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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 28, de 26/05/2008
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2008 IX Legislatura Núm. 28
TRABAJO E INMIGRACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO
Sesión núm. 2 elebrada el lunes 26 de mayo de 2008


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión de 21 de mayo de 2008... (Página 2)

Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de ésta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001.)... (Página 2)

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Comparecencia del señor ministro de Trabajo e Inmigración (Corbacho Chaves), para informar sobre... (Página 2)

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000003.)... (Página 2)

- Las medidas políticas que adoptará como responsable de su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000010.)... (Página 2)

- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000027.)...
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- Los objetivos y programas de trabajo del ministerio durante la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000052.)... (Página 2)

Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 21 MAYO DE 2008.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


Vamos a proceder a aprobar el orden del día. En primer lugar, quiero someter a consideración de la Comisión la ratificación de la celebración de las comparecencias incluidas en el orden del día de hoy, acordadas por la Mesa y portavoces de la Comisión, en su reunión del día 21 de este mes. (Asentimiento.) Se ratifica.


DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ÉSTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 042/000001.)

El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, sometemos a la Comisión la delegación en la Mesa de la Comisión, en este caso Trabajo e Inmigración, de la competencia de ésta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 de Reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Saben ustedes que es una delegación condicionada a la Mesa para decidir las reuniones y el contenido de las mismas. (Asentimiento.) Entiendo que damos también por acordado este segundo punto.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (CORBACHO CHAVES) PARA INFORMAR SOBRE:

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000003.)

- LAS MEDIDAS POLÍTICAS QUE ADOPTARÁ COMO RESPONSABLE DE SU MINISTERIO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000010.)

- LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000027.)

- LOS OBJETIVOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL MINISTERIO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 213/000052.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la celebración de las siguientes comparecencias: Comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración, a petición propia, para informar sobre las líneas generales de su departamento. Conjuntamente con esta comparecencia se tramitarán las de objeto similar, solicitadas por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Pongo en conocimiento de SS.SS. que en esta reunión de la Mesa se acordó ordenar las intervenciones del siguiente modo. En primer lugar, hará uso de la palabra

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el señor ministro de Trabajo e Inmigración. Acto seguido intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, con independencia de que hayan solicitado o no la comparecencia. Estas intervenciones tendrán una duración aproximada de diez minutos, tal como fija el Reglamento.


Si no hay ninguna objeción y acordado todo lo anterior, quiero darle la bienvenida al señor ministro y agradecerle su comparencia.


Señor ministro, tiene usted la palabra cuando lo desee.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Miembros de la Mesa, señorías, antes de empezar mi intervención quisiera mostrar por parte del ministerio -y estoy convencido de que recojo el sentir de SS.SS.- el pésame a las familias que hoy han perdido a sus seres queridos, como consecuencia de los diferentes accidentes de trabajo que se han producido, para que conste en el "Diario de Sesiones", más allá de las gestiones que este ministerio y su ministro realizarán para tener conocimiento exacto de los motivos que han concurrido en estos accidentes.


Señor presidente, señorías, en primer lugar, quiero mostrarles mi agradecimiento por poder comparecer ante todos ustedes en esta Comisión.
Un agradecimiento con el que quiero manifestar también mi voluntad de venir cuantas veces sea necesario, con la convicción de que una estrecha colaboración entre el Gobierno y el Parlamento es fundamental para el desarrollo de cualquier política, y muy especialmente en el caso de dos áreas tan sensibles para la sociedad española como son trabajo e inmigración. Por tanto, asumo el compromiso de mantenerles informados al máximo sobre la actividad que realice desde este ministerio, y no tengan ninguna duda de que tendré en cuenta todas las opiniones, críticas y aportaciones que me quieran realizar. Esta voluntad de transparencia y colaboración es, por supuesto, extensible a mi equipo directivo en el ministerio, que hoy me acompaña. Si me permiten, paso brevemente a presentarlos, aunque algunos ya son conocidos por todos ustedes: el secretario de Estado de Seguridad Social, don Octavio Granado; la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, doña Consuelo Rumí; la secretaria general de Empleo, doña Maravillas Rojo, y el subsecretario del ministerio, don Leandro González.


Esta es mi primera comparecencia ante esta Comisión. Lo es, como ha dicho el presidente, a petición propia, pero también a petición del Grupo Socialista, del Grupo Popular y de Convergència i Unió. Comparezco para explicarles las que serán las líneas generales de la política que desarrollaremos en esta legislatura y que, como no puede ser de otra forma, están orientadas por el programa electoral con que el Partido Socialista concurrió a las elecciones y con el programa de Gobierno presentado ante esta Cámara por el presidente del Gobierno en el debate de investidura.


Señorías, el Gobierno ya ha solicitado mi comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo, de la que muchos de ustedes forman parte, por lo que hoy me centraré en las áreas de empleo e inmigración, dejando la parte de Seguridad Social para entonces. En todo caso, permítanme una breve referencia. Como ustedes conocen, durante estos últimos años la Seguridad Social ha mejorado simultáneamente su situación financiera, la capacidad de su acción protectora y sus indicadores de sostenibilidad. Este mes de mayo alcanzaremos los 19,4 millones de afiliados, lo que significa una tasa de dependencia -relación entre afiliados y pensionistas- de 2,71. En el año 2003 esta tasa de dependencia era de 2,44. Nuestro Fondo de Reserva, para el que puedo anunciarles una dotación -como viene siendo habitual en el mes de julio, similar a la efectuada en febrero- de 4.700 millones de euros, sobrepasará este año los 56.000 millones de euros, a los que hay que sumar las reservas de las mutuas y el Fondo de Prevención, que totalizarán 6.000 millones de euros más, con lo cual la Seguridad Social se verá aumentada en la cantidad que anteriormente les he enumerado. La Seguridad Social ha amortizado en paralelo todos los préstamos existentes con entidades financieras hasta reducirlos a cero.
Todo esto al tiempo que un incremento de las pensiones mínimas y una mejora general del sistema de protección social.


Mi voluntad en esta legislatura es proceder a la prevista renovación del Pacto del Toledo, profundizando en el acuerdo con los grupos parlamentarios y con los interlocutores sociales. Para mí, como ministro, el Pacto de Toledo pertenece al mismo ámbito de acuerdos que permitieron en nuestro país la aprobación de la Constitución o de los estatutos de autonomía. Es el gran acuerdo que todos debemos respetar para disfrutar de un sistema de protección más justo y solidario, pero también más consolidado y viable económicamente. Es este respeto el que debe permitirnos seguir mejorando las pensiones mínimas, las ayudas a las familias y la protección a los trabajadores incapacitados, con un sistema cada vez más fuerte y más robusto.


Señorías, como todos ustedes conocen, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha pasado a denominarse Ministerio de Trabajo e Inmigración, y este cambio no es solo una cuestión de palabras, detrás hay una adaptación administrativa y política a las nuevas necesidades que tiene la sociedad española en esta legislatura. Además de estos cambios competenciales, somos conscientes de que la tarea de este Gobierno no parte de cero. Los últimos cuatro años han supuesto un avance sin precedentes para la sociedad española, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico como del desarrollo de las políticas sociales.
Gracias al trabajo y al esfuerzo de todos se crearon tres millones de empleos; la conflictividad social se redujo a los niveles más bajos de la democracia; la tasa de paro se situó entre las más bajas de las últimas décadas; la reforma laboral permitió que más de un millón de personas consiguieran un empleo

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indefinido; las pensiones mínimas subieron hasta un 35 por ciento; el salario mínimo alcanzó los 600 euros; se realizó un proceso de normalización de inmigrantes que permitió que más de medio millón de inmigrantes, que trabajaban ilegalmente, pagaran sus impuestos. Asimismo se aprobaron un conjunto de leyes históricas que han significado un avance en las libertades individuales y en el bienestar social. Y en todo esto han tenido mucho que ver SS.SS., que trabajaron duramente para mejorar y sacar adelante muchas de esas medidas. Pero permítanme que haga una especial referencia a mi predecesor en el ministerio, don Jesús Caldera, que fue uno de los impulsores de algunas de estas leyes que hoy se encuentran en pleno desarrollo.


Señorías, el diálogo social ha sido, es y será una seña de identidad del Gobierno socialista. Aunque el Gobierno disponga de capacidad política para aplicar su programa, hemos optado siempre por someter todas esas políticas al diálogo social, y ello básicamente por dos razones. En primer lugar, el Gobierno ha querido unir legitimidad política y legitimación social, multiplicando las posibilidades de éxito y eficacia de las medidas adoptadas. En segundo lugar, el Gobierno cree y pone en práctica lo que señala en el artículo 7 la Constitución, que dice textualmente:"Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales..." Es importante recordar que con la Declaración del Diálogo Social Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social de 8 de julio de 2004, se inauguró un proceso de diálogo social que supuso una profunda renovación con respecto a los procesos abordados anteriormente en esta dirección. El presidente del Gobierno se comprometió a seguir esta línea de trabajo, esta manera de entender la política y la democracia, remitiendo en el mes de febrero a los agentes sociales un documento base para empezar una nueva etapa de diálogo social que profundice en la línea mantenida durante estos años.


En el poco más de un mes que ha transcurrido desde que asumí el puesto de ministro de Trabajo e Inmigración, ya nos hemos reunido con todos los agentes sociales y estamos identificando la agenda de trabajo. Permítanme expresar aquí mi reconocimiento a los interlocutores sociales -UGT, CCOO, CEOE y Cepyme- por su análisis serio y riguroso, así como por su predisposición para dialogar y encontrar puntos comunes con los que abordar medidas que favorezcan y ayuden a superar la actual coyuntura de desaceleración económica. Ahora bien, el Gobierno es consciente de que la situación de nuestra economía, de nuestro mercado de trabajo y de nuestro sistema de protección social es diferente de la que existía hace cuatro años, y por ello el diálogo social habrá de contemplar las nuevas realidades y las nuevas situaciones. Además, no podemos olvidar que con una estructura territorial como la que tiene España, con unas comunidades autónomas y unos ayuntamientos con un elevado nivel competencial, ninguna política se puede realizar sin contar con su colaboración, y por ello es necesario también un proceso continuo de concertación territorial. Son por tanto dos procesos que irán por separado: el diálogo social con los interlocutores sociales y la concertación territorial, a través de instrumentos como la Conferencia sectorial de asuntos laborales y la Conferencia sectorial de inmigración, que ya les anuncio que antes de este verano la constituiré.


Independientemente de la agenda y los temas que decidan finalmente abordarse en el marco del diálogo social, la política del Gobierno en esta materia debe dirigirse al logro de los siguientes objetivos generales a lo largo de esta legislatura: garantizar la protección social de los desempleados y favorecer su rápida reinserción laboral; mantener la apuesta por la calidad del empleo, tanto en términos de temporalidad como de seguridad laboral; reforzar el diálogo social y la calidad del trabajo como elementos esenciales del modelo social de la Unión Europea; desarrollar el Estatuto del autónomo; lograr un consenso político territorial y social en materia migratoria, avanzando hacia la consecución de un pacto de Estado en esta materia; adaptar y mejorar en cooperación con los países de origen los mecanismos necesarios para una gestión conjunta de la inmigración, ajustando la oferta y la demanda para la contratación de mano de obra en el exterior; desarrollar el conjunto de medidas contenidas en el Plan estratégico de ciudadanía e inmigración; impulsar una política común de inmigración e integración en el ámbito de la Unión Europea; desarrollar el Estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior.


Señorías, el empleo, igual que en la legislatura anterior, es una de las prioridades de este Gobierno. Los resultados de lo hecho entonces nos avalan ahora. Es cierto que desde el verano del pasado año la situación ha cambiado, y que los registros de empleo y paro han empeorado, como consecuencia de un proceso de desaceleración económica concentrada fundamentalmente en el sector de la construcción; es más, somos conscientes de que los últimos datos reflejan que este proceso se ha intensificado. Por todo ello, establecemos como un objetivo prioritario de la acción del Gobierno en esta legislatura superar esta fase de desaceleración y generar más empleo. Antes de abordar cualquier medida es necesario identificar claramente las causas de esta desaceleración, y en este punto seguro que coinciden conmigo en que tres son los elementos clave de la situación que les estoy enumerando: en primer lugar, el crecimiento de precios de las materias primas a nivel internacional; en segundo lugar, la falta de liquidez en los mercados internacionales provocada por la crisis hipotecaria en Estados Unidos -dos factores externos y que afectan a la mayoría de las economías internacionales y también a la nuestra-; el tercer factor -y este sí tiene que ver con el mercado español- es la desaceleración en el mercado inmobiliario y en el sector de servicios que tiene asociado.


El Gobierno ha reaccionado rápidamente. Como SS.SS. conocen, en el primer Consejo de Ministros del

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día 18 de abril se aprobaron un conjunto de medidas fiscales, financieras y laborales para impulsar la economía y el empleo. En conjunto suponen una inyección de 10.000 millones de euros durante el año 2008 que nos permitirán superar esta situación a mediados del año próximo.


En el ámbito laboral destaca el Plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral, que incluye materias que son de la competencia del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Permítanme enumerar sintéticamente las más relevantes: la contratación de 1.500 orientadores profesionales; diseñar itinerarios de inserción que supongan una ayuda continua y sistemática, adaptada a los perfiles de los usuarios; establecer subvenciones a trabajadores desempleados durante el proceso de búsqueda de empleo, dirigidas de manera especial a los trabajadores con problemas de empleabilidad y menos renta, y ayudas para la promoción del empleo autónomo. Un plan con un coste de 201 millones de euros cuya gestión corresponderá a las comunidades autónomas, que son competentes en el ámbito de trabajo, empleo y formación. Señorías, en este contexto y en coherencia con el planteamiento que les hacía inicialmente sobre la concertación territorial, les anuncio que he convocado para el próximo día 26 de junio la Conferencia sectorial de asuntos laborales para informar y desarrollar dicho plan, previendo su entrada en vigor antes del mes de agosto.


Pero, además de estas medidas de choque, existe una estrategia a medio y largo plazo que contiene las actuaciones que deben transformar nuestro sistema productivo y laboral, con una proyección de futuro. Durante la pasada legislatura el Gobierno ya dio pasos muy importantes hacia un modelo de crecimiento económico más productivo y más sostenible, que debe consolidarse avanzando en tres áreas clave: la innovación, el conocimiento y el progreso sostenible. Debemos aprovechar la actual coyuntura económica, con sus indudables aspectos negativos, para profundizar hacia ese nuevo modelo de crecimiento de la economía española, con una composición más equilibrada que favorezca un crecimiento más duradero y más estable, invirtiendo con determinación en aquellos factores que afectan más positivamente a la productividad, y todo ello en el marco del diálogo con los interlocutores sociales.


Paso a concretar las principales líneas de trabajo del Gobierno. Daremos prioridad al análisis con los interlocutores sociales para reforzar el papel central de los servicios públicos de empleo, como sistema en red de base territorial, con el que favorecer las oportunidades de empleo de calidad, especialmente de los colectivos más desfavorecidos.
Articularemos un sistema eficaz de intermediación laboral; contribuiremos a la coordinación efectiva de los servicios públicos de empleo, y mejoraremos las dotaciones de las políticas de empleo, fijando los criterios para la distribución de las mismas. Crear empleo será objetivo básico pero, además, queremos que éste sea de calidad, entendida en varias vertientes: estabilidad laboral, seguridad y salud en el desempeño del trabajo, mejora de las competencias profesionales y con un salario digno. En la actualidad buena parte de las políticas de empleo aplicadas son el resultado del Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo, de mayo del año 2006. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, la tasa de temporalidad se ha reducido en 4,2 puntos. Es un resultado muy esperanzador, pero todavía insuficiente. Ahora nuestro objetivo es continuar esa senda descendente, lo que hará necesario analizar todas las medidas que se puedan sugerir. En la mesa de diálogo la idea es clara: es posible aumentar la estabilidad en el empleo aumentando simultáneamente la flexibilidad de la que disponen las empresas.


En cuanto a la lucha contra la siniestralidad laboral, la adopción durante la legislatura pasada, con el consenso de interlocutores sociales y comunidades autónomas, de la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012 ha inaugurado una nueva forma de abordar las políticas en materia de prevención de riesgos laborales, queriendo trasladar a la sociedad que con la colaboración de todos es posible reducir de manera significativa la siniestralidad. No parece el día más oportuno para hablar de este tema, máxime cuando al principio de mi intervención he hecho mención, para que constara en el "Diario de Sesiones", justamente al sentimiento de solidaridad con las familias de los fallecidos, pero eso no nos puede llevar de ninguna manera a dejar de reconocer la dirección y el camino que tenemos emprendido, más allá de que el objetivo, como siempre, en esta materia y en otras, tiene que ser que la satisfacción solo venga de la mano del cumplimiento al cien por cien de la prevención, cosa también harto difícil, como ustedes saben, señorías. El objetivo, por tanto, para la próxima legislatura será situar nuestros índices de siniestralidad laboral en la media de la Unión Europea. Para ello debemos adoptar todas las medidas legislativas reglamentarias y ejecutivas necesarias para proceder al despliegue y completa ejecución de la estrategia que anteriormente mencionaba.


En este objetivo es clave la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que constituye un instrumento esencial para la gestión de la política social, la mejora de la calidad del trabajo en todos los aspectos antes contemplados, y el combate contra la economía irregular.
Los retos actuales exigen que este instrumento, cuyo papel en los avances logrados en los últimos años ha sido básico, sea mejorado; para ello el Gobierno desea analizar con los interlocutores sociales las reformas normativas y organizativas necesarias para garantizar la cooperación y coordinación en el conjunto del Estado, adaptándose a las exigencias derivadas de los nuevos estatutos de autonomía, el incremento de su plantilla hasta alcanzar el número de tres mil efectivos entre inspectores y subinspectores al finalizar la presente legislatura, y la creación de una escuela de formación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


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Tan importante como tener trabajo es recibir un salario digno; por ello uno de los objetivos del Gobierno es continuar subiendo el salario mínimo interprofesional. Esta subida, además de dignificar las condiciones retributivas de quienes poseen ingresos más bajos, aumenta el estímulo al trabajo, retribuyéndolo diferencialmente a las prestaciones sociales mínimas. Un salario mínimo interprofesional muy bajo desincentiva el esfuerzo laboral, la empleabilidad y el reciclaje profesional. En nuestro país el salario mínimo interprofesional sigue siendo bajo y por eso nuestro objetivo es situarlo en 800 euros mensuales en el año 2012.


Señorías, durante la pasada legislatura se han adoptado un gran número de medidas dirigidas a favorecer el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado del trabajo. En esta legislatura y junto con el Ministerio de Igualdad propondremos a los interlocutores sociales el desarrollo de las medidas reglamentarias y ejecutivas en materia laboral y social derivadas de la Ley de Igualdad, así como el reconocimiento de nuevos derechos que favorezcan la conciliación de trabajo y familia, basados en su ejercicio de la negociación colectiva y que no comprometan las necesidades de flexibilidad de las empresas. El acceso e incorporación de la mujer al empleo no es solo un objetivo a cumplir, sino una necesidad por la aportación de talento que realizan las mujeres en el mundo del trabajo, por eso vamos a seguir apoyando el empleo femenino con el objetivo de cumplir la tasa de ocupación, prevista en la estrategia de Lisboa del 60 por ciento; es aquí donde radican buena parte de los déficit de actividad y ocupación de nuestro país, lo que lastra nuestro crecimiento y nuestra capacidad de generar riqueza. También estamos empeñados en mejorar el empleo de las personas con discapacidad a través del desarrollo de la estrategia global de empleo para personas con discapacidad, consensuada con los agentes sociales a finales de la anterior legislatura.


Otra prioridad para el Gobierno es el trabajo autónomo. El Gobierno anterior saldó una deuda histórica con más de tres millones de trabajadores autónomos que carecían de una norma que regulara, de forma específica, el desarrollo de su actividad profesional, es decir, no tenían una norma en la que se reconociera un catálogo de derechos propios que les sirvieran de protección. Tras su aprobación, nuestro principal objetivo en esta legislatura es su desarrollo reglamentario, que permitirá el despliegue completo de todas las medidas incorporadas. Se regularán el contrato de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y otras cuestiones relacionadas con el colectivo como la creación de un registro. También se fijarán los criterios para la mediación de la representatividad de las asociaciones de autónomos, así como el registro de tales asociaciones. Se constituirá el consejo del trabajo autónomo como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo. Se determinarán cuáles son las actividades con mayor riesgo de siniestralidad para los autónomos a las que se extiende la cobertura obligatoria de accidentes de trabajo.
Se regulará la prestación por cese de actividad a partir del informe y propuesta elaborada por el grupo de expertos constituido en febrero de este año. Se determinarán los supuestos en los que se posibilita el acceso a la jubilación anticipada. Se elaborará un estudio con el fin de ampliar la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo de quienes pretendan constituirse en autónomos. Ya he tenido ocasión de reunirme con algunas organizaciones representativas de trabajadores autónomos y puedo anunciarles que en los próximos días constituiremos con dichas organizaciones los grupos de trabajo necesarios para el desarrollo del estatuto.


En materia de economía social las líneas principales de actuación que persiguen la adaptación de este sector al nuevo entorno económico globalizado son la aprobación de una ley general de economía social, que va a poner de relieve el conjunto de actores que intervienen, así como su contribución a la generación de empleo y a la aportación singular de valores en materia de hacer empresa, y la modificación de la normativa sobre cooperativas y sociedades laborales. El Gobierno también hace una gran apuesta por el fomento de la responsabilidad social empresarial porque es garantía de desarrollo y bienestar y supone un aumento de la eficiencia y la sostenibilidad del desarrollo económico. En las próximas semanas el ministerio nombrará a los vocales que componen el Consejo Estatal de Responsabilidad Social en las Empresas, que a partir de ese momento será el órgano encargado de impulsar las iniciativas en este campo.


