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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 141, de 18/02/2010
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2010 IX Legislatura Núm. 141
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ BONO MARTÍNEZ
Sesión plenaria núm. 132
celebrada el jueves, 18 de febrero de 2010


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas (Continuación.)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador), sobre las debilidades del modelo educativo español, su análisis y la reforma para su mejora.
(Número de expediente 172/000146.) ... (Página 10)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proceso de ubicación del almacén temporal centralizado de residuos radioactivos de alta actividad.
(Número de expediente 172/000147.) ... (Página 16)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para reducir el desempleo juvenil. (Número de expediente 172/000148.) ... (Página 21)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 34-1, de 31 de julio de 2009. (Número de expediente 121/000034.) ... (Página 26)

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- Proyecto de ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas (procedente del Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 40-1, de 25 de septiembre de 2009. (Número de expediente 121/000040.) ... (Página 33)

- Proyecto de ley por la que se transponen determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes para adaptarla a la normativa comunitaria.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 43-1, de 9 de octubre de 2009. (Número de expediente 121/000043.) ... (Página 35)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas. (Continuación.) ... (Página 4)

Del diputado don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Tiene pensado el Gobierno tomar medidas urgentes para evitar la continua caída de las rentas de los agricultores? (Número de expediente 180/000857.) ... (Página 4)

Del diputado don José M.ª Lassalle Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Cultura: ¿Cómo valora el Gobierno el informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre las entidades de gestión? (Número de expediente 180/000858.) ... (Página 5)

Del diputado don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Vivienda: ¿Qué nivel de colaboración está ofreciendo la Comunidad Autónoma de Madrid para la ejecución de las políticas de vivienda? (Número de expediente 180/000862.) ... (Página 6)

Del diputado don Esteban González Pons, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Va el Gobierno a denegar, como aprobó el Congreso de los diputados, el permiso para hacer prospecciones petrolíferas frente a las playas de Valencia y los parques naturales de la Albufera y las Columbretes? (Número de expediente 180/000855.) ... (Página 7)

Del diputado don Antonio Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Considera el Gobierno que las imposiciones lingüísticas a las pymes catalanas ayudan a superar la complicada situación económica que están atravesando? (Número de expediente 180/000856.) ... (Página 8)

Del diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Cuándo piensa crear el Gobierno el Consejo del Trabajo Autónomo? (Número de expediente 180/000850.) ... (Página 9)

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Interpelaciones urgentes ... (Página 10)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador), sobre las debilidades del modelo educativo español, su análisis y la reforma para su mejora ...
(Página 10)

Formula la interpelación urgente el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.


Contesta el señor ministro de Educación (Gabilondo Pujol), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Salvador Armendáriz y duplica el señor ministro de Educación.


Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proceso de ubicación del almacén temporal centralizado de residuos radioactivos de alta actividad ... (Página 16)

Formula la interpelación urgente el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Contesta el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Sebastián Gascón), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Herrera Torres y duplica el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para reducir el desempleo juvenil ... (Página 21)

Formula la interpelación urgente el señor Uriarte Ayala, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Contesta el señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves), en nombre del Gobierno.


Replica el señor Uriarte Ayala y duplica el señor ministro de Trabajo e Inmigración.


Enmiendas del Senado ... (Página 26)

Proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista ... (Página 26)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Moreno Castrillo, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas (procedente del Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto) ... (Página 33)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Canet i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proyecto de ley por la que se transponen determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes para adaptarla a la normativa comunitaria ...
(Página 35)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Mármol Peñalver, del Grupo Parlamentario Socialista.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, siendo aprobadas.


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Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas, siendo aprobadas.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se transponen determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes para adaptarla a la normativa comunitaria, siendo aprobadas.


Se levanta la sesión a las doce y cuarenta minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PREGUNTAS. (CONTINUACIÓN.)

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿TIENE PENSADO EL GOBIERNO TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR LA CONTINUA CAÍDA DE LAS RENTAS DE LOS AGRICULTORES? (Número de expediente 180/000857.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Preguntas al Gobierno. En primer lugar, para la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Tiene la palabra para formular su pregunta don Ignacio Llorens.


El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor presidente.


Doy por formulada la pregunta en los términos planteados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, el Gobierno viene adoptando y adoptará todas las medidas precisas para garantizar la viabilidad y el futuro de las explotaciones de nuestros agricultores y ganaderos, y siempre dentro del marco comunitario. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Llorens.


El señor LLORENS TORRES: Gracias, señora ministra.


La renta agraria, que había bajado un 26 por ciento desde que ustedes llegaron al Gobierno, ha vuelto a bajar el año pasado el 5,3 por ciento.
La deuda del sector agrario es superior a la renta y el PIB agrario está en caída libre. Señora ministra, el paro agrario está en un 22 por ciento, superando ya al paro general; no se produce el relevo generacional porque la gente se va del campo y los jóvenes no entran; el sector lácteo, el del vino, los cereales, todos, se están hundiendo.
Estos datos, señora ministra, no me los estoy inventando yo, son la radiografía de un sector que se está desplomando. Lo dicen todos los indicadores oficiales, que están en alerta roja. Se lo van a decir en unos días los agricultores en Cataluña que van a salir a la calle, como se lo dijeron aquí, en Madrid, más de 100.000 agricultores. Por eso, señora ministra, el señor Zapatero se la saltó a usted y no tuvo más remedio que recibir a los representantes de los agricultores, a los que prometió una serie de ayudas que son precisamente las que están en las mociones presentadas por mi grupo en esta Cámara, que fueron aprobadas, a pesar de su voto en contra, y que todavía no se han cumplido, como tampoco se han cumplido los compromisos financieros y fiscales del señor Zapatero, porque los agricultores siguen sin tener acceso a los créditos y porque, además, les han quitado las deducciones fiscales. Pero ya se sabe, señora ministra, que las palabras del señor Zapatero se las lleva el viento. Y es que ustedes, cuando les describimos la realidad nos dicen que somos antipatriotas y cuando les damos soluciones no las cumplen y hacen justo lo contrario de lo que necesita el sector agrario.


Muchas gracias, señor presidente, señora ministra. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llorens.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO (Espinosa Mangana): Señoría, le voy a pedir que sea objetivo y riguroso cuando utilice cifras y datos. Le voy a aclarar algunos. La bajada de la renta de nuestros agricultores en el año 2009 ha sido del menos 1,6 por ciento, muy alejada de la media de los países de la Unión Europea de los Veintisiete que fue del menos 12,2 por ciento y de otros países con un fuerte peso agrícola, como Italia, el menos 25,3 por ciento; Alemania, el menos 21; Francia, por cierto, que siempre utilizan como modelo, el menos 19,8 o los Países Bajos, el menos 15,5 por ciento. Si quiere le sigo citando muchos más. Pero también le digo que estamos en una etapa de diálogo con las organizaciones agrarias

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y con las cooperativas agroalimentarias y que hemos creado muchas mesas de trabajo, entre ellas las de financiación, política agroalimentaria, competencia, futuro de la PAC, etcétera. Se está trabajando con ellos y muchas de las cosas a las que usted ha hecho referencia están solucionadas. Usted no participa en esas reuniones y la información que le llega, desde luego, no se corresponde en absoluto con la realidad. Más temas que le puedo decir: no sé qué está diciendo de eliminación de temas fiscales, porque vaya usted a los Presupuestos Generales del Estado de este año y se encontrará con la devolución permanente del impuesto especial sobre hidrocarburos; vea la última orden que se ha publicado -creo que es del último día del mes pasado- sobre la reducción de módulos; mire la subida de la compensación del IVA para agricultura y ganadería; y podemos citarle muchas cosas más. Pero seguimos negociando otras cuestiones en respuesta a las demandas que nos presentan nuestros agricultores, como el equilibrio de la cadena agroalimentaria o los planes de viabilidad de la demanda. Vamos a seguir trabajando, somos conscientes de la situación por la que están atravesando, y lo haremos desde luego bajo el consenso. Yo solamente le pido que no siga con su postura catastrofista, que no aporta nada positivo a favor del interés de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y sinceramente creo...
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARÍA LASSALLE RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA SOBRE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN? (Número de expediente 180/000858.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Cultura. Para formularla tiene la palabra don José María Lassalle.


El señor LASSALLE RUIZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, hace unas semanas la Comisión Nacional de la Competencia publicó este informe sobre gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. En ese informe se detallaban, entre otras cosas, que el funcionamiento de las entidades de gestión reduce los incentivos a operar de modo eficiente en los mercados de derechos de la propiedad intelectual, que facilita la aparición de tarifas inequitativas y discriminatorias, que dificulta la posibilidad de que los usuarios gestionen de modo eficiente sus costes y que propicia un alto nivel de litigiosidad en el sector, contribuyendo a fomentar un grave escenario de inseguridad jurídica. Pues bien, señora ministra, hasta el momento usted no se ha manifestado expresamente sobre este tema, espero que tenga alguna opinión sobre ello. ¿Comparte usted la crítica de algunas entidades de gestión -por cierto, entidades de gestión que están sometidas a una licencia que otorga su ministerio y que usted está obligada a velar por el control y funcionamiento de esas entidades- que han calificado el informe como de oportunista, sesgado y arbitrario? ¿O, por el contrario, asume que esas conclusiones contenidas en este informe se asemejan a ese otro informe que el Consejo Fiscal acaba de emitir sobre la ley de economía sostenible y que usted ha calificado de valioso y constructivo?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lassalle.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, el Ministerio de Cultura valora ese informe en sus justos términos. Creo que en ese texto hay aportaciones interesantes que enriquecen, desde la perspectiva de la competencia, el debate que estamos compartiendo; por tanto, sin duda es útil. Es útil porque al sumar un punto de vista contribuye a definir la imagen global y porque amplía otros estudios y análisis, entre ellos el de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que se publicó en abril de 2009.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Lassalle.


El señor LASSALLE RUIZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, es verdad que para usted resulta útil, por lo menos así lo acaba de manifestar y consta ya en el "Diario de Sesiones", que es útil ese informe, pero tiene que tener en cuenta, señora ministra, que el citado informe le está planteando la urgencia de que se afronte de una vez por todas una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual.
Aquí se acaban de terminar los trabajos de una subcomisión de Propiedad Intelectual, en esta Cámara se ha estado hablando sobre la necesidad de una reforma integral de la ley de Propiedad Intelectual, en esta Cámara también hemos escuchado al Consejo Económico y Social insistir en la necesidad de afrontar una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y a día de hoy ni está ni se conoce si va a estar un informe que nos traiga a esta Cámara realmente una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. Señora ministra, ¿usted va a hacer alguna vez una tarea a fondo sobre esta cuestión? ¿Va a venir a esta Cámara con un anteproyecto de ley de propiedad intelectual? ¿Va a

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asumir en ese anteproyecto de ley de propiedad intelectual las conclusiones que aparecen en el informe del Consejo Fiscal que, por cierto, son coincidentes con las tesis que está planteando el Partido Popular respecto de la disposición adicional primera de la ley de economía sostenible?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lassalle.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): Gracias, señor presidente.


Señor Lassalle, hoy estamos más cerca que hace unos meses, y le garantizo que no regatearé esfuerzos para alcanzar ese consenso. Quiero agradecerle el artículo que publicó a finales de diciembre; seguro que a algunos no les gustó, pero yo considero que fue un paso en la buena dirección. Deseo que se acerque sin miedo a defender el derecho de los trabajadores de la cultura, a recibir esa compensación justa por su esfuerzo, a fin de cuentas, señoría, el modelo de gestión español de derechos ni se inventó ayer ni es ajeno a la regulación de los países de nuestro entorno. Seguro -y en eso creo que usted está de acuerdo- que hay aspectos que pueden afinarse, como ocurre con todas las materias complejas, y para eso nos estamos esforzando escuchando a todas las partes, estudiando todos los informes, como es democráticamente normal. Nos esforzamos para mejorar el sistema de gestión que hace posibles los derechos de los trabajadores de la cultura y, en el marco comunitario, trabajamos para armonizar nuestras respectivas normativas nacionales con serenidad, prudencia y, sobre todo, con visión de futuro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿QUÉ NIVEL DE COLABORACIÓN ESTÁ OFRECIENDO LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PARA LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA? (Número de expediente 180/000862.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Vivienda. Para formularla tiene la palabra don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, si algún Gobierno ha hecho de la confrontación institucional su seña de identidad ese es precisamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esto es particularmente grave cuando hablamos de la política de vivienda, porque debería ser la colaboración y no la confrontación institucional la que rigiera y marcara el paso en el diseño de esas políticas de vivienda. Pero hay muchos ejemplos, señorías, de esa falta de colaboración y de ese enfrentamiento sistemático de la Comunidad de Madrid en política de vivienda. Voy a poner dos ejemplos, señorías, muy graves. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que la Comunidad de Madrid lleva muchos años sin justificar ni aclarar el destino de más de 20 millones de euros que su departamento, señora ministra, transfirió a la Comunidad de Madrid en ayudas a la rehabilitación, y que años después, los supuestos perceptores de esas ayudas a la rehabilitación no han conseguido ver ni un euro proveniente de la Comunidad de Madrid. El segundo ejemplo es el grado de hipocresía tan elevado que tiene la Comunidad de Madrid cuando habla con el Gobierno de España sobre la política de vivienda. Porque, como quien dice, señorías, he visto a la Comunidad de Madrid sentarse por la mañana con el Ministerio de Vivienda, firmar el Plan estatal de vivienda para los próximos cuatro años -que, para que me entiendan, es el dinero contante y sonante que transfiere el Ministerio de Vivienda a la Comunidad de Madrid para implementar esas políticas de vivienda durante los próximos años en la Comunidad de Madrid- y, por la tarde, a ese mismo Gobierno regional le he visto firmar un recurso de inconstitucionalidad de ese plan estatal que firmaba por la mañana. El grado de hipocresía y de desvergüenza institucional que tiene la Comunidad de Madrid en este caso me parece gravísimo. Pero, señorías, afortunadamente no todos somos iguales. Hay gobiernos y gobiernos; gobiernos que confrontan institucionalmente, gobiernos que incluso llegan a perseguir a sus adversarios políticos aun estando entre sus propias filas, con micrófono abierto o sin micrófono abierto, y hay gobiernos que colaboran institucionalmente y que intentan resolver, simple y llanamente, los problemas de la gente, que es su caso, señora ministra, y el del Gobierno que usted representa. (Rumores.) En ese sentido, señora ministra, quiero reconocer su excelente trabajo al frente del Ministerio de Vivienda... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN:...porque está garantizando el futuro de un sector que lo está pasando mal en esta crisis económica. Sin lugar a dudas, está usted haciendo un buen trabajo para que tenga una competitividad, una sostenibilidad y un futuro vinculado a la rehabilitación. Es en ese contexto, señora ministra, en el que le pregunto por el grado de colaboración que tiene la Comunidad de Madrid con ustedes en política de vivienda.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Corredor Sierra): Gracias, señor presidente.


Tenemos muy claro el reparto de competencias que diseña la Constitución, y desde ese reparto de competencias trabajamos para que la gestión de la política de vivienda goce de la mayor coordinación y colaboración con todas las comunidades autónomas, también con la Comunidad de Madrid. Es cierto que, en este caso, nuestras relaciones podrían ser mejoradas, sobre todo para que los madrileños pudieran recibir con mayor agilidad las ayudas a las que tienen derecho y, desde luego, mucho más en un momento de dificultad económica. Los datos de la Comunidad de Madrid la verdad es que son preocupantes. Tienen sin justificar 107 millones de euros que ya han sido abonados con anterioridad a 2009, procedentes de planes de vivienda de 2005 a 2008. De estos 107 millones hay 24 que corresponden a rehabilitación de centros históricos y áreas integrales y hay otros 7 millones que corresponden a rehabilitaciones aisladas de viviendas. De estos últimos, casi la totalidad de los objetivos comprometidos llevan tres años sin justificarse. Esto quiere decir -para que nos entiendan SS.SS.- que está transferido el dinero del ministerio a la comunidad pero la comunidad no ha justificado que se haya aplicado a la finalidad comprometida y, por tanto, no nos consta que haya llegado a los ciudadanos de Madrid. Además, la Comunidad de Madrid fue la última en aplicar el decreto necesario para que se pudiera aplicar en Madrid el Plan estatal de vivienda; lo hizo en diciembre cuando el plan había entrado en vigor en enero. Tampoco ha regulado todavía el registro de demandantes, imprescindible para garantizar la transferencia en el acceso a la vivienda protegida. Nosotros volvemos a invitar a la Comunidad de Madrid a que desarrolle este decreto. Quizás están ocupados -como usted dice- en otros aspectos que no tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos. Pero el Ministerio de Vivienda está plenamente comprometido con los ciudadanos de Madrid. Voy a dar unos datos que lo van a atestiguar. Desde 2004 se han invertido más de 720 millones de euros y se ha beneficiado a 150.000 familias, pero es que el Plan estatal 2009-2012 tiene previsto para la Comunidad de Madrid 1.300 millones de euros para beneficiar a otras 117.000 familias de Madrid, 1.300 millones de euros que suponen un 79 por ciento más que el plan anterior. Además, les hemos transferido 60 millones de euros para la renta básica de emancipación, si bien es cierto que la Comunidad de Madrid, a pesar de que hay 26.000 jóvenes que se están beneficiando ya, tiene un 60 por ciento más de demora que la media del resto de comunidades en la gestión de los expedientes de la renta básica de emancipación. Como estoy segura de que en el fondo saben que necesitamos contar con ellos para que las ayudas del ministerio lleguen a los ciudadanos, estoy segura que, apelando a la lealtad, a la responsabilidad y al respeto que tienen que tener a los madrileños, estas deficiencias serán en breve subsanadas.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON ESTEBAN GONZÁLEZ PONS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿VA EL GOBIERNO A DENEGAR, COMO APROBÓ EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, EL PERMISO PARA HACER PROSPECCIONES PETROLÍFERAS FRENTE A LAS PLAYAS DE VALENCIA Y LOS PARQUES NATURALES DE LA ALBUFERA Y LAS COLUMBRETES? (Número de expediente 180/000855.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Para formular la primera tiene la palabra don Esteban González Pons.


El señor GONZÁLEZ PONS: Muchas gracias.


Señor ministro, el paisaje beneficia a todos, el petróleo solo a la empresa inglesa que puede llegar a explotarlo. El petróleo, como usted sabe, es una energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en el tiempo no ya del oro negro, sino del oro verde. Por eso, el Congreso de los Diputados le pidió a su ministerio que no se hiciesen prospecciones petrolíferas ni frente a la Albufera de Valencia, ni en el Parque Natural de las Columbretes, ni en el Delta del Ebro, ni en la playa de Gandía.
Sin embargo, en una repuesta a la diputada doña Inmaculada Bañuls, su ministerio este verano nos dijo que esa autorización para las prospecciones petrolíferas está a punto de llegar a la mesa del Consejo de Ministros. Queremos saber, señor ministro, si va a cumplir el requerimiento el Congreso de los Diputados para que no se hagan prospecciones petrolíferas donde el verde vale más que el negro.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Pons.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, le informo que el pasado 10 de julio, de 2009 por tanto, le remitimos el expediente a la Generalitat Valenciana y hasta la fecha no hemos recibido ninguna contestación. Han pasado ya casi ocho meses y lo que vamos a hacer a raíz de esta pregunta es volver a pedir el informe de la Generalitat, pues sin ese informe no podemos pronunciarnos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor González Pons.


El señor GONZÁLEZ PONS: Lo que nosotros queremos es justo lo contrario. No vuelva a pedir usted ese informe. La Generalitat Valenciana a lo mejor no se lo envía y las prospecciones petrolíferas no se hacen. Lo que le pidió el Congreso de los Diputados es que no lleve a la mesa del Consejo de Ministros esta petición para que se hagan prospecciones petrolíferas allí. Hay sitios y sitios. Si estuviéramos hablando de prospecciones petrolíferas en el parque de Doñana o en el parque de Ordesa, todo el mundo entendería que allí no se pueden hacer porque el verde vale más que el negro. La Albufera de Valencia, señor ministro, para la Comunidad Valenciana y para toda España vale tanto como el parque de Doñana para los andaluces o el de Ordesa para los aragoneses y lo mismo el Parque Natural de las Islas Columbretes. No quisiéramos pensar que se autorizan prospecciones petrolíferas solo porque se trata de la Comunidad Valenciana, como ha pasado con el Cabañal o con otra serie de asuntos.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor GONZÁLEZ PONS: ...en los que a la Comunidad Valenciana se la ha perseguido desde el Gobierno central. Señor ministro, ¿hay petróleo frente a la Albufera?, ¿hay petróleo frente al Parque Natural de las islas Columbretes? No queremos saberlo, porque si lo sabemos algún día se explotará, y el día que se explote el petróleo frente a la Albufera se acabó un parque natural, se acabó otro parque natural, se acabó la pesca, se acabó la circulación de cetáceos, se acabó la pradera de posidonia, se acabó el turismo. Señor ministro, usted ha dicho recientemente que no teme ni a los eclipses de luna ni a las centrales nucleares. Los valencianos tememos al chapapote y a no volver a ver los eclipses de luna sobre el Mediterráneo porque nos los tape una torre petrolífera. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.-Un señor diputado. ¡Qué cursi!-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.


