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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 36, de 09/06/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 36
IGUALDAD
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN CALVO POYATO
Sesión núm. 2 celebrada el lunes 9 de junio de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión de 6 de mayo de 2008.... (Página 2)

Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001.)... (Página 2)

Comparecencia de la señora ministra de Igualdad (Aído Almagro), para informar sobre:

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000009.)... (Página 2)

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Las medidas políticas que adoptará como responsable de su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000018.)... (Página 2)

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000035.)...
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- Los objetivos y programa de trabajo del ministerio durante la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000060.)... (Página 2)

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000080.)... (Página 2)

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 6 DE MAYO DE 2008.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


Iniciamos esta sesión de la Comisión de Igualdad con el primer punto del orden del día, en el cual, y en aplicación del artículo 44 del Reglamento, tenemos que ratificar el acuerdo de la Mesa del día 6 de mayo, de celebración de las comparecencias previstas en el orden del día para hoy. ¿Hay algún voto en contra? (Denegaciones.) Queda aprobado.


DELEGACIÓN EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES DE LA COMPETENCIA DE ÉSTAS DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 042/000001.)

La señora PRESIDENTA: En el segundo punto del orden del día, y obviamente en la delegación que la Mesa de la Comisión y en competencia del propio artículo 44 ya tenemos, adoptamos los acuerdos que dicho artículo 44 nos permitía y en relación con la resolución de la Presidencia el precedente que tenemos, que es una resolución de 2 de noviembre de 1983. ¿Hay algún voto en contra? (Denegaciones.) Queda aprobado.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE IGUALDAD (AÍDO ALMAGRO), PARA INFORMAR SOBRE:

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000009.)

- LAS MEDIDAS POLÍTICAS QUE ADOPTARÁ COMO RESPONSABLE DE SU MINISTERIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000018.)

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000035.)

- LOS OBJETIVOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL MINISTERIO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000060.)

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000080.)

La señora PRESIDENTA: En el tercer punto del orden del día tenemos pendiente la celebración de la comparecencia, a petición propia, de la ministra de Igualdad, para informar de las líneas generales de la política de su departamento. Además de la petición de la ministra, del propio Gobierno, esta comparecencia también ha sido solicitada por cuatro grupos parlamentarios.


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Por tanto, después de la intervención de la ministra, tendrán la palabra en orden de mayor a menor, cerrando el turno el Grupo Parlamentario Socialista. Como saben SS.SS., en este formato de intervenciones no hay tiempo determinado para el Gobierno, en este caso para la intervención de la señora ministra.


Dicho esto, quiero dar la bienvenida a la ministra a su Comisión parlamentaria natural, que es esta, en nombre de la Mesa y entiendo que de todos los diputados y diputadas que formamos parte de esta Comisión, para desearle toda la comodidad posible en el trabajo que ella afronta en sede parlamentaria para las tareas de control y para las tareas legislativas que tenemos como diputados y diputadas adscritos a esta Comisión, deseándole también todo tipo de aciertos. Por nuestra parte estaremos en la mejor disposición de coordinarnos, que será la mejor manera de garantizar a los ciudadanos el trabajo que nos han encomendado, tanto a la señora ministra, en el ámbito del Gobierno, como a nosotros mismos, en nuestra tarea de miembros del Congreso de los Diputados.


Señora ministra, bienvenida. Tiene la palabra por el tiempo que razonablemente usted considere necesario.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Muchas gracias, señora presidenta.


Antes de comenzar con el orden del día quiero expresar mi más enérgica condena por el ataque de ETA contra El Correo. Asimismo quiero expresar mi más enérgica condena por el asesinato de Ximena Aguiño Ordóñez. A falta de confirmación, todo parece indicar que ha sido víctima de la violencia de género.


Es para mí un honor, señorías, poder comparecer hoy en esta Comisión de Igualdad que estrenamos en esta legislatura con la ilusión de que sea un importante espacio para seguir profundizando, debatiendo y aprobando normas y medidas que nos van a permitir continuar avanzando en el camino de la igualdad.


Estrenamos Comisión legislativa en el Congreso y en el Senado de la mano de un nuevo ministerio, que me honro en dirigir y del que me siento profundamente orgullosa, porque supone una nueva conquista ciudadana a favor de una democracia más justa. Antes de avanzar, me gustaría agradecer el gran trabajo realizado en la pasada legislatura por la Comisión Mixta de los Derechos de las Mujeres y de la Igualdad de Oportunidades. La Comisión de Igualdad es en parte heredera de esa Comisión mixta, pero reforzada ahora con las funciones propias de un órgano legislativo. Comienzo pues esta intervención manifestando mi satisfacción por tener el honor y la enorme responsabilidad de ser la primera ministra de Igualdad de la historia de España, de formar parte de un Gobierno paritario, pero, sobre todo, de pertenecer a un Gobierno que ha hecho de la igualdad una de sus principales señas de identidad.


Como SS.SS. saben, en la IV Conferencia de la Mujer, celebrada en Beijing en el año 1995, se pidió a los países firmantes fortalecer las estructuras de igualdad de los gobiernos. En esta legislatura, el Gobierno de España ha cumplido ese mandato. Sin embargo, justo es reconocer que no partimos de cero. La creación del Instituto de la Mujer en el año 1983 supuso el inicio de un proceso que desembocó, en la pasada legislatura, en la promulgación de leyes como la Ley integral contra la violencia de género o la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, leyes que han marcado un hito en la Unión Europea en cuanto a políticas de igualdad. Para el buen desarrollo de estas dos normas, para poder cumplir con lo que en ellas se contempla y para seguir impulsando marcos normativos que favorezcan la igualdad efectiva, es por lo que el presidente del Gobierno, tal y como manifestó en su discurso de investidura, ha decidido otorgar un fuerte impulso a estas políticas.
Para ello contamos con una nueva estructura en el Gobierno, la de mayor rango institucional, con el significado simbólico y político que tiene este hecho; una estructura adecuada a los retos que tenemos planteados en los próximos años. La creación del Ministerio de Igualdad es la prueba contundente del compromiso del Gobierno de seguir manteniendo la lucha por la igualdad en el corazón mismo de la agenda política.


Señorías, no saben ustedes lo inmensamente honrada que me siento de estar poniendo en marcha un ministerio que ha sido una demanda constante de las organizaciones de mujeres en los últimos años. Desde el agradecimiento a todas ellas y a las que a lo largo de la historia han sembrado la semilla de la esperanza de vivir en un mundo más igualitario, a las que en muchas ocasiones, desde el anonimato y a costa de su propio sufrimiento, han luchado por vivir en un planeta más habitable y a las que a diario siguen peleando desde cualquier ámbito por avanzar hacia una sociedad más justa, les debemos este gran paso. Y desde ese reconocimiento, asumo este reto; lo asumo desde la dignidad que supone luchar cada día por vivir en un país donde las personas más débiles o las tradicionalmente sometidas y dominadas tengan su propia voz para reclamar que las relaciones sean más igualitarias y por tanto más creativas y fecundas, desde la dignidad que supone luchar por el objetivo político de ampliar y profundizar en las políticas de igualdad, con la finalidad de corregir el déficit de ciudadanía de las mujeres y hacer de la democracia un sistema social y político más justo y solidario. Asumo además la responsabilidad de dirigir las políticas de juventud, unas políticas transversales con las que queremos impulsar medidas y normas que permitan mayor autonomía para todos los jóvenes de este país.


Señoras y señores diputados, desde el Ministerio de Igualdad trabajaremos con la vista puesta en nuestro principio político rector: ampliar los espacios de igualdad y libertad de las mujeres y luchar contra toda forma de discriminación. Nos proponemos seguir avanzando en todas aquellas reformas que nos permitan profundizar en la senda de la modernidad y para ello lucharemos por reforzar la cultura política de la igualdad, que es una de las grandes fortalezas de nuestro país. Me complace

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reafirmar hoy aquí la voluntad del Gobierno de seguir trabajando por preservar y garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales con la colaboración y ayuda de la sociedad civil. Estamos dispuestos a dar un salto cualitativo en las políticas para la igualdad de género, porque por primera vez vamos a poder llevar a cabo una estrategia transversal en las políticas públicas para promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Como sabemos, para pasar de la igualdad formal a la igualdad real es imprescindible que se produzcan cambios estructurales que necesariamente pasan por incorporar la igualdad en todas las esferas de la acción pública y privada.


Nuestra hoja de ruta en esta etapa está marcada por el desarrollo de las dos grandes leyes aprobadas en la pasada legislatura, tal y como he mencionado anteriormente, así como por la aprobación de una nueva ley de igualdad de trato, de la que hablaré más tarde; un plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente mujeres, niños y niñas, y el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011. Con esta guía vamos a desarrollar políticas para abordar los problemas de desigualdad de género concretos y las necesidades propias de distintos colectivos sociales y lo haremos combinando dos estrategias: la transversalidad o enfoque integrado de género y la especificidad. No hablamos de sumar medidas de igualdad a las políticas generales, sino de que las políticas generales de cada departamento fomenten la igualdad y eliminen la discriminación. El Ministerio de Igualdad es el responsable de las políticas de igualdad del Gobierno que tienen un carácter transversal y por tanto se desarrollarán desde todos los ministerios. El Ministerio de Igualdad tiene la responsabilidad de unificar estas políticas en el sentido de que todas ellas se orienten y confluyan en una misma dirección: hacer más fácil la vida de millones de mujeres y colectivos sociales que necesitan de la acción del Estado para remover los obstáculos que entorpecen su vida cotidiana y para ampliar sus derechos de ciudadanía. Este ministerio estará presente en esa remoción de obstáculos a través de los propios instrumentos que la Ley de Igualdad nos da y que se han fijado en la estructura del Gobierno, como la Comisión Interministerial de Igualdad, los informes de impacto de género y las unidades de igualdad de cada ministerio que regularemos en esta legislatura.


Señorías, después de este planteamiento general me van a permitir concretar más detalladamente las actuaciones en cada una de nuestras áreas de acción. En primer lugar tengo que hablarles de violencia de género. La lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres y la protección y asistencia social a las mujeres víctimas de violencia es una de las prioridades de este ministerio. Este mes se cumplen los tres años de la entrada en vigor de la Ley integral, una ley a la que debemos mucho y que ha dado sus frutos en estos tres años. Gracias a la ley, hoy tenemos más conciencia social sobre el problema, las mujeres están más protegidas, más mujeres denuncian y logran salir de la espiral de maltrato en la que viven durante años y ahora, además, cuentan con derechos sociales y ayudas a su inserción profesional cuando lo necesitan. El informe de evaluación de los tres años se presentará a finales de mes al Consejo de Ministros; previamente será objeto de análisis de la Conferencia Sectorial de la Mujer, que pasará a llamarse de Igualdad y que hemos convocado para el próximo 19 de junio, y, tal y como la ley establece, será remitido posteriormente al Congreso para información y conocimiento de SS.SS. Este informe nos aportará un diagnóstico de estos tres años y nos señalará propuestas para avanzar en la erradicación de esta gran tragedia. Como anticipo del mismo, el próximo viernes 13 el Consejo de Ministros aprobará el informe de evaluación del primer año de ejecución del Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género 2007-2008. El plan se compone de 37 bloques de medidas, articuladas en doce ejes de intervención, entre los que debemos distinguir aquellos que se dirigen a mejorar la respuesta frente a la violencia de género y los que atienden al objetivo de propiciar un cambio en el modelo de relación social entre hombres y mujeres, que permita avanzar en la consolidación del derecho de ciudadanía de estas.


Como principales resultados, les adelanto a SS.SS. que hay que subrayar la diversidad de agentes que han participado en la implementación de las medidas contenidas en el plan y que abarcan tanto los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas y los entes locales, como la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía, los agentes sociales y las organizaciones de mujeres. Puedo destacar además el elevado grado de ejecución de las medidas, a pesar de tratarse de un plan de dos años y de que el informe se refiere solo al primer año de ejecución; el cien por cien de las medidas están en ejecución y el 81 por ciento, finalizadas o próximas a su culminación.


Señorías, soy consciente de que aún queda mucho camino por recorrer. La violencia de género es un problema que afecta a toda la sociedad y es toda la sociedad la que sufre el impacto de cada uno de los golpes de los maltratadores. Solo con la implicación de toda la ciudadanía podremos soltar el lastre más pesado que aún nos mantiene en el terreno de la desigualdad. La violencia de género es un fenómeno social de tal magnitud que exige que sea tratado como una política de Estado y requiere, como hasta ahora, la implicación y el consenso de todos los grupos políticos.
Por ello, la participación de las comunidades autónomas es fundamental y fue por esa razón por la que el presidente del Gobierno anunció una conferencia de presidentes sobre violencia de género, que se celebrará el próximo mes de septiembre. De esta conferencia debe nacer el compromiso de los presidentes y presidentas para abordar la violencia de género como un problema común que hay que resolver desde el esfuerzo conjunto.
Compartimos responsabilidad y tenemos que compartir también esfuerzos, medidas y

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recursos. Sabemos que la coordinación es básica para garantizar la efectividad de las actuaciones que la ley contempla.


Como dijo el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, cualquier cobarde que levante la mano a una mujer debe saber que no tiene enfrente a un ser desprotegido, sino a 44 millones de personas dispuestas a plantarle cara. Tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos posibles en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y vamos a trabajar en cinco grandes objetivos estratégicos. Primero, la prevención y la sensibilización. Segundo, la mejora de la atención a las víctimas de la violencia de género. Tercero, la mejora de la respuesta profesional en las diferentes actuaciones desarrolladas sobre la violencia de género y más eficacia en los protocolos de actuación. Cuarto, la investigación y gestión del conocimiento sobre la violencia como instrumento clave para seguir avanzando en respuestas acertadas. Y, quinto, una actuación integral sobre la masculinidad y los hombres.


Prevenir la violencia de género pasa por una mayor concienciación, que lleve a adoptar una actitud crítica y activa contra los factores que permiten construir la violencia como parte de la relación de pareja. Para incidir en ello, les puedo anunciar ya que este verano vamos a poner en marcha una campaña de sensibilización continuada y multifocal, que, entre otras cosas, queremos que contribuya a que las mujeres que son víctimas de maltrato y agresiones no minimicen el riesgo y a que los agresores perciban el rechazo de una sociedad que quiere vivir sin violencia.
Incidiremos en los grupos de mujeres en circunstancias de especial vulnerabilidad, como mujeres inmigrantes, discapacitadas, adolescentes o aquellas con marcadas desventajas sociales. Además, vamos a trabajar estrechamente con el Ministerio de Educación, para poner en marcha recursos educativos que permitan al profesorado impartir programas de igualdad y prevención de la violencia. Crearemos un distintivo denominado espacios libres de violencia, para los centros educativos que trabajen en esta área con calidad y rigor. También queremos proponer un monumento en recuerdo de las víctimas de la violencia de género. Es muy importante sentar referencias fijas y objetivas sobre las que construir la sensibilidad contra la violencia de género y para ello creo que es fundamental el reconocimiento del problema alrededor del homenaje a quienes han sufrido las consecuencias más graves, así como su equiparación a otro tipo de violencias que sí cuentan con el apoyo social y el rechazo a la violencia sufrida por sus víctimas.


Igualmente vamos a pactar con los principales medios de comunicación el desarrollo de buenas prácticas en el tratamiento de la información periodística sobre violencia de género. Junto con la prevención y la sensibilización, pondremos todo nuestro empeño en mejorar la atención a las víctimas. Para ello, de nuevo en colaboración con las comunidades autónomas, mejoraremos los recursos para atender a las víctimas en todos los ámbitos afectados por la violencia, fundamentalmente en sanidad, justicia, medicina, psicología forense, atención y trabajo social y empleo; de manera muy especial, sobre aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como inmigrantes, discapacitadas, exclusión social, etcétera. No es posible recuperar a una mujer que haya sufrido violencia de género si la recuperación no se hace de manera integral y si las medidas no se ajustan a sus circunstancias.
Promoveremos la evaluación y mejora de los instrumentos de coordinación; la creación de una comisión de seguimiento de las medidas y actuaciones sobre la violencia de género con todos los ministerios responsables de la ley y el establecimiento de vías de coordinación y cooperación entre los institutos de medicina legal y los sistemas públicos de salud, promoviendo unidades sanitarias de violencia de género con la creación de una base de datos común.


Como saben, en el último año se pusieron en marcha unidades de violencia de género en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Ahora queremos potenciarlas con la cooperación activa de otras administraciones. Queremos que haya más recursos personales y materiales y más coordinación, para poder llevar a cabo un mejor seguimiento de los casos de especial riesgo. Por otra parte, la atención a las víctimas de la violencia de género no debe dirigirse solo a las personas que reciben el impacto del golpe, pues no son solo ellas las que sufren las consecuencias psicológicas de la denominada exposición a la violencia. En este sentido, el ministerio promoverá también el desarrollo de protocolos y la instauración de medidas dirigidas a la atención de menores víctimas de la violencia de género. En el Ministerio de Igualdad somos conscientes de que hay que mejorar la respuesta profesional. Por eso vamos a insistir en la formación continuada de los profesionales que atienden los casos de violencia de género. Esta medida irá acompañada de un diagnóstico de las necesidades de cada grupo de profesionales y se implementará de forma progresiva en colaboración con otros ministerios y con las comunidades autónomas.