Señorías, decía al principio de mi intervención que la vinculación entre inmigración y empleo es una de las bases sobre la que se asienta la política del nuevo ministerio. Si tuviéramos que destacar un fenómeno que caracterizara la última década de la historia de España, ese sería el de la inmigración, el de la entrada de personas extranjeras con la finalidad de permanecer durante un tiempo más o menos largo ejerciendo actividades económicas bien por cuenta propia o por cuenta ajena. El dinamismo de nuestra economía y el rápido crecimiento de las rentas per cápita durante los últimos años se explican en buena medida por la entrada de esas trabajadoras y esos trabajadores extranjeros, que, además, han supuesto un importante empuje demográfico alcanzando cerca del 10 por ciento de la población. Las causas que explican el volumen y la rapidez del fenómeno de la inmigración hay que encontrarlas básicamente en el modelo de crecimiento intensivo en mano de obra del mercado de trabajo a partir del año 2000. La demanda continuada de trabajadores por parte de empresarios y empleadores en sectores como el servicio doméstico, la construcción, la agricultura, la hostelería y el comercio han sido un polo de atracción para los flujos migratorios, motivo por el que en la anterior legislatura la primera medida fue la búsqueda del consenso entre los interlocutores sociales para establecer un reglamento de la Ley orgánica sobre derechos y deberes de los extranjeros en España y su integración social. Con la aprobación del

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reglamento se abrieron vías de inmigración regular y reglada, lo que ha permitido, por una parte, canalizar los flujos migratorios en cooperación con los países de origen y, por otra, facilitar la integración de los inmigrantes garantizando el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Señorías, desde que tomé posesión he manifestado reiteradamente que el objetivo es que todos los inmigrantes que entren en España lo hagan de forma legal y con contrato de trabajo. Las políticas de legalidad, de convivencia y de integración contando con el consenso de todos los actores implicados son políticas no contrapuestas, son políticas necesarias: la exigencia de la regularidad, de la legalidad y, a la vez, todo eso no nos puede llevar a perder de vista el objetivo de la integración. Los procesos de determinación de la necesidad de mano de obra extranjera y el establecimiento de nuestra capacidad de acogida deben seguir contando con la participación de todos los agentes sociales y con la mayoría de los grupos políticos, si así lo tienen a bien, y especialmente de los representantes de los empresarios y de los trabajadores, al tiempo que deben mejorar su instrumentación y su vinculación con el funcionamiento de las políticas de empleo.


A este respecto, lo ejes de la acción del Gobierno serán los siguientes.
Buscaremos el acuerdo con los interlocutores sociales para cifrar la capacidad de acogida del mercado laboral, asegurar la legalidad en la entrada y garantizar que quien aquí vive disfruta de iguales derechos y está sujeto a iguales deberes que cualquier otro ciudadano. En segundo lugar, utilizaremos la contratación en origen para cubrir los puestos de trabajo que demande nuestra economía y, repito, siempre que no existan en España trabajadores nacionales o extranjeros que puedan ocupar esos puestos de trabajo. En tercer lugar, mejoraremos la actividad de inspección y control y promoveremos un endurecimiento de las sanciones a empresarios y empleadores que contraten a extranjeros que no se hallen en situación legal en España. Incentivaremos el retorno voluntario para aquellos trabajadores extranjeros que habiendo trabajado legalmente pierdan su empleo y deseen volver a su país. El Gobierno está elaborando un documento que servirá de base para incentivar y facilitar el retorno a través de fórmulas como la acumulación de las prestaciones que estas personas hayan podido generar en su actividad laboral. Nuestra previsión es tenerlo aprobado antes del mes de julio. Promoveremos una política común entre los Estados miembros de la Unión Europea para la gestión de los flujos migratorios y la integración de los inmigrantes. Además, continuaremos con la firma y aplicación de los acuerdos de asistencia y cooperación con aquellos países de origen y tránsito de la inmigración hacia nuestro país, instrumentos que han demostrado largamente su valía para la apertura de vías regulares de inmigración, la represión de la inmigración irregular y la cooperación al desarrollo de esos países.


Como he insistido ya varias veces a lo largo de mi comparecencia, junto al diálogo social necesitamos concertación territorial. El desarrollo del Estado autonómico y la gestión de la inmigración requieren un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas. Desde el ministerio intensificaremos la cooperación con las comunidades autónomas para establecer procedimientos de control y gestión rápidos y eficaces adaptados a las circunstancias reales de cada uno de los pueblos y provincias donde viven y trabajan los inmigrantes. En consecuencia, mejoraremos la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias en esta materia.
Desarrollaremos las facultades autonómicas estatutarias sobre la participación en las decisiones estatales de política migratoria y sobre su ejecución laboral. Para ello vamos a constituir la conferencia sectorial de inmigración. Será una de las primeras tareas que afrontaremos en este ámbito, dada la importancia que tendrá para la gobernabilidad del fenómeno de la inmigración y la integración de los inmigrantes. La Constitución establece expresamente que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, lo que no significa en absoluto que el resto de las administraciones públicas no tengan nada que hacer para mejorar la gestión y el resultado de las políticas migratorias y, particularmente, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es en el territorio de nuestras ciudades y comunidades autónomas donde se asientan y viven los extranjeros que vienen a España, por lo que a ellas corresponde procurar las condiciones para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.


Hasta ahora y desde el año 2005, el Estado ha aportado a las comunidades autónomas y ayuntamientos la ayuda para la mejora de las dotaciones sociales a través del Fondo para la acogida, integración y el refuerzo educativo. Desde el año pasado a ese fondo hay que añadirle la financiación prevista en la ejecución del Plan estratégico de ciudadanía e integración destinado a garantizar el acceso a los servicios públicos de todos aquellos que lo necesiten, nacionales o extranjeros. A tal fin, intensificaremos la cooperación para que ni un solo ciudadano se vea privado de cualquier derecho a ayuda social por la llegada de inmigrantes. Allí donde surjan nuevas necesidades sociales deberán suplementarse los medios. Los servicios educativos y sanitarios de toda índole serán redoblados allá donde se incremente la demanda. Pero no terminan en el diseño y ejecución de las políticas de integración las competencias de las comunidades autónomas en la gestión del fenómeno de la inmigración. También participan de manera muy intensa en la definición de las necesidades del mercado de trabajo en sus respectivos territorios.
La concesión de las autorizaciones iniciales de trabajo ha sido incluida en el Estatuto de Cataluña y en el de Andalucía.


Siendo consciente de que el reto está en la gestión del fenómeno no me detendré mucho tiempo en la legislación, pero, señorías, desde que se aprobó la Ley orgánica sobre derechos y deberes de los extranjeros en España y su integración social al día de la fecha han sucedido una

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serie de acontecimientos que hacen necesario adecuar el contenido de la norma a las sentencias de inconstitucionalidad de determinados artículos de la ley y a la aprobación de directivas de la Unión Europea que requieren la preceptiva trasposición normativa a nuestra legislación.
Creo que estamos en una materia en la que dada su importancia en la convivencia y en la conformación de la sociedad debemos buscar el máximo consenso y establecer un pacto que permita desarrollar una norma acorde con las aspiraciones y necesidades de la sociedad española. Como conclusión, permítanme que cite al presidente del Gobierno en el debate de investidura: Buscaremos el acuerdo para cifrar nuestra capacidad de acogida, el acuerdo con los países de origen para que la contratación se haga allí preferentemente, el acuerdo para asegurar la legalidad en la entrada y también el acuerdo para garantizar que quien aquí vive disfruta de iguales derechos y está sujeto a iguales deberes que cualquier otro ciudadano.


Una vez señaladas las líneas directrices en materia de inmigración e integración, haré una breve referencia a nuestra emigración, a la situación de los españoles que viven fuera de nuestro país. Conviene recordar que en su día fuimos un país de origen de los flujos migratorios y hoy todavía hay más de 1.500.000 de españoles residiendo en el exterior. Consecuentemente, continuaremos desarrollando las previsiones contenidas en la Ley del estatuto de la ciudadanía española en el exterior impulsando y ejecutando, consecuentemente, las medidas ya adoptadas en la anterior legislatura en estrecha colaboración tanto con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior como con los consejos de Residentes Españoles, que representan el sentir de los ciudadanos que viven fuera de nuestro país.


Señorías, es necesario adecuarnos a las necesidades de los españoles residentes en el exterior y realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar que los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución alcancen a todos los ciudadanos residentes en el exterior.
Para ello realizaremos las mejoras necesarias para que residir en el exterior no impida o dificulte el disfrute de los derechos civiles y sociales y se garantice la igualdad de trato entre todos los españoles, residan dentro o fuera del país. Se han realizado esfuerzos para modernizar y acercar la Administración a los ciudadanos que residen fuera del país, pero indudablemente trabajaremos para potenciar aún más el acceso a los servicios. Continuaremos mejorando las pensiones no contributivas de los españoles en el exterior. Trabajaremos por garantizar el derecho de voto en las mismas condiciones que los residentes en el interior a través de la circunscripción en el exterior.
Facilitaremos el retorno de los españoles que quieran volver a España.
Pondremos en marcha mecanismos ágiles de recurso al Defensor del Pueblo y apoyaremos la creación de la oficina de defensa del español en el exterior dentro de los servicios del Defensor.


No quiero finalizar sin hacer una referencia a la Presidencia española de la Unión Europea que se producirá en esta legislatura. Será la ocasión para poner todos nuestros esfuerzos por cumplir con los deseos de los españoles y españolas, que quieren más Europa, más Europa de los ciudadanos y más Europa social. El Gobierno ya ha creado una estructura específica para este fin, la Secretaría General de la Presidencia, con sede en Moncloa. Este ministerio participará muy activamente en la organización y gestión de este importante periodo de legislatura en el ámbito de su competencia. Me comprometo ya desde ahora a volver a comparecer a fin de poder informarles puntualmente del diseño y objetivos de la Presidencia de la Unión Europea en lo que afecta al ministerio que presido. Puedo adelantarles que evidentemente temas como más empleos y de mejor calidad, el diálogo social como esencia del propio modelo social europeo y la mayor implicación de la Unión Europea en lo relativo al fenómeno migratorio estarán en la mente de todos de cara a la próxima Presidencia.


Señorías, concluyo ya y, a modo de resumen, quiero reiterar los principales objetivos de este ministerio en esta legislatura. Superar la actual fase de desaceleración económica y reducir la tasa de paro.
Mejorar la calidad en el empleo entendida en un sentido amplio -reducir la tasa de temporalidad, mejorar la seguridad y la salud en el trabajo, mejorar las competencias profesionales de los trabajadores, subir el salario mínimo-. Desarrollar el Estatuto del autónomo para beneficiar a 3 millones de personas y que contribuirá al crecimiento de nuestra economía; gobernar el fenómeno de la inmigración reforzando su vinculación con las necesidades de nuestro mercado laboral y garantizando que no suponga una pérdida en la calidad de los servicios públicos.
Desarrollar el Estatuto de los españoles en el exterior. Todos estos objetivos necesitan un intenso proceso de diálogo con los interlocutores sociales y una necesaria concertación territorial.


Señorías, reitero el doble compromiso que he expresado al principio de mi intervención: informarles al máximo y atender y estudiar todas las propuestas que vengan de esta Comisión. Me pongo -reitero- a su entera disposición. Muchas gracias por su atención. Quiero también pedirles disculpas porque soy consciente de que ha sido una intervención larga, seguramente necesaria por ser la primera. Asumo el compromiso de que la próxima vez sea sobre temas concretos y les ahorraré a ustedes el sacrificio de tener que estar escuchando durante media hora larga además un discurso leído. Espero que el próximo sea más ameno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


A continuación corresponde iniciar las intervenciones de los grupos parlamentarios, que se van a desarrollar, como ya he dado cuenta antes al inicio de la Comisión,

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de menor a mayor. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.)

Sí, señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, una cuestión de orden. Cuando el otro día tuvimos la reunión de Mesa y portavoces entendí que ese menor a mayor se circunscribía en principio a los grupos que hemos solicitado la comparecencia del ministro. Es tradición en las comisiones que no es lo mismo haber solicitado e incorporado al orden del día una solicitud de comparecencia que no haberlo hecho. Por tanto, en virtud de ese acuerdo, que creía entender que era el que yo le explicito en estos momentos, lo normal sería que empezara en primer lugar el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a continuación el Grupo Parlamentario Popular y la única duda es si el Grupo Parlamentario Socialista querría contestar al final o no, pero creo que hay una preferencia y prevalencia de aquellos grupos que hemos solicitado la comparecencia sobre aquellos otros que no lo han hecho en este punto del orden del día.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, sobre esa cuestión que usted suscita hay antecedentes en esta Cámara para todos los gustos. Además de ese acuerdo que usted acaba de mencionar de Mesa y portavoces del día 21, al inicio de esta Comisión yo he leído textualmente este párrafo: Acto seguido intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor, con independencia de que hayan solicitado o no esta comparencia.
Estas intervenciones tendrán una duración aproximada de diez minutos.
Esto es lo que he leído textualmente y esto es lo que ha sido aprobado por unanimidad por esta Comisión. Por tanto, la cuestión que usted plantea en este momento excede mis facultades como presidente, porque ya no estamos ante una interpretación del Reglamento, sino que estamos ante la situación de cambiar un acuerdo tomado por unanimidad al inicio de esta sesión. Por tanto, requeriríamos otra vez el acuerdo unánime de todos los grupos para atender su petición. Como usted comprenderá, señor Hernando, esto lo hace más complicado, porque, como le digo, no depende ya de mí, sino que esto excede mis facultades y es un acuerdo en Comisión.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, yo no he estado atento al texto que usted ha leído y quiero reconocerle en ese sentido mi error, pero, evidentemente, respecto a la reunión de Mesa y portavoces, llevo desde el año 1993 en este Parlamento y conozco el funcionamiento de distintas comisiones y es verdad que ha habido para todo. Cuando gobernaba el Partido Popular generalmente quien intervenía de forma prevalente era siempre el primer grupo de la oposición. Hay otros sistemas en otras comisiones, pero hay un antecedente muy importante, que es el funcionamiento de la Comisión permanente. Se puede ver cuál es el procedimiento de la Comisión permanente; no obstante, atenderemos...


El señor PRESIDENTE: Yo le he entendido perfectamente, pero le ruego que me entienda a mí también. No depende de la voluntad de este presidente.
¿El resto de los grupos estaría dispuesto a que alteráramos el acuerdo que he leído al inicio de esta sesión?

El señor HERNANDO FRAILE: Ese no es el acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Si los demás grupos están de acuerdo, yo no tendría ningún inconveniente, como usted se puede imaginar. (El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)

Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: No tenemos inconveniente, pero si se utiliza luego como precedente y si generaliza al conjunto de las comisiones, entonces no estaríamos de acuerdo. Quiero hacer notar que recientemente hemos tenido la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno ante la Comisión Constitucional y el criterio fue diferente; por tanto, tengamos en cuenta esa materia que tendrá que ser tratada, si lo hacemos así, como precedente en Junta de Portavoces para homogeneizar la situación en el conjunto de las comisiones. Lo que no es de recibo es que en algunas comisiones se produzca la intervención de menor a mayor y en otras se produzca a petición de comparecencia por parte de los grupos.


Mi grupo no tendría inconveniente en este caso concreto, pero no lo aceptaríamos si fuera un precedente para que esta Comisión funcionase así, porque además es un caso especial. Y es especial porque cuando iniciamos el periodo legislativo pide la comparecencia el Gobierno en una materia general, no en una materia específica, con lo cual se considera por parte de los grupos que no es necesario pedir la comparecencia. Esa es la lectura de mi grupo.


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Llamazares. El antecedente que usted ha mencionado, el más reciente, ha sido en la Comisión Constitucional y se ha hecho tal como hemos aprobado aquí al inicio de esta sesión. Pero, repito... (El señor Membrado Giner pide la palabra.)

Sí, señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Nosotros consideramos que el acuerdo de la Mesa y portavoces y la lectura del acuerdo al comienzo de la sesión es un elemento determinante a la hora de la ordenación del debate.
Consideramos, por tanto, que debería hacerse tal y como se ha planteado.


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El señor PRESIDENTE: En el momento que uno de los grupos expresa su voluntad de que se desarrolle tal como hemos aprobado al inicio de la sesión, lamentándolo mucho, don Rafael, no puedo acceder a su petición.
De todas maneras, en lo sucesivo tendremos en cuenta estas cuestiones para que no se susciten al inicio de la Comisión y lo tengamos ya hablado con anterioridad.


Corresponde ahora iniciar las intervenciones de los grupos parlamentarios, que se van a desarrollar, tal como estaba previsto, de menor a mayor. En primer lugar, intervendrá el Grupo Mixto. Tiene la palabra doña Uxue Barkos, de Nafarroa Bai. Perdón, señora diputada. Es que me está haciendo una seña, pero yo ese lenguaje todavía no lo domino.


La señora BARKOS BERRUEZO: Disculpe, señor presidente. Era para señalar que en el caso del Grupo Mixto, dado que estamos hablando de dos materias interrelacionadas claramente, pero bien sensibles cada una en su ámbito, si tiene a bien el presidente, repartiremos el tiempo entre la señora Oramas y yo misma, para centrarme en mi caso en el apartado de empleo y la señora Oramas en el apartado de inmigración.


El señor PRESIDENTE: El artículo 6, que trata de los miembros adscritos a las comisiones, habla de que no tendrán derecho a voto. No dice nada del derecho a palabra, por tanto, es interpretativo. Ya que usted está dispuesta a compartir su tiempo con doña Ana, por parte de la Presidencia no hay inconveniente en acceder a esa petición y, por tanto, tiene usted la palabra, en el entendido que se distribuyen los diez minutos para que no sea en menoscabo del tiempo que tienen los demás grupos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Por descontado y como no podía ser de otra manera, señor presidente.


Empezaré por tratar de recuperar el consenso de esta Comisión en torno a una cuestión que ojalá no se hubiera producido y es lamentar y, por tanto, dar el pésame de la Comisión -en lo que seguro coincidiremos todos los grupos parlamentarios- a los familiares de las cuatro personas, de los cuatro trabajadores de la construcción fallecidos hoy en Valencia, en lo que todo apunta como un accidente de carácter laboral. Coincido en esto con el señor ministro, por descontado, y aprovecho para darle, en cualquier caso, la bienvenida en una comparecencia, quiero recordar que también es a petición propiadel señor ministro de Trabajo e Inmigración ante esta Comisión.


Volviendo a ese arranque y a este dato que nos llevaba a hacer esta Comisión, tristemente, de especial actualidad tras ese accidente que se ha producido hoy en Valencia, quiero recordar que la siniestralidad laboral sigue siendo una de las deudas que tenemos con el conjunto de la sociedad, con una sociedad que mira de manera ambiciosa su futuro y que, sin embargo, sigue teniendo en el conjunto de la Unión Europea, en el caso del Estado español, unos índices excesivos, siempre rechazables, pero que, como digo, en términos de medias europeas son unos índices excesivos. En esto, señor ministro, no nos conocemos todavía, pero fui enormemente machacona la pasada legislatura con su antecesor, con el señor Caldera, en la línea de insistir en torno a campañas, que me parecen fundamentales, y quiero planteárselo hoy aquí en su primera comparecencia ante esta Comisión. Me parece fundamental que se incida y se trabaje de manera ambiciosa, contundente y empeñada en campañas de sensibilización e información, campañas de información que permitan que muchos trabajadores extranjeros, en muchos casos sin un claro dominio del idioma y en muchísimos casos sin un claro conocimiento de los derechos que les asisten, puedan ser informados y sensibilizados, pero fundamentalmente informados sobre sus derechos en términos de seguridad laboral. Por tanto, esta es mi primera expresión de lo que considero que es una de las herramientas fundamentales y además fácilmente acometible para poder terminar con una de las mayores lacras que en el ámbito de lo laboral tiene hoy en día nuestra sociedad.


Me referiré a esa comparecencia larga y extensa -decía usted en el resumen y al finalizar su intervención-, yo diría también que en muchos casos a falta de medidas concretas -si me lo permite-, por lo menos las hemos echado en falta, pero ha dejado claro un objetivo fundamental en lo que a empleo se refiere: un empleo -ha dicho usted- de calidad, estable, seguro, ambicioso en términos de salud y, por supuesto, empeñado en conseguir salarios de una mayor remuneración de la que estamos viendo en estos momentos. Ese objetivo general que ha marcado usted, señor ministro, viene a hacernos un diagnóstico de lo ocurrido en la pasada legislatura y es que, efectivamente, ha crecido el empleo, pero ha crecido un empleo de baja calidad, porque entre 2004 y 2008 han aumentado los índices de temporalidad. No se ha sabido combatir con contundencia y con capacidad los índices de inseguridad laboral y los salarios son muy, muy bajos. Le diría algo más todavía: se derrocha el capital humano acumulado por los universitarios porque no surgen oportunidades de empleo para ellos. Por tanto, nos encontramos con que en estos momentos tenemos retos de índole bien diversa, pero el primero y fundamental -lo ha marcado usted- es conseguir un empleo de calidad que corrija la senda iniciada, de alguna manera, en la anterior legislatura.


Escuchábamos en el debate de investidura al señor Rodríguez Zapatero hablar de un objetivo ambicioso: reducir la temporalidad al 25 por ciento. Quisiera saber cuáles son esas medidas. Me gustaría saber cuáles son sus medidas en inversiones y en objetivos en I+D, porque es fundamental. A este respecto, me gustaría también que nos las relatara hoy, porque entiendo que de alguna manera respondiendo a informaciones periodísticas que hemos conocido en los días inmediatamente anteriores a esta comparecencia -y sería interesante saber cuál es la opinión del ministro de Trabajo-, por ejemplo, relativas a que -leo titulares de periódicos, señor ministro-:

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los fondos para pagar prestaciones de desempleo se agotarán en septiembre por la rápida subida del paro; Corbacho congela el plan urgente para parados que impulsó Caldera; o Trabajo admite un agujero de 2.500 millones para pagar el paro. Parece que, efectivamente, más allá de que la situación internacional no permite hacer frente con alegrías o con holguras a un objetivo tan necesario y tan evidente como es aumentar la calidad en el empleo, requiere además respuestas urgentes, rápidas y dinámicas para hacer frente a un escaparate o un escenario de juego tan duro y tan difícil como el que se está planteando. Por lo tanto, yo sí le requeriría medidas concretas ante estas situaciones.


