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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 425, de 25/11/2009
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2009 IX Legislatura Núm. 425
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 12
celebrada el miércoles, 25 de noviembre de 2009


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre desarrollo de la Ley de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000556.) ... (Página 2)

- Sobre la retirada de los símbolos franquistas de las dependencias de la Administración central y de los entes y empresas del sector público.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000022.) ... (Página 2)

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- Por la que se impulsa la restitución o compensación a quienes fueron perjudicados por la incautación de bienes y derechos vinculados a los medios de comunicación, en aplicación de la normativa franquista.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/001252.) ... (Página 5)

- Sobre el defensor del usuario de la administración electrónica.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000742.) ... (Página 8)

Comparecencia de la señora presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (Barreiro Pérez-Pardo), para:

- Informar de la gestión realizada en el CIS desde mayo de 2008. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/000865.) ... (Página 11)

- Explicar los requisitos técnicos y las condiciones prácticas con las que se ha llevado a cabo la reciente encuesta sobre el debate sobre el estado de la Nación. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/000596.) ... (Página 11)

- Explicar los criterios técnicos empleados en la elaboración de la encuesta preelectoral realizada con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el día 7 de junio de 2009. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000612.) ... (Página 12)

Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE DESARROLLO DE LA LEY DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000556.)

El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas, señores diputados, vamos a comenzar la sesión de la Comisión Constitucional. Como saben ustedes, hay cuatro proposiciones no de ley en el orden del día, más la comparecencia, con tres solicitudes, de la presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas. La primera advertencia es que la proposición no de ley calificada con el número 2.º ha sido retirada, con lo cual quedan tres proposiciones no de ley. A solicitud de los grupos parlamentarios y, si no hay objeción -en las consultas que hemos hecho no la ha habido-, la que figura como número 4.º pasará a debatirse en segundo lugar, de manera que veremos primero la 1.º y después la 4.ª y la 3.ª ¿No hay objeciones? (Denegaciones.) Muy bien. Tercera advertencia, no se votará en ningún caso antes de las seis de la tarde.


- SOBRE LA RETIRADA DE LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE LOS ENTES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000022.)

El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Proposición no de ley sobre la retirada de los símbolos franquistas de las dependencias de la Administración Central y de los entes y empresas del sector público. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que no está presente para su defensa. La damos por defendida.


A esta propuesta hay una enmienda del Grupo Socialista, que la defiende don Daniel Fernández.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Señorías, desde la aprobación de la conocida como Ley de la Memoria Histórica -el próximo 26 de diciembre hará dos años de esta aprobación-, el objetivo del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista ha sido, es y seguirá siendo su aplicación íntegra y plena. Nos sentimos satisfechos del camino recorrido en su aplicación, satisfacción que no nos impide ser conscientes del camino que todavía nos queda por recorrer en el desarrollo y aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Dos años des

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pués, existen realidades de las que todos podemos sentirnos razonablemente orgullosos. Lo reducido de mi tiempo me obliga a eligir tres.


En primer lugar, casi 55.000 hijos y nietos de españoles que tuvieron que abandonar nuestro país durante la guerra civil y la dictadura han accedido ya a la nacionalidad española. Más de 200 compatriotas han recibido la declaración de reparación y reconocimiento personal por haber padecido persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Se han concedido hasta ahora 14 millones de euros a 139 entidades para la ejecución de 304 proyectos relacionados con la recuperación de la memoria histórica.


¿Cuál ha sido el camino recorrido en el terreno concreto de la retirada de símbolos franquistas de las dependencias de la Administración General del Estado, que es el tema de la proposición no de ley que hoy nos ocupa? Se lo resumo rápidamente. El Consejo de Ministros, en su reunión de 31 de octubre de 2008, adoptó el acuerdo por el que se dictan instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes, que previó la creación de una comisión técnica de expertos. Una orden del Ministerio de Cultura creó y reguló dicha comisión técnica de expertos para la valoración de los supuestos determinantes de la excepcionalidad en la retirada de símbolos. Me refiero, como ustedes saben, al apartado 2 del artículo 15 de la ley. Se ha elaborado un catálogo de vestigios con la información facilitada por los diferentes departamentos ministeriales y se ha remitido a la comisión técnica para su valoración. En el ámbito del Ministerio de Defensa -especialmente relevante en el tema que nos ocupa-, desde el mismo momento de la entrada en vigor de la Ley 52/2007, se puso en marcha la elaboración de un inventario de vestigios susceptibles de ser modificados o retirados. Una vez finalizada esta recopilación, se constituyó una comisión de seguimiento, con el objeto de estudiar y poner en práctica las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la citada ley. Muchas de esas acciones se encuentran actualmente en pleno desarrollo y se trabaja a buen ritmo en la realización de diversas obras, habiéndose iniciado ya el proceso de retirada de símbolos.


Señorías, en el caso concreto citado en la propia proposición no de ley del Palacio de Capitanía de Barcelona, el escudo que preside la fachada será sustituido en breve por un escudo constitucional, que se colocará encima del existente, habiéndose ya adjudicado dicha obra y estando a la espera únicamente de la licencia municipal para poderse ejecutar. Pero esta no es la única actuación que está en marcha en la ciudad de Barcelona. En esta ciudad, en los próximos tres meses, no quedará ningún vestigio o símbolo o habrá desaparecido -si ustedes lo prefieren- cualquier tipo de símbolo franquista en dependencias del Ministerio de Defensa, porque, además del que ya les anuncio del Palacio de la Capitanía, en el edificio del Gobierno militar se colocará un nuevo escudo y en el acuartelamiento El Bruch se eliminarán dos escudos preconstitucionales y serán sustituidos por sendos escudos constitucionales.


