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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 237, de 31/03/2011
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2011 IX Legislatura Núm. 237
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 225
celebrada el jueves, 31 de marzo de 2011


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas (Continuación.) ... (Página 5)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para hacer frente al incremento del desempleo de larga duración en España. (Número de expediente 172/000248.) ... (Página 13)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para paliar la pérdida de bienestar de las familias españolas por los efectos de la crisis económica y el elevado nivel del desempleo. (Número de expediente 172/000252.) ... (Página 18)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la complejidad administrativa que conlleva el registro de productos fitosanitarios destinados a la agricultura. (Número de expediente 172/000253.) ... (Página 23)

Página 2


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas. (Continuación). ... (Página 5)

Del diputado don Aitor Esteban Bravo, en sustitución del diputado don Joseba Agirretxea Urresti del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Por qué motivo el Gobierno ha visto necesaria la nueva Ley de Pesca Sostenible? (Número de expediente 180/001438.) ... (Página 5)

Del diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad: ¿Considera la ministra de Igualdad que la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo es una norma que apuesta por la vida? (Número de expediente 180/001429.) ... (Página 6)

Del diputado don Joan Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula a la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad: ¿Cómo piensa el

Página

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los planes del Gobierno en torno al corredor ferroviario atlántico. (Número de expediente 172/000251.) ... (Página 27)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 99-1, de 15 de noviembre de 2010. (Número de expediente 121/000099.) ... (Página 32)

- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 100-1, de 19 de noviembre de 2010. (Número de expediente 121/000100.) ... (Página 34)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 84-1, de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 121/000084.) ... (Página 37)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley de adaptación normativa a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 103-1, de 17 de diciembre de 2010.
(Número de expediente 121/000103.) ... (Página 41)

Enmiendas del Senado (Votación.) ... (Página 46)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Votación.) ...
(Página 47)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votación.) ... (Página 47)

Página 3


Gobierno prohibir los anuncios de prostitución, siguiendo las recomendaciones del informe del Consejo de Estado que al respecto encargó el propio Ejecutivo? (Número de expediente 180/001436.) ... (Página 7)

De la diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad: ¿Cuál es la opinión de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad -y no la del ministro de la Presidencia- de la gestión llevada a cabo por la ex ministra de Igualdad? (Número de expediente 180/001446.) ... (Página 8)

Del diputado don Alberto Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad: ¿Cuáles son los objetivos del reciente acuerdo de colaboración suscrito por el Ministerio de Sanidad, el Consejo de Consumidores y la Fiscalía General del Estado? (Número de expediente 180/001452.) ... (Página 10)

Del diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento: ¿Piensa cumplir el ministro de Fomento con sus compromisos de inversión pública? (Número de expedien- te 180/001445.) ... (Página 11)

Del diputado don Miguel Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Puede aclarar si el Gobierno tiene la intención de que sean las comunidades autónomas las responsables de los inspectores de trabajo y seguridad social? (Número de expediente 180/001444.) ... (Página 12)

Interpelaciones urgentes. ... (Página 13)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para hacer frente al incremento del desempleo de larga duración en España ... (Página 3)

Contesta el señor ministro de Trabajo e Inmigra- ción (Gómez Sánchez), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Echániz Salgado y duplica el señor ministro de Trabajo e Inmigración.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para paliar la pérdida de bienestar de las familias españolas por los efectos de la crisis económica y el elevado nivel de desempleo ... (Página 18)

Formula interpelación la señora Méndez Monasterio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Contesta la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Iraola), en nombre del Gobierno.


Replica la señora Méndez Monasterio y duplica la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la complejidad administrativa que conlleva el registro de productos fitosanitarios destinados a la agricultura. ... (Página 23)

Formula la interpelación la señora Tarruella Tomàs, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Contesta la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Aguilar Rivero), en nombre del Gobierno.


Replica la señora Tarruella Tomàs y duplica la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.


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Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los planes del Gobierno en torno al corredor ferroviario atlántico. ... (Página 27)

Formula la interpelación el señor Beloki Guerra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Contesta el señor ministro de Fomento (Blanco López), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Beloki Guerra y duplica el señor ministro de Fomento.


Enmiendas del Senado ... (Página 32)

Proyecto de ley por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las comunidades europeas ... (Página 32)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Buenaventura Puig, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Mas i Estela, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública ... (Página 34)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y las señoras Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 37)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. ... (Página 7)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila y el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Arias Cañete, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Rivero Alcover, del Grupo Parlamentario Socialista.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. ... (Página 41)

Proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad... (Página 41)

En defensa de la enmienda a la totalidad interviene el señor Vañó Ferre, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y las señoras Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Medina Teva, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Vañó Ferre retira la iniciativa.


Interviene la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (Pajín Leire).


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página 46)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto

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Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las comunidades europeas.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 47)

Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, así como el texto del dictamen.


Votación de conjunto ... (Página 47)

Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 325 votos a favor y dos abstenciones.


Se levanta la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PREGUNTAS. (CONTINUACIÓN.)

- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JOSEBA AGIRRETXEA URRESTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿POR QUÉ MOTIVO EL GOBIERNO HA VISTO NECESARIA LA NUEVA LEY DE PESCA SOSTENIBLE? (Número de expediente 180/001438.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento, aviso a sus señorías que en el día de hoy tendremos que examinar y votar un proyecto de ley que tiene el contenido de orgánica, concretamente la Ley orgánica sobre represión del contrabando. La votación final de conjunto no tendrá lugar antes de las doce horas, que es cuando calcula la Presidencia que podremos levantar la sesión; aproximadamente sobre esa hora, si sus señorías se ajustan a las recomendaciones de la Presidencia. (Rumores.)

Pregunta para la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Para formularla tiene la palabra don Aitor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señora ministra, en el último trimestre del pasado año, algo antes de su nombramiento, el Gobierno presentó en esta Cámara el proyecto de ley llamado de pesca sostenible. Mi grupo le pregunta por el motivo, por las razones, que han llevado al Gobierno a ver necesaria la elaboración de esta ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señor presidente.


Señoría, el proyecto de ley fue presentado porque es necesario actualizar la ley vigente de 2001 e incorporar todo lo que significa la reglamentación comunitaria e internacional que nos sitúa ante la realidad y nos prepara para el futuro de la pesca sostenible.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señora ministra, usted conoce perfectamente que nuestro grupo ha estado constantemente defendiendo los intereses de un sector de mucho arraigo en el País Vasco, como es el pesquero. Sabe también que en este tema nos separan discrepancias de fondo en cuanto a conceptos que aparecen en la propia ley, el concepto de pesca artesanal, la comercialización, la regulación sobre cofradías, de competencia absolutamente autonómica en el caso del País Vasco, etcétera. Además, hay otro tipo de razones, creo que el Gobierno puede intuir que este no es el momento más adecuado para regular el sector de una manera estricta cuando estamos pendientes de que Europa decida cuál va a ser su política pesquera común para los próximos años. Al modo de ver de nuestro grupo sería más lógico legislar en esta Cámara después de conocer la iniciativa europea en estos temas. Además, el sector está necesitado en estos momentos de soluciones concretas más importantes a asuntos como el aumento de cuotas, paros biológicos, la gestión de los desguaces, pero esta ley no es precisamente lo más urgente; además, entendemos que entra en materias que no le competen, como puede ser el área de la comercialización y otras de tipo autonómico, como ya le he mencionado.
Nuestra sugerencia es que contemplen

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la retirada de esta ley o al menos mantenerla en un stand by hasta que se diluciden las cuestiones que deben marcarse en Europa, y a partir de ahí veremos si es posible o no lograr un consenso lo suficientemente amplio en esta Cámara, si no, creemos que sería arriesgado o un susto parlamentario que no sería bueno no solo para el Gobierno sino tampoco para el sector.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Gracias, señor presidente.


Señoría, sabe bien que en los últimos diez años se han adoptado y aprobado un conjunto de reglamentos y directivas comunitarias que inciden directamente en los objetivos de garantizar una explotación de los recursos marinos vivos y de la acuicultura que faciliten fundamentalmente unas condiciones económicas, sociales y medioambientales sostenibles. Eso hace necesario que incorporemos todo ese acervo comunitario a la legislación española y también la reglamentación internacional.
Justamente eso es lo que hace la ley de pesca sostenible, incorporar todo ello, y además también es un proyecto que tiene claros los objetivos que persigue, vamos a una explotación racional, razonable y además responsable de los recursos desde una seña de identidad: la sostenibilidad, que es la garantía plena del futuro para el sector de la pesca, y tenemos que hacerlo de acuerdo con la reglamentación comunitaria internacional y también de acuerdo con el código de conducta de pesca responsable de la FAO. Además, es un proyecto de ley que mira al conjunto del sector pesquero, a las empresas y a todos los sectores que con él se relacionan. En ese ámbito, bien sabe su señoría que lo necesitamos, pero también es cierto que lo que queremos es que sea un proyecto de ley fruto del diálogo, del consenso y del acuerdo. Por eso, no tenemos prisa con tal de que el diálogo se haga realidad día a día en esta Cámara y podamos llegar a un acuerdo definitivo y global y que, además, nos sirva de base para ese acuerdo lo que ya se está discutiendo en el marco de la Unión Europea para la nueva política pesquera común. De manera, señoría, que yo espero que su grupo se incorpore al diálogo y podamos hacer realidad un proyecto de ley que sirva a los intereses del conjunto del sector pesquero.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Hechas algunas consultas con los grupos parlamentarios, les quiero decir que la hora de finalización de la sesión se alargará de modo considerable, ya que sus señorías no acortan las intervenciones, lo cual es perfectamente legítimo.


- DEL DIPUTADO DON CARLOS CASIMIRO SALVADOR ARMENDÁRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD: ¿CONSIDERA LA MINISTRA DE IGUALDAD QUE LA LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO ES UNA NORMA QUE APUESTA POR LA VIDA? (Número de expediente 180/001429.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad. Para formular la primera tiene la palabra don Carlos Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, como sabe, mi partido se opuso y se sigue oponiendo a la Ley de salud sexual que regula el aborto, por ello nos unimos a los miles de personas que no comparten ni la solución legal ni la filosofía que inspira su reforma. Nosotros hemos sido respetuosos pero firmes y constantes en nuestra denuncia, y lo hemos sido porque seguimos pensando que es una norma profundamente injusta e insolidaria, una ley que pretende resolver el conflicto entre una madre que no quiere serlo y la vida del pequeño ser humano único e irrepetible que va creciendo dentro de ella. La solución a este conflicto -su solución- consiste en amparar la decisión de la mujer sin restricciones, sin limitaciones, sin recomendaciones, una libertad absoluta sin límites, por eso yo le pregunto, señora ministra: ¿considera que la ley que regula el aborto libre en España es una norma que apuesta por la vida?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señor presidente.


Señoría, desde el mismo respeto a su grupo parlamentario y a los ciudadanos que puedan discrepar de esta norma, le diré como ministra de Igualdad pero también como ministra de Sanidad que esta norma ha traído control, desde luego más protección, más seguridad y más garantías no solo a las mujeres sino también a los profesionales del sistema.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Creo que en esa exposición de a quién le ha beneficiado esta ley falta alguien importante. A mí me cuesta mucho pensar que

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la mejor solución para un embarazo no deseado consista en amparar legalmente, como un derecho absoluto y sin límites, la eliminación de una vida humana. Creo que ese es el gran problema. ¿Se da usted cuenta de que resulta incomprensible e ilógico, que este Gobierno que ha impulsado muchas iniciativas a favor de los desprotegidos, protección al menor, a la mujer frente a la violencia de género, la financiación de la dependencia, que también financian las comunidades autónomas, incluso medidas para defender la libertad y la vida de personas que las ven amenazadas lejos de nuestro país, asistir a la absoluta indiferencia y pasividad con la vida de aquellos que no tienen ninguna capacidad de defenderse y no tienen ninguna culpa de existir? ¿Cuánto dinero, esfuerzo y sacrificio dedica este Gobierno a todas esas iniciativas y cuánto a ayudar a buscar una solución mejor? Ustedes han rectificado muchas políticas, muchas, en economía ni le cuento, y yo creo que lo que les falta a ustedes es entender que esta es la ley más injusta y más insolidaria que ustedes han aprobado, la que más cualifica la insensibilidad de este Gobierno. Por eso creo que mi obligación y la de mi partido sigue siendo recordárselo y pedirles que también en este tema rectifiquen, como lo han hecho en otros muchos asuntos. Además, yo estoy seguro de que acertarán.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señor presidente.


Señoría, los responsables, cuando existe en nuestra sociedad una realidad, podemos hacer dos cosas: mirar hacia otro lado, hacer incluso discursos de doble moral e hipócritas como hacen algunos, o atajar la realidad con leyes y normas. Eso fue precisamente lo que el Gobierno hizo, por cierto, después de que un organismo nada sospechoso como el Consejo de Estado nos dijera que había que ajustarse a la realidad. Porque en este país existía una ley que había cumplido su función, sin duda, en los últimos años, pero que estaba generando ya, y todos lo conocemos, inseguridades jurídicas a las mujeres e inseguridades jurídicas también a los profesionales. Lo hicimos con rigor en un debate, señoría, en el que fuimos ganando consenso y aprobamos una ley con un alto consenso en esta Cámara. Pero le diré más, hay algo exactamente de su pregunta y de su planteamiento que no entiendo. Usted persigue un mayor control, incluso unas mayores garantías para el nasciturus, cosa que entiendo. Pues bien, esta ley es mucho más garantista para el nasciturus que la anterior. Pero le diré algo más. Usted persigue que se reduzca el número de interrupciones voluntarias del embarazo en este país, y ahí también coincidimos, lo dijimos desde el principio. Y le puedo decir, con satisfacción, señoría, que por primera vez en la historia de nuestro país, al menos desde que tenemos datos, en el año 2009 se ha reducido el número de abortos en este país de forma considerable en las menores de edad. Eso quiere decir que toda la política de prevención y de educación sexual que está haciendo este Gobierno va por el buen camino. Señoría, esta es la parte que no entiendo, porque, fíjese, ni siquiera le pido que nos hagan un reconocimiento por esa política que ha dado frutos, pero, al menos, le pido que no se nos reproche una política basada en la educación sexual y en la prevención que ha dado garantías y que ha reducido el número de abortos en este país. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JOAN TARDÀ I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO PROHIBIR LOS ANUNCIOS DE PROSTITUCIÓN, SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO QUE AL RESPECTO ENCARGÓ EL PROPIO EJECUTIVO? (Número de expediente 180/001436.)

El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta. Para formularla tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el Consejo de Estado nos ha dado la razón a quienes desde hace años postulamos acabar con la publicidad de la prostitución en los medios de comunicación y por esto lo celebramos. Ahora ya no hay ninguna excusa para no poder actuar de forma diligente, y yo no le escondo que estamos un poco preocupados, porque conocemos su compromiso, conocíamos el compromiso de la exministra, señora Aído, conocemos el compromiso de las compañeras mujeres socialistas del grupo parlamentario, pero también es cierto que ha habido algún ministro que ha dicho que, independientemente de las conclusiones del Consejo de Estado, ahora no tocaba hacerlo. Creo que sí que toca, el tema está muy trillado. En este tema de la prostitución hay dos consensos en este Parlamento: lucha sin cuartel contra la trata y acabar con la publicidad de los medios generalistas, porque la autorregulación ha resultado un tanto estéril y solamente hace falta ver los periódicos de hoy. Le pido lo siguiente. De la misma manera que en la Ley del Tabaco firmamos una proposición de ley ustedes y nosotros, los republicanos, que permitió tener una buena ley, yo le pido, si es posible, que lo diga hoy, que firmemos una proposición de ley, ustedes y nosotros, a la cual se sumen el resto de grupos parlamentarios, a fin y efecto de que dentro de unas semanas podamos tener ya

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un primer debate y que dentro de unos meses tengamos una ley que permita, de una vez por todas, que no se veje cada día a las mujeres desde los periódicos, que además permita luchar contra la tapadera de las mafias económicas y sobre todo crear escenarios de igualdad, y no lo que ocurre ahora, que se van reproduciendo día a día los roles de dominación. Le pido que nos diga hoy si está de acuerdo con esta propuesta tan concreta.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señor presidente.


Señor Tardà, efectivamente el informe del Consejo de Estado, que quiero recordar que es un informe emitido a petición del Ministerio de Igualdad, da la razón a esta Cámara, desde luego a todos los grupos parlamentarios -el suyo también- que han venido trabajando en materia de igualdad, en materia de erradicación de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un trabajo que quiero reconocer, y que instaban a los poderes públicos a erradicar este tipo de anuncios de prostitución en la prensa escrita. Da la razón a esta Cámara y da la razón a este Gobierno, porque usted reconocía -y hace bien, yo también- la labor de las mujeres del Grupo Parlamentario Socialista, pero también quiero reconocer al presidente del Gobierno que en esta Cámara fue absolutamente contundente en esta materia. Este Gobierno ha sido quien ha caminado junto a los grupos parlamentarios en esa dirección. Ya tenemos un informe del Consejo de Estado que nos guía el camino, y ahora vamos a proceder de forma inminente a una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios, precisamente para sobre esa vía llegar a un acuerdo y poder por fin conseguir ese objetivo. Ya le adelanto también que todas aquellas iniciativas que tengan el consenso de esta Cámara y que vayan en esa dirección, contarán con toda la determinación del Gobierno de España.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora ministra.


Celebro la respuesta e incluso me permito la libertad de interpretar las palabras, para que no haya ningún paso atrás. Interpreto que en los próximos días usted nos convocará a todos los grupos parlamentarios para firmar una proposición de ley. Esto es lo que yo interpreto, es más, lo que le reclamamos. Creo que usted ha venido a decir esto y si no desmiéntamelo, por favor. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): He venido a decirle lo que le vuelvo a repetir. La voluntad del Gobierno es clara, la voluntad de llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios también, de avanzar en el camino que nos ha alumbrado el Consejo de Estado, lo haremos también con los medios de comunicación, porque es bueno que conozcan de primera mano por dónde vamos a caminar y escuchar sus razones. Y vuelvo a repetirle que todo aquello que en esa ronda de contactos tenga el consenso de esta Cámara tendrá, como siempre ha tenido en esta materia y desde luego en materia de igualdad, toda la determinación del Gobierno de España. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD: ¿CUÁL ES LA OPINIÓN DE LA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD -Y NO LA DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA- DE LA GESTIÓN LLEVADA A CABO POR LA EX MINISTRA DE IGUALDAD? (Número de expediente 180/001446.)

El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta. Para formularla tiene la palabra doña Susana Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora Pajín, la semana pasada rehuyó usted esta pregunta por acudir a la inauguración de un aeropuerto, una excusa la verdad poco seria, a no ser que la hayan nombrado a usted ministra de Fomento y no nos hayamos enterado, o que le importe más una foto que el Parlamento. Hoy, por fin, la tenemos aquí y nos gustaría saber si usted también respalda la gestión llevada a cabo por la ex ministra de Igualdad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Camarero.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Señoría, quiero decirle que no soy ministra de Fomento, pero estuve encantada de acompañar al ministro de Fomento en la

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inauguración de un aeropuerto sin precedentes para la provincia de Alicante, por cierto, un aeropuerto que tiene aviones (Aplausos.), un aeropuerto que es absolutamente moderno y un aeropuerto que sirve a los intereses de los ciudadanos, no como el que ustedes inauguran en Castellón. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.) Junto a eso, señoría, le diré que suscribo, como no puede ser de otra manera, todas y cada una de las palabras que el ministro de Presidencia respondió en esta Cámara y que, dicho de otra manera, significan que todo el Gobierno, y por supuesto esta ministra, respalda la gestión, la apoyan y la valora positivamente, como no podía ser de otra manera. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señora Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, presidente.


Señora Pajín, usted hoy también avala, justifica y ampara la mala praxis cometida en su actual ministerio y eso la convierte en corresponsable de la nefasta gestión de la señora Aído, la pasada y la presente. Fíjese, su actual secretaria de Estado tildó -en un ejercicio más de irresponsabilidad al que nos tiene acostumbrados- de incidencias puntuales ya corregidas las numerosas y generalizadas deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas. Señora ministra, es una tomadura de pelo esta respuesta, porque ¿cómo han subsanado estas irregularidades, nos lo puede explicar? ¿Han anulado el contrato con la empresa de publicidad realizado mediante tramitación de emergencia, es decir, sin publicidad, sin transparencia y sin concurrencia? ¿Han dejado de pagar a la empresa los 5.500.000 euros? Y el resto de irregularidades cometidas hace dos años, ¿cómo han sido subsanadas? ¿Han decidido dejar de aprobar contratos después de la celebración de los actos o de aprobar gastos tras la emisión de las facturas? Son ustedes unos pésimos gestores y lo saben, y para muestra un botón: no han sido capaces de gestionar adecuadamente ni los brazaletes para maltratadores ni el teléfono 016, han cometido irregularidades en los convenios y tampoco han hecho el plan de actuación ni el de subvenciones. ¿Quiere usted que siga? La verdad, señora ministra, es que hoy tengo que preguntarle lo mismo que la semana pasada le pregunté al ministro de la Presidencia y no quiso o no supo contestarme. ¿Qué responsabilidades políticas han tomado ante hechos de tal gravedad? Que nosotros sepamos, ninguna, salvo mantener en su cargo a la señora Aído y darle una medalla. ¡Felicidades! Quizá la gratifiquen por no ser capaz de reducir el número de mujeres asesinadas, por olvidarse de los menores víctimas de violencia, por lograr que las mujeres no se fíen y no denuncien, por batir el récord de mujeres paradas. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Muy bien, Susana!)

El señor PRESIDENTE: Un momento. ¡Silencio, por favor!

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Por primera vez en la historia tenemos 2 millones de mujeres paradas por permitir que la brecha salarial siga creciendo o por no aumentar el permiso de paternidad. ¿Sabe lo que le digo? Que se merecen ustedes una medalla a la incapacidad y a la mala gestión. Ustedes hace tiempo que se olvidaron de la igualdad y de la paridad. Sus pancartas se han llenado de polvo al tiempo que las mujeres se sienten cada vez más decepcionadas, más desengañadas y cada vez se fían menos de ustedes.


Muchas gracias. (El señor Fernández González: ¡Qué ocurrente!-Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Señoría, usted sabe muy bien que el Tribunal de Cuentas no habla en ningún momento de irregularidades en relación con el observatorio. Lo que dice el Tribunal de Cuentas es que se han producido algunas incidencias en la contratación que están subsanadas, pero ¿por qué no habla de lo importante? ¿Por qué no habla del fondo de esa campaña, que buscaba precisamente sacar tarjeta roja a los maltratadores de nuestra sociedad? ¿Por qué no habla realmente de lo que le importa a las mujeres en esta Cámara? A usted le importa poco lo que yo o el ministro Jáuregui le respondamos, entre otras cosas porque para usted la igualdad es simplemente un espacio para poder hacer también batalla política, y yo no voy a entrar en ese debate. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres de este país saben perfectamente que cada vez que avanzamos y damos un paso en igualdad nos encontramos con el Partido Popular. Lo hicimos cuando aprobamos la Ley de Igualdad en esta Cámara, esa que está desarrollando planes de igualdad para reducir la brecha salarial. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!

La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Nos la encontramos cada vez que intentamos hacer iniciativas legislativas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Siempre encontramos un Partido Popular que o vota en contra o las recurre al Tribunal Constitucional. El último ejemplo es muy claro. El Gobierno de Baleares ha presentado una Ley de Igualdad ambiciosa para que las mujeres de Baleares puedan tener los mismos derechos que los hombres y ustedes la han votado en contra. Esa es la realidad, señoría. Y le voy a decir algo.
Ayer el vicepresidente decía en esta Cámara algo importante,

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son ustedes los únicos que traen a esta Cámara el debate partidista sobre el terrorismo. También son ustedes el único grupo parlamentario que trae a esta Cámara el debate partidista en la lucha contra la violencia de género. Y, señoría, yo lo lamento profundamente, porque gracias a esta ley estamos protegiendo a muchas mujeres, gracias al trabajo que hacemos algunas estamos protegiendo a muchas mujeres y ustedes lo único que hacen es poner palos en la rueda en esa tarea, señoría. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON ALBERTO FIDALGO FRANCISCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD: ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL RECIENTE ACUERDO DE COLABORACIÓN SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, EL CONSEJO DE CONSUMIDORES Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/001452.)

El señor PRESIDENTE: Última pregunta para la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad. Para formularla tiene la palabra don Alberto Fidalgo.


El señor FIDALGO FRANCISCO: Señor presidente, señora ministra, desde la aprobación de la Constitución en 1978 la sociedad española ha protagonizado una gran modernización, que nos sitúa como uno de los países más privilegiados en expectativas y calidad de vida y con una posición muy sólida para afrontar la crisis actual e incluso el desafío que representa el profundo cambio global que se está produciendo. Un elemento clave de esta transformación es el definitivo asentamiento de la democracia en nuestro país como modelo de convivencia, que ha permitido a la ciudadanía involucrarse decididamente en la cosa pública. Ya desde el principio la participación desde el consumo se articuló a través de las asociaciones de consumidores no solo respondiendo al mandato constitucional del artículo 51, sino también a la necesidad de desarrollar un entramado social democráticamente imprescindible. El Partido Socialista ha estado siempre liderando esa articulación esencialmente ciudadana, y producto de ello es la legislación y la ejecución de políticas desde y para los consumidores en todos los ámbitos de responsabilidad del Gobierno, desde la Ley de Defensa de los Consumidores a las últimas normas en relación con el crédito hipotecario, la publicidad engañosa o la seguridad alimentaria. La identificación entre consumidor ciudadano y ciudadanía ha sido precisamente el eje directriz de estas políticas, sobre todo en los últimos años. Por eso, también hoy ante el desafío mundial de encontrar respuestas ante un nuevo paradigma, los socialistas queremos que los ciudadanos consumidores sean actores principales en la tarea colectiva de articular las nuevas realidades. Asimismo, queremos reforzar sus derechos y muy especialmente ahora que la accesibilidad a los servicios públicos se puede ver amenazada con el anuncio del Partido Popular, que sirviéndose de la coartada de la crisis quiere introducir el copago en la sanidad y la educación. Señora ministra, estoy seguro de que usted tiene algo que decir en esta cuestión, pues por el contrario el Gobierno de España viene impulsando actuaciones que garanticen la tutela por las administraciones públicas e instituciones públicas de los derechos del consumidor y usuarios. Por ejemplo, con la colaboración de la Agencia Tributaria y ahora con el acuerdo de colaboración recientemente firmado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la Fiscalía General del Estado. Precisamente, ¿cuáles son los objetivos de ese acuerdo de colaboración?

Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fidalgo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente, uno de los ejes para proteger los derechos de los consumidores es fomentar el diálogo y coordinación entre instituciones, asociaciones de consumidores y el sector empresarial. Desde ese espíritu de coordinación entre instituciones creamos, por ejemplo, la Comisión Interministerial de Consumo y la sectorial. En ese sentido, señoría, el acuerdo de colaboración por el que usted me pregunta con la Fiscalía General del Estado es precisamente otro paso más que permite tener más aliados y ser más eficaces en el trabajo para la mejora de protección de los derechos de los consumidores. Hay que decir que este convenio recoge el testigo a una propuesta de las organizaciones de consumidores y usuarios que venían reivindicando desde hace tiempo. Este acuerdo va a suponer, por ejemplo, una atención directa de la Fiscalía General del Estado cuando se vulnere el interés general, mayor garantía y atención cuando un ciudadano tenga que acudir, por ejemplo, a la vía judicial para proteger sus derechos como consumidor. También va a suponer mayor información e impulso de actuaciones en cuanto a la investigación de violaciones de derechos de los consumidores y de los usuarios.


En definitiva, en esta línea de seguir desarrollando marcos de colaboración y normativos para la protección de los derechos de los consumidores, aprovecho para hacer mención de un nuevo paso que vamos a ver de forma inminente: la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de regulación de los servicios de atención al cliente, que, como sabe, tiene como objetivo mejorar la protección de los consumidores en relación con los servicios de atención al cliente, ya que la mayoría de quejas y reclamaciones tiene como elemento común

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precisamente la deficiente atención al cliente. Estamos logrando que cada día las personas sean más exigentes, y hacen bien, que tengan un espíritu crítico y, a su vez, que sean más las acciones para responder de forma efectiva a sus demandas. Señoría, puede estar usted muy tranquilo, porque este Gobierno tiene muy claro que el Estado del bienestar que los gobiernos socialistas construyeron van a seguir manteniéndose gracias a las reformas de este Gobierno. Hemos hecho la reforma de las pensiones para que haya pensiones públicas en el futuro, vamos a seguir tomando medidas para que el sistema de salud sea público, y el de educación universal y gratuito, porque este Gobierno cree en los ciudadanos y en los servicios públicos, no como otros partidos políticos, que cada vez que pueden se les ve el plumero. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿PIENSA CUMPLIR EL MINISTRO DE FOMENTO CON SUS COMPROMISOS DE INVERSIÓN PÚBLICA? (Número de expediente 180/001445.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Fomento. Para formularla tiene la palabra don Andrés Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señor Blanco, le hago esta pregunta para que se luzca. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Un señor diputado: Ahí, ahí.-Risas.) Estoy seguro de que con su dedicación exclusiva al Ministerio de Fomento tendrá todo programado y por tanto sabrá cómo va a cumplir los compromisos de inversión pública.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): De acuerdo a la previsión de los Presupuestos Generales del Estado. (Una señora diputada: ¡Y punto!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor Blanco, no me diga eso. Mire, ¿quiere que empecemos por lo público o por lo privado? Por lo privado. Usted y el señor Zapatero dijeron que iban a invertir 17.000 millones y que para paliar la crisis lo iban a contratar entre 2010 y 2011. Hasta ahora dos obritas sin adjudicar y escasamente 100 millones. Y aunque no lo diga, en todo 2011 no va a poder licitar, si es que lo hace, más de 5.900 millones, aunque Salgado le haya levantado el castigo; luego el PEIT no lo va a cumplir. Y en contratación pública para cumplir su presupuesto -ese del que usted habla- tiene que licitar y adjudicar en este año 8.906 millones de euros, pero a 25 de marzo lleva adjudicados 544, un 6,11 por ciento. Es una barbaridad. A este ritmo, señor Blanco, van a llegar al 25 por ciento a final de año. El año 2010 fue un desastre, pero este 2011 será catastrófico. A 25 de marzo también llevan el 51,4 por ciento menos de obras adjudicadas. Señor Blanco, a pesar de su dedicación el Ministerio de Fomento no carbura. Usted ha prometido más de 50.000 millones y, descontando el recorte, le faltan muchos miles para cumplir.
Mientras tanto, el paro sigue creciendo. ¿Sabe usted cuál es el problema? Que usted ha cacareado los huevos antes de ponerlos. Ese es el problema.
Señor Blanco, visto el escaso rendimiento de su dedicación, ¿por qué no prolonga de lunes a viernes lo que hace sábados y domingos? A ver si ayuda a que convoquen de una vez las elecciones generales, aunque en público diga lo contrario. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)

Señor Blanco, ¿se imagina adónde va a llegar el paro a este ritmo en marzo del año que viene -si es que llegan- por su ineficacia en la contratación de obra pública? (El señor Fernández González: ¡Vaya empanada!- Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Rumores.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, ustedes exigen compromisos de inversión al Gobierno y, sin embargo, hacen recortes de pánico allí donde gobiernan. Esa es su contradicción. Este año voy a invertir, ejecutar en inversión un 55 por ciento más que el año que más ejecutó el Gobierno del Partido Popular. Además, se va a licitar este año más obra pública que la media que ejecutó el Partido Popular en épocas de bonanza cuando tenía la responsabilidad del Gobierno de España. Pero ya sabemos en qué consiste su política económica; en materia de inversiones su prioridad es construir en España nuevas centrales nucleares, pero no nos dicen dónde. En materia de austeridad ya sabemos también en qué consiste su política: en que los ciudadanos paguen la educación y la sanidad, es decir, copago educativo y copago sanitario. Por cierto, en materia de empleo, ya que a usted le preocupa la productividad, ya dieron la receta también para todos los españoles: trabajar más y cobrar menos.
Esto empieza a ser la agenda que nos ha desvelado el Partido Popular

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en estos últimos días: inversión en nucleares, recortes en educación y en sanidad y que todos los españoles trabajen más y cobren menos. (Rumores y protestas.) Esa es su agenda.


Frente a eso, señoría, le voy a decir que vamos a propiciar este año -en una época de ajustes- más inversión pública, lo que nos va a permitir poner en marcha kilómetros de alta velocidad y kilómetros de autovía e impulsar el transporte ferroviario de mercancías, que ustedes olvidaron y que está siendo un lastre para la competitividad de nuestra economía.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON MIGUEL BARRACHINA ROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿PUEDE ACLARAR SI EL GOBIERNO TIENE LA INTENCIÓN DE QUE SEAN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LAS RESPONSABLES DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente 180/001444.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Trabajo en Inmigración. Para formularla tiene la palabra don Miguel Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, su Gobierno ultima una reforma de la Ley de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Proviene de un apretón presupuestario atendido eficazmente por dos grupos nacionalistas. Usted pretende fraccionar y dividir en diecisiete la histórica Inspección de Trabajo nacida en 1906 y además pretende politizarla favoreciendo -en el texto que tengo aquí delante- la incorporación sin oposición tanto al cuerpo de los inspectores como al de los subinspectores de trabajo. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Es por esto que mi grupo le pregunta si prevé el Gobierno hacer depender orgánicamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los gobiernos autonómicos.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Barrachina.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, señora presidenta.


Efectivamente, la Inspección de Trabajo nació en 1906 bajo un gobierno liberal que tres años antes había creado el Instituto de Reformas Sociales, cuyo presidente era Segismundo Moret. Señoría, lo que nosotros estamos haciendo en materia de inspección es cumplir con la Constitución y con las leyes. La propia ley que ustedes llevaron al Parlamento en 1997 y que fue aprobada por unanimidad en esta Cámara ya preveía la doble dependencia orgánica y funcional, la posibilidad de dependencia orgánica y funcional de la Inspección de Trabajo de las comunidades autónomas. En esta misma línea el Estatuto de Autonomía de Cataluña ya planteó específicamente esta doble dependencia y, más aún, esta previsión fue avalada por el Tribunal Constitucional que sentenció aquí en contra del recurso del PP contra este Estatuto, y reconoció expresamente la constitucionalidad de este modelo de Inspección de Trabajo que usted parece cuestionar. Por tanto, en función de la inspección lo que el Gobierno hará será cumplir con la Constitución, cumplir con nuestro Estado de las autonomías, no le quepa a usted ninguna duda de que lo haremos, lo haremos. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Barrachina.


El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, en la lucha contra el fraude, como en todas las materias, su Gobierno anuncia una cosa y hace exactamente la contraria. Ustedes han declarado la guerra a la creciente economía sumergida generada con ustedes y, en muchos casos, por ustedes; hay ya 183 reconocimientos de ilegalidades en la cuestión de los reptiles pensionados y, sin embargo, lo que hacen es desactivar la Inspección de Trabajo. Ustedes redujeron a un tercio su temario para mermar la calidad de esta profesión. Felizmente los tribunales se lo prohibieron, y lo que ahora pretenden es transferir y que los inspectores de trabajo dependan orgánicamente de aquellos consejeros que han aprobado ERES fraudulentos. La inspección, señor ministro, no debe quedar en manos de aquellos personajes sin escrúpulos que han regalado jubilaciones a militantes de su partido, a reptiles amigos mientras millones de familias españolas pierden todas sus prestaciones públicas. Mi grupo le pide que sostenga la unanimidad que se alcanzó con el texto aprobado por el Grupo Parlamentario Popular y por todos nosotros en el año 1997, y que detenga y no perpetre esta última y peligrosa improvisación que repite el modelo griego de trabajo, ya que reducirá calidad, eficacia y profesionalidad, y abrirá la puerta a la politización, señor ministro, reducirá el empleo por la quiebra de la unidad de mercado y, finalmente, favorecerá la impunidad. Deténgalo, señor ministro. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Barrachina.


Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señoría, ustedes utilizan las palabras, pero siempre deben recordar los hechos.
Durante el tiempo que ustedes gobernaron disminuyeron la plantilla de la Inspección de Trabajo, ustedes sí la destrozaron, y durante los cuatro primeros años nosotros elevamos en más de mil sus efectivos, más de mil, prácticamente un 25 por ciento de crecimiento de efectivos. Pero lo que le quería decir es que en este asunto lo fundamental es alcanzar ya un respaldo que tenemos en lo global con buena parte o prácticamente todas las comunidades autónomas en esta materia, porque casi todas ellas han pedido también que este modelo de traspaso pueda ser adaptado a su condición y a sus requisitos con plena libertad. Vamos a mantener en el ámbito de la inspección, por supuesto, el carácter nacional del cuerpo -esto es fundamental- reafirmando una concepción única, una concepción integral del sistema de inspección. Nosotros no vamos a destrozar el sistema de inspección que hemos contribuido a reforzar durante estos últimos cuatro años como nunca antes se había hecho, y naturalmente tenemos que crear fuertes mecanismos de cooperación a nivel estatal...


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro, ha acabado su tiempo. (Aplausos.)

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A IMPULSAR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE AL INCREMENTO DEL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/000248.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos al siguiente punto del orden del día, interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas que va a impulsar el Gobierno para hacer frente al incremento del desempleo de larga duración en España. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señor ministro de Trabajo.


La inquietante inmovilidad del Gobierno desde finales de la anterior legislatura ha degenerado en una situación que ni los más pesimistas podrían haber previsto. Este Gobierno ha desplegado una gran capacidad para no ocuparse de lo que tenía que hacer y de hacer lo que no debía, actitud que ya forma parte de nuestra historia reciente. Las excusas, esconderse, vegetar, no están precisamente entre las virtudes de un buen gobernante. Habrá quien piense que Zapatero le ha dado otra vuelta a El Príncipe de Maquiavelo pero lo cierto es que las consecuencias de su impericia, de la bisoñez de su irresponsabilidad y de su fundamentalismo ideológico hoy las sufren millones de españoles. Hay 4.800.000 parados, la quinta parte de nuestra población activa sin poder trabajar, la Seguridad Social en mínimos de cotizantes y la mitad de la juventud estafada, sin empleo -si me permite un periodístico calificativo de estos días-, radiografían lo que ustedes han hecho con este país en su etapa de Gobierno. Señorías el 90 por ciento del empleo perdido lo fue en pequeñas y medianas empresas, y esto no es de extrañar cuando han cerrado 200.000 empresas y más de 300.000 autónomos han bajado definitivamente la persiana de sus negocios. El comportamiento de los meses de enero y febrero de este año, cuando ya llevamos casi cuatro años de crisis, lejos de mejorar o siquiera de estabilizarse ha sido realmente negativo.
Febrero con 69.000 y enero con 131.000 parados más ponen en evidencia que la tendencia al alza del paro se mantiene y, lo que es peor, que puede seguir incrementándose durante todo este año. Es evidente que estos datos no solo reflejan curvas negativas, estadísticas en caída o números en rojo; lo grave es que detrás hay personas, hay españoles que están sufriendo directamente esta situación y sobre los que su política está teniendo efectos devastadores. La escandalosa cifra de familias con todos sus miembros en paro, la vergonzosa cifra de parados que agotaron ya todas sus prestaciones y subsidios y que por lo tanto en estos momentos carecen de cualquier cobertura, es una herida por la que supura la sociedad española y sobre la que ustedes en lugar de árnica han estado poniendo sal durante todo este tiempo.


Señorías, la incapacidad del Gobierno de dar respuestas eficaces a su mayor reto de legislatura -como por otra parte han conseguido abordar otros países de la Unión Europea que esgrimen datos de paro que son menores a la mitad de los nuestros- y la persistencia del desempleo en nuestro país ha generado, ha agudizado, ha potenciado un problema social de la máxima gravedad, el de los parados de larga duración. En España ya hemos llegado a 2.155.000 parados de larga duración. En España el número de parados de larga duración ha aumentado en 1.700.000 en los últimos tres años y se sitúa en estos momentos en un 46 por ciento. Esto significa, señor ministro, que casi la mitad de los parados en España ya son de larga duración, que hay cada vez más y que su proporción es cada vez superior. Son parados en una gran mayoría que han agotado sus prestaciones o las van a agotar en muy breve tiempo; son personas que, por permanecer precisamente durante un largo periodo de tiempo en situación de desempleo, tendrán importantes repercusiones en la caída de su pensión, por el hecho de que la percepción del subsidio en mayores lleva aparejada -como usted muy bien sabe- en la mayoría de los casos cotizaciones por la base mínima. Es decir, señor ministro, son personas que no solo están sufriendo ahora la ineficacia de la gestión y de su acción política sino que se acordarán de ustedes durante toda su jubilación por haber accedido a pensiones

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mucho más bajas de las que hubieran tenido derecho a percibir de no haber vivido esta situación y haber sufrido a este Gobierno.


Ser parado de larga duración tiene que ver también con la edad. La probabilidad de que una persona mayor de 55 años sea un parado de larga duración es un 20,8 por ciento superior que si tiene 16 ó 24 años. Si es mujer su probabilidad es todavía 2 puntos superior. Y si es español, en lugar de extranjero, su probabilidad de ser parado de larga duración aumenta casi en 7 puntos. El paro de larga duración, señorías, afecta a un 40 por ciento de los jóvenes entre 20 y 29 años y a un 60 por ciento de los trabajadores de entre 50 y 59 años, es decir, que las personas maduras tienen una menor tasa de paro general pero cuando caen en el desempleo tienen muchas más dificultades para recolocarse y, sin duda, esto incentiva su retirada del mercado de trabajo. También la formación tiene una relación directa con las políticas en relación con las personas paradas de larga duración, porque los trabajadores menos formados tienen una mayor probabilidad de perder el empleo y también tienen mucha más dificultad para encontrar trabajo; los formados en educación secundaria, más del doble de los universitarios, y los que no superan la educación obligatoria casi el cuádruple que los universitarios.


Esto ha generado, señorías, señor Gómez, un aumento de las personas desanimadas, es decir, de las personas que abandonan la búsqueda activa de empleo, y fíjese que si solo sumamos las personas desanimadas y aquellas que trabajan a tiempo parcial pero lo hacen de forma involuntaria, nos encontramos con que tenemos a la tercera parte de la población activa española. Unas cifras realmente escalofriantes, señor Gómez, unas cifras que no sé si a usted le dejarán indiferente, pero con las que el señor Rodríguez Zapatero convive y concilia el sueño perfectamente desde que es presidente. Permítame que le haga partícipe de una realidad que no sé si usted conoce -dígamelo después-, y es que en el último año se ha detectado un incremento de hasta un 10 por ciento de los parados de larga duración, con cualificaciones medias o con cualificaciones altas, que ocultan o enmascaran parte de su formación y parte de su experiencia en el currículum vitae para no ser descartados en un proceso de selección por sobrecualificación. ¿Le parece esto a usted un drama, señor ministro? Contésteme en su intervención. ¿Qué han hecho ustedes para resolver todos estos problemas? Se lo voy a decir yo.
Primero, nada; tres años de brazos cruzados buscando excusas. Luego un PlanE de 13.000 millones de euros para contratos de dos meses, y desde entonces se han destruido 600.000 empleos en la construcción. Después del último septiembre una reforma laboral, aquella contra la que usted se manifestó el día de la huelga general que aprobaron sin el apoyo de ningún grupo político ni ningún agente social; esa reforma laboral que aplazaba todo lo importante, que no ha conseguido ninguno de sus objetivos ni en temporalidad ni en reducción de la dualidad ni siquiera en simplificación de la contratación, pero que sí ha conseguido que en este momento en España haya 500.000 parados más. Y luego muchos reales decretos, uno para prorrogar el Prodi, que les caducó y que ahora quieren disfrazar de lagarterana para otra cosa; una gran chapuza legislativa, señor ministro. Otro real decreto para regular las agencias privadas de empleo; una pésima regulación también, señor Gómez, porque así no va a servir para nada, y permítame que se lo diga. Otro para aprobar el enésimo plan de choque con un contrato basura que contraviene los principios acordados por consenso por toda esta Cámara, y ustedes mismos en el Pacto de Toledo, sin cotización a la Seguridad Social, con el objetivo de llegar al 2 por ciento de los parados españoles, con el dinero de los pensionistas. -Ya sabe lo que dijo su secretario de Estado de la Seguridad Social: Vamos a poner barata la mercancía de los nuevos trabajadores.- Otro, señor Gómez, para prorrogar el cheque parado cada vez más pequeño y cada vez para menos gente. Otro para impulsar las políticas activas de empleo por urgencia, cuando la mayor parte de las disposiciones de esa ley no entrarán en vigor en el mejor de los casos hasta después del otoño, donde anuncian que establecerán una estrategia nacional de empleo en octubre. Eso sí que ha dejado tranquilos a los parados españoles, que ustedes van a tener una estrategia nacional de empleo a partir del mes de octubre. Mientras tanto, usted ha reducido este año en los Presupuestos Generales del Estado un 5,5 por ciento las políticas activas de empleo; en un país donde se forma a menos del 10 por ciento de los parados, en un país donde no se forma a la pymes y en un país donde las cifras de cualificación tienen los peores índices de toda la Unión Europea. Van sobrados en empleo y encima constituyen un fondo de reserva porque también van sobrados de presupuestos. Señor Gómez, todo un despropósito.


Señor ministro, no han tomado una sola medida para estimular el crecimiento del empleo. Nada en flexiseguridad, nada en formación, nada en conciliación, nada en teletrabajo, nada en absentismo, nada en impulso del espíritu emprendedor. Al revés, ustedes se han convertido en un plomo, en un auténtico lastre para la economía y el empleo español y en un lamentable inhibidor de la capacidad emprendedora de este país y, desde luego, en la garantía de que con ustedes los congelados pensionistas temen cada día más por el futuro de sus pensiones. Permítame trasladarle lo que cuentan esos jubilados en sus corrillos al sol. Dicen: Menos mal que no han puesto el límite de velocidad a 67 y la jubilación a 110, porque estos son capaces. (Rumores y protestas.) Señorías, la gráfica del empleo en España es un auténtico diente de sierra. En las épocas socialistas la recta se desploma por una pendiente sin fin; en la popular sube con confianza y con energía para recuperar lo que ustedes siempre tienen la oportunidad de estropear.


Señor ministro, he dividido el número de activos españoles por el número de parados de cada comunidad española, y lo he sumado; hágalo usted también. ¿Sabe cuál es la diferencia global de la tasa de paro entre las

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comunidades autónomas que gobierna el Partido Socialista y las que gobierna el Partido Popular? Son casi 5 puntos. Dicho de otra manera, si toda España tuviera la tasa media de paro de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista, España tendría hoy 600.000 parados más; es decir, España tendría 5.300.000 parados en estos momentos. Esa es la realidad, señor Gómez. Si todos los parados españoles se diesen la mano rodearían los 5.500 kilómetros del perímetro que tiene nuestro país, a toda la costa española a nivel del agua y con la frontera con Portugal; o si quiere esa hilera de parados que tiene España en este momento, si se dieran la mano, llegaría por lo menos, nada más y nada menos que a Teherán, que a Irán. ¿Qué le parece esto, señor Gómez? (El señor Fernández González pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Que le parecería una tasa de paro del 20,5 por ciento en este Parlamento? ¿Sabe lo que pasaría? Que habría 72 diputados que se irían al paro; vamos, que el Grupo Socialista se quedaría en 97 diputados. -No es una premonición, es solamente un cálculo, pero 72 se irían al paro-. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.- El señor Fernández González: ¡Qué empanada llevas!)

Quiero terminar, señorías, con una consideración importante. Señor Gómez, usted ofreció aquí cuando llegó diálogo, ofreció encuentro, ofreció permeabilidad y un profundo respeto por las razones de los demás.
Permítame que le diga, cuando ya ha pasado un buen tiempo de su gestión en la que los datos de paro desgraciadamente no han cambiado, que sus palabras fueron solo para la galería, que fueron mentira. Siete reales decretos y algunos más en marcha, y ni un encuentro ni una conversación ni un intento ni una enmienda aprobada; mucho peor incluso que con el señor Corbacho. Señor Gómez, lo siento pero tampoco en esto usted ha cumplido su palabra.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Echániz.


Para contestar la interpelación tiene la palabra el señor ministro de Trabajo e Inmigración.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Gracias, presidenta.


Señor Echániz, no le puedo decir que no esté de acuerdo en la oportunidad de su interpelación, porque estoy en la idea de que efectivamente este tipo de debates son positivos en el momento en que vivimos; no puedo decir lo mismo respecto del tono. En todo caso, su interpelación aborda un problema básico, el problema que sufren las economías que como la española como consecuencia de la duración de la crisis comienzan a transmitir un nivel de desempleo, que empieza siendo importante, pero no demasiado alto, que se convierte en alto y que después de convertirse en alto se convierte además en un desempleo, en parte ya, de cada vez mayor duración, con todo lo que significa para la afectación al conjunto de nuestros sistemas de protección social. Sin duda, el desempleo es el problema más acuciante que tienen hoy los ciudadanos, si somos conscientes de que cuando este problema se prolonga en el tiempo adquiere una dimensión aún más grave y tiene efectos sin duda mucho más lesivos.
En los tres últimos años el problema del incremento del paro de larga duración ha tenido consecuencias que usted ha destacado en alguna parte de su intervención, de las pocas partes lúcidas que ha tenido su intervención. En este sentido baste recordar que antes de la crisis nuestro país tenía un paro de larga duración que suponía el 20 por ciento del total, mientras que la media de la Unión Europea suponía el 40 por ciento del total. Teníamos un nivel de desempleo de larga duración ostensiblemente más bajo que el que tenía el conjunto de la media europea. Las razones que explican este comportamiento diferencial, creo que a estas alturas de la crisis están perfectamente claras. En primer lugar, explican la inexistencia del suficiente grado de crecimiento económico. En segundo lugar, el hecho de que la crisis se haya concentrado prácticamente -diría yo exclusivamente- en un gran sector de aprovisionamiento, que aprovisiona además de mano de obra intensiva, con baja cualificación, y también el conjunto de las ramas de aprovisionamiento de ese sector; me estoy refiriendo obviamente al sector de la construcción. Si además se tienen en cuenta todo este conjunto de actividades vinculadas a él, tendremos la conclusión de que dos de cada tres de los empleos perdidos, algo más incluso, más cerca de tres de cada cuatro de los empleos perdidos, son empleos perdidos en el sector de la construcción y en la industria y los servicios auxiliares del sector de la construcción. Esto es relevante porque ahora sabemos que ha sido una actividad sobreponderada, una actividad hipertrofiada, excesiva, incluso estéril en nuestro crecimiento económico y cuya recuperación ya no será posible al nivel que alcanzó durante la crisis, la que produjo el desplome y las consecuencias sobre el empleo en nuestra economía.


Por otro lado, la cuarta parte de los nuevos desempleados de larga duración solo poseen estudios hasta su nivel primario y solo el 38 por ciento lo tienen hasta la parte secundaria de su etapa educativa. Así pues, puesto que las dificultades para acceder al empleo disminuyen cuando aumenta el nivel educativo, estos datos indican que muchos parados de larga duración necesitan un proceso previo de recualificación. Es al contrario de lo que usted señala; no tenemos entre estos parados de larga duración un problema de sobrecualificación; tenemos un problema de insuficiencia de recualificación en las nuevas ocupaciones y en los nuevos sectores que tendrán que ocupar en el futuro, porque su futuro ya no será ni la construcción ni la industria auxiliar de la construcción.
Señoría, toda esta información hay que tenerla en cuenta obviamente para diseñar cualquier estrategia de salida, de resolución de la situación, de estrategia que pasa naturalmente por la recuperación del crecimiento económico, por la recuperación de la capacidad de fluidez

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de nuestro tejido financiero esencialmente, y por que nuestra economía recupere el pulso y la capacidad de financiación de sus actividades de expansión. Es en ese contexto donde la política laboral puede jugar un papel de complemento, un papel de estímulo y de ayuda al funcionamiento general y a la mayor eficacia de la política económica.