Me encanta la poesía, pero también me gusta cumplir con mi deber institucional, que no es otra cosa que cumplir la ley, y la ley dice que tenemos que someternos a unos trámites. Desde que el 28 de abril de 2006, por tanto hace cuatro años, la empresa Medoil PLC, que hoy se llama Cairn Energy, solicitase los permisos de investigación -investigación- de hidrocarburos denominados Albufera, Benifaió y Gandía, el expediente ha seguido su curso de acuerdo con la ley y, por supuesto, durante la tramitación de este expediente se tienen en cuenta todas las alegaciones que realizan las partes afectadas. Como le he dicho, la resolución del expediente se va a producir en cuanto recibamos el informe, que es preceptivo, de la Generalitat, que lo estamos esperando desde hace ocho meses y todavía no lo hemos recibido. En cualquier caso, señoría, este ministerio, este Gobierno, además de realizar un importante desarrollo de las energías limpias y renovables en toda España, además de apostar por el ahorro y la eficiencia energética, que es verde, y a lo que ustedes no se han sumado con tanto ahínco como el que le he visto hoy en esta Cámara, es totalmente respetuoso con nuestro medio ambiente y también con nuestro patrimonio artístico, cultural y por supuesto turístico. Yo mismo soy aficionado al buceo deportivo, conozco las Columbretes, creo que es un paraíso natural y, desde luego, en lo que esté en nuestra mano vamos a defender los espacios naturales. Por tanto, estamos a la espera de recibir el expediente de la Generalitat Valenciana. A ver si lo mandan.


Gracias, presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO GALLEGO BURGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LAS IMPOSICIONES LINGÜÍSTICAS A LAS PYMES CATALANAS AYUDAN A SUPERAR LA COMPLICADA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE ESTÁN ATRAVESANDO? (Número de expediente 180/000856.)

El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor ministro. Para formularla tiene la palabra don Antonio Gallego Burgos.


El señor GALLEGO BURGOS: Señor ministro, estos papeles que le enseño son multas lingüísticas que han recibido cientos de comerciantes y empresas en Cataluña por no tener rotulado el comercio en catalán o emitir documentación comercial solo en castellano, lengua oficial del Estado y lengua propia también de Cataluña. Por lo tanto, no le voy a hablar de un problema irreal, estas multas avalan que no me invento absolutamente nada, aquí están las multas. En Cataluña, como bien conoce usted, algunos fanáticos enfermizos piensan que es muy positivo multar a los comercios por estar rotulados únicamente en castellano. Por eso, señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, le pregunto cuál es su opinión respecto a ese tipo de multas. Me remito a la pregunta que figura en el orden del día: ¿considera que las imposiciones lingüísticas y las multas a las pymes catalanas ayudan a superar la complicada situación económica que están atravesando en la actualidad?

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, para que no quede ninguna duda, desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no se ha aprobado ninguna norma lingüística en ningún territorio de nuestro país, ni en Cataluña ni en ningún otro. Usted me está preguntando por una norma lingüística que ha aprobado el Parlamento de una comunidad autónoma y este ministerio, como no puede ser de otra forma, es tremendamente respetuoso con el Titulo VIII de la Constitución, tremendamente respetuoso con los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y tremendamente respetuoso con las decisiones de los territorios; decisiones que tendrán que ser juzgadas por las instituciones catalanas, en este caso por los ciudadanos catalanes, pero no por este ministro.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Gallego.


El señor GALLEGO BURGOS: Señor ministro, evidentemente sabemos que no es competencia suya esta cuestión, pero sí nos gustaría conocer su opinión, y espero que al ministro de Industria le importe aquello que está afectando al comercio en una parte tan importante de España como es Cataluña. Nosotros sabemos que el presidente del Gobierno está de acuerdo con las multas lingüísticas; así lo manifestó públicamente en una emisora de radio no hace mucho tiempo. Para el Partido Popular estas multas son una aberración absolutamente vergonzosa, represiva y sectaria, pero no sabemos cuál es su opinión. Desde nuestro punto de vista, vulnera la libertad de expresión y de empresa. Es absolutamente perjudicial que se impongan cuotas lingüísticas a la industria cinematográfica, y en esa cuestión, aunque no sea competencia suya, usted tendría que tener algún tipo de opinión. A nosotros esta situación y esta política lingüística nos parecen realmente insólitas. Nos parece un despropósito, además, que se promocione la delación, que se respalde desde una Administración como la catalana el chivatazo cobarde y la denuncia anónima a comerciantes que tienen un determinado rótulo. (Rumores.) Aquí están las multas y no me invento nada. Esto tiene un impacto potentísimo sobre las economías de los comercios. Estamos pasando una situación realmente delicada y nos gustaría conocer también la opinión del ministro de Industria, Turismo y Comercio, porque creo que esto tiene algo que ver con usted. Hoy tiene una magnífica oportunidad de mandar un mensaje a los comerciantes catalanes y decir: no a las multas lingüísticas y ... (Pronuncia palabras en catalán.-(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo siento, se acabó el tiempo. Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señor presidente.


Le reitero que yo tengo el deber de respetar institucionalmente las competencias de cada territorio y de cada instancia de las administraciones públicas y también las del Parlamento de Cataluña. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Esto ha sido una decisión del Parlamento de Cataluña. ¿Y cuándo se aprobó esa ley en el Parlamento de Cataluña que obligaba a esa rotulación? Se aprobó en la Ley 1/1998, de Política Lingüística, de 7 de enero de 1998.
¿Recuerda S.S. quién gobernaba el 7 de enero de 1998 y quién se sentaba en este banco azul? Yo se lo voy a recordar, gobernaba el Partido Popular. Esta ley la presentó en el Parlamento de Cataluña Convergència i Unió, y ustedes, que gobernaban aquí con su apoyo, no dijeron nada de esa ley. ¿Por qué? Porque en ese momento hablaban catalán en la intimidad.


Muchas gracias, señora presidenta, (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿CUÁNDO PIENSA CREAR EL GOBIERNO EL CONSEJO DEL TRABAJO AUTÓNOMO? (Número de expediente 180/000850.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Trabajo e Inmigración y que formula el diputado señor Campuzano I Canadés.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


A veces uno puede tener dudas de que estas sesiones de control tengan alguna utilidad. En todo caso, en la cuestión que nos ocupa, como es la creación del consejo del trabajo autónomo, parece que ayer empezaron a moverse algunas cosas. Señor ministro de Trabajo, ¿cuándo piensa el Gobierno crear el consejo del trabajo autónomo?

Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Campuzano.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señora presidenta.


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Como conoce S.S., porque incluso usted y su grupo presentaron en su momento una moción en este Pleno que fue aprobada por unanimidad en la que instaban al Gobierno a dar un impulso a todo lo que tuviera que ver con el autónomo, hemos venido desarrollando desde el 14 de abril del año 2008 -en el que este ministro tomó la responsabilidad en el ministerio- el desarrollo del Estatuto del trabajador autónomo dependiente, que ya está aprobado y en funcionamiento. El 5 de mayo, como usted recordará, se llegó a un acuerdo con todas las asociaciones de autónomos en el que se abordaron los asuntos que para los autónomos son muy importantes, aquellos que tienen que ver con los temas fiscales y del crédito.
Asimismo, en cumplimiento de esa moción a la que le hacia referencia anteriormente, desde el ministerio ya se ha remitido -como usted también conoce- el proyecto de ley para el cese por actividad. En consecuencia, una vez que este proyecto de ley -que confío en que próximamente sea debatido aquí en las Cortes- sea aprobado, quedará ya solamente pendiente la constitución del previsto consejo del autónomo, sobre el cual estamos trabajando. En estos momentos estamos en negociación con las diferentes asociaciones para que próximamente, y en lo que queda de este año, pueda ser presentado con el mayor consenso posible con las organizaciones de autónomos y, en consecuencia, espero que ese mismo consenso lo pueda tener aquí, en esta Cámara, una vez que se presente.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro.


Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Cuán largo me lo fía, señor ministro, porque si he entendido bien su respuesta, ustedes no van a aprobar la creación del consejo hasta que la Cámara finalice la tramitación del proyecto de ley de prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, y me temo que eso puede suceder bien entrado el próximo verano, quizás en el mes de septiembre.
He de recordarle que estamos hablando del cumplimiento de una ley aprobada en julio del año 2007, del cumplimiento de esa moción a la que usted hacía referencia, e incluso del cumplimiento de una proposición no de ley que presentó el Grupo Socialista en junio de 2008 -llevamos ya cerca de dos años-, en la que ustedes mismos pedían que con la máxima celeridad posible se crease ese consejo del trabajo autónomo. Además, en todos estos meses en que ese consejo del trabajo autónomo continúa sin existir vamos a abordar, en el marco del diálogo social pero también en el marco de este Congreso de los Diputados, algunas reformas sustanciales que afectan directamente a los trabajadores autónomos: todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del mercado de trabajo, con la reforma del sistema de pensiones y con el cambio del modelo productivo. En ese contexto, en un momento en el que más de 400.000 autónomos han tenido que cerrar sus negocios, en el que en el conjunto del Estado unos 800 autónomos cierran su negocio cada día, 150 de ellos en Cataluña, sería razonable que el instrumento que el Estatuto del trabajo autónomo contemplaba de articulación de la negociación, del diálogo, de la representatividad de los pequeños empresarios, de los microempresarios, de los autónomos, estuviese a pleno rendimiento. Señor ministro, le reclamo en nombre de Convergència i Unió que procedan inmediatamente a cumplir la Ley del Trabajo Autónomo, que este consejo se ponga en marcha ya, y que los autónomos tengan capacidad de defender sus intereses en un momento tan especial, tan delicado y tan complejo de la economía española.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Campuzano.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señora presidenta.


No sé si me he explicado mal o es que usted me ha entendido mal; yo no condiciono una cosa a la otra, no tienen nada que ver; no son incompatibles ni es necesario aprobar la ley del cese de actividad para posteriormente crear el consejo general del autónomo. Lo que sucede es que convinimos con las propias asociaciones de autónomos que había una prelación de temas, y que unos eran prioritarios respecto a otros, como el tema del trabajo autónomo. En consecuencia, señor diputado, le digo que estamos trabajando en ello y que antes de que se apruebe la ley estará el proyecto del consejo... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor ministro, ha acabado su tiempo.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SALVADOR), SOBRE LAS DEBILIDADES DEL MODELO EDUCATIVO ESPAÑOL, SU ANÁLISIS Y LA REFORMA PARA SU MEJORA.
(Número de expediente 172/000146.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Acabado el debate de este punto del orden del día, pasamos al siguiente: Interpelaciones urgentes.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto, señor Salvador, sobre las debilidades del modelo educativo español, su análisis y la reforma para su mejora.


Para defender la interpelación tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, como sabe, tengo pocas oportunidades para plantear iniciativas en Pleno, lo cual me obliga a

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priorizar en extremo los temas con los que poder interpelar al Gobierno y trasladar públicamente nuestras propuestas, nuestras ideas y las sugerencias de mi partido. Esta interpelación pretendo que sea una nueva oportunidad para debatir de forma pública y transparente los avances en la consecución del anhelado Pacto de Estado de educación. No quisiera reproducir debates ya celebrados en esta Cámara y en Comisión. No pretendo, lo digo de antemano, torpedear el debate político ni buscar protagonismos que no me corresponden, ni censurar actitudes de unos y otros, ni ser tampoco omnicomprensivo en las cuestiones que finalmente plantearemos en nuestra moción consecuencia de interpelación.


Señor ministro, si existe hoy un tema que preocupa a los ciudadanos, junto con las medidas para salir de la crisis, y que más concita el interés mayoritario de la ciudadanía es la preocupación por el futuro de la educación, el estado manifiestamente mejorable de nuestro sistema educativo, la necesidad de acertar en el diagnóstico de los problemas y las enfermedades que le aquejan, y la obligación de trabajar para mejorar su calidad en beneficio de los jóvenes de las nuevas generaciones. Señor ministro no hay un reto más importante ni una reforma más necesaria, ni hay un momento más oportuno. Por eso quiero agradecerle el esfuerzo personal que está llevando a cabo para encontrar una fórmula válida que sea compartida por todos y que mejore nuestro sistema educativo. También quiero felicitar la disposición de los agentes de la comunidad educativa y también la del resto de partidos, sobre todo la del principal partido de la oposición, porque está claro que no es una aventura fácil. A la necesidad de un consenso en esta materia y al interés social de una reforma tan esperada por todos los sectores se contraponen unos tiempos poco propicios al consenso político, y una situación económica marcada por la precariedad financiera como nunca hemos conocido. Debe usted cuadrar todo ese círculo haciendo muchas más cosas, y me temo que con muchos menos recursos. Por tanto, señor ministro, el reto es enorme. En cualquier caso, no sé si estará conmigo en que es verdad que los problemas de la educación hoy no derivan de la falta de recursos, porque es cierto que las administraciones, todas la administraciones han hecho un importantísimo esfuerzo económico para proveer de medios al sistema.
Pero, señor ministro, lo cierto es que ese combustible no le basta al sistema para que pueda funcionar completamente. Falta algo más etéreo o más espiritual, por decirlo de alguna manera. Fíjese: tasas de abandono inimaginables, fracaso escolar desbordante, violencia en las aulas, falta de motivación, desprecio y negación de la autoridad e indisciplina son algunos de los síntomas de una enfermedad social mucho más grave, que sencillamente se pone de manifiesto en el sistema. El sistema educativo a nuestro juicio no es el responsable de lo que nos pasa; simplemente es el fiel reflejo de la sociedad en que se desarrolla.


Sin ningún ánimo moralizante, señor ministro, permítame una reflexión sobre nuestra sociedad. Para mí la quiebra, el desprecio o la ausencia misma de una serie de valores que se han tenido durante mucho tiempo por antiguos o por carcas constituyen algunas de las causas de muchos de los problemas que luego se manifiestan en todos los campos, desde el económico o el educativo hasta el convivencial. No le pido que el pacto entre en un debate sobre la naturaleza humana, sobre los valores o contravalores de la sociedad actual, porque seguramente no es el lugar, pero si queremos mejorar la sociedad en la que servimos, junto con las medidas puntuales en cada aspecto estructural que queramos aplicar, debemos recuperar un valor fundamental que hoy no se estila, como es el de la responsabilidad. Responsabilidad individual y responsabilidad colectiva, entendida -como dice la RAE- como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Abusamos, señor ministro, de desconocer las consecuencias de nuestros actos y abusamos al querer hacer pasar como simples errores en demasiadas ocasiones lo que son hechos sujetos a responsabilidad.


Le decía que mi partido, Unión del Pueblo Navarro, cree que el pacto entre todos será la mejor manera de llevar a cabo este objetivo. Pero también le añado, y usted lo sabe, que la consecución de un gran acuerdo no es la meta ni la garantía de que se vayan a acometer las necesarias reformas y -lo que es más importante- que se acierte. Como alguien ha escrito recientemente, una cosa es intentar gobernar con consenso y otra que se supedite al consenso el ejercicio de la propia responsabilidad. Si por el motivo que fuere -tanto por la cerrazón final del Gobierno o por la negativa del grupo mayoritario de la oposición, cuyo concurso es indispensable, como por la imposibilidad intrínseca de llegar a un acuerdo entre varios modelos educativos distintos propuestos- no se alcanza el pacto, ello no debiera significar la renuncia a acometer unas reformas que son, con o sin pacto, una urgente e imprescindible necesidad. Señor ministro, repito que el pacto no es la meta. Creo que usted así también lo entendía en la comparecencia del 4 de febrero. La meta final y el objetivo último son las reformas que la educación en España necesita. El pacto probablemente sea el mejor camino, seguro, pero no es el único. Si el sistema educativo está enfermo, que lo está, de alguna manera no nos creamos que sus dolencias van a desaparecer por sí solas o por un pacto -por decirlo de alguna manera- lampedusiano: cambiar todo para que todo quede igual. Por eso, porque usted debe estar preparado para la eventualidad poco deseable de que no haya un pacto, mis primeras preguntas son si tiene usted un plan B y cuál es, qué reformas cree que deberá tomar el ministerio en todo caso, y si se ha marcado una fecha a partir de la cual deberá asumir la responsabilidad por su cuenta.


Mi partido defiende los principios de libertad, responsabilidad, esfuerzo e igualdad de oportunidades, y los más instrumentales de evaluación, competencia, autoridad, disciplina, flexibilidad, formación continua, financiación constante, modelo equilibrado público-privado,

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y defenderá y apoyará en el seno de la discusión del pacto medidas que respeten y coadyuven de forma exigente en la dirección que estos principios marcan. Pero, como dije en mi intervención, no pretendo ser omnicomprensivo ni mucho menos conflictivo. Por eso le quiero pedir que en aquello en lo que coincidamos apliquemos máxima intensidad en llegar a un acuerdo.


Quisiera concretar mi petición de respuesta en cuatro temas muy concretos, intentando construir consensos en torno a ellos. En primer lugar, la organización general de las enseñanzas de educación secundaria. La propuesta del Gobierno pone sobre la mesa la creación de dos vías separadas en cuarto curso de la ESO, por lo que se genera de facto un doble recorrido educativo que aparca fuera del sistema al alumnado más necesitado social y académicamente de atención educativa. Señor ministro, si la comprensividad educativa ha sido la bandera del Partido Socialista en cuanto a la definición de la educación, ¿supone esta propuesta renegar del principio básico de que todo alumno debe tener los mismos conocimientos básicos para llegar a ser y asumir su posición como ciudadano activo en una sociedad democrática? ¿Es consciente el Gobierno de que su propuesta va a producir, a nuestro juicio, ciudadanos de primera y de segunda categoría? ¿En qué se diferencia su propuesta de la del Partido Popular, que pretende adelantar el bachillerato a quince años?

Sobre la atención a la diversidad, el éxito del sistema educativo -navarro, en este caso- está sustentado en una atención a la diversidad desde el inicio de la escolarización. Si la escuela ha de ser instrumento fundamental en la compensación de las diferencias individuales, debe actuarse con presteza y desde el inicio. Es un error garrafal creer que el alumno fracasa a los quince años, y a partir de ahí empezar a proponer medidas segregadoras que rompen con la necesaria inclusividad que debe tener la escuela como servicio público. Sabiendo que los sistemas educativos que obtienen mejor resultado son aquellos que llevan a más gente hasta el éxito escolar, ¿qué medidas concretas de atención a la diversidad proponen a lo largo de todo el sistema educativo? ¿Cuál va a ser, señor ministro, la dotación presupuestaria que designen para ello?

En relación con el aprendizaje de idiomas, señor ministro, creo que no es necesario ya justificar la evidente necesidad del conocimiento de idiomas en el contexto social y económico globalizado hacia el que nos movemos.
Tampoco es necesario poner en evidencia las dificultades con que nos encontramos para ir transformando de forma progresiva, pero decidida y sin pausa, nuestro sistema educativo en bilingüe; dificultades que tienen una característica común: la falta de profesorado con un nivel de idiomas que pueda constituir un referente adecuado, tanto para servir de referencia a la adquisición del lenguaje como para impartir su materia en inglés. ¿Cómo va a afrontar el Gobierno esta carencia? ¿Tiene previsto reforzar la legislación vigente para permitir a las comunidades autónomas incorporar a nuestros sistemas educativos profesorado nativo para poder alcanzar esos retos? ¿Vamos a seguir siendo prisioneros del proteccionismo laboral de la Función pública en este aspecto? Porque, si es así, podremos ofrecer una educación bilingüe, pero no creo que sea antes de 2080, y entonces ya no sé si será bilingüe en inglés o tendrá que serlo en chino, por ejemplo.


En cuanto a la formación profesional la apuesta fundamental de la Logse fue la dignificación de la formación profesional. Con buen criterio y visión de futuro se creyó, y con razón, que las enseñanzas de FP constituyen un elemento clave para el desarrollo económico y social de un país, y no pueden ser consideradas un recurso de segundo nivel para paliar el fracaso escolar. Los países más avanzados de nuestro entorno presentan cifras de escolarización en FP que superan el 60 por ciento del alumnado de enseñanzas posobligatorias. Conscientes de esa situación, se implantaron unos requisitos de acceso que aseguraban el desarrollo de unas enseñanzas de calidad y adaptadas a las necesidades del entorno socioproductivo -título de ESO para el grado medio y de bachiller para el grado superior-, y se empezó a desarrollar un sistema integrado basado en las cualificaciones profesionales, derivado de la Ley 5/2002, que como es sabido ha sido la única ley educativa de nuestra vida democrática sobre la que ha existido consenso entre todos los partidos del arco parlamentario. El resultado de todo eso ha sido el extraordinario avance de estos estudios en nuestro país; avance que obviamente ha posibilitado el desarrollo económico en los últimos años. Sin embargo, tanto en el proyecto de ley de economía sostenible como en la propuesta de pacto educativo se definen unas condiciones de acceso que -mucho nos tememos- dibujan, a nuestro juicio, para el futuro una formación profesional como recurso para paliar el fracaso escolar.


Teniendo en cuenta estas medidas, señor ministro, ¿es intención del Gobierno utilizar la formación profesional para elevar el nivel de éxito escolar, aunque para ello tenga que volver a un sistema educativo similar al que se desarrolló con la ley educativa de 1970? ¿Se es consciente de que se rompe el consenso educativo y social en torno a la formación profesional, ofreciéndola como vía para aquellos que no pueden obtener el título de la ESO? ¿Es consciente el Gobierno de que el 70 por ciento de los puestos de trabajo de este país está ligado a titulaciones y competencias de grado medio en FP? En fin, señor ministro, como ve, tratan de ser preguntas y debates constructivos que mi partido espera que sean fructíferos, y responden al deseo de muchos españoles de contribuir a mejorar el futuro educativo de nuestros hijos. Quedo a la espera de su respuesta.


Muchas gracias, señor ministro.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Salvador.


Para contestar a la interpelación tiene la palabra el señor ministro de Educación.


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El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Gracias, señora presidenta.


Señoría, muchas gracias por sus propuestas y por su apelación a la responsabilidad. La responsabilidad es sobre todo la capacidad de respuesta, esta es la responsabilidad, y estamos aquí para responder.
Pero yo no solo apelo a la responsabilidad, sino también a la corresponsabilidad. Comparto con usted las reflexiones. Todos los grupos de la Cámara hemos analizado la situación de nuestro sistema educativo, y yo creo que no nos falta diagnóstico, pero estamos trabajando para encontrar medidas concretas que nos lleven a una mejora. El ministerio -no se preocupen- no está cerrado por pacto: ni se cerrará cuando se firme, ni se abrirá si no se firma. Con firma o sin firma trabajamos y trabajaremos por la educación. El pacto es un instrumento, un modo de proceder, un modo de entender la política, y un modo de entender las mejoras en el sistema educativo. Creemos que es el mejor camino, pero hay más caminos y desde luego nosotros trabajaremos por el mejor de ellos.