Señorías, en el ámbito de la aplicación del artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica se podrá opinar sobre la presteza de esa aplicación, pero lo que a mi juicio es difícil discutir es la voluntad del Gobierno de aplicarlo plenamente, correctamente y en su integridad. El Gobierno en este terreno ha entrado claramente en la etapa de las obras en las licitaciones, en hacer realidad lo que establece el artículo 15 de esta ley. Las cosas pueden hacerse o no, pero también es cierto que una vez que se hacen pueden hacerse bien o mal, y nosotros, el Grupo Socialista, opinamos que en ese terreno el Gobierno lo está haciendo y lo está haciendo bien. La enmienda que hemos propuesto -y con esto ya acabo, señor presidente- comparte el objetivo y el espíritu de la proposición no de ley de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds pero, en coherencia no solo con la voluntad sino también con la realidad de la labor realizada por el Gobierno en este terreno, no creemos conveniente encorsetarla en un plazo único y artificial que no está en la ley y que difícilmente puede aplicarse a realidades heterogéneas; un plazo que en casos como los que he detallado que hacen referencia a instalaciones militares en el municipio de Barcelona no tiene ningún sentido, ya que es inútil por excesivo y a nuestro juicio, tendría más de injustificada desconfianza que de acicate para aplicar dicho artículo de la Ley de la Memoria Histórica. Como ustedes comprenderán, señorías, tenemos una más que justificada confianza en este Gobierno en este tema porque está cumpliendo la ley con rigor, con eficacia y con celeridad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere hacer intervención? En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Voy a hacer una breve intervención únicamente a efectos de que quede constancia de cuál va a ser la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que va a ser la de apoyar esta iniciativa con la enmienda presentada por el Grupo Socialista. No sé si se va a poder aceptar o no puesto que no está presente el grupo proponente. Convergència i Unió coincide con el objeto de esta iniciativa que, de alguna manera, es lo que ya se acordó cuando se tramitó la Ley de Memoria Histórica y mi grupo parlamentario apoyó lo relativo a este punto. Es cierto que ha transcurrido el tiempo, y me alegra constatar que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que los símbolos de la capitanía general del Passeig de Colom 14, de Barcelona, va a ser en breve sustituido por unos símbolos plenamente constitucionales. A estos efectos, me gustaría dejar constancia de que la iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no ha sido en vano. Fue una iniciativa que se presentó el 18 de abril

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del año 2008, hace ya tiempo, y coincidiendo con su discusión se nos ha hecho este anuncio. Con esta precisión finaliza mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: La posición de mi grupo parlamentario sobre la Ley de Memoria Histórica es lo suficientemente conocida como para que no la tenga que reiterar en estos momentos. Sin embargo, quiero recordar que nuestra posición política en relación con esa ley a lo largo de las diferentes etapas por las que se desarrolló el proceso de elaboración y finalmente aprobación podíamos resumirla en decir que estábamos radicalmente en contra del espíritu que animaba e impulsaba esa ley. A pesar de ese espíritu que le envolvía, estábamos a favor de aquellas disposiciones -concretamente las contenidas en los artículos 5 a 9 de la ley, ambos inclusive- y las votamos así porque entendíamos que eran las únicas que se acomodaban de verdad a la literalidad del título de la ley.
Afectaban a situaciones personales: a hijos, a nietos, a viudas, a personas que por diversas circunstancias, como consecuencia de la guerra civil, habían padecido unas situaciones personales que era justo que nuestra democracia reparara. Debemos partir de la base de que, al igual que hemos dejado constancia expresa en diferentes ocasiones, en nuestra democracia, desde el mismo comienzo de la transición, se han ido dictando por los sucesivos gobiernos -primero de la UCD; después, de Felipe González; más tarde, de José María Aznar, del Partido Popular- numerosísimas disposiciones con diferente jerarquía normativa que han ido reparando esas situaciones de objetiva desigualdad o injusticia. Ya tuve ocasión de señalar en una anterior intervención en esta misma Comisión Constitucional que eso afectaba -en el mejor sentido de la expresión- a muchos miles de compatriotas y que ascendía a un montante muy elevado de euros. Eso fue en el contexto de un debate donde parecía que nos preocupábamos de reparar presuntas injusticias o agravios con sindicatos o partidos políticos y, sin embargo, no lo hacíamos con los particulares, con los ciudadanos.


Es bueno recordar este hecho en esta intervención porque de la misma manera que votamos -y por la razón que sucintamente ahora he recordado- a favor de esos artículos, votamos en contra del resto de la ley; resumiéndose nuestra posición en que, si se me permite la expresión, la mejor Ley de Memoria Histórica fue la Constitución de 1978, que por algo fue conocida y lo sigue siendo como la Constitución de la reconciliación, de la concordia y del consenso, que no hizo sino culminar todo un proceso de transición política que estuvo impulsada por el mejor espíritu de reconciliación, de no mirar hacia atrás con ira sino hacia delante con esperanza, no para olvidar el pasado, sino para extraer de ese pasado las experiencias suficientes para no volver a repetir lo que de especialmente negativo tenía y tiene ese pasado y que culminó en la guerra civil para, al mismo tiempo, extraer todas las experiencias de esa desgracia para que no volvamos a repetir en el futuro no ya una experiencia semejante, sino unos enfrentamientos y unas discordias civiles como las que al final precipitaron en aquella desgracia, en aquel desastre colectivo que fue la guerra civil de 1936. Por eso votamos en contra la Ley de Memoria Histórica. Entonces reiteré y quiero reiterar ahora, porque estamos en la Comisión Constitucional, que el espíritu del Grupo Parlamentario Popular y la posición política del Partido Popular en relación con estas cuestiones quedó sancionada solemnemente en la resolución de esta Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, donde por unanimidad se recogieron todos los aspectos que después han sido integrados con desigual fortuna, desde luego con espíritu radicalmente opuesto, en la Ley de Memoria Histórica.