Han sido muy importantes las actuaciones desarrolladas en todo este tiempo, no solo desde la aprobación de la reforma laboral sino de todo lo que ha significado el desarrollo de esa reforma laboral. Son medidas como las contenidas incluso en el momento previo a esa reforma, cuando aprobamos la modificación de incentivos en los expedientes de regulación de empleo. Son medidas como las que aprobamos después de la reforma, con 1.500 nuevos orientadores profesionales en el ámbito de los servicios públicos de empleo, que se añadían a otros 1.500 previos en el año 2006 y que prácticamente han multiplicado en un 50 por ciento la plantilla total de todas las oficinas de empleo en el conjunto del Estado español. No ha sido un incremento pequeño. Un 50 por ciento más de las plantillas totales, que eran 7.200, se han incrementado en 3.000 personas durante los últimos tres años. Y por supuesto también hay medidas de apoyo al trabajo autónomo, una vía de acceso especialmente importante, un trabajo autónomo que además se ha dignificado en sus derechos en este tiempo con el nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo que reconocía derechos que solo tenían los trabajadores por cuenta ajena, y que acaba de reconocer hace poco tiempo el derecho por primera vez en nuestra historia a una prestación económica que sustituye en la práctica al desempleo y que es equivalente al desempleo que tienen los trabajadores por cuenta ajena.
Hemos elevado el porcentaje de la prestación para poder capitalizarla, para iniciar un nuevo negocio, hasta el 80 por ciento para los jóvenes y hasta el 60 en el resto de las edades. En general no se puede decir, precisamente de este Gobierno, en estos últimos años que haya permanecido inactivo en este tipo de materia en política laboral.


La reforma fue una reforma importante que no contó con el consenso de los interlocutores sociales. Desde luego, no contó ni con su consenso -el de su grupo- ni con sus aportaciones; ninguna de ellas, por cierto, novedosa. He tenido ocasión de escuchar las últimas propuestas, prácticamente todas en vigor, y todas las que entraban en el núcleo central de la reforma, precisamente de acuerdo plenamente con la reforma, como es la progresiva extensión del ámbito de influencia del contrato de fomento de la contratación indefinida. O sea, ustedes en este tipo de materias, novedades, lo que se dice novedades, pocas, muy pocas. En el ámbito del desarrollo de la reforma, diría que hay dos puntos importantes que hay que destacar. Usted ha destacado uno de ellos, una vez más para decir que está mal regulado; debe ser el único que lo dice, y es que por fin tenemos una regulación de agencias privadas de colocación en España.
Como sabe usted bien, éramos el único país de la Unión Europea que no la tenía. La tenemos, y ha tenido que ser un gobierno de inspiración socialista el que lo haga. Tuvieron ustedes ocho años para hacerlo, pero lo hemos vuelto a hacer nosotros, como siempre ocurre con las grandes reformas en materia laboral en este país. Hemos hecho también una nueva regulación de los expedientes de regulación de empleo, expedientes que en el caso de España necesitaban una nueva regulación como consecuencia de que había nuevas causas de despido objetivo, en este caso introducidas en la reforma. Lo estamos haciendo prácticamente concluyendo el trámite de informe en el Consejo de Estado y lo haremos habiendo consultado a los interlocutores sociales. Hemos restablecido un clima de diálogo social que se había roto con las consecuencias de la reforma laboral. Le voy a decir una cosa, el restablecimiento de ese clima de diálogo, pase lo que pase en el futuro en España, es un activo para este país. Estamos orgullosos de haber logrado restablecer ese clima de diálogo, de haber vuelto a encarrilar algo que siempre fue una seña de identidad de nuestro modelo social, no solamente en Europa sino específicamente en España.
Algo que en muchas ocasiones durante sus gobiernos tuvo, por desgracia, paréntesis excesivamente largos. Así que estamos satisfechos, razonablemente satisfechos, de que hayamos podido combatir el desempleo, en ocasiones con no demasiados buenos resultados, los que gustarían a cualquier gobierno que lucha denodadamente, que duerme por las noches; sí, yo duermo por las noches, pero no permanezco indiferente a lo que pasa a nivel de desempleo en este país. (Aplausos.) Este tipo de lenguaje es mejor que en el Parlamento lo utilicemos adecuadamente. Dormir por la noche, como sabe usted bien, no es permanecer indiferente a los problemas, ni a los de la familia ni a los de la sociedad que nos rodea.


En este sentido, hemos planteado también dos nuevas acciones, un plan de choque importante, un plan de choque para intentar que el trabajo a tiempo parcial se utilice más intensamente; no es un contrato basura, tiene todos y cada uno de los derechos que tiene en este momento cualquier otro contrato laboral, lo que ocurre es que tiene un cien por cien de bonificación en la contratación a la Seguridad Social, las empresas no pagarán la Seguridad Social durante un año, pero los trabajadores no sufrirán una sola merma en sus derechos. Esta es la diferencia entre lo que hacemos hoy y lo que hicieron ustedes hace algunos años con el contrato para la formación. (Aplausos.) Esta es la gran diferencia.


En general, todavía hay cosas que hacer en este ámbito, muchas cosas, sin duda, en la parte del programa laboral y de la reforma estructural que el Gobierno ha planteado en el mercado de trabajo, pendiente de producir, en el ámbito de la negociación colectiva, en el ámbito del Fondo de capitalización, en el ámbito del afloramiento del empleo no declarado, en el ámbito de la Inspección de Trabajo, como acabamos de ver en la pregunta anterior. Pero yo creo que, al final, se avanza andando y cuando la reforma del sistema financiero empiece a dar también sus frutos estas reformas serán

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esenciales para que en menos tiempo y con más eficiencia, España, como siempre hizo, logre recuperar un nivel de creación de empleo importante y se incorpore, como siempre hizo también, más rápidamente que las demás a aquellos países que crean empleo en cantidad y en calidad. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


Señor Echániz, su turno de réplica.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, permítame que le diga, tras escuchar especialmente su satisfacción, que usted debe ser ministro de Trabajo de otro país que no es España porque creo que no se ha enterado de que los que menos satisfechos están de su gestión, de la gestión de su Gobierno, son los 5 millones de parados. Pero permítame que para reflejarle lo que está pasando en el país le refresque algunos titulares de empleo de las últimas semanas: Liz Claiborne sale de España y plantea un ERE para las 350 empleadas. Los sindicatos acuerdan un ERE en Sitel Ibérica para 198 trabajadores. Newco prepara un ERE para 95 empleados. Telecinco va a despedir a 127 trabajadores de Cuatro y CNN Plus. Alas Aluminium despedirá a 135 empleados y regulará el resto de su plantilla. Indo formulará un ERE para 240 trabajadores. Yamaha prepara un ERE de 388 trabajadores y el cierre de su fábrica en España. Valeo prepara un ERE para suprimir 67 puestos de trabajo en Martorell. Uminsa anuncia un ERE para toda su plantilla. 116 trabajadores de Caja de Burgos se acogen al ERE de Banca Cívica. Sharp recorta su plantilla en 150 trabajadores. Los trabajadores de Citroën aceptan el ERE que en 2012 afectaría a toda su plantilla. Emesa plantea despedir a 86 trabajadores y otro ERE temporal para 140 empleados. El Parque Warner plantea un ERE de más de 85 empleados. IC Construcción presentará un expediente con 47 extinciones.
Ramón Vizcaíno presenta un ERE para los 400 trabajadores de su plantilla.
Piaggio cierra su fábrica en Martorell y se lleva Derbi a Italia. Hay despidos en Gres Catalán. Arfe presentará un ERE de suspensión para sus 157 operarios. Varela Villamor presenta un ERE de extinción para gran parte de su plantilla. Nueva Rumasa podría suspender 1.000 empleos.
Mercasevilla prevé 170 despidos cuando acabe de pagar su segundo ERE.
Alstom confirma los 400 despidos de su planta en Santa Perpètua. La Naval presenta el tercer ERE sin acuerdo sindical. Se esperan 20.000 despidos más como consecuencia de la fusión de las cajas. Esto es, señor Gómez, lo que está ocurriendo en España en empleo, esta es la realidad de nuestro país.


Claro que hay ERES y hay ERES. Hay ERES para los trabajadores despedidos que se van a su casa con lo puesto y hay ERES bien preparados para que si eres un cargo del PSOE, eres militante, un familiar o no has trabajado nunca en esa empresa puedas conseguir cotizar hasta desde el día que naciste con el dinero de los parados españoles y acceder a una suculenta prejubilación, ficticia pero suculenta, falsa pero suculenta; basta con ser socialista. Empezaron con 37 y ya casi llevamos 200. Le supongo muy orgulloso también de todas estas cuestiones, muy orgulloso de los suyos, señor ministro. Como de su presidente, que le podría decir que por lo menos no pague en negro al servicio doméstico y que pague la Seguridad Social (Rumores.), porque esas personas necesitan también tener derechos, entre otras cosas, por si les ocurre un accidente o para luego tener una pensión, no como las de Andalucía, pero por lo menos una pensión mínima.


Señorías, según muchos expertos la tasa de parados de larga duración tardará, gracias a su gestión, más de diez años en recuperar las cifras previas a la crisis. Si el empleo, según dijo su presidente, era el termómetro de la recuperación, España se ha convertido, gracias a ustedes, en Siberia, porque tiene una situación muchos grados bajo cero en empleo. Nunca en España, señor Gómez, nunca, un solo gobierno había subido el paro 13 puntos el solito y nunca un gobierno se había ocupado menos de esos millones de parados (Rumores.), nunca habían estado tan olvidados en la reforma laboral, en las reuniones de Moncloa, en la negociación colectiva... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: ...en la formación, de forma que en materia...(Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Campos, por favor.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Permítame que le diga que en materia de paro se hablará en el futuro de antes de Zapatero y después de Zapatero. Hoy los casi 5 millones de parados, especialmente estos de los que hablamos hoy, los de larga duración, quieren que cambie su suerte, quieren trabajar, quieren tener oportunidades, laborales y también vitales, y quieren un futuro para ellos y para sus familias. Hoy todos esos parados y probablemente muchos más trabajadores españoles que temen perder su empleo quieren que este Gobierno termine, que este Gobierno se vaya, quieren un cambio de gobierno porque saben que con este Gobierno y con este presidente su suerte está ya perfectamente echada. Saben que hay una alternativa para la que el empleo es una urgencia nacional, saben que cuando heredaron una tasa de paro del 23 por ciento en 1996 crearon 5 millones netos de puestos de trabajo y saben que en toda esta ecuación perversa que ha metastatizado nuestro Estado del bienestar de paro, de déficit, de congelación de las pensiones, de impuestos y de inflación, en toda esa ecuación la única incógnita que les queda ya por despejar es cuándo se van ustedes.


Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Echániz.


Señor ministro, su turno de dúplica.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Señoría, yo soy ministro desde hace unos meses de un gobierno socialista. El orgullo lo suelo dejar en casa, el orgullo respecto de mí mismo lo suelo dejar todas las mañanas en casa, pero yo estoy especialmente orgulloso de aquellos que nos han precedido y que han hecho de este país un país grande. He citado hace algunos minutos a un primer ministro español que fue un liberal, Segismundo Moret, y estoy también muy orgulloso de ser ministro de un gobierno que un día presidió Segismundo Moret. Así es que yo el orgullo ya le digo que lo dejo donde debe estar, que es en la casa de cada uno y, si es posible, a resguardo. No estoy orgulloso de la situación de desempleo en este país, lo que estoy es preocupado, trato de aplicar medidas y de proponer al Gobierno medidas eficientes, medidas que no sean contraproducentes, medidas que, en primer lugar, mantengan también durante este tiempo, durante el tiempo de adaptación a la crisis, la protección del desempleo. Lo diré bajito porque no es necesario decirlo muy alto: La protección por desempleo en este país hoy es la más alta de su historia. (Un señor diputado: Sí, señor.-Aplausos.) La más alta de su historia, cuando es necesario tener dinero y fondos para muchas otras cosas, que las necesitamos. Y cuando las había para muchas otras cosas, ustedes ni siquiera destinaron el dinero necesario para proteger a los desempleados que existían en aquel año. (El señor Tarno Blanco: No los había.-Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Tarno, silencio.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Había 2.500.000 de desempleados y ustedes al final eran incapaces de poder proteger a la mitad. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): ¡Silencio!

El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): De poder proteger a la mitad. Tres cuartas partes de los desempleados de este país tienen algún grado de ayuda. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): ¡Señorías!

El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Y en una situación que nunca me cansaré de repetir que es una situación que se ha producido como consecuencia del desplome abrupto de un modelo que también se desarrolla y tiene sus últimos coletazos durante los primeros años de Gobierno Socialista en 2005 y 2006, pero un modelo que tiene sus semillas sembradas durante la expansión anómala, hipertrofiada y estéril -le he dicho hace unos minutos- de un sector que no tenía ningún futuro y que nunca lo tendrá porque nosotros nunca hemos necesitado hacer 800.000 viviendas al año, porque nosotros nunca hemos necesitado cubrir este país de grúas, porque nosotros nunca hemos necesitado despilfarrar suelo y suelo y más suelo, y hacer inmensas fortunas que ahora tenemos que devolver porque las debemos. Ahora tenemos que devolver las inmensas fortunas que se han hecho en este país a aquellos que nos prestaron el dinero para poder hacer esas viviendas que están en buena parte vacías.
Esas semillas se sembraron durante la etapa 1996-2004.


Le digo que hacemos lo que podemos y más, y tenemos todavía una tarea pendiente de hacer, tareas importantes pendientes en el ámbito de lo laboral. Sé muy bien que es muy importante, junto a lo laboral, la reforma del sistema financiero y sé muy bien que sin reforma y sin funcionamiento del sistema financiero pocas cosas harán que recuperemos el pulso en la economía. También hemos empezado por ahí. La idea general siempre es que al final del año recuperemos el pulso en lo económico y seamos capaces de crear empleo. Pero le voy a decir dos cosas más en relación con la política laboral. Tenemos una negociación pendiente durante los próximos días, es una negociación importante en el ámbito de la negociación colectiva. Nosotros tenemos esperanzas de que también culmine con éxito e inmediatamente después iniciaremos una negociación social para tratar de emerger todo ese conjunto de empleo no declarado que es parte importante de los objetivos de la Unión Europea en el Pacto por el Euro.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Cuando hayamos concluido estas dos cuestiones tan importantes y hayamos fundamentado el Fondo de capitalización, todo el conjunto de reformas hechas durante el último año habrán completado la etapa más intensa de reformas laborales que nuestra democracia ha vivido, al menos, desde el año 1984, desde el año en que también un gobierno socialista tuvo que adaptar nuestro marco de relaciones laborales a un sistema democrático.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LA PÉRDIDA DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS POR LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y EL ELEVADO NIVEL DEL DESEMPLEO. (Número de expediente 172/000252.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la interpelación del Grupo Popular sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para paliar la pérdida de bienestar de las familias españolas por los efectos de la crisis económica y el elevado nivel del desempleo. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, hace pocos días tomaba parte en una reunión con diferentes ejecutivos de diferentes nacionalidades europeas y cuando les comentaba la situación que existía ahora mismo en España (ese 20 por ciento de paro, esos casi 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, ese 42 por ciento de jóvenes, que muchos de ellos tienen incluso que salir de España para poder trabajar, ese 1.380.000 familias donde no ingresan nada absolutamente ninguno de sus miembros) no entendían cómo en España no se había producido una verdadera revolución social, cómo en España no se había producido un estallido social.
Entonces les contestaba que todavía en España existía una estructura familiar que sustentaba todo esto. Tuve que explicarles que existía ese importante factor corrector. Por eso, señora ministra, su Gobierno debiera haber apoyado algo más a la familia, que es la que está sosteniendo la estabilidad social y evitando ese estallido. No es la banca ni son los sindicatos, son las familias, pero el apoyo de su Gobierno ha sido oportunista y volátil. La han atacado sistemáticamente y han hecho un derroche en expandir una ideología que socava los cimientos familiares, una ideología cerril, simplista, naif, una ideología sostenida en argumentos radicales. No hay más que ver la lista de subvenciones en un momento como el presente. Han congelado las ayudas a Cáritas, cuando se han duplicado las personas que han de atender para su subsistencia, que son casi un millón, y los fondos que aporta su Gobierno no llegan al 18 por ciento. Sí, señora ministra, los fondos de su Gobierno no llegan al 18 por ciento de los fondos que precisa Cáritas para ayudar a las personas que tienen que atender. Sin embargo, ustedes multiplican las subvenciones a asociaciones, unas pintorescas, otras vinculadas a ideologías, como ellas mismas se denominan, ultraizquierdistas, algo que irrita incluso a sus propios votantes, señora ministra. Incluso han llegado a desestimar subvenciones a asociaciones de ayuda a mujer gestante de manera absolutamente sectaria, con el único argumento de que no se respeta el lenguaje de género, es decir, que en la solicitud no se haya puesto los y las. Señora ministra, eso tiene usted que explicarlo en esta Cámara.


A pesar de que es la familia la que actúa de verdadera red de protección social, ustedes apuntalan a los sindicatos y a la banca con el dinero de las familias, a las que no solo no ayudan, sino que las asfixian con subidas de impuestos, de suministros básicos y además con grandes recortes sociales, los mayores recortes sociales de la historia de la democracia. En el último presupuesto, señora ministra, se realiza un necesario ajuste presupuestario, bajando el gasto y aumentando la recaudación, pero es que son las familias las que soportan su mayor parte, olvidando que es el buen funcionamiento de las familias el que resulta imprescindible para el logro del equilibrio económico y social.
Sin contar con ella, el Estado del bienestar es insostenible. La Fundación Acción Familiar realizó un muy buen estudio y muy exhaustivo sobre el trato que la familia ha sufrido en estos últimos presupuestos, y llega a la conclusión de que el interés por la familia es nulo. No solo no aparecen políticas nuevas, sino que las escasas actuaciones que venían desarrollándose a su favor experimentan un recorte muy importante. Y ha sido su Gobierno, un gobierno socialista, el que ha bajado los sueldos, cuyo importe es una mínima parte de lo que le han dado a una de las cajas. Ha sido su Gobierno el que ha congelado las pensiones. Le recuerdo que ahora mismo hay hogares que sobreviven con la pensión del abuelo, y usted lo sabe. Sin embargo, el presidente Zapatero ayer decía que esto de las pensiones era una milonga.


Señora ministra, han dejado a las personas dependientes durante seis meses sin ninguna atención, a grandes dependientes sin ninguna atención durante seis meses. Han arrebatado las ayudas por nacimiento de hijos, pero lo más miserable es que han rebajado la ayuda por hijo a cargo, que en España es una ayuda de lucha contra la exclusión. Usted se puede reír, señora ministra, pero a mí no me hace ninguna gracia, porque es una ayuda que en nuestras familias la recibían personas, padres y madres, con hijos menores de 3 años que no ingresan más de 900 euros al mes, que cobraban 40 euros mensuales por hijo y se lo han bajado ustedes a 25 euros. Señora ministra, es una actuación absolutamente miserable. Hay un mandato, por cierto, de esta Cámara que insta al Gobierno a restablecer esa ayuda.
¿Piensan ustedes hacer caso? Hace pocos días, señora ministra, el secretario general de Empleo afirmaba la preocupación por el gran número de familias monoparentales, en la mayoría de los casos mujeres solas con hijos que se encuentran en riesgo de exclusión y de caer en situación de pobreza severa. Pues a esas mujeres es a las que ustedes han quitado 15 euros mensuales. Es absolutamente incomprensible.


Por todo lo anterior, señora ministra, le pregunto qué van ustedes a hacer, aunque sospecho que nada, porque las ideologías que secundan no tienen soluciones cuando la realidad se muestra tan dramática. Son juegos intelectuales de clases acomodadas que, aburridas de su bienestar, se dedican con el dinero de todos a jugar a la ingeniería social. Si no sabe de lo que le estoy hablando, le recomiendo que lea el artículo: La izquierda chic, de Tom Wolfe; no tiene desperdicio. Porque a lo largo de estos años no han ido a resolver los problemas, sino que han derrochado el dinero de todos y se han entretenido en otras cosas, imponiendo sus estructuras ideológicas

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a una realidad que no la aguanta y han llevado a las familias a una situación límite. Hoy en España hay 1.500.000 personas que no ingresan nada, ni prestación por desempleo ni subsidio ni nada de nada, que se están quedando sin sus casas. Las cifras de ejecuciones presupuestarias vuelven a marcar récords históricos. En 2010 se ejecutaron casi 100.000 hipotecas, cuatro veces más de las que se ejecutaban al inicio de la crisis. Hay 9 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, tres de cada diez hogares no llegan a fin de mes y, lo que es peor, de su Gobierno ya no esperan nada. Pero yo sí espero, señora ministra, que pueda usted decirme algo más que la agenda social que el otro día comentaba el presidente. Entre otras medidas, decía que iban a combatir la elevada tasa de abandono escolar, que iban a promocionar la política de vivienda para los más desfavorecidos. Me gustaría que me dijera qué medidas van a tomar para aquellos a los que les están ejecutando sus casas; promesas a las que nos tienen acostumbrados, más paquetes de medidas, más planes, con los mismos resultados. Analice, señora ministra, el Plan de exclusión 2008-2010. No tiene desperdicio, es una mentira descomunal porque no quisieron reconocer una clara realidad. Ahora, que se ha destruido escandalosamente el empleo por la crisis y porque Zapatero nunca ha tenido como objetivo el progreso y el desarrollo de España -enredado en otros fines, no ha sabido preservarlo y él es el único responsable-, arremeten contra las familias, muchas de ellas con miembros sin trabajo, y les suben la luz, la gasolina, el gas y los impuestos, y les bajan los sueldos y les congelan las pensiones. Lo único que les ofrecen es un futuro incierto. Por eso, día a día crece la sensación de que el Gobierno, antes que una solución, es un problema que incluso se inmiscuye perjudicialmente en su intimidad.


Todo lo anterior es muy distinto a los caminos que actualmente se están tomando en Europa: primero, porque tienen la mitad de la tasa de desempleo que tenemos en España y, segundo, porque en estos momentos están discutiendo sobre la importancia de la familia y el papel de la política familiar, para incluso llegar a proclamar el año 2014 como Año Internacional de la Familia, en reconocimiento del hecho de que la familia constituye el verdadero fundamento de todas las sociedades en la Unión Europea. El pasado 21 de marzo el Comité Económico y Social Europeo ha celebrado una audiencia sobre el papel de la política familiar en el ámbito demográfico, en el que un buen grupo de entidades han sido consultadas sobre temas de familia con la finalidad de mejorar las políticas actuales e intercambiar experiencias. Mañana supongo, señora ministra, que usted acudirá a Hungría -espero que así lo haga- a esa reunión informal que hay de ministros, que van a hablar sobre políticas familiares, que se enmarca dentro de la estrategia 2020 y que convoca la Presidencia, que este año le corresponde a ese país. Me gustaría que nos contara si piensa acudir, en primer lugar, y qué contestará a las preguntas que desde ese foro ya le han sido formuladas. Una de ellas es qué políticas y prácticas han demostrado ser exitosas en la promoción del bienestar de las familias. Me gustaría que me dijera qué va a aportar porque a mí no se me ocurre qué podrá aportar. De hecho, no creo que quieran compartir en Europa nuestras experiencias si no es para no incurrir en los mismos desaciertos.


Y la segunda pregunta que le han hecho desde ese foro es cuál es la función de conciliar vida laboral y familiar en la lucha contra el reto demográfico. Tampoco sé qué podrá contestar a esta pregunta cuando tan solo en el último año usted sabe que la tasa de natalidad ha bajado de 1,46 a 1,39 hijos por mujer y se está produciendo un verdadero agujero negro en la época de su Gobierno, que dentro de unos años se recordará como una época nefasta. Mi compañero decía que se recordará la época antes de Zapatero y después de Zapatero, y creo que tiene muchísima razón. Por eso, señora ministra, porque ahora mismo hay 5 millones de parados; porque ya hay 1.500.000 de personas que no cobran nada; porque la media de la prestación por desempleo sigue siendo cada vez más baja; porque esto no se puede denominar protección social, esto es un derecho que tienen los trabajadores; porque existen muchas personas que están cayendo en la exclusión y en el riesgo de pobreza; porque somos el país que menos confianza genera; porque ustedes no son capaces de crear empleo; porque así es imposible que surja o que se mantenga el Estado del bienestar, por todas estas razones, señora ministra, le pregunto qué piensa hacer para paliar la falta de bienestar de nuestras familias a causa del desempleo y la crisis. Me gustaría, señora ministra, que dijera qué medidas son las que ustedes piensan poner en marcha, olvidándose de cuáles son las medidas incluso que nosotros proponemos, que ya se lo diremos en la moción de la semana que viene. Porque, señora ministra, usted es la ministra de España, a usted es a quien quieren escuchar los españoles, a usted es a quien van a escuchar en Europa. Y no se enrede en hablar de si el Partido Popular hizo, dejó de hacer o va a hacer, porque eso ya lo demostraremos nosotros quizás dentro de unos meses.


Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Méndez.


Para contestar la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señora presidenta.


Señoría, quizá sería útil que nos facilitara la dirección de esos líderes con los que usted se reunió y les enviáramos esta interpelación para que entendieran con rigor y con datos por qué efectivamente no hay una revolución social en España; por qué no hay las manifestaciones que hay en otros países europeos donde gobiernan sus homólogos, los partidos conservadores, que han sacado

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a la calle a mucha gente como consecuencia de los recortes que están haciendo. Porque lo que seguramente usted no les ha dicho a esos con los que se reunió la semana pasada es lo que realmente pasa en nuestro país y cuál es la radiografía de este país. Lo que es cierto es que este Gobierno ha seguido apostando por un sistema de protección sólido, seguramente el más sólido que ha existido nunca en nuestro país.