Pensiones mínimas. Hemos escuchado decir al señor Rodríguez Zapatero -y era también uno de los objetivos reseñados por el entonces candidato a presidente del Gobierno en la sesión de investidura- que su deseo era que las pensiones mínimas llegaran al salario mínimo interprofesional. Es uno de los objetivos y de los compromisos que escuchamos. Hoy nos dice usted que el objetivo de su ministerio es que en esta legislatura, a lo largo de esos próximos cuatro años, lleguemos a que el salario mínimo interprofesional supere los 800 euros. Me gustaría saber si hay trasvase entre una medida y otra, es decir, si el compromiso, o cuando menos el anhelo de su Gobierno y del ministerio que usted dirige, es llevar las pensiones mínimas hasta los 800 euros o estábamos hablando de otras cantidades y, por supuesto, cuáles son las medidas.


Por último, ministro, si me permite, hablaba también de que una de las herramientas fundamentales, una herramienta central -y yo coincido con usted-, para encarar la situación a la que nos enfrentamos es el diálogo social. ¿Con todas las fuerzas sindicales, ministro? Porque hoy, como en la legislatura pasada, y en esta Comisión en el arranque de la legislatura, debo preguntarle -hoy a usted, entonces al señor Caldera- por qué faltan fuerzas sindicales que en la Comunidad Autónoma vasca o en Navarra, en Galicia o en Cataluña, son más que representativas, son fuerzas que incluso en muchos casos rebasan los requisitos de la norma para verse representadas en determinadas mesas de negociación. Queda aquí también la pregunta a una cuestión a la que no se ha referido usted, pero que comprenderá, dada la representación de esta diputada -y de otros muchos seguro que lo escucharemos esta tarde-, que nos parezca interesante conocer a este respecto su opinión. Deseamos saber su opinión sobre esta cuestión puntual, que nos parece importante, y le agradeceríamos mayor concreción en algunas de las medidas que nos ha anunciado en relación con el empleo.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene el uso de la palabra doña Ana Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor ministro, como diputada de Coalición Canaria, como canaria, como alcaldesa de la ciudad de La Laguna, que tuvo el centro de retención más grande que ha conocido Europa en el verano del año 2006, con 8.000 seres humanos, quiero decirle que ya no somos noticia. Ayer llegó una patera con 67 seres humanos, dieciséis niños y tres muertos. Esta mañana, hace dos horas, ha llegado otra con 59 personas y diez niños. Ese es el día a día de Canarias. Y yo quiero decir que me gusta el nuevo discurso por ahora del Gobierno. Me gusta más su discurso que el que le han preparado, sinceramente. Me gustan más las palabras que ha dicho, como decimos los alcaldes, cuando hablamos de cosas, que hablamos clarito. Esperemos, como dicen en Canarias, que el caminar de la perrita sea ese y que no se nos desvíe o que no lo desvíen.


Cuando José Carlos Mauricio, en el año 2003, gobernando el PP, dijo que había que patrullar en África, nos dijeron que si estábamos locos y que éramos animales los de Coalición Canaria. Cuando se advirtió de lo que iba a pasar en el año 2006, se dijo que éramos unos alarmistas, y cuando el año pasado pedimos que se ampliara el tiempo de retención de 40 a 70 días, se nos dijo que éramos unos... vamos a dejarlo. Nos gusta el cambio de discurso. La inmigración que sufre Canarias, como usted sabe, es la de los que entran por puertos y aeropuertos, 20.000 falsos turistas todos lo años, y nos gusta que se diga por primera vez con firmeza que se van a blindar los puertos y aeropuertos. Después está la otra, que es fundamentalmente un drama humano. No vale decir que este año han muerto 4.000 en vez de 8.000. Sigue siendo un drama humano el de ayer. Nosotros, en este momento, le agradecemos su anuncio de visitar la Comunidad Autónoma canaria, porque nos quedamos solos con el tema de los menores.
Necesitamos que se recupere el acuerdo del año 2006, que se convoque al Consejo Superior de Política de Inmigración -que si usted lo quiere llamar ahora conferencia sectorial de inmigración me parece muy bien- y que se fije algo que dijo el presidente: qué capacidad de acogida tiene Canarias. En el año 2006 se dijo que eran 300 menores. Estamos con 1.200.
En el último mes han llegado 200. Mañana pueden llegar 50 ó 100. Lo que necesitamos saber, igual que se quiere saber en España la capacidad de acogida, es qué capacidad de acogida tiene Canarias.


Le quiero pedir que vaya a Canarias a ver, como fueron los eurodiputados, el problema de Canarias. En aquella reunión en la que estuvimos con ellos yo les dije: Hoy es un problema de Canarias, dentro de 40 días no estarán en Canarias, dentro de 80 días estarán en Barcelona, y dentro de año y medio estarán en Bruselas y en París, que es lo que pasa ahora. Quiero agradecer muchísimo a todos los diputados de esta Cámara que estuvieron en noviembre en Canarias visitando los centros de menores, que quisieran, en la subcomisión de Inmigración, sacar un gran documento donde, por primera vez, se admitía el criterio que pedíamos desde Canarias: que el tema de los menores no es un tema de solidaridad, sino de corresponsabilidad, de corresponsabilidad del

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Estado con Canarias y de corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas. Cómo podemos pedir solidaridad a Europa si no lo hacemos dentro de nuestro país. Cómo vamos a plantear la cooperación con África, la posibilidad de retorno de menores, el desplazamiento, cuando consideramos que el tema de los menores no es un tema del Gobierno, sino que es un tema de una comunidad autónoma. Ese discurso ha cambiado. Yo espero que en su visita a Canarias pueda conocer la realidad de los menores y que podamos volver a trabajar de forma conjunta. Sí me gustaría saber cuál es la posición oficial -y no la personal de usted o la de la vicepresidenta, que comparto totalmente- en relación con las nuevas directivas europeas. Porque a Coalición Canaria le parece una barbaridad estar hablando de seis meses de internamiento, de la supresión de los derechos de asistencia jurídica gratuita y de determinadas medidas. Hace año y medio lo único que les preocupaba a los eurodiputados era si los inmigrantes que estaban en Las Raíces -8.000 personas- tenían televisión para ver el Mundial de fútbol. Eso pasó allí.


Quiero terminar haciendo referencia a los residentes exteriores. Usted sabe la colonia canaria que hay en Venezuela. La situación económica en Venezuela es dramática en este momento, no solo en las pensiones no contributivas, sino en la asistencia sanitaria. Tenemos que seguir trabajando en una situación económica muy difícil de Venezuela, para que no provoque el retorno de determinadas personas, abandonando a su familia, para volver a sistemas asistenciales y de prestaciones, que tampoco tenemos capacidad, ni en Canarias ni en este país, de asumir.
Quizás sea más fácil -y es lo que quieren ellos- que tengan una asistencia social responsable en el propio país de Venezuela.


Comparto con usted, que hay que crear empleo primero para los españoles. Y nosotros, los canarios, decimos que primero hay que crear empleo para los residentes en Canarias, hayan venido de donde hayan venido.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Compartiré el tiempo con el señor Tardà, señor presidente.


Quiero agradecer en primer lugar la comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración, comenzando por lamentar que en estos momentos tengamos un ministerio en el que no estén incorporados los servicios sociales o las políticas sociales. Teniendo en cuenta cuál ha sido el origen tanto del trabajo como de las políticas sociales en el contexto europeo y en nuestro propio país, nos parece que no ha sido suficientemente argumentado. En todo caso es una responsabilidad del Gobierno que nosotros creemos que no ha sido acertada.


En relación con la intervención del ministro de Trabajo nuestro grupo parlamentario, al igual que ha discrepado con las políticas de choque frente a la crisis, tiene que expresar también una posición crítica; una posición crítica porque no compartimos el triunfalismo con respecto al pasado -nosotros hemos sido parte de ese pasado reciente, pero no somos triunfalistas- y porque no compartimos tampoco esa intervención entre el eufemismo en materia económica y social y el prejuicio en materia de inmigración del que ha hecho gala el ministro de Trabajo en esta comparecencia. En relación con el triunfalismo del pasado, nosotros consideramos que la última legislatura ha sido una legislatura importante en términos de empleo, en algunas medidas, como la mejora del salario mínimo y de las pensiones, y ha sido también importante incluso en el reconocimiento de derechos en políticas sociales. Ahora bien, eso no debe ocultar que nuestro modelo, tanto el modelo económico como el modelo de empleo, es un modelo precario y se está demostrando en esta desaceleración o crisis. Se está demostrando que tenemos un modelo económico y un modelo social y laboral precarios.Creemos que cuanto antes identifique eso el Gobierno, mejor. Hasta ahora creemos que el Gobierno se está de alguna manera obsesionando por un discurso de eufemismos que no le permiten abordar la crisis o la recesión tal y como es. Un dato económico fundamental: este año, probablemente estemos en tasas de crecimiento inferiores al 2 por ciento y en tasas de desempleo en torno al 9 por ciento. El año siguiente, peor todavía. Aunque el ministro ha hablado de recuperación en el año 2009, ya ni siquiera en ámbitos del Gobierno se habla de esa recuperación, sino que se da a la situación económica de recesión o de desaceleración económica un plazo más largo.
Sería bueno evitar los eufemismos y mirar a las cosas tal y como están: una situación económica complicada, que tiene ya efectos muy importantes en materia de empleo. No solamente en el empleo en la construcción; ya están produciéndose efectos en el empleo en la agricultura, en el empleo en la industria y en el empleo en servicios, sobre todo en comercio. Por lo tanto, algunas de las medidas de choque que plantea el Gobierno, en nuestra opinión, no solamente son contraproducentes, en algunos casos también son parciales.


Nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo con respecto a las medidas.
Ese desacuerdo se representa muy bien en el porcentaje de presupuesto destinado a las políticas de empleo en relación con el conjunto del presupuesto para abordar la situación de crisis económica. Si se fijan, no llega al 2 por ciento del conjunto de lo que va a destinar el Gobierno para luchar contra la desaceleración económica o la crisis económica.
Creo que representa, a grandes rasgos, las prioridades del Gobierno. En nuestra opinión, unas prioridades equivocadas. Al margen de los compromisos ya adquiridos, también, como otros grupos parlamentarios, nos hemos visto sorprendidos porque se estén revisando; me refiero a todos los temas relativos a las políticas activas de empleo.


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A mi grupo parlamentario le gustaría resaltar que alguna de esas medidas no son medidas nuevas, no son medidas novedosas; tienen que ver con acuerdos establecidos con los agentes sociales ya desde el año 2006 y que no se han cumplido todavía. Me refiero a, dentro de los acuerdos de empleo que datan del año 2006, la creación de los órganos consultivos -todavía no llevada a efecto-, cuestión muy importante para la participación y el díalogo social. De otra parte, creemos también que, en políticas pasivas, sería necesario que el Gobierno explicase las dotaciones presupuestarias, pero también las dificultades que pueden existir para esas políticas pasivas en determinados colectivos -el colectivo inmigrante es uno de ellos, hay otros-, que no han cotizado durante un tiempo suficiente y que sin embargo tendrán que tener algún tipo de políticas de protección. Nos parece que esa cuestión es de la mayor importancia. En relación con las políticas activas, queremos resaltar que algunas de las anunciadas por el Gobierno estaban comprometidas desde el año 2006 y creemos que deberían desarrollarse, no solamente por razones de urgencia sino también porque han sido objeto de acuerdo. Algunas tienen que ver, en este caso, con las políticas activas, muchas de ellas importantes, y tienen que ver, sobre todo, con los servicios de empleo; servicios de empleo en los que los sindicatos han venido reclamando una serie de medidas comprometidas desde entonces, que necesitan desarrollo reglamentario, que no han tenido y otras medidas que necesitan otros acuerdos: a nosotros nos parece fundamental en el desarrollo de las políticas del Gobierno. Retomar pues, de inmediato, los trabajos en el Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo de 2006; constituir los órganos consultivos -que están pendientes, señor ministro-; de otra parte, la red de personal, que no está únicamente vinculada a este acuerdo reciente de las propuestas de 1.500 empleos en las oficinas de empleo; la aportación del Estado, via impuestos, a los presupuestos del INEM, que a nosotros nos parece importante y, por otra parte, asegurar una cuestión que citaba antes, que son las prestaciones por desempleo en determinados colectivos. Esas cuestiones nos parecen de la mayor importancia en relación con las políticas frente al desempleo, a las políticas frente a la recesión, desaceleración económica, o como queramos llamarlo.


Hay un segundo aspecto y es el relativo a la accidentabilidad laboral. En esto, como en crecimiento económico e inflación, también puede darse una situación paradójica: que disminuya la actividad en la construcción pero que, al mismo tiempo, no logremos contener la accidentabilidad laboral.
Es verdad que en los últimos años se ha mejorado, sobre todo los datos de la accidentabilidad más grave; es verdad y creemos que en ello tiene que ver el plan estratégico, probablemente también alguna medida tomada en este Congreso de los Diputados, como es la limitación de la subcontratación. Ahora bien, el hecho de que se produzcan cuatro muertes en el día de hoy en un accidente laboral lleva a interrogarse si se están cumpliendo esos criterios. No solamente la Ley de Prevención, sino si se está cumpliendo la Ley de Subcontratación -nuestra información es que no, que no se cumple cabalmente- y por otra parte, si está funcionando la inspección laboral. Da la impresión de que tenemos un problema, no solamente un problema de número, sino un importante problema de coordinación en materia de inspección laboral. Y en esa materia planteamos al Gobierno la necesidad de seguir profundizando, de seguir avanzando en esas políticas que nos parecen imprescindibles. No solo en relación con las políticas de empleo, a las que me he referido con anterioridad, sino también en relación con la accidentabilidad laboral, que tiene que ver con la precariedad, con la subcontratación y con otras materias conexas muy importantes.


Paso inmediatamente a hablar de la inmigración y de alguna cuestión muy puntual previa a la inmigración.


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, solamente le recuerdo que deja a su compañero señor Tardá un minuto y diez segundos para intervenir.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino ya, refiriéndome a dos cuestiones que a mi grupo le preocupan de manera muy importante. En primer lugar le preocupa, decía antes, el discurso de prejuicios. Lakoff hablaba del modo de hablar del conservadurismo. Hemos visto demasiado modo de hablar del conservadurismo en su intervención con relación a la política migratoria.
Ya tendremos oportunidad de ver las coincidencias y las diferencias en esa materia; pero nos preocupa especialmente la directiva de retorno.
Para nuestro grupo es inaceptable. Y segundo, hay un tema que tendremos también que ver en esta Comisión, del que comprometimos un estudio y que no conocemos todavía, que es el de las mutuas. A las mutuas se les ha dado una competencia muy determinada en materia de enfermedad común.
Tenemos la impresión de que esto debe ser estudiado y que, en función del estudio, hay que tomar decisiones.


El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, ¿es posible utilizar cinco minutos a cuenta de otra Comisión? (Risas.)

(Comienza su intervención en catalán.) Señor ministro, yo sé que lo que voy a decir quizás puede parecer menor, pero, precisamente porque quizás es menor, sé que usted, conociéndolo, me va a garantizar que no va a ocurrir nunca más. Leo: Esquerra Republicana de Catalunya, extraña formación política que dice ser republicana y nacionalista, que durante toda la legislatura ha estado jugando al independentismo, paga sus excesos con unos resultados devastadores, cae de ocho

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escaños a tres. La crisis ya está abierta en la formación republicana, que quiere ser a la vez republicana y nacionalista, y Carod-Rovira y Joan Puigcercós ya andan a la gresca. Y la editorial, hablando de partidos que se presentaron legalmente a las últimas elecciones, en referencia a partidos, repito, que se presentaron cumpliendo toda la legalidad vigente, porque si no, no se hubieran podido presentar, dice: Frente a quienes presentan como única propuesta de su programa electoral el tiro en la nuca del adversario y frente a los predicadores del enfrentamiento, la ciudadanía española ha disipado... Es la revista del ministerio. Esto es para que se le caiga la cara de vergüenza a quien lo ha escrito, por supuesto, con lo que hay que tener respecto a la ética. Creo que esto no se debería repetir nunca más. Conociéndole a usted, sé que esto no va a ocurrir más. Y ahora a los hechos.


Nosotros iniciamos ya la legislatura de 2004, aun no compartiendo el criterio del Partido Socialista de no modificar la Ley de Extranjería, dando total apoyo al proceso de regularización, que entendemos que fue un éxito. Es más, también creamos todos, conjuntamente, los fondos para las comunidades autónomas y municipios, de cuya necesidad el tiempo ha dado la razón. Incluso debería haberse aportado más dinero. Y terminamos la legislatura con un trabajo magnífico. Ya sé que puede parecer petulante, dicho por una de las personas que formaban parte de la subcomisión, pero insisto en que creo que la subcomisión de Inmigración hizo un gran trabajo, todos sus miembros. Al final, es cierto que no se pudieron aprobar las conclusiones por algunas razones. Una de las razones, por ejemplo, que no ha mencionado usted ahora, es qué vamos a hacer con los derechos políticos de los inmigrantes, de los nuevos ciudadanos, de las personas a las que queremos como ciudadanos con plenos derechos. Para nosotros es un paso atrás, que no responde al espíritu de las conclusiones de la subcomisión, que se asocie inmigración, fenómeno inmigratorio, a trabajo. Pero esta discusión, de hecho, ya la tuvimos y tampoco es responsabilidad nuestra. Por ejemplo, todo aquello que afecta a la nacionalidad, a los derechos políticos, a aquellos ámbitos que no son estrictamente relativos al trabajo, aun cuando el trabajo es fundamental, ¿quién lo va a tratar?, ¿desde dónde lo vamos a analizar? Puesto que en el campo de la igualdad hemos visto la necesidad de ir hacia un ministerio específico y a una Comisión parlamentaria específica, no entendemos las razones por las cuales no se ha podido llegar a este mismo escenario respecto a la inmigración, máxime cuando, en la pasada legislatura, todos, Gobierno y Parlamento, hicieron un gran esfuerzo, incluso para hacer descarrilar a aquellos que querían convertir el fenómeno de la inmigración en bandera de enganche de un cierto electoralismo.


Cosas concretas. En la Ley de 30 de diciembre del año 2006, de incremento y mejora del empleo, en la que Izquierda Unida, Esquerra Republicana y otras fuerzas políticas presentes en este Parlamento hicimos el gran esfuerzo de ir a buscar el máximo consenso, hay una disposición adicional décima, que fue la única que pudimos colar -si me permiten la expresión- a cambio de mucho sacrificio y también de muchas aportaciones, como creo que reconocerán los compañeros del Grupo Socialista. Esa disposición adicional dice: Con el fin de facilitar el empleo de los trabajadores y trabajadoras jóvenes, el Gobierno, en el plazo de nueve meses y previo acuerdo con los agentes sociales, va a presentar nuevas formas de contratación que optimicen su transición -la transición de los jóvenes- al mundo del trabajo. Decía nueve meses y era el 30 de diciembre. ¿Lo están cocinando todavía o es que aún está por amasar? Por otro lado, todos hablamos aquí y nos sentimos solidarios con los percances, los trágicos percances, ocurridos, como las muertes de hoy en Valencia. Es una vergüenza lo de la inspección laboral, porque ¿cómo es posible que los inspectores laborales estén más interesados o más estimulados haciendo inspecciones respecto a aquello que compete a la Seguridad Social y a veces se haga la vista gorda -porque, si no, no se entiende, y podemos hablar de casos concretos- respecto a temas de seguridad e higiene en el trabajo, por ejemplo? ¿Es que acaso hay algún interés económico por parte de los inspectores en hacer más inspecciones relativas a la Seguridad Social? Segunda cuestión, ¿puede poner calendario? ¿Sabe cómo se va a resolver finalmente la coexistencia entre aquello que mandata el Estatuto sobre la inspección laboral y aquello que es competencia del Estado, que es la inspección de la Seguridad Social? Al final, ¿cómo van a casar los intereses profesionales de los funcionarios? En estos momentos, aunque se quiera mirar hacia otro lado, todos sabemos que por aquí anda el problema para que se pueda avanzar.
¿Hay calendario en el caso de Cataluña, por ejemplo?

Termino, señor presidente. La culpa es del compañero (Risas.) No, de verdad, termino. Temas de inmigración, y lo diré muy brevemente, ¿es posible que nos diga si por ley se van a regular los centros de internamiento? Porque la Unión Europea y el mismo Defensor del Pueblo ya han dicho que lo que ocurre en los centros de internamiento no es demasiado ejemplar; al menos en algunos centros y en algunas ocasiones, pero con una sola mancha que haya ya es suficiente. Con relación al reagrupamiento, que es algo justo y necesario, se está convirtiendo en un problema mayúsculo, en tanto en cuanto los jóvenes reagrupados no pueden trabajar. ¿Cómo se va resolver esto? ¿Se va a vincular el permiso de trabajo con el permiso de residencia? ¿Es posible buscar fórmulas para que se pueda resolver la existencia todavía de un cul de sac en todo proceso de tramitación? Usted dijo que se iban a redoblar los esfuerzos para combatir la inmigración ilegal. ¿Exactamente, a qué se refería? Porque, cuando oíamos hablar al ministro Caldera, entendíamos que se había hecho mucho. Redoblar es hacer el doble. Luego, si es tanto, ¿puede indicarnos a qué se refería? ¿Qué no se hacía antes, que ahora se hará, que significa hablar de doblar?

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El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, quiero darle también la bienvenida a esta Comisión; no solo le doy la bienvenida, sino que le voy a proponer una medida concreta en materia de empleo, específica. Después de haber oído al señor Tardá esta glosa de la revista del Ministerio de Trabajo, en materia de empleo le voy a pedir que revise la relación orgánica de cronistas de esta revista, porque si, como comentaba el señor Tardá -que, por cierto, paradojas de la vida, en mi opinión (alguna vez lo hemos comentado y lo hemos discutido con él), ha mantenido en la legislatura anterior una posición muy colaboradora con el Gobierno, hasta el punto de que han aprobado leyes con ustedes, aportando sus votos, en las que, por qué no decirlo ya con toda honestidad, Esquerra Republicana tenía poca convicción realmente sobre su pertinencia-, si se glosa la postura de Esquerra Republicana de esa manera en ese ministerio, prefiero no leer lo que pueden decir de nosotros. O sea, que ya, en materia de empleo, le aconsejaría que estos plumillas o cronistas de este ministerio afinen su estilo literario, lo conviertan en algo más respetuoso hacia los demás grupos, o, si no, acuda a un ERE, a un expediente de regulación de empleo, para evitar aberraciones como la que acabamos de oír por boca del señor Tardá.