El cuarto objetivo es fomentar la investigación y gestión del conocimiento sobre la violencia, ya que no hay posibilidad de avanzar en la lucha contra esta lacra sin tener conocimiento de sus manifestaciones y del impacto de las diferentes medidas implementadas, máxime cuando el abordaje debe hacerse desde diferentes perspectivas y por parte de diferentes administraciones. La coordinación y dirección exigible al ministerio ha de estructurarse sobre un conocimiento exacto del fenómeno y sus variaciones y hacerlo a tiempo real. Para conseguir este objetivo, el ministerio, a través de la Delegación para la Violencia de Género, promocionará la labor del Observatorio estatal contra la violencia de género. Asimismo se creará un sistema de información y asesoramiento telemático para profesionales, asociaciones, expertos y expertas que necesiten disponer de la información de la base de datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a través de la

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creación de una plataforma digital. Queremos además elaborar una publicación científica de carácter periódico, en la que se reflejarán los avances en el conocimiento de la violencia de género.


Erradicar la lacra de la violencia de género exige además ir al origen y a la causa que la provoca y eso significa actuar sobre quienes la originan.
Por ello, otro de nuestros objetivos es contribuir con políticas preventivas a otro modelo de masculinidad desde el que establecer las relaciones de pareja sobre unas nuevas referencias. La implicación y el compromiso de los hombres en esta lucha es imprescindible. Vamos a promover el debate y la reflexión sobre los nuevos roles de los hombres en la sociedad del siglo XXI. Pondremos en marcha un teléfono de información para los hombres que les ayude, entre otras cosas, a resolver de forma pacífica las cuestiones surgidas en los conflictos de pareja en vez de recurrir a la violencia. Cuando la violencia se haya producido, junto a la sanción penal, tal y como recoge la propia Ley integral, continuaremos con el impulso de los programas de reeducación extrapenitenciaria y, en colaboración con el Ministerio del Interior, propondremos los criterios comunes de carácter básico que deben seguirse en los mismos para acercarnos a los objetivos de reeducación y minimización del riesgo.


Señorías, la segunda prioridad del ministerio en materia de igualdad entre hombres y mujeres será sin duda la lucha contra la discriminación laboral de las mujeres. Aunque en la pasada legislatura hayamos conseguido incrementar significativamente las cuotas de empleo femenino, la inestabilidad, la temporalidad, la precariedad y las diferencias retributivas siguen siendo un lastre demasiado pesado e injusto que condiciona la vida de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. Solo les diré que, mientras la tasa de actividad masculina es de casi el 70 por ciento, la femenina apenas llega al 50 por ciento. Estos datos nos remiten a la profunda asimetría de género en el mercado laboral y a la necesidad imperiosa de corregir esta desigualdad, no solo por una cuestión obvia de justicia social, sino también desde la perspectiva de la eficiencia y de la rentabilidad económica. Numerosos estudios evidencian las pérdidas en producción que ocasiona la menor tasa de actividad de las mujeres respecto a los hombres. Se estima que, si estas dos tasas se igualasen, el volumen del producto interior bruto español sería un 19 por ciento más elevado de lo que es en la actualidad. Ya en la cumbre europea de Lisboa, en 2000, se propuso como meta convertirnos en una economía basada en el conocimiento, competitiva y dinámica, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y con mayor cohesión social y esto pasa inexcusablemente por un uso más eficiente del capital humano, de hombres y mujeres, sobre todo de estas últimas, de las que se está desaprovechando socialmente gran parte de su potencial productivo.


El desafío no es solo de éxito en la coyuntura, sino de sostenibilidad del modelo a largo plazo. Esta sostenibilidad depende en gran medida de la pirámide demográfica. Las sociedades que envejecen mucho incrementan las cargas que deben soportar y pierden capacidad, por lo que resulta imprescindible aumentar la natalidad. De nuevo nos encontramos con el papel determinante de las mujeres, imprescindible para el éxito del modelo e insustituible para su sostenibilidad. Por ello existe la necesidad de redefinir las relaciones entre los ámbitos público y privado, asentar un nuevo modelo social que asuma la corresponsabilidad como eje vertebrador de una sociedad más humana, más rentable, comprometida con su futuro y plenamente igualitaria. Para avanzar en la igualdad en el empleo, pondremos en marcha todos los instrumentos que la Ley de Igualdad nos ofrece y vamos a trabajar coordinadamente con el Ministerio de Trabajo para definir la estrategia de empleo para los próximos años, incorporando la igualdad en uno de los ejes centrales de esa estrategia.


Una de las cuestiones más importantes, sin duda, será integrar en la negociación colectiva la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en el trabajo, como condición para favorecer el acceso al empleo de las mujeres. Los convenios colectivos deben ser un potente instrumento para la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el trabajo mediante la negociación de planes de igualdad.
Saben SS.SS. que la Ley de Igualdad recoge la obligación de negociar, pero no la obligación de convenir. Por ello, trabajaremos coordinadamente con el Ministerio de Trabajo e Inmigración y con los agentes sociales para promocionar las políticas de igualdad en la negociación colectiva mediante la integración de los planes de igualdad en la mesa del diálogo social. Asimismo, se introducirán en el ámbito de la negociación colectiva políticas de prevención y tratamiento del acoso sexual, así como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas y protocolos de actuación. Favoreceremos la adopción de medidas de igualdad en las pymes, que representan más del 90 por ciento del tejido empresarial de nuestro país. En este sentido, próximamente se publicará una convocatoria de ayudas dirigidas a estas empresas para la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad.


Otro de nuestros objetivos es crear estímulos para las empresas como el distintivo de igualdad, en tanto que marca de excelencia y exponente de que la implicación de la empresa en las políticas de igualdad es compatible con las más altas tasas de productividad. Con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la ley, impulsaremos en el seno de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social unidades especializadas en el asesoramiento y prevención de la discriminación en el trabajo y en el empleo, así como en el control de actuaciones discriminatorias. Saben SS.SS. que la discriminación directa e indirecta obstaculiza el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, pues está profundamente arraigada en el imaginario colectivo.


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En línea con lo que les he dicho, consideramos que la formación debe ser una de las líneas estratégicas para la igualdad en el empleo. Por eso, es objetivo del ministerio llegar a un acuerdo nacional de programas formativos de inserción laboral de las mujeres. En el mismo sentido, también es nuestro objetivo que todos los cursos de formación del INAP incorporen un módulo obligatorio sobre género y políticas de igualdad. En el desarrollo y diseño de este acuerdo nacional se tendrán en especial consideración los grupos de mujeres con más dificultad para encontrar un empleo, como las mujeres de más de 45 años, las mujeres víctimas de la violencia de género -quiero anunciar que próximamente pondremos en marcha un plan de empleo específico para mujeres víctimas-, mujeres desprofesionalizadas por haber abandonado el trabajo durante largos periodos de tiempo para atender a hijos, hijas o familiares dependientes, mujeres jóvenes con baja cualificación profesional, mujeres del ámbito rural, mujeres inmigrantes y mujeres que desean abandonar la prostitución. Promoveremos en las empresas de más de 250 trabajadores programas de formación y promoción de las mujeres para la dirección empresarial y foros de encuentro y reflexión entre empresas, sindicatos y administraciones públicas sobre la situación de las mujeres en el mundo de la empresa. Además de mejorar las condiciones de empleo de las mujeres se incentivará el fomento a la creación de empresas, el trabajo autónomo y la creación de cooperativas y empresas de trabajo asociado para las mujeres. Para ello reforzaremos las líneas de microcréditos y los programas de tutorización para sus proyectos a las mujeres emprendedoras.


Otro eje trascendental en el campo de la igualdad laboral es el de la conciliación y la corresponsabilidad. Vamos a poner en marcha campañas de corresponsabilidad social dirigidas a mentalizar a la opinión pública de que no solo los poderes públicos están obligados a promover políticas de igualdad, sino que cada ciudadano y ciudadana es parte importantísima de esas políticas, especialmente a la hora de promover la corresponsabilidad en el ámbito familiar y de que, sin esa participación, sin un modelo de convivencia familiar y social más igualitario, las medidas que adopten los poderes públicos pueden surtir efectos incluso contrarios a los pretendidos.


El reto de la legislatura es no solo que cada vez más mujeres tengan la oportunidad de trabajar, sino que las jóvenes que se incorporen al mercado de trabajo lo hagan sin tener que renunciar a su maternidad, en un contexto además que favorezca la corresponsabilidad social y familiar de la maternidad. A lo largo de esta legislatura, con el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ampliaremos de 16 a 18 semanas la duración del permiso de maternidad por nacimiento del segundo hijo, en el caso de familias monoparentales, y a 20 semanas a partir del tercer hijo.
Asimismo, ampliaremos la duración del permiso de paternidad de 2 a 4 semanas.


Otro de nuestros objetivos es mejorar las condiciones de las trabajadoras del servicio doméstico, que desarrollan su actividad con clara desventaja. Vamos a impulsar, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, una nueva regulación del trabajo doméstico para su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, con el fin de terminar con la discriminación que sufren estas trabajadoras, muchas de ellas inmigrantes, y de mejorar las prestaciones, los contratos de trabajo y las condiciones laborales.


Al Ministerio de Igualdad también le preocupan las mujeres con problemas de renta. Continuando con la mejora de los derechos de protección social de las mujeres, quiero comunicarles que las personas viudas y pensionistas que vivan solas y con bajos ingresos verán incrementadas sus pensiones alrededor de 200 euros en esta legislatura. Y también, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, aprobaremos un plan para la integración sociolaboral de mujeres inmigrantes, así como otro para personas transexuales. Con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, aprobaremos un plan director para impulsar la igualdad en la sociedad de la información y con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino impulsaremos y aplicaremos el Plan de igualdad de oportunidades para el medio rural, recientemente aprobado.


Señorías, este año se cumple el 25o aniversario del Instituto de la Mujer.
Ese primer organismo de igualdad se creó en España gracias al esfuerzo de muchas mujeres que exigieron llevar al Gobierno y a las políticas públicas las vindicaciones políticas de las mujeres. Es un acto de justicia histórica reconocer al movimiento feminista el impulso político en la defensa de los derechos de las mujeres y a Carlota Bustelo, primera directora del Instituto de la Mujer, sus esfuerzos por hacer realidad estas demandas. Este organismo ha sido, a lo largo de este tiempo, una institución fundamental en los cambios que se han ido produciendo en el tratamiento y valoración de las mujeres españolas. Después de este 25o cumpleaños, creemos que es el momento de darle un nuevo impulso. Para eso vamos a plantear a final de año una modificación de la ley de creación para adaptarlo a una nueva reordenación de sus funciones y políticas. El Instituto de la Mujer ha sido, y seguirá siendo, un organismo de referencia para las mujeres. En esta nueva etapa, se pretende potenciar la colaboración con el movimiento asociativo, favoreciendo su implicación en la puesta en marcha y desarrollo de las políticas de igualdad. En la presente legislatura vamos a crear el consejo de participación de las mujeres, y el instituto tendrá gran relevancia en este proceso. Esta institución potenciará su función en el campo de la sensibilización y concienciación con campañas que promuevan aquellos valores que refuerzan los derechos y autonomía de las mujeres. Y, al mismo tiempo, se ocupará de realizar y elaborar informes y estudios que nos permitan indagar sobre aquellas realidades sociales que afectan y tienen más impacto sobre la vida de las mujeres. El instituto se configura como un

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gran centro de gestión de conocimiento, de formación y de evaluación de las políticas públicas de igualdad. Estamos estudiando el traslado de la sede física del Instituto de la Mujer a un edificio más céntrico y también estamos dando los primeros pasos en la creación de una biblioteca de mujeres en la que se incluyan todo tipo de producciones realizadas por, para y sobre mujeres. Y, a partir de ahí, el objetivo es establecer una red de centros con las mismas características que esta biblioteca.


Señoras y señores diputados, no voy a obviar un asunto tan importante como es la interrupción voluntaria del embarazo, que ha despertado de nuevo polémica en los últimos meses por los motivos que todas SS.SS. conocen.
La vicepresidenta primera del Gobierno, en su comparecencia, reafirmó la voluntad del Gobierno de seguir trabajando por preservar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Confirmó que el Gobierno permanecerá atento a toda vulneración que pueda producirse en el ámbito de la protección de la intimidad: un espacio personal y privado, libre de toda injerencia de poderes, uno de los fundamentos mismos de nuestro sistema democrático y en el que solo una o uno mismo es soberano de su propia vida. Así, promoveremos la reflexión, con la creación de un grupo de expertos y expertas, sobre la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la posibilidad de modificarla con el fin de garantizar la equidad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria. Todo ello, en el marco de una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva, como ha anunciado el ministro de Sanidad, que diferencie sexualidad de reproducción, que incluya todos los aspectos relacionados con la preparación para la concepción y los nuevos usos de la reproducción asistida, la profundización en la prevención de embarazos no deseados, el impulso de la implicación de los padres en los programas de preparación al parto y de salud infantil, la creación de un portal de información de salud a las mujeres y la inclusión de programas de investigación en salud y equidad, con especial énfasis en género, etnia y discapacidad.


Señora presidenta, señorías, decía al principio que este ministerio no solo va a desarrollar políticas de igualdad entre hombres y mujeres, sino que va a ocuparse de la eliminación de todo tipo de discriminación.
Nuestra primera acción en este sentido va a ser elaborar y presentar una ley integral de igualdad de trato, que aborde la discriminación en todos los ámbitos y por cualquier motivo en nuestra sociedad. Una ley que, junto con las aprobadas en la legislatura anterior, situará a España en la vanguardia internacional en derecho antidiscriminatorio. La ley ofrecerá un enfoque global para erradicar la discriminación en nuestra sociedad, tanto directa como indirecta, por motivos de religión o creencias, discapacidad, edad, sexo, orientación sexual u origen racial o étnico, de conformidad con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Trabajaremos en esta iniciativa legislativa en coordinación con los ministerios con competencia en los distintos ámbitos de actuación, procurando el apoyo y la implicación de las demás administraciones públicas, así como de las organizaciones y entidades vinculadas con la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación. La futura ley está llamada a profundizar en la ampliación de los derechos de ciudadanía y ser, al mismo tiempo, un instrumento adecuado y novedoso para el reconocimiento de la diversidad como activo social. Una ley de la que seremos beneficiarios todos, la sociedad española en su conjunto. Una ley que nos permitirá seguir avanzando con determinación por el camino de la igualdad real y efectiva.


En relación con otro problema social muy relevante, como es el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, gracias a las aportaciones de la anterior Comisión mixta, el Gobierno ya tiene ultimado un plan integral contra la trata internacional de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente mujeres, niños y niñas. Este plan incluye medidas de prevención, sensibilización, educación y formación, asistencia y protección a las víctimas y coordinación y cooperación interior e internacional. Señorías, ser joven nunca fue fácil, pero hoy en día la juventud se enfrenta a nuevos retos que es preciso que abordemos con voluntad decidida y acciones transversales. Las políticas destinadas a la juventud, que vamos a desarrollar durante la próxima legislatura, serán políticas diseñadas con la participación real de los jóvenes y en permanente diálogo con ellos. Asimismo, se desarrollarán con la acción decisiva de las comunidades autónomas y entidades locales, con lealtad institucional y respeto a las competencias. La colaboración, tanto entre ministerios como con el resto de administraciones públicas, será la seña de identidad de las políticas de juventud durante la presente legislatura. Una de las tareas que tenemos por delante es suscitar un debate sobre el papel que las políticas públicas de juventud deben tener en este momento y el papel de quienes intervienen en ellas para relacionarlas con las condiciones de vida y expectativas de la juventud en la actualidad. Ahora es el momento de consolidar las medidas de la pasada legislatura, que han generado más oportunidades de emancipación, como el acceso a la vivienda, la formación o el empleo. Sin embargo, queremos ampliar nuevos instrumentos para la emancipación y que los recursos sean accesibles a todos. Para ello impulsaremos una red de oficinas de emancipación joven en los municipios de más de 50.000 habitantes. Desde esas oficinas apostaremos por la promoción del alquiler como la mejor fórmula inicial para acceder a la primera vivienda -les recuerdo que 130.000 jóvenes han solicitado la renta básica de emancipación-. A través de la Comisión tripartita para el empleo joven, apostaremos por la promoción de un empleo digno y estable para los jóvenes y plantearemos cara a la precariedad. Igualmente abordaremos la elaboración de un plan estratégico para el fomento de la cultura emprendedora. Apostaremos por la creación y por el arte alternativo y experimental como una forma de innovación y de generar valor social y oportunidades de negocio entre los jóvenes. Pondremos

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en marcha una red de cooperación e innovación territorial con la creación de una carta de calidad de los servicios e instalaciones destinados a la juventud. Potenciaremos programas de actuación junto a las comunidades autónomas para jóvenes mayores de 18 años que hayan estado tutelados por la Administración. La salud de los jóvenes es otra de las grandes preocupaciones de este ministerio. La información y la prevención son herramientas clave en la promoción de la salud en este colectivo. Vamos a centrar nuestros esfuerzos en promover programas de salud sexual y reproductiva, con especial atención a la prevención de embarazos no deseados. También pondremos en marcha programas para fomentar hábitos de vida saludables que eviten el consumo de alcohol, de tabaco y otras dependencias y que reduzcan los riesgos asociados; buenos hábitos alimentarios -desarrollaremos acciones para combatir la anorexia y la bulimia-, y también incidiremos en los jóvenes como agentes fundamentales en los programas de seguridad vial. La participación activa de la juventud en nuestra sociedad es un elemento clave para el crecimiento de cualquier sistema democrático. Para ello promoveremos acciones que fortalezcan el asociacionismo juvenil como uno de los mayores cauces para esta participación. Es necesario dar un mayor impulso al Consejo de la Juventud de España como dinamizador del movimiento asociativo joven.
Prestaremos especial atención a la participación de jóvenes inmigrantes.