Señoría, le voy a hacer alguna pregunta. ¿Usted le dijo a sus colegas que en España las políticas sociales alcanzan este año los 180.000 millones de euros, un 60 por ciento más que cuando ustedes gobernaban o, si quiere, un 48 por ciento más sin incluir las prestaciones por desempleo? ¿Les explicó a sus colegas que el 21 por ciento del producto interior bruto se destina a educación, pensiones y sanidad, exactamente 4.700 euros por habitante? ¿Explicó, señoría, a sus colegas que el salario mínimo interprofesional ha pasado de 460 euros en el año 2004 a 641 en la actualidad? ¿Explicó su señoría que la ganancia de poder adquisitivo para pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a cargo ha sido del 27 por ciento y en el caso de las viudas con cargas familiares del 50 por ciento? ¿Explicó su señoría que hay un 50 por ciento más de media anual de viviendas protegidas que en años anteriores, además de incentivos para el alquiler de viviendas, y que se ha introducido desde el año 2007 la renta de emancipación, que no existía en nuestro país cuando llegamos al Gobierno? ¿O le explicó que la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Dependencia, esa que usted ha querido aquí falsear con los datos, sencillamente no existía cuando llegamos al Gobierno de España, que es una ley que otorga derechos por primera vez a las personas más vulnerables de nuestro país y que ha otorgado protección a más de 700.000 españoles en este país con la colaboración de todos? Por cierto, señoría, no voy a entrar a valorar quién cumple y quién no cumple la Ley de Dependencia porque soy una ministra responsable y porque quiero que sigamos avanzando con la cooperación de todos, pero los ciudadanos que viven en algunas comunidades autónomas saben perfectamente quién está cumpliendo y quién no con la Ley de Dependencia. (Aplausos.) Señoría, ¿explicó usted a sus colegas en esa reunión que desde 2004 el número de estudiantes becados ha aumentado en 400.000 hasta llegar a 1.700.000, que la cuantía media de las becas ha aumentado un 60 por ciento hasta superar los 900 euros? ¿Explicó que hemos completado la cobertura pública en la educación de 3 a 5 años y hemos puesto en marcha programas en colaboración con las comunidades autónomas, a excepción de dos que no han querido ponerlos en marcha? ¿Explicó que esa es una de las mejores medidas que un país puede tener para conciliar la vida laboral y familiar y también para apostar por la natalidad?

Además, señoría, hay que decir que al presupuesto destinado a garantizar nuestro Sistema Nacional de Salud es al que, después de las pensiones, se dedica mayor volumen. Es el Sistema Nacional de Salud que los socialistas pusimos en marcha -ahora va a hacer veinticinco años de la ley general-, es la educación pública y universal que los socialistas pusimos en marcha y es el sistema de pensiones que los socialistas pusimos en marcha. No solo se pusieron en marcha en el anterior Gobierno socialista, sino que vamos a consolidarlos. Porque estamos haciendo reformas para garantizar el Estado de bienestar en nuestro país, mientras los dirigentes y presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular dicen claramente que quieren que los ciudadanos paguen por los servicios públicos de este país. ¿Les contó eso su señoría a sus colegas en aquella reunión? (Aplausos.) Señoría, hay quienes jalean una y otra vez el apoyo a las familias y hay otros que no jaleamos, trabajamos. Hemos puesto en marcha nuevos derechos en materia de Seguridad Social, de conciliación de la vida familiar y laboral y de protección a las mujeres que sufren la violencia machista, para facilitarles nuevas posibilidades de vida libre y segura, por ejemplo, con la renta activa de inserción, que benefició solo en febrero de este año a 14.522 mujeres. No sé, señoría, si estas mujeres le importan en su interpelación. Además se ha creado el permiso de paternidad, del que ya han disfrutado cerca un millón de padres. Le parecerá normal, pero no existía cuando llegamos al Gobierno porque a ustedes se les olvidó o no les pareció importante. Además, señoría, las medidas que se van a adoptar pasan por mantener las actuales y por abordar un nuevo escenario. Vamos a seguir reformando el mercado laboral para que los ciudadanos puedan encontrar empleo. Vamos a seguir extendiendo los derechos sociales, porque este Gobierno cree en los ciudadanos y en el Estado de bienestar. Vamos a seguir mejorando las pensiones para que aquellos hombres y especialmente mujeres que en su día no cotizaron puedan seguir viendo aumentada su pensión. Y vamos a seguir desarrollando una serie de políticas sociales que realmente protejan a los ciudadanos. Señoría, ¿les contó usted a sus colegas en aquella reunión que este país hoy tiene la mayor cuota de protección social de su historia? ¿Que cuando un ciudadano hoy se queda en el desempleo tiene una protección social que se ha extendido gracias a este Gobierno y es la razón por la que no hay un estallido social?

Señoría, acabo con una reflexión. Creo que lo que usted trasladó a sus colegas es un deseo más que una realidad: el deseo de que España vaya mal y de que su partido gane las elecciones. Pero ni una ni otra cosa va a suceder, señoría. No tenga usted prisa. Los tiempos en democracia los marcan las legislaturas y este Gobierno va a agotar la legislatura y va a seguir desarrollando muchas políticas sociales en lo que queda de ella.
Le diré más, cuando les enviemos esta interpelación y conozcan la realidad de España y sobre todo la falta de compromiso de la oposición, sus colegas entenderán no solo por qué no hay estallido social sino también por qué ustedes siguen en la oposición. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora ministra.


Señora Méndez, su turno de réplica.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, usted relata un sinfín de derechos, un sinfín de medidas y un sinfín de cosas que ha hecho este Gobierno. (La señora Cabezón Ruiz: De datos.) De datos. Yo le voy a dar otros datos también. Lo importante en política no es el reconocimiento de derechos, sino poder hacerlos efectivos. ¿Acaso no existe un derecho fundamental al trabajo, que ustedes vulneran todos los días? (Aplausos.) Yo sí que voy a hablar de la Ley de Dependencia, aunque a usted no le gusta hablar de ella. La Ley de Dependencia no se está implantando gracias a su Gobierno sino que se está implantando a pesar de su Gobierno. ¿Me quiere usted decir qué pueden hacer las comunidades autónomas con 3 euros al día por dependiente? Ya me dirá qué es lo que están ustedes sufragando. Si ahora mismo 700.000 personas están recibiendo las prestaciones de la Ley de Dependencia es por el esfuerzo que las comunidades autónomas están realizando para pagar y prestar esos servicios; y usted lo sabe. Además, ustedes también son culpables del aumento del déficit de las comunidades autónomas, y no solo por la Ley de Dependencia, sino porque en el último presupuesto la partida de gasto que más bajó, en un 42 por ciento, fue la de transferencias a otras administraciones. Ustedes actúan con la más absoluta deslealtad. El plan concertado, que es el dinero que va a los ayuntamientos para gastos de primera necesidad, se reduce en un 12 por ciento. Hay ya comunidades autónomas, como la nuestra, con 450.000 personas más, a las que ni siquiera les reconocen esa población, que tienen que pagar la dependencia, que tienen que pagar la sanidad y que tiene que pagar la educación. Ustedes están actuando con una absoluta deslealtad hacia las comunidades autónomas y hacia las corporaciones locales.


Señora ministra, yo sí le voy a dar datos. Usted me ha dado unos, pero yo le voy a dar otros. El Partido Popular subió el porcentaje del PIB de apoyo a la familia del 0,5 al 1,1, y en su periodo tan solo ha subido una décima, del 1,1 al 1,2. Seguramente ha sido por el cheque bebé, y por lo tanto el año que viene desaparecerá, porque no me explico cómo ha podido subir, si no, esa sola décima. Usted ha dicho en otras ocasiones que con su Gobierno la renta per cápita ha aumentado. Con su Gobierno ha aumentado un 17 por ciento, pero con el Partido Popular aumentó un 56 por ciento. El presidente Zapatero ha reconocido recientemente que estamos 5 puntos por debajo de la media europea en gasto social en relación con el PIB, pero no dijo que estamos en el primer puesto en gasto por prestaciones por desempleo; el 16,6 del gasto social es para eso. Pero esto, señora ministra, no es mayor protección social, esto es un derecho que tienen los trabajadores, que se lo han currado; esto no es mayor protección social, esto significa que hay 5 millones de parados y que no hay cotizantes, y al no haber cotizantes todo se complica y congelan las pensiones de nuestros mayores, alargan la edad de jubilación y se pone en cuestión todo nuestro sistema de Seguridad Social, lo cual nos recuerda ya a otras épocas. La tasa de paro, señora ministra, ha traído como consecuencia que el índice de miseria en España sea el más alto de la Unión Europea. Usted sabe que este índice es el resultado de la tasa de paro y la inflación, con un resultado demoledor para la renta disponible de las familias, y es el Gobierno de Zapatero el que ha duplicado la miseria en España. Ha aumentado la pobreza, el índice general, porque efectivamente ha disminuido el índice de mayores, pero ¿de qué vale que haya disminuido ese índice en los mayores si ha aumentado para sus hijos y para sus nietos, a los que con su ínfima pensión tienen que ayudar? Eso no es difícil de entender, pero es lo que está pasando. Cuando se refiere usted a redistribución -lo ha hecho en otras ocasiones- no entiendo tampoco de qué está hablando, cuando la tasa Gini demuestra que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Este índice de desigualdad es el más alto de la Unión Europea.


Señora ministra, yo quiero que nos conteste en la mañana de hoy responsablemente, que nos diga lo que piensan hacer para luchar contra la pobreza infantil, qué tipos de programas pondrán en marcha para dar un mayor soporte a la familia, qué harán para crear empleo, que es el mejor remedio contra la pobreza, qué harán para superar el fracaso escolar o qué harán para cumplir los objetivos de 2002 de Barcelona. Esto es lo que van a discutir en Europa y lo que me importa que usted me diga, porque es su responsabilidad. No me gustaría que se enredara a meterse con nosotros, eso no lleva a ninguna parte. Usted es la ministra de España, y lo que los españoles quieren es su respuesta. Ya le he dicho que dentro de unos meses seguramente querrán la nuestra. Termino diciéndole, señora ministra, que somos el país que menos confianza genera desde el punto de vista económico, que ustedes no son capaces de crear empleo y que por eso nunca podrán llevar a cabo una adecuada política social. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Méndez.


Señora ministra, su turno de dúplica.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señora presidenta.


Señoría, si la confianza de nuestro país se midiera por la responsabilidad del principal partido de la oposición y por lo que una y otra vez dice de su propio país, desde luego sería una confianza exigua, pero afortunadamente las grandes reformas que está haciendo este Gobierno y que se reconocen en toda Europa hacen que este país tenga confianza, no en ustedes, sino en el gran país que somos. En cualquier caso, señoría, no me sorprende nada que no tengan propuestas; no las hicieron cuando estaban en el Gobierno y no las van a hacer ahora, entre otras razones porque en momentos de bonanza económica,

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cuando se debe demostrar la voluntad política de un gobierno en materia de política social, la realidad fue que si a ustedes les iba bien, no les iba mejor a los ciudadanos. Ahí se encuentra la diferencia entre una salida social de la crisis y una salida conservadora. Porque, señoría, en esa radiografía que hace del desastre usted omite que España, como el resto de los países europeos y del mundo, está atravesando una de las peores crisis económicas de los últimos ochenta años, y a pesar de eso este Gobierno ha tomado decisiones precisamente para que los ciudadanos que menos tienen no se queden en la cuneta. ¿Sabe cuál es la diferencia entre este Gobierno y otros gobiernos de la Unión Europea cuando hemos tenido todos que asumir la reducción del déficit? Que nosotros hemos priorizado las políticas sociales, y por eso los ciudadanos saben bien que este Gobierno apuesta por una salida social de la crisis, y por eso otros ciudadanos salen a la calle. Señoría, desde 2003 hasta 2009 la renta per cápita en nuestro país se ha incrementado en un 13 por ciento, incluyendo el peor año de crisis económica; 2.700 euros más por ciudadano, que no es poca cosa. Nuestra renta ha aumentado 2 puntos porcentuales en relación con Alemania y 6 respecto a Francia. Le repito, el aumento de las pensiones mínimas ha sido continuo, 3,4 millones de pensionistas han visto incrementado su poder adquisitivo con una tasa superior al 8 por ciento, también en momentos de crisis económica. La inversión en educación -a usted le preocupan los jóvenes y los niños, a mí también- se ha duplicado y ahora supera los 3.000 millones de euros, casi la mitad se destina a becas y al aumento de plazas en educación infantil. La Ley de la Dependencia, esa que no existía cuando llegamos al Gobierno y que hoy atiende a 700.000 personas, además está creando empleo, una gran noticia para todos, salvo para usted. Hemos ampliado también la protección de los trabajadores que han perdido su empleo, de manera que el 80 por ciento de los desempleados recibe hoy en España algún tipo de prestación o ayuda. Señoría, es un derecho de los trabajadores, pero cuando ustedes estaban en el Gobierno no lo extendían.
En cinco años el Gobierno ha puesto en marcha medio millón de viviendas protegidas, duplicando la inversión para facilitar a los ciudadanos con más dificultades el acceso a la vivienda. También hemos aprobado medidas de apoyo a las familias, como es la prestación para el cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave, que usted casualmente ha obviado en su intervención.


En definitiva, señorías, nosotros con los hechos y usted con la demagogia, esa demagogia que nada ayuda a los ciudadanos. Pero permítame que le diga algo. Me parece muy bien que hoy haga usted una defensa a ultranza de las comunidades autónomas, debe de ser porque hay elecciones el 22 de mayo, porque hace tan solo unos meses escuché a sus dirigentes decir que las comunidades autónomas eran un gasto que había que reducir y poco más o menos que las teníamos que disolver. Me alegro de que hayan cambiado de opinión una vez más. Nada me ha dicho del copago, porque evidentemente es su fórmula para hacer recortes en el Estado de bienestar. Esa es su ideología y la nuestra es seguir apostando por más políticas sociales.
Ustedes hablan de apoyo a las familias y nosotros actuamos. Eurostat lo dice bien claro: ha sido con este Gobierno cuando se ha apoyado más que nunca a las familias y se han hecho más políticas directas para apoyarlas.


Acabo con una reflexión, señoría. Usted no puede subir a esta tribuna y faltar a la verdad, porque nunca en la historia se ha repartido más financiación a las organizaciones sociales, entre otras cosas porque este Gobierno subió del 0,5 al 0,7 del IRPF las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales, a Cáritas y a Cruz Roja. (Aplausos.) Este es el año de toda la historia de nuestro país en que más hemos repartido para que organizaciones de estas características puedan hacer su labor, una labor encomiable, señorías, que yo jamás utilizaré en el debate partidista. En definitiva, señoría, ustedes sigan con esa España negra, que lo que va a venir muy negro es su futuro político, y nosotros seguiremos con la España de la realidad, confiando en nuestro país y apostando por los ciudadanos, que es nuestra obligación. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA COMPLEJIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONLLEVA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DESTINADOS A LA AGRICULTURA. (Número de expediente 172/000253.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la complejidad administrativa que conlleva el registro de productos fitosanitarios destinados a la agricultura. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nuestro grupo parlamentario presenta esta interpelación relativa a la complejidad administrativa que conlleva el registro de productos fitosanitarios debido a la gran preocupación que existe en el sector. El agricultor, como ustedes saben, señorías, usa los productos fitosanitarios para proteger los cultivos de las plagas y enfermedades que los atacan, tanto bajo los sistemas convencionales de producción como bajo los sistemas de producción integrada, que se utilizan para incrementar los rendimientos y mejorar la competitividad de las cosechas.
Los fitosanitarios incluyen principalmente los herbicidas, para eliminar malas hierbas, los fungicidas, para eliminar los hongos, y los insecticidas, para atacar a los insectos dañinos.


La utilización de los productos fitosanitarios resulta imprescindible para conseguir el fuerte aumento que la

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producción agrícola precisa para alimentar a la creciente población mundial cada vez en mejores condiciones y cubrir la demanda de productos agrícolas procedentes del sector energético. Es necesario avanzar hacia una agricultura más sostenible, con un uso racional y seguro de los productos fitosanitarios, imprescindibles para la actividad agrícola tanto en la producción convencional, repito, como en la integrada. La disponibilidad de las herramientas fitosanitarias más novedosas y adecuadas para la protección eficaz y segura de los cultivos es un factor clave para garantizar una producción agraria competitiva. Estos productos han evolucionado mucho, especialmente en estos últimos años. Ha sido muy importante la componente tecnológica, resultado de la fuerte inversión en I+D que han realizado las empresas del sector. Cabe destacar que los recursos destinados a I+D por las empresas fitosanitarias resultan proporcionalmente mucho mayores que los conocidos en la industria química en su conjunto. Los principales esfuerzos realizados en investigación se han dirigido a conseguir productos fitosanitarios con mejor perfil toxicológico, más respetuosos y compatibles con la salud humana, la seguridad del agricultor, la protección del medio ambiente y la agricultura integrada.


Como promedio, la ECPA estima en nueve años el tiempo que transcurre para que un producto fitosanitario nuevo acceda al mercado en la Unión Europea. Seguidamente hay que empezar todo un proceso para registrar el formulario del producto y los usos que se les dará en cada país en que se quiera comercializar dicho producto. En España, para que un producto fitosanitario pueda comercializarse debe estar inscrito en el registro oficial de productos fitosanitarios que gestiona el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Los formulados fitosanitarios que se ponen a la venta son evaluados por grupos de expertos de cuatro ministerios diferentes, que emiten sus dictámenes, los cuales son trasladados al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino como gestor del registro oficial de estos productos. Antes de ser aprobados todos los productos deben ser ratificados por la comisión de evaluación, que actualmente se reúne un máximo de tres veces al año y en la que participan, además de los representantes de los cuatro ministerios citados, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, representantes de las diecisiete comunidades autónomas y los sindicatos. Es decir, excesiva burocracia y dispersión. Si miramos este cuadro que les muestro veremos que España está a la cabecera en el tiempo que se tarda en registrar un producto fitosanitario: sesenta meses, cinco años, frente a nuestros competidores europeos. Reino Unido está en doce meses; Francia en quince meses; Holanda en diecisiete; Alemania en treinta, etcétera. Para la obtención de estos registros el plazo está demasiado por encima de lo que ocurre en el resto de los países de la Unión Europea, donde se manejan periodos -como han podido ver- muchísimo más cortos. La consecuencia de esto es el agravio comparativo para los agricultores españoles frente a sus competidores europeos, que disponen de nuevas herramientas, sobre todo las modernas, con mucha anterioridad. Según información del sector fitofarmacéutico, el periodo medio en España ha ido creciendo, sobre todo a partir del año 2000, ya que en años anteriores era posible disponer del registro para la comercialización del producto en unos treinta y seis meses. Ahonda en la cuestión la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que en el artículo 35, sobre procedimiento de autorización, en su apartado 4 recoge que la duración máxima del procedimiento será de doce meses desde el momento en que se haya completado la documentación.


España, señorías, señora ministra, está perdiendo competitividad, tanto a nivel agrícola como industrial, en el sector hortofrutícola a causa del retraso en la obtención del registro de estos productos fitosanitarios, frente a otros países que tienen un tiempo de registro muy inferior y que, por lo tanto, actualizan su catálogo de productos mucho antes.
Cultivos en los que España es líder europeo pueden verse sin soluciones.
Además, los competidores de España en las producciones mediterráneas son en su mayoría extracomunitarios y, por lo tanto, no están sometidos a las mismas restricciones en el uso de los formulados de los que estamos hablando, que no están autorizados en el mercado español y sí lo están en sus respectivos países. Aquí también tenemos que actuar. Cabe tener en cuenta el reducido o casi nulo uso de procedimientos para autorizaciones más rápidas introducidos por la legislación actual, el Real Decreto 2163/1994, como trasposición a la legislación nacional de la debatida Directiva 91/414, como el procedimiento de reconocimiento mutuo a partir de autorizaciones concedidas en otros países, sobre todo por los trámites establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que es mucho más exigente en documentación que en otros países europeos competidores en temas agrícolas. Esto nos preocupa, así como también los procedimientos de importación paralela, que se usa poquísimo en nuestro país y que permitiría la entrada en España de productos ya evaluados y aprobados a unos precios más beneficiosos para el agricultor. A todas luces, señora ministra, existe un problema que puede y debe ser resuelto habilitando el presupuesto y los recursos humanos y técnicos necesarios, siguiendo los ejemplos de la Unión Europea, que ya ha adoptado medidas a este respecto. Imite lo que han hecho Francia y Reino Unido, seguro que esto lo podemos mejorar. Este escenario resulta especialmente grave en los productos fitosanitarios de última generación, por ejemplo, los compatibles con los programas de la producción integrada y ecológica, al ser productos que por su novedad en estos momentos se encuentran con mayor probabilidad en proceso de registro. El hecho de que estos productos de última generación estén disponibles con antelación para los agricultores del resto de los países de la Unión Europea dificulta la competitividad de la agricultura española, situación que se agrava con la drástica reducción de los productos fitosanitarios que provocó la Directiva 91/414 y que continuará con la

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aplicación a partir de junio de este mismo año del Reglamento 1107/2009.


La estimación de los efectos económicos derivados de la lentitud del proceso de registro resulta una tarea extraordinariamente compleja de calcular dados los múltiples factores que influyen, porque se debería analizar en detalle la situación existente de cada cultivo respecto a plagas y soluciones fitosanitarias disponibles y en fase de registro, y realizar numerosas hipótesis respecto a los efectos derivados de disponer con antelación de estos productos que ahora están en fase de registro.
Sin embargo, a modo de ejemplo se ha estimado que por cada punto porcentual, por cada uno por ciento, señorías, de pérdida de productividad que se puede derivar de estos largos plazos de registros vigentes en España, hay un impacto económico directo en nuestro país superior a 79,5 millones de euros; eso sin tener en cuenta los cultivos menores. Al analizar la transformación que en 2006 tuvo lugar en el procedimiento francés del registro de productos sanitarios, que, como he dicho antes, imitaba también el modelo de Reino Unido para resolver la situación similar que en estos momentos tenemos en España, se constata que en la actualidad en el país vecino el periodo de obtención de registro ha pasado a ser de quince meses. Por eso le decimos, señora ministra, que aquí se debería crear un sistema cuando menos parecido al francés. Ya le avanzo que en la moción que presentaremos desde Convergència i Unió le haremos propuestas en este sentido para mejorar esta grave situación. Somos los líderes, pero los últimos, de la Unión Europea en los plazos de registro de estos productos fitosanitarios. Les voy a mostrar otra gráfica. En ella vemos que siendo los últimos -los líderes- en los sesenta meses que cuesta registrar un producto fitosanitario, en cambio tenemos las tasas más bajas para registrar estos productos de la Unión Europea. Paralelamente, el tiempo que se tarda va en proporción inversa a las tasas que quizá se pagan. Nosotros pediremos también que aumente un poco esas tasas hasta situarse en la media de la Unión Europea, pero que se ponga remedio para que estos productos puedan comercializarse lo antes posible ya que no podemos seguir perdiendo competitividad negando a nuestros agricultores estos productos nuevos que necesitamos en la agricultura.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Tarruella.


Para contestar a la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, en estos tiempos que corren no puedo dejar de agradecer su tono y la voluntad constructiva de su interpelación. En ese sentido le diré que desde el Gobierno estamos trabajando en colaboración con todos los agentes implicados en el sector para contar con medios más eficaces para el control de las plagas, y lo estamos haciendo en línea con la política comunitaria, orientada a mantener la renta de los agricultores y reforzar el cuidado del impacto de la actividad agraria en la seguridad alimentaria y el medio ambiente.


En la actualidad se reconoce la importancia del uso de los productos fitosanitarios en una agricultura que aspire a ser competitiva, así como también la absoluta necesidad de avanzar hacia una agricultura más sostenible, basada en el uso racional de los medios de producción en general y de los productos fitosanitarios en particular. En este sentido, conviene recordar que la aplicación de la normativa europea de 1991 ha supuesto una disminución progresiva de los productos fitosanitarios disponibles para la agricultura europea. Bien sabe su señoría que hemos pasado de en torno a 1.100 sustancias disponibles en el año 1993 a unas 380 actualmente. A esta reducción de sustancias hay que añadir que también se ha reducido la posibilidad de su uso en muchos cultivos como consecuencia de la aplicación de la normativa europea de límite de residuos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Todo ello ha supuesto una mejora para la protección de la salud y el medio ambiente, pero también -hay que reconocerlo, señalarlo y subrayarlo- un desarme notable de herramientas para el control de plagas que ha tenido una especial incidencia en la agricultura mediterránea y de manera especial -hacía su señoría referencia a ello- en cultivos menores, aquellos que al no ocupar grandes extensiones no generan expectativas de retorno de las inversiones que los fabricantes pudieran hacer a la hora de registrar sus productos. En relación con esta situación, señoría, he de reconocerle que tenemos un complejo sistema de autorización de productos fitosanitarios, un sistema en el que, como también referenciaba su señoría, participan expertos de diversos ministerios y organismos que elevan sus informes a una comisión de evaluación. Esta comisión, compuesta por representantes de los diferentes ministerios, entidades y organismos públicos, organizaciones profesionales agrarias y asociaciones representativas del sector, debe emitir un informe preceptivo para la autorización de los productos. Este sistema, que efectivamente resulta excesivamente complejo para afrontar los retos que se presentan en el registro y comercialización de los productos fitosanitarios, ya le digo que vamos a cambiarlo, llevamos ya algún tiempo trabajando en ello, y además lo hacemos atendiendo a la singularidad de la agricultura española; aprendemos de todos, no imitamos a nadie y tendremos nuestro propio sistema efectivo y eficaz, porque estamos en un momento clave para el futuro de la protección vegetal, ya que a lo largo de 2011, el año en el que estamos, será aplicable la normativa comunitaria sobre productos fitosanitarios publicada en 2009. Esta normativa tiene como origen la estrategia temática para el uso sostenible de los plaguicidas y se ha desarrollado fundamentalmente a través de dos normas que han sido citadas en su intervención: la Directiva sobre uso sostenible de los plaguicidas y el

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reglamento de comercialización de los productos fitosanitarios, que sin duda va a tener especial repercusión en el futuro registro de productos fitosanitarios. Esta nueva normativa de comercialización de productos fitosanitarios, de aplicación, por cierto, a partir de junio de 2011, consolida y fortalece las garantías en materia de protección de la salud humana y del medio ambiente, al tiempo que ofrece mecanismos para mejorar la disponibilidad de productos fitosanitarios para la agricultura, como el enfoque zonal de la autorización de los productos fitosanitarios, mediante el cual se trata de evitar que las complejas labores de evaluación de los productos se repitan innecesariamente en cada país de Europa.