Le doy de nuevo la bienvenida, señor ministro, y esto que le voy a decir a continuación no lo tome como una amenaza, es un ministerio muy complicado el que usted tiene que gestionar. Hay un dato que lo acredita, que es que ningún ministro de Trabajo se ha sucedido a sí mismo; no quiero que esto se convierta en una especie de augurio nefasto, pero las cosas que hay que gestionar en este ministerio son complicadas. Igual usted puede tener más suerte, pero, a tenor de lo que ha dicho, la verdad es que no estamos en condiciones de hacer grandes refutaciones, porque su discurso, si bien prolongado en su extensión, ha sido poco profundo, ha sido un tanto superficial, han sido propuestas rayanas muchas de ellas en la obviedad y difícilmente refutables. No obstante, le vamos a dar un aval, señor ministro; ahora, un aval sujeto a condición resolutoria, como son los avales que se conceden siempre desde la oposición. Además, una condición resolutoria en relación a la cual, para su ejercicio, vamos a estar en una actitud particularmente vigilante, muy beligerantes, porque yo he conocido pocos ministerios con actitudes tan jacobinas en la forma de atender los acontecimientos del conflicto industrial y del mundo del trabajo como el que sus predecesores han representado. Jacobinas o centralizadoras de las relaciones laborales desde múltiples puntos de vista que sucintamente le voy a glosar.


En primer lugar, usted ha hecho una invocación genérica de las bondades del diálogo social. Claro, esto es indiscutible. Lo que pasa es que es más discutible cuando el diálogo social es imperfecto, porque no están llamados al diálogo social todos los que deberían estarlo incluso por imperativo legal, por imperativo de las leyes laborales; incluso -no sé si ha sido un lapsus línguae o es una voluntad política la manifestada- ha hablado de quiénes son los llamados a configurar el diálogo social y les ha citado con nombres y apellidos; ha citado a UGT, a Comisiones Obreras, a la CEOE y a la Cepyme. Pues mire, señor ministro, en la anterior legislatura, todas las leyes que han llegado desde el ministerio a este Congreso de los Diputados, a estas Cortes Generales del Estado, venían suscritas por estos cuatro interlocutores sociales y estos cuatro interlocutores sociales han realizado una práctica rayana en lo que se podría calificar de usurpación de funciones legislativas, porque lo que acordaban mediante acuerdos profesionales o interprofesionales que precedían a las normas pasaba virginalmente por estas Cortes, no se tocaba una sola coma y se convertían posteriormente en leyes. Me estoy refiriendo a todas, desde la Ley de Dependencia hasta el Real decreto de reforma de las condiciones de empleo y la Ley de medidas en materia de Seguridad Social; a todas. Todas venían precedidas de acuerdos interprofesionales en donde en los ministerios o en el Gobierno sencillamente se les rotulaba con los sellos de rigor, se mandaba a las Cortes y virginalmente pasaba por aquí de forma y manera que quienes de facto han regulado han sido no los interlocutores sociales, que ostentan la condición de mayor representatividad sindical, sino los cuatro con los que ustedes han colaborado exclusivamente. Hay otros que deberían estar y deberían estar incluso por requerimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que establece que hay dos tipos de sindicatos y organizaciones empresariales más representativas, señor ministro, aquellas de ámbito estatal que superan en el ámbito del Estado el 10 por ciento del total de representantes electos y aquellas que no son de ámbito estatal, son de ámbito autonómico, y en su ámbito superan el 15 por ciento en 1.500. Y en todos estos acuerdos que luego se han transformado en leyes, sin intervención alguna relevante de los grupos parlamentarios, en sus propios términos prácticamente, en ninguna de esas negociaciones de estos acuerdos interprofesionales han sido llamadas las organizaciones sindicales y patronales que ostentan la condición de mayor representatividad sindical. Me estoy refiriendo a ELA, a la Intersindical Gallega y a otros sindicatos que ostentan otra condición, en relación a las patronales, a las asociaciones empresariales, a aquellas que reúnen los requisitos de la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, que presumo que usted conocerá perfectamente. Luego este es un elemento ya de centralización de las relaciones laborales, porque todos los interlocutores que mediante algo rayano en la usurpación de funciones legislativas a estas Cortes han legislado son interlocutores de ámbito estatal, ninguno es interlocutor de ámbito autonómico. Por tanto, las autonomías o realidades sindicales, realidades laborales de ámbito inferior al Estado,

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no han tenido presencia a la hora de articular los grandes acuerdos interprofesionales de los que han dimanado posteriormente las grandes leyes que se han aprobado en la anterior legislatura, muchas veces con el voto de Esquerra Republicana, yo no sé si con exceso o suficiente convicción en muchas de las ocasiones. Pero no vamos a hablar ahora de posiciones políticas de carácter sobrevenido porque eso sí que conduce a la melancolía inevitablemente.


Señor ministro, hay otro elemento también que ha caracterizado la actitud de sus predecesores, que es la renuencia a la transferencia de competencias que corresponden a las comunidades autónomas y que no solo no se transfieren, sino que algunas, mediante una aberración jurídica digna de mejor mérito, se ha declarado que por su propia naturaleza no son transferibles. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a las políticas activas y pasivas de empleo en relación con Euskadi. Euskadi en este momento, la Comunidad Autonóma vasca, es la única comunidad a la que no se le ha transferido esta competencia junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es un problema de voluntad política, es un problema de renuencia por parte de la Administración o es un problema vinculado a las relaciones financieras dimanantes del concierto económico o al mecanismo o fórmula de financiación en Euskadi de estas competencias, pero en este momento la Comunidad Autónoma vasca es la única que no posee esta competencia. Me estoy refiriendo al problema de la inspección de trabajo y a la Seguridad Social. La disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika -señor ministro, se la voy a reproducir textualmente- establece que corresponderá al Gobierno vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en régimen de concierto. Sin embargo, la última ley de 2007, la llamada Ley de medidas en materia de Seguridad Social, ya consagra normativamente lo que se denominó originariamente en el ámbito de la jurisprudencia constitucional principio de caja única y se convierte ya en derecho normativo positivo en esta ley, principo de caja única que pretendidamente imposibilita la transferencia. Es una competencia reconocida en el bloque de constitucionalidad para transferir, pero que por su propia naturaleza, ustedes, desde la Administración, y particularmente los ministros de Trabajo, consideran no transferible, porque se vulnera este sacrosanto principio de caja única, creación jurisprudencial mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, originariamente del año 1989, desde una perspectiva contable, donde no se articulaba la imposibilidad de la transferencia de la Seguridad Social en los términos previstos en los estatutos, pero que se ha convertido al final en derecho positivo, mediante la introducción en la Ley de medidas en materia de Seguridad Social del año 2007, prácticamente la última que se aprobó en esta legislatura, que es otro elemento de centralización de las relaciones laborales.


Por último, el más preocupante -espero que no continúen por este camino, porque entonces sí que intentaríamos ejercer esta condición resolutoria en relación al aval, al que originariamente me refería, señor ministro- es la prolijidad y facilidad con que en su ministerio se han utilizado los llamados títulos competenciales impropios o transversales y, en concreto, el que consagra el artículo 149.1.1ª de la Constitución, que solo garantiza que el Estado podrá promover las condiciones de igualdad entre los ciudadanos, pero no atribuye competencias normativas, ni prevé tampoco ni posibilita, incluso porque así lo prevé la jurisprudencia constitucional, la expoliación de competencias normativas que corresponden en exclusiva a las comunidades autónomas. Ustedes han expoliado competencias exclusivas a las comunidades autónomas utilizando un falso título atributivo de competencias al Estado en leyes tan importantes como la Ley de Dependencia o la Ley de Igualdad, utilizando este como título de atribución de la competencia, un título impropio, un título transversal, un título que la jurisprudencia constitucional no avala y un título que ha mantenido la constitucionalidad de estas leyes sencillamente porque nadie las ha recurrido al Tribunal Constitucional.
Desde una perspectiva científica, hubiese sido interesante saber qué hubiese opinado el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, aunque es mejor no glosar la situación del Tribunal Constitucional en estos momentos. (Risas.)

Dicho lo anterior, señor ministro, desde la perspectiva que ha caracterizado a sus predecesores, tan jacobina, tan centralizadora, y acogiéndome a este precedente que el señor Tardà ha generado, que me parece, presidente, muy interesante, como es utilizar a cuenta cinco minutos, quiero señalarle algunas cuestiones más. Hoy es un día negro porque han muerto cuatro trabajadores. El problema de la siniestralidad laboral debe constituir la máxima prioridad no solo de su Gobierno, sino de todos los grupos que estamos presentes en esta Cámara. Hay que articular un auténtico pacto de Estado. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es reciente en el tiempo y es una buena ley, lo que pasa es que en su aplicación se encuentra con dificultades o patologías sociales que afectan al mercado de trabajo, que ya han sido indicadas aquí. La subcontratación en cascada es una de ellas y la lucha contra la subcontratación la estamos perdiendo, y la están perdiendo ustedes que son los máximos responsables. En este momento, un empresario principal subcontrata a una empresa subcontratista, esta subcontrata a otra y, por último, se llega a la perversión final de que se puede terminar subcontratando en una persona física, mediante una norma reglamentaria de dudosa constitucionalidad también, de forma y manera que quien ejecuta la obra es imposible que conozca a aquel primer adjudicatario, y menos al empresario principal. Esto precariza hasta un máximo nivel las condiciones de trabajo porque, según vamos avanzando en la subcontratación, las condiciones de trabajo se van deteriorando y, al final, trabajan extranjeros en situación irregular, o trabajan personas de muy poca cualificación. Este es un problema que hay que atajar y hay que hacerlo desde la perspectiva

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de un pacto de Estado, porque las medidas de implantación de la Inspección de Trabajo son las que preconizan y propugnan todos. Estas medidas son necesarias, pero son en sí mismas insuficientes. Hablo del tipo penal relativo a la represión penal, del reproche punitivo penal de esta figura. Efectivamente, la señora Barkos tiene razón cuando dice que la Constitución proclama una deuda de seguridad al trabajador, de la que es acreedor el empresario. Esto está consagrado por la propia Constitución española y por el Estatuto de los Trabajadores, pero se está incumpliendo esta deuda de seguridad, porque el tipo penal que prevé el Código Penal para reprimir penalmente esta conducta, a pesar incluso de que existen fiscalías especializadas en este ámbito, es un tipo en blanco, de imposible aplicación, según proclama un órgano poco sospechoso, nada menos que el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, son muchas las patologías, son muchos los problemas que posibilitan una actuación eficiente en materia de siniestralidad laboral, y la invocación a un pacto, a un consenso amplio entre todos los interlocutores y los grupos políticos, señor ministro, sería pertinente para acabar con esta patología.


Acabo ya, porque incluso estoy agotando el crédito complementario en virtud del precedente creado por el señor Tardà, diciéndole, señor ministro, que nosotros tenemos un problema específico que nos sigue preocupando. Teniendo en cuenta su talante -no le conozco personalmente, pero me lo han glosado personas que le conocen bien-, seguramente menos jacobino que el de otros que le han precedido en esta responsabilidad ministerial, yo espero que esto lo acrediten los hechos y que resuelva el problema de la formación continúa en Euskadi, en la Comunidad Autónoma vasca. En este momento usted sabe que la formación continua obedece o dimana de dos acuerdos interprofesionales que han dado lugar a dos fundaciones. Por una parte, a la Forcem, fundación que ejecuta las actividades de formación continua de los trabajadores ocupados en el Estado español. Y luego hay otro acuerdo interprofesional, que tiene el mismo valor jurídico, en el ámbito de Euskadi, en el ámbito vasco, suscrito por interlocutores sociales en Euskadi, los cuales ostentan todos la condición de mayor representatividad sindical, que ha dado lugar a una fundación que se llama Hobetuz, la cual debe ser financiada como se financia la Forcem, con las cuotas finalistas destinadas a la formación profesional de empresarios y trabajadores. Este es un problema pendiente.
No ha podido ser solucionado y se están incumpliendo manifiestamente los requerimientos de la normativa laboral reguladores de los efectos de los acuerdos interprofesionales. Esperemos que esta sea la legislatura en la que prime el consenso sobre las actitudes sectarias, donde no haya usurpación de funciones legislativas por parte de interlocutores sociales, que no deben legislar en lugar del legislador, sino con el legislador, y donde los requerimientos del bloque de constitucionalidad -enfatizo esta expresión, señor ministro- sean objeto de cabal cumplimiento. Nosotros aprobamos un Estatuto de Autonomía con requerimientos muy específicos para la Administración central. Es un pacto de carácter bilateral que se está incumpliendo desde el año 1979 y ha llegado la hora de que se cumplan eficazmente y en sus propios términos los requerimientos de este Estatuto de Autonomía. En el ámbito laboral es donde el incumplimiento ha adquirido mayor relevancia y dimensión.


Hablaría de otros temas, pero no quiero agotar la paciencia del presidente, pues le veo hacer gestos que semióticamente son fáciles de interpretar y he agotado incluso el crédito suplementario que me ha sido concedido. En todo caso, a pesar de que puedan sonar un tanto críticas mis reflexiones, señor ministro, le deseo mucha suerte. Y desde la crítica también sabe que mi grupo va a ser un leal colaborador, pues las patologías a las que me he referido son patologías que afectan a todos los trabajadores y en eso todos nos debemos comprometer, todos sin ninguna excepción. Ojalá sea así.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), don Carles Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: También quiero agradecer la comparecencia del señor ministro y asimismo me sumo a la referencia hecha a los seis muertos de hoy, no tan solo a los cuatro de Valencia, sino también a los que ha habido en Lugo y en León, fruto de diversos accidentes de trabajo.


Señor Corbacho, afirmaba usted en su primera comparecencia en el Pleno, a raíz de una interpelación del Grupo Parlamentario Popular, que empezaba esta legislatura en un escenario difícil, seguramente de los más difíciles que puede abordar un ministro de Trabajo e Inmigración, el del aumento del desempleo y con la perspectiva, según la mayoría de los analistas, de que podemos terminar este año con una tasa de desempleo cercana al 11 por ciento. Al mismo tiempo, usted aborda la gestión de las políticas de inmigración y lo hace precisamente en esa coyuntura inexistente hasta ahora en España de combinación de desempleo elevado, con perspectivas de aumentar, y una alta tasa de inmigración. España no ha vivido en estos últimos diez o doce años de crecimiento de la economía, de crecimiento del empleo y de crecimiento de las personas de origen extranjero esa combinación y, por lo que hemos visto en el resto de Europa, sabemos que esa combinación, desempleo y altas tasas de inmigración, son conflictivas en términos sociales. Por tanto, efectivamente, el señor Corbacho aterriza en este Ministerio de Trabajo e Inmigración con una agenda difícil y además las cuestiones de empleo, la evolución del empleo y de la inmigración, afectan también a esa tercera pata que a usted le toca gestionar, que es la pata de nuestro sistema de Seguridad Social, extremadamente sensible por su formulación a la evolución precisamente del empleo. En parte, el superávit de estos últimos años se explica también por el

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fenómeno de la inmigración. Por tanto, una situación complicada.


Usted ha hecho en su intervención dos referencias estratégicamente significativas, una de ellas al diálogo social. Efectivamente, compartiendo algunas de las consideraciones que el señor Olabarría le formulaba, también es cierto que estos últimos doce o trece años nos han demostrado que en el ámbito de las políticas de empleo y de las políticas sociales el diálogo social es un buen instrumento para hacer frente a esos problemas. Ahí mi grupo va a continuar apoyando que el Gobierno busque con los interlocutores sociales esos acuerdos que permitan avanzar en las políticas que nos conviene. A veces el diálogo social tiene un inconveniente, que es la intensidad de las reformas que se pueden alcanzar a la búsqueda de esos consensos siempre difíciles. Quizá, señor ministro, este escenario difícil en el que estamos entrando va a exigir ir más allá del diálogo social cuando este no nos permita avanzar.
Porque, señor ministro, el consenso no puede impedir que el Gobierno tome las medidas que se deben tomar en esta legislatura en las materias de empleo y de inmigración.


Usted en su intervención se ha referido a las comunidades autónomas y eso mi grupo lo valora. Nos ha venido a la cabeza la primera intervención del señor Caldera en la antigua Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, donde fue realmente sorprendente que no hiciese ninguna referencia a las comunidades autónomas. Hoy usted en su intervención ha mencionado de manera detallada ese papel que la Constitución y los estatutos otorgan a las autonomías en la configuración de las políticas de empleo y de inmigración y mi grupo lo valora. En aquella intervención afirmé que el señor Caldera había tenido un tono claramente jacobino. Hoy usted no lo ha tenido y mi grupo lo valora, pero evidentemente habrá que estar a los hechos y no a las palabras. En este sentido, señor Corbacho, le planteo tres cuestiones concretas. Dos hacen referencia al cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Cataluña, como son los traspasos en materia de inspección de trabajo y de inmigración. ¿Cuál es su calendario en relación con estas cuestiones? Al mismo tiempo, ¿cuál es su posición en relación con el reiterado incumplimiento de los gobiernos de España sobre las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de formación continua? ¿Su ministerio piensa continuar incumpliendo esas sentencias que dejan muy claro que las competencias de gestión de la formación continua corresponden a las comunidades autónomas?

Señor ministro, entramos en las cuestiones de inmigración. Usted ha defendido un pacto de Estado en materia de inmigración. Mi grupo comparte esa pretensión y la hemos venido defendiendo a lo largo de los últimos años. Es más, consideramos que el nuevo escenario económico en el que hemos entrado va a exigir una nueva política de inmigración que tenga en cuenta circunstancias que cuando se aprobó la vigente Ley de Extranjería en el año 2000 no formaban parte de nuestra realidad. Ya sea por las tasas de inmigración en muchos barrios de las ciudades de los distintos territorios -usted ha sido alcalde de Hospitalet y lo conoce perfectamente-, barrios con más de un 30 por ciento de inmigración, hasta esta situación de desempleo en la que estamos entrando. Una nueva política de inmigración para un nuevo escenario. En este sentido, usted ha hablado de adecuar la legislación vigente a las sentencias del Tribunal Constitucional y a las diversas directivas que España debe incorporar en su legislación. He de recordarle que España ha sido condenada por los tribunales europeos por el incumplimiento en la transposición de las directivas que regulan la reagrupación familiar y el permiso de residencia permanente. ¿Cuál es el calendario concreto que plantea el ministerio en relación con esta adecuación de la Ley de Extranjería? Es más, mi grupo entiende que esta nueva situación, que exige una nueva política, va a exigir superar algunas de las visiones que han conformado la legislación española desde el año 1985 -muy basadas en ese concepto de la extranjería- y formular de una vez por todas una verdadera ley de inmigración que responda a esa vocación de las administraciones, de los Gobiernos, de regular los flujos migratorios a fondo. Eso va a exigir consenso. Eso va a exigir consenso y Convergència i Unió va a trabajar en esta Comisión por el consenso en esta materia.
Porque no es tan solo que ese nuevo escenario exija nuevas políticas, sino que hoy empezamos a configurar las realidades que van a afectar a lo que denominamos las segundas y terceras generaciones de inmigrantes, las personas ya nacidas en el territorio del Estado español y que van a conformar el futuro de una sociedad más diversa y más plural en relación con sus propias consideraciones más estrictamente vitales.


Señor ministro, mi grupo comparte con usted su afirmación -usted en sus declaraciones públicas ha sido muy contundente- en el sentido de que ningún ciudadano del Estado español puede terminar percibiendo la inmigración como una pérdida de derechos, como una pérdida de prestaciones sociales. Nos ha hablado del fondo que se creó en la pasada legislatura. Mi grupo entiende que ese fondo ha sido útil, pero resolver de verdad el impacto que en términos sociales implica el flujo migratorio para los sectores más débiles de nuestra sociedad exige incorporar de una manera definitiva la cuestión de la inmigración en el nuevo sistema de financiación autonómica. Sin dicha incorporación, difícilmente vamos a poder resolver el impacto que para los sectores más débiles hoy nos genera la inmigración.


Señor ministro, mi grupo es escéptico sobre la política de retorno voluntario que el Gobierno ha anunciado; escéptico no porque no comparta el desiderátum, sino por la capacidad que se tenga para que se produzcan esos retornos. Hoy mismo la prensa de Barcelona publica un estudio de la Fundació Bofill que indica que son muy pocos los trabajadores de origen extranjero, las personas inmigradas, que una vez estabilizadas con sus familias pretendan retornar a sus países de origen. El gran

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esfuerzo en relación con los trabajadores de origen extranjero que pierdan sus puestos de trabajo, que entren en el desempleo, va a ser el de la recolocación. Y esto, señor ministro, me permite entrar en el segundo bloque de su comparecencia, que es lo que hace referencia a las políticas de empleo.


En este sentido, mi grupo considera que el plan urgente que se anunció en plena campaña electoral por el anterior Ejecutivo es claramente insuficiente. Leímos la semana pasada una información en la prensa -más tarde desmentida por la secretaria general de Empleo- en el sentido de que ese plan de recolocación iba a ser reconsiderado por parte del Gobierno. Yo cuando lo leí me pareció interesante, porque realmente no era el plan que nos hace falta. Nuestras actuales políticas activas de empleo, nuestros actuales servicios públicos de empleo no están suficientemente bien orientados para hacer frente al objetivo que marcan las estrategias de la Unión Europea de flexiseguridad, para que los trabajadores que pierden un puesto de trabajo rápidamente vuelvan a encontrar ese puesto de trabajo necesario. Ese objetivo de la flexiseguridad, que hemos leído además que en el próximo congreso del Partido Socialista va a ser incorporado en sus ponencias, nos parece un planteamiento filosófico interesante, moderno, el que toca, pero exige otras políticas activas de empleo, otros servicios públicos de empleo. Va a exigir la colaboración del sector privado con los servicios públicos de empleo para conseguir que las personas que pierdan el empleo estén el menor tiempo posible en esa situación. A mí me gustaría conocer, más allá de esas medidas, que -insisto- son claramente insuficientes, qué nueva generación de políticas piensa impulsar el Gobierno en esa materia, en un contexto en el que el desempleo aumenta, en el que la temporalidad continúa siendo importante, en el que el fenómeno del mileurismo se ha consolidado, en el que la productividad es baja, en el que tenemos graves problemas de conciliación de la vida familiar y laboral, en el que la lacra de los accidentes de trabajo continúa y en el que las desigualdades territoriales en materia de paro continúan siendo elevadas. Con esas políticas no tenemos suficiente.