Vivimos una época de cambios, algunos irreversibles: cambios tecnológicos, cambios climáticos, cambios sociodemográficos y cambios que tienen que ver con la identidad cultural. Los valores y las actitudes de la juventud de hoy, las alianzas sociales e ideológicas que sean capaces de establecer y su universo de valores van a determinar la forma en que afrontemos, aprovechemos o sucumbamos ante esos cambios. Desde el Ministerio de Igualdad vamos a trabajar intensamente para conseguir que la generación mejor formada de nuestra historia pueda aportar al sistema productivo y a la cultura el enorme potencial del que dispone y para hacer posible que ningún joven, viva donde viva, tenga mermada su capacidad de estudio, formación, emancipación y realización personal por falta de recursos.


En el ámbito internacional estamos en una legislatura decisiva en políticas de juventud. A finales de octubre se celebrará en El Salvador la cumbre Iberoamericana, que lleva por título "Juventud y Desarrollo" y, como saben, 2008 es el año iberoamericano de la juventud. Desde el Ministerio de Igualdad estamos trabajando para que en el documento que aprueben en dicha cumbre los jefes y jefas de Estado y de Gobierno se recojan los problemas reales de la juventud iberoamericana y para que éstos se concreten en medidas. Precisamente los pasados días 5 y 6 de junio he participado en El Salvador en la II Conferencia de Género, reunión sectorial previa a la cumbre, y allí hemos decidido poner en marcha un programa de información, prevención y sensibilización sobre la violencia de género destinada a las personas jóvenes en Iberoamérica.
También se ha consensuado la necesidad de establecer medidas, especialmente desde el ámbito educativo, para prevenir los problemas respecto a salud sexual y reproductiva de la juventud, particularmente de las mujeres jóvenes, como los embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión sexual, incluido el sida. Del mismo modo, el horizonte de la Presidencia española de la Unión Europea marca la necesidad de dar nuevos pasos en la construcción de la ciudadanía europea. Esta, necesariamente, pasa por la igualdad de género y por la incorporación de nuestra juventud a ese futuro compartido que queremos para Europa. Que nuestros jóvenes se relacionen más intensamente con el resto de personas jóvenes europeas será otra de nuestras metas. Para ello, potenciaremos los programas europeos destinados a juventud. Que las políticas de igualdad impregnen toda la normativa europea, como así ha ido ocurriendo hasta ahora, pero con una especial mirada a la lucha conjunta contra la violencia de género, estará también entre nuestros objetivos.


Señoras y señores diputados, este año celebramos el trigésimo aniversario de nuestra Constitución. Es una verdad celebrada y compartida por todas y todos que nuestra sociedad ha dado un paso de gigante desde entonces.
Hemos crecido en bienestar en libertad y, también, en igualdad. Tenemos más derechos y vivimos mejor. Disponemos de más recursos económicos y políticos. Tenemos más y mejor acceso a la cultura. Y es que en 1978 los hombres y las mujeres de este país pusieron las bases democráticas de nuestra sociedad cuando aprobaron la Constitución. La libertad y la igualdad son los principios éticos y políticos que inspiran y alientan nuestra Carta Magna, y esos mismos principios son la médula de nuestra democracia. Sin embargo, la ley no puede agotarse en su dimensión formal y procedimental. El principio de igualdad, para serlo de verdad, debe desarrollarse corrigiendo desigualdades y discriminaciones. La igualdad formal debe caminar en la dirección de la igualdad sustantiva que protege nuestra Constitución. En este sentido, el artículo 9.2 de nuestra norma fundamental es una apelación a la política para que incluya la realización de una auténtica política de derechos. Una política que ponga las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque el objetivo político de los derechos es garantizar la autonomía individual y el libre desarrollo de la individualidad de cada ciudadano y ciudadana frente a los obstáculos, los prejuicios o las imposiciones que les niegan su condición de personas libres e iguales. Hemos avanzado mucho en estos treinta años, pero queda mucho camino por recorrer. Y modestamente, eso es lo que queremos desde este ministerio: colaborar con todas las instituciones del Estado y con la sociedad civil para poner derechos donde hay discriminación y recursos donde hay desigualdad.


Para finalizar, quiero agradecer a SS.SS. la atención que me han prestado.
Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros de esta Comisión será muy relevante a la hora de conseguir los objetivos

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que la sociedad española nos está reclamando. También espero que el consenso presida todas aquellas cuestiones que signifiquen una ampliación de los derechos y los recursos que les corresponden a las mujeres, a la juventud y a los colectivos de personas en situación de vulnerabilidad.
En esa tarea encontrarán en el Ministerio de Igualdad que presido todo mi apoyo. Y no duden de que estaré a disposición de SS.SS. siempre que así lo requieran.


Quiero concluir, definitivamente, con una reflexión que será el referente ético y político de este ministerio: una sociedad que reduce la desigualdad es una sociedad que amplía y mejora la calidad de la democracia. A esta tarea me dedicaré sin descanso.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra, por su informe.


Como SS.SS. saben, el debate que en este momento tenemos en esta Comisión se regula por el artículo 203.2 de nuestro Reglamento, así que los portavoces que van a intervenir a continuación conocen que el tiempo del que disponen es de diez minutos. Como en esta sala no existe de ningún tablero electrónico visible para SS.SS. en el uso del tiempo, les pido que se autocontrolen y si me lo permiten, cuando les vaya faltando un minuto -dado que yo sí que lo veo en el tablero que dispone la mesa- se lo advertiré para que puedan hacer un uso relajado del tiempo del que disponen que, repito, es de diez minutos. Tal y como decía al principio de esta sesión, lo haremos de mayor a menor, cerrando el turno de los portavoces el Grupo Socialista, por lo que corresponde ahora en nombre del Grupo Popular tomar la palabra a la señora Moneo Díez.


La señora MONEO DÍEZ: Señora ministra, en primer lugar, como no podía ser de otra forma, quiero darle la bienvenida a esta Comisión en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Debo decirle que esperábamos con cierta expectativa su intervención. Hace cerca de dos meses que fue nombrada ministra, el mundo ha seguido su rumbo, las políticas han tenido que continuar en su aplicación y muy poco hemos conocido de usted en estos dos meses, quizás algún viaje internacional o alguna videoconferencia, pero S.S. estará de acuerdo conmigo en que las políticas de igualdad necesitan algo más que símbolos y gestos mediáticos.


Las expectativas que expresaba respecto a esta Comisión las he visto un poco frustrantes, por una cuestión: no existe concordancia entre lo que usted plantea y lo que el Partido Socialista ha venido haciendo en estos cuatro años. Para creer que van a apostar por la política de igualdad, tendríamos que hacer un ejercicio de amnesia verdaderamente importante. A esto hay que unir el presupuesto con el que cuenta su ministerio. Usted viene a esta Comisión con un presupuestos de 43 millones de euros de aquí a final de año; viene a esta Comisión como responsable de un ministerio que ha ido recogiendo competencias de organismos distribuidos por otros ministerios; viene a esta Comisión con un discurso interesante y cargado de buenas intenciones, pero como la experiencia nos enseña que las palabras se las lleva el viento, nosotros queremos hechos, y los hechos a día de hoy son que existen dos leyes encima de la mesa, la Ley integral contra la violencia de género y la Ley de Igualdad, aprobadas por el anterior Gobierno socialista, el partido político al que usted pertenece, que ni han dado los frutos, ni han cubierto las expectativas, ni han mejorado la vida de los hombres y de las mujeres de este país.


Voy a empezar por la violencia de género, por supuesto sin olvidar a la última de las víctimas de esta terrible lacra social. Señora ministra, a pesar de las buenas intenciones y del discurso que usted ha hecho aquí, la realidad es la que es, y la Ley integral contra la violencia de género, la ley de la que disponemos, no ha dado los resultados precisos.
No los ha dado, primero, porque tenía ciertas carencias. Le habrán informado de que el Grupo Popular, en un ejercicio de responsabilidad, compartiendo con otros grupos el hecho de que en la lucha contra la violencia de género tenemos que aunar todos nuestros esfuerzos, apoyó esta ley a pesar de que el Grupo Socialista se negó a aceptar una de nuestras principales iniciativas y reivindicaciones, que aún mantenemos, que es la necesaria protección de las mujeres. Nosotros propusimos un plan de protección personalizado, un plan que, por cierto, algunas comunidades autónomas están poniendo en marcha con efectivos propios, que no con efectivos del Estado; un plan que, como le decía, señora ministra, fue guardado por el ministerio y, evidentemente, no fue recogido en la ley. Tres años después de que la ley entrase en vigor, tenemos una realidad verdaderamente deplorable. Tenemos juzgados de Violencia sobre la Mujer colapsados, y esta no es una afirmación que realice el Grupo Popular, sino que lo repiten continuamente los jueces y los responsables de la Justicia en este país. Es cierto que durante esta etapa ustedes han creado juzgados de Violencia sobre la Mujer, pero usted sabe que ocho de cada diez de los actualmente vigentes comparten competencias con otras materias, como civil y penal. Por cierto, he leído en un medio de comunicación su intención de ampliar el número de juzgados. A mi grupo le gustaría saber el criterio que se va a seguir para la distribución de estos juzgados, porque, señora ministra, mientras hay comunidades autónomas que disponen de un buen número de juzgados de Violencia sobre la Mujer, hay otras comunidades autónomas que disponen de un único juzgado. En esa España de la igualdad que usted como ministra defiende, supongo que velará para que en una prestación tan necesaria como son los juzgados de Violencia sobre la Mujer, a la que tienen que tener acceso todas las mujeres que son víctimas de violencia, no exista discriminación alguna según comunidades autónomas. Sobre la protección de las víctimas, usted sabe que es insuficiente. Sabe que hay un protocolo que establece que cada

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policía perteneciente a las unidades de protección tiene que tener a su atención como máximo diez mujeres de riesgo alto. La media en España es actualmente de un policía por 250 mujeres, y en grandes ciudades un policía por más de 2.000 mujeres. Nos gustaría saber, dentro de esas buenas intenciones, cómo piensa resolver esta cuestión el Ministerio de Igualdad.


Plan de Prevención y Sensibilización, al que usted ha hecho referencia. En primer lugar, es un plan importante para el desarrollo de la ley, pero tardó dos años en ponerse en marcha, y cuya evaluación tenía que haber estado realizada a finales del año 2007. Agradecemos que vayan a presentar esa evaluación que llega, por cierto, con seis meses de retraso. Por último, en cuanto a la evaluación de la ley, nos enteramos a través de los medios de comunicación que se iba a producir esa evaluación de la ley. La ley se evalúa porque la propia ley obliga al Gobierno a realizar esta evaluación, evaluación que tenía que haberse realizado ya.
Dice que ustedes lo van a someter a la consideración de la conferencia sectorial el próximo día 19 de junio. Hace escasamente dos semanas, el pasado 19 de mayo, fue cuando solicitaron a las comunidades autónomas el informe de sus actividades para completar este plan. El retraso es considerable y, sobre todo y más allá de la medida, tenemos una evaluación muy clara, que las mujeres siguen muriendo. Las cifras de mujeres víctimas de violencia no se reducen; las denuncias pueden irse incrementando, pero siete de cada diez mujeres -y usted lo sabe bien- que han muerto asesinadas, víctimas de este tipo de violencia, no habían denunciado. Por tanto, algo se estará produciendo en la ley, algo se estará haciendo mal, algo ocurre cuando las mujeres no denuncian o no denuncian tanto como debieran.


Con todo el respeto, permítame que le diga que no compartimos esa afirmación que usted realizó de que este Gobierno lo tiene claro y que las cifras de los últimos años nos dan motivos para la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde y, desde luego, siempre encontrará al Grupo Popular en la esperanza, pero no tengo tan seguro que el Gobierno tenga tan claro lo que quiere hacer. Por lo pronto, porque en ese bloque de medidas de violencia que ha planteado falta la principal: hay que designar más efectivos, hay que designar más recursos, hay que conseguir que los juzgados dejen de estar colapsados y hay que poner más efectivos y más protección directa a las mujeres. Negar esta evidencia es no vivir en el mundo real y no nos gustaría que usted, ministra, que se estrena hoy en esta Comisión, siga la senda del anterior ministro, la de la propaganda y el poco esfuerzo, porque aprobar una ley que no funciona y no enmendarla, no puede dar motivos ni para la esperanza ni para erradicar la violencia de género. (Una señora diputada: ¡Zaplana!) Permítame que hable también de la Ley de Igualdad. Ha dicho en esta Comisión que uno de sus principales objetivos en esta legislatura va a ser la Ley de Igualdad. Sabe que el Grupo Popular se abstuvo en la Ley de Igualdad; se abstuvo porque aun compartiendo los principios considerábamos que tenía importantes carencias, que era una ley impositiva, que dejaba vacía de contenido una de las principales necesidades que tiene la sociedad española.


La señora PRESIDENTA: Señora Moneo, le queda un minuto. Se lo aviso para que administre su tiempo.


La señora MONEO DÍEZ: Lo voy a tener que administrar muy bien, señora presidenta.


Como le decía, la Ley de Igualdad era una ley, a nuestro juicio, vacía de contenido y que no incidía en la conciliación de la vida familiar y laboral. En esta Ley de Igualdad, pusieron especial interés en una serie de cuestiones, especialmente en las políticas de cuotas. Solo le pongo un ejemplo, porque ni siquiera aquello de lo que ustedes han hecho bandera se ha mostrado efectivo: hoy, el Grupo Socialista, sin ir más lejos, tiene tres diputadas menos que en la pasada legislatura, el Grupo Popular, tiene tres diputadas más. (Risas.-Rumores.); pero es que la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las empresas representa apenas un 6,7 por ciento. Esta ley tampoco ha conseguido apoyar la incorporación de la mujer.Y yo le pediría un poco de flexibilidad, señora presidenta, dada la extensión que ha tenido la señora ministra.


Esta ley tampoco ha servido para incorporar plenamente o para erradicar esa barrera de la incorporación de la mujer al mercado laboral. Sabe usted que nosotros tenemos una brecha, de las más altas de Europa, entre lo que es empleo femenino y empleo masculino, de más de 21 puntos. Solo nos superan Malta, Grecia e Italia. En la EPA del primer trimestre de 2008 trabajan ocho millones de mujeres pero trabajan doce millones de hombres. Lo cierto es que el número de mujeres paradas ha crecido un 8,49 por ciento desde el año pasado, la temporalidad se ceba en ellas y más del 87 por ciento de las mismas -y es un informe del Ministerio de Economía y Hacienda- declaran sentirse discriminadas o haber sufrido discriminación salarial, es decir por igual trabajo diferente salario entre hombres y mujeres. Y si algo tenemos claro, señora ministra, es que las mujeres queremos permanecer en el mercado laboral. Estar y permanecer en el mercado laboral, a pesar de que tenemos serias dificultades, a pesar de que muchas veces tenemos que renunciar a nuestra vida familiar por una vida profesional, a pesar de que las retribuciones salariales son inferiores para nosotras que para los hombres. Pero usted sabe, señora ministra, que la llamada conciliación se ha convertido en una prioridad no solo en las políticas de igualdad sino en las políticas de empleo de toda Europa; por tanto le agradezco que haya hecho en esta Comisión una referencia a la política de conciliación, más teniendo en cuenta que cuando se debatió la Ley de Igualdad el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de un bloque en concreto, que pretendía la plena conciliación de la vida familiar, laboral y personal

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con medidas muy, muy concretas, y ustedes, hace escasamente un año, lo rechazaron.


Mire, señora ministra, como el tiempo apremia le diré que en el grupo al que represento estamos a favor de la igualdad, pero estamos a favor de la igualdad real, no de la igualdad que se queda en las palabras o de la igualdad que se conforma con aprobar leyes para luego dejarlas en el olvido, sino de medidas concretas para lograr esa plena igualdad entre hombres y mujeres. Entiendo que usted ha hablado con sus compañeros del Consejo de Ministros, con el señor Corbacho, para decirle que las políticas de empleo evidentemente las va a tener que desarrollar usted, la propuesta y ejecución de esas políticas. Supongo que también habrá hablado con la ministra de Educación, porque hace escasas fechas se firmó una convocatoria de becas por parte de su ministerio para ayudas a estudiantes en residencias, colegios mayores; en el Ministerio de Igualdad no sabían nada de esa convocatoria y en el Ministerio de Educación dijeron que la competencia en materia de becas la tenían ellos exclusivamente. También supongo que habrá hablado con don Bernat Soria -al que ha hecho usted referencia- para poner en marcha esa estrategia nacional de salud sexual y reproductiva. Quiero decir con esto, señora ministra, que lo que esperamos también de este ministerio es coordinación. Ha hecho referencia a la transversalidad, pero para aplicar esa transversalidad tiene que exigirse una coordinación específica y delimitar muy claramente los objetivos a los que se va a dedicar usted, las materias que va a desarrollar y qué se va a producir por parte del resto de ministerios. Si quiere que el ministerio funcione precisará de gran eficacia en todas las políticas.


