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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 274, de 20/09/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 274
Sesión plenaria núm. 260
celebrada el martes,
20 de septiembre de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Modificación en el orden del día ... (Página5)

Inclusión en el orden del día ... (Página5)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se reestablece el impuesto sobre el patrimonio, con carácter temporal. ("BOE" número 224, de 17 de septiembre de 2011). (Número de expediente 130/000050.) ... (Página5)

- Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ("BOE" número 226, de 20 de septiembre de 2011). (Número de expediente 130/000051.) ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por


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el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 317-1, de 27 de mayo de 2011. (Número de expediente 122/000282.) ... (Página5)

- De los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reformas urgentes en materia tributaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 252-1, de 4 de junio de 2010. (Número de expediente 122/000227.) ... (Página10)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la entrada en vigor de los eurobonos como instrumento de financiación. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 625, de 12 de septiembre de 2011. (Número de expediente 162/000902.) ... (Página16)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones en televisión terrestre con tecnología analógica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 563, de 29 de abril de 2011. (Número de expediente 162/000856.) ... (Página22)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Ríos), sobre declaración de interés general de las obras de reparación del dique de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife. (Número de expediente 173/000234.) ... (Página26)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de impulsar de forma prioritaria el corredor del Mediterráneo. (Número de expediente 173/000235.) ... (Página30)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para paliar el grave efecto de la crisis económica en las pymes y autónomos. (Número de expediente 173/000236.) ... (Página34)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página39)

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página39)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página40)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Modificación en el orden del día ... (Página5)

El señor presidente solicita la conformidad de la Cámara para que la interpelación que figura con el número 28 pase a debatirse antes que el punto 26. Asimismo, propone a la Cámara que los puntos 29, 30, 31 y 34, relativos a enmiendas del Senado, pasen a debatirse el miércoles 21 de septiembre al acabar la sesión de control, lo que se aprueba por asentimiento.

Inclusión en el orden del día ... (Página5)

El señor presidente, tal como el ordenamiento jurídico establece, solicita la conformidad de la Cámara para incluir como puntos del orden del día el examen, debate y votación de la derogación o convalidación de los reales decretos-leyes 13/2011 y 14/2011, sobre el impuesto del patrimonio y sobre materias de política de empelo y regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que se aprueba por asentimiento.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), de modificación del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad


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vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo ... (Página5)

Defiende la toma en consideración el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos Rull, del Grupo Parlamentario Mixto; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista.

De los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reformas urgentes en materia tributaria ... (Página10)

En defensa de la proposición de ley intervienen la señora Buenaventura Puig y los señores Ridao i Martín y Jorquera Caselas, de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió); la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley ... (Página16)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la entrada en vigor de los eurobonos como instrumentos de financiación ... (Página16)

Defiende la proposición no de ley el señor Fernández Marugán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González y el señor Ríos Rull, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió).

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones en televisión terrestre con tecnología analógica ... (Página22)

Defiende la proposición no de ley el señor Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Feliu Álvarez de Sotomayor, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Bono Ara, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos Rull, del Grupo Parlamentario Mixto; Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Beloki Guerra.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página26)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Ríos), sobre declaración de interés general de las obras de reparación del dique de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife ... (Página26)

Defiende la moción el señor Ríos Rull, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió).

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), sobre la necesidad de impulsar de forma prioritaria el corredor del Mediterráneo ... (Página30)

Defiende la moción el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig y el señor Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para paliar el grave efecto de la crisis económica en las pymes y autónomos ... (Página34)

Defiende la moción el señor Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos Rull, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Aguirre Rodríguez.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página39)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), relativa a la modificación del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se rechaza por 26 votos a favor, 313 en contra y una abstención.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reformas urgentes en materia tributaria, se rechaza por nueve votos a favor, 325 en contra y seis abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página39)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la entrada en vigor de los eurobonos como instrumento de financiación, se aprueba por 191 votos a favor y 149 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones en televisión terrestre con tecnología analógica, se rechaza por 28 votos a favor, 167 en contra y 145 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página40)

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (señor Ríos), sobre declaración de interés general de las obras de reparación del dique de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por unanimidad.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), sobre la necesidad de impulsar de forma prioritaria el corredor del Mediterráneo, con la incorporación de una enmienda relativa a la corrección de errores, se aprueba por 355 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.


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Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para paliar el grave efecto de la crisis económica en las pymes y autónomos, se rechaza por 146 votos a favor, 178 en contra y 16 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

MODIFICACIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión, que será la última de la legislatura. Bienvenidas y bienvenidos.

Conforme a lo establecido por el Reglamento solicito la conformidad del Pleno, a propuesta de la Junta de Portavoces, para que la interpelación que figura con el número 28 pase a debatirse antes del punto 26. ¿La Cámara da su conformidad? (Asentimiento.) Se entiende otorgada.

También propongo que el Pleno de la Cámara autorice que los puntos 29, 30, 31 y 34 -que son enmiendas al Senado-, en el orden que finalmente determine la Presidencia, pase a debatirse, en vez del jueves como estaba previsto, mañana miércoles al acabar la sesión de control. Sin embargo, las votaciones no se efectuarán mañana sino todas ellas agrupadas el jueves. ¿Otorga también la Cámara su conformidad? (Asentimiento.) Así queda decidido.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

- CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 13/2011, DE 16 DE SEPTIEMBRE (Número de expediente 130/000050.) Y DEL REAL DECRETO-LEY 14/2011, DE 16 DE SEPTIEMBRE. (Número de expediente 130/000051.)

El señor PRESIDENTE: Solicito la conformidad de la Cámara para incluir, tal y como nuestro ordenamiento jurídico establece, como puntos del orden del día el examen, debate y votación de la derogación o convalidación de los reales decretos-leyes 13/2011 y 14/2011, sobre el impuesto de patrimonio y sobre materias de política de empleo y regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Quedan incluidos.

Por último, también solicito la conformidad de la Cámara para poder incluir enmiendas del Senado, si esa Cámara nos remitiese proyectos de ley que examine en el día de hoy o de mañana, el próximo jueves. ¿Se otorga la conformidad? (Asentimiento.) Queda otorgada.

Después de estos asuntos previos, vamos a examinar el orden del día, eso sí, bajo la Presidencia del señor vicepresidente don Jorge Fernández Díaz. (El señor vicepresidente, Fernández Díaz, ocupa la Presidencia.)

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 122/000282.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias.

Pasamos al punto I del orden del día, tal como señaló el presidente: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de modificación del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Para la defensa de la proposición tiene la palabra en nombre del grupo proponente don Jordi Jané.

El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hoy Convergència i Unió trae ante el Pleno de la Cámara el debate de una proposición de ley de un enunciado simple pero que de llegar a aprobarse tendría una gran eficacia práctica y contribuiría a dos grandes objetivos. Primer objetivo: incrementar el nivel de autogobierno de aquellas comunidades autónomas, como Cataluña, que tienen ya cuerpos propios de policía que tienen atribuciones en materia de tráfico. Esas policías tienen ya la responsabilidad de patrullar por sus carreteras, de poder inspeccionar, de poder tramitar las oportunas sanciones tras la comprobación de una infracción, de vigilar, de prevenir. Tienen competencias atribuidas en materia de tráfico y el primer objetivo de esta proposición de ley es incrementar esas atribuciones, que no es otra cosa que incrementar también el nivel de autogobierno de esas comunidades autónomas; por ejemplo, Cataluña o el País Vasco. Por tanto, primer objetivo: mayores atribuciones competenciales, y especialmente para unos cuerpos de policía que están cumpliendo con sus obligaciones legales y que lo están haciendo de manera eficiente. Y el segundo gran objetivo de esta proposición de ley que hoy plantea Convergència i Unió es facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores cuando los mismos, al final, lleven aparejada la pérdida del permiso de conducir. Lo que plantea Convergència i Unió es una solución más eficiente,


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que beneficia al autogobierno, a las atribuciones de las policías autonómicas, pero que beneficia también al ciudadano, al conductor, que se ve inmerso actualmente en un proceso sancionador que finalmente le puede reportar la pérdida de su permiso de conducir. Concretamente, ahora se cumplen cinco años de la entrada en vigor del nuevo sistema de permiso por puntos. Con sus luces y sus sombras, sin ninguna duda ese permiso por puntos ha cambiado la forma en que cada conductor percibe la vigencia de su permiso de conducir. Ya no es un permiso que el conductor tenga de forma permanente, sino que en muchísimas ocasiones la acumulación de infracciones y sanciones, con la consecuente pérdida de puntos, puede traer aparejada la pérdida del permiso de conducir. Por tanto, esa vigencia del permiso ha cambiado, esa concepción que el conductor tiene de su permiso de conducir ha cambiado: sabe que, según cuáles sean sus actuaciones en la carretera, en las vías urbanas, puede llegar a perder ese crédito de confianza que son los puntos.

¿Qué pasa actualmente? Ocurre que muchísimos conductores, tras la actuación de las policías autonómicas, ven cómo estas policías y las correspondientes administraciones autonómicas tramitan y resuelven con plenas consecuencias las distintas infracciones que han cometido y reciben sus correspondientes sanciones, con plenas competencias. Nadie discute a estas policías autonómicas que puedan realmente sancionar cuando perciben que un conductor ha realizado una infracción. Nada se lo impide. Lo que ocurre es que cuando la acumulación de distintas infracciones conlleva la pérdida total de puntos, esas policías y esas administraciones autonómicas ya no pueden tramitar la consecuencia, sino que deben tramitarla a través de la DGT, que tiene que pedir los antecedentes a la Administración autonómica, que es la que los tiene. Una vez que tiene los antecedentes, es la DGT la que acaba comunicando al domicilio del conductor que ha perdido su permiso de conducir. ¿Qué ocurre? Que esto es un planteamiento claramente disfuncional. Se producen errores en la comunicación. El propio fiscal general del Estado, en su última comparecencia ante la Comisión de Justicia, a petición de este portavoz reconoció que existían graves disfunciones. En ocasiones, la DGT -Dirección General de Tráfico- lo que hace es percibir que ya hay una acumulación de puntos tal que se ha producido la pérdida total del permiso, lo comunica y, si no encuentra nadie en ese domicilio, acaba en el tablón de edictos. Y finalmente ese conductor, sin saberlo, está conduciendo habiendo ya perdido todos sus puntos, por lo que no puede conducir. Está conduciendo sin permiso y, actualmente, de acuerdo con el Código Penal, esta es una actuación delictiva, y ese conductor estaría cometiendo un delito sin ser consciente de ello. Se le abren actuaciones penales y después, cuando se comprueba que tal notificación no se realizó de manera adecuada, debe retrocederse lo andando, pero esto es una disfunción, disfunción que seguramente no ocurriría si fueran esas comunidades autónomas que tienen atribuidas las competencias en materia de tráfico y seguridad vial a través de sus propias policías las que finalmente pudieran tramitar la pérdida del permiso de conducir. Por lo tanto, como las cosas han cambiado porque ha cambiado la normativa estatal y ya es plenamente vigente el permiso por puntos, demos un paso más y demos a esas policías autonómicas, que están cumpliendo bien con sus obligaciones, esa nueva atribución que hoy propone Convergència i Unió. Ganaríamos todos; ganaríamos en eficiencia. La propia DGT dejaría de tramitar en los territorios donde ya existe esa policía autonómica esos expedientes por unas sanciones e infracciones que esa DGT no ha conocido ni tampoco la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Por tanto, repito, sería un sistema más eficiente y a la vez daríamos más rango a la actuación que realizan las administraciones autonómicas en este ámbito cuando tienen ya transferencias al respecto, lo que para Convergència i Unió también es muy importante.

Quiero recordar que, por ejemplo, en Cataluña es el Servei Català de Trànsit el responsable de los cursos de recuperación de puntos. Todo lo que lleva aparejada la recuperación de puntos es la propia Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català de Trànsit, la que lo tramita, y en cambio ese organismo no puede hacer, porque la ley lo impide, lo que sería una consecuencia lógica: que cuando la acumulación de sanciones lleva aparejada la pérdida del permiso pudiera esa administración también establecer esa pérdida del permiso. Evidentemente se haría en coordinación con la DGT para comunicar los datos, pero sería el propio Servei Català de Trànsit en este caso el que trasladaría al domicilio del conductor la notificación, intentaría localizarlo y el sistema funcionaría mejor, y con ello también cumpliríamos mejor las atribuciones que la propia normativa marca para la policía autonómica en materia de tráfico y seguridad vial. Quiero recordar que fue un avance, en este caso pactado a través de una proposición de ley conjunta entre el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la Ley orgánica de transferencia a la Generalitat de Catalunya, a su policía, de las competencias en materia de tráfico. Fue una ley aprobada en el año 1997, en que dimos un primer paso. El Estatuto de Cataluña del año 2006, en su artículo 164, referido a seguridad pública, da un paso más. Hoy culminaríamos ese camino iniciado si entre todos tomáramos en consideración, aunque fuera -si me lo permiten, señorías- de modo simbólico, porque estamos ya en el último Pleno de la legislatura; todas las proposiciones de ley de hoy van a ser simbólicas, ninguna va a ver el BOE finalmente, pero a la hora de manifestar nuestra voluntad sería positivo que nos uniéramos a esta petición que hoy realiza Convergència i Unió.

Señor presidente, señorías, muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Jané.

Para el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene a continuación la palabra el señor Ríos.


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El señor RÍOS RULL: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir desde el escaño porque voy a ser muy breve. Quiero expresar la posición de nuestro grupo a favor de esta proposición de ley, tanto porque nos parece totalmente congruente que las administraciones autonómicas que tienen competencia en materia de tráfico sean las competentes para resolver los procedimientos que llevan aparejada la retirada del carné, como por el hecho de que Canarias es la cuarta comunidad autónoma que ya posee una policía autonómica y que aspira en el futuro a ostentar las competencias en materia de tráfico. Por tanto, se vería beneficiada si se aprobara definitivamente esta ley, algo que no ocurrirá por la disolución de las Cortes. En todo caso, la intervención de nuestro grupo es para mostrar nuestro apoyo a esta proposición de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Ríos.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.

El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.

Desde que en el año 1997 se transfirieron determinadas competencias en materia de tráfico a Cataluña, la Generalitat ha venido ostentando, como se ha dicho, competencias en materia sancionadora. A partir de entonces, los agentes de los Mossos d´Esquadra pueden sancionar y el Servei Català de Trànsit resolver el procedimiento sancionador con la imposición de la correspondiente sanción económica. No obstante, esa transferencia se produjo, podríamos decir, a medias, porque la Dirección General de Tráfico continúa ostentando las competencias en materia de suspensión y retirada de permiso de circulación que las infracciones muy graves acarrean, dándose una dualidad de procedimientos que en nada ayudan a la economía procesal, obligando a los ciudadanos a estar y pasar por una dualidad de administraciones competentes en el procedimiento sancionador en el que se ve incurso, y naturalmente sin ninguna necesidad.

Esta dualidad permaneció y no se solucionó con posterioridad. Pudo haber sido en el año 2005, mediante la modificación de la Ley de Tráfico en la que se introdujo el permiso por puntos. Pero no, desde entonces se sigue manteniendo esa dualidad pues continúa siendo la Dirección General de Tráfico la competente para acordar la pérdida de puntos, así como el procedimiento para poder recuperarlos, con el sinsentido además de que es el Servei Català de Trànsit el que ostenta la competencia en la gestión de los cursos para la recuperación de los puntos, pero no tiene competencia alguna para gestionar el expediente sancionador de retirada. Esa dualidad es la que viene a denunciar el Grupo de Convergència i Unió -a proponer un cambio, en realidad- con la proposición de ley que nos trae a consideración, que ya ha advertido el señor Jané que es de modo simbólico y en previsión de futuro. A todas luces es evidente que dicha dualidad en el procedimiento sancionador carece de todo tipo de justificación; no hay exigencia competencial alguna en el marco de las competencias exclusivas que la Constitución reserva al Estado. Si en su momento fue posible transferir a la Generalitat de Catalunya competencias en materia de tráfico y dotar a los agentes de los Mossos d´Esquadra de la potestad sancionadora y al Servei Català de Trànsit de la competencia en materia de procedimiento sancionador, hoy no tiene por qué existir ningún inconveniente, salvo la falta de voluntad política, para que pueda ser la Generalitat quien tenga atribuciones para tramitar y ejecutar el expediente de retirada del permiso de conducir. Se trata pues de un tema, como ha explicado muy bien el señor Jané, de aumento del poder competencial, pero también de un tema de economía procesal que da respuesta al principio de racionalidad y simplificación administrativa que permite mejorar la relación del ciudadano con la Administración. Por ello, daremos, naturalmente y sin ninguna duda, nuestro voto favorable a la toma en consideración.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Canet.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Jané, quiero felicitarle por la oportunidad y la facundia que ha caracterizado su intervención, como siempre nos tiene acostumbrados. No obstante, si algún reproche le tengo que hacer, señor Jané, es que quizá sea un poco tarde para que el pedimento que usted pretende a través de esta proposición fructifique en el ordenamiento jurídico, fructifique en algo concreto.

Mire, lo que usted denuncia a través de esta proposición de ley lo hemos denunciado nosotros hace tiempo: lo denunciamos a través de enmiendas concretas cuando se rebatió la Ley del permiso por puntos y lo denunciamos en la última Ley de Tráfico mediante enmiendas con las que pretendíamos preservar algo tan obvio como las competencias de ejecución de la legislación de tráfico por comunidades autónomas, incardinadas en las cuales figuran las competencias sancionadoras mediante el sistema de tipificación de infracciones de la normativa autonómica, como ocurre en el caso de Cataluña, como ocurre en el caso de Euskadi, que pueden llegar incluso a la privación del carné de conducir, a la suspensión del mismo.

Y el otro contenido de su pedimento, que es el relativo a la recuperación, a los cursos de recuperación, nosotros lo hicimos en su momento; es decir, en el momento procesal oportuno, si me permite la expresión, mediante enmiendas presentadas a las dos leyes que le he comentado. El reproche, amable y honesto, es que no observamos tanta fogosidad en la defensa de nuestras enmiendas en ese momento, que era cuando se podía haber salvaguardado la competencia que usted pretende salvaguardar en un momento extraño, en un Pleno


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extraño también, el último de la legislatura y cuando hay poco tiempo para resolver problemas de esta envergadura y de esta profundidad. No obstante, por congruencia con lo que usted solicita, que coincide con lo que nosotros enmendamos en las leyes en donde este debate se debía haber articulado con la suficiente energía, votaremos a favor. Nosotros hemos denunciado reiterada y sistemáticamente que la política de tráfico, la política del Ministerio del Interior, comandada por el director general de Tráfico, señor Pere Navarro, es una política con una impronta jacobina muy notable, una política de centralización, de recentralización, de recuperación y rescate de competencias que incluso ya habían sido transferidas a las comunidades autónomas. En ese momento podíamos haber evitado lo que en esta especie de última ratio, de última bala que nos queda el señor Jané, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pretende recuperar. Nos da la impresión de que es tarde y de que además no va a concitar suficientes votos la petición tan brillantemente defendida por el señor Jané. En todo caso, nosotros nos mantenemos coherentes con nuestra posición histórica en el ámbito de la defensa de nuestras competencias, en la defensa del autogobierno en una materia tan relevante, tan importante como el tráfico, como la seguridad vial, como los aspectos o las materias que hacen referencia al procedimiento sancionador administrativo, incluso cuando llega a sus consecuencias más graves, como es la suspensión del carné de conducir y sus mecanismos de recuperación. Esto no es ajeno a las competencias autonómicas, como no son ajenos todos los demás aspectos sancionadores. Y si nos hubiéramos visto en su día acompañados con más energía por algunos grupos parlamentarios seguramente este debate no tendría sentido hoy. Como no fue así, señor presidente, vamos a intentar utilizar nuestra última bala para salvar este desafuero competencial votando con entusiasmo la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Souvirón.

El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señor presidente, señorías, como bien ha dicho el señor Jané, la Ley orgánica 6/1997 fue aprobada por las Cortes Generales con una mayoría del Partido Popular y en ella se estableció la delegación de competencias estatales en materia de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Entre esas competencias no estaban las de proponer la pérdida o imponer la retirada del permiso de conducir, que son las que constituyen el objeto de la proposición de ley cuya toma en consideración nos propone hoy el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). ¿Por qué no se incluyeron en aquella ley orgánica estas competencias? ¿Fue un error, sencillamente fue un olvido o se pensó que era conveniente atribuir unas competencias y a la vista de la evolución de su gestión plantearse en el futuro la posible delegación de otras competencias? La verdad, señorías, es que ninguna de estas tres respuestas es la acertada. La respuesta es de mayor peso y está simple y llanamente en el respeto a la Constitución española. El artículo 149.1.21ª establece con claridad que entre las competencias exclusivas del Estado están el tráfico y la circulación de vehículos a motor y en el artículo 150.2 establece la posibilidad de que se puedan delegar o transferir determinadas competencias siempre -dice la norma- que su naturaleza permita la transferencia o la delegación. Lo que aquí se nos plantea es la pérdida del permiso de conducir y eso supone la limitación de los derechos de los ciudadanos, y a nosotros nos parece -en la interpretación que hacemos de nuestra norma fundamental- que debe corresponder exclusivamente a aquel que tiene la competencia y quien tiene la competencia es la Administración General del Estado, es el Gobierno central. Ese fue nuestro argumento en el año 1997 y el que hemos mantenido en las sucesivas reformas de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. En el año 1997 estuvimos de acuerdo los grupos parlamentarios; hoy se nos propone un paso adelante que va en contra de nuestra interpretación de la Constitución española.

Sin ninguna duda, el señor Jané, que es un fino jurista además de un acreditado profesor de derecho constitucional, tiene argumentos para plantear hoy esta iniciativa y seguro que son los que ha expuesto en esta tribuna y algunos más. Desde luego, nosotros estamos siempre abiertos a oír argumentos que puedan llevarnos a la reflexión, pero el problema es que cuando se trata de una norma que nosotros entendemos que afecta a la Constitución española necesitamos el suficiente sosiego, la suficiente reflexión, el tiempo que ya no tenemos. Se ha dicho aquí, el propio señor Jané y el señor Olabarría han hablado de que estamos en el último minuto, de que estamos iniciando el último Pleno de la legislatura; no tenemos tiempo para eso, habría que ir al galope. Además, es materialmente imposible. Por tanto, estos son nuestros argumentos -argumentos fundados desde nuestro punto de vista- para votar en contra de esta iniciativa. Son argumentos de método pero también son argumentos de fondo, como he expuesto en la primera parte de mi intervención.