Quiero recordar que tiene un especial valor nuestra posición política, la que quedó reflejada y a nuestros efectos se mantiene vigente en esa resolución, reitero, aprobada por unanimidad en la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, porque en aquel entonces el Partido Popular tenía mayoría absoluta en esta Cámara; tenía 183 diputados. El beneficio de la duda ni siquiera puede existir respecto de que aquella era nuestra posición y nuestra voluntad política. Pudimos haberla evitado porque teníamos la mayoría suficiente para haber aprobado resoluciones diametralmente opuestas en la línea del espíritu de la Ley de Memoria Histórica. Hubieran sido legítimas y democráticas porque una mayoría democrática de esta Cámara lo hubiera hecho, pero no lo hicimos.
Con voluntad de consenso, en el espíritu del pacto constitucional y en la medida en que había demandas vivas en esta Cámara de muchos grupos parlamentarios, acordamos aquella resolución. Comprenderán ustedes que no estamos dispuestos, ni se nos puede pedir -y si se nos pide, con toda paz vamos a negarnos- a que un día sí y otro también, a instancia de este o aquel grupo parlamentario, tengamos que reiterar cuál es nuestra posición política y, al parecer, aceptar que nos expidan certificados de demócratas. No estamos por la labor, no lo queremos ni lo pedimos.
Aquella es nuestra posición política; somos fieles a los pactos y seguimos en esa posición.


Para concluir, la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista me parece que es prácticamente copia literal de lo que dice el artículo 15 de la ley. Sería contradictorio y poco coherente por parte de quien habla y del grupo parlamentario al que represento que si votamos no a ese artículo de la ley, votáramos ahora a favor de una enmienda que lo que hace es reproducir cuasi literalmente el artículo de la ley. Si tenemos en cuenta el entusiasmo del grupo proponente que ni siquiera viene a defender su iniciativa, el entusiasmo de este grupo por apoyarla es también descriptible. Dijimos que no entonces y hoy reiteramos la misma posición.


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El señor PRESIDENTE: Debo aclarar que como el grupo autor de la iniciativa no ha hecho su defensa ni está presente, si antes de la votación no manifiesta que acepta la enmienda no la podremos votar hasta que no tengamos la aceptación, porque en Comisión el grupo proponente tiene que manifestar si acepta o no la enmienda.


- POR LA QUE SE IMPULSA LA RESTITUCIÓN O COMPENSACIÓN A QUIENES FUERON PERJUDICADOS POR LA INCAUTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS VINCULADOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA FRANQUISTA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001252.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto que es el que está calificado como 4.º Proposición no de ley por la que se impulsa la restitución o compensación a quienes fueron perjudicados por la incautación de bienes y derechos vinculados a los medios de comunicación, en aplicación de la normativa franquista. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y en su nombre el señor Xuclà tiene la palabra.


El señor XUCLÀ I COSTA: En el transcurso de la guerra civil se produjeron diversas incautaciones de empresas editoriales. Este proceso se inició con la orden de 10 de agosto de 1938, por la que, y cito: El Servicio Nacional de Prensa intervendría todo el material de imprenta que apareciera en las poblaciones que se fueran liberando, sin perjuicio del ulterior reconocimiento de los derechos de propiedad a quienes los ostentaron el 17 de julio de 1936, y acreditaran ante dicho departamento su concordancia o adhesión a los principios del movimiento nacional.
Termino la cita. Una vez terminada la guerra, con la promulgación de la Ley de la Jefatura del Estado, de 3 de julio de 1940, se disponía -vuelvo a citar- que: Pasaran al patrimonio de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de Falange Española las máquinas y demás material de talleres de imprenta o editoriales incautados por el Ministerio de Gobernación, siempre que se trate de material perteneciente a empresas o entidades contrarias al movimiento nacional -termino la cita-, dando con esta referencia de la Ley de la Jefatura del Estado apariencia jurídica a las incautaciones -claramente incautaciones- que se fueron realizando y que afectaron a publicaciones de todos los partidos políticos, asociaciones sindicales, así como a numerosas empresas periodísticas.


Durante la posguerra los editores, considerados por los vencedores como afines al movimiento nacional, recuperaron sus bienes, mientras que quedaron definitivamente expoliadas aquellas cabeceras que habían tenido una trayectoria democrática y liberal antes del conflicto bélico. También resultaron víctimas de la expoliación los periódicos y trabajadores de las empresas editoriales a las que no solo no les fueron respetados sus derechos laborales, sino que muchos de ellos fueron perseguidos y privados del ejercicio de la profesión bajo la simple acusación de sus anteriores vínculos. Dichas empresas no lograron, a lo largo del régimen anterior, el reconocimiento del derecho a recuperar el patrimonio del que fueron arbitrariamente expoliados, encontrándose ante una total indefensión. Ya en la actual época democrática, la Ley 11/1982, de 13 de abril, de supresión del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, no abordó -y era un buen momento- la solución de esta situación. Posteriormente, en los últimos años, con ocasión de la tramitación parlamentaria de la Ley 52/2007, la llamada Ley de Violencia de Género, a pesar de que distintos grupos parlamentarios pusieron de manifiesto la necesidad de realizar un censo de perjudicados por las incautaciones de fondos o propiedades y el reconocimiento del derecho a ser compensados, finalmente, tampoco se incluyó ninguna medida.


Señorías, hay distintos ejemplos para ilustrar el asunto que esta tarde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae a colación. Sin ir más lejos -y con ir más lejos quiero decir físicamente- de esta casa, en la calle Marqués de Cubas, llegando a Alcalá donde actualmente hay una ampliación del Banco de España, se encontraban los talleres de la Sociedad Editora Universal, S.A., empresa que publicaba periódicos como El Heraldo de Madrid, periódico importante de principios de siglo y de referencia en aquella época; El Liberal, con ediciones en Madrid, Sevilla y Murcia; El Defensor o La Moda Práctica. La misma empresa, Sociedad Editora Universal, también fue durante una época -pero antes del inicio de la guerra civil- la propietaria del periódico El Sol, el periódico de Ortega y Gasset, que sin duda fue un referente también del pensamiento demócrata y liberal en España.