Voy a finalizar, señora presidenta, diciendo que si quiere lograr acuerdos con el Grupo Popular va a tener que trabajar muy duro. Como le decía al principio de mi intervención, tenemos motivos más que suficientes para observar leyes que se han aprobado y que se han apoyado en esta Cámara, a las que hemos dado el beneficio de ese apoyo tácito, y que no han dado los resultados precisos.


La señora PRESIDENTA: Señora, Moneo, le pido que concluya en este momento.


La señora MONEO DÍEZ: No estamos dispuestos a ser ni los cómplices ni los albaceas de políticas elaboradas exclusivamente de cara a la galería.


La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señora ministra, en primer lugar quiero darle la bienvenida a esta Comisión en nombre de Convergència i Unió, su Comisión como ha señalado la presidenta. También quiero felicitarla formalmente por su ministerio y desearle los mejores éxitos en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres. No se crea, es un deseo interesado porque sus éxitos serán los éxitos de todas y también de todos. Porque desde la consideración de que la igualdad es un requisito imprescindible de una sociedad que se llama a sí misma democrática, hemos de dejar claro de una vez por todas que los temas de desigualdad, los temas de discriminación, afectan mayoritariamente a las mujeres. Es cierto, pero no pueden ser más un tema de mujeres, han de ser un tema de mujeres y de hombres porque esta desigualdad afecta a toda la ciudadanía y ofende por igual a todas las personas de bien que, como digo, se quieren llamar democráticas.


Una asignatura pendiente que hemos tenido en este largo camino que llevamos recorriendo en pos de la igualdad real es la incorporación de los hombres. Quiero felicitarla también por los nombramientos que ha hecho en su ministerio; no es un ministerio en el que los altos cargos sean ostentados exclusivamente por mujeres, mujeres valiosas y hombres valiosos, y me alegra también que en la composición de esta Comisión haya mujeres y hombres. Si no aprendemos a trabajar juntos y a considerar que este es un objetivo de todas y de todos, realmente estamos equivocando el camino. Por lo tanto, como lo considero un acierto, la quiero felicitar y decirle que en este camino hacia la igualdad real de hombres y mujeres podrá contar siempre con el grupo al que tengo el honor de representar, de Convergència i Unió.


Quiero agradecer también las informaciones que nos ha dado. La verdad es que teníamos curiosidad; he tenido muchas ocasiones para meterme en Internet y consultar la página web de su ministerio que, por cierto, todavía no existe. Le quiero decir que en la era de la sociedad de la información tres meses para construir una página realmente es mucho tiempo, tiene usted que apremiar a las personas responsables para que podamos consultar las políticas, que no dudo que se están diseñando e implementado ya en su ministerio. En ese aspecto teníamos una cierta curiosidad y expectativa. Por otro lado, vemos que su ministerio, además de la igualdad entre hombres y mujeres incorpora juventud, y ahí va mi primera pregunta: ¿por qué incorpora juventud? Usted me puede decir que las políticas son transversales, pero también lo son las de la gente mayor o las de la inmigración. ¿Por qué incorpora juventud? También incorpora a los colectivos en situación de vulnerabilidad, y le pregunto también que por qué. Yo sé que muchos sufren discriminación pero pensaba que un ministerio de igualdad tiene que tener como prioridad lo que es el eje: la igualdad, porque las mujeres no somos un sector ni somos una minoría. Somos jóvenes; somos mayores; somos de mediana edad; somos inmigrantes; somos blancas; somos negras; somos heterosexuales; somos homosexuales; somos lesbianas; y por lo tanto la sugiero, la exhorto a que el ministerio que usted dirige no pierda lo que somos las mujeres; la principal desigualdad es la desigualdad por razón de género, y en esta se basan y se estructuran todas las demás desigualdades. No es que me oponga a que usted tenga otras competencias, pero

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me gustaría saber la razón, si este es un ministerio de igualdad, si es un ministerio de no discriminación, si es un ministerio de transversalidad o si es todas esas cosas juntas y por qué no aparecen en el título del ministerio. Me gustaría que fueran, porque el objetivo principal es el de la igualdad entre hombres y mujeres.


Usted sabe que su ministerio fue recibido con algunas críticas. Se está abriendo espacio el discurso que dice que desde que las mujeres hemos conseguido la igualdad legal la desigualdad ha desaparecido; es más, es un discurso que sigue y que dice que en realidad casi, casi están discriminados los hombres. Hemos de remitirnos a los datos, que es lo cierto y lo riguroso, y si consultamos cualquier estadística fiable veremos que la violencia de género, la discriminación laboral, la dificultad en la promoción laboral, las dificultades de conciliación, que la pobreza, que las pensiones más bajas siguen afectando de manera general a las mujeres. No niego que pueda haber hombres que estén discriminados, claro que sí, pero el fenómeno sigue siendo que hay una desigualdad real entre los dos géneros. Por eso, también le digo que hubiera preferido que no se hubiera tenido que crear este ministerio porque ya hubiéramos conseguido la igualdad real, que eso ya fuera nuestro pan de cada día y nuestra cotidianeidad, pero realmente, como mujer y como ciudadana, me alegro porque las políticas que se han de implementar seguro que son transversales, pero me alegro de que exista el ministerio porque también sé que todo lo transversal desaparece del mapa.
Por tanto, me alegro de que haya una responsable de la coordinación.


Como mujer, me alegro, como mujer catalana hay algo que me preocupa. Le quiero trasladar esta preocupación y también la exigencia -todo lo respetuosa que pueda, pero exigencia- de que todas estas políticas se han de hacer desde el cumplimiento escrupuloso de la distribución competencial que nos hemos dado. No lo digo porque sí. Usted ha sido respetuosa en su discurso y ha hablado siempre de cooperación con las comunidades autónomas pero, por ejemplo, el artículo 153 del nuevo Estatuto de Cataluña aprobado en esta Cámara dice que la Generalitat tiene la competencia exclusiva en materia de políticas de género y la competencia exclusiva en materia de políticas de juventud. Quiero recordar aquí las sentencias del Tribunal Constitucional en las que se dice reiteradamente que el Estado, naturalmente, tiene competencias para establecer políticas básicas -lo cierto es que lo pone en el Estatuto respecto a políticas de género, no cuando habla de juventud pero sí cuando habla de políticas de género-, pero en el sentido de que han de ser realmente básicas y esto quiere decir que no han de hacer ni innecesaria ni irrelevante la legislación y las políticas que se hagan desde las comunidades autónomas.


Violencia de género. Coincido con su discurso y me gustaría trasladarle tres o cuatro pequeños apuntes. La señora Moneo, portavoz del Grupo Popular, ha dicho que le preocupan las mujeres que no denuncian. A mí también, pero me preocupa un sector de la población que es el de las mujeres que han denunciado, que teóricamente han seguido todos los pasos para llegar a librarse de la violencia y que han sido asesinadas -un tercio de las asesinadas, que me parece muchísimo sea cual sea su número-, mujeres que habían denunciado, que no habían retirado la denuncia, que la habían ratificado, que habían solicitado protección y que no habían dado su consentimiento para quebrantar la protección, es decir, que habían seguido todos y cada uno de los pasos. Usted nos ha dicho que se va a presentar el informe para ver cómo funciona la Ley de Violencia de Género y me gustaría que me diera una primicia. ¿Han analizado qué pasa en estos casos, cuál es el eslabón o los eslabones débiles de la cadena? Porque me preocupa extraordinariamente que animemos a las mujeres, que las impulsemos a realizar todos los pasos y que, desgraciadamente, haya algo que falle. ¿Qué es lo que falla? Me gustaría también que se trasladara a la población que es cierto que el número de mujeres muertas no disminuye -es dramático, dramático que hubiera una sola-; pero me gustaría también que se trasladara a la población que hay una tendencia a la disminución en el maltrato. Si nos remitimos a las macroencuestas sobre violencia de género -y digo las que se realizaron en el año 1999 y en el 2006- vemos que ha descendido, en los indicadores de maltrato técnico, es decir aquellas maltratadas se identifiquen ellas o no.


La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, le queda un minuto para cumplir los diez y algo más, porque he decidido ampliar el tiempo de intervención de todos los grupos, en parte a propuesta suya. Se lo digo para que se dosifique el tiempo.


La señora PIGEM I PALMÉS: Me gustaría que también se transmitiera a la ciudadanía que en los dos indicadores ha bajado el porcentaje, y creo también que es importante no asociar necesariamente sólo con muertes o lesiones graves la violencia, entre otras cosas porque si el mensaje que lanzamos y que se ve en los medios de comunicación es éste, hay muchas mujeres que están siendo maltratadas que no se reconocen como maltratadas, lo cual impide que denuncien en los primeros estadios de la violencia donde seguramente sería más fácil actuar. Tercer mensaje: desde el punto de vista de Convergència i Unió se ha focalizado demasiado el tema en la denuncia. El mensaje ha sido: usted denuncie y se lo arreglaremos todo, pero nos hemos olvidado de que hay muchas mujeres que no quieren separarse, que no quieren divorciarse, que no quieren que su compañero o su marido entre en la cárcel, que sólo quieren que no las peguen, y que tienen una relación con el maltratador que se escapa de lo que puede ser cualquier otra víctima que denuncie un delito. Hemos de focalizar más la prevención, la recuperación de la autonomía de la mujer maltratada, su autonomía económica por supuesto, y principalmente su autonomía emocional porque esta a

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veces es mucho más difícil de superar. Me gustaría también que nos hablara un poco más del trabajo con el agresor. Es preocupante la edad de los agresores. Si no actuamos sobre ellos podemos estar asistiendo a una serie de agresores en serie.


Usted nos ha dicho que mejoraremos los recursos económicos. ¿En cuánto los mejoraremos? Porque muchas de las competencias de prevención y de recuperación están residenciadas en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos que quieren hacerlo, pero carecen de recursos. ¿Qué recursos están previstos para esto? Ha anunciado que se nos va a dar, de acuerdo con lo que pone en la Ley de Violencia de Género, el informe preceptivo al cabo de tres años. Mi grupo parlamentario ha solicitado la creación de una subcomisión, en esta Comisión de Igualdad, para que los grupos parlamentarios podamos debatir ese informe que se nos mande, así como recibir las comparecencias de quienes creamos oportuno para poder analizar si realmente debe modificarse en algún aspecto la ley y, en caso afirmativo, en qué debe modificarse. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto.


Segundo tema, paso muy por encima: análisis de impacto de género en leyes y reglamentos. Señora ministra, es una ley que se aprobó en el año 2003, una ley que lleva seis años incumpliéndose, un año por parte del Partido Popular y cuatro años -no son seis, son cinco- por parte del Partido Socialista. Se está confundiendo el impacto de género con la no discriminación, y ya es el momento de ponerle remedio. Ha tenido que llamar la atención el propio Consejo de Estado, y dice que no se da la relevancia debida a esta cuestión que lleva camino de convertirse en un trámite meramente formal y sin contenido. Pobreza. ¿Cómo está el desarrollo del Fondo de Garantía de Alimentos Impagados? ¿Qué actuaciones se han hecho? ¿Cómo está funcionando? El tema laboral. Me preocupa que en esta cuestión estemos asistiendo a una situación no precisamente de bondad económica y sabemos que las mujeres, que muchas veces tienen los trabajos menos cualificados, son las primeras que se quedan sin trabajo.
Me gustaría saber qué políticas se van a implementar. Me gustaría saber también qué recursos se van a dotar para el tramo de 0 a 3 años. La competencia es de las comunidades autónomas, pero es evidente que sin recursos no se van a poder realizar los servicios para atender a los niños de 0 a 3 años.


La señora PRESIDENTA: Señora Pigem, ahora sí tiene que ir terminando.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señora presidenta, me quedan dos pequeños apuntes. En cuanto a los permisos de maternidad, me gustaría que nos hablase de cuándo se va a desarrollar el permiso de maternidad y paternidad de cargos electos que estaba previsto en la Ley de Igualdad.
Usted ha hablado del plan de la trata de mujeres con finalidad de prostitución. Señora ministra, ha hablado poco de prostitución. Ha tenido una intervención muy poco ideológica. El discurso de la prostitución en sí se compadece muy mal, es muy contrario al mensaje que queremos lanzar desde la Ley de Igualdad y desde la Ley de Violencia de Género. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto y si van a elaborar el informe que se aprobó en esta Cámara después de la subcomisión para hablar de la prostitución.


Por último, y ya acabo señora presidenta, me gustaría que me explicara si se ha incorporado alguna dimensión de género en la política de cooperación.


La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco, el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señora ministra, en primer lugar, agradezco su intervención y le doy la bienvenida a esta Comisión en la parte que me corresponde. Espero que su ministerio y usted misma puedan llevar a cabo todas aquellas cuestiones que ha planteado o por lo menos gran parte de ellas, unas porque así me gustaría y otras porque no sé hasta qué punto no es que no sea capaz, sino que no sé si le compete. Eso ya lo comentaremos más adelante, ya que tenemos poco tiempo y hay que administrarlo bien. En primer lugar, en otra comparecencia otro ministro comentaba lo mismo; yo no la voy a prejuzgar, yo no voy a juzgarla en su primera intervención, entre otras cosas porque, primero, no me parecería ético y, segundo, porque tampoco tengo motivos. Yo he venido aquí en nombre de mi grupo a escucharla, a ver qué nos decía, pero como usted comprenderá no es fácil tras una primera intervención hacer un análisis somero, exhaustivo, de todo lo que ha apuntado. Tampoco tenemos excesivas referencias de todos los elementos que ha indicado como para poder hacer una réplica con todas las de la ley, pero como la legislatura dura cuatro años, le garantizo que estaremos muy atentos a todo lo que se vaya ejecutando y vigilaremos hasta qué punto se lleva a cabo todo lo que usted ha prometido hoy. Esto no tiene por qué tener un atisbo de amenaza, sino todo lo contrario, puede ser para felicitarla por ello, y cuando las cosas no se hagan bien las criticaré. Por tanto, de entrada le digo que no voy a prejuzgarla y que a lo largo de la legislatura veremos qué se va haciendo.


Usted ha aplicado desde el primer momento el concepto de ministerio de transversalidad, y eso puede ser positivo o puede tener un carácter negativo, que es que no sé si va a ser -permítame la expresión- un ministerio avisador, es decir, un ministerio que va a avisar a los demás ministerios de los elementos que competen a los demás, o un ministerio ejecutor, un ministerio con política propia, con capacidad propia para ejecutar aquello que le compete. Lo primero no estaría mal, pero verdaderamente no sé si con un observatorio sería suficiente o si necesita el rango de ministerio. Y, si es ministerio, me gustaría que fuera un ministerio con capacidad ejecutora y no solo que avisase a los compañeros de otros

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ministerios de las políticas que tienen que llevar a cabo para la igualdad. Voy a contar una anécdota relacionada con el concepto de igualdad. Una compañera diputada, del Partido Socialista, me dijo hace dos semanas: ¡Ah, Agirretxea, tú también estás en la Comisión de la Mujer! Y yo le contesté: ¿Cómo que en la Comisión de la Mujer? Yo pensaba que era la Comisión de Igualdad. Y ella me dijo: Ay, perdón, ha sido un lapsus. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece muy bien que pueda existir una comisión de la mujer, estaría encantado, pero debemos concienciarnos de que es el Ministerio de Igualdad o la Comisión de Igualdad. Si es de la igualdad, es de la igualdad y la igualdad es algo mucho más que la Comisión de la Mujer. Evidentemente, lo masculino tiene que tener su presencia en la igualdad para que sea igualdad. No vamos a hacer aquí historia ni vamos a investigar quién es más feminista o quién defiende más los derechos de la mujer, pues me parece absurdo, pero el concepto de igualdad tiene que superar el ámbito puramente femenino.