Termino, señor presidente. Lo decía nuestro compañero, el señor Olabarría.
La agenda que usted tiene afecta tanto al núcleo de las cuestiones esenciales que afectan a la vida de los ciudadanos que creo que nuestra obligación es desearle suerte y, sobre todo, ponernos a disposición del Gobierno para discutir y analizar aquellas medidas legislativas que en esta legislatura se van a impulsar para dar respuesta a los principales problemas que afectan al conjunto de los ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: A continuación, hará uso de la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Tengo entendido que también van a dividir los tiempos. En primer lugar, tiene la palabra don José Ignacio Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Señor ministro, quiero, en primer lugar, darle la bienvenida a usted y a todo su equipo en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta Comisión, a este equipo en el que algunos son viejos conocidos y otros no lo son tanto, pero en cualquier caso agradeciendo la permeabilidad que ha tenido S.S. al adelantar esta comparecencia y poderla sustanciar estos días con problemas especialmente graves en las áreas de su responsabilidad, en las responsabilidades de su ministerio, toda vez que al menos el Grupo Parlamentario Socialista pretendía que esta comparecencia se sustanciara en la segunda quincena de junio. Entendemos que esa demora de tres o cuatro semanas, sin duda, podría retrasar la prioridad que entendemos que estas materias tienen que suponer en la agenda política de su ministerio y, desde luego, de la acción política de los grupos parlamentarios.


Señor ministro, esta Comisión, los agentes económicos y sociales y los ciudadanos de este país, especialmente aquellos que han perdido su empleo, estaban absolutamente ansiosos por escucharle, por escuchar sus planteamientos en términos de programa sectorial de Gobierno y, sin duda, de escuchar las respuestas a las cuestiones planteadas por los grupos de la oposición. Quiero aprovechar también para sumarnos a la condolencia por el fallecimiento de los trabajadores que han perdido su vida hoy, a causa de accidentes laborales en distintos lugares de la geografía española, a sus familias y desear a los heridos una pronta recuperación.
Y, más allá de esto, quiero aprovechar la circunstancia de esta Comisión para plantear una reflexión serena de las necesidades que en materia de seguridad en el empleo todavía tiene que abordar su ministerio, señor ministro. Créame también que le deseamos desde este primer momento lo mejor en sus responsabilidades. No lo tiene fácil en esta tarea, pero se lo deseamos por el bien de los españoles. Lo que sí tiene fácil es hacerlo mejor que su antecesor. Entendemos que su antecesor en el cargo en el Ministerio de Trabajo no lo ha podido hacer peor. Las cifras y los resultados que hoy están encima de la mesa son clara referencia de lo que pongo de manifiesto: unas pésimas políticas en los últimos cuatro años que tienen sin duda un responsable en cifras de desempleo, en cifras de inmigración, en cifras de vértigo y en cifras que ponen en evidencia unos problemas muy importantes en materia de política de dependencia o en políticas sociales, que ponen de manifiesto la inoperancia de ese Gobierno con una política de brazos cruzados y de gestos, pero sin abordar ninguna reforma de calado, más bien realizando reformas de carácter intranscendente en materia laboral o en materia de Seguridad Social y con pocas decisiones que, a su vez, han empeorado las cosas. Por tanto, entendemos que no haya sido extraño que el anterior ministro haya perdido la confianza del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista, porque la había perdido, sin duda, por parte de la sociedad española e incluso por descalificar a las personas que ya hace muchos meses avisábamos de las circunstancias que se iban a producir

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a principios de este año 2008. Por tanto, su abandono del Gobierno, sin duda, es una buena noticia para el Grupo Parlamentario Popular. En ese sentido, repito, créame que le deseamos a usted lo mejor, a pesar de que las circunstancias en las que usted aborda estas responsabilidades son claramente peores que las que tuvo su antecesor.


¿Cuál es la situación actual en materia de empleo en nuestro país? España no cumple en estos momentos los objetivos de la cumbre de Lisboa en cuanto a tasa de empleo global del 70 por ciento, que era del 66 por ciento a principios de año y que además está descendiendo, ni tampoco la de Estocolmo, que redujo esas cifras en un porcentaje muy importante para propiciar el cumplimiento de los países que no lo hacían en ese momento.
Por tanto, actualmente España tiene la mayor tasa de paro de toda la eurozona y la tercera tasa más alta de la Unión Europea, según los datos de Eurostat de hace exactamente cuatro meses. Somos el país de la zona euro que más desempleo, señor ministro, está generando en estos momentos.
Esto no comienza ahora. Desde el inicio del año 2005 las series de empleo comenzaron a presentar un perfil de desaceleración que se han agudizado a finales del año pasado, del año 2007, y en una situación en la que ustedes realmente no hicieron nada. Desde hace varios trimestres se viene mostrando un impulso cada vez menor en la creación de empleo en nuestro país y la desaceleración del mercado de trabajo se ha ido instalando en la sociedad española. Esto es fruto, como he puesto de manifiesto antes, de la inoperancia del Gobierno socialista, que ha conseguido que se vuelva a destruir el empleo en términos netos en nuestro país, lo que no ocurría en España desde hace trece años, concretamente desde el cuarto trimestre del año 1994. Mientras tanto, señoría, en la eurozona, en la zona selecta de los miembros del club del euro, se ha reducido un 7,7 por ciento la tasa de paro. Es decir, los países de nuestro entorno están reduciendo su paro: Alemania en el 1,3 por ciento, Francia también en el 1 por ciento, e incluso Polonia en el 2,7 por ciento, mientras que España inicia un crecimiento muy preocupante de sus cifras de desempleo. ¿Y cuáles son estas cifras? En el cuarto trimestre de 2007 ya se había producido un incremento de 135.000 personas que perdieron su puesto de trabajo, llevando la tasa de paro al 8,6 por ciento. Ustedes en campaña electoral minimizaron esta circunstancia y dijeron que era coyuntural, para abordar el primer trimestre del año 2008 con cifras de absoluto vértigo: 246.000 personas se han inscrito en este capítulo de los desempleados, un incremento del 12,8 por ciento, que en términos anuales supone más de 315.000 personas; es decir, un incremento superior al 17 por ciento, que ha llevado esa tasa de paro sobre la población activa al 9,63 por ciento, señor ministro; un incremento del paro de inmigrantes del 23 por ciento. Por tanto, es la cifra más significada de los últimos años. En este momento, señoría, medio millón de hogares en España tienen a todos sus miembros en situación de paro, con la desesperanza de no poder tener las oportunidades que genera el empleo como el mejor elemento de la política social de un país. Tenemos una situación más alta incluso que la de la crisis que se produjo en los años 1992 a 1994. Hemos tenido el mayor acelerón desde el año 1978 en materia de desempleo. A este ritmo, señoría, a finales de este año podremos haber generado un millón más de nuevos parados, lo cual sin duda pone de manifiesto -y contradígame en su intervención si esto no es así- que en estos momentos, a finales del mes de mayo del año 2008, este país ya tiene una cifra superior al 10 por ciento en tasa de paro. En el mes de abril las circunstancias no han sido más positivas. El paro registrado se ha incrementado en 37.500 personas respecto al mes de marzo, un incremento del 1,6 por ciento y un interanual del 15 por ciento. Es la primera vez en doce años que se incrementa el paro en el mes de abril. En total, 315.000 personas en un año.


Tenemos un total de parados de 2.238.517, mientras que -repito- en el conjunto de la Unión Europea en el último año el paro ha bajado del 7,3 al 6,7 por ciento. Los datos de la EPA no ponen de manifiesto solamente que las cifras son preocupantes, sino que muestran algo aún peor, y es la incapacidad de la economía española, en virtud de la inactividad del Gobierno, para generar nuevos puestos de trabajo. Por tanto, la esperanza de los españoles en este momento es peor que lo que significa la preocupación por los propios datos en su fría consideración. Señor ministro, España ha generado un 80 por ciento menos de puestos de trabajo este año que el anterior. Tenemos la tasa más alta de jóvenes en paro de toda la Europa no del euro, sino de la Europa a Veintisiete. Son datos que profundizan la gravedad de la actual crisis porque retroalimentan en un círculo vicioso la situación de nuestra economía. Las empresas españolas demandan ya solo un uno por ciento de nuevos empleos, una de las cifras más bajas de toda Europa, y esto está afectando de una forma muy singular a los varones.


Me gustaría conocer, señor ministro, si los objetivos del Gobierno de rebajar el empleo temporal del 30 al 25 por ciento son previsiones de esta legislatura, más allá de lo que ponía de manifiesto el programa electoral de su partido, o si ustedes se van a conformar con las cifras que estamos conociendo en las últimas semanas. Quiero poner de manifiesto que ya en el mes de julio del año pasado comenzaron los síntomas de agotamiento que se han venido confirmando durante los últimos meses y frente a los que ustedes no han hecho absolutamente nada. La desaceleración de la construcción ha provocado en estos últimos meses unas cifras enormemente preocupantes. Seopan ya ha dicho que se van a destruir en torno a 50.000 empleos por cada punto que caiga la actividad en este sector, lo cual, según las previsiones, puede hacer que perdamos un millón de empleos durante los meses que quedan de 2008 y los primeros meses de 2009.


Estas son, señor ministro, las perspectivas -nada halagüeñas- y estos son los datos y la situación. Tiene usted un trabajo -se lo dije el otro día en el Pleno de

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control- ingente y urgente por realizar. Tienen ustedes que cambiar su modelo económico de crecimiento para que les permita realizar las reformas estructurales necesarias a fin de impulsar el empleo. Tienen ustedes que poner en marcha medidas paralelas que se retroalimenten y que permitan mejorar la situación; medidas que no están en su programa electoral y que, por tanto, tendrán que tomarlas prestadas de otros grupos parlamentarios que han demostrado que su modelo económico funciona y ha sido capaz de crear cinco millones de empleos a lo largo de las legislaturas en que tuvieron esa responsabilidad de gobierno, descendiendo el paro desde el 23 por ciento a cifras del 10 y el 11 por ciento. Tiene usted que ponerse manos a la obra para llegar a acuerdos con los agentes económicos y sociales en una agenda que tiene que marcar ya y, por tanto, dejar de retrasar en virtud de la necesidad de llegar a acuerdos ulteriores. En ese sentido nosotros le vamos a plantear en esta legislatura una batería de medidas para paliar esta situación, que es muy preocupante para los ciudadanos españoles.


Señoría, nosotros siempre hemos defendido como un gran objetivo nacional, como una prioridad nacional, avanzar hacia un pleno empleo estable y de calidad porque entendíamos que es la mejor política social posible, porque proporciona a los ciudadanos la necesaria autonomía, todo tipo de oportunidades, sobre todo una plena integración social, mucho más a las personas que han venido a vivir con nosotros desde otros países, y, lo que es más importante, un futuro. Por tanto, el empleo va a ser para este grupo parlamentario una prioridad irrenunciable de la política social.
Como el resto de los grupos parlamentarios, en esta primera comparecencia, le comunicamos que daremos lo mejor de nosotros mismos para plantear las iniciativas políticas que permitan que S.S., su grupo parlamentario y todos los grupos parlamentarios de esta Cámara avancemos en esta materia y consigamos que estas cifras que hoy preocupan a los ciudadanos sean en el futuro un motivo de esperanza y de consecución de los logros que en el empleo tenemos planteados como país.


El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: En la última década, como ha señalado el señor ministro, la población extranjera en España se ha multiplicado por siete; hemos pasado de 638.000 personas en 1997 a 4,5 millones de personas en 2007. De ser un país de emigrantes hemos pasado a ser un país de inmigrantes. En 1997 teníamos el menor porcentaje de extranjeros de toda la Unión Europea residentes en nuestro país, el 1,5 por ciento; hoy somos los mayores receptores de Europa y los segundos del mundo, por detrás de Estados Unidos. Durante los últimos años la presión inmigratoria ha ido en aumento. Mientras que en la legislatura 1996-2000 entraron en España 230.000 personas, entre 2000 y 2004 entraron 1,5 millones y entre 2004 y 2008 entraron 2.856.000 inmigrantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Ello quiere decir que el 60 por ciento de los inmigrantes residentes hoy en nuestro país entró en los últimos cuatro años. La regularización masiva del año 2005 y el consecuente efecto llamada, su política de papeles para todos, la incapacidad para regular los flujos inmigratorios, el descontrol en las fronteras y la constatación de que es fácil y sencillo entrar y permanecer en nuestro país y encontrar empleo de forma irregular para luego quedarse, en vez de hacerlo a través del sistema de contratación en origen, han hecho de España el primer país de la Unión Europea perceptora de inmigración ilegal. Más inmigrantes ilegales han entrado en España en estos últimos cuatro años que en Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia e Irlanda juntos. Esto ha hecho también que España se haya convertido, desgraciadamente, en el paraíso de la Unión Europea de las mafias que trafican ilegalmente con personas. La demagogia gubernamental mantenida hasta ahora, insistiendo solo en derechos más que en obligaciones, y los discursos progres sobre el hambre en el mundo, sin tener en cuenta nuestra limitada capacidad de acogida e integración, son un error y suponen un fracaso que debe ser enterrado en el futuro por este Gobierno, ya que existen en estos momentos más de 1.200.000 inmigrantes ilegales en España.


El señor Zapatero manifestó, cuando se hizo el proceso de regularización de 2005, que la regularización de entonces iba a acabar con la inmigración ilegal, el trabajo ilegal y la falta de derechos, y hemos visto que no, que ha aumentado. Tras el proceso de regularización el señor Caldera manifestó que íbamos a ser la envidia de Europa, pero la realidad es que en 2004 la inmigración era el décimo problema para la población española y en estos momentos es el tercero. El crecimiento económico español de la última década, señor ministro, ha permitido que muchas personas venidas de fuera encontraran una posibilidad de empleo, desarrollo e integración, pero los errores económicos de los últimos años de su Gobierno, como son el aumento del gasto público, los impuestos, el intervencionismo y la ausencia de reformas económicas, han provocado no solo una desaceleración sino que España se sitúe en una posición de crisis económica y de confianza. Esto puede provocar en el futuro -como han manifestado otros portavoces- que un mercado laboral distorsionado y deteriorado se convierta, con el galopante crecimiento del paro, en un gran problema en el que la conflictividad social se incremente. Hay que tener en cuenta que ya entre la población inmigrante legal el paro es del 14 por ciento. Creo que esta es la consideración que ha provocado en ustedes un cambio de discurso, por declaraciones que hemos escuchado en días pasados y hoy en su intervención. Hemos pasado de papeles para todos a maletas para todos, de la permisividad al rigor, de la alegre multiculturalidad a no se puede ser laxo ante la avalancha, de la Alianza de Civilizaciones a estoy horrorizada o aquí y ahora, ley y orden. Ese cambio no puede ser solo aparente, señor ministro;

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implica reformas y reconocer los errores. La primera reforma es prohibir y comprometerse a que se van a desterrar para siempre las regularizaciones masivas en este país. Desterrar también sus acusaciones realizadas en el pasado de xenófobos a todos aquellos que discrepan de los métodos o de las medidas que ustedes aplican. Hoy hubiera sido el momento ideal para conocer cuáles son las medidas y las reformas que va a emprender su Gobierno después de haber escuchado unos cambios importantes en el discurso mantenido hasta ahora.


Señor ministro, los inmigrantes que dejan sus países en busca de un futuro mejor son personas que arriesgan, que se esfuerzan, que tienen ganas de trabajar y de salir adelante, y por tanto son personas a las que debemos dar oportunidades, apoyo y respaldo siempre que la evolución económica de nuestro país lo permita. Pero estas personas deben llegar a España de forma legal para disfrutar de nuestros derechos, de todos, y también deben ser conscientes de que eso implica cumplir con obligaciones, incluido el respeto a las leyes, las normas de convivencia, la cultura y las costumbres de un país democrático que ha avanzado en los últimos treinta años en conquistas sociales de forma extraordinaria y a las cuales no debemos renunciar. Por eso nuestra primera medida, señor ministro, ha sido presentar e inscribir en el registro de la Cámara la petición de un contrato de integración para los inmigrantes; un contrato que garantice unas obligaciones a quien desea permanecer en nuestro país, entre nosotros, y a su vez una reciprocidad y consecuente protección de sus derechos por parte de las administraciones públicas. Hoy comparece y nos hubiera gustado que nos hubiera dicho qué es lo que va a hacer. A lo largo de estos días nos hemos enterado a través de declaraciones o filtraciones de algunas cosas. Qué es lo que va a hacer como le decía el señor Campuzano, con ese plan de recolocación de inmigrantes que anunció en su día el Gobierno, el señor Caldera. Qué nuevas medidas van a adoptarse ante este cambio de discurso. Qué es lo que va a pasar con el control de las fronteras. ¿Se van a mejorar los sistemas de contratación en origen y cómo? Qué se va a hacer para frenar y disuadir la inmigración ilegal más allá de meras declaraciones. Cómo se va a incrementar la persecución del tráfico ilegal de personas. ¿Va a endurecer las penas para los traficantes de inmigrantes ilegales? ¿Cómo va a incentivar el retorno, señor ministro? ¿Cómo va a favorecer también la integración de los legales? España debe dejar de ser un coladero para la inmigración ilegal, señor ministro. Hemos visto que entre sus prioridades está reforzar y apostar por una política común en la Unión Europea. Nosotros también estamos por ello. Por eso en su día les criticamos cuando rompieron la política común de la Unión Europea en materia de inmigración. La nueva directiva, aprobada recientemente, tiene nuevos aspectos que son positivos. Esperamos y confiamos que sean ratificados también por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, no solo por el Gobierno, porque parece que a veces existen contradicciones que no sabemos muy bien producto de qué son, pero sobre todo que sea el inicio de la necesaria puesta en común de medidas y legislaciones compartidas en el conjunto de la Unión Europea.


Sus manifestaciones respecto a la política italiana no han sido en absoluto acertadas. Esas descalificaciones formuladas por un ministro de Gobierno hacia un gobierno de un país amigo no son procedentes. Más bien hay que valorar cuáles son las consecuencias de esas medidas sobre nuestro país. Porque no es solo Italia quien ha decidido declarar delito la inmigración ilegal, ya lo tienen Alemania y Francia; veremos qué es lo que va sucediendo en el futuro. Pero antes de valorar declaraciones, intenciones y medidas de otros gobiernos sería conveniente que usted nos dijera qué va a hacer en este tema cuando se produzca un efecto huida de alguno de esos países hacia otros países en los que los discursos parece que son complacientes, desgraciadamente, con la inmigración ilegal.


Quiero preguntarle, por último, qué va a hacer en materias tan importantes y relevantes como la reagrupación familiar, el régimen sancionador del incumplimiento de las obligaciones de mantener la inmigración de forma legal y qué se va a hacer con los menores. Nos hubiera gustado que hoy nos hubiera anticipado algunas cuestiones relativas a este asunto. Señor ministro, yo creo que usted tiene buenas intenciones, pero es necesario que las mismas se concreten. Nos puede gustar la música, pero usted tiene que concretar y escribir la letra. Nos gustan sus principios, pero nos gustaría también que nos gustasen sus finales. Eso es lo que usted tiene para hacer por delante. Ha hablado ya en los medios de comunicación de algunas medidas, como el pago único. Aquí no le he oído hablar prácticamente nada de ello. Lamento que usted utilice los medios de comunicación para concretar medidas en vez de esta Cámara. Ese no es un procedimiento adecuado. Yo sí quiero decirle algo sobre el pago único como usted lo ha propuesto. Ha propuesto pago único de prestaciones generadas en personas que han devengado derechos de prestaciones por desempleo entre 15 y 18 meses. Para que un inmigrante genere prestaciones de desempleo entre 15 y 18 meses puede que haya tenido que estar en España como mínimo seis años. Es decir, estamos hablando de inmigrantes que tienen ya residencia de forma permanente. No parece que sean esas las personas que desean irse fuera de España, fundamentalmente porque el sentido común nos dice que son las que se han integrado plenamente en nuestro modelo de convivencia, que la gran mayoría ha formulado y ha formalizado ya sus procesos de reagrupación familiar y que en muchas ocasiones tienen incluso su vivienda en régimen de propiedad y están perfectamente asentados en nuestro país. A esas personas hay que buscarles empleo. Por tanto, no nos gustan esos mensajes suyos sobre el empleo; esa resignación que existe en ustedes, una vez que han pasado las elecciones, diciendo que esto ya no se va a resolver como ustedes decían en el mes de abril, ya no va a repuntar en abril,

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ahora nos habla de dos años. Esa resignación no es la conducta que tiene que tener un Gobierno como el suyo. Por tanto ya le aviso que no va a ser esta medida del pago único para ese tipo y esa modalidad la que nosotros vamos a apoyar. Conoce usted por el señor Campuzano los datos de las estadísticas: solo un 2 por ciento de esas personas se plantea en la actualidad el retorno a sus países.


Finalmente quiero hacerle un ruego. El Senado aprobó en la anterior legislatura una moción según la cual se comprometía al Gobierno a enviar datos al Parlamento en materia de inmigración (datos relativos a los nuevos ingresos, a las autorizaciones de residencia concedidas, rechazadas, afiliaciones a la Seguridad Social, a inscripciones en el desempleo, a repatriaciones, a nacionalizados, a empadronados) que además lo haría trimestralmente. Espero que usted proceda a cumplir con ese mandato. Estoy seguro de que por su talante, conocido anteriormente y también manifestado en el día de hoy, ese es su deseo y espero que en la próxima comparecencia no tengamos que reiterarle esta petición de datos.