Pues bien, después de 32 años de vida en democracia no hemos abordado el reconocimiento a estos periódicos que fueron incautados y, en su caso, la reparación de carácter económico. Una democracia viene definida por unos cuantos elementos nucleares: la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de imprenta que, sin duda, es un elemento básico de un sistema democrático. Cuando se produjo el golpe de Estado tuvo distintas manifestaciones: una, de carácter militar y otra, la supresión de algunos órganos del régimen republicano. Pero en la práctica, la incautación de los medios de comunicación, la privación del derecho a la libertad de imprenta, constituye un elemento nuclear sobre el cual no se ocupó la llamada Ley de Memoria Histórica. Y creo que es un acto absolutamente de justicia que -como les decía- 32 años después de la recuperación de la democracia tengamos, como mínimo, un debate y una aproximación serena y positiva por parte de los distintos grupos parlamentarios a este asunto. Sin un ápice de populismo y

demagogia es bueno recordar que, en su momento, este

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Parlamento reparó el patrimonio incautado a los sindicatos. En otro momento reparó el patrimonio incautado a los partidos políticos. Y algún periódico -algunos de los que he citado- se apoyaba en empresas editoriales de carácter privado.


A través de esta iniciativa no invito a SS.SS. a que abramos un debate general sobre la reparación de todas las incautaciones producidas durante la guerra civil o el franquismo, hecho absolutamente insensato. Lo que quiero subrayar es que la incautación de los medios de comunicación es una expresión clarísima de constreñimiento a la libertad de expresión y al régimen democrático. Es por esto por lo que hemos presentado esta iniciativa que tiene tres puntos, que básicamente se pueden definir en dos grandes campos de actuación. Por una parte, la realización de un censo de los medios de comunicación que de acuerdo con la legislación a la que he hecho referencia, de 1938 y de 1940, fueron incautados. La sola elaboración de este censo por parte del Gobierno -y en seis meses, plazo que proponemos- ya es un reconocimiento, un afloramiento, de esta parte significativa del constreñimiento de las libertades públicas. En un segundo punto, solicitamos la reparación económica, como en su momento se hizo con a sindicatos y con partidos políticos. Somos conscientes del momento económico que estamos viviendo. Somos un grupo parlamentario predispuesto a revisar este segundo punto, la extensión de la reparación económica y los plazos, pero creemos que es un acto de justicia tanto el reconocimiento a través de la elaboración de este censo como la reparación a unas empresas que tenían un fin de sociedad anónima, un fin mercantil, pero que evidentemente también tenían un fin social.


Para terminar, señor presidente, quiero recordar que la actual Constitución española, por voluntad de los constituyentes, definió los medios de comunicación como medios sociales de comunicación, con lo cual les otorgó una función y un carácter social. Algo podríamos discutir ahora sobre esta dimensión y este carácter social, pero sería alejarnos del objeto de la iniciativa y quizá bajar incluso el nivel del asunto que estamos discutiendo. Invocando este carácter social de los medios de comunicación, pido a los distintos grupos parlamentarios que tomen en consideración y voten favorablemente esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jorge Fernández Díaz.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Como es sabido y dije antes, en la Ley de Memoria Histórica nuestro grupo parlamentario votó a favor de los artículos 5 al 9 ambos inclusive, que se referían a cuestiones vinculadas con reclamaciones de particulares, de colectivos, de empresas, etcétera, por razón de lo que presuntamente era el objeto de la ley, como consecuencia de la guerra civil. Hasta ahora la posición de mi grupo ha sido la de manifestar que, desde un principio de seguridad jurídica y de estabilidad institucional, no se pueden mantener abiertas permanentemente las demandas y las reclamaciones de estas características. Hace más de setenta años que terminó la guerra civil; hace más de treinta años que está aprobada la Constitución; hace pocos días hizo treinta y cuatro años que murió Franco; es decir, las cosas tienen sus periodos de prescripción y de caducidad. Desde la posición del Gobierno parecía que con la Ley de Memoria Histórica quería resolver estas cuestiones. Al final, el tiempo quita y da razones. Y lo cierto es que si por sus frutos los conoceréis, los frutos de esa lamentable Ley de Memoria Histórica, desde nuestro punto de vista, no son precisamente positivos, porque los grupos parlamentarios que apoyaron al Gobierno para la aprobación de esa ley un día sí y otro también en esta Comisión Constitucional o en el Pleno de la Cámara están planteando iniciativas que son negadas por el grupo del Gobierno, porque entienden que no entran en el ámbito de aplicación de la ley o, dicho de otra manera, que no tienen cobertura en la ley y que la ley, bien porque esas demandas no fueran presentadas en el momento procesal oportuno, cuando se estaba elaborando el proyecto de ley y cuando aquí, en sede parlamentaria, se tramitó la ley o bien porque habiendo sido planteadas, no fueron aceptadas. Esa ha sido la posición de Gobierno y ha sido nuestra posición, no porque coincidamos con el Gobierno, sino porque nos parece que nuestra posición tiene sentido. Por eso he reiterado que esos artículos fueron votados a favor por nuestro grupo parlamentario. Este es un ejemplo más de lo que estoy diciendo.


Hace poco tuvimos ocasión en esta Comisión de debatir también una iniciativa de Convergència i Unió, relativa a las incautaciones de moneda republicana que se produjeron en el bando nacional en la que se pedía la reparación correspondiente. Hoy tenemos un ejemplo. Entonces se hacía referencia a familias, particulares, cuyas monedas republicanas habían sido incautadas; hoy tenemos el ejemplo que hace referencia a una familia, a unas personas físicas, titulares de un patrimonio correspondiente a unos periódicos, que fueron incautados en el año 1938 y que por no ser afectos a los principios del movimiento nacional, a diferencia de otros supuestos, no les fueron devueltos a sus legítimos propietarios una vez acabada la guerra civil. Es un ejemplo de lo que estamos diciendo.