Me preocupan bastantes cuestiones que usted ha comentado en su intervención. La primera parte, la parte filosófica o la parte política, ha sido una intervención llena de intenciones filosóficas que no critico, pues de una manera u otra una personalidad política tiene que tener un criterio y ese criterio puede ser filosófico. Ha estado llena de criterios generalistas, no criticables, pues la declaración de principios que usted ha hecho me ha parecido intachable, pero el asunto es que se trata de un ministerio y no de una asociación o de una ONG. Es la Administración, y la Administración no tiene que quedarse en la parte de los principios, sino que tiene que demostrar que esos principios tienen línea ejecutoria, capacidad para llevar a cabo esas cuestiones. Como bien sabe, procedo de un país -no se trata de orgullo, es una realidad- que es pionero en el tema de la igualdad. El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, acaba de cumplir veinte años; tenemos una Ley de Igualdad que, como decía el propio lehendakari, es la ley más importante que se ha aprobado en la anterior legislatura, y coincido plenamente con las palabras de mi lehendakari cuando dice que es la ley más importante que se ha aprobado. Y tenemos la Defensoría de la Igualdad, una oficina pionera -no existe en ningún otro sitio- precisamente para vigilar que se cumpla la Ley de Igualdad. La experiencia, pues, que tiene la Comunidad Autónoma de Euskadi es muy importante, y en este sentido voy a ser vigilante, repitiéndo lo que comentaba mi compañera de Convergència i Unió, para que no se reitere lo que ya hacen las comunidades autónomas, es decir, no hace falta que por obligación el Gobierno central esté presente allá donde ya existen subsidiariamente políticas que van a hacer lo mismo o que están haciendo lo mismo. Por lo tanto, en ese sentido, cooperación toda, colaboración toda, pero -como le decía a un ministro compañero suyo la semana pasada- ni imposición ni tampoco intervencionismo en aquello que no compete.


Para ir terminando sí me gustaría hacer hincapié en el apartado del maltrato. Coincido plenamente con lo que decía mi compañera de Convergència i Unió e incido un poquito más. Parece que todo lo previo está perfectamente elaborado y funciona, pero hay algo que en el camino se rompe. Los mecanismos de actuación judicial, la reincidencia, no sé si es un tema policial, si es un tema judicial o qué es lo que está ocurriendo, pero hay algo en el camino que se quiebra y no sabemos darle solución. Hay cuestiones -y lo digo como denuncia porque no sé si sirve para esta Comisión- que competen a los poderes judiciales y a los poderes policiales -al fin y al cabo hay un código penal- por lo que tendríamos que estudiar todos los fenómenos que hacen que esa cadena que hemos elaborado falle en algún momento. No sé si somos capaces de demostrar por cada caso que falla cuántos no fallan. El mayor número de denuncias no sé si quiere decir que hay más maltrato o que hay más denuncias que antes no existían. Evidentemente todo eso es así, pero también coincido con lo que se decía acerca de que tenemos varios problemas cuando, por ejemplo, la persona maltratada es aquella que no quiere que su maltratador vaya a la cárcel, o cuando la persona maltratada tiene problemas para poner una denuncia. Son cuestiones que debemos tratar muy seriamente y con mucha delicadeza, porque estamos hablando de personas con sentimientos, estamos hablando de personas con desarraigos, estamos hablando de personas con ciertos arraigos que una ley no puede romper. Por lo tanto, me parece que es algo que tendremos que tener muy en cuenta.


Sobre el empleo me gustaría sugerirle dos cuestiones. Hay algo que usted no ha mencionado y que me parece que es serio. Si verdaderamente queremos impulsar el empleo femenino, el empleo en igualdad -el empleo en igualdad es también la iniciativa para el empleo y para la empresa-, no todas las mujeres han de ser solo empleadas; deben de ser también empresarias en el mismo número. Hay muchas formas de ser empresaria, y una de ellas es ser autónoma. Usted saber perfectamente los problemas que tienen los autónomos, ¡imagínese siendo mujeres! ¿Tiene su ministerio alguna medida, algún plan para incentivar el autoempleo? La mujer empresaria, dentro de una PYME y siendo autónoma, ¿conoce todos los derechos que no tiene por el mero hecho de ser autónoma? ¿Cómo se plantea la maternidad o la conciliación familiar una mujer empresaria autónoma? Verdaderamente me parece que es una cuestión a la que se le da poca importancia, independientemente del problema general que los autónomos en sí tienen por su condición, que siendo mujer es mucho mayor.


Sobre la paternidad y la maternidad tengo solamente una cuestión que formular. ¿Por qué cuatro semanas de paternidad? ¿Por qué no seis o dieciséis o cinco o tres? ¿Es una cuestión de libre albedrío? ¿Es una cuestión de voluntad o es por algo en concreto? Usted sabe que hay aquí planteamientos que dicen incluso que la maternidad

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y la paternidad pueden ser perfectamente compatibles en el mismo tiempo.
Creo que sería una cuestión a estudiar.


Para finalizar -creo que se me está acabando el tiempo, señora presidenta, y yo seré muy obediente-, quiero decirle que nosotros no criticaremos por criticar. Sencillamente me parece que en el tema de juventud -para acabar- no se está respetando la subsidiariedad, es decir dejar que se haga lo que se está haciendo ya en las comunidades autónomas, porque tienen plenas políticas de juventud y no hace falta esa presencia otra para acabar al final haciendo lo mismo. No hagamos dualidades cuando no hacen falta. Las comunidades autónomas están ejerciendo sus políticas de juventud y están ejerciéndolas como debe ser. Y cuando el Estado no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer y no pasa nada. Al fin y al cabo, ya existe el servicio, que es lo que le sirve a la ciudadanía: que se le dé ese servicio.


Muchas gracias y espero que todas sus iniciativas puedan llevarse a cabo sin ningún problema.


La señora PRESIDENTA: En nombre de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET I COMA: En primer lugar, y al igual que los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero felicitar a la señora ministra por esta comparecencia, por inaugurar la serie -que desde nuestro grupo esperamos que continúe- de ministras en ese ministerio.
Siendo no solo obediente, sino respetuoso al máximo con el tiempo, no voy a agotarlo, entre otras cosas, porque algunas de las apreciaciones ya se han hecho anteriormente. Quiero manifestar, en primer lugar, la coincidencia casi absoluta con el discurso, con la línea ideológica que ha marcado la señora ministra. Coincidimos plenamente con el criterio de que en su ministerio el objetivo no solo sea la igualdad referida a la mujer, sino a otros colectivos. Es cierto que existe el problema de los criterios y el trabajo se puede acumular porque con un criterio muy amplio los colectivos que deberían ser atendidos pueden ser muchos, y este es un primer problema. Pero, de entrada, en el planteamiento estamos absolutamente de acuerdo. También estamos absolutamente de acuerdo con la idea de la transversalidad. Yo pensaba llamarla a usted la ministra garantía. No sé si puede ser acertado, pero, en cualquier caso, va a ser su papel, va a tener que ser la garantía de que los demás compañeros y compañeras del Consejo de Ministros estén al tanto de sus acciones, no sé si avisando, como decía el compañero del Partido Nacionalista Vasco, o bien ejecutando. En cualquier caso, su papel es importante como garantía de que esas políticas se puedan aplicar transversalmente. También me ha parecido muy correcta la apelación a la participación, más allá de que ya veremos cómo se puede concretar la participación en las acciones de su departamento, sobre todo de distintos colectivos, y en especial de las mujeres.


Es cierto que ha hablado de las comunidades autónomas, pero últimamente se suele utilizar la palabra coordinación o colaboración, y desde mi grupo -creo que no soy el único, porque más de un portavoz lo ha mencionado- vemos mejor recentralización. Seguramente ustedes no lo ven así, pero nosotros sí lo vemos, y en el caso de juventud, que también se ha comentado, nos preocupa como ejemplo de otras preocupaciones competenciales en el ámbito de su ministerio. También se ha hablado de los ayuntamientos, que evidentemente deben y tienen que decir mucho en políticas de igualdad.


Para terminar con esas coincidencias, que -insisto- son prácticamente todas a nivel de discurso, ha hecho usted una referencia -no sé si con estas palabras- a los libros de texto o al menos al mundo de la educación. Quisiera plantearle una pregunta muy concreta, seguramente no muy relevante, al lado de todo lo que se ha hablado hoy, y es qué se puede hacer desde su ministerio para eliminar lo que los profesores, sobre todo en la enseñanza primaria y secundaria, vemos que es un sexismo, yo diría que galopante -no precisamente en decadencia, sino al revés-, en los libros de texto. Ya sé que este es un tema competencialmente complicado, que compete a todos, pero evidentemente el resultado final, por poco que se analicen los libros de texto, es desolador, al menos es la impresión de nuestro grupo. Queríamos saber si tiene alguna política prevista, en coordinación, lógicamente, con las comunidades autónomas que tienen competencias, y más en el mundo de la educación, y qué plantea desde su ministerio.


Ahora vienen las dudas y preocupaciones. Una se la he expresado ya indirectamente, que es el tema competencial. Luego le pondré un ejemplo concreto de un tema que veremos mañana en el Pleno. Otra preocupación son los recursos. Usted ha relatado una lista de objetivos francamente encomiables, pero, si es cierto lo que se ha publicado en la prensa respecto a los recursos con los que va a contar su ministerio, francamente la alusión que ha hecho alguien a la galería se puede convertir en un problema para usted, y frenaría sus buenas intenciones.
Otra preocupación es la temporalidad; el enunciado ha estado muy bien. La temporalidad -como le diré después, al terminar mi intervención, también sobre un tema que veremos mañana- sigue la línea de los partidos que gobiernan -y en eso ustedes a veces no se diferencian tanto como quisiéramos del Partido Popular, cuando gobernaba- en lo de poner plazos a las acciones que se pretenden emprender. Por ejemplo, en Justicia e Interior, ¿tiene usted bien ligada -si me permite la expresión- con sus compañeros del Consejo de Ministros, sobre todo de Justicia e Interior, la coordinación para las modificaciones legales que seguramente harán falta en una de las dos leyes estrella de la pasada legislatura, sobre todo en la Ley integral contra la violencia de género?

Finalmente como también le han dicho sería injusto del todo que hoy valoráramos algo que no fuera lo que ha explicado al principio. En ese sentido, ya le he dicho que la nota es alta, pero que al final del periodo valoraremos los resultados. En las intenciones y en los enunciados

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cuenta con nuestro apoyo en el discurso ideológico, y simplemente nos tocará estar pendientes de si esta función transversal se puede cumplir realmente o no, y si se respetan las competencias de las comunidades autónomas. Si al final del periodo usted ha conseguido efectivamente ser la ministra garantía, que yo le decía, y las comunidades autónomas no se han visto postergadas con las acciones de su ministerio, seguramente la nota será -no de nuestro grupo, que es poco importante numéricamente, pero sí de la sociedad, que es lo que importa- muy alta.


Le decía que terminaría con un ejemplo de lo que, a nuestro juicio, no puede ser. Mañana se verá en el Pleno una proposición no de ley perfectamente planteada; estamos absolutamente de acuerdo con el mensaje y con lo que pretende, pero algo se olvida -y quiero creer que es un olvido que podremos reconducir hasta mañana en el Pleno-: cuando una proposición no de ley, del grupo que da apoyo al Gobierno, dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que elabore y ponga en marcha un plan de acción para impulsar la igualdad efectiva de las mujeres, en el ámbito de la innovación tecnológica y de la sociedad de la información, que permita, entre otros objetivos, identificar y minimizar los impactos de género negativos en esos ámbitos y favorecer la participación y el protagonismo de las mujeres en los mismos, chapó; absolutamente de acuerdo, pero hay que hacerse algunas preguntas: cuándo, cómo y, sobre todo, tener en cuenta las competencias o no de las comunidades autónomas. Lo digo a título de resumen de las dudas que nos genera la excelente línea discursiva que usted ha planteado.


La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Me toca ser la última de la primera ronda de debate de estos temas tan importantes del ministerio y, evidentemente, como ya han hecho los otros portavoces, en primer lugar, quiero felicitar a la señora ministra por el cargo tan importante que le ha encomendado el Gobierno, y sobre todo quiero desearle los mejores éxitos en la gestión de este ministerio en los cuatro años que nos quedan por delante. Entre otras cosas, como decía la señora Pigem, porque los éxitos del ministerio serían también el éxito fundamentalmente de todas, pero también de todos.
Esto, señora ministra, entiéndalo de mi parte con total y absoluta sinceridad. Asimismo, quiero decirle que nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, desde luego con la colaboración y el trabajo necesarios para que podamos llegar a consensos y acuerdos en relación con las políticas de igualdad, estará siempre predispuesto, porque nuestra vocación política en esta cuestión está total y absolutamente clara.


Quiero agradecerle asimismo su comparecencia y las explicaciones con respecto a las competencias, por así decirlo, de su departamento, y en concreto de todos aquellos aspectos que usted en el día de hoy ha tocado, y que vienen a ser aquellas cuestiones que más prioridad o más acción de gobierno y de ejecución tiene previsto hacer desde su ministerio. En este sentido, a nosotros nos gustaría hacer algunas puntualizaciones. Estamos de acuerdo con muchísimas de las cosas que usted ha abordado, por no decir con todas, y que quiere llevar a cabo, tanto en el aspecto legislativo como en el aspecto de desarrollo de las leyes que ya han sido aprobadas en la legislatura pasada, pero queremos hacerle llegar algunas cuestiones que nos preocupan y que deberían ser objeto de atención por parte de su ministerio. Si efectivamente queremos hacer una política de igualdad -entendemos la igualdad como usted acaba de manifestar en el día de hoy- para todas las personas que puedan padecer desigualdades y discriminación, las mujeres deben tener un trato preferente en este ministerio y en esta Comisión, por una razón clarísima: que las mujeres, además de las desigualdades de otros sectores sociales, sufrimos esa discriminación y esa desigualdad de género. Por tanto, si actuamos en esas otras cuestiones para garantizar la igualdad, inevitablemente tendremos que introducir también la cuestión de la desigualdad de género.
Es algo que tiene que hacerse así, si queremos afrontar la igualdad en términos absolutos.


Nos preocupa que siga usted el discurso grandilocuente de algún ministro en la legislatura pasada, a la hora de enunciar proyectos como, por ejemplo, el de la ampliación de los derechos de ciudadanía. A nosotros nos gustaría que este ministerio garantizara el desarrollo de aquellos derechos de ciudadanía que ya están reconocidos a día de hoy. Si somos capaces de garantizar esos derechos, garantizaremos un gran nivel de igualdad -no diría absoluta, porque esa sería otra cuestión a tener en cuenta-. Usted sabe -lo doy por hecho- que en estos momentos hay suficiente jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el trato entre iguales, en relación con el trato discriminatorio hacia los extranjeros que trabajan en el Estado, y en relación con la desigualdad laboral de las mujeres. Por tanto, cualquier ley que se quiera desarrollar en esta nueva legislatura tiene que tener en cuenta esto, porque es una jurisprudencia y unas sentencias del Tribunal Constitucional avaladas por la Constitución de 1978, concretamente en lo que se refiere a la igualdad. No es cuestión de inventar nuevos derechos, sino de garantizar los derechos que ciudadanos y ciudadanas en estos momentos tienen reconocidos, porque si nos inventamos nuevos derechos, estaremos desperdiciando el tiempo en garantizar los derechos que realmente tenemos -estoy recordando leyes que se aprobaron en la legislatura pasada que luego al final quedaron en nada.


Señora ministra, en su discurso político y filosófico encontramos, quizás por esa misma grandilocuencia a la que antes me refería, algunas contradicciones. Decir que en esta legislatura ustedes quieren llegar a conseguir la igualdad real y efectiva es contradictorio con decir que

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van a hacer una política que garantice la sostenibilidad del modelo.
Garantizar el modelo es garantizar la desigualdad, que es en la que se basa el modelo. Ese es el modelo social y económico en el que vivimos, señora ministra, y mientras no superemos ese modelo económico y social, la igualdad real y efectiva seguirá siendo un objetivo a alcanzar, pero no algo que podamos hacer efectivo y que podemos comprobar.


Nos preocupa algo que se constata cuando expone el tema de la juventud, pero que en realidad es un problema que se generaliza en todas las otras cuestiones competencia de su departamento, dado que prácticamente todo o casi todo en lo que interviene la actuación de su ministerio son competencias transferidas a las comunidades autónomas. En políticas de orientación a la violencia de género hay políticas sociales, educativas, sanitarias, etcétera, es decir, competencias plenas de las comunidades autónomas -podríamos hablar de la Ley de igualdad, etcétera-, y usted constata algo que para nosotros es preocupante -y se lo queremos transmitir al inicio de la legislatura-: lo que puede ser una interferencia de esas competencias y, por lo tanto, no trabajar en la optimización y en la eficacia de los recursos con que cuentan tanto el Gobierno central como los Gobiernos autonómicos. Usted, cuando nos exponía sus proyectos en materia de juventud, nos hablaba de crear, en los municipios de más de 50.000 habitantes, oficinas de la juventud.
Señora ministra, esta es una competencia de las comunidades autónomas y, por lo tanto, todo el trabajo que desde el Gobierno central se tenga que hacer en los municipios debería ser coordinado y en colaboración con las comunidades autónomas, tanto en juventud como en cualquiera de las otras políticas de su departamento. No hacerlo así, desde luego, es desperdiciar los recursos que tengamos, y sobre todo crear una competencia, que no es la forma -y lo dije en otra comparecencia de otra ministra- de garantizar la igualdad en el territorio del Estado.
Garantizar la igualdad en el territorio del Estado es garantizar los recursos financieros a las comunidades autónomas para que puedan llevar a cabo las políticas que les corresponden, sobre todo en cuestiones como las que competen a su ministerio.