Con este nuevo reglamento, se crean tres zonas en Europa y en cada zona solo un país evaluará los productos, mientras que el resto de países los autorizarán en base a esa evaluación que haya hecho el país correspondiente en la zona respectiva. Con ello, sin duda, se va a avanzar hacia una racionalización en el uso de los recursos humanos y económicos y también hacia una armonización de las autorizaciones en toda la Unión Europea. Una cuestión especialmente importante en España es que para aquellas producciones que a priori tienen condiciones agroclimáticas similares en toda la Unión Europea, y particularmente para los invernaderos, se considerará una zona única en toda Europa. Así, la evaluación realizada en Holanda podrá servir para autorizar un producto para invernadero en España o viceversa, esto simplifica y mejora sustancialmente el procedimiento y ahorra tiempo. Otro elemento a destacar son los mecanismos para agilizar el registro de productos para cultivos menores con la simplificación de determinadas áreas de la evaluación, la posibilidad de crear un fondo comunitario para su promoción, algo muy importante, y el establecimiento de incentivos para que los fabricantes inviertan en el registro de productos para estos cultivos, cosa que ahora no sucede.


Señoría, estamos trabajando para adaptarnos al nuevo sistema, para cumplir con los plazos establecidos en el nuevo reglamento europeo, plazo que es de un año para autorizar los productos y converger en su funcionamiento con el conjunto de Estados miembros de la Unión Europea, y para ello le diré que estamos preparando un proyecto de real decreto que va a modificar la normativa sobre registro de productos fitosanitarios para que España, mediante un sistema más ágil y rápido, sea capaz de adaptarse a las nuevas exigencias comunitarias y a los plazos fijados. También estamos preparando un plan para mejorar la disponibilidad de los productos fitosanitarios en la agricultura, y lo vamos hacer con el consenso y el diálogo, con la participación de las comunidades autónomas, con la participación de los grupos parlamentarios, de las entidades públicas afectadas, con los representantes del sector y las asociaciones de fabricantes de productos fitosanitarios, con la comunidad científica, y todo ello con un objetivo: desarrollar una efectiva lucha contra las plagas y en consecuencia hacer más competitiva nuestra agricultura, todo ello lógicamente acompañado de una reducción drástica en los plazos que nos va a situar en el ámbito europeo, teniendo en cuenta que el plazo que ya fija la Unión Europea es de un año, que tenemos la voluntad de cumplir y hacerlo con el conjunto de Estados miembros de la Unión. Así que vamos a cambiar el sistema, vamos a estar en el sistema implementado por la Unión Europea a través de la directiva y del reglamento y vamos a avanzar en la competitividad de nuestra agricultura.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Tiene la palabra doña Concepcio Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, yo también le agradezco su respuesta, que nos avance cómo quieren ir trabajando para dejar de ser los líderes en la cola de la Unión Europea. En la moción que vamos a presentar y que veremos en el próximo Pleno se puede reflejar esto que nos ha ido anunciando y será fácil ponernos de acuerdo. Desde luego, lo que no puede ocurrir en estos momentos es, por ejemplo, que en fitosanitarios aptos para combatir la plaga en la pera que estaban autorizados en España para las manzanas el registro haya durado más de cuatro años; esto no puede suceder. El registro rápido de muchos de estos productos fitosanitarios disminuiría el interés en la búsqueda de otros productos ilegales y así eliminaríamos los daños al medio ambiente, también para la salud del consumidor y las pérdidas económicas por cancelación de exportaciones, aumentando los ingresos fiscales de los gobiernos. Los sistemas de registro inglés y francés ya he dicho que eran modelos que podríamos implementar en España para mejorar este proceso de registro. He comentado que Francia partía de demoras similares a estas españolas de 60 meses y ha podido llegar a los 15; espero que nosotros, y además por sus palabras entiendo que tienen esta voluntad, lo podamos conseguir también lo más rápidamente posible.


Hemos estado hablando asimismo de las pérdidas económicas que esto comporta para el sector. Aquí quiero ponerle solamente dos ejemplos, el ejemplo del tomate con la plaga de la tuta absoluta, en que simplemente la pérdida del uno por ciento de producción a causa de carecer de los productos fitosanitarios para combatir esta plaga representa más de 14,6 millones de euros; 14,6 millones de euros por cada uno por ciento. Es fácil pues calcular las pérdidas de producción solo en el tomate. Además, debe tenerse en cuenta el coste que suponen las indemnizaciones que después las administraciones públicas tienen que abonar por pérdidas de productividad. Le voy a poner otro ejemplo. En Alcalà de Xivert en el año 2007 la Generalitat Valenciana pagó 450.000 euros a unos 30 productores por la pérdida total de producción del tomate por causa de la tuta absoluta. Para el caso de esta misma plaga, un escenario con una afectación del 20 por ciento de las hectáreas cultivadas y con un rendimiento de estas hectáreas afectadas

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un 30 por ciento menor tendría un impacto de más de 97,98 millones de euros, mientras que para una afectación -que puede darse- del 60 por ciento de estas hectáreas, que implique la disminución del 70 por ciento, este impacto llegaría a ser de 914,49 millones de euros. Vale la pena, señora ministra, que pongamos aquí coto a estos plazos y que podamos dar soluciones a estos aspectos. Y le pongo otro ejemplo, en este caso sobre el peral. Para una afectación solo del 20 por ciento de estas hectáreas y una disminución de la producción del 20 por ciento la pérdida estimada es de 11,47 millones de euros. En caso de la afectación del 60 por ciento y para una disminución de la producción del 70 por ciento, que se suele dar, las pérdidas estimadas son de más de 137 millones de euros.
Calculamos que el coste de aumentar material y personal para poder agilizar el registro vendría a costar unos 10 millones de euros. Como ve, las compensaciones y las diferencias no tienen color.


Señorías, señora ministra, creemos que esta interpelación que hemos hecho a petición de todo el sector nos va a servir para reflexionar, para tener claro que ayudar a estas empresas, poder registrar lo más rápidamente posible estos productos para que puedan disponer de ellos nuestros agricultores, además de ayudar a esta industria, además de ayudar al sector, tendría un impacto económico en nuestro país importante. Por eso, señora ministra, espero que en la próxima moción podamos llegar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios y, por fin, poner final a este excesivo plazo.


Muchas gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Aguilar Rivero): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, estamos de acuerdo en que el sector de los productos fitosanitarios tiene una gran importancia para la agricultura española, especialmente para la producción y exportación de productos vegetales sanos y seguros, constituyendo un apoyo para la agricultura sostenible y la gestión integrada de plagas.


Somos conscientes de que el sistema actual no puede dar respuesta a los retos de la nueva normativa europea que establece plazos cerrados para la evaluación y registro de un año, como máximo, para aprobar los productos.
Son retos a los que vamos a responder, se lo puedo garantizar, con seguridad y certeza con las medidas que vamos a tomar. Además, en los casos en que los productos sean evaluados por España la evaluación la tenemos que realizar en ocho meses, para, posteriormente, ser enviada al resto de los Estados miembros de la zona sur y que tengan cuatro meses para autorizarlo en sus países respectivos.


En definitiva, la nueva normativa a aplicar a partir del 14 de junio de 2011 nos lleva a un trabajo conjunto e integrado con los registros y entidades evaluadoras de otros Estados miembros de la Unión y supone que debemos, y vamos a hacerlo, adquirir unos compromisos a los que lógicamente vamos a responder satisfactoriamente. Para ello -ya le he referenciado- estamos preparando un proyecto de real decreto, cuyo trámite se iniciará ahora, a principios del mes de abril, y respecto al cual sin lugar a dudas dialogaremos, y un plan para mejorar la disponibilidad de los productos fitosanitarios. El plan consta, señorías, de las siguientes medidas. En primer lugar, priorizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que ya estén autorizados en otros Estados miembros. Eso va a significar que vamos a resolver de inmediato respecto a un conjunto de productos fitosanitarios que en la actualidad están pendientes. Para ello ya nos hemos puesto en contacto con la industria fabricante, con objeto de que presente las correspondientes solicitudes con carácter urgente. En segundo lugar, autorización prioritaria de aquellos productos para los que se disponga de informes de evaluación realizados por otros países en el marco del proyecto piloto de evaluación zonal sur de los productos fitosanitarios, lo que nos va a permitir actuar rápidamente con otro grupo de productos fitosanitarios que en estos momentos están pendientes de evolución definitiva. En tercer lugar, la evaluación de los productos agrupándolos en paquetes con la misma materia activa. De esta manera vamos a evitar una duplicación innecesaria de parte de los trabajos de evaluación. Son tres medidas que van a tener un impacto inmediato en buenos resultados.


Por último, la tramitación del real decreto de comercialización de los productos fitosanitarios va a modificar profundamente el actual sistema de evaluación y autorización. Estamos determinados, decididos, tenemos la voluntad firme de que España cumpla los requisitos y plazos de la nueva normativa comunitaria mediante un sistema que simplifique los circuitos de registro y que permita agilizar la puesta en el mercado de los productos fitosanitarios. En este sentido, le manifiesto desde esta tribuna nuestro compromiso y esfuerzo por responder a las demandas del sector, a la vez que avanzamos en la competitividad de nuestra producción agrícola y también, como no puede ser de otra manera, señorías, en garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y ambiental.
No le quepa la menor duda de que vamos a situarnos en los plazos fijados por la Unión Europea y a cambiar el sistema actual.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO EN TORNO AL CORREDOR FERROVIARIO ATLÁNTICO. (Número de expediente 172/000251.)

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los planes del Ejecutivo en torno al corredor ferroviario atlántico.


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Tiene la palabra don José Ramón Beloki para defender la interpelación.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, los Pirineos son de entrada una realidad física, orográfica, notable, de fuerte personalidad. Son algo así como 440 kilómetros que van desde el cabo de Creus hasta el Cantábrico. En su dimensión central tienen como 150 kilómetros de anchura y, si no estoy muy equivocado, algo así como 213 tresmiles. Los Pirineos son de una fuerte personalidad, incluso de una cierta cultura en sí mismos, en su voluminosidad y en su diversidad. Los Pirineos son también un obstáculo físico voluminoso, no fácil de superar para la comunicación de personas y mercancías de las sociedades que viven a uno u otro lado de los mismos. Y los Pirineos han tenido además hasta fecha bien reciente algo que se ha añadido a este obstáculo físico, esa frontera político-administrativa que hemos tenido entre Francia y España, que ha dificultado, evidentemente, todavía más la comunicación de personas y el intercambio de mercancías entre las personas que vivían a uno y otro lado de los mismos. Los Pirineos han dividido, han separado, yo diría que con notable artificiosidad, culturas y gentes que vivían a uno y otro lado. Así han sido las cosas en el pasado y así siguen siendo en buena parte en el presente, incluso ahora que, hablando en términos formales, habrían desaparecido las fronteras administrativas.


No todo ha sido separación en los Pirineos de todas formas. Los Pirineos han sabido también abrirse a la comunicación y al comercio, han sabido permeabilizarse. Lo han hecho en el campo viario y en el campo ferroviario, aunque si algún rasgo fronterizo tienen los Pirineos es el ancho de vía. Es el signo claro de que ahí había una frontera. Se llegaba en un ancho, se cortaba y se continuaba en otro ancho. En todo caso y con estos inconvenientes, ha habido una cierta comunicación. Esta permeabilización de los Pirineos, tanto la viaria como la ferroviaria, se ha hecho de forma amplísimamente mayoritaria abriendo cauces en esta cordillera, bien sea a uno u otro lado de los mismos. En resumen, podríamos decir que se ha hecho fundamentalmente abriendo dos corredores, el atlántico y el mediterráneo, tanto en el plano viario como en el ferroviario. Sin ánimo de menoscabar la importancia de otras comunicaciones que hay no solo en ambos extremos, sino también en el centro, este es un dato que no se puede olvidar. Ahí están los datos del Observatorio hispanofrancés del tráfico de los Pirineos -los últimos, creo yo- de junio de 2010, que dicen que por ambos corredores discurrió el 66 por ciento de los 122.300 vehículos ligeros que cruzaron cada día los Pirineos y más del 92 por ciento de los cerca de 21.000 camiones que atravesaron diariamente en 2007 y de los 20.400 que lo hicieron en 2008 por uno de los dos corredores, o por la suma de ambos. Y no olvidemos, por cierto, que la carretera supuso el 55 por ciento del total de intercambio de mercancías con Francia y el 46,6 por ciento del intercambio con el resto de la UE a quince. Por ambos corredores viajaron, en el plano ferroviario, la totalidad de los 904.000 pasajeros.
No creo que sea necesario añadir más datos: el peso de ambos corredores respecto al total de la circulación es clave y además el peso se reparte por mitades. Ambos corredores son análogos, lo han sido en toda la historia.


Estoy seguro, señor ministro, de que todo esto usted lo conoce y diría que hasta lo comparte, pero habría que concluir que, si se quiere hablar del desarrollo a futuro, tenemos que seguir imaginando que ambos corredores son los corredores a través de los cuales, en el plano viario y en el ferroviario, se van a desarrollar los intercambios comerciales y el ir y venir de las personas. Permeabilizar los Pirineos sigue constituyendo una necesidad política, una necesidad económica y un trabajo pendiente, una necesidad especialmente sentida desde que vivimos y queremos vivir y desarrollarnos en el marco de una Europa unida. Y no es una necesidad de quienes vivimos algo así como colgados inmediatamente de los Pirineos, es la necesidad de todo el Estado español, de toda la península Ibérica e incluso de buena parte de África, a este lado de los Pirineos y, al otro lado, la necesidad de todo el comercio y el intercambio de personas entre el norte y el sur de Europa. Es una necesidad del Estado y de Europa.
Esto ha estado claro y desearía uno que siguiera estando claro. Ha estado claro, por ejemplo, en Europa. Si ustedes revisan lo que ocurrió en Essen, en el momento en que se definió el corredor ferroviario a gran velocidad norte y sur de Europa se habló de atravesar los Pirineos en un único proyecto: el corredor Atlántico y el corredor Mediterráneo. Los dos formaban parte de un único proyecto, no eran dos proyectos que se desarrollaban por separado. Los dos figuraban como ejes prioritarios de desarrollo del tren de alta velocidad norte-sur de Europa. ¿Estamos de acuerdo en todo esto, señor ministro? ¿Sí o no? ¿O hemos cambiado de parecer? Esta es la pregunta que le hago. Y se la hago, señor ministro, porque no termino de verle a usted diciendo esto con claridad. Le veo hablar de términos genéricos y cuando baja usted al detalle últimamente le escucho hablar del corredor ferroviario mediterráneo, pero, salvo que se le pregunte, no veo que usted por propia iniciativa diga que los Pirineos constituyen a estos efectos una parte y que deben ser tratados como un único proyecto de relaciones norte-sur de Europa, tanto en el ámbito viario como en el ferroviario. No habla usted de este tema, al menos lo hace de forma absolutamente evasiva. Lo hace, eso sí, cuando se le fuerza a hablar y mi propio grupo en alguna ocasión le ha preguntado a usted sobre este tema, incluso hemos preguntado al presidente del Gobierno y en esos momentos ustedes terminan hablando de un cierto corredor ferroviario Atlántico, pero si no se mira para otro lado.


Mire, todavía ayer -insisto- usted hablaba de uno de estos corredores, el corredor ferroviario mediterráneo, y decía usted con pompa que acababan de hacer el estudio técnico del corredor ferroviario mediterráneo e incluso nos invitó a asistir al acto, aunque no pudimos.


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Pero hemos leído y repasado lo que usted presentó, lo que usted dijo y lo hemos hecho con atención. Me parece que los notables esfuerzos que han desarrollado los grupos parlamentarios catalanes en que usted hablara de esto han resultado en que usted, de los términos genéricos, ha pasado a decir: Sí, el corredor ferroviario mediterráneo existe y además lo voy a priorizar. Pero incluso este día usted se olvidó del conjunto de los Pirineos y eso significa, señor ministro, que usted se olvidó de medio Estado. Usted no aludió a medio Estado que cuelga del otro lado de los Pirineos para su desarrollo y para sus relaciones norte-sur. De forma que si es el Grupo Parlamentario Vasco el que presenta esto, no lo presenta en función del País Vasco y de sus necesidades -que también-, se lo presentamos en nombre de ese otro medio Estado, como mínimo, que cuelga de si efectivamente atravesamos los Pirineos, de si permeabilizamos los Pirineos también por el otro lado. Y esta es la pregunta con la que vengo.


Termino esta primera parte diciéndole que he leído estos días que cuando usted presentó esto debió de entregar un USB en el acto de presentación.
Ese USB lo repartió usted entre todos y lo debió de coger el presidente de la Generalitat, el señor Mas, y he leído que le dijo: Señor Blanco, me guardo cuidadosamente el USB -que recoge el estudio que habla de sus intenciones-, lo voy a guardar celosamente para ver si lo que usted dice hoy en el USB se corresponde con los hechos en el futuro. Pues mire, señor ministro, yo también quiero un USB. Yo también le exijo a usted un USB, el USB del corredor ferroviario atlántico con el mismo nivel de precisión, con el mismo nivel de detalle. ¿Por qué? Porque venimos de esa historia y no veo una sola razón para que esa historia, en sus aspectos fundamentales, tenga que escribirse en el futuro de forma distinta. Es verdad, señor ministro -y le alabo-, que cuando ustedes están hablando del corredor ferroviario mediterráneo están hablando de una España distinta, que no es la España radial; es decir, que usted abra el Pirineo a otra realidad distinta de la España en red me parece excelente y le alabo, pero eso no puede obviar que la relaciones norte-sur a través de los Pirineos se tengan que seguir desarrollando porque si no usted condena a medio Estado a no se sabe qué, pero nunca al desarrollo. Se tiene que desarrollar por ambos lados.


En consecuencia, señor ministro, mi pregunta es: ¿Va usted a entregarnos a los vascos y a todos los que colgamos del corredor ferroviario atlántico un USB como ha entregado a los que cuelgan del corredor ferroviario mediterráneo? Espero su respuesta, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Señor ministro de Fomento, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Beloki, no sabe cuánto me alegro de que haya profundizado usted en el USB sobre el corredor mediterráneo que estamos impulsando y que había sido olvidado por el Gobierno anterior cuando lo tenía que haber incluido en las redes transeuropeas prioritarias.


Señoría, el Gobierno siempre ha participado activamente en la necesidad del impulso de la red transeuropea de transportes y, por tanto, en la necesidad de permeabilizar el Pirineo porque, como usted ha dicho, es una necesidad económica. Hemos participado activamente en el impulso de la red y de todos sus corredores a su paso por España y, por supuesto, es importante el proyecto de su rama atlántica. Siempre hemos defendido que una buena red de infraestructuras cohesiona el territorio e impulsa el crecimiento económico y social; y eso vale tanto para España como para Europa, vale tanto para el corredor mediterráneo como para el corredor atlántico. En ese sentido, la red transeuropea de transportes se tiene que convertir en un auténtico elemento vertebrador de toda Europa, así como en una herramienta esencial para impulsar la actividad económica en España y en la Unión Europea.


La libertad de movimiento de bienes y personas por el territorio europeo exige el desarrollo de una red de transportes multimodal que favorezca la intermodalidad, una red que elimine cuellos de botella de las áreas fronterizas y que vertebre nuestras economías promoviendo un transporte eficiente y sostenible. Se trata, en definitiva, de construir una red europea que responda a las necesidades de las personas y de la economía.
Por ese motivo el Gobierno de España, además de impulsar los corredores incluidos en la red hace años -como es el caso del corredor atlántico, que luego detallaré-, tiene la obligación de conseguir que el corredor mediterráneo también forme parte integral de la red básica de transportes de Europa. Tenemos el deber de enmendar el error que cometió el Gobierno del Partido Popular, que dejó pasar la oportunidad de incluir ese corredor cuando gobernaba. (Rumores.) Se trata de un eje que aglutina más del 40 por ciento del PIB y cuyo desarrollo es vital para incrementar la capacidad exportadora de nuestro país, así como para ofrecer las ventajas de un transporte moderno, seguro y sostenible a una gran parte de la población española. De esta forma, España contará con tres corredores ferroviarios con Europa: el ramal mediterráneo, la conexión Algeciras-Sines-Madrid-París y el ramal atlántico. Todos ellos son proyectos necesarios y complementarios.


La apuesta por los grandes corredores ferroviarios es una garantía de futuro. Por ello, en corredores como el atlántico venimos trabajando intensamente desde que llegamos al Gobierno. Ese eje ferroviario Portugal-España-Francia es fundamental para el Gobierno. Como usted sabe, forma parte del proyecto número tres de la red transeuropea de transportes y constituye un corredor de referencia dentro del mapa ferroviario español. Usted hizo referencia a ello. Atraviesa seis comunidades autónomas, que representan más del 30 por ciento de la población y casi el 36 por ciento del PIB de nuestro país. Es una línea que nos une a Europa a la vez que refuerza la cohesión de

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nuestra red interna. Es una infraestructura que cuenta con el compromiso de los tres países implicados: Portugal, Francia y España. Así lo pusimos de manifiesto en Zaragoza en junio del pasado año, señoría. Aprovechando la Presidencia española de la Unión Europea, los tres países, junto con el vicepresidente de la Comisión europea, Siim Kallas, firmamos un memorándum de entendimiento relativo a la ejecución de este proyecto, a la ejecución del corredor atlántico, donde se ponían en valor los importantes avances que hemos realizado, así como el respaldo activo del coordinador europeo, el señor Secchi, en la labor que está desarrollando.


Señoría, el corredor ferroviario atlántico ha contado, cuenta y seguirá contando con el pleno respaldo del Gobierno de España. A día de hoy se han realizado trabajos en esta infraestructura por valor de 6.000 millones de euros, de los cuales casi 5.000 se han invertido desde el año 2004. Cuando llegamos al Gobierno gran parte del corredor se encontraba aún en fase de estudio. Hoy la realidad es muy distinta, el trayecto Madrid-Valladolid se encuentra en servicio desde diciembre de 2007, un hecho que mejoró de forma significativa las conexiones entre el centro y el norte peninsular, y la totalidad de los tramos que unen Valladolid y Burgos se encuentran en obras, a los que en breves se sumarán los dos tramos pendientes de la conexión Vitoria-Bilbao. Este mes de abril licitaremos las obras del tramo Elorrio-Atxondo, y en el segundo semestre de 2012 el tramo Atxondo-Abadiño. Por otro lado, también impulsaremos la conexión con Portugal. Tal como nos hemos comprometido, licitaremos este año la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura a través del Plan extraordinario de infraestructuras, iniciando el proceso con el anuncio en el diario oficial de la Unión Europea este mes de abril. Es decir, a finales de 2011 más del 80 por ciento del trazado del corredor ferroviario atlántico, desde la frontera portuguesa hasta el País Vasco, estará licitado en obras o en servicio. Es un hecho que pone de manifiesto que los planes del Gobierno en torno a este corredor están definidos y acotados.


Señoría, los grandes ejes ferroviarios que vertebran y cohesionan provincias, comunidades autónomas e incluso países constituyen la principal prioridad dentro de la política de infraestructuras y transportes del Gobierno. Es necesario impulsar la red de ferrocarriles ajustando el desequilibrio modal que existe hoy en día en nuestra red de transportes. El ferrocarril es un medio de transporte eficiente y sostenible, compatible con el nuevo modelo de crecimiento económico que estamos impulsando. La apuesta por un medio de transporte mixto, tanto de viajeros como de mercancías, que garantice los desplazamientos de una forma rápida y segura y que además conecte los principales nodos logísticos de nuestro país es capital para el desarrollo económico del mismo. Por ello invertir en una red de transporte verdaderamente multimodal es el camino que quiere seguir el Gobierno de España; invertir para impulsar el tráfico de viajeros, pero invertir, señorías, para impulsar el tráfico de mercancías. Es necesario que este asunto nos lo tomemos muy en serio, porque el transporte ferroviario de mercancías es un gran déficit que tiene nuestro país. Eso nos ha llevado a tener unos diferenciales muy notables en relación con la media europea, donde el transporte ferroviario de mercancías por ferrocarril se sitúa entre 12 y 16 puntos por encima de nuestro país. Eso indudablemente tiene importantes problemas para la competitividad y para la productividad, porque muchas veces los costes logísticos son superiores a los costes de personal. Se trata de una buena red de transportes que, además de ahorrar desde el punto de vista de la eficiencia energética, tal y como detallaré en mi comparecencia la próxima semana, va a favorecer la competitividad y la productividad de nuestra economía. Esa es la apuesta, pero he de decir que, lamentablemente, ese no fue el debate que se ha venido manteniendo históricamente en nuestro país.


Yo llevo tan solo dos años de ministro de Fomento del Gobierno de España y durante estos dos años me he reunido con todos los presidentes de las comunidades autónomas. La mayoría de los presidentes, cuando me han venido a ver o cuando les he visitado, me han hablado de impulsar el transporte ferroviario de viajeros, casi ninguno me ha planteado impulsar el transporte ferroviario de mercancías. Esta es la realidad de un país que piensa mucho en los viajeros a la hora de hablar del transporte y no piensa en algo tan importante como es el impulso del transporte ferroviario de mercancías. Eso ha quedado en cierta medida subsanado una vez que entre todas las comunidades autónomas, por la apuesta del Gobierno de España, hemos acordado un plan para impulsar el transporte ferroviario de mercancías que conecta nodos logísticos, que conecta puertos con la red ferroviaria y eso, cuando esté desarrollado, va a permitir que nuestra economía gane en competitividad, en productividad y, además, en eficiencia energética. Ese es el gran reto que tenemos por delante, lo estamos impulsando. Hoy mismo, señoría, tengo la satisfacción de firmar un acuerdo con los representantes de la asociación de fabricantes de automóviles de nuestro país para impulsar la conexión de esas infraestructuras para que tengan una salida a través del transporte ferroviario de mercancías. Sin lugar a dudas eso favorecerá a las empresas y también a la economía de nuestro país. Esa es nuestra guía de conducta.