Tengo aquí delante una información que hace referencia a que la estimación del coste de esta reclamación -lo que sería la memoria económica, si me permiten el símil- es que solo en maquinaria y material, a 1 de enero de 1936, la editora acumulaba un valor patrimonial de 2,7 millones de pesetas, una cifra -dice- que actualizada con la inflación sitúa la deuda en 4,9 millones de euros. La familia Busquets maneja una indemnización por daños y perjuicios cercana a los 14 millones de euros entre el valor sustancial de la empresa, el Fondo de Comercio y la pérdida de beneficios por la interrupción de la actividad; total, 18 millones de euros sería más o

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menos el coste de la reclamación que se plantea en esta proposición no de ley. Al margen de la cuantía económica, por razones de oportunidad ya diríamos que no -tenemos una situación económica con un déficit desbocado-, pero no son solo razones de oportunidad, son razones de fondo, como la que expuse antes, y es que no podemos tener permanentemente abierto el Estado con reclamaciones que tienen que ver, insisto, con hechos que sucedieron hace más de setenta años; alguna vez eso debe terminar. Y el Gobierno pretendió que eso terminaba con la Ley de Memoria Histórica. Insisto, la experiencia está demostrando que ni ha contentado a los que entonces nos oponíamos, ni ha contentado a los que entonces lo apoyaron. Eso demuestra hasta qué punto hay determinadas confianzas que después se ven defraudadas.


He dicho antes que la coherencia se presume en el grupo del Gobierno, cuando ha dicho en iniciativa similares que, por las razones que antes aduje, no podían aceptar esas pretensiones, que el ámbito de aplicación de la ley es el que es y las reclamaciones o pretensiones que no quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la ley no pueden ser atendidas.
Hasta ahí podíamos estar de acuerdo, pero que el Gobierno se aplique la coherencia hasta el final y que el grupo del Gobierno se la aplique hasta el final, porque a estas horas, señor presidente, se está debatiendo en la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara -y me permito traerlo aquí, porque hay un nexo lógico y racional importante- una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que pide -y cito literalmente- recuperar la memoria histórica -por eso estamos hablando de la Ley de Memoria Histórica- en relación con los moriscos, que fueron expulsados por el rey Felipe III hace cuatrocientos años de los reinos de España. Y dice que es hoy ejercicio de recuerdo crítico del pasado que nos ha configurado, así como tarea de concienciación ciudadana respecto a dónde pueden llegar la intolerancia, el fanatismo, el racismo sociocultural o simplemente la fuerza de peligrosos perjuicios enquistados en el imaginario social. No está hablando de no sé quién, está hablando de los españoles del siglo XVII en el contexto de la recuperación de la memoria histórica. Por tanto, no contenta ni a unos ni a otros. Lo dice su propio grupo parlamentario en otra Comisión. Con todos los respetos, si hubiera venido a esta Comisión, no sé en qué posición se hubiera encontrado el Grupo Parlamentario Socialista, porque nadie puede ir contra sus propios actos. Aquí resulta que reabren la memoria histórica, porque no tengo conocimiento de que cuando estuvimos debatiendo la ley los moriscos pidieran ser incluidos en el ámbito de aplicación de la ley; lo digo sinceramente, me parece que no quedaron incluidos en el ámbito de la ley. Y ya que habla de la expulsión de los moriscos, podrían aplicarla a la expulsión de los jesuitas. Que yo sepa, los expulsó Carlos III y la II República. ¿Por qué nos vamos a compensar, como pide la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, también a los jesuitas? Es más, ya que estamos hablando de esta pretensión, uno podía pensar por qué en el mismo día en la Comisión Constitucional le niegan a la familia Busquets lo que pide y se lo dan los socialistas los moriscos. ¿Es que los moriscos eran más desafectos al régimen, a los principios del movimiento nacional, que la familia Busquets, titular de esos medios de comunicación? No lo entendemos. Y si los moriscos hubieran sido titulares de medios de comunicación, ¿se les hubiera compensado, como el Grupo Parlamentario Socialista pide en este momento para los moriscos?

Sé que suena a broma y estoy haciendo una cierta broma, pero hay cosas que o te las tomas a broma o no te las puedes tomar de otra manera. Repito, en estos momentos, cronológicamente, de forma simultánea en la Comisión de Asuntos Exteriores con relación a la memoria histórica el Grupo Parlamentario Socialista está predicando lo contrario de lo que está diciendo en esta Comisión. Esa contradicción es la que quiero poner de manifiesto para que se vea que lo que no podemos hacer es un uso alternativo del derecho y que la coherencia sirva solo lunes, miércoles y viernes, y no martes y jueves; o que sirva para la Comisión Constitucional y no sirva para la Comisión de Asuntos Exteriores. Valga como ejemplo, señores del Grupo Parlamentario Socialista, para que también se coordinen ustedes y no nos obliguen a los que intentamos ser coherentes y poner muy difícil que nuestra coherencia acompañe a la que presuntamente debería guiarles a ustedes.


El señor PRESIDENTE: En algunas comisiones se hace política y en otras historia.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Daniel Fernández. Hoy es el día de los Fernández y Fernández, ¿se dan cuenta?

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Así es, señor presidente, y no tenemos ningún problema en que sea así.


Señor Fernández Díaz, nada más lejos de nuestra intención que complicarle su coherencia política, pero quiero dejar bien claro que quien ha encontrado un nexo lógico y racional entre lo que se está discutiendo ahora en la Comisión de Asuntos Exteriores, que tiene que ver con un reconocimiento simbólico, institucional a la expulsión de los moriscos y lo que estamos discutiendo aquí, que tiene que ver con la incautación que hizo el franquismo de unas empresas editoriales, es usted; no he sido yo quien ha encontrado ese nexo lógico y racional. Y déjeme que le diga que espero -no lo sé, porque a lo mejor se está votando ahora- que en esa Comisión de Asuntos Exteriores el Grupo Parlamentario Popular vote que sí a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, porque lo que reclamamos es un recuerdo para unos antecesores nuestros, para unos españoles que por motivos ideológicos tuvieron que dejar España hace muchos años. Si lo hemos hecho, por ejemplo, con la comunidad sefardí, y lo hemos hecho todos unidos, no

sé por qué vamos a tener ningún problema con hacer un

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reconocimiento, evidentemente sin ninguna dimensión económica, a lo que sucedió en España hace quinientos años con los moriscos.


