en el tiempo al incumplir las directivas europeas y que demuestran las contradicciones en las que incurre el Partido Popular y en especial el señor Rajoy.

Esta iniciativa tiene, además, un componente netamente abierto que permite que el nuevo Gobierno adopte las medidas que crea oportunas y necesarias para salir de la crisis que afecta a la construcción. Yo les animo nuevamente a retirar la moción y que dejen que sea precisamente el nuevo Gobierno que salga de las urnas el que decida en libertad las medidas que sean oportunas para recuperar el sector de la construcción y la fuerza que ha tenido en este país. Pero no olviden que ese sector de la construcción nunca volverá a ser lo que fue, afortunadamente diría yo, porque no ha generado riqueza, sino destrucción medioambiental y, sobre todo, una masificación de la construcción en nuestras zonas costeras.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador García Ballestero.

El señor GARCÍA BALLESTERO: Muchas gracias, señor presidente. Intentaré ser lo más breve posible.

Al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que nos anima a que retiremos la propuesta, tengo que decirle que no he entendido por qué hay que retirar una propuesta que beneficia a todo el mundo y que no perjudica a nadie. Usted me dirá por qué hay que retirar una propuesta en esta Cámara que beneficia a todo el mundo y que no perjudica absolutamente a nadie. Beneficia al sector de la construcción, beneficia al ciudadano y beneficia el dinamismo del sector de la construcción que ustedes han arruinado y que durante ocho años se han dedicado a criminalizar. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.- Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Le agradezco la capacidad que le atribuye a este portavoz para desprestigiar al Gobierno. No merecemos tal calificativo, señoría, porque ustedes solos se desprestigian, ustedes solos se han desprestigiado durante estos últimos ocho años. Por lo tanto, le agradezco ese honor que inmerecidamente nos atribuye.

Señoría, ya vemos que no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que ha sucedido en este país durante los últimos ocho años, ninguna. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Veo que tienen ganas de debatir, y eso es importante, pero su portavoz ha dicho que para qué vamos a debatir si las nuevas medidas las tiene que adoptar el nuevo Gobierno. Por lo tanto, si las nuevas medidas las tiene que adoptar el nuevo Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones, ¿qué hacemos hoy debatiendo esta iniciativa? ¿Qué hacemos debatiendo las iniciativas posteriores? ¿Qué hacemos debatiendo en el Pleno de la próxima semana si todas las medidas las va a tener que llevar a cabo el próximo Gobierno que salga de las urnas? Señorías, un poco de respeto a esta Cámara, a las iniciativas y a los ciudadanos.

Le falta algún dato. Señoría, no nos ha explicado por qué esta medida a cuatro meses. ¿Por qué tan solo cuatro meses? ¿Qué pretenden en cuatro meses? ¿Sacar en cuatro meses setecientas mil viviendas que reconoce el Gobierno que hay en stock? ¿Eso es lo que pretenden? Eso no se lo cree ni usted, y mire que tienen la credibilidad bastante alta. No lo van a hacer en cuatro meses.

¿Por qué ahora, señoría? Pues porque hay elecciones, porque es una medida electoralista y porque el Partido Popular va a recuperar las deducciones fiscales por compra de vivienda y había que poner una contrapartida encima de la mesa, por lo que ha sido esa la ocurrencia.




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Nosotros lo que pedimos en esta moción es que se amplíe a doce meses más, y lo que le tenemos que decir a los ciudadanos es que ustedes no quieren que esa medida electoralista que ustedes han puesto encima de la mesa de reducción del 4% en la compra nueva les beneficie durante el año 2012.

Y a ustedes, que defienden tanto las políticas sociales, lo mismo les da que esta medida sea para las viviendas que valen ciento cincuenta mil euros, como para las viviendas que valen uno, dos o tres millones de euros. Les da exactamente igual, y nosotros lo que pretendemos es que sean las clases medias y bajas de este país las que tengan acceso prioritario a esa reducción del IVA y a la salida de estocaje de viviendas. Eso se llama política social y lo de ustedes se llama política electoralista. Hablando de construcción de viviendas, según los datos del Ministerio de Fomento, que a usted le faltan, ¿sabe en qué legislatura se construyeron más viviendas en España? En la 2004-2008, concretamente un millón de viviendas más que en la 2000-2004. ¿Sabe usted en qué legislatura se solicitaron más créditos hipotecarios? En la 2004-2008. ¿Sabe usted por qué hay cerca de un millón de viviendas vacías en España? Porque ustedes las generaron en la legislatura 2004-2008. Ustedes son los que tienen el récord, según el Ministerio de Fomento, de construcción de vivienda nueva, ustedes son los que tienen el récord de venta de vivienda nueva y ustedes son los que tienen el récord de solicitud de créditos hipotecarios.

Y vamos a hablar de coherencia, señoría. ¿Usted cree coherente subir el IVA del 7 al 8%, defender la subida del 7 al 8% hace tan solo trece meses y ahora defender, a dos meses de unas elecciones generales, una reducción al 4%? ¿Usted cree que eso es coherencia, señoría? Eso es una incoherencia a la altura de la incoherencia que ha mantenido la política de este Gobierno.

Esta legislatura se va a caracterizar, entre otras cosas, porque ha tenido el tipo impositivo del IVA en la vivienda tres cifras diferentes, 7, 8 y 4%. En todo caso, serán ustedes los que tengan que explicar a los ciudadanos por qué no quieren ampliar esta medida del 4% de reducción.

Gracias al Grupo Catalán de Convergència i Unió por el apoyo a esta medida. Hay quien confunde que no se aprueben las enmiendas con un apoyo negativo. Sabemos por qué y a lo que están acostumbrados, pero no apoyar esas enmiendas no significa que tengan que votar en contra porque, señoría, han sido bastante más sensibles que ustedes a la hora de respaldar esta propuesta.

El Grupo de Entesa Catalana de Progrés, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha hecho un refrito hablando de un montón de cosas que nada tienen que ver con esta iniciativa, y precisamente lo que tenemos que hacer es hablar de la iniciativa que se ha presentado en esta Cámara, sobre todo si es buena e interesante para los ciudadanos, de los que ustedes han hablado muy poco durante el debate.

Veo que el grupo que apoya al Gobierno va a votar en contra, incluso, de una iniciativa que es suya. Eso también es coherencia. En cuatro meses no podemos ver los efectos de ninguna manera. Ya hemos visto los efectos llamada de la subida del IVA del 7 al 8% y de la retirada de la desgravación fiscal, que no ha solventado absolutamente nada en el estocaje de viviendas y que esto puede llegar a producir exactamente lo mismo. Están ustedes en contra y se lo tendrán que contar a los ciudadanos.

Yo sí les puedo decir que esta medida sí va a ir recogida en el programa del Partido Popular conjuntamente con otras, como la recuperación de la desgravación fiscal por compra de vivienda, que nunca debió desaparecer. Aquí, señorías, lo más sensato hubiera sido no jugar con la fiscalidad de la vivienda como se ha hecho.

Señorías, termino. La situación del sector de la vivienda en España necesita medidas mucho más concretas, mucho más serias y mucho más audaces, pero a partir de ahora todo se andará.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias. Llamen a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.—Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular que acabamos de debatir y respecto de la cual no ha sido aceptada ninguna enmienda.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 129; en contra, 121.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)




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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN (Continuación.)

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS DEL ESTADO.

(Núm. exp. S. 671/000146) (Votación.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a votar la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que se debatió ayer, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la priorización de las inversiones en infraestructuras ferroviarias del Estado.

A esta moción, como sus señorías saben, se ha incorporado la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor 140; en contra, 109.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

MOCIONES (Continuación.)

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TRABAJAR EN LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DEL «CAMINO ESCOLAR SEGURO» COMO BUENA PRÁCTICA Y ÚTIL HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN VIAL EN LOS COLEGIOS.

(Núm. exp. S. 662/000191)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a trabajar en la promoción y divulgación en el ámbito educativo del «Camino Escolar Seguro» como buena práctica y útil herramienta para la educación vial en los colegios. (Fuertes rumores.)

Hay una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios, por lo que entraríamos en el turno de defensa de la moción y seguidamente en el turno de portavoces.

Silencio, señorías. Tenemos por delante siete proyectos de ley. Les ruego guarden silencio o abandonen el hemiciclo. (Pausa.)

Puede empezar, señoría.

El señor JIMÉNEZ ARAYA: Gracias, señor presidente.

Es una obviedad que al menos yo no acabo con buen pie la legislatura, pero como mi pie sano es el izquierdo, tampoco la acabo tan mal.

Hoy discutimos una moción transaccionada finalmente por todos los grupos parlamentarios, cuya redacción pretende literalmente fomentar y apoyar en el ámbito educativo el «Camino Escolar Seguro» como buena práctica y útil herramienta para la educación vial en los colegios.

Del mismo modo, se pretende mejorar la movilidad sostenible, la autonomía personal, el ejercicio físico y la relación de los menores con su entorno a través de medios de desplazamiento saludables y no contaminantes, como son andar, la bicicleta o el transporte público.

Por una parte, se pretende reconocer el esfuerzo que algunos municipios, comunidades autónomas y centros educativos están realizando ya a favor del proyecto de caminos escolares seguros. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, senador, es imposible escucharle. Señorías, yo rogaría que hablen más cómodamente fuera del hemiciclo y se digan más cosas. Por favor, tenemos siete proyectos de ley para debatir. Ruego silencio.

Tiene la palabra, señoría.

El señor JIMÉNEZ ARAYA: Gracias, señor presidente.




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Decía que, de otra parte, se pretende animar a otros municipios y comunidades autónomas a sumarse a él a través de su adecuada promoción y divulgación.

El proyecto «Camino Escolar Seguro» se incluye en la estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 del Ministerio del Interior, así como en el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020.

Se descubren, por tanto, dos objetivos prioritarios y, además, complementarios. El primero sería actuar sobre la movilidad urbana para conseguir cambiar el modo en que nos desplazamos, dándoles participación a aquellos medios de transporte más eficientes, fomentando el uso de modos no consumidores de energía fósil como la marcha a pie o la bicicleta.

Un segundo objetivo visto desde esa estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 es reducir las situaciones de riesgo del colectivo infantil como usuario de las vías. Esta estrategia tiene a su vez tres objetivos operativos bien diferenciados. Por una parte, mejorar la utilización eficiente de los sistemas de retención infantil, impulsar la seguridad vial en el currículum escolar y un tercer objetivo operativo que es el caso que nos ocupa, proporcionar entornos y trayectos escolares seguros.

No voy a dar muchos datos sobre niños fallecidos en zonas urbanas. Sí diré dos cosas: que los picos de siniestralidad se producen en los horarios de entrada y salida de los colegios y que en 2010 se redujo el número de víctimas un 62%.

Señorías, el «Camino Escolar Seguro» es una experiencia contrastada. Tiene como finalidad que los menores puedan desplazarse con seguridad e independencia en las calles de su uso más frecuente. Se trata de un proyecto educativo mediante el que se pretende un cambio en las formas de movilidad y en la adquisición de los grados de autonomía de los menores en función de las edades y los hábitos de desplazamiento. Sus beneficios son evidentes. Fomenta la autonomía de los escolares en sus trayectos habituales en relación con los diferentes modos de desplazamiento. Educa en valores de respeto, convivencia, responsabilidad con los demás y con el entorno. Reduce el número de vehículos que a diario desplazan a los menores al centro escolar, mejorando la movilidad y reduciendo la contaminación. Recupera espacios públicos fomentando el uso del entorno de manera segura, saludable y sostenible, especialmente a pie o en bicicleta, favoreciendo un nuevo modelo de ciudad.

Su éxito, señorías, depende de varios factores. Debe estar integrado en una estrategia global de movilidad y seguridad vial de la ciudad. No debe ser una propuesta aislada. Es un proyecto colectivo que requiere la colaboración y participación de diferentes agentes, niños, padres, centros escolares, equipos docentes, Administración local, policía, asociaciones, comercios y medios de comunicación, entre otros. Exige el análisis de las necesidades y expectativas de los principales actores, así como un diagnóstico del entorno, identificando los aspectos relevantes para la movilidad de los menores, como los itinerarios de los niños hasta la escuela.

Es necesaria la evaluación y seguimiento del proyecto para mejorarlo y modificarlo si fuera necesario. Además se requiere de un apoyo económico para su diseño e implantación, apoyo que puede estar cubierto en un 60% por la Administración.

En definitiva, señorías, el Gobierno de España pretende recuperar el espacio público para el día a día de miles de niños, para devolverles parte de ese espacio que las máquinas les han ido quitando, para hacer de las ciudades y los pueblos lugares más habitables para ellos, y a ello les emplazo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas tiene la palabra la señora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Egun on, Senatariok.

Jartzera noa gure taldearen postura gai honi buruz. Nola ez, bat dator hemen transakzionatu denarekin. Nola ez, gure taldea, bete-betean bat dago hezkuntzaren zentzu integral edo oro baten alde. Beraz, pentsatzen dugu hemen planteatutako mozioa, bat datorrela gure filosofiarekin. Hezkuntza ez da bakarrik derrigorrezko hezkuntza, baizik eta baita ere eskolatik kanpoko hezkuntza.

Dena den, adostu egin dugu, eta horrek adierazten du, gutxi gora behera, zein izan den hezkuntza batzordearen filosofia eta portaera, eta baita ere ibilbidea legealdi honetan. Gu erabat pozten gara, izan dugun esperientzia izan delako hezkuntzaren alde lan egitea. Ardura dago, alderdi politiko ezberdinetan, argi dago, eta ikusi egin izan da, zer nolako ardura duen gai honek alderdi guztien artean, non, askotan,




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guk, transakzionatu ditugun gauza asko; eta erabaki asko hartu ditugu oso garrantzitsuak, elkartuta eta bat eginda.

Guretzat, hori da garrantzitsuena, ikustea, alderdi politiko guztietan badagoela ardura hori, eta ikusten dela hezkuntza benetan dela herriaren etorkizuna garatu eta ziurtatuko duena. Hemen tratatu izan ditugu gai oso garrantzitsuak, lanbide heziketa izan da oso gai garrantzitsua, eta beste eratako zenbait eta zenbait hezkuntza hobetzeko neurriak eskatu izan ditugu pleno honetan.

Beraz, guk ez daukagu dudarik, talde bezala, alderdi eta pentsamendu ideologiko ezberdinetako kideok badaukagu ardura hori. Momentu honetan aipatu nahi nuke gure kezka; eta gure kezka da, badirudiela hezkuntzan badaudela neurri politiko batzuk, non dirua arrazoituz, hau da gestioaren kudeaketa edo ekonomiaren kudeaketaren ondoren, hezkuntzak izango duela bere alderdi galtzailea. Galtzaile atera daitekeen susmoa eta baita ere kezka daukagu.

Orduan, eskatzen dut, legealdi honen bukaerarako, mesedez alderdi politiko ezberdinetakooi, ardura hori trasladatzea norberaren politikoei, eta mesedez eskatzea herri hau ez hipotekatzeko berriz, eta ez desinbertitzeko benetan inbertitu egin behar den arloetan, esaterako, hezkuntzan. Hezkuntzarik gabe, ezin izango dugu gero esan herri aurreratua nahi dugula, lehiakorra, eta munduan lehenengo postu horietan egotea. Hori ezin izango dugu esan. Beraz, konpromisoa benetan herriarekiko ikusiko da baldin eta hezkuntzan inbertitzen baldin badugu. Herrien lehengaia pertsonak dira, herrien lehengaia dira gure haurrak, gure gazteak, eta gure unibertsitateak. Hori da gure lehengaia.

Nik askotan esaten dut Suitza dela munduan dagoen txokolate onena egiten duena, eta bere enpresak dira munduan garrantzi gehien duten enpresak, baina kakaoa ez da ematen Suitzan, kakaoa beste nonbaiten ematen da. Gure lehengaia hezkuntza da, ezin dugu hori ukatu, eta gaur egun telebistan ikusten ari garen, eta komunikabideetan ikusten ari garen kezkak, benetan eramaten gaitu pentsatzera ez ote dien demokrazia honek eliteei bidea zabaltzen, eta herri xeheari, herri apalari ez bermatzen benetako hezkuntza eta hezkuntza lehiakor bat.

Ez dut dudarik, gure bozeramaileen artean izan dugun jarrera eta harremana izan dela, bada, esan dezaket, hemengo esperientzian, oso esperientzia ederra. Benetan, nire kapituluan, hezkuntza batzordea bereziki gordeta geratuko da nire bihotzean.

Eskertu nahi dut Paco Jiménez Araia, momentu honetan bozeramailea, Alderdi Sozialistako bozeramailea; bere aurretik egon den Mario Bedera, gaur estatu idazkaria; baita ere eskertu nahi dut ere Adolfo Abejón, oso laguna, benetan poztekoa, eta adostu ditugun gauza guztietan hori eskertzekoa da, Alderdi Popularrekoa; Assumpta, berdin; baita ere Pedro Torres, hemen ez dagoena, orain dago Margarita Font, mixtokoa; Ramón Alturo, baita ere CIUkoa.

Aipatzekoa da denok gatozela, eta ni neu ere barne, hezkuntza mundutik, eta hor ikusi da, benetan, zer ematen duen harreman zuzena edukitzea gizartearekin. Nik uste dut demostratu dugula, garela politikoak «de a pie» esaten den moduan. «Politico de a pie», oinezko politikoak. Guk ez dugu egin politika bulegoetan, gure politika da eskoletakoa alegia, eskolak izan dira gure politika. Horregatik, begietara begiratuz ikasleei, beti gogoratu izan gara neurriak hatu behar ditugula gure herriaren etorkizuna hobetu ahal izateko, Espainiak daukan historia horretan berriz jausi ez gaitezen.

Orduan, eskertu guztioi, eskertu baita ere batzorde honetakoak izan ez zareten senatarioi, eta espero dut benetan orain haize berriak sartzen baldin badira ere, hezkuntza politika egingo dutela, umeei begira egongo den jendearen eskuetan egongo dela, eta ez teknokraten eta bulegoetan politika egiten dutenen eskuetan.

Nire desiorik onena, etorriko zareten guztioi. Hemen agertzen den «Camino seguro escolar» benetan, «Camino seguro escolar» izan dadila. Hau da, eskolarako bidea, baita ere politikak bermatu dezala, garantizatu egin dezala segurua izango dela, herri bat egin ahal izan dezagun. Eskerrik asko.

Buenos días, señorías.

Les voy a plantear la postura de mi grupo parlamentario, que, ¡cómo no!, está de acuerdo con la transaccional. Mi grupo parlamentario está totalmente de acuerdo con un sentido completo de la educación, porque se corresponde con nuestra filosofía, tanto dentro del ámbito de la educación como fuera de él.

Quiero también hablar de la filosofía y la actitud de la Comisión de Educación en esta legislatura, y nos alegramos mucho porque la experiencia que hemos tenido ha sido la de trabajar a favor de la educación. Está claro que todos los partidos políticos tienen una responsabilidad en este tema, y eso se ha visto. Hemos planteado muchos temas y se han adoptado decisiones muy importantes por unanimidad.




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Para nosotros eso es lo más importante, ver que todos los partidos políticos tienen esa responsabilidad y que la educación es realmente lo que va a asegurar el futuro de una sociedad. Aquí se han tratado temas muy importantes, como el de la formación profesional, y se han tomado medidas para mejorar la educación.

Sabemos que los distintos grupos parlamentarios tenemos responsabilidad, y tenemos una preocupación, y es la de que, tomando como excusa el tema de los medios financieros, el ámbito de la educación salga perdiendo debido, como digo, a la situación económica. Eso es algo que nos preocupa.

Y en este final de legislatura me gustaría trasladar a todos los grupos parlamentarios la responsabilidad que tenemos con respecto a la educación; quisiera pedirles que no hipotequen este país, que sigan invirtiendo en los ámbitos en los que es necesario seguir haciéndolo, y uno de esos ámbitos tiene que ser el de la educación si es que queremos que este sea un país competitivo que siga a la cabeza de los países prósperos. Pero eso no es posible si no se invierte en educación. La materia prima de los países son las personas, nuestros jóvenes y nuestras universidades.

Yo muchas veces digo que Suiza es el país donde mejor chocolate se hace y las empresas que mejor chocolate hacen están en Suiza, pero el cacao no es suizo. Nuestra materia prima es la educación y no lo podemos negar. La preocupación que vemos en los medios de comunicación realmente nos lleva a pensar si no será que esta democracia no está abriendo las vías a las élites y cerrando las puertas de la educación al pueblo llano.

No tengo ninguna duda de que las posturas de los portavoces y las relaciones entre los portavoces en la Comisión de Educación han sido positivas. Yo voy a guardar en mi corazón la experiencia y las relaciones que hemos tenido.

Me gustaría dar las gracias a Paco Jiménez Araia, portavoz actual del Grupo Socialista, a su predecesor Mario Bedera, y a Adolfo Abejón, un gran amigo. Estoy realmente contenta. Hemos acordado muchos asuntos con el Grupo Popular. Gracias también a Assumpta Baig, de Entesa, a Pedro Torres, que no está hoy aquí presente, y a Margarita Font, del Grupo Parlamentario Mixto, y gracias a Ramón Alturo, de CiU.

Me gustaría decir que todos venimos del mundo de la educación, yo incluida, y hemos demostrado que somos políticos de a pie. Venir de ese mundo demuestra realmente la relación que tenemos con ese mundo. Nosotros no hemos hecho política en las oficinas, nuestra política ha sido las escuelas. Por eso, mirando a los ojos a los estudiantes, siempre hemos tomado medidas para mejorar el futuro de nuestro país y, viendo la historia de España, no quisiéramos que se cayera otra vez en el error.

Me gustaría agradecer a todos los senadores de esta Cámara su labor y ahora, aunque entren nuevos aires en el Gobierno, esperemos que sigan haciendo política educativa, mirando a los niños, a los estudiantes, y que no sea una política que esté en manos de políticos.

Espero que «Camino Escolar Seguro» sea realmente una vía adecuada para poder tener una educación segura en este país.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, molt bon dia a tothom. En primer lloc, voldria manifestar la nostra posició. Estem d’acord amb el plantejament de fons d’aquesta moció que avui tenim aquí perquè, evidentment, la seguretat dels escolars en el seu camí als centres eductius és molt important i això és evident.

Tanmateix, discrepem de l’oportunitat i de la idoneïtat d’aquesta moció en aquests moments i en aquestes circumstàncies. M’explico: és evident que els escolars en el seu desplaçament, anant a l’escola o a l’institut han de tenir les màximes garanties de seguretat, han d’utilitzar el transport públic, han d’emprar transports eficients no contaminants, han de caminar i anar en bicicleta. Amb això, és evident que estem d’acord. En definitiva, els ajuntaments, les administracions que tenen competències en el tema han de fer i posar-hi tots els mecanismes perquè això realment sigui així.

És important per tant l’ordenació de les ciutats, dels municipis, per afavorir aquestes condicions de seguretat que, en definitiva, són com la senyalització horitzontal, la senyalització vertical, l’ordenació correcte del trànsit, etc.

Ara bé, cada ciutat, cada municipi, té les seves condicions particulars i que, per tant, difícilment es pot generalitzar a l’hora de buscar un consens general. És difícil perquè cadascuna té condicions pròpies que




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faran que requereixin d’unes actuacions o d’unes altres. També cal dir que els ajuntament ja estan fent coses. Només faltaria! Ha de ser la seva primera preocupació, la seguretat en el transport, a l’entrada del col·legi, a la sortida, i ja ho estem veient en senyalitzacions, en els serveis que presta la guàrdia urbana a les entrades i a les sortides dels col·legis, que es preocupen per tal que l’entrada, la sortida i els desplaçaments es facin sense incidències i tot vagi bé.

Per tant, des d’aquest punt de vista hem de dir que ja s’estan fent actuacions. I nosaltres entenem també que tal com està plantejada inicialment la moció que ens ocupa, no es té en compte ni l’actuació de les autonomies, ni les competències que tenen, ni els ajuntaments, ni les comunitats educatives. Finalment, s’ha arribat a una transaccional que nosaltres hem signat perquè en el fons hi estem d’acord, però ens abstindrem en la votació perquè entenem que les transferències en matèria educativa estan fetes i, per tant, en aquests moments la situació correspon a les autonomies i als ajuntaments. Són ells que ho han de fer. I per tant, si ho tenim transferit, ja està, que es faci i punt.

També entenem que en aquests moments de situació econòmica del país greu, de l’ocupació que és una prioritat principal, els esforços tant de recursos humans com econòmics s’han d’adreçar en aquestes qüestions que entenem que són prioritàries. I per tant, potser, en aquests moments, en aquesta moció que avui estem parlant aquí, això suposaria duplicitat d’actuacions, suposaria també d’alguna manera despeses que preferim que vagin encaminades a altres àmbits i, per tant, creiem que hauria estat millor centrar esforços en altres àmbits tot i que en el fons, evidentment, hi estem d’acord i que els ajuntaments, que són els primers que coneixen el seu municipi i la seva ciutat són els que han de determinar quin procés d’ordenació s’està fent. Així doncs, nosaltres en aquesta moció, tot compartint-la en el plantejament i sobretot en la transaccional que hem signat perquè hi estaríem d’acord, ens abstindrem en la votació.

Finalment, atenent que aquesta és la darrera qüestió des de l’àmbit educatiu que ara tenim l’ocasió de parlar, vull manifestar la meva satisfacció per haver format part de la comissió d’educació que, tot i respectant les competències de les CCAA, malgrat les discrepàncies i els punts d’acord, sempre hem pogut treballar en un marc de col·laboració on hem tingut present que l’educació és la clau d’un país i el motor de progrés i que cal preservar aquest bé i estimular-lo, perquè sinó no ens en sortirem, sobretot des del punt de vista de la crisi. La formació és molt important.

Vull doncs manifestar la satisfacció i també l’agraïment als portaveus de tots els grups parlamentaris de totes les iniciatives que s’han presentat i les oportunitats que hem tingut de debatre, de comentar, d’enriquir-nos tots plegats del sistema educatiu i de les aportacions que cadascú ha fet. Per tant, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer haver format part d’aquesta comissió i esperem i desitgem que l’educació realment avanci atès que és el motor de progrés d’un país i en moments de crisi com el que tenim ara en aquest país, l’educació és la principal eina respecte a la qual tots hem de ser capaços de posar-nos d’acord pel bé del país.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera manifestar nuestro posición que es que estamos de acuerdo con el planteamiento de esta moción que hoy debatimos aquí, porque, evidentemente, la seguridad de los escolares en su camino a los centros educativos es muy importante. Eso es algo evidente.

Sin embargo, discrepamos de la oportunidad y de la idoneidad de esta moción en estos momentos y en estas circunstancias. Y me voy a explicar. Es evidente que los escolares en su desplazamiento a la escuela o al instituto deben tener las máximas garantías de seguridad, deben utilizar el transporte público, deben utilizar transportes eficientes, no contaminantes, deben utilizar la bicicleta. Evidentemente estamos de acuerdo con todo eso. Y, en definitiva, los ayuntamientos, las administraciones, que tienen competencias en el tema, deben emplear todos los mecanismos a su alcance para que esto sea así.

Por consiguiente, es importante la ordenación de las ciudades y de los municipios para favorecer estas condiciones de seguridad y que, en definitiva, son la señalización horizontal, vertical, la ordenación correcta del tráfico, etcétera.

Ahora bien, cada ciudad, cada municipio, tiene sus condiciones particulares y, por consiguiente, difícilmente se puede generalizar a la hora de buscar un consenso general; es decir, es difícil porque cada uno tiene unas condiciones propias que actuaciones distintas. Asimismo, es preciso decir que los ayuntamientos ya están haciendo cosas, ¡faltaría más! La seguridad Del transporte a la entrada y a la salida de los colegios debe ser la primera preocupación, y lo es; lo vemos por las señalizaciones, por




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servicios como la presencia de la guardia urbana a la hora de entrada y salida de los colegios, que se ocupa de que la entrada, la salida y los desplazamientos se produzcan sin ningún tipo de incidencia, de que todo vaya bien. Es decir que ya se están realizando actuaciones.

La moción que estamos debatiendo no tenía en cuenta inicialmente lo que están haciendo las autonomías, ni lo que están haciendo los ayuntamientos o las comunidades educativas. Finalmente, se ha acordado una transaccional, que nosotros hemos firmado también porque, en el fondo, lógicamente, estamos de acuerdo en lo que propone. No obstante, nos vamos a abstener en la votación, porque las transferencias en materia educativa están hechas y, por lo tanto, todo esto les corresponde ahora mismo a las autonomías y a los ayuntamientos, son ellos los que deben actuar. De modo que, si está transferido, que se haga, y punto.

En estos momentos, en que la situación económica del país es grave y tenemos que estimular la ocupación, los esfuerzos en recursos humanos y económicos deben dirigirse a cuestiones prioritarias, y la aplicación de esta moción supondría una duplicidad de actuaciones y gastos que preferimos que se dirijan a otros ámbitos. Nos parece que habría sido mejor centrar los esfuerzos en otros ámbitos, a pesar de que, como he dicho, estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión y creemos que los ayuntamientos —que son los que mejor conocen su municipio y su ciudad— son los que han de definir y determinar cuál es el proceso de ordenación que deberá establecerse. De modo que compartimos el planteamiento de la moción, hemos firmado la transaccional porque estamos de acuerdo en ella, pero nos vamos a abstener en la votación.

Por último, dado que esta es la última cuestión del ámbito educativo que debatiremos, quisiera manifestar mi satisfacción personal por haber formado parte de la Comisión de Educación, en la que hemos trabajado respetando las competencias de las comunidades autónomas. A veces hemos tenido discrepancias, lógicamente, pero también hemos encontrado muchos puntos de acuerdo, siempre en un marco de colaboración y teniendo presente que la educación es la clave de un país, el motor de progreso, y que, por tanto, hay que preservar este bien y estimularlo; si no, no saldremos adelante, y en el marco de la crisis la educación es muy importante.

Quiero aprovechar, pues, la ocasión para darles las gracias a todos los grupos parlamentarios por todas las iniciativas que han presentado y por las oportunidades que nos han ofrecido de debatir, de comentar, de enriquecernos todos juntos en cuanto al sistema educativo con las aportaciones de cada uno. Muchísimas gracias. Ya digo que me siento satisfecho por haber formado parte de esta comisión. Esperamos que la educación avance, porque es el motor de progreso de un país, es su herramienta principal, y debemos ser capaces de ponernos de acuerdo por el bien del país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Moltes gràcies, senyor president.

Nosaltres, a la moció inicial presentada pel senador Jiménez del Grup Socialista, havíem presentat una esmena que ha estat recollida a la transaccional signada per tots els grups parlamentaris, de manera que ens sentim plenament satisfets del resultat final que ha adoptat la moció. Tal com es presentava l’esmena, el govern n’havia de ser l’impulsor, però les competències en matèria educativa ja estan traspassades a les comunitats autònomes. A més, hi ha comunitats autònomes com el cas de Catalunya o del País Basc que també tenen competències pel que fa al trànsit i la seguretat vial. Per tant, repeteixo, el resultat final ens satisfà. Es recull el marc competencial del l’Estat espanyol i, per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció.

Vull fer un parell de reflexions breus sobre el contingut, sobre el tema en concret. En primer lloc, la seguretat vial. Es tracta d’un element important a l’escola. Cal entendre l’alumne com a ciutadà però també l’alumne com a conductor, com a usuari de la via pública o com a futur conductor. Per tant, tot allò que sigui inserir a l’escola, treballar a l’escola amb bones pràctiques en aquest àmbit ens sembla molt i molt important. Així, projectes concrets com els plans de mobilitat urbana sostenible o el que ens plantegen avui aquí, el camí escolar segur, són evidentment elements importants per al conjunt de la ciutadania i dels municipis, però també dins de l’escola, entenent l’escola no pas com un element separat del seu marc social, sinó absolutament integrada en el barri i en el municipi.

Finalment, vull fer una petita reflexió que no desvirtua en absolut el sentit del nostre vot. Normalment, quan es plantegen iniciatives d’aquesta mena, es tendeix a pensar que l’aplicació més fàcil d’aquestes




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mesures és en els grans municipis, en les ciutats grans. Jo vull recordar que la majoria de municipis no disposen de guàrdia urbana, per exemple, i que en el tema que ens ocupa són precisament els petits municipis, les petites ciutats, que probablement per les seves característiques poden aplicar encara amb més facilitat aquest tipus de bones pràctiques, com és el cas del camí escolar segur, per diversos motius. En primer lloc, perquè la proximitat, la distància entre la casa on viu l’alumne i l’escola, no és massa allunyada. A més, normalment, en els petits municipis no hi ha transport públic i s’utilitza precisament perquè el trànsit és més fluït i no hi ha tant risc d’accidents, i se sol anar a l’escola a bicicleta o a peu. Per tant, no oblidem —ho deixo com a petita reflexió— que a l’hora d’implantar aquest tipus de mesura no només hem de pensar en els grans municipis, sinó molt especialment en els petits i mitjans.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo presentó una enmienda a la moción inicialmente presentada por el Grupo Socialista que ha sido recogida en la transaccional que han firmado todos los grupos parlamentarios. Por consiguiente, nos sentimos absolutamente satisfechos por el texto final de la moción. Tal como se trataba el asunto, el Gobierno debía ser el impulsor, pero las transferencias en materia educativa están ya residenciadas en las comunidades autónomas. Además, hay autonomías, como Cataluña y el País Vasco, que también tienen competencias desde la perspectiva del tráfico y la seguridad vial. Por eso nos satisface el resultado final: se recoge el marco competencial del Estado español. Por consiguiente, vamos apoyar esta moción.

Permítanme ahora hacer un par de reflexiones breves sobre el tema que nos ocupa. En primer lugar, la seguridad vial es un elemento esencial en la escuela. Debe ser materia escolar, puesto que el alumno ha de desarrollarse como ciudadano, como usuario de la vía pública y como futuro conductor. Por lo tanto, todo lo que sea trabajar en la escuela sobre buenas prácticas en este sentido nos parece muy interesante. Proyectos concretos, como el plan de Movilidad urbana sostenible o «Camino Escolar Seguro» son importantes para la ciudadanía en su conjunto, para todos los municipios, pero también para la escuela entendida no como elemento separado de su marco social, sino integrado en el barrio y en el municipio.

Finalmente, una observación que no desvirtúa en absoluto el sentido de nuestro voto. Normalmente, cuando se plantean iniciativas de este tipo, se tiende a pensar que el lugar donde estas medidas deben empezar a implantarse es en las grandes ciudades. Sin embargo, quiero recordar que la mayoría de los municipios no disponen de guardia urbana, por ejemplo. Por lo tanto, es precisamente en los pequeños municipios y en las pequeñas ciudades donde, por sus características, buenas prácticas, como el «Camino Escolar Seguro», resultan de más fácil aplicación; y ello por diversos motivos: en primer lugar, porque la distancia entre la casa en que vive el alumno y la escuela no es demasiado grande; además, normalmente, en los pequeños municipios no hay transporte público, el tráfico es más fluido y no existe tanto riesgo de accidentes; es en los pequeños municipios donde se puede utilizar la bicicleta para llegar a la escuela o, simplemente, es fácil llegar andando. Así que no nos olvidemos —lo digo como pequeña reflexión— de que, al implantar estas medidas, no deberíamos pensar en las grandes ciudades solo, sino también y muy especialmente en los pequeños y medianos municipios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Jiménez.

El señor JIMÉNEZ ARAYA: Muchas gracias, señor presidente.

Solamente quiero expresar algunas matizaciones. Comparto con la senadora Leanizbarrutia que es necesario el consenso y el trabajo continuo en materia de educación. Tengo la sensación de que perdimos una oportunidad al no alcanzar el pacto educativo. En realidad, siento frustración. En Extremadura, por ejemplo, fuimos capaces de conseguirlo, pero a nivel nacional no fue posible.

En cualquier caso, es cierto que vivimos en una época convulsa. Los que trabajamos en el campo educativo mandando constantemente mensajes contradictorios a los jóvenes, a veces los desquiciamos. Toda la vida se ha dicho que es bueno compartir y, sin embargo, ahora les decimos también que compartir por Internet puede constituir delito. Sin duda, nos enfrentamos a grandes retos y la educación, como siempre, se postula como una gran solución.

La enmienda de Entesa Catalana de Progrés pretendía básicamente solucionar lo que ha propuesto el senador Alturo, de CiU. Efectivamente, es competencia municipal la reordenación del tráfico, la




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señalización y demás y, por supuesto, le corresponde a la comunidad autónoma por sus competencias en materia educativa trabajar en los currículos. Por eso entendemos perfectamente las razones del senador de CiU, pero no nos parece un problema estrictamente competencial. No obstante, él ha firmado la enmienda transaccional, porque también comparte al menos la música de la moción.

Como ha dicho el compañero de la Entesa, efectivamente, la distinción entre zona rural y zona urbana es muy importante. Por ejemplo, yo soy de zona rural, y soy consciente de que allí todo es más sencillo. El paseo a la escuela era un juego diario con otros compañeros de la misma calle. Ahora eso se ha convertido en una especie de odisea, y lo que pretendemos con esta moción es precisamente recuperar el espacio público, no solo en los pueblos, sino también en las ciudades. Se trata de que las máquinas cedan un poquito de espacio a los peatones, en este caso a los niños y a jóvenes, peatones o ciclistas.

Ese era el ánimo de la moción. Hemos firmado todos la enmienda transaccional y, por lo tanto, compartimos la música y también buena parte de la letra. Solamente me queda agradecerles su esfuerzo de comprensión.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Abejón.

El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el contenido del proyecto que hoy debatimos tenía no hace muchos años un carácter natural y normal. La mayoría de los que estamos aquí íbamos al colegio andando o en bicicleta; unos porque eran de pueblo, y otros porque las ciudades no tenían la dimensión que tienen en estos momentos. Pero hay que reconocer que la realidad en las ciudades hoy es bien diferente. El trabajo del hombre y de la mujer, los cambios sociales que se han producido, la aglomeración de personas en las ciudades, todo ello ha cambiado el hábito de los niños de ir andando a la escuela. Y esto está teniendo consecuencias no deseables para los pequeños. Los niños no tienen el mismo despertar, no hacen el ejercicio de caminar viendo el entorno, no hacen la amistad que se hacía antes camino de la escuela; se les está privando de ello como consecuencia de la extensión de las ciudades que entre todos hemos ido creando. A ello se añade el uso masivo del vehículo privado. Conduciendo por la mañana, cuando paso por un colegio, por el montón de coches aparcados a la entrada, veo que son un riesgo la vida de los demás. A veces, los padres, por afán de proteger al niño o al joven, nos acercamos hasta la misma puerta del colegio, sin ver que estamos haciendo correr un riesgo a los demás niños que están caminando por allí.

La moción que hoy se presenta obedece realmente a algo que está demandando la sociedad, no exenta de muchas complicaciones que se desprenden de mi exposición, pero que, desde luego, debemos abordar. Además, los que procedemos del mundo educativo sabemos que los niños, en el desarrollo de acciones cotidianas como subir a un autobús o cruzar una calzada, no tienen la capacidad sensorial que tenemos los mayores: mirar primero, antes de pasar, para ver si hay tráfico, o tener cuidado al subir al autobús, porque puede venir un coche y nos puede atropellar. El niño está a lo que está, está en su mundo, y no ve los peligros que le acechan. Su estado natural es ir a pie o en bicicleta, que le encanta a esa edad. Lo que más nos gustaba a todos de pequeños era coger la bicicleta en un mundo idílico en el que solo estábamos nosotros. Y ese es el mundo de los niños: caminar o coger la bicicleta. De hecho, si les preguntásemos a ellos —ahora que está de moda hacerlo— qué opción elegirían entre ir en autobús, en el coche con su madre, a pie con su madre, solo con los amigos o en bicicleta, creo que la encuesta nos diría que todos prefieren ir en grupo, porque se lo pasan pipa y, además, si pueden ir en bicicleta, todavía mejor, porque en ese caso no es aburrido ir al colegio sino gratificante. Eso es escuchar a los niños. Ha dicho el señor Jiménez que se tiene en cuenta a los padres, a las madres, a los ayuntamientos, etcétera, pero a quienes debemos tener en cuenta realmente es a los niños. Es decir, tenemos que construir una ciudad acorde con el pensamiento de los niños, y no solo acorde con el de los mayores.

La moción que hoy debatimos no nos brinda solo la oportunidad de buscar la autonomía de los niños, en esta última intervención dedicada a la educación. Es también muy oportuna para hacer una reflexión sobre cómo viven hoy los niños en las ciudades, cómo transitan por ellas y si realmente han aportado la visión de ciudad que quieren para el futuro. Por tanto, es una moción que, desde mi punto de vista, sobrepasa el entorno de la escuela y que ha de centrarse también en el modelo de ciudad que queremos para el futuro de los niños. Aunque es una propuesta que proviene de Interior, el hecho de abordar este proyecto en el ámbito de la escuela es muy correcto, porque allí se ubican una suma de fuerzas que favorecen su desarrollo. Es decir, que a la hora de llevar a cabo proyectos de este tipo debemos




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preguntarnos si contamos con mano de obra suficiente, y esa mano de obra está en la escuela, porque es la parte más interesada de la sociedad y, además, es una parte importantísima: allí es donde están los niños, los profesores, los padres y madres. ¿Los profesores solos son suficientes? No, pero no cabe duda de que constituyen una parte con mucho interés por llevar a buen puerto este proyecto.

No obstante, cometeríamos un error si pensáramos que este es un proyecto de escuela, de centro o de instituto. ¿Por qué? Porque los portavoces en este ámbito conocemos la realidad de los centros educativos hoy en día y la suma de responsabilidades de los maestros y profesores, que están sobresaturados de trabajo; no se les pueden encargar más tareas. La conclusión final en relación con cualquier aspecto de la sociedad es que se trata de un problema educativo: el esfuerzo, la bondad, la generosidad, la solidaridad, la paz, la convivencia, la educación para la ciudadanía y la educación vial son problemas educativos, que hay que abordar en la escuela; y hay que aprender matemáticas, física, filosofía, latín. La tarea del profesor ya está sobredimensionada y el llamamiento que ha hecho esta Cámara es el adecuado: a este proyecto debe sumarse toda la sociedad. Pero eso resultaría un poco ambiguo, de modo que debemos sumarnos todos los políticos que representamos a la sociedad, y tenemos mucho que hacer para apoyar estas actividades sanas en la educación desde la infancia. Esto que hacemos hoy los políticos de reflexionar sobre la infancia y hacer el camino más agradable y más saludable para nuestros niños es muy positivo; ya nos estamos implicando los políticos. Desde luego, este proyecto hay que ubicarlo en cada municipio, porque cada municipio es un mundo diferente y, en consecuencia, los ayuntamientos tienen mucho que decir a la hora de planificar las ciudades, a la hora de hacer el urbanismo, a la hora de tener en cuenta a los niños.

La infancia ha cobrado en estos momentos un valor que, más que con los niños, está relacionado con la proyección de lo que los adultos queremos para los niños. En momentos difíciles, como los que padecemos, de crisis económica y social, la infancia aparece como una tabla de salvación para recuperar los valores perdidos y construir ciudades diferentes de las que hemos construido siguiendo la demanda de otras urgencias que no vamos a exponer hoy: ciudades construidas en torno a las empresas, en torno al empleo, en torno a una mejor calidad de vida, en torno al proyecto vital que queríamos desarrollar. Esa ha sido la realidad. Cuántas personas se han desplazado de los pueblos a las ciudades para resolver su vida, y en las ciudades se han encontrado con todo esto. Por todo ello, creemos que la moción es oportuna, que está bien planteada, y por eso la vamos a apoyar.