Si usted me pregunta por una fecha le diré que espero que para finales del mes de marzo ya esté claro si estamos en condiciones o no de asumir algún acuerdo. No se trata de tener a todo el país entretenido con una posibilidad, sino con un texto para abordar lo que deseo que sea un análisis compartido, en líneas generales, por la comunidad educativa, por los profesores, por los directores de centros, por los padres y madres de los alumnos y por los propios estudiantes: por la sociedad española. La propuesta de este pacto social y político por la educación pretende ser un espacio de encuentro para la acción común y compartida, pero tiene un objetivo, y el objetivo es anteponer la mejora de la formación y educación de la sociedad, y muy singularmente de los jóvenes a cualquier otro legítimo interés partidista, y con perspectiva y horizonte no cortoplacista. El acuerdo no es un fin, como se ha dicho, sino un medio.
La educación y la formación serán determinantes para abordar la situación económica actual. No es que tengamos que abordar este asunto a pesar de que estemos en una situación económica difícil, sino más urgentemente precisamente por ello, porque la formación va a ser determinante para la empleabilidad, y la formación cualificada es la única posibilidad de abordar con seriedad el reto de la situación económica en la que nos encontramos; así lo demanda toda la sociedad, que nos está pidiendo que con diálogo y con consenso encontremos una solución.


Considero que los informes internacionales de la OCDE y del Consejo Escolar del Estado son una buena radiografía de nuestro sistema educativo; ya tenemos un diagnóstico; son un diagnóstico. Lo que tenemos que hacer es atender lo que ahí se señala. Ahí vemos nuestras fortalezas -de las que oigo hablar poco- y nuestras debilidades -que aparecen reflejadas en dicho informe-, y por supuesto tenemos un sistema que ha socializado la educación, muy equitativo, con gran fortaleza en materia de educación infantil; de esto también hemos de hablar y hemos de decirlo a la sociedad, pero al mismo tiempo el nivel de fracaso y de abandono no es aceptable, y tenemos que tomar buenas iniciativas para reducirlo.


La propuesta de pacto plantea medidas para la mejora educativa en el horizonte 2015-2020, y todas las iniciativas que pongamos en marcha serán planificadas anualmente desde el Gobierno central, las comunidades autónomas y la comunidad educativa, cada uno desde sus competencias, cada uno desde sus responsabilidades. La responsabilidad significa reconocer también la competencia que cada uno tiene para hacerlo. Son medidas estructurales para afrontar los cambios necesarios, para la mejora en este horizonte temporal. Tenemos que dotar al sistema educativo de estabilidad normativa, por eso incorporamos a nuestra propuesta que los cambios normativos que se produzcan tengan una mayoría parlamentaria amplia, y estamos dispuestos a acordar la fórmula más pertinente.


Queremos hacer también un pacto en materia de financiación, sabemos que no todo se reduce a la adecuada financiación, pero tampoco es presentable que en este país el 4,92 por ciento del producto interior bruto se dedique a educación. Se ha hecho un gran esfuerzo, pero he estado presidiendo recientemente una reunión de ministros de Educación en Bruselas, y Alemania por ejemplo se propone el horizonte del 7 por ciento. No digo que nos propongamos esas medidas o esos horizontes que no podemos atender, pero sigue siendo necesario pedir a toda la sociedad un esfuerzo de inversión, y a toda las comunidades educativas una adecuada rendición de cuentas. Por eso otro elemento central de la mejora tiene que ver con la situación de la comunidad educativa, y está en el centro de esta propuesta. No haremos nada sin la comunidad educativa. Las acciones y cambios tienen que contar con el consenso y con el protagonismo de los profesores, de las familias y de las asociaciones de estudiantes. Los gobiernos no podemos hacer nada, ni siquiera en materia de educación, sin el concurso de la comunidad educativa; hablemos de ellos y hablemos con ellos. Queremos fortalecer, apoyar y reforzar la labor y función del profesorado, a través de un estatuto docente que garantice una carrera profesional que mejore sus expectativas laborales y que ponga en reconocimiento social su labor.


No hemos de obviar la responsabilidad pública ni de las comunidades educativas ni de toda la sociedad, pero la educación no es solo responsabilidad de las administraciones educativas, lo es de todas las familias, de todos los padres y madres, y si hemos logrado que haya 9 millones de personas escolarizadas en este país y 800.000 profesores, casi 30 millones de personas directamente inciden en la educación en este país. Ahí sí que pedimos cultura de esfuerzo, pero no solo el esfuerzo de nuestros estudiantes, sino el esfuerzo de toda la sociedad, la corresponsabilidad como usted ha sugerido.


Es cierto que tenemos un nivel de fracaso del 30 por ciento; es un dato inasumible, y sabiendo que en el horizonte 2015-2020 el 85 por ciento de los trabajadores

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tienen que tener una formación equivalente a formación profesional de grado medio o bachiller, tenemos que lograr y garantizar que esto ocurra.
Esta es una cuestión fundamental y vamos a actuar en varios frentes. El primero es profundizar en las mejoras de la educación infantil, una etapa plenamente educativa que los expertos consideran decisiva, la escolarización temprana. El segundo, dando más flexibilidad a nuestro sistema educativo. Es rígido y tenemos que garantizar que ningún estudiante con dificultades se quede fuera del sistema, que haya más permeabilidad entre las distintas etapas y niveles, en sentido horizontal y en sentido vertical, que sea posible acreditar lo aprendido y que la sociedad valore los distintos caminos por los que una persona aprende y se forma. Queremos que las decisiones no sean irreversibles a los 15 ó 16 años y que, una vez elegido un camino, pueda reorientarse en un contexto de educación permanente. Por eso, como usted sugiere o dice, la propuesta de pacto incluye medidas en la última etapa de la enseñanza obligatoria.


Hemos propuesto que tenga un carácter orientativo, como dice la ley, el último año de la ESO, y que haya dos orientaciones, dos opciones, dos perfiles: uno más orientado a la formación profesional y otro al bachillerato, pero no que conduzcan a títulos distintos ni que, una vez elegida esa opción, sea un camino irreversible sin vuelta, cerrado. En un planteamiento de un horizonte cerrado comprendo que podamos tener prevenciones a que a los 16 años alguien se haya orientado en un camino, pero nadie ha dicho que, una vez que uno elija la formación profesional, no pueda llegar al bachillerato o incluso a la universidad. Puede haber formas alternativas de acreditar lo que se aprende, las competencias, las vías para retornar al sistema educativo, que es uno de nuestros problemas. Ha habido muchísimos jóvenes que han abandonado el sistema educativo para ir a la construcción, al turismo, y que ahora están sin cualificación. Este es uno de los problemas más graves que tenemos en este país. Más de 400.000 jóvenes, incluso hasta un millón de jóvenes se encuentran en una situación de poca formación y es ahí donde tenemos que poner nuestra atención.


No estamos buscando seleccionar, estamos buscando abrir posibilidades distintas para nuestros jóvenes en un horizonte de formación de 0 a 18 años, lo cual no significa que todos tengan que estar en las aulas. Unos estarán en la actividad profesional, otros en la formación profesional, otros en el bachiller, pero todos tienen que estar en procesos de formación. Sin formación no hay posibilidades de desarrollo personal ni ningún horizonte de empleabilidad ni ningún horizonte para nuestro país.
Y este es el esfuerzo que queremos hacer, y desde luego yo no comparto la valoración que hace de lo que se dice sobre la formación profesional en la ley de economía sostenible o en la propuesta que hay de pacto. Es una formación cualificada que lleva a un desarrollo integral que se vincula exactamente a las demandas de profesionalidad, y que desde luego también lleva a centros de excelencia.


Antes les decía que nuestro sistema educativo es de los más equitativos del mundo. Tenemos que hacer compatible esta equidad con la excelencia, y vamos a garantizar la igualdad de oportunidades a través de becas y ayudas, y ver si podemos llegar -como está señalado- al 0,2 por ciento del producto interior bruto, y profundizar en la calidad del sistema e incorporar a aquellos estudiantes inmigrantes o personas con discapacidad. Lo están haciendo los centros públicos que necesitan apoyo, que necesitan recursos, que necesitan medios para garantizar su calidad porque están atendiendo muy singularmente a la discapacidad, muy singularmente a las personas que tienen dificultades de integración cuando vienen de otros países, y solo sobre el apoyo fundamental a la educación pública, desde luego con unas buenas medidas de enseñanza concertada, que garanticen los derechos y las obligaciones de esa enseñanza, podremos abordar este desafío.


Por supuesto que tenemos que trabajar en un sistema multilingüista abierto a todas nuestras posibilidades de hacer del conocimiento de lenguas también un espacio de convivencia. Pero el texto que hemos entregado no solo es un texto de propuestas del Gobierno, sino que están incluidas las propuestas de los 17 consejeros y consejeras de Educación de las comunidades autónomas, y de las 23 asociaciones de la comunidad educativa. En esta voluntad de corresponsabilidad -quiero decirlo aquí en el Parlamento- el texto se abre a todos los grupos del arco parlamentario, a aquellas fuerzas sociales, instituciones o entidades cuyas propuestas conciten el necesario consenso. Estoy convencido de que este pacto que la sociedad nos demanda será posible si tenemos voluntad política para llevarlo a cabo.


Y puestos a hablar de responsabilidad, lo que tenemos que hacer es asumir la nuestra, no pedir siempre la responsabilidad a los otros, sino corresponsabilizarnos. Estoy seguro de que el pacto que pende de una Constitución que permitió que, teniendo convicciones distintas -y no pido que nadie renuncie a ellas- podamos vivir en un espacio común, nos lleve a que, estando a la altura de lo que los ciudadanos nos demandan, podamos hacerlo juntos; también con su grupo parlamentario, señor Salvador, estoy seguro de que será así.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


Señor Salvador, es su turno de réplica.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor ministro. Le agradezco su intervención y, cómo no, el carácter constructivo con el que ha aceptado nuestras preguntas, nuestras sugerencias, y también nuestras convicciones. Cuando le cité a Lampedusa lo hice porque creo que no tenemos que hacernos trampas en el solitario, y si el pacto es el mejor instrumento, lo cierto es que lo que le queremos pedir, para que tenga una eficacia evaluable y pueda ser medible en sus resultados, es que

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remueva obstáculos, rompa inercias y sea un acicate para todos. No le digo que nos pinche de manera dolorosa, pero sí que nos pinche para que al final, de forma desafiante, podamos proscribir ciertas inercias, ciertos inmovilismos y, por decirlo de alguna manera, cierta pereza institucionalizada. Es más, desde mi punto de vista, junto con las reformas del modelo que son necesarias y que de un modo u otro vamos a tener que acometer, podríamos aprovechar para romper también ciertos clichés ideológicos y para abrir una serie de debates sobre cuestiones que son fundamentales y que afectan, aunque sé que de manera conflictiva, al tratamiento de la libertad de nuestro sistema, de la libertad de enseñanza en sus múltiples manifestaciones. Creo por ejemplo que debatir sobre la bondad sistémica o la maldad intrínseca de un determinado servicio público como es la educación, por el hecho de ser gestionado de forma pública o de forma privada, es a estas alturas un anacronismo.
Entre la voluntad cívica de querer educar a nuestros propios hijos y el deber público de tener que educarlos debe existir un equilibrio, pero el Estado no puede ver con malos ojos lo primero. Se lo digo sinceramente, creo en ello. El ciudadano español tiene más que superado este debate desde hace mucho tiempo, y nos pide gratuidad, pero sobre todo pide calidad; no pide que sea público o privado. Por ejemplo el tratamiento que se da a la educación diferenciada, porque parece como si de ella fueran a salir unos monstruos que son difíciles de socializar. Creo que eso es una falacia; de hecho, me da la sensación de que algunos o algunas de los que pudiéramos estar aquí son la demostración o la prueba evidente de que eso no es así. Incluso la negativa de raíz a plantearse la introducción en España de experiencias siquiera territorializadamente o voluntariamente de modelos educativos más liberales, como la propia idea del cheque escolar, no tiene ningún sentido después de oír al presidente Rodríguez Zapatero hablar en Estados Unidos de la libertad como don más precioso, como la verdad cívica, etcétera. Estará conmigo en que no sería nada coherente. Incluso hoy es más necesario que nunca establecer mecanismos o instrumentos de competencia y evaluación entre la propia red pública. Es, si me lo permite, una necesidad del sistema público para su propia dignificación, para su propia eficacia. Solo le pido, señor ministro, que no se ponga límites; lo dije y lo repito. Tal vez no seamos capaces de acometer un modelo radical; quizá incluso a mí me genera ciertas dudas de que sea lo más convincente, pero experiencias que funcionan en otros países que tienen modelos educativos más adelantados, y cuyas ratios son mejores, no las tenemos por qué desaprovechar y las tenemos que estudiar y valorar. Se lo comenté una vez: haga como las empresas cuando tienen que innovar; haga una experiencia piloto en un sitio determinado. Ponga en marcha esos sistemas que en otros sitios funcionan, evalúelos, mírelos, y si resulta que en equidad y calidad tienen unos resultados positivos, no se cierre ninguna puerta. Navarra, UPN, va a ser respetuosa con los tiempos. Somos participativos en el debate y queremos colaborar con ideas y sugerencias, pero también queremos ser exigentes para que el pacto tenga un sentido y un espíritu reformador. Vamos a ser si somos capaces de buscar el máximo común multiplicador y no el mínimo común denominador. Voy a pedirle ambición; yo sé que usted la ha tenido, la tiene y la va a seguir teniendo. De la misma manera, vamos a ofrecerle esa corresponsabilidad de la que usted y yo hablábamos y también vamos a poner encima de la mesa una experiencia contrastada en este campo, como es la experiencia en Navarra, que pondremos al servicio de un acuerdo, como creemos es lo deseable.


Agradezco sus respuestas en los distintos frentes que diseñaba, las valoraremos en su contenido y con profundidad, aunque en algunas de ellas obviamente no estemos de acuerdo con los modelos que nos plantean. Esté seguro de que estudiaremos con ustedes, con otros grupos y con la comunidad educativa, las mejoras que consideremos más necesarias. Ya le anuncio que nuestra moción será posibilista y espero que planteada en términos de aportación abierta y constructiva, como sabemos que será recibida por usted, señor ministro.


Mucha suerte y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Salvador.


Señor ministro de Educación, es su turno de dúplica.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN (Gabilondo Pujol): Gracias, señora presidenta.


Señoría, usted habla de la libertad y yo sé que esto dicho en este lugar resuena con una contundencia extraordinaria. La libertad no está puesta en cuestión, pero también voy a añadir otra palabra que usted no ha citado: la justicia. Creo que hemos de hacer compatibles la libertad y la justicia y que exactamente ese el desafío de la educación. Por eso, algunas de las medidas que tienen que ver con la consideración del artículo 27.1 de la Constitución, que nos habla del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, nos lleva a una reflexión que hemos de hacer sobre cuál es el sentido y el alcance de la libertad de enseñanza desde una consideración de la libertad que tiene en cuenta también la justicia. (Aplausos.) Desde luego, la libertad de enseñanza se ha entendido históricamente en nuestro país también como una libertad ideológica, libertad de pensamiento y libertad entendida como igualdad de oportunidades. Por tanto, hay una lectura abierta de ese texto que estamos dispuestos a hacer, que probablemente es necesario hacer después de treinta y un años de Constitución, artículo 27.1 de nuestra Constitución, sobre la que pende el pacto educativo. El pacto educativo es la extensión del espíritu de la Constitución, que ha dado el mejor pacto que este país haya tenido jamás. No era necesario renunciar a nuestras convicciones ideológicas ni políticas ni de ningún tipo para convivir en un espacio común. Esto es lo que ahora propongo modestamente: esta corresponsabilidad en ese mismo sentido.


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Entendemos que la educación también es un bien público, un derecho público. Por tanto, esta dimensión pública de la educación es incuestionable, sea de quien fuere la titularidad de un centro. Por eso, todos los caudales públicos que tengan alguna incidencia en la educación deben estar vinculados a estos objetivos de libertad y de igualdad como justicia, que nos llevan a que necesariamente tengamos que ver cuáles son los derechos y las obligaciones de los conciertos públicos. Ahí no hay ningún problema, no está cuestionándose en este momento que haya centros concertados, de lo que se está hablando es de cuáles son los derechos y las obligaciones de un centro concertado para garantizar el bien público de la educación en esa dimensión de libertad y de justicia. Nosotros creemos en este servicio público de la educación y reivindicamos el esfuerzo de toda la sociedad en esta voluntad de convivencia y de educación en valores -usted lo ha dicho-. Creo que el conocimiento, las competencias y los valores están tan intrínsecamente unidos que por separado carecen de sentido, de tal modo que no es que haya que hacer una educación en valores sobreañadida a la educación, al conocimiento y las competencias, es que es intrínseca a ellos.


Por eso trabajamos por la autoridad del profesorado, que está vinculada a los métodos docentes, a las formas de aprender y de enseñar, a la participación activa de los estudiantes en las aulas. Es algo que trasciende los ámbitos educativos y es un gran debate de toda la sociedad.


Quiero añadir que creemos en una educación inclusiva e integral. Creemos en ese modelo. Pensamos que es bueno educarse en convivencia con la interculturalidad, con la diversidad, con otros modos de ser, de pensar y de vivir. Por eso defendemos este modelo como el más adecuado para insertarse en una sociedad plural y diversa. No estamos atentando contra la libertad al reivindicar la diversidad y la interculturalidad como formas que enriquecen la educación. No piensen que lo que estamos haciendo es una propuesta que quiere limitar la libertad de enseñanza; lo que quiere es vincular la libre elección en un contexto de libertad de enseñanza. Entendiendo que los conciertos forman parte de un servicio público de la educación, ha de hacerlo garantizando los derechos y obligaciones que se derivan de esta concepción. La libertad de elección de las familias cobra sentido en tanto en cuanto las administraciones tengamos una información adecuada sobre los proyectos educativos de cada uno de los centros de los ámbitos territoriales y podamos garantizar que los jóvenes, los ciudadanos a quienes se dirige este pacto no elijan basados en la resignación. Yo creo en las experiencias, pero me gustan menos los experimentos, sobre todo cuando se hacen con gente joven.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL PROCESO DE UBICACIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE RESIDUOS RADIOACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD (Número de expediente 172/000147.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el proceso de ubicación del almacén temporal centralizado de residuos radioactivos de alta actividad. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.


En mayo de 2006, el presidente del Gobierno explicaba en el debate del estado de la Nación: "Y paralelamente también está el tema de los residuos, que exige, sin duda alguna, un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente, que exige el mayor consenso territorial posible y ojalá el mayor consenso político, porque, como muy bien sabe S.S., es un problema de hondo calado." Su señoría era yo, que preguntaba al presidente del Gobierno en 2006 qué pensaba. Su compromiso era claro: consenso político, social y territorial. Era una intervención que se ofrecía en un contexto, el del presidente del Gobierno que hablaba en público sobre la necesidad de consensuar un horizonte para la energía nuclear, pero no explicaba lo que hablaba en privado. Se trataba de un consenso social y político sobre qué hacer con los residuos, consenso que se tenía que construir a caballo sobre hasta cuándo se generaban esos residuos, dicho de otra manera, un calendario de cierre para las centrales nucleares. Y la pregunta es: ¿Hoy, qué rigor representa decidir dónde se ubican los residuos si antes no decidimos hasta cuándo se generan dichos residuos? Solventamos el problema de la industria nuclear, pero, como ya viene siendo habitual con este Gobierno y más en particular con este ministerio, sin exigir nada a cambio a la industria nuclear.


Los almacenes temporales no son ni pueden ser la solución al problema de los residuos nucleares, más bien su construcción es la prueba más palpable de que no hay solución ni a medio ni a largo plazo. Lo que estamos haciendo es trasladar a las generaciones futuras nuestra opción por una tecnología profundamente inmadura, que genera residuos radiactivos por miles de años y que, por tanto, hoy no debería tener perspectivas sin solventar este elemento. Hoy no existe consenso territorial, dicho de otra manera, el consenso territorial del que se hablaba se fundamentaba ya no solo en la realidad del Estado, un Estado compuesto por municipios, por la Administración General del Estado y por las comunidades autónomas, sino en el compromiso, en la proposición no de

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ley aprobada en el Congreso de los Diputados. La proposición no de ley aprobada el 27 de abril de 2006 había instado al Gobierno a la creación de una comisión interministerial cuyo cometido fuese fijar los criterios para el establecimiento del almacén temporal -por sesenta años- centralizado de residuos radiactivos de alta actividad; lo digo así para no decir el nombre con eufemismos, para decirlo completo.


Aquella PNL, que contó con nuestro voto en contra -contó con nuestro voto en contra, repito-, abría un proceso sin resolver lo más elemental: decidir qué hacer con los residuos. Pero aquella proposición no de ley tenía una virtud y lo positivo era que ponía condiciones para que, como mínimo, se respetase el consenso territorial, no dejando solo el proceso entre Administración General del Estado y municipios, sino dándoles un papel relevante y determinante a las comunidades autónomas.
Posteriormente, el 23 de junio, se aprobaba el Real Decreto 775/2006 que abría el proceso, y en su artículo 3.d) se comprometían a tener en cuenta las propuestas que formulasen las comunidades autónomas. Pero el 23 de diciembre del pasado año se aprobaba una orden por parte del ministerio, se efectuaba la convocatoria pública y, en dicha resolución, desaparecía papel alguno para las comunidades autónomas, dejándoles solo el papel marginal de poder alegar cuando el ministerio ya hubiese decidido. El consenso territorial antes esgrimido, por tanto, se reducía al consenso en municipios de 500, 1.000 ó 1.500 habitantes, dejando al margen la realidad comarcal y, por supuesto, la voluntad de las comunidades autónomas. El ministro Sebastián dijo que era indiferente la opinión de los presidentes autonómicos, en concreto la del presidente de Castilla-La Mancha. (El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, Sebastián Gascón: No, no lo acepto. Es falso.) Dijo que leería con atención la carta del presidente de la Generalitat, pero la realidad es que, más allá de ese menosprecio, que creo entender de sus declaraciones, las reglas del juego se cambiaron a mitad de la partida y -eso sí que no es falso, eso es cierto del todo- y las comunidades autónomas ya no tenían papel alguno en la misma. Cambiaron las reglas del juego a mitad de la partida y eso era y es simplemente inaceptable. Después, el ministro Sebastián, en una pregunta reciente, habló de la necesidad de transparencia, equidad, voluntariedad y participación -no me equivoco aquí- y estas son ahora las características del proceso según el ministerio. Por el camino se perdió el consenso social, el consenso político y el consenso territorial.