El señor PRESIDENTE: A continuación hará uso de la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Concepción Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, en nuestro caso también vamos a compartir el tiempo.


Quisiera comenzar mi intervención dando la bienvenida y agradeciendo al ministro su pronta comparecencia en esta Comisión y, por supuesto, sumarnos como Grupo Socialista a la muestra de solidaridad que ha planteado el ministro en relación con las familias afectadas por el accidente mortal acaecido en el día de hoy.


Entrando ya en la comparecencia, quisiera felicitarlo por la concreción y alcance de todas sus propuestas, específicamente en una materia tan relevante como es la inmigración, que responde al contenido del programa electoral del Partido Socialista que recibió el apoyo mayoritario del conjunto de la ciudadanía y que se plasmó en el discurso de investidura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es una política que se basa en el cumplimiento por parte de todos de la ley y de las normas y la satisfacción de los deberes sin los cuales no es posible el ejercicio de derechos. También quisiera en el día de hoy saludar y dar las gracias al conjunto de los portavoces que han mostrado su disposición al diálogo parlamentario y, por supuesto, como Grupo Socialista nos unimos a esta voluntad. Decía el presidente del Gobierno en el discurso de investidura que hay quien ve en la inmigración solo un problema, pero cuando se regula y se ordena, lejos de ser un problema se convierte en una oportunidad, oportunidad para los que vienen y para la sociedad que los acoge. Señorías, el Gobierno socialista ha puesto las bases de una política integral de inmigración, y para ello tubo que enfrentarse a la situación de caos creada por el Partido Popular con la existencia de cientos de miles de inmigrantes con contratos irregulares en la economía sumergida. Por eso lo primero que hizo el Gobierno socialista en la pasada legislatura fue situar la inmigración en el centro del diálogo social, incorporando a empresarios y sindicatos en la tarea general de gobernar el fenómeno de la inmigración. Y así, se abordó el caos preexistente mediante un proceso de normalización que se hizo de forma ejemplar y que estuvo basado en la incorporación efectiva al mercado de trabajo, en la colaboración de los empresarios y sobre todo para hacer posible el estricto cumplimiento de las leyes, la normativa laboral y de Seguridad Social. ¿Por qué insisto en esto? Porque en los años de gobierno del Partido Popular asistimos a un intento de utilizar la inmigración ilegal como una palanca contra la regulación del mercado de trabajo. Se pretendió por esta vía una desregulación encubierta, con la visión miope de que los problemas de competitividad de la economía española podían resolverse mediante recortes drásticos de los costes y de los derechos laborales. No, señores del PP. La competitividad de nuestras empresas se consigue con mayor inversión, con innovación, con investigación y, desde luego, con formación. Que el objetivo de la actuación del Gobierno del Partido Popular era la reducción de los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores queda suficientemente puesto de manifiesto en las distintas sentencias que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han dictado en relación con la legislación impulsada por ese partido. A ustedes les gusta hablar de la herencia de 2004, pues yo les diría que en inmigración dejaron una herencia totalmente envenenada. Primero hicieron cinco procesos de regularización sin contrato de trabajo; dejaron luego a cientos de miles de inmigrantes ilegales adicionales en la economía sumergida; dejaron una inexistente dotación presupuestaria para las políticas de integración; además, dejaron insuficientes medios para el control de fronteras. Por si fuera poco, estuvieron enfrentados con los países vecinos, cuya colaboración es imprescindible para controlar la inmigración legal e ilegal y favorecer los procesos de retorno. Y cuando trataron de llevar sus ideas al ordenamiento jurídico, lo hicieron tan mal que el Tribunal Supremo tuvo que anular parte de su reglamento y el Tribunal Constitucional ha dictado ocho sentencias anulando partes sustanciales de la legislación que ustedes promovieron. Frente a eso, señorías, las políticas sobre inmigración puestas en marcha por el Gobierno socialista se han desarrollado con diálogo y consenso, y hoy hemos tenido ocasión de escuchar directamente las propuestas que nos trae el ministro de Trabajo e Inmigración. En primer lugar resaltaría el contrato en origen para la inmigración legal sujeta a derechos y deberes; en segundo lugar, la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos; en tercer lugar, la ayuda al desarrollo, porque es eficaz para combatir las causas de la inmigración y porque es una contrapartida necesaria para la regulación de los flujos migratorios y los acuerdos de

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readmisión; en cuarto lugar, la integración social del inmigrante en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, con una amplia dotación presupuestaria y cuyo componente básico es el plan estratégico de ciudadanía e integración, y por supuesto también la potenciación de la consideración europea de la inmigración. Como todos ustedes saben, en el Consejo Europeo de diciembre de 2005, a iniciativa española, se adopta por primera vez un enfoque global sobre la inmigración que lleva consigo una dotación financiera de cerca de 4.000 millones de euros para el periodo 2007-2013. Desde ese año se viene trabajando para lograr una normativa europea que incorpore garantías en los procesos de retorno, que pueden perfeccionarse a lo largo del debate de la directiva en el Parlamento Europeo, en todo caso en dirección contraria a la criminalización de la inmigración que se ha hecho por parte de algún gobierno. Me gustaría recordar aquí las palabras de nuestro portavoz don José Antonio Alonso en el debate de investidura: No hay nada más preciado para nosotros que la convivencia libre y segura, y en este momento histórico no hay nada más dañino que la xenofobia y la intolerancia.


Señor ministro, sus propuestas merecen todo el respaldo y apoyo del Grupo Socialista y el pacto de Estado que sobre inmigración se plantea llevar a cabo el Gobierno es saludado con satisfacción por nuestro grupo. El desarrollo de todos los mecanismos concretos que ello implica va a determinar una participación de todos en las políticas integrales de inmigración. Desde ahora quiero expresar al señor ministro el apoyo del Grupo Socialista a todas sus propuestas, al tiempo que reitero nuestra disposición a entablar un diálogo abierto y fluido en esta Comisión, lo que nos permitirá que propuestas que ha hecho hoy el Gobierno cuenten con el mayor consenso y respaldo parlamentario en beneficio del conjunto de la sociedad.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra don Jesús Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señorías, quiero comenzar trasladando al señor ministro la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por su comparecencia. Usted, señor ministro, es nuevo en estas lides parlamentarias y a pesar de ello está aquí, en la Comisión de Trabajo e Inmigración, para hacer una presentación de los proyectos que desde su competencia se van a impulsar. Es bueno, es sano desde el punto de vista democrático, y es también muy positivo para los ciudadanos que vean cómo en tiempos de zozobra económica el ministro de Trabajo presenta los planes que suponen que la desaceleración económica no la pagaremos los trabajadores, no la pagarán los más desfavorecidos, como en otras épocas, porque, como muy bien ha dicho, en ningún caso se plantea la reducción de la protección social y porque usted, señor ministro, ha mencionado algunos elementos muy importantes en la intervención de esta tarde, a pesar de que algunos portavoces no le hayan escuchado. Usted ha dicho que se seguirán desarrollando los niveles de protección social que existen en estos momentos, que se avanzará en el marco legislativo aprobado en la VIII Legislatura -veinte proyectos de ley pasaron y se aprobaron por esta Comisión- y que dará mayor protección si cabe a los parados. Hoy el 83 por ciento de los parados tiene cobertura de desempleo. Hace cuatro años era el 64 por ciento. Hace cuatro años gobernaba el Partido Popular. Son proyectos, son modos de entender cómo se puede resolver una crisis o una situación de desaceleración que afecta al empleo, pero indudablemente tienen una diferencia sustancial con algunas medidas del Partido Popular que hemos visto en el Pleno de la Cámara del pasado martes cuando, basándose en una moción, nos presentaron 115 actuaciones concretas en política social y económica, entre las casuales -¡ah, casualidad!- se planteaban cuestiones como reducir el gasto social, hacer una reforma laboral, liberalizar los servicios públicos y renovar el Plan de estabilización financiera para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Eso lo planteó el señor Montoro. A mí me recuerda a viejas recetas para épocas distintas, porque no han sido capaces de cambiar el manual. Pero también el señor ministro ha planteado los esfuerzos que el Gobierno va a seguir haciendo para impulsar el empleo, que es una cuestión que nos preocupa a todos, y en ese sentido estoy seguro de que la situación de ahora se recuperará entre todos.


No creo en las soluciones mágicas a la hora de resolver los problemas de desempleo, como tampoco creo en la patrimonialización exclusiva de una política o de un sector para resolver los problemas del desempleo. En el empleo y en el desempleo juegan muchos factores, algunos de ellos de crecimiento económico, pero otros también de confianza empresarial y otros también de concertación social. Cada uno tiene su responsabilidad, pero también tiene su cuota de participación. Por tanto, desde mi punto de vista, lo que el Gobierno ha hecho a través del ministro es plantear en este momento soluciones y propuestas, que indudablemente son mejorables, algunas de ellas se ampliarán con el tiempo y otras se evaluarán y se verá que no han tenido la respuesta adecuada. Eso es cierto, pero lo que no se puede consentir en estos momentos es hacer el planteamiento de que la situación de ahora es catastrófica y la situación de antes era maravillosa, que cuando ustedes gobernaban, señores del Partido Popular, se creaban empleos a cientos y en estos momentos se destrozan. No, eso es radicalmente falso. Nosotros hicimos una reforma del mercado de trabajo que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara pactamos, el Partido Popular también, con su portavoz y miembro de la Mesa al frente. Es una reforma del mercado de trabajo en la que quedan cosas por desarrollar, como el señor Tardà ha dicho -y me lo repite, por cierto, cada quince días-. Efectivamente usted tiene razón, pero hay un hecho: entre el año 2006 y ahora, aquella reforma que tenía como objetivo fundamental reducir la temporalidad, se ha conseguido: hemos

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reducido 4,5 puntos la temporalidad. ¡Para algo habrá servido si hemos reducido en 4,5 puntos la temporalidad! Pero tampoco se puede decir en estos momentos que tenemos una situación tan catastrófica, porque en enero de 2000 los contratos fijos apenas eran 84.000, y en diciembre de 2007 han sido 200.000. ¡Algo habremos hecho para cambiar esa tendencia! Pero, es más, nosotros creemos que la apuesta que el señor ministro ha hecho hoy por un trabajo de calidad no solamente tiene que ver con la temporalidad o no, tiene también que ver con la seguridad, y hoy en esta Comisión si algo tenemos que tener claro -y así lo han expresado los portavoces- es que la seguridad es un elemento fundamental de la vida en el trabajo.


Quiero aprovechar la ocasión no solamente para trasladar las condolencias del Grupo Parlamentario Socialista a las familias, sino también nuestro pésame, porque son siete los muertos que hoy ha habido por accidentes laborales en este país. Pero, ¿hemos hecho algo? Sí, hemos buscado elementos de concertación, basándonos en la estrategia que se ha pactado con sindicatos y empresarios, y que indudablemente tiene resultados. ¿Los adecuados? No, porque tampoco estoy de acuerdo con algunos que dicen que un marco jurídico determinado resuelve los problemas de los accidentes laborales. Eso es radicalmente falso; ya me gustaría que por una ley se pudiesen resolver los muertos por accidentes. Tenemos infinidad de leyes; llegamos a tener una ley de subcontrata, que la sacamos a sangre y fuego, y en estos momentos se ha demostrado que en el accidente de Valencia previsiblemente la Ley de Subcontratación no ha funcionado. ¿Eso es responsabildiad del Ejecutivo? No, en gran parte será responsabilidad del empresario y también de quien tiene representación sindical o patronal y de los propios trabajadores que no hacen uso de su derecho, porque muchas veces están coaccionados por el empresario. Esos son elementos que están ahí, pero hay un hecho real: hemos reducido en 230 los accidentes mortales en cuatro años -ya sé que es muy poco-, y hemos reducido en 3.000 los accidentes graves en cuatro años. Ya sé que es muy poco, porque quedan todavía accidentes mortales que producen daños irreparables.


Para nosotros trabajar y concertar es fundamental, desde el punto de vista político. Tenemos que seguir trabajando en la concertación, acordando, porque forma parte de nuestro sistema de relaciones institucionales, lo quieran ustedes o no. En estos momentos la concertación está implícita en el marco de relaciones laborales y el día que la perdamos nos vamos a acordar. ¿Hay problemas? Por supuesto que hay problemas. ¿Hay problemas desde el punto de vista parlamentario, señor Olabarría? Sí. Yo le veo a usted la cara cuando viene aquí un proyecto de ley fruto de la concertación, y me pregunta cómo le damos la vuelta, a lo que indudablemente tengo que decirle que es muy difícil, pero es un elemento de complementariedad. A todo lo que ha venido hemos introducido enmiendas; en algunos casos, por ejemplo en la Ley de Dependencia ha habido 1.400 enmiendas. Por tanto, ha habido enmiendas, se ha pactado y se ha respetado el acuerdo con las organizaciones sindicales y patronales, y aquí hemos introducido una parte sustancial de las mismas.
¿Por qué lo hemos hecho? Porque hemos tenido voluntad de respetar una cosa y la otra. En esta Comisión la mayoría de los portavoces nos conocemos y creo que somos capaces de interpretar lo que decimos. Estamos diciendo eso, pero, al mismo tiempo, sabemos que no nos vamos a amparar en nuestra capacidad de enmendar para resolver problemas que han sido pactados por otro lado o para empeorarles. Desde mi punto de vista, eso es bueno.


Hay otra cuestión que también debemos despejar, porque es un tema que siempre sale, el de la representación. La Ley Orgánica de Libertad Sindical plantea la representación para negociaciones en los artículos 6 y 7, pero para negociaciones de convenios que sean de obligado cumplimiento. Aquí no se trata de una negociación de un convenio de obligado cumplimiento, tiene que pasar por el Legislativo para que eso sea una norma que posteriormente se acuerde. Señor Olabarría, son pactos políticos. ¿Entre quiénes? Entre quienes tienen más representación, y esas dos organizaciones sindicales tienen el 83 por ciento de representación y, por tanto, políticamente es un acuerdo; y punto. El que se integren unas organizaciones u otras es una voluntad de las partes, pero no solamente del Gobierno, sino también de las organizaciones sindicales y de la patronal. Como esta discusión vamos a seguir teniéndola en cada uno de los temas que vayamos tratando, nos iremos adecuando.


Señor ministro, los datos cantan en lo que a creación de empleo se refiere, a pesar de lo que intente plantear el señor Echániz. Estamos en una tasa de ocupación del 60 por ciento. Es baja, pero tenemos cuatro puntos de tasa de ocupación por encima del año 2003. Tenemos más de 20 millones de ocupados; teníamos 17 millones cuando salió el Partido Popular del Gobierno. Tenemos una incorporación de la mujer al mercado de trabajo impresionante en estos últimos años -6 puntos más-, luego algo habremos hecho bien. ¿Tenemos unos datos preocupantes de cara a los próximos meses? Sí, nadie lo niega; el ministro lo ha dicho claramente y le honra decir lo que piensa y no salir con subterfugios. Son datos de una situación económica que sabemos que es adversa y que se manifiesta en estos momentos, pero plantear ahora el crecimiento de casi un punto de desempleo como una tormenta horrorosa, imposible de superar... ¡Hombre, señor Echániz! En el año 2001, ustedes tenían el 10,6 por ciento de tasa de desempleo, según la EPA, y en el año 2002 el 11,5 y no fue una catástrofe. Se recuperó posteriormente la economía y la reactivación económica. Confíen en nosotros y en que tenemos capacidad para hacer eso.
No se preocupen, no nos traten tan negativamente y no lo planteen como una catástrofe. ¿Qué es lo importante? Que todos estemos convencidos de que el tema del empleo es fundamental y que no se instrumentalice el desempleo como batalla electoral y política permanentemente, ya que eso genera zozobra, desconfianza,

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desconfianza, y es malo. Tratemos las cosas con un alto grado de sentido común y de razonabilidad.


El señor ministro ha planteado un tema que para nosotros es muy importante, el de los autónomos y el desarrollo del Estatuto del trabajador autónomo. Sinceramente, fue una de las grandes leyes que se elaboraron en la legislatura pasada y espero que su desarrollo se haga lo más rápidamente posible, porque seguro que los autónomos nos lo van a agradecer, ya que al final serán trabajadores por cuenta propia con los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena, como dice perfectamente el preámbulo de la ley.


Señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista le va a apoyar en las políticas que va a desarrollar. Estamos convencidos de que este va a ser un tema coyuntural, y seguiremos trabajando y consiguiendo que los españoles vivan mejor.


El señor PRESIDENTE: La condición de parlamentario o de ministro no comporta la de ser espíritu puro, así que haremos un receso de cinco minutos, receso humanitario. (Pausa.)

Señorías, reanudamos la sesión de la Comisión. Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo e Inmigración para responder a las intervenciones de los portavoces.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Seguiré el hilo de sus intervenciones aunque en algunas de ellas, más que una contestación o una respuesta mimética o literal a las reflexiones que SS.SS. han hecho, me permitirán también a mí hacer alguna reflexión. En todo caso vaya por delante mi agradecimiento a todos ustedes por el tono de sus intervenciones, que he recibido como constructivas y también de preocupación, al haber puntos de diferencia que tendremos oportunidad de ir contrastando. Estoy seguro de que -si no en todos- en algunos temas siempre habrá puntos de encuentro que permitan ir avanzando y resolviendo los problemas a los que muchos de ustedes se han referido aquí.


En primer lugar, señora Barkos, usted ha empezado dándome la bienvenida, y se lo agradezco. Lógicamente, después ha entrado en un conjunto de temas a los que se ha hecho referencia también en otras intervenciones -prácticamente en casi todas-, como por ejemplo la alta siniestralidad y, por tanto, el reto que todavía tenemos es acercarnos como he dicho en mi primera intervención a la media de la Unión Europea e ir mejorando. La señora Barkos hacía referencia -y lo comparto plenamente- a que en estas materias no siempre se corre más por el hecho de que cada vez que detectamos un problema acabemos haciendo una ley. No siempre los problemas que tiene una sociedad se resuelven con una ley. Ella ha hecho una serie de referencias con las que estoy totalmente de acuerdo; en cambio, la sensibilización, el tema de las campañas de formación, la propia formación y muchas otras materias son necesarias para ir mejorando los efectos de la siniestralidad. En ese sentido -y permítanme que vaya agrupando por conceptos y no por el orden de las intervenciones-, se ha hecho referencia a algo que comparto también, que debe estar presente en la acción del Gobierno y en la preocupación de todos nosotros, que es la precariedad y la sucesión de contrataciones y subcontrataciones que muchas veces se realizan, y que al final -se han referido a ello el señor Llamazares- podemos llegar a la subcontratación de una persona. También se ha referido a ello el señor Tardà y el señor Olabarría. Estoy de acuerdo en que ese es un tema importante.


En cuanto al reto que suponen la universidad y la investigación, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero quiero hacer una reflexión. El reto que tiene este país es cualificar la formación profesional, y no son cosas contrapuestas. La formación profesional es un auténtico reto que no solo requiere una reflexión de cómo hacemos las reformas, sino de cómo la cualificamos, cómo hacemos que en este país la formación profesional, en un sentido muy amplio -y la formación continua, siempre permanente en una sociedad en cambio como la que actualmente estamos viviendo-, sea vista como algo altamente positivo y no como cierto destierro. No lo digo por usted, sino que estoy haciendo una reflexión. En cuanto al tema de innovación, comparto con usted sus reflexiones, pero en el Gobierno está el Ministerio de Ciencia e Innovación que tratará más en profundidad el tema al que usted se ha referido.


Respecto a las pensiones mínimas, nuestro compromiso es llegar a 850 euros con cónyuge a cargo, y a 700 euros de pensión mínima. Este es el compromiso electoral con el que el Partido Socialista se presentó a las elecciones, compromiso que evidentemente sigue vigente, porque en ningún momento se ha puesto en cuestión y seguiremos con él.


Señora Oramas, alcaldesa además de La Laguna, ciudad que sabe usted que yo conozco bien, supongo que me reconocerá que una parte de su modernización corresponde a su capacidad, pero también al buen convenio que en su día firmamos entre los dos ayuntamientos. La llegada de pateras, la llegada de cayucos es un drama por lo que representa y por lo que significa, y también -por qué no decirlo- ese drama acaba siéndolo en el lugar de llegada, pero no es el problema mayor de la inmigración irregular que tiene España. Es un drama por la manera, por la forma, por el riesgo que significa la percepción de que probablemente quien lo hace puede encontrar una muerte segura quien lo hace, pero el desespero del lugar de origen no le hace desistir de su intento. A usted le gusta más mi discurso, pero espero que al final de mi mandato le haya convencido sobre todo mi política, que es lo importante.


Por el tema de la inmigración yo he querido hacer una visita a Canarias; es la primera comunidad que quiero visitar, porque precisamente lo que he dicho al principio tiene que ver con elementos de percepción. Quiero estar concertando permanentemente con Canarias, y espero encontrar en el Gobierno de Canarias la complicidad

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suficiente para no hacer de este tema un desgaste mutuo que no nos conduzca a ninguna parte, sino para intentar buscar soluciones, que es lo que debemos de hacer los que tenemos responsabilidad de gobierno. Cuando yo venga al Parlamento como ministro, tendremos la confrontación que ustedes quieran, porque aquí debe darse la confrontación; siempre la que ustedes quieran. Pero cuando yo salga de este Congreso, me vaya a visitar una comunidad y me siente con un responsable de gobierno, la única idea que me guiará en esa visita será la del acuerdo, la concertación y el respeto mutuo, porque en definitiva somos dos gobiernos.


Los menores efectivamente son un problema, un problema que recibe Canarias como puerta de entrada, y recibe también como competencia, pero no nos podemos quedar solo en la segunda apreciación. Por tanto, lo recibe como puerta de entrada y como competencia, pero los demás debemos de ser solidarios para que Canarias se quede con la justa correspondencia en función de la competencia que podría tener si, en lugar de ser puerta de entrada, estuviera en otro lugar. Por tanto, ahí tenemos que trabajar.