Así que nos vemos obligados, señor presidente, a votar en contra de esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Souvirón.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Corcuera.

El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señor presidente.

Señorías, dice el Reglamento del Congreso de los Diputados en su artículo 207: Disuelto el Congreso de los Diputados o expedido su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación


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Permanente. Como saben, esos asuntos son las iniciativas legislativas populares y los informes extraordinarios del Defensor del Pueblo. Señoría, me cuesta creer que plantee en serio la reforma de una ley en el último Pleno de la legislatura; la verdad, sorprende esta forma de proceder de un riguroso jurista como usted. Resulta incluso chocante y contradictorio porque hace tan solo una semana desde esta misma tribuna su propio grupo parlamentario calificaba al Grupo Popular de oportunista y electoralista por presentar una proposición de ley a escasos días de finalizar la legislatura, sin ningún margen además para que pudiera ser debatida y votada. Un argumento que compartíamos entonces la mayoría de los miembros de esta Cámara y que es, si cabe, más pertinente en el día de hoy. No tiene sentido, decían ustedes entonces. Prefiero pensar que es una ocurrencia de fin de curso puesto que es evidente que ustedes saben que a estas alturas es imposible su aprobación.

Señorías, la imposibilidad de tramitar esta proposición de ley hace estéril cualquier debate sobre su contenido, pero plantearla sí genera confusión y engaño en la ciudadanía al dar la apariencia de que esta medida puede ser aprobada en los próximos días. Confusión que no es buena en un tema tan sensible como la seguridad vial, una confusión que puede menoscabar la credibilidad que tienen las políticas de seguridad entre nuestros conductores.

Por respeto a esos ciudadanos, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la toma en consideración y ni tan siquiera voy a entrar en su contenido. No debo entrar a valorar si ha de ser objeto o no de una ley orgánica, al amparo del artículo 150.2 de la Constitución por ser una competencia estatal. Ni tan siquiera valoraré si la transferencia de dicha competencia puede o no hacer más efectivo el sistema de conducir por puntos, un sistema que, como saben bien, señorías, ha dado y está dando un magnífico resultado. No obstante, señor Jané, le agradezco enormemente la oportunidad que me ha dado para hablar de seguridad vial desde esta tribuna en el último Pleno de esta legislatura y poner así en valor el excelente trabajo que se ha realizado. Señorías, hoy ya nadie discute que la mejora de la seguridad vial ha sido una prioridad para el Gobierno de España. Si hace tan solo siete años nuestro país miraba y copiaba las experiencias positivas en nuestros vecinos europeos, hoy somos un ejemplo a seguir en todo el mundo. Entre todos hemos conseguido cambiar las actitudes de los conductores en nuestro país. Hoy ya no está bien visto ser un infractor sino que es reprobable ética y socialmente. A diferencia de etapas políticas pasadas en que la siniestralidad vial se abordaba con un intento de ocultación y fatalismo, este Gobierno ha cogido desde el primer momento el toro por los cuernos; desde el primer momento ha reconocido el problema y ha trabajado por buscar soluciones, y hoy podemos decir que era posible reducir la siniestralidad y que además sabemos cómo hacerlo.

Quisiera aprovechar la oportunidad también para agradecer la voluntad de consenso que todos los grupos han mostrado a lo largo de esta legislatura en esta materia, especialmente a Convergència i Unió, y destacar el importante papel que han jugado los medios de comunicación en esta concienciación social. Como no podía ser de otra forma, quisiera agradecer también a las asociaciones de víctimas su trabajo continuado durante todo este tiempo, porque son ellas quienes han padecido de manera más dolorosa y directa las consecuencias que lleva consigo el drama de la siniestralidad vial. Valgan estas palabras también como homenaje a ellas de mi grupo.

Señorías, mientras exista un solo fallecido por accidente de tráfico no podemos ni debemos bajar la guardia, pero es justo reconocer que se ha hecho un excelente trabajo en esta materia y, tal como avalan los datos, podemos estar moderadamente satisfechos. Qué duda cabe de que una parte muy importante del éxito se debe a que tanto los diferentes ministros del Interior como el director general de Tráfico, han hecho de la lucha por salvar las vidas en nuestras carreteras una prioridad. Mi reconocimiento personal y el de mi grupo también para ellos. (Aplausos.)

Hace tan solo unos días se daba por cerrada desde el Ministerio del Interior la llamada, operación Salida Verano 2011. El balance es suficientemente demostrativo: son las cifras más bajas que se han registrado desde el verano de 1962, cifras que siguen la senda de los últimos siete años de descenso sostenido de la siniestralidad y que nos empujan a creer que este año 2011 puede acabar por debajo de los 1.730 fallecidos con los que se cerró el 2010, lo que sería el mejor resultado desde hace cincuenta años. Fíjense, señorías, en la importancia de este dato, hay que remontarse al inicio de los años sesenta del pasado siglo para encontrar cifras similares, pero mientras entonces el parque de vehículos apenas rondaba los tres millones, en la actualidad se acerca ya a los treinta y dos. Señorías, algunos de los parlamentarios que hoy somos miembros de esta Cámara ni tan siquiera habíamos nacido por esas fechas. Estos resultados han permitido a España superar el ambicioso objetivo de la Unión Europea de reducir en un 50 por ciento la cifra de víctimas mortales a final de 2010, con una reducción del 57,5 por ciento. Pero lo que es más importante, el descenso durante los siete años consecutivos en las cifras de siniestralidad vial ha permitido evitar la muerte de casi 10.000 personas, evitar el drama de casi 10.000 familias rotas. No olviden una cosa, señorías, de eso estamos hablando, de salvar vidas.

Señor Jané, durante esta legislatura hemos trabajado y aprobado una importante reforma de la Ley de Seguridad Vial, una reforma que ustedes apoyaron y que nosotros agradecimos y agradecemos, donde renunciaron a plantear dicha transferencia. Si tenían una verdadera voluntad de que fuera aprobada esa proposición de ley, han tenido tiempo de presentarla con antelación suficiente para que pudiera ser adecuadamente debatida. Por ello, señor Jané, le emplazo a que esta sea la primera proposición de ley que su grupo registre en la próxima legislatura. Mi grupo y yo estaremos entonces encantados


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de debatir en profundidad sobre los cambios que ustedes sugieren.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Corcuera.

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE REFORMAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA. (Número de expediente 122/000227.)

El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el debate de admisión a trámite de la proposición de ley de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reformas urgentes en materia tributaria. La defensa de la proposición la comparten los grupos proponentes y, primer lugar, tiene la palabra la señora Buenaventura.

La señora BUENAVENTURA PUIG: Gracias, presidente.

Señorías, es evidente que es una proposición de ley que no se va a poder aprobar por un tema de calendario, igual que la anterior, pero merece la pena recordar que es una proposición de ley que presentamos los diferentes grupos que lo hicimos en mayo de 2010, y hasta ahora no hemos tenido posibilidad de poderla discutir. También es cierto que es un tema de fiscalidad, y aunque estemos acabando la legislatura nos ocupa y nos preocupa a nosotros y seguro que al conjunto de la Cámara; si bien hoy podremos hablar y posicionarnos, seguro que en la próxima legislatura tendremos ocasión de volver a discutirla y, a ser posible, tramitarla.

Dicho esto, señorías, nuestro planteamiento de proposición de ley parte de la base de que entendemos que España está a la cola de la unidad europea en cuanto a fiscalidad y, a la vez, a la cabeza en los recortes sociales. Presentamos esta proposición de ley justamente el 12 de mayo de 2010, día en que el presidente inició sus políticas de recorte de los derechos sociales básicos, es decir, presentó los recortes como única vía para reducir el déficit, y la respuesta de la izquierda, de los grupos hasta ahora minoritarios de la izquierda, fue la de presentar esta proposición de ley que plantea que se podrían obtener más recursos con una fiscalidad distinta y, por tanto, no serían necesarios ni imprescindibles los recortes sociales, como se están produciendo.

En esta proposición planteamos algunas medidas que de aplicarse, como decía, supondrían unos ingresos similares a los de la mayoría de sus recortes sociales, y además con un fuerte elemento de justicia social, progresividad y contributividad. Proponemos cambios en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades, la reimplantación del impuesto sobre el patrimonio -el jueves convalidaremos una propuesta a nuestro entender reducida del impuesto sobre el patrimonio-, un mayor control de las sicav, la prohibición de las ventas en corto al descubierto y los ejes para un riguroso plan de lucha contra el fraude fiscal. Déjenme citar tres ejemplos en los que el Gobierno y el grupo que lo apoya, aunque tarde y mal, nos han tenido que dar la razón al final. Primero negaron que tuviesen que hacerse estas reformas, pero finalmente han reformado tanto las sicav como la Ley Beckham y ahora patrimonio. Tres ejemplos en los que seguimos insistiendo en esta proposición de ley en que hay que ir más allá.

En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, no insistiré -el jueves lo discutiremos y tendremos ocasión de debatirlo-, pero sí sobre la Ley Beckham, una de las obras maestras de los inventos fiscales del Partido Popular que ustedes -Partido Socialista- consintieron hasta el año 2010 cuando rectificaron incorporando nuestra enmienda en los Presupuestos Generales del Estado justamente del año 2011, pero a nuestro entender dejaron algunas lagunas inexplicables. Seguimos sin entender por qué alguien que ingrese 600.000 euros al año debe tener un régimen fiscal privilegiado y pagar solo un 24 por ciento. No nos digan que esto ha servido para atraer sedes de multinacionales, porque las cifras demuestran que estas multinacionales no han llegado, no han venido a nuestro país. Otro tema en el que se vieron obligados a rectificar, pero solo lo hicieron a medias, fue en el de las sicav. Como bien saben, todas aquellas personas que conocen cómo funcionan, estas sociedades son injustas y una fuente de fraude.

Nuestra proposición de ley tiene otras tres propuestas, además de ir más allá en las tres anteriores: un incremento del IRPF para las rentas de más de 100.000 euros anuales, la equiparación de la tributación de las rentas del ahorro a las rentas del trabajo y un plan de lucha contra el fraude fiscal. Sobre el IRPF sería bueno empezar a definir y a ponernos de acuerdo sobre qué se entiende por clases medias, porque hasta ahora algunos grupos entienden por clases medias unas elevadas cuantías salariales que a nuestro entender no son clases medias. Díganme si alguien puede entender que la base liquidable superior a 100.000 euros al año es clase media. Les recuerdo que el sueldo medio español es de 22.000 euros. ¿Los que cobran casi cinco veces el salario medio son la clase media? Sería uno de los primeros interrogantes a contestar.

Además de lo que proponemos en la proposición de ley quisiera acabar con un ruego. No se escuden en cuestiones formales para huir de este debate. No nos digan que hay artículos de esta proposición que ya se han modificado, como decía anteriormente, o que es un debate demasiado complejo, que combina demasiadas propuestas de naturaleza diferente. Atrévanse a entrar en el fondo de la fiscalidad, a valorar las modificaciones que proponemos. Lo digo porque los grupos mayoritarios de la Cámara habitualmente rehúyen por sistema el debate fiscal. Sería bueno que oyeran lo que opina la mayoría y se lo explicaran a esta mayoría de ciudadanos que según el CIS afirman que es preferible gastar más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque eso


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signifique pagar más impuestos. Explíquenselo a ese 78,3 por ciento que afirma que los impuestos no se cobran con justicia, ya que actualmente no pagan más quienes más tienen, y a ese 73 por ciento de personas que afirman que los impuestos que pagan las personas con ingresos altos deberían aumentar.

Ya para terminar, espero que estos argumentos vayan más allá de decir lo que habitualmente dicen, que bajar los impuestos crea ocupación, porque viendo que tenemos una fiscalidad tan baja a la vez que un récord de paro tan alto, ese argumento ni convence ni se aguanta.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señora Buenaventura.

Comparte tiempo y turno del grupo parlamentario proponente el señor Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, con suma brevedad porque ya ha glosado el contenido de esta iniciativa mi compañera Nuria Buenaventura. Quiero decir de entrada, si me lo permiten, que esta no es una proposición de ley extemporánea. Ya me anticipo quizá a algún argumento que pueda exhibir algún grupo contrario a la misma. Creo sinceramente que es más oportuna que nunca, porque a cuatro días de las elecciones estamos sumidos en un debate sobre la fiscalidad después de un auténtico sainete protagonizado por el Gobierno, lleno de contradicciones, cuyo detalle voy a omitir por obvio y por lacerante, pero que finalmente ha decidido estos días restituir el impuesto sobre el patrimonio, reducido a 160.000 contribuyentes, con una recaudación estimada de poco más de 1.000 millones de euros -la mitad de lo que se recaudaba por el mismo impuesto en 2007-; una modesta cifra, señorías, que ya de por sí demuestra que la resurrección de este impuesto responde antes a intereses puramente electoralistas a corto plazo, y quizá a necesidades perentorias para afrontar el ajuste presupuestario antes que a la voluntad real y decidida del Gobierno de componer una estructura fiscal sólida y alternativa.

Han tardado cuatro años desde el Gobierno -no será porque desde la izquierda parlamentaria no se lo hubiéramos dicho- en entender que al igual que en otros países de nuestro entorno más próximo el ajuste presupuestario, o dicho de otra forma el saneamiento de las finanzas públicas, no solo pasa por el gasto, particularmente por el recorte del gasto social, sino también por la estructura de ingresos, y eso quiere decir pura y simplemente, señorías, subir impuestos sobre todo reconsiderando abiertamente la imposición del capital y de las rentas más altas. Lo que planteamos con esta proposición de ley es toda una alternativa, una reforma fiscal integral, y no un simple parche electoralista, como les decía. Dudo, señorías, a estas alturas, siendo este el último pleno de la legislatura, que este Gobierno y el grupo que le da apoyo hayan caído finalmente del caballo como San Pablo, camino de Damasco. Porque entre las señas de identidad que deberían orientar a un partido llamado socialdemócrata, con un ideal de justicia social, está la de que paguen más impuestos los que más tienen, y en lugar de propiciar hachazos en las políticas sociales con los recortes que se han practicado, en lugar de dar continuidad a la regresividad fiscal operada por los gobiernos del Partido Popular en su día, este Gobierno les ha dado continuidad. Por tanto, es necesario plantear una reforma fiscal integral, seria, progresiva, porque, insisto, señorías, la única forma de cuadrar las cuentas públicas no es solo recortar, particularmente el gasto social. No se puede arreglar el déficit cerrando el grifo, cerrando ambulatorios o planteando, por establecer un símil o una analogía, que un cirujano opere a un enfermo con la mano atada atrás; mal para el enfermo, pero todavía peor para el médico. Hay margen, señorías, porque la presión fiscal en España es del 31,5 por ciento, la media europea está en el 40. El agujero negro ustedes saben que no son ni asalariados ni ahorradores ni pensionistas, sino las rentas más altas con un fraude fiscal importante, que es del 23 por ciento del PIB. En consecuencia, señorías, hay margen para acentuar la progresividad perdida durante estos últimos años porque el cuadro resultante y final de estos años de Gobierno socialista es que las rentas del trabajo y del ahorro tributan un 38 por ciento y las rentas del capital solo un 21 por ciento. Luego esto es el mundo al revés.

Esta es una iniciativa que les plantea un punto de partida, un punto de partida, insisto, para no penalizar a asalariados, pensionistas, clases populares y capas medias, para no castigar nuevamente a los contribuyentes con menos capacidad de defensa ante la crisis, sino para actuar de forma más decidida contra aquellos que tienen más y para actuar con mayor eficacia para perseguir el fraude fiscal. Señorías, esto es lo que pretende esta proposición de ley de la izquierda parlamentaria que suscribe también Esquerra Republicana de Catalunya.

Gracias, señor presidente; gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Ridao.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, coproponente de esta proposición de ley, tiene la palabra el señor Jorquera para su defensa.

El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, y por respeto al conjunto del Grupo Mixto, tengo que manifestar que esta proposición de ley la suscribió el Bloque Nacionalista Galego junto con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya. No queremos comprometer la posición de todas las fuerzas del Grupo Mixto que, lógicamente, no tiene por qué ser en este aspecto coincidente con la del Bloque Nacionalista Gallego.

Señorías, durante toda esta legislatura las fuerzas políticas firmantes de esta proposición de ley hemos defendido una estrategia fiscal radicalmente distinta a la impulsada por el Gobierno y a la preconizada por el Partido Popular. Advertimos con insistencia de que optar por una reducción drástica de la inversión pública y del


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gasto social dificultaría la recuperación económica; advertimos de que si no hay crecimiento difícilmente sería posible corregir el desequilibrio de las cuentas públicas; advertimos del reparto injusto de los costes de la crisis que conllevaban las duras políticas de ajuste. Pese a la actual obsesión con el gasto público, el gasto público por habitante en el Estado español en sensiblemente inferior a la media de la Europa de los Quince, de los Estados de nuestro entorno y con un nivel de desarrollo económico similar. El gasto social por habitante apenas representa el 74 por ciento del de la Europa de los Quince, y mientras esto ocurre, señorías, la recaudación impositiva en la Europa de los Quince equivale al 44 por ciento de su producto interior bruto, cuando en el Estado español apenas representa el 34 por ciento. Por eso, frente a las políticas fiscales impulsadas por el Gobierno y frente a las políticas fiscales propugnadas por el Partido Popular, propusimos otro camino, una reforma fiscal integral orientada a incrementar los recursos públicos y a distribuir con mayor equidad la carga fiscal. Después de haber tenido la sensación durante todo este tiempo de estar predicando en el desierto, resulta, señorías, que hoy hasta The Washington Post y The Economist se preguntan si las políticas de severa constricción presupuestaria no están abocando al mundo occidental a una nueva recesión. Hoy, hasta algunas grandes fortunas del mundo reclaman un mayor esfuerzo fiscal para las rentas altas, pues se dan cuenta de que el actual modelo es insostenible, y hoy hasta el Gobierno pretende compensar con un gesto de última hora, tarde, mal y a rastro, su política de continuas rebajas fiscales que ha tenido a las rentas altas como principales beneficiarias. El próximo jueves, tendremos oportunidad de profundizar en el debate sobre la recuperación a efectos prácticos del impuesto del patrimonio para los grandes patrimonios. Pero quiero recordar que el BNG y las fuerzas firmantes de esta proposición, en su momento, cuando el Gobierno optó por bonificar con el cien por cien de la cuota, propuso la reforma del impuesto para que siguiese vigente para los grandes patrimonios con la oposición del Gobierno. Trasladamos esta propuesta al Gobierno junto con el otro paquete de medidas fiscales contenidas en esta proposición de ley en el marco del diálogo de Zurbano. El Gobierno se opuso como se opuso cuando presentamos también esta propuesta en forma de enmienda a los sucesivos proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, no vale, señorías, con un gesto de última hora para recomponer cierta imagen de izquierdas a las puertas de unas elecciones generales. Lo que es imprescindible es una reforma fiscal integral. Las rebajas fiscales practicadas por los distintos gobiernos de Rodríguez Zapatero representaron, según estimaciones del propio Gobierno, una merma de ingresos públicos de 6.000 millones de euros al año. Reducción de ingresos que en algunos ejercicios como el año 2008, llegó a los 9.000 millones de euros, si imputamos también el impacto de la deducción de 400 euros en el IRPF. El Gobierno, en vez de mejorar la progresividad del sistema fiscal, optó por privilegiar la imposición indirecta, es decir, aquellos impuestos que no distinguen en función de la renta del contribuyente y que, además, afectan singularmente a las clases populares, pues son las que tienen que destinar un mayor porcentaje de su renta a satisfacer sus necesidades básicas de consumo.

El BNG, desde esta tribuna, no se está refiriendo tan solo a la subida del IVA. En el avance de liquidación de los presupuestos de 2010 se refleja, por ejemplo, cómo los impuestos especiales, que son impuestos indirectos y que gravan el consumo, supusieron una recaudación sensiblemente superior a la del impuesto de sociedades. Señorías, frente a esta situación, hay otra política impositiva posible: mejorar la progresividad del conjunto del sistema fiscal. Las medidas contenidas en esta proposición representarían un incremento de los ingresos públicos de 8.000 millones de euros al año, y todo ello sin evaluar el impacto que tendría en las finanzas públicas la persecución efectiva del fraude y de las distintas formas de evasión y elusión fiscal. En 2008, el último año con datos disponibles, las grandes corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones de euros al año, tributaron en el impuesto sobre sociedades a un tipo efectivo del 19,5 por ciento, 4,5 puntos menos que las microempresas que tan solo facturaron al año entre 6.000 y 12.000 euros. ¿Es esto presentable, señorías? Se estima que el peso de la economía sumergida en el Estado español está situado en torno al 23 por ciento del producto interior bruto, 10 puntos superior a la media de la Unión Europea. Según cálculos del Sindicato de Técnicos de Hacienda, la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros. Simplemente si se consigue equiparar el fraude fiscal a la media europea se ingresarían 25.000 millones de euros más.

Señorías, quienes afirman que subir impuestos significa más paro deberían formularse la siguiente pregunta, y a ello ha aludido ya doña Nuria Buenaventura. ¿Cómo es posible que siendo la presión fiscal tan baja en el Estado español, que siendo tan escandaloso el volumen de fraude fiscal, al mismo tiempo España sea la campeona de Europa en desempleo? Precisamente, frente a las falacias de la derecha, los datos demuestran absolutamente todo lo contrario. Los países que tienen una fiscalidad más avanzada son también los que tienen mayores niveles de bienestar y mayores niveles de empleo.

Señorías, hay otro camino en políticas fiscales distinto al que ustedes nos proponen. Hay otro camino para asegurar el equilibrio de las finanzas públicas sin reducir la inversión productiva, sin comprometer las políticas sociales y sin precarizar los servicios públicos. Una reforma fiscal integral y profunda que, además, distribuya con mucha mayor equidad social el peso de la carga impositiva. Ese es el camino de esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Jorquera.