Ha sido un placer que el último debate de educación lo hallamos dedicado a los niños. Para mí, ha sido un orgullo poder debatir con todos los portavoces de educación de forma profunda, siempre con voluntad de consenso; hemos llegado a muchos acuerdos y debemos felicitarnos por esa actitud permanente de búsqueda de consenso. Señor Jiménez, seis meses estuve yo en el ministerio, y créame que fueron seis meses de trabajo intenso —se lo puede decir el señor Bedera o el señor Gabilondo— por culminar el pacto educativo. No se alcanzó, pero yo lo veo muy positivo: ahí quedan 136 propuestas de todos los grupos para que todos trabajemos.

A mí ya no me queda más que deciros que, como la política tiene corazón, en el mío siempre estaréis todos, los portavoces principalmente. Ha merecido la pena trabajar por los niños, por los jóvenes. Os deseo que el destino os conduzca a todos a lo mejor para vuestra vida.

Nada más y muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Hay una transaccional.

El señor PRESIDENTE: Sí, está firmada por todos los grupos, pero el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió quiere que se vote la moción.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con una enmienda transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 234; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

— DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y PESCA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE TITULARIDAD COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000116)

(Núm. exp. C.D. 121/000128)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

De la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, en relación con el proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Bella. (Rumores.)

Silencio, señorías.

Tome la palabra, señoría.

El señor BELLA GALÁN: Gracias, señor presidente.

Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca sobre el proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el 29 de junio de 2011. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 5 de septiembre, ampliándose posteriormente al día 7 de septiembre.

A este proyecto se han presentado 24 enmiendas por los siguientes grupos parlamentarios: enmiendas números 1 a 17, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; enmiendas números 18 a 22, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y enmiendas números 23 y 24, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

La comisión procedió a dictaminar el proyecto de ley el día 8 de septiembre, aceptándose como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Por último, para su debate ante el Pleno, se han formulado 3 votos particulares, que a continuación se defenderán: del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, correspondiente a las enmiendas números 1 a 17; del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a las enmiendas números 18 a 22; y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, correspondiente a las enmiendas números 23 y 24.

Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Roig, para la defensa de sus enmiendas.

El señor ROIG I GRAU: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir muy brevemente para decir que doy por defendidas todas nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el senador Batlle.

El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.

Intervengo también para dar por defendidas las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés, toda vez que no me correspondía a mí intervenir en este turno de defensa de enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.




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Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la senadora Borrego.

La señora BORREGO IZQUIERDO: Buenos días, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular por haberme designado para defender esta ley que han estado reivindicando las organizaciones de mujeres desde hace años. Saludo a todas las que estáis presentes en este momento.

Este proyecto de ley es muy importante para el mundo rural. Nosotros creemos que en estos momentos tan difíciles la mujer tiene un protagonismo especial, y por ello hemos presentado diecisiete enmiendas, de las cuales, señorías, voy a defender, o al menos a explicar, las más importantes. Hemos presentado trece enmiendas de titularidad compartida y cuatro relacionadas con los buques pesqueros.

Señorías, mi grupo sobre todo quiere manifestar que la Ley de Titularidad Compartida no tiene nada que ver con el Título VI porque es un añadido a una ley que es totalmente especial para las mujeres rurales, y además, es inadecuado presentar esta incorporación, sobre todo porque los buques pesqueros figuran en otra ley. Es un batiburrillo que ha presentado el Gobierno, como ha ocurrido en otras ocasiones. De todas maneras, considero importante resaltar que en el debate de esta ley hemos mantenido un gran diálogo —digo diálogo porque nos hemos reunido los portavoces principalmente de la Comisión de Agricultura— para sacar adelante en lo posible lo que pretenden las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Como he dicho anteriormente, son diecisiete enmiendas en total. La número 7, señor presidente, la vamos a retirar y quedarían doce de titularidad compartida; además, me gustaría que se votara por separado la relativa a los buques de pesca.

Al artículo 2 hemos presentado la enmienda número 1, que podría ser de modificación pero que en realidad es un recordatorio, porque consideramos que se ha olvidado incluir el concepto de hijas de ambos matrimonios o parejas en esta ley. Por tanto, queremos recordarlo y que se tenga en cuenta para las próximas modificaciones que se puedan realizar en esta ley.

En cuanto al artículo 4, es verdad que en derecho los actos de administración son los que mantienen en su integridad el patrimonio y, en su caso. lo aumentan, sobre todo cuando se alquila algún bien; en cambio, los actos de disposición, solo los que transmiten o gravan bienes y derechos, los que significan una modificación de patrimonio, como vender o donar, no sirven para que sean solidarios. Por tanto, la enmienda pretende lo siguiente: la representación de la explotación de titularidad compartida sería solidaria, con excepción de los actos que supongan disposición, enajenación o gravamen de la misma, en los que dicha representación será mancomunada.

En cuanto al artículo 6, apartado 2, consideramos que sería adecuado que figurara el nombre de la entidad de titularidad compartida, igual que las sociedades anónimas tienen las siglas S.A. y las comunidades de bienes tienen las siglas C.B. Por tanto, creemos que debería figurar la denominación de las explotaciones de titularidad compartida con las siglas finales de identificación T.C. y, además, añadir y especificar el domicilio de la explotación y datos de identificación de la explotación agraria de titularidad compartida, la actividad y los bienes y derechos que la conforman. En el caso de bienes inmuebles y de derechos reales sobre ellos, se debería especificar la referencia catastral o cualesquiera otros datos que pudieran resultar.

La enmienda número 4 al artículo 6.3 se ha formulado porque efectivamente necesitamos un plazo para la inscripción. Creemos conveniente que en el plazo máximo de tres meses se efectúe por el registro correspondiente tras las comprobaciones que fueran pertinentes. Transcurrido dicho plazo sin contestación denegatoria por parte del registro se entenderá que está efectuada la inscripción por silencio administrativo.

La enmienda número 5 al artículo 8 se refiere a la extinción. Pensamos que la transmisión de la titularidad a tercero ajeno, que es lo que dice la ley, induce a error porque no hay un ajeno a causa. Queremos simplemente simplificar y solicitar la supresión de la palabra «ajeno».

La enmienda número 6 al artículo 9 pretende evitar la duplicidad de obligaciones fiscales. Normalmente se requiere mucha burocracia para estas gestiones y nosotros creemos que es suficiente la solicitud, la obtención del NIF y el alta en el IAE. Las demás obligaciones a efectos formales no contributivas deberían simplificarse. Ustedes saben que una explotación agraria pequeña no puede hacer todos estos trámites y necesitaría siempre una ayuda o un asesor fiscal.

Hemos retirado la enmienda número 7. No obstante, me gustaría decir que va conjuntamente con la disposición adicional tercera, en la que hemos llegado a una transaccional. Era importante nuestra




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propuesta porque abríamos un abanico en la ley. La Ley 18/2007, de 4 de junio, dice que tendrán derecho al régimen especial de la Seguridad Social todas las mujeres de menos de 40 años y hasta 40 años. Nosotros pensamos que sería conveniente ampliar este derecho hasta los 55 años de edad porque hay muchas mujeres mayores que trabajan en explotaciones sin ser reconocidas por ninguna ley.

Habíamos solicitado también que los 5 años previstos en la ley para las bonificaciones fueran 10, 5 años más puesto que tenemos dificultad con la información en las zonas rurales y sobre todo lleva tiempo convencer a las mujeres, que en muchas ocasiones dudan.

La enmienda número 8 al artículo 10.3 alude a las parejas de hecho. En la Ley 2007, de 4 de julio, se encuadran las parejas de hecho. Pero pedimos que se regule por la Seguridad Social, en el plazo de tres meses, el alcance del encuadramiento de las parejas de hecho de titulares de las explotaciones agrarias.

La enmienda número 9 al artículo 13.1 hace hincapié en el derecho a la compensación económica. Se refiere al régimen de gananciales. Normalmente el régimen económico de las mujeres que están en las zonas rurales en caso de matrimonio es de gananciales y queremos que esta ley lo recoja expresamente para poder ayudarlas y para que quede más claro y más específico.

La enmienda número 10 al artículo 14.1 dice que para el cálculo de la compensación se tendrá en cuenta el valor real de las explotaciones agrarias, el tiempo efectivo y real de trabajo en la actividad agraria y la valoración de la actividad en el mercado, porque creemos que la compensación es por el trabajo real y efectivo y no es una simple colaboración que hacen las mujeres continuamente en sus explotaciones.

La enmienda número 11 a la disposición adicional primera se refiere a la constitución de sociedades de responsabilidad limitada. La disposición adicional primera obliga a todas las sociedades constituidas de responsabilidad limitada previstas en el artículo 5.2 del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, a la adaptación de sus estatutos, o sea a los estatutos tipo que se aprueben en el Ministerio de Justicia. Dado que es un mandato imperativo, sería conveniente aplicar las bonificaciones a los gastos que ello conlleva.

En todo caso, la redacción quedaría: «(…).Estas sociedades se ajustarán a los estatutos-tipo que se aprueben en el Ministerio de Justicia, con las bonificaciones y exenciones fiscales que legalmente se determinen.»

Respecto a la enmienda número 17, como he dicho antes, es una transaccional a la que se ha visto obligado el Grupo Popular al retirar la número 7. Creemos que es una manera de abrir la puerta a la ampliación de los años de las mujeres. Si en estos casos la mujer llega a los 40 años, según está redactada la ley, pensamos que es conveniente, al menos, que llegue a los 50 años. Como todos los grupos hemos tenido la buena voluntad de llegar a un acuerdo, hemos accedido a esta disposición de los grupos. Por lo tanto, hemos suprimido los 10 años de ampliación que habíamos solicitado para la duración de los beneficios a estas mujeres y quedaría en 5 años.

Creo que es importante mejorar la redacción de esta ley. El espíritu de este proyecto de ley es positivo en cuanto busca la equiparación de derechos entre hombres y mujeres en el mundo rural, pero se ha quedado corto en su contenido y desarrollo, ya que el nivel funcional y operativo dificulta mucho a las mujeres rurales incorporarse a la explotación agraria. De todas maneras, entiendo que hemos fortalecido el proyecto con el diálogo y el esfuerzo de todos los representantes de la comisión de agricultura de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Iranzo.

La señora IRANZO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenos días.

En primer lugar, quiero dar un caluroso y afectuoso saludo a todas las organizaciones de mujeres que nos acompañan esta mañana, en un día importante, en un día trascendental para el medio rural, para la mujer en el medio rural y para la mujer en el medio rural con mayúsculas. Hoy es un día importante para todas nosotras y me alegro mucho de que todas ustedes nos acompañen hoy.

Voy a utilizar este turno para fijar la postura de mi grupo parlamentario respecto a las enmiendas presentadas por el resto de grupos. Antes querría decir que ha sido un gusto trabajar, como siempre, con




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los señores portavoces de los grupos parlamentarios, que existe alguna diferencia pero que en el fondo de esta cuestión hemos estado de acuerdo.

Comenzaré refiriéndome a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En la número 1 ellos planteaban, como decía mi compañera, la senadora Juana Borrego, el tema de las hijas. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que la situación prioritaria, la más demandada para dar una solución acorde y adecuada es la de las parejas y los matrimonios. Por eso, mi grupo parlamentario entiende que en esta primera instancia es preferible dejar la ley tal como está, que sin duda puede ser un paso a futuro, un paso siguiente, un paso que debemos dejar pendiente para estudiar y hacer, como digo, un estudio pormenorizado de esta cuestión.

La enmienda número 2 pretende modificar el punto 2 del artículo 4, donde se establece la representación solidaria. El Grupo Parlamentario Popular pide que esta representación sea también mancomunada. Nosotros entendemos que no es necesario aprobarla ya que esta ley no interfiere directamente en el patrimonio. Entendemos que tal y como establece, que sea una representación solidaria, favorece el objetivo de la ley, que no es otro que igualar a ambos titulares frente a terceros.

La enmienda número 3 tampoco la aprobaremos ya que entendemos que es innecesario complicar la información puesto que no aporta datos de interés establecer el nombre de T.C. Entiendo que son más que suficientes los que pide el artículo 6.2.

La enmienda número 4 introduce un plazo de tres meses para que el registro se pronuncie sobre la constitución, estableciendo que si transcurrido el plazo no se produce contestación denegatoria se entenderá efectuada la inscripción por silencio administrativo. La vamos a aceptar porque entendemos que supone agilizar la administración, agilizar el paso de constitución, y votaremos a favor de ella.

También votaremos a favor de la enmienda número 5, de modificación del punto d) del artículo 8.1, que propone la transmisión de la titularidad de la explotación a un tercero ajeno. Esa es la redacción literal en el texto legal. Entendemos que la palabra ajeno puede inducir a error, por lo que eliminaremos esa palabra y hablaremos únicamente de transmisión de la titularidad de la explotación a terceros. Consideramos que la eliminación de esa palabra deja mucho más clara la redacción.

La enmienda número 6 la vamos a rechazar ya que plantea incorporar un cuarto párrafo al artículo 9.2 en el que se diga que se evitará la duplicidad de obligaciones fiscales de carácter formal. Consideramos que esta frase puede llegar a resultar innecesaria ya que el artículo está elaborado de una forma que asegura, como decía anteriormente, la simplificación. Además, tal y como está redactada la frase entendemos que resulta confusa y que podría dar lugar a disfunciones en la aplicación de la norma.

La pretensión de la enmienda número 7 es incorporar en el artículo 10.2 que los beneficios de cotización a la Seguridad Social que tiene el cónyuge de la persona titular de la explotación agraria, y a los que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 18/2007, se extiendan hasta los 55 años. Entendemos que no es apropiada al ser una modificación de la Ley 18/2007, lo que requiere recogerse en una disposición final. Como es una enmienda que hemos transaccionado todos los grupos, la explicaré a posteriori. Se trata de una enmienda que, dicho sea de paso, como transaccional a la 17 nos produce una gran satisfacción.

Rechazaremos también la enmienda número 8, ya que consideramos que no procede establecer un plazo de tres meses en lo que se refiere al encuadramiento de las parejas de hecho titulares de las explotaciones agrarias.

Estamos de acuerdo con la enmienda número 9. El artículo 13.1 de la ley establece que las personas casadas o las parejas de hecho que no reciban pago o contraprestación por el trabajo realizado ni se acojan al régimen de titularidad tendrán derecho a una compensación económica, que deberá hacerse mediante la acreditación del trabajo efectivo, lo que podrá realizarse por cualquier medio de prueba admitido. Estamos de acuerdo con el planteamiento de esta enmienda de que, en caso de un matrimonio en régimen de gananciales, se pueda aceptar como prueba la colaboración durante los años de convivencia y que esta, evidentemente, sea remunerada.

No compartimos el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular en las enmiendas números 10 y 11 ya que consideramos que se podría entender como trabajo lo realizado por las parejas durante el tiempo pasado y podríamos incurrir en una legalización de una situación de trabajo compleja.

Aceptamos la enmienda número 12, sobre pesca, pero aquí voy a hacer un inciso. Las enmiendas números 12 a 15 hablan de pesca, y para mi grupo parlamentario esta ley tiene mucha entidad, esta ley tiene mucha importancia. También la tiene la pesca en este país —no quiero restarle importancia—, pero no entendemos que este sea el texto donde debamos regular materia de pesca. Vamos a votar a favor de




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la enmienda número 12.Y esto no es un batiburrillo del Gobierno, sino que son enmiendas a esta ley que se van a introducir por el resto de los grupos, es decir, aquí no hay ningún batiburrillo del Gobierno y quiero dejarlo claro, son enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular y que las van a introducir en una ley tan importante otros grupos parlamentarios. Mi grupo entiende que la pesca es importantísima y que habrá que abordarla por otra vía, pero no en esta ley.

Respecto a la enmienda número 16, hemos planteado una transaccional que hemos firmado todos los grupos parlamentarios y por la que esa enmienda se matiza ya que los términos que proponía el Grupo Parlamentario Popular superaban el ámbito de regulación del actual proyecto. Lo que hemos hecho ha sido instar a los poderes públicos a que fomenten la titularidad compartida en cuanto a la presencia de los órganos rectores de las entidades asociativas agrarias. En esa línea hemos firmado la enmienda transaccional.

En cuanto a la enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Popular creo que hay mucho que decir. Hemos alcanzado una enmienda transaccional fruto del trabajo, fruto del consenso de todos los portavoces, fruto del esfuerzo y de la capacidad de convencer de nuestra ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar. Vamos a superar ese límite de los 40 años y vamos a llegar a los 50 para que las mujeres puedan acogerse a bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social durante un plazo de 5 años. Debo decir que para mí es una enorme satisfacción y un honor haber alcanzado este acuerdo. Sé que ustedes están satisfechas por el paso que hemos dado, y me estoy refiriendo ahora a las mujeres que hoy nos acompañan desde la tribuna pública. Hay que seguir trabajando y somos conscientes de ello, pero a las pruebas me remito, cuando trabajamos cohesionados y persiguiendo un único fin lo conseguimos. Ojalá que esta situación se produzca más veces.

En cuanto al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, hemos firmado todos los grupos parlamentarios una enmienda transaccional sobre su enmienda número 18. En principio esta enmienda pretendía eliminar el requisito establecido en el artículo 3 que exige que las personas titulares de la explotación residan en la comarca en que esté radicada la explotación, pero con la enmienda transaccional hemos circunscrito este criterio al ámbito territorial rural en que esté radicada la explotación.

Votaremos en contra de las enmiendas números 19, 20 y 21 y a favor de la número 22, que consiste en una mejora técnica que aclara la norma.

Respecto a la enmienda número 23 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés al artículo 12.2, mi grupo entiende que con la actual redacción del texto no se genera ningún agravio comparativo entre explotaciones. Lo que se hace es favorecer aquellas explotaciones que deciden apostar por la titularidad compartida. Aceptar esta modificación equivaldría a anular las ventajas que, en lo que a la actividad agraria se refiere, supone el reconocimiento de la titularidad compartida y por ende una merma en los derechos que reconoce esta ley al colectivo de la mujer rural.

En cuanto a la enmienda número 24 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés vamos a rechazarla puesto que en una norma de rango legal técnicamente no se puede introducir la línea de trabajo que deberá seguir el Gobierno en lo referido a gestiones o negociaciones con terceros.

En definitiva, esta es la postura de mi grupo parlamentario respecto de las enmiendas planteadas y en relación con las cuales hemos alcanzado un elevado grado de consenso. Y como he dicho antes, eso siempre redunda en beneficio para el sector, en que la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha estado trabajando durante los últimos cuatro años.

Sin más, señorías, agradezco su atención.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces. ¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas tiene la palabra el senador Pérez Bouza.

El señor PÉREZ BOUZA: Gracias, señor presidente. Bo día, señorías, bo día señora ministra.

Efectivamente, ya se ha dicho en esta tribuna que estamos ante una de las leyes, no sé si más importante —creo que sí—, pero desde luego más necesaria y que no podía pasar más tiempo sin que fuese aprobada. Era una auténtica injusticia que la titularidad de las explotaciones agrícolas solo pudiera recaer sobre una persona, generalmente y en la inmensa mayoría de los casos sobre el hombre, y que la mujer a pesar de aportar una parte muy importante —quizá la mayor parte— del trabajo en esa explotación agraria no pudiera acceder a su cotitularidad y, por lo tanto, a los beneficios de todo tipo que eso reporta,




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incluida la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social y de tener en el futuro una pensión digna una vez que se jubilara.

En consecuencia, el Grupo de Senadores Nacionalistas, PNV y BNG, consideramos que esta es una de las leyes importante y necesaria que vamos a aprobar en esta legislatura, que vamos a debatir y a aprobar en esta Cámara, una de las leyes que afecta directamente a los ciudadanos y que da una solución a los problemas que estos ciudadanos nos tienen planteados.

Es importante por lo anterior, pero es importante además porque esto contribuye a asegurar de alguna manera la viabilidad del medio rural. Que nadie piense que se puede mantener un medio rural activo si la mujer no tiene absolutamente un papel protagonista y trascendental en ese medio rural, y una pieza fundamental es que pueda ser cotitular, que pueda tener titularidad sobre la explotación a la que contribuye a mantener con su trabajo. Por lo tanto, es de absoluta justicia.

Dicho esto, y aunque el BNG y el PNV estamos totalmente de acuerdo con esta ley y por eso no hemos presentado ninguna enmienda, quiero decir que sí vamos a apoyar aquellas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que hacen referencia a aspectos relacionados con la regulación de determinadas embarcaciones pesqueras. Y aquí tengo que echarle una pequeña bronca a mi querida portavoz del Grupo Socialista, porque las enmiendas no las ha introducido ningún grupo político, el que introduce el tema de la pesca en esta ley es el Gobierno y hay un grupo político que en esta Cámara presenta enmiendas que pretenden mejorar ese texto que el Gobierno introduce en esa ley. Pues bien, me gustaría que se aplicara para el Gobierno el mismo criterio que se aplica para los grupos políticos, porque a este grupo político, al Grupo de Senadores Nacionalistas, y al Grupo Catalán de Convergència i Unió se nos han vetado enmiendas a determinadas leyes porque no tenían nada que ver con el título de la ley ni con el argumentario principal de la ley; sin embargo, señor presidente del Senado, ya ve que al Gobierno sí que se le permite introducir aspectos muy importantes pero que nada tienen que ver con el argumento, con el corpus central de esa ley. Por lo tanto, espero que se utilice el mismo criterio para todos, para el Gobierno y para los grupos parlamentarios.

Con todo, coincido, eso sí, con la senadora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en que la pesca es muy importante, pero esta ley, efectivamente, es lo suficientemente importante, con el suficiente peso como para no haber introducido dos temas tan distintos en ella, reconociendo que la regulación de determinadas embarcaciones pesqueras que están ahí en un limbo absolutamente paralegal también es importante, pero debería ir por su cauce normal.

En cualquier caso, vamos a dar respaldo a esta ley, vamos a firmar las transaccionales a las que hemos llegado entre los distintos grupos y vamos a votar favorablemente las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que tratan de mejorar eso que ha introducido el Gobierno, no los grupos parlamentarios, referente a la regulación de determinadas embarcaciones pesqueras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Solamente quiero decirle que he aplicado rigurosamente las normas y rigurosamente el Reglamento. El Gobierno ha presentado el proyecto de ley y cuando se presentan las enmiendas —que es lo que me toca, en lo que tengo la responsabilidad— es cuando tengo que decir o no decir. Cuando me hagan miembro del Gobierno, entonces contestaré de otra manera, pero hasta entonces…

Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Roig.

El señor ROIG I GRAU: Buenos días, señor presidente, señora ministra, señorías.

Intervengo para fijar la posición del Grupo de Convergència i Unió en esta ley, una ley que es muy importante para el mundo rural y muy especialmente para la incorporación de la mujer en la gestión de las explotaciones agrarias. Esta es una ley que se va a aprobar con bastantes acuerdos y en Convergència i Unió nos felicitamos de que esto sea así.

Es cierto que desde la perspectiva de Cataluña hay algunos aspectos que ya tenemos superados en función de nuestro propio Código civil y del régimen de separación de bienes que tenemos en Cataluña, pero es indiscutible que esta es una ley buena y, por lo tanto, estamos satisfechos de poderla aprobar hoy.

A pesar de la importancia de la ley, creemos sinceramente que, en especial desde el punto de vista técnico, sería muy mejorable. Concretamente, por lo que hace referencia al artículo 12.2, según la información que tenemos —aunque quizás nos equivoquemos—, entendemos que puede ser recurrida ante la Comisión Europea y que, además, dicho recurso puede prosperar. Pero, en todo caso, esto ya se verá.




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De esta observación, nuestra enmienda número 20, que a nuestro entender es importante y propone una disposición adicional nueva, en la que pide al Gobierno que realice las gestiones y negociaciones oportunas ante la Unión Europea para que se declare compatible con el mercado interior en aplicación del Título III del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Nos parece que si no existe esta autorización, estas gestiones previas —insisto, de acuerdo con nuestros informes técnicos y jurídicos—, puede ser recurrida.

En definitiva, se trata de facilitar el acceso de la mujer a la titularidad mayoritaria o compartida de las explotaciones agrarias sin limitación por razón de edad como medida favorable para superar la discriminación de la mujer también en el sector agrario.

Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas. Algunas se han transaccionado. Quiero resaltar también, como han dicho tanto la portavoz del Grupo Socialista como la del Grupo Popular, que ha habido un nivel de diálogo muy interesante, que ha favorecido que llegáramos a acuerdos.

Nosotros votaremos a favor de las enmiendas que hacen referencia a la pesca, no sin reconocer que están encajadas aquí porque sí, práctica, por cierto, bastante habitual en esta legislatura, en la que tenemos leyes que incorporan aspectos que no tienen nada que ver con la ley básica. Pero, dicho esto, las enmiendas nos parecen correctas y, por lo tanto, las votaremos a favor. También lo haremos en muchas de las enmiendas que nos propone el Grupo Popular, en algunas no, como, por ejemplo, en la número 1, porque nos parece que si no se modifica la ubicación —y hemos hablado bastante con Juana sobre ello—, al final acabamos afectando a toda la ley, aunque la voluntad es correcta y la compartimos. Respecto a otras, mantenemos el criterio técnico de la posibilidad de recurrir esta ley, porque nos parece que plantea alguna situación, si no de ilegalidad, por lo menos de alegalidad.

Lógicamente, mantendremos nuestras enmiendas números 19 y 20 porque forman parte del hilo conductor de la doctrina que creíamos que debía implicarse en esta ley, y votaremos a favor de las enmiendas de la Entesa números 23 y 24 porque coinciden con estos argumentos que he planteado.

Para acabar simplemente les diré que no sé si esta va a ser mi última intervención en este Senado —yo espero que no, pero ustedes saben que en esto de la política puede pasar de todo—, pero es posible que no coincidamos con algunos portavoces con los que hemos compartido acuerdos, desacuerdos y debates durante toda esta legislatura.

Muy especialmente, por lo que hace referencia a la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, quiero aprovechar este turno para agradecerles a todos y a todas el trato, la consideración y el respeto que siempre se han tenido con este portavoz. Por lo tanto, quiero darles las gracias. Quiero hacer una mención especial —yo sé que a ella no le gustaría— a la senadora Esmeralda Iranzo, con quien, debido a su responsabilidad en el Grupo Parlamentario Socialista, he mantenido una muy buena relación, así como también con el senador José Cruz Pérez Lapazarán, con quien asimismo he mantenido un diálogo muy fluido.

En cualquier caso, y por lo que se refiere a doña Esmeralda Iranzo, espero que continúe en la brega la próxima legislatura, porque desde un punto de vista personal pero también político no se puede desperdiciar tanto talento, tanta convicción y tanta dedicación a un proyecto, y quiero que así quede recogido en el Diario de Sesiones.

Señorías, muchas gracias por todo. Esta es una buena ley por lo que representa, aunque a nuestro juicio sea mejorable técnicamente pues puede generar dudas en su aplicación, pero insisto en que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió está satisfecho por su aprobación.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador Batlle.

El señor BATLLE FARRÁN: Gracias, señor presidente.

Ante todo mi grupo parlamentario quiere dar la bienvenida a esta Cámara a las señoras que representan a las federaciones de organizaciones de mujeres rurales, así como felicitarlas por esta iniciativa, por esta ley.

Hoy es uno de esos días en los que uno se siente orgulloso por varias razones. En primer lugar, yo me siento orgulloso de mis orígenes. La mayoría de ustedes, y concretamente los miembros de la Comisión de Agricultura, saben que soy cotitular de una explotación agraria, titularidad que comparto con mi señora, y estos orígenes me predisponen a hablar de estos temas con cierta autoridad que no con autoritarismo. Asimismo me siento orgulloso de mi condición de parlamentario porque precisamente en esta tribuna




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puedo defender aquellas cosas en las que he creído siempre, en las que creo firmemente hoy y en las que voy a seguir creyendo siempre, cosas que voy a seguir defendiendo porque forman parte de mi ADN y de mi ser.

Y me enorgullezco también de formar parte de un partido político como el PSC, que en este y en muchos otros casos da soporte al Gobierno, un Gobierno que ha tenido la sensibilidad y la valentía de afrontar una situación que no es otra que la de reconocer con rango de ley el papel preponderante, esencial e imprescindible que ha jugado, juega y jugará la mujer en la agricultura y en el medio rural.

Porque al analizar la ley uno se puede preguntar qué se pretende con ella. Pues en esencia esto es lo que pretende la ley: dar el reconocimiento social que hace años se le debe a la mujer por su aportación a la agricultura y al mantenimiento del medio rural, no les quepa duda de ello. La gente que hemos compartido la titularidad con ellas somos conscientes de lo que ha aportado la mujer a la agricultura y al medio rural: le ha aportado inteligencia, ponderación, mesura y, sobre todo —aparte de bienes—, trabajo, muchísimo trabajo, y eso hay que reconocerlo y es justo que lo haga esta ley.

Y lógicamente hoy me siento también orgulloso de este Gobierno que hoy nos acompaña a través de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de un Gobierno que ha tenido la sensibilidad de materializar esta ley y de buscar los acuerdos necesarios para que se aprobara por unanimidad en el Congreso y para que probablemente se apruebe también por unanimidad hoy en esta Cámara. De hecho la sensibilidad del Gobierno se demuestra en el articulado de la ley, un articulado que seguramente requerirá alguna mejora técnica, pero no se puede negar que con él se hace un reconocimiento entusiasta y efectivo de lo que la realidad social representa hoy, de los derechos de la mujer que deben ser reconocidos y compensados.

Y permítanme que termine esta intervención justificando que un miembro que milita y, por tanto, es activista de Unió de Pagesos no vote a favor de las enmiendas que Unió de Pagesos, a través de Unión de Uniones, ha presentado a este proyecto de ley. ¿Y saben por qué? Porque esto no es discriminar. O sea, la enmienda que plantea que el 180% de la renta de referencia es discriminatorio, con el 120% de la renta en los programas de ayudas o en las ayudas europeas con las explotaciones agrarias prioritarias no es discriminatorio, porque, por esta regla de tres, las explotaciones agrarias prioritarias tienen ventajas que no tienen el resto de explotaciones agrarias, y nadie dijo que las explotaciones agrarias prioritarias tenían y cumplían un concepto de anticonstitucionalidad. Y tampoco es discriminatorio porque las explotaciones agrarias prioritarias tienen ventajas fiscales que el resto de explotaciones no tiene.

En cuanto a los programas de ayudas nacionales y europeos, ¿es discriminatorio o no es discriminatorio el trato que reciben los programas de incorporación de jóvenes, porque los que no son jóvenes no pueden acceder a estos programas? Si cuando se hace una ley y cuando se hace un programa lo que se pretende es incorporar, o se dan beneficios fiscales y se produce discriminación positiva, o, simplemente, el programa no tiene efecto. Y como no tiene efecto, nuestro grupo y el PSC votarán afirmativamente este proyecto de ley, y lo hará…

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.

El señor BATLLE FARRÁN: …además con satisfacción y orgullo.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Iranzo.

La señora IRANZO SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, sin duda, no pensé al inicio de esta legislatura que el final de la misma en materia de medio rural y de igualdad de oportunidades fuera a tener un broche tan espléndido.

Como mujer que habita y que reside en el medio rural, como hija, nieta y bisnieta de una generación de mujeres que han trabajado desde siempre en el campo, no puedo sentirme hoy más orgullosa.

Hoy aprobamos el proyecto de ley sobre titularidad compartida, en el cual han trabajado muchas mujeres a lo largo de muchos años: las organizaciones que hoy nos acompañan, la sensibilidad del Gobierno de España —encabezado por la ministra Rosa Aguilar—, mi portavoz —Carmela Silva, que lleva mucho tiempo en esta brecha—, la senadora Juana Borrego, esta humilde portavoz, pero también el senador José Cruz Pérez Lapazarán —un hombre—, el senador Roig, el senador Bouza. Es un trabajo de




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todos, de todos por el reconocimiento, por la igualdad de oportunidades, por las ganas de todos de hacer visible el trabajo de todas estas mujeres que tanto hacen día a día en el medio rural.

Avanzamos en términos de igualdad, damos un paso más en la seña de identidad de este Gobierno. Las mujeres en el medio rural han tenido un papel que tradicionalmente ha quedado en el medio camino entre ser el soporte de la familia y colaboradoras y trabajadoras incansables —incansables— en nuestras explotaciones familiares. Esto ha derivado en que históricamente nunca hayan visto reconocida —o ha sido muy difícil— la importante, la importantísima función social que han tenido tanto dentro de las explotaciones familiares como en su función de agentes de cohesión social, económica y cultural de nuestro medio rural. Hoy nadie puede negar que para las mujeres que habitan nuestro medio rural trabajar en la familia ha tenido consecuencias profesionales. Con la aprobación de esta ley, esas consecuencias son las que pretendemos subsanar. Es decir, el trabajo realizado en una empresa familiar fortalecía económicamente una bolsa común, cuyo titular era siempre el cabeza de familia. Las mujeres han contribuido siempre de modo fundamental a la marcha del negocio familiar y han tenido en muchísimas ocasiones serias dificultades para obtener remuneraciones personales, derechos sociales e identidad profesional.

Con este proyecto hemos conseguido o pretendemos conseguir —una vez sea ya definitiva su publicación— que el trabajo de estas mujeres en las explotaciones agrarias familiares se conozca como tal y poner punto y final a una situación que venimos viviendo durante todos estos años, en la que, como decíamos, su trabajo ha sido considerado una mera ayuda familiar, aunque se ha desarrollado siempre de manera habitual y diaria. Damos pues, con esta ley, un marco jurídico en consonancia definitivamente con la realidad social que vive nuestro país, para que las mujeres del mundo rural gocen de una igualdad de derechos plena, real y efectiva.

Quisiera destacar una enmienda que nos ha costado mucho esfuerzo, ¿verdad que sí, senadora Borrego?, la enmienda 17, pero que nos enorgullece enormemente a todos, y es, como decía en mi primera intervención, la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social hasta los 50 años. No sé si habrá que explicarle bien al mundo lo que supone esto, pero yo sí sé lo que supone para nosotras.

Quiero finalizar esta que no sé si será mi última intervención o no, dando la gracias -porque es de bien nacido ser agradecido- primero a los señores portavoces de los grupos parlamentarios de los que tanto he aprendido y tanto me han enseñado como el senador Batlle y quiero agradecer la amistad sincera de algunos otros portavoces, y decirles que toda esta buena entente sin duda se ha traducido en que la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca —también por la colaboración del Gobierno que tuvo la mano siempre flexible— haya conseguido alcanzar grandes consensos que se han traducido en beneficios para todo el sector agrario.

Como dice la canción y como dice la película: Ha sido un gran placer. Buenos días y buena suerte. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Borrego.

La señora BORREGO IZQUIERDO: Señor presidente, señorías. Señora ministra, muchas gracias por estar hoy con nosotros.

Creo que merece la pena aprobar una ley por la cual todas las mujeres rurales se verán beneficiadas. En la otra ley no estaba suficientemente ampliada la edad. Al Grupo Popular le hubiera gustado llegar a los 55 años de edad, pero con los 50 años abrimos un abanico que puede llevar, por lo menos, a pensar que los presupuestos se puedan llevar a cabo.

Respecto a las enmiendas de Entesa y CiU, el Grupo Popular ha llegado a una transaccional con CiU, la última vamos a votarla afirmativamente, pero vamos a abstenernos en las otras, igual que haremos con las de Entesa, porque creemos que las enmiendas que proponen no son lo suficientemente claras y, sobre todo, supone una acción positiva para las mujeres.

Nosotros no compartimos la situación de inferioridad que han tenido durante muchos años las mujeres rurales y en estos momentos, ahora que podemos con esta ley, queremos y tenemos el deber de premiarlas en este sentido. Creemos, además, que este proyecto de ley de titularidad compartida de explotaciones agrarias que hoy estamos debatiendo es una reivindicación histórica desde la Directiva comunitaria del año 1986 y que desde siempre han abanderado las ONG de mujeres rurales como la Federación de la Mujer Rural, que me honro presidir, Amfar, Afames, Ceres, la Unión General de Centros de Animación Rural y Fademur. Todas ellas han participado activamente en las reuniones a las que nos




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ha convocado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para poder alumbrar un poquito la ley con el ánimo de mejorarla y adecuar su texto a la realidad del trabajo que vienen desempeñando desde hace muchos siglos las mujeres rurales en las explotaciones agrarias.

Señorías, creo que desde el Senado todos los grupos parlamentarios que representamos el mundo rural de nuestro país debemos sentir la obligación de mejorar la ley. Todos conocemos el problema que hoy día tiene la mujer en el campo. Creemos que su situación ha de mejorar, que se las debe sacar de esa invisibilidad de su trabajo diario en las explotaciones agrarias y ayudarlas en estos momentos. Según las estadísticas, en la actualidad el 82% de las mujeres que trabajan en el campo lo hacen en calidad de cónyuges o de hijas de titulares de la explotación. En la mayoría de los casos, hasta el 71,2 %, en concreto, los titulares son hombres. Y, aproximadamente, un 20% son menores de 40 años. Si ahora podemos ampliar con esta ley hasta la edad de los 50 años, esto supondrá que aproximadamente el 40% de ese 62% restante serían mayores de 40 años.

En este contexto, en el que el trabajo de las mujeres se considera ayuda familiar y que a pesar de trabajar en las explotaciones agrarias no pueden gestionarlas administrativamente ni consolidan ningún derecho si los titulares son solo los cónyuges, debemos apoyar esta ley, fundamentalmente porque en España la mujer siempre ha desempeñado un papel muy importante con su trabajo diario en el campo, ha tenido una labor ardua y dura que jamás ha sido reconocida.

Las titulares de las explotaciones agrarias suman cerca del 30%, son propietarias de la tierra el 9% y habitualmente se trata de explotaciones bastante más pequeñas que las que poseen los hombres. Las otras mujeres, las que no son titulares de explotaciones agrarias pero trabajan en el campo, no tienen propiedades, y muchas son mayores de 40 años. Ya hemos dicho que trabajan en la casa y en el campo, por lo general están casadas, tienen hijos y, por tanto, cargas familiares, y siempre acuden al trabajo de la explotación familiar.

Por eso, creo que en estos momentos podemos estar satisfechos, señorías, porque ya figurarán en las estadísticas, pero sobre todo porque tendrán los derechos propios. Resulta importante la aprobación de la enmienda transaccional a la disposición adicional tercera.

El señor PRESIDENTE: Señoría.

La señora BORREGO IZQUIERDO: Les agradezco su sensibilidad a las mujeres que han trabajado y siguen trabajando en las explotaciones agrarias desde hace tanto tiempo. Tiene que ser una ley para mirar hacia el futuro.

El problema del mundo rural en estos momentos es grave. Tenemos menos agricultores. Las mujeres siempre estamos dispuestas a sacar de los problemas a nuestras familias y estamos dispuestas a poder funcionar cada día mejor para lograr mejor trabajo, mejores posiciones y una mejor agricultura.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego que termine. Ha consumido su tiempo.

La señora BORREGO IZQUIERDO: Un minuto, por favor.

Señorías, al Grupo Popular le ha gustado que se haya producido un efecto positivo y que se haya manifestado gran sensibilidad en esta Cámara para sacar adelante esta ley tan importante y necesaria para las mujeres del medio rural, en la que se busca la equiparación de derechos entre mujeres y hombres, aunque, como he dicho antes, se queda corta en su contenido y desarrollo, puesto que, a nivel funcional y operativo, será difícil de entender para las mujeres que quieran incorporarse.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

La señora BORREGO IZQUIERDO: Termino, señor presidente.

Por último, como esta ley se ha fortalecido con el diálogo y el esfuerzo de todos, solo me queda agradecérselo a todas sus señorías.

Y finalmente quiero decir que, como este será uno de los últimos plenos de la legislatura, a todas sus señorías les deseo mucha suerte. (Aplausos.)

Muchas gracias. (La señora ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Aguilar Rivero, pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Finalizado el debate, me solicita la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.




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Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, permítanme que mis primeras palabras sean para agradecer a las organizaciones de mujeres rurales su presencia hoy aquí, pero también para darles las gracias por su participación activa en esta ley que lo fue desde el primer momento de su redacción, así como por todo el trabajo realizado a lo largo de todos estos años para que llegáramos a un momento -el momento necesario y deseado- de dar respuesta a una reivindicación histórica de las mujeres rurales. Trabajo e ilusión es lo que han puesto todas y cada una de las mujeres que conforman las organizaciones y, por eso, yo quiero darles las gracias sinceras, darles las gracias de corazón.

Pero también, como se pueden imaginar sus señorías, he solicitado la palabra para dar las gracias a todos y cada uno de los grupos parlamentarios, a todas sus señorías, a todos sus señorías, por el trabajo que se ha realizado en el marco del Senado que tiene una seña de identidad: la del diálogo, la del consenso y la del acuerdo, que es como mejor se sirve y se responde a las ciudadanas y a los ciudadanos -en este caso, a las mujeres rurales-, dándoles una respuesta clave, esencial y fundamental en términos de igualdad. Y también quiero darles las gracias, cómo no, por sus aportaciones a la ley que hemos propuesto y por el trabajo bien hecho en el marco del Senado.

Me gustaría compartir con todas y con todos ustedes este momento en el que damos un paso decisivo, un paso determinante en términos de igualdad. El Gobierno de España ha hecho una apuesta clara y decidida por las políticas de igualdad y no podía quedar atrás el medio rural. Por tanto, hoy lo que hacemos es dar ese paso necesario y justo en términos de igualdad en el ámbito de la agricultura, en el mundo rural; un paso determinante para la visibilidad de las mujeres en las explotaciones agrarias familiares, que a lo largo del tiempo, históricamente, han venido trabajando de manera habitual en ellas pero que no han tenido visibilidad. Se consideraba que el trabajo que las mujeres desarrollaban en las explotaciones agrarias familiares era complementar el trabajo fundamental, principal y esencial, que era el del hombre y, por otra parte, se consideraba el trabajo en el ámbito de ayuda familiar, cuando de lo que se trataba era de una jornada laboral en el marco de la titularidad compartida y la mujer trabajaba a la par que el hombre. También teníamos una realidad que pone de manifiesto que no se hacía visible el trabajo que las mujeres desarrollaban, y es que más del 70% de los titulares de las explotaciones agrarias familiares eran hombres. En ese sentido también es un porcentaje superado a la hora de tener la representación en responsabilidades en el ámbito agrario, en el ámbito de las cooperativas y en todos los ámbitos del mundo rural.

Por lo tanto, con esta ley lo que hacemos es labrar juntos un nuevo tiempo, un nuevo futuro para las mujeres en el ámbito de la agricultura, de la titularidad compartida, y no solo hacerlas visibles, sino hacerlas en términos de igualdad, protagonistas de ese futuro que juntas y juntos hemos de ganar. Por tanto, señorías, muchas gracias por su esfuerzo, por su trabajo, por el consenso alcanzado, y gracias a todas y cada una de las mujeres de las organizaciones que han puesto pasión, ilusión y corazón, que es como las cosas salen bien, como ha salido la ley de titularidad compartida.

Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

En primer lugar, votaremos las enmiendas de Convergència i Unió números 19, 20 y 21.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 9; en contra, 121; abstenciones, 122.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación de la enmienda número 22, también de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 252.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas números 23 y 24, de Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 14; en contra, 116; abstenciones, 121.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 4, 5 y 9, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 251; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda número 2 del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 131; en contra, 121.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 1, 3, 6, 8 y 10 del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 120; en contra, 128.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 11 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 130; en contra, 121.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda 12 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 250.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas 13, 14 y 15 del Grupo Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 136; en contra, 116.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos la propuesta de modificación sobre la enmienda 18 de Convergència i Unió con el número 68734.

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)

Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación sobre la enmienda 16 del Grupo Parlamentario Popular con el número 68735.

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)

Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación sobre la enmienda 17 del Grupo Parlamentario Popular con el 68736.

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)

Queda aprobada.

A continuación votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 251.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Prolongados aplausos.)