En cuanto a la posición sobre las directivas europeas, tendremos que ir viendo lógicamente cómo se van adaptando. En cualquier caso, todo apunta a que la directiva europea la podemos ver de diferentes maneras. Alguien la puede ver como un retroceso, como un grave problema, pero también se puede ver como un avance en la armonización de las políticas europeas. No olvidemos que hay países que no tienen tiempo, en los que el tiempo no existe. En todo caso, España deberá ir armonizando sus políticas con respecto a la Unión Europea, participando en la Unión Europea, para que cada vez haya una política más global, puesto que sin una política global en la Unión Europea no se podrán abordar seriamente los temas de la inmigración. Pero eso no significa que España tenga que cambiar su legislación en materia interior en función de otras dinámicas, sino que España tiene su propia legislación y deberá ir viendo si esa legislación es suficiente y, en consecuencia, no ha lugar a ninguna modificación, o tiene que hacer algún proceso de adaptación.


En el tema de Venezuela y la asistencia social tengo que decirle que en estos pasados cuatro años -yo todavía no puedo decir que haya algún mérito mío- ha habido una política sin duda avanzada en ese sentido, y sobre todo podemos coincidir en que no estamos al final de un camino, pero sí en el camino correcto.


Señor Llamazares, yo no he venido aquí con triunfalismos del pasado, porque constatar las realidades no es hacer un discurso triunfalista. La realidad es la que es. En el pasado mandato lógicamente muchas políticas mejoraron, indudablemente, respecto de la situación anterior, y constatar ese hecho no significa calificarlo de ninguna manera, simplemente me he limitado a constatar esos hechos, y además de una manera breve, obligado por mi parte, pero sobre todo por un hecho fundamental: porque me reconforto y me siento bien en ese análisis de constatación de una legislatura pasada. Yo, prejuicios, ninguno, señor Llamazares. Y le diré una cosa, la mayoría de los ciudadanos, incluso muchos de sus votantes, están más de acuerdo con mi discurso que probablemente con los prejuicios a los que usted hacía referencia. Mi discurso no parte de ningún prejuicio; parte de la constatación de una realidad compleja a la que pretendemos dar respuesta y gobernarla, y eso no parte de un prejuicio apriorísticamente desde ningún punto de vista.


Ayer en diferentes medios de comunicación -incluido don Jordi Sevilla, que escribía un artículo en uno de ellos- se estaba haciendo una disquisición entre expertos en la materia sobre la recesión, la crisis y la desaceleración. No voy a dar yo aquí ahora ninguna clase sobre ese particular, pero creo que había mayoritariamente una coincidencia sobre qué fenómenos tiene que haber, reiterados, para que lleguemos a la definición de una crisis, y todos los expertos coincidían en que no es el caso de la situación actual, sin que eso les llevara, en esa propia reflexión, a no ser precavidos y a decir que, lógicamente, no estamos en el mejor de los momentos. Es verdad que España prevé un crecimiento del 2,3, según las previsiones no solamente del Gobierno sino también de diferentes organismos internacionales en materia económica. No hagamos discursos tan catastrofistas porque un crecimiento del 2 es menor que del 3 y el del 3 es menor que del 4, pero no estamos en crecimiento negativo, porque si creciendo un 2 llegamos a la conclusión de que estamos en la tormenta, el huracán y el terremoto, díganme ustedes qué pasaría cuando tuviéramos que agotar algo que en Europa es normal, que era llegar al 3 por ciento de déficit; cosa que, repito, es perfectamente normal y que otros países han hecho. Ahora ¿debe eso hacernos descansar en el sentido de que estamos en el mejor de los momentos? En absoluto. Eso no nos tiene que hacer descansar en esa percepción y, por tanto, tenemos que trabajar sabiendo que hoy hay una situación mucho más compleja que la de hace simplemente unos meses.


El señor Llamazares decía que las medidas del Gobierno han sido insuficientes y que esa insuficiencia se ha puesto de manifiesto sobre todo en las políticas referidas al empleo. Yo no le niego que al ministro de Trabajo probablemente le hubiese gustado que las medidas dirigidas al Ministerio del empleo hubiesen sido diez veces mayores, pero tampoco nos llamemos a engaño, porque a la postre lo que hay que hacer es analizar las medidas globalmente y no por un concepto individual. ¿El adelanto del IVA a las empresas cada mes es o no es una buena medida para las pequeñas y medianas empresas? Y si es una buena medida para esas pequeñas y medianas empresas, ¿es que acaso no son generadoras de puestos de trabajo? Pues al ministro de Trabajo a la postre lo que le interesa e importa es que se creen puestos de trabajo, y si esa medida es buena, ya me parece bien aunque no esté depositada en la responsabilidad del Ministerio de Trabajo. ¿Acaso aumentar las posibilidades de créditos para las pequeñas y medianas

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empresas no es una buena medida? Yo creo que sí. ¿Acaso rebajar el IVA para promover la rehabilitación, que tiene una capacidad alta de contratar trabajadores y generar empleo, no es una buena medida? Creo que incluso la devolución de los 400 euros en un momento en que se está desanimando, como dicen algunos indicadores, el consumo puede ser una buena medida. Lo que hay que hacer es analizar globalmente todas esas medidas, independientemente de que una de ellas esté depositada en el área de este ministerio.


Se ha hecho alguna referencia al desarrollo de los acuerdos pendientes y quiero expresar mi voluntad de que todo lo que hayan sido acuerdos y queden pendientes de desarrollo legislativo, por supuesto, será acometido. Ya me he referido a la directiva de retorno. Le anticipo que la política que este ministro llevará a término no va a ser diametralmente opuesta a los discursos que este mismo ministro ha venido realizando. Sería una incoherencia hacer esos discursos y llevar a cabo la política contraria. Por tanto, ¿hasta dónde llegará esa política y hasta dónde llegarán los acuerdos? En el tiempo los iremos viendo.


Señor Tardà, en primer lugar, le pido disculpas por ese artículo al que usted ha hecho referencia en la revista Carta de España. Esquerra Republicana a mí, como ministro y como político, me merece la más alta consideración y el más alto respeto, más allá, lógicamente, de que sea Esquerra Republicana la que tenga que definir su futuro como crea más oportuno y, en todo caso, no le desearé toda la suerte del mundo porque al final acabaría yendo en contra nuestra (Risas.), pero siempre partimos de una alta consideración y un gran respeto. Tengo muy clara una cosa, hay que distinguir entre una editorial y un artículo de opinión. En un artículo de opinión quien escribe es quien tiene esa opinión y siempre puede ser replicada, pero una editorial -y sobre todo de una revista institucional- tiene que ser siempre absolutamente respetuosa con las formaciones políticas. Por tanto, lo lamento mucho y le pido disculpas.


Ustedes dieron apoyo a la regularización y me gustaría seguir contando con el apoyo de Esquerra Republicana, no ya a futuras regularizaciones, que no forman parte ni de la política de este Gobierno ni de la política de este ministerio, pero seguro que en el tema de la inmigración deberemos llegar a muchos acuerdos, deberemos gestionar muchas cosas y espero contar también con el compromiso de Esquerra Republicana. Respecto a la ley que mejora el empleo y nuevas formas de contratación de los jóvenes, efectivamente en el empleo de la juventud tenemos un reto, han hecho mención a ello también algunos diputados. Sin duda, según las estadísticas que se están publicando estos días, representa cinco puntos por encima de la media europea y eso nos debe preocupar a todos y tenemos que trabajar en la dirección de mejorar este asunto. En cuanto a la inspección laboral usted hacía una referencia a que no se pusiese tanto el acento en una inspección de carácter económico y sí se ponga el acento en más igualdad en el cumplimiento de la legislación y, sobre todo, en temas de disciplina. No quiero partir de la base de pensar que en la inspección de trabajo -no tengo ningún dato para pensar lo contrario pero, repito, llevo algo más de treinta días en el ministerio- es la condición económica la prioritaria respecto a otros temas.


Hay un calendario de traspaso. Señor Tardà, las leyes se aprueban y cuando se aprueba una ley es para cumplirla y si no es para cumplirla, lo mejor que pueden hacer SS.SS. es no aprobarla. Por tanto, tengo claro que una ley orgánica -y además con refrendo de las ciudadanas y los ciudadanos- no puede tener otro horizonte que no sea su desarrollo. Ahora bien, desarrollo de la misma para qué. ¿Simplemente para dar cumplimiento a un precepto que está en la ley? Podría ser ese un concepto suficiente, pero me gustaría ir un poco más allá, es decir, demos cumplimiento al precepto que está en la ley, pero que sea para mejorar y para ganar eficiencia y eficacia e incluso, si puede ser, hasta economía desde el punto de vista de la Administración, globalmente entendida esta. A veces, para conseguir ese objetivo simplemente hay que trabajar sin perder el horizonte que nos guía a futuro, pero con el tiempo necesario para saber que las prisas nunca son buenas consejeras y que más vale hacer una cosa el miércoles y hacerla bien que no hacerla el lunes y haberse quedado a mitad de camino.
En todo caso, repito, las leyes se hacen para cumplirlas.


¿Se van a regular los centros de internamiento? Puedo afirmar sin temor a equivocarme que España tiene una de las legislaciones de mayor garantía en cuanto a que hace referencia no solo a los centros de internamiento, sino también a todo el tratamiento que tienen que tener las personas que entran ilegalmente. Me parece que somos, además, el único país que tiene el tiempo de internamiento más bajo de toda la Unión Europea. Hay alguno que tiene treinta y tres días, de acuerdo; pero me parece que de un amplio listado somos uno o dos países los que estamos en cabeza.


Reagrupación familiar. Aquí hay que hacer una reflexión a futuro. Les invito a que vayamos tranquilamente, sin prejuzgar nada, abriendo una reflexión. Hay problemas con el tema de la reagrupación. Creo que tenemos una buena ley y tenemos un buen reglamento. Por tanto, tampoco soy partidario -y se lo he dicho antes al principio- de que cada vez que detectemos, entre comillas, un problema vayamos a hacer una nueva ley.
Intentaré ser un ministro más reformista que propulsor de leyes, quizá por mis antecedentes como alcalde. A un alcalde o a una alcaldesa le cae toda la legislación, la del Estado, la de las comunidades autónomas y, como te descuides, hasta de la mancomunidad. Eso hace que, al final, no es que nos convirtamos en antileyes -creemos que es necesario el proceso legislativo-, pero me autoproclamo más reformista porque creo muchas veces que con las reformas se puede ir más rápido y avanzar en la dirección que corresponda. Por tanto, creo que sobre la reagrupación hay que hacer una reflexión.


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Les indicaré un dato, simplemente, y a lo mejor es muy complicado y al final hay que dejarlo como está. La presión que tiene hoy la comunidad educativa por el régimen abierto durante 365 días del año para la escolarización sitúa a muchas escuelas más cerca del fracaso escolar que del éxito académico. No sé cuál es la alternativa; en todo caso, yo tengo una idea de cómo podría ser. Ahí hay una reflexión, una reflexión que podemos encontrar. Si el espíritu que nos anima es buscar soluciones, probablemente vamos a encontrar un punto en común, porque seguramente todos los que estamos aquí -aquí podemos vernos en función de nuestra pertenencia política- tenemos un hilo conductor de corresponsabilidad con algún compañero o compañera que tiene responsabilidad en un ámbito de Gobierno y al que realmente alguno de los temas podría preocuparle. En ese sentido, no prejuzgo nada, pero les anticipo que no voy a rehuir la reflexión en alguna materia y en algún tema que crea que es necesario.


Señor Olabarría, respecto a los plumillas, ya he contestado, imagino que se dará por satisfecho. Le agradezco la bienvenida. Es un ministerio complicado en que ningún ministro se ha sucedido a sí mismo. El tiempo lo dirá, y si eso es así y su premonición se cumple, pasaré de ministro a ex ministro (Risas.), en todo caso con la satisfacción y el honor de haber sido ministro y con la insatisfacción de no saber si hice todo lo que pude o no llegué a hacer todo lo que de mí esperaban. Mientras tanto no me voy a desanimar ni voy a orientar mi trabajo en función de las dificultades ni de las temporalidades mejores o peores del cargo. Mire usted, en algunos puntos estoy de vuelta y en otros muchos ni tan siquiera he llegado. Al reto ese de superar dificultades no he llegado, pero en la parafernalia de lo que a veces puede significar dejar de ser ministro, la verdad es que conozco a muchos buenos compañeros que me han dicho que cuando han dejado de serlo no han pasado frustración sino todo lo contrario. En cualquier caso espero que mis éxitos no sean los míos.
El otro día, en una pregunta de la señora López i Chamosa, me decía que me deseaba muchos éxitos y yo le respondía que yo no perseguía éxitos, que lo que quería eran aciertos, porque los éxitos tienen en todo caso una razón de ser para el individuo que los persigue; los aciertos en cambio pueden ser mucho más importantes porque hacen receptores de ellos a las ciudadanas y a los ciudadanos, y en eso espero encontrarme con aciertos.


Señor Olabarría, no confunda usted -amablemente se lo digo- el diálogo con la sumisión. Diálogo creo que hay que tener todo el que sea menester y, al final de todo el diálogo, un poquito más; pero al final, el que no se ha de confundir es quien tiene la responsabilidad de gobernar y de la toma de decisiones. Decía que a la toma de decisiones y a la responsabilidad de gobernar se puede llegar por dos vías, una porque uno considere y crea que está en la absoluta seguridad de que todos sus pensamientos y políticas son los adecuados, y los coloca en texto jurídico legal y los lleva adelante; otra vía es llegar a esa decisión intentando pulsar la opinión e incorporar a veces opiniones de agentes sociales o de otros sectores, y en el caso que nos ocupa lógicamente la de aquellas formaciones políticas que en algún momento determinado quieran o estén dispuestas a comprometerse con algún tema concreto. Por lo que he podido ver por el señor Membrado, que le respondía y tiene más conocimiento porque lleva más tiempo que yo, usted lleva planteando un tema -también lo ha hecho la señora Barkos en su primera intervención- referido a la no incorporación de determinados agentes sociales desde el punto de vista territorial. Lleva mucho tiempo sobre ese particular y el éxito parece que no ha llegado y sería un poco osado por mi parte decirle, después de llevar aquí treinta y pico días, que usted no se preocupe, que esto yo se lo resuelvo de una manera inmediata. Hay ahí dos temas que el señor Membrado mencionaba y que están en el quid de la cuestión. Los agentes sociales a los que usted hacía referencia no solamente tienen una vocación sino una responsabilidad clara, nítida e incontestable de ámbito estatal, y la acción de otras organizaciones, a las que yo no voy a quitar importancia, porque la tienen y mucha, queda más concretada en ámbitos territoriales. A nadie se le escapa que conciliar esas dos cosas no siempre es fácil. Entiendo sus reflexiones, las comprendo, quedan ahí como tales, pero en ese tema lógicamente quiero que quede claro que mi política va a ir en dos direcciones: la concertación territorial con las comunidades autónomas y también con la Federación Española de Municipios y Provincias, porque las comunidades autónomas son los interlocutores directos del Gobierno, pero no seré yo el que niegue la importancia que tiene el municipalismo español y por tanto no seré un ministro alejado de ese muncipalismo. Seré un ministro próximo y sensible al municipalismo español más allá de que mi relación formal e institucional se deba dar en el marco de las relaciones con las comunidades autónomas, y eso es concertación territorial. Pero en el diálogo social, entiendo que mi referencia, hoy por hoy, solo son las organizaciones empresariales y sindicales de ámbito estatal, ni siquiera aquellas mismas organizaciones en el ámbito territorial, que entiendo que están en una concertación y en una lógica de comunidad autónoma, y, lógicamente, me merecen la más alta consideración y el máximo respeto para que sea en ese ámbito en el que se deban producir los acuerdos que procedan.


Usted decía, señor Olabarría, que con Euskadi no se había llegado a un acuerdo y hacía usted la referencia del año 1979 en el tema de la formación y en algunas materias, lo imputaba usted al Gobierno y que, además, es jacobino, en esta materia o en otras. Creo que ahí hay una doble dirección, porque sin tener yo el conocimiento que sobre esta materia tiene usted y que le reconozco que es mucho mayor que el mío, me cuesta entender que se haya podido llegar a un acuerdo con todas las demás comunidades autónomas menos con una y que el resultado simplemente sea una decisión imputable al

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Gobierno. Probablemente puede ser imputable a la dificultad, al Estatuto, a la complejidad, no lo niego, pero en ese sentido le digo igual que lo que le decía el otro día a uno de sus compañeros también cuando me interpeló sobre un tema que afecta a Euskadi, a la cornisa cantábrica.
Vamos a tener que reflexionar conjuntamente porque no solo la Seguridad Social tiene que darles una salida; la comunidad autónoma no puede estar al margen de la situación en que se encuentran determinadas personas que hoy pertenecen al régimen del mar y que no están dentro del régimen de la Seguridad Social. Por tanto, creo que ahí habrá un tiempo.


Respecto a la Ley de la Dependencia, permítame que no me refiera a ella puesto que en este momento es una ley que está en otro ministerio, que depende de otro ministerio, y supongo que la ministra hará su correspondiente comparecencia, igual que en el caso de la Ley de Igualdad. Le agradezco a usted su ofrecimiento y su reflexión sobre la siniestralidad y, sobre todo, creo muy interesante la reflexión que ha hecho -y precisamente la señora Barkos hacía también referencia a ello al principio- de que a veces no es solamente un problema de leyes, sino que en estos temas invocaba la posibilidad de un pacto más amplio para el que usted y su formación política se ofrecían. Se lo agradezco porque en estos temas hay que avanzar colectivamente, aunque el Gobierno siempre tenga, sin duda, la responsabilidad mayor. Usted me desea mucha suerte y yo se lo agradezco. En esta vida siempre es bueno tener un poco de suerte, yo espero tener un poquito, no sé si mucha; si tengo mucha, estupendo, e incluso hasta a lo mejor tengo tanta que su premonición al final no se cumple y continúo sustituyéndome a mí mismo. Esa sería una magnífica idea porque significaría que en el año 2012 volveríamos a ganar las elecciones y yo continuaría siendo ministro, lo cual sería el mundo de los más felices y de los perfectos. Tendremos que esperar para ello y, en cualquier caso, le agradezco sinceramente ese deseo de suerte, pero sobre todo le agradezco algo más que usted ha dicho y que para mí tiene mucha más importancia política, que es de lo que se trata: su predisposición a colaborar y a acordar en todos aquellos temas que sea conveniente y que sea un beneficio para el conjunto de la sociedad. Me quedo sobre todo con ese ofrecimiento que le agradezco muy sinceramente.


Respecto al señor Campuzano, efectivamente es un escenario difícil y no para este ministro solo, sino para el Gobierno. Es lógico que aquí se identifique la dificultad para el ministro, pero sin duda el escenario tiene muchas variables y muchas de estas tienen su relación en el conjunto global del Gobierno, independientemente de las responsabilidades sectoriales. Evidentemente, es un escenario no sé si de dificultad pero sí de complejidad. Es un escenario complejo en el que tendremos que saber encontrar y dar las respuestas adecuadas. Coincido con usted y tiene usted toda la razón además cuando analiza la complejidad de lo que pueden comportar y significar dos elementos que son la inmigración y el aumento del desempleo. Es verdad, y usted lo conoce bien, que en estos momentos la inmigración se ha vivido en muchos barrios populares, primero con un elemento perceptivo, después con una necesidad de compartir el espacio y compartir los servicios, pero nunca se vivió ese escenario de tener que competir por un puesto de trabajo, y eso nos tiene que llevar a todos a saber que ahí nos podemos estar jugando el futuro, de la misma manera que nos lo jugamos en la escuela. Alguno de ustedes ha reflexionado sobre el retorno o no retorno. Quien probablemente no retornará será la niña o el niño que está en primaria, ese no retornará, pero su éxito o fracaso será el éxito o el fracaso de este país, y a partir de ahí todos tenemos que mirar a la escuela y saber que ahí se está jugando el futuro. Por lo tanto, en ese contexto, inmigración y empleo en una situación compleja como la actual sin duda nos tienen que preocupar.


El diálogo social -coincido con usted- es importantísimo para poder avanzar en reformas, en acuerdos, en concertación, pero usted hacía su reflexión acerca de que los acuerdos sociales no nos lleven a no hacer la reforma necesaria en virtud de las políticas de unanimidad. Creo que vale lo que decía al principio. En política hay que tener claro que alguien al final tiene la responsabilidad de tomar la decisión y, por lo tanto, si identificas como Gobierno la necesaria reforma en una materia y se llega a la conclusión de que eso es bueno para el global, si hay acuerdo, hay acuerdo, pero, si no, alguien tiene que tomar la decisión, porque la otra política sería una que yo no comparto en absoluto, que es: no tomo decisiones para no equivocarme -esa es una forma a veces de gestionar en política- o, sencillamente, no tengo que tomar decisiones hasta que la asamblea no las haya ratificado. No, mire usted, aquí cuando uno tiene responsabilidad de estar en un gobierno es para gobernar y tomar decisiones. Ahora bien, yo, antes de tomar decisiones, procuraré el mayor consenso posible, no voy a decir la unanimidad, el mayor consenso posible, y para eso intentaré agotar todas las gestiones necesarias en beneficio de este objetivo.


El papel de las comunidades autónomas, traspaso de inmigración e inspección de trabajo. He de anunciarle que está prácticamente muy cerca el acuerdo sobre materia de inmigración, espero que antes de este verano ese acuerdo ya se haya podido plasmar y que se haya podido materializar antes de final de año tal como se acordó en el mes de enero en la comisión bilateral, y en el tema de la inspección de trabajo se sigue trabajando sin duda en la dirección que ya se estableció también antes de las elecciones entre la Generalitat de Catalunya y el propio Gobierno, con mi antecesor en el cargo, don Jesús Caldera.