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Para el turno de fijación de posiciones y por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, la iniciativa que hoy presenta el BNG junto con el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, está condenada a que no sea tramitada aunque obtenga el apoyo mayoritario de esta Cámara. Esta es, previsiblemente, la última proposición de ley que vamos a debatir y votar en esta legislatura. La disolución de las Cámaras es inminente y con ella decaen las iniciativas parlamentarias que pudieran estar en vigor. Sin embargo, ello no quiere decir que no tenga interés o esté desfasada. La reforma del sistema tributario es, como señala el propio título, urgente, tendrá que ser acometida lo antes posible cuando la próxima legislatura comience su andadura. El debate sobre la necesidad de revisar a fondo el sistema tributario está sobre el tapete y las ideas y propuestas que se contemplan en la proposición de ley seguro que forman parte del debate y de la reforma. La crisis económica, la crisis del euro, de la deuda, del sistema financiero nos va a acompañar, desgraciadamente, a lo largo de los próximos años. La estabilidad presupuestaria, la revisión de las políticas públicas, la reordenación administrativa, en definitiva, la búsqueda de la eficacia y la eficiencia del gasto público habrán de ir necesariamente acompañadas de una revisión en profundidad del sistema tributario. Un sistema tributario que deberá estar al servicio de la estabilidad y de la política económica y social y que deberá contener elementos de equidad y progresividad como los que se contemplan en esta proposición de ley. Es preciso recuperar un sistema tributario que se ha ido desmantelando a lo largo de los últimos años y muy especialmente desde que se inició la crisis. En opinión de nuestro grupo, no solo se han de modificar los tributos que se proponen en la proposición, sino que la revisión debería ser más profunda aún. Por tanto, coincidimos en la necesidad y en la urgencia de revisar a fondo el sistema tributario, paralelamente, como decía, a la reforma del gasto público, reforma que nuestro grupo parlamentario viene pidiendo desde hace años en esta misma Cámara, con nulo éxito hasta el momento pero que va a ser urgente abordar en la próxima legislatura. Esperamos y deseamos que dichas reformas se realicen con el máximo consenso, desde el carácter estructural de las mismas, evitando posiciones maximalistas que pudieran derivarse de mayorías absolutas indeseables.

Entendemos pues la necesidad de la reforma y, considerando que esta debería ser más profunda e incluir más elementos de los que se señalan en la proposición de ley, nuestro grupo se va a abstener en la votación de esta iniciativa. No obstante, nuestro grupo se compromete a debatir en profundidad en la próxima legislatura la reforma del sistema tributario.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, efectivamente estamos debatiendo una proposición de ley correspondiente a los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto. Realmente, y analizando en profundidad esta proposición de ley, es un texto que lo ideal hubiera sido que hubiéramos podido debatirlo al inicio o a mitad de la legislatura porque, como todas sus señorías saben perfectamente, aunque esta proposición de ley fuera tomada en consideración, no podría culminarse su tramitación parlamentaria ya que la próxima semana se va a disolver este Parlamento. Creo sinceramente que está bien que se haya podido debatir hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados, porque realmente plantea una necesidad y también una serie de cuestiones que van a ser objeto de debate a lo largo de esta campaña electoral que ya se ha iniciado hace algunas semanas o meses. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Probablemente, la reforma del sistema tributario español va a ser objeto de propuesta por parte de todas las formaciones políticas ya que existe una premisa fundamental en la que todos podríamos estar de acuerdo y es que el sistema tributario español, dada la coyuntura actual de crisis económica, tendrá que experimentar una reforma de cierta profundidad y se tendrán que retocar algunos impuestos -incrementando unos y bajando otros- para que la tributación fiscal sea más equitativa y también para que en unos momentos de crisis económica en los que muchísimas familias lo están pasando mal, aunque sea coyunturalmente, los que más tienen, los que más ganan tengan que hacer un esfuerzo extra de solidaridad para que se pueda plantear una justicia social que beneficie a todas aquellas personas que realmente lo están pasando mal.

Creo que también es interesante -independientemente de que con toda seguridad la posible reforma fiscal se vaya a plantear en la próxima legislatura- que planteemos algunas premisas u objetivos que creo que es el momento de poder debatir hoy en este Pleno. Hay algunos portavoces -y yo no les quito la razón- cuya conclusión final es que todos tenemos que pagar más impuestos, tenemos que incrementar los impuestos para que finalmente pueda existir una cierta equidad fiscal. Pero, si solamente nos quedamos con la canción de que todos hemos de pagar más impuestos, habría también que preguntarse cómo damos la vuelta a la tortilla, porque, si la coyuntura económica sigue la dirección actual y cada vez hay más parados, llegará un momento en que la masa tributaria de los que son sujetos pasivos de poder contribuir a la Hacienda pública se va a acabar. Quizá tendríamos que preguntarnos cuál es la fórmula o qué se tendría que implementar rápidamente para que estos cinco millones de personas que están paradas


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puedan pasar del paro a la ocupación. Este es un tema importantísimo, porque, si vamos ampliando la base de parados, lógicamente, por mucho incremento impositivo que podamos aprobar en esta Cámara, finalmente las arcas del Estado van a continuar vacías. Por lo tanto, aquí hay un primer problema que probablemente tengamos ocasión de discutir en la próxima legislatura. O quizá también se tendría que plantear cómo es posible que en España se dediquen 33.000 millones de euros para pagar a las personas que están en el paro. Nosotros siempre hemos sido los primeros en decir que esto no puede faltar; ahora bien, todos sabemos que hay muchísimas dificultades y muchísimas cosas que arreglar para que finalmente una persona que está en esta situación desgraciada de paro no esté dos años tranquilamente cobrando del paro sin tener ninguna vocación efectiva para buscar empleo y trabajando en la economía sumergida. Aquí también hay otro aspecto importante que tendríamos que plantearnos y discutir sin ningún miedo a que algunas cosas importantes, tal como están en estos momentos, tengan que cambiar.

También tendríamos que plantearnos que la situación actual de las finanzas de las comunidades autónomas tiene que mejorar y quizás la primera administración que tendría que dar ejemplo para que esta reestructuración sea efectiva es la Administración General del Estado, porque aquí todas las papeletas y todos los males van en la dirección de que los responsables últimos de esta crisis son las comunidades autónomas, y esto no es así, señorías. Por tanto, también habrá que tomar medidas drásticas para que la racionalización de la Administración pública del Estado dé ejemplo y pueda ser seguido en otras administraciones.

Señorías, considero interesante esta proposición de ley que han presentado dos grupos parlamentarios. Yo les diría, incluso en contra de la opinión de algunas señorías, que en algunos de estos aspectos, si se hubieran presentado a lo largo de esta legislatura, nosotros estaríamos de acuerdo y probablemente algunos de estos aspectos que ustedes proponen hoy los tengamos que contemplar positivamente en la próxima legislatura. Pero hoy no toca debatir esta proposición de ley, porque ustedes saben perfectamente que no hay tiempo material para poderla aprobar en las Cortes Generales. Por este motivo, en contra de lo que hacemos habitualmente, que es no obstaculizar la toma en consideración, en este caso concreto vamos a votar en contra.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cullera i Mesures): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, defiendo hoy la posición de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, en relación con la proposición de ley sobre reforma tributaria, presentada por Esquerra Republicana-Izquierda Unida y el Grupo Mixto. Les adelanto ya que mi grupo no va a apoyar esta iniciativa, no solamente por razones de calendario, que ya han alegado otros intervinientes, puesto que estamos ante la inminente convocatoria de elecciones generales, sino también por razones de fondo que voy a intentar exponer. El grupo proponente plantea una reforma tributaria que gira esencialmente en torno a tres grandes figuras: el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el patrimonio. En el impuesto sobre la renta proponen un tipo de gravamen del ahorro más elevado que el que existe en la actualidad; asimismo, proponen una tarifa general con unos tipos más elevados que los que existen en la actualidad; y, por otro lado, proponen también que el tiempo de permanencia de los elementos del patrimonio sea superior para poder considerarse renta del ahorro. En definitiva, subida de impuestos, tanto en el impuesto sobre la renta como en el impuesto sobre sociedades.

Por otro lado, nos proponen también la recuperación del impuesto sobre el patrimonio para contribuyentes que posean una cifra superior a un millón de euros. Señorías, la recuperación del impuesto sobre el patrimonio es un tema muy de actualidad, pero han llegado ustedes un poco tarde porque el Gobierno socialista les ha adelantado ya por la izquierda. Y en una carrera que a nuestro juicio es electoralista y demagógica sobre quién es más progresista, aprobaron el pasado 16 de septiembre un real decreto-ley para reestablecer un impuesto que ellos mismos, incluido el señor Rubalcaba, habían suprimido hace apenas dos años. ¿Se puede ser más incoherente y poco creíble que haciendo una cosa cuando se está en el Gobierno y la contraria cuando se es candidato?

Desde el Partido Popular hemos repetido una y otra vez nuestra postura. Creemos que es un debate ficticio, electoralista y demagógico. En primer lugar, porque no grava realmente a las grandes fortunas -ustedes lo saben perfectamente- y, además, tiene una escasa capacidad recaudatoria: mil millones de euros no es garante del Estado del bienestar ni de nada, porque su cuantía es realmente insignificante, es un grano de arena en el desierto. Ustedes proponen también la recuperación de este impuesto.

Señoras y señores diputados, seamos serios y planteemos de una vez un debate en profundidad sobre nuestro actual sistema tributario, sobre su equidad y sobre su capacidad redistributiva, sobre cómo podemos hacer que aquellos que no pagan contribuyan de verdad, sobre cómo podemos ampliar las bases tributarias generando más empleo y más actividad, pero no podemos engañar a los ciudadanos con debates ficticios sobre impuestos a los ricos, cuya recaudación es realmente insignificante.

Con más del 20 por ciento de nuestra población activa en desempleo, el Gobierno ha subido el IVA, el impuesto sobre la renta, los impuestos especiales, la luz y el gas a todos los españoles, porque empezaron diciendo que subir impuestos no era de izquierdas, pero al final ha resultado serlo. Nadie en España se cree ahora el eslogan


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electoralista del señor Rubalcaba de que paguen los ricos, porque no tiene credibilidad; sencillamente, no la tiene.

El Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida y el Grupo Mixto nos plantean también una iniciativa para aumentar el tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades para los sujetos pasivos con bases imponibles superiores a 100 millones de euros. Mi grupo va a votar en contra de esta iniciativa porque estamos convencidos de que en un escenario de estancamiento económico como el actual lo último que necesita España es una subida de impuestos como la que nos proponen ustedes, que generaría, a nuestro juicio, menos actividad, menos recaudación y más paro. En el Partido Popular pensamos, por el contrario, que la auténtica política fiscal progresista es la que hace generar más empleo, más puestos de trabajo, más ciudadanos cotizando a la Seguridad Social, más ciudadanos pagando impuestos y generando más recursos públicos para poder hacer más y mejores políticas sociales. Y no solo lo pensamos, sino que además lo hicimos posible cuando gobernamos, y por eso somos creíbles.

Señorías, el camino para la recuperación no son más y más subidas de impuestos, como lo que nos proponen hoy, sino impulsar reformas tributarias que incentiven la creación de empleo, la inversión empresarial, el ahorro y la innovación, asegurando al mismo tiempo que todos los ciudadanos contribuyan según su capacidad económica, haciendo un reparto equitativo y justo de los costes necesarios para salir de la crisis.

Quisiera terminar mi intervención, señorías, agradeciendo la oportunidad que me ofrece mi grupo parlamentario de poder despedirme hoy desde la tribuna de esta legislatura y de todas sus señorías, a quienes quiero desear desde aquí lo mejor para el futuro. Estoy convencida de que todos los diputados hemos trabajado durante esta legislatura con dedicación y esfuerzo, y quiero reivindicar ese trabajo porque hemos intentado aportar soluciones por el bien de España y el de todos los españoles, cada uno, por supuesto, desde sus planteamientos distintos y diferentes, pero sin duda todos ellos respetables. Ojalá que en la próxima legislatura encontremos juntos, arrimando todos el hombro, las claves que nos permitan iniciar el camino hacia nuestra recuperación económica.

Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Madrazo.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mas i Estela.

El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, la proposición de ley que hoy contemplamos obedece -faltaría más- a la legitima capacidad de sus impulsores para hacerla, los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto. Sin embargo, no se escapa a nadie la oportunidad temporal de su debate, ya que, si bien fue presentada en mayo del año pasado, como nos decía la señora Buenaventura, justo después de la propuesta del Gobierno de acelerar el proceso de ajuste presupuestario que se debatió en aquellas fechas, no es hasta hoy -anunciada ya la convocatoria de elecciones generales- cuando vamos a discutirla. Frente a la consideración anterior, puede objetarse que la dinámica parlamentaria conlleva estas dilaciones, especialmente para los grupos parlamentarios menores, pero la misma dinámica parlamentaria impone ahora la esterilidad del debate. Aunque fuera positivo el resultado de su toma en consideración -que se me antoja difícil por lo que han comentado los parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra-, sería un esfuerzo vano, ya que si se cumple la anunciada disolución de las Cortes, de acuerdo con el artículo 207 del Reglamento, que ya invocó mi compañero Carlos Corcuera en la anterior proposición de ley, es materialmente imposible su examen y resolución.

Hechas las consideraciones anteriores, no por ello el Grupo Parlamentario Socialista considera que no se ha de entrar a debatir esta proposición de ley y su contenido. El tema que debatimos tiene por objeto, de acuerdo con lo que exponen los proponentes, presentar una alternativa a la senda de consolidación fiscal que propuso el Gobierno aquel mes de mayo pasado por la vía de aumentar los ingresos fiscales, especialmente a partir de las posibilidades crematísticas de los estratos con más capacidad de la sociedad española. El tema se ha discutido hasta la saciedad en los múltiples debates que hemos tenido sobre el desarrollo de la crisis actual y con todas las propuestas presentadas, tanto por el Gobierno como por los diferentes grupos parlamentarios. Ofrece una vía que no es que se haya descartado en su totalidad -más adelante hablaré de ello-, contrapuesta a vías distintas que también hemos debatido mucho. Frente a aumentar los impuestos para conseguir más ingresos, se ha presentado una y otra vez la vía de reducirlos, lo acabamos de escuchar, como se han encargado de reiterar tanto el Grupo Popular como el Grupo de Convergència i Unió, también, según ellos, para obtener más ingresos. Convendrán, señoras y señores diputados, que es un debate muy reiterado entre nosotros.

El Grupo Parlamentario Socialista ha apoyado la política del Gobierno de mantener un difícil equilibrio entre ambas posiciones sin renunciar, a pesar de lo que interesadamente se pueda decir, a explorar, proponer y adoptar elementos de las dos vías. No es cierto, señoras y señores diputados, que el Gobierno socialista solo sabe aumentar impuestos, como nos recuerda demagógicamente el Grupo Popular. La lista de bonificaciones fiscales a determinados aspectos de la reactivación de sectores económicos concretos es considerable. Tampoco es cierto que el Gobierno no haya intentado buscar nuevos y mayores recursos fiscales, como nos recuerdan muchas veces los grupos proponentes de la actual proposición de ley -al "Diario de Sesiones" me remito y al BOE en determinaciones gubernamentales-.


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Algunas propuestas contenidas en la proposición de ley ya se han adoptado en el tiempo transcurrido desde mayo del año pasado. La evolución de la crisis, especialmente su volatilidad y la conjunción de elementos externos poco controlables, hacen innegable la necesidad de una adaptación continuada a las circunstancias. Pero ¿ustedes no decían ayer que no o que sí a tal o cual medida y ahora la aplican? Cierto. No hay en la situación actual, caracterizada por la inestabilidad, muchas posibilidades de fijar una posición que temporalmente pueda prolongarse. Véanse los ejemplos de todos los gobiernos europeos. Lamento que se esconda este aspecto de la actual crisis y se vendan facilonamente como recetas mágicas soluciones que quizá no tienen nada que ver con la realidad actual. El año 2011 no se parece en nada a 1996. Han transcurrido quince años. El mundo ha cambiado mucho para pensar que puedan aplicarse recetas que seguramente ya están superadas por imposibles. Así, aspectos de la proposición que debatimos, como la ampliación de algún nuevo tramo en la tarifa general del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ya se ha establecido, así como la limitación de la tributación de los impatriados con altos ingresos o la elevación del gravamen de rentas del ahorro, aunque ciertamente no con la intensidad contenida en la propuesta, pero sí en la misma dirección, al igual que otras medidas que no contempla la proposición, como, por ejemplo, la adoptada para la reducción de las retribuciones plurianuales; asimismo, se contempla la recuperación del impuesto del patrimonio, que discutiremos en esta misma sesión parlamentaria el jueves; o las modificaciones en el funcionamiento de las sicav, sometiendo a gravamen las percepciones derivadas de las reducciones con derecho a devolución y el incremento de la lucha contra el fraude fiscal. Seguramente, algunas de estas medidas ya adoptadas no son coincidentes con las propuestas concretas contenidas en la proposición de ley, pero van en la misma dirección con las matizaciones lógicas de las distintas posiciones políticas. Otras, que por el momento nuestro grupo no contemplaría, también han sido debatidas. La conveniencia actual de una tributación mayor en el impuesto de sociedades para determinados beneficios, aunque se ha establecido un avance de la liquidación del impuesto en determinadas de ellas. En definitiva, señorías, no solo son las cuestiones de oportunidad de tramitación parlamentaria las que aconsejan que nuestro voto no sea favorable a la toma en consideración de esta proposición, sino, y además, del pertinente impulso gubernamental en esta materia y el contenido concreto de algunas propuestas que podrían, en caso de tramitarse -hecho ahora imposible-, conllevar la desvirtuación de las mismas, también impone nuestro voto en contra. A este respecto no tengo nada más que añadir, señoras y señores diputados.

Señora presidenta, me permitirá que agote mi tiempo despidiéndome de la Cámara. Es mi última intervención en el Pleno ante los diputados y diputadas, y quiero transmitirles el sentimiento que me llevo a la hora de irme, que es el orgullo de haber sido un representante de los ciudadanos y ciudadanas en el Congreso de los Diputados y haber contribuido, supongo que con un granito de arena, como cada uno hacemos en nuestro trabajo cotidiano, en la convivencia de nuestra colectividad.

Muchas gracias, y deseo suerte a todo el mundo. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Mas.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS EUROBONOS COMO INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN. (Número de expediente 162/000902.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al punto II del orden del día: proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Socialista sobre la entrada en vigor de los eurobonos como instrumento de financiación.

Tiene la palabra para defenderla el señor Fernández Marugán.

El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, no hace muchos días, Joschka Fischer señalaba que está avanzando la idea de que la crisis financiera podía destruir el proyecto de unificación europea, y se apoyaba en la idea de que estamos viviendo en un periodo de desorden plagado de riesgos que hacen aflorar la debilidad de la eurozona y junto a ella las carencias que en el ámbito económico, en el ámbito financiero tiene el armazón institucional de esta área. Y Fischer daba un paso más, y decía que cabían tres posibilidades. La primera posibilidad es seguir como hasta ahora, con lo cual se agravaría la crisis y los problemas que tenemos. La segunda sería eliminar la unión monetaria, con lo que daríamos un paso atrás de incalculables consecuencias. Y la tercera era que deberíamos poner en marcha una dirección de integración económica y política más efectiva que nos condujera a un gobierno común con más poder y más influencia.

No es la primera vez que desde esta tribuna digo que a lo largo de los últimos meses en la Unión Europea se ha llevado a cabo un proceso importante de modificación institucional. Pero no es menos cierto que, pese a la intensidad del mismo, la fuerza de la crisis es tan notoria que ha sido capaz de deglutir una parte importante de los mecanismos que hemos ido creando, y me voy a referir a uno de ellos, al Fondo de rescate, que tenía como finalidad hacerse cargo de los problemas financieros de los países pequeños. Respecto a este fondo, que ha cubierto mejor o peor esta función, hoy todos estamos de acuerdo en que es escasamente útil para hacer frente a los problemas de las economías de cierta dimensión y que algunas de las carencias que se detectan en este momento están siendo cubiertas por el BCE. Pero el BCE es el órgano encargado de establecer la liquidez y no


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podemos fundamentar en el BCE la sostenibilidad del mecanismo del euro. Por lo tanto, se necesita diseñar nuevos mecanismos de financiación que sean capaces de hacer y de definir el anclaje fiscal de la Unión Europea. Y esa es la encomienda que le hemos dado al euro. El euro no es otra cosa que una modalidad de endeudamiento colectivo que tiene por fin la garantía de la actividad por parte de todos los países de la Unión Europea. Gracias al euro, se reducirá el coste del crédito de los países de la Unión que tengan dificultades y que padezcan una situación de debilidad, gracias a los eurobonos, cabrá la posibilidad de ahorrar a los contribuyentes de las zonas más solventes los rescates. Y entre todos podemos decir que dispondremos de un poderoso mecanismo de financiación que evite la fragmentación que ocurre cuando aparecen múltiples emisores.

Ahora bien, tomar la decisión de poner en funcionamiento el eurobono implica una decisión política, implica un dilema, los países triple A darán un paso atrás para encarecer en alguna medida el coste de su financiación abriéndole hueco a aquellos que tienen una situación más difícil. En el largo plazo, con el sistema de eurobonos se quitaría una parte importante de las deudas en torno a la solvencia y desaparecía el temor al impago con el que hoy se juega abiertamente. Por lo tanto, estamos ante un título para la garantía de solidaridad de todos los Estados miembros que va más allá de quién paga la cuenta y que permite practicar un conjunto de unificación de política que trasciende al territorio de las naciones y permite poner en común la riqueza y la deuda en la eurozona. Pero hemos de decir que este mecanismo no se pondría en práctica de la noche a la mañana. Una cosa tan genuinamente comunitaria como son los eurobonos ya tiene valoraciones polares, para unos es un néctar y para otros es un veneno. Hay países que quieren librarse de la acumulación de demasías que les suponen las primas de riesgo y que quieren que se establezca un sistema de eurobonos. Y hay países que son refractarios porque dicen que el sistema de eurobonos nos conduce a más déficit público y a una política fiscal más laxa. Junto a esas voces que oímos decir que somos las naciones más indisciplinadas las que queremos favorecernos del mejor crédito alemán, nosotros tendríamos que decir que no hay que ser tan dogmático y que, desde luego, esta es otra forma de defender los intereses de todos y también los intereses de Alemania. Es una nueva forma de Europa a la que se llega con un consenso, un consenso en el cual algunos les pedimos a otros que nos cedan parte de su solvencia; es decir, que nos hagan una transferencia de renta. Y otros tendremos que decir que tenemos que ir ahí a través de un mecanismo de equilibrio y de convergencia presupuestaria y fiscal.