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, daremos traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M.el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE SALUD PÚBLICA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000117)

(Núm. exp. C.D. 121/000115)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos, a continuación, a debatir el dictamen de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo en relación con el Proyecto de Ley General de Salud Pública.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Esquerda. (Rumores.)

Silencio, señorías, o abandonen el hemiciclo.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 3 de agosto del 2011, siendo publicado ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el día 5 de septiembre, ampliándose posteriormente al 7 de septiembre. Durante dicho plazo se presentaron 127 enmiendas por los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas, enmienda 1; Catalán en el Senado de Convergència i Unió, enmiendas 32 a 34; Entesa Catalana de Progrés, enmiendas 35 a 127, y Popular, enmiendas 2 a 31.

La comisión se reunió el día 8 de septiembre para dictaminar el proyecto de ley, sin que el texto que se convirtió en dictamen de la comisión sufriera variaciones.

El dictamen de la comisión, junto con los votos particulares presentados, ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 14 de septiembre de 2011.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

A continuación, pasamos al turno de defensa de las enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Hay una enmienda transaccional que corresponde a nuestra enmienda número 1, que es la única que mi grupo ha presentado. En consecuencia, no procede su defensa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gracias, señor presidente.

Señorías, llevamos casi tres años hablando de la Ley estatal de Salud Pública, por la necesidad y la importancia para el futuro sanitario de este país de elaborar una ley consensuada, y también porque, como ustedes saben perfectamente, se han producido emergencias sanitarias que así lo requerían.

Asimismo, en la redacción de esta ley debíamos tener en cuenta que la salud pública fue una de las primeras transferencias realizadas a las distintas comunidades autónomas, posiblemente debido a su escaso nivel económico y porque era fácil hacerlo. Sin embargo, las atribuciones de la sanidad pública, que quiero recordar que no tienen nada que ver con la sanidad asistencial, se han ido transfiriendo a estas comunidades, cada una de las cuales evidentemente ha elaborado su legislación oportuna.

Del mismo modo, a pesar de las transferencias, en algunos casos, hay unos determinantes de salud cuya modificación solo puede llevarse a cabo desde el ámbito estatal, incluso deberían hacerse desde el




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ámbito europeo, especialmente porque, como ustedes saben y repito, se han producido crisis sanitarias y alimentarias, algunas reales y otras no tanto, objetivo de la ley que nos ocupa.

La salud pública está compuesta —me lo han oído decir en muchas ocasiones desde esta tribuna— por las tres pes: prevención, protección y promoción de la salud. Pero en las últimas décadas, posiblemente por la influencia de brotes epidémicos y alimentarios, se ha producido una gran sensibilización en la población sobre esta cuestión; además, ha quedado demostrado científicamente, sin ningún lugar a dudas, que la prevención es altamente rentable y, como es lógico, es una de las partes importantes de la ley.

Señorías, voy a hablar de las tres enmiendas que hemos presentado, y me referiré en primer lugar al calendario. Como ustedes saben, la que les habla es una defensora a ultranza de un mismo calendario para todas las comunidades, es absurdo tener diecisiete calendarios distintos sobre las mismas vacunas, porque podría ocurrir que los padres o abuelos de un niño vivieran en comunidades distintas y, por tanto, incumpliera ambos calendarios.

Pero, señorías, un calendario coordinado no quiere decir un calendario único, que es a lo que se refiere nuestra enmienda. Tenemos un Estado con distintos climas, distintas poblaciones y es lógico que, en el caso de que fuera posible presupuestariamente, algunas comunidades pudieran incorporar nuevas vacunas.

Otra de nuestras enmiendas se refiere a la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública, que ha sido transaccionada con las distintas fuerzas políticas, porque cada una había presentado una enmienda similar.

Por último, en la enmienda número 34 añadimos una letra k) que recoge la prevención y la detección precoz de enfermedades raras, así como el apoyo a sus afectados y familiares.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego termine.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Termino, señor presidente.

Señorías, la detección precoz y las investigaciones y apoyos a familiares de enfermedades raras ha sido una de las prioridades de esta Cámara. Ha habido ponencias, resoluciones, se han presentado mociones, etcétera, cuyas aportaciones a esta ley deberían ser contempladas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado 93 enmiendas al proyecto de ley general de salud pública, de las cuales las números 79, 80, 81, 92, 93 y 103 quedan retiradas porque consideramos que ya fueron incluidas en el texto del proyecto de ley en su trámite en el Congreso, y no comprendemos cómo no se incluyó esa circunstancia en la ponencia.

También vamos a retirar algunas enmiendas porque, a pesar de los esfuerzos realizados, no encontramos apoyos por parte de otros grupos parlamentarios de la Cámara, y por tal circunstancia, y habida cuenta del apretado programa que tenemos en el día de hoy, hemos optado por esta posibilidad que agilizará la sesión. Estas enmiendas son las siguientes: las números 35 a 78; las números 82, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 105, 106, 116, 117 y 122.

Las enmiendas que mantenemos las he agrupado por materias para una mayor comprensión. Así, entendemos que en cuestión de salud pública el principio de precaución es fundamental porque, ante una pequeña posibilidad de aparición de cualquier problema, es fundamental prestar la máxima alerta, y para ello presentamos un grupo de enmiendas que afectan a varios artículos y que mejoran esta precaución. Son las enmiendas números 83, 84, 101, 119 y 120, que afectan respectivamente a los artículos 10, 11, 28.2, disposición final primera, y 3.d).

La enmienda número 102 añade al artículo 32 una serie de actuaciones en el ámbito de la salud laboral. Incorporamos un nuevo apartado al artículo 43, enmienda número 104, para que se puedan presentar alegaciones por parte de cualquier interesado a la estrategia de salud pública.

La enmienda número 118 formula una nueva disposición transitoria para presentar un proyecto de ley de prevención y reducción de la contaminación electromagnética.




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La enmienda número 98, que afecta al artículo 27.2, garantiza que se puedan consultar los análisis de los riesgos para la salud.

Mediante la enmienda número 88 proponemos también añadir un nuevo artículo, a continuación del artículo 14, para dotar de recursos suficientes, humanos, materiales, presupuestarios, e infraestructuras, a la salud pública.

Las enmiendas números 85, 94, 99, 100, y 121, que afectan respectivamente a los artículos 13.3, 22.1.g), 27, también con un nuevo apartado, y 12.3, matizan cómo han de ser realizados los estudios epidemiológicos y la coordinación de la vigilancia epidemiológica.

Las enmiendas números 107 a 115 pretenden endurecer la calificación de las infracciones cometidas en salud publica, incrementar sus sanciones, alargar los plazos de prescripción, y crear un registro público de infracciones.

Las enmiendas números 123, 124, 125 y 127, todas ellas modificadoras de la disposición adicional sexta, relativa a la extensión del derecho de la asistencia sanitaria pública, modifican el tercer punto para proporcionar la universalización de la sanidad pública también a los profesionales liberales, a los que se limita en dicho punto.

Finalmente, la enmienda número 126 añade una nueva disposición adicional con objeto de considerar una nueva profesión sanitaria titulada y regulada, denominada psicólogo general sanitario, de nivel licenciado o graduado.

Para todas estas enmiendas, señorías, pedimos su voto favorable porque mejoran todas ellas y de forma sustancial este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNARRIZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Subo a esta tribuna para defender las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Senado a esta ley de salud pública y para posicionarnos sobre el resto de enmiendas presentadas por otros grupos políticos.

En primer lugar, quiero manifestar que retiramos la enmienda número 18 porque por un problema técnico quedaría solapada con la número 19.

En cuanto a las enmiendas de los demás grupos, he de señalar que, tanto el Grupo de Senadores Nacionalistas, el Grupo Parlamentario Popular, como el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, coincidíamos en una enmienda que finalmente ha sido transaccionada, de lo cual nos alegramos.

La enmienda de la Entesa número 126, que también ha sido transaccionada, cuenta con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.

Votaremos afirmativamente la enmienda número 34 de Convergència i Unió que se refiere a enfermedades raras, tema que ha sido muy trabajado y muy consensuado en esta Cámara, pues por iniciativa de este grupo político se elaboró en la anterior legislatura una magnífica ponencia. Quiero dar las gracias a todos los grupos políticos, pero muy especialmente a mi compañero de grupo, Ignacio Burgos, por el empeño y el entusiasmo que ha puesto en enfermedades raras. Agradecemos a Convergència i Unió que haga esta alusión en esta ley tan importante para enfermedades raras. Recibirá todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño.

Votaremos favorablemente las enmiendas números 84 y 88 de Entesa. La primera habla de habilitar recursos suficientes materiales y humanos para llevar a cabo la Ley de Salud Pública. La otra habla de imparcialidad y es coincidente con una de nuestras enmiendas.

Una vez mostrada nuestra postura sobre el resto de las enmiendas vamos a hablar del posicionamiento del Grupo Popular. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado considera que esta ley es necesaria y oportuna, pero lamenta que se apruebe de la forma en que se aprueba porque nuevamente el Gobierno socialista demuestra una vez más que muchas palabras y pocos hechos porque a la hora de la verdad hay poco compromiso con la salud pública, algo tan importante para el bienestar de nuestros ciudadanos.

Siempre hablan de consenso, pero también siempre dejan fuera de él al Partido Popular. Es algo que lamentamos profundamente porque la voz del Partido Popular no solamente es la voz de esta portavoz en este momento o de los miembros que estamos aquí representados, ni tan siquiera de los afiliados del




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Partido Popular; es la voz de millones de ciudadanos españoles a los que nosotros aquí representamos. Por tanto, lamentamos que esa voz siempre quiera ser ignorada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Mantenemos vivas 29 enmiendas. Me voy a referir a ellas también por bloques. Hay un grupo de enmiendas que se refieren a la necesidad de que haya una adecuada información en salud pública. La información en salud pública, desde nuestro punto de vista, debe ser veraz, debe tener garantías y debe ser fluida en todos los procesos para que cuando haya algún tipo de riesgo para la salud, como en caso de vacunaciones, pandemias o epidemias, no ocurra lo que ha ocurrido durante este Gobierno socialista, porque realmente ha habido informaciones o desinformaciones que han traído alarmas innecesarias a la población y que ocasionan unos riesgos tremendos no solamente para la seguridad que tienen depositada los ciudadanos en el Gobierno, sino también riesgos económicos importantes para determinados sectores, como ha ocurrido hace poco con la famosa crisis del pepino.

A la hora de dar esta información, es necesario también contar con sociedades científicas, con cooperaciones y con agentes sociales, pero siempre que se garantice plenamente la imparcialidad de estas cooperaciones o de estas entidades y que no entren en conflicto de intereses cuando tienen que hacer comunicados en materia de salud pública. Esta es otra de las enmiendas que recogemos. Y cómo no, se debe adaptar a los criterios de la OMS y de la Unión Europea.

Estas enmiendas no van a ser apoyadas por el Grupo Parlamentario Socialista, pero tendrán que explicar por qué, qué tienen de malo, por qué son nocivas o por qué no creen que enriquezcan esta Ley de Salud Pública.

La enmienda número 19 habla de la participación de todas las oficinas de farmacia. Tenemos en concreto el respaldo del Grupo de Convergència i Unió y de los organismos colegiales. La salud pública es transversal y entran a formar parte de ella muchos profesionales sanitarios, también los farmacéuticos, cómo no, los veterinarios y otros muchos. Todas las oficinas de farmacia, por pequeñas que sean, en el medio rural, en el que yo me muevo habitualmente, tienen una importancia transcendental para ser también vehículos de comunicación y para velar por la salud pública.

En la enmienda 28 recogemos no solo —como dice la ley— el deber que tienen los profesionales sanitarios de formarse, sino el derecho que tienen a recibir por parte del Gobierno una formación continuada.

En la enmienda número 11 hablamos de la vigilancia epidemiológica, pues es imprescindible que se garantice que todos los estamentos de los servicios nacionales de salud formen parte de ello y que haya una coordinación en atención primaria especializada y en hospitales.

En la enmienda número 26 hablamos de algo importantísimo desde nuestro punto de vista. Como decimos que la salud pública es totalmente transversal, las políticas también deben serlo. Por ello, debe haber una comisión interministerial porque la salud pública trasciende a todos los ministerios, a Trabajo, a Educación, a Igualdad, a todos ellos. Por tanto, para que haya una coordinación y no una descoordinación, como he manifestado anteriormente, es imprescindible la creación de esta comisión.

Entendemos que es necesario crear un plan nacional de enfermedades nosocomiales, que son aquellas que adquiere un paciente cuando está ingresado en cualquier centro de salud, hospitalario o no, y que también son un riesgo para los profesionales que trabajan en ese centro. Es una realidad que está recogida en los países de nuestro entorno europeo y no entendemos por qué esa negativa a enriquecer esta ley con este plan especial de enfermedades nosocomiales.

Lo mismo ocurre con el centro de referencia de enfermedades profesionales. Ya hemos recibido el apoyo de dos grupos políticos, y lo agradecemos, CiU y Entesa Catalana de Progrés y esperamos recibir el apoyo de otros grupos. Pensamos que el Gobierno debe ser consciente de que esta es también una realidad cada vez más manifiesta y que es necesario abordarla en esta importante ley.

Hablamos de planes y no de estrategias. Es algo que no gusta nada al Grupo Socialista ni al Gobierno, porque el plan nacional, en el que tenemos muchísimas iniciativas en esta legislatura y en la anterior, es mucho más ambicioso y mucho más comprometido para el Gobierno que una estrategia. La estrategia forma parte de un plan. El plan nacional es el que realmente compromete al Gobierno, tanto presupuestariamente como en estrategias, y esta sería una muestra más de descompromiso por parte del Gobierno socialista.

Ley de cohesión. Con una disposición derogatoria, quieren acabar con un artículo que es mucho menos ambicioso que la Ley de cohesión, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. Pero nosotros vamos a más y no a menos, como este Gobierno socialista.




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Quería referirme a una serie de enmiendas que son trascendentales y que hablan de carteras de servicios comunes para todos los españoles y para todas las comunidades autónomas, así como de calendario vacunal único. Han sido muchísimas las iniciativas del Grupo Popular. Siempre han sido rechazadas por parte del Grupo Socialista. Ahora hablan de un calendario único y de una cartera de servicios, pero poquito, como nos tienen acostumbrados.

Es una ley de salud pública de mínimos. Nosotros ambicionamos una ley de salud pública como merecemos y que sea ambiciosa, en la que se recoja una cartera de servicios común para todos. No va a entender ningún ciudadano, vote a quien vote, por qué un español que vive en una determinada comunidad autónoma tiene derecho a un programa de salud bucodental hasta los 16 años y en otra comunidad no; nadie va a entender por qué en unas comunidades hay programas de prevención tan importantes como unas pruebas preventivas para el cáncer, por ejemplo colorrectal, y en otras comunidades no; nadie entiende por qué un médico de una comunidad de atención primaria puede solicitar una ecografía o una mamografía desde su centro de salud y de otra no.

Respetando profundamente las autonomías, como las respeta el Partido Popular, creemos que esto es una desigualdad y una injusticia a la que hay que poner freno y el momento de hacerlo es ahora en esta ley de salud pública, con una cartera de servicios común comprometida y donde haya una serie de prestaciones comunes que queden escritas y no como quedan en esta ley de salud pública, sin compromiso veraz por parte del Gobierno socialista.

Con el calendario vacunal pasa lo mismo. Incluyen el calendario vacunal único en esta ley, pero también por mínimos. No, nosotros pedimos que haya un calendario vacunal único, que sea la comisión nacional de vacunación la que incluya las vacunas, la que decida cuáles son las dosificaciones y las franjas de edad y que, además, sea revisado y actualizado periódicamente. Eso es lo que pide el Partido Popular porque entiende que es bueno para todos.

Lo mismo pide con la cartera de servicios. La salud pública se basa en muchos pilares y uno de los pilares fundamentales es la prevención. Vacunas y planes de prevención son fundamentales para la salud de nuestros pacientes. Además, tal y como está ahora mismo el sistema sanitario, con un problema de sostenibilidad financiera tremendo, también es importante que apostemos por la prevención porque irá en beneficio de todos, no solamente de nuestra salud, sino también de la sostenibilidad del sistema sanitario.

Esto es lo que nosotros pedimos. Ustedes, el Grupo Socialista, al que me dirijo expresamente, hace poco han votado en contra de una moción que presentó el Grupo Popular para el calendario vacunal único. Ustedes llevan siete años hablando y presumiendo de una ley de salud pública. Cada vez que alguna iniciativa de este grupo hablaba de algún problema de salud pública nos remitían a esa ley que estaban ustedes elaborando.

¿Qué ocurre? Que después de siete años otra vez vamos a lo mismo. Es la muestra de todo lo que ha ocurrido en estos siete años. Ustedes nos prometían una ley de salud pública y, mientras tanto, ¿qué hacían? Con sus obras se demuestran sus hechos. Al final todos los Presupuestos Generales del Estado, todos y cada uno de ellos desde que gobierna el Partido Socialista en España han ido rebajando las partidas para salud pública, sanidad exterior, todas, incluso educación de la salud, algo que ustedes han olvidado durante estos siete años de gobierno. Ahora tienen la oportunidad de enmendarlo y de recogerlo en esta ley de salud pública con un compromiso, como digo, veraz y real para todos los ciudadanos, pero vuelven otra vez a lo mismo.

Lamento que no esté aquí la ministra de Sanidad, pero debo decir que nosotros no creemos que se trate de aprobar una ley por aprobarla. Entendemos que estamos al final de una legislatura, que se han adelantado las elecciones, que han entrado prisas y que después de siete años hemos querido hacer deprisa y corriendo una ley de salud pública que realmente no es la que merecen los españoles, y para muestra lo que ha ocurrido durante estos siete años. Lo lamentamos. Pensamos que esta ley es importante, es necesaria, pero podría haber sido buena, y desde el Partido Popular entendemos que no lo es por no escuchar. Creo que hay una obsesión por parte del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno que le obceca y que consiste en no querer escuchar la voz del Partido Popular, y termino como empecé, diciendo que esa voz del Partido Popular es la voz de muchos ciudadanos a los que ustedes tendrán que dar explicaciones.

Ruego, por favor, en este último intento que hagan un análisis de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular y que las rebatan diciendo por qué son malas, por qué no benefician a la salud pública y en qué se basan ustedes para rechazarlas. No puede ser y no me puedo creer que solamente se basen en el rechazo al Partido Popular porque eso sería de todo punto injustificado.




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Como es la última intervención en la que me puedo dirigir a todos los miembros de la Comisión de Sanidad, quiero decir que ha habido debates como este, en el que no estamos de acuerdo, pero todos han sido enriquecedores y por encima de todo quedan las personas. A todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Sanidad les quiero mostrar mi cariño, mi respeto, mi afecto, desearles lo mejor y, cómo no, a nuestra letrada Maribel que ha hecho una magnífica labor, así como a todos aquellos trabajadores de la Cámara que desde la oscuridad han hecho posible que esta Comisión de Sanidad haya funcionado correctamente.

Muchas gracias. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra la portavoz socialista, señora Maestre.

La señora MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO: Gracias, señor presidente.

Voy a hacer uso del turno en contra para explicar la posición del Grupo Parlamentario Socialista con respecto al conjunto de las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios.

Efectivamente, este es el último proyecto de ley que vamos a llevar a la consideración del Pleno desde la Comisión de Sanidad y Política Social del Senado antes de la disolución de las Cámaras, y es verdad que se ha tramitado por la vía rápida, por el procedimiento de urgencia, pero esto no significa que no se haya trabajado en el proyecto de ley. Es cierto que durante un largo período de tiempo han sido muchas las jornadas de trabajo, las reuniones parlamentarias, pero especialmente las iniciativas que han llevado a ofrecer un anteproyecto de ley en su momento y un proyecto de ley en la actualidad que nace precisamente del trabajo conjunto de muchísimas organizaciones que han trabajado en la elaboración de esta ley de salud pública. Por lo tanto, aunque sí es cierto y tenemos que reconocer que el trámite del Senado ha sido muy rápido, también es cierto que en la elaboración previa ha habido una amplia participación de los sectores sanitarios y sociales implicados en la elaboración de esta ley de salud pública.

La verdad es que por lo menos el Grupo Parlamentario Socialista puede decir que se siente enormemente satisfecho, porque, aunque este trámite último en el Senado ha sido rápido, podemos decir que se ha trabajado bien y que en la medida de lo posible hemos hecho grandes esfuerzos para que entre todos los grupos pudiéramos impregnar a esta ley del mayor consenso. Ante todo, y esto es lo más importante, la ley ha salido en esta legislatura porque era un compromiso que tenía el Gobierno, un compromiso en el que se ha volcado especialmente la ministra Leire Pajín y que vamos a conseguir que entre unos y otros trabajamos y rememos para que antes de la disolución de las Cortes podamos estar todos aquí debatiendo una ley que entendemos que es muy importante para el ámbito de la sanidad. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

Y, señora Aragón, no hace falta que entre ahora a rebatirle absolutamente todos los comentarios que usted ha hecho, pero es verdad que este ha sido uno de los más empleados con los tres ministros que han acudido a la Comisión de Sanidad y Política Social en los últimos cuatro años. Ustedes siempre han empleado el argumento de la no comparecencia, cuando es totalmente inexacto. No recuerdo de memoria el tiempo que lleva la ministra Pajín ejerciendo como primera responsable de la cartera de Sanidad, pero las cifras hablan por sí mismas: ha sido sometida a 8 comparecencias en las comisiones del Senado, a 17 interpelaciones y a 70 preguntas orales. Repito que las cifras hablan por sí mismas teniendo en cuenta que hace dos legislaturas, cuando gobernaba el Partido Popular, la ministra Ana Pastor, la última ministra que ustedes tuvieron, solo acudió en una ocasión a esta Cámara. Por tanto, no tienen ustedes autoridad moral para decir que los ministros no comparecen. Por cierto, una cuestión de agenda ha impedido que la ministra de Sanidad haya acudido a presentar esta iniciativa, pero la realidad es que si estamos debatiendo muchos aspectos importantes de esta ley y si la tramitación parlamentaria ha sido agilizada para cumplir con la tramitación de este proyecto de ley antes de la disolución de las Cortes, ha sido precisamente porque la ministra y el Gobierno se han empeñado en que salga adelante este importante proyecto de ley. Porque es cierto que en los últimos años se ha trabajado de forma muy profunda para desarrollar iniciativas legislativas que mejoraran la asistencia sanitaria de nuestro país. Hace poco hemos celebrado el XXV aniversario de la Ley General de Sanidad, y es cierto que un Gobierno socialista, igual que en esta ocasión, va a avanzar en la ley de salud pública. Y hemos de reconocer también que ha habido otros avances legislativos como la ley de calidad y cohesión sanitaria. Pero es cierto también que se dejaba un poco de lado la otra concepción de la sanidad que se contiene en este proyecto de ley, la orientada a la




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prevención y promoción de la salud, que es otra manera de ahondar en el derecho constitucional a la salud, además de que dicho proyecto tiene efectos en cuestiones de sostenibilidad. Es decir, el trabajar en la promoción y prevención de la salud va a repercutir directamente en el ámbito sanitario a efectos de prevenir enfermedades y contribuir a esa sostenibilidad.

Y, aunque la señora Aragón en su alocución ha hecho mención de la carencia de iniciativas, esa manifestación vuelve a quedar en evidencia a causa de los datos. En esta legislatura concretamente, y también en la anterior, hemos llevado a cabo importantes iniciativas legislativas que tenían que ver con la salud pública, Ley de medidas de prevención del tabaco -salud pública- o la Ley de Seguridad Alimentaria, es decir, lucha contra la obesidad, prevención de la hipertensión, etcétera. Sabemos, por tanto, que nos avala el trabajo que hemos hecho, del que estamos muy satisfechos, como lo estamos también de que en la recta final de esta legislatura podamos trabajar en este sentido para consolidar aún más el derecho a la salud de los ciudadanos.

Había muchos aspectos sobre los que teníamos que legislar, pero yo voy a ir a uno de los que considero más importantes. Dentro de esta iniciativa legislativa había aspectos a los que queríamos hacer frente, y respecto de los cuales tanto el Gobierno como el Grupo Parlamentario Socialista estaban volcados en resolver, por ejemplo, el tema de la universalización de las prestaciones sanitarias y acceso a la asistencia sanitaria. Y es que aunque parezca increíble a estas alturas, todavía había ciudadanos que se quedaban fuera del sistema, en concreto parados que habían agotado ya sus prestaciones y el subsidio y algunos colegios profesionales que se acogían a las mutualidades, autónomos y profesionales por cuenta propia. Nosotros entendíamos que teníamos que trabajar para que podamos decir definitivamente con todas las de la ley que nuestro sistema sanitario es universal y equitativo, uno de los aspectos en el que más hemos trabajado. Por eso, en cuanto al conjunto de enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios —el Grupo Parlamentario Socialista no ha presentado ninguna— todas coinciden en el aspecto de la universalización. Hemos querido volcarnos para que entre todos pudiésemos sacar un texto conjunto en el que generáramos un proceso paulatino de incorporación a este sistema en la forma más responsable posible teniendo en cuenta la situación económica en que nos encontramos. Partimos del hecho de que nosotros consideramos que debe ser prioritario que los parados entren a formar parte cuanto antes de este sistema con pleno derecho, por eso el texto que viene del Congreso inicialmente contempla la incorporación a partir del 1 de enero del año 2012. Y el fondo que subyace en esta enmienda transaccional en la que estamos trabajando —y no tengo ningún inconveniente en sentarnos y volverla a revisar porque a última hora he notado en algunos portavoces una especie de titubeo o de dudas con respecto a la redacción de la misma— es que podamos hacer una incorporación progresiva, reglamentariamente hablando, en el marco de los seis próximos meses.

Hay otra enmienda que consideramos muy importante y que también nace de ese compromiso que hemos expresado, que llevamos a cabo con la Ley de Economía Sostenible pero que quedaba pendiente, y entendíamos que antes de terminar la legislatura teníamos que cumplir nuestra palabra. Nosotros sí queremos cumplir nuestra palabra y además lo queremos hacer dejando bien configurado lo que va a ser el futuro de una profesión que entendíamos que estaba sin regular, que realmente estaba sin regular, y han sido precisamente los representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España los que así nos lo han traslado. El senador de Esquerra Republicana de la Entesa Catalana de Progrés lo ha incorporado y nosotros también lo recogemos en una enmienda transaccional orientada a regular el período transitorio hasta que pueda llevarse a cabo la incorporación real acompañada por ese recorrido curricular en el ámbito formativo para aquellos psicólogos que desean especializarse en el ámbito sanitario.

Por lo tanto, estamos muy satisfechos porque damos un paso adelante en la consolidación del sistema sanitario de salud, porque teníamos que trabajar ya no solo en esa vertiente asistencial sino también en la de la prevención y la promoción de la salud y porque, ante todo, hemos aprovechado, primero, para cumplir nuestra palabra y seguir avanzando hacia adelante y, segundo, para cubrir esas deficiencias —entre comillas— que habíamos considerado importante incorporar en esta iniciativa legislativa. Señorías, espero que esas transaccionales salgan adelante definitivamente.

Y respecto al resto de las enmiendas, tengo que decir que la mayoría ya han sido debatidas, de hecho buena parte, un amplísimo porcentaje, el 95%, de las enmiendas presentadas son las mismas que presentaron en el Congreso e incluso algunas nacen de una transaccional, es decir, vuelven a enmendar transaccionales que hemos aprobado con ustedes, tanto con el Partido Popular como con ICV, Izquierda Unida en el Congreso, y otros grupos parlamentarios como Convergència i Unió, con los que hemos




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sacado adelante importantes textos transaccionales. Damos por sentado que nuestra posición es de rechazo teniendo en cuenta, repito, que muchas de esas enmiendas son reiterativas. Deduzco que serán retiradas.

Al resto de las enmiendas votaremos desfavorablemente.

Nada más, señor presidente, muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Aleixandre.

La señora ALEIXANDRE I CERAROLS: Gràcies, senyor president.

Señorías, yo continúo en el punto que dejé en mi intervención anterior, donde decía que científicamente ha quedado demostrado que la prevención es altamente rentable, y aunque en situaciones económicas como la actual parezca que la prevención es algo baladí, no lo es y científicamente, como decía, está totalmente demostrado. Por lo tanto, que esta ley recoja la prevención es importante.

La ley además pide un esfuerzo a la población en general de forma totalmente distinta a lo que se había hecho hasta ahora. Por primera vez la ley contempla no solo derechos, sino también deberes de los ciudadanos para consigo mismos y para con la sociedad en general. El deber de colaboración, así como la obligación de abstenerse de dificultar o impedir la ejecución de una serie de trámites, el deber —y es importante, repito, que las leyes contemplen también deberes— de comunicar cuantos hechos y circunstancias puedan constituir riesgo para la salud colectiva, demuestran que el egoísmo no tiene lugar en la ley.

Otro punto importante es la vigilancia, fundamental en la salud pública, tanto para la seguridad alimentaria —que todos lo tenemos suficientemente claro, supongo— como para enfermedades transmisibles, también las laborales, que se incorporan, o relacionadas con los medios de comunicación físicos, audiovisuales y sus asociados.

Señorías, a pesar de que el Congreso introdujo, gracias a nuestras aportaciones, a las de otros grupos parlamentarios y al buen hacer del ministerio, una serie de modificaciones que creíamos oportunas en ese momento, hemos presentado —como he dicho antes— unas enmiendas a esta ley. Y, me gustaría insistir en una, entre otras cosas, porque el Grupo Popular también ha hecho alusión a ella. Estoy hablando del calendario vacunal único. Nosotros eliminamos lo de único porque queríamos un calendario vacunal coordinado, sin embargo, ustedes lo quieren básico y obligatorio. Es absurdo que las vacunas básicas tengan tramos distintos en su aplicación según la comunidad. Es totalmente ridículo. A los tres meses, a los seis meses, al año y medio… ¡Por favor, seamos serios! Esto tendría que haberlo solucionado el ministerio.

Además, parte del territorio de nuestro país está prácticamente en África. Ceuta y Melilla son África. Las condiciones climatológicas de las islas Canarias son tropicales. Y al revés. Tenemos zonas totalmente continentales y climas suaves como el mediterráneo, con poblaciones absolutamente distintas. ¿Por qué una comunidad autónoma no puede incorporar una vacuna en un momento determinado si desde el punto de vista presupuestario —muchas veces se olvida esto— sí puede?

Yo creo que sería importante que aunque no la incorporara toda la sociedad estatal, o las distintas comunidades autónomas, una comunidad autónoma pudiera hacerlo perfectamente. De aquí nuestro calendario básico y obligatorio, pero no único. Les pedimos al Grupo Popular e, incluso, al Grupo Socialista que se lo planteen porque creemos que un calendario único es malo. Ustedes, que tantas veces hablan de diversidad, esta vez se olvidan de ella.

En cuanto a las demás enmiendas, agradecemos que apoyen la de las enfermedades raras y, respecto a los demás grupos, estamos de acuerdo en las correcciones del artículo 44. Votaremos a favor de las enmiendas 7 y 8 del Grupo Popular porque son prácticamente técnicas, así como de la 9 sobre la declaración reglamentaria de intereses.

En cuanto a la coordinación entre la atención primaria y la oficina de farmacia, señorías, esta que les habla es una defensora de que los tres puntales de la salud pública son los tres primaristas: el médico, la enfermera primarista y la farmacia. Con seguridad, toda la población pasa por ellos y es donde se puede




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ejercer no ya el control, pero sí llegar a la población con los distintos mensajes. En ese sentido, estamos de acuerdo con ustedes, así como en cuanto a los centros de referencia.

Nos abstendremos en algunas actuaciones, factores, en el ámbito de actuación de las guarderías o, incluso, en cuanto a la Comisión Interministerial, porque creemos que debería haber sido consensuada.

En cuanto a la Entesa, votaremos a favor de los grupos poblacionales y de contrastar la información recibida. Creemos que es importante que se contraste con las sociedades científicas, que se incorpore en la redacción estatal o autonómica, que las consultas tengan su protección de datos y que se establezcan comunicaciones previas obligatorias. Respecto a las demás que hayan quedado vivas votaremos en contra.

También votaremos a favor de la enmienda 126, que es la incorporación de los psicólogos. Este es un tema que no tiene nada que ver con la ley, pero, últimamente, cada vez que tenemos una ley acabamos tapando agujeros o errores de otras leyes. No obstante, creemos que es de justicia y, por eso, votaremos a favor.

No votaremos a favor de la transaccional conjunta y hemos solicitado que se retire, porque no es lo que habíamos pedido. El texto decía que a partir del 1 de enero de 2012 y entendemos que, actualmente, los condicionantes económicos pueden hacer que se tenga que retrasar, pero una cosa es retrasar y otra que se reglamente su incorporación, que es lo que pone en la transaccional, algo con lo que no estamos de acuerdo.

Por último, señorías, quisiera decir unas palabras antes de terminar. Quizá sea esta mi última intervención en la Cámara. Después de ocho años de luchar con ustedes, a su lado, o, muchas veces, en contra, me gustaría decirles que ha sido un placer trabajar con ustedes. Hemos discrepado, hemos estado de acuerdo y creo que hemos trabajado mucho y bien, aunque no siempre se nos reconoce, porque a veces trabajar en silencio, de la forma en que lo hacemos, no es bonito que se refleje en los medios de comunicación. Pero lo hacemos.

Señorías, todo ha sido gracias a su responsabilidad, a su buen hacer y también a la paciencia de todos, especialmente, de los servicios de la Cámara. Hablo deprisa y, a veces, salpico palabras técnicas difícilmente reconocibles. Gracias, señor presidente, por su paciencia, pues también a veces me paso de tiempo y, muy especialmente, gracias a todos, ha sido un honor trabajar con ustedes. Les deseo toda clase de felicidad y de éxitos económicos, personales, profesionales y, si nos encontramos, hasta la próxima. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, creo que todos debemos felicitarnos por la aprobación hoy de este proyecto de ley. Tal y como ya se ha dicho en esta tribuna, nos ha costado muchísimo llegar a este punto y se han celebrado consultas con muchos colectivos, fundamentalmente desde el Congreso. El hecho de que haya una ley de salud pública que una todas las disposiciones sueltas existentes hasta la fecha es una noticia muy positiva.

Hace ya tiempo se aprobó en un Pleno de esta Cámara una moción solicitando la elaboración de este proyecto de ley. Entonces yo les dije que la salud pública tenía que ser entendida como la salud de la población en su conjunto y de su calidad de vida. Pero, además, en sanidad —y la salud pública es parte de ella— estamos ante una encrucijada, pues están variando un montón de cosas. Así, antes el centro neurálgico de la sanidad era el médico y actualmente es el paciente, pero es que, además, vamos hacia un futuro en el que el estandarte de la sanidad y de la salud ya no lo va a llevar ni el médico ni el paciente sino el ciudadano, el individuo y la sociedad en su conjunto. ¿Y ello por qué? Pues porque o nos adelantamos a los acontecimientos o tendremos que estar siempre medicándonos para solventar los problemas según vayan saliendo, y es muchísimo más barato evitar estos problemas que intentar curarlos.

Y es que el principio de toda la salud pública es la prevención, que es muchísimo mejor y más barata que la curación. Tengan ustedes en cuenta que en los presupuestos de cualquier país la salud pública viene a costar del orden de un 1% de la sanidad, y ello quiere decir que con muy pocos recursos se hace muchísimo trabajo, lo cual va a favor de una calidad de vida mucho mejor, de una elongación de la esperanza de vida de la población en su conjunto y del individuo debido a las condiciones de esta sanidad en la transversalidad de la salud pública.




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Con esta ley que ya existe en Cataluña y en alguna otra comunidad autónoma se ordena la salud pública y se pueden coordinar una serie de medidas en todo el Estado sin tener que beligerar con las comunidades autónomas porque se ha sido cuidadoso en este tema. Actualmente esta ley se traduce en la universalización de la sanidad pública, que suponemos se va a aprobar, y es que hay colectivos que no están dentro de la sanidad pública, lo cual es un tanto absurdo hoy día. Es decir, estamos pagando la sanidad a través de los Presupuestos Generales del Estado, a través de la fiscalidad, a través de los impuestos, y hay colectivos que pagan esos impuestos y que no pueden ir al médico a la sanidad pública. ¡Hombre! Esto, de alguna manera, se tiene que arreglar. En eso estamos y en eso está algún grupito de la sala. Vamos a ver si finalmente se puede hacer.

También vamos a aprobar aquí —y nos enorgullece muchísimo— una enmienda propuesta por nuestro grupo sobre una nueva profesión sanitaria, la de psicólogo general sanitario. Yo creo que habrá una transacción, porque es muy importante que exista. Es algo que este colectivo ha estado solicitando desde el primer día.

No quiero alargarme en esto. Creo que todos ustedes entienden que esta ley es muy importante.

Para finalizar mi intervención, solamente quiero decirles que esta, seguramente —con el 99,9% de posibilidades—, va a ser mi última intervención en este Pleno.

Yo vine aquí hace ocho años e inicié esta etapa que para mí ha sido fascinante, una etapa de mi vida que ha supuesto el 20% de mi vida laboral y me marcho muy satisfecho del trabajo realizado. He conocido y he trabajado con muchos de ustedes y de ustedas y de todos, sin excepción, he aprendido mucho. A veces hemos discutido en el fragor del debate, pero confío en que nunca haya ofendido a nadie y, si alguna vez lo he hecho, ha sido seguramente porque me he equivocado y he dicho o he hecho lo que no debía hacer, por error. Pero si, de todas formas, alguien se ha sentido ofendido en algún momento, supongo que entenderán que pida unas disculpas absolutas.

Agradezco también el buen ambiente personal, sobre todo en las dos comisiones que he tenido el honor de presidir: una en mi primera legislatura —la legislatura anterior—, la Comisión de Entidades Locales, y otra, la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, en esta legislatura.

Muchísimas gracias a todos los componentes de estas dos comisiones y a todos ustedes mi agradecimiento. Les deseo un futuro muy próspero y afín a sus deseos, porque eso es lo más importante.

Y, como final, no quiero decirles adiós sino hasta siempre.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Villagrán.

Tiene derecho a un tiempo máximo de diez minutos.

El señor VILLAGRÁN BUSTILLOS: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías. Para mi grupo es una gran satisfacción que en las postrimerías de esta legislatura, de una complicada etapa de obstáculos muy significativos, que todos conocemos, se sigan haciendo todavía, por parte del Gobierno, acciones políticas de avance en el campo social, en el campo de la solidaridad, en el campo de la igualdad y en el campo del aumento de los derechos cívicos.

Y, en esa línea, hoy nos encontramos en el trámite parlamentario con la satisfacción de traer a debate esta ley de salud pública. Yo personalmente estoy agradecido a mi grupo porque me ha permitido su defensa, y ello es debido a que soy un senador, antiguo trabajador del sistema sanitario público —al cual voy a volver dentro de unos días—, con más de 38 años de servicio, donde, en principio en las filas de la Unión General de Trabajadores y después en las filas del Partido Socialista Obrero Español, desde el año 1981, luché con otros compañeros en aras de un sistema sanitario público, no sin los inherentes problemas, que ustedes comprenderán, de aquel lejano tiempo.

Que esta sea una de mis últimas intervenciones en esta Cámara es para mí de una gran importancia, más que valiosa, y que me gustaría que comprendieran sus señorías.

La Ley 14/1986, General de Sanidad, llevada a cabo por aquel primer Gobierno socialista en desarrollo del artículo 43 de nuestra entonces joven Constitución, apoyada y mantenida por todos los Gobiernos de la democracia, ha marcado los criterios y los principios del Sistema Nacional de Salud tal como hoy lo conocemos.

La verdad es que con el tiempo han ido mejorando las cosas en lo que se refiere a calidad asistencial, pero en menor medida la potenciación de la salud pública. La universalización de la asistencia y la homologación de los profesionales son piezas que se reflejaron en la Ponencia de Estudio de Recursos




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Humanos que esta Comisión de Sanidad llevó a cabo y que aprobó este Pleno. En esta ley, senadores, se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos con respecto a la propia ley; igualmente, los principios generales que la faciliten con criterios de equidad, de oportunidad y de transparencia. Asimismo, se regulan los recursos y se establece la coordinación desde el propio Estado encastrándola, como ha dicho el senador Esquerda, en un sistema único de salud pública.

Todo ello ha sido realizado por este Gobierno, pero no deberíamos olvidar que esto es un resultado de un arduo y laborioso trabajo hecho sin prisa, senadora, con la contribución de más de 400 entidades y expertos, además de una amplísima participación de agentes activos de todos los sectores.

Saben ustedes que muchas de las acciones de salud pública son competencia de las comunidades autónomas, de las ciudades autonómicas y de los municipios; sin embargo, muchas veces —las más— la solución no está en lo local, la solución está en lo nacional. Y digo más, en lo supranacional. También muchas veces mejora la eficacia del remedio cuando siempre se supera lo local. Comprenderán sus señorías que, si ya es complicado —bastante complicado— actuar en lo local y en lo regional, más complicado será cuando pasamos a niveles superiores, territorios diferentes, capacidades y actuaciones dispares. Luego no se trata solo de armonizar actuaciones para coordinar funciones entre las distintas Administraciones autonómicas y locales, que ya está regulado nítidamente en nuestras normativas legales, se requiere una verdadera organización que consiga la cohesión humana en términos intelectivos, con experiencia y excelencia en política de salud pública para que los mejores recursos en esta materia estén a disposición de cualquier comunidad o cualquier entidad para atajar el supuesto problema y para influir y actuar en la esfera internacional, contribuyendo a la salud global.

En España, señoría, nuestros profesionales en esta materia y sus instrumentos están repartidos por toda nuestra geografía con una gran capacidad técnica, profesional y científica de un altísimo nivel. Pero hasta esta ley no se ponen los cimientos necesarios para trabar una organización que optimice estos múltiples recursos consiguiendo la cohesión humana, que es lo más imprescindible.

Mi sincera enhorabuena al ministerio por haber sacado esta ley adelante; mi reconocimiento sincero a la senadora Mestre, portavoz del Grupo Socialista en Sanidad; el agradecimiento a todos los portavoces de Sanidad, porque esta es mi última intervención como portavoz de la Comisión de Sanidad en el Pleno, y el agradecimiento a mi grupo por haberme dejado defender esta importante, para mí, ley.

Presidente, señorías, muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, al Grupo Parlamentario Popular no le cabe duda alguna de la importancia que tiene el desarrollo de una ley de salud pública que dé solución a algunos de los problemas que nuestro sistema sanitario tiene como consecuencia de la falta de desarrollo de un sistema de salud pública que se incardine en el propio sistema sanitario y a la vez coordine y cohesione las políticas preventivas y de salud pública, porque, señorías, las comunidades autónomas tienen ya regulaciones propias y, por tanto, conviene esa coordinación y esa cohesión de las políticas de prevención.

Las numerosas iniciativas que sistemáticamente el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Senado pero también en el Congreso ponen de manifiesto nuestra voluntad firme de modernizar y avanzar en esta importante área, aunque no siempre hemos tenido el apoyo y el respaldo del Grupo Socialista, del grupo que apoya al Gobierno. Baste como ejemplo la negativa que hubo a un calendario vacunal único. Hay que recordar en esta Cámara y desde esta tribuna que cuando el Partido Socialista llegó al Gobierno heredaba un calendario vacunal único. Eso era lo que se había logrado en una etapa anterior, una etapa popular, con el esfuerzo y el trabajo, eso sí, de todos los grupos y de todas las comunidades autónomas. Duró poco ese calendario vacunal único pero ustedes durante ocho años se han encargado de negar esa realidad, aunque hoy de alguna manera quieran expresarla en la ley. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Prresidencia.)