La formación continua. Ahí hay un tema abierto. Usted convendrá conmigo que se ha movido de una manera importante, que hoy estamos en un treinta y pico por ciento en cuanto a las transferencias económicas en la formación continua; que es verdad que probablemente el análisis que se hace desde las comunidades autónomas

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es que es insuficiente, pero usted entenderá conmigo que se han de conciliar, porque la formación continua tiene dos ámbitos, el ámbito del territorio, de la comunidad, y el ámbito económico, que en muchas ocasiones es más global; ahí habrá que ver cómo avanzamos sin dudas en la dirección de no negar la competencia -además hay sentencias sobre ese particular-, pero también de cómo preservamos la realidad del Estado. En un Estado como el nuestro, altamente descentralizado, al final el Estado tiene que dejar claro que también alguna materia es de su competencia y tiene que llevar a cabo políticas desde el punto de vista de Estado. Es decir, no podemos pretender al final, por la vía de la reiteración y la reivindicación de la transferencia, llegar a la consecución de la desaparición de lo demás. En los Estados federales existen las dos políticas: la del Estado federal y también la de los Estados federales descentralizados. Eso también lleva a una reflexión en doble dirección.
El Estado entiende que no todas las competencias que tiene que ejercer hoy han de ser las que ejerció históricamente, porque el Estado de las autonomías no lo admitiría y además no tendría ninguna lógica, pero a la vez también el Estado tiene que ser importante para determinados elementos. Ya veremos, pero yo trabajaré con ese pensamiento. No negaré nunca la descentralización, pero que nadie se equivoque porque nunca negaré el Estado. Por tanto, en ese equilibrio me moveré, para ver cómo las políticas cada día son más eficaces y para que se llegue al mayor número de acuerdos.


Le agradezco su predisposición a un acuerdo en materia de inmigración. Sin duda reconozco que Convergència i Unió siempre ha hecho un discurso claro en estas materias y nunca ha negado la posibilidad de acuerdo sobre las mismas. Las propuestas que muchas veces Convergència i Unió ha desarrollado y ha llevado a término pueden ser propuestas de un ámbito de coincidencias y espero que se vean plasmadas en el futuro en su desarrollo en el Congreso de los Diputados entre el Gobierno y, lógicamente, el Grupo de Convergència i Unió.


Es verdad que se me ha criticado porque he profundizado poco en las materias. Comprendan ustedes que yo he venido a explicar unas líneas genrales, estratégicas, que marcan orientaciones e ideas, pero con una cierta dificultad. Tampoco quiero hoy entrar en el detalle de todas las cosas, porque, como les he dicho al principio, lógicamente no espero, ni mucho menos, que esta vaya a ser la primera y la última comparecencia; ya les anticipo que, aunque ustedes no lo demandaran, yo solicitaré, por decisión propia, comparecer cada vez que haya un tema que considere importante.


El señor Campuzano ha hecho una cierta reflexión para ver si podíamos marcar alguna temporalidad. No me quiero hoy comprometer sobre la reflexión para la incorporación y adaptación de las normas constitucionales, de las sentencias del Tribunal Constitucional y las directivas europeas sobre la Ley de Extranjería, pero, sin duda, antes de final de año sería bueno que sobre ese particular tuviéramos una posición.


Señor presidente, voy acabando. El Plan de recolocación. Es un plan que se llevará a término tal como está establecido y el día 26 comunicaré a las comunidades autónomas que es imprescindible su implicación para el buen desarrollo del mismo. Les diré muy telegráficamente que, si me hubiese limitado simplemente a desarrollar la burocracia, ya podía tener una orden del ministerio diciendo cómo se distribuye ese plan y cuánto le corresponde a cada comunidad autónoma. Así podría haber venido hoy y que se dijera: qué eficiente y qué eficaz ha sido el ministro, que ya ha resuelto el plan. Me importa más el objetivo y el resultado final que no seguramente acelerar en treinta días el desarrollo del mismo y para eso es imprescindible el acuerdo con las comunidades autónomas, que, a la postre, son las que tienen la responsabilidad en materia de las políticas activas.


Habría muchas más cosas que decir. Señor Echániz, le agradezco también el tono de su intervención, más allá de que evidentemente hay temas en los que probablemente yo tengo una visión un poco o bastante diferente del análisis que usted puede tener. También le agradezco que me haya deseado suerte, igual que lo he hecho anteriormente. Usted ha hecho referencia a que toda la política anterior del Gobierno socialista, sobre todo la de mi antecesor, ha sido una política mala, que no ha cumplido con la estrategia de Lisboa, que somos el país que más desempleo presenta en la zona euro, que la desaceleración se está instalando en la sociedad, que España no crea empleo, ha citado el incremento del paro en 246.000 ciudadanos, etcétera. Hasta aquí no le puedo decir que no tiene usted razón, porque son los datos, pero, siendo unos datos preocupantes -no le voy a negar que me preocupan- y que nos tienen que hacer trabajar en la dirección de su corrección, convendrá usted conmigo en que estos datos tampoco son los peores de la historia de España. Usted se ha referido -y es verdad- al año 1996 y ha dado un dato; ha dicho: desde el año 1996 al año 2004 nosotros bajamos el paro de tanto a tanto. De acuerdo, me parece muy bien y le reconozco que ustedes bajaron el paro, pero usted reconocerá también que hoy estamos más abajo que en la época en la que usted tenía su mejor situación económica. Usted nos dejó España con algo más del 11 por ciento y hoy estamos en el 9,6 por ciento. Si yo le reconozco a usted que en el año 2004 nos dejó una situación que era mejor que la del año 1996, me tendrá que reconocer que todavía tenemos un pequeño margen para llegar a nuestra peor situación, que sería la mejor situación de ustedes. Esto no es un juego de palabras, solo quiero decir que todavía tenemos un poco de recorrido. También hay que decir, porque es verdad -sin negarle alguna de las políticas que llevaron a cabo, porque no voy a decir que todo lo hicieron mal-, que hoy tenemos un 85 por ciento de protección del desempleo, que es superior al 64 por ciento, que era el que había en el año 2004. ¿Eso nos debe conformar y hacernos pensar que estamos bien?

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No, en absoluto. Creo que el señor Llamazares también ha hecho una referencia en este sentido y quiero decir que hoy el sistema de protección social hace que ninguna persona que se encuentre desempleada quede totalmente desprotegida, incluso cuando acaba el sistema de protección al que tiene derecho.


Tiene toda la razón cuando me dice que estamos mal respecto a Europa en cuanto a la tasa de empleo juvenil. Es verdad, estamos alrededor de cinco puntos por encima, y tomen mis cifras con una cierta reserva, porque me puedo equivocar en décimas ya que las estoy dando de memoria. Por tanto, ahí hay mucho trabajo por hacer, pero reconózcame usted que estamos mejor que hace cinco años; hace cinco años estábamos peor.


En cuanto a la tasa de temporalidad, ha mejorado. Décimas, pero ha mejorado. Tenemos hoy la tasa de temporalidad más baja de los últimos quince años. ¿Es verdad que hay un objetivo en el programa electoral de llegar al 25 por ciento? Es verdad. En alguna intervención también se ha dicho que tenemos que recorrer camino en esto. Sin duda. ¿Nos tiene que conformar ese algo más del 30 por ciento en el que estamos? No, pero tampoco es para decir que tenemos la peor tasa de temporalidad. Y, además, los contratos fijos están subiendo. También quiero decirles, a modo de reflexión, que no de respuesta, que no solamente están subiendo los contratos fijos, sino que el último empleo que se está creando es el empleo femenino, que está creciendo de una manera importante. ¿Por debajo todavía de la estrategia de Lisboa? Sin duda. Tenemos que llegar al 60 por ciento, de acuerdo, pero vamos en una dirección que no es opuesta.


Voy a darles un dato sobre este tema. Estamos en una economía muy abierta y muy compleja. Señor Echániz, usted ha dado el dato de que se han perdido 246.000 puestos de trabajo, según la EPA. Es verdad, pero se ha olvidado de otro, que las afiliaciones a la Seguridad Social han aumentado en un número importante en lo que llevamos de año y hoy hay más afiliaciones a la Seguridad Social que las que había en el año 2007.
Estos dos datos, que aparentemente son absolutamente contradictorios, demuestran la complejidad de la economía y a la vez su propio dinamismo, pues mientras hay sectores en los que se está perdiendo empleo, hay otros que lo están generando y, en relación con esos nuevos empleos que se generan, hay un porcentaje mayor que el que había en el año 2007 por lo que a contrato fijo y a empleo femenino se refiere. No obstante, es verdad que debemos preocuparnos por los sectores que tienen que ver con la construcción. Les daré otro dato sobre la construcción. Es verdad que en España se estaban construyendo 700.000 viviendas; había una sobredimensión de oferta. España no tiene una demanda superior a 400.000 viviendas y se estaban construyendo 700.000. La demanda ha caído verticalmente y, como consecuencia, todo el que tiene un stock de vivienda no inicia un proceso de construcción nuevo de vivienda, pero hay un recorrido importante de 150.000 viviendas de protección oficial y la consecuencia de que España vuelva a recuperar entre 350.000 y 400.000 viviendas anuales; tiene esa capacidad de demanda. Ese momento llegará, pero no lo hará antes de un año, porque todos sabemos -los que hemos sido alcaldes lo sabemos y los que sois alcaldes o alcaldesas también lo sabéis muy bien- que cuando entra un proyecto en el ayuntamiento, hasta que se concede la licencia, hasta que comienzan las obras y hasta que no se tiene la necesidad de mano de obra intensiva han pasado perfectamente doce o catorce meses. Por tanto, la construcción se recuperará. Y aquí viene lo que yo, como ministro, he dicho, que el paro seguirá creciendo en los próximos meses. Señor Echániz, cada día, y usted lo entenderá, a las ocho y media de la mañana yo tengo en mi despacho los datos del día de las afiliaciones a la Seguridad Social y del paro registrado y le puedo garantizar que un día son muy buenos y al otro día son menos buenos. En cualquier caso, llegamos a una conclusión y es que es una información que yo tengo y que está bien, pero no es un indicador de nada. No lo es. La situación del empleo y del desempleo evaluada en quince o en veinte días no nos da un dato científico, por lo que es prudente que esperemos a la próxima EPA para conocer el porcentaje de paro que hay en España, el número absoluto. Mientras tanto, el Gobierno se mantiene en sus previsiones, es decir, 9,8 por ciento para el año 2008, 10 por ciento para el año 2009.


Intento ir lo más rápido que puedo, señor presidente. Señor Hernando, también le agradezco su intervención y el tono utilizado. Usted ha manifestado que, del cien por cien de la inmigración que tenemos, el 60 por ciento ha venido en los últimos cuatro años. De su análisis deduzco que usted llega a una conclusión, que entiendo que es la que ha querido expresar: que el fenómeno de la inmigración ha entrado en los últimos cuatro años, que son aquellos en los que nosotros hemos gobernado.
Efectivamente, reconociendo que en estos últimos cuatro años la inmigración ha crecido de una manera espectacular, tiene mucho que ver no con los temas de control, sino con el desarrollo potente de la economía y la necesidad que España ha tenido en estos últimos cuatro años de mano de obra. Ahí nos encontramos con un fenómeno de una velocidad vertiginosa.
De ahí viene mi afirmación de que el fenómeno, cuando es tan rápido y en tan corto espacio de tiempo, nunca es neutro. Y el reto es gobernarlo, porque nos modifica radicalmente muchos de los conceptos, que no necesariamente identifico yo como negativos, sino simplemente como un reto para gobernarlos. Yo no me atrevería a dar una cifra, como usted ha hecho, de cuántos ilegales hay en España. Supongo que, si son ilegales, usted tiene la misma dificultad que yo para saber cuántos son. Solo son aproximaciones, porque no creo que los tenga contabilizados. Sí le reconozco a usted que, no España, Europa tiene un problema, que es un contingente importante de inmigrantes que no están amparados ni por contrato ni por permiso de residencia. Es verdad y ese es un problema que tiene España y que tiene también Europa. Tengo que decirle que desconfíe

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desconfíe usted de las políticas milagrosas que dicen que en 48 horas lo resolverán y desconfíen ustedes también de las leyes que se hacen para resolver los problemas. A veces, cuando no se es capaz de resolver un problema, se tiene la tentación de hacer una ley. Hay que gobernar los temas con perspectiva de futuro cuando se identifican. Si van in crescendo es un problema, pero a veces hay que decir la realidad y la verdad a la gente -no lo digo por lo que usted ha dicho, sino como una reflexión-, aunque sea a costa de reconocer que hay dificultades.


Que estamos en una situación de crisis y de desconfianza. Ya he hecho una referencia al principio sobre este particular. Papeles para todos, la ley y el orden. Creo que el Partido Socialista y el Gobierno en el último mandato en ningún momento han defendido papeles para todos. En todo caso, ahora no es tanto la ley y el orden sino entender que ahí hay un fenómeno que hay que gobernar. Ya he dicho también que ni el Gobierno ni este ministerio tienen previsto ningún tipo de regularización masiva a la que usted hacía referencia. Respecto al contrato de integración para los inmigrantes, ya lo veremos cuando ustedes hagan su propuesta. Ya le anticipo también que no vamos a negar la posibilidad de buscar puntos de encuentro. En todo aquello que signifique avanzar en un consenso en estas materias, que suelen ser delicadas y que afectan a la convivencia, no será este ministro quien niegue a esa posibilidad. Contratos en origen.
Evidentemente procuraremos que el mercado interior satisfaga sus propias necesidades, pero puede pasar que el mercado interior necesite algunos puestos de trabajo que a veces no puede incluso suministrar el propio mercado interior.


Incentivo al regreso. Tenemos la previsión de hacer unas medidas, con carácter permanente y no coyunturales, que incentiven, permitan y den la posibilidad de que la persona que ha cotizado pueda capitalizar -no es la palabra- acumular -sería la palabra correcta- las prestaciones a las que tiene derecho; hacer una guía de acompañamiento para que esas personas que pueden retornar a su país puedan tener un asesoramiento y la posibilidad de iniciar una nueva etapa en su país de origen; hacer también un convenio -probablemente bilateral- con el Gobierno de aquellos países para decir que eso es de doble dirección, que eso no impedirá contrataciones en origen; solicitar y pedir a la persona en cuestión renuncia a su permiso de residencia y a retornar a España durante unos años; dar preferencia también a esa misma persona para que pueda volver a España, si así lo desea, después de unos años; y hacer todo esto con los países que tienen un convenio con la Seguridad Social. Es evidente que el éxito de la misma dependerá, como no puede ser de otra manera, de las expectativas de la persona en cuestión que se encuentra aquí. Si una persona inmigrante pierde su puesto de trabajo y tiene una expectativa de poder encontrar una alternativa, probablemente no se irá. Pero no olvide usted una cosa. En todo emigrante cuando emigra, siempre hay dos pensamientos en su viaje: uno, encontrar un futuro mejor, al que aspira y en busca de cual va y el segundo es, en muchos casos, la idea de retorno.
Dice: Voy en busca de una prosperidad que no he encontrado en mi lugar de origen, pero, cuando prospere, tengo la intención de volver a mi lugar de origen. Sobre ese particular quiero decirle una cosa. No va a haber ninguna medida especial para los inmigrantes que se queden en paro que pueda significar una discriminación respecto de los trabajadores españoles. Cuando un inmigrante se queda en paro es un trabajador y es un ciudadano y por tanto la situación a la que tiene derecho es absolutamente la misma que cualquier ciudadano español. No habrá por parte de este ministerio ningún tratamiento de discriminación positiva respecto de una persona que se encuentra en una situación simplemente por origen.


Finalmente, si me lo permiten, a doña Concepción Gutiérrez y a don Jesús Membrado, en aras de la petición que me hace el presidente, solo les digo que les agradezco sus dos intervenciones. Me disculparán -yo creo que me van a entender- que no entre en el detalle de lo que han expuesto, aunque me han dado pie para ampliar la reflexión, pero, debido a la hora que es y que todavía me parece que queda un segundo turno, les doy las gracias y tomo buena nota de sus reflexiones.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


No teníamos previsto ningún segundo turno. (Pausa.-El señor Hernando Fraile pide la palabra.) Si lo piden, habrá segundo turno. Haremos un segundo turno y, aunque en Mesa y portavoces hablamos de dos minutos, yo creo que con tres sería suficiente. ¿Portavoces que desean intervenir? (Pausa.) Muchísimas gracias por su comprensión. Don Rafael, creo que se queda usted solo, así que tiene la palabra.


El señor HERNANDO FRAILE: Brevemente, señor presidente. Solamente quiero hacerle una aclaración sobre el origen de los datos, señor ministro, vienen de su ministerio. En su ministerio tiene usted una herramienta, que se llama la encuesta de variaciones residenciales, que recoge los empadronamientos en los distintos ayuntamientos de España. Según esos datos, en estos últimos cuatro años, el número de inmigrantes nuevos que han entrado en España son aproximadamente -porque tienen que cerrar la última parte de 2007- unos 2.856.000. Ese es el dato que yo le he dado.
La cifra de 1.100.000 es el número de inmigrantes ilegales estimado por Comisiones Obreras, en virtud de los permisos iniciales de trabajo, más la regularización, más los menores, que no se incluyen en este tramo, ni los reagrupados, que no tienen derecho a trabajo. Si quiere usted, yo le hago las cuentas, pero son datos oficiales. Lo que desearía es que, dada la ignorancia que usted ha manifestado en esta comparecencia sobre estos datos, se los pida a su gabinete y los pueda estudiar, porque lo que no puede ser es que al final intentemos negar la evidencia de una realidad que es que aquí se habló del caos del PP y al final, después de un año de estar llamando a la gente

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para que viniera, se dieron 570.000 permisos; un año después de esos 570.000, solamente obtenían un contrato indefinido 21.000 personas y ahora hay más inmigrantes ilegales de los que nunca ha habido en nuestro país. Por eso le digo una cosa. Me parece muy bien que hoy usted se haya comprometido a que no va a haber nuevas regularizaciones, me parece que ese es un buen camino, pero la comparecencia de hoy -vuelvo a insistir en lo que le he dicho al principio- debería haber sido mucho más concreta, debería haber sido no solo una enumeración de principios, sino una enumeración de las soluciones que ustedes proponen. Espero, como le decía al principio, que las vayamos conociendo y desearía que las fuéramos conociendo no a través de los periódicos, como esta del pago único, que tal como usted la formuló en su día no tiene ningún sentido. Ahora ha hecho matizaciones y las estudiaremos.


Sobre el tema de la reagrupación familiar, usted ha hecho referencia al calendario escolar, pero hay muchos más problemas que el calendario escolar: los menores que se envían como señuelo desde algunos países; los problemas que plantean los ascendientes en racimo y la incorporación de colaterales; las prohibiciones de trabajar a cónyuges y a los hijos menores con más de 16 años, incluidos los que están tutelados en centros de menores. Hay muchísimos problemas que afrontar. Y lo que yo desearía es que en la próxima comparecencia fuera más concreto, más preciso, que viniera con más soluciones y, desde luego, conociéndose un poco las estadísticas de su propio ministerio.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra para cerrar esta sesión.


El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Señor Hernando, yo le he hecho una apreciación que mantengo. Usted ha dado la cifra concreta de los 2.856.000 nuevos inmigrantes que han podido entrar en estos cuatro años. Yo no le niego eso, no se lo niego, simplemente le he precisado que, desde mi punto de vista, ese fenómeno de un mayor incremento y de un incremento considerable del número de inmigrantes llegados en los últimos cuatro años se debe precisamente al buen momento económico en el que España ha demandado una cantidad importante de trabajadores y de trabajadoras. Es más, acabo de decir que ese fenómeno, precisamente por ser tan rápido y por ser tan cuantitativamente importante, es el que ha generado ese problema. No se lo voy a negar, usted tiene perfecto derecho a tomar una referencia de una cifra estimada de posibles personas ilegales. En todo caso, comprenda que un ministro se tiene que mover por las cifras legalmente reconocidas. Lo demás son estimaciones que no voy a entrar ni tan siquiera a comentar.


Le agradezco esa apreciación, que usted me hace, de ignorancia. Yo prefiero ir por la vida siempre sabiendo que desde por la mañana, cuando me levanto, algo aprenderé que no ir por la vida dando lecciones a los demás. En ese sentido no pienso cambiar. (Aplausos.) Cada mañana seguiré levantándome para ver qué es lo que la vida me enseña y qué es lo que puedo aprender de los demás. Usted siga dando lecciones a los demás y el futuro que nos siga dejando en los sitios que cada uno tiene, porque ya estamos bien. Usted se encuentra bien, no seré yo quien ahora le vaya a generar a usted un problema de conciencia en su estado anímico y político, y yo me encuentro perfectamente bien. Estamos bien, por tanto, para qué vamos a cambiarlo. Yo seguiré siendo un ignorante, pero gobernando, y usted seguirá siendo una persona de una amplia sabiduría y conocimiento, pero en la oposición. (Aplausos.) No se preocupe usted, que intentaré conciliar dos cosas necesarias. Los medios de comunicación demandan información y cualquier persona que tenga una responsabilidad no puede negarla, pero créame sinceramente si le digo que no es ni ha sido mi intención, primero, tener tanta difusión mediática como la que he tenido -créame que no lo tenía pensado ni diseñado- y mucho menos contraponer esa idea de comunicar a través de los medios de comunicación con una falta de respeto al Parlamento, evidentemente. Yo he sido ocho años diputado en el Parlamento de Cataluña y estuve en la oposición. Por tanto, el tema de parlamentarios no crea usted que me viene de nuevo. En consecuencia, no solamente porque así lo dice la ley y así lo dice la Constitución, sino simplemente porque mi paso como diputado en un Parlamento me llevó a la profunda convicción -que ya la tenía, pero la reafirmé- del enorme respeto que cualquier gobernante tiene que tener a la máxima institución, que es la depositaria de la soberanía popular. Yo seré siempre muy respetuoso con el Parlamento y con sus comisiones, pero no dejaré de comunicar cada día aquello que los medios de comunicación me puedan demandar, porque también creo que es una obligación. En todo caso, muchas gracias por sus apreciaciones. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a las señoras y los señores portavoces que han intervenido, a SS.SS., por su interés y por su presencia y a usted, señor ministro, por esta comparecencia que le volvemos a agradecer.


Se levanta la sesión.


Eran las nueve y cinco minutos de la noche.

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