Vamos al nuevo compromiso. Transparencia. Primer ejemplo: para que haya transparencia deberíamos tener toda la información o, como mínimo, no se debería tergiversar la información. Se ha esgrimido que debemos construir el almacén temporal -por sesenta años- centralizado de residuos radiactivos de alta actividad -insisto en el nombre completo- para no tener que pagar las cantidades ingentes al Gobierno francés a partir del 2011 debido a los residuos radiactivos del desmantelamiento de Vandellós I que están hoy ubicados en Francia. Se ha llegado a afirmar que son 1.300 millones en sesenta años. Las preguntas son: ¿Es cierta la cifra? ¿Nos dicen toda la verdad? ¿Nos explican que gran parte de esos dineros, de esos recursos, son en régimen de depósito? No, no nos lo explican, hasta el punto de que el 19 de septiembre de 2006 el modesto diputado que les habla pedía la documentación del contrato entre Hifrensa -que ha sido sustituida por Enresa- y Cogema para tener esa información, pero el ministerio decidió no darle la información a este diputado. Lo he vuelto a presentar, señor Sebastián, y espero que ahora den toda la información y que se pueda explicar que esos recursos que dicen que vamos a pagar son mayoritariamente en régimen de depósito, que es así.


Segundo ejemplo de transparencia. El Gobierno tuvo que poner dinero sobre la mesa para encontrar pueblos dispuestos a albergar el almacén temporal centralizado que custodiase las toneladas de residuos radiactivos. (El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, Sebastián Gascón: Falso, es falso.) El ministerio hizo un trato con la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares -AMAC a partir de ahora- por el que se comprometió a aumentar hasta 8,2 millones de euros cada año la suma que reciben. (El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, Sebastián Gascón: Falso.) El ministerio niega tal acuerdo, pero la realidad es que el trato apalabrado entre Industria y los pueblos nucleares era que sin candidatos no habría dinero y viceversa y el 29 de diciembre, el mismo día en que el ministerio publicaba en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para establecer el Atcrraa, el departamento de Miguel Sebastián cumplía su parte y abría el grifo del dinero arrancando el proceso para modificar la orden ministerial de asignación de municipios nucleares. Pueden decir que es falso, y podríamos estar discutiéndolo, pero la ventaja es que en la última reunión de AMAC del 11 de enero, donde acuden diferentes alcaldes, en las actas se recoge por parte del gerente, don Mariano Vila D'Abadal, y se comenta que la orden prometida por el ministerio para incrementar el dinero ya está en trámite de audiencia. (El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, Sebastián Gascón: Es falso.) No sé si es falso, lo que sí sé es que ese acuerdo está recogido en las actas de AMAC. Segunda prueba de transparencia por tanto claramente suspendida. El compromiso de AMAC era presentar candidatos y el intento del ministerio obviamente era pagar si era necesario para que esos candidatos se presentasen para así poder abrir el melón que temían no poder abrir.


Tercer ejemplo de transparencia. Se ha prometido una inversión millonaria para el municipio donde se ubique -supongo que usted lo dirá así también, señor Sebastián- el Atcrraa, almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad, por sesenta años. En cambio, hoy no se conoce el proyecto ni el detalle de los 700 millones de inversión ni los 300 puestos de trabajo. Sería bueno que se explicase donde

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se ubicará el centro tecnológico asociado, porque en una pregunta reciente a la coordinadora contra el cementerio nuclear en las comarcas de Tarragona se reconocía que el centro asesor tecnológico no tiene por qué ir en el municipio donde finalmente se ubique el almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad. De hecho, se tiene que explicar que el centro tecnológico asociado en realidad es una instalación experimental nuclear para investigar con técnicas de transmutación y eso implica tener que construir y albergar un reactor nuclear transmutador, instalaciones para el reprocesamiento y la elaboración de elementos combustibles nucleares para ese reactor, con los riesgos que esto supone. Pero eso no se explica. Tercera prueba de transparencia claramente suspendida.


Pero vayamos a la participación. Ustedes están obligados a llevar a cabo planes y programas con estricto cumplimiento de lo expuesto en el Convenio de Aarhus sobre participación y en cambio ese es un compromiso que no se ha asumido con claridad. Ustedes conocen el Convenio de Aarhus en el que se manifiesta claramente lo que tienen que hacer, y en este convenio -que tengo aquí-, que se ratificó en 2004, señor ministro, tienen un mandato de participación e información a la ciudadanía; de participación no una vez se ha decidido, sino con carácter previo, pero en eso claramente han vuelto a fallar. En una de sus comparecencias también hablaba de otra condición, y la otra condición de la que hablaba -lo sabe usted tan bien como yo- era la voluntariedad. Pues bien, ya hemos visto cuál es; la voluntariedad necesita de los dineros; necesita, si usted me lo permite, de esa lógica del Bienvenido, Mister Marshall: Yo pongo el dinero, usted pone la instalación y la voluntariedad no cuenta para nada con la voluntad real de la ciudadanía. Le voy a poner un ejemplo, el que conozco, pero podría poner también otros. En la zona de Ascó hay un municipio que ha optado; al lado el consejo comarcal ha dicho que no; siete consejos comarcales han dicho que no, 70 municipios que representan más del 70 por ciento de la circunscripción de Tarragona han dicho que no; la Generalitat y el Parlament han dicho que no y el próximo 23 van a volver a decir que no. ¿Dónde esta la voluntariedad de la que usted me habla? ¿O es que la voluntariedad se destina exclusivamente al municipio sin tener presentes consejos comarcales, realidades territoriales ni la voluntad de la comunidad autónoma?

Señor ministro, voy a estar atento a su respuesta y luego le explicaré lo que vamos a plantear. Lo que vamos a plantear es algo muy sencillo: que no se pueden hacer tan mal las cosas y que lo que tenemos que hacer es suspender la orden para que hagan simplemente las cosas a las que se comprometieron, porque las cosas no se están haciendo así, señor ministro.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Para contestar a la interpelación tiene la palabra el ministro de Industria, Turismo y comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, es difícil encontrar la unanimidad en esta Cámara. Estará de acuerdo conmigo en que es muy difícil encontrar casos de unanimidad en torno a una medida concreta. Pues bien, en diciembre de 2004 y con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, es decir con unanimidad, la Comisión de Industria de esta Cámara aprobó una resolución por la que se instaba al Gobierno a desarrollar los criterios necesarios para una futura instalación de un almacén temporal centralizado, un ATC, en España. Creemos que no hay mayor consenso para una decisión de país, de Estado, como es tener la unanimidad de esta Cámara, que es donde reside la soberanía popular. En ese momento, el año 2004 -como espero que también pase ahora-, el Parlamento demostró una gran sensibilidad con un asunto que nos preocupa a todos y cuya resolución requería y requiere un amplio consenso en clave de país. Ese consenso es el que nos ha dado la legitimidad necesaria para trabajar durante estos cinco largos años en colaboración con todos los agentes públicos y privados afectados para solucionar un problema derivado de nuestro mix energético. Se trata de una decisión coherente y responsable. ¿Por qué es una decisión coherente? Porque España ha apostado en el pasado por que la energía nuclear formara parte de su mix energético y esta energía conlleva -y esta es una realidad que no podemos obviar- la generación de residuos. Por tanto, el almacén temporal centralizado resuelve un problema que tenemos de una decisión del pasado.


Señorías, entonces como ahora todos somos conscientes de que debido a los diez reactores nucleares con los que ha contado la industria nuclear española tenemos el problema de los residuos, porque aunque se desmantelaran todas las centrales nucleares, como parece ser que quiere S.S., seguiríamos teniendo los residuos. ¿No es cierto? En la posición más antinuclear posible, que es el cierre inmediato y desmantelamiento de todas las centrales nucleares de España, tendríamos el problema de los residuos. En cualquier otro caso vamos a tener 6.700 toneladas de combustible gastado. Por tanto, se trata de una decisión coherente con un problema que tenemos que resolver en cualquier posición, pronuclear o antinuclear. Es una decisión responsable porque, ¿cuál es la alternativa? Usted sube a esta tribuna y no dice cuál es la alternativa a la ATC. ¿La alternativa son los almacenes temporales individuales? Todo el mundo sabe que es una alternativa más cara y, además, más insegura. ¿Por qué vamos a optar por una alternativa más cara y más insegura teniendo otra alternativa? ¿Cuánto cuesta más la opción ATI, almacén temporal individualizado, frente a la opción ATC, almacén temporal centralizado? Entre 1.300 millones de euros y 2.400 millones de euros, en función de si contabilizamos los residuos que ya tenemos en Francia, los de Vandellòs, y que Francia nos va a empezar a cobrar 60.000 euros al día en caso de que

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no los traigamos. Por tanto, es una decisión coherente y responsable.


Tomando como referencia la voluntad expresada por SS.SS. en las razones aludidas, el Gobierno inició un proceso de búsqueda transparente. Así se puso de manifiesto, en primer lugar, en la mesa de diálogo sobre la energía nuclear en España; una mesa de diálogo que, auspiciada por el departamento que dirijo, dio cabida a representantes del Parlamento; del ámbito institucional; del ámbito corporativo; de las comunidades autónomas con instalaciones nucleares; de la Federación Española de Municipios y Provincias; de la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares, AMAC, con los que veo que S.S. tiene una estrecha relación; de los sindicatos y de las organizaciones ecologistas, entre otros. Quiero recordar a S.S. que en dicho foro, donde estaban todos representados, se concluyó que el ATC era la opción más adecuada. Además, se señaló que el emplazamiento no debía ser retrasado por más tiempo. Esto es lo que dijo la mesa de diálogo sobre la energía nuclear, con todos los sectores representados, que no se demore por más tiempo.


Para garantizar un proceso democrático en la decisión del emplazamiento se adoptó el programa europeo Cowan, que define una metodología consensuada en proyectos potencialmente conflictivos. Esta metodología estuvo en el origen de la constitución, el 23 de junio de 2006, de la comisión interministerial, creada para apoyar al Gobierno en la determinación final del emplazamiento. Esta comisión, cuyo cometido es arbitrar la búsqueda del futuro emplazamiento, se apoya en sus trabajos a su vez en un comité técnico asesor integrado por personas de reconocido prestigio académico y profesional. Para dar continuidad a este largo proceso, el 27 de julio de 2006 la comisión interministerial abrió el periodo de información sobre la convocatoria pública a todas las corporaciones locales que con carácter voluntario deseasen optar al emplazamiento del ATC. Con un anuncio en prensa, que apareció en 154 cabeceras de ámbito nacional y regional, se abrió un proceso que pretendía -y se consiguió- llegar a todos los ayuntamientos de España. Finalmente, el 28 de febrero de 2007 se cerró el plazo de solicitud de información del proyecto.
Recientemente, el pasado 23 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria pública para elegir el municipio que albergará el futuro ATC, habiendo dispuesto los municipios interesados del plazo de un mes para presentar sus candidaturas a partir del 30 de diciembre. Una vez cerrado el plazo y analizadas las candidaturas presentadas, la comisión interministerial ha aprobado una lista provisional de ocho candidatos admitidos, que, tras un trámite de reclamaciones y previo acuerdo de la propia comisión, será definitiva. Esta lista se ha hecho pública en la página web www.emplazamientoatc.es y recomiendo a SS.SS. que naveguen por ella, pues allí está toda la información disponible, incluyendo un teléfono de consulta gratuito, 901 304 530, para todos los ciudadanos.
Transparencia absoluta. Por supuesto, cuando se disponga de la lista definitiva, que va a ser pronto, la comisión va a analizar el término municipal de los candidatos seleccionados y, tras ese trámite, se comunicará a los afectados las zonas no aptas para albergar el ATC. En cualquier caso, los municipios tendrán un mes para aportar información sobre terrenos alternativos y, lógicamente, en el análisis de las ubicaciones se van a tener en cuenta las características de los territorios, los terrenos, el entorno, las características socioeconómicas y ambientales y las ayudas que los ayuntamientos pongan a disposición del proyecto.


Quiero señalar que son zonas no aptas para albergar el ATC las que formen parte de la Red europea de conservación de la naturaleza Natura 2000, los lugares de importancia comunitaria y las zonas de especial protección de aves. También se encuentran excluidas las zonas protegidas del Ministerio de Defensa, los montes de utilidad pública, la red española de vías pecuarias, las áreas donde existan elementos de interés patrimonial y aquellas áreas donde el transporte haya de realizarse necesariamente por vía aérea o marítima. Además, y de acuerdo con la legislación vigente, el ATC deberá cumplir con todos los requisitos, trámites y licencias de las diferentes administraciones competentes. Por otra parte, por lo que se refiere a los ingresos para los municipios y su criterio de reparto, estos serán establecidos mediante orden ministerial y se financiarán con las tasas que pagan las empresas eléctricas. Por tanto, ese dinero que usted dice que ha puesto el Ministerio de Industria es una información rotundamente falsa y le ruego que venga a desmentirla. La publicó un solo medio de comunicación y al día siguiente publicó el desmentido diciendo que se habían equivocado. Ese dinero no es del ministerio, no pone nada el ministerio, es un dinero de las empresas eléctricas y de la Empresa Nacional de Residuos.


Me gustaría aclarar que todos los municipios situados en el entorno de instalaciones nucleares reciben asignaciones desde 1988, señorías, asignaciones que no han cambiado. También quiero decirle que las instalaciones nucleares se encuentran en general en zonas rurales con baja renta per cápita. El objetivo de este dinero es ayudar a generar economías alternativas a la propia instalación nuclear. ¿Sabe S.S. que también hay municipios que reciben dinero por la instalación de parques eólicos? Supongo que no dirá S.S. que también es dinero que está puesto para promover la instalación de parques eólicos, porque si no los municipios no los quieren por su riesgo o por su peligro.


En definitiva, señoría, la decisión sobre la ubicación del ATC se basa en un principio de concurrencia competitiva en el que priman tres principios: la transparencia, la equidad y la voluntariedad.
Transparencia, porque, como he dicho, el procedimiento es público y disponible para todos los ayuntamientos; equidad, porque todos los municipios son tratados por igual, independientemente de quien los gobierne, y voluntariedad, porque el emplazamiento candidato debe contar con el respaldo de los ciudadanos que van a vivir cerca

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del ATC. A estos tres principios añadimos el del máximo consenso posible, para el que van a tener audiencia todas las partes interesadas, incluidas, como no puede ser de otra forma, las comunidades autónomas. Su señoría ha vuelto a faltar a la verdad cuando ha dicho que yo dije que no me interesaba la opinión de las comunidades autónomas. Me interesa y mucho. Dije que la competencia era del Estado con los municipios. Igual que nosotros somos respetuosos con las comunidades autónomas, creemos que las comunidades autónomas tienen que serlo con el Estado y con los ayuntamientos. En cualquier caso, dije que llamé al presidente de Castilla-La Mancha para aclararle este posible malentendido. De desprecio, nada, en absoluto.


Señoría, este emplazamiento será decidido pronto, siempre con estos tres principios y con el máximo consenso posible.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


Señor Herrera, su turno de réplica.


El señor HERRERA TORRES: Señor ministro, vamos a no hacernos trampas. En primer lugar, unanimidades. En 2004 se aprobaban por unanimidad 40 puntos en la resolución, en la ponencia del CSN, entre los que constaba este punto. Nosotros siempre habíamos supeditado que se abriese este proceso a un calendario de cierre, hasta el punto de que en 2005, en 2006, en 2007, en 2008 y en 2009 nosotros votamos en contra. Por tanto, seamos rigurosos. Amplia mayoría, sí; unanimidades, no.


En segundo lugar, en el año 2006, se aprueba una proposición no de ley que abre el proceso, con una abstención, de Esquerra Republicana, porque incorporan la participación de las comunidades autónomas en la decisión, no a posteriori, y con un voto en contra, el nuestro. Señor ministro, no nos hagamos trampas; no hay unanimidades. En tercer lugar, usted, con las cifras tiene poca autoridad -se lo digo así-, porque usted habla de los 60.000 euros diarios que nos van a costar los residuos que están en Francia. ¿Por qué no explica que la mayoría son en régimen de depósito? Y si realmente quieren hablar y alardear de transparencia, ¿por qué no dan a un diputado que se lo pide desde el año 2006 el contrato entre Enresa y Cogema, en el que se habla de las condiciones en que están estos residuos radiactivos de alta actividad? En cuarto lugar, mesa de diálogo. La mesa de diálogo surge de un mandato de esta Cámara instado por parte de nuestro grupo parlamentario, por mi parte, y en esa mesa de diálogo se habla de muchas cosas. Muchas organizaciones no están de acuerdo con la solución que se da a los residuos, y usted lo sabe. Por tanto, no me hable precisamente de un proceso participativo ni de una mesa de diálogo que se abrió, no para hablar de los residuos, sino para decidir el horizonte de funcionamiento de las centrales nucleares y en la que, como hubo presiones, y muchas, no se decidió nada. Digamos las cosas como son.


Participación. ¿Participación es anunciar lo que se va a hacer, poner anuncios y webs, o participación es codecidir, informar desde un principio? No me diga que lo que le he explicado sobre AMAC es falso, porque está en las actas de AMAC, en las actas, en las que intervienen desde el alcalde de Yebra hasta el de Vandellós, pasando por el alcalde de Ascó, y en las que se explica claramente que iban a recibir más dinero si presentaban candidaturas. Casualmente, a los pocos días se aprueba una orden por parte de su ministerio que hace y permite que AMAC reciba más dinero, porque lo que ustedes querían era abrir candidaturas para que luego otros se atreviesen y para que no pasase lo que pasó en los años ochenta y en los noventa en todos los intentos de establecer un cementerio nuclear -y lo digo así porque usted no dice el nombre completo, no habla del almacén temporal centralizado de residuos radiactivos de alta actividad; quien utiliza el eufemismo es usted-. Y por eso precisamente ustedes pusieron el dinero y ampliaron la dotación para AMAC.


Las cosas son así, señor ministro, y como su ministerio está haciendo mal las cosas, como su ministerio ha cambiado las reglas del juego, como su ministerio se ha burlado del mandato de esta Cámara diciéndoles que tenían que participar las comunidades autónomas, como su ministerio ha obviado el consenso social, político, territorial, del que hablaba el presidente del Gobierno en el año 2006, lo que le toca a esta Cámara es, como mínimo, decir que se suspenda la orden aprobada el 23 de diciembre por parte de su ministerio. Y es que, cuando un ministerio lo que hace es cambiar las reglas del juego a mitad de la partida, la responsabilidad de una Cámara y la responsabilidad de un Gobierno es decirle: basta, no vale. Eso es lo que yo creo que tiene que decir esta Cámara. Sé que a usted no le voy a convencer. No le convenció Pérez Arriaga en el Libro Blanco de la Energía, cuando le decía: saque usted a la nuclear del pool, porque ya está amortizado y están haciendo un negocio redondo. A eso sí que no se atreven; se atreven a hablar de bajar las primas en las renovables, pero a eso no. No lo digo yo, lo dice Pérez Arriaga, uno de los máximos expertos, en el Libro Blanco de la Energía.


Lo que vamos a pedirle es sentido común, que no se cambien las reglas del juego a mitad de la partida y que las cosas se hagan bien. No viniendo a nuestra postura -si yo ya sé que nuestra postura era minoritaria en 2005, en 2006 y en 2007-, pero, como mínimo, haciendo que lo que se aprobó en esta Cámara, que es la participación de las comunidades autónomas, se respete. Y ustedes, señor ministro, no lo han respetado. Por eso espero que el próximo martes la Cámara esté a la altura, diciendo simplemente lo que muchas diputadas y diputados catalanes, también de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Extremadura, de Valencia, piensan, que las cosas no se pueden hacer así y, por lo tanto, que lo que

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digamos sea que se suspenda la orden y que las cosas se empiecen a hacer de nuevo mínimamente bien.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


Señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, su turno de dúplica.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Muchas gracias, señora presidenta.


Transparencia. En la página web que antes he mencionado están todas las actas de las 14 reuniones que ha tenido la comisión interministerial desde el año 2006. Ha dicho S.S. que el procedimiento ha vulnerado el Convenio de Aarhus. Como confirma un informe que le voy a remitir a S.S., del despacho de García de Enterría, se concluye que el procedimiento no ha vulnerado en ningún caso el Convenio de Aarhus, se concluye que se cumplen plenamente los procedimientos que se han de seguir para la instalación de la ATC, ya que el convenio al que usted hace referencia no se aplica a la fase previa de selección del emplazamiento, sino a la posterior, autorización y construcción de la instalación. Revise cuál es el papel de los convenios internacionales, porque es el Convenio Cowan el convenio internacional que aplica a la fase previa y por supuesto nosotros lo hemos seguido respetuosamente. Además, el propio informe dice que la fase previa -y voy a leer textualmente- cuenta con un generoso trámite de alegaciones, de información y de participación pública. ¿Pero cómo no va a decirlo si llevamos cinco años trabajando en esto de forma transparente, con todos los pasos publicados, disponibles en Internet para todos los ciudadanos y para todos los ayuntamientos?