Señorías, no se puede defender un calendario vacunal único con la boca pequeña o un calendario vacunal único sujeto a interpretaciones. El sentido común, que es tan necesario y hace tanta falta, pero también el consenso profesional no entienden que se haga política partidista de algo tan elemental y necesario. Por eso, señorías, durante ocho años de Gobierno socialista con las prioridades ha sucedido como ocurre con el movimiento, que se demuestran andando, o, lo que es lo mismo, la preocupación por la salud pública se demuestra, por ejemplo, en los presupuestos con una dotación suficiente, que ni




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siquiera ha habido en los años de bonanza económica socialista, porque año a año disminuyeron las partidas dedicadas a la salud pública, aunque nosotros año tras año enmendamos para que dedicaran ustedes recursos cuando había dinero y posibilidades, porque entendemos que la mejor inversión en salud es la inversión en prevención y salud pública.

Pero, señorías, hay que mostrar vocación de diálogo, escuchar a todos los colectivos, escuchar a los grupos políticos que representan a la sociedad y trabajar, trabajar mucho, trabajar lo que haga falta para conseguir el máximo consenso en una ley que afecta a todos los españoles, sin distinción, desde el mismo momento en que nacemos o hasta que morimos, porque ahí está el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, que también es una competencia de salud pública.

Como decía, ha faltado esa voluntad de diálogo y consenso. El partido que aspira a gobernar en la próxima legislatura, el Partido Popular, no ha sido escuchado, no ha sido tenido en cuenta. Se han rechazado la gran mayoría de las enmiendas presentadas tanto en el Congreso como en el Senado y esto, señorías, recuerda al fin de etapa socialista, que recuerda también el inicio de la etapa de Gobierno socialista, la etapa del cordón sanitario, cuando con el PP no se podía contar para nada o cuando aquel pacto vergonzoso y antidemocrático que fue el Pacto del Tinell.

Señorías, debatimos hoy en el Senado una ley que tiene una importancia trascendental para la sanidad Una ley que ha sufrido una tramitación de vértigo en los últimos días, después de haber sido retrasada durante años y mutilada por razones ajenas a la opinión o al consenso profesional. Una ley que se llevó por delante a un director general de Salud Pública, más ambicioso con la salud pública que sus propios jefes, que su propia ministra; ministra que no ha tenido la deferencia de estar presente hoy en esta Cámara. Será que no tiene tanto interés por la salud pública como parece decir el grupo que le apoya.

Una ley que olvida y no resuelve temas importantes en nuestra opinión. Y quiero anunciarles, señorías, que en el Grupo Parlamentario Popular, por esa falta de consenso, de diálogo, y por esa falta de acuerdos que hemos perseguido hasta el último momento, nos vemos obligados a retirar la enmienda número 30, la que se refiere a la universalidad de la asistencia, que no tiene tanto que ver con una ley de bases de salud pública, aunque sí con el sistema sanitario. La retiramos, como he dicho, porque hemos estado trabajando hasta el último momento y no hemos conseguido ese acuerdo tan necesario para una ley que trata asuntos tan importantes y tan trascendentales como son los que aquí tratamos.

Esta ley, como decía, olvida y no resuelve temas que en nuestra opinión son muy importantes. No se refleja la problemática de las enfermedades nosocomiales. No se entiende que ustedes no apoyen la enmienda que hemos presentado en este sentido. Se habla de vacunas, pero no se garantiza lo que desde el PP venimos pidiendo hace años. No se establece una cartera de salud pública, señorías, queda absolutamente difuminado. Y esa cartera está recogida en la ley de cohesión que, como ustedes saben, sigue en vigor, con lo cual habrá españoles que puedan acceder al cribado de cáncer de colon y otros no. Habrá españoles que puedan acceder al tratamiento de deshabituación al tabaco y otros no. Habrá españolas que puedan tener en determinado rango de edad un cribado del cáncer de mama y otras en unas edades a lo mejor diferente. Y habrá niños españoles que puedan tener acceso a determinada vacuna que otros niños españoles no pueden tener.

Esta ley además perpetúa la separación del Sistema Nacional de Salud, que es asistencial, y de la salud pública. Un error en nuestra opinión, porque el Sistema Nacional de Salud hay que reorientarlo y tiene que centrarse en atender a la prevención. Es decir, nosotros defendemos la integralidad de la asistencia, la orientación a los crónicos, salir del hospitalocentrismo. Y es necesario dotar, señorías, a la atención primaria del reconocimiento y el papel que debe jugar en todo el Sistema Nacional de Salud. Lo hemos planteado muchas veces.

En esta ley se crea un consejo asesor de salud pública, un consejo consultivo del Consejo Interterritorial, un centro estatal de salud pública, pero, señorías, hay una gran y vergonzosa laguna: olvida completamente al Instituto de Salud Carlos III. Parece ser que al Gobierno no le interesa nada. El Instituto de Salud Carlos III, señorías, es el eje y pilar fundamental de la salud pública de este país. Aquí está la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Medicina Tropical, el Centro Nacional de Microbiología, el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, la Escuela Nacional de Sanidad y el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Pecata minuta para el Gobierno y para la ministra de Sanidad. Además, el Gobierno incumple un mandato de esta Cámara que solicitaba el regreso del Instituto de Salud Carlos III a Sanidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)




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La importancia de la salud pública ha quedado puesta aquí de manifiesto. A lo largo de la historia reciente de este país ha habido numerosas alertas, como la que supuso el aceite de colza, que parece que queda tan lejano pero solamente fue cinco años antes de la aprobación de la Ley General de Sanidad; o la neumonía atípica o las legionelosis que se han dado en las distintas ciudades; o las toxiinfecciones alimentarias, la última con un importantísimo impacto económico en nuestra economía, como fue la contaminación de los pepinos por Escherichia coli ; o la situación de alerta de la gripe aviar o de la gripe por H1N1. También alertas de contaminación ambiental: las antenas, las aguas de consumo, las aguas de los litorales y de baño; y los cambios alimentarios que se están produciendo: el incremento de obesidad, etcétera. En definitiva, toda la cadena alimentaria, la educación para la salud y la investigación.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

La señora PAN VÁZQUEZ: Sí, señor presidente.

Esa es la verdadera importancia que ha de tener una ley de salud pública.

Por eso, señorías, aunque mi grupo parlamentario apoyará algunas enmiendas que hemos considerado positivas, nos abstendremos —como ya ocurrió en el Congreso de los Diputados— por las razones que he ido exponiendo y el texto adolece de todas esas lagunas.

En cualquier caso, señor presidente, seguiremos trabajando y buscando el consenso para mejorar esta norma que, como he dicho al principio, es muy importante y, en consecuencia, modificará el Grupo Parlamentario Popular cuando gobierne. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, tomen asiento, por favor.

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación del Proyecto de Ley General de Salud Pública.

En primer lugar, votamos la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 19; en contra, 231.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, votamos la enmienda número 32.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 13; en contra, 235; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, votamos la enmienda número 33.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 18; en contra, 232; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, votamos la enmienda número 34.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 135; en contra, 116.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Votamos la enmienda número 83.




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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 20; en contra, 229; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, votamos la enmienda número 84.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 138; en contra, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, votamos las enmiendas 85, 94, 99, 100 y 121.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 11; en contra, 240.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 88 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 128; en contra, 121.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 98 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 19; en contra, 232.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 101 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 249; a favor, 19; en contra, 230.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 102 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 11; en contra, 237; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 104 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 11; en contra, 240.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 107 a 115, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 11; en contra, 240.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 118, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 11; en contra, 240.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación las enmiendas números 119 y 120, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 11; en contra, 240.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 127, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 18; en contra, 229.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, a continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, números 7, 8, 9, 17, 19 y 21.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 129; en contra, 122.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas números 6, 10, 11, 13, y 26, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 119; en contra, 123; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 120; en contra, 131.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos la propuesta de modificación del dictamen, con el número de registro 68753, ¿puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Por último, votamos la propuesta de modificación con el número de registro 68762.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 234; en contra, 15; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

A continuación, votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 131; abstenciones, 119.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Eran las catorce horas y diez minutos.




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Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000114)

(Núm. exp. C.D. 121/000110)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley reguladora de la jurisdicción social.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Asensio. (Rumores.)

Silencio, señorías.

El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Bienvenido, señor ministro de Justicia.

Tengo el honor de hacer la presentación del dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley reguladora de la jurisdicción social.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento de urgencia tuvo su entrada en esta Cámara el día 26 del pasado mes de julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 5 de septiembre y fue ampliado hasta el día 7 de septiembre. A este proyecto de ley se presentaron 165 enmiendas, así distribuidas: 12 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, 6 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 70 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, 75 del Grupo Parlamentario Popular y 2 de los grupos parlamentarios Mixto, de Senadores Nacionalistas, Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular, conjuntamente.

Por decisión de la Presidencia del Senado, en el ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, no fueron admitidas a trámite dos enmiendas, por considerarse, de conformidad con la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se refieren a materias que de manera evidente y manifiesta carecen de conexión con el proyecto de ley. Dichas enmiendas son las siguientes: 91 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 165 del Grupo Parlamentario Popular.

El día 8 de septiembre la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Miguel Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Izaskun Gómez Cermeño, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Ildefonso Rafael Pastor González, del Grupo Parlamentario Popular; don Anselmo Francisco Pestana Padrón, del Grupo Parlamentario Socialista; don Narvay Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto; y don José Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Dicha ponencia acordó, por mayoría, proponer a la Comisión de Justicia que se mantuviera en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo el día 8 de septiembre, y acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la ponencia, que no introduce modificaciones en el remitido por el Congreso de los Diputados. Han presentado votos particulares a este dictamen los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas, Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular.

Eso es todo, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Solicita la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Caamaño Domínguez): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, más de veinte leyes, algunas importantes, como la de reforma del Código penal, la del Registro civil o la de arbitraje, hemos podido debatir y tratar entre todos a lo largo de los más de dos años y medio que han transcurrido desde que asumí la cartera de Justicia. Siendo leyes importantes, también hoy se someten a la consideración de esta Cámara otras tres leyes sumamente importantes para el sistema de justicia de nuestro país, máxime en el momento que vivimos.




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Todos somos conscientes de la relación que existe entre la jurisdicción y la economía y de la que existe, también, entre los derechos y libertades de los ciudadanos y una justicia más eficiente, más ágil, más eficaz. Esa doble relación está presente en ese conjunto de leyes, que buscan, cada una desde el plano de la realidad del sector en el que interviene, un objetivo común: facilitar el acceso a la jurisdicción, simplificar procedimientos y suprimir trámites y cargas que no conducían casi nunca a ningún lugar, para que gane en eficacia, y sobre todo en tiempo de respuesta, nuestro sistema de justicia. Con ello queremos, además, ayudar a solventar algunas situaciones que se han agravado en nuestros tribunales de justicia —obligado es reconocerlo— como consecuencia del aluvión de procesos vinculados a la crisis económica que todos llevamos un tiempo viviendo.

Quisiera enumerar muy telegráficamente esos tres proyectos de ley porque el sentido de mi intervención era, sobre todo, subrayar la transcendencia que tiene en este momento cada uno de ellos para la buena marcha de nuestra jurisdicción. Son tres leyes que han sido no solo defendidas y apoyadas por el Gobierno, sino impulsadas también de manera muy especial, algunas de ellas, por el Consejo General del Poder Judicial, pues hemos contado con el apoyo de magistrados, jueces y abogados; con el apoyo de personas que trabajan a diario en la justicia de nuestro país y, por ello, esperamos que los proyectos puedan entrar en vigor lo antes posible.

La primera de ellas, la Ley de Medidas de Agilización Procesal, conocida ya como Ley de Agilización, incide en el orden de la jurisdicción civil y en el orden contencioso administrativo, dos órdenes estrechamente relacionados con la vida económica de nuestro país. De ahí la importancia de esta ley y su efecto y consecuencias sobre la mismo. Se introducen una serie de reformas que bien conocen sus señorías y que solo muy brevemente apuntaré. La idea es simplificar el proceso y reducir costes y tiempo. Para ello se eliminan trámites innecesarios en uno y otro orden jurisdiccional y se racionalizan los sistemas de recursos para evitar que quien tiene una sentencia favorable vea, sin embargo, durante largos años, y como consecuencia de la sucesión de instancias, que sigue esperando justicia frente a quien la ha perdido; un efecto nada deseable que se produce en algunos supuestos. Se racionaliza, por tanto, este sistema de recursos y se introduce un régimen procesal para la responsabilidad penal de las personas jurídicas que —como saben— fue una de las novedades del Código penal, pero que no está presente en nuestro sistema de enjuiciamiento criminal y, por tanto, era necesario que lo procesal estuviese acorde con el nuevo marco sustantivo.

Se potencia el proceso monitorio civil, sobre todo para la reclamación rápida de deudas que se produzcan entre particulares. Se apuesta claramente por un Tribunal Supremo capaz de llevar a cabo el cometido que la Constitución le encomienda; un Tribunal Supremo que necesita poder resolver en plazos razonables y, por tanto, administrar el volumen de asuntos que llegan; un Tribunal Supremo que es no todas las instancias, sino la última instancia de nuestro sistema de justicia y que, como tal, debe cumplir con ese cometido de garantizar a través de su jurisprudencia la unificación de doctrina y la aplicación igual de la ley en todo el territorio nacional.

Convendrán conmigo en que si mantenemos un sistema en el que todo puede llegar al Tribunal Supremo, éste acabará desgraciadamente no haciendo justicia, sino casi historia del derecho. Y ese cometido, tan imprescindible para el resto del sistema judicial y de nuestro sistema de justicia, que es su jurisprudencia, su unificación de criterio y la igualdad no se producirá en los tiempos propios que como ciudadanos esperamos para que se mantenga el criterio de igualdad y de unidad dentro del sistema. Estas son algunas de las reformas que se introducen.

Hay otra más que aparece por primera vez en nuestro sistema judicial y que me parece sumamente importante: también los ciudadanos tenemos que hacernos responsables de nuestras obligaciones ante la Administración de justicia. No solo podemos tener derechos, no solo garantías, sino también obligaciones. Por eso en esta ley se establece por primera vez la obligación de comunicar, una vez comparecido ante una autoridad judicial, el cambio de domicilio que cada ciudadano experimente. Como saben, el hecho de que hoy no exista esa obligación genera muchos retrasos, a la hora de notificar los expedientes judiciales y cada uno de los actos y trámites judiciales, intentando localizar a esas personas que no aparecen ya en aquel domicilio que inicialmente habían facilitado en el acto de la comparecencia. La justicia no es solo la perspectiva de uno, siempre que hay un conflicto hay más partes inevitablemente; y es, por tanto, atender equilibradamente a todas las circunstancias del proceso.

La segunda de las leyes, antes se anunciaba, es la relativa a la jurisdicción social. Con ella pretendemos una actualización de nuestro sistema de enjuiciamiento en un contexto tan importante como es el social, tan vinculado también a la realidad que está experimentando España en estos momentos, y




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sobre todo a la situación de los trabajadores, y en el que pretendemos una idea añorada por la doctrina de nuestro país pero también por muchos magistrados de este orden de lo social: evitar la peregrinación de jurisdicciones diversas en asuntos relacionados con lo laboral o con lo social, especializar la jurisdicción, que es además, como saben sus señorías, una jurisdicción ágil, que funciona en tiempos muy razonables y, por tanto, unificar en un orden jurisdiccional todas aquellas cuestiones vinculadas con las relaciones sociales y de trabajo, evitando la dispersión que se produce hoy, por la que a veces una parte del pleito es conocida en el orden de la jurisdicción social, otro, porque hay una sanción, en el ámbito contencioso-administrativo y, a la vez, se ha medido un contrato de arriendo o subarriendo entre empresarios en un juzgado de lo mercantil o en el orden de la jurisdicción civil. Si hay una jurisdicción especializada, lo lógico es que esa jurisdicción conozca íntegramente de esos asuntos, evitando, por consiguiente, los frentes distintos de jurisdicción con los que se encuentran empresas y ciudadanos. Igualmente, esta ley mejora la protección judicial de los derechos de los trabajadores, evita duplicidades y también permite que se puedan emitir por nuestros tribunales resoluciones mucho más rápidas. Todas las cuestiones relacionadas con un conflicto de esta naturaleza serán conocidas por un mismo juez, y no como acontece a día de hoy. Por tanto, una respuesta judicial integral especializada y más ágil.

Por último, otra ley clave en el momento social y político que vivimos en España y en Europa: la Ley concursal. Su objetivo es precisamente que el concurso no sea visto como el fin de los proyectos empresariales; que la falta de solvencia en un determinado momento no signifique la muerte de la empresa, sino más bien un momento, una nueva oportunidad. Por eso, es una ley que parte de una ley muy buena, la del año 2003, pero una ley, la que se aprobó con amplio consenso en las Cortes en su momento, que no había previsto la crisis financiera que hemos tenido que vivir últimamente y, por tanto, los efectos sobre los concursos que se producen en nuestro sector empresarial. Era necesario, como han hecho otros países de nuestro entorno, particularmente los de la Unión Europea, potenciar los acuerdos previos y la viabilidad de los proyectos empresariales para que la falta de solvencia en un momento no signifique el fin de la empresa, sino, como antes decía, una nueva oportunidad para ganarse el futuro y mantener los puestos de trabajo.

Concilia, por lo tanto, este proyecto de ley la satisfacción obligada de los acreedores con la recuperación de la situación de solvencia empresarial, ofreciendo salidas al deudor al margen del proceso concursal, facilitando los acuerdos previos, y descargando también así al orden de la jurisdicción mercantil. Facilita las propuestas anticipadas de convenio, impulsa los acuerdos prejudiciales de refinanciación y —algo que nos parecía imprescindible— regula por primera vez en nuestro país el denominado fresh money o sistema de dinero nuevo o fresco, que llevaba a muchas de nuestras empresas a buscar este tipo de soluciones fuera de nuestras fronteras. Parece lógico que si alguien está dispuesto a apostar por una empresa que se encuentra en situación de falta de solvencia momentánea, aportando dinero porque considera —esa empresa o entidad financiera o de capital— que el proyecto es viable, si hace ese esfuerzo y asume ese riesgo, parece lógico, decía, que pueda también tener una acción prioritaria sobre el capital o sobre los bienes de la entidad concursada, en caso de que finalmente la operación no pueda prosperar. Por tanto, son medidas pensadas para el mantenimiento de las empresas, para reflotarlas, para mantener puestos de trabajo.

Aprovechamos además esta reforma, que ha trabajado profundamente la Comisión de Codificación, dependiente del Ministerio de Justicia, para potenciar el denominado procedimiento abreviado simplificado, que hace más cómodo este tránsito, ya en situaciones de insolvencia. Se otorgan mayores atribuciones a los administradores concursales, exigiéndoseles a cambio en la ley mayores responsabilidades; se homologa nuestro derecho de insolvencia con los más modernos de nuestro entorno jurídico y —algo que nos parecía sumamente importante desde el primer momento— se garantiza el respeto de los derechos de los trabajadores afectados por la situación de una empresa en crisis, para que la declaración del concurso tenga el menor impacto posible.

Son tres proyectos de ley que, como saben bien sus señorías, han transitado ya por la Cámara Baja concitando un notorio consenso, y en ella se ha mantenido un importante debate. Estoy convencido de que, como otras veces, en este Senado se mantendrá ese mismo tono de diálogo, de búsqueda del acuerdo, mejorando y perfeccionando, como se ha hecho siempre, la calidad de nuestras leyes.

Quisiera, por tanto, agradecerles de antemano ese diálogo y ese trabajo, especialmente a quienes han estado durante todo este tiempo en la Comisión de Justicia de esta Cámara.

Muchas gracias a todos. (Aplausos.)




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Pasamos al turno de defensa de enmiendas.

En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas. Tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Bienvenido sea, señor ministro de Justicia, a esta sesión plenaria que todo parece indicar que será la penúltima o anteúltima de la presente legislatura.

Intervendré con la máxima brevedad, ya que, de las 12 enmiendas efectivamente presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, 8 se corresponden con el Capítulo I, Título I del Libro Primero del proyecto de ley, es decir, con los artículos 2 y 3, que regulan respectivamente el ámbito del orden jurisdiccional social y las materias excluidas. Las que afectan al artículo 3, que son en concreto las números 6, 7 y 8, son de supresión de los apartados d), e) y f), en la medida en que, conforme al criterio que mantenemos, pasan a formar parte del artículo 2, léase enmiendas números 1, 2 y 4. Entendemos que en estos casos, al igual que en las dos enmiendas restantes, números 3 y 5, estamos hablando de una competencia que debe corresponder al orden social de la jurisdicción, y no ser, como en el proyecto, materias excluidas.

La enmienda número 9, tiene que ver ya con el Capítulo II del Título II, más concretamente con el artículo 21, referido a la intervención de abogado y graduado social colegiado o procurador. Se trata de sustituir, en su punto 3, al secretario judicial por el juez u órgano judicial competente, distinguiendo así la posibilidad de actuación ante órganos unipersonales u órganos colegiados en esta jurisdicción.

Al Libro Segundo hemos presentado las enmiendas números 10 y 11, referidas a los artículos 139 y 148, respectivamente. La primera de ellas, que afecta a la letra b) del apartado 1 de dicho artículo 139, tiene por objeto garantizar en todo caso el derecho a la doble instancia procesal como garantía del derecho de tutela judicial efectiva. ¿Cómo? Indicando simplemente, como se hace en la enmienda, que contra la sentencia sí —y recalco el sí— procederá recurso, a diferencia de lo que dice el proyecto en su redacción actual.

La número 11, relacionada, como he dicho, con el artículo 148, no pretende sino la supresión de su letra d) y es una mera consecuencia de lo indicado para el artículo 3 f). Es decir, que todas las actuaciones relativas a la Seguridad Social deben ser objeto de tutela judicial por el orden social de la jurisdicción.

Por último, y termino, señor presidente, nuestra enmienda número 12 se refiere al artículo 191 del proyecto, al ámbito de aplicación del recurso de suplicación. No solicitamos en ella más que la supresión de la letra f) del apartado 2 de dicho artículo, en congruencia con la modificación que pretendemos en el artículo 139.1 b). Dicho de otra manera, que sí procede recurso —vuelvo a recalcar el sí— en los procesos relativos a dicha materia.

Esto es todo, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: El grueso de enmiendas, aunque son solamente 5 las que hoy sometemos a votación, pretenden principalmente adecuar este proyecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, por una cuestión de coherencia puesto que esta actúa como norma supletoria.

Otra de las enmiendas que hemos presentado que no entra en este grueso principal pretende dar una nueva regulación a la asistencia jurídica gratuita, otorgando este beneficio exclusiva y únicamente a aquellas personas que demuestren falta de capacidad económica, puesto que entendemos que esta es una manera real y efectiva de asegurar su derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president. (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.): «Gràcies, president.

Mantenim un important paquet d’esmenes en aquest projecte perquè la precipitació de la fi de la legislatura no ha permès un treball prou acurat de la ponència.»




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Continúo en castellano por esta a mi entender molesta y poco democrática imposición reglamentaria.

Le agradezco al señor ministro su intervención y le felicito por este capítulo de reformas. Lástima que en la recuperación de los contenidos del Título de Justicia del Estatuto de Autonomía de Cataluña no haya podido ser tan diligente y eficiente.

Por lo que se refiere a este proyecto de ley, mantenemos un importante paquete de enmiendas. En primer lugar, para posibilitar que algunas puedan ser aprobadas al coincidir con las de otros grupos, y también porque la premuera de la tramitación no nos ha permitido trabajar en condiciones adecuadas ni constituir una ponencia que realmente pudiera desbrozar el camino al el Pleno. Téngase en cuenta que el plazo de presentación de enmiendas terminó el miércoles, que el jueves la comisión solo pudo celebrar una sesión de trámite y que hasta ayer no dispusimos de la publicación en la web de las enmiendas y de su índice. Este fin precipitado de la legislatura no es bueno para el trabajo legislativo. Afortunadamente, en estas tres leyes de Justicia que debatimos esta tarde hay un grado de acuerdo considerable que nos llega del Congreso de los Diputados.

Por lo que se refiere a las enmiendas, retiro las números 100, 101, 102 y 103, prácticamente coincidentes con las números 115, 117, 119 y 120, respectivamente, que mantenemos. También retiro la 127, aunque no me guste hacerlo porque coincidía con una que ha defendido en esta tribuna Convergència i Unió; pero creo que es mi deber retirarla, por una cuestión de principios, de ideología de izquierdas.

Por lo demás, quiero subrayar nuestras coincidencias con otros grupos parlamentarios: nuestra enmienda 105 coincide exactamente con la 12 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; nuestra enmienda 67 con la 92 de Convergència i Unió; nuestra enmienda 94 es igual a la 20 del Grupo Parlamentario Popular, como iguales son a efectos prácticos la número 124 de Entesa y a la número 61 del Grupo Popular; igualmente, nuestras enmiendas 97, 98, 111, 119, 125, 147 y 161 coinciden con otras tantas del Grupo Popular.

Por lo tanto, pedimos votación separada de nuestras enmiendas, y no les voy a cansar repitiéndolas porque el letrado tiene la lista completa. Si algún portavoz necesita alguna aclaración, yo se la haré.

Moltes gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Por el Grupo Socialista? (Pausa.)

Las ha retirado.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Pastor.

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, se han presentado 162 enmiendas a la tramitación de este proyecto de ley por el Senado, de las cuales 74 corresponden al Grupo Parlamentario Popular. Obviamente, en aras de la mayor brevedad, que estoy seguro de que sus señorías me agradecerán, y porque la mayoría de ellas vienen repetidas del trámite del Congreso, no me voy a referir a todas ellas. Sin embargo, nuestro grupo ha presentado dos enmiendas nuevas para su tramitación en esta Cámara, por lo que comenzaré mi intervención refiriéndome a ellas.

Estas enmiendas a las que me refiero son las números 41 y 84, ambas referidas al artículo 79.7 del texto que nos ha remitido el Congreso. Este artículo, que hace referencia a los procesos en los que se ejercita la acción de extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador, con fundamento en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, en los supuestos en los que la conducta empresarial perjudique la dignidad o integridad física o moral del trabajador, haciendo inexigible la continuidad de la prestación de trabajo. Este supuesto del artículo 79.7 se remite, a su vez, al artículo 180.4 de este mismo proyecto de ley, que versa igualmente sobre medidas cautelares y en el que se establece, por ejemplo, la suspensión de la relación laboral. Pues bien, el texto del artículo tal y como ha llegado a esta Cámara añade que ello será con el mantenimiento del deber empresarial de abonar los salarios y las cotizaciones, sin perjuicio de lo que pueda resolver la sentencia. Y es precisamente ahí, en este último inciso, donde nuestro grupo entiende que la redacción debe ser corregida, siendo este trámite del Senado una excelente oportunidad para ello; ya que, de mantenerse el tenor literal del texto remitido por el Congreso, podría producirse una situación injusta por la cual un empresario que resulta absuelto ha tenido que abonar unos salarios y unas cotizaciones, pero no ve satisfecho su legítimo derecho a obtener el reembolso de aquello que no debería haber pagado.

De esta forma, la primera de estas dos enmiendas, la número 41, modificaría el texto del artículo 79.7 eliminando la coletilla final a la que antes me refería, «sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la




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sentencia»; mientras que la segunda enmienda, la número 84, incorporaría una disposición transitoria nueva instando al Gobierno a que, transcurridos seis meses tras la entrada en vigor de la ley, se habiliten los mecanismos necesarios para el reembolso de las cantidades, en caso de resultar absuelto el empresario en el supuesto de dicho artículo.

Señorías, nuestro grupo ha entendido desde un principio que había margen más que suficiente para llegar a un acuerdo satisfactorio que solucionase esta situación a la que me refería. Se lo hemos hecho saber al Grupo Socialista, especialmente cuando el mismo ponente del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, el señor Pedret i Grenzner, afirmaba en el debate de la Comisión de Justicia del Congreso en la que se aprobó este texto que el artículo 79.7 formaba también parte de sus preocupaciones, y que veríamos si en el Senado había alguna posibilidad de llegar a matizar y expresar de forma clara en el texto de la ley la situación, para que no se derivara de esta medida cautelar ninguna consecuencia negativa para el empresario.

Nosotros hemos puesto la percha para que se produjera el acuerdo, hemos transmitido al Grupo Socialista nuestra voluntad de alcanzar dicho acuerdo, hemos esperado hasta el último momento para ver si el acuerdo podía producirse y, finalmente, lamentamos que no haya podido ser así y que el espíritu de consenso al que se hacía referencia en el Diario de Sesiones del Congreso no haya podido alcanzarse en esta Cámara, una cuestión que probablemente se deba a la premura en la tramitación, aunque desde luego por nuestra parte no ha faltado voluntad para ello.

Por lo que se refiere al resto de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, hay dos grupos a los que me referiré muy brevemente. Por un lado, un bloque relativo a la oportunidad y vigencia del proyecto, y por otro, el formado por aquellas a las que nuestro ponente en el Congreso denominó como desatascadores procesales.

El primero de estos grupos está compuesto por enmiendas cuya intención es evitar que la entrada en vigor de la ley pueda provocar problemas en el funcionamiento y celeridad de la jurisdicción social. En este sentido nuestra enmienda número 83 introduce una disposición transitoria nueva que requiere al Gobierno para que, transcurridos dos años tras la aprobación de la ley, remita un estudio sobre la evolución de los cambios procesales operados y el impacto de la entrada en vigor del proyecto, así como las medidas humanas, materiales y técnicas a adoptar en su caso.

En la misma línea la enmienda número 85 a la disposición final séptima plantea que, con la excepción del recurso contra las resoluciones de la autoridad laboral en materia de expedientes de regulación de empleo, el resto de la ley entre en vigor a los 3 años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En definitiva, como decía, con estas enmiendas pretendemos dar respuesta a nuestra preocupación por el incremento de la carga de trabajo que esta ley va a suponer para la jurisdicción social, evitando con ello que se pueda provocar un colapso, preocupación sobre la que me pronunciaré más extensamente en el turno de portavoces.

El segundo bloque al que me refería es el de los desatascadores procesales. Con estas enmiendas pretendemos plantear posibilidades instrumentales que contribuyan a agilizar los procesos, reducir la carga de trabajo y conseguir que los asuntos puedan resolverse con rapidez y eficacia. En este bloque hay dos enmiendas, la 31 y la 58. La primera de ellas se refiere al señalamiento sucesivo de los juicios de despido y reclamación de cantidad, y aunque esta enmienda fue objeto de transacción en el trámite de ponencia del Congreso, nuestra voluntad es mantenerla de forma testimonial para su votación, ya que entendemos que la solución que en ella proponemos es técnicamente más adecuada que la que finalmente se incorporó en ponencia.

Por otro lado, la enmienda número 58 plantea un procedimiento social, y también la mantendremos para su votación ya que el procedimiento monitorio que finalmente ha sido recogido en la ley no termina de convencernos, no solo por el límite de los 6000 euros, que nos parece escaso, sino también porque creemos que las previsiones en relación con la formulación de la demanda podrían haberse realizado de otra manera.

En cualquier caso, y aunque no me referiré a todas las enmiendas, ya que son muchas y creo que el texto justificativo que las acompaña es suficientemente claro, me gustaría señalar algunas de ellas. En concreto, la número 29 propone la supresión del artículo 21.2 de la ley, ya que se obliga a decidir al demandante si va a acudir con abogado o no al juicio, disponiendo únicamente de los dos días siguientes para decidirlo. Entendemos que el apartado no se ajusta a la realidad al presentar lo habitual, que es ir representado, como excepcional, y lo excepcional, que es no ir representado, como habitual.




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Consideramos, además, que esta situación puede provocar en algunos casos la indefensión de los sujetos demandados, y por tanto, mantendremos esta enmienda para su votación.

Otra enmienda que queremos señalar es la número 30, relativa a la supresión del párrafo segundo del apartado 5 del artículo 23, que trata de la prescripción. Entendemos que la prescripción no se debe interrumpir en función del instrumento utilizado o de a quién afecta.

Y por último la enmienda número 64, de modificación del artículo 196, pretende que se señalen los minutos concretos de la grabación en la prueba testifical o la pericia practicada para su eventual revisión, garantizando de este modo el derecho de defensa. Entendemos que procesalmente hablando se abre un nuevo abanico que seguramente en el futuro se acabará incorporando a las normas de nuestro derecho procesal.

Y finalmente, y en cuanto al resto de las enmiendas, me remito, como ya he dicho, al texto que recoge su justificación, que es suficientemente claro.

Por lo que respecta a los otros grupos parlamentarios, solo se ha presentado en este trámite una enmienda nueva, la número 92 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que mi grupo votará en contra. En cuanto a las demás, anunciamos ya que mantendremos el mismo criterio de nuestro grupo en el Congreso.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador Pestana.

El señor PESTANA PADRÓN: Gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías. Intervengo en nombre del Grupo Socialista para expresar el sentido del voto respecto a estas enmiendas. Vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas por todos los grupos.

En primer lugar, quiero hacer unas reflexiones iniciales sobre el funcionamiento del Senado y las enmiendas que se han presentado, sobre el interés que tiene esta Cámara en mejorar los textos que salen del Congreso de los Diputados, pero no así, salvo temas muy importantes en los que yo creo que hay que incidir —y me parece justo que los grupos políticos puedan hacerlo—, en reproducir de nuevo debates que ya se han producido y se han saldado incluso con transacciones, como señalaba el portavoz del Grupo Popular, y que ya han sido objeto de un marco de entendimiento entre los grupos políticos. No parece lógico, pues, que volvamos a repetir enmiendas presentadas en la otra Cámara, salvo en esas excepciones que he mencionado.

Es verdad que hay dos enmiendas nuevas, presentadas por el Grupo Popular, las números 84 y 41, pero en el Grupo Socialista creemos que no se ha dado la fórmula adecuada para lograr una buena transacción sobre esos artículos. Lo lamentamos, pero sí creemos que nuestro ordenamiento tiene instrumentos para resolver la cuestión que de fondo se traduce en estas enmiendas. Por tanto, pensamos que, siendo así, no es tan relevante, aunque sí hubiésemos querido llegar a un buen acuerdo.

También quiero expresar mi agradecimiento a Miquel Bofill —con el que durante estos años he debatido cuestiones importantes en esta Cámara— por la retirada de la enmienda número 127. Yo se lo agradezco y hago un llamamiento sobre las enmiendas que han presentado Convergència i Unió —números 89 y 90— y el Grupo Popular —número 79—, porque al igual que la Entesa ha entendido que había que retirarla pues afectaba a derechos ya firmemente asentados en nuestro ordenamiento, como es la gratuidad para los trabajadores y los sindicatos de la jurisdicción social, creo que no debemos en absoluto tocar principios que están ya muy bien asentados en nuestro ordenamiento. Sinceramente creo que el Congreso de los Diputados las va a rechazar, pero me gustaría que esta Cámara no introdujera esos temas en este texto legal. La jurisdicción ha funcionado muy bien. Los sindicatos tienen esa protección, porque representan a los trabajadores y es una tutela incluso constitucional reforzar el esfuerzo que se hace en defensa de los derechos de los trabajadores y creo que hacemos un mal favor al ordenamiento de nuestro país eliminando la justicia gratuita y la exención de costas en estos casos.

Voy a hacer una reflexión general. Agradezco la presencia del señor ministro, y aunque mi colega Arcadio Díaz Tejera va a hacer una intervención general, yo creo que hay que hacer una valoración —como ha hecho el ministro— muy positiva de este texto, del trabajo de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados y también aquí, aunque en el Senado ha sido muy precipitado. Es un trabajo que permite elaborar una nueva ley de la jurisdicción social excelente, que parte del marco del texto refundido de 1995, pero que, como decía el ministro, al final se configura el juez de lo social, como es natural, en materia de políticas sociales, con ese pequeño aplazamiento de la Ley de dependencia en un




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nuevo texto legal para dentro de tres años. Yo creo que, en general, como decía antes, es un excelente texto legal.

Podemos recordar simplemente que los accidentes de trabajo, la prevención de riesgos laborales y todo lo que tenga conexión con ello, incluidos los órganos de representación en materia de riesgos laborales, se insertan en el conocimiento de esta jurisdicción, lo cual es un elemento positivo. Los derechos fundamentales que afectan a una relación laboral —hablamos del acoso, por ejemplo—, incluso cuando hay un tercer trabajador afectado, pertenecen a esta jurisdicción.

Aprovecho la benevolencia del presidente de la Cámara, porque esta va a ser mi última intervención en el Senado, para dar las gracias a todos los grupos, especialmente a las personas con las que más relación he tenido, portavoces de los grupos políticos. Ha sido una etapa interesante de mi vida y a partir de ahora participaré en otra esfera de la política, en el cabildo insular de La Palma, y a todos los miembros de los grupos políticos que quieran visitar la isla de La Palma los recibiré con gusto.

Ya comenté en otro debate hace algún tiempo cómo veía un joven de 13 años la política cuando comenzaba la Transición en nuestro país y el orgullo de ese joven, que hoy tiene 46 años, por lo que ha ocurrido, más allá de los problemas actuales, con una crisis económica que ha devastado tanto y que incluso nos ha hecho reconsiderar muchas realidades que considerábamos prácticamente estables por el esfuerzo que se ha hecho en momentos tan difíciles.

Me voy con un sentimiento agridulce, sinceramente, porque este país ha pasado por momentos muy difíciles, y jamás olvidaré que ha habido quien no ha estado a la altura al votar sobre cuestiones muy importantes para salvar la economía y ayudar a los ciudadanos de este país. Lo lamento.

Mi agradecimiento a todos, señorías. Espero encontrarlos alguna vez en otra etapa de mi vida.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) No se hace uso de la palabra.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente.

Tras haber defendido las enmiendas que mi grupo parlamentario mantiene vivas para este trámite, no voy a entrar yo ahora en una réplica al turno en contra utilizado con anterioridad. No procede, y mucho menos estando en vísperas de la disolución de las Cortes Generales y siendo consciente de que estamos en el debate de un proyecto de ley, como bien ha dicho el señor ministro de Justicia, muy consensuado, a pesar del alto número de enmiendas presentado en esta Cámara.

No voy a desdecir yo hoy —Dios me libre— al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados. Es verdad que la aceptación de enmiendas en aquella Cámara ha sido amplísima y es verdad que han sido muy numerosas las aceptadas a nuestro grupo, seguramente, por el carácter técnico que tenían. Es verdad que allí se ha trabajo bien y, como decía, se ha hecho un buen trabajo y es verdad que estamos ante un proyecto de ley bien configurado, es decir, estamos ante un buen proyecto de ley.

Precisamente por todo ello anuncio el voto favorable de mi grupo parlamentario al dictamen elaborado por la Comisión de Justicia de esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

Yo también voy a ser muy breve.

Esta ley viene a reformar una norma que sustituye a la Ley de Procedimiento Laboral e intentamos dar continuidad a una estructura anterior modernizando el procedimiento, proyectándolo hacia la jurisdicción social, a todo el ámbito social. Es una ley que creo que ha nacido con voluntad de consenso en un momento difícil para el mercado laboral. La crisis económica está causando situaciones muy gravosas para las personas que pierden sus trabajos, para las personas que deben reclamar salarios y para muchas empresas inmersas en situaciones económicas muy difíciles. Por tanto, deseamos apoyar esta ley. Entendemos que este texto tiene que ser una pieza más de la modernización de la Justicia que entre




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todos estamos intentando impulsar en esta legislatura a través de todos los proyectos legislativos que estamos aprobando y, por tanto, expresamos nuestro más firme apoyo a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): «Gràcies president.

La meva intervenció serà breu amb la intenció de donar la màxima agilitat al debat d’unes reformes legislatives en què es mantenen moltes esmenes, però en què hi ha un acord de fons tant sobre la seva oportunitat i necessitat, com sobre el seu contingut».

Decía que mi intervención será muy breve en aras de agilizar el debate de unas reformas legislativas para las que se mantienen muchas enmiendas pero sobre las cuales hay un acuerdo de fondo tanto sobre su oportunidad como por su contenido.

En relación con esta reforma sobre la jurisdicción social, quería subrayar sobre todo su ambición y el cambio de perspectiva que supone, dados los conflictos que se producen entre trabajadores y empresarios, en toda su dimensión social, lo que se refleja en el propio título de la ley, en el que se ha dejado de lado la referencia limitativa al procedimiento laboral para pasar a hablar de jurisdicción social.

Particularmente, queremos subrayar el esfuerzo que se ha hecho para racionalizar la distribución competencial entre los distintos órdenes jurisdiccionales en el ámbito de las relaciones laborales, concentrando la materia laboral con la de seguridad social y agilizando los procedimientos. Una buena ley, en definitiva, que contribuye a la modernización de la justicia.

Graciès, president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidente.

En nombre del Grupo Socialista, en primer lugar quiero dar la bienvenida a esta Cámara a los magistrados don José Folguera Crespo, Fernando Salinas Molina, Juan Pedro Quintana y José Manuel Sieira Míguez. La verdad es que no es frecuente que los integrantes del Poder Judicial asistan a estos debates en el Senado de España, pero, francamente, me parece muy relevante que estén ustedes aquí e incluso que estén permanentemente al tanto de los devenires y quehaceres de esta Cámara. Quiero también saludar al ponente en el Congreso de los Diputados, mi querido amigo y colega a quien tanto admiro por su generosidad, Manolo de la Rocha, presente también en este debate.

Para nosotros este es un texto muy muy relevante. Lo reafirma y refuerza la presencia del ministro de Justicia, en cuyo discurso ha mostrado una evolución de conjunto de los tres textos. Ha dado una explicación sobre el transfondo político, la relevancia económica y la relevancia social que tienen los tres textos en este período precisamente. Es un esfuerzo de unificación competencial en el orden social, de los magistrados de lo social, de los asuntos que están dispersos y que generaban lo que algunos clásicos llamaban el peregrinaje de las jurisdicciones, asuntos vinculados al ámbito civil o al ámbito contencioso que tienen que ver con la enfermedad profesional o con los accidentes de trabajo y que se concentran en el orden jurisdiccional social.

He preguntado a muchos colegas del orden social cuánto aumentaba esta ley, en su opinión, la carga de trabajo. Ellos me decían que aproximadamente un 25 o un 26%. No sé el ámbito de rigor que tienen, pero se lo preguntaba con toda sencillez, y ellos me respondían también espontánea y sencillamente que un 26%. Supongo que esto se tendrá que tener en cuenta a la hora de redistribuir la carga de trabajo en el orden social porque cuando se detrae de otros órdenes y se hace descansar en el orden social, tiene que tener una relevancia desde el punto de vista de la creación y distribución de los órganos jurisdiccionales. Y aquí ciertamente hay que destacar no solo la ampliación de las materias, la clarificación de las materias en el orden social, la voluntad de modernización del procedimiento, que ya tiene en cuenta las últimas reformas que se han hecho en orden a la Oficina Judicial, al Plan Estratégico de Modernización e incluso a la previsión de los tribunales de instancia.

Hay una serie de asuntos sobre los que se plantea esta amplitud de materias en el ámbito de la prevención: la garantía de la protección de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones de




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trabajo y las libertades públicas de empresarios y trabajadores, las materias relativas al ámbito sindical y de huelga, el caso del acoso, que mi compañero y amigo, Anselmo Pestana Padrón, senador por La Palma y por Tenagua —quien hoy aquí se ha despedido temporalmente; un pequeño paréntesis entre jóvenes— ha puesto de manifiesto.

Creo que, tanto para los asuntos vinculados a los ERE como para los trabajadores autónomos económicamente dependientes, es una ley relevante. No solo pone orden, no solo redistribuye tareas y competencias en el ámbito jurisdiccional, no solo moderniza, sino que se esmera en afilar normas de procedimiento que tan buen resultado han dado a lo largo de la historia judicial española. De siempre quienes han trabajado en otros órdenes jurisdiccionales han puesto de manifiesto con especial cariño la fluidez, la rapidez y la diligencia del procedimiento laboral. Siempre ha sido un ejemplo, que creo que con esta ley se reafirma y se refuerza.