Voy a entrar ya en la cuestión de violencia de género, porque supongo que me quedan ya pocos minutos. Desde luego, no voy a hacer una valoración de la Ley de Violencia de Género como tampoco de la Ley de Igualdad, porque entiendo que esta es una primera comparecencia. Son dos temas muy amplios que nos interesan a todos y tendremos que hablar de ellos de manera más específica y concreta en otras ocasiones, bien por iniciativa del propio Gobierno o de los grupos parlamentarios. Sí quiero decir una cosa, y lo quiero decir, por un lado, con optimismo y, por otro lado, con preocupación: tengo la total y absoluta certeza de que, a día de hoy, hay muchísimas menos -pero cuando digo muchísimas, digo miles- mujeres maltratadas que hace veinte años; muchísimas menos que hace cincuenta años, etcétera. Pero sí es cierto que, en cambio, nos encontramos con una tragedia tremenda: las mujeres muertas, las mujeres asesinadas por sus compañeros son más que hace cincuenta años, aunque, insisto, tengo la total y absoluta convicción -no moral, sino constatación real de lo que se vive en nuestra sociedad- de que hay muchísimas menos mujeres, en estos momentos -después de la ley que se aprobó en la legislatura pasada- que tienen menos dificultades que antes de aprobar esta ley para poder abordar o poder afrontar su problema. Hay, evidentemente, políticas sociales que antes no había: recursos, atención económica, etcétera. Pero también quiero insistir en algo que ya dijeron otros portavoces: qué pasa con ese porcentaje tan elevado de mujeres asesinadas, después de que había sentencias de alejamiento, qué pasa en ese tránsito; no digo que falle el Gobierno, pero sí falla el Poder Judicial, sí falla la Justicia; por lo tanto, el Gobierno tiene que actuar en esta cuestión. Pero además de lo que pasa en ese tránsito nosotros sí podemos constatar -y tendremos tiempo cuando discutamos sobre el informe evaluador de la ley- que hay algo que tampoco funcionó bien en la ley, que es atacar el problema en el origen, es además la cuestión fundamental: el origen.


Señora ministra, creemos que no se dieron los pasos suficientes porque no se pusieron los recursos necesarios para que se pudieran llevar a cabo las políticas orientadas a la educación y a la sanidad, competencias evidentemente autonómicas, pero el Gobierno central no transfirió la financiación adecuada para que eso se pudiera llevar a cabo. Es decir, si cuando se crea una ley con una orientación clara como ésta en materia de educación y sanidad, no se transfiere a quien tiene que hacer la gestión la financiación adecuada, evidentemente, con los recursos que hay, es difícil, muy difícil que se puedan llevar a cabo.


Creemos que la vocación la tiene, señora ministra, por tanto no se la vamos a pedir. Por su exposición, entendemos que la vocación la tiene, pero insistimos en que tiene que poner recursos sobre la mesa para que su ministerio no sea exclusivamente un ministerio de coordinación, sino aquello a lo que nosotros aspiramos, y por lo que nos congratulamos cuando se creó: un ministerio que ejecute las políticas que emanan de los proyectos de ley. Esperando ver en marcha lo que le planteamos, le agradecemos su comparecencia y le deseamos los mejores éxitos en el tiempo que esté al frente del ministerio.


La señora PRESIDENTA: Para terminar el turno de intervención de los portavoces, tiene la palabra la señora Montón, en nombre del Grupo Socialista.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señora ministra, en nombre del Grupo Socialista quiero sumarme a la felicitación por su nombramiento, y darle la bienvenida a esta Comisión, una Comisión que en esta legislatura ha cambiado de nombre y ha alcanzado la mayoría de

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edad, al ser legislativa. En mi primera intervención, en nombre del Grupo Socialista, quiero agradecer su trabajo a todas las anteriores integrantes de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, a todos los parlamentarios y, en especial, a las parlamentarias, que en las pasadas legislaturas, en concreto en la VIII, han realizado un trabajo legislativo intensísimo, que en esta legislatura tendremos que desarrollar y continuar. La creación de su ministerio ha sido muy celebrada por los hombres y las mujeres que creemos en la igualdad, y marca un mensaje político muy potente: que este Gobierno quiere acabar con las desigualdades en España. Es un ministerio que se ha estructurado en torno a tres objetivos clave, transformadores, sociales e imprescindibles para alcanzar la igualdad real, como son -así lo piensa nuestro grupo- la lucha contra la discriminación, contra la violencia de género y por el empleo.


Respecto a la violencia de género, no se puede pretender tener una sociedad igualitaria si hay hombres que puedan pensar que, vinculados a las relaciones afectivas, están el sometimiento, el miedo y el maltrato.
Quiero recordar que este es el Gobierno que ha tenido el coraje de introducir el problema en la agenda política, y que esta ley fue la primera que se aprobó en la pasada legislatura por unanimidad. El Grupo Parlamentario Popular suele diferenciar entre la ley y la aplicación de la ley. De la ley diré que lanza el mensaje de que este tipo de violencia no queda impune, de que las mujeres víctimas no están solas. Intentar sacar un rédito partidista, minusvalorando los beneficios de esta ley, tiene el efecto perverso de quitar a las mujeres el valor de denunciar.
De la ampliación de la ley diré que el sistema sí funciona. Muestra de ello, por ejemplo, son las denuncias: más de 126.000. Señorías, podemos reconocer que existen fallos, puntos concretos en el engranaje, pero si se lanza el mensaje de que el conjunto del sistema no funciona, se victimiza más a las víctimas, porque es un sistema que depende de la confianza, de que las mujeres den el paso valiente de denunciar. Si acudimos a las estadísticas vemos que un porcentaje alto de mujeres asesinadas no habían denunciado, y es muy difícil proteger lo que no se conoce. El conjunto del sistema sí funciona. Todos conocemos que en la red vial hay puntos negros, pero no por eso cuestionamos el sistema, sino que intentamos mejorarla. Dicho esto, también digo que el Grupo Socialista no está conforme, porque un mensaje de satisfacción nos engañaría, y esto también lastra la solución del problema. Desde mi grupo queremos tratar este tema con responsabilidad, porque hay que seguir en el camino que se comenzó -y digo comenzó, porque muchas de las cosas empezaron ahí, en 2004- de aumentar los juzgados, los efectivos, los presupuestos, las ayudas, en definitiva todas las medidas para acabar con esta lacra social.


La señoría portavoz del Grupo Popular habla de palabras y de hechos. A esto diré que es urgente que se avengan a un acuerdo para reforzar el consenso del Poder Judicial, que como creo que todos y todas los que estamos aquí sabemos son sus mienbros los que marcan los criterios de reparto de juzgados. Quiero recordar que la ley preveía 17 juzgados exclusivos, y ahora hay 83 exclusivos y 9 más en previsión, y eso no son palabras, son hechos y revelan la sensibilidad de este Gobierno. También quiero añadir que en el desarrollo de la ley las comunidades autónomas tienen una participación importante, y es una realidad que no todas lo están haciendo al mismo ritmo, porque lamentablemente la voluntad política no es la misma (Risas.), y no se sonrían porque no es para sonreírse (Una señora diputada: ¡Desde luego que no!), como pasa con las unidades de valoración forense, y esto es perjudicial porque las mujeres no pueden acudir a este servicio y porque la red Asklepios se ve sesgada y pierde efectividad y parte de su utilidad si, por ejemplo, no somos capaces de detectar el cambio de domicilio de un maltratador -y que se dé por aludido quien corresponda-. Mientras este problema no se trate con la responsabilidad que se merece por parte de todos los gobiernos, independientemente de su color político, se pondrán trabas a la solución del problema.


Señora ministra, por otro lado, le manifiesto la preocupación que mi grupo siente por la interrupción voluntaria del embarazo. Queremos aportar al debate los principios fundamentales de garantizar la equidad territorial en el acceso y la calidad de la prestación sanitaria; la seguridad jurídica para las mujeres que deciden interrumpir el embarazo y para los profesionales que las atienden y respetar ante todo la voluntad de las mujeres dentro de los límites de la ley. También nos preocupan los acontecimientos que han podido mermar las garantías de derecho a la intimidad o la confidencialidad de las mujeres en el ejercicio -en los términos establecidos en la ley- del derecho de interrupción voluntaria del embarazo, por lo que le insto a que siga muy de cerca los procesos y la situación en la que ahora se ven envueltas mujeres y profesionales sanitarios. Respecto a la creación de un grupo de expertos sobre la vigente ley, quiero decir que acompañaremos al Gobierno en esta labor porque creemos en la posibilidad de modificarla y de ampliarla.


Sin dejar la salud sexual y reproductiva, quiero felicitarla por el enfoque político diferenciador entre reproducción y sexualidad que va a aplicar el ministerio. Por otro lado, desde mi grupo, pensamos que la sexualidad es un derecho que se tiene que ejercer en libertad, por lo que nos posicionamos a favor de la persecución de la explotación sexual -una de las últimas formas de esclavitud que persisten en el continente-, por lo que tendrá en nuestro grupo un aliado para el plan integral contra la trata internacional de seres humanos con fines de explotación sexual.


Gran parte de su intervención la ha dedicado al empleo y unido a ello está la distribución del tiempo propio, que hoy en día no es todavía democrático. Esto, como sabemos, representa menos oportunidades para las mujeres. La conciliación es un elemento para llegar a la

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corresponsabilidad, que es lo que queremos, que las ocupaciones y las preocupaciones de los hombres y las mujeres sean las mismas. Señorías, el empoderamiento de las mujeres no es posible sin autonomía y la autonomía se consigue con la igualdad en el empleo; igual incorporación y permanencia; a igual trabajo igual salario e iguales responsabilidades.
Para conseguirlo no partimos de cero. Tenemos los instrumentos, como muy bien ha dicho, de la Ley de Igualdad y el Plan estratégico de igualdad de oportunidades, que tenemos que desarrollar en esta legislatura. Señora ministra, en su intervención ha hecho muchas y muy interesantes propuestas que vienen a complementar estos instrumentos, y todo lo que vaya en el sentido de eliminar la discriminación laboral de las mujeres por mi grupo es celebrado.


Uno de los puntos que también quiero mencionar rápidamente es la visibilidad de las mujeres, por lo que acogemos con agrado la propuesta de crear una biblioteca de mujeres y que se acompañe de una red de centros, ya que mi grupo tiene la determinación de no ser huérfanas de ancestros, de recuperar y conocer la historia de las mujeres, conocer científicas, políticas, exploradoras, inventoras, artistas, pintoras, escultoras, músicas, para ayudar a construir referentes, modelos positivos en los que se miren otras mujeres. A lo largo de la historia vemos que el hombre es la medida de todas las cosas como describió Protágoras en los Discursos demoledores o Sobre la verdad, pero ya va siendo hora de que la historia de las mujeres no sea más la historia silenciada porque tiene nombres, tiene fechas y tiene luchas realizadas.


En esta intervención, también quisiera hacer mención a la importancia de la transversalidad, ya que es fundamental incorporar la dimensión de género en todas las actuaciones. Los planes con otros ministerios o la introducción de la perspectiva de género en los Presupuestos Generales del Estado muestran la transversalidad de la que le hablaba y la animamos a que siga por ese camino, que creemos que es el acertado, porque ningún proyecto tiene posibilidad de éxito si excluye a las mujeres. Señora ministra, sobre su ministerio recae una gran responsabilidad puesto que no solo le compete la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, sin olvidar que en toda discriminación dentro de cualquier colectivo siempre hay alguien más discriminado, que es una mujer. En este sentido quiero referirme a algo en lo que mi grupo tiene puestas muchas expectativas, la ley de igualdad de trato, que viene a sumarse a todas las leyes de protección y ampliación de derechos ciudadanos y libertades públicas de la pasada legislatura, que han colocado a España en cabeza mundial en el ámbito de la igualdad. Y como portavoz de Igualdad no puedo dejar de recordar en esta comparecencia que el mes de junio es el de la celebración del orgullo lésbico, gay, transexual y bisexual y que este es un año especial ya que está dedicado a la visibilidad lésbica, mujeres que aún hoy encuentran más dificultades que los hombres en vivir su sexualidad y su libertad.


Señora ministra, usted ha manifestado hoy aquí una línea de diálogo, de sensibilidad y de empatía con las inquietudes y demandas de los jóvenes.
Quiero destacar la buena acogida que hacemos sobre medidas como las redes de cooperación e innovación territorial o la red de oficinas de emancipación y todas las que tienen que ver con el mundo de los emprendedores, medidas encaminadas a apoyar y generar condiciones para que las ideas de los jóvenes se conviertan en proyectos que sean capaces de generar empleo y autoempleo. Y sobre todo encontrará nuestra colaboración para solucionar junto con el empleo el principal problema que sigue preocupando a los jóvenes, la vivienda. Señora ministra, eliminar la desigualdad de las mujeres y eliminar la discriminación de nuestra sociedad es una tarea en la que usted no estará sola; para ello cuenta con el apoyo del grupo al que represento y confío que con el del resto de la Comisión, para lo cual el Grupo Parlamentario Socialista ofrece voluntad de diálogo y consenso al resto de grupos, porque a su éxito estarán ligados los de las mujeres y los de toda la sociedad.


Quiero concluir apuntando que socialismo y feminismo han recorrido un camino común, un camino común transitado por muchas mujeres, mujeres que nos precedieron, mujeres orgullosas de ver las posibilidades de oportunidades que tenemos por delante y por las que tenemos el deber de trabajar para, al igual que ellas, estar orgullosas del panorama que nosotras dejaremos por delante a las que han de venir. Nuestro propósito es seguir por el camino que comenzaron, que recorren muchas mujeres y cada vez más hombres con la responsabilidad de un contrato firmado con la ciudadanía en las urnas y que estaremos vigilantes de que su ministerio cumpla.


La señora PRESIDENTA: Suspendemos brevemente la sesión. (Pausa.)

Señorías, continuamos con la respuesta de la ministra a las intervenciones de los portavoces. Para ello, señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Muchas gracias a todos los portavoces de los grupos parlamentarios por sus intervenciones: a la señora Moneo, a la señora Pigem, al señor Agirretxea, al señor Canet, a la señora Fernández y a la señora Montón -me voy familiarizando con todos los nombres- sobre todo, gracias por las reflexiones que habéis realizado, así como por el tono en que las habéis expresado. Voy a intentar responder a todas las cuestiones que me han planteado y, en la medida de lo posible, aclarar las dudas que se han manifestado tras mi intervención.


Se ha hecho referencia al presupuesto del Ministerio de Igualdad por parte de la señora Moneo y creo que por el señor Canet también. Respecto a esa cuestión, es cierto que se ha especulado mucho en estos meses sobre el presupuesto del nuevo ministerio. Todas SS.SS. conocerán ya los gastos ordinarios que se derivan de la puesta

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en marcha de un nuevo departamento y para ello se está gestionando el suplemento de crédito necesario y, además de esto, SS.SS. saben, porque es público, que este ministerio dispone de algo más de 100 millones de euros. No es cierta la información publicada, son más de 100 millones de euros los contemplados en los Presupuestos Generales del Estado de 2008 en los diferentes organismos que hoy dependen orgánicamente del ministerio. Además, quiero insistir en que este no es un ministerio que vaya a llevar a cabo políticas públicas solamente de manera directa, sino que va a implementar la transversalidad de la igualdad en las políticas de la Administración General del Estado. Desde ese punto de vista, además de ese presupuesto propio recogido en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2008, existen 621.232.494 euros, que es el cómputo global de lo que los diferentes ministerios destinan a políticas de igualdad. Quiero añadir -y ha sido mencionado por la señora Montón- que uno de nuestros objetivos para esta legislatura es la introducción de la perspectiva de género en los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto es un elemento común a todos los organismos de cualquier Administración pública y, más allá de la suma de ingresos y la distribución de gastos, el presupuesto público debe ser considerado como el marco básico en el cual se configura el modelo de desarrollo socioeconómico. Reorientar los recursos hacia la consecución de la igualdad de género es el fin instrumental de la aplicación del enfoque de género en el presupuesto y este ejercicio implica, consecuentemente, una modificación de los criterios de priorización en la asignación de recursos presupuestarios y afinar mejor en el objetivo último de la redistribución de la riqueza, desarrollo económico y cohesión social.
Para avanzar en la consecución de este objetivo nuestro primer paso será la creación de una comisión con el Ministerio de Economía y Hacienda para, en una primera etapa, identificar los programas presupuestarios según su relevancia en relación con el enfoque de género.


Han hecho referencia también los portavoces -la señora Moneo, el señor Agirretxea, la señora Pigem y también el señor Canet- a la transversalidad. Como he comentado a SS.SS., el Ministerio de Igualdad es el responsable de las políticas de igualdad del Gobierno, que tienen un carácter transversal y, por tanto, se desarrollarán desde todos los ministerios. La responsabilidad de nuestro ministerio es la de unificar esas políticas en el sentido de que todas ellas se orienten y confluyan en una misma dirección, vayan por el camino marcado por la Ley de Igualdad y la Ley integral contra la violencía de género y desarrollen al máximo estas dos leyes, desde el trabajo del propio ministerio -porque no renunciamos, obviamente, a políticas específicas- y con y desde el trabajo con el resto de los ministerios. Esto es la transversalidad.
Todos los ministerios del Gobierno de España tienen un compromiso político explícito con las políticas de igualdad y hay que señalar que con esta política transversal no hacemos otra cosa que responder a un mandato de Naciones Unidas primero y de la Unión Europea después. También quiero indicar que hay países de la Unión Europea como Dinamarca, Italia o Luxemburgo que tienen ministerios de Igualdad, y otros países desarrollados tienen organismos de Igualdad con influencia transversal en la política y apoyo institucional en todas las áreas gubernamentales.