Señoría, el Gobierno está para gobernar. El ATC se va a hacer, porque es una decisión del Parlamento, porque es buena para España, porque cumple con todos los requisitos de seguridad y, por supuesto, porque el Parlamento nos lo ha mandado y el Gobierno tiene que cumplirlo. Se resuelve un problema de la forma más eficiente y más segura posible, y lo queremos hacer con el máximo consenso. A S.S. parece que le molesta que haya habido catorce municipios candidatos. Es verdad que en Holanda hubo solamente dos y que en otros países hay menos, pero nosotros hemos tenido catorce y por lo visto a S.S. le molesta, no sé si porque pensaban ir a hacer manifestaciones y dividir el número de manifestantes entre catorce es más complicado. Lo cierto es que ha habido catorce municipios y que estos catorce municipios han actuado de forma voluntaria. No ha habido ninguna modificación desde 1988 en la compensación financiera. Es verdad que está pendiente una modificación de la orden ministerial, que se está también negociando desde 2006, mucho antes de la convocatoria del ATC, y de ello hay constancia en los acuerdos de la AMAC, que están también disponibles en su página web. No tiene nada que ver la posible modificación de esa orden ministerial con el ATC, ya que la discusión de la orden ministerial es muy anterior porque el sistema que ahora mismo prevalece data de 1988. Por tanto, está usted haciendo trampa, intentando engañar a esta Cámara. Durante todo este tiempo el Ministerio de Industria ha mantenido contactos con la AMAC, como organización interesada que aglutina a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, pero en ningún momento el ministerio ha impuesto como condición para la modificación de la orden la presentación de candidaturas, ni mucho menos hemos alcanzado acuerdo alguno con esta asociación. Las asignaciones previstas en la orden son independientes de que el municipio donde se ubique el ATC finalmente pertenezca o no a la AMAC, porque a lo mejor el municipio no pertenece a la AMAC.


Lo importante, en cualquier caso, es que S.S. no ofrece ninguna alternativa. Todos sabemos que tenemos un problema con los residuos. No es un cementerio, es un almacén temporal, es la opción tecnológica por la que han optado casi todos los países desarrollados, porque algún día esos residuos se convertirán en combustible, y usted lo sabe. Nosotros creemos en el avance tecnológico, en el avance de la ciencia y, cuando así ocurra, la energía nuclear será una energía renovable más y vendrá S.S. a esta tribuna a defender la energía nuclear. Si no, al tiempo.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR EL DESEMPLEO JUVENIL. (Número de expediente 172/000148.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para reducir el desempleo juvenil. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Uriarte Ayala.


El señor URIARTE AYALA: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, señor ministro, si le soy sincero no quise cerrar hasta ayer, después de escuchar la tan ansiada intervención del presidente del Gobierno, la que iba a ser la mía esta mañana, por si por casualidad debíamos valorar alguna propuesta concreta que reformulase el planteamiento de nuestra interpelación, pero no ha sido así. Hubiera dado igual, señor ministro, haber cerrado esta intervención antes del esperado discurso del señor Zapatero, porque ayer no fue capaz de proponer ni una sola medida concreta que vaya en beneficio del empleo juvenil, con el drama que está viviendo toda una generación en nuestro país. (El señor presidente ocupa la

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Presidencia.) Una única mención propositiva a los jóvenes hizo el presidente del Gobierno en el día de ayer, y se la leo textualmente: El Gobierno considera esencial proporcionar a los jóvenes más oportunidades de empleo. Para ello propone un programa extraordinario que incentive su contratación. ¿Qué dijo exactamente el presidente del Gobierno con estas palabras? Nada, señor ministro, completamente vacío de contenido y de propuestas concretas, inmensa palabrería, locuacidad para el verbo fácil, pero ninguna concreción, con el drama que está viviendo nuestra juventud.
Hoy, los jóvenes españoles siguen sufriendo la misma indiferencia y olvido por parte de su Gobierno. Señor ministro, se ha convertido en una costumbre tomar el pelo a los jóvenes.


Sin hacer referencia a la anterior legislatura, donde todas las medidas de juventud han sido motivo de mofa y escarnio en todos los rincones de España, podemos situar el inicio de esta actitud de indiferencia con la gente joven cuando alguien -que no es otro que Rodríguez Zapatero- tiene la ocurrencia de quitarle a usted las competencias de juventud de su ministerio y utilizarlas para rellenar de excusas la cartera de Bibiana Aído, a la cual tampoco hemos oído jamás hablar de jóvenes, menos para decir que las niñas menores pueden abortar. A partir de ahí, señor ministro, los jóvenes no han existido para el Gobierno socialista, aunque ya le puedo predecir yo, sin ningún cálculo matemático, cuándo volverá a existir para ustedes la juventud: será más o menos dos o tres meses antes de las próximas elecciones, como siempre, señor ministro. La juventud está pasando por el peor momento de su historia y ustedes no hacen absolutamente nada por ellos. Toda una generación va a quedar marcada con el corrosivo sello de haber tenido a Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y a usted, señor Corbacho, como ministro de Trabajo.
(Rumores.-Aplausos.) Y lo peor de todo no es eso, es que las consecuencias de haberles tenido a ustedes como gobernantes de este país las van a sufrir durante décadas.


Ustedes no hacen nada por el empleo joven. Ya me he convencido de que no hacen nada por el empleo joven. ¿Sabe desde cuándo le pregunto yo a usted por el empleo joven y por lo que van a hacer por los jóvenes que están parados? Desde mayo de 2008. ¿Y sabe dónde estaba el paro en mayo de 2008, hace menos de dos años? En el 20,5 por ciento. Le voy a leer textualmente lo que usted me respondió en ese momento -abro comillas-: Yo le preguntaría, señor Uriarte, qué le parece a usted el 24 por ciento, porque el 24 por ciento era la cifra de paro juvenil que había en 2004 con el Partido Popular. Entonces ni le parecía bien ni le parecía mal, sencillamente no lo referenciaba. Y ahora, cuatro puntos por debajo, a usted, señor Uriarte, le parece una catástrofe. Pues sí, señor ministro, en ese momento me parecía una catástrofe, pero ahora son 20 puntos por encima, ni más ni menos que el doble que tiene la Unión Europea y que tienen países como Grecia. En su momento fue una catástrofe, pero hoy es un drama nacional al que ustedes no han sabido responder y han dejado tirados a muchos millones de jóvenes en nuestro país. Mientras usted, señor ministro, me decía, con mucha palabrería, que algo iban a hacer, ha conseguido que el paro aumente más de 20 puntos, rozando ya el 45 por ciento de jóvenes en paro; que la temporalidad sea del 56,8 por ciento; que haya que dedicar el 86 por ciento de un salario a comprarse una vivienda; que el sueldo medio no llegue ni siquiera a los 1.000 euros y que hayan cerrado miles de empresas emprendidas por jóvenes. Esos son sus éxitos, señor ministro, y los del presidente Zapatero -se lo avisamos-, y hoy es usted responsable directo de esta situación. Será siempre el ministro del paro joven, señor Corbacho. Será uno de los primeros sacrificados de este Gobierno en cuanto haya una crisis de Gobierno; lo sabe usted y lo sabemos nosotros. Pero este deshonroso título de ser el ministro del paro joven le va a perseguir para siempre.


Podía haberlo evitado, señor Corbacho. Una sola propuesta concreta, una sola propuesta directa en dos años. Pero no ha habido manera. Genera siempre una gran expectación con sus anuncios, sus titulares, sus fotos, sus reuniones, y después absolutamente nada para los jóvenes. No lo hacen porque no quieren comprometerse con la juventud. Compromiso es medidas concretas y ustedes no están dispuestos a hacerlo. A principios de diciembre debatimos aquí una propuesta de Convergència i Unió sobre medidas para fomentar el empleo joven. Ustedes lograron a última hora hipnotizar, como siempre, al señor Campuzano, a Convergència i Unió, para que eliminase todas las referencias concretas y las propuestas concretas que iban en esa resolución y así poder aprobar algún documento en esta Cámara que hablase sobre juventud. Un mes después vemos que esa resolución no sirvió absolutamente para nada. Señor ministro, por razones como esta, por cómo ustedes hacen política en esta Cámara, es por lo que su Gobierno ya no tiene credibilidad para los jóvenes españoles.


Señor ministro, España tiene un potencial enorme con sus jóvenes. Es el activo idóneo para que España pueda salir cuanto antes de la crisis y está en sus manos poner a esta generación en la línea de salida para que pueda tener éxito en la vida. Diga hoy aquí, señor ministro, comprométase hoy aquí a que esta va a ser su prioridad a partir de ahora y anuncie ya urgentemente medidas concretas que vayan en beneficio de los jóvenes en paro. Y explique, por favor, al presidente del Gobierno qué es lo que está pasando con la juventud en este país. Porque, señor ministro, el presidente del Gobierno no se entera. Ayer dijo en esta Cámara, tuvo la osadía de decir en esta Cámara, que los jóvenes en paro lo son por su baja cualificación y porque habían dejado sus estudios para dedicarse a la construcción, asombrados y llamados por los buenos salarios. Señor ministro, Zapatero debería pedir perdón a los jóvenes españoles en esta Cámara, por infravalorar la dramática situación que están viviendo y reconocer que no tiene absolutamente ni idea de lo que les está pasando a los jóvenes en nuestro país. ¿De

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verdad piensan ustedes, señor ministro, que se puede solucionar el drama del paro juvenil cuando el señor Zapatero piensa que un millón de ellos lo son porque estaban a pie de obra? ¿Nadie les cuenta lo que está pasando realmente en el mundo de la empresa y en el mundo de la gente joven en nuestro país? ¿Ni siquiera los jóvenes de su partido les llevan a las universidades para que les digan los jóvenes lo que están sufriendo para poder meterse en el mercado laboral?

Los jóvenes de las obras se fueron al paro los primeros, señor ministro, y serían en todo caso ese 25 por ciento de hace un año y medio. El otro 20 por ciento restante son jóvenes con preparación académica, con estudios en la universidad, con formación profesional, que están preparados para afrontar los retos del mercado laboral, pero que son víctimas de una crisis que impide a las empresas apostar por ellos y son víctimas, sobre todo, señor ministro, de un Gobierno que no mueve ni un dedo por su bienestar. Señores socialistas, los jóvenes también están cayendo como chinches en las empresas, aunque estén preparados en la universidad o en los centros de formación profesional, y los que se mantienen lo hacen con trabajos para los que están excesivamente cualificados, con contratos basura y sueldos ridículos. Pero, señores socialistas, han conseguido ustedes que nadie se queje en este país, porque trabajar, donde sea, en pleno siglo XXI, con un gobierno del Partido Socialista, es ya considerado un lujo entre los más jóvenes. Como a principios de los años noventa, si lo recuerdan ustedes, porque la historia se repite, y ustedes vuelven a hacer un daño incalculable a toda una generación de jóvenes españoles.


Hacen falta medidas fiscales, medidas educativas, medidas compartidas con otras administraciones, hacen falta medidas de urgencia que sirvan de torniquete a la herida que han abierto en toda una generación. Le voy a dar ideas, señor ministro, ideas con propuestas concretas y que ustedes han rechazado sistemáticamente en esta Cámara. Se las doy porque es el momento, es la hora ya del compromiso con los jóvenes: Potenciar urgentemente, con las comunidades autónomas, servicios de formación y orientación universitaria para jóvenes que busquen su primer empleo, porque no saben cómo moverse por el mercado laboral; promover la contratación laboral de jóvenes menores de 30 años, impulsando una nueva modalidad de contrato, con unas bonificaciones, duraciones y salarios nuevos y fijados, que irán en la moción consecuencia de esta interpelación; incentivos fiscales para los emprendedores; el fomento de la movilidad laboral entre los jóvenes; impulsar planes de formación para complementar la educación de los jóvenes parados mientras encuentran empleo; crear el contrato dual formación-trabajo, que permita a los jóvenes desempeñar su proceso formativo y su primer empleo; implantar una bonificación del 50 por ciento en la cuota de la Seguridad Social para los empleadores que contraten indefinidamente a trabajadores que accedan por primera vez al mercado laboral y promover la capitalización al cien por cien de la prestación por desempleo para jóvenes desempleados que quieran iniciarse como autónomos. Son ocho medidas, señor ministro, y hay más, que incorporaremos en la moción que presentaremos la próxima semana.


Queda una semana, señor ministro, para que podamos trabajar por los jóvenes españoles. Pongámonos ya, urgentemente, manos a la obra. No hace falta que el sanedrín de la crisis que anunció ayer aquí el presidente del Gobierno, con la señora Salgado, el ministro Blanco y el ministro Sebastián, tenga que actuar para buscar pactos, si la semana que viene ustedes y nosotros podemos ponernos ya de acuerdo y trabajar por los más jóvenes. Me preocupa, señor ministro, que a usted le hayan dejado fuera de ese sanedrín de la crisis cuando su competencia, que es el empleo, es el principal problema que tienen ahora mismo los jóvenes españoles.
También le digo, si le anima, que no se lo tome como algo personal, señor ministro, porque Zapatero es así, algunos dicen, sobre todo ustedes, que sin mala intención, pero siempre deja tirado a todo el mundo. Imagínese que ha dejado tirada ya a toda la juventud española. (Rumores.) Saque coraje, señor ministro, y demuéstrele al señor Zapatero y a esos sumos sacerdotes de los pactos que nombró ayer que usted va a intentar resolver la situación de los jóvenes en desempleo, que vamos a trabajar por el bien de los jóvenes españoles y que el viernes que viene podremos aprobar ya, por fin, después de dos años, medidas concretas que les generen empleo urgentemente.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Uriarte.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.


Antes de entrar a responder a muchas de las cosas que usted ha dicho, voy a hacer, no una aclaración, pero sí algún comentario. Señor diputado, preocúpese usted de su futuro, no se preocupe del mío. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos.) No se preocupe. De momento, viendo su trayectoria y la mía, usted tiene más vocación de oposición que yo. Por tanto, preocúpese de su futuro. Segunda cuestión. No tengo la menor duda de que la comisión que se nombró aquí ayer hará un magnífico trabajo, pero no tenga usted la menor duda de que los temas del diálogo social ni formarán parte de esa comisión ni serán presididos por otro que no sea este ministro; téngalo claro y dejen ustedes de arrojar ya confusión donde hay claridad. De la misma manera tenemos claro que ustedes reclamarán por la mañana un pacto y por la tarde negarán el más mínimo acuerdo.


Usted habla aquí y su intervención se acerca más a la palabrería que realmente a una intervención de rigor y de seriedad. Usted dice: nosotros vamos a hacer propuestas. ¿Dónde están sus propuestas? Algunas de ellas

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son más ocurrencias que propuestas y algunas de ellas, como también demostró aquí ayer el señor Rajoy, en definitiva, son la plasmación del desconocimiento absoluto y total de cómo funcionan algunas cosas. Si usted realmente está preocupado por la formación, y no se lo voy a negar, hágame usted un favor: hable usted con las comunidades donde ustedes están gobernando y dígales que menos fiestas y más formación para los jóvenes, porque ellas son las que tienen la competencia y los recursos.
(Aplausos.) Es lo primero que tiene usted que hacer. Lo primero que tienen que hacer es asumir la responsabilidad allí donde gobiernan y dejar ya de apuntarse cada vez que hay un cartel de inauguración y esconderse cada vez que hay un problema.


Me parece bien alguna de las medidas que usted ha planteado aquí y le voy a decir que en estos momentos se está negociando en el diálogo social y en el documento que aprobó el Gobierno, el día 5 de febrero, en el Consejo de Ministros, a propuesta de este ministerio, están contenidas ocho medidas y la medida principal tiene como destinatario a los jóvenes.
Y a los jóvenes no en la forma en que usted decía que ayer habló el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno aquí ayer planteó una cuestión que hay que tomarla con más seriedad y con más rigor. Convendrá usted conmigo que España, en el sistema educativo, tiene un problema, que es común a otras economías desarrolladas, pero que especialmente se da con mayor importancia en España, que es no acabar los ciclos escolares y el abandono que se llama, mal llamado, abandono del aula, el mal llamado abandono escolar. Muchos jóvenes, en un momento de bonanza del mercado laboral, entraron a formar parte de ese mercado laboral sin haber acabado los ciclos formativos que tenían en marcha. Ese es un problema que se da hoy en Europa y ese es un problema que se da hoy en nuestro país. Y, señor diputado, no podemos dirigirnos a los jóvenes globalmente, como si todos tuvieran el mismo problema y como si todos tuvieran la misma formación, porque a ese joven que ha hecho el recorrido de la formación y ha acabado la formación profesional, ha acabado el bachillerato o ha acabado los estudios universitarios y está hoy en desempleo, tenemos que dirigir políticas de estimulación de la contratación y no precisamente en la dirección que usted enumera aquí, que son políticas que se ha demostrado que no han conseguido un buen resultado a través simplemente de la bonificación. Hay que incentivar la contratación de esos jóvenes pero no es un problema de formación, ese joven lo que quiere es integrarse en el mercado laboral y para ello tenemos que hacer atractiva la contratación y no mediante un contrato nuevo, señor diputado. ¿Quiere usted volver a tiempos anteriores donde se segregaba a los jóvenes y para darles la oportunidad de una mayor contratación se les hacía un contrato basura? Ese será su proyecto, pero no es el nuestro.


Nosotros entendemos que hay que mejorar el contrato de formación, entendemos que hay que mejorar el contrato en prácticas y entendemos que tiene que haber una mayor incentivación para la contratación de esos jóvenes, pero no hay que hacer un nuevo contrato para los jóvenes y además un contrato precario y, como ustedes a veces dicen, un contrato sobre todo muy baratito a la hora de extinguirlo. (Aplausos.) En eso no nos van a encontrar.


Segunda consideración, señor diputado. Pero el joven que no ha acabado la formación profesional, el joven que incluso no ha entrado en el ciclo de la formación profesional, ¿vamos a dirigirnos a él simplemente incentivando la empleabilidad? Deberemos dirigirnos a él incentivando la empleabilidad, la práctica y la formación. Miren, esos programas para que vuelva al aula son programas que históricamente han fracasado, hay que poner en marcha programas de formación, de práctica. ¿Y cómo se debe hacer? Lo dijo ayer aquí el señor presidente del Gobierno. ¿Quién tiene en este país la competencia en formación? ¿Quién tiene la competencia en intermediación? Las comunidades autónomas. Y el señor presidente del Gobierno ayer no hizo otra cosa que reproducir en su propio discurso lo que forma parte del documento del diálogo social, que es que debemos generar un fondo para cooperar, colaborar con las comunidades autónomas para poder llevar a esos jóvenes que no han acabado el ciclo escolar a la formación, a la práctica, para que justamente en ese terreno adquieran esos conocimientos. Además, hay que hacerlo, señor diputado, no solamente desde la competencia de este ministerio, sino también en colaboración, en cooperación con el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas.
Solamente le pido una cosa, que si realmente ustedes como partido están preocupados por el empleo para los jóvenes, cuando este ministerio llame a los responsables de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y vengan a la reunión, no vengan simplemente a decir cuánto me das, sino a decir: a ver qué podemos hacer conjuntamente para ayudar a resolver el problema de los jóvenes.


Gracias, señor diputado, sobre todo por esos augurios que usted me hacía, pero le vuelvo a repetir -y acabo como empecé- que no se preocupe usted por mi presente ni por mi futuro. Tengo mucho pasado a mis espaldas defendiendo un proyecto, unas ideas y un partido, que es el PSC de Cataluña.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


En turno de réplica tiene la palabra don Ignacio Uriarte.


El señor URIARTE AYALA: Señor ministro, empiezo como ha empezado y como ha acabado usted, y no es que me preocupe por su futuro, es que usted es el responsable ahora mismo del empleo de los jóvenes españoles, y yo me metí en política porque me preocupaba el futuro y el presente de la juventud española y, en la medida en que su cartera y su ministerio les afecta,

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le aseguro que voy a estar pendiente de lo que usted haga y de lo que le pueda pasar y, sinceramente, a mí y a mi grupo nos preocupa que el presidente del Gobierno no cuente con usted en un momento tan dramático para el desempleo de los jóvenes. Usted dice que tiene un gran pasado, no me cabe la menor duda. Lo que me gustaría a mí como joven y como político es que tuviese un gran futuro, lleno de éxitos y de posibilidades en su ministerio, y me da la sensación, como usted ha dicho, de que se va a volver pronto a defender los intereses del Partido Socialista en Cataluña porque los de los españoles, desde luego, no los está defendiendo bajo ningún concepto.


Me preocupa, señor ministro, no volver al pasado en la medida en que eso signifique no crear un millón de puestos de trabajo para los jóvenes, como creó el Partido Popular con el Gobierno de José María Aznar. En la medida en que volver al pasado signifique eso, le aseguro que estaría encantado. No volvería al anterior, a las cuotas de desempleo juvenil que vivimos con Felipe González, cuando se creó el contrato basura para los jóvenes, algo que ha olvidado decir en su intervención.