Así que enhorabuena a los padres y madres del texto, enhorabuena a los ponentes en el Congreso. Exactamente de 400 enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados, 233 fueron aceptadas en sus términos originales, en sus términos literales, o al menos transadas, en la voluntad que animaba, las expresiones gramaticales que se utilizaban. Es una ley que llega aquí muy pactada, muy negociada, muy dialogada, y parte de la legitimación del ejercicio de esta Cámara —de la legitimación de origen no hay cuestión alguna por su origen democrático— es no repetir lo que ya se ha dialogado y en lo que se ha alcanzado un punto de acuerdo, sino tratar de incorporar y precisar en una segunda lectura aquellos asuntos que no se han podido abordar en una primera lectura, por su mayor pasión. Entre los senadores y senadoras hay más serenidad y otro buen rollo —permítanme esta expresión coloquial—, pero sabemos a lo que nos estamos refiriendo.

Algunos asuntos que se han planteado, muy interesantes desde el punto de vista del contenido, no se han podido abordar por los criterios que nos han trasladado, por razones económicas y por la situación que estamos viviendo. En cualquier caso, enhorabuena a los parlamentarios y parlamentarias por el trabajo que se ha hecho, y enhorabuena, insisto, a los magistrados que están hoy aquí y honran esta Cámara con su presencia.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pastor.

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición en relación con esta ley objeto de debate, la ley reguladora de la jurisdicción social. Una ley que, como ya se ha dicho, efectivamente viene muy trabajada del Congreso de los Diputados, y que en el trámite de la Cámara Baja ha sido objeto de un buen número de acuerdos, como lo atestigua el exiguo número de enmiendas nuevas que se han presentado a trámite aquí en el Senado.

Sin embargo, antes de entrar directamente en la materia que nos ocupa, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Y es que nos encontramos al final de la legislatura en lo que podrían calificarse como los minutos de descuento antes de que se disuelvan las Cámaras y los ciudadanos sean convocados a las urnas. Y pese a que en un momento como este todo debería estar ya hecho, sin embargo la actividad de esta Cámara resulta frenética. Parece que nos han entrado las prisas, y la ley que hoy debatimos es una buena prueba de ello. Si me lo permiten, diré que esta situación me recuerda mucho a la de aquellos malos estudiantes que tras haberse pasado el curso mareando la perdiz, pretenden aprobar metiéndose el gran atracón el último día. Todos sabemos que este no es el comportamiento más sabio ni el más aconsejable, pero ¿qué quieren que les diga? Es lo que hay.

Así pues, igual que los malos estudiantes, el Gobierno, que ha estado buena parte de la legislatura entretenido en otras cosas, nos trae ahora un buen número de proyectos de ley para su aprobación expresa antes de que la legislatura expire, y el que hoy nos ocupa es precisamente un ejemplo de eso. Por tanto, fruto de las prisas nos encontramos con que prácticamente no hemos tenido tiempo para el estudio de esta ley. Hemos tenido un plazo de enmiendas muy ajustado, realmente ajustado, como todos los ponentes conocen perfectamente, y que ha limitado de una forma, en mi opinión, muy notable, el tiempo disponible para estudiar y negociar convenientemente las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. En definitiva, una situación esta que en mi opinión debería llamarnos a la reflexión para evitar que en el futuro las cosas se hagan igual.




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En cualquier caso, por lo que se refiere a la ley que traen hoy a la consideración de esta Cámara, la ley reguladora de la jurisdicción social, cabe señalar que trae su causa en buena medida en la Ley 35/2010, de 17 de diciembre, en la que se mandaba al Gobierno que en el plazo de seis meses trajera una modificación legal del texto a fin de que los recursos ante las decisiones administrativas de la autoridad laboral en relación con los expedientes de regulación de empleo recayesen sobre la jurisdicción social.

El Gobierno podía perfectamente haberse limitado a hacer una modificación legal menor, cambiando únicamente unos cuantos artículos y, sin embargo, ha preferido optar por presentar un texto legislativo completo, cambiando la Ley de Procedimiento Laboral, que a partir de ahora será la ley de la jurisdicción social.

Esto se ha traducido en la incorporación de nuevas competencias, especialmente en el ámbito de los accidentes de trabajo y en la prevención de riesgos laborales, con la voluntad —como han señalado el señor ministro y varios ponentes— de evitar el peregrinaje judicial, que en muchos casos conlleva la coincidencia de actuaciones de la jurisdicción social, la civil o la contencioso-administrativa al mismo tiempo.

Igualmente, se incorpora —y, desde nuestro punto de vista, es relevante— el recurso de casación de unificación de doctrina, legitimándose al ministerio fiscal para interponerlo, y se refuerza una mayor presencia en el juicio del Fondo de Garantía Salarial, el Fogasa, en lo que en nuestra opinión es una decisión acertada del proyecto en aras de la limitación de las situaciones de fraude.

No obstante, como ya he mencionado en relación con las enmiendas, hay una cuestión que debe ser considerada y que es objeto de preocupación para mi grupo parlamentario, que no es otra que el que esta ley pueda suponer un incremento en la carga de trabajo de la jurisdicción social que termine por afectar a su rapidez y eficacia, máxime en un momento como el actual —ya lo han referido otros portavoces— en el que los juzgados de lo social se encuentran sometidos a una importante presión debido al incremento de los procedimientos que han de tramitar, consecuencia directa de la situación de crisis económica que atravesamos. En este sentido, la jurisdicción social, que antes podía resolver en una media de cuatro meses, puede llegar a tardar ahora hasta doce, catorce o dieciséis meses desde que se interpone la demanda hasta que hay sentencia. Por tanto, en un contexto de saturación de la jurisdicción social como en el que nos encontramos, además de atribuirle la competencia sobre los expedientes de regulación de empleo le añadimos todas las que adicionalmente contempla el proyecto de ley que hoy debatimos. En consecuencia, en mi opinión deberíamos plantearnos la pregunta de si esta reforma es temporalmente oportuna.

En el mismo sentido, me gustaría señalar que estamos de acuerdo con la formulación a la que se ha llegado en relación con la dependencia, pues en nuestra opinión hubiera resultado imprudente asumir sin más las pretensiones de algunos grupos sobre esta materia, que de salir adelante provocarían, sin duda alguna, que los jueces de lo social salieran corriendo de España ante los miles de casos adicionales que se les podrían venir encima.

En cualquier caso, pese a las cautelas y las dudas que nos producen algunos aspectos del proyecto de ley y que están recogidas en las enmiendas que hemos presentado, mi grupo parlamentario le va a dar una oportunidad y, por tanto, anuncio nuestro voto favorable.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, tomen asiento, por favor.

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación del Proyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas números 3 y 10.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 7; en contra, 240; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas votamos la enmienda número 8.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 122; en contra, 125; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor 9; en contra, 237; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 6; en contra, 125; abstenciones, 117.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió votamos las enmiendas números 87 y la 88.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 14; en contra, 116; abstenciones, 118.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió votamos las enmiendas números 89 y la 90.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 124; en contra, 123; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió votamos la enmienda número 92.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 17; en contra, 229; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, la enmienda número 94.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 12; en contra, 236.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés votamos las enmiendas números 97, 98, 111, 119, 124, 125, 147 y 161.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 121; en contra, 126; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 105, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 11; en contra, 237.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 95, 96, 104, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 120, 121, 122, 126, 133, 134, 135, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 157 y 160, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 11; en contra, 237.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 93, 99, 106, 107, 109, 115, 118, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 139, 141, 142, 148, 152, 154, 155, 156, 158, 159 y 162, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 11; en contra, 124; abstenciones, 113.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En primer lugar, la enmienda número 20.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 121; en contra, 127.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 117; en contra, 130.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 118; en contra, 129.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 246.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000118)

(Núm. exp. C.D. 121/000119)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Asensio.




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El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de presentar el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. (El señor vicepresidente, Molas i Batllori, ocupa la Presidencia.)

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 3 del pasado mes de agosto, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 5 de septiembre y fue ampliado hasta el día 7 de septiembre de 2011.

A este proyecto de ley se presentaron 174 enmiendas así distribuidas: 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 96, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; 7, del Grupo Parlamentario Socialista; y 65, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Por decisión de la Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, no fue admitida a trámite la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por considerarse, de conformidad con la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se refiere a materias que de manera evidente y manifiesta carecen de conexión con el proyecto de ley.

El día 8 de septiembre la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: doña Carmen Alborch Bataller, del Grupo Parlamentario Socialista; don Miguel Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; don Francisco Javier Irízar Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista; don Juan Manuel Juncal Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Narvay Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto; y don Joseba Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas. Dicha ponencia acordó por mayoría proponer a la Comisión de Justicia que se mantuviera en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 8 de septiembre y acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la ponencia, que no introduce modificaciones en el remitido por el Congreso de los Diputados.

Han presentado votos particulares a este dictamen los grupos parlamentarios Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular.

Es todo, señorías. Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señor senador.

¿Algún grupo solicita intervenir en el debate de totalidad? Si no, pasaríamos directamente a debatir las enmiendas. (Denegación.)

Como ningún grupo parlamentario quiere intervenir en el debate de totalidad, pasamos al debate de las enmiendas.

Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Un segundo, señoría. Antes de que tome la palabra, a fin de agilizar lo que podríamos llamar la auscultación por parte de todos, ¿harían el favor de comentar fuera sus despedidas?

Continúe cuando usted lo desee, señoría.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias.

Hemos presentado un grupo de enmiendas para su aprobación en este Pleno que persiguen distintas soluciones: por ejemplo, estamos intentando que se aprueben en este proyecto de ley soluciones extrajudiciales, por lo que proponemos introducir un procedimiento notarial previo, con la finalidad de desjudicializar y promover soluciones convencionales en la insolvencia del deudor. Entendemos que así se agiliza muchísimo más todo el procedimiento.

Asimismo queremos garantizar —porque creemos que actualmente no se hace, tal y como está el texto— conocimientos suficientes en el ámbito concursal por parte de aquellos administradores concursales que vayan a intervenir, motivo por el cual proponemos una vuelta al texto vigente en cuanto




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a exigir cinco años de ejercicio profesional, debiendo incluso acreditar especialización en materia concursal.

Igualmente proponemos una mayor flexibilización en la realización de los bienes afectos a créditos con privilegio especial con respecto a los derechos de los acreedores y, en su caso, del concursado.

También perseguimos obtener un mismo tratamiento, que actualmente no existe, para aquel concursado que durante el desarrollo del proceso concursal ha obtenido una quita inferior a un tercio del importe de los créditos o una espera inferior a tres años, con el tratamiento que recibe actualmente el deudor, que ha conseguido por vía anticipada un convenio con las mismas características.

Por último, me gustaría comentar que con posterioridad hemos presentado un grupo de enmiendas que vienen a solucionar o modificar unos errores materiales que se habían detectado en el texto elaborado en las Cortes. Por tanto, pido a todos los grupos parlamentarios aquí presentes que den su apoyo a las mismas puesto que modifican aspectos básicamente materiales de un texto que venía con errores, cambios que han sido avalados tanto por el letrado del Congreso como por el de nuestra comisión en el Senado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.): «Gràcies, president.

Mantenim també una gran quantitat d’esmenes en aquesta llei, malgrat el nostre acord general amb el projecte. Sobretot, volem emfatitzar que es tracta en bona part d’esmenes que tracten de garantir que en tot cas es tingui en compte la posició dels treballadors en els concursos.»

Continúo en castellano por la falta de traducción simultánea, obviamente. Decía que mantenemos también una gran cantidad de enmiendas en esta ley, a pesar de nuestro acuerdo general con el proyecto. Queremos enfatizar con ellas unas propuestas que tratan de garantizar que, en todo caso, se tenga en cuenta la posición de los trabajadores en los concursos como parte especialmente interesada en asegurar la continuidad de la empresa sometida a concurso y en la urgencia de los trabajadores para obtener respuestas en relación con sus necesidades personales y familiares, como aquellas relacionadas con el cobro de salarios o de indemnizaciones.

Entre las enmiendas que mantenemos quiero destacar dos que hacen referencia a la administración concursal en la medida en que durante la pasada legislatura fue una cuestión debatida en esta Cámara a raíz de una moción presentada por nuestro grupo. En concreto, con nuestra enmienda 130 pretendemos proteger el cobro de los honorarios de los administradores concursales con la idea de asegurar la máxima profesionalidad en su intervención, que tienen como misión buscar en la medida de lo posible una salida viable para la empresa que recurre al concurso, y con nuestra enmienda 142 tratamos de que el nombramiento de los administradores concursales se haga con la máxima transparencia y con una repartición equitativa de los asuntos, evitando situaciones de oligopolio y de agravio.

Por lo demás, cabe decir que nuestras enmiendas 124 y 138 coinciden con las números 1 y 5, de Convergència i Unió. Por otra parte, nuestras enmiendas 81, 83, 119, 121, 123, 137 coinciden con las enmiendas números 7, 13, 52, 58, 65 y 67, del Grupo Parlamentario Popular. Cabe destacar que la enmienda 137, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y la 67, del Grupo Parlamentario Popular, son exactamente iguales pero importantes en la medida en que en ellas proponemos ambos grupos la inclusión en esta ley de todo un título décimo denominado Acuerdos de refinanciación, con diecinueve artículos, ya que coincidimos en estimar que es necesario desarrollar de esta forma específica esta solución preconcursal reforzando la intervención del operador judicial en estos acuerdos y facilitando la intervención profesional en la negociación y la formulación de acuerdos con control judicial.

No voy a resumir lo acordado a efectos de votación porque el letrado ya cuenta con la lista y no voy a repetirla, pero sí quiero especificar que retiramos nuestra enmienda 109 ya que es idéntica a otra presentada: la número 166. Estas coincidencias en enmiendas presentadas por el mismo grupo pueden parecer extrañas, pero son fruto de la inclusión de enmiendas remitidas por el Congreso de los Diputados y allí Esquerra Republicana e Izquierda Unida a veces formulan enmiendas idénticas con justificaciones distintas, de ahí estas coincidencias extrañas.

Moltes gràcies.




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El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Irízar.

El señor IRÍZAR ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño para defender las enmiendas que presenta mi grupo, que son puramente técnicas y de mejora del texto. Así, las enmiendas 72, 73, 75 y 78 suponen una mejora en la redacción del texto.

Se retira la enmienda número 76 porque coincide con la número 75.

En la enmienda número 74 se incluye un inciso en el que se dice que, además del Consorcio de Compensación de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cualquier administración pública podrá aparecer con los mismos derechos porque también en esta ley se incluye la posibilidad de que las administraciones públicas sean administradoras en caso de concursos especiales. Por coherencia con esto se les incluye así.

Además, en la enmienda 77, también de carácter técnico, se elimina del apartado 5 una parte que ya está incluida en el apartado 6. Por tanto, son enmiendas de carácter puramente técnico.

Aprovecho este turno para decir que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que las correcciones presentadas por la letrada mejoran el texto de la ley y ofrecen la posibilidad de que haya una enmienda transaccional por parte de todos los grupos para mejorar el proyecto de ley de forma técnica.

Gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado el senador Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias.

Señor presidente, señoras y señores senadores, tengo que empezar diciendo que no podemos estar satisfechos del trabajo efectuado, primero porque, aparte de la consabida reforma pendiente del Senado, la función de segunda lectura no se ha cumplido en esta ley.

Como muy bien ha expuesto el presidente de la comisión en la exposición del dictamen, esta ley tuvo entrada el 3 de agosto y el plazo de enmiendas terminó el día 7. Sigue habiendo problemas de encaje como nos ha anunciado la portavoz de Convergència i Unió en unas enmiendas de tipo transaccional que afectan solamente a las cuestiones técnicas. He hablado con la letrada para que las cuestiones técnicas se arreglen de inmediato, porque así está previsto en la normativa, en el Reglamento y, por tanto, se pueden hacer sin ningún tipo de problemas. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado entiende que ese tipo de enmiendas que afectan nada más y nada menos que a las diez disposiciones transitorias y a una adicional modifican básicamente el contenido del texto y, por lo tanto, deberían ser objeto de moción en su debido plazo y en este momento son extemporáneas y si no, que el Gobierno no hubiese tenido tanta prisa por sacar adelante una ley con los problemas que tiene y que se van a detectar —y voy a exponer a continuación— al objeto de que no se hubiese producido esta circunstancia. Pero —como decía— las prisas son las prisas y dicen que son malas consejeras. En todo caso —vuelvo a insistir—, es responsabilidad del Gobierno querer aprobar una reforma que, desde luego, no tiene la mejor redacción.

El Gobierno ha improvisado y voy a tratar de explicar por qué. En el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el grupo que sustenta al Gobierno, presenta nada más y nada menos que 36 enmiendas a temas importantes como el artículo 27, que regula la administración concursal y que sigue siendo caballo de batalla y sin resolver. Presenta enmiendas por el tema de disposición de bienes de la suspense, la calificación culpable o no culpable del concurso, el concurso abreviado, reforma de la Ley del Iva para invertir el sujeto pasivo del impuesto.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta en el Senado —como acaba de decir su portavoz— 7 enmiendas, de la 72 a la 78, aunque ha retirado una, pero sigue manteniendo privilegios en el artículo 28. Después me adentraré en ese tema.

El Partido Popular ha presentado en el Senado las numeradas de la 7 a la 71 —65 enmiendas—, para tratar de mejorar el texto en aspectos como la jurisdicción del juez, la jurisdicción del concurso —que quede perfectamente claro en el ámbito del juez concursal—; los concursos necesarios, los concursos solicitados por el deudor regulados en el artículo 15, o la posibilidad de declaración conjunta de concurso de las personas afectadas cuando sean cónyuges, cuando exista confusión de patrimonios, estén solapados, etcétera-, que abarcan las enmiendas 19, 20 y 21. También presentamos enmiendas referentes al artículo 25; por supuesto, al artículo 27, sobre el que más tarde me explayaré un poquito más; al




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artículo 28, sobre incompatibilidades, muy importante también; al artículo 34, referente al arancel; la enmienda 29, que afecta al artículo 43, relativo a un asunto importante, la disposición de bienes no necesarios para el mantenimiento de la actividad; al artículo 48, que regula el embargo cautelar de bienes de los administradores; al artículo 58, que habla de privilegios de los créditos públicos, compensación en la que, a nuestro entender, tiene demasiados privilegios la Hacienda pública —una cosa es que no los tenga y otra que sean excesivos—; al artículo 191, que regula el procedimiento abreviado en la definición de insolvencia porque es uno de los grandes problemas.

Siento que se haya ido el ministro, pero, efectivamente, uno de los grandes problemas con los que aquí nos enfrentamos es el ingente número de concursos, que, por tanto, habría que abordar.

También coincidimos en un título nuevo, en los acuerdos de refinanciación, porque es importante que dentro de unas posibles soluciones —primero, para descongestionar y, segundo, para que las empresas puedan subsistir— existan de forma regular, coherente y efectiva los acuerdos de refinanciación.

Y, por supuesto, para cerrar, la enmienda número 71 pretendía -porque por lo que sé no va a tener el apoyo mayoritario de la Cámara- introducir en el ordenamiento la creación de un texto refundido por el Gobierno al objeto de recomponer y tener en un solo texto toda la normativa dispersa a lo largo de estos años de vigencia de la Ley Concursal del 2003 y además las modificaciones posteriores que se hicieron en 2009.

El señor ministro explicaba los motivos de esta modificación de la ley. Si vamos a la exposición de motivos, vemos que se dice que la situación económica provoca disfunciones. En este caso no estoy de acuerdo, lo que provoca disfunciones es el contenido de la ley; lo que provoca la situación económica es el incremento de los casos. Podemos dar una estadística a 1 de septiembre de este año. El Observatorio del Registro Oficial de Economistas Forenses este año detecta un repunte claro, en torno a un 16% —no voy a marear con las cifras— de casos de concursos tanto de empresas como de personas físicas. Y quiero destacar, si observamos la estadística desde el 2004 al 2011 del número de casos de concursos, vemos que frente a unos 200 casos en el 2002 fluctúan en torno a los 1000 en 2005, 6 en el año 2007; que en el 2008 se disparó a 3200 o 3300 concursos; que en el 2009 y 2010 se ha ido la cifra a 6100 y 5800 respectivamente; y que las previsiones para este año, de acuerdo con lo que se lleva transcurrido de ejercicio 2011 y, por lo tanto, es una previsión, nos vamos a ir a 6588.

¿Qué pasa? Que tenemos una administración judicial, unos jueces de Distrito, unos jueces de lo Mercantil que se han visto absolutamente desbordados. Por consiguiente, no estoy de acuerdo con esas disfunciones que provoca la situación económica. La situación económica provoca incremento de casos.

¿Por qué el 95% de los concursos acaban en liquidación? Probablemente por muchas razones, pero una de ellas, la primera, es que se presentan tarde. Otra razón que podríamos señalar como causa de que el 95% de los concursos terminen tarde es la actuación de los administradores o la situación de los administradores.

Se hablaba como un pilar de la reforma del preconcurso, pero tal y como está es simplemente una operación para retrasar probablemente lo inevitable, porque no hay un control efectivo judicial. Ahí está el artículo 8.

En cuanto al fresh money, el anglicismo que utilizamos para referirnos al privilegio del dinero fresco que entra en pleno concurso, se habla del 50%. No sé si se lo han jugado a cara o cruz porque puede haber teorías para nada, el cincuenta o el cien por cien. Creo que aplicaron el juicio de Salomón y se quedaron en el 50%, pero no hay ningún índice que nos indique que esa es la cifra correcta para tener ese privilegio especial.

Crean un registro público concursal regulado en el 198. Me parece muy bien, pero se les olvida un tema tan sencillo —después intentaré exponerlo porque está contenido en una de nuestras enmiendas— como es que dentro de ese registro concursal tenga una publicidad adecuada la disposición de bienes. Todos aquellos bienes que son innecesarios para el mantenimiento de la empresa se ponen a la venta. ¿Cómo? En un procedimiento en el que estamos viendo que los administradores concursales están haciendo de agentes de la propiedad inmobiliaria. Lo lógico sería que aparte de ese registro donde se vuelcan todos los autos judiciales, todas las actuaciones referentes a ese expediente, hubiera también un espacio informático, un espacio virtual donde se volcaran esas operaciones al objeto de mayor transparencia y mayor publicidad, lo que supondría una seguridad y una tranquilidad en cuanto a que la venta de esos bienes están en unas condiciones de publicidad y de concurrencia.

En cuanto a los administradores concursales, son pieza básica de esta ley porque regula los concursos, y para los concursos necesitamos uno o varios acreedores, un deudor, un juez y, obviamente,




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los administradores concursales. Pues resulta que veníamos de una ley que mantenía tres administradores concursales con experiencia profesional, entró en el Congreso igual que está en la ley vigente pero ya sin experiencia, y ahora empieza a introducirse la persona o empresa jurídica como administrador concursal.

Por último, las sociedades anónimas deportivas. Esto es lo que regulaba la exposición de motivos de la ley.

¿Qué problemas hemos detectado? Las personas físicas, los administradores concursales, el cierre de empresas y, obviamente, cuestiones técnicas.

En cuanto a las personas físicas, meter al ciudadano en un concurso —permítanme la expresión— es como meter a un bebé en un veterinario, es administrarle una dosis de caballo, porque la ley concursal no está pensada para este tipo de actuaciones o situaciones de insolvencia de personas físicas. ¿Cuál es la solución del Gobierno? Una disposición adicional primera que dice que el Gobierno, en el plazo de seis meses, elaborará un informe con posible adopción de medidas para la protección de la economía social de las familias y los consumidores. A tal efecto podrán proponerse opciones de soluciones extrajudiciales para estos casos, sean de carácter notarial, registral, mediación y arbitraje, añadiría yo, pero han aprobado hace poco, como muy bien ha recordado el ministro, la Ley de mediación y arbitraje y no contiene nada sobre estos temas. Por eso yo me pregunto: ¿tanta prisa para aprobar esta ley si realmente este tema no lo tienen resuelto y, como digo, era uno de los pilares de la reforma?

Cierre de las empresas. Hay que preguntarse por qué el 95% de los concursos, como decía antes, acaban en liquidación. Se presentan los acuerdos de refinanciación, sí, pero con un problema sustancial que hace que sea indispensable modificar esa situación tal como está redactada porque no tienen una supervisión efectiva. El deudor simplemente le comunica al juez que se encuentra en una situación preconcursal. Después informa en función del acuerdo alcanzado, si es que llega a alguno, pero durante ese impasse la Administración judicial está ciega.

Podríamos también pensar en regular el estado de insolvencia. ¿Por qué? Porque las situaciones de insolvencia que están en este momento vigentes y que regula la ley, por ejemplo el impago de sus obligaciones fiscales, el impago de salarios, de la Seguridad Social, etcétera, han demostrado que no son suficientes para contener ese estado de insolvencia y que cuando las empresas llegan ya es tarde. Por eso nuestra modesta aportación a la modificación del artículo 2.2 es una norma técnica. Porque ¿cuándo estamos en insolvencia? Cuando el pasivo circulante es mayor que el activo circulante. Hemos hecho nuestra aportación también en una enmienda para que se estudie un tratamiento preventivo de la insolvencia.

Pero vayamos a uno de los temas más cruciales de la reforma que mantienen Convergència i Unió y la Entesa. Como decía antes, el proyecto de ley entró en una situación en la que se decía que era necesario un abogado con experiencia —ahora salimos con que tiene que ser sin experiencia— y un solo administrador. ¿Abaratando costes? Pues bien, probablemente todo ello apunta a que esta reforma va dirigida a las grandes multinacionales de la auditoría. Cuando yo hice el curso de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas recuerdo que el porcentaje de actuación del socio era un 3%. No creo que esto haya variado mucho, pero los honorarios estaban en torno a las 50 000 pesetas por hora, y estoy hablando del año 1989, con lo cual dudo mucho que los costes se vayan a abaratar.

Viendo la enmienda número 74 del Grupo Parlamentario Socialista pensé que se habían dado cuenta de eso y que lo iban a modificar, pero no, lo mantienen. Y es que cuando el administrador es una persona física, un abogado o un economista, si quien está en la lista de personas que están en disposición de acceder al cargo de administrador concursal es nombrado en tres concursos en dos años, no puede ser nombrado de nuevo. Es curioso, pero esta limitación no existe para las personas jurídicas. Y existe también incompatibilidad por estar vinculado personal o profesionalmente —reguladas en el artículo 93—; pero resulta curioso que las personas jurídicas contenidas en el segundo párrafo del artículo 27 no estén afectas por esta incompatibilidad. Y a mayores, se mantiene que no podrá ser nombrado administrador concursal quien como experto independiente hubiera hecho el informe referente del acuerdo de financiación.

Señorías, ¿quieren profesionalizar? Estamos de acuerdo y abiertos a ello. Lo mismo que se creó en su día el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, créese el registro oficial de administradores concursales con una característica, es decir, regulando la formación, las condiciones de acceso, las condiciones de ejercicio, etcétera. En cuanto a los honorarios, el Gobierno tiene el arancel para escribir. Yo conozco un poco el tema y comprendo que a veces las minutas de algunos concursos son de auténtico escándalo, pero hay que conocer también la realidad de las otras porque muchas veces, como muy bien apuntaba el




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senador Bofill, hay que tomar medidas para garantizar el cobro por el trabajo realizado por muchos administradores concursales que cuando llega la finalización del trabajo no tienen masa para hacer efectivos sus honorarios.

Nombramientos. Indudablemente, regúlenlo también. Desde luego, estos titulares donde se dice que investigan a jueces de lo mercantil por la adjudicación de concursos de acreedores o que un juez obliga a un grupo de administradores concursales a devolver 2 millones de euros, no nos gustan a nadie. Regúlenlo de manera efectiva porque tienen capacidad para ello.

Resumiendo, aprueban una administración concursal unipersonal, entregan la actividad a las multinacionales, hay la posibilidad de que acceda al puesto gente sin la debida especialización, es un regalo no sé a favor de quién, pero sí desde luego en contra de los intereses de los colegios de abogados, auditores y economistas de España, que han venido trabajando en este tema con eficacia a lo largo de todos estos años, y lo que es más importante, es contrario al sentido común.

Ya me he referido antes a la cuestión de la administración de activos. Y en cuanto a las sociedades anónimas deportivas —otro de los pilares de la reforma decían ustedes—, porque el 25 de agosto hubo un convenio entre la federación española, los clubes y los futbolistas, porque si no, debido al rango de la normativa, con la disposición adicional segunda tal y como se ha redactado en el Congreso, el cacao —y perdonen ustedes la expresión— que se iba a montar iba a ser importante.

En cuanto a las enmiendas de Convergència i Unió, me he leído, obviamente, tanto las presentadas en el Congreso como las presentadas aquí, en el Senado, y entiendo su espíritu y lo compartimos, lo que yo no entiendo es cómo teniendo ese espíritu en las enmiendas pueden compartir el texto. La verdad es que no entiendo esta entrega porque, como muy bien dijo la portavoz de Convergència i Unió, el procedimiento notarial no sé si es el mejor, pero desde luego abre una solución a ciertas situaciones de las personas físicas para evitar entrar en un concurso. Ya he dicho cómo queda en este momento la administración concursal con experiencia y lo mismo sobre los acuerdos de financiación.

Efectivamente, hay temas comunes, esta es una ley técnica y nadie va a poner pegas ni a discrepar en cuanto a plazos, clasificación de los créditos, acumulación de concursos, recursos, etcétera, pero indudablemente hay otras cuestiones que son sensibles y no es normal —o a mí no me parece normal— que en una ley con un articulado de 198 artículos, 100 no hayan sido enmendados en ningún momento, ni siquiera en el Congreso de los Diputados; quiere decir ello que las 238 enmiendas presentadas en el Congreso y las 174 en el Senado se concentran en unos artículos muy específicos, muy concretos y, por supuesto, importantes.

Yo no sé si el ministro ha querido justificar su trabajo. Dijo: Hemos presentado veinte leyes, más estas tres de hoy. Parece que quisiera hacer una ley más, una muesca más en la culata, el mérito de haber presentado una ley más; no sé si es para que lo lleven en la lista, pero les digo de verdad que esto no es un enfrentamiento ideológico. Esta ley no tiene cuestiones de contenido ideológico y ojalá hubiésemos podido llegar a un acuerdo, como era nuestro deseo. Yo ofrecí al portavoz socialista reunirnos el fin de semana con ánimo de trabajo para solventar estas cuestiones, quisimos arrimar el hombro, pero las prisas —vuelvo a insistir— lo han impedido, y este es un trabajo demasiado importante para efectuarlo con prisas.

En definitiva, el endeudamiento familiar no se soluciona, la administración concursal se complica, las situaciones preconcursales, convenios anticipados, no son claras, se establecen unos criterios de privilegios para la Hacienda pública, el fresh money no tiene tampoco mucho viso de solucionar gran cosa; en resumen, se van a retrasar los concursos y provocará el efecto perverso y contrario al querido por el legislador. Esa es la realidad.

Vamos a retirar las enmiendas —supongo que el letrado tiene conocimiento de ellas— números 8, 11, 42, 54 y 32 por coincidencia del texto con otras presentadas.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Irízar.

El señor IRÍZAR ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, vamos a votar en contra de todas las enmiendas presentadas y defendidas por los distintos portavoces ante el Pleno.

En primer lugar quiero manifestar alguna coincidencia de criterio con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando ha expresado un cierto desasosiego, que también embarga a quien les




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habla, debido a que esta Cámara, que lo es de segunda lectura, haya tenido que realizar un trabajo rápido y apresurado por el hecho de que, habiendo finalizado el plazo de presentación de enmiendas el día 7 de septiembre, nos encontremos hoy, tan solo unos pocos días después, debatiendo este proyecto de ley en el Pleno.

Pero estábamos ante una disyuntiva. ¿Qué hacer? El proyecto de ley ya había entrado en la Cámara y podíamos dejarlo pasar y que se disolviesen las Cortes el próximo día 26, tal y como ya anunció el presidente del Gobierno en el ejercicio de sus facultades, con lo que habría caducado este proyecto y habría tenido que comenzar de nuevo en la próxima legislatura el trayecto parlamentario, o lo que se ha hecho. Y es que mi grupo parlamentario entendió que eso era malo, que era perjudicial, porque en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo, en la que están creciendo exponencialmente los concursos, era bueno dar una solución cuanto antes que fuera rápida y mejor, como hace este proyecto de ley. Y pensamos que, aun en detrimento de la calidad absoluta de la ley, que es muy compleja y difícil, era bueno que en el Senado se aprobase con la velocidad con la que se está haciendo la Ley concursal, tal y como se va a hacer hoy. Por ello estoy satisfecho de que hayamos hecho este esfuerzo, aunque es evidente que una ley de este tipo habría requerido de una ponencia, de una comisión, etcétera.

Pero entrando ya en las enmiendas, me voy a centrar en las que considero más trascendentes, y en este sentido le diría al Grupo Parlamentario de Entesa, que ha hecho especial hincapié en las enmiendas referidas a la protección de los derechos de los trabajadores en esta ley, que esta representa un importante avance respecto de lo que hasta ahora teníamos regulado. Así, en el artículo 21 de esta ley se exige por primera vez en derecho concursal que sea obligatorio comunicar a los trabajadores y a sus representantes las situaciones que se vayan produciendo. Es decir, que no solo hay que comunicárselo a los trabajadores, sino, insisto, también a los representantes que, además, pueden ser parte en el concurso y pueden personarse en él.

Pero no solo eso, sino que también se introduce la posibilidad de que en determinados concursos, en los que los salarios tienen una especial trascendencia en la masa, los representantes de los trabajadores puedan ser incluso administradores. Entendemos que esto supone un avance sobre la legislación actual.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, lamento que el Grupo Parlamentario Popular no las haya firmado como transaccionales, pues todos los grupos parlamentarios las habíamos aceptado ya que mejoraban técnicamente la ley. Pero, como digo, no han podido entrar en esta Cámara ya que el Grupo Parlamentario Popular no las ha querido firmar. No obstante espero que podamos subsanarlo, al menos en parte, vía las recomendaciones de la letrada.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, decía que me voy a centrar fundamentalmente en aquella que recoge la creación de este procedimiento notarial, que ciertamente es un tema novedoso en la legislación concursal, una legislación que, por otra parte, tiene muy pocos años de vigencia en nuestro país. Ya en el Congreso se llegó a un acuerdo para introducir en la única disposición adicional de esta ley que el Gobierno deberá presentar una propuesta de medidas a tomar para los concursos que afecten a familias y a personas individuales entre las que aparecerán, entre otras, las registrales y notariales. Por esta vía, señora Parera, se podrá introducir, probablemente, lo que usted pretende como enmienda directa a esta Ley, porque es un tema que tiene que ser estudiado con más detalle. Pero —insisto— por esta vía se podrá introducir casi con absoluta seguridad.

El Grupo Popular ha presentado enmiendas a casi toda la ley. Son enmiendas variadas, muchas enmiendas. Voy a centrarme en dos o tres para no cansar a la Cámara en un Pleno tan cargado de proyectos de ley, como este que nos ocupa.

Hay una enmienda que pretende modificar lo que el proyecto de ley, a mi juicio, garantiza para la venta de los bienes durante la tramitación del concurso. El proyecto de ley garantiza que se vendan a un valor razonable, que entiendo que es más correcto que el que su señoría propone. Usted habla de un valor razonable y el proyecto de ley garantiza el valor en que los bienes aparecen inventariados, con alguna posibilidad de que los administradores puedan reducir el 20%, cuando son inmuebles, o el 10%, cuando son muebles. Tenemos un valor ya en el concurso que no puede ser libremente interpretado por los administradores.

Señoría, hay varias claves, pero una de las claves fundamentales es la modificación —que se enmienda totalmente por parte del Grupo Parlamentario Popular— de la designación de los administradores. Es cierto que el proyecto de ley opta por una postura novedosa y, si se quiere, arriesgada, que es la introducción de la posibilidad de que las personas jurídicas sean administradores concursales. Hasta ahora, en la Ley concursal, y tradicionalmente en las suspensiones de pago, siempre habían sido




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personas físicas —letrados, economistas— las que habían llevado a cabo estas tareas de administración concursal. Y esta ley introduce la posibilidad de que sean personas jurídicas. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende profesionalizar la administración concursal, ponerla en manos de quienes realmente conocen este tema tan complejo, pero, en ningún caso, se deja fuera la posibilidad de que sigan siendo personas físicas. El juez puede seguir nombrando letrados, economistas, aunque generalmente se apuesta por el administrador jurídico.

Entendemos que es una buena apuesta. ¿Arriesgada? Puede ser arriesgada, pero es una buena apuesta. ¿Y qué va a ocurrir? Pues no lo sabemos, pero, probablemente, en las grandes ciudades, en los grandes concursos, se tenderá más a las personas jurídicas y en las capitales de provincias pequeñas muchas veces los jueces seguirán acudiendo a los profesionales de prestigio de estas localidades, a letrados, a economistas, para que sigan desempeñando esta tarea. No hay una apuesta decidida y única por las personas jurídicas, sino que se abre este paso, este camino y esta posibilidad. Yo creo que su señoría no debe temer que sean seis empresas, que están en la cabeza de todos, las que vayan a monopolizar todos los concursos. No, yo creo que no va a ser así. Habrá reparto, habrá para todos y, sobre todo, en los sitios pequeños habrá muchas personas físicas que seguirán desempeñando este papel, con toda seguridad, señoría.

También hay una serie de enmiendas del Grupo Popular que tienden a modificar otro de los puntos clave de este proyecto de ley, el preconcurso. El preconcurso, que no existía en la Ley concursal del año 2003, que se introduce de forma muy leve en el artículo 5.3 del decreto ley del año 2009, en este momento se desarrolla y permite que, de forma abreviada y sin entrar en el concurso, se resuelvan muchos temas. Yo creo que este es uno de los mayores éxitos de este proyecto de ley, y su aplicación va a ser uno de los éxitos de mayor calado porque va a permitir en muchos casos que muchas empresas no tengan necesidad de llegar propiamente al concurso.

Se ha utilizado con mucha profusión la leve regulación del decreto ley del año 2009 en el sentido de que muchas empresas han acudido a esta especie de preconcurso, pero al final no había salida. Al final iban al concurso o volvían adonde estaban. Con este proyecto de ley se pretende que las empresas, por esta vía, fuera del concurso, puedan bien liquidarse, bien volver a trabajar porque puedan resolver su situación. Es un tema importante, y las enmiendas del Grupo Popular pueden impedir que esto pueda llevarse a cabo.

Voy a terminar refiriéndome también a algo que el portavoz del Grupo Popular ha dicho al final de su intervención, porque el deporte es un tema que tiene importancia en esta sociedad en que vivimos y goza de un gran predicamento popular. ¿Qué estaba ocurriendo? La Ley del deporte establece que cuando un club no paga, cuando un club no cumple con sus obligaciones, una de las sanciones posibles es el descenso de categoría. Esto se dice en la prensa deportiva, está casi a la orden del día. ¿Qué habían inventado? Habían inventado un subterfugio que era acudir al concurso. Lo que ocurría en ese momento es que determinados clubes deportivos que se encontraban en esta situación no descendían de categoría porque iban a concurso de acreedores. El juez tomaba las medidas oportunas y, al final, eludía la ley. ¿Qué hace la Ley concursal? La Ley concursal lo que hace, en definitiva, es declarar la prevalencia de la legislación deportiva sobre la legislación concursal en este punto. Entendemos que es importante y, sobre todo, evita el fraude de ley en algún momento determinado.

Por esas razones y por no extenderme más, señorías, anuncio que votaremos en contra de toda las enmiendas, aunque evidentemente nos hubiera gustado tener más tiempo para estudiarlas y discutirlas, pero creemos que es bueno que la sociedad española cuente desde ya con una Ley concursal moderna, ágil, nueva, para resolver los gravísimos problemas por los que están atravesando muchísimas empresas en esta situación de crisis. Por esa razón, a pesar de la premura, creo que el Senado está haciendo un buen servicio a la sociedad y está trabajando en beneficio de todos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) No interviene.

¿Grupo de Senadores Nacionalistas? (Pausa.) No interviene.

¿Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.)

Tiene la palabra la senadora Parera.




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La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

La situación de crisis económica nos marcaba una necesidad urgente e imperiosa de modificar esta Ley concursal. Con esta reforma lo que se pretende es agilizar trámites procesales reduciendo o eliminando algunos costes de tramitación. Se intentan permitir medidas de ahorro de costes económicos y temporales para los deudores. Se intenta facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras y se intenta fijar también un orden de pago de los créditos contra la masa en caso de que resulte insuficiente la masa activa, entre otras muchas mejoras.

Por todo ello, entendemos que es un acto de responsabilidad por nuestra parte dar nuestro total apoyo al presente proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo de Entesa Catalana, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador comienza su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.): «Gràcies, president.

Aquesta serà una de les meves últimes intervencions com a portaveu de Justícia d’aquesta legislatura, una legislatura que no ha estat la de la Justícia com havia anunciat solemnement el ministre en el seu inici, no ho ha estat ni pressupostàriament, ni per les reformes legislatives dutes a terme.»

Continúo en castellano. Aprovecho para significar, una vez más, que la asignatura pendiente de un ministro de Justicia —a pesar de ser gallego— y además suspendida con un muy deficiente, es justamente la de igualdad de trato de la lengua de los catalanes, ya no en una institución estatal como esta sino en la propia Administración de Justicia en su relación con los ciudadanos de Cataluña, en el territorio de Cataluña. Es escandaloso.

En este Pleno estamos debatiendo algunas iniciativas legislativas importantes, como esta de reforma de la Ley Concursal, que podemos situar en el haber de la legislatura y en relación con las cuales ha habido un gran consenso, se ha trabajado bien en el Congreso de los Diputados y en la relación de los grupos con el ministerio; no así en el Senado, como ya se ha puesto de manifiesto, donde el trámite de urgencia y la precipitación del final de la legislatura nos ha impedido trabajar en ponencia como correspondía para una ley compleja y de tanta repercusión social como es esta.

Es cierto que con el ministro Caamaño ha habido notables avances en relación con la modernización, aunque frenados por la crisis presupuestaria, y se han tramitado algunas reformas legislativas importantes, que, vistas desde el ámbito más estrictamente jurídico, aportan algunas satisfacciones. No obstante, aparte de que la aplicación de estas reformas necesitará más recursos, también es cierto que el ministro se ha concentrado en lo que le han dejado pero ha puesto el freno de mano y se va a acabar la legislatura, se van a acabar las dos legislaturas del presidente Zapatero sin las reformas ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley de Demarcación y Planta ni de las de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que quedaron pendientes al final de la legislatura anterior y respecto a las cuales, contrariamente a lo dicho y acordado, se ha estado media legislatura a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto de Cataluña y luego no se ha tenido el coraje de plantearlas.

La actitud del Gobierno en relación con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, refrendado por el pueblo de Cataluña, y en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional, particularmente en materia de justicia, es de lo más grave. Hace un año, el 20 de agosto de 2010 el Gobierno anunciaba a bombo y platillo el rescate de parte del Estatuto catalán, especialmente —se decía— en lo referido al capítulo de justicia, y encargó expresamente al ministro de Justicia que pusiera en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la creación de los consejos de Justicia autonómicos, a partir de la delegación de competencias por parte del Consejo General del Poder Judicial.

¿Dónde está esa reforma? ¿En qué ha quedado? En nada, en otra promesa incumplida. Vista ya no desde el catalanismo sino desde el autonomismo más tibio; vista desde el proceso de la Transición y la primera estructuración del Estado de las Autonomías, la Justicia, la reforma de la Administración de Justicia está encallada y hace chirriar las estructuras de este Estado. Mala peça en el teler, mala pieza en el telar, como decimos los catalanes.