A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas: una para el sí, la de Izquierda Unida. Nosotros estamos de acuerdo con la filosofía de Izquierda Unida en líneas generales, pero quizás por aquello de la teoría de los actos propios nos parece que de alguna manera hemos incorporado en nuestras posiciones y en nuestros planteamientos el contenido de la enmienda y vamos a defender el contenido de nuestra proposición. Y hay otra para el no, que es la que ha puesto en marcha el Grupo Popular. Para el no porque formalmente aparece con dos noes y que me hace recordar aquella idea de un entrenador de fútbol que decía: nada positivo, todo negativo. Y una vez más el Partido Popular aparece aquí en esa posición, pero me atrevería a entrar un poco más dentro de este planteamiento y preguntarme en qué zona del mundo sitúan los populares sus anclajes y sus intereses, porque en esta zona del mundo donde vivimos estamos asistiendo a un fenómeno de enorme trascendencia. Caen las fichas del dominó y, cuando caen las fichas del dominó, caen los pueblos y muchas sociedades aparecen en graves dificultades. Y no tengo por qué negarlo, cuando he leído su enmienda, me ha venido aquella expresión que a veces se utiliza en el archipiélago canario: puros machotes. De puros machotes son los planteamientos que se hacen en el Partido Popular. Esta enmienda coincide con los planteamientos ideológicos de Weber, de Stark, de Wiedmann y se aleja de los de Schäuble y de Merkel. ¿Por qué no decirlo? Cuando los lee, uno piensa que los del Partido Popular son más papistas que el Papa y que en este momento han transformado una posición política en una posición fuertemente ideológica.

Señorías -agradezco, señora presidenta, que me deje sobrepasar el límite de tiempo-, esta es una iniciativa importante, que va a ser objeto de múltiples negociaciones, a la cual hay que acercarse alejado de cualquier tipo de prejuicio. Los del Partido Popular, en vísperas de un proceso electoral, han vuelto a demostrar que sus posiciones son ante todo y sobre todo posiciones nítidamente ideológicas. Por eso, nosotros no las vamos a apoyar. Nosotros vamos a sostener el contenido de la iniciativa tal cual la hemos presentado.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.

Efectivamente, como el señor Marugán ha anunciado, a esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos. Para defender la de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Hoy todos estamos preocupados porque una de las culturas originarias de la Unión Europea, una de las culturas seminales de Europa en estos momentos está en peligro. Grecia en estos momentos se ve abocada a la recesión, al ajuste de su economía y probablemente también a un durísimo conflicto social. Y por Grecia pasa también -como pasó nuestra historia- el presente y el futuro de Europa porque de cómo sepamos resolver la cuestión griega y su crisis, bien con codicia o bien con solidaridad, así será el futuro de Europa y del euro. Tengo para mí que hasta ahora no lo estamos haciendo bien, tengo para mí que la obsesión por la economía neoliberal, sumada a una falta de liderazgo dramática en la Unión


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Europea, nos pueden llevar no solamente a la ruptura con Grecia, sino también a la ruptura del euro y a un paso atrás muy grave en la construcción europea. Por ello, señorías, nosotros hemos presentado una serie de enmiendas a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la convicción de que un solo movimiento no nos vale.

Señorías, podríamos encontrarnos con que superáramos los prejuicios francoalemanes y finalmente saliera adelante la propuesta de eurobono, pero ese eurobono -que en parte nos es muy cercano en el presidente de la Cámara- no sería en nuestra opinión suficiente, señorías. Podría garantizar la deuda de los países que en estos momentos están sufriendo un ataque especulativo sin precedentes, pero no abordaría en nuestra opinión lo fundamental, y lo fundamental, el pecado original de Maastricht y en estos momentos de la Unión Europea ante la crisis se denomina ajuste, señorías, ajuste de las cuentas públicas, es decir, ley del embudo que tiene lo ancho para la especulación privada y lo estrecho para las cuentas públicas. Ese ajuste, señorías, es el que en su momento no permitió la utilización de todos los recursos para el crecimiento económico de la Unión Europea, es el mismo ajuste que dio lugar a una entrada en falso en el euro, sin respaldo de gobierno y sin respaldo económico, y en este momento ese ajuste está corriendo el peligro de expulsar a Grecia de la Unión Europea, y en cadena, de provocar una crisis final del euro. Por ello además de los eurobonos proponemos que por parte de este Parlamento se proponga un plan de impulso público de la economía europea, que deje de estar obsesionado por el déficit, que aproveche los márgenes de maniobra públicos, y que promueva la recuperación de la economía y no la recesión, como se está planteando en estos momentos.

Por otra parte planteábamos también una iniciativa con respecto a la fiscalidad, con respecto a la tasa sobre las transacciones financieras internacionales, de la cual se habla en cada una de las reuniones de los consejos -tanto del Consejo Europeo como del Ecofin- pero del cual nunca más se supo. Esas iniciativas son nuestras enmiendas, y yo siento discrepar del Grupo Parlamentario Socialista. Les planteo que esto de los eurobonos no sea -como en el caso del impuesto del patrimonio- un señuelo electoral, que sea algo más, que signifique un cambio de política, y para ello no vale el ajuste y mucho menos el ajuste a la Constitución, para ello en nuestra opinión es necesario un cambio de políticas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.

Para defender la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.

El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.

Lo primero que sorprende de la proposición no de ley del Grupo Socialista es que da por hecho que sabemos lo que es un eurobono, y me gustaría que el señor Marugán nos lo explicase, porque la única propuesta oficial de eurobonos todavía no se ha realizado por parte de la Comisión Europea, ya que su presidente, el señor Barroso, hace solo dos días dijo que iba a empezar a redactar una propuesta de múltiples opciones sobre lo que podrían ser en un futuro los eurobonos. Lo digo porque pedir al Parlamento español que se posicione aquí y ahora con un cheque en blanco sobre una propuesta que va a hacer la Comisión, y que tendrán que estudiar los diferentes países y el Consejo para que entre en vigor cuanto antes, como dice la proposición de ley, es hacerle muy flaco favor a nuestro país. España tendrá que defender en esta negociación sus intereses, como el resto de los países, sin tener que decir a priori que nos va a gustar cualquier cosa que se proponga por parte de la Comisión y que se apruebe por el resto de los Estados miembros, nos convenga o no nos convenga. Lo digo porque las únicas propuestas que ha habido al respecto han venido o del ámbito académico o de centros de pensamiento normalmente con una cierta orientación política.

Le pregunto al señor Marugán: ¿qué eurobonos le gustan a usted? ¿Los que propone el señor De Grauve, uno de los principales economistas que asesoran a la Comisión Europea, que básicamente cristalizarían en los actuales diferenciales de tipos de interés que están asfixiando a la economía española? ¿Esos son los que le gustan, señor Marugán? ¿O le gustan los de la Fundación Bruegel, la famosa de los eurobonos rojos y azules, que prácticamente lo que establece es una cierta mejora de financiación para el sector público a cambio de que puedan subir 200, 300, 400 ó 500 puntos básicos de la financiación al sector privado? ¿Esos con los que le gustan a usted, señor Marugán? ¿Y le gustaría firmar este cheque en blanco que diga que a todos los grupos políticos de aquí nos gusta una propuesta de ese estilo? Porque a mí no me gusta. Yo no quiero que mi sector privado se vea perjudicado ni quiero que mi sector público o privado mantenga los tipos de interés que ahora mismo tiene, haga lo que haga en su estabilidad presupuestaria o haga las reformas económicas que haga. Estas dos propuestas, que son las dos únicas que ahora mismo hay sobre la mesa circulando por ahí, no son buenas para España.

Hubo una propuesta genérica de los dos ministros de Hacienda, el de Luxemburgo y el de Italia, del señor Juncker y del señor Tremonti. Al señor Juncker le viene bien la idea de los eurobonos. Si hacemos lo mismo que con la facilidad de estabilidad financiera -por cierto, el Gobierno español no dijo nada al respecto-, que se hace bajo ley luxemburguesa y gestionada por el sistema financiero luxemburgués, le vendrá estupendamente bien a ese país que también los eurobonos se emitan en mercados luxemburgueses bajo ley luxemburguesa, que eso da mucho negocio a los despachos de abogados y a los bancos de ese país, pero a mí me interesa que España también pueda negociar hasta el efecto sede de estas cuestiones. Por tanto, pedir al Parlamento español que nos posicionemos aquí y ahora sobre una propuesta que no existe, que lo único que está circulando por ahí no está nada claro que sea en beneficio de la economía


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española, me parece un atrevimiento por parte del Grupo Socialista que no tiene sentido. Lo único que le pediría es menos ideología, menos compararnos con los halcones del Bundesbank -porque eso ha sido bastante poco propio del señor Marugán- y mucha más prudencia, porque lo que este país necesita es un gobierno prudente y que actúe adecuadamente bien.

En nuestra enmienda instamos al Gobierno -cosa que al Grupo Socialista parece que no le gusta- a que haga una cosa; que le diga a la Comisión Europea: usted está redactando un papel sobre eurobonos y a mí me preocupan dos cosas. Una, el riesgo moral; es decir, aquí lo que tiene que establecerse es un sistema en que aquellos países que mejor lo hacen, más apuestan por la estabilidad presupuestaria y mejor hacen sus deberes se vean premiados. Esto es muy importante y es un tema que nos tiene que preocupar a todos, ya que de otra manera no habríamos hecho esta última reforma constitucional. La segunda, que el sistema que se diseñe no solo sea en beneficio del sector público, porque podría ocurrir que se mejore algo el coste de financiación para el Estado, sino que redunde en una mejora de los costes de financiación para el sector público y especialmente para el sector privado, y ninguna de las alternativas que ahora mismo están circulando, nuevamente digo, a nivel privado y a nivel académico sobre eurobonos cumple esta condición. Por tanto no es mucho pedir al Gobierno español que diga a la Comisión Europea que se esfuerce en este punto, porque es el que verdaderamente nos preocupa a los españoles. Desde luego mi grupo no acepta un cheque en blanco, y venga lo que venga de Europa no lo vamos a aceptar, y menos aun porque lo hayan mandado en una reunión del Partido Socialista francés, comandada por el señor Hollande. Eso es hacerle muy flaco favor a nuestro país, y desde luego hipotecar nuestro futuro por quedar bien con los socios ideológicos no es precisamente lo que tiene que hacer un gobierno que está de salida.

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Nadal.

Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene en primer lugar la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Quiero posicionarme sobre la iniciativa que ha planteado el Grupo Socialista y que ha defendido el señor Fernández Marugán, y no tanto sobre las dudas que se han suscitado por parte del portavoz del Grupo Popular, que efectivamente ha suscitado una serie de dudas que tienen interés y que merece la pena que sean debatidas, pero quiero entender -y así lo entiendo- que la iniciativa de apoyar la creación de los eurobonos, la iniciativa del Grupo Socialista de pedir al Gobierno que actúe, es un poco distinta de lo que suele ser habitual en el grupo que apoya al Gobierno, que le suele recomendar que siga haciendo lo que está haciendo, y en este caso es como si se acabara el tiempo y usted dijera: haga algo en esta materia. Dicho eso, entiendo que esta iniciativa no significa, por lo menos tal y como yo lo entiendo, cualquier eurobono y para cualquier cosa, sino poner en marcha un instrumento que sea positivo, tanto desde la perspectiva del sector público como del sector privado. Yo no lo entiendo como un cheque en blanco, como lo que salga, sino como la necesidad de buscar un instrumento nuevo sobre el que nos hemos puesto bastante de acuerdo cuando hemos debatido en esta Cámara sobre la necesidad de una política fiscal común a nivel de la Unión Europea, sobre la necesidad de que los Estados miembros cedan competencias precisamente para que Europa gane competencia, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político.

Dentro de esa reflexión de carácter colectivo, que yo creo que es una reflexión en la que, con todos los matices, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en la necesidad de que Europa actúe con una única voz en política económica y en política fiscal, creo que para que eso ocurra, señor Fernández Marugán -y seguro que en esto estamos de acuerdo también-, hace falta que caminemos de verdad y decididamente hacia una fiscalidad común y hacia una política económica común, europea, propia, porque no se puede poner en marcha ningún otro instrumento tal y como estamos en este momento, porque entonces pagarían unos y gastarían los pródigos, por así decir. Esto es algo que ningún país serio, ni siquiera los que se podrían beneficiar en el corto plazo, va a poder sostener. Si no hacemos ese otro recorrido primero es imposible que lleguemos a esta conclusión. Yo creo que hay que instar a todas las autoridades, a todos los gobiernos y a todos los que tienen algo que decir en esta materia a que actúen en esa dirección, en la dirección de dotar a Europa de una política económica común, europea, que requiere una fiscalidad común, un tesoro común, es decir, instrumentos comunes que nos permitan salir de esta y ser una potencia también en esta materia en el mundo. Es verdad que Alemania se queja porque es la fuerte, Alemania es reticente, pero es lógico por otra parte. O construimos una posición común o no se salva nadie, tampoco Alemania, y creo que de eso también tenemos que ser conscientes todos nosotros.

Yo apoyaré la proposición que ha planteado el Grupo Socialista.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Díez.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ríos.

El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hasta la constatación de la reciente crisis financiera internacional se daba por supuesto que los criterios de convergencia del llamado Pacto de Estabilidad limitarían los tamaños de los déficit y de la deuda pública de sus integrantes, promoviendo la estabilidad financiera en un entorno de política fiscal descentralizada. Hoy parece bastante claro que la solución estructural a los principales problemas de la eurozona es la formación de una unión fiscal y la adopción de un esquema común de reestructuración de deuda y regulación


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del sistema financiero. El interés de España en la percepción del sistema de rescate reside en que, consolidar el mecanismo de rescate diseñado, exige capitalizarlo mediante la transferencia de riquezas de regiones ricas a regiones pobres, bien sea a través de la facilidad europea para la estabilidad financiera -Fondo de rescate-, bien sea mediante la compra masiva de deuda periférica por parte del Banco Central Europeo o, en fin, por la emisión de eurobonos.

El actual Fondo de rescate ya ha demostrado su rigidez e insolvencia real para atajar la crisis financiera y los movimientos especulativos, lo que ha motivado que sea el Banco Central Europeo quien rescate, con un ejercicio ya ensayado por la Reserva Federal de los Estados Unidos desde hace años con las compras masivas de deuda. La solución de los eurobonos como único instrumento de financiación de la deuda admitido por los países miembros de la eurozona es la idónea, pero exige que todos los países estén comprometidos con la disciplina presupuestaria, y para ello es preciso que previamente se produzca una armonización de las políticas económicas, y por tanto se asuma una pérdida definitiva de soberanía de los miembros que forman el euro.

Señorías, sin duda alguna a España le interesa la creación del bono europeo, ya que esta medida permitirá reducir sustancialmente los costes de financiación, pese al aparente rechazo de Alemania. Para lograr ese objetivo parece necesaria la creación de una agencia europea de deuda que podrá emitir bonos respaldados conjuntamente por todos los países de la eurozona. Con ello se podrá dar solución definitiva a la crisis de la deuda de la eurozona tras el fracaso de todos los planes anteriores y el creciente contagio a Italia, a España, incluso a Francia, que amenaza la supervivencia de la moneda única, ya que se trata del embrión de la unión fiscal, que convierte en permanente la recién creada facilidad europea para la estabilidad financiera. En definitiva, los nacionalistas canarios apoyamos la emisión de eurobonos a través de una agencia europea de deuda, lo que sin duda -este sí- enviará un mensaje claro a los mercados y a los ciudadanos europeos sobre la irreversibilidad del euro, y detendrá los problemas en los mercados de bonos soberanos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ríos.

Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señores diputados, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la iniciativa presentada por el Grupo Socialista defendiendo la necesidad de los eurobonos como un instrumento de financiación a nivel europeo. Para argumentar, me van a permitir que utilice un post que ha colgado mi portavoz en su blog y que me parece acertado en este momento. Estos últimos días nos ha sorprendido la actitud expresada en público por las máximas autoridades económicas de los países emergentes que integran los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, cuando prometían reunirse próximamente para estudiar las medidas que pueden adoptar individual o conjuntamente, con el fin de ayudar a Europa a salir de la crisis económica y financiera en la que se encuentra sumida. Aunque es sobradamente conocido el enorme y por lo demás creciente potencial económico que encierran estos cuatro países, no deja de resultar chocante el hecho de que Europa, el teórico corazón del primer mundo, se vea en la tesitura de aceptar la existencia de economías que hasta ayer se consideraban en vías de desarrollo y que incluso hoy albergan, pese a sus elevadas tasas de crecimiento, inmensas bolsas de pobreza y miseria. Las potencias emergentes se están ofreciendo a ayudar a Europa a salir del atolladero provocado por el estancamiento económico, el déficit público y las primas de riesgo. ¿Gratuitamente? No. Evidentemente no. Es por interés, porque su desarrollo y crecimiento futuros dependen en buena medida de la existencia de una Europa fuerte y abierta internacionalmente, e integrada comercial y tecnológicamente.

Pero la gran pregunta en este momento no pasa por lo que los países BRIC estén dispuestos a hacer a favor de Europa, sino por lo que Europa está dispuesta a hacer por sí misma, porque en los últimos tiempos da la sensación de que el proyecto europeo se encuentra en vías de descomposición, al menos como utopía colectiva inspirada en valores, y solo quedan en su lugar una pléyade de actores estatales dispersos, descoordinados, y hasta enfrentados, que no miran más que a su interés privativo y que no se implican en la defensa de Europa más que en la estricta medida en que ello pueda contribuir a alimentar su prosaico provecho particular. ¿Tiene todo esto sentido? ¿Existe alguna alternativa? Pese a la heterogénea imagen que los Estados miembros ofrecen desde el punto de vista económico, es evidente que en su conjunto Europa cuenta con una solidez y una solvencia suficientes para plantar cara a los mercados con plenas garantías de éxito. Por lo tanto se puede decir que existe alternativa. Si la Unión Europea actúa unida no tiene por qué temer a los mercados. Sería absurdo que al menos a día de hoy alguien pretendiese cuestionar la capacidad económica del conjunto de Europa para responder a sus deudas. Pero para que este inmenso potencial pueda rendir sus frutos es necesario que Europa se presente como una sola entidad: compacta, coordinada y dispuesta a enseñar los dientes, si hace falta, a los inversores que pretendan hacer caja desestabilizando su economía y devaluando sus finanzas públicas. Es aquí donde las cosas están fallando.

Ante el agravamiento de la crisis griega son varios los países que, olvidándose del compromiso europeo, se echan la mano a la cartera para proteger sus cuartos y exclaman con gesto indiferente ¡allá ellos! Que se las arreglen como puedan. El problema radica en que no es fácil dejar caer a Grecia sin que ello afecte al conjunto, y eso conduce a más de uno a contener sus impulsos iniciales. Los principales tenedores de deuda griega son los bancos alemanes y franceses, que en caso de impago


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podrían verse al borde de la quiebra. Merkel y Sarkozy se verían obligados a salir en su rescate. También el Banco Central Europeo posee abundante deuda pública griega. El daño que experimentaría en caso de impago sería semejante.

Ante todo ello cabe preguntarse: ¿por qué no se toman las medidas drásticas para cortar por lo sano con el sufriente calvario que la crisis de la deuda está provocando en la economía europea? ¿Por qué no se acaba de una vez con el juego de los especuladores y se dejan las cosas claras ante los mercados? ¿Por qué no se pega un puñetazo sobre la mesa y se pone fin a esta juerga? Hay dos modos de hacerlo. Uno de ellos, probablemente el más eficaz, consistiría en la emisión de eurobonos. Unos bonos puestos en el mercado con la garantía de la Unión Europea, es decir, con el respaldo de todos los países que integran la Unión, no padecería las agresiones que en la actualidad padecen los emitidos individualmente por los Estados económicamente más débiles. La prima de riesgo se deduciría ostensiblemente, y eso aliviaría la tremenda carga que el pago de los intereses de la deuda supone para las finanzas públicas de los países periféricos. Los problemas actuales quedarían así resueltos en buena parte, pero esa solución tan buena para Europa no interesa a Alemania. El país germano se financia con unos tipos de interés muy bajos, y la emisión de eurobonos le obligaría a pagar un interés más alto del que actualmente satisface. Como se ve, todos los pasos están calculados y escrupulosamente medidos para que las defensas de unos intereses no produzcan daños colaterales en otros intereses de mayor entidad. Y mientras tanto el proyecto europeo no sale del vía crucis en que lo han situado la irresponsabilidad de unos y el egoísmo de otros. A estas alturas, dudo seriamente si Europa quiere de verdad ayudarse a sí misma. Pero tengo claro que no se tomará en serio ese empeño hasta que no se decida unir el brazo de todos los Estados miembros en el pulso que libra contra los mercados. Todos unidos tienen el futuro asegurado. Separados lo más probable es que no sean capaces de doblegar a los especuladores.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Convergència i Unió va a votar favorablemente la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista sobre la entrada en vigor de los eurobonos como instrumento de financiación. Entendemos que esta es una buena solución, y lo es no solo porque la haya planteado el Grupo Parlamentario Socialista, sino porque esta ha sido una de las soluciones que a lo largo de esta legislatura nuestro grupo ha venido planteando en las diferentes comparecencias en las que se ha manifestado el presidente del Gobierno respecto a aquellos asuntos que hacen referencia a su participación en la Unión Europea, sobre la posibilidad de que el eurobono como instrumento de financiación probablemente resolvería algunos problemas del diferencial de la prima de riesgo que existe en estos momentos, intereses por los que se financia la deuda soberana española y el tipo de diferencial que pagamos respecto al bono alemán, que como sus señorías saben perfectamente en algunos momentos, y coyunturalmente en algunas semanas y en algunos días ha llegado a rebasar los 400 puntos de diferencia. Esta es una problemática tremenda que tienen algunos países de la Unión Europea, países industrializados y con una política industrial potente y solvente, como han sido España y Alemania.

Confiamos en que la propuesta que hoy apruebe el Parlamento conciencie al resto de los países de la Unión Europea, pero sobre todo a Alemania, que siempre ha sido reticente a desequilibrar esta balanza tan injusta en la que unos países pueden financiar su deuda soberana al 2 o al 3 por ciento y otros países la tengamos que financiar al 5 o al 6 por ciento, existiendo prácticamente un incremento del 80 ó 90 por ciento de coste financiero entre los diferentes países que componemos la Unión Europea.