Ahora, señor ministro, se ha puesto de moda la llamada generación ni-ni, los que ni estudian ni trabajan. Definen a estos jóvenes como chicos y chicas que no tienen proyectos, que no tienen ilusión, que son una generación apática, indolente, desvitalizada; que no creen en el sistema laboral, inmerso en la precariedad, el infraempleo y el mileurismo; que no confían tampoco en el sistema educativo, que no te garantiza el aprendizaje profesional; que consideran imposible salir de casa de sus padres por los precios de alquiler y compra y las dificultades crediticias. Lo dicen los expertos, señor ministro, no yo. Jóvenes, en definitiva, sin ilusión, sin proyecto y sin retos que querer conquistar para su futuro. ¿Con quién, señor ministro, con quién sino con un gobierno socialista se iba a poner de moda un estereotipo como este para los jóvenes españoles? Enhorabuena, señores socialistas, porque este es su producto, se lo han trabajado durante seis años a pulso, desde el primer día que entraron en el Gobierno y pisaron el poder. Todo tenía que ser más fácil y más bonito para los jóvenes en la España ideológica de Rodríguez Zapatero. ¿Para qué el esfuerzo, para qué el trabajo, para qué estudiar, para qué el gusto por el trabajo bien hecho, para qué los valores, para qué respetar a los profesores? Todo valía en la España ideológica de Rodríguez Zapatero. Y si hay algún problema en la juventud en la España ideológica de Rodríguez Zapatero, pues te lo subvencionan, que tampoco pasa nada si tiramos de las arcas del Estado. Pero esa forma, señores socialistas, de narcotizar a los jóvenes (Un señor diputado: ¡Hala!-Rumores.) se ha acabado ya. Hoy ven cómo peligran sus proyectos de vida y se dan cuenta de que todo el proyecto de Rodríguez Zapatero ha sido una gran farsa, la gran farsa, señores socialistas, del presidente más ideológico que ha vivido la democracia de nuestro país (La señora López i Chamosa: A mucha honra.) Muy a su pesar, señores socialistas -no se enfaden-, los jóvenes se están despertando ya de esta gran armonía que les han generado durante estos seis años. Se están dando cuenta de que lo que les decía el Partido Popular desde las últimas elecciones era verdad y nos creen cuando les decimos que pueden retomar sus sueños cuando tengan un gobernante de verdad y un gobierno de verdad, porque la juventud sabe que todo es posible con un gobierno que responda a sus necesidades. Se han dado cuenta de que va a costar, de que no a va ser fácil, pero quieren intentarlo porque ahora mismo no vislumbran otra forma de salir del pozo. A esta generación, señores socialistas, ya la están denominando como la generación sí-sí, la generación que sí quiere estudiar, la generación que sí quiere trabajar y que incluso están dispuestos a hacerlo simultáneamente porque saben lo que es el coste de la vida. Son jóvenes maduros que aprecian la cultura del esfuerzo, que son ahorradores porque saben lo que valen las cosas y que están orgullosos de los esfuerzos que han hecho sus padres por darles una formación y un futuro y no quieren renegar de nada por ese futuro. Esa juventud está emergiendo ya, señores socialistas. Yo creo en esa juventud, señor ministro, y espero que usted, a partir de hoy, pueda ayudar a trabajar por ellos y a pensar en ellos en el desempeño de su labor de ministro del empleo, o del desempleo, juvenil. Yo voy a trabajar para activarles, señor ministro, y darles esperanzas para el futuro.
Comienza ya, señores socialistas, la revolución de estos jóvenes, que es la revolución de la generación sí-sí, que van a correr hacia el futuro, ansían ese futuro y se van a quitar en cuanto puedan el último obstáculo que les queda en esta carrera hacia el éxito, hacia las oportunidades y hacia el desarrollo, que no es otro que el presidente del Gobierno, usted, señor Corbacho, y el Partido Socialista en el Gobierno de España.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Uriarte.


Señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, señor presidente.


Señor Uriarte, decía usted que los jóvenes estarán pensando en un gobernante de verdad; yo creo que estaba pensando en usted mismo, porque no me imagino que usted llegue a la conclusión de que el gobernante de verdad es el señor Rajoy (Aplausos.), porque ya es difícil que desde la oposición uno cada día tenga menos crédito; es difícil porque en la oposición entras con un crédito y, como mínimo, lo mantienes, y lo razonable es que lo aumentes un poquito. En situaciones como la actual, si realmente los ciudadanos vieran una auténtica alternativa -no una fábrica de críticas sino una alternativa-, probablemente el crédito iría subiendo. Yo me lo haría mirar tres veces si mi crédito, incluso en una situación de

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comodidad, bajara tanto. Por eso le decía al principio que ustedes tienen vocación de oposición, lo cual a nosotros nos congratula, porque creo que están bien ahí donde están, los vemos bien.


Los jóvenes están siendo las víctimas de esta crisis aquí y en toda Europa; los jóvenes son los que están padeciendo en primera persona los efectos de la crisis y hoy forman parte de la principal preocupación de todos los gobiernos europeos, de las instituciones europeas y de aquellos encuentros que tienen por objeto reflexionar sobre el tema del empleo, como pasó recientemente en Barcelona los días 28 y 29 de enero en el Consejo informal de Ministros de Trabajo, una de cuyas conclusiones importantes fue que en la Estrategia 2020 se priorice una acción desde la Unión Europea que tenga como destinatarios a los jóvenes, la formación y el empleo. Precisamente en esta misma dirección espero que el día 8 de marzo en el Consejo formal de Ministros de la Unión Europea se apruebe el primer proyecto, que es el de los microcréditos, con cien millones de euros, justamente para incentivar el empleo de los emprendedores dirigido a los jóvenes. Es evidente que en España ese tema golpea con más dureza que en otros países de la Unión Europea, es verdad, pero también tenemos que decir por qué en España está golpeando con más dureza que en otros países de la Unión Europea, porque hay dos circunstancias en España que no se dan en otras economías. Por un lado, la alta temporalidad. Los jóvenes son los últimos que entraron en el mercado laboral y los jóvenes son los primeros que han perdido el contrato de trabajo. Esa temporalidad hace que un porcentaje elevadísimo de todos los contratos que se han extinguido sean de jóvenes. Por otro lado, el segundo elemento, que tiene mucho que ver con el sistema productivo. Muchos jóvenes se incorporaron al sector de la construcción, que en aquellos momentos era un sector de una empleabilidad alta y de unos salarios razonablemente altos comparados con la media de los salarios en el mercado laboral español. Esos dos conceptos hacen que en estos momentos los jóvenes sean más castigados en España que en el resto de Europa. Por ello, señor diputado, le vuelvo a reiterar que el tema de los jóvenes forma parte en estos momentos de la discusión en la mesa del diálogo social, que ya está constituida y está reuniéndose, hablando, para intentar llegar a un consenso, a un acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno para priorizar el programa de los jóvenes. Solo le pido una cosa. Estoy convencido de que antes de final de abril habrá un acuerdo sobre el tema del diálogo social con los agentes sociales. Espero que cuando se llegue a ese acuerdo y venga a esta Cámara, porque algunos de esos acuerdos deberán venir a esta Cámara, usted los apoye de una manera entusiasta y, además, en beneficio de los que hoy dice que le preocupan, los jóvenes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 7/1996, DE 15 DE ENERO, DE ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA. (Número de expediente 121/000034.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al VII punto del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer lugar, al proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. Para fijar la posición de los grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra don Francesc Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervendré brevemente para fijar la posición de nuestro grupo.
Quiero decir, de entrada, que vamos a votar a favor de las enmiendas que provienen del Senado, al margen de que compartamos o no, en todo o en parte, esas modificaciones, porque pensamos que no desvirtúan el texto que salió del Congreso, que para nosotros ya era muy aceptable. Por eso, reitero desde esta tribuna la satisfacción de mi grupo, de mi partido por el final feliz o bastante feliz de un problema que nos preocupaba bastante, que era la adaptación del comercio minorista a la Directiva de Servicios.


Hemos repetido muchas veces que para nosotros esa directiva podía ser una amenaza para el modelo comercial de Cataluña y también de otras comunidades autónomas. Según cómo se desarrollase esa adaptación, podría ponerse en peligro el comercio de proximidad, la idea de ciudades compactas, la idea de ciudades como centros comerciales a cielo abierto.
Nos preocupaba, no solo en el caso de Cataluña, como he dicho, la supervivencia de un modelo que derivaba de una realidad. En el caso de Cataluña voy a dar solamente dos cifras: 166 establecimientos comerciales por cada 10.000 habitantes y 147 en el Estado español, pero sobre todo alrededor de 150 hipermercados en el Estado español y poco más de 50 en Cataluña. Es evidente que ese modelo, a nuestro entender, se podía poner en peligro con la liberalización absoluta que se pretendía a la hora de autorizar o conceder las licencias. Por tanto, desde el momento en que el ministerio abrió el proceso de diálogo -y hay que agradecer su disposición al mismo-, Esquerra Republicana, que tiene la responsabilidad en la Consellería que se ocupa de los temas de comercio en Cataluña, aceptó el reto del diálogo, se prestó a ello. Hemos de insistir en que durante el trámite parlamentario, en la negociación de enmiendas, también la actitud positiva del Grupo Socialista permitió que nuestro grupo se sintiese cómodo en el texto final -insisto- antes de que este llegase al Congreso y durante su tramitación en esta Cámara en la fase de enmiendas.
Quiero resaltar que la dirección general de la Consellería que preside el conseller Huguet, cuya directora

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general es Gemma Puig, ha tutelado siempre nuestras intervenciones y quiero insistir en su importante trabajo en el texto final de esta ley.


Como decía, nuestra satisfacción es bastante elevada, porque se ha evitado esa liberalización radical en las licencias y, por tanto, ahora en el texto queda perfectamente relacionada la idea de superficies comerciales con la idea de trama urbana, todo ello cumpliendo dos objetivos que, lógicamente, no se podían pasar por alto: uno, la adecuación a la Directiva de Servicios, que se ha cumplido, y otro, el respeto al marco competencial vigente. El texto se adecua a la Directiva de Servicios al contemplar una serie de medidas tendentes a alcanzar unos objetivos fundamentales en materia de comercio, entre ellos, por ejemplo, facilitar los trámites de establecimiento y la libre prestación de servicios en la Unión Europea y fomentar su calidad. Además, estamos perfectamente convencidos de que el texto respeta las competencias exclusivas que la Generalitat de Cataluña tiene en materia de comercio en virtud de lo establecido en el artículo 121 del Estatut, que incluye en estas competencias la ordenación administrativa de la actividad comercial. Por tanto, como decía, votaremos a favor de las enmiendas que provienen del Senado. Pensamos que el texto de la ley -llamémosle así ya- permite defender un determinado modelo comercial y de país. Esquerra Republicana quiere un comercio que ayude a vertebrar los barrios, los pueblos y los ejes ciudadanos y que ofrezca unos servicios modernos y de calidad.
También pensamos que el texto permite políticas activas dirigidas al pequeño comercio, con la mirada puesta en la modernización del sector y también en la defensa -insistimos en ese punto- ante los abusos de posición que a veces intentan -y en ocasiones logran- las grandes superficies. Por tanto, convencidos del papel muy activo de nuestro grupo y de la consellería que dirige el conseller Huguet, convencidos, como digo, de ese papel preponderante en el texto final, con satisfacción daremos nuestro apoyo a las enmiendas que provienen del Senado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Canet.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra don Pedro Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.


Saludo en primer lugar a los representantes del sector comercial que hoy nos acompañan, que han trabajado activamente en el tema y esperado pacientemente la aprobación definitiva que se va a producir hoy en esta Cámara. Tras el mucho trabajo realizado con los representantes del sector, con las comunidades autónomas y con los grupos políticos, llega al Pleno para su aprobación el proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. Se aprobó inicialmente en la Comisión de Industria y Comercio del Congreso y, posteriormente, en la del Senado, llegando finalmente al Congreso, como digo, para su aprobación definitiva. Desde el punto de vista de la tramitación parlamentaria -lo dije en Comisión y quiero dejar también constancia de ello en el Pleno-, el diputado Larrosa y el Gobierno han tratado de buscar el consenso y el acuerdo entre los grupos políticos y han tratado de respetar especialmente las reglas del juego en los ámbitos competenciales. Aunque ello parezca lo obvio y lo lógico, esto no siempre se produce. Como saben ustedes, la actividad comercial forma parte del ámbito competencial autonómico y, como tal, ha sido respetado; conocemos otras muchas leyes y áreas competenciales en las que esto no se ha producido así. Con la presente ley se trata de cumplir con la exigencia europea de la transposición de la Directiva 2006/123 y de una adaptación del comercio minorista a las nuevas situaciones, a las nuevas reglas de juego y a la libre competencia que se ha de producir en el ámbito europeo y que ha de redundar en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Europa tiene sus reglas y, dentro de estas, está la de la libre implantación de la actividad comercial. No podemos poner obstáculos en el marco europeo, al menos obstáculos injustificados, en el ámbito del desarrollo comercial. Tampoco se nos oculta que es preciso buscar un equilibrio, a veces inestable y conflictivo, entre los pequeños comercios y las grandes superficies. En este sentido, la legislación aprobada en Euskadi, que es la que yo conozco y que es compatible con el proyecto que estamos debatiendo, ha tratado de buscar este equilibrio, un equilibrio entre los intereses de los grandes y los pequeños, entre lo territorial y lo urbano, respetando e impulsando el pequeño comercio, que desempeña un papel muy importante, a mi juicio, en la habitabilidad y en el urbanismo de las ciudades. En mi opinión, no debemos olvidar el fin económico, pero también social, que desempeñan los comercios en las ciudades y en los pueblos. Estamos, pues, regulando un sector que supone, al menos en Euskadi -no dispongo en este momento de las cifras a nivel estatal-, el 11 por ciento del producto interior bruto y el 12 por ciento del empleo.
Una actividad, por tanto, muy importante y que es preciso defender e impulsar, aunque solo sea como motor económico generador de empleo, especialmente en un momento como este, con una crisis económica tan aguda. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)

Nuestro grupo, el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, está de acuerdo tanto en el contenido de esta ley como en el proceso de tramitación y vamos a votar, por tanto, favorablemente las enmiendas introducidas en el Senado. Pero si me permiten, antes de concluir quisiera referirme a las dos enmiendas presentadas por nuestro grupo al proyecto, que fueron objeto de transacción y acuerdo, pero que no resuelven en nuestra opinión la cuestión tal y como inicialmente pretendíamos. El Grupo Socialista, y el señor Larrosa concretamente, son conscientes de ello y trataremos de solventar esta cuestión

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en otros proyectos o en otras ocasiones en esta Cámara. Con estas enmiendas que planteábamos tratábamos -y solo parcialmente, insisto, lo hemos conseguido- de corregir una situación que para nosotros era en aquel momento más escandalosa si acaso que en este momento. Me estoy refiriendo a la situación en la que se encuentra -y sobre todo en la que se encontraba cuando entró este proyecto en la Cámara hace tres meses- el sector de concesionarios de automóviles. Las condiciones contractuales a las que se ven obligados los concesionarios por parte de los fabricantes han de ser corregidas porque, de lo contrario, les generan unos problemas financieros que les impiden desarrollar su actividad con un mínimo de garantías. Insisto, salvo esta cuestión puntual parcialmente resuelta, estamos de acuerdo con el contenido del proyecto y con las enmiendas que han sido incorporadas en su tramitación en el Senado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Azpiazu.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero saludar afectuosamente a los representantes de la Confederación General de Gremios de toda España, a Miguel Ángel Fraile, a Pere Llorens i Lorente y a Rosa María Serrano Salleras, y al resto de acompañantes que hoy están en la tribuna.


He de manifestar la satisfacción de Convergència i Unió por la aprobación de esta ley procedente del Senado que hace referencia a la ordenación del comercio minorista básicamente porque uno de los objetivos prioritarios de Convergència i Unió ante esta ley era evitar que se produjera una loapa comercial que laminara las competencias autonómicas en materia de comercio que están a disposición de la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro Estado, por tanto hemos evitado formalmente que se produjera esta loapa comercial ante algunas iniciativas que habían planteado otros grupos parlamentarios de la Cámara, como el Partido Popular, que había presentado una enmienda a la totalidad que iba justamente en esta dirección. Satisfacción porque finalmente se han respetado estas competencias que están en manos de las diferentes comunidades autónomas. Satisfacción porque también a través de la aprobación de esta ley va a existir una mayor protección de todos los consumidores para favorecer la coexistencia de los diferentes comercios que existen en nuestro Estado, y finalmente también porque se ha garantizado a través de las diferentes enmiendas que hemos presentado, no solamente nuestro grupo sino también el resto de grupos parlamentarios, una garantía correcta en la trasposición de la Directiva de Servicios.
Por lo tanto, repito, máxima satisfacción de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió porque en los siguientes aspectos que voy a detallar a continuación hemos conseguido los objetivos que nos habíamos planteado al inicio de dicha tramitación.


En primer lugar, respecto a las competencias, las comunidades autónomas van a seguir ostentando capacidad normativa en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la ordenación administrativa de la actividad comercial. También van a tener la máxima competencia en todas aquellas determinaciones de las condiciones administrativas de los lugares y establecimientos donde se lleva a cabo la regulación administrativa de todas aquellas modalidades y formatos de venta, de la actividad comercial, aspecto este también muy relevante para nuestro grupo parlamentario. Desde el punto de vista competencial, señorías, también se mantiene la preeminencia de los registros autonómicos de los franquiciadores.


En todos aquellos aspectos que hacen referencia a los consumidores, con el texto aprobado los consumidores ven satisfecho su derecho a disponer de un entorno comercial de proximidad diversificado en cuanto a los formatos y operadores en condiciones de cantidad, de calidad y de precio. También va a estar entre sus posibilidades el disponer de un entorno que facilite el aprovisionamiento de todos los ciudadanos, incluso aquellos que por cualquier razón tienen dificultades de desplazamiento.


Respecto a las diferentes modalidades de comercio, también hemos asegurado la coexistencia de empresas de todos los tamaños, de todos los formatos, pequeños, medianos y grandes, y el derecho del consumidor a poder elegir entre las enseñas de todo tamaño, de todas las características, incluso entre las de un mismo formato comercial. Respecto a las sanciones, creemos que también es relevante señalar que se incluye un tema que Convergència i Unió considera importante, como es que en la graduación de la sanciones pueda tenerse en cuenta la capacidad de solvencia económica de la empresa infractora. Es cierto que este criterio responde a un principio de proporcionalidad como efecto disuasorio. En cuanto a la venta ambulante, entendemos que a través de esta ley se podrá avanzar correctamente en el carácter transitorio en la aplicación de la nueva normativa en materia de autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante, respetando la competencia de los ayuntamientos para su concreción. Desde una perspectiva legal y del cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario, creemos que la redacción del proyecto de ley se adecua a la directiva europea en materia de requisitos de naturaleza económica prohibidos en la concesión de la autorización. Por lo tanto, todas estas previsiones, junto con las aprobadas en el trámite del Congreso del proyecto de ley y en el trámite del Senado, complacen y satisfacen plenamente el posicionamiento de Convergència i Unió. Nuestro grupo parlamentario entiende que la trasposición de la Directiva de Servicios en el ámbito del comercio

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respeta todas las competencias autonómicas de todas las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva en materia comercial y mantiene todas las competencias de reorganización comercial en sede autonómica. Al modificar la normativa estatal, se permite a las diferentes comunidades autónomas una trasposición de la directiva europea en su ámbito con una especial sensibilidad respecto a la realidad de cada una de las comunidades autónomas que componen el Estado español. Por tanto, señorías, estas competencias autonómicas amplias han permitido la configuración, por ejemplo en Cataluña, de un modelo comercial de proximidad y de equilibrio entre los diferentes formatos -pequeños, medianos y grandes- que satisface plenamente las necesidades de los consumidores y al mismo tiempo fomenta el equilibrio territorial y el desarrollo de la actividad comercial como elemento dinamizador, desde una perspectiva social, económica y territorial.


No quisiera terminar mi intervención sin dejar constancia en el "Diario de Sesiones" de la enorme colaboración del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, y la gran complicidad que ha existido con su portavoz en temas comerciales, don Félix Larrosa; es de justicia reconocerlo ante SS.SS. y ante todo el Congreso de los Diputados. Al mismo tiempo, ya que en muchísimas ocasiones hay que criticar al Gobierno porque no hay coincidencias entre los aspectos que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, en este caso, el Ministerio de Industria -aunque hay que señalar que en esta legislatura ha habido pocas discrepancias-, hay que reconocer la gran disposición y complicidad que ha existido por parte del ministerio para poder llegar a consensuar todas las enmiendas que presentó nuestro grupo y otros grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra. Hemos intentado llegar a un consenso básicamente entre todas las formaciones políticas, y digo básicamente porque ha habido algunas que no han podido o no han querido entrar en ese consenso.
También quisiera destacar la gran labor del director general de Comercio, Ángel Allué. Tampoco quisiera finalizar mi intervención sin destacar la complicidad que ha existido con el ministro de Industria, señor Sebastián, presente hoy en la Cámara, con el que hemos mantenido reuniones. Finalmente se ha conseguido esta ley, que -repito- complace y satisface plenamente el posicionamiento de Convergència i Unió, pues hemos conseguido todos los objetivos que nos habíamos planteado al inicio de esta tramitación. Es verdad que teníamos muchísimos temores de que esta ley al final no pudiera desembocar en una loapa comercial que pudiera laminar o dinamitar las competencias autonómicas, pero este tema lo hemos resuelto. Y no solamente hemos resuelto que no se pudiera producir una loapa comercial, sino que también hemos conseguido todos los aspectos relevantes que he detallado en mi intervención.


Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra don Celso Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el trámite final del proyecto de ley de reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que viene a trasponer la Directiva de Servicios a nuestro ordenamiento.


Señorías, el proceso de esta reforma legal viene de largo. El ministro Sebastián quiso convertirse en el abanderado de la trasposición, pero su texto inicial se encontró con la oposición de las comunidades autónomas más restrictivas, en complicidad con la vicepresidenta señora De la Vega, y fue paralizado en diciembre del año 2008. Se salieron con la suya, y pasados seis meses un ministro débil realmente presentó un proyecto muy poco comprometido, que finalmente fue aprobado en el Consejo de Ministros de 10 de julio de 2009 y que teóricamente pretendía una finalidad, que era servir de texto de referencia a las legislaciones de las comunidades autónomas. Pero estamos a 18 de febrero de 2010 y al menos once ya de estas comunidades autónomas se han adelantado al Gobierno central en las trasposición de la Directiva Europea de Servicios, autorregulándose al margen de una ley estatal con interpretaciones diferentes de la conocida Directiva Bolkestein. Los socialistas llevan, pues, mes y medio de retraso sobre la fecha exigida por Bruselas y por tanto han incumplido los plazos. ¡Vaya ejemplo que está dando el país que preside la Unión Europea! ¿Pero al menos mereció la pena la espera? Desde nuestro punto de vista, no. El Gobierno ha perdido una gran oportunidad para mandar un mensaje de confianza al mundo económico empresarial, y una vez más el Ejecutivo se ha plegado a los intereses de las minorías nacionalistas a la hora de aprobar una ley de mínimos que ordena razonablemente a nivel estatal un sector que representa el 10 por ciento del PIB y que da empleo al 14 por ciento de la población activa. Esta ley, a nuestro juicio, es una dramática oportunidad perdida, rodeada de un cinismo especialmente perjudicial para el sector comercial y la economía de nuestro país. Y nos vamos a explicar. Este proyecto de ley favorece y favorecerá la conflictividad. Después del trámite en el Senado, nos encontramos con que este texto incorpora, por ejemplo, razones imperiosas de interés general relacionadas con la distribución comercial que no están previstas en la directiva ni en los tratados ni en la jurisprudencia comunitaria, entre otras cuando se alude al derecho de los consumidores a disponer de una oferta comercial diversificada en cuanto a formatos y enseñas que garanticen el ejercicio efectivo de su libertad de elección. Además, la redacción de la disposición adicional décima plantea una clara contradicción con la directiva, dado que puede fácilmente desprenderse que la actividad económica de planificación urbana encubre

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en realidad criterios de planificación económica. Son muchos los que han alertado y ya desde hace tiempo, entre ellos la Comisión Nacional de la Competencia, de que las leyes comerciales pueden acabar ante el Tribunal de Luxemburgo, como el propio Gobierno incluso llega a reconocer en su proyecto. En resumen, nos espera -ojalá nos equivoquemos- un futuro de conflictividad y por tanto de inseguridad jurídica para el comercio.