En relación con la reforma de la Ley Concursal, ya apuntaba en el turno de enmiendas nuestro acuerdo general en relación con la oportunidad y la necesidad de dicha reforma y con buena parte de su contenido ya que en ningún caso nuestras enmiendas van en el sentido de una reconsideración global del




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proyecto, aunque también coincido con los portavoces que han insistido en que en el Senado no se ha hecho una tramitación que realmente diera realmente margen para mejorarla.

Para terminar, queremos subrayar que es evidente que la crisis ha sobrecargado de trabajo a los juzgados mercantiles y debemos insistir en que la correcta intervención judicial es un factor más de la recuperación económica y para garantizar los derechos de los acreedores y de los trabajadores, por lo que es indispensable que la Administración dedique los recursos humanos y materiales para que funcione bien la aplicación de esta reforma que hoy vamos a aprobar.

Gracias, president.

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, señor presidente.

Cuando un texto como este llega al Senado, caben dos posibilidades: dejar de cumplir con nuestra responsabilidad y decir que no hacemos más leyes o, estando las circunstancias como están, hasta el último momento en que tienes la condición de senador trabajas como senador, porque es nuestra responsabilidad. Y todo en la vida puede ser hecho con mucho tiempo y lentamente o también rápidamente, cuando hay poco tiempo; de todo hay. Aquí hemos visto mociones que se han planteado en muy poco tiempo cuando ha habido voluntad de negociación y, por el contrario, ha habido textos que hemos tramitado a lo largo de varias semanas. De todo ha habido, al menos, en los ocho años de experiencia que tengo como senador.

Por lo tanto, ¿es preferible lento y, en términos canarios, con pachorra y deleitándonos en la reflexión y el conocimiento? Sí, es preferible. Yo habría preferido, como hicieron en el Congreso, escuchar a 17 expertos entre los ámbitos académico, judicial, notarial, registro, etcétera, pero cuando las cosas están como están y la realidad económica, financiera y de las empresas es la que es —porque les sugiero ver el ritmo que están llevando los juzgados de lo mercantil en las grandes ciudades, el incremento progresivo que se está produciendo—, entonces comprenderán las razones de la reforma de esta ley. Una ley que entró en vigor prácticamente en el año 2004, porque antes de esta ley estuvimos casi un siglo con el mismo texto, el Código de Comercio y la ley que regulaba las quiebras o suspensiones de pago. Se hizo una reforma de esta ley en el año 2009 por decreto ley porque lo requería la situación de urgencia. Y esta misma realidad por la que están pasando muchas empresas es la que requiere esta respuesta, que nos habría gustado que fuera con otro ritmo y con otra lentitud, pero no superando el límite de incumplir con nuestra responsabilidad.

Yo no digo que el conjunto de razonamientos que se esgrimen no estén animados por la buena voluntad, me parece excesivo, pero creo sinceramente que tampoco es adecuado trasladar el ánimo de que aquí se trata de primar a 7 o 9 empresas multinacionales. No es verdad, porque también se podría argumentar: ¿en el siglo XXI todo es artesanía o también existen las fábricas? También existe el capitalismo industrial. Junto al hecho de lo que se llama una boutique jurídica de un abogado, 2 o 3, también hay grandes firmas. ¿Cuáles son mejores y cuáles son peores? De todo hay, el ritmo de unas realidades y unas áreas económicas de nuestro país es uno y en otros ámbitos otro. Por lo tanto, no se trata de satanizar ni beatificar ni una posibilidad ni otra, sino dejar esos márgenes para que el juez en el momento de evaluar la situación económica de la empresa pueda optar por una fórmula o por otra.

Y tampoco es cierto que por estar colegiado durante 2, 3, 4 o 5 años se tengan ya los conocimientos y experiencia para esa área. No es verdad, los conocimientos y experiencia, la profesionalización o especialización en esa área se tiene cuando se acredita, porque no se excluye la veteranía ni la antigüedad, pero se pone como mérito preferente esa especialización y esa formación porque no todos los juristas tienen esa cualificación, ni los economistas, ni los auditores, cada uno tiene la que tiene.

Por eso, respecto a las objeciones de fondo sobre las personas jurídicas, que he argumentado, y lo que he planteado ahora en torno a la antigüedad, yo les diría que sinceramente son razonamientos que tratan de salirse del modelo. Hay un esfuerzo por reducir una administración con tres patas, la trimembre, porque abarata costes, porque reduce trámites. Incluso le puedo conceder que la evaluación de la bondad o maldad de este texto solo se podrá saber pasados unos años. Cierto es, pero responde a la demanda de muchos empresarios, de muchos titulares de los juzgados de lo Mercantil, incluso de administradores concursales, porque es verdad que los colegios profesionales han expresado su criterio, los he leído, pero también hay otros muchos compañeros que argumentan que igual esto invita a que algunos profesionales




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nos planteemos esta posibilidad de una forma un poco más organizada, buscando otro tipo de fórmulas de sociedades patrimoniales, como hay profesionales que ya se lo están planteando.

La pregunta de fondo es: ¿esto puede facilitar las cosas porque abre el abanico de respuestas en el ámbito anterior al concurso, lo que llaman el ámbito preconcursal, dando la opción a que el propio deudor viendo la situación tenga esa agilidad de refinanciar, tenga la agilidad de buscar fórmulas de acuerdo? Yo creo que eso abre esa panoplia de posibilidades. Por lo tanto, no hay argumentos de fondo que se planteen en torno a este asunto. Hasta tal punto no hay argumentos de fondo que de un total de 238 enmiendas, 111 enmiendas fueron pactadas. Y si lee —por supuesto sé que lo ha leído y lo ha estudiado— el tenor de las intervenciones de todos los grupos parlamentarios sin excepción, de todos los ponentes que participaron en esta Comisión de Justicia, francamente el tono general era absolutamente constructivo, de diálogo, una ley muy consensuada. Y los argumentos de fondo que se esgrimieron tanto en el ámbito de las sociedades deportivas como en el ámbito de las personas jurídicas o respecto a la antigüedad, todos fueron argumentos debatidos y consensuados entre sí. Yo creo que es un texto que sale bastante bien elaborado del Congreso. Y sinceramente creo que no hay razones para que aquí pongamos dificultades. Creo que es un buen texto, que va a dar más mecanismos a los administradores, más mecanismos a los juzgados y, sobre todo, muchos más mecanismos a los que están en situación en que su pasivo circulante es superior a su activo circulante.

Desde mi punto de vista, proporciona muchos más instrumentos y con el transcurso de los años veremos si hemos ayudado a quienes lo están pasando mal, para que encuentren una vía de escape y que algunos proyectos empresariales alcancen la prosperidad a partir de la aprobación de esta ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré brevemente porque creo que ya hemos debatido suficientemente la cuestión, entre otras cosas por interés.

Siento discrepar de la exposición del senador Díaz Tejera pero es que no tengo miedo a las sociedades sino que conozco su funcionamiento y, por ello, como he dicho antes, se debe regular el acceso a ese registro oficial de administradores concursales. Francia cuenta con uno parecido, pero está regulado y también está regulado el cobro de honorarios para los casos en que hay insuficiencia de masa, con el fin de que esas personas puedan percibir los honorarios que les correspondan. Como dije en un momento de mi intervención anterior, sin administración concursal tampoco tendremos concurso porque esa es una de las patas.

Usted propone que en lugar de tres haya uno, y en los casos de menor cuantía, en los casos pequeños, indudablemente un solo profesional puede llevar a cabo la labor, pero en una gran empresa —y el Partido Popular transaccionó el límite entre concursos de pequeña dimensión y grandes concursos— no debemos descargar la responsabilidad en solo un administrador concursal. Digo esto sencillamente porque he trabajado en suspensiones de pagos y muchas veces tienes la responsabilidad de la administración, de la disposición de bienes, etcétera, y para garantía de todos es mejor que se cuente al menos con dos administradores y uno de los acreedores, que es lo tradicional y lo que estaba vigente desde 1922 —como usted bien decía—, que se reformó en 2003 y entró en vigor en 2004. En este sentido, la ley de 1922 no debía ser tan mala cuando ha durado los años que ha durado; usted es un prestigioso jurista y, por lo tanto, me tendrá que dar la razón en que una ley que estuvo en vigor a lo largo de tantos años, junto con las disposiciones del Código de Comercio, no podía ser tan mala.

El Partido Popular considera que se plantean incertidumbres, como también se puso de manifiesto en el Congreso de los Diputados en su momento y perdóneme que le diga que nuestro portavoz dejó allí claro que el Partido Popular no iba a ser copartícipe de esta redacción por muy diversas causas.

En relación con la intervención de su compañero, el señor Irízar, en cuanto a la valoración de bienes, no considero conveniente fijar en este momento por ley un tope del 10% o del 20% para disponer de los bienes cuando pueden ser necesarios. Obviamente, todos sabemos lo que están suponiendo las rebajas en el sector inmobiliario, por poner un ejemplo, que superan con creces ese 20% y, por tanto, estamos limitando. Sin duda, lo que quiere el Partido Popular es que cuando se disponga de esos bienes se haga con todas las garantías y al mayor valor posible. ¿Por qué? Porque eso irá en beneficio de la concursada, de los acreedores y, en definitiva, en beneficio de la masa. Por eso decía que los redactores del ministerio




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estaban obsesionados con las direcciones electrónicas del administrador concursal, del juez, por la comunicación de acreedores, pero no se les ha ocurrido lo que he dicho anteriormente, que deben dejar un hueco en esa página web del registro concursal para que todas esas operaciones tengan una difusión y una transparencia en el ámbito nacional en cuanto a plazos de convocatoria y que no estén condicionados por los problemas de los subasteros, etcétera.

Insisto en que no tengo miedo a la sociedad, pero debemos ser conscientes de que se nombrará administrador concursal a una persona física y que va a exigir su despacho con el juez. Usted sabe como yo que una sociedad debe regularse, pero el problema está en que no está regulado cómo tiene que ser esa sociedad; ese es el problema al que me refería antes. El ROAC tiene previsto sociedades de auditoría, pero exige que el 95% del capital sea de los socios auditores. No admite capital. Yo no sé —tengo la duda— en una sociedad con múltiple actividad quién va a realizar el trabajo directo que tiene que hacer el administrador concursal. Y usted sabe que hay que estar a pie de obra —así de claro— por decirlo de alguna manera. Y no está convenientemente regulado.

Yo no entiendo esa presión salvo, vuelvo a insistir, el argumento de que el señor ministro tiene interés de colgarse una medalla, de que ha hecho 23 leyes en un tiempo récord, etcétera.

En cuanto al preconcurso, estamos de acuerdo. Nosotros proponemos también soluciones de este tipo. Pero hay un problema, y es que falta la tutela judicial, falta la tutela del juez. Entonces, un deudor puede solicitar el concurso y estar dos meses, más uno, tres, tres meses quietecito, que no pasa nada, y eso sabemos que deteriora de forma irreversible muchas veces el patrimonio o el poco patrimonio o la situación patrimonial de la empresa.

Por eso le decimos, incorpórese el informe o que esté tutelado, pues precisamente no va a ser por otra persona, lógicamente, más que por uno de los recogidos en el 27.1, un administrador concursal que le pueda decir al juez, señoría, aquí no se está moviendo un papel, aquí no se está negociando con los trabajadores, aquí no se está negociando con ningún acreedor, y lo único que se está haciendo es ganar tiempo, ganar tres meses. Por lo tanto, el juez, su señoría, con su debida información o contrastando la información que quiera, podrá decretar el inicio del concurso o no. Es lo único que decimos, pero es que es fundamental porque, si no, vuelvo a insistir, es una pérdida darle tres meses de tiempo.

En el tema del deporte, tal y como salió redactada del Congreso de los Diputados —por eso hacía la mención del acuerdo del 25—, al Gobierno le tocó la lotería porque el 25 de agosto la AFE, la federación, los futbolistas y los clubes firmaron un acuerdo porque, si no, estábamos con el problema de legislación, de rango que tienen la disposición concursal y la Ley del Deporte. Pero ¿cuál era la solución? El Gobierno en seis meses legislará. Pero usted sabe que en la fecha que estamos —no porque sea septiembre, sino por tema electoral— y teniendo en cuenta todas las referencias que hace la ley a seis meses, usted sabe que es imposible que el Gobierno, sea uno u otro o el que sea, vaya a redactar absolutamente nada.

Por eso, el Partido Popular obviamente va a mantener su postura y sus enmiendas.

Sí quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo, aunque también es otra de las dudas —no sé si es por el seny catalán— que comparto con Convergència porque presentan una serie de enmiendas que, desde luego, por el número y por el contenido está claro que no se puede estar de acuerdo con la ley pero, incomprensiblemente, están de acuerdo, a pesar de mantener esas enmiendas y mantener igualmente esa, para mí, dualidad de conceptos.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Molas i Batllori): Gracias, señoría.

Llamen a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento.

Cierren las puertas. (Pausa.)

Vamos a proceder a la votación del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Votamos las enmiendas de Convergència i Unió. En primer lugar, la número 1.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a favor, 129; en contra, 119; abstenciones, 1.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 5, de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 130; en contra, 120.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos el resto de las enmiendas de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 248; a favor, 131; en contra, 116; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (El señor Roig i Grau pide la palabra.)

Tiene la palabra, señoría.

El señor ROIG I GRAU: Señor presidente, perdóneme, ha sido un olvido mío, pero quisiera que la enmienda número 90, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que está incluida en el resto de enmiendas, se votara por separado, así como la número 24, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, la enmienda número 124.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251, a favor, 18; en contra, 233.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos a continuación la enmienda número 138, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 18; en contra, 232.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 81, 83, 119, 121, 123, y 137, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a favor, 126; en contra, 117; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la enmienda número 90, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 18; en contra, 232.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos las enmiendas números 122 y 144, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. (Rumores.)

Silencio, señorías.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 123; en contra, 117; abstenciones, 10.




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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

A continuación, votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a favor, 10; en contra, 232; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votamos las enmiendas socialistas, en primer lugar, la número 74.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a favor, 120; en contra, 121; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos el resto de las enmiendas socialistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a favor, 242; en contra, 1; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

A continuación, vamos a votar las enmiendas del Grupo Popular, en primer lugar, la número 24.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a favor, 128; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

A continuación, votamos las enmiendas números 7, 13, 52, 58, 65, y 67, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a favor, 123; en contra, 120; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

A continuación, votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.)

Silencio, señorías.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 250; a favor, 121; en contra, 122; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 129; en contra, 1; abstenciones, 121.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.




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— DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL Y DE REFORMA DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 53/2002, DE 20 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL.

(Núm. exp. S. 621/000110)

(Núm. exp. C.D. 121/000117)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Asensio.

El señor ASENSIO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, tengo el honor de presentar el dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 5 del pasado mes de julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 16 de julio y fue ampliado hasta el día 22 de julio de 2011. A este proyecto de ley se presentaron 159 enmiendas, así distribuidas: 2 del señor Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto; 31 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; 29 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; 41 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; 2 del Grupo Parlamentario Socialista y 54 del Grupo Parlamentario Popular.

Por decisión de la Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, no fueron admitidas a trámite varias enmiendas, por considerar, de conformidad con la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se refieren a materias que de manera evidente y manifiesta carecen de conexión con el proyecto de ley. Dichas enmiendas son las siguientes: la 97 del Grupo Parlamentario Popular, las números 125, 126 y 127 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas y las números 154, 157 y 158 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Por otra parte, el Gobierno, al amparo de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución y en el artículo 151 del Reglamento, no prestó su conformidad a la tramitación de la enmienda 156 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El día 1 de septiembre la comisión designó ponencia, quedando integrada de la siguiente manera: don Manuel Guillermo Altava Lavall, del Grupo Parlamentario Popular; don Miguel Bofill Abelló, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; don Agustín Conde Bajén, del Grupo Parlamentario Popular; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; don Javier Irízar Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Eva Parera Escrichs, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; don Narvay Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto; y don Joseba Zubia Atxaerandio, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 1 de septiembre y emitió un dictamen en el que se han introducido modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados como consecuencia de la aprobación de diversas enmiendas. Han presentado votos particulares a este dictamen los grupos parlamentarios Mixto, de Senadores Nacionalistas, Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Socialista y Popular.

Eso es todo, señorías. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de las enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Anuncio que Coalición Canaria retira las enmiendas números 1 y 2 que ha presentado a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra el senador Zubia.




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EL señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Al presente proyecto de ley el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas mantiene vivas para este momento un total de 28 enmiendas, las que van de la número 98 a la número 124, ambas inclusive, así como la número 159. De ellas, las 20 primeras del Grupo de Senadores Nacionalistas afectan al artículo primero, es decir, a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y son reproducción exacta de las ya presentadas con ningún éxito, como a la vista queda, en el Congreso de los Diputados, por lo que me limitaré a darlas por defendidas en sus justos términos.

Al artículo tercero, la modificación de la Ley de 1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se han presentado 2 enmiendas, las números 118 y 119. La primera de ellas tiene que ver con la modificación del número 2 del apartado 3 del artículo 60 referido a la prueba. En la misma se propone un nuevo sistema que consiste en que en demanda y contestación se pida el recibimiento y contestación y simultáneamente se propongan los medios de prueba o sistemas probatorios.

En cuanto a la segunda, la número 119, quiero indicar que tiene que ver con el apartado seis, no con el cinco como erróneamente dice la enmienda, o sea, con la modificación que se introduce en el apartado 2. b) del artículo 86. Propugnamos que se suprima tal modificación y que, en consecuencia, se mantenga la redacción actual del precepto, es decir, que se mantenga la suma de 25 millones de las antiguas pesetas o 150 000 euros para acceder al recurso. Y ello pese a haberse rebajado la cuantía, de los 800 000 euros originarios a los 600 000 actuales del proyecto.

Lo que falla —tengámoslo presente, señorías— no son los ciudadanos que se limitan a ejercer su derecho, lo que falla es el sistema. De ahí que consideramos adecuado el régimen actual de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en cuanto al recurso de casación y entendamos que no debe producirse recorte a los ciudadanos de su acceso a los recursos, sino una meditada, profunda y plural reflexión acerca del sistema completo de los mismos.

Sí me detendré, con su permiso, en la enmienda número 159 que trata de algo no previsto con anterioridad, pero que se nos antoja de la máxima importancia. En virtud de dicha enmienda procedería añadir, y por eso lo proponemos, una nueva disposición adicional, que sería —creo recordar— la sexta, a la Ley 1/ 2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. De conformidad con esta enmienda 159 defendemos que en caso de las adjudicaciones solicitadas por el acreedor ejecutante en los términos previstos en la Sección VI del Capítulo IV del Libro III —es decir, las subastas de bienes inmuebles en procedimiento de apremio—, siempre que las subastas en las que no hubiere ningún postor se realicen sobre bienes inmuebles diferentes de la vivienda habitual del deudor, el acreedor pueda pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al 50% de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.

Asimismo, entendemos —y de ahí que lo propugnemos en la segunda parte de la enmienda— que en los términos previstos en la mencionada sección para los citados bienes inmuebles diferentes —repito— de la vivienda habitual del deudor, cuando la mejor postura ofrecida sea inferior al 70% del valor por el que el bien hubiese salido a subasta y el ejecutado no hubiera presentado postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación del inmueble por el 70% o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esa cantidad sea inferior a la mayor postura.

Se trata, en definitiva, señorías, de una mejora técnica, pero a nuestro juicio necesaria, ya que de no realizarse las medidas de ampliación, la protección del deudor quedaría en entredicho sobre vivienda habitual.

Termino, señor presidente, con una somera referencia a las enmiendas 120 a 124, ambas inclusive, que pertenecen al Bloque Nacionalista Galego, indicando que son todas ellas de supresión y lo son a diferentes apartados de los artículos 3 y 4, léase de la modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o léase de la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los efectos todas ellas, repito de supresión, de garantizar la tutela judicial efectiva y el acceso a la segunda instancia sin limitaciones que privarían de garantías procesales de carácter esencial a los ciudadanos.

Es todo cuanto tengo a bien señalar, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.




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Con las enmiendas presentadas por Convergència i Unió proponemos a la Cámara, entre otras, las siguientes reformas: En primer lugar, proponemos una enmienda para solventar una grave carencia, a nuestro entender, del sistema penal español en relación con los delitos graves, debido a que actualmente hay una inexistencia de segunda instancia de revisión de sentencias dictadas por tribunales en primera instancia. Quisiera recordar a sus señorías que los compromisos internacionales ya obligan a disponer de segunda instancia penal y así lo establecen tanto el convenio europeo de derechos humanos como el pacto internacional de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas. Por tanto, entendemos que esta es una reforma importante, que debería incluirse en nuestro sistema penal español.

Asimismo, proponemos una enmienda para eliminar el incremento en la cuantía de las sentencias recurribles en apelación de 18 000 a 30 000 euros, puesto que entendemos que ello es incrementar la posición de desigualdad de las partes, impidiendo a la parte más débil el acceso a la segunda instancia.

También proponemos una serie de medidas para la agilización en los procedimientos de desahucio, medidas con el fin de agilizar la colaboración del procurador en el proceso de localización íntegra del patrimonio del ejecutado, contando con la autorización, eso sí, previa del secretario judicial.

Tenemos otro paquete de medidas para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a dirigirse a los órganos con jurisdicción en todo el Estado en su respectiva lengua oficial. Creemos que este es un punto importante.

Por último, quiero referenciar una enmienda, que no por ser la última deja de ser importante, con la que proponemos modificar la clasificación retributiva de los magistrados de Tarragona, de Lleida y de Girona, puesto que esta las penaliza al no tener en cuenta la densidad demográfica real de los partidos judiciales de estas ciudades y la correspondiente carga de trabajo, así como tampoco toma en consideración el coste de la vida en dichas ciudades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, president. Serem molt breus.

Intervengo, brevemente, para expresar el importante consenso al que hemos llegado en esta ley y en relación con la cual mantenemos unas enmiendas de mejora. Muchas de las cuales coinciden con otros grupos, por lo cual pido votación separada —se lo comunico para que los grupos lo tengan presente— de las siguientes enmiendas: de Senadores Nacionalistas, las enmiendas números 98, 99, 113, 114, 115 y 116, que son coincidentes con la 3, 4, 17, 19, 21 y 22 de Entesa; de Convergència i Unió, las enmiendas números 131 y 137, coincidentes con la 27 y la 39 de Entesa y, finalmente, las enmiendas números 61, 62, 66 y 68 del PP, que son coincidentes con la 18, 21, 22 y 40 de Entesa.

Gràcies.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Irízar.

El señor IRÍZAR ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta dos tipos de votos particulares en este Pleno. Uno corresponde a enmiendas presentadas y rechazadas en comisión, convertidas en voto particular, y otro corresponde a enmiendas aprobadas de otros grupos en comisión por las que se solicita volver al texto remitido por el Congreso de los Diputados.

En cuanto al primer tipo, se trata de dos enmiendas, una de las cuales pretende modificar el título de la ley para dejarlo solamente como ley de agilización procesal porque entendemos que no procede en dicho título hacer alusión a la modificación de un artículo que fijaba las tasas para determinados actos judiciales y para determinadas empresas. En muchas leyes se modifican artículos de otras y no se llevan al título. Entendemos que lo que debe prevalecer para que sea conocido por quienes accedan a esta ley es que se trata de una ley de agilización procesal.

La otra enmienda que proponíamos, y que fue rechazada en comisión, pretende aclarar alguna cuestión que entendemos que mejora la redacción del preámbulo de la ley.

Por otro lado, hemos presentado votos particulares para la vuelta al texto del Congreso a enmiendas que han sido aprobadas por la comisión. Existen una serie de enmiendas aprobadas por la comisión referidas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y entendemos que no es bueno mezclar las cosas en esta




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norma. Esta ley, en cuanto a la de enjuiciamiento criminal, exclusivamente se refiere a imponer los elementos que procesalmente no existían desde el momento en que se modificó el Código Penal y apareció la posibilidad de los delitos cometidos por las personas jurídicas. No estaba regulado cómo tenían que comparecer las personas jurídicas ante el juez y, por tanto, esta ley lo que hace es regular esto, pero otras cuestiones, que son complejas y discutibles, creemos que deben quedar diferidas a esa futura ley de enjuiciamiento criminal que, desgraciadamente, ya no podrá ser aprobada en esta legislatura. Entendemos que las próximas Cortes Generales, con libertad de criterio, deben elaborar, porque es necesario ya, una nueva ley de enjuiciamiento criminal en la que se estudie y aparezcan todas estas cuestiones que no deben ser incluidas aquí.

También fue aprobado algo muy novedoso y que entendemos que es peligroso que quede en las leyes procesales. Me refiero a que solamente podrán ser recurridas las sentencias condenatorias, pero no las absolutorias, en caso de delito, porque aunque se proponía también en las faltas, en estas no prosperó, diferencia de criterio que tampoco entendemos en las votaciones de la comisión. Repito que respecto a las faltas no prosperó esta enmienda y, por tanto, la presentamos porque entendemos que es lo lógico ya que, en caso contrario, habría una contradicción evidente.

Respecto de la Ley contencioso-administrativa, fue aprobada en comisión una enmienda sobre los recursos —que sin embargo no se aprobó en la Ley de Enjuiciamiento Civil— referida a las cuantías. Las deja como están en la ley actual y nosotros entendemos que no es correcto porque se trata de evitar que lleguen demasiados recursos tanto a las salas de los tribunales superiores de justicia como a la sala del Tribunal Supremo. La subida de las cuantías a treinta mil y seiscientos mil euros respectivamente viene a limitar los recursos porque entendemos que en la función casacional, fundamentalmente, no deben llegar tantos recursos porque están colapsando las salas de los tribunales superiores y del Tribunal Supremo.

Además, hay una regulación igual, salvando las diferencias, en la Ley de Enjuiciamiento Civil en este proyecto de ley. Sin embargo, allí la enmienda no prosperó y aquí sí. No es razonable.

También proponemos que en las costas rija el principio de vencimiento, como en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así venía el proyecto de ley del Congreso de los Diputados y aquí se aprobó una enmienda, no aprobada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que rige el principio del vencimiento cuando la que pierde es la Administración, pero no cuando pierde el administrado que recurre contra un acuerdo de la Administración. Entendemos que la igualdad de las partes en los procedimientos debe ser total en todos los momentos. Sabemos que la Administración es más fuerte, que los administrados son más débiles, pero si hay costas debe regir el principio de vencimiento y no como hasta ahora, por lo que no parece razonable que si pierde la Administración pague costas y si pierde el administrado que quede a la libertad del juez en función de las circunstancias que se aprecien de temeridad, etcétera.

Por tanto, proponemos también la vuelta al Congreso de los Diputados.

Finalmente, prosperó una enmienda del Grupo de Convergència i Unió sobre determinadas facultades de los procuradores, facultades que entendemos deben ser estudiadas con más rigor. Además, se trata de facultades del secretario judicial, que debe ser el que las ejecute y en ningún caso los procuradores. Por esta razón también solicitamos la vuelta al texto del Congreso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con la venia, señor presidente.

Señorías, también quiero dar la bienvenida a este Pleno al presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y a los magistrados que le acompañan, cuestión que les hace implicarse en la agilización de la justicia.

Me corresponde a mí, señorías, defender las 53 enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario para la modernización de la justicia en la presente ley. Algunas no fueron admitidas, con buen criterio, por la Mesa del Senado en seguimiento a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En cuanto al resto tenemos que decir que el proyecto de ley es un texto bien intencionado que en determinadas materias pretende agilizar la justicia, y da ciertos retoques o matices a esa agilización, aunque he de decir, siendo bien intencionado, que tiene un enfoque equivocado puesto que creemos que aporta propuestas de soluciones inidóneas precisamente a la justicia a que queremos llegar y que es a que acabe instaurada en España esa nueva oficina judicial. Además, señorías, la Ley de medidas de agilización hace un hincapié importantísimo en la segunda instancia y en el recurso extraordinario de casación ante el Tribunal




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Supremo, como si esos fuesen los únicos problemas que tiene nuestra justicia. Y los tiene, y es verdad que nuestra justicia es lenta y está colapsada en la segunda instancia y en el sistema de recursos extraordinarios, pero desde luego no es el único. Con lo cual entendemos, y nuestras enmiendas van en esa línea, que se deberían haber abordado otras cuestiones que este proyecto, iniciativa del Gobierno, deja fuera.

Fíjense, se parte de una premisa: la segunda instancia está colapsada, y entonces se pretende evitar ese colapso por elevación diciendo que no vayan a la apelación o a la casación aquellos que no alcance el objeto del proceso una determinada cuantía. Creemos que es un error de bulto, un error garrafal, porque es volver a distinguir -y es iniciativa del Gobierno de la nación que lo presenta- entre una justicia para ricos y una justicia para pobres. ¿Quién de los que estamos aquí o de los ciudadanos tiene un problema por una cuantía superior a los 600 000 euros? Posiblemente ninguno de nosotros. Fíjense, la aportación principal que uno puede hacer en su vida quizá sea una vivienda. ¿Quién tiene una vivienda que pueda superar esos 600 000 euros? Le estamos privando a esa persona poder acudir al máximo órgano jurisdiccional ordinario en casación para solventar ese problema que pudiera tener en lo contencioso-administrativo. ¿Qué trabajador autónomo con una pequeña o mediana empresa va a facturar 600 000 euros y puede tener un problema que le pueda llevar a la casación? Creemos que con independencia del recurso de casación, por el interés casacional, se debería haber acudido a un criterio cualitativo. Todo el mundo tiene derecho a acudir a casación, con independencia de que se estén ventilando 150 euros. Y eso es lo que vemos también en el Tribunal Constitucional, que mediante el recurso de amparo se puede ir por cualquier cuantía, eso sí, por determinadas materias. Con lo cual, si queremos descolapsar el Tribunal Supremo mediante el recurso, hagámoslo pero bien hecho, por un sistema cualitativo y no cuantitativo.

Igual pasa en materia civil, que desaparece la posibilidad de la apelación cuando la cuantía no exceda de los 6000 euros, deviniendo en firme la sentencia dictada ya en ese acto o en apelación ante los órganos unipersonales de la jurisdicción contencioso-administrativa, que pasa de 18 000 a 35 000 euros.

Por otra parte, esa intención de que no se colapse la segunda instancia el proyecto la aborda desde una segunda perspectiva: con la intimidación económica. Lo que se pretende es intimidar económicamente a aquel que va a litigar contra la Administración con pleno derecho, al menos en lo que él se cree. ¿Cómo se le va a intimidar? Precisamente con la imposición de las costas procesales, como el senador Irízar ha manifestado.

No nos parece acertado que el principio del criterio del vencimiento que rige en el proceso civil pase sin más al proceso contencioso-administrativo porque, señorías —y de eso entiendo un poco porque la tesis doctoral la hice sobre eso—, en el proceso civil sí hay un principio claro de igualdad de partes, ahí litigan ambas partes en un principio claro de igualdad, pero en la Administración no. En el contencioso-administrativo está la Administración, que casi siempre habrá dictado un acto —o no, la inactividad también puede ser recurrible ante lo contencioso-administrativo—, pero se litiga contra una administración y el que litiga contra la Administración va a litigar en principio contra un acto que ha sido dictado, no ante un incumplimiento civil. Ahí se está acusando de alguna manera a aquel que va a litigar contra la Administración pública diciéndole: si pierdes, que sepas que además vas a pagar las costas procesales. O sea, ustedes han hecho pasar del fiscus gratis litigat, cuando la Hacienda era eminentemente patrimonialista, a una situación actual en la que se va a sancionar muy gravemente, con la imposición automática de costas procesales, a aquellos que pierdan su litigio contra la Administración. Creemos que es mucho mejor que se mantenga lo que ahora mismo recoge la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio, o la enmienda que plantea el Grupo Popular: caso de que los tribunales aprecien mala fe o temeridad, se impongan las costas procesales. Lo creemos mucho más justo.

Voy a dividir muy esquemáticamente la defensa de las enmiendas tal y como vienen en el proyecto de ley, por bloques. En primer lugar, las enmiendas que se plantean respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1881. Aquí hay una incongruencia legislativa tremenda: el Gobierno llegó a presentar no solo un anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal, sino un proyecto de ley, el Consejo de Ministros llegó a aprobar un proyecto de ley que suponía absolutamente una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por otra parte estaba realizando esta modificación puntual en la Ley de medidas de agilización de determinados preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señorías, o no se creían una reforma legislativa —la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal— o no se creían esta reforma; que una iba a salir o que otra iba a salir o que ninguna de las dos. De hecho, sí que es cierto que no ha dado




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tiempo a que se sustanciara y se debatiera la Ley de Enjuiciamiento Criminal y nos encontramos con las enmiendas que ustedes han presentado aquí.

Mi grupo parlamentario ha presentado unas enmiendas técnicas, la 55 —que hace referencia a los recursos de súplica—, 56, 58 y 62 —del recurso de apelación—, 57 —auto de procesamiento—, la enmienda 61 sobre la declaración por el juez de la firmeza de la sentencia y la 63 sobre la obligación de los profesionales de guardar secreto profesional.

Hay otras enmiendas de fondo, de la 44 a la 52, que se refieren a dotar de mayor garantía a las personas jurídicas, máxime en un momento de crisis económica como en el que nos encontramos. Con la introducción de estas enmiendas pretendemos que la representación de las personas jurídicas y el derecho a la última palabra se tengan exactamente igual, con los mismos derechos y garantías por parte de las personas físicas que por parte de las personas jurídicas. También hacemos referencia a la declaración como imputada de la persona jurídica. Introducimos qué se entiende por domicilio de persona jurídica —y todos conocemos la vasta jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo diciendo qué se tiene que entender por domicilio tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas. Qué debe hacerse respecto a la imposición de las medidas cautelares de las personas jurídicas o a la declaración de la situación procesal de rebeldía de las personas jurídicas.

Entendemos que la clasificación de los recursos podría de alguna manera adecuarse más a la realidad, y que el recurso de reforma podría tener cierta limitación de supuestos para su planteamiento. Desde luego defendemos con toda nuestra alma las enmiendas 59 y 60 para impedir que el ministerio fiscal sea quien ostente el monopolio de la acusación. Entendemos que se debe dar toda la importancia del mundo a la acción popular, y desde luego que cualquiera que tenga un interés en el procedimiento debe poder personarse y perseguirlo siendo parte en el proceso, así como la acción popular con la limitación de los intereses difusos que conocemos y que ha dicho la jurisprudencia. Pero creemos que la acción popular de cualquier ciudadano o de cualquier asociación tiene que tener los mismos derechos de personación en un procedimiento y de persecución penal que el ministerio público. Por lo que se refiere al secreto de sumario, pretendemos limitar los supuestos a los delitos graves limitando las prórrogas.

En cuanto a las enmiendas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , tal y como acabo de decir, entendemos que no se debe acudir a la limitación cuantitativa, sino a la cualitativa. Ha sido voluntad del Grupo Parlamentario Popular —y diversos senadores hemos sido testigos de las diversas negociaciones que hemos intentado llevar a cabo con el Gobierno de la nación y con los senadores del Grupo Parlamentario Socialista— intentar llegar a un acuerdo, a una enmienda paccionada en la que se pudiera alcanzar determinada cuantía que a todos pareciera bien en este momento de crisis para, de alguna manera, no limitar absolutamente a todos a la casación en lo contencioso–administrativo, pero no ha sido posible debido a la falta de voluntad a la hora de llegar a un entendimiento que creíamos absolutamente racional en aquello que es la posibilidad de que todo el mundo pueda acudir a ese tribunal cuyas máximas garantías constitucionales nos preservan: el Tribunal Supremo junto con el Tribunal Constitucional.

¿Cómo podemos, pues, limitar el colapso? Pues efectivamente, subiendo la cuantía, que es lo que han hecho en el proyecto. No se explica por qué se fija la cuantía de los 600 000 euros, quizá porque en la jurisdicción civil se indica dicha cuantía. Debemos darlo por supuesto. Pues miren, precisamente porque la voluntad del Grupo Parlamentario Popular es la de llegar a acuerdos, la de encontrar soluciones y colaborar necesariamente en esa reforma del recurso de casación, vamos a retirar la enmienda número 67, algo que hago constar en este momento para que lo tengan en cuenta los servicios de la Cámara. En ella solicitábamos que de los 150 000 euros se pasara a los 300 000 para que, de alguna manera, se adecuen las mismas cantidades en el orden jurisdiccional civil que en el contencioso-administrativo de los 600 000 euros. Supongo que los magistrados de lo contencioso-administrativo que nos acompañan estarán absolutamente conformes con la retirada de esta enmienda que hace el Grupo Parlamentario Popular, asemejando ambas cuantías.

Ahora bien, también anuncio que si los ciudadanos nos dan su apoyo el próximo 20 de noviembre y gobernamos, desde luego haremos una revisión absoluta del recurso de casación para que exista un criterio uniforme y ordenado y pueda acudir a él todo el mundo que tenga un derecho además del interés casacional.

Y en materia de costas nuestra enmienda número 69 recoge nuestro absoluto desacuerdo con el criterio del vencimiento sin más con una aplicación homogénea y extrapolable de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.




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En cuanto a las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, entendemos que no se deben exigir las tasas judiciales vía costas procesales. Se puede hacer, no es ilegal, pero consideramos que esta no es una fórmula que todos hayamos estudiado ni es la idónea. Las costas procesales son honorarios de abogados, derechos suplidos de procurador, peritos y boletines, y fuera de ello no debe haber más costas procesales, lo otro ha de ir por otra vía, pues es algo que tiene su importancia a la hora de su exacción. Tampoco somos partidarios de eliminar la fase de preparación de los recursos, y ello se recogió en unas enmiendas expresamente solicitadas por el Consejo General de la Abogacía, y que son las números 72 a 78. Somos partidarios de la no supresión del recurso de apelación en los juicios verbales para posibilitar precisamente esa segunda instancia. Y en materia de ejecución nuestras enmiendas 91 a 96 plantean una serie de mejoras técnicas referidas a las subastas sin postor, al cobro de los peritos dirimentes, a la documental en el proceso monitorio y a los motivos por los que cabría plantear dicho proceso.

Respecto al texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales aportamos simplemente una nueva disposición final. En el actual momento de crisis económica que vivimos creemos que haría mucho bien introducir esta disposición final tendente a la modificación del sistema de endeudamiento de las corporaciones locales.

Sí quiero hacer una mención especial a una enmienda que hemos pactado entre todos, una disposición adicional nueva, en la que el ministro se implicó, que deja cerrada ya de una vez la situación en que se encuentran magistrados, fiscales y secretarios judiciales que hubieran ostentado un cargo público y después pasaran a su actividad de siempre como fiscal, juez, magistrado o secretario judicial. Creemos que con esta enmienda, que el ministro de Justicia entendió perfectamente y se implicó en su reforma, puede estar solucionada la cuestión. Bien es cierto que quedarían fuera algunas situaciones —a lo mejor debería devenir alguna nueva reforma—, porque magistrados o fiscales que hubieran estado en situación de excedencia voluntaria y en la actualidad se encontraran en situación de servicios especiales no podrían recuperar como antigüedad aquellos años que hubieran estado en situación de excedencia voluntaria.

Mantenemos nuestra disposición transitoria única, referida a que en el período transitorio todos los procesos que se estén sustanciado ahora mismo, estén en el trámite en que estén, se continuarán sustanciando por la legislación procesal anterior.

En cuanto a la disposición final primera, respecto al título competencial, queremos y entendemos que tiene que ser así, dentro del artículo 149.1.6.ª de la Constitución, donde el Estado tiene la competencia exclusiva también en la legislación penal, civil, mercantil y procesal, que es en lo que estamos.

La disposición final segunda reforma el artículo 35 de la Ley 53/2002, sobre la determinación de la cantidad fija en las cuotas tributarias para los recursos.

Y, respecto a la disposición final tercera, la vacatio legis, entendemos que debe ser de veinte días.

Por otra parte, sí que les anuncio, como también lo hice en comisión, que mi grupo parlamentario va apoyar el texto del proyecto de ley, porque entendemos que todo lo que sea introducir reformas legislativas para una agilización procesal tiene que ser bienvenido.

Y, por lo demás, después en el turno de portavoces, referiré nuestro voto respecto a las enmiendas de los grupos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Turno en contra?

Senador Irízar, tiene la palabra.

El señor IRÍZAR ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, consumo un turno en contra para oponerme a todas las enmiendas presentadas por el resto de grupos, que no prosperaron en comisión y que han sido traídas a este Pleno, a excepción de la enmienda número 159, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, que vamos a votar a favor, porque entendemos que mejora las relaciones de los ejecutados de las primeras viviendas y que puede ir en la línea de otro tipo de medidas que ya se han tomado en otras leyes, por parte de esta Cámara y del Gobierno. Por esta razón, vamos a votar a favor la enmienda número 159, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, pero nos oponemos al resto de enmiendas.

Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas ha presentado una serie de enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre ellas la enmienda que solicita que no sean recurribles las




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sentencias de los juicios de faltas cuando estas sean absolutorias. Ya se aprobó en comisión, aunque hemos presentado una enmienda pidiendo la vuelta al texto del Congreso de los Diputados, que aquí ocurriera también en los delitos.

Creemos que todas las sentencias de los juicios de faltas deben ser recurribles también cuando son absolutorias, porque en los procesos penales existe el interés público —que representa el ministerio fiscal— y existen intereses de las víctimas, que si no están conformes con una primera sentencia dictada por el juzgado de instrucción en los juicios de faltas o del Juzgado de lo Penal, en casos de juicios de delitos menos graves, deben tener derecho a la segunda instancia. A veces, además, en los juicios de faltas se ventilan cantidades económicas muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en accidentes de circulación con muertos, parapléjicos, etcétera, que, lógicamente, deben tener una segunda instancia y no derivarlos al procedimiento civil, porque sería atascar todavía más los juzgados de lo Civil. Por esa razón nos oponemos a esta enmienda.

También nos oponemos a la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas sobre el sistema de recursos y el incidente de ejecución, nuevo en la ley. Entendemos que no es necesario, sobre todo porque seguimos manteniendo el criterio que ya manifestamos en nuestra anterior intervención, de que en esta Ley de Enjuiciamiento Criminal solamente debe modificarse lo que se refiere a la intervención de las personas jurídicas en el proceso penal; en ningún caso en otras cuestiones.

Respecto a la enmienda que pretende que los recursos de casación y apelación se mantengan como en la ley actual, creemos que el proyecto de ley introduce un elemento razonable. En primer lugar, que los juicios verbales no sean recurribles cuando se trate de reclamaciones de cantidad, es decir, de aquellos que tengan una cuantía inferior a 3000 euros. Parece lógico no atascar las audiencias provinciales con recursos pequeños de cantidades insignificantes. Además, la Constitución española no prevé el derecho a la doble instancia en las cuestiones civiles, por lo que es perfectamente posible que aquellos procedimientos de ínfima cuantía, cuando se trata de reclamación de cantidad, no sean recurribles como recoge el proyecto de ley. Por otra parte, elevar la apelación a 600 000 euros, como ya se ha indicado también en los contenciosos ,la casación es una medida que evitará, como ha dicho el ministro en la intervención de esta tarde, colapsar el Tribunal Supremo de cantidad de procedimientos que le impiden ejercer su verdadera función, que es fijar doctrina, dictar sentencias en aquellos temas que tengan interés casacional y que muchas veces se retrasan enormemente las sentencias del Tribunal Supremo por la cantidad de asuntos que tienen no de una gran cuantía. No obstante, se sigue manteniendo que cualquier asunto, sea de la cuantía que sea, si tiene interés casacional, puede ser recurrido en casación y, por tanto, tener acceso al Tribunal Supremo.

Entesa Catalana de Progrés presenta algunas enmiendas en las que solicita la suspensión del recurso de reforma y de queja; es decir, que pudiesen agilizar la justicia. Pero yo creo —igual que he dicho anteriormente— que conviene una nueva ley de enjuiciamiento criminal —imagino que en la legislatura que viene será aprobada por las Cámaras con plena libertad y en función de las mayorías que las urnas den— y no ir parcheando esta Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solamente hemos pretendido traer aquí, como ya hemos dicho, la comparecencia en juicio de las personas jurídicas, pero no otras nuevas cuestiones.