Vamos al tema que nos ocupa, aunque sea obligado, acogiéndome a las palabras del presidente, seguir haciendo un poco de historia. Mi grupo no va a apoyar esta proposición no de ley de Convergència i Unió por dos razones. En primer lugar, por coherencia. Mi grupo está comprometido con una aplicación íntegra y plena de la Ley de la Memoria Histórica. Ante la Ley de la Memoria Histórica hubo dos actitudes extremas, si me permiten.
Por un lado, quienes la consideraron innecesaria y, por otro lado, quienes la consideraron excesivamente limitada. Nosotros la apoyamos, la pactamos, la consensuamos y es nuestra ley. No solo es la ley del Estado, ya que está publicada en el BOE, sino que es también la ley que los socialistas queremos desarrollar plena e íntegramente. En primer lugar, por coherencia no lo podemos apoyar. En segundo lugar, para no crear falsas expectativas. Hemos valorado la posibilidad de apoyar algún punto de esta iniciativa, pero creemos que si hay un terreno en el cual la política y el debate parlamentario no puede crear falsas expectativas, es en todo aquello que tiene que ver con la memoria histórica y con los padecimientos y sufrimientos que tantos españoles tuvieron como consecuencia de la guerra civil y de la dictadura.


Compartimos el punto de vista del grupo proponente y creemos que al traerlo aquí hace una magnífica labor parlamentaria el grupo de Convergència i Unió respecto a lo que supusieron las incautaciones de empresas editoriales por parte del franquismo para ponerlas al servicio de la propaganda política del movimiento. Compartimos esa reflexión.
¿Cómo no la vamos a compartir? El primer BOE franquista que se editó en Madrid se hizo en unas determinadas instalaciones. Esas instalaciones pertenecían a un diario que se llamaba El Socialista. El citado periódico, que se construyó paso a paso, poco a poco, con pequeñas aportaciones de humildes compatriotas nuestros que lo hicieron posible acabó siendo la maquinaria en la cual se publicó una parte importante de los primeros edictos y resoluciones del franquismo. ¿Cómo no vamos a compartir esa reflexión? Aun reconociendo -estaba en parte en la intervención del señor Xuclá- el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en una sociedad libre y abierta como es la nuestra, es muy difícil separar esas empresas editoriales que impulsan estos medios de comunicación del resto de empresas de fondos y propiedades que fueron incautados por el franquismo. Déjenme que les diga que la enmienda que presentó Convergència i Unió, y que no prosperó en el acuerdo final de la ley, era mucho más correcta, ya que no hacía distinciones entre empresas editoriales o empresas de otros ramos de la producción. No hacía distinciones entre empresas, fondos y propiedades. Creemos que esa diferencia es muy difícil de sostener a la hora de hablar de lo que estamos hablando, de resarcir este tipo de propiedades. No voy a entrar en una reflexión respecto al papel de los partidos y los sindicatos en el tema de la memoria histórica porque sin demagogia, tal como decía el señor Xuclá, es evidente que su papel es distinto. No estamos hablando de empresas, y yo creo que si los partidos políticos y los sindicatos forman parte del título preliminar de la Constitución es por algo. Por tanto, tiene su relevancia política también a los efectos de lo que estamos discutiendo esta tarde aquí.


Señorías, conocemos, comprendemos y, además, sufrimos las consecuencias de estas incautaciones. He hablado de El Socialista. Podría hablar de otros diarios del Partido Socialista o de la Unión General de Trabajadores.
Conocemos lo que pasó en concreto con el caso que nos comentaba el señor Xuclá, con la Sociedad Editora Universal, el papel de los hermanos Busquets, diarios de la relevancia de El Heraldo de Madrid o El Liberal.
Esta sociedad, además, era heredera de otra sociedad, la Sociedad Editora de España de alguien que fue un precursor, el primer empresario que creó un holding, que entonces se llamó trust editorial, que es el señor Miguel Moya. Por cierto, toda una tradición larguísima de prensa liberal y democrática que a veces en nuestro país no se ha tenido suficientemente en cuenta. Somos conocedores -este diputado lo es porque siente especial atracción- de una figura concreta, Amadeo Hurtado, abogado catalanista que tuvo un papel importante en la creación de esta sociedad Editora Universal. Pero hay otras experiencias, hay otras realidades. No solo existe la Sociedad Editora Universal; existen, por ejemplo, empresas tan importantes como la Compañía Editorial Española, la editora de El Sol y La voz del Sol, donde Ortega y Gasset hizo una parte importante de su labor filosófica y periodística. Por tanto, somos conocedores de esa realidad; somos, si me permiten la expresión, también sufridores de esa realidad. Pero creemos que poner una frontera artificial entre las empresas editoriales y el resto de empresas, fondos, bienes y propiedades que incautó el franquismo, es imposible o difícil de justificar. Mi grupo -insisto, señorías, y con esto acabo- no puede apoyar esta propuesta por coherencia con una ley que es la brújula con la cual queremos desarrollar nuestro papel en la memoria histórica, por coherencia con lo que hemos votado hace pocas semanas en esta Comisión, tema al que hacía referencia el señor Fernández Díaz, o hace dos años, en el Pleno del Congreso de los Diputados. Por coherencia mi grupo no apoyará esta iniciativa de Convergència i Unió.


- SOBRE EL DEFENSOR DEL USUARIO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000742.)

El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de esta proposición no de ley. Pasamos a la última que nos queda, que está señalada como 3.ª

punto en el orden del día: Proposición no de ley sobre

el defensor del usuario de la Administración electrónica.