Por lo tanto, señorías, estoy absolutamente de acuerdo con su diagnóstico y con su reflexión, la diferencia es que en relación con el corredor mediterráneo los estudios estaban más atrasados, no había una definición de todo el corredor, no estaba incluido en las redes transeuropeas. No le pasa así al corredor atlántico, todo está definido, todo está proyectado y además todo está incluido en la red transeuropea prioritaria. El 80 por ciento del corredor estará licitado en obras a lo largo de este año, ese es el elemento diferencial con el corredor mediterráneo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Don José Ramón Beloki tiene la palabra en réplica.


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El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, esta interpelación la hemos presentado con el objetivo de bajar de las musas al teatro, no para quedarnos en las musas. De forma que, cuando yo le estaba hablando del USB, le estaba hablando de un USB cuyo contenido dice, como resumen, que tiene usted intención de elaborar un plan por el que el corredor ferroviario mediterráneo, una vez finalicen todas las obras previstas, va a contar con una línea de mercancías que garantice la continuidad y la capacidad necesaria en todo el eje y con una línea de alta velocidad para el transporte de viajeros.
Esto es lo que dice el USB sobre el corredor ferroviario mediterráneo.


Lo que le estoy pidiendo no es lo que usted está haciendo, que hasta donde se me alcanza, donde están los planes definidos y lo que usted ha anunciado, está hablando solo del transporte ferroviario respecto a los viajeros de alta velocidad. No existe, que yo conozca, un plan -como usted dice que existe- sobre el corredor ferroviario atlántico en mercancías de detalle. No existe, señor ministro. Quiero ese USB. Esto es a lo que viene esta interpelación, porque usted en fechas recientes había presentado el plan ferroviario de mercancías, donde en el programa número 3, red básica de mercancías, infraestructuras lineales, hablaba de distintas acciones, etcétera, pero en ningún momento se habla de esto, señor ministro, y este es supuestamente el plan estratégico para el impulso del transporte ferroviario de mercancías en España. Aquí no se hablaba de ninguno de los dos corredores.


Usted está bajando de las musas al teatro cuando, efectivamente, ha ido a Cataluña y les ha dicho: el corredor ferroviario mediterráneo va a ser así. Pues baje usted también de las musas del corredor ferroviario atlántico al teatro del USB. Eso es lo que yo persigo con esta interpelación, insisto, hacer una cosa análoga a lo que usted ha hecho con el corredor ferroviario mediterráneo. No rompa usted con los planteamientos básicos -que entiendo que usted comparte- de que el tratamiento de los Pirineos y las relaciones norte-sur en el plano viario, en el ferroviario y, por supuesto, mercancías y viajeros hay que hacerlo al estilo que básicamente hemos hecho siempre, rompiendo con la España radial, pero no rompiendo con la permeabilización de los Pirineos, sobre todo a ambos lados de los mismos.


Cuando usted me dice que el corredor ferroviario atlántico está ya en los ejes prioritarios, ¿qué me está diciendo, señor ministro? En el Consejo Europeo de Essen del año 1994, en el ámbito de los transportes -porque en él se habló también de energía-, hablando del tren de alta velocidad, se dice que el tren de alta velocidad sur entre España y Francia será Madrid-Barcelona-Perpiñán-Montpellier y Madrid-Vitoria-Dax. Esto es lo que estaba en los ejes prioritarios, pero no estaba el tema de las mercancías del corredor ferroviario atlántico. Tienen razón los catalanes cuando quieren meter el nuevo eje del corredor ferroviario mediterráneo en los ejes prioritarios, en cuya revisión se está. Pero no menos razón tenemos la otra parte del Estado cuando decimos que también lo nuestro tiene que estar entre los ejes prioritarios, ahora que Europa lo está revisando y va a terminar de hacerlo próximamente. Bajando de las musas al teatro tiene usted que definirme con precisión lo que no está definido, y tiene que ir a Europa a decir que tiene que estar también este eje de forma prioritaria en la nueva revisión que se está haciendo.
Y no le hablo en nombre del PNV, usted sabe que su y mi gobierno, aunque su y mi tienen distinto significado, su Gobierno en el País Vasco y el mío, el del señor López, está promoviendo este corredor ferroviario atlántico. Súmese usted, señor ministro. El señor López no me ha pedido que haga esta interpelación porque no vino al Gobierno a pedirle nada al PNV, sino a echar al PNV a las mazmorras, pero yo se lo presto. Esta es una interpelación a favor del Gobierno vasco del señor López para que lo que él dice -y con poco empeño hace- entre todos lo podamos hacer. Tiene razón en plantearlo, lo que no tiene tanta razón es en ser tan tibio en la defensa de las cosas, pero para eso está el Partido Nacionalista Vasco y para eso vendrá la moción, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beloki.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Blanco López): Señoría, lo que usted me pide es que situaciones distintas tengan el mismo tratamiento y el desarrollo de infraestructuras distintas tengan el mismo planteamiento. Si usted quiere eso, yo me comprometo a remitirle en un USB todas las actuaciones del conjunto del corredor atlántico, todas las definiciones y todos los proyectos, y así tendrá en un compendio único todo el devenir de las actuaciones que estamos haciendo en esta materia en ese corredor. Usted me pide concreción y me pide compromiso. Le diré que ayer mismo, mientras comparecía aquí el presidente del Gobierno, estuve con el comisario Kallas, que estaba en España, viendo precisamente el documento para la definición de la red global y de la red básica del transporte en todos sus ámbitos. Estuvimos hablando de los viajeros y de las mercancías, así como del corredor del mediterráneo y del corredor atlántico; y estuvimos hablando en el mismo lenguaje que usted y, por lo tanto, no tenemos diferencias. Compartimos el objetivo de impulsar los tres corredores que tiene nuestro país; compartimos el objetivo del impulso al transporte ferroviario de mercancías como un tema prioritario. Pero le voy a precisar un poco más.


En la definición del corredor atlántico entre la frontera portuguesa y Madrid es toda vía doble y ancho internacional, tráfico mixto, para pasajeros y mercancías. Le he dicho que en todo este corredor en el tramo español toda la licitación se hará este año; se lo he dicho. En el tramo Madrid-Valladolid, que ya está en servicio, las mercancías van a ir por la vía convencional, conectándonos por

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lo tanto con Portugal, y la alta velocidad será exclusiva para viajeros; de Valladolid a Burgos, que está en obras, las mercancías van a ir por la vía convencional y la alta velocidad será exclusiva para viajeros; entre Burgos y Miranda de Ebro, las mercancías irán por vía convencional y la alta velocidad será exclusiva para viajeros; de Miranda de Ebro a Vitoria, la vía será doble y de ancho internacional para tráfico mixto; y en los ramales Bilbao e Irún-frontera francesa también serán de vía doble y ancho internacional, tráfico mixto. Por tanto, señorías, esta es la definición de todo el corredor. ¿Usted quiere que se la ponga en un USB? Yo, encantado, se la pongo en un USB de forma inmediata. No solamente se la pongo de forma inmediata, sino que estoy dispuesto, señorías, a darle un calendario estimativo de la ejecución de los proyectos, como he hecho por cierto con el corredor mediterráneo, situando la primera fase de conclusión en torno a finales del año 2020 y situando el resto en un programa más ambicioso, a diez años más. Estoy dispuesto a hacerlo porque es bueno hacer planificación, es bueno hacer la planificación de forma concertada y es bueno además compartirla, señorías, porque las hojas de ruta hay que compartirlas.


Además, señoría, quiero ser fiel al compromiso que he adquirido. Y ser fiel al compromiso que he adquirido es trabajar para poner el transporte al servicio de la economía, y poner el transporte al servicio de la economía es hacer aquellas actuaciones en materia de transporte, sobre todo de mercancías, que más contribuyan al desarrollo económico, a la productividad y a la competitividad. Le decía que voy a ver hoy mismo a los representantes de la asociación de fabricantes de automóviles para hablar precisamente del transporte ferroviario de mercancías y el sector automovilístico. Ayer estuve reunido también con una importante empresa de distribución de nuestro país que quiere también impulsar, para favorecer su competitividad, la utilización del transporte de mercancías.
Estamos trabajando en ese terreno, sé que tenemos mucho que trabajar porque partimos de muy poco, pero desde luego tenemos que intensificarlo porque hay que remar en la misma dirección para que nuestro país consiga no solo la recuperación, sino que el crecimiento económico sea mucho más sostenible, podamos hablar mejor de nuestra economía en términos de productividad y podamos por supuesto desechar esa idea que tienen algunos de trabajar más y cobrar menos. Lo que hay que hacer es trabajar mejor, garantizar las condiciones para que se trabaje mejor, para que haya más productividad y más empleo. Por supuesto, esta receta es para el Partido Popular porque el señor Rajoy dijo que había que trabajar más y ganar menos. Yo lo que digo, señores del PP, es que hay que trabajar mejor, producir más y generar más empleo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 13/1985, DE 25 MAYO, DE COEFICIENTES DE INVERSIÓN, RECURSOS PROPIOS Y OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES Y EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1298/1986, DE 28 DE JUNIO, SOBRE ADAPTACIÓN DEL DERECHO VIGENTE EN MATERIA DE ENTIDADES DE CRÉDITO AL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. (Número de expediente 121/000099.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar los distintos puntos del orden del día. Solicito a sus señorías que las intervenciones las puedan limitar a cinco minutos cuando intervengan, aunque son varios los que han dicho que no lo iban a hacer, en el resto de asuntos que nos quedan por ver.


Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.


En primer lugar, tiene la palabra la señora Buenaventura.


La señora BUENAVENTURA PUIG: Intervengo rápidamente y desde el escaño.


Esta ley que vamos a aprobar, trasposición de la Directiva 2009/111, es un proyecto que supone una mejora positiva en la supervisión, control y reducción del riesgo de las operaciones de las entidades financieras. No cabe duda de que nuestro grupo hubiera sido más ambicioso en cuanto a las exigencias; hubiéramos sido más concretos en las restricciones de los bonos y la remuneración vinculada al riesgo. Nos parece bien que se supervisen, pero nos parecería mucho mejor que se regularan y prohibieran determinadas prácticas de las entidades de crédito. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) No obstante, votaremos a favor, pues es un avance, y también votaremos favorablemente las enmiendas introducidas en el Senado, ya que van en la línea de un mayor control de las remuneraciones de personal de las entidades de crédito y de más requisitos a la exposición del riesgo financiero.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Buenaventura.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


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El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo va a votar en contra de las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista, relativas a la información y a la transparencia de la entidades de crédito no porque no estemos a favor de que haya de existir en todos los procedimientos financieros el máximo de transparencia -entendemos que esta debe ser muy elevada-, sino porque se han planteado de una manera precipitada, a hurtadillas, a escondidas del debate en Comisión en este Congreso de los Diputados. Por tanto, dado que a nuestro entender se ha planteado de una forma precipitada, sin consenso ni posibilidad de participar en diferentes diálogos con el resto de formaciones políticas, de entrada vamos a votar en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo mantendrá la misma posición que mantuvo en el Senado sobre las enmiendas, enmiendas de carácter técnico y menores, a una norma de trasposición de una directiva europea, nada menos que sobre coeficiente de inversión y recursos propios para entidades financieras y entidades de valores. Señorías, estamos en un ejercicio muy extraño respecto a esta trasposición, porque estamos trasponiendo normativa europea que deben cumplir todas las entidades financieras respecto a coeficientes de solvencia. Este es un ejercicio incomprensible, habida cuenta de que en España las entidades financieras no tienen que cumplir esta directiva; tendrán que cumplir el decreto ley aprobado a principios de año y que el Partido Popular no apoyó por no estar de acuerdo con sus planteamientos sobre nuevos coeficientes de inversión y requisitos de capitalización del sistema financiero. Es decir, estamos trasponiendo una directiva que van a tener que cumplir el resto de entidades financieras en Europa mientras que nosotros vamos con nuestras propias reglas, unas reglas que, según ha dicho el Banco Central Europeo, van a generar menos crédito en la economía española; por tanto, van a ralentizar la posibilidad de recuperación de nuestra economía y no van a solucionar los gravísimos problemas de financiación que tienen los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.


Esta es una norma que deja en desventaja competitiva a nuestro sector financiero respecto de otros sectores financieros de Europa con los que compite día a día, y ya bastante tiene con la prima de riesgo de la economía española como para que encima tenga requisitos de solvencia que están por encima. Discrimina entre entidades porque ha sido claramente una norma que va en contra de las cajas de ahorro por el mero hecho de ser cajas de ahorro -uno podría entender que la solvencia se tiene que vigilar y que se tiene que supervisar, pero no que haya diferentes razas dentro del sistema financiero español- y, sobre todo, es una norma con mucha dificultad de cumplimiento, algo que se está viendo incluso en el momento presente del inicio de este proceso, lo cual nos lleva a que la solución final de la norma que está en vigor y que se va a aplicar de verdad -no esta que estamos trasponiendo en este momento- va a ser una norma que lleve una nacionalización encubierta, con 15.000 millones de euros anunciados inicialmente de aportación de necesidades de capitalización que, por lo que parece, en una gran mayoría van a ser fondos públicos, es decir, dinero de todos los contribuyentes -veremos para qué va a servir el dinero de todos estos contribuyentes-, y que ya en sus inicios, en el momento presente, con las noticias que tenemos en el día de hoy de una operación concreta como la del Banco Base, ya se ve que del dinero inicialmente previsto se va a necesitar en una única operación un 10 por ciento más.


Está mal planteado, tiene fallos de supervisión en el origen de este proceso -tendrá que verse dónde están esos fallos de supervisión-, y hay un problema, que es el que estamos viendo, de un sector financiero cada vez más inmanejable, con noticias que son preocupantes. Porque no es bueno que aparezcan noticias como las que hemos visto ayer y hoy y veremos qué pasa a lo largo del proceso, un proceso que se hizo exigente en cuanto a la capitalización pero no en cuanto al reconocimiento de pérdidas y saneamiento de balances de las entidades financieras, que es lo que habría servido de verdad para sanear el proceso, proceso que se ha hecho tan difícil de cumplir, tan imposible, que prácticamente dirige toda la actuación de recuperación del sector financiero a una nacionalización encubierta de una buena parte del sistema financiero español. No entendemos muy bien de qué manera va a servir para los objetivos inicialmente planteados por el Gobierno. Hemos de recordar que se cambia el paso a la mayor parte de los procesos que había ya iniciados, que eran procesos promovidos por el Banco de España, como al que he me he referido en el momento anterior, y aprobados por el Gobierno.


Por todo lo anterior podemos trasponer esta directiva, es lo que nos toca, los bancos tendrán que tener una doble contabilización de su solvencia, una que cumpla la directiva y otra que cumpla los requisitos de verdad, que son los del decreto ley, pero, francamente, el ejercicio de hoy es virtual. Lo que realmente importa es lo que está pasando ahora mismo, la supervisión y recapitalización del sistema financiero, que no ha empezado con buen pie.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Nadal.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mas.


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El señor MAS I ESTELA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, lo que estamos haciendo en estos momentos es intentar aprobar definitivamente una adaptación de una directiva comunitaria. La clave de este proceso está en la regulación. Todo el mundo está convencido -no solo nosotros- de que la crisis financiera internacional estuvo producida por un proceso de desregularización del sistema financiero, que hay que atajar. En esto todos los analistas están de acuerdo. Por tanto, no es de extrañar que desde Europa se introdujera una directiva en el año 2009, que es la que nosotros estamos adaptando en estos momentos. Es una directiva que tiene relación con la problemática de las estructuras de titulización, un tema que tuve ocasión de explicar en la Comisión de Economía cuando trató este tema en competencia legislativa plena, que hace referencia a cómo han ido derivando y degenerando los procesos de titularización, especialmente con los riesgos que conlleva. El segundo tema de la directiva es la limitación de los instrumentos de capital híbrido, básicamente las participaciones preferentes, en las estructuras de capital de las entidades financieras.
En tercer lugar, esta directiva pretende la mejora del papel de la cooperación entre los entes supervisores de los Estados nacionales.


Lo que se hace, por tanto, en este proyecto de ley que ahora estamos contemplando es la adaptación de esta directiva en estos tres aspectos.
Desde el Senado nos llegan, propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista, seis enmiendas a este proyecto de ley que hacen referencia a dos aspectos: uno, el reforzamiento de la solvencia de las entidades financieras de acuerdo con la normativa, señor Nadal, que se aprobó en el Real Decreto 2/2011, después convalidado; entendemos que precisamente lo que hace referencia a la enmienda primera que consideramos hoy es superar estas diferencias que usted ponía de manifiesto y pienso por ello que no tiene sentido su explicación. Las cinco enmiendas restantes van en la línea de explicar o de garantizar la coherencia de las políticas de remuneraciones de los altos cargos ejecutivos, tema que ha estado en la palestra últimamente y en el que nos ha sorprendido la posición del Grupo de Convergència i Unió, porque precisamente las enmiendas van en una línea triple: primero, de transparencia de estas remuneraciones respecto a los propios órganos societarios de las entidades financieras que los tienen; segundo, el control de estas remuneraciones, especialmente de aquellas de más de un millón de euros, lo que en términos mediáticos se ha calificado como los milloneuristas, un control por el Banco de España y, por último, la información pública pertinente a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de este tema. Las enmiendas van en esta dirección.


Evidentemente, nuestro voto será favorable porque se refuerza el sistema financiero y garantizan la transparencia y el control de las remuneraciones y hemos de tener presente -ya para terminar, señora presidenta, señoras y señores diputados- que el sistema financiero es fundamental para la economía real pero no podemos dejar que se nos escape de las manos, no puede ser que la economía real esté al servicio de la economía financiera, tiene que ser al revés. Con la reiteración de nuestro voto favorable, termino mi intervención.


Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Mas.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 41/1999, DE 12 DE NOVIEMBRE, SOBRE SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES Y EL REAL DECRETO-LEY 5/2005, DE 11 DE MARZO, DE REFORMAS URGENTES PARA EL IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y PARA LA MEJORA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 121/000100.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. Tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Muy brevemente, desde el escaño, quiero dejar constancia de la posición del Grupo Vasco en relación con la disposición final cuarta de medidas sobre distribución comercial. Es una enmienda que trata de modificar, de corregir, de dejar en suspenso la recién aprobada disposición adicional decimosexta de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, que pasa a ser la disposición adicional segunda de la Ley 12/1992, sobre Contrato de Agencia.


Como bien saben, la disposición adicional decimosexta de la Ley de Economía Sostenible fue defendida por el Grupo Vasco en el Congreso y aprobada por la mayoría de esta Cámara. Esta normativa, actualmente en vigor, viene a resolver, a nuestro juicio, la situación jurídica de indefensión que tenían los concesionarios, a quienes hasta el momento el proveedor modificaba unilateralmente el contenido esencial de los contratos, establecía la compra mínima del producto, la remuneración fija y variable o los criterios de selección del concesionario, y obligaba, en caso de terminación del contrato, a renunciar a toda compensación por las inversiones no amortizadas y por la clientela creada, lo que ponía en una difícil situación a las empresas concesionarias. Nos sentimos satisfechos de haber promovido la modificación de una situación tan anómala entre fabricantes y concesionarios de coches. Ahora, el Gobierno y fabricantes entienden que la modificación

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realizada ha sido un tanto excesiva, excesiva entre comillas, y que es preciso encontrar un punto de encuentro entre las partes; si las partes llegan efectivamente a un acuerdo satisfactorio para el buen funcionamiento del sector, bienvenido sea.


A tenor de la disposición final cuarta, el Gobierno se compromete a, en el plazo de seis meses, presentar y aprobar un proyecto de ley de contratos de distribución comercial que incluya el acuerdo alcanzado entre fabricantes y concesionarios. Ojalá sea así y digo ojalá porque desde el Grupo Vasco tenemos serias dudas de que se apruebe dicho proyecto en el plazo señalado. Nuestro grupo lo impulsará y tratará de que efectivamente el proyecto vea la luz, pero permítanme dudarlo. Quizá hubiera sido deseable para ello haber pactado que, en el caso de que no se apruebe dicho proyecto, entre en vigor de nuevo la disposición adicional decimosexta que con esta disposición final cuarta se pretende suspender.
En todo caso estos cambios normativos han obligado a las partes afectadas a sentarse y a llegar a un acuerdo revisando a fondo la situación actual, con el fin de buscar un punto de encuentro en términos más homologables en el ámbito europeo y mantener la actividad y el empleo de un sector económico tan importante como es el de la automoción. Deseamos desde el Grupo Vasco que ese acuerdo se produzca efectivamente y que todos, Gobierno, grupos parlamentarios, fabricantes y concesionarios podamos celebrarlo.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, en primer lugar nuestro grupo parlamentario quiere mostrar su satisfacción por esta enmienda proveniente del Senado -nuestro grupo fue uno de los firmantes de la misma- y que se refiere a la disposición final cuarta nueva. Nosotros entendemos que esta enmienda, avalada por la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara del Senado, es el reflejo de las nuevas bases del fair play en el sector automovilístico español, acordado recientemente entre las diferentes partes del sector, es decir, los fabricantes, los importadores, los distribuidores, los concesionarios y el Ministerio de Industria. Nosotros saludamos este acuerdo con el máximo de satisfacción y si, por descontado, luego es avalado por todas las fuerzas parlamentarias de esta Cámara, sinceramente tendríamos que felicitarnos todos los grupos parlamentarios -desde los grupos minoritarios al resto de grupos parlamentarios, el primer grupo de la oposición y también el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno-, ya que, sin lugar a dudas, hay que reconocer que el sector del automóvil representa el 10 por ciento del empleo de la economía española, el 5 por ciento del PIB y es el sector segundo más importante de la economía española. También hay que recordar que en esta firma conjunta están representados todos los sectores y todas las asociaciones más importantes, como pueden ser Anfac, Aniacam, Faconauto y Ganvam, estando al mismo tiempo firmado por el ministro de Industria, por el Ministerio de Industria, y seguramente será avalado por todas las fuerzas parlamentarias de este Parlamento. Por tanto, repito nuestra gran satisfacción por este nuevo fair play o por sentar las bases hoy de este fair play del sector automovilístico español en el que están representados absolutamente todos sus sectores.


Hay tres objetivos fundamentales que hay que recordar y por este motivo nosotros también vamos a votar favorablemente con todas nuestras fuerzas este gran acuerdo. En primer lugar, hay un compromiso del Gobierno de que en el plazo de seis meses va a traer a este Parlamento un proyecto nuevo de la ley de distribución del sector del automóvil; nosotros lo saludamos con nuestra máxima satisfacción, porque lo habíamos venido diciendo y reclamando desde hace bastantes años, incluso presentando mociones en este Parlamento, que fueron aprobadas por unanimidad. Hay asimismo un compromiso por parte de todos estos sectores económicos de elaborar con todas las partes implicadas un código de buenas prácticas y es cierto que todos los sectores están negociando con el ministerio este código de buenas prácticas, para que pueda existir un comité de seguimiento y, al mismo tiempo, un arbitraje, nombrado por todas las partes, para que se puedan resolver todos los conflictos que puedan surgir hasta la aprobación de este nuevo proyecto de ley.


Todas estas conductas, todas estas buenas prácticas, están avaladas por la normativa comunitaria ya puesta en práctica en diferentes países de la Unión Europea. Por tanto, sinceramente, creo que hoy es un día de gran satisfacción, al menos para nuestro grupo parlamentario, y quisiéramos hacerlo extensivo a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, porque con nuestro trabajo -y aquí hay que obviar las críticas del pasado, hay que mirar al futuro, el pasado ya es historia-, con el trabajo parlamentario de todas las fuerzas parlamentarias en este Congreso, hemos sido capaces de poder abordar este nuevo fair play del sector de la industria del automóvil, tan importante para España, en el que hemos sido capaces de incorporar todos los sectores afectados, incluso también avalados por el Ministerio de Industria. Este gran motivo de satisfacción que estoy mencionando hoy en esta Cámara sería importante poder avalarlo también con el máximo consenso de todas las fuerzas parlamentarias para que todos estos deberes que se han incorporado en este gran acuerdo, como es la práctica de buenas conductas, finalmente pueda ser consensuado con la máxima celeridad por todos los sectores económicos implicados.


Por todo lo dicho, repito que vamos a votar favorablemente esta enmienda y el resto de enmiendas que también

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vienen del Senado con relación a este proyecto de ley.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Sánchez.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


El proyecto de ley cuya tramitación concluimos hoy es el resultado de la trasposición de una directiva comunitaria relativa a los sistemas de pagos y liquidación de valores para dar reconocimiento y mayores garantías jurídicas a los sistemas interoperables utilizados en nuestro sistema financiero. Estos objetivos se cumplen y, por tanto, vaya por delante nuestro apoyo, como ya manifestamos en su tramitación en el Congreso a este proyecto de ley.


En su tramitación en el Senado se han incorporado a este proyecto de ley algunas enmiendas sobre las que hoy debemos pronunciarnos los grupos parlamentarios. Es evidente que apoyaremos la nueva disposición final cuarta, sobre la que ya se han pronunciado otros portavoces parlamentarios, de medidas sobre la distribución comercial, puesto que se trata de una enmienda presentada por diversos grupos parlamentarios en el Senado, entre ellos el Grupo Parlamentario Popular. En el Grupo Parlamentario Popular estamos muy satisfechos de haber contribuido a resolver algunos problemas planteados en el sector de la automoción y urgimos al Gobierno desde aquí a que, en el plazo al que se ha comprometido, seis meses, remita a este Congreso un proyecto de ley de contratos de distribución comercial que sea equilibrado y justo, para que los intereses de los fabricantes y los distribuidores sean satisfechos.
Urgimos asimismo desde aquí al Gobierno a proceder de modo inmediato a la firma de un código de buenas prácticas que contemple la constitución de un comité de seguimiento y de resolución de conflictos, porque consideramos que ello es indispensable hasta la entrada en vigor de la nueva ley de contratos de distribución comercial. No solo se lo reclaman las asociaciones del sector, como ha dicho el señor Sánchez i Llibre, sino el Congreso de los Diputados, y este grupo parlamentario se une a esta petición. También nos parece positiva la introducción de las entidades de dinero electrónico como participantes indirectos de los sistemas de pagos, de compensación y liquidación de valores, ya que sin el acceso y participación en dichos sistemas este tipo de entidades verían mermadas significativamente sus capacidades operativas. Por tanto, nos parece que se aumenta la competencia efectiva en el mercado del sistema de pagos y apoyaremos también esta enmienda.