Hemos sido siempre unos defensores rotundos de que la crisis financiera europea se combate potenciando más Europa, y quizá potenciando más Europa probablemente el eurobono sea un elemento relevante y significativo para poder paliar estos déficits. Hay algunos países en Europa que no se dan cuenta, quizá por problemáticas internas o por cuestiones electorales internas, de que si en un momento determinado países de la periferia Europea como España o Italia tuvieran que salirse del euro o fueran intervenidos por la Unión Europea probablemente uno de los países que sufriría más con esta intervención sería Alemania, ya que los grandes clientes de muchas de sus exportaciones somos países como Italia y España. Por tanto esta medida nos parece acertada, justa, razonable y necesaria.

Al mismo tiempo nos gustaría exponer -aunque no hemos querido presentar ninguna enmienda al respecto- que tendríamos que plantear en un futuro inmediato, probablemente la próxima legislatura, que además de esta diferencia de financiación que existe entre la deuda soberana española y la deuda soberana alemana, tendríamos que preguntarnos en España por qué existen unas grandes diferencias entre la financiación de las letras del Tesoro del Estado español, que se financian a un 2 o a un 3 por ciento, y el coste de la financiación de las diferentes obligaciones que plantean las comunidades autónomas donde, lógica y desgraciadamente, existen diferencias del 50 y 60 por ciento de sobrecoste de intereses. Esta es otra cuestión que no tiene nada que ver con el voto favorable de Convergència i Unió a esta iniciativa, pero que, repito, tendremos que sensibilizarnos todos los grupos para que en la próxima legislatura lo abordemos.

Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Señor Marugán, me ha parecido entender que no iba a aceptar su señoría ninguna de las enmiendas presentadas. Por tanto, la proposición no de ley se votará en sus propios términos. Muchas gracias, señor Marugán.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA AL REAL DECRETO 365/2010, DE 26 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA LA ASIGNACIÓN DE LOS MÚLTIPLES DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE TRAS EL CESE DE LAS EMISIONES EN TELEVISIÓN TERRESTRE CON TECNOLOGÍA ANALÓGICA. (Número de expediente 162/000856.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos ahora a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco PNV relativa al Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la televisión digital terrestre, tras el cese de las emisiones en televisión terrestre con tecnología analógica. Para defender la proposición en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Beloki.

El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, esta es una proposición no de ley que mi grupo somete a la consideración de la Cámara en un día tan señalado como el último Pleno ordinario de la IX Legislatura, no tanto -lo digo francamente- por la trascendencia del objeto de la proposición no de ley, cuanto a resultas de una actitud que me atrevo a calificar de esquiva e intencionadamente confusa que ha mantenido el Gobierno, en concreto el Ministerio de Industria, en este tema a lo largo de la legislatura.

La pasada semana, con ocasión de un debate sobre una iniciativa legislativa popular sobre la televisión sin fronteras, tuve ocasión de subrayar la actitud, asimismo esquiva y huidiza, que el propio ministerio había tenido y con el que había planificado el Plan nacional de televisión digital, no abordando el problema del libre acceso de los ciudadanos territorialmente vecinos y unidos por una lengua común distinta del castellano a las emisiones en esa lengua que pudieran producirse en uno u otro de los territorios limítrofes. Hoy con esta proposición no de ley intentamos subrayar una actitud que vuelvo a calificar de huidiza e intencionadamente confusa del citado ministerio. No entraré en disquisiciones técnicas, pero diré que el apagón analógico ha supuesto, como es sabido, la aparición de lo que se ha denominado el dividendo digital, esto es, la televisión digital requiere mucho menos espacio, menos espectro radioeléctrico que la televisión analógica para una difusión equivalente. De ahí deriva el dividendo digital, que dado el ordenamiento jurídico del que nos hemos dotado, pasa a constituir un activo público cuya propiedad y gestión está en manos exclusivas de la Administración central.

Es justamente esta gestión por parte de la Administración central de ese dividendo digital, dados los términos en los que se ha planteado la misma, lo que está suponiendo un beneficio económico que me atrevo a calificar de considerable. Es un beneficio incluso mayor que el que en origen calculó el propio Gobierno, que nos habló de que quizá podría obtener del mismo en torno a los 900 o 1.000 millones. Ya van por los 1.600 millones y todavía hay expectativas de que pudieran subir algunos centenares de millones más. Notable negocio, pues, si me permiten la expresión, el que desde esta perspectiva está haciendo el Gobierno central con ocasión del trasvase o de la transición de la televisión analógica a la televisión digital. Evidentemente, no todo es negocio y menos todavía beneficio en esta transición. La transición conlleva también gastos por los diversos trabajos que deben llevarse a cabo para que los ciudadanos que ayer veían en sus casas o donde fuere la televisión por vía analógica sigan viendo esa misma televisión por vía digital. Eso supone gastos: para los usuarios, que tienen que modificar la dirección de sus antenas; para los concesionarios de las televisiones, que tienen que adecuar su tecnología a la nueva tecnología, y supone gastos también para la Administración central.

La proposición no de ley que hoy sometemos a la consideración de la Cámara hace referencia a esos gastos. En concreto se refiere a los gastos de los ciudadanos en primer lugar, de aquellos ciudadanos que han tenido que incurrir en gastos para seguir viendo la televisión que veían siempre, entonces por vía analógica, hoy por vía digital, y esto conlleva también unos gastos que quisiera subrayar y sobre los que quisiera fijar la atención de ustedes, si se me permite. Conlleva la extensión de la televisión a esos núcleos de población alejados de los núcleos urbanos, esos caseríos lejanos a los que les llegaba ya la televisión analógica, pero no les va a llegar la televisión digital si nadie hace nada, y en este nadie van a estar, seguro, los concesionarios. Ellos no están obligados a alcanzar el cien por cien.

En torno a un 5 por ciento de gente puede quedarse sin ver la televisión digital que ayer veía por vía analógica. ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a posibilitar a esos ciudadanos que sigan viendo la televisión que veían hasta ayer? ¿Qué Administración pública? Entiendo que esta es una labor que deben cumplir las administraciones públicas, esta especie de última milla de la televisión digital. La pregunta habría que volverla del revés: ¿quién no? ¿Qué Administración pública no tiene que responder de esto? Si ustedes repasan lo que ha sucedido en la historia a la hora de que la televisión analógica cubriera el conjunto del territorio, las diputaciones, las administraciones locales y los gobiernos autonómicos han puesto dinero.

¿Cuál es entonces el problema? Por concepción cualquier podría hacerlo, pero, ¿cómo podemos exigir a los ayuntamientos y a las administraciones autonómicas que pongan dinero siendo así que la Administración central está sacando 1.700 millones de euros? ¿Cómo es posible que alguien solo se quede con el beneficio y el gasto lo


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reparta, que haga las derramas del gasto? ¿Por qué no hace las derramas de los ingresos? Esto no tiene sentido y tiene menos sentido en las circunstancias actuales en las que los ayuntamientos y las administraciones autónomas están cómo están; también la Administración central, pero también los ayuntamientos y las administraciones autonómicas, de forma que creo que es de pura lógica, es de sentido común y es de justicia que quien obtenga unos beneficios de la transición de la televisión analógica a la televisión digital -beneficios que rondan los 1.700 millones, de momento- apoquine también con los gastos y no haga la derrama de gastos, se quede con todos los ingresos y diga a los ayuntamientos: tiene usted que pagar, si es que ese señor o esa señora que viven un poco lejos de la población van a seguir viendo televisión. Esto no tiene a mi juicio ningún sentido.

Pido, pues, el voto de toda la Cámara para que los 1.600 o 1.700 millones que el Gobierno central ha obtenido ya sean aquellos que posibiliten que todos los ciudadanos que ayer veían la televisión analógica puedan seguir viendo también esa misma televisión, en este caso por vía digital. Si no hacemos esto, cada cual tendrá que rendir las cuentas ante su ayuntamiento y ante su comunidad autónoma. Que justifique cada cual cómo pueda el voto en contra de esta proposición no de ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.

A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de dos grupos. Por el Grupo Popular para defender su enmienda tiene la palabra la señora Feliu.

La señora FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, subo a la tribuna por primera vez, en el último Pleno de la legislatura, para defender la enmienda del Grupo Popular sobre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, pero también, y aprovechando la misma, para hacer un balance de lo que ha sido la desastrosa política audiovisual de este Gobierno en los últimos siete años. Efectivamente, como dice la introducción de la proposición no de ley, todas las secuelas de esta desastrosa política provienen del plan de 2005, por el que no solo se dispuso el tránsito a la televisión digital terrestre, que es un aspecto meramente técnico, sino que se diseñó el panorama de medios audiovisuales que quería el Gobierno socialista. Para poder entenderlo mejor no olvidemos quién era el secretario de Estado de Comunicación en 2005 y las conexiones que tenía, y que sigue teniendo, con algunos grupos de comunicación y con algunos miembros del Gobierno de Zapatero, aunque, eso sí, parece que esos grupos de comunicación y esos miembros del Gobierno afines están ahora de capa caída.

Como dice la proposición no de ley, el Gobierno, a través del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, aprobó el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre. En este plan se establecía el esquema de transición de la televisión analógica a la digital y el escenario resultante tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica. Para hacernos una idea del escenario audiovisual que quería el Gobierno socialista basta hacer memoria de las medidas que se aprobaron junto con el citado Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre en ese mismo Consejo de Ministros del 29 de julio de 2005, el último antes de las vacaciones de verano, porque estas cosas realmente siempre se hacen en vacaciones. Así, por un lado, se aprobó un acuerdo por el que se modificaba el contrato concesional con Sogecable para la prestación del servicio público de televisión, por el que se le permitió emitir en abierto, modificando una condición sustancial de la concesión, puesto que el concurso al que se presentó y que se adjudicó era de un canal codificado, el Canal Plus. Por otro lado, se aprobó un real decreto, por el que se autorizaba la incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan técnico nacional de televisión privada, así como un acuerdo con el pliego de bases y la convocatoria del correspondiente concurso para la adjudicación de dicho canal analógico en abierto, que ganaría La Sexta. Es decir, en el mismo momento de aprobarse el Plan técnico nacional de transición a la televisión digital terrestre se aprobaron dos nuevos canales analógicos: realmente todo un ejercicio de coherencia, de coherencia tal vez con los amigos, y todo en aras de un mayor pluralismo, decía en aquel entonces el Gobierno. Pero vean en qué han quedado ahora estos dos nuevos canales y este famoso pluralismo.

Algún diputado se preguntará qué tiene que ver todo esto con la proposición no de ley que hoy debatimos. Pues realmente mucho, porque en ese lejano Consejo de Ministros del 29 de julio de 2005 se hizo el reparto de toda la tarta audiovisual, de todos los múltiples del espectro radioeléctrico, una vez que se produjese el apagón analógico y la transición a la televisión digital terrestre. Eran tantas las prisas por repartirse la tarta audiovisual que adelantaron la fecha del apagón analógico a 2010, aunque para ello hubiera que ubicar a las nuevas televisiones digitales en una banda del espectro que ya estaba previsto que deberían abandonar poco después, la famosa banda del dividendo digital reservada para los nuevos servicios de banda ancha para móviles. Precisamente se acaban de adjudicar por el Gobierno mediante subasta estas bandas de dividendo digital y los operadores de telecomunicaciones que han resultado adjudicatarios quieren que se adelante lo más posible la migración de las televisiones de dichas bandas, por las que han pagado mucho dinero, para poder prestar cuanto antes los nuevos servicios de Internet para móviles.

Es así como por los intereses y por la falta de planificación del Gobierno, después de haber tenido que hacer los ciudadanos y las administraciones el año pasado una primera adaptación de los aparatos y antenas de televisión para poder recibir la TDT, ahora vamos a tener que hacerlo de nuevo antes del año 2015 por culpa de esta segunda migración de las televisiones. El artículo 51 de la Ley de Economía Sostenible dice que los costes derivados


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de la reorganización del espectro radioeléctrico que es necesario realizar para liberar la banda de frecuencias serán sufragados por la Administración con los ingresos obtenidos en las licitaciones públicas que se convoquen para asignar el espectro radioeléctrico, pero si se hubieran hecho las cosas bien, no sería necesario tener que aplicar el dinero obtenido en la subasta del dividendo digital a pagar los costes de la migración de las televisiones de sus nuevas bandas y múltiples, aparte del trastorno que todo esto supone a todos los ciudadanos. Por otra parte, mucho nos tememos que el dinero que ha obtenido el Gobierno...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Feliu, por favor.

La señora FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: Voy acabando, señora presidenta.

... por las recientes subastas del espectro radioeléctrico no se vaya a destinar al fin previsto en el artículo 51 de la Ley de Economía Sostenible, porque antes de que se produzca la segunda migración de las televisiones, incluso antes de que se produzca la migración de este Gobierno, se habrán gastado el dinero, así que basta ya de engañar a los ciudadanos con solemnes brindis al sol en leyes que no sirven para nada, con artículos que no regulan nada, sino que tan solo dicen lo que el siguiente Gobierno tendría que hacer. Basta ya de despilfarrar el dinero ahora...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Feliu, debe terminar.

La señora FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: ...y dejar los marrones y las facturas en el cajón para el que venga. Por eso y aunque nos gustaría votar a favor de la proposición no de ley en sus justos términos, por prudencia y por responsabilidad, hemos presentado una enmienda de modificación para que en su momento...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Feliu, por favor.

La señora FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: Sí, acabo ya, señora presidenta.

... cuando la segunda migración de las televisiones se tenga que producir, los costes se sufraguen por la Administración en los términos que legalmente se establezcan entonces. Señorías, no sería responsable comprometernos ahora a más, porque con lo que sí estamos comprometidos es con una política de austeridad y de recorte del gasto público. Se acabaron los tiempos del despilfarro y de las decisiones atropelladas...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señora Feliu, no me obligue una vez más a llamarle al tiempo.

La señora FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: ...para beneficiar a los amigos y que perjudican a los ciudadanos. Se acabaron también en el ámbito audiovisual las políticas socialistas.

Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Feliu.

Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Bono.

El señor BONO ARA: Gracias, presidenta.

Señorías, quisiera empezar por destacar el reconocimiento expreso al éxito de la transición de la televisión analógica a la digital que realiza esta proposición no de ley del Grupo Vasco en su exposición de motivos. En efecto, se ha producido una auténtica revolución tecnológica en el panorama audiovisual español que se adelantó a los países de nuestro entorno; una revolución comandada por el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas, a las que se transfirió en su momento 618 millones de euros para completar el despliegue, 220 millones de euros para completar la cobertura de las zonas más complicadas, aquellas que son sobre todo de ámbito rural. Ahora el nuevo reto es la reasignación de canales de la televisión digital terrestre para la liberación del llamado dividendo digital que estará disponible en 2015, es decir, las frecuencias de los canales del 61 al 69 de UHF dejarán de ser usadas para la transmisión de televisión terrestre y serán asignadas a las operadoras de telefonía móvil, entre otros servicios, siguiendo los acuerdos adoptados por la Unión Europea. Debemos recordar que las aplicaciones inalámbricas comunes registran una demanda en rápido crecimiento, como las comunicaciones por Internet de banda ancha, que permitirán velocidades de hasta 100 megabytes por segundo, y la telefonía móvil. Garantizar el futuro de las telecomunicaciones es fundamental para el crecimiento económico del país. El decreto de 26 de mayo del pasado año prepara el camino para responder a estas demandas.

Compartimos el interés que muestran los nacionalistas vascos por el asunto y por facilitar la reasignación de canales. No en vano el Gobierno socialista, como decíamos, ha sido uno de los primeros en legislar y regularizar la actividad; por eso hemos presentado una enmienda con el propósito de llegar a un acuerdo. Ya lo alcanzamos el año pasado, con una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, sobre los problemas de las zonas de sombra digital, pero no debemos atar de manos al Gobierno. Todos aquellos que se benefician de los servicios de la tecnología digital, desde la Administración hasta los operadores, deben también asumir su responsabilidad, especificar la forma y el alcance de su materialización en función de sus decisiones comerciales y respetando sus obligaciones, como señala nuestra enmienda. Al mismo tiempo, el Gobierno debe asegurar el cumplimiento de las obligaciones de cobertura y adoptar las medidas para la correcta ejecución del proceso transitorio establecido en el decreto citado.

Muchas gracias. (Aplausos.)


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Bono.

Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Ríos.

El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, coincidimos en que la transición a la TDT ha resultado un éxito debido principalmente a la implicación de las distintas administraciones públicas, que han tenido que asumir un costo importante para financiar proyectos de extensión de la cobertura a ámbitos territoriales que quedaron fuera de las zonas de cobertura obligatoria de los radiodifusores. Esta situación fue especialmente compleja en Canarias, debido tanto a la orografía y dispersión poblacional como a las alteraciones en la radiopropagación derivadas de la naturaleza insular y la consiguiente afectación radioeléctrica propias de las zonas de costa. Todo ello supuso para el Gobierno de Canarias un importante coste no previsto inicialmente en el plan de transición.

Nos encontramos en estos momentos en un apasionante proceso que proporcionará nuevas e inimaginables aplicaciones en movilidad y que para hacerse realidad requieren la puesta a disposición de los operadores territoriales del espectro radioeléctrico hasta ahora utilizados por el servicio de televisión. La mejora tecnológica que supone la TDT permite al tiempo disponer de mayor número de canales y oferta televisiva, calidad de imagen y sonido y liberar parte del espectro radioeléctrico ineficientemente utilizado por la televisión analógica para las nuevas aplicaciones en movilidad y que ha venido a denominarse dividendo digital. Sin embargo, ese aprovechamiento del dividendo digital supone tener que trasladar múltiples que actualmente están en uso -en el caso de Canarias, por las televisiones autonómicas, insulares y locales-, que acarreará un coste que no deben asumir ni las administraciones autonómicas ni las locales por el doble motivo de no participar en la planificación del espectro -competencia exclusiva del Estado- y de ser este quien, en el ejercicio de tal competencia, asigna el espectro a los operadores y recibe por ello los ingresos derivados del dividendo digital. Debe ser, por tanto, el Estado quien financie el esfuerzo público que requiera la liberalización del dividendo digital mediante el traslado de los diferentes múltiples afectados, contando para ello con los importantes ingresos derivados de la asignación del dividendo digital a los operadores. Por todo ello, los nacionalistas canarios vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Vasco.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ríos.

Para fijar la posición de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Canet.

El señor CANET I COMA: Gracias, señora presidenta.

Intervengo brevemente para dejar constancia de que compartimos la preocupación que subyace en la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco, porque no sería la primera vez que las comunidades autónomas acaban pagando las leyes que aprueba el Estado; por tanto, nos parece no solo razonable y oportuno sino obligado que el Estado pague aquello que le compete y más aún cuando obtiene ingresos derivados del dividendo digital. De hecho, si no fuera el Estado quien se hiciera cargo de ello, resultaría algo tan paradójico como que las comunidades autónomas estarían subvencionando al Estado en aquellas competencias que le son propias.

Si tenemos presente la situación financiera de las comunidades autónomas, derivada en parte de la falta de financiación adecuada a las competencias autonómicas, nos parece de justicia la iniciativa y nos preocupa que el Gobierno no haya otorgado la suficiente confianza como para que no hubiera sido necesaria; por tanto, ni que decir tiene que la vamos a apoyar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco. Compartimos los argumentos expuestos por el portavoz de dicho grupo y apoyamos esta iniciativa entendiendo que los cambios de canales de asignación de los múltiples de la TDT responden a una necesidad de dar entrada a un aumento de las necesidades espectrales del servicio de telefonía móvil, que sin duda no solo es adecuado sino muy necesario. Este cambio supondrá para los ciudadanos, para las televisiones adjudicatarias y también para las administraciones públicas unos gastos en sus instalaciones para poder adaptarlas al nuevo mapa de frecuencias. Teniendo en cuenta que el Gobierno obtendrá unos recursos económicos procedentes de la subasta del espectro radioeléctrico liberado después de los cambios, parece coherente y necesario que una parte de dichos recursos sirva para sufragar los gastos ocasionados sobre ciudadanos y administraciones, que con estos cambios únicamente visualizan gastos y molestias a añadir a los que recientemente les supuso el cambio a la TDT.

Señorías, en el tema que nos ocupa en este debate quiero también aprovechar para señalar que sería oportuno que una parte de los ingresos obtenidos procedentes de la subasta del espectro radioeléctrico liberado se destinase a las empresas también operadoras del servicio de TDT para que se pudieran mantener e incluso mejorar los actuales niveles de cobertura establecidos por el reglamento técnico del Plan nacional de transición a la TDT. Por último también quiero aprovechar el debate de esta iniciativa para señalar que sería deseable que las comunidades autónomas pudieran gestionar el dividendo digital liberado o, como mínimo, si esto resultase imposible


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por el hecho de que ya estuviese subastado, que participaran activamente en las comisiones encargadas del seguimiento de las obligaciones adquiridas por los operadores adjudicatarios de las frecuencias.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.

Señor Beloki, es su turno para decir si hay aceptación o rechazo de las enmiendas que se han presentado a la proposición no de ley.

El señor BELOKI GUERRA: No aceptamos ninguna de las dos.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Beloki.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. RÍOS), SOBRE DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL DIQUE DE SAN ANDRÉS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE. (Número de expediente 173/000234.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Mixto sobre declaración de interés general de las obras de reparación del dique de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife. Para defender la moción tiene la palabra el señor Ríos.

El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, defiendo la moción consecuencia de interpelación urgente formulada a la ministra de Medio Ambiente sobre la declaración de interés general de las obras de reparación del dique de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de los daños ocurridos el 29 de agosto pasado. Traigo a esta Cámara una demanda vecinal reclamada desde hace tiempo y asumida por las autoridades municipales. Es unánime la consideración de que no es suficiente con las obras de reparación ya iniciadas por la Dirección General de Costas, ya que se ha puesto de manifiesto que la actual escollera no resiste las embestidas del mar que con determinadas condiciones meteorológicas (mar de fondo, tiempo sur, luna nueva o llena) provoca reiteradamente que el oleaje penetre en el barrio, ocasionando cuantiosos daños materiales en viviendas, comercios e infraestructuras y mobiliarios urbanos.