Señorías, en la composición de todo Gobierno se combinan ministerios de carácter transversal con ministerios sectoriales. La diferencia entre unos y otros es la capacidad de influir de los denominados ministerios transversales sobre los sectoriales, permitiendo, impulsando, favoreciendo, orientando y guiando el desarrollo del trabajo de esos ministerios sectoriales. Me van a permitir que ponga un ejemplo.
Tradicionalmente hay dos temas que son claramente transversales en la organización y acción de un Gobierno, el dinero y los recursos humanos.
El Ministerio de Economía, que es el departamento con competencias para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, es netamente influyente en las políticas concretas que desarrolla el resto de los ministerios, los sectoriales. El Ministerio de Economía es transversal porque tiene capacidad de influir. Esa es su función. El Ministerio de Igualdad es el responsable de las políticas de igualdad del Gobierno, que tienen un carácter transversal y que, por tanto, se desarrollarán desde todos los ministerios.


Regularemos los informes de impacto de género, que serán incorporados como garantía adicional a todos los proyectos normativos, algo a lo que también se ha hecho referencia por parte de SS.SS. Además, vamos a desarrollar reglamentariamente las unidades de igualdad en todos los ministerios para que se apliquen de manera efectiva las políticas de igualdad que se ponen en marcha desde cada ministerio y que están recogidas en el Plan estratégico de igualdad de oportunidades. Además, vamos a constituir la comisión interministerial de igualdad, que, entre otras cosas, va a estudiar el informe periódico que remitiremos a esta Cámara para conocimiento de SS.SS. En esta legislatura se acaba de constituir, como saben, la Comisión Delegada de Igualdad, que preside la vicepresidenta y que elevará al Gobierno todos los asuntos relacionados con la igualdad y que requieren una acción coordinada del Gobierno. Señor Agirretxea, esta estrategia de la transversalidad, sin embargo, como decía, no agota toda nuestra acción, y, cómo no, tenemos que seguir impulsando políticas específicas en las líneas de acción prioritaria que he marcado en la intervención inicial.


En cuanto a la Ley integral contra la violencia de género a la que SS.SS.
han hecho referencia, cuando el Gobierno socialista en la anterior legislatura puso en marcha esta ley -que por cierto fue aprobada con la unanimidad de todos los grupos políticos-, sabíamos que no iba a ser la panacea, es decir que por sí misma la ley no acabaría con este tipo de violencia tan destructiva y tan implantada en la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, pero también confiábamos en que fuese

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el instrumento fundamental para combatir la violencia de género. Hoy, pasados más de tres años con la ley en vigor, pensamos lo mismo. Solo con la ley no terminaremos con la violencia de género, pero sin ella la situación sería completamente distinta en detrimento de la vida de las mujeres. Desde 2004 hasta 2007 el número de denuncias ha aumentado un 10,12 por ciento -y quiero aclarar que estos son datos solo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no están sumadas las denuncias que se interponen en la Policía local y a veces no todas las de las autonómicas-. Más de 84.000 mujeres disponen hoy de órdenes de protección. Este año contaremos con más de 1.800 efectivos policiales especializados en violencia de género. Esto supone que en cuatro años se han incrementado en un 149 por ciento. Hoy tenemos 458 juzgados especializados de Violencia sobre la Mujer, de los que 83 son exclusivos.
Cuando acabe el año serán 92. Tengan en cuenta que la ley integral preveía la creación de 17 y le subrayo este detalle para indicarles también otra de las virtudes de la ley integral, su autoevaluación. Desde que esta norma entró en vigor, el Gobierno no ha dejado de trabajar para valorar cualquier aspecto que pudiera ser susceptible de mejora. Creo que es incuestionable la prioridad que este Gobierno ha dado a esta lacra y, por supuesto, lo seguirá haciendo poniendo sobre la mesa aún más medios y más recursos. Cuando en breves semanas tengamos listo el informe de evaluación de los tres años, tendremos aún más criterios para valorar si es necesario modificarla o no, y no tengan duda de que trabajaremos para poner remedio a todos los déficits que observemos. La información que se está solicitando a las comunidades autónomas, señora Moneo, no es para el informe del plan de sensibilización, sino que es precisamente para el desarrollo de este informe de evaluación de los tres años de la ley integral.


Como les decía, por seguir dando solo algunos ejemplos, desde la entrada en vigor de la ley ha habido más de 76.000 hombres juzgados por violencia de género y de ellos un 73 por ciento han sido condenados y, sobre todo, las mujeres cuentan ahora con derechos sociales y ayudas a su inserción profesional que no tenían antes. Más de 1.700 mujeres han suscrito contratos bonificados y casi 10.000 se han beneficiado de la renta activa de inserción.


Creo que es justo reconocer los avances en estos tres años. No podemos en ningún caso -creo que no es voluntad de nadie hacerlo- utilizar los asesinatos como crítica a la ley o al Gobierno. Ni en la Comunidad Valenciana ni en Cataluña ni en El País Vasco ni en Madrid ni en Andalucía se puede responsabilizar a sus respectivos gobiernos ni, en consecuencia, al Gobierno de España por la suma de cada una de ellas. La violencia de género es un tema de Estado y como tal lo vamos a tratar.
Una sola víctima es suficiente para no darnos por satisfechos, para seguir poniendo todos los recursos, todos los esfuerzos y todo el trabajo. Tampoco es cierto que las víctimas hayan aumentado. Los datos proporcionales así lo reflejan en los últimos diez años, tiempo durante el cual se han mejorado los sistemas de recogida de datos. También podemos agradecer hoy a la ley integral que conozcamos con mayor exactitud las dimensiones reales del problema al que nos enfrentamos. El Gobierno de España ha destinado este año casi 250 millones de euros a la lucha contra la violencia de género y, como ya he dicho en mi primera intervención, esta va a ser una de las líneas de acción prioritaria del Ministerio de Igualdad junto con el resto del Gobierno -no podemos olvidar que es una ley integral- y con la colaboración de las comunidades autónomas. De ahí la celebración de la próxima Conferencia de Presidentes que tendrá como tema monográfico la cuestión de la violencia de género y cómo abordarla desde el esfuerzo conjunto.


También se ha hablado de protección personal y de algunos protocolos y actuaciones que hemos puesto en marcha recientemente para mejorar la valoración del riesgo de las víctimas. SS.SS. saben que no habría policía suficiente en el mundo para proteger a cualquier ciudadano o ciudadana ante el riesgo de sufrir cualquier agresión. Ahora bien, es verdad que en relación con las víctimas de violencia de género el sistema juega con ventaja, pues solo hay un agresor posible y puede estar perfectamente localizado. Por eso es importante avanzar en sistemas telemáticos y de control para inhibir a los agresores y en eso estamos trabajando. Hemos avanzado ya en un sistema de geoposicionamiento víctima-agresor, con emisión de alertas y alarmas, que se está perfeccionando técnicamente desde los ministerios de Interior, Industria e Igualdad. Vamos a poner en marcha un programa piloto para que nos permita evaluar su viabilidad y eficacia.


Igualmente ha sido motivo de debate si es oportuno o no destinar seguridad privada para las víctimas de violencia de género. Desde el Ministerio de Igualdad creemos que este tipo de medidas, en caso de asumirse, deberían ir dirigidas al agresor, que está perfectamente identificado, y no a la víctima, por un lado para evitar la victimización y por otro porque el agresor, en su afán de hacer daño, no solo tiene a la mujer como objetivo, sino que también puede dirigir su violencia hacia otras personas cercanas a ella, como suelen ser los hijos y otros familiares, algo imposible de asumir con protección de este tipo. En cualquier caso, en la actualidad existen procedimientos para valorar el riesgo y hacer seguimientos individualizados en las situaciones de mayor peligrosidad.
Ese es el camino a seguir, contemplado junto con el resto de medidas: órdenes de protección, de alejamiento y medios telemáticos como los que acabo de señalar.


En relación con la valoración del riesgo de las víctimas, lo verdaderamente importante es tener una información real y completa del riesgo. Por eso, con la finalidad de garantizar una actuación coordinada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los demás cuerpos de policía, así como con otros actores que intervienen en las situaciones de violencia, se han

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suscrito diversos protocolos de actuación: el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales y el ministerio fiscal, aprobado el 10 de junio de 2004 por la comisión de seguimiento de la implantación de las órdenes de protección de las víctimas de violencia doméstica, que se actualizó en 2005, tras la aprobación de la ley integral, y el protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de Policía local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, suscrito el 13 de marzo de 2006 por el Ministerio de Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias. Los criterios generales en los que se articula esta colaboración son la rapidez de actuación ante las situaciones de riesgo, sensibilidad, calidad y eficiencia en la atención, coordinación con los recursos jurídicos y asistenciales existentes en cada municipio e información a la víctima de sus derechos y de los recursos existentes para hacerlos efectivos. Además, el ministro del Interior y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias suscribieron el 20 de febrero de 2007 un convenio marco de colaboración en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial. Este convenio permite habilitar la colaboración y participación de los cuerpos de Policía local en las funciones de Policía judicial, especialmente en la prevención, averiguación y persecución de las infracciones penales menos graves dentro del ámbito de la justicia local, de barrio o de proximidad, incluyendo la violencia de género.


El protocolo de actuación y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los abogados y abogadas para mejorar la asistencia jurídica y la información facilitada a las víctimas de violencia de género, aprobado el 3 de julio de 2007, recoge las pautas de actuación que todo funcionario policial debe seguir para informar a la víctima, tanto de los aspectos judiciales y procedimentales como de las prestaciones y medidas sociales a las que puede tener acceso, de acuerdo con lo establecido en la ley integral, así como para hacer efectivo el derecho de la víctima a la asistencia jurídica inmediata y especializada.
Y más recientemente, para garantizar la máxima eficacia en su actuación, se han puesto en marcha dos medidas de gran relevancia: el desarrollo de una aplicación informática que da soporte a la implantación del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género -al que tienen acceso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el personal de las instituciones penitenciarias, las unidades de violencia de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y los fiscales- y la aprobación del protocolo común de valoración del riesgo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas y su comunicación a los órganos judiciales y al ministerio fiscal, aprobado el 10 de julio y modificado parcialmente el 10 de octubre de 2007.


Señora Moneo, es obvia la apuesta del Gobierno por las políticas de igualdad. Creo que ha quedado demostrado en el ámbito de las iniciativas legislativas en la pasada legislatura también al dar el paso de la creación de un Ministerio de Igualdad. Sobre las leyes sabemos que pesan los usos, que pesan las costumbres, que pesan las inercias, pero obviamente podremos avanzar mucho más rápidamente si se tiene el impulso político necesario para el desarrollo de las mismas. Y eso es exactamente lo que esperamos. Ha hablado usted, así como la señora Pigem, de corresponsabilidad. La señora Fernández también ha hecho alguna referencia a ello. Señora Fernández, no creo que haya ninguna contradicción cuando defiendo la incorporación de las mujeres al mercado laboral sin que tengan que renunciar a su maternidad; no creo que haya contradicción ninguna en esto. Cuando hablamos de corresponsabilidad estamos hablando de que las responsabilidades sociales tienen que afectar por igual a hombres y a mujeres en un modelo social compartido y paritario. Los datos nos dicen que el 94 por ciento de los abandonos de trabajo por motivos familiares corresponden a las mujeres. Lo decía antes.


Nuestra sociedad no puede permitirse desaprovechar el potencial productivo de las mujeres ni tampoco puede ponerse en riesgo la sostenibilidad demográfica, por lo que necesariamente tenemos que redefinir las relaciones entre lo público y lo privado y asumir la corresponsabilidad como eje vertebrador de nuestra sociedad. Ya se han dado pasos importantes con la Ley de Igualdad, que recoge el permiso de paternidad, o los planes de igualdad en las empresas. Ambas medidas favorecen sin duda este modelo, pero no nos vamos a quedar ahí. A lo largo de esta legislatura, como he dicho en la intervención inicial, con el Ministerio de Trabajo ampliaremos de dieciséis a dieciocho semanas la duración del permiso de maternidad por nacimiento del segundo hijo en el caso de familias monoparentales y a veinte semanas a partir del tercer hijo, y ampliaremos la duración del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas. Empezamos por dos, seguimos por cuatro; a ver qué nos depara el futuro. Además de todo esto elevaremos de 8 a 12 años la edad de los hijos e hijas para tener derecho a la reducción de jornada, reconoceremos el derecho del permiso de maternidad-paternidad a las personas del mismo sexo, reduciremos el periodo de cotización exigido para el acceso a la prestación contributiva de maternidad en los casos de madres menores de 31 años, reconoceremos beneficios especiales a las empresas que lleven a cabo políticas de apoyo a la familia y favorezcan la conciliación familiar y laboral y se apoyará a aquellas empresas que presten servicios a los hijos de sus trabajadores de entre 0 y 3 años. Y -cómo no- desde la Administración General del Estado, en colaboración con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y con las comunidades autónomas, vamos a promover la puesta en marcha de 300.000 nuevas plazas de escuela infantil para niños y niñas de 0 a 3 años. Esto es fomentar la corresponsabilidad.


Vuelvo a la violencia de género. Hablaba la señora Moneo de un colapso en la justicia. Sabemos que la

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situación de la Administración de Justicia necesita una reforma, que ya el Partido Socialista planteó en la legislatura anterior y que sin embargo no pudo llevarse a cabo. El problema por tanto no es de la violencia de género, aunque afecte a esta. Por ello estamos trabajando para que las reformas y medidas que se adopten tengan en cuenta las peculiaridades de este tipo de violencia; aumentaremos obviamente los recursos con nuevos juzgados de Violencia de Género. Tendencia a la comarcalización; este será un tema que se abordará en la próxima Conferencia de Presidentes. Y mejoraremos, tal y como he adelantado, los instrumentos y la formación profesional.


Hablaba usted de que tenemos de media un policía por cada 250 mujeres maltratadas. Tenemos datos diferentes, pero hoy el ministro de Interior ha comunicado que el número de policías por mujeres maltratadas es de 1 por 15. Estos recursos además hay que ponerlos en relación con las circunstancias particulares de cada caso. De ahí nuestra insistencia en la individualización, pues cada caso, al igual que ocurre en otros ámbitos de la sociedad, debe ser abordado con las medidas que requiera según sus circunstancias. No vale todo para todos ni cualquier cosa para alguno de ellos.


Se ha hablado también de los consejos de administración. Desde el Ministerio de Igualdad entendemos que lo importante es que desde el ámbito empresarial se inviertan los escalones inferiores de las compañías para promocionar a las mujeres, que se incentive a las mujeres para que continúen con su carrera profesional, para lograr que los mejores profesionales ocupen los puestos directivos en igualdad de condiciones.
Por primera vez el principio de igualdad entre hombres y mujeres ha sido incluido en la mesa de diálogo social gracias a la Ley de Igualdad de mujeres y hombres. A las empresas no se les pide que se olviden de los principios de mérito y capacidad, sino que apuesten por la competitividad y la rentabilidad que les reportará la paridad. Nuestro objetivo es conseguir lo que ya ha conseguido Noruega este año. El 1 de enero de 2008 se pasó la fecha límite de los dos años de prórroga de la Ley sobre igualdad de género en los consejos de administración que se había concedido cuando dicha ley entró en vigor el 1 de enero de 2006. Esta normativa obliga a las grandes sociedades anónimas y a las empresas públicas, so pena de cierre como sanción, a contar por lo menos con un 40 por ciento de mujeres en sus consejos de administración. La representación femenina en los consejos de administración en las empresas públicas y en las grandes sociedades anónimas alcanzó un 35 por ciento en diciembre de 2007, lo que supone el nivel más alto del mundo. Muchas personas pensaban que no lo iban a alcanzar, por eso me alegró mucho oír a la ministra de Igualdad de Noruega, Manuela Ramin, decir que los presidentes de los consejos de administración y los dueños de empresas que han cumplido con los requisitos de la normativa nueva habían dicho: Lo hemos alcanzado y además no tuvimos ningún problema alcanzándolo. En un plazo muy corto han realizado unos cambios de gran envergadura. Las empresas sabían que podría ser difícil encontrar candidatas buenas a los consejos de administración, pero también se dieron cuenta de que no es más difícil encontrar mujeres buenas que hombres buenos para ello. Esta es una prueba de que es factible lograr la igualdad y estoy segura de que en España, con la ayuda y la implicación de empresarios y empresarias y sindicatos, también lo vamos a conseguir.