Lo que no nos parece bien, y tengo que denunciarlo una vez más, es la actitud del Gobierno socialista ante las enmiendas presentadas por mi grupo a este proyecto de ley, tanto en el Congreso como en el Senado.
Este Gobierno, que va pregonando talante y consenso, ha utilizado en demasiadas ocasiones ya el derecho de veto reconocido en el artículo 134 de la Constitución y ha impedido una vez más el debate y votación de nuestras enmiendas. Este uso se ha convertido, a nuestro juicio, en un abuso. Con argumentos ya repetidos en esta Cámara -el último fue en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011- impide el Gobierno socialista que aquí, en este hemiciclo, podamos hablar de los problemas que realmente afectan a los españoles y, en concreto, de los problemas que afectan a las pymes y a los autónomos. Sin embargo, señorías, en el Partido Popular tenemos un firme compromiso con la creación de empleo y la creación de empleo, lo hemos repetido ya muchas veces, pasa por ayudar a estos empresarios, que crean más del 80 por ciento del empleo. Por ello, señores socialistas, no entendemos su empeño en boicotear una y otra vez las enmiendas que presenta mi grupo parlamentario en este sentido.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular aprovechó la tramitación de este proyecto de ley para proponer nuevamente medidas concretas de política económica dirigidas a ayudar fundamentalmente a los pequeños empresarios y a los autónomos. Queríamos abordar uno de los principales problemas que tienen, que es la morosidad. Mientras el Gobierno socialista sigue sin tomar medidas, han desaparecido ya 300.000 autónomos. El Partido Popular ha vuelto a proponer tres enmiendas que podrían contribuir de manera significativa a frenar esta situación de cierre de miles de pequeños negocios. Estoy hablando de la creación de la línea de crédito ICO para los ayuntamientos para pagar las deudas a sus proveedores, estoy hablando de limitar el efecto de la morosidad permitiendo no pagar el IVA de las facturas no cobradas y estoy hablando de permitir a las pymes y a los autónomos compensar, a través de liquidaciones de impuestos, las deudas reconocidas por las administraciones públicas. Pero el Gobierno socialista actúa una vez más como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer y, ante nuestras iniciativas, que aportan soluciones prácticas en forma de enmiendas, impide que podamos debatirlas y votarlas, para luego repetir una y otra vez que el Partido Popular ni ayuda ni ofrece alternativas. No quiero terminar mi intervención sin preguntarles, señores del Grupo Socialista, por qué vuelven a vetar nuestras enmiendas en su tramitación en el Senado, cuando las mismas fueron debatidas y votadas ya en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. Quizá temieran que estas enmiendas prosperasen en el Senado y tuvieran ustedes que retratarse hoy votando en contra de nuestros pequeños empresarios y de nuestros autónomos. ¿Ha sido esa la razón de no vetarlas en el Congreso y sí vetarlas en el Senado?

Señorías, voy concluyendo. Mi grupo parlamentario dará hoy su apoyo a las enmiendas introducidas en el

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Senado en este proyecto de ley, pero lamentamos profundamente que no hayamos tenido la oportunidad de poder votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular para ayudar a nuestros pequeños empresarios y a nuestros autónomos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Madrazo.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, presidenta.


Señorías, ha hecho bien la diputada del Grupo Popular en recordar de qué estamos hablando. Estamos hablando de la trasposición de una directiva, que modifica a su vez dos directivas anteriores, respondiendo a la evolución que han tenido los mercados financieros en los últimos tiempos; versan sobre firmeza en la liquidación de los sistemas de pago y sobre acuerdos de garantía financiera. Creo que es casi lo único que ha hecho bien, desde mi punto de vista, la responsable del Partido Popular.


Del trámite del Senado este proyecto de ley viene con tres enmiendas incorporadas. No he oído al señor Sánchez i Llibre manifestarse en cuanto a las otras enmiendas, solo le ha interesado la del sector de la automoción, a lo que ahora le contestaré. La primera, que fue presentada por el grupo de senadores nacionalistas, la enmienda número 2, trata de atribuir la consideración de participante indirecto en los sistemas de pago a las entidades de dinero electrónico. Mi grupo votará hoy que no a esta enmienda, en coherencia con lo que hizo mi grupo en el Senado, tanto en Comisión como en Pleno, además por las mismas razones que allí se esgrimieron, por los menores requisitos prudenciales a los que están sometidas estas entidades. Con lo que está lloviendo en los mercados financieros, creemos que es prudente que sea así. Y así lo vio el Grupo Popular en la Comisión del Senado; sin embargo, CiU no lo tenía muy claro, porque se abstuvo. El Grupo Popular votó no en la Comisión del Senado y a los pocos días votó sí en el Pleno y no sé qué razones le motivaron a ello, solo me las imagino. Señora Madrazo, a cambiar en varios días del no al sí, a eso, sí que se le llama bandazo; eso sí que son bandazos.


Entro en la enmienda número 3, que parece que es la que interesa más a los otros grupos, porque es de la que han hablado más. Nosotros, por supuesto, apoyaremos esta enmienda; cómo no vamos a hacerlo, si la presentamos nosotros y ustedes se sumaron después a ella. Hace referencia, como se ha dicho aquí, al sector de la construcción. Un sector que, como saben, es uno de los sectores estratégicos más importantes de nuestra economía, un sector que aporta casi el 6 al PIB y que genera más de 300.000 empleos en nuestro país, un sector que, gracias a la acción del Gobierno, de las comunidades autónomas también, al empecinamiento -diría- del ministro de Industria y a la actitud responsable de los sindicatos, ha logrado que en nuestro país no cierre ninguna planta y que además se mantenga el empleo, y no es poco. Pues bien, esta enmienda deja sin efecto la disposición adicional decimosexta de la Ley de Economía Sostenible, esa que ustedes apoyaron a pesar de los grandes esfuerzos que hizo mi grupo para que ustedes no la votaran, porque con su apoyo vinieron a crear un importante conflicto en el sector, en las relaciones entre los fabricantes de automóviles y los distribuidores comerciales. Ahora, enhorabuena, se suman a esta enmienda y corrigen y reconocen el error. (El señor Sánchez i Llibre hace gestos negativos.) Bienvenida sea la corrección porque en la anterior situación -sí, señor Sánchez i Llibre-, se estaba restringiendo la libertad de empresa, la autonomía de las partes para contratar y la competencia del mercado de distribución de automóviles. Y, claro, los últimos perjudicados, los consumidores finales. ¿Han rectificado, no han rectificado? Porque me están diciendo que no.


Y, como ustedes han hablado tanto del manual de buenas prácticas, les recordaré que hace ya dos años el ministerio se lo ofreció a las partes, no es una cosa que se haya ocurrido ahora, en esta enmienda. Porque nosotros consideramos que la modificación en las relaciones comerciales hay que hacerlas tras un debate riguroso. Esto es una cuestión de estilo del Gobierno socialista, conseguir acuerdos y no menoscabar los derechos de ninguna de las partes afectadas. Y así, de esa forma, se propuso en la enmienda que presentamos en el Senado, a la que se sumaron CiU y Partido Popular, precisamente los grupos que hoy corrigen su postura y, además, espero que el resto de los grupos se sumen a ello.


Finalmente, nosotros apoyamos también la enmienda número 4, del Senado, que solo trata de corregir la omisión del término "profesionales aeronáuticos" en el artículo 18.1 de la Ley 1/2011. Si esto saliera así, tal y como he propuesto, habríamos logrado aprobar una ley que está en la línea de la evolución que llevan los mercados financieros en los últimos tiempos. Así espero que sea y todos saldremos ganando. Algunas veces corregir es bueno, en otras ocasiones los bandazos no son tan buenos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 12/1995, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REPRESIÓN DEL CONTRABANDO. (Número de expediente 121/000084.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación al debate del dictamen de Comisión del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.


Vamos a empezar con la defensa de las enmiendas a este proyecto de ley que siguen vivas. Por el Grupo Parlamentario Mixto va a intervenir en primer lugar la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el BNG presentó diez enmiendas a este proyecto de ley y se han aceptado dos de ellas, la 2 y la 5. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En el primer caso nos parecía oportuno la supresión que proponíamos porque, de la lectura de la propuesta del Gobierno, se daba a entender que se podrían transportar en buques de porte menor que el permitido géneros estancados o prohibidos sin que fuera delito. El propósito de la enmienda número 5, aceptada, como digo, era modificar la cuantía establecida para que se considere delito la cantidad de tabaco decomisado. El proyecto de ley establecía la cuantía en 30.000 euros y una vez aceptada nuestra enmienda el límite pasa a establecerse en 20.000 euros. Desde el BNG consideramos excesivo el aumento de la cuantía que proponía el Gobierno porque incluso puede incentivar la actividad delictiva. Otras enmiendas del BNG fueron transaccionadas, como la número 9, que proponía reducir asimismo los límites cuantitativos que se recogen en el proyecto del Gobierno para los casos de contrabando, como los que se especifican en el apartado 4 del artículo 2 del proyecto de ley.
Aunque no ha sido aceptada, cuando menos hemos conseguido a través de una transacción que en el caso del tabaco se pueda reducir el nivel mínimo.
Asimismo, señorías, mantenemos las enmiendas 1, 3, 6, 7 y 8, porque defendemos que las actuaciones que se describen deberían ser consideradas delitos de contrabando.


Una de las enmiendas más destacadas del BNG era la número 10, que demandaba que a los funcionarios de aduanas, concretamente a los de vigilancia aduanera, se les dote de la necesaria cobertura jurídica, porque en numerosas ocasiones se ponen en cuestión las actuaciones de dicho servicio como Policía judicial, a pesar del acuerdo adoptado sobre este tema por la Sala segunda del Tribunal Supremo en septiembre de 2003.
Téngase en cuenta que estos funcionarios desarrollan su labor en la lucha contra el contrabando y actúan en muchas ocasiones como Policía judicial.
Desde el BNG consideramos que se pierde la oportunidad de solucionar este problema y que no deberían primar las cuestiones corporativas, como entendemos que así es. Se pierde la oportunidad de mejorar la seguridad jurídica como demanda no solamente el cuerpo de funcionarios aludido, sino también a instancias del Poder Judicial. Sepan, señorías, que el hecho de que los agentes de aduanas tengan la consideración de Policía judicial evitaría situaciones que se han visto en muchos juicios por narcotráfico, donde los abogados defensores han utilizado como argumento para parar el proceso judicial que los agentes de aduana no tienen funciones policiales; así quedaba al albur de los jueces que continuase o no la investigación. Narcotraficantes muy conocidos en Galicia pueden usar esta baza para intentar que no se reconozca un proceso.


Finalizo, señor presidente. Por las razones que hemos argumentado, instamos al Gobierno a que reflexione seriamente sobre esta cuestión.
Dado que vamos a mantener nuestra enmienda en el Senado, esperamos que en este caso aún se pueda resolver este asunto. A pesar de las mejoras que las enmiendas aceptadas han introducido en relación con las cuantías económicas reconocidas para la consideración de comisión de delito de contrabando -en este caso de tabaco-, pensamos que la ley está más orientada a reforzar el aspecto recaudatorio que el castigo o la penalización del delito. Por esa razón, señorías, nos vamos a abstener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo muy brevemente para manifestar en nombre de mi grupo el desacuerdo con la modificación por la cual se eleva la cuantía económica para la determinación de los umbrales que delimitan lo que es infracción administrativa y lo que es delito de contrabando en lo que se refiere a las mercancías de comercio lícito, géneros estancados y prohibidos y labores del tabaco. Siendo muy esquemático, sinceramente no entendemos las razones objetivas que existen para elevar la cuantía. Quisiéramos preguntar al Gobierno si hay menos contrabando para esta relajación, que consiste en una despenalización de hecho. Para poder apoyarla en su caso, quisiéramos saber si se conoce cuál va a ser la incidencia fiscal de la elevación de esta cantidad, porque realmente la va a tener, ya que, a nuestro juicio, se va a elevar el mercado ilícito. Le vamos a seguir preguntando al Gobierno si no cree que esta disminución provocará un efecto contradictorio de llamada a las redes internacionales y las mafias que operan en este sector y si ha calculado cuáles serán los efectos de modificar la pedagogía disuasoria del tipo anterior. Queremos alertar, porque creemos que si se eleva el umbral va a haber menos policía interesada en combatir este tipo de tráfico. No seré yo quien defienda la salubridad del tabaco, pero si se eleva el nivel del tráfico ilegal, este tabaco será todavía más perjudicial. Hemos hecho entre todos una serie de campañas para limitar el acceso a la compra de este tipo de producto y nos parece que la medida, tal y como queda regulada en el actual proyecto, no va a ser lo eficaz que debería para eliminar el mercado ilegal. En todo

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caso, intentaremos en el Senado -si podemos- recuperar la cordura y el tipo que figuraba anteriormente.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Don Miguel Arias Cañete tiene la palabra.


El señor ARIAS CAÑETE: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular está básicamente de acuerdo con la reforma legislativa propuesta, pero no obstante mantenemos algunas enmiendas que pueden agruparse en tres categorías distintas. En primer lugar, las enmiendas al artículo 2 del proyecto de ley, que regulan la tipificación del delito en sus distintos apartados. Así, en las enmiendas 11 y 14 se propone modificar a la baja los umbrales monetarios establecidos en el proyecto de ley para la tipificación de los delitos de contrabando, que se fijan por el proyecto en 150.000, 50.000 y 30.000 euros, para considerar cometido un delito en función de las conductas tipificadas, si bien la enmienda transaccional a la número 9 del Grupo Mixto ha reducido la última cuantía a 20.000 euros. Nuestro grupo parlamentario, sin embargo, considera que la elevación de umbrales que realiza el proyecto de ley es excesiva respecto a los que en su día fijó la ley del año 1995, y por ello en las cuatro enmiendas que proponemos en esta materia hemos procedido a una actualización monetaria en función de los incrementos que el índice de precios al consumo ha experimentado desde la entrada en vigor de la ley del año 1995, y por eso proponemos cuantías alternativas de 30.000, 20.000 y 10.000 euros respectivamente. Si prosperasen los umbrales establecidos en el proyecto de ley, habría una despenalización masiva de conductas infractoras que, sujetas a simples infracciones administrativas, quedarían prácticamente impunes; se multiplicarían en el futuro los alijos de contrabando, que además serían transportados en medios conducidos por personas insolventes. Se nos dijo en Comisión por los portavoces socialistas que una de las razones de esta fuerte elevación de umbrales era que los procedimientos de imposición de sanciones administrativas eran más ágiles que los judiciales, pero no parece que la mejor forma de resolver los problemas de la Administración de Justicia sea despenalizar las conductas, porque la consecuencia de esta actitud no será otra que el hecho de que se van a multiplicar las infracciones administrativas. Puede que además se resuelvan los procedimientos administrativos con rapidez y se impongan las sanciones, pero no se van a abonar las multas, los sancionados se van a proclamar insolventes y la normativa no tendrá efecto disuasorio alguno, porque no habrá penas privativas de libertad ni antecedentes penales que operen como freno a las conductas ilícitas. Por ello, proponemos en nuestras enmiendas una prudente actualización de los umbrales para que tengan efecto disuasorio notable.


La segunda categoría de enmiendas que presentamos está integrada por nuestra enmienda número 18, que propone una nueva disposición adicional dirigida a atribuir a la vigilancia aduanera la condición efectiva de Policía judicial. Con ello, al igual que pretendía el Grupo Parlamentario Mixto, daríamos respuestas a los conflictos jurídicos que han surgido en esta materia y que ante la carencia de claridad de la normativa vigente han tenido que ser resueltos a través de la doctrina jurisprudencial que reiteradamente reconoce a la vigilancia aduanera el carácter de Policía judicial. Recordemos que la vigilancia aduanera presenta anualmente ante los juzgados una media de 2.500 atestados y que los delincuentes en los procesos judiciales vienen cuestionando la legitimidad de la intervención de la vigilancia aduanera ante la falta de reconocimiento normativo de su carácter de Policía judicial. Bastaría para fundar nuestra enmienda recordar el tenor del acuerdo de la Sala general del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2003, o las múltiples sentencias del Tribunal Supremo del año 2004, número 942, o del año 2005, las números 202, 866, 1020 y 1185, o del año 2006, las números 297, 392, 506 y 585, entre muchas otras. Además, al tener esta ley carácter orgánico puede perfectamente modificar tanto la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por eso, nos extraña que el Grupo Parlamentario Socialista nos haya manifestado que aun estando de acuerdo con el fondo de la enmienda, no considera este momento procesal oportuno para operar el cambio legislativo que proponemos.


Finalmente hay dos enmiendas, las números 18 y 21, que aunque no tienen conexión directa con el proyecto de ley que debatimos, se justifican en la urgencia de establecer medidas paliativas para las dificultades que pequeñas y medianas empresas atraviesan en este periodo de crisis económica y financiera. La primera propone para las empresas de reducida dimensión y autónomos que el IVA se devengue en el momento del cobro total o parcial el precio y por los importes efectivamente percibidos. Y la segunda, que estas mismas personas y empresas puedan aplicar el sistema de cuenta corriente y compensación de deudas reconocidas de la Administración General del Estado con sus deudas tributarias. Ambas medidas se dirigen a aumentar la liquidez de un sector de la economía gravemente afectado por la caída de la demanda y del consumo y por la fortísima restricción crediticia.


Quiero terminar solicitando el apoyo de los distintos grupos parlamentarios a estas enmiendas y anunciando nuestro voto favorable al dictamen y a la votación de totalidad del proyecto de ley por su carácter orgánico.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arias Cañete.


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No intervienen el resto de grupos parlamentarios, excepto el Grupo Parlamentario Socialista. Doña Gloria Rivero tiene la palabra.


La señora RIVERO ALCOVER: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre este dictamen remitido por la Comisión de Economía del proyecto de ley orgánica que modifica la Ley de Represión del Contrabando. El objeto de la reforma -quiero enunciarlo para establecer por qué se hace esta reforma- tiene tres principios básicos: el cambio de la misión de las aduanas, que a su vez se ha producido por cambios políticos, económicos y sociales que han conducido al replanteamiento del peso específico de las misiones de las mismas; los cambios en el Código Penal y las directrices comunitarias en el marco del derecho penal, porque se ha reconducido la figura del delito contra la Hacienda pública y la continua evolución de las directrices comunitarias sobre esta materia, sobre la lista de productos, materiales y objetos de control que necesariamente tienden a la actualización de esta regulación, y por último los compromisos asumidos por España a través de mandatos legales en la Ley de control del comercio exterior de material de defensa y doble uso.


Se hace necesario además ajustar el cuanto delimitador entre el ilícito penal y el administrativo en los supuestos de importación, exportación, comercio y tenencia de mercancías para evitar precisamente la competencia desleal frente al resto de los operadores o usuarios por parte de quien realiza una introducción ilegal de mercancías y productos. Se necesita también delimitar el cuanto de los ilícitos penal y administrativo en relación con los productos estancados, especialmente respecto a las labores de tabaco, que se ha establecido en 20.000 euros. Y se incrementa el importe mínimo en relación con aquellos productos que pueden afectar a la seguridad en general, como material de defensa, los productos y tecnologías de doble uso, drogas, etcétera, que se fijan en 50.000 euros.
Por último, se hace necesario introducir en la ley mejoras técnicas para la delimitación de su objeto, incorporación de nuevos conceptos, adaptación de las penas a la regulación del Código Penal, homogenización en la ejecución de las sentencias y responsabilidad civil.


En cuanto a las enmiendas que se han seguido manteniendo vivas en el día de hoy, el Grupo Socialista no va a apoyarlas porque uno de los motivos del proyecto de la reforma es la adecuación técnica de la vigente ley orgánica a los principios de proporcionalidad y a la mínima intervención penal. Para ello se han agrupado en esta ley los bienes protegidos en tres tipos de bienes: bienes de lícito comercio, cuyo bien jurídico protegido es específicamente la Hacienda pública; bienes de lícito comercio que están sujetos a limitaciones adicionales porque protegen además bienes, personas o mercados, y los géneros de ilícito comercio.
Para el primero de los grupos se ha establecido un cuantitativo parecido o igual en la ley de contrabando a los delitos contra la Hacienda pública, y así la cuota máxima exigible a mercancías que puedan tener un valor en aduana de 150.000 euros, estaría entre 45.000 y 50.000 euros.
Considerando que para un delito fiscal tradicional la cuota a defraudar estaría en 120.000 euros, nos parece que la base de valoración en 150.000 euros sería prudente. Para el segundo de los grupos, bienes de especial protección pero que no dejan de ser bienes de lícito comercio, se fija un umbral de 50.000 euros para que sea delito. En esta categoría merece especial atención el tabaco, producto sensible por excelencia y que en el entorno actual de crisis, aumento de precios y caída de ventas, ha producido un incremento de contrabando en zonas sensibles como Cádiz y las islas Canarias. Aquí se ha tenido una especial trascendencia y de ahí que hayamos establecido el umbral de 20.000 euros que recoge el dictamen, que se ha fijado teniendo en cuenta que los impuestos defraudados estarían entre 15.000 y 20.000 euros, cantidad netamente inferior a la de otras figuras delictivas fiscales, pero que se justifica por el bien jurídico protegido, que es el comercio minorista de este producto frente a la competencia desleal que supone el contrabando. Y no, señor Salvador, no se recaudaría menos, no va a bajar, porque lo que se hace es que las infracciones irían por vía sancionadora administrativa y se potencia por tanto la vía sancionadora con una serie de medidas que garanticen la vía administrativa.


Por último, y en el sentido cuantitativo, en lo que se refiere a lo que le preocupaba al señor Arias Cañete, conviene hacer la siguiente reflexión entre el ámbito penal y el ámbito administrativo: debe reservarse para las formas de más grave contrabando el ámbito penal, el que afecta a bienes como drogas, armas, explosivos, etcétera, y el resto para la vía sancionadora administrativa, que es más inmediata, más rápida y que, además, el proyecto contiene importantes medidas que garantizan su aplicación. En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular de aplicar o incrementar la pena en dos grados, ya se ha incrementado de tres a seis años, por lo que parece excesivo mantener todavía esta enmienda. En cuanto a las que se han establecido como enmiendas importantes del Grupo Mixto, las enmiendas 10 y 18, siendo positivas ambas enmiendas, dirigidas a incorporar la normativa sobre el contrabando de la jurisprudencia sobre las competencias de vigilancia aduanera como Policía judicial, sin embargo no consideramos que este sea el marco adecuado, porque se está llevando a cabo la modificación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero además, existen resoluciones y -como aquí se ha dicho- del Tribunal Supremo que remiten la aplicación de las mismas al artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la aplicación del mismo dice que constituirán Policía judicial y serán auxiliares de jueces y tribunales aquellas autoridades administrativas encargadas de algunos delitos especiales como este; considerado además como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, discreparía

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aún más con el sentido precisamente apuntado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por ello, no apoyaremos estas enmiendas y, por supuesto, rechazaremos estas enmiendas tipo del Grupo Parlamentario Popular de carácter tributario-fiscal que viene presentando en todas y cada una de las iniciativas legislativas sea o no procedente, aumenten o no el déficit, en fin, justificar la introducción de medidas cuando realmente no existe ninguna.


Para terminar, quiero dar las gracias a los ponentes de esta ley por su disposición y su colaboración para que fuera modificada esta ley con el mejor consenso y la necesidad de sacar esta reforma adelante.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 121/000103.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de adaptación de la normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.


Tiene la palabra el señor Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: Voy a ser breve, porque hoy ha habido mucho contenido, pero que sea breve no quiere decir que no sea contundente, porque el tema que nos trae hoy aquí es bastante importante para esos cerca de 4 millones -3.850.000- de personas con discapacidad, es decir, en cada cinco domicilios hay uno que tiene una persona con discapacidad que todavía no tiene resueltos todos sus problemas en cuanto a accesibilidad a todos los derechos. El 13 de abril de 2006, la Asamblea de Naciones Unidas votó y aprobó la Convención de la ONU a favor de las personas con discapacidad. Esta votación fue ratificada por este Parlamento en abril de 2008 y entró a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico de obligado cumplimiento en mayo. No se trata de nuevos derechos. Son los mismos derechos que tiene todo el mundo, todos los ciudadanos, pero que en el caso de las personas con discapacidad muchas veces, por no tener acceso a ellos, no pueden disfrutar. Por lo tanto, había que hacer una adaptación legislativa de toda nuestra normativa jurídica para poder hacerla accesible a esos derechos.


Nuestro grupo fue el primero en plantear una proposición de ley en la que se recogieran una serie de modificaciones legislativas que favorecieran esta inclusión social de las personas con discapacidad. La proposición de ley que, como recordarán sus señorías, fue tomada en consideración por unanimidad, abarcaba una serie de medidas más amplias que el propio proyecto de ley que hoy se debate en la Cámara. Un proyecto de ley que nosotros suscribimos y que no queremos criticar, no estamos en contra de él, simplemente lo que pretendíamos era ampliarlo. Es un proyecto de ley que nos parece que se queda corto. Nosotros queríamos ser más ambiciosos y ya que decidíamos adaptar la convención y su protocolo al ordenamiento jurídico español, lo que hemos pretendido era hacerlo en toda su amplitud. El proyecto de ley que hoy se presente modifica once leyes y nosotros pretendemos modificar -creemos son las que hay que modificar- veintidós leyes a través de treinta y cinco artículos, cuatro disposiciones adicionales y seis finales, para que sea mucho más ambicioso y verdaderamente haya una adaptación de la legislación española para poder hacer accesibles esos derechos a todas las personas con discapacidad, ya que no todas tienen acceso al disfrute de los mismos.
Nosotros consideramos que era imprescindible por eso presentar esta enmienda a la totalidad, aunque insisto que no era una enmienda renunciando al proyecto de ley, sino simplemente quería ser un texto alternativo más ambicioso y que abarcase todo lo que debemos modificar transversalmente en distintas leyes. El propio Consejo Económico y Social en su informe decía que aunque las propuestas del proyecto de ley o anteproyecto que llegó allí eran buenas, pero no entraba en reformas de legislación civil, mercantil o incluso penal, en ámbitos de la educación y de la accesibilidad, incluso de la propiedad horizontal, uno de los temas pendientes y muy reclamados por el sector de la discapacidad.