Esta ley, señorías, también contiene un severo endurecimiento del régimen sancionador, que es a todas luces desproporcionado. La enmienda de la que se vanagloriaba el señor Sánchez i Llibre, la enmienda 47, incorporada en el Senado, a nuestro juicio introduce un arbitrario y peligroso criterio de capacidad económica de la empresa infractora en la gradación de las sanciones, que es contrario a los principios generales del derecho sancionador. Este proyecto, señorías, supone asimismo un freno a la inversión y a la creación de empleo. En un momento de recesión económica, a la vista de este texto, que no evita el conflicto sino que lo propicia, las empresas se están cuestionando en estos momentos sus planes de inversión, y no olvidemos que las empresas comerciales aportan una parte muy importante del empleo de nuestro país. Porque, señorías, estamos en crisis, aunque, claro, escuchando a personas como el señor Rodríguez Zapatero y demás responsables del Gobierno socialista, lo más probable es que la nieguen, aunque estemos sumidos en una gran recesión. Pero la triste realidad ¿cuál es? Pues que, según los datos oficiales del INE, en el conjunto del año 2009 el comercio al por menor cayó un 5,2 por ciento y la ocupación del comercio minorista cayó un 4 por ciento. Y el Gobierno, primer responsable de este desastre, no solo no rectifica sino que, por ejemplo, aprueba una subida del impuesto sobre el valor añadido de 2 puntos en el tipo general y de un punto en el reducido, que es la peor noticia que se le puede dar al comercio. Con esta subida del IVA se penaliza el consumo, se incrementan los gastos de las empresas, y mientras tanto el señor ministro hace declaraciones sobre que el comercio no se resentirá. Pero ¿cómo no se va a resentir el comercio con la subida del IVA? Porque además muchos comerciantes van a absorber esa subida para no repercutírselo a sus clientes, que ya pocos tienen y los quieren mantener. Por lo tanto, señorías, estamos ante un gobierno incapaz también de hacer llegar el crédito a los comerciantes para financiar su circulante, para mantener sus operaciones, a los que les sube injustificadamente sus costes energéticos, y que además consagra, desde nuestro punto de vista, un caos normativo en el sector. En definitiva, con este proyecto se hace justamente lo contrario de lo que se necesita en tiempos de crisis. Y como siempre, ante las dificultades el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y del ministro Sebastián se quita de en medio, renuncia al ejercicio de las competencias del Estado manteniendo costes de regulación y perjudicando la unidad de mercado.


Señorías, el Gobierno de España tiene título competencial estatal para fijar las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica: artículo 149.1.13 de la Constitución. Eso no es loapa comercial; esos son competencias constitucionales. Pero el Gobierno de España no ha querido fijar unos mínimos comunes que garanticen de forma efectiva el principio de unidad de mercado, la libertad de empresa, la libre circulación de bienes, la libertad de establecimiento comercial, que aseguren que la directiva se cumple y que eviten en el futuro conflictividad, inseguridad y sobre todo incertidumbre para los operadores. Estamos ante un gobierno acomplejado y débil, que se desentiende del sector y que lanza un mensaje sencillo: que cada uno se las entienda con la discrecionalidad de la Administración con la que toque lidiar. Se opta con este texto por dejar manga ancha a las comunidades autónomas para que reinterpreten los regímenes de autorización especial que pesan sobre los comercios, y así la falta de coherencia es total. En la exposición de motivos se alude a la autorización de establecimientos comerciales a partir de 2.500 metros cuadrados, diciendo que solo a partir de esta superficie se genera impacto territorial y ambiental, pero sorprendentemente -y pese a que estaba en todos sus borradores previos, señor Sebastián- no lo trasladan al articulado ni han sido capaces de rectificar en el trámite parlamentario. Yo le pregunto qué explicación tiene esta actitud, que ni tan siquiera han sido capaces de mantener en este texto lo que se acaba de aprobar en el Parlament de Catalunya. No tiene explicación. Esta ley, señorías, es una vez más una expresión del fracaso del señor Rodríguez Zapatero y -permítame que se lo diga, señor ministro- del suyo propio.
Ambos han acreditado que en el sector comercial la economía no importa, que lo que importa es la política. Y es usted, señor ministro, claramente responsable por su falta de liderazgo y de firmeza, y no son precisamente sus subordinados los que puedan estar contentos del papel que han jugado en el desarrollo de esta ley. No es admisible, como he escuchado aquí, que se invoque y se presuma de consenso, porque la palabra consenso solo se está utilizando desde sus bancadas con una finalidad de márquetin político. La realidad es que no lo buscaron con las empresas comerciales ni con las asociaciones que representan a los comerciantes, que están criticando durante el proyecto.


En cuanto al posible consenso político, no tengo más remedio que recodarles que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista del año 1996, a la que viene a sustituir esta que hoy estamos debatiendo, fue votada por todos los grupos políticos, aun con sus imperfecciones. Pues bien, hoy llega a esta Cámara procedente del Senado sin que se haya admitido ni una sola de nuestras razonadas y razonables quince enmiendas. Y digo esto porque los servicios técnicos de su ministerio así las calificaron. Han rechazado abiertamente el ofrecimiento de colaboración que les hice en la tribuna yo mismo con ocasión del debate de totalidad. Ha sido su elección, pero creemos que ha sido una mala elección. Efectivamente, los acuerdos parlamentarios que ustedes han alcanzado con quienes quieren evitar que esta ley

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sirva para lo que está concebido le van a permitir sacar adelante una norma mala para el sector, que no va en la línea de mejorar el clima de confianza de las empresas. No nos confundamos: el supuesto consenso del que nos hablan está basado en posiciones políticas de quienes ven a la directiva como una amenaza y además se jactan públicamente de decirlo.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Aunque después en lo que ustedes insisten, y se les llena la boca de ello, es en pactos de Estado y en arrimar el hombro, pero esto es un gran cinismo. Ayer mismo el presidente del Gobierno planteaba la creación de una comisión presidida por la señora vicepresidenta y de la que usted y el señor Blanco formarían parte como ministros concernidos. Se nos dice que es para abordar, entre otro temas, medidas para mejorar la competitividad de la economía española y para fomentar la creación de empleo. ¿Pero qué es esta ley más que una ley para fomentar la competitividad y la creación de empleo? ¿Y por qué no se ha logrado el consenso que tenían que alcanzar con nosotros y que llevamos meses intentando? Porque es solamente márquetin político, no voluntad política; apariencia política, pero no voluntad de resolver los problemas de los españoles. Esto, lamento decirlo, es así.


Termino, señoría, diciendo que el eslogan de la política comercial de la Unión Europea en este periodo de los seis meses reza así: más oportunidades comerciales con menos barreras. Pues bien, señorías, hoy tengo que decir con lástima que este eslogan, al menos en España, ha quedado vacío de contenido.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delgado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Diego Moreno.


El señor MORENO CASTRILLO: Gracias, señor presidente.


El proyecto de ley que hoy estamos debatiendo responde a una necesidad urgente: adaptar nuestra legislación al ordenamiento jurídico europeo. Es un proyecto en el que el Gobierno de España, a través de su ministro de Industria, Turismo y Comercio, ha puesto gran empeño debido a la importante contribución que este sector realiza al producto interior bruto del país y dada la trascendencia que esta norma tendrá sobre la reactivación económica y en la generación de nuevos puestos de trabajo.
Hoy me honra subir a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender que estamos ante un proyecto sensato, dialogado con los principales agentes del sector, políticamente muy equilibrado y sumamente respetuoso con el marco competencial. Esta es una de las muchas reformas estructurales que está impulsando el Gobierno de España para salir de esta difícil situación económica; reformas estructurales a las que tanto alude siempre el Partido Popular y que, sin embargo, cuando se les ofrece la oportunidad de implicarse en ellas -como ayer mismo comprobamos en esta misma Cámara- prefieren cerrarse en banda y salirse de cualquier acuerdo evitando poner sobre la mesa sus propuestas.
(Aplausos.) Por cierto, hablando de falta de propuestas, aún hoy -y eso que he seguido atentamente la intervención del señor Delgado- seguimos sin conocer cuál es el modelo comercial que propone el Partido Popular a esta Cámara. (Rumores.) Afortunadamente, este proyecto de ley cuenta ya con el importante aval que le confiere haber superado dos trámites parlamentarios, el del Congreso y el del Senado, obteniendo en ambos casos el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con la excepción evidente del Grupo Popular, que sospechamos que nunca ha estado interesado en formar parte de este acuerdo, como tampoco de otros.
Además, y yo creo que es importante poner esto en valor, durante el periodo de redacción y debate en Comisión tanto el Gobierno como los diferentes grupos representados en la ponencia hemos mantenido el diálogo fluido con la Federación de Municipios y Provincias y con las diferentes asociaciones de comerciantes y consumidores. Como resultado, hemos incorporado al texto de la ley todas aquellas aportaciones que considerábamos que lo enriquecían o lo mejoraban. Quiero aprovechar también la oportunidad para saludar a algunos de sus representantes que hoy nos acompañan en la tribuna de invitados, y agradecerles de paso la importante colaboración que han hecho para esta ley.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos defender esta reforma porque contribuirá a eliminar las trabas jurídicas y las barreras administrativas e injustificadas, porque simplificará los trámites burocráticos y sobre todo porque facilitará el inicio de la actividad comercial y su mantenimiento en el tiempo. Lo defendemos no porque creamos en las virtudes del libre mercado, que algunos piensan inteligente y autosuficiente y que a tenor de lo acaecido en otros ámbitos se ha demostrado que necesita controles y límites, sino porque estamos seguros de que servirá para transformar este sector de forma que sea más abierto, más moderno, más competitivo y que puedan acceder a él un mayor número de ciudadanos. Queremos defender especialmente esta reforma porque estamos seguros de que a través de ella el sector del comercio, que dispone de un alto potencial de desarrollo, será capaz de generar mayor actividad económica en los diferentes núcleos de población e incluso llevarla a los nuevos sectores de expansión urbanística de las ciudades, contribuyendo de esta forma a su vertebración. No nos cabe ninguna duda de que su potencial afecta también a la capacidad de crear empleo y que, por tanto, tras la reforma este sector generará un número importante de puestos de trabajo a lo largo y ancho del territorio español, contribuyendo de este modo a absorber una parte del desempleo, máxime si tenemos en cuenta que tradicionalmente el comercio ha constituido un sector refugio en épocas de recesión económica. Quizá sea esto lo que realmente inquieta a los señores del Partido Popular, es decir, que promovamos una

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reforma estructural como esta, que además genere reactivación económica, cree puestos de trabajo y no contribuya a esa sensación que intentan difundir -afortunadamente con escaso éxito- de que todo en España va mal y de que si no es con su participación en las decisiones políticas no saldremos de esta crisis. Pero aquí adelanto que en este caso no lo van a conseguir, porque esta ley saldrá hoy adelante a pesar de su falta de interés y sentido de la responsabilidad. (Aplausos.)

Ha sido precisamente el artículo 6 del proyecto, al que se ha referido también el señor Delgado y que hace referencia al sistema de autorizaciones, el que ha levantado un debate más acalorado a lo largo de toda la tramitación parlamentaria, no por lo que está escrito, sino por lo que a juicio de ese grupo por razones un poco inconfesables debería quedar reflejado en este punto. La posición de nuestro grupo respecto a esto no es casual, sino que responde a un principio que nos acompaña en todas nuestras decisiones políticas y que consiste en el pleno respeto al ámbito competencial puesto que creemos firmemente en las virtudes de nuestro Estado descentralizado. Por ello, consideramos que es de vital importancia que esta ley sea sumamente respetuosa con las competencias autonómicas y municipales, en la medida en que a ambas administraciones corresponderá, llegado el momento, la aplicación de la misma. Por tanto, en nuestro modelo comercial deben ser los órganos autonómicos, que son las autoridades comerciales en su territorio, los que decidan sobre la necesidad de un régimen de autorizaciones así como de las particularidades territoriales que definan sus condiciones de aplicación.
En cambio, ¿qué dice el modelo comercial del Grupo Parlamentario Popular acerca de esto? Supongo que el señor Delgado a los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular les dice que no tienen competencias para legislar en materia de comercio interior o que no deberían tenerlas. Supongo igualmente que al presidente de mi comunidad autónoma, al señor Herrera, le dirá que con esta ley su partido pretendía dejar satisfechos los intereses de otros colectivos por encima de los intereses de leoneses y castellanos. O quizá se trate tan solo de la falta de confianza que tienen ustedes en la capacidad de gestión y en la sensatez de sus presidentes autonómicos a la hora de plantear políticas en sus territorios. Nosotros tenemos mucha confianza en los nuestros, y por eso para nuestro grupo es impensable alcanzar el deseado beneficio derivado de la modernización y de la mejora de la competitividad del sector sin el esfuerzo conjunto de las distintas administraciones públicas implicadas. Del entendimiento entre ellas dependerá la adaptación coherente de esta ley a sus normativas para que sigan siendo el motor que impulse decididamente al sector del comercio, y nunca un lastre.


Con esta nueva ley defendemos también un cambio radical en los bienes jurídicos protegidos, de tal modo que, como exige la Directiva de Servicios, los criterios económicos dejarán de ser una razón válida para regular la actividad comercial. ¿Cuál es el objetivo? Avanzar hacia un modelo más sostenible, en el que el consumidor tenga una mayor capacidad de elección entre formatos, calidades, precios o enseñas comerciales, un modelo más sostenible en el que los límites del libre establecimiento se sitúen en el punto en el que la actividad comercial comience a ocasionar un impacto ambiental, territorial o urbanístico. Si me permiten la expresión, se trata de un mercado libre, no de una barra libre para hacer y deshacer al antojo de cada cual. Estarán de acuerdo conmigo en que no es aceptable una situación en la que sean los grandes prestadores de servicios los que afecten al diseño de nuestras ciudades atendiendo únicamente a sus intereses, o que por una falta de planificación comercial se generen graves desequilibrios entre la periferia y el centro, dando como resultado la desoladora imagen que podemos encontrar en ciertas comunidades autónomas de núcleos de población totalmente desiertos, porque, qué duda cabe, la actividad comercial debe actuar como elemento vertebrador de las ciudades confiriéndoles vitalidad y seguridad. Como tampoco es aceptable la situación actual, en la que un operador comercial puede ver denegada la autorización para establecerse en una determinada zona por motivos estrictamente económicos, participando en la decisión aquellos que son a la vez juez y parte en el asunto.


Era evidente la necesidad de establecer un equilibrio, y a la hora de hacerlo nuestra máxima ha sido apostar por aquella regla que ofreciese más ventajas al más vulnerable, con la certeza de que en esa decisión nunca nos vamos a equivocar. Por ello hemos hecho especial hincapié en proteger los derechos del actor que consideramos es el verdadero protagonista de esta escena, es decir, las personas que habitan en las ciudades o en los barrios, porque a ellas pertenecen los espacios públicos y porque ellas son a la vez consumidoras. Así que según nuestro modelo comercial las ciudades deben planificarse teniendo en cuenta a las personas para que, independientemente de dónde vivan o de sus posibilidades económicas, dispongan de servicios públicos que se adecuen a sus necesidades y que desde el punto de vista comercial cuenten con una oferta suficiente que garantice la cobertura de sus necesidades inmediatas de compra. Mi grupo esto lo tiene claro y a través de nuestro trabajo en la ponencia de esta ley lo hemos reflejado con firmeza, que se ha visto reflejada con la contribución importante del resto de grupos que comparten este mismo planteamiento al menos en lo básico. Por todo lo dicho, anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente las enmiendas aprobadas por el Senado y, cómo no, el proyecto de ley en su totalidad.


Permítame, por último, señor presidente, el atrevimiento de parafrasear a Voltaire, que dijo que un día todo estará bien y esa es nuestra esperanza. Hoy, con esta ley, las cosas comienzan a estar mejor y esa es nuestra ilusión.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.


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- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES Y OTRAS CATÁSTROFES NATURALES OCURRIDOS EN VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 12/2009, DE 13 AGOSTO). (Número de expediente 121/000040.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas.
Para la defensa de sus posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Canet.


El señor CANET I COMA: Gracias, señor presidente.


Intervengo brevemente y desde el escaño para destacar que vamos a votar favorablemente las enmiendas que vienen del Senado, que creo que todos estaremos de acuerdo en que nos dan la razón al haberlo tramitado como proyecto de ley. Pensamos que hay diferentes argumentos, por ejemplo, hoy se contemplan beneficios fiscales que no existían en el real decreto-ley, el real decreto-ley olvidaba algunos territorios afectados por catástrofes naturales y además creemos que no recogía todas las catástrofes acaecidas en algunos territorios. Por eso estamos contentos de cómo ha terminado la tramitación parlamentaria. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) De las enmiendas del Senado destacamos solamente dos, aunque votaremos todas favorablemente. En primer lugar, la enmienda por la que se añade un apartado al artículo 7 por el que se establece la exención de IRPF de las ayudas excepcionales previstas por daños personales y daños materiales en enseres y las destinadas a establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, turísticos y otros servicios. Creemos que con ello se corrige un agravio que inicialmente contemplaba el proyecto de ley. En segundo lugar, también destacamos la introducción de una nueva disposición adicional que tiene su causa en la modificación de la Ley 30/1992 y de diversas leyes para adaptarlas a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y que tiene como finalidad la de permitir que la solicitud de ayudas se haga mediante el trámite de la declaración responsable, novedad que pronto se convertirá a nuestro parecer en la forma más extendida de comunicación con la Administración.


Por todo ello, reiteramos el apoyo a todas las enmiendas que provienen del Senado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Canet.


Para la fijación de posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas del Senado. No hay ningún reproche que hacer a una ley bien estructurada y bien articulada que se compadece con la magnitud de las catástrofes que se afrontan y se intentan reparar en la medida en que esto sea posible: 76.000 hectáreas incendiadas y once fallecidos, nueve de ellos del cuerpo de bomberos, lo cual ha provocado la creación de una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya sobre la cual nosotros no tenemos nada que comentar. Quiero destacar sobre todo el carácter transversal y multidireccional de las ayudas: ayudas en relación con la reparación de los daños humanos, particularmente la muerte u otras lesiones que están correctamente concebidas y articuladas; ayudas en relación con la rehabilitación de las viviendas destruidas; ayudas a la rehabilitación y la regeneración de las actividades económicas igualmente destruidas; y algo que es nuevo en este tipo de normas, señora presidenta, y que nos gustaría destacar particularmente, que es una articulación a la que provee el Ministerio de Trabajo en concreto respecto a los expedientes de regulación de empleo que dimanan de los daños producidos por estas catástrofes, que se afrontan con corrección en esta ley que viene del Senado.


Por todo ello, nos debemos felicitar por el trabajo bien hecho por todos en este caso y anuncio ya nuestro voto favorable.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.


Desde el Grupo de Convergència i Unió queremos destacar que estamos muy satisfechos con la redacción final de este proyecto de ley. Cuando se presentó el Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, para las ayudas por los incendios y las catástrofes acaecidas durante el verano pasado, nosotros instamos ya a tramitarlo como proyecto de ley porque creíamos que quedaba un poco flojo. Como dijimos en el trámite en Comisión, con el trabajo hecho en la primera parte en el Congreso con todos los grupos parlamentarios nos sentimos muy satisfechos por las conversaciones mantenidas. Encontramos que ha mejorado mucho el tema de las ayudas y, además, con las enmiendas introducidas por nuestro grupo, que fueron apoyadas por el resto de la Cámara, se ha mejorado -vuelvo a repetir- el texto de la ley.


Las enmiendas que se introducen en el Senado suponen la ampliación de zonas que no quedaban cubiertas en un principio y también hay una mejora notable del texto que salió de este Congreso. Quedaba un tema pendiente que a nosotros nos preocupaba, que

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era no poder asegurar las producciones futuras de los daños producidos en los árboles. Habíamos presentado enmiendas tanto aquí como en el Senado, pero tenemos el compromiso por parte del Gobierno y del grupo mayoritario de que en la modificación de la Ley del Seguro Agrario eso se podrá arreglar para que no suceda en otro tipo de catástrofes que impliquen daño al arbolado.


Nuestro voto será favorable a estas enmiendas y nos alegramos de que termine el trámite de esta ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Tarruella.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará también a favor de las enmiendas al proyecto de ley por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas desde marzo del año 2009, y que fueron aprobadas por unanimidad en el Senado. Votará favorablemente porque, por un lado, esas medidas urgentes se amplían a comunidades autónomas no incluidas inicialmente, como es el caso de la Comunidad Valenciana; se aplican asimismo a otros incendios y tormentas de características similares que puedan producirse hasta la entrada en vigor de esta ley, y porque se mejoran los beneficios fiscales para las personas, las explotaciones y las actividades agrarias afectadas, y por ello se consigue una mayor reparación de los daños.