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Para su defensa tiene la palabra la diputada doña Meritxell Batet, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora BATET LAMAÑA: Presento en esta Comisión esta proposición no de ley que suscribe mi grupo parlamentario y que tiene relación con la aprobación de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Esta ley introdujo en su momento el reconocimiento de un derecho nuevo para los ciudadanos, que es el derecho a relacionarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos. Este grupo parlamentario quiere aprovechar esta Comisión para poner en valor lo que supuso este reconocimiento de un nuevo derecho. Supuso un salto cualitativo, un cambio de paradigma en la relación entre ciudadanía y Administración pública. Las nuevas tecnologías permiten acceder a más información y a más conocimiento, pero también pueden tener sus perversiones o sus patologías. Por tanto, una puerta, una ventana abierta que nos ofrecen estas nuevas tecnologías, pero su uso nos pueden llevar a buen puerto o, por el contrario, pueden desviarnos de los objetivos positivos a los que me estoy refiriendo. Era importante que estas nuevas tecnologías también llegaran a las administraciones públicas y que se sumaran todas las administraciones públicas a esta cultura digital de la sociedad actual. Nos parece imprescindible no solo para que los ciudadanos reciban un servicio público de manos de las administraciones públicas más modernas, sino la búsqueda de una mayor eficacia y de una mayor eficiencia de estas administraciones públicas. La ley entró a regular los aspectos básicos de la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la actividad administrativa, garantizando su validez y seguridad jurídica. En el caso de las nuevas TIC se verifica un nuevo nivel, lo que históricamente se ha comprobado con otros avances tecnológicos. Nos liberan de viejas servidumbres, por tanto, nos abren estas nuevas ventanas, estas nuevas puertas a una mayor información y a un mayor conocimiento, pero generan nuevas dependencias, y son estas las que pueden implicar nuevas formas de vulnerabilidad. El uso de las TIC conlleva riesgos que hay que prever. Y así lo hizo la Ley 11/2007 de acceso electrónico, pues de no gestionarse bien pueden afectar a garantías constitucionales y legales respecto a tales derechos. Teniendo en cuenta todo lo dicho, podemos decir que con la aplicación de la Ley 11/2007, se persigue la consecución de una administración abierta a la altura de nuestro tiempo, capaz de ofrecer a los ciudadanos las ventajas de la sociedad del conocimiento. Una administración, en suma, innovadora, eficaz y eficiente que preste los mejores servicios a la ciudadanía.
Desde esa preocupación y para reforzar la confianza ciudadana en la Administración electrónica, la mencionada ley incorporó un estatuto del ciudadano, recogiendo un conjunto de derechos y facultades frente a la Administración. Se trata de derechos que operan como límite de la actuación de la Administración, como derechos necesarios en su ejercicio para que se despliegue en toda su amplitud lo que persigue la ley: la obligación de la Administración de relacionarse por medios electrónicos con el ciudadano, si este lo requiere. En esa dirección y para velar por el cumplimiento del catálogo de derechos que se reconocen a los ciudadanos, la Ley 11/2007, previó la figura del defensor del usuario de la Administración electrónica como institución para velar por los derechos de los ciudadanos, atender las quejas y realizar las sugerencias y propuestas pertinentes ante los poderes públicos para mejorar las relaciones de ciudadanos en su trato con las administraciones públicas.
La institución de este defensor adscrita al departamento ministerial correspondiente actuará con imparcialidad e independencia funcional. Es necesario, pues, desde nuestro punto de vista, y por eso hemos presentado esta proposición no de ley, avanzar hacia este estatuto del defensor del usuario de la Administración electrónica. Igualmente está previsto que por ley se establezca la elaboración anual de un informe, que se elevará al Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, recogiendo las quejas y sugerencias de los ciudadanos y proponiendo medidas y actuaciones para mejorar las garantías en ese ámbito. El defensor del usuario de la Administración electrónica, se conforma, pues, como una figura adicional para la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos en sus relaciones por vía electrónica con las administraciones públicas, atendiendo las quejas y sugerencias que le dirijan estos ciudadanos, lo cual se añade a las garantías ordinarias contempladas por la ley para el cumplimiento por parte de las administraciones públicas de sus obligaciones legales.


El Grupo Socialista espera que esta iniciativa parlamentaria tenga el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, especialmente del Partido Popular, ya que precisamente -y no me duele reconocerlo así y dejar constancia en el "Diario de Sesiones"- la figura del defensor del usuario fue introducida en la Ley 11/2007 a través de una enmienda del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario de Convergència y Unió pide la palabra para este asunto. Señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Únicamente para decir que mi grupo apoyará esta iniciativa, como no puede ser de otra manera pues se trata del cumplimiento de una ley. Vemos con muy buenos ojos que el grupo de la mayoría inste al Gobierno a cumplir lo que está dispuesto en las leyes.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Enriqueta Seller.


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La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Muchas gracias, señor presidente en esta mi primera intervención en esta Comisión.


Señorías, velar por la efectividad de los derechos reconocidos en la Ley de la Administración Electrónica y atender las quejas de los ciudadanos en el trato que este tiene con la Administración, son funciones, como ha dicho anteriormente la diputada del Grupo Socialista, que corresponden al defensor del usuario de la Administración electrónica. A tales efectos, la Ley 11/2007, de 22 de junio, en su artículo 7 recoge la creación del defensor del usuario de la Administración electrónica en la Administración del Estado como garante de los derechos reconocidos en el artículo 6 de la citada ley.


Con este comienzo, comprenderán que mi grupo parlamentario no puede objetar absolutamente nada a la creación de esta institución. Institución que, como bien ha recordado el grupo proponente, fue introducida a modo de enmienda por el Grupo Parlamentario Popular y que es solicitada por el grupo proponente. No me negarán ustedes que parece un poco el mundo al revés. Que una enmienda que fue presentada por mi grupo parlamentario hoy sea recogida en una proposición no de ley del Grupo Socialista es cuando menos chocante. Resulta todavía más chocante, cuando atendemos a los vaivenes que esta figura creó durante la tramitación de la ley. Yo he de recordar que precisamente fue en el borrador del anteproyecto donde la institución que hoy viene reflejada en esta proposición no de ley aparecía. Sin embargo, inexplicablemente, desapareció del proyecto que después llegamos a debatir, motivo por el cual nuestro grupo parlamentario tuvo que presentar una enmienda. No les voy a aburrir con las fechas de los textos citados, pero está a la vista que el procedimiento aludido consta en las mismas.