Se ha hecho también alguna referencia por parte de la señora Montón a la posición acerca del aborto. Yo creo que en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo hay que ser muy rigurosos. En los últimos meses ha habido casos inadmisibles de mujeres que han visto peligrar su derecho a la intimidad o la confidencialidad de sus datos en el ejercicio de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos establecidos por la ley y es intolerable que esto suceda con el marco legal vigente. Por eso estamos trabajando en un real decreto, con el Ministerio de Sanidad, para garantizar la seguridad jurídica y la intimidad de las mujeres que ejerzan este derecho, así como la de los equipos médicos que llevan a cabo dicha prestación. A nadie se le escapa que las interrupciones voluntarias del embarazo son situaciones difíciles y dolorosas para las mujeres y tenemos la obligación de garantizar su seguridad jurídica y su derecho a la intimidad. Como he comentado en mi primera intervención y como dijo el ministro de Sanidad en su comparecencia, se va a profundizar en la prevención de embarazos no deseados -que es el objetivo fundamental: reducir el número de embarazos no deseados-, en el marco de una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva que diferencie sexualidad de reproducción. Les reitero, por último, lo que les anuncié antes, el compromiso adquirido por el Gobierno con la ciudadanía se cumplirá. Vamos a crear un grupo de expertas y expertos, junto con los ministerios de Sanidad y de Justicia, para, con sus conclusiones, tratar de consensuar una reforma que garantice en todo caso la equidad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria.


A la prostitución ha hecho referencia la señora Pigem. La posición del Gobierno socialista respecto a la prostitución está basada en las conclusiones que tuvieron lugar en la Comisión mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades en mayo de 2007. Hay que señalar que dichas conclusiones fueron adoptadas con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios. La conclusión fundamental con la que se identifica el Gobierno socialista y el Ministerio de Igualdad es que la prostitución no es una realidad social aceptable, que está estrechamente vinculada a la pobreza, a la inmigración y a la violencia y, por ello, propone la elaboración y posterior aplicación de políticas de integración para todas aquellas mujeres que desean abandonar la prostitución. El Ministerio de Igualdad asume las conclusiones de la Comisión mixta y considera que la forma adecuada de combatir la prostitución está vinculada, tal y como se

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sugirió en la Comisión mixta, a la adopción de medidas de sensibilización, de formación, de atención integral a las víctimas, medidas legislativas y policiales y medidas de ámbito internacional. Al mismo tiempo, la Comisión recomienda al Gobierno la elaboración de un plan integral contra la explotación sexual que contemple medidas en los ámbitos judicial, social, educativo, policial y de inmigración y, en breve, el Gobierno socialista aprobará el plan integral contra la trata internacional de seres humanos con fines de explotación sexual, especialmente de mujeres, niños y niñas.


Se han hecho varias referencias, por parte del señor Agirretxea, de la señora Pigem y de la señora Fernández, a las competencias. Lo he expresado en mi primera intervención. El respeto a las competencias y la lealtad institucional va a ser uno de los ejes de actuación permanente en la presente legislatura. Tenemos absolutamente claro que hay que trabajar así, porque es la única manera de aglutinar recursos y de ser capaces de avanzar de forma conjunta. Se ha hecho una referencia expresa a la creación de oficinas de emancipación joven en los municipios de más de 50.000 habitantes y a este respecto tengo que decir que se regula a través de una orden de ayuda a las comunidades autónomas; es la fórmula mediante la cual va a regularse la creación de esas oficinas.


Al señor Canet, que se ha referido a los libros de texto, quiero decirle que tendré en cuenta la sugerencia realizada para tratar de eliminar el sexismo y los estereotipos de género, obviamente, desde la colaboración y esperando no encontrar tantas dificultades como con la educación para la ciudadanía.


Señorías, vamos a trabajar sin descanso para avanzar hacia una sociedad con valores ciudadanos más nobles, una sociedad donde nadie tenga que vivir sometido a nadie, donde todos y todas gocemos de autonomía para vivir con dignidad y donde la libertad de decisión tenga como presupuesto la igualdad de oportunidades. Esa tarea no es solo una tarea del ministerio, sino de todo el Gobierno. Ni siquiera es de todo el Gobierno, es un compromiso que debemos asumir con toda la sociedad, y en ello debemos empeñarnos todas y todos. Espero contar siempre con la colaboración de esta Comisión recién estrenada y reitero lo que dije antes: Siempre me tendréis a vuestra disposición para tratar las cuestiones que consideréis necesarias y siempre que lo consideréis necesario.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra. Como regula el artículo 203, con el que seguimos este debate de manera excepcional, la Presidencia puede dar a algún grupo la palabra de manera muy breve para alguna cuestión puntual, como va a ser el caso de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y de la señora Fernández, por tiempo tasado de tres minutos. Les advierto a SS.SS. que en esta comparecencia, como es habitual en las costumbres parlamentarias y en los reglamentos de las Cámaras, el Gobierno no tiene límite de tiempo para marcar el mapa de trabajo de la legislatura, como muy bien saben SS.SS., sin embargo los grupos parlamentarios sí lo tienen tasado. Era de diez minutos la intervención inicial de réplica, que he ampliado casi hasta catorce minutos en algunos casos. Ahora son tres minutos y serán tres minutos. Lamento que no haya tablero que avise, pero a los tres minutos la voz de SS.SS. desaparecerá. Les pido que controlen su tiempo a los tres intervinientes.


Señora Moneo, tiene la palabra.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora ministra, por su explicación. No sé si yo me he explicado mal o si usted no me ha entendido. Efectivamente he hecho referencia a que ustedes han solicitado el pasado 19 de mayo a las comunidades autónomas un informe para la evaluación de la ley, no del Plan de prevención y sensibilización, y le vuelvo a reiterar que bienvenido el informe. Porque les obliga la ley, pero este informe llega tarde y hay cuestiones que sin ese informe ustedes podían haber mejorado y otras que se podían haber puesto en marcha. Ha hecho usted referencia a la protección personalizada, a los sistemas telemáticos. El Gobierno tenía un compromiso, que era poner en manos de las mujeres víctimas de violencia de género teléfonos móviles, y han sido las comunidades autónomas las que han tenido que tomar la iniciativa. Ustedes prometieron cerca de 20.000 teléfonos móviles y su antecesor en el cargo se marchó del ministerio sin haber puesto en marcha ni 6.000 teléfonos de los prometidos. Yo estoy de acuerdo con que es importante dar un impulso a las políticas de igualdad, pero me sorprende que ustedes hablen de políticas de apoyo a la familia. ¿Cómo piensan ustedes hacer esas políticas de apoyo a la familia? Durante la pasada legislatura se votó en contra de planes contra la discriminación salarial, de planes de protección de la maternidad, y usted nos dice que ahora van a poner en marcha 300.000 plazas de 0 a 3 años. Oiga, es que esto lo traían ustedes en el programa de 2004, y de 2004 al 2008 no han hecho absolutamente nada y han sido las comunidades autónomas. Además, reiteran que vuelven otra vez, a traerlo al 2008. A ver si a la segunda nos creemos lo que ustedes han hecho.


Perdone, pero sigo teniendo mis dudas respecto a cuestiones que usted ha planteado. Sí que quería constatar que no ha sido este Gobierno socialista el que ha llevado la violencia de género por primera vez a la agenda política. Lo siento, pero existe vida antes del señor Zapatero. Y los dos primeros planes de violencia de género y la orden de protección, por cierto apoyada por todos los grupos y con el consenso de esta Cámara, fueron, aunque no les guste, con el Gobierno de José María Aznar. Espero, ministra, que cumpla las propuestas y las promesas que ha traído a esta Cámara. Como le he dicho antes, va a tener que trabajar usted muy duro para ganarse nuestra confianza, porque quedan dos leyes por desarrollar, algunas, con medidas que tenían ustedes que haber puesto en marcha y no lo han hecho y otras, con medidas que hay que mejorar. Por cierto,

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respecto a los efectivos policiales, es la propia Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes están facilitando esas cifras.
Quizá el Ministerio del Interior debería oír mejor a las personas que tiene a su cargo.


La señora PRESIDENTA: Señora Fernández, tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer la nueva intervención de la ministra, en particular por aquellas cuestiones relacionadas con la intervención de esta portavoz.


Hay muchas cosas de las que nos gustaría hablar, pero ya dije anteriormente que tendríamos tiempo en esta Comisión de hacerlo.
Solamente he pedido la palabra para clarificar una cosa, porque o yo me expresé mal o la ministra me entendió mal. Yo en ningún momento puse en duda la compatibilidad entre la maternidad y la incorporación de las mujeres al puesto de trabajo; es total y absolutamente compatible. La necesidad de la renovación generacional no es una necesidad de las mujeres, es una necesidad de la sociedad; como parte de la sociedad, también de las mujeres. Pero la maternidad no es una necesidad en sí misma de las mujeres, sino que es otra cosa. De ahí que en ningún momento lo pongamos en duda. Y aprovecho la oportunidad para decir que creo incluso que es necesario no solamente ampliar el tiempo de permiso de paternidad sino que es fundamental, para que sean compatibles la maternidad y la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, que el permiso de paternidad empiece a incorporar la obligatoriedad de los padres a estar de baja; me parece fundamental.
Cuando los hombres tengan el mismo coste social, económico y laboral, en la paternidad que el que tienen las mujeres en la maternidad, podremos empezar a hablar de que dejará de ser, para los que así lo entienden, incompatible el ejercicio de algo que es importante para las mujeres pero fundamental para la sociedad, como es la renovación generacional.


La señora PRESIDENTA: Señora Montón, tiene la palabra.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Quiero agradecer a la ministra que haya profundizado en los objetivos del ministerio. Y voy a hacer referencia a algunas cuestiones de las intervenciones anteriores. Sé que había una vida antes de José Luis Rodríguez Zapatero, la de Aznar, y ya, gracias al voto de los ciudadanos, la dejamos atrás. (La señora Villalobos Talero: Y a Felipe González, ¿quién se lo llevó, el viento?)

La señora PRESIDENTA: Señora Villalobos, le pido silencio.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Usted habla de comunidades autónomas y habla de incumplimientos, pero la verdad es que en cuanto a la violencia de género he oído un mensaje y un discurso totalmente negativo y pesimista, y me dolería si fuera interesado. Les ruego que cambien de actitud, no se resientan del consenso que creo que en esta materia hemos alcanzado.
Propongan soluciones; propónganlas en sede parlamentaria; también en la futura Conferencia de Presidentes; hablen y digan lo que quieren, pero no solo hablen, también hagan. En las comunidades autónomas, la firma de los convenios entre Gobierno y comunidad autónoma del teléfono 016 se ha demorado; en algunas, más de lo necesario. (La señora Villalobos Talero: Andalucía, por ejemplo.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señora Montón. (La señora Villalobos Talero: Ya me he callado.) Señora Villalobos.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Que se dé por aludido el que quiera, señora presidenta. Algunas, más de lo necesario.


Las unidades de valoración forense faltan por completarse en algunas de las comunidades autónomas que tienen las competencias para ello. Han quedado, incluso, desiertas o semidesiertas convocatorias estatales para ayudas de protección contra la violencia de género. En 2006, en la Comunidad Valenciana, 45.000 euros devueltos de la partida contra la violencia de género, porque no se utilizaron. Sé que no es responsabilidad directa de SS.SS., de los miembros que integran la Comisión por parte del Grupo Popular, sé de su personal implicación y pienso que es alta, a pesar de que no es muy nutrida la asistencia a esta comparecencia. (La señora Villalobos Talero: ¿Nos está regañando? Porque estamos en el Parlamento.) Quiero pensar que es una actitud debida más bien a plantear mal una estrategia de posición que a un convencimiento ideológico, pero les pido que reflexionen si obstaculizar los instrumentos que se plantean es el camino para alcanzar la igualdad real.
Es necesario un cambio de actitud. No entiendo cómo las mujeres del Partido Popular apoyaron el recurso de inconstitucionalidad en la Ley de Igualdad respecto a la paridad. ¿Que ustedes han crecido tres diputadas más? Les felicito, pero si miramos los portavoces, no llegan ni al 20 por ciento; nosotros somos el 40 por ciento.


No comprendo tampoco las poderosas razones que le impidieron, hace unas semanas en el Senado, votar a favor de la creación de unidades de género en todos los ministerios, para que las políticas de igualdad se rijan por el principio de transversalidad; no lo entiendo. Desde el Grupo Socialista, esta legislatura ofrezco, sinceramente -y pienso que nos vamos a llevar bien la portavoz del PP y yo misma-, diálogo y voluntad de consenso.


La señora PRESIDENTA: Señora Montón, termine, su turno se ha terminado.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Ojalá que en la Comisión seamos capaces de llegar a un consenso.


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Si me permite una licencia la señora presidenta, voy a decir en voz alta un nombre, el de una de tantas mujeres que nos precedieron, que vivieron un tiempo más difícil que el nuestro y que quiero simbolizar en ella, ya que ayer la despedimos para siempre. Es Carmen Gómez Jiménez, para el recuerdo -porque el olvido es el peor enemigo de las mujeres-, el de nuestras luchas y el de nuestra conquistas.


La señora PRESIDENTA: Señora ministra, tiene su turno para contestar.


La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Aído Almagro): Señora Moneo, me sorprende que no reconozca la apuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la lucha contra esta lacra social. Lo reconocen todos los organismos internacionales, lo reconocen nuestras vecinas latinoamericanas. (La señora Villalobos Talero: Eso no lo ha dicho.) El propio Partido Popular -vosotros y vosotras- apoyó esa Ley integral contra la violencia de género. Es verdad que nos queda mucho camino por recorrer, somos conscientes de ello, pero como ministra de Igualdad también soy consciente de que es absolutamente necesario que tengamos un consenso y que vayamos de forma conjunta, que vayamos de la mano, para poder poner fin a esta enorme tragedia que tenemos hoy en nuestro país. Es fundamental lograr la implicación de la ciudadanía, lograr la implicación de todos los agentes que de alguna manera interactúan con las mujeres maltratadas. Es verdad que hablamos de jueces, hablamos de fiscales, hablamos de servicios sanitarios, hablamos de servicios sociales, hablamos también de las familias y de los amigos y amigas. Necesitamos el compromiso conjunto de la ciudadanía para hacer frente a este problema social. Y desde luego necesitamos el compromiso y el consenso de todos los grupos políticos para poder erradicar esta lacra, que creo que es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país.


Respecto a los datos, en la respuesta que ha dado el Ministerio del Interior hoy, la previsión para 2008 es que el número de agentes especializados ascienda hasta 1.848, siempre recordando que esos son especialistas, lo que no significa que el resto de los efectivos policiales de nuestro país no asuman casos de maltrato. De hecho, el año pasado se impartieron cursos de formación sobre violencia de género a 30.000 agentes. En cualquier caso, es obvio que hay que incrementar la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que hay que sumar voluntades y afrontar este problema desde el esfuerzo conjunto. Todas estas cuestiones podrán abordarse en la próxima Conferencia de Presidentes. Espero que el resultado de la misma sea un resultado positivo y que nos permita avanzar de una forma real hacia la consecución del objetivo, que es el mismo para todas y para todos: tratar de avanzar en la lucha contra esta lacra. Se requiere un gran pacto de Estado, que es lo que tenemos que conseguir.


Señora Fernández, le agradezco su intervención. Efectivamente, considero que las cuestiones de igualdad no son solo un asunto de mujeres, son una cuestión de ciudadanía, una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad. No habrán fracasado las mujeres si no somos capaces de asegurar su incorporación en condiciones de equidad al mercado laboral, habrá fracasado el conjunto de la ciudadanía, porque los retos que tenemos de cara al futuro están muy claros. Necesitamos la incorporación de las mujeres, porque no podemos permitirnos desaprovechar el talento que representan las mujeres, el capital humano que son las mujeres. Esta sociedad no se lo puede permitir. Tampoco podemos abordar una situación de no sostenibilidad desde el punto de vista demográfico. Esa es mi visión. Espero que la comparta. Obviamente es un problema del conjunto de la ciudadanía. Si no somos capaces de abordarlo de manera conjunta, habremos fracasado todos y todas.


No tengo nada más que decir. Espero que esta Comisión, que tiene entre sus principales objetivos abordar aquellas cuestiones relacionadas con el respeto a los colectivos en circunstancias de especial vulnerabilidad, el respeto entre hombres y mujeres, sea también una Comisión en la que el respeto sea una de sus principales señas de identidad. Eso es lo que espero de cara al futuro. Reitero que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. A priori, lo que os pido en esta primera comparecencia es vuestra colaboración y vuestro apoyo para seguir avanzando y ampliando los derechos de ciudadanía. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra, por su informe y por sus respuestas. Antes de despedirla, me van a permitir que les diga a SS.SS., a los diputados y diputadas de esta Comisión, que mañana a las once la Comisión como tal, los portavoces y la Mesa en particular, tenemos una reunión con una ONG, Acsur-Las Segovia, que nos lo ha solicitado formalmente, como algunos de ustedes conocen. Por lo tanto, la convocatoria está ampliada a todos los miembros de la Comisión que quieran asistir mañana a las once a la reunión.


Despedimos a la ministra hasta la siguiente comparecencia en Comisión en la que la podamos tener, deseándole, como al inicio, mucha suerte a ella y al resto de su equipo de trabajo que en buena parte también está aquí.
Tenemos convocatoria de Mesa y portavoces, como saben sus señorías.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cinco minutos de la tarde.

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