Se demanda una solución definitiva que consiste en evitar que se repitan esos daños mediante la simple construcción de un dique semisumergido, similar al existente en la vecina playa de Las Teresitas, que permita defender el frente marítimo terrestre del fuerte oleaje que periódicamente se produce. Aun siendo pacífica esta solución, el problema radica en que quien es competente para ello, sea la Dirección General de Costas o sea la Autoridad Portuaria, apela al consenso y a la colaboración entre distintas administraciones en vez de asumir sus responsabilidades. Apelaba el pasado miércoles la ministra de Medio Ambiente a la lealtad, como queriendo reprochar a Coalición Canaria que mientras el alcalde reunía a todas las administraciones públicas: Estado, comunidad autónoma, cabildo y ayuntamiento en la búsqueda de una pronta y definitiva solución al problema, la interpelación tenía como finalidad culpar al Estado de los daños producidos. Nada más lejos de la realidad. Lo que todos queremos, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, los diputados de Coalición Canaria -y espero que esta Cámara- es que la Administración General del Estado se comprometa como Administración competente en la actualidad a la construcción de un dique semisumergido como solución definitiva para evitar en lo sucesivo nuevos daños por fuerte oleaje. No vea la ministra nada siniestro en la intención de aquella interpelación ni de esta moción.

Si la ministra quiere hablar de lealtad o, mejor dicho, de deslealtad -y precisamente es humano-, la encontramos en el Boletín Oficial del Estado del pasado miércoles, en el que se publicó la orden de 30 de agosto por la que se declaran zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria marinos de la región macaronésica de la Red Natura 2000, cuando se había acordado entre el Estado y la comunidad autónoma su revisión, habida cuenta de la aprobación en esta Cámara de la Ley de Aguas Canarias, en virtud de la cual se viene a reconocer que el archipiélago ostenta las mismas competencias en los espacios marítimos que en los terrestres. Canarias ya convirtió los LIC terrestres en ZEC y lo mismo habrá de suceder con los marinos. Que el ministerio haya dictado esa orden sí es una deslealtad, además de un incumplimiento de los acuerdos existentes entre PSOE y Coalición Canaria, lo que provocará un nuevo conflicto -y van unos cuantos- entre Canarias y el Estado. Esos desencuentros e incumplimientos, particularmente en materia de costas y de espacios marítimos, son los que nos han llevado a reclamar para Canarias las competencias en materia de costas, como ya ha sucedido en Andalucía y Cataluña.

Sorprendió el entusiasmo ampliamente recogido por la prensa con que la ministra acogió la propuesta. Encantada, llegó a decir. Mañana mismo, concluyó. Claro que, quizá mal asesorada, esas afirmaciones las realizó en la creencia de que tal traspaso de competencias solo podría realizarse previa reforma del estatuto. Nada más lejos de la realidad, primero porque, como ha dejado claro la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los nuevos estatutos no introducen nuevos títulos competenciales -en este caso, el de ordenación del litoral, contenido en el artículo 30.15 del Estatuto canario-, sino que aclaran qué funciones caen dentro de ese título, pero en ningún caso añaden nada nuevo. La segunda razón es que ese razonamiento ya ha sido asumido por el Grupo Parlamentario Socialista al apoyar una propuesta de


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resolución de Coalición Canaria en el debate de política general del pasado junio, en la que expresamente se instaba al Gobierno, a su Gobierno, a la ampliación de funciones y servicios traspasados en materia de políticas activas de empleo y costas en similares términos a lo previsto en los nuevos estatutos.

Señorías, la moción no solo busca ser aprobada sino el mayor consenso posible entre las fuerzas parlamentarias de esta Cámara para que el Gobierno -este o el que surja de las próximas elecciones- realice las obras de construcción del nuevo dique del barrio de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife. Además, también se insta al Gobierno a que inicie las negociaciones que hagan efectiva la transferencia a la comunidad autónoma de las competencias en materia de costas.

Nuestro grupo ha llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista en una enmienda transaccional que busca lograr ese consenso necesario para conseguir ese doble objetivo: la construcción de un dique como solución definitiva y que se propicie la asunción de competencias por parte de la comunidad autónoma. Apelo a la generosidad de los grupos parlamentarios para apoyar esa enmienda transaccional y que esta moción consiga el mayor consenso posible.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ríos.

Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Matos.

El señor MATOS MASCAREÑO: Señora presidenta, señorías, el texto de la moción que hoy se debate y la intervención del señor Ríos es fiel reflejo del curioso y patético debate de la interpelación al que asistimos el pasado miércoles. El portavoz de Coalición Canaria aprovechó la solicitud de la declaración de urgencia y de interés general del proyecto de la inaplazable construcción de la escollera del pueblo marinero de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, para separarse y marcar distancias del Gobierno socialista, del que ha sido socio preferente en los últimos años. El diputado Fernando Ríos denunció las múltiples excusas puestas por la Administración central y que este, el problema de San Andrés, era uno más de la larga lista de incidencias que en materia de costas existen entre el Gobierno del Estado y Canarias, y lo hizo con tanta contundencia que la ministra Aguilar manifestó su sorpresa por los juicios de valor vertidos por su socio parlamentario y apeló hasta en cuatro ocasiones a la necesaria lealtad institucional, como ha reconocido el señor Ríos. Señorías, Coalición Canaria y el Partido Socialista tienen sellado un acuerdo parlamentario que literalmente reconoce que trasciende la estricta tramitación presupuestaria en la medida que persigue garantizar la estabilidad política e institucional. En fechas muy recientes, ambos partidos -que perdieron las elecciones del último mayo- han trasladado este acuerdo al Gobierno de Canarias. Pero, de verdad, nos ha parecido realmente cómico el intento de Coalición Canaria de distanciarse del Gobierno al que han venido apoyando en los últimos años incondicionalmente, a menos de dos meses de las próximas elecciones y de una semana de disolver las Cortes. Entiendo perfectamente que Coalición Canaria quiera distanciarse del Partido Socialista en estos momentos de debacle, ya se han distanciado muchos ministros, pero estoy convencido de que para ustedes ya es tarde puesto que los ciudadanos también les están haciendo responsables del fracaso de las políticas de Zapatero y de Rubalcaba, y también estoy convencido de que ese apoyo les pasará factura.

Coalición Canaria también utiliza esta moción, en la que solicita la solución definitiva de la escollera de San Andrés, para mezclarla con cuestiones completamente distintas -la salida en Fuencaliente, la playa El Remo, en La Palma, Ojos de Garza, en Gran Canaria, Cho Vito en Tenerife-, con el fin de solicitar las transferencias en materia de costas. Señorías, el Partido Popular es partidario de que Canarias tenga esas competencias, las recoge nuestro estatuto de autonomía y, como han recordado, ya las tienen otras comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña; es más, creemos que en un archipiélago como el nuestro esas competencias pueden ser perfectamente ejercidas por los cabildos insulares, pero consideramos una auténtica falta de respeto a los vecinos de San Andrés que su gravísimo problema de continuas inundaciones se mezcle con otros problemas completamente distintos y sobre todo que se mezcle con el marco competencial de nuestro estatuto de autonomía. El pueblo de San Andrés y sus vecinos lo que quieren, lo que esperan de nosotros es que de una vez por todas se les atienda y se les proteja; que se ejecuten a toda velocidad las obras de reparación de los daños causados en las últimas mareas e inundaciones del pasado 29 de agosto; que de una vez por todas se redacte y ejecute un proyecto de escollera de protección que erradique definitivamente el riesgo de inundaciones; que no se les vuelva a hablar de competencias de costas, de puertos, de los ayuntamientos, del cabildo, de la comunidad autónoma, de estudios, de valoraciones y de análisis; que tengan más capacidad de prevenir y de actuar para minimizar los efectos de las mareas. Eso precisamente es lo que recogían los apartados de nuestras enmiendas, que nos centráramos en San Andrés, y es lo que le hemos pedido al autor de la moción.

Coalición Canaria nos ha trasladado el texto de la transacción alcanzada con el Partido Socialista. En él se elimina cualquier referencia a la declaración del proyecto como de obra de interés general y se remite su financiación a los acuerdos que se alcancen. Lo siento pero nosotros no podemos firmar propuestas que están completamente vacías. Además, se rechaza por su autor cualquier aportación del Partido Popular, ni siquiera se acepta una tan simple como la de extremar las medidas de prevención y alerta temprana que permitan minimizar los efectos de las mareas.

Es claro que ni Coalición Canarias ni el Partido Socialista quieren nuestras aportaciones, rechazan nuestro apoyo y prefieren la enmienda del Partido Socialista, que devalúa hasta el ridículo la moción. Lo ha reconocido el


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señor Ríos, que ha transado la enmienda, aunque no le gusta, con el fin de que la obra se ejecute, y la ha transado con un gobierno que está en los minutos de descuento porque sabe perfectamente que esa obra, de hacerse -y se va a hacer-, la vamos a realizar nosotros.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Matos.

Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rivero Alcover.

La señora RIVERO ALCOVER: Gracia, señora presidenta.

Señorías, paso a defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista y transada con el grupo proponente, ya que no hace más que actualizar los términos del texto de la moción, que consta de dos actuaciones preferentemente diferenciadas: la necesidad de construir un dique sumergido que aporte una solución definitiva a los problemas derivados de las inundaciones que se produjeron el 29 de agosto en el barrio costero de San Andrés y, por otra parte, la necesidad de transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias las competencias en materia de costas.

Ni que decir tiene que entendemos que es una interpelación absolutamente oportunista y coyuntural porque, como bien conoce el señor Ríos -y así se le hace saber por la ministra de Medio Ambiente-, el día que se sustancia la interpelación ya se están realizando las obras de emergencia para la reparación y mejora de la escollera de San Andrés como consecuencia y en cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la reunión interadministrativa convocada por el alcalde actual del Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en un acto de absoluta lealtad institucional, en un tiempo récord y con el fin de dar solución de una vez por todas -ahora sí- y con carácter definitivo al problema del rebase del frente de San Andrés, que a mí, como chicharrera y anterior concejal socialista de este ayuntamiento, me llena de profunda satisfacción, por coherencia, por trabajo y especialmente por el compromiso de los socialistas con los vecinos del pueblo de San Andrés, dando así cumplimiento a una petición reiteradamente presentada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el grupo municipal socialista, aprobada una y otra vez por el Pleno municipal y al que han hecho caso omiso a lo largo de más de veinte años que ha gobernado Coalición Canaria. El señor Matos estuvo nada menos que como concejal de Urbanismo en ese ayuntamiento y han sido incapaces desde el gobierno municipal o desde el de la nación, cuando la gobernaron, de poner solución definitiva a este grave problema que viene afectando año tras año a los vecinos del barrio costero de San Andrés. Ha tenido que venir un gobierno socialista precisamente a hacerlo a través de los distintos textos de nuestras mociones de 2003, 2004 y 2007, todos ellos aprobados en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y ninguno de ellos cumplidos por los que nos han gobernado hasta la fecha.

El Gobierno, por tanto, está cumpliendo con la ciudadanía. No solo vamos a reparar el dique, sino que además hemos puesto una escollera adicional de 490.000 euros, como ha dicho la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Y es la Autoridad Portuaria la encargada de las pruebas técnicas necesarias y de la elaboración del proyecto, que saldrá a información pública, con participación ciudadana y con evaluación medioambiental y luego la financiación del proyecto para saber qué tiene que comprometer cada una de las administraciones para no dejarlo en saco roto. Espero que todas las administraciones cumplan. Actuar, en definitiva, hacer desde donde se puede cuando se ejerce el Gobierno en interés de los vecinos, como haremos los socialistas en la legislatura que viene precisamente con el pueblo de Santa Cruz. En palabras de la ministra, este Gobierno de España hará realidad aquello que ha comprometido con Canarias. Le recuerdo que el Gobierno de España ha puesto más del 104 por ciento del Convenio de costas que ustedes, el Partido Popular, dejaron absolutamente sin ejecución.

En cuanto a las competencias, el paseo peatonal es una obra demandada hoy que se restauró siendo dominio público portuario y, por tanto, designada desde 1998, como dijo la ministra, por Coalición Canaria. El resto de las enmiendas presentadas por el Partido Popular no tienen nada que ver con la moción que ahora se presenta. No quiera usted hacer ahora responsable al Gobierno de España de lo que no es. Ustedes tuvieron y tienen la responsabilidad de las obras que hicieron y de cómo se ejecutaron. El Gobierno de España coopera lealmente, va arreglando y solucionando con un proyecto nuevo y definitivo, que es lo que realmente necesitan los vecinos del pueblo de San Andrés.

El segundo objetivo de la moción, que en realidad habrá que reconocer es el único de la misma, tal y como señaló la ministra, es venir aquí a pedir las transferencias en materia de costas. Es tan sencillo como, según dijo ella, incluirlo en el Estatuto de Autonomía. Yo añado, señor Ríos, que ya en la modificación del proyecto de Estatuto de Autonomía que se trajo del Parlamento de Canarias en la legislatura anterior a la Comisión Constitucional se recogía esa transferencia solucionando el problema, alejándolo definitivamente de litigios y confrontaciones en el ámbito judicial e interpretativo. Por tanto, y ahora con esta transacción, una vez alcanzado el acuerdo, la vía más adecuada y transparente sería la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias para incorporar esa competencia y que se debata a través de las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación. De ahí nuestra enmienda y de ahí la transaccional.

Por último, dado que es la última sesión plenaria de esta legislatura y que se trata de en un tema como Canarias y el municipio, quiero dar las gracias a todos los grupos parlamentarios por el trabajo a veces muy duro realizado, y en muchas ocasiones por la generosidad de


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aquellos que han entendido que el interés general de nuestro país está por encima del suyo propio; a sus señorías, con las que he tenido el placer de trabajar, colaborar y conocer en estos años; a todos los parlamentarios canarios, tanto del Grupo Popular como del Grupo de Coalición Canaria, y especialmente a mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, y desde luego una especial mención a todos mis compañeros canarios, a Pilar, a Pepe, a Ángel Víctor, a Mercedes, a Miguel y Rosa Bella, y un recuerdo muy sentido a Erasmo Armas.

Muchas gracias a todos. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Rivero.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, los vecinos del barrio costero de San Andrés están hartos de las inundaciones que año tras año, la última vez el pasado 29 de agosto, sufren sus viviendas cuando la pleamar y el oleaje rebasan las precarias barreras existentes en la actualidad. Los vecinos están hartos de sufrir la inundación periódica de sus viviendas, la destrucción de sus muebles y vehículos cuando el oleaje se vuelca sobre la costa con mayor fuerza e intensidad. Los vecinos ya no creen en problemas y están hartos de pelear a solas con el mar. Llevan sesenta años luchando por la construcción de una escollera de protección sin que sus peticiones hayan obtenido resultados hasta ahora y desde hace muchos años se sienten engañados por los gobiernos de turno, que año tras año les han prometido ejecutar la escollera pero nunca hasta ahora han pasado de las palabras a los hechos.

El Ministerio de Medio Ambiente ha acordado realizar de forma urgente una primera intervención para reparar los desperfectos ocasionados el 29 de agosto tanto en la avenida marítima como en la escollera, pero no se trata únicamente de poner este parche, sino de consolidar una solución definitiva. Eso es lo que piden los vecinos de San Andrés. Por ello los ingenieros de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife están redactando un proyecto para la construcción de un dique de características parecidas al existente en la playa de las Teresitas. El proyecto tiene un coste de unos 9 millones de euros, 2 millones más de lo que inicialmente se había anunciado por parte del ayuntamiento.

El debate de las competencias, en nuestra opinión, oscurece la cuestión de fondo, que no es otra que la urgencia de acometer esta obra. Poco importa a estas alturas quién tuvo las competencias sobre la obra que se realizó en su día en la escollera del paseo peatonal de San Andrés o quién nombró o dejó de nombrar a la Autoridad Portuaria a partir de 1998. No se trata de echar la culpa al Gobierno canario ni tampoco al Gobierno de la nación. Perpetuar la polémica política sería dar nuevos pretextos para retrasar la necesaria solución. Se trata de resolver este problema y resolverlo cuanto antes. Todas las administraciones, en primer lugar, deben asumir su parte de responsabilidad y mostrar desde la lealtad, pero también desde la eficacia, su voluntad de colaborar a acelerar la redacción del proyecto y encontrar la mejor fórmula para su financiación. Es un proyecto urgente porque afecta a la seguridad, y en este caso lo prioritario es la protección de las personas y de sus bienes.

Dice el Gobierno que quiere conocer la opinión de los vecinos de San Andrés. La opinión ya la expresaron a finales de agosto, cuando volvieron a alzar la voz exigiendo la escollera, que es una reivindicación, por otra parte, histórica.

En segundo lugar, efectivamente el proyecto debe ser ejecutado con sumo cuidado, debe preservarse el paisaje, mantener la calidad de las aguas, evitar la afección de los sebadales del lugar de interés comunitario de San Andrés en la zona especial de conservación marina de San Andrés. Del mismo modo, estos sebadales han de ser protegidos en las obras del puerto, y más especialmente en la obra del ensanche de la explanada en el dique sur de Santa Cruz de Tenerife.

En definitiva, nuestro grupo apoya la declaración de urgencia de estas obras de reparación de San Andrés y la necesidad también urgente de una escollera. Sin embargo, no creemos que sea oportuno mezclar en esta propuesta la urgencia de esta obra con la reivindicación, legítima, de la transferencia de la competencia de costas y la legislación y gestión sobre dominio público del mar. Son demasiadas las amenazas urbanísticas que se ciernen en estos momentos sobre muchos puntos de la costa española para que un tema como este pueda ser tratado apresuradamente y al calor de una iniciativa concreta como es esta iniciativa del barrio costero de San Andrés. Por eso, señorías, creemos que el acuerdo al que se ha llegado es un acuerdo, en nuestra opinión, positivo, que lo podrá ejecutar este Gobierno o el Gobierno próximo, que los ciudadanos lo agradecerán y que no debería interferir con el debate de competencias entre la comunidad autónoma y la Administración central.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Vasco del PNV tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervendré muy brevemente en nombre de mi grupo para decir que apoyaremos esta moción. Hubiéramos apoyado la moción original también y participamos de la transacción a la que han llegado. Sabemos perfectamente que el Grupo Vasco no ha estado viendo eso en Tenerife, pero para nosotros la sinceridad con la que el grupo proponente ha presentado esta iniciativa es suficiente garantía para apoyar esta moción, como no podía ser de otra manera, con los compañeros de Coalición Canaria. Creo que también es importante, y el señor Llamazares lo decía, que no debe oscurecerse el tema competencial. Creo que precisamente por eso se


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ha de aclarar el tema competencial, para que no se oscurezca, porque parece ser que siempre se oscurece por el mismo lado. Por lo tanto, aclarémoslo también porque es importante. Creo que existe ese concepto centralista, como si por orden divina al Estado se le hubiera otorgado la competencia y la titularidad del litoral como si fuera algo sagrado y creo que debemos desacralizar ciertas cuestiones. La titularidad y la gestión son cosas diferentes, el Tribunal Constitucional ha sentenciado más de una vez sobre ese tema. Pero independientemente de todo, tal y como los canarios lo dicen, como vasco también me gustaría que la costa vasca fuera titularidad de la comunidad autónoma o del País Vasco.

Por lo tanto, solidarizándonos y diferenciando claramente que una cosa es la urgencia por la que se han de acometer estas obras, que es lo importante, no por ello lo otro deja de ser también tan importante, porque una cuestión es cómo solucionamos algo coyuntural y lo otro es algo estructural.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señora presidenta.

Intervengo simplemente para afirmar que nuestro grupo va a dar apoyo a esta moción y además la enmienda transaccional nos parece especialmente oportuna. Nos gusta especialmente el punto 2, donde se habla de abrir un debate con el Gobierno de Canarias sobre el mejor camino para hacer efectivos los traspasos de la gestión del dominio público marítimo-terrestre, cuestión muy relevante a nuestro entender porque lógicamente compartimos esta vocación. Por tanto, nuestro voto va a ser afirmativo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Macias.

Señor Ríos, entiendo que el texto que propone someter a votación es el resultado de la transaccional si ningún grupo, como su señoría sabe, se opone a su tramitación. (Asentimiento.) Muchas gracias. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE IMPULSAR DE FORMA PRIORITARIA EL CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO. (Número de expediente 173/000235.)

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Punto 6 del orden del día: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de impulsar de forma prioritaria el corredor del Mediterráneo. Para la defensa de la misma tiene la palabra el diputado Pere Macias.

El señor MACIAS I ARAU: (Comienza su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al "Diario de Sesiones", dice lo siguiente: Gràcies, senyor president Jordi Jané.

Senyores i senyors diputats, l'objectiu de la moció de Convergència i Unió es simple, donar suport a la inclusió del corredor mediterrani a la xarxa básica europea.)

Les decía, señoras y señores diputados, que el objetivo de la moción de Convergencia i Unió es simple, es dar apoyo a la inclusión del corredor del Mediterráneo en la red básica europea. Por cierto, quiero intentar explicar también que el corredor del Mediterráneo pasa por el Mediterráneo, dicho sea con todo respeto. No pasa ni por el mar Báltico ni por el mar Egeo ni por la meseta; pasa por el Mediterráneo. Es una cuestión de geografía elemental que subyace en la intención de mi grupo cuando ha presentado esta moción. Saben las señoras y señores diputados que son muchas las personas, las instituciones, las administraciones, lo que llamamos la sociedad civil, las que en los últimos años y en los últimos meses han abanderado la demanda de que este corredor figure por fin dentro de los ejes prioritarios de la Red transeuropea de transportes, pudiendo ser consideradas las obras que no han sido culminadas como obras prioritarias. En este sentido se ha planteado desde la institución Ferrmed, que agrupa a cámaras de comercio, empresarios, industrias, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas. Además, es un corredor que va desde Algeciras hasta Copenhague, por tanto, mucho más allá de la geografía de la península ibérica. El trabajo que ha hecho esta institución es realmente meritorio. Quisiera hoy dar fe de la bondad y magnitud de este trabajo y del esfuerzo de todas las personas que lo han ejecutado sin ánimo de lucro y que merecen que su labor sea recompensada con el éxito.