Señorías, la Constitución española, en el artículo 9.3 garantiza la publicidad de las normas. Y obviamente este requisito se cumple escrupulosamente publicando en el Boletín Oficial del Estado, el 23 de junio, la ley a que hoy hace referencia la proposición no de ley. Sin embargo, el Gobierno al que el Grupo Socialista sustenta, olvida que la Constitución española también dice que la Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con varios principios, y entre ellos cita la eficacia. Artículo 103, por si quieren comprobarlo. De los diputados que estamos presentes, ¿dirían ustedes que la eficacia es un principio que el Gobierno observa de forma cuidadosa? Dejaré que la respuesta se la den ustedes mismos. Pero lo que sí diré es que las leyes están hechas para publicarlas, y una vez publicadas es el Gobierno el primero en no cumplirlas o, quizá, a lo mejor, el causante de esa dilación en el cumplimiento. Señorías, tampoco vea la proponente un gesto mohín en mí, no quiero desilusionarle en esa iniciativa que, a buen seguro, S.S. ha presentado con muy buen criterio. Comprenderá que un anteproyecto que decide abandonar la redacción original del borrador, en el que entonces ya se pedía la creación de la figura del defensor del usuario, encomendando los derechos de los usuarios a la Administración General del Estado a través de la inspección general de los servicios de departamentos ministeriales, no es el mejor antecedente, la mejor muestra que sugiera el convencimiento profundo del Gobierno en la creación de esta institución. La falta de interés quizás explique este retraso injustificado en la creación de la institución del defensor del usuario de la Administración electrónica.


Mi grupo mantiene un moderado optimismo porque pensamos que, a diferencia de otros, las leyes se publican para ser cumplidas. No somos tan optimistas porque el escenario donde se incardina el defensor es precisamente la Administración electrónica. Y esta es una Administración que sigue teniendo graves deficiencias por inactividad. Recalco, señorías, por inactividad del Gobierno. Para que se pueda dar una administración electrónica, con el buen uso que puedan hacer de ella los ciudadanos, convendrán conmigo en que hace falta una formación adecuada de los funcionarios, una dotación económica que brilla por su ausencia, y una interconexión entre las diferentes administraciones públicas, ya sea local, autonómica y central. Nos preguntamos: ¿Se va a cumplir la ley con ese cometido último que viene recogido en el texto? Solo y a modo directo pueden ustedes echar un vistazo a la exposición de motivos y seguro que encuentran respuesta. Yo creo que existe falta de rigor, de seriedad, de compromiso, tomadura de pelo -siento calificarlo así-, pero lo dulcifico estos epítetos diciendo que con buenos propósitos, que reconozco, no se llega a ninguna parte, solo a una acción inconsistente. Todos estos calificativos no son de mi grupo sino de los ciudadanos, los usuarios que califican esta acción, no llegando a un suspenso de un 2,5.


Señoría, votarles en contra sería un despropósito. Votar en contra de la creación de una institución de estas características es absurdo, entre otras cosas, porque mi grupo mantiene la misma postura. Ustedes, no; no mantuvieron la misma postura al principio. Tuvimos que ser nosotros, como bien ha recordado la proponente, quienes introdujimos entonces la enmienda que da sustento a esta proposición no de ley. No quiero dejar pasar la ocasión para anunciar en sede parlamentaria la incalificable inactividad y la falta de respeto del Gobierno a los usuarios. Incluso si esta proposición no de ley se hubiese debatido en el momento en que fue presentada y recogida en el "Diario de Sesiones", el 10 de marzo de 2009, quizá hubiera evitado ahondar en ese descarado pasotismo que se está llevando a efecto con la ley. ¿Por qué mi grupo no cree que se vaya a poder materializar su propuesta? Se lo vamos a decir muy sucintamente. En primer lugar, porque ustedes, sinceramente, se quedaron en el proyecto; en segundo lugar, porque con esta proposición no de ley solo vienen a confirmar un nombre bautismal -defensor del usuario- que es sencillamente el que ya se dio en la ley. Además, he de añadir que los procedimientos on line, que son necesarios, muy necesarios, no estarán previstos, como se comprometió el

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Gobierno, a fecha 31 de diciembre, que es la fecha que señala la ley y a la que ustedes hacen referencia en la proposición no de ley. Para que estuviesen a punto en esa fecha, se deberían haber llevado a cabo, entre otras cosas, un plan de medios y un plan de formación de los funcionarios. Nada de eso se ha hecho hasta el momento. Ni siquiera se ha fomentado el teletrabajo para poder hacer determinadas gestiones relacionadas con la Administración desde casa. Por tanto, esta Administración electrónica corre el riesgo de parecerse cada vez más a la Administración de Justicia, esa que los ciudadanos califican de colapso total. A mi grupo le entristece mucho que la Administración termine con esos calificativos, porque al fin y a la postre la Administración está compuesta de personas, personas que trabajan a diario y que muchas veces, por no tener los medios necesarios ni el impulso preciso en un Gobierno, no pueden llevar a cabo el cometido. Señorías, tendremos ocasión de preguntarles a la vuelta de enero si efectivamente han cumplido con esos deberes a los que me acabo de referir en cuanto a los procedimientos on line, tan importantes.


Finalmente, quédense ustedes con lo último, que probablemente sea la citada y cantada copla que ya circula por todas partes. La Administración electrónica en España se encuentra -dice este pequeño chascarrillo- en una seria encrucijada en la que resulta totalmente imprescindible tener un fuerte impulso político y un liderazgo administrativo ejercido con decisión. Por desgracia, en estos momentos, este Gobierno no ejerce con decisión y carece de todo impulso político, y esta proposición no de ley, con todo respeto, es sin duda muestra de ello.


El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate veinticinco minutos antes de lo