Pero, señorías, la aprobación de este proyecto de ley no puede hacernos olvidar la voracidad del fuego del pasado verano, que arrasó vidas humanas, bosques, infraestructuras y tierras de cultivo. Más de 100.000 hectáreas -y no 76.000 hectáreas, como decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco- fueron calcinadas en España y muchas las incógnitas, que lo siguen siendo hoy, sobre la actuación del Gobierno en todas estas fechas. Algunas de las preguntas que nos hacíamos entonces, señorías, podríamos repetírnoslas. Por ejemplo, ¿podríamos saber cuáles son las serias dificultades de coordinación en los medios aéreos en la lucha contra los incendios forestales que desveló un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente? Sería bueno conocerlas para evitarlas en la próxima campaña.


Decía la señora Espinosa, en una visita a una de las zonas arrasadas, que era preciso perfeccionar la prevención para no vivir situaciones dramáticas como las del pasado verano. Estamos de acuerdo completamente y por eso nos preguntamos: ¿Qué se ha hecho en este sentido? ¿Qué se ha mejorado en materia de prevención en lo que compete al Gobierno? ¿Se están dando las ayudas prometidas? ¿Se va a retrasar, como el pasado verano, la contratación de medios en la campaña contra incendios? ¿Se ha aclarado ya por qué en el incendio ocurrido en los terrenos militares de San Gregorio en Zaragoza se tardó cinco horas en permitir el acceso de los servicios civiles con el resultado de 6.000 hectáreas quemadas?

Algunos datos publicados sitúan en 1.500 millones de euros el coste asociado a los incendios forestales del pasado año y el dato debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de intentar evitar esta sangría humana, económica y medioambiental que se repite año tras año, especialmente grave en los momentos de crisis que padecemos. Recuerden, señorías, que el pasado 15 de septiembre se aprobó casi por unanimidad en esta Cámara una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que aceptó unas enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en la que, entre otros puntos, se solicitaba incrementar, en coordinación con las comunidades autónomas, las inversiones en actuaciones preventivas y de limpieza de los montes contra los incendios forestales. Este es, señorías, desde nuestro punto de vista, un aspecto clave en la lucha contra incendios. Una adecuada inversión en prevención evitará no solo una gran parte del coste asociado a los incendios, que he citado anteriormente, sino los daños ambientales y la pérdida de productividad de las tierras agrarias.


Señorías, lo que es evidente es que los incendios forestales son escasos cuando los montes están limpios; lo que es evidente es que los incendios forestales son escasos cuando los bosques tienen un interés relevante para la población, y lo que es evidente es que los incendios forestales son escasos cuando se genera un mayor valor añadido de sus productos, cuando se efectúa una mejora silvícola en las masas forestales para adaptarlas a los nuevos condicionantes climáticos y cuando se implica a la población rural en las actuaciones de prevención y aprovechamiento de los montes. Este es el momento, señorías, para el Grupo Parlamentario Popular, al aprobarse las ayudas para paliar los daños producidos por los incendios forestales, de solicitar al Gobierno que se tome en serio ya la política forestal, porque también es evidente que la política forestal es la gran olvidada del Gobierno socialista. Es el momento de recordar al Gobierno que la gestión sostenible de nuestros montes es un gran yacimiento de empleo en zonas rurales; yacimiento de empleo productivo, señorías, el empleo que hace falta en España.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora De Lara.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alonso Núñez.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar posición en este trámite final previo a la aprobación de este proyecto de ley que va a permitir compensar los daños ocasionados por los incendios forestales y otras

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catástrofes meteorológicas que han ocurrido en España desde el verano del año pasado hasta estos últimos días. Aunque sea reiterativo quiero dejar constancia del recuerdo emocionado a las víctimas producidas en estos sucesos y del agradecimiento, en este caso del Grupo Socialista -y creo que de todo el Pleno del Congreso, de todos los grupos-, a todos los servidores públicos puestos a disposición de los servicios de emergencia en todas las comunidades autónomas y por parte de todas las administraciones públicas. Policías, bomberos, guardias civiles y voluntarios de todos los pueblos afectados han puesto lo mejor, en algunos casos incluso su vida, al servicio de los demás.


El Grupo Socialista, igual que el resto de los grupos, va a votar favorablemente todas las enmiendas aprobadas por el Senado, asegurando así que esta norma importante, que este proyecto de ley se va a aprobar por la total unanimidad de la Cámara, por absoluto consenso. En este sentido, quiero sumarme también a alguna valoración positiva que ha hecho el portavoz de algún grupo parlamentario al expresar el buen trabajo que se ha desarrollado por todos los portavoces, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, que ha permitido incorporar modificaciones a este proyecto de ley que van a mejorar las ayudas puestas a disposición del Gobierno de España.


El proyecto de ley responde a un modelo experimentado ya en España en otras ocasiones, en otras catástrofes, que en este caso ha sufrido alguna mejora en su tramitación. Por tanto, ayudas directas, beneficios fiscales, beneficios laborales, créditos preferenciales y también compromiso de inversión de las administraciones públicas en la recuperación de las zonas afectadas y en la restauración medioambiental de los terrenos afectados por los incendios forestales. Se han aprobado trece enmiendas en el Senado, la mayoría suponen una mejora técnica o de redacción y algunas de fondo. Quiero destacar en este sentido fundamentalmente las que afectan a la exposición de motivos y al artículo 1, en el sentido de ampliar el ámbito territorial de aplicación de este proyecto de ley, incorporando a la Comunidad Valenciana a una actuación que va a proyectarse sobre los siguientes territorios: las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid y Comunidad Valenciana. Será el Gobierno el que publique inmediatamente el decreto que especifique los términos municipales afectados. En este sentido, quiero destacar la adversidad de la climatología de nuestro país, de algunas zonas, de algunos municipios y de algunas comunidades autónomas que han sufrido daños por incendios forestales este verano y ahora están padeciendo importantes daños por inundaciones, por lluvias excepcionales. También quiero destacar la modificación que afecta a la delimitación temporal de aplicación de este proyecto de ley inicialmente, de esta ley a partir de este momento, a partir de hoy, que será desde el 1 de marzo del año 2009 hasta la entrada en vigor de la presente ley. Por tanto, en todas las catástrofes naturales que se han producido a lo largo de todo este periodo, incluso las que se puedan estar produciendo en esta misma semana, se podrán percibir ayudas con cargo a esta ley. Se han modificado algunos aspectos que mejoran de alguna manera las ayudas por daños personales en los temas fiscales; también los que afectan a las actividades agrarias; se incorporan los cabildos insulares en el sentido de reparar las infraestructuras dañadas por las inundaciones y, por último, se incorpora la declaración responsable prevista en la Ley 30 y modificada en la Ley 25.


Termino, señora presidenta, como empecé, agradeciendo el trabajo realizado y expresando el convencimiento del Grupo Socialista de que este camino de consenso es el que diariamente nos piden los ciudadanos en nuestros respectivos territorios, ese camino de consenso, de diálogo que ha permitido que esta norma se aplique con la unanimidad de la Cámara y ojalá, vuelvo a decir, podamos repetirlo en la tramitación de otras iniciativas que se tramiten en este Congreso de los Diputados.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Alonso.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE TRANSPONEN DETERMINADAS DIRECTIVAS EN EL ÁMBITO DE LA IMPOSICIÓN INDIRECTA Y SE MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES PARA ADAPTARLA A LA NORMATIVA COMUNITARIA.
(Número de expediente 121/000043.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos, finalmente, a las enmiendas al proyecto de ley por la que se trasponen determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes para adaptarla a la normativa comunitaria. En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


De forma muy breve. Ya dijimos lo que opinábamos sobre la ley cuando salió del Congreso y hemos detectado que en el trámite en el Senado no ha habido enmiendas que cambien o modifiquen sustancialmente lo que aquí se aprobó. Por tanto, vamos a dar conformidad a lo que se ha incorporado en el Senado y simplemente celebramos que la ley por la que se trasponen estas directivas finalmente vea la luz y sea aprobada.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.


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¿Grupo Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.) Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario ha presentado y ha conseguido consensuar con el resto de grupos parlamentarios en el Senado una serie de enmiendas al anteproyecto de ley por la que se trasponen determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes para adaptarla a la normativa comunitaria.


Respecto a este primer aspecto, hay un nuevo apartado uno, artículo 14.1.g) del texto refundido sobre la renta de los no residentes, que regula una exención para las rentas obtenidas en territorio español sin mediación de establecimiento permanente por personas o entidades no residentes como consecuencia, entre otros supuestos, del arrendamiento de buques y aeronaves a casco desnudo, siempre que se utilicen en la navegación marítima o aérea internacional. La redacción vigente actualmente del citado precepto ofrece importantes dudas a la hora de su aplicación práctica, puesto que la mera referencia a que los buques o aeronaves sean utilizados en la navegación marítima o aérea internacional no permite dilucidar en este caso con claridad el tratamiento correspondiente en el caso más habitual de arrendamiento a casco desnudo de buques y aeronaves que se utilizan tanto en la navegación nacional como en la navegación internacional. A este respecto, esta exención es un factor muy relevante para las aerolíneas españoles, puesto que la práctica habitual en el sector de arrendamientos de aeronaves a casco desnudo es que la contraprestación se pacte neta de impuestos, con lo cual cualquier retención a practicar supone un mayor coste para la compañía aérea arrendataria. Señorías, esta modificación pretende armonizar el tratamiento de nuestra normativa interna con el previsto a nivel internacional. Asimismo, este tratamiento se equipararía al existente para el entorno de los que no se prevé la obligación de practicar retención para este tipo específico de rentas, de forma que nuestras aerolíneas puedan competir en igualdad de condiciones y sin que la fiscalidad pueda suponer una barrera en este sector significativamente marcado por la existencia de operadores internacionales. Esta aclaración, señorías, de la norma supone, desde nuestro punto de vista, una mejora técnica que contribuirá a dotar de seguridad jurídica y reducir los costes de explotación de las compañías aéreas, en consonancia básicamente con el tratamiento previsto internacionalmente. De esta forma entendemos que se contribuye a dar un impulso al sector turístico en el actual contexto de crisis económica y de creciente competencia en otros destinos turísticos internacionales, tomando en consideración que dicho sector turístico constituye uno de los principales motores de la economía española y de la creación de empleo.


Hay otras dos enmiendas, a los artículos 62.2 b) y 69 de la Ley de las Socimi, en las que se permitió inicialmente rebajar del 75 al 70 el porcentaje de control necesario para consolidar fiscalmente en las sociedades que coticen en Bolsa, pero la redacción aprobada, señorías, comporta que las filiales de las sociedades cotizadas salgan del régimen de consolidación. Con el texto aprobado por el Senado esta situación se solventa y también se va a permitir que a las sociedades filiales de las cotizadas se les pueda aplicar esta reducción del 75 al 70 por ciento, con el fin de poder consolidar todos los resultados en sus respectivas cuentas de explotación. Hay otra enmienda, también significativa desde nuestro punto de vista, al artículo 67.4, con la redacción siguiente: Cuando el ejercicio social de una sociedad dependiente incluida de forma obligatoria en el grupo fiscal esté determinado por imperativo legal y, por tanto, no pueda adaptarse al de la sociedad dominante, si este fuese distinto, estaría incumpliendo la obligación de cerrar su ejercicio social en la fecha en que lo haga la sociedad dominante. Por este motivo se establece que las sociedades dependientes que se encuentren en esta circunstancia no formen parte del grupo fiscal. Aquí hemos conseguido una redacción de consenso para todas aquellas sociedades que debido a su excepcionalidad puedan presentar sus balances, sus cuentas de explotación y de resultados en fechas diferentes a las de las sociedades dominantes, que se pueda establecer una excepcionalidad que, en definitiva, va a contribuir a dar más facilidades para que estas sociedades dominantes puedan presentar sus obligaciones fiscales.


Muchísimas gracias, señora presidenta y señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Sánchez i LLibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto de las enmiendas aprobadas en el Senado e incorporadas al proyecto de ley por el que se trasponen determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes para adaptarlo a la normativa comunitaria.
Anuncio ya que nuestro voto va a ser favorable a las escasas enmiendas introducidas en este proyecto de ley a su paso por el Senado, puesto que la mayor parte de ellas responden a razones de carácter técnico o pretenden mejorar la seguridad jurídica de los contribuyentes. Debo resaltar además que algunas de las enmiendas introducidas han sido transaccionadas por mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, y aprobadas por unanimidad de todos los grupos. Me gustaría hacer un breve repaso de las enmiendas transaccionadas por mi grupo. En primer lugar, tengo que

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mencionar la adaptación del tratamiento de la sujeción al impuesto de los servicios prestados por los registradores de la propiedad, tanto en el impuesto general indirecto canario como en el IVA. En segundo lugar, se establece de forma generalizada el mecanismo de la llamada inversión del sujeto pasivo en el IVA, estableciéndose una excepción cuando el destinatario de los servicios sea un empresario no establecido en el territorio de aplicación del impuesto. Por último, me gustaría mencionar una enmienda que ha sido transaccionada para mejorar la seguridad jurídica de las sociedades que operan en el ámbito internacional para definir con mayor precisión la exención aplicable en el impuesto sobre la renta de no residentes al alquiler de aeronaves utilizadas en la navegación internacional. Ha sido una nueva oportunidad el rechazar las enmiendas presentadas por mi grupo relativas a las agencias de viaje que permitirían aumentar la competitividad de este sector tan importante para nuestra economía.


Señorías, desde el Grupo Popular debemos lamentar el rechazo sistemático de todas las propuestas que el Partido Popular hace una y otra vez en materia fiscal y económica, y que no tienen otro objeto que ayudar a la deseada recuperación económica y a la creación de empleo. Según el Partido Socialista, el Partido Popular no plantea alternativas, pero tengo que repetir hoy que esta afirmación es una auténtica falacia porque saben perfectamente que hemos hecho innumerables propuestas en materia económica que, o bien han contado con su rechazo o bien ha sido incluso vetado su debate, como sucedió en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 con la subida de los tipos del impuesto sobre el valor añadido.
Son medidas concretas que el Grupo Socialista no ha querido apoyar y que, dada la crisis económica que atraviesan nuestras pequeñas y medianas empresas y nuestros autónomos, sin duda hubiesen contribuido a la recuperación económica y a la generación de empleo. Con este rechazo sistemático de nuestras propuestas, ¿ciertamente existe voluntad de pacto por parte del Partido Socialista o es, una vez más, una puesta en escena del señor Zapatero? Es especialmente significativo que algunas de nuestras enmiendas fuesen aprobadas en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado y, en concreto, me voy a referir a que la Comisión se pronunció en contra de la subida de los tipos de IVA planteada por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, incluyendo en el dictamen de la Comisión su eliminación, lo que constituye un auténtico aviso a navegantes y un importante precedente sobre la oposición frontal de una amplia mayoría a la política socialista de subida de impuestos. Señores del Gobierno, aún están a tiempo de rectificar; desde el Grupo Popular hemos manifestado reiteradamente nuestra oposición a esta medida de subida de tipos del IVA que -estamos convencidos- no incrementará la recaudación sino, al contrario, retraerá el consumo y la inversión y, en definitiva, agravará la crisis económica generando más paro y más desempleo.


No me gustaría concluir sin hacer una mención a la falta de diligencia con la que el Gobierno ha llevado a cabo la trasposición de estas directivas comunitarias; un Gobierno, que además preside actualmente la Unión Europea, incumple los plazos y no traspone las directivas en materia de IVA a tiempo, ya que deberían haber entrado en vigor el 1 de enero de 2010. Para tapar esta absoluta falta de seriedad se ha publicado una resolución para arbitrar un conjunto de criterios interpretativos que permitan dar cumplimiento al mandato contenido en las directivas que conforman en llamado paquete de IVA.


Voy terminando, señorías. El Gobierno socialista ha dejado pasar una nueva oportunidad para plantear propuestas fiscales que contribuyan a dinamizar nuestra economía y a generar empleo. El Partido Popular las hace día tras día; el Partido Socialista las rechaza, demostrando muy poca voluntad de pacto. Saben que tienen nuestra mano tendida para apoyar propuestas que vayan en la dirección acertada, pero no vamos a apoyarles en una política económica disparatada, que está conduciendo a España a la ruina económica y, lo que es peor, a sus ciudadanos a las listas del paro.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señora Madrazo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mármol.


El señor MÁRMOL PEÑALVER: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy nos trae al Pleno, tras su paso por el Senado, el debate del proyecto de ley por el que se trasponen directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes para adaptarla a la normativa europea; un proyecto de ley al que a su texto original se han presentado enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado, que a nuestro juicio han completado de forma muy importante el texto original. Voy a intentar resumir la importancia que tiene para nuestra Hacienda pública y para nuestro ordenamiento jurídico la trasposición de estas directivas europeas, y terminaré comentando algunas de las afirmaciones que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en relación a la política fiscal del Gobierno o a la política económica en general.


En primer lugar, este proyecto de ley incorpora al derecho español la Directiva 2008/08, una directiva que establece claramente un nuevo modelo de tributación en las prestaciones de servicio, basado en dos reglas generales y en un conjunto de reglas especiales. La finalidad esencial de dicho nuevo modelo es la de hacer coincidir, en lo posible, el lugar de sujeción al impuesto con el lugar en el que se realiza el consumo. Así, en el nuevo artículo 69 se establecen las reglas generales de localización de las prestaciones de servicio. También se incorpora al derecho interno el artículo 1.1 de la Directiva 2008/117.


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Asimismo, este proyecto de ley incorpora a nuestra legislación las previsiones de la Directiva 2008/9, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución de IVA. Por último, este proyecto de ley supondrá también modificaciones en el impuesto general indirecto canario, en los impuestos especiales y en el impuesto sobre la renta de no residentes. Con respecto al impuesto general indirecto canario, debemos mantener una coherencia y coordinación entre las reglas esenciales del IGIC y del IVA, a fin de no generar posibles situaciones de no imposición o de doble imposición en las transacciones entre los territorios de aplicación de ambos tributos o en las que se realizan entre las islas Canarias y el resto de la Unión Europea. En cuanto a los impuestos especiales, también se procede a la trasposición de la Directiva 2008/118 a nuestro ordenamiento jurídico, afectando sobre todo a las disposiciones relativas a la circulación de productos. En definitiva, se trata de una serie de modificaciones en la imposición indirecta y en el impuesto sobre la renta de los no residentes que explica la importancia que tiene para nuestras empresas, y de ahí la urgencia del Gobierno y la urgencia del Grupo Socialista en sacar adelante esta ley.


Para ir finalizando, vuelvo a destacar que la ley hoy llega al Congreso mejor de lo que llegó en su momento, fruto del trabajo de los distintos grupos, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, a los que quiero agradecer el trabajo realizado en ambas cámaras.


Señorías, me veo en la obligación de comentar alguna cosa a la portavoz del Grupo Popular. Señora Madrazo, la mayoría de sus enmiendas, que por otra parte ya han sido debatidas en esta Cámara con objeto de la aprobación de los Presupuestos Generales para el año 2010, apuestan claramente por descapitalizar el Estado, por reducir impuestos en una situación como la actual. Señora Madrazo, ustedes aprovechan cualquier ocasión para lo que comúnmente se llama vender su libro; un libro que, como pudimos comprobar ayer, consta de muy pocas páginas. En una situación como esta, en un debate sobre una mera trasposición de directivas europeas, ustedes aprovechan nuevamente para criticar la política fiscal del Gobierno o el endeudamiento o para acusar falsamente, por ejemplo, al Gobierno de tener exceso de altos cargos. Señora Madrazo, la mejor forma de predicar es dando ejemplo. Allí donde ustedes gobiernan deben dar ejemplo de lo que defienden aquí con tanto ímpetu. Nos podrían explicar por qué cuando hablan de bajar impuestos olvidan mencionar al Ayuntamiento de Madrid o a un ayuntamiento que conozco perfectamente, como es el de Murcia, donde la presión fiscal se ha incrementado en el periodo 2003-2009 un 165 y un 170 por ciento. (Aplausos.) También olvidan mencionar que el Ayuntamiento de Madrid concentra un tercio del endeudamiento total de los ayuntamientos de nuestro país o se olvidan de explicar, cuando nos hablan del exceso de altos cargos, en esas medidas económicas que ustedes tienen, por qué el señor Fabra tiene contratados a 36 asesores en Castellón -36 no, 37, porque ayer se contrató a un concejal de Burriana del Partido Popular-, de los cuales 33 trabajan directamente para el Partido Popular. Miren, señores del Partido Popular, si tanto creen en sus propuestas fiscales o económicas, llévenlas a cabo donde gobiernan. Dejen de hacer política de escaparate y den coherencia a sus críticas, denles coherencia de una vez por todas. Pero como imagino que esto va ser imposible, no se preocupen, porque el Gobierno, el Grupo Socialista y creo que el resto de la Cámara seguirán trabajando para sacar a este país de la crisis, sin dejar a nadie en la cuneta y a pesar de ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Mármol.


Hemos acabado el debate del orden del día. Votaremos en cinco minutos.
(Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones. Silencio, por favor.


En primer lugar, votamos las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Enmiendas a la última parte del párrafo duodécimo y al párrafo decimoséptimo de la exposición de motivos y a la disposición final tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 326; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo único ocho, que modifica el artículo 62.2 de la ley y la disposición transitoria primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 187; en contra, uno; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas de este proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 186; en contra, 138; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas y el proyecto de ley totalmente dictaminado.


Votación de enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se aprueban medidas urgentes para paliar daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes

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naturales ocurridos en varias comunidades autónomas. Votamos en bloque todas las enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 329.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se trasponen determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes para adaptarla a la normativa comunitaria. En primer lugar, votamos las enmiendas al artículo sexto y a la disposición final cuarta que antes era tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 186; en contra, uno; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos a continuación el resto de enmiendas al proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 328; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.

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