Creemos que a través de este texto mejorábamos sustancialmente el proyecto, abarcábamos desde el empleo público proponiendo el aumento al 7 por ciento, la adaptación y la mejora de los puestos de trabajo, los contratos del Estado, la Ley de infracciones y sanciones, la accesibilidad, la educación inclusiva, hasta hacemos modificaciones en lo que se refiere a la fiscalización de la tutela, el Registro Civil; en fin, procuramos ser mucho más ambiciosos e incidir en muchas más áreas de las que incide el proyecto de ley que traía el Gobierno. Aparte de la educación inclusiva, que nos parece fundamental, o la accesibilidad, o la falta de accesibilidad, que nos parece una manera sutil de discriminar a este sector, creíamos que había que modificar todas estas leyes. Nosotros en nuestra enmienda a la totalidad, que preferimos llamar texto alternativo por ser más ambicioso y más completo -no pretendíamos enmendar, simplemente lo que queríamos era modificar-, íbamos más allá para ser ambiciosos y dejar la situación legal española de manera que esos derechos sean accesibles a todos.


El espíritu que impera en la Comisión de Discapacidad, y que yo quiero trasladar al Pleno de esta Cámara, es de propensión al acuerdo, al pacto...


El señor PRESIDENTE: Señor Vañó, vaya acabando.


El señor VAÑÓ FERRE: Voy terminado, presidente.


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Por lo tanto, en aras de ese espíritu de concordia, de pacto y de mejorar las condiciones, lo que he propuesto al resto de los grupos, fundamentalmente al grupo que apoya al Gobierno, es que si hay un compromiso por su parte de mejorar las condiciones, de aceptar enmiendas en la tramitación, de verdaderamente dejar satisfechos a los representantes del sector, ese compromiso con el sector, por nuestra parte no va a haber inconveniente en retirar la enmienda a la totalidad, siempre que haya ese compromiso por parte del grupo que representa al Gobierno en mejorar esas condiciones.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vañó.


Para fijar posiciones, en primer lugar tiene la palabra doña Rosa Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Es verdad que la proposición de ley que hoy analizamos por la vía de esta enmienda a la totalidad resulta más relevante en algunos de los casos por lo que omite que por lo que recoge, siendo las modificaciones propuestas en su mayor parte cosméticas. Disentimos de la técnica normativa utilizada, del recurso a una ley escoba, tal y como se ha llevado a cabo, ya que solo se abordan cuestiones demasiado puntuales sin regularse de forma global y transversal, algo a lo que el señor Vañó ha hecho alusión, la adaptación de toda la normativa, tanto estatal como autonómica, a la convención que, por su carácter de tratado internacional, prevalece sobre las normas internas. Como ejemplo, destacaré que no se hace alusión alguna a la adaptación de todas las leyes y reglamentos en el ámbito educativo, imprescindible para conseguir el objetivo de una educación inclusiva, y tampoco se hace ninguna referencia a la Ley de promoción de la autonomía personal. Entendemos, pues, que la actuación más correcta sería, insistiendo en la manifestación que hacía el señor Vañó, la de promulgar una ley transversal que recoja todas las modificaciones necesarias o al menos las más importantes, que incluya además una disposición que recuerde la obligación a la adaptación normativa de todas las administraciones públicas. Por tanto, es necesario subsanar en el trámite parlamentario las omisiones que he destacado y algunas otras más que, por economía procesal, no voy a mencionar, avaladas todas estas reformas por diversos estudios. También es necesario que en ese trámite parlamentario abordemos de forma pormenorizada la dotación a la convención, con el fin de que esta ley suponga un instrumento verdaderamente efectivo de adaptación de normativa.


La enmienda de totalidad que nos ha presentado el señor Vañó -al que agradezco también aquí públicamente el trabajo que hace en esta materia- recoge casi de forma literal lo que ya propusieron en una proposición de ley, la 127/000117, presentada en diciembre de 2008 y que no hemos tramitado. Ambas iniciativas, la que hoy ha defendido el Grupo Popular y la que sustenta esta enmienda de totalidad, tienen su base en las conclusiones del informe financiado por la Fundación ONCE sobre el impacto de la ratificación e incorporación de la convención y también por un trabajo muy extenso y muy apropiado realizado por el Cermi. Por tanto, estamos hablando de iniciativas que tienen una parte concurrente importantísima sobre el fondo de la cuestión. Tanto el trabajo que ha hecho el Gobierno a la hora de presentar esta proposición de ley, como este texto completo de enmienda a la totalidad tienen un tronco común que va a permitir que en el trámite parlamentario alcancemos un acuerdo de fondo importante.


Estamos, pues, de acuerdo en muchas de las propuestas que incorpora el Grupo Popular en su enmienda de totalidad, pero entiendo que ambas iniciativas -como les dije-, la del Gobierno y la del Grupo Popular, son susceptibles de mejora. Por ello -porque esta está ya aquí-, optamos por rechazar esta enmienda de totalidad a fin de que en el trámite parlamentario se siga el trámite de la mejor manera posible, debatiendo en profundidad todas las cuestiones, de forma íntegra todo su articulado, así como incorporando todas aquellas enmiendas presentadas por los demás grupos parlamentarios, entre las que anuncio tienen una aceptación de inicio una muy buena parte de las enmiendas que el señor Vañó ha anunciado en su intervención. Insisto, votaremos en contra de la enmienda a la totalidad, anunciando que en el trámite parlamentario procuraremos introducir una serie de enmiendas que en el fondo buscan lo mismo que la del señor Vañó y que ha planteado en su intervención.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, no hace falta votar esta enmienda a la totalidad, que agradecemos al diputado del Grupo Popular, en la medida en que podremos continuar con el mismo procedimiento que hemos utilizado a lo largo de estos años en la Comisión de buscar los máximos consensos y no intentar separarnos, al menos desde los inicios. Gracias a las asociaciones del sector y gracias al trabajo acumulado por los distintos grupos parlamentarios presentaremos un buen número de enmiendas -nuestro grupo, cerca de cuarenta- que buscarán mejorar la ley, y es cierto que esta ley adolece de algunos déficits en la fase de proyecto. Precisamente porque convertimos en capital, en activo, el trabajo hecho en estos últimos años -repito-, y estamos convencidos de que llegaremos a culminar todo aquello que perseguimos. Por ejemplo, insisto, poner en este proyecto de ley, en la tramitación parlamentaria y finalmente en el texto que resulte, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal porque no tiene ningún sentido que hoy día no se puedan resolver de una vez por todas estos déficits que castigan de forma tan estúpida e injusta a las personas que padecen discapacidad,

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que viven a veces secuestradas, enclaustradas, en sus domicilios porque no pueden acceder ni tan solo a la calle. Por no hablar de otros problemas que deberán solucionarse, aquellos relativos a la oferta de empleo público para que puedan acceder al mismo las personas discapacitadas no solamente psíquicas sino también sensoriales o, por ejemplo, superar esta incompatibilidad entre la discapacidad y el tipo de empleo. Por no hablar de otras modificaciones necesarias relacionadas con la oferta y las exigencias en todas las promociones de vivienda protegida o promociones urbanísticas de carácter público. Es un universo de mejoras que sin duda incrementarán la bondad que tiene ya este proyecto de ley. Estoy convencido de que dentro de pocas semanas tendremos un proyecto de ley que será magnífico, atendiendo a las necesidades del sector y a la necesidad que tenemos de ofrecer un texto legislativo que permita hacer justicia para con las personas discapacitadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Vasco don Emilio Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Habiendo sido retirada la enmienda de totalidad, sujeta la retirada a una condición que no sabría determinar si es de naturaleza suspensiva o resolutoria, no tiene mucho sentido recurrir a una erudición prolongada en el tiempo, si no erudición a la palabra prolongada en el tiempo igualmente. Lo que hubiéramos hecho en el caso de no haber sido retirada, en esa hipótesis, hubiera sido votar que no, pero no porque esté mal configurada la enmienda de totalidad con un texto alternativo presentado por el señor Vañó, pues tenía contenidos muy razonables y objeto de consideración positiva, por parte de nuestro grupo, que hacían referencia en términos generales al incumplimiento de las leyes que afectan a los discapacitados, la Lismi del año 1982, la Ley 5/2003. No ha citado, me llama la atención, en su exposición de motivos la ley que regula la lengua de signos y la Convención de las Naciones Unidas del año 2006 ya ratificada por el Estado español en el año 2007. Pero he conectado con los interlocutores más relevantes en materia de discapacidad, particularmente con el Cermi, y se considera que la opción legislativa por la que optó el Partido Popular no es la más adecuada; no es la más adecuada porque no quieren los discapacitados, o los discapacitados que están organizados y vertebrados, que sus problemas sean objeto de ubicación material en una sola ley sino que lo que prefieren como opción legislativa -nosotros compartimos esa opinión- es que se reformen aquellas leyes que contengan discriminaciones que todavía les afectan; que se reformen, en definitiva, las leyes educativas en cuanto los problemas que afectan a la discapacidad sean de naturaleza educativa; que se reforme el Código Civil cuando estemos hablando de tutelas, curatelas o situaciones de guardia; que se reformen las leyes que regulen el régimen audiovisual cuando estamos hablando de acceso a la información de naturaleza audiovisual; que se modifique la Loreg cuando estamos hablando del ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de sufragio.
En definitiva, la opción legislativa del PP, bienintencionada y correctamente articulada, señor presidente, nos gustaba; contradice la opción de política legislativa más correcta que es reformar sectorialmente aquellas leyes que todavía en nuestro ordenamiento jurídico consagran discriminaciones en relación a los discapacitados.


El señor Vañó ha realizado contactos de esta naturaleza también y ha pensado que esa es la buena opción legislativa que podemos acometer con el proyecto de ley que en este momento todos los grupos hemos enmendado.
Se puede corregir; prácticamente su texto alternativo no era más que una desagregación material de los contenidos de este proyecto de ley, por lo tanto, es quizás cruel decirlo en estos términos, señor presidente, hubiéramos votado que no, pero la enmienda ha sido retirada, luego no vamos a votar nada, como usted puede comprender perfectamente.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Doña Concepció Tarruella tiene la palabra.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.


En Convergència i Unió queremos agradecer al Partido Popular, en este caso al señor Vañó, la presentación de esta enmienda con este texto alternativo porque esto ha facilitado que al menos hablemos y haya un poquito de debate hoy en este Pleno. Cuando planteó su proposición de ley, que es lo que ha presentado hoy como enmienda a la totalidad, votamos afirmativamente aunque ya dijimos que era en ese momento quizás un poco precipitado porque el Gobierno ya había anunciado la presentación de un proyecto de ley. Nos encontramos en estos momentos con que este proyecto de ley ya está presentado. (Rumores.) Ya le he dicho que he agradecido el motivo de este debate y, al mismo tiempo, nos parece muy lógico que lo hayan retirado porque entendiendo sus motivos, compartiendo alguno de sus argumentos, también nosotros íbamos a votar que no a esta enmienda a la totalidad porque nos parece que el proyecto de ley del Gobierno, aunque ha tardado más de lo que a muchos nos hubiera gustado, ya lo tenemos aquí, lo tenemos en marcha, ya hemos presentado los grupos parlamentarios las enmiendas correspondientes que nos parece que pueden ayudar a mejorar el texto de este proyecto de ley, y es el momento ahora del debate, de los acuerdos y de sacar adelante todo lo que el sector de la discapacidad nos está pidiendo y con mucha razón desde hace tanto tiempo. (Rumores.) Lo que sí anuncio y con las enmiendas que hemos presentado ya se ve, que uno de

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los aspectos que hemos encontrado más a faltar en este proyecto de ley ha sido la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Nuestro grupo parlamentario tenía presentada también una proposición de ley para esta modificación. Esa proposición de ley es la que hemos troceado, la hemos presentado como enmiendas porque es de mucha importancia que esta ley, aparte de las otras también importantes que ya modifican el texto...
(Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Tarruella, un momento. Yo les rogaría tuvieran la bondad de guardar algo de silencio que para que quienes quieren escuchar a la señora Tarruella puedan hacerlo. (Rumores.) Espere un momento. Si hacen el favor, les rogaría tengan la bondad, especialmente los que más se distinguen. Adelante, señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente, pero ya voy terminando.


Simplemente he de decir que esa proposición de ley que habíamos presentado de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal la hemos presentado como enmiendas, y aparte hemos recogido algunas importantes del sector.
La realidad es que vamos a intentar -todos los grupos estamos de acuerdo en este momento- que esta importante adaptación a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad podamos tramitarla aquí en el Congreso de una manera unánime si es posible o con los mayores acuerdos, ya que es muy, muy importante para todo el sector.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Doña Francisca Medina tiene la palabra.


La señora MEDINA TEVA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el 13 de diciembre del año 2006 la Asamblea General de la ONU aprobaba la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin duda es uno de los hitos históricos del movimiento internacional de la discapacidad que carecía, a diferencia de lo que pasaba con otros grupos de personas, de un instrumento internacional específico que recogiera y avanzara en los derechos de las personas con discapacidad en todos los países del mundo. España colaboró muy activamente en todo el proceso de elaboración y firmó la convención el mismo día de su apertura a la firma, esto es, fuimos el segundo país de la Unión Europea en ratificar la convención y su protocolo adicional, y entró en vigor en nuestro ordenamiento el 3 de mayo del año 2008, formando parte así del ordenamiento interno y siendo, por consiguiente, de obligado cumplimiento. No cabe duda de que la convención es un punto de inflexión en la historia del tratamiento de la discapacidad, la cual a partir de ese momento deberá ser examinada desde un enfoque de derechos humanos. La principal consecuencia de ese enfoque es considerar que las personas con discapacidad son, al igual que el resto de las personas, titulares de derechos y no objeto de políticas caritativas o asistenciales. Además, implica entender que las desventajas sociales que sufren deben eliminarse por constituir genuinos ejemplos de discriminación y de vulneración de derechos humanos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido siempre claro que la discapacidad es, ante todo, un asunto político que debe abordarse desde la óptica de los derechos humanos. En los últimos años España se ha situado en la vanguardia internacional en cuanto a la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad. Es verdad que nuestras leyes referidas a las personas con discapacidad son relativamente nuevas. Son leyes que se han hecho en los últimos años, en la última legislatura, pero que nos han permitido avanzar con paso firme y decidido y han hecho que muchas de las cuestiones que introduce la convención para todos los países del mundo nosotros, ya las tengamos recogidas en nuestra legislación.


El pasado 3 de diciembre, coincidiendo con el Día internacional de las personas con discapacidad, se aprobó en reunión del Consejo de Ministros el proyecto de ley que hoy nos ocupa, el proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Es un proyecto de ley que consta de 11 artículos y 3 disposiciones finales y que viene avalado por el informe que presentó el grupo de trabajo interministerial que se creó el 10 de julio de 2009 mediante Consejo de Ministros. El informe de ese grupo de trabajo fue aprobado y presentado en marzo del pasado año y analiza la situación y hace propuestas concretas de cambios legislativos que tendríamos que desarrollar, modificaciones de leyes en materia de sanidad, discapacidad, empleo, igualdad de oportunidades, protección civil, cooperación internacional y seguro. Todas estas modificaciones -esto me gustaría resaltarlo- han sido respaldadas por el Consejo Nacional de la Discapacidad que, como todos ustedes saben, señorías, representa a las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.


En definitiva, por no alargarme más, señor Vañó, señorías del PP, que su enmienda a la totalidad en esta ley no tenía mucho sentido, aunque, de verdad, entiendo su postura, pero es que en realidad yo creo que no se han podido resistir, que ha sido superior a sus fuerzas, que tenían ahí ese resquemor con la proposición de ley y que tenían que ponerlo de manifiesto. Se lo digo, de verdad, señor Vañó, desde el aprecio que sabe que le tengo, porque yo sé que usted sí se cree esto, lamentablemente no puedo decir lo mismo de algunos de sus compañeros de partido. Creo que ha pesado más cierto oportunismo político que la búsqueda de consenso, y yo sé que usted tiene una trayectoria que nada tiene que ver con esta última acción. Por eso celebramos en el Grupo Parlamentario Socialista que se retire la enmienda a la totalidad. Señor Vañó, usted hacía referencia a ello en su intervención, pertenecemos a una Comisión que es bastante singular, que marca una cierta excepcionalidad, que trabaja buscando consenso, que

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siempre procura sumar, y por eso le ofrecemos seguir aunando esfuerzos para seguir trabajando en una causa común, para, como dijo uno de los muchos comparecientes que han pasado por la Comisión, don Miguel Pereira, y que repitió mi compañera y anterior portavoz, la señora Sánchez Rubio, señorías, todos y todas estamos en el mismo barco y todos y todas debemos remar en la misma dirección en un tema de gran trascendencia como este.


Esto es lo que le ofrece mi grupo, señor Vañó, a usted y al resto de los grupos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Medina.


Señor Vañó, si es tan amable; he escuchado su intervención y las de los portavoces que se referían a la eventual retirada. Su señoría la ha condicionado, pero a la Presidencia le hace falta saber si retira o no la enmienda a la totalidad.


El señor VAÑÓ FERRÉ: Sí, la retiro.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, tiene la palabra con el ruego de la Presidencia de que a ser posible no reabra el debate.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Señor presidente, señorías, vengo precisamente de asistir a un acto con la Fundación ONCE, donde estaban los representantes del Cermi, y tengo que decirles que es una gran satisfacción presentar en esta Cámara el proyecto de ley de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional de derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Y lo es para todos y todas, como se ha escuchado por parte de los portavoces, porque supone otro gran paso hacia la igualdad de oportunidades desde el respeto a la diferencia. Señorías, España es país de referencia en cuanto al avance y a la mejora... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora ministra.


Les ruego tengan la bondad de guardar algo de silencio. Estamos acabando ya.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señor presidente.


Decía que España es un país de referencia en cuanto al avance y mejora de los derechos de las personas con discapacidad, sin duda, y los avances conseguidos no solo son un logro de los poderes públicos, porque son del conjunto de la sociedad y muy especialmente de las organizaciones de personas con discapacidad que vienen haciendo una gran labor. Aunque soy consciente de que queda mucho por hacer, también es bueno el ejercicio de hacer un repaso de los avances conseguidos, porque eso nos da una mayor perspectiva sobre el futuro que queremos construir. Nuestra Constitución refleja en su artículo 49 que las personas con discapacidad son titulares de todos los derechos reconocidos en la Carta Magna. De la misma forma establece que los poderes públicos amparen el disfrute real y efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con la ciudadanía. Este mandato se puso en marcha ya con cierta rapidez con la entrada en vigor de la Ley de Integración de los Minusválidos en el año 1982, una norma que sin duda inició la senda hacia una visión social de la discapacidad, superando modelos meramente médicos y asistencialistas. De esta forma se trataba de garantizar, en línea con lo que decía la Constitución, la completa realización personal de las personas con discapacidad en términos de igualdad. Este enfoque de las políticas de la discapacidad, basado en los derechos fundamentales, culmina a efectos nacionales con la elaboración y entrada en vigor de la llamada Liondau, la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal del año 2003.


Hay que decir que estas normas han supuestos cambios trascendentales en la vida diaria y cotidiana de 4 millones de personas que viven en España hoy en día con alguna discapacidad, aproximadamente el 9 por ciento de la ciudadanía. Siguiendo con ese desafío, durante la anterior legislatura el Gobierno impulsó la firma y ratificación del instrumento jurídico hoy por hoy más exigente y que recoge en todas sus consecuencias ese enfoque basado en los derechos, la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Dicha convención fue aprobada el día 13 de diciembre de 2006, tras un proceso muy participativo que comienza en 2001, en el que tuvieron un papel enormemente importante y protagonista las organizaciones sociales que se dedican al trabajo con las personas con discapacidad. Como se ha destacado muchas veces, y especialmente por las organizaciones de discapacidad, la convención constituye un verdadero cambio de paradigma en el tratamiento de la discapacidad, que en el caso de España enlaza, consolida y sirve de avance para esa línea que establecía el mandato constitucional. España, como saben, fue de los primeros países en ratificar la convención que entró en vigor en mayo de 2008. Comenzaba entonces un proceso de valoración y de análisis del impacto normativo que implicaba la convención en nuestro ordenamiento jurídico.


Señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos recoge todo ese trabajo. En 2009 se constituyó, por acuerdo del Consejo de Ministros, un grupo de trabajo interministerial con el encargo de estudiar estas adaptaciones necesarias. Fruto de los trabajos de este grupo, el día 30 de marzo de 2010 se aprobó el informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la legislación española de la convención de Naciones Unidas, y se encomendó a los ministerios implicados que, en el ámbito de sus competencias, impulsáramos las reformas comprometidas en dicho informe.
El proyecto de ley introduce las reformas necesarias para cumplir los fines de la convención en todos los

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ámbitos normativos que afectan a la vida cotidiana de las personas con discapacidad. El texto propone cambios en el marco específico de la legislación básica en materia de discapacidad, destacando el ajuste de definición legal de persona con discapacidad a la contenida en la convención. También incluye propuestas de mejora de infracciones y sanciones de la Liondau. Quisiera destacar, señorías, la inclusión en el texto de la garantía de la igualdad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios públicos. Esto incluye, por ejemplo, que no se pueda denegar el seguro a las personas con discapacidad ni imponerles condiciones más gravosas que al resto de la ciudadanía. También propone una serie de cambios sustanciales en algunas normas sectoriales, como en la Ley General de Sanidad, entre otras, que incluye la discapacidad como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las diferentes administraciones públicas. Igualmente, regula el derecho a la información en formatos adecuados que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, así como la prestación del consentimiento en diversos campos sanitarios y singularmente en lo que se refiere a la donación y transplante de órganos o a la reproducción asistida.


Señorías, un ámbito muy importante que incluye la ley se refiere al empleo. Aumenta el cupo de reserva de empleo público para ser cubierto con personas con discapacidad hasta el 7 por ciento y se crea por primera vez con rango legal una cuota específica dentro de la genérica para personas con discapacidad intelectual. En lo que se refiere a la movilidad, a partir de la aprobación de la ley las infraestructuras de transporte promovidas por la Administración General del Estado deberán incorporar una memoria de accesibilidad.


Por último, señorías, el Gobierno propone la elaboración de un texto refundido de las diferentes normas aplicables. En definitiva, este proyecto supondrá, una vez que entre en vigor, un nuevo paso más en materia de derechos, en cuanto a la igualdad de oportunidades y al pleno disfrute de los derechos y libertades por parte de las personas con discapacidad. Se da un paso más para seguir derribando obstáculos que supongan cualquier forma de discriminación o menoscabo en la participación en la vida pública, económica y social de las personas con discapacidad.


Señor presidente, señorías, estoy segura de que no será necesario pedir consenso y espíritu constructivo porque aquí ya se ha visto. Quiero agradecer la decisión del Grupo Parlamentario Popular de retirar el texto alternativo. Creo que el espíritu que se inició en la Comisión al comienzo del año 2004 es el que debe presidir esta política y así lo quieren los colectivos sociales. Permítanme que acabe con una reflexión.
Más allá de la norma -estoy segura de que los grupos parlamentarios la enriquecerán y será una norma mejor que la que hoy presentamos-, los representantes públicos, quienes representamos a la ciudadanía, a toda, también a las personas con discapacidad, tenemos que ser especialmente sensibles y dar ejemplo, y creo que los ejemplos que hemos visto en los últimos meses, en los últimos días, no ayudan. Por eso les pido que además de aprobar un texto legal, seamos en nuestras manifestaciones públicas sensibles a esta realidad.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Votaremos dentro de aproximadamente cinco minutos. Hasta entonces suspendemos la sesión. (Pausa.)

Vamos a iniciar las votaciones. Cierren las puertas, por favor.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 13/1985, DE 25 DE MAYO, DE COEFICIENTES DE INVERSIÓN, RECURSOS PROPIOS Y OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES Y EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1298/1986, DE 28 DE JUNIO, SOBRE ADAPTACIÓN DEL DERECHO VIGENTE EN MATERIA DE ENTIDADES DE CRÉDITO AL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. (Número de expediente 121/000099.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre la adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito o de las comunidades europeas.


Enmiendas al artículo tercero y a la disposición final cuarta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 319; en contra, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 176; en contra, ocho; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de enmiendas.


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- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 41/1999, DE 12 DE NOVIEMBRE, SOBRE SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES Y EL REAL DECRETO-LEY 5/2005, DE 11 DE MARZO, DE REFORMAS URGENTES PARA EL IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y PARA LA MEJORA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 121/000100.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. Enmienda al artículo primero por el que se añade un párrafo a la letra c) del artículo 2 de la Ley 41/1999.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 160; en contra, 166; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda a la disposición final cuarta, que es nueva.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 327.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Resto de enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 327.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 12/1995, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REPRESIÓN DEL CONTRABANDO. (Número de expediente 121/000084.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.
En primer lugar, votamos todas las enmiendas de la señora Fernández Davila en conjunto. ¿Es así, señora Fernández Davila? (Asentimiento.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, siete; en contra, 306; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, la enmienda 19.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 154; en contra, 170; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 148; en contra, 167; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 322; en contra, uno; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por tratarse de un proyecto de ley orgánica, realizamos la votación de conjunto en la que han de obtenerse al menos 176 votos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 325; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.

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