También plantea Entesa Catalana de Progrés en el orden civil la posibilidad de la ejecución provisional sin que se haya producido apelación. Entendemos que esto no sería ejecución provisional; es decir, pedir la ejecución provisional de una sentencia que no ha sido apelada no es correcto desde el punto de vista técnico. Cuando haya una sentencia que no ha sido apelada, la parte podrá pedir medidas cautelares para que esta sentencia sea eficaz en el supuesto de que sea confirmada en apelación. Pero mientras no haya sido recurrida no puede ser apelada. Lo que se pretende con esta enmienda es que sentencias en el orden civil puedan ser recurridas aunque todavía no hayan sido apeladas. Entendemos que esto técnicamente no es correcto y, por tanto, no procede.

También presenta Entesa Catalana de Progrés una enmienda por la que solicita la eliminación de las tasas en los procedimientos monitorios. Ya el proyecto de ley contiene dos elementos respecto a los procedimientos monitorios que entendemos interesantes: uno, que desaparece el límite de cuantía. Como saben sus señorías, la cuantía era de 30 000 euros hace no mucho tiempo, y en una reciente reforma que aprobaron en esta legislatura estas Cámaras, se elevó la cuantía a 250 000 euros. Este proyecto lo que hace es eliminar cuantías. Los monitorios podrán tener cualquier cuantía sin límite. Esto responde a que los juicios monitorios están siendo utilizados con profusión por las empresas ante la ola de impagados




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que tenemos, no solo de las Administraciones públicas, sino también de las empresas privadas, y están siendo verdaderamente eficaces. Por esa razón se suprime la cuantía límite de los monitorios.

Pero además se incluye en este proyecto de ley una disposición por la que no se abonarán tasas por aquellos monitorios referidos a cantidades inferiores a 3000 euros, es decir, en parte se atiende al criterio de la Entesa, pero insisto en que solo es para aquellos monitorios referidos a cuantía inferior a 3000 euros. Por esta razón, vamos a votar en contra de la enmienda.

El Grupo de Convergència i Unió plantea alguna enmienda referida a la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a los recursos contra las sentencias penales con el objetivo de garantizar la doble instancia, como ha explicado su portavoz. Sin embargo, no se garantiza totalmente la doble instancia para todos los procedimientos y entendemos que este no es el lugar para ello. Es algo que evidentemente está pendiente y España ha sido condenada por no garantizar la instancia en numerosas ocasiones. Habrá de legislarse sobre esta cuestión y nuevamente nos remitimos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal pendiente, pero no creemos que sea adecuado legislar de forma apresurada sobre la garantía de la doble instancia en el procedimiento penal.

También plantea el Grupo Catalán de Convergència i Unió alguna modificación en el procedimiento del desahucio. La presente ley introduce un monitorio para el desahucio por falta de pago, es decir, se agilizarán tremendamente los desahucios por falta de pago cuando no haya oposición puesto que no habrá que celebrar juicio, de manera similar al procedimiento monitorio referido a las reclamaciones de deudas, que directamente pasan a ejecución cuando no existe oposición. En este caso creemos que está suficiente regulado y bien regulado y que la enmienda de Convergència i Unió no viene a crear sino una mayor confusión. Por esa razón no la vamos a apoyar.

Tampoco vamos a apoyar las que no fueron admitidas en primera instancia sobre los procuradores. Esta es una cuestión complicada pero entendemos que las competencias de los secretarios judiciales no deben ser asumidas por los procuradores y deben ser ejecutadas por los propios secretarios judiciales.

El Grupo Popular coincide respecto a algunas enmiendas .En especial, plantea una enmienda a fin de que las tasas no sean incluidas en las costas. La verdad es que desde que se introdujeron las tasas por el ejercicio de acciones civiles o contencioso-administrativas para determinadas empresas ha habido contradicción en los juzgados de Primera Instancia y en las audiencias provinciales sobre si deben ser incluidas o no en las costas. El proyecto de ley sí las incluye. Es evidente que son costas, es un gasto necesario para iniciar el procedimiento. Podemos decir lo que nos parezca. A mi juicio, es evidente que son costas, aunque podemos solicitar que no se incluyan en ellas. El proyecto de ley sí lo mantiene y creo que es lógico porque se trata de un gasto necesario para iniciar el procedimiento. Por tanto, suponen un coste del procedimiento, aunque técnicamente pudiera ser discutible.

Este grupo propone también que los peritos gocen del procedimiento privilegiado de la jura de cuentas, que ya no se llama así; ahora se llama cuenta de abogado o cuenta del procurador. Este procedimiento que tienen los abogados y procuradores es privilegiado, para cobrar los honorarios que se les adeudan por sus intervenciones profesionales en los procedimientos judiciales. Extender este privilegio —privilegio en el sentido de que es más rápido— a los peritos parece excesivo. Creemos que, si no les paga, han de acudir al procedimiento ordinario, al procedimiento monitorio como el resto de ciudadanos, porque es lo correcto.

Finalmente, el Grupo Popular plantea un nuevo sistema de recursos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por las razones ya expuestas respecto a otras enmiendas referidas a esta ley, vamos a votar también en contra.

Lo mismo sucede respecto a un planteamiento largo y prolijo sobre el secreto referido a las actuaciones judiciales, que también vamos a votar en contra.

También solicita que se mantenga el trámite de preparación del recurso, aunque yo no entiendo muy bien por qué, puesto que esta es una medida que sí agiliza, aunque a los abogados no les guste. El trámite de preparación del recurso hace que los recursos civiles tarden mucho más en tramitarse porque el plazo son 10 días, pero no es verdad porque desde que se presenta la preparación del recurso hasta que el juzgado da traslado para que se formalice, no pasan 10 días sino, en ocasiones, algunos meses. Por esa razón entendemos que es un trámite inútil, aunque a los letrados les viene bien en un momento determinado. A veces se anuncia el recurso hasta ver luego qué se hace, pero la justicia no debe funcionar así. Cuando hay que recurrir que se recurra en forma y directamente porque se tardará bastante menos en tramitar los procedimientos en segunda instancia. Por esa razón y puesto que va contra el espíritu de la ley que lo que pretende es agilizar el procedimiento civil, vamos a votar en contra.




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Para terminar, señorías, como presumo que esta será mi última intervención en esta legislatura, al igual que otros senadores que me han precedido esta tarde en el uso de la palabra, quiero decirles que me siento satisfecho de haber formado parte de esta Cámara y de haber participado en el mayor número de reformas legislativas, más rápidas, más seguidas y más importantes que se han llevado a cabo en España desde el siglo XIX, porque ciertamente teníamos unas leyes procesales y civiles viejas. Es cierto que ya la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 empezó el proceso de modernización, pero gracias al impulso al Gobierno, gracias al impulso especial del actual ministro de Justicia, nos hemos encontrado con que en muy pocos años se ha hecho la reforma que la sociedad y los profesionales venían demandando durante más de un siglo. Yo me siento satisfecho de haber participado en esto. Sé que siguen faltando cosas, sé que siguen faltando leyes, pero espero que el nuevo Gobierno, sea el que fuere, las impulse y que las nuevas Cámaras, sea con las mayorías que sean, terminen con la reforma de estas leyes procesales para modernizar la justicia, que hay que resaltar que es uno de los logros de esta legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación.)

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Pausa.)

El senador Zubia tiene la palabra.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

El presente proyecto de ley, querámoslo o no, es un importantísimo proyecto de ley. La mayor parte de las enmiendas, y me estoy refiriendo a las presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas , hacen referencia a reformas que tienen que ver con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero es evidente que no es ahora el momento procesal oportuno. El momento procesal oportuno, nadie lo duda, hubiera sido la presentación con tiempo suficiente de un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que permitiera un debate que resolviera de forma ordenada y estructurada todas y cada una de las cuestiones que a todas luces son necesarias. Pero es igual de evidente que este ha sido presentado, sí en sede parlamentaria, pero a sabiendas de que ese debate era imposible, máxime anunciada ya la disolución de las Cámaras para dentro de unos pocos días.

En relación con el resto de materias, es justo reconocer que en la Cámara Baja fueron aceptadas gran parte de las enmiendas allí presentadas por nuestro grupo parlamentario. Buena prueba de ello es que a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa tan solo hemos presentado dos enmiendas, y a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil una enmienda en forma de disposición adicional sexta. Me estoy refiriendo únicamente, señorías, a las enmiendas que llevan el sello de los Senadores Nacionalistas . No reiteraré ahora las razones que nos han llevado a presentar las dos primeras, pero sí diré respecto a la tercera, la que tiene que ver con las medidas de ampliación de la protección del deudor sobre vivienda habitual, que celebro muy de veras que el Grupo Parlamentario Socialista vaya a votar tal cual dicha enmienda y de forma favorable. Agradezco al senador Irízar y a su grupo tal disposición, a la que espero se sumen el resto de grupos parlamentarios. Repito que estamos hablando de la enmienda número 159.

Por lo demás, y termino, señor presidente, solo me queda indicar que nuestra función como legisladores es intentar mejorar las leyes atendiendo y garantizando suficientemente la tutela judicial efectiva. La pregunta salta de inmediato ¿es este proyecto de ley el llamado a garantizar un derecho tan importante como es este de la tutela judicial efectiva? La respuesta no puede ser otra que la del no, pero, pese a ello, seguiremos votando afirmativamente lo que ahora se preconiza en cuanto mejora ciertamente lo anterior, aunque no es ni con mucho la solución a ninguno de los múltiples y gravísimos problemas que la Administración de Justicia tiene y seguirá teniendo, habida cuenta de que la nueva ley de enjuiciamiento criminal una vez más —recalco y reitero una vez más— continuará siendo esperada.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.




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Con la aprobación de este proyecto de ley estamos respondiendo a una demanda de la sociedad, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del propio presidente del Tribunal Supremo.

La propia exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley nos señala que, solo en 2009, el crecimiento de nuevos asuntos en nuestras jurisdicciones se sitúa en torno al 33% y, por tanto, esa mayor demanda de justicia por parte de la ciudadanía debe venir acompañada, sin ninguna duda, de una mayor agilización en los procesos, que es lo que aquí pretendemos.

Este no es un proyecto de ley fácil. Se han presentado muchísimas enmiendas y, seguramente, el texto final no responderá a todo lo que Convergència i Unió hubiese deseado. No obstante, entendemos la necesidad de aprobar esta reforma, que entendemos buena y, por tanto, vamos a prestar nuestro total apoyo al texto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.): «Gràcies, president.

Un cop més començo en català la meva intervenció com ho he fet sistemàticament, sempre, en les meves intervencions en aquest Ple o en Comissió des del 2004, per posar en evidència la anormalitat democràtica que suposa excloure del Parlament les llengües de milions de ciutadans.»

Anuncio de entrada que vamos a votar a favor de este proyecto de ley.

Les he dicho en catalán que he hecho uso de mi lengua en esta Cámara desde el inicio de la legislatura, para poner en evidencia lo que considero una anormalidad democrática y para intentar corregirla mediante una reforma del Reglamento que permita algo tan sencillo como la traducción simultánea.

La legislatura llega ahora a su fin y, con la venia del señor presidente y brevemente, quiero utilizar parte de este turno para expresar mi agradecimiento a todos los que han participado, han colaborado, han facilitado, han tolerado o, simplemente, no han obstaculizado los avances en el uso de las lenguas en el Senado durante estos años. Se han producido unos avances en estas dos últimas legislaturas que, si miramos lo que debieran ser, son insuficientes, pero si los comparamos con las siete primeras legislaturas, han sido inmensos.

Quiero también mostrar mi agradecimiento a las mesas y presidencias de las comisiones en que he intervenido, así como a la Mesa, al vicepresidente y, singularmente, al presidente de la Cámara, que me han dado margen suficiente para expresar mi posición y para hablar en mi lengua, en un tira y afloja de tiempo, creo que respetuoso y también cordial.

Igualmente, quiero destacar la amabilidad de las taquígrafas y de la redacción del Diario de Sesiones, que han reproducido las intervenciones en catalán según los textos que les he facilitado, salvo excepciones imputables a un servidor al no habérselos remitido a tiempo.

Por lo que se refiere a los senadores, quiero destacar que el uso de las lenguas en el Senado no ha sido objeto de una oposición taxativa, absoluta y permanente por parte de ningún grupo. Baste recordar que la reforma del Reglamento en 2005 respondió a una iniciativa conjunta de Entesa, el Partido Popular y el PSOE.

En cualquier caso, es bueno subrayar la normalidad con que se desarrollan los debates de las mociones, con intervenciones en las cuatro lenguas con traducción simultánea, lo que considero un buen augurio para su futura extensión a todos los debates del Pleno.

Por otro lado, se lo agradezco muy especialmente a aquellos que en principio se opusieron a la reforma, pero al mismo tiempo he de reconocer la mayor, y es que sin el Grupo Parlamentario Socialista no se habría dado ningún paso hacia la normalización de las lenguas en el Pleno; se lo agradezco y les diré que se me alegra el ánimo cada vez que un senador del Grupo Parlamentario Socialista se expresa en catalán, en gallego o en euskera con normalidad, porque es su lengua o la de sus conciudadanos.

Finalmente, quiero mencionar al grupo de los 34 senadores y senadoras que suscribimos la propuesta de reforma; entre ellos, fue ejemplar la participación activa de senadores castellanohablantes, por ejemplo los de Coalición Canaria, como el amigo Narvay Quintero. Insisto, el éxito es de todos los que suscribieron la iniciativa y aunque me alargaría demasiado nombrándolos uno a uno, no puedo dejar de referirme al papel decisivo de José Manuel Pérez Bouza; a la argumentación potente de Miren Lore Leanizbarrutia y de Iñaki Anasagasti; a Joan Maria Roig y Jordi Vilajoana, a quienes agradezco la colaboración y la




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confianza; y, sobre todo, el apoyo de todos y cada uno de los compañeros de la Entesa y, en particular, a los de Esquerra Republicana, Carles Bonet, Pere Muñoz y Josep Maria Esquerda, quien al amparo del Reglamento ha utilizado también en el Pleno la lengua occitana, habida cuenta que es oficial en Cataluña como lengua del Valle de Arán.

Termino ya, insatisfecho pero esperanzado, porque el camino del futuro entendimiento en esta Cámara o en el Parlamento europeo está trazado y juntos ya hemos conseguido avanzar por él un trecho. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Muchas gracias a todos, incluso a los que me interpelan desde el Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. No se alteren.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidente.

Decía a las cuatro de la tarde el ministro de Justicia, el señor Caamaño, respecto a este proyecto, que quería simplificar el proceso, eliminar costes, racionalizar los recursos, agilizar trámites y garantizar la tutela efectiva, abordar la repercusión —la responsabilidad penal— de las personas jurídicas y la potenciación del proceso monitorio en el ámbito civil, tratando de hacer lo posible para que el Tribunal Supremo pueda hacer aquello que, si no lo hace el Tribunal Supremo, no lo puede hacer ningún otro órgano, y que sean otros los órganos que hagan aquello que no tiene por qué hacer el Tribunal Supremo.

A mí me parece que, en lo que tiene que ver con los ámbitos de reforma de la justicia, ya está la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal, que cambia hasta 31 leyes para hacer posible la nueva Oficina Judicial; y, como toda cultura administrativa, choca con muchas inercias, muchos hábitos, muchas rutinas acumuladas durante siglos, pero ahí está el esfuerzo por hacer lo posible. Esa reforma tiene una dimensión organizativa —nueva oficina—, tiene una dimensión tecnológica —el Plan de modernización—, y tiene un ámbito normativo, que es en el que estamos metidos: esta, junto con otras normas. Se retocan artículos como el 22.4, el 455.1 y el 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También se reforman artículos de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa que no han merecido comentario alguno, siendo muy positivas las reformas, como la del 8.4 para hacer posible que sean los Juzgados de lo Contencioso los lleven todos los asuntos relativos a extranjería; o la del artículo 60, relativo a la prueba, cuando no es tan necesario; o la que se refiere a supuestos en que se pueda evitar las vistas, en el artículo 78: en muchas ocasiones la vista no es más que para que cada letrado diga que da por aducido lo que ya ha escrito, no hay más.

A mí me sorprende que, en el ámbito del principio del vencimiento, lo que ya se hace en el ámbito civil se plantee como algo maligno en el ámbito contencioso, siendo así que, salvo que haya vivido un espejismo, cuando estamos en sede jurisdiccional, ahí rige el principio de igualdad de partes. ¿O es que para algún magistrado español, cuando está sentado escuchando a algún abogado de la Administración o al de algún otro ciudadano, hay un momento en que vive desigualdad? No. De lo que se trata es de no confundir el ámbito jurisdiccional con el ámbito anterior, en el cual sí existe el principio de presunción de legalidad del acto administrativo, el principio de autotutela, el principio de ejecutoriedad, pero eso es anterior a lo jurisdiccional. Cuando llega lo jurisdiccional y la Administración pública manda el expediente completo y este llega allí, hay principio de igualdad para todos, sin excepción, sea cual fuere la materia y sea cual fuere la Administración. ¿Y por qué razón, si en el ámbito privado rige el principio de vencimiento, no se puede plantear también en el ámbito contencioso? No hay razón alguna que lo impida. Es más, ¿por qué se dice eso de justicia para pobres y justicia para ricos? ¿Por qué no se dice que si el asunto tiene interés casacional —que se omite—, aunque el valor sea 0,1 céntimo de euro, puede llegar al Tribunal Supremo? Eso hay que decirlo. Como también hay que decir que hay escritos de presidentes de sala planteando que el límite no sea de 600 000 sino de un millón de euros; incluso en la negociación se han planteado cuantías distintas para buscar fórmulas de consenso porque, en cualquier caso, es evidente que no se puede seguir en esta situación. El criterio es ese, si no es bueno busquemos otro, pero hay que establecer un criterio. Y es que el derecho a la tutela judicial efectiva es obtener una respuesta en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas; una respuesta, no dos, tres, cuatro o cinco porque, al final, al que le dan la razón la primera vez se eterniza y ya no le compensa que dentro de equis tiempo se lo vuelvan a dar por cuarta o quinta vez, ya no tiene ningún sentido. La justicia que es lenta no es eficaz, y si no es eficaz es injusta. Por tanto, es una cuestión que debería evaluarse, porque no se ajusta a la




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realidad de lo que acontece en el país. Y más. Sobre las tasas; ¡si ya se plantea que, si hay dudas sobre hechos o derechos, se exonere del pago! Eso también hay que decirlo en las conclusiones del discurso.

Este texto pretende que los asuntos se puedan solventar cuanto antes mejor y que todo lo que el órgano inferior —perdonen esa expresión inadecuada, pero es para entendernos y ser claros en la exposición— pueda solventar no tenga por qué solventarlo otro órgano, y que todo lo que se pueda solventar en un ámbito no tenga por qué plantearse en otro, salvo aquello que tenga interés casacional. Es algo que hay que subrayar. El asunto de cualquier español, en cualquier lugar de España, aunque la cuantía sea de 0,1 céntimo de euro, si tiene interés casacional puede llegar al Tribunal Supremo. Estas fórmulas se plantean para ver de qué manera se abordan aquellos asuntos que en la jerga profesional, en la carrera judicial, llaman los espirituales —me dijo, le dije—, porque no hace falta que tantos servidores del Estado, tantos servidores del interés general, tengan que pronunciarse reiteradamente, puesto que son asuntos que no tienen mayor relevancia ni mayor trascendencia en el conjunto del sistema.

En mi opinión, este es un texto bastante consensuado en el ámbito del Congreso. Sinceramente pienso que vale la pena que lo apoyemos, y, como han sido tantos los senadores que se han despedido, permítanme que yo me despida. Ha sido un placer, me he alegrado de conocerles y tienen ustedes a un amigo en Canarias.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

No se despidan tanto, que igual se tienen que arrepentir.

Tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente. Con la venia.

Hoy estamos haciendo gala de lentitud de la justicia, le estamos dedicando un monográfico; y, aunque con lentitud, las reformas judiciales han llegado a tiempo en esta IX Legislatura.

Voy a intervenir muy brevemente para manifestarme sobre las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios.

Respecto a las enmiendas del Grupo Mixto, no estamos de acuerdo, como he puesto de manifiesto, en la eliminación de los recursos de reforma y de súplica. Creemos que es importante que puedan volver a ser revisados por el mismo órgano jurisdiccional que dicta la resolución, y, además, un sistema garantista debe reconocerlos. El propio juez puede depurar errores que puede haber cometido; no solo por la legislación autorizada que conocemos —existe en el Contencioso-Administrativo—, sino porque los errores son humanos y es adecuado que al juez que dicta una resolución se le dé una oportunidad de repensarlo. Por tanto, no es una pérdida de tiempo su existencia. Además, uno de los mayores logros de nuestro ordenamiento jurídico es precisamente el derecho de acceso al recurso. Si tenemos reconocido, como uno de los pilares básicos del sistema procesal, la jurisdicción, la acción y el proceso, parte de esa acción es parte del derecho de acción para el proceso, la posibilidad de acudir al recurso en sus últimas consecuencias.

Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, aunque en alguna podríamos estar de acuerdo, no lo estamos en la modificación de los recursos que plantean y que limita el derecho de acceso al recurso, concretamente la enmienda número 100 respecto a la apelación.

Con respecto a las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ya he anunciado, como hice en comisión, que vamos a apoyar las números 140 a 146, la 131 y la 153.

Sobre las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tengo que decir que las acompaña una buena justificación —ya lo dije en comisión— y hay que felicitar al técnico que ha elaborado la enmienda número 14; pero consideramos que los derechos del imputado, en lo que respecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya están bien expresados como están. Los derechos del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son más que suficientes porque, de hecho, nunca han planteado ninguna disquisición doctrinal ni jurisprudencial para que sean retocados ahora; sería intentar meterse en una harina que a nadie llama.

Tampoco estamos de acuerdo en la línea de pensamiento que se sigue respecto a la eliminación de los recursos suspensivos que proponen, ni en la limitación de los requisitos de la casación para la unificación de la doctrina. Efectivamente, podría entender algunas enmiendas, e incluso compartirlas, y podrían tener cabida en una concepción distinta de la economía de libre mercado, que es la que reconoce




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la Constitución y la que está instaurada en nuestra legislación procesal. Fuera de esa legislación podrían tener cabida esas enmiendas, pero no en una economía de libre mercado, donde echarían chispas y no encajarían de ninguna manera.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, las números 128 y 129, creemos respecto a la 128 que el título —Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35…—, está bien como está. No podemos soslayar esa enmienda al artículo 35, modificando o reafirmando las tasas judiciales para la imposición o para el derecho al recurso. Consideramos que es algo muy importante, de modo que nos conformamos y nos parece bien el título original, que ustedes mismos le han dado al proyecto. Respecto a la enmienda número 129, no nos parece bien evitar la vista en los recursos donde no se solicite el recibimiento del pleito a prueba; al menos, que exista esa posibilidad.

Senador Díaz Tejera, ahora me refiero en particular a usted, y sabe que nos tenemos un gran afecto. Es cierto que el señor ministro, en la presentación de los tres proyectos de ley, ha manifestado su preocupación por garantizar la tutela efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, algo que también nos preocupa a todos los que amamos la justicia. También ha dicho el señor ministro —lo he apuntado— que ha pretendido mantener diálogos y buscar acuerdos. Pues precisamente en cuanto a la casación, nosotros les hemos ofrecido llegar a un acuerdo, y usted lo ha hecho punta de lanza de la explicación del recurso en lo contencioso-administrativo, pero no han querido llegar a acuerdos, ni el Gobierno ni su grupo parlamentario, que le sustenta en esta Cámara. Ha dicho que quería llegar a acuerdos, habrá sido en otras cuestiones; pero en esa, que es tan importante para ustedes, y también para nosotros —ya le he dicho que, si llegamos a gobernar, acometeremos una reforma total del recurso de casación—, no se ha alcanzado un acuerdo.

Me ha dicho que no he hablado de la enmienda número 8 ni de la 60, pero es que he agrupado todas las enmiendas. Señoría, llevaba la defensa de 53 enmiendas. Según el Reglamento de la Cámara, tengo derecho a un minuto para la defensa de cada enmienda, es decir, a 53 minutos, y se me ha dado 20; pero creo que usted, como yo y como todos los senadores, está encantado de que no haya disfrutado de los 53 minutos para la defensa de las enmiendas. (Risas.)

Lo de la igualdad de las partes me parece que está muy claro. Yo sé que la igualdad de las partes existe en cualquier orden jurisdiccional, tanto en el civil como en el contencioso-administrativo; pero no están en igualdad de partes procesales, que es a lo que usted se refiere. Vamos a añadirle, aunque sea una incorrección técnica, la parte procesal en el proceso; vamos a hablar de la igualdad de partes, de quién es una persona física o una persona jurídica en un pleito civil, de quién es la Administración pública y de quién es una persona física o jurídica en un proceso contencioso-administrativo. Por supuesto, no es lo mismo.

El interés casacional. ¡Desde luego que estamos de acuerdo en que se pueda acudir al interés casacional! Pero lo que nosotros planteamos —y vuelvo a repetirlo— es que no se distinga por una cuestión cuantitativa, que no se vaya a una determinada cantidad. ¿Por qué no puede ir en casación alguien que no alcance esos 600 000 euros? Desde luego, nosotros hemos retirado la enmienda y estamos de acuerdo, para no marear y, en aras de la búsqueda de acuerdos, llegar a esa uniformidad con el orden jurisdiccional civil. En todo caso, entendemos que ese interés casacional se debería revisar y mejorar.

Por último, senador Díaz Tejera, creo que toda la Cámara ha sido testigo del cariño que nos profesamos. Desde luego, estaré encantado de visitar las islas afortunadas —ese nombre reciben—, que al menos son tan bonitas como la Comunidad Valenciana, a la que usted también está invitado.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, tomen asiento.

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación del Proyecto de Ley de medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 20 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas 98 y 99.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a favor, 11; en contra, 236.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo de Senadores Nacionalistas, 113 a 116.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 7; en contra, 239.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo de Senadores Nacionalistas, 100 a 112, 122, 123 y 124.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 246; a favor, 6; en contra, 240.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo de Senadores Nacionalistas, 117, 118 y 121.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 245; a favor, 6; en contra, 232; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo de Senadores Nacionalistas, 119 y 120.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a favor, 13; en contra, 234.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo de Senadores Nacionalistas, 159.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a favor, 125; en contra, 121; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas de Convergència i Unió 131 y 137.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 247; a favor, 16; en contra, 231.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de las enmiendas de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 244; a favor, 13; en contra, 231.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas de la Entesa. En primer lugar, la 3, la 4, la 17 y la 19.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 8; en contra, 238; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 18, de Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 8, en contra, 238; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 21, de Entesa.




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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 7; en contra, 237; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 22, de Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 129; en contra, 118.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la enmienda número 40, de Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 128; en contra, 112; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas números 5 a 16, 24, 26, 28 a 33 y 35 a 37.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 7; en contra, 235; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 27, de Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 16; en contra, 229, abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 39, de Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 132; en contra, 114.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos las enmiendas números 23, 25, 34, 38, 41, 42 y 43, de Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 8; en contra, 231; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Socialista.

Votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 44 a 51 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 117; en contra, 123; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por la enmienda número 66 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 112; en contra, 132; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por la enmienda número 68 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 115; en contra, 6; abstenciones, 126.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por la enmienda número 69 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 116; en contra, 130.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por la enmienda número 58 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 126; en contra, 121.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas números 61 y 62 del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 123; en contra, 123; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, ante el empate repetimos la votación.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 124; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso en lo modificado por las enmiendas números 140 a 146 y 153, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 118; en contra, 128.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos las enmiendas números 128 y 129.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 126; en contra, 120; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 52 a 57, 59, 60, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 75 a 80, 82 a 90 y 92.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 122; en contra, 124; abstenciones, 1.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 65, 74, 81, 91 y 93 a 96.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 121; en contra, 119; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos ahora las propuestas de modificación con número de registro 68730 y 68731. ¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)

Quedan aprobadas.

Votamos a continuación el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 247.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Rumores.)

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

— DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PROCEDE A LA INTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. S. 621/000115)

(Núm. exp. C.D. 121/000123)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con el Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social. (Rumores.)

Para la presentación del dictamen tiene la palabra la senadora Rubial.

Señorías, ruego silencio, por favor. (Pausa.)

La señora RUBIAL CACHORRO: Buenas tardes, señor presidente.

Señorías, he sido designadas para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración en relación con el proyecto de ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social. (Rumores.)

Quiero aprovechar…

El señor PRESIDENTE: Espere un momento.

Señorías, no se puede oír absolutamente nada. Por favor, todavía nos queda mucha tarea.

La señora RUBIAL CACHORRO: Decía que quiero aprovechar para dar las gracias a los miembros de la Comisión de Trabajo, a quienes han compartido Mesa conmigo, a las y los portavoces y a los vocales, porque creo que han hecho que la comisión haya resultado fácil de llevar. A pesar de las discrepancias políticas, que las ha habido, la relación ha sido muy humana. Eso ha hecho posible que las sesiones de la comisión hayan discurrido en un ambiente agradable.

El proyecto de ley al que me refiero tuvo su entrada en el Senado el pasado día 29 de julio, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas concluía el día 2 de septiembre y fue ampliado hasta el día 5 del mismo mes. Se ha tramitado por el procedimiento de urgencia. Se han formulado sesenta y dos enmiendas: cuarenta y siete por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, dos por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, cinco por el Grupo Parlamentario Socialista, y siete por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, además de una conjunta de los grupos parlamentarios Popular y Socialista. La Comisión de Trabajo e Inmigración dictaminó dicho proyecto en su sesión del día 7 de septiembre, acordando aceptar como dictamen el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Por último, para su debate en el Pleno se han formulado tres votos particulares. (Rumores.)

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos a continuación al turno de defensa de las enmiendas.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Parera. (Continúan los rumores.)

Señorías, ruego silencio, por favor, o salgan del hemiciclo.

Su señoría tiene la palabra.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

De todas las enmiendas presentadas a este proyecto de ley quisiera resaltar tres aspectos de su contenido.

Una serie de enmiendas van destinadas a conseguir una aplicación paulatina de las bases y tipos cotizados y de reducciones. En ellas se hace referencia a la necesidad de contar con los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del ámbito estatal, así como permitir la integración de las organizaciones de ámbito autonómico. Asimismo, presentamos una enmienda destinada a clarificar los criterios de separación de las fuentes de financiación.

Otra enmienda —que en comisión pareció no gustar mucho pero que es importante y en Cataluña creemos que es necesaria— está destinada a que el Gobierno presente un estudio sobre la evolución del subsidio agrario, la renta agraria y el programa de empleo agrario, donde se analice su contribución a la creación de empleo y a la evolución de las tasas de desempleo en las comunidades autónomas que son beneficiarias. En las conclusiones de este estudio deberían incluirse propuestas de actuación en los siguientes ámbitos: necesidad de mantener el subsidio agrario, la renta agraria y el programa de empleo agrario, o la realización de modificaciones normativas en su regulación teniendo en cuenta la relación entre beneficiarios y desempleados en las comunidades autónomas; su contribución al déficit del REASS y la integración del régimen agrario en el Régimen General de la Seguridad Social; la revisión de las medidas llevadas a cabo en el sector agrario con el objeto de mantener la actividad en él, y si fuera el caso, medidas sobre la reducción de los niveles de fraude que pudieran existir en estos programas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Esquerda.

El señor ESQUERDA SEGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a defender la enmienda número 8 al proyecto de ley por el que se procede a la integración del Régimen General Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.

Del Pacto de Toledo surgió el mandato de integrar todos los regímenes de la Seguridad Social en dos: autónomos y asalariados. El REASS, es decir, el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, contaba con trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena. Los trabajadores por cuenta propia, autónomos, se han incorporado según el tamaño de sus explotaciones y así los titulares de las grandes empresas han pasado a cotizar como puede cotizar un autónomo de otro sector, al cien por cien. Los trabajadores por cuenta propia titulares de pequeñas y medianas explotaciones agrarias cotizan en el CTA con una bonificación por contingencias comunes, y cotizan por este concepto el 18,75% en lugar del 26,5%, lo que viene a ser una compensación por no poder aprovechar las economías de escala, que sí aprovechan las grandes explotaciones.

La enmienda que proponemos quiere mantener la filosofía del Pacto de Toledo, que reclama una especial consideración para los trabajadores eventuales agrarios, cosa que no hace el presente proyecto de ley al equiparar las reducciones a aplicar a los trabajadores fijos y eventuales en la letra b) del apartado c) del punto 1 de la disposición adicional segunda. Con esto se beneficia directamente a las grandes explotaciones agrarias, mayoritariamente situadas en el sur de la Península, que ha sido lo que ha negociado principalmente la CEOE, lo que provoca que, por ejemplo, en Cataluña la integración de los trabajadores fijos cueste en el año 2031 un incremento del 35% del coste laboral, y en cambio la integración de los trabajadores eventuales en el mismo año sea del 105%. Esto en Cataluña, pero en otros lugares con otros convenios provinciales aún puede costar más. Por lo tanto, para equilibrar esta integración y cumplir el Pacto de Toledo, con esta enmienda proponemos aplicar unas reducciones un poco mayores para los pequeños y medianos empresarios, mayoritariamente para los trabajadores eventuales; al mismo tiempo, con ello no empeoraremos aún más la renta agraria, que en el período 20012010 ha bajado un 38% en Cataluña.




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Por todo ello, señorías, les pido su voto favorable para esta enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Peris.

La señora PERIS JARQUE: Gracias, señor presidente, señorías.

El Grupo Popular ha presentado siete enmiendas, las números 1 a 6, inclusive, cuya justificación es la mejora técnica.

La enmienda número 7 solicita la adición de una nueva disposición adicional, el derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva para las personas incluidas en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por sus actividades agrícolas, ganaderas o forestales que reúnan las condiciones generales para dicha prestación, excepto la de la edad, que para estas personas la condición específica será haber cumplido 65 años. La justificación del Grupo Parlamentario Popular para presentar esta enmienda se debe evidentemente a las especiales condiciones de penosidad y siniestralidad de dichas dedicaciones, además de ser coherente con lo defendido por dicho grupo respecto a mantener la edad legal de jubilación en 65 años, a diferencia del Grupo Parlamentario Socialista.

Por último, sintiéndolo mucho, no vamos a apoyar las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bustos.

El señor BUSTOS AMORES: Gracias, señor presidente.

Intervengo en este turno en contra de las trece enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, Entesa Catalana de Progrés y Convergència i Unió, correspondiendo siete de ellas al Grupo Parlamentario Popular, una al Grupo Parlamentario de Entesa y cinco al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Las enmiendas coinciden con las ya planteadas en el Congreso y en la Comisión de Trabajo e Inmigración de esta Cámara, donde fueron rechazadas, y por ello no voy a repetir aquí las razones que ya expuse en la comisión, y que están recogidas en el Diario de Sesiones del Senado, para no aceptarlas.

Esta reforma trae causa de otra realizada por este Gobierno para resolver la problemática de los trabajadores agrarios por cuenta propia y su inclusión en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, una reforma que se aprobó en 2007, que fue precedente de esta y que de alguna manera culmina en esta reforma de equiparación de derechos de las personas que desarrollan su actividad en el mundo agrario. Vamos a hacer realidad una de las recomendaciones del Pacto de Toledo que quedó plasmada en algunos documentos allá por el año 1995. Por fin podemos festejar que la recomendación, que ha obtenido el acuerdo casi unánime de todas las personas que han participado en las negociaciones, se hace realidad. Vamos, pues, a hacer realidad una equiparación que beneficia directamente a 850 000 trabajadores, y por tanto, esta es una decisión muy trascendente que estoy convencido de que, al igual que ocurrió ya en el Congreso, saldrá adelante.

Es importante poner de relieve que en el Congreso se pactaron una serie de enmiendas de gran trascendencia para el sector agrario, como la posibilidad de compatibilizar la realización de labores agrarias que tengan carácter esporádico y ocasional con la pensión de jubilación del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social, así como otras enmiendas que mejoran sustancialmente este proyecto de ley. Por lo cual repetir ahora las mismas enmiendas tiene solo el sentido del debate, pero no pueden ser aceptadas por los motivos que, como he dicho anteriormente, ya expresé en la comisión, y además porque no mejoran una norma pactada con los afectados por ella y que tiene una gran aceptación por la casi totalidad del sector agrario.

Quisiera únicamente hacer referencia a las enmiendas números 8 del Grupo Parlamentario de Entesa y 11 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en las que se plantea una distinta tabla de bonificación de cuotas empresariales y laborales. Nosotros no podemos aprobar este planteamiento. Manifestamos nuestro respeto absoluto por el acuerdo unánime alcanzado entre el Gobierno y los interlocutores sociales, y por tanto, parece poco lógico que nos pongamos a elaborar aquí una nueva




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tabla después de las muchas horas que ha costado alcanzar el acuerdo sobre la anterior. Por supuesto se podría hacer otra tabla distinta, pero, desde nuestro punto de vista, una como la que se plantea desequilibraría el sistema, y en cualquier caso, podría provocar problemas financieros importantes al nuevo sistema que acabamos de rediseñar.

El Grupo Parlamentario Socialista tampoco cree que con este proyecto de ley se trate de lanzar gestos negativos en relación con los subsidios agrarios a los planes especiales de fomento del empleo que se desarrollan en las comunidades autónomas del Estado español, lógicamente con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, que es donde estadísticamente hablando más trabajadores hay en este momento.

En definitiva, señorías, estoy convencido de que con el acuerdo de la mayoría de los grupos parlamentarios hemos diseñado un buen sistema, una buena ley que responde a una necesidad, a una reivindicación histórica, una ley que equipara derechos entre trabajadores, una equiparación que, además, se hace sin poner en riesgo la viabilidad de las explotaciones y con un sistema económico y financiero perfectamente asumible por la Seguridad Social de nuestro país.

Por todo ello no vamos a apoyar ninguna de las trece enmiendas que se han presentado y a las que antes me he referido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de palabra.

¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas? (Denegaciones.)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas tampoco hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario de Convèrgencia i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.

Este proyecto de ley no representa la posición de la mayoría de los agricultores catalanes, los cuales lo perciben como un incremento de costes perjudiciales para la competitividad y para el empleo de las explotaciones agrarias de Cataluña.Por tanto, Convèrgencia i Unió no va a apoyar el proyecto de ley, puesto que no queremos ser corresponsables de una decisión que los agricultores catalanes juzgan contraria a los intereses de nuestras explotaciones agrarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la senadora Burgués.

La señora BURGUÉS BARGUÉS: Gracias, señor presidente.

Señorías, desde que enero de 2008 entró en vigor la incorporación de los trabajadores agrarios por cuenta propia en el régimen de trabajadores autónomos, únicamente quedaban fuera del Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores agrarios por cuenta ajena. Es una situación hoy día obsoleta, además de injusta, ya que no se habían tenido en cuenta los cambios laborales, sociales, técnicos y económicos del sector agrario, que durante estos últimos 30 años han cambiado muchísimo, y todavía se da una situación de agravio comparativo en cuanto a la protección social de los trabajadores y las prestaciones económicas a percibir.

Esta ley recoge la demanda del sector agrario, al tiempo que da respuesta a los acuerdos adoptados en el Pacto de Toledo para simplificar los regímenes de la Seguridad Social, equiparando en derechos y obligaciones a todos los trabajadores dentro del régimen general.

Este proyecto de ley, que ha sido consensuado con las organizaciones profesionales más representativas, los sindicatos y el Gobierno, permitirá modernizar el marco de protección social de los trabajadores agrarios por cuenta ajena a través de unas medidas que a lo largo de un período de tiempo dilatado de 20 años, hasta 2031, permitirá ir adecuando las necesidades del sector a la respuesta del sistema. Esta nueva situación va a permitir un cambio del modelo económico de las empresas agrarias que, además de prestar una mayor protección social, podrá dar mayor estabilidad en el empleo, ayudando al arraigo de las personas en el trabajo agrario, a una mejor preparación profesional, dando una estabilidad a las explotaciones agrarias y mejorando su viabilidad económica y su competitividad.




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Este proyecto llega a esta Cámara con un amplio consenso. Ciertamente, después de un período de negociación de mucho tiempo, pero llega con un amplio consenso. Tiene también la valoración positiva del Consejo Económico y Social y, como ya he dicho, de las organizaciones empresariales y sindicatos, además de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados en su trámite parlamentario, y esperemos que el consenso se logre también aquí, en el Senado.

Me va a permitir, señor presidente, decir solamente unas palabras, porque quiero despedirme de esta Cámara, ya que yo no voy a presentarme otra vez y, por tanto, será muy difícil que pueda salir nuevamente elegida.

No soy persona de muchas palabras, creo que nunca he agotado el plazo de tiempo que se me ha dado, pero creo que hoy es justo que pueda dirigirles a todos ustedes estas palabras.

En primer lugar, quiero decirles que ha sido para mí un honor trabajar en esta Cámara; que he aprendido mucho de todos y todas ustedes, señoras y señores senadores; que han sido dos legislaturas muy diferentes, pero cada una ha tenido su particularidad, y que he podido participar en la elaboración de leyes que creo que han ayudado a mejorar la situación de todas las personas. Creo que este es el objetivo y lo que se nos pide. Y este objetivo, que es nuestra obligación como parlamentarios, se ha conseguido durante estas dos legislaturas. Esta experiencia ha sido para mí muy enriquecedora. Espero haber podido cumplir con aquello que la gente espera de nosotros.

Finalmente, quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras de la Comisión de Trabajo, a la que ha hecho referencia la senadora Lentxu Rubial, y de las dos comisiones especiales no legislativas, el buen ambiente de trabajo que siempre ha habido y la voluntad de llegar a un consenso; esto es lo más importante. Y a los senadores y senadoras que vayan a formar parte de la próxima legislatura les deseo mucha suerte y no olviden que, por encima de las diferencias ideológicas, la gente nos pide que sepamos defender sus intereses y solucionemos sus problemas. Trabajo no les va a falta, así que les deseo mucha suerte y muchas gracias.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Pliego.

El señor PLIEGO CUBERO: Muchas gracias, presidente.

Quiero, en primer lugar, resaltar la extraordinaria importancia de este proyecto de ley, que previsiblemente va a ser aprobado por una abrumadora mayoría en esta Cámara, porque supone que 834 045 trabajadores eventuales del campo van a tener los mismos derechos en términos de pensiones y en términos de prestaciones sociales que los del régimen general. Por tanto, me parece un hecho relevante, más allá de las discrepancias que se puedan mantener al respecto. Por otra parte, ha sido una ley extraordinariamente consensuada no solamente en el Parlamento, sino con agentes sociales, asociaciones agrarias, sindicatos y empresarios, lo cual la hace relevante.

Decía la portavoz de Convergència i Unió que cuando defendía todas la enmiendas, la número 15 no gustó. Permítame que le diga, con afecto y cariño, que no es que no gustase. He seguido dándole vueltas y soy incapaz de entender cómo ustedes pueden poner esa enmienda en una ley, se lo digo desde el afecto, es que no está a la altura de la solvencia política y parlamentaria del grupo al que usted representa. Que en una ley sobre el sistema de protección de los trabajadores eventuales del campo en Andalucía y en Extremadura, en unas condiciones dificilísimas de desempleo y que si no fuera por estas prestaciones la única salida sería la emigración, que un Gobierno en el año 1984, cuando gobernaba un tal Felipe González, puso en marcha para evitarlo, aquí, insisto, en una ley, se pida una proceso general de carácter inquisitorial afirmando ya en el contenido de la propia enmienda la perversidad del sistema y añadiendo al final, en el apartado c): en su caso, sobre la reducción de los niveles de fraude que pudieran existir, esto ni en las guerras preventivas. Es decir, que se analicen los niveles de fraude que pudieran existir en Andalucía, no en los 6000 millones de euros que cobran los productores de ayudas de la Unión Europea en España. No, ahí que no se analice nada. No en líneas muy dotadas económicamente de empleo y de desempleo en las comunidades autónomas, muy singularmente en Cataluña, de mucha mayor cuantía que el sistema de protección en Andalucía. No, esto no. Será por aquello de ser vos quien sois. Pero aquí sí. Esto representa —y no lo entiendo— adherirse a los tópicos más burdos y más falsos sobre la Andalucía subsidiada y el voto cautivo, que tanto han defendido insignes portavoces del Partido Popular. Ahora ya no, porque pueden ganar las elecciones, y automáticamente el voto ya es cualificado, por aquello de los que votan al PP, aunque sigan cobrando el subsidio de desempleo, no hay problema.