Quisiera reconocer, lo hice también el día de la interpelación, el esfuerzo y el planteamiento del ministro señor Blanco, que ha impulsado un cambio de óptica en la política con relación a este eje. Esta una cuestión positiva y mi grupo ya lo ha expresado. Lo ha expresado el presidente de la Generalitat, puesto que en la presentación que se hizo del corredor en Barcelona el presidente de la Generalitat y también el presidente de Murcia, por cierto, dieron buena cuenta de lo que se había presentado. En cualquier caso, estamos en un proceso que tiene un enfoque bastante positivo, pero con algunas lagunas, de ahí la presentación de nuestra interpelación y moción. Hace pocos días aparecían unos mapas donde el corredor del Mediterráneo pasaba por una serie de localidades fantásticas -no seré yo quien ponga en cuestión que Córdoba es una ciudad maravillosa- como Manzanares, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, ciudades manchegas y fantásticas, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, un gran polo logístico, pero me parece modestamente, según mis conocimientos de geografía peninsular, que no están en el Mediterráneo. Parece ser que hubo alguna propuesta en el sentido de que el corredor


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del Mediterráneo no transcurriera por el Mediterráneo más que cuando se acercara a la ciudad de Tarragona. Desde un punto de vista estrictamente catalán, alguien nos puede decir: ¿y a vosotros qué os importa? Pero creo que el sentido del corredor del Mediterráneo es que pase razonablemente paralelo al Mediterráneo, desde Algeciras y por las provincias de Málaga, Granada, Almería, Región de Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona y la frontera. Esto es lo que hemos intentado plantear. Para que no haya duda de esta voluntad, de esta vocación mediterránea del corredor del Mediterráneo, hemos querido presentar una interpelación muy simple en la que se dice textualmente en el primer punto lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar de forma inequívoca la inclusión de la totalidad del corredor del Mediterráneo en la Red transeuropea del transporte, desde Algeciras hasta la frontera francesa, pasando por Almería, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. Hay un segundo punto de obras inmediatas. Este es básicamente el sentido de nuestra moción. No es una moción contra nadie, sabemos que hay otros corredores que forman parte ya de esta red y no objetamos lo más mínimo en relación con ellos. Lo que nos preocupa como titulares de esta interpelación y la consiguiente moción es el corredor del Mediterráneo.

Hemos visto que hay dos enmiendas, una del Grupo Socialista que respeta básicamente esta primera parte, aunque hay una corrección técnica que acota el paso por ciertas provincias, cuestión en la que no tenemos ningún inconveniente. En el segundo epígrafe, en el que se demanda que se dé prisa el Gobierno, como es natural el Grupo Socialista dice: No tanta prisa. Bueno, de acuerdo, la cuestión importante hoy aquí es el apartado primero. Por tanto, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista en los términos iniciales o la corrección técnica que, por otra parte, nos parece muy oportuna desde el punto de vista geográfico.

Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que personalmente me parece muy coherente, que dice: Además del corredor del Mediterráneo tengan en cuenta otros corredores, que se apoye igualmente el mantenimiento de proyectos prioritarios que afectan a España y que son los 3, 8, 16 y 19. No tenemos absolutamente nada en contra de estos corredores, pero pedimos al Grupo Popular que entiendan que hoy, señores, es la fiesta del Mediterráneo, hoy tenemos que hablar del Mediterráneo. No podemos admitir que cuando hablemos del Mediterráneo hablemos de otras cuestiones, respetables y que, a lo mejor, podemos compartir, pero que nos parece que nos distraerían de aquello que el Parlamento debe decir a las instituciones europeas que es que el corredor del Mediterráneo debe ser, señoras y señores diputados, nada menos que el corredor del Mediterráneo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Macias.

A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado don Andrés Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, es cierto que estamos ante un asunto importante, de interés para toda España: las infraestructuras y la incorporación del corredor del Mediterráneo a la nuevamente denominada Red básica transeuropea de transportes, según la definición que viene defendiendo el Grupo Popular, desde Algeciras hasta la frontera francesa conectando los puertos de interés general del Mediterráneo. Evidentemente, es importante que el Congreso mantenga una unánime, clara, definida y sólida posición sobre la incorporación de este corredor en la Red transeuropea de transportes, la denominada red básica. También es verdad que en esta moción pedimos el apoyo al Gobierno en el peor momento del Gobierno. Estamos ante un gobierno que está dando sus últimas boqueadas y fundamentalmente ante un gobierno que ha dejado ya mucho que desear en su gestión gubernamental. Estamos ante un gobierno acabado y sin ningún predicamento en la Unión Europea. Por tanto, la labor que tenemos hoy en el Congreso en esta última sesión de la legislatura es una tarea doble. Por un lado tenemos que exigir al Gobierno y darle impulso y fuerzas para que, hasta el límite de sus posibilidades, defienda con contundencia los intereses de España el próximo mes ante la definición de esta red básica y ante los debates que se van a generar en Europa y, por otro lado, la obligación del Congreso es transmitir la idea de que el corredor del Mediterráneo y el resto de proyectos prioritarios son básicos para España pero también son básicos para Europa, que es algo que se nos olvida de vez en cuando. Porque estamos hablando de incorporar una masa crítica al tráfico económico europeo con la puesta en marcha de este corredor que supone una apuesta de primera magnitud que va a dar un salto cualitativo en el transporte de mercancías en Europa. Esa es la idea que hay que transmitir desde el Congreso de los Diputados para que en Europa se sepa bien claro que en España contamos con Europa y que creemos que se incide directamente en la finalidad de la vertebración y la cohesión europea con la incorporación del corredor del Mediterráneo. Eso es lo que hay que transmitir y no hay que dejar flaquear al Gobierno. El otro día el ministro ya advirtió que, a continuación de las decisiones de octubre, hay todo un año para poder seguir luchando en relación con la red prioritaria, con la red básica. No; lo que no se diga el 19 o el 20 de octubre por parte del comisario será muy difícil incorporarlo luego. Por tanto, hay que hacer un llamamiento al Gobierno de que tiene que poner todo su interés, todo su impulso y toda su fuerza en defender la incorporación en la red básica del corredor mediterráneo.

Por otro lado -y es el fundamento de nuestra enmienda y no podemos darle la razón al grupo proponente- creemos que la incorporación del corredor mediterráneo es absolutamente compatible con el mantenimiento de los proyectos prioritarios que ya estaban definidos en el año 2003, concretamente los proyectos 3,


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8, 16 y 19, por una razón básica, señores diputados, que debemos tener clara. En primer lugar, que tuvieron su plena justificación de incorporación en el año 2003, incorporación y justificación que no han perdido ningún sentido; es más, ha sido desaprovechar algunos fondos europeos lo que ha permitido que esas obras no estén más avanzadas. Y, en segundo lugar, que nadie parece reconocer la intercomplementariedad que existe entre esos corredores. Concretamente el corredor 16 se apoya en las posibilidades que le dan el 3 y el 8, y el corredor del Mediterráneo comparte gran parte de su extensión con el proyecto prioritario 19. Por ello, entendíamos totalmente ajustado, primero, la petición contundente de la incorporación del corredor mediterráneo a la red básica y, segundo, el mantenimiento de los que ya están incorporados. Nos parecía tan sencillo como eso y no terminamos de entender la postura del grupo proponente. No obstante, como tenemos sentido de Estado, como tenemos sentido de España y como queremos vertebrar nuestro país apoyaremos la moción de Convergència i Unió.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Ayala.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra don Román Ruiz.

El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, cuando hablamos del corredor mediterráneo estamos hablando de una apuesta ambiciosa por la intermodalidad y de una oportunidad para posicionar a nuestro país en una de las principales plataformas logísticas intercontinentales de Europa. Estamos hablando de competitividad; de contribuir a un cambio de modelo productivo y de reducción de costes en el transporte; de cohesión social y territorial, y de contribuir también a la sostenibilidad medioambiental en nuestro sistema de transportes. Señorías, el corredor mediterráneo discurre por cuatro comunidades autónomas, Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, a lo largo de 1.300 kilómetros entre Algeciras y la frontera francesa, sobre la que se articula un sistema viario de desarrollo consolidado, un sistema ferroviario en plena transformación, donde además se localizan la mayor parte de los principales puertos españoles, Algeciras, Cartagena, Valencia, Tarragona y Barcelona, junto con otros de menor tamaño. Estamos hablando también del 40 por ciento de la población española, del 50 por ciento del PIB nacional, del 60 por ciento de las exportaciones y del 60 por ciento del turismo. Enlaza además cinco de las diez grandes áreas metropolitanas más importantes y de mayor número de población. Es por tanto, señorías, un eje estratégico, tanto para el transporte de viajeros como para el flujo de mercancías, con un gran potencial de desarrollo, y además de una incuestionable importancia económica y social, no solo para las comunidades por donde discurre, sino también para España y el conjunto de la Unión Europea. Hago mención a las potencialidades del corredor porque, señorías, se ha dicho en los últimos tiempos de forma clara que para formar parte de esta red básica transeuropea se tienen que cumplir una serie de requisitos, como son las conexiones con puertos, las conexiones con grandes ciudades, con un número importante y determinado. Es decir, se deberán cumplir, y me parece que ya se ha dicho, criterios objetivos para ser incluidos.

Esta moción nos da la oportunidad de reforzar la posición del Gobierno de España ante la Comisión Europea cuando se hagan públicas las redes básicas transeuropeas para el periodo 2012-2030. Y creo sinceramente que lo peor que nos podría pasar es que se debilitara nuestra posición de defensa de los intereses de España por falta de una posición común de todos los territorios y de las fuerzas políticas. Esta apuesta, señorías, por la intermodalidad, por la interconexión en un sistema de red mallada y transversal, es absolutamente compatible, señor Ayala, con otros corredores nacionales, como el corredor central o el corredor atlántico, pero hoy estamos hablando -y antes se ha dicho- del corredor mediterráneo. La apuesta por el corredor mediterráneo por parte del Gobierno ha sido clara, contundente, no da lugar a dudas, como demuestran las cifras de inversiones realizadas en los últimos años: 8.100 millones de euros en estos años y 1.700 en el actual año 2011. Que nadie se lleve a engaño, señorías, más del 90 por ciento del coste de inversión que se tendrá que realizar en nuestros corredores para que se incluyan en la red básica se tendrá que hacer con la voluntad política y la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado por parte de este Parlamento porque, antes lo comentamos, apenas un 8 o un 10 por ciento corresponderá al presupuesto de la Unión Europea.

Nosotros, los diputados socialistas, del Grupo Parlamentario Socialista, señor Macias, y entre ellos los del PSC, hemos venido apostando por el corredor mediterráneo de una forma clara e inequívoca aprobando año tras año las partidas de inversiones correspondientes a este corredor a través de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que otras fuerzas como la suya -y lo tengo que decir aquí, porque a veces se acusa al Grupo Socialista de no apoyarlo- han votado sistemáticamente en contra de los presupuestos que hacían posible dicha obra. Quiero también remarcar algo que por reiterativo no me parece menos oportuno, lo manifestó el ministro de Fomento en la interpelación del miércoles pasado. Los criterios de definición de las redes transeuropeas se han de convertir después en reglamento, es decir, en directivas europeas y, por tanto, se tendrán que desarrollar y adaptar en los respectivos países.

Por tanto, señor Macias, la moción que hoy debatimos es oportuna en tanto que supone un refuerzo de las posiciones del Gobierno en la negociación con la Unión Europea, posición que el Gobierno ya ha venido manteniendo y trabajando desde el año 2009 a favor del corredor mediterráneo como un eje transversal de transporte y de viajeros de alta velocidad que romperá la radialidad de la red existente, convirtiéndola en una red mallada y transversal -como he dicho antes- compatible


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con otros corredores nacionales. El ministro de Fomento lo dejó absolutamente claro al definir el corredor mediterráneo como un corredor irrenunciable, ya que es una infraestructura necesaria para tirar adelante la red europea del transporte que -vuelvo a repetir- promueve el mallado en red.

Finalmente, quiero remarcar el acuerdo al que hemos llegado con el Grupo de Convergència, de apoyo inequívoco a la inclusión de la totalidad del corredor mediterráneo y también para seguir ejecutando las obras de conexiones necesarias pendientes de ejecución. Hemos incluido también, para dejarlo claro, desde Algeciras, desde las provincias de Málaga y Granada a Almería y las comunidades autónomas de Murcia, de Valencia y de Cataluña.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Ruiz.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la diputada Nuria Buenaventura.

La señora BUENAVENTURA I PUIG: Muchas gracias, presidente.

Señorías, solo intervengo para decir que evidentemente nuestro grupo apoya la moción y la transacción que ha hecho el grupo proponente con el Partido Socialista. Estamos de acuerdo y además es necesario que haya unanimidad por parte del Congreso de los Diputados en el apoyo al Gobierno en las negociaciones con Europa para conseguir el corredor mediterráneo, que ya se ha explicado la importancia que tiene. Y además en coherencia con la resolución que se aprobó en el último debate sobre el estado de la Nación, donde habíamos aprobado que impulsábamos el corredor mediterráneo y concretamente los tramos con mayor retraso en la planificación, incluyendo los estudios de nuevo trazado entre Almería y Algeciras.

Por tanto, de la misma manera que apoyamos la resolución en el debate sobre el estado de la Nación hace ahora dos meses, apoyaremos esta moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Buenaventura. Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Ridao.

El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo parlamentario en su conjunto, Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa, va a dar apoyo a esta oportuna moción presentada por el señor Macias, de Convergència i Unió.

El presidente del Gobierno dijo en 2004, en aquel célebre debate de investidura, que se comprometía a dar apoyo al corredor del Mediterráneo señalando que era fundamental -cito textualmente- y que por tanto en un escenario de colaboración y cooperación con el Gobierno de Cataluña iba a darle un impulso decidido. Aquel compromiso vino precedido -quiero recordarlo- de una decisión muy discutible tomada en 2003 por parte de un Gobierno del Partido Popular, que situó el corredor central entre las prioridades de la red transeuropea del transporte, marginando el corredor mediterráneo. Ahora, el próximo 19 de octubre la Comisión Europea tiene que decidir finalmente sobre esta cuestión, y lo hará en un contexto no solo histórico sino además crítico porque la vieja Europa, exhausta, no tiene dinero como para subvencionarlo absolutamente todo. Y este es el quid de la cuestión, señorías, porque si se impone una solución salomónica del tipo: todos los corredores son compatibles, evidentemente vamos a asistir a un nuevo fracaso del sentido común y de la sensatez. Digo esto porque hasta hace muy poco el ministro de Fomento sostenía la importancia y la prioridad del eje mediterráneo y desde hace muy poco, supongo que porque hay elecciones pronto, con la voluntad de no disgustar a nadie vuelve a defender hasta cinco corredores del Estado. Y eso, señorías, es una auténtica aberración desde el punto de vista económico, medioambiental y de la rentabilidad. Seguramente eso evitará algunos agravios territoriales en puertas de unas elecciones, pero, señoría, eso no es gobernar, porque gobernar es decidir, y decidir es siempre intentar hacer lo que es mejor sin miedo al qué dirán.

¿Y por qué, señorías, es necesario y prioritario el eje mediterráneo? Salta a la vista, porque el eje mediterráneo, que va desde Algeciras hasta la frontera, pasando por Andalucía, por Murcia, País Valenciano y Cataluña hasta Hamburgo, Estocolmo y San Petersburgo, a su paso por el Estado español supone el 40 por ciento de la población y del PIB estatal, el 50 por ciento de la producción agrícola, el 55 por ciento de la producción industrial, el 60 por ciento de las exportaciones y el turismo y el 65 por ciento del tráfico marítimo. Por tanto, se trata de una gran plataforma logística intercontinental, puesto que además es la única que recibe todo un frente portuario incardinado en los mercados globales. Esa es la razón por la cual el corredor mediterráneo es absolutamente imbatible, señorías. Es la mejor manera de intentar remontar nuestra maltrecha economía en este momento. Ahora solo falta que el Gobierno y el Partido Popular dejen de lado la ambigüedad, el cálculo partidista y electoralista, el modelo radial y centralista de kilómetro cero y que apuesten de forma decidida por este eje mediterráneo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Ridao.

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.

El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo en nada se opone al texto de la moción presentada por Convergència i Unió como consecuencia de la interpelación que mantuvo la pasada


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semana, ni tampoco al texto que al parecer se someterá a votación si finalmente, como parece, Convergència i Unió acepta la transacción propuesta por el Grupo Socialista. Que el Corredor mediterráneo figure como tal entre las redes transeuropeas que la Comisión va a terminar de definir próximamente para el periodo 2012-2030 es algo que mi grupo, el Grupo Vasco, ha defendido y puedo asegurar que defenderá siempre, sin vacilación, sin excepciones, sin abstenciones; siempre, positivamente. Lo hacemos en virtud de una concepción que hemos explicado en repetidas ocasiones en esta Cámara, pero que quiero resumir en los siguientes puntos. Las conexiones viarias y ferroviarias de la Península, de toda ella, en su totalidad, con la Europa ultrapirenaica, se han venido desarrollando y hay que seguir haciéndolo básicamente a través de dos corredores establecidos a uno y otro lado de los Pirineos: el mediterráneo y el atlántico. Es en torno a esos dos ejes o corredores transeuropeos como deberemos articular básicamente el sistema de transporte peninsular en su proyección europea, de forma que no entenderíamos que pudiera hablarse desde la Comisión Europea ni desde ninguna instancia, siempre que se haga desde la responsabilidad y la coherencia, de ejes transeuropeos para el año 2012-2030 sin el reconocimiento expreso de uno y otro corredor, el mediterráneo y el atlántico, el atlántico y el mediterráneo. Por supuesto, nada tenemos que objetar, muy al contrario, a que a estos dos ejes básicos se les añadan otros proyectos, como el que estos mismos días ha dejado caer el propio ministro de Fomento: el de la conexión de estos dos corredores transpirenaicos con otro corredor, en este caso en el lado peninsular de los Pirineos, porque nos parece excelente. Y otros, si fuera el caso.

Mi grupo entiende que esto es lo sustancial y que es algo en lo que debiéramos coincidir todos y todas, porque es eso lo que se juega en Europa próximamente; no se juega a otras cosas, se juega a eso. Ya hemos cometido excesivos despistes en la historia como para que podamos cometer uno nuevo. Cómo ya más en detalle se conforme el conjunto del sistema multimodal del transporte del Estado y de la Península en su conjunto a este lado de los Pirineos es algo que el Grupo Vasco entiende, con todos los respetos, muy importante, pero ahora no tan urgente. Ahora la urgencia está en lo que está, en lo que en Europa se va a decidir al respecto. Mi grupo nada tiene contra la concepción que al respecto se quiera mantener sobre el corredor mediterráneo o, en su caso, sobre el corredor atlántico. Solo diremos que cuantos más consensos, mejor. El mayor de los consensos es lo que hay que buscar tanto en un lado como en otro, y a nuestro juicio eso requiere tiempo, requiere reflexiones y requiere actitudes abiertas por parte de todo el mundo. Somos conscientes de que esos consensos en el día a día no son fáciles. No siempre coinciden, sobre todo cuando se opera en el corto plazo y en la urgencia, los intereses políticos de todo el mundo, y eso es perfectamente comprensible, pero no debiera hacernos olvidar lo esencial, y lo esencial es: no más despistes en Europa al respecto; no más despistes que nos traigan luego tantas malas articulaciones como en el Estado hemos hecho justamente por no tener claros los proyectos transeuropeos en los que queremos integrarnos. No tener un despiste más significa definir y hacer definir con claridad los ejes propiamente transeuropeos. La planificación interna del transporte en el conjunto de la Península y específicamente en el Estado español debe hacerse en relación con esos ejes transeuropeos, y tal planificación debe hacerse tomando en consideración el conjunto de los modos de transporte, debe hacerse integrando todas las modalidades, viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias, por cierto, sin olvidar los transportes 2.0, que se dice.

Termino porque el tiempo se me ha acabado. Esta posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que me ha tocado defender en estos años será con seguridad la posición defendida en el futuro, de forma que no sé si hoy es la fiesta del Mediterráneo pero en Europa debiéramos celebrar la fiesta de todos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Beloki.

Señor Macias, ¿entiende esta Presidencia que en los términos del debate acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista? (Asentimiento.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA PALIAR EL GRAVE EFECTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LAS PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000236.)

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Pasamos al siguiente punto del orden del día, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para paliar el grave efecto de la crisis económica en las pymes y autónomos. Para la defensa de la misma tiene la palabra el diputado don Ramón Aguirre.

El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, corresponde en este turno defender la moción consecuencia de interpelación relativa a la situación por la que atraviesan los autónomos y las pymes españolas. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Hemos pasado prácticamente la mitad de toda la legislatura que está a punto de finalizar negando la existencia de la crisis económica. Incluso yo diría que ha habido una inútil necesidad de ir anunciando unos meses sí y otros también la presencia de una recuperación económica, aquellos famosos brotes que nunca surgieron ni verdes, ni azules, ni amarillos. Y también hemos perdido parte de esta legislatura haciendo un daño irreparable al tejido empresarial español por el reconocimiento tardío de la verdadera situación económica y financiera de nuestro tejido empresarial. Al final, prácticamente anteayer, hemos tenido que aceptar la


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imposición de las soluciones venidas desde Europa, una vez que hemos tenido que soportar una serie de soluciones absolutamente erróneas del Gobierno, como han sido el impulso permanente para más gasto y más deuda y al final tener que corregir tarde y mal, y además a la fuerza, haciendo unas rectificaciones que incluso están aplicadas a medias tintas. Y hoy, cuando todo eso ha sucedido en esta legislatura, la crisis económica permanece y nos hace señales de que algo se está agravando nuevamente. No solo permanecemos instalados en una crisis de crecimiento económico, sino que en los últimos trimestres, y según se deduce de la información proporcionada por el mismo Banco de España y por el mismo Gobierno, reaparecen los signos, los indicadores de la desaceleración en un marco de estancamiento. En ese cuadro lógicamente tenemos en los próximos meses un horizonte de destrucción de empleo y de destrucción de tejido empresarial.

Por todas estas razones nos pareció en su momento oportuno volver a la carga con una propuesta de medidas para intentar ayudar claramente al tejido empresarial que más está sufriendo en esta crisis económica, me estoy refiriendo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, que, como saben sus señorías, representan el 80 por ciento de la generación de empleo en esta economía nuestra. Hay que reconocer que cuando hemos leído los últimos informes de las cámaras de comercio o de la propia Asociación de Autónomos nos quedamos prácticamente petrificados al comprobar que en esta legislatura se han destruido ni más ni menos que 160.000 empresas y han desaparecido ni más ni menos que algo más de 133.000 autónomos. Por lo tanto, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas están a la fecha de hoy acorralados, inmovilizados por la baja actividad económica, por una falta de riego financiero -del crédito-, por una elevada morosidad de las administraciones públicas y por un marco fiscal claramente hostil. Por eso caminamos de una manera decidida hacia el 22 por ciento de paro y hacia los 5 millones de parados. A fecha de hoy, mi grupo considera que el Gobierno está incapacitado para poner bajo control esta situación extrema de los autónomos y de las pymes, que son y están siendo las verdaderas víctimas de la destrucción del tejido empresarial.

Por ello, hoy presentamos una moción que tiene quince medidas divididas entre medidas administrativas, medidas de carácter fiscal y medidas financieras; quince medidas de las que nos gustaría resaltar, lógicamente en el campo administrativo, la intención de mi grupo de buscar la armonización de las normas de creación de empleo entre las diferentes comunidades autónomas y, por qué no decirlo, de ir haciendo una reflexión en la búsqueda de un mercado único interior. Quince medidas que tienen su columna vertebral en las medidas fiscales: para introducir modificaciones en las figuras tributarias del IVA, en la figura tributaria del impuesto sobre sociedades y en el IRPF. En el IVA para volver a traer el debate de que sería justo que el IVA se devengara en el momento en que se hubiera hecho efectivamente el pago de la factura. En el impuesto de sociedades para introducir modificaciones, todas ellas dirigidas a la microempresa: para que puedan tener deducciones, para que puedan tener situaciones especiales, para poder crear empleo en cada una de ellas, para poder contratar su primer trabajador, para poder justificar aquellos gastos de difícil justificación. Y medidas en el IRPF para que se puedan deducir los gastos que se destinen a la formación profesional de los autónomos.

Por último, una medida que consideramos muy importante es la medida de la compensación de las deudas tributarias pendientes con la Administración cuando existen al mismo tiempo abonos pendientes por parte de la Administración pública a los empresarios. Es decir, la famosa cuenta corriente entre lo que se debe al sistema tributario y lo que deben las administraciones públicas al tejido empresarial.

Quiero agradecer que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió haya presentado una enmienda, pero también tengo que decirle que no podemos compartir su contenido porque precisamente va dirigida a dos de los principales ejes: nosotros sí creemos en ir avanzando hacia la unidad de mercado y nosotros creemos que las deudas que tiene la Administración pública están principalmente resididas en los municipios y en las comunidades autónomas. La Administración central cumple con dificultad, pero cumple, la Ley de Morosidad y los plazos que en ella están establecidos; por el contrario, el mundo municipal y el mundo autonómico incumplen de largo, y de muy largo, esa norma de la Ley de Morosidad. Por lo tanto, no entendemos cómo el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere reducir la cuenta corriente tributaria de las empresas al ámbito de la Administración central cuando no es la Administración central la que genera esa deuda con el sector y el tejido empresarial español.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Aguirre.

El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Por todas estas razones, señores de la mayoría, les volvemos a presentar quince...

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Aguirre, por favor, ha acabado su tiempo.

El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Voy terminando, señora presidenta.

Decía que por todas estas razones les presentamos quince medidas que creemos son de sentido común, que parece mentira que no hayan querido poner en práctica en toda esta legislatura y que las está reclamando precisamente la situación del autónomo y de las pymes. Y en este final de legislatura, lo hacemos desde la búsqueda no de la confrontación sino de volver a señalar un camino que es bueno para fortalecer el sector empresarial español y que es absolutamente necesario para construir empleo en la España de los 5 millones de parados.

Muchas gracias. (Aplausos.)


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Aguirre.

Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, la crisis continúa siendo aguda y continúa afectando a una parte muy importante de nuestro tejido productivo, aquella parte formada por las pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores, y es una crisis que desincentiva el espíritu y la actividad emprendedora que cuenta con entornos adversos y pocas facilidades de inicio. Entendemos que el espíritu y el contenido de la moción presentada por el Partido Popular responde a esta crítica situación económica y a la necesidad de medidas concretas de reactivación de nuestra economía y de apoyo a la parte más débil del sistema en esta crisis, a la vez la parte vertebradora de nuestra estructura económica.

Es cierto que podríamos abrir una vez más un debate sobre la situación económica y sobre las medidas que deberían haberse tomado a favor de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos y de los emprendedores, medidas que nuestro grupo ha presentado y ha defendido reiteradamente a lo largo de esta legislatura y que el Gobierno no siempre ha escuchado ni ha tomado en consideración muchas de ellas. Nos referimos, señorías, a pymes, autónomos, emprendedores, a quienes más ha impactado la crisis y la falta de crédito y el acceso a la financiación, que ha condicionado no solo su crecimiento sino en muchos casos su viabilidad. En esta legislatura, señorías, no se ha facilitado suficientemente, como la misma coyuntura demandaba, la actividad de las pymes, autónomos y emprendedores. La fiscalidad no ha sido un instrumento al servicio de la reactivación económica, y la financiación ha sido la gran barrera al crecimiento y a la continuidad de gran parte de las actividades económicas. Compartimos, señorías, los tres ejes de la moción: simplificación administrativa, fiscalidad y financiación, que deberían permitir, facilitar y estimular la actividad económica de pymes y autónomos, pero no compartimos la referencia a la unidad de mercado que se hace en el texto de la moción. En este sentido, señorías, su visión no es la nuestra y sobre todo existen unas competencias autonómicas que deben ser respetadas. Por ello, hemos presentado una enmienda que pretende eliminar dicha referencia a la unidad de mercado, a la que se refiere la moción en su punto a); y en segundo lugar también y en el marco de la fiscalidad, compartiendo la propuesta de establecer un procedimiento que permita la compensación de deudas tributarias pendientes de pago por pymes y autónomos, con deudas reconocidas y pendientes de cobro por cualquier concepto, proponemos que estas se refieran únicamente a las procedentes de la Administración General del Estado.

Señorías, defendemos, como no puede ser de otra manera, el respeto del marco competencial en materia de las comunidades autónomas, y es en esa dirección en la que hemos incorporado nuestra enmienda. Como decía, señorías, compartimos los tres ejes de la moción; en primer lugar, una mayor simplificación administrativa, eliminando burocracia, cargas administrativas, facilitando la interlocución con la administración y sobre todo facilitando la creación de empresas, como factor imprescindible al servicio de la reactivación y el impulso de nuevas actividades, sin olvidar la también necesaria racionalización de los instrumentos financieros de manera que estén realmente al servicio del emprendedor. En segundo lugar, una fiscalidad como instrumento de competitividad al servicio de pequeñas y medianas empresas y de la actividad de autónomos, que ha sido siempre una de nuestras más firmes reclamaciones, especialmente a través del impuesto de sociedades. Y por último, unos instrumentos de financiación eficaces.

Las actuales restricciones al crédito, que como decía antes han supuesto un freno al crecimiento y han condicionado la viabilidad de una gran parte de las actividades económicas y productivas, han de ser resueltas. Las líneas ICO -en concreto la línea ICO Directo, orientada a pymes y autónomos- que se han ido activando en estos años no han sido lo eficaces que el sistema requería; han fallado otras medidas y el crédito no ha fluido hacia la economía productiva ni tampoco han estimulado otros instrumentos como los business angels, el MAB o, en menor medida, el capital riesgo. Cabe, señorías, romper las rigideces del sistema que constituyen frenos al crecimiento y a la competitividad, y cabe establecer mecanismos de estímulo a la figura del emprendedor, facilitar la actividad emprendedora abierta, moderna e innovadora, especialmente en la coyuntura actual para jóvenes con ideas, proyectos solventes y convicción, y como salida también para muchos de quienes lamentablemente han perdido su trabajo... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.

La señora RIERA REÑÉ: ... y pueden encontrar, señorías, una oportunidad de reincorporación al mercado laboral a través de la puesta en marcha de su propio proyecto empresarial.

Señorías -termino, señora presidenta-, el paro continúa siendo hoy nuestra mayor ocupación y preocupación, y es la actividad económica la que genera ocupación a través de las simplificaciones administrativas y de una fiscalidad y una financiación como ejes de soporte a dicha actividad. Esperamos, señorías, que al final el Partido Popular -no obstante, las palabras del portavoz del mismo- acepte nuestra enmienda en los términos comentados y así nuestro grupo pueda votar favorablemente esta moción que comparte en gran parte de sus contenidos. No termino sin decir, en relación con la propuesta del Partido Popular, que proponer una ley de apoyo a los emprendedores es importante, pero lo más importante -más que el instrumento que se utilice- son las medidas que se aprueben a favor de las pymes, a favor de los autónomos y a favor de la actividad emprendedora.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Riera.

Para fijar la posición del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Ríos.

El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la moción que presenta el Partido Popular sobre medidas que querría plasmar en una futura ley de emprendedores constituye más un catálogo de buenas intenciones que una propuesta realista de incentivos a las pequeñas y medianas empresas. Aunque creemos acertada su orientación general tendente a reducir las cargas fiscales de las pymes, no comulgamos con algunas medidas que son sencillamente impracticables, atendiendo a la configuración constitucional del reparto de poderes entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas.

De entre toda la variedad de medidas nos llama especialmente la atención la referida al logro de la unidad de mercado, porque ello nos da pie a recordar lo que muchas veces se olvida en despachos ministeriales y también por lo que vemos en determinado grupo parlamentario. Antes y después de la Constitución los legisladores que nos precedieron acertaron a entender que la igualdad solo podía obtenerse tratando a los desiguales como tales, como desiguales. Por eso, desde hace mucho tiempo existen en España dos territorios aduaneros y fiscales diferenciados, admitidos por la Unión Europea en su derecho primario, ya que -no lo olviden- España se integró en la Unión Europea con dos modelos de adhesión. El acervo económico y fiscal canario no está por ahí por casualidad, gratuitamente. Por eso, no nos suena bien esa música de armonizaciones desde arriba. Téngase en cuenta además que para una empresa peninsular que quiera operar en Canarias le resultará más ventajoso acogerse a las condiciones fiscales de Canarias que no operar en el régimen común. Por eso, sería deseable que desde el Partido Popular precisaran la armonización que proponen y dejaran bien claro que no están pensando en suprimir las especificidades de Canarias. Señorías, resulta particularmente difícil de cumplir el planteamiento de compensar las deudas tributarias con la Administración del Estado con cualquier otro débito que tengan las empresas con el resto de administraciones. Ponemos en duda que si gobierna el Partido Popular en el futuro llegue a implantar esta medida y no solo por su dificultad técnica, sino porque resultaría terreno abonado para el fraude fiscal.

Por lo demás, las reducciones de fiscalidad que plantean para estimular las pymes nos parecen razonables. No estaría de más que cuantificaran cuál es el costo fiscal aproximado de ese conjunto de medidas, sobre todo pensando en que las cuentas del Estado no están para muchas alegrías.

En definitiva, señorías, aun cuando podemos estar de acuerdo en determinadas medidas,... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.

El señor RÍOS RULL: ... otras son propagandísticas o irrealizables o, lo que es peor, desconocen la realidad canaria. Por ello no nos vamos a sumar a esta moción.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ríos.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Estando a la alturas que estamos, prácticamente ya al final de esta legislatura y en precampaña electoral, comprenderán, señorías, comprenderá, señor Aguirre, que nosotros no nos vamos a convertir a la política económica del Partido Popular y tampoco a su política fiscal. Hubo un tiempo en la medicina, el tiempo del pensamiento mágico, en que a la enfermedad se respondía con rezos y sangrías. Me da la impresión de que el Partido Popular ha encontrado en el pensamiento mágico la forma de afrontar la crisis económica. Los rezos serían la unidad de mercado, un viejo prejuicio que, en mi opinión, tiene una escasa demostración en las propuestas que plantea, y por otra parte la sangría sería aquello de que al sangrado finalmente se le van los humores y se encuentra más ágil -en este caso sería la rebaja de los impuestos-, sangría que por otra lado sirve para la salud y para la enfermedad, porque en los periodos de crecimiento económico normalmente se plantean las rebajas fiscales para aumentar la inversión y con ello aumentar el crecimiento y, por otra parte, cuando llegamos al momento de crisis volvemos a las rebajas fiscales para salir de ella. Podríamos decir aquello del bálsamo de Fierabrás; ese bálsamo fiscal sirve para todo, para crecer cuando decrecemos y para crecer más cuando crecemos. Pero se decía con relación al bálsamo de Fierabrás que solamente curaba a los señores y perjudicaba al resto.

Eso es lo que plantea el Partido Popular con su política fiscal, beneficiar a un pequeño sector y perjudicar al resto, perjudicar a los desempleados, que en mi opinión son los principales afectados por la crisis, y también, en opinión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y de mi grupo parlamentario, a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que son los más afectados por la crisis. Aquí no hay un problema de fiscalidad con relación a la crisis económica -ese es un problema impostado-, como tampoco nuestro país tiene un problema de deuda. No tenemos un problema de deuda. Hay que reconocerles que le han dado la vuelta a la crisis acusando a la fiscalidad y a la deuda de ser los causantes de la crisis cuando nada tiene que ver con su origen. Lo que hay es un problema de demanda. Las empresas no pueden vender y por tanto tienen un grave problema para producir. Por otro lado, hay un problema de financiación que está vinculado directamente a la crisis de la banca, luego la salida no es fiscal, señorías, si acaso no es fiscal mediante las rebajas fiscales, sino que en nuestra opinión la salida es, en primer lugar, reactivar la economía


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europea, un plan de impulso de la economía como en tiempos fue el New Deal, para superar el momento más duro de la crisis y no caer en la recesión o en la depresión, como diría Paul Krugman. En segundo lugar, sería imprescindible abordar medidas para desapalancar la banca, para que la financiación llegue a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, y eso significa medidas de saneamiento que en nuestra opinión no se han abordado todavía, y apostar por una iniciativa pública en la banca que, por ejemplo, tenemos en el ICO, que tiene ficha bancaria y podría ser el embrión de nuestra banca pública, junto con alguna de las cajas que en este momento se rifan en el mercado financiero. En tercer lugar, no a la rebaja fiscal sino al reconocimiento de que de esta crisis solo se sale mediante un esfuerzo compartido y, por tanto, retrotraer la fiscalidad de nuestro país a antes de las contrarreformas fiscales del Partido Popular y del Partido Socialista. Si así lo hiciéramos, señorías, tendríamos más de 30.000 millones de euros, sin que fuera un sistema fiscal en absoluto expropiatorio, sino un sistema fiscal mínimamente progresivo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sánchez Pérez-Castejón.

El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en la intervención del señor Aguirre hemos visto un nuevo ejemplo de la actitud del Partido Popular y de su grupo parlamentario a lo largo de esta legislatura, la de desprestigiar no ya al Gobierno de España, sino también desprestigiar sistemáticamente a la situación económica española y además a sus posibilidades. Ustedes llevan tres años difamando a este Gobierno, a la situación económica española, a la posibilidad que tienen los españoles de remontar esta crisis económica y hoy, en las postrimerías del final de esta legislatura, lógicamente esta no iba a ser una excepción. Quiero entrar un poco en la letra de la moción, señor Aguirre, a la cual usted ha dedicado poco tiempo de su intervención para decirle que llegan tarde, que el camino que ustedes dijeron que había que señalar por parte del Gobierno es un camino que se ha señalado en reiteradas ocasiones por parte de este Gobierno en medidas que se han puesto en marcha, en medidas que han sido aprobadas por parte de este Gobierno, que están recogidas en su moción y que ustedes no votaron en el momento en el que fueron sometidas a votación en este Pleno. Por ejemplo, hablan ustedes de crear empresas de forma telemática en veinticuatro horas, pero obvian que el Gobierno de España ya incluye esa posibilidad en el Real Decreto 13/2010, que ustedes, por cierto, votaron en contra. Demandan simplificar también la Administración, y en eso podemos o no estar todos de acuerdo, pero el hecho cierto es que ustedes cuando tuvieron ocasión de votar a favor de la llamada Ley Ómnibus, que entre otras cuestiones lo que hacía era reducir las trabas administrativas, señor Aguirre, votaron en contra. Hablan de los autónomos y del IVA, pero se olvidan de que ya en el año 2008 este Gobierno y también la mayoría parlamentaria generalizó la devolución mensual del IVA a todas las empresas con su voto en contra. Exigen también acabar con las duplicidades entre administraciones, y en eso podemos estar todos de acuerdo, señor Aguirre, pero lo que no me puede negar es que no se pueden reducir duplicidades creando nuevos consejos como el consejo interterritorial de unidad de mercado que ustedes incluyen en su moción y que, en consecuencia, lo que haría sería entrar en colisión en cuanto a las funciones con la Comisión Nacional de la Competencia. Hablan de rebajar los módulos a autónomos y el impuesto, el tipo de sociedades a las pequeñas y medianas empresas, pero cuando tuvieron ustedes ocasión de votar a favor de esas rebajas, porque las ha hecho este Gobierno y las ha apoyado el Grupo Parlamentario Socialista en los Presupuestos Generales del Estado de 2009 y de 2010, ustedes votaron en contra. Hablan también de ampliar el concepto de empresa de reducida dimensión, elevando tanto la base imponible como el volumen de facturación. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor.

El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Señor Aguirre, ustedes llegan tarde porque esto ya es algo que ha sido aprobado por el Gobierno de España y también refrendado por esta Cámara y por su mayoría en ese Real Decreto 13/2010 que, entre otras cuestiones, señorías, elevaba la base imponible de estas empresas a 300.000 euros y el volumen de facturación a 10 millones de euros. Usted dirá que no, señor Aguirre, pero es cierto, léase usted el Boletín Oficial del Estado y también el "Diario de Sesiones" de esta Cámara. Por tanto, señor Aguirre, su propuesta de emprendedores hace aguas o por utilizar la jerga de su líder de la oposición, señor Rajoy, es un monumental fracaso y también monumental incoherencia entre lo que ustedes dicen aquí en esta tribuna y lo que luego votan desde su escaño, que es siempre en contra del interés de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No es la primera vez, señorías, que utilizan este tono para pontificar y demostrar una supuesta preocupación por los trabajadores autónomos y también por las pequeñas y medianas empresas. En muchas ocasiones cuando les escucho lo que intento hacer es mirar a los gobiernos autonómicos, a las regiones que históricamente van gobernando. Cuando uno ve los datos de distintas comunidades autónomas durante estos últimos tres años resulta que las comunidades autónomas que han encabezado la destrucción de pequeña y mediana empresa o también de trabajadores autónomos son comunidades gobernadas históricamente por el Partido Popular. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Valencia, me estoy refiriendo, también a la Comunidad murciana. Le voy a dar este dato, señor Aguirre. En Valencia, en tres años, se han destruido 42.374 autónomos


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y se han dejado de crear 20.000 nuevas pequeñas y medianas empresas. Así que lecciones, señor Aguirre, señorías del Partido Popular, sobre autónomos y su compromiso con las pequeñas y medianas empresas, ninguna, porque ni cuando estuvieron en el Gobierno ni allí donde gobiernan, se preocupan por este colectivo.

Señorías, vamos a votar en contra de esta moción y vamos a reivindicar el papel que este Gobierno ha tenido en la defensa y en la promoción de los pequeños y medianos empresarios y de los trabajadores autónomos, sobre todo en esta legislatura que ha sido muy difícil para ellos en términos económicos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Pedro Sánchez.

Señor Aguirre, ¿acepta su señoría alguna enmienda para la votación?

El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

No aceptamos ninguna de las dos enmiendas presentadas.

El señor PRESIDENTE: Se votará en los términos de la moción del Grupo Parlamentario Popular.

Votaremos dentro de cinco minutos. (Pausa.)

Señorías, tomen asiento, por favor. Vamos a iniciar las votaciones.

De acuerdo con el anuncio que esta misma tarde les hecho y el Pleno ha aprobado, mañana, después de la sesión de control, se van a examinar los proyectos de ley siguientes procedentes del Senado: en primer lugar, el de la jurisdicción Social; en segundo lugar, la el proyecto de ley general de la salud pública; en tercer lugar, medidas de agilización procesal y de reforma del artículo 35 de la Ley 53/2002 y, por último, el proyecto de ley sobre titularidad compartida de explotaciones agrarias. Sin embargo, mañana -será la excepción en toda la legislatura- examinaremos y debatiremos los proyectos de ley anunciados pero no se someterán a votación porque esta tendrá lugar el próximo jueves.

Cierren las puertas, por favor.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 122/000282.)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), de modificación del texto articulado de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 26; en contra, 313; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS Y MIXTO, DE REFORMAS URGENTES EN MATERIA TRIBUTARIA. (Número de expediente 122/000227.)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto, de reformas urgentes en materia tributaria.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, nueve; en contra, 325; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS EUROBONOS COMO INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN. (Número de expediente 162/000902.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la entrada en vigor de los eurobonos como instrumento de financiación. Se vota sin enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 191; abstenciones, 149.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA AL REAL DECRETO 365/2010, DE 26 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA LA ASIGNACIÓN DE LOS MÚLTIPLES DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE TRAS EL CESE DE LAS EMISIONES EN TELEVISIÓN TERRESTRE CON


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TECNOLOGÍA ANALÓGICA. (Número de expediente 162/000856.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Vasco, PNV, relativa al Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones en televisión terrestre con tecnología analógica. Se vota sin enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 28; en contra, 167; abstenciones, 145.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RÍOS), SOBRE DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DEL DIQUE DE SAN ANDRÉS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE. (Número de expediente 173/000234.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto, del señor Ríos, sobre declaración de interés general de las obras de reparación del dique de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife. Se ha presentado una transaccional con la enmienda del Grupo Socialista. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? ¿Señor Llamazares, se opone? (Denegación.) No. En los términos de la transaccional presentada comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 340.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE IMPULSAR DE FORMA PRIORITARIA EL CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO. (Número de expediente 173/000235.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de impulsar de forma prioritaria el corredor mediterráneo. Se ha presentado un escrito con la pretensión de que sea admitido como corrección de errores, pero no puede ser admitido como corrección de errores porque a juicio de la Presidencia es de contenido. Por tanto, ¿algún grupo se opone a que se tramite esta corrección de errores presentada como un texto de enmienda transaccional? (Denegaciones.) Nadie se opone. Luego con la corrección de errores y en los términos de la transaccional así efectuada a la enmienda socialista comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 335; en contra, dos; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA PALIAR EL GRAVE EFECTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LAS PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000236.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para paliar el grave efecto de la crisis económica en pymes y autónomos. Se vota en los términos de la moción.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 146; en contra, 178; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la última moción de la legislatura.

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y cinco minutos de la noche.

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