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Yo les pido un poco de seriedad, de rigor y de respeto a la dignidad de estos trabajadores que no tienen un subsidio de desempleo, que tienen una prestación contributiva por la que pagan.

Un obrero eventual del campo cuando está trabajando cotiza el 4,70% de su salario a la Seguridad Social, lo mismo que uno del régimen general, y cuando está cobrando el desempleo o está en el paro, puro y duro, cotiza el 11,40%, más que el régimen general. Quien cotiza menos y se beneficia —que nos parece muy bien— es el que contrata, que paga 8,5 puntos menos que el régimen general, además no sobre el salario real sino sobre una base tarifada menor de la que corresponde. Por tanto, abrir un proceso general para ver el supuesto fraude, si es que lo hubiere, de verdad que no lo entiendo, creo que no está a la altura de la solvencia de un grupo parlamentario como es Convergència i Unió.

Señorías, en 1984 el Gobierno de Felipe González puso en marcha este sistema, que, entre otras cosas, va a permitir que más de 300 000 mujeres en Andalucía —porque el 62% de los trabajadores eventuales del campo son mujeres— tengan derecho a una pensión contributiva, que las que hoy día están jubiladas —o la inmensa mayoría— no tienen, no porque no hayan trabajado —que sí lo han hecho—, sino porque no fueron dadas de alta. Y aunque solamente fuera por eso, merecería la pena que tuvieran un mayor respeto a este sistema.

Y, sobre todo, señorías, no se guíen por los tópicos: porque hay que atacar al Gobierno, porque hay elecciones dentro de dos meses y esto puede dar juego en Cataluña, donde hay 26 000 eventuales del campo, y para desgracia nuestra, en Jaén solo hay 86 000. No frivolicen ustedes con este tema. Insisto, critiquen al Gobierno, intenten ganar las elecciones, pero tengan un poco de respeto con los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNARRIZ: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.

Voy a ser muy breve en mi intervención.

Diré que vamos a apoyar este proyecto de ley, que, no libre de dificultades, efectivamente ha llegado con un gran consenso a esta Cámara. Es una reivindicación histórica que nos llena de satisfacción que hoy se vaya a aprobar, primero, porque es una de las reivindicaciones del Pacto de Toledo pero, sobre todo, porque se lo merecen los agricultores, porque, después de ocho años de políticas agrarias totalmente nocivas para los agricultores y el campo español, hoy vamos a aprobar una ley en la que el sector agrario y nuestros agricultores lógicamente se sentirán satisfechos, por el gran consenso que ha habido.

Tengo que decir al senador Pliego acerca del PER que la historia no comenzó con el PSOE ni Felipe González. En Andalucía había un desempleo contributivo que venía de la UCD. Por tanto, hay historia antes, después y entremedias del Partido Socialista.

Hablaba también su señoría de la emigración y decía que ahora en Andalucía no hay. También decía usted el otro día en la comisión que nos iba a dar una clase de pedagogía política. Señoría, pedagogía, poca, pero valor se le reconoce: que venga usted diciendo eso, cuando hace pocos días hemos podido saber por todos los informativos españoles que 15 000 españoles han emigrado a la vendimia francesa, de los cuales 11 500 son andaluces, es para reconocerle valor.

Esta es una Cámara territorial. Por supuesto, el Partido Popular apoya a los agricultores andaluces, los insignes portavoces del Partido Popular que usted dice y los no tan insignes, todo el Partido Popular. Apoyamos a los agricultores andaluces, a los agricultores extremeños, pero también a todos los agricultores del resto de la geografía española.

Como le recordaba el otro día, señoría, yo provengo de una comunidad, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde somos menos habitantes y hay menos sector agrario. Pero el campo en Castilla y León es importantísimo para nuestra subsistencia. Lo ha sido siempre para todos los castellanos y leoneses, como lo ha sido para otras muchas comunidades o prácticamente todas las comunidades españolas.

Pero lo que, lamentablemente, en estos ocho años de política socialista ha sucedido es que se les ha dado la espalda a los agricultores. Ha habido una política agraria nefasta en España. En Bruselas no hemos sabido defender los intereses de los agricultores.

Por tanto, nosotros apoyamos y apoyaremos siempre a todos los agricultores de toda la geografía española porque, efectivamente, el medio rural es importante. Y en los discursos no vale solo decir que




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hay que asentar la población, hay que asentarla con políticas activas. Y ni tan siquiera en el preámbulo de esta ley hablan de iniciativa alguna en materia de trabajo, y a las pruebas me remito con lo que tenemos.

Quiero decir para terminar que nos sentimos muy satisfechos de que esta ley se apruebe por todos los agricultores del territorio español, daremos nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera, y esperamos que esta sea la primera muestra de una mejor política, porque confío en que vendrán una políticas en el sector agrario y en el campo que mejorarán trascendentalmente la situación por la que atraviesa en estos momentos, que ha sido bastante lamentable, sobre todo con los últimos episodios que hemos tenido este verano con la crisis del pepino. Por tanto, damos nuestro apoyo a todos los agricultores.

Y por último, señor presidente, como he comentado esta mañana cuando me refería a los compañeros de la Comisión de Sanidad, quiero decir que ha sido una satisfacción trabajar en esta comisión. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de sus componentes, en especial, a nuestra presidenta, querida Lentxu, y a María Burgués, por su despedida y por las circunstancias especiales por las que han pasado, y a todo el resto de compañeros y, por supuesto, de mi grupo político, quiero desearles lo mejor. Efectivamente hay debate político, pero las personas estamos por encima de todo, los políticos ante todo somos personas y estamos para hacer políticas para las personas. También quiero dar las gracias a los letrados que hacen una magnífica labor y, cómo no, como he dicho esta mañana, a todos aquellos trabajadores de la Cámara que desde la sombra realizan una magnífica labor para que esta comisión haya podido realizar sus trabajos con buenos resultados.

Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Señorías, tomen asiento por favor.

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación del Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.

En primer lugar votamos las enmiendas de Convergència i Unió números 11 a 15.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 233; a favor, 13; en contra, 220.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 8, de la Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 232; a favor, 16; en contra, 216.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, votamos las enmiendas números 1 a 7, del Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 233; a favor, 115; en contra, 116; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, vamos a votar el resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 233; a favor, 225; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.




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— DE LA COMISIÓN DE CULTURA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA.

(Núm. exp. S. 621/000111)

(Núm. exp. C.D. 121/000125)

El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos el debate del dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el proyecto de ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Sañudo.

El señor SAÑUDO AJA: Buenas tardes.

Señor presidente, señorías, el proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado tuvo su entrada en esta Cámara el día 5 de julio de 2011, tramitándose por el procedimiento ordinario y terminando el plazo de presentación de vetos y enmiendas el día 22 de julio de 2011.

A este proyecto de ley se presentaron 17 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: las números 1 y 2, correspondientes al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; de la número 3 a la número 13, correspondientes al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; la número 14, correspondiente al Grupo Parlamentario Popular en el Senado; las números 15 y 16, correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y la enmienda número 17, al Grupo Parlamentario Socialista.

Por decisión de la Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, no fueron admitidas a trámite la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Popular, y la número 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por considerarse, de conformidad con la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se refieren a materias que, de manera evidente y manifiesta, carecen de conexión con el proyecto de ley.

Por otra parte, el Gobierno, al amparo de lo establecido en el artículo 134.6 de la Constitución y en el artículo 151 del Reglamento, manifestó su disconformidad con la tramitación de las enmiendas números 12 y 13, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

La comisión designó ponentes el día 13 de julio; el día 7 de septiembre se reunió la ponencia, que no emitió informe; y, a continuación, se reunió la comisión, que aprobó la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Socialista.

El dictamen de la comisión ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 13 de septiembre, junto con los votos particulares presentados por tres grupos parlamentarios. A través de los tres votos particulares se mantienen para su debate y votación en el Pleno las siguientes enmiendas: en el voto particular número 1, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene la enmienda número 15; en el voto particular número 2, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas mantiene las enmiendas números 1 y 2; y en el voto particular número 3, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés mantiene las enmiendas números 3 a 11.

Creo que he resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo, pero no quiero terminar sin antes agradecer a todos los integrantes de la comisión, a la mesa, a los portavoces y a los letrados de la misma su colaboración y buen hacer durante toda la legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Iniciamos el debate de las enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente.

Buenas noches.

Señorías, la garantía que el Estado otorga a las obras de interés cultural es un mecanismo de gran importancia a la hora de organizar exhibiciones artísticas. Por ello, mi grupo parlamentario presentó la enmienda número 1, en la que se plantea la posibilidad de que, además del Reina Sofía y Thyssen, cualquier otro museo del territorio español que reciba una cesión temporal de obras o conjuntos de obras de interés cultural para su exhibición en una misma exposición cuente con la posibilidad de beneficiarse de la garantía del Estado. Por eso se fijaba una cifra mínima superior a los 100 millones de euros. Se pretende que el Estado deba facilitar la organización de estos eventos, más allá de la limitada lista de las instituciones que se encuentran en Madrid, colaborando de esta forma a dar una respuesta a ese objetivo,




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es decir, a que todo el conjunto en el Estado español, con los museos que tengan capacidad para organizar eventos de ese calibre, de esa entidad, pueda tener este tratamiento de la garantía del Estado.

En nuestra segunda enmienda, señorías, lo que nosotros planteamos es una vieja reivindicación de nuestro pueblo, y es que el Guernica de Picasso, que hoy se encuentra en el Museo Reina Sofía —y lanzo y expreso aquí la voz de las instituciones vascas y del pueblo vasco sin excepción—, vaya a Euskadi. Durante los terribles años del franquismo, señorías, este cuadro fue el gran aliado de los demócratas para denunciar ante todo el mundo los despropósitos de una guerra que los habitantes de Gernika lo sufrieron y que sería el inicio de una serie de ataques a la población civil durante la segunda guerra mundial, el único grito en el mundo contundente, en aquellas épocas negras de la dictadura, que no se podía callar por parte de los golpistas, en su afán de echar la culpa de semejante atrocidad a los vascos. El Guernica pues, señorías, es una muestra de lo valiosa que puede ser una obra de arte al servicio de la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Pensamos que es una obra que fue el cuadro del pueblo de Gernika y que por ello sí se merece que su cuadro, el cuadro Guernica de Picasso, vaya a tierras vascas.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo ha presentado un voto particular que se refiere básicamente a la política de adquisiciones del centro. Hemos propuesto introducir dos puntos en la disposición adicional tercera que buscan claramente la colaboración con las comunidades autónomas. El primer punto pretende evitar básicamente casos de concurrencia de administraciones o de instituciones en la adquisición de archivos o fondos. Lamentablemente esta situación es frecuente y provoca claramente especulación en el proceso de compraventa de obras de arte y, en consecuencia, implica un claro aumento de los precios de las mismas. Además, consideramos adecuado que las adquisiciones en caso de que no se destinen a la exposición permanente en el Centro de Arte Reina Sofía se depositen en los centros que dispongan las autoridades de la comunidad autónoma que le corresponda. En definitiva, señorías, presentamos una enmienda que pretende regular la colaboración entre instituciones en el proceso de adquisición y exposición de obras de arte, siempre con la máxima lealtad institucional y dentro del marco de respeto de las competencias otorgadas a las comunidades autónomas.

A pesar de que no fue aceptada en la Comisión, les pido que reconsideren su posición y den apoyo a nuestra enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones) «Gràcies, president.

Podria tenir gràcia la paradoxa que el museu més republicà de l’Estat es digui «reina» si no fos que és fruit d’una imposició, com ha estat una imposició la monarquia, sense que els ciutadans s’hagin pogut expressar específicament sobre aquesta qüestió. Vagi per davant, doncs, que aquesta segurament seria la nostra primera esmena en aquest Centre d’Art Contemporani.»

Continúo en castellano por otra imposición poco democrática. Decía que la paradoja de que el museo más republicano del Estado se llame reina hasta podía tener gracia si no fuera fruto de una imposición como lo ha sido la monarquía, sin que los ciudadanos hayan podido expresar en las urnas si preferían una república y la mayor democracia, transparencia y ahorro que conllevaría.

Esta ley no tiene muchas enmiendas porque, una vez aceptada la mayor, que es la existencia, hasta contradictoria en su formulación, de un hipermuseo de arte contemporáneo con un nombre de reina, con fondos públicos, incluso con fondos de arte del Estado captados en algunos casos a través de la dación en pago de impuestos, radicado en el centro, en Madrid, capital del reino, en paralelo al Museo del Prado, esta ley era necesaria. Es una ley necesaria porque le da una autonomía similar a la del Museo del Prado y permite modernizar mínimamente sus estructuras y sus políticas al no depender tan directamente de la estructura ministerial.




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Durante estos años hemos dado todo nuestro apoyo a la gestión de su actual director, Manuel Borja-Villel, con objeto de conseguir esta nueva norma para el museo, y también porque nos parece encomiable y hasta titánica, por su inmensa dificultad, su labor para transformarlo en dinamizador de la creación, es decir, de las críticas y de las convenciones de todo tipo, y para establecer relaciones no centralistas, potenciadoras de la diversidad, no jerárquicas sino rizomáticas, con centros de arte, saltando fronteras, potenciando la creación y lo diverso para compartirlo y vivir mejor.

Dicho esto, tampoco vivimos en un espejismo y no es sorprendente que las enmiendas que quedan vivas sean justamente de los senadores catalanes y vascos y que algunas de ellas se refieran a los dineros, a los privilegios económicos que tiene este museo en relación con otros museos públicos de arte contemporáneo de gran interés que reciben menos ayudas del Estado y que colaboran, pero también compiten, tanto en la adquisición de obras en el mercado del arte y en la captación de sponsors y mecenazgos como en la organización de eventos y en la captación de público.

Por ello, señorías, presentamos las enmiendas números 12 y 13, que pretenden que el MACMA, el MNAC y todos los museos que acordaran el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas, como el Reina Sofía, se pudieran beneficiar de los incentivos fiscales al mecenazgo en los términos previstos en la ley, es decir, un 5% adicional de deducción fiscal.

Estas enmiendas han sido rechazadas por el Gobierno en otro acto de este Gobierno que no quiere corregir el centralismo del Estado, con lo cual se mantienen el trato desigual y la competencia desleal entre museos del Estado central y museos autonómicos sin consideración a su interés general.

Evidentemente, porque van en la misma línea de igualdad de trato entre museos de interés general, independientemente de si son de titularidad del Estado o no, vamos a apoyar la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, y la enmienda número 15, de Convergència i Unió, que, como nuestra enmienda número 11, pretenden evitar esa competencia desleal entre museos y posibilitar que los fondos, archivos u obras pertenecientes a personas físicas continúen en la comunidad autónoma donde se han generado y que el Reina Sofía suscriba convenios de colaboración con las comunidades autónomas que cuenten con centros de arte contemporáneos similares por su ámbito y sus objetivos.

Suscribimos estas enmiendas como si fueran nuestras y son complementarias de todas las que presentamos, todas ellas dirigidas a introducir criterios de mayor participación democrática, mayor transparencia y mayor colaboración con las comunidades autónomas para que en su gestión por ley se deba tener en cuenta la pluralidad cultural lingüística de los territorios y los ciudadanos del Estado español y para que se respete la adscripción nacional de los artistas catalanes, por ejemplo.

Asimismo, con nuestra enmienda número 8, pretendemos que se incorporen a la financiación de ese museo radicado en Madrid tanto la administración local como la autonómica de dicho territorio, que tanto se beneficia de esta ubicación. Y no es un tema baladí el de la ubicación, es otra vez la prueba del algodón del centralismo, si es que se necesitan muchas pruebas para una obviedad de conocimiento general.

Se puede entender que un museo como el del Prado, creado a principios del siglo XIX -una institución heredada del pasada centralista-, esté en Madrid y que se busquen formas de gestión con participación de las comunidades autónomas que permitan su disfrute por todos los ciudadanos, una colaboración y compartir fondos con otros museos, pero no se puede entender que en plena transición se creara para el arte contemporáneo un contenedor de estas dimensiones, a todas luces exagerado, con una obra nueva de Jean Nouvel, para epatar, que es todo menos funcional y adecuada para disfrutar del arte, y de nuevo en Madrid, al margen de donde se generaron gran parte de las obras que le dan sentido, sin un proyecto claro, que, entre otras cosas, tuviera en cuenta los centros de arte ya existentes, la historia de las vanguardias artísticas europeas y mundiales, el papel de Barcelona y de Cataluña en esa historia y que estamos en un Estado compuesto. Fue un despropósito que hoy intentamos corregir con un nuevo dinamismo en la dirección artística pero con poco criterio plural en la orientación política como se ve en esta ley.

Dos legislaturas de Gobierno socialista han sido tiempo suficiente para que, al menos, en el terreno de la cultura, con costes económicos mínimos, se empezara a hacer realidad, se viera esa España plural que nos prometían, ese inicio de un camino auténticamente federal. Pues no, no ha sido así, y no será porque les haya fallado nuestra colaboración y la de tantos otros, en general, situados en las costas, lejos del centro de la península. No ha sido así porque, en realidad, solo se ha entendido esa pluralidad en términos de cesión tacaña de algunas competencias, pero nunca en términos de cambio profundo de la




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propia estructura de la Administración del Estado, que es la misma de siempre. No han sido capaces en realidad, no han querido crear una estructural cultural plural. Lo de ministerio de las culturas no ha pasado de ser un recurso retórico que no se ha creído nadie, porque no lo creían ni quienes lo decían.

La verdad es que es una cuestión que me duele profundamente, y creo que los responsables socialistas de cultura han cargado con una grave responsabilidad al no haber creado puentes estructurales fuertes entre la cultura catalana, los ciudadanos y los territorios monolingües castellano-hablantes. En el mejor de los casos —a veces ni eso—, nos han dejado ejercer nuestras competencias en Cataluña, pero no han asumido su responsabilidad de dar a conocer y divulgar como un valor positivo la pluralidad, el trato en pie de igualdad de la lengua y la cultura catalana.

En lugar de acercarnos, nuestros caminos se alejan, porque los caminos, las culturas y las lenguas diversas no deben fusionarse ni dejarse asimilar sino que deben tener vitalidad propia para dejarse influir y, al tiempo, continuar existiendo reconociéndose como iguales. Miles de circunstancias históricas, sociales y políticas explican la existencia de unas lenguas y culturas diversas. Lo sustancial es que cada una de ellas existe, y tiene tanto derecho a continuar existiendo como cualquier otra, y que, además —y eso es importantísimo—, esa diversidad es buena, aporta visiones y soluciones diversas; es un factor de bienestar para las personas, de creatividad y de progreso.

La cultura y la lengua catalana necesitan un pleno reconocimiento internacional de su existencia, de su espacio, de sus aportaciones a la cultura europea y universal y necesitan un Estado que lo asegure.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Fuentes.

La señora FUENTES GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señoría, subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para fijar nuestra posición sobre las enmiendas presentadas al proyecto de ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En primer lugar, quiero expresar desde esta tribuna mi agradecimiento a todos los grupos por el buen clima que ha reinado durante el debate de esta ley, tanto en ponencia como en comisión, y, además, expresar mi satisfacción por el apoyo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado a nuestra enmienda presentada en comisión y que fue aprobada.

Antes de fijar nuestra posición de voto, quiero dar algunas razones por las que el Grupo Parlamentario Socialista apoya el proyecto de ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y que entendemos que es un momento bastante beneficioso y además histórico para este museo. En primer lugar, es una de las instituciones culturales de referencia en el panorama museístico nacional e internacional. Su número de visitantes ha crecido de manera significativa: un 350% en las últimas dos décadas. En segundo lugar, es un ejemplo de consolidación de la dimensión social del museo al haberse convertido en un espacio multidisciplinar de experimentación, generación de conocimiento y debate de la esfera pública, y ha demostrado su voluntad de modernización y su compromiso con la creación artística contemporánea.

Teniendo en cuenta la necesidad de modernización de su régimen jurídico, señalaré algunas de las ventajas de la fórmula jurídica de la propia ley. En primer lugar, está orientada a la consecución de objetivos más flexibles para adaptarse a los nuevos retos. El régimen jurídico es de naturaleza mixta, mantiene el carácter público del museo pero en algunos aspectos se sitúa en el derecho privado. Mayor flexibilidad para la explotación de actividades comerciales: librerías, cafeterías, etcétera, y agilidad para realizar ciertas actividades: exposiciones temporales, etcétera. Establecimiento de un control financiero permanente y un régimen de modernización presupuestario más flexible para agilizar la gestión económico-presupuestaria. Permitirá reducir los tiempos de tramitación de un expediente de contratación. Agilización de los trámites en el terreno de la adquisición de obras de arte. Simplificación del régimen jurídico del personal del museo para promover una gestión homogénea y potenciación de los expertos propios del museo, comerciales y de patrocinio, lo que aumentará la autofinanciación.

Ahora, voy a hablar de las enmiendas que se han presentado. En cuanto a la primera de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, entendemos que es competencia del Ministerio de Economía y Hacienda. La garantía del Estado para bienes de interés cultural, regulada en la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español, y el Real




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Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de patrimonio histórico español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural, es un sistema de seguro público por el que el Estado español asume el compromiso de asegurar bienes de interés que se cedan temporalmente para su exhibición pública en algunas instituciones organizadoras. La segunda enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, relativa al traslado del Guernica a la localidad vasca, no se acepta por razones estrictamente técnicas y objetivas de conservación de la obra. Y ustedes saben que eso es cierto.

No vamos a aceptar las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. La enmienda número 3, formulada al artículo 3.j) del proyecto de ley, se recoge como fin. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía establece relaciones de cooperación y colaboración con otros museos y universidades, centros de investigación, instituciones culturales, nacionales o extranjeras, para favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos, por lo que el contenido de la enmienda propuesta a la exposición de motivos ya se prevé en el artículo de la ley. Para la enmienda número 4 aplicamos la misma justificación que en la anterior.

El contenido de la enmienda número 5, relativo a la necesidad de tener en cuenta por el museo en el ejercicio de sus funciones la pluralidad cultural y lingüística del territorio del Estado, puede entenderse recogido en la nueva disposición adicional segunda, incorporada al texto remitido al Senado.

La enmienda número 6 no la podemos aceptar porque puede darse cumplimiento al contenido de la enmienda con la disposición adicional tercera del texto remitido al Senado o, en su caso, mediante convenios de colaboración sobre la materia planteada en las distintas comunidades autónomas o entidades locales.

Tampoco podemos aceptar la número 7 porque pide la disminución de vocales en el Real Patronato del Museo, y en la comisión, como bien sabe, se aprobó la enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se incrementa el número de patronos.

En cuanto a la número 8, consideramos que la previsión es innecesaria puesto que el artículo 17.d) del proyecto de ley recoge, entre los recursos económicos del museo, las transferencias corrientes o de capital que procedan de las administraciones o entidades públicas, entendiéndose integrado en ese supuesto el contenido de la enmienda propuesta.

En cuanto a la enmienda número 9, dada la naturaleza jurídica del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, tanto por las actividades que realiza, así como por sus fines, no parece conveniente que para su régimen presupuestario se establezca la elaboración de un contrato programa, resultando más conveniente que su elaboración se circunscriba a lo establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para los sujetos que integran el sector público administrativo.

Rechazamos la número 10 porque es igual que una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas.

La enmienda 11 tampoco podemos aceptarla porque en ella se solicita modificar el régimen de depósito del patrimonio cultural.

En el caso de las números 12, 13 y 14, consideramos que es una cuestión que compete al Ministerio de Economía y Hacienda y esta materia corresponde al Ministerio de Cultura.

Respecto a las enmiendas presentadas por CiU, he de decir que la número 15 ya fue presentada en el Congreso, habiéndose recogido el punto 3 en la nueva disposición adicional tercera.

En cuanto a la número 16, entendemos que es una actuación que compete al Ministerio de Economía.

Señoría, creo que con esto he fijado la posición de mi grupo respecto de este proyecto de ley que espero sea respaldado por todos los grupos de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo entiende que con esta ley se dota al Reina Sofía de un instrumento adecuado y necesario para gestionar este tipo de instituciones en el siglo XXI. Fue al inicio de la legislatura cuando se presentó esa necesidad en la Comisión de Cultura del Senado. Debemos decir que lo entendimos desde nuestra óptica de política cultural, y lo que hoy vamos a aprobar en esta Cámara responde de forma general a las necesidades de un museo moderno.




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No creo necesario, pues, utilizar mi tiempo en describir las bondades de la ley porque ya habrá quien lo haga. Pero tengo algunos no obstantes que comentar aquí. Le deseamos larga vida al museo Reina Sofía. No dudamos de que el buen uso de esta ley traerá prosperidad a las artes, así como a la economía que genera este tipo de actividades. Para ello esta ley dará al museo mayor flexibilidad presupuestaria y autonomía, condiciones básicas para la gestión de este tipo de instituciones.

Señorías, permítanme que, después de escuchar el turno en contra de las enmiendas presentadas por los grupos nacionalistas por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, les diga que no hay nada nuevo en esta Cámara. La diversidad, lo complejo, no existe. Este es el rodillo del centralismo. Este tipo de actitudes por parte del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno son nuestra gran desilusión, pues no aceptan nuestra enmienda en la que se pide y se reconoce esa garantía del Estado a centros que también organizan exposiciones, y lo hacen con muchísima dignidad, pues están dando nombre incluso al Estado español en el mundo. No solamente existe el Museo del Prado ni el Reina Sofía, sino que hay museos en el Estado con una capacidad suficiente y con una dignidad y maneras de hacer que son indiscutibles. Denegarles el mérito a estos museos es aplicar el rodillo centralista. Ahí se ve cuál es el espíritu que anima a quienes realmente apoyan esta ley.

Nosotros apoyaremos esta ley porque pensamos que realmente es buena y necesaria, pero no vamos a dejar de denunciar, por enésima vez, lo de siempre. Este tipo de cosas se hacen para Madrid y desde Madrid. Todos los demás tenemos que aguantarnos. No existe razón para la diversidad.

Si el siglo XXI necesita estas leyes para poder gestionar este tipo de museos también necesita gente inteligente que sepa liderar lo complejo y España o el Estado español es muy complejo y es muy diverso. No enseñamos mucha inteligencia ni emocional ni desde luego legal.

Tenemos otro no obstante que tenemos que dejar bien claro, la gran espina que tenemos nosotros los nacionalistas, y es la negativa del Estado a que el Guernica vaya a Gernika. Lo único que nos animaba a los vascos en los momentos más negros de la dictadura era saber que ese grito desgarrador en contra de la guerra representado por este cuadro era la denuncia permanente en el mundo libre de las atrocidades cometidas por los fascistas en contra de la legalidad republicana.

Señorías, no sé si en España existía durante la dictadura esa conciencia tan arraigada y sentida por este cuadro que describía los horrores sufridos en primera mano por los gernikeses, en un ataque histórico e insólito en la historia de las guerras. Nosotros los vascos —doy fe— sentíamos que este cuadro hablaba de esos horrores sufridos en concreto y en ese momento por los nuestros porque, sin ninguna duda, defendían los derechos democráticos. Y ese, señores, emocionalmente era su cuadro, el cuadro de los gernikeses, de Gernika. Pero no; hay razones políticas disfrazadas de técnicas —¡por Dios!—. Hablarnos en estos momentos de que es imposible después de treinta años trasladar el Guernica a Gernika es tomarnos por tontos. Por favor, no nos tomen por tontos. Esto es lo único que les pido. Tengan cierto respeto. Invéntese lo que les dé la gana, pero no eso porque sabemos que informes técnicos nos dicen perfectamente que el Guernica se puede trasladar perfectamente en ocho horas a Gernika, repito, en ocho horas. Razones técnicas no existen, son políticas y díganlo de verdad.

Pensábamos que no nos discutirían esto. Esto nos lo discutió el franquismo. Pensábamos que en la democracia nos lo iban a reconocer, y no ha sido así. Este tipo de respuestas, señorías, pobres de espíritu, son las que niegan a los pueblos esos momentos de grandeza cuando se dan actitudes en las que prevalece el amor y el reconocimiento por quienes han sufrido.

Señorías, falta algo tan necesario en la vida como es la empatía, es como la sal del pan. Sin empatía, señorías, no se puede vivir…

El señor PRESIDENTE: Señoría, termine.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: No olviden que los vascos somos un pueblo viejo y tenemos una característica, y es que somos muy perseverantes, tan perseverantes que no nos importará esperar siglos, porque así, gracias a esa perseverancia, seguimos defendiendo nuestras libertades, nuestra lengua y nuestra historia…

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que termine.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Termino diciendo en euskera en este Pleno —gracias, señor presidente— Guernica, gernikara. Ya les trasladaré después lo que quiere decir.

Muchísimas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Muchas gracias, presidente.

Intervengo para fijar la posición de Convergència i Unió en la Ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, un proyecto de ley que consideramos oportuno, ya que permitirá modernizar el régimen jurídico y organizativo de un museo que ha demostrado ser capaz de crecer y al mismo tiempo adaptarse a las necesidades y novedades de la sociedad.

Como se explica en el preámbulo de la ley, el museo ha experimentado enormes cambios a lo largo de los últimos años, al mismo tiempo que ha dinamizado la producción artística contemporánea y ha favorecido el acceso del público al conocimiento y disfrute de tales creaciones.

Todos estos cambios y funciones desarrolladas en los últimos años justifican claramente la necesidad de una adecuación y modernización del régimen jurídico y de organización que permitirá dotar al Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía del mismo régimen jurídico que el de otros referentes museísticos de vanguardia existentes en el panorama internacional, aportándole, en definitiva, más agilidad y competitividad y permitiéndole consolidarse como auténtico museo de referencia a nivel estatal.

Destacamos los ejes básicos que vertebran el proyecto de ley que se lleva a aprobación: responsabilidad social y medioambiental; financiación sostenible; garantía a la investigación y la formación cultural y artística de las generaciones futuras.

Sin embargo, en nuestro grupo lamentamos que no se tenga la intención de aprobar ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos nacionalistas y que refuerzan, en definitiva, el carácter plurinacional del Estado. Nos hubiera gustado poder llegar a un acuerdo y nos entristece ver la actitud del PSOE, que no se ha planteado la posibilidad de modificar el texto y proponer una transaccional en la que se pudieran sentir cómodos todos los partidos.

Como decía bien el señor Bofill, es una lástima terminar la legislatura sin intención de dialogar respecto de unas enmiendas que refuerzan el papel de las comunidades autónomas. Claramente no ha habido voluntad política, señorías.

Antes de terminar mi intervención, me gustaría hacer referencia a una enmienda que no ha sido admitida a trámite por la Mesa del Senado, concretamente se trataba de una enmienda que pretendía establecer que la organización y el desarrollo del XV Campeonato del Mundo de Natación, a celebrar en Barcelona el año 2013, fuera considerado acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo. A pesar de que la Mesa justificó la no admisión a trámite por considerar que se refiere a una materia que carece de manera evidente y manifiesta de conexión con el proyecto de ley que estamos debatiendo y vista la no admisión final, a pesar de nuestra solicitud de reconsideración, queremos hacer constar en la sesión de hoy que hubiera sido nuestra voluntad poder debatir este tema con el resto de grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Intervendré muy brevemente para expresar dos cuestiones. La primera, que nosotros también tenemos una enmienda igual que la de los senadores nacionalistas para que el Guernica vuelva al País Vasco porque creemos que moralmente se debe a los descendientes de las víctimas de la barbarie sufrida en Gernika.

La segunda, que cuando hablamos de que nuestros caminos no se deben fusionar, lo que queremos decir es que nos debemos acercar, que la colección del Reina Sofía, por ejemplo, tiene una lectura catalana, y esa lectura catalana también debe estar presente en los itinerarios del Reina Sofía. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es visibilizar la diversidad en todos los ámbitos en que sea posible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Villagrán.

El señor VILLAGRÁN BUSTILLOS: Gracias, presidente.

Señorías, buenas noches.




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Desde 1986, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía viene desarrollando la ocupación de un espacio más que interesante en el mundo del arte moderno contemporáneo tanto de España como del extranjero. Y no solo por conservar y acrecentar, exponer y divulgar diversas manifestaciones de esta magnífica tendencia artística sino, además, por ejercer una actuación de dinamización, como ha dicho la senadora Fuentes, de la producción artística contemporánea favoreciendo el acceso del público al conocimiento y disfrute de las creaciones.

Superado el tradicional modelo de institución centrada en las clásicas funciones de custodia y preservación, hoy significa la concreción social de un museo convertido en un foro multidisciplinar y de experimentación, generación de conocimiento artístico y centro de debate de la esfera pública.

Evidentemente, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha seguido una evolución desde el principio adaptándose a la legislación que se le ha otorgado.

Esta ley que hoy vamos a aprobar, señorías, acomete cambios sustanciales en la modernización de la gestión y del régimen del museo, al igual que han hecho también los principales museos de Europa, incluido el Museo Nacional del Prado, para dar agilidad y dinamismo a la gestión en sus propias estructuras administrativas y aligerar las posibilidades de gestión del organismo para el cumplimiento de sus funciones.

Igualmente, para fomentar la generación de recursos financieros propios incrementando su nivel de autofinanciación, diversificar y mejorar la oferta de actividades y, en definitiva, dotar a la institución de un marco jurídico determinado que aumente la calidad y la eficiencia del museo dentro del ámbito de garantías, por supuesto, de la Administración General del Estado.

Sale de esta Cámara esta ley con un gran consenso, que siempre es muy oportuno cuando hablamos de cambio de estructuras organizativas que mejoran y aumentan la flexibilidad en la siempre deseosa y rigurosa gestión.

Mis felicitaciones al ministerio por esta ley que da al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía las posibilidades que necesita para avanzar aún más en la senda marcada por el Gobierno.

Esta es, señorías, ni más ni menos, una ley Sinde más, una ley moderna, una ley actual, progresista, valiente y adaptada a los tiempos que corren en los campos de la cultura en general y de las artes plásticas en particular. Enhorabuena de nuevo al ministerio por haber sacado esta ley adelante.

Quisiera también felicitar —y ya han hecho referencia a ello otros portavoces— al director del museo, don Manuel Borja-Villel. Le conocí la pasada legislatura cuando la Comisión de Cultura acudió al museo a hacer una visita inmediatamente después de su nombramiento en el centro. Nos contó allí su proyecto, que hoy se hace un poco más realidad con esta ley, y nos enseñó aquellas galerías donde duermen tantos recuerdos, tantos sueños, tanta historia, tanta reconciliación y tanta vida artística.

Felicito igualmente al director del museo por su labor pretérita y por la labor que seguro que va a realizar en el futuro apoyándose en los instrumentos que por esta ley le estamos otorgando a la estructura organizativa y dirigente de este museo. Quisiera felicitar también a mi compañera, la senadora Fuentes García, por su buen hacer en el trabajo de llevar al consenso y al buen fin en el Senado esta ley tan importante para el mundo cultural de nuestro país.

Señorías, en mi última intervención en este Pleno quiero agradecerles a todos su magnífica relación personal para con este senador que vuelve a su antigua profesión de cirujano ortopédico, que no ha dejado, de donde salió hace ocho años. Ha sido una experiencia más que interesante pasar dos legislaturas con ustedes en este Senado, donde dejo innumerables amigos y compañeros y a muchos trabajadores de la Casa. A todos ustedes, señorías, les deseo que sigan trabajando por hacer de este país un lugar más próspero, más libre, más solidario, más igualitario y, en fin, más habitable. Les deseo, como desean siempre los viejos socialistas, salud para todos.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. (Fuertes aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Gueimunde.

La señora GUEIMUNDE GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para manifestar la posición de mi grupo en relación con la ley reguladora del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, que no ley Sinde, porque hasta hoy era un texto plenamente consensuado. Esperamos que siga recordándose como una ley de todos, en la que todos hemos contribuido, no atribuyéndosela solamente a una parte, sobre todo cuando todos hemos puesto algo de la nuestra para que se llegase a este consenso. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)




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Dicho esto, avanzo también cuál será la votación de nuestro grupo parlamentario en contra de las enmiendas ya planteadas por CiU, Entesa y Grupo de Senadores Nacionalistas. Es evidente, porque creemos que así se ha demostrado durante todos estos años, que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es un referente en el panorama artístico internacional, y han sido muchas las dificultades salvadas y los éxitos alcanzados por este museo desde sus inicios, allá por el año 1986, como centro expositivo. Pues bien, como foro artístico y de vanguardia que es, a la altura de los grandes museos de este y de otros continentes, creemos que ha llegado la hora de modificar ese régimen jurídico.

Es evidente también, como demuestran sus actuaciones con repercusión en el mundo entero, que su tradicional objetivo de custodia y preservación de ese patrimonio ha sido enriquecido con nuevos programas de experimentación y creación artística ya debidamente afianzados. Justifican, por tanto, la necesidad de ajustar ese régimen jurídico y de esa forma responder con eficacia, prontitud y competitividad a los retos planteados por el devenir continuo del arte y de la sociedad.

Con esta nueva ley, semejante a la que en su día se aprobó para el Museo del Prado, transformaremos un organismo autónomo en público pero guiado siempre por un estatuto específico que le permitirá tanto agilizar su gestión como organizar el trabajo y el personal en función de las necesidades que requiere un centro de esta magnitud. Este ente, además, se someterá —como no podría ser de otra manera— a la normativa propia que determina la organización de la Administración General del Estado, lo que garantiza que la actividad sea de control permanente sobre los fondos públicos.

Nuestro grupo parlamentario ha apostado, por creerlo conveniente y necesario ya desde inicios de esta legislatura y ha convencido incluso a este Gobierno para que se abriesen las vías para llegar a este consenso, a esta ley que, repito, es una ley de todos. El Reina Sofía alcanzará pues el prestigio —ya lo ha alcanzado— que en su día alcanzó con esta modificación el Museo del Prado.

Dicho esto —no solamente les habla una senadora, sino que también les habla una artista—, tengo que decir que queremos reconocer la buena disposición y mejor voluntad de los distintos grupos parlamentarios, y hemos de valorar también la actitud tanto del Gobierno como del ministerio y de los portavoces de las distintas Cámaras —la recordaremos, pues—. Pero también habremos de decir que el arte es de todos, que el arte es un vehículo de expresión y un canal de comunicación que no entiende ni de razas ni de nacionalidades ni de sexos ni de territorios, ni tampoco de condiciones sociales, que se concibe solamente en función de las experiencias del individuo y se ofrece al espectador libre de cargas y de prejuicios en los espacios museísticos de todo el planeta. Ofrezcamos, pues, al Reina la posibilidad de cumplir esa labor con dignidad y dotémosle de un nuevo régimen jurídico para situarlo en el lugar que se merece. El Reina está de enhorabuena, el arte está de enhorabuena y España está de enhorabuena. Debemos felicitarnos por haber contribuido a mejorar y consolidar uno de los mejores museos del mundo.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación del Proyecto de Ley reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En primer lugar, votamos la enmienda número 1, de Senadores Nacionalistas.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 225; a favor, 14; en contra, 211.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 2, de Senadores Nacionalistas, y 10, de Entesa.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 226; a favor, 13; en contra, 213.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo de Convergència i Unió, votamos la enmienda número 15.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 14; en contra, 214.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 3 a 9 y 11, de Entesa

Catalana de Progrés.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 14; en contra, 214.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la parte del proyecto de ley que ha sido enmendada en comisión, pero que no ha sido votada.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 227; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto del proyecto de ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 226.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

— ACUERDO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL / EL MINISTERIO DE DEFENSA ISRAELÍ, HECHO EN MADRID EL 7 DE FEBRERO DE 2011.

(Núm. exp. S. 610/000260)

(Núm. exp. C.D. 110/000262)

El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto séptimo del orden del día: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados. Acuerdo relativo a la protección de información clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel / el Ministerio de Defensa israelí, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011.

No se ha presentado propuesta alguna.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.

— ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, POR OTRA, POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO EN MATERIA DE COMERCIO, DESARROLLO Y COOPERACIÓN, HECHO EN KLEINMOND, SUDÁFRICA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

(Núm. exp. S. 610/000261)

(Núm. exp. C.D. 110/000263)

El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Sudáfrica, por otra, por el que se modifica el Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación, hecho en Kleinmond, Sudáfrica el 11 de septiembre de 2009.

No se ha presentado propuesta alguna.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.




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— ACUERDO DE COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, EN PARTICULAR, EL TERRORISMO, EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y BOSNIA Y HERZEGOVINA, HECHO EN MADRID EL 3 DE MARZO DE 2011.

(Núm. exp. S. 610/000262)

(Núm. exp. C.D. 110/000264)

El señor PRESIDENTE: Acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia, en particular, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes y la delincuencia organizada entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2011.

No se ha presentado propuesta alguna.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.

— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN AMMAN EL 15 DE MARZO DE 2011.

(Núm. exp. S. 610/000263)

(Núm. exp. C.D. 110/000265)

El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Amman el 15 de marzo de 2011.

No se ha presentado propuesta alguna.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.

— CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SERBIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 31 DE ENERO DE 2011.

(Núm. exp. S. 610/000264)

(Núm. exp. C.D. 110/000266)

El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 31 de enero de 2011.

No se ha presentado propuesta alguna.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.

— ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE GHANA SOBRE LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN ACCRA EL 31 DE MARZO DE 2011.

(Núm. exp. S. 610/000265)

(Núm. exp. C.D. 110/000267)

El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ghana sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Accra el 31 de marzo de 2011.

No se ha presentado propuesta alguna.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.




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— CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE EL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA RELACIONADO CON LOS COSTOS, RÉGIMEN LINGÜÍSTICO Y REMISIÓN DE SOLICITUDES, HECHO EN MAR DEL PLATA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR.

(Núm. exp. S. 610/000266)

(Núm. exp. C.D. 110/000268)

El señor PRESIDENTE: Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia y del Protocolo Adicional al Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de solicitudes, hecho en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010 y Declaración que España desea formular.

No se ha presentado propuesta alguna.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.

— ACUERDO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL, HECHO EN LISBOA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

(Núm. exp. S. 610/000267)

(Núm. exp. C.D. 110/000269)

El señor PRESIDENTE: Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009.

No se ha presentado propuesta alguna.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones.)

¿Se puede entender concedida la autorización? (Asentimiento.)

Autorizamos.

CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

— CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD DE PERSONAS INSCRITAS EN LOS REGISTROS DE PAREJAS DE HECHO O DE SIMILAR NATURALEZA.

(Núm. exp. S. 592/000032)

(Núm. exp. C.D. 093/000035)

El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de los convenios internacionales, pasamos al punto octavo del orden día: Conocimiento directo por el Pleno de convenios entre comunidades autónomas. Convenio de colaboración entre comunidades autónomas para el intercambio de información sobre la identidad de personas inscritas en los registros de parejas de hecho o de similar naturaleza.

No se han presentado propuestas de que la celebración de este convenio necesite autorización de las Cortes Generales.

¿Alguien desea intervenir? (Denegaciones.)

En consecuencia, la Cámara toma conocimiento de la celebración de dicho convenio.

Señorías, finalizado el orden día se levanta la sesión, hasta la próxima semana.

Eran las veintiuna horas y cuarenta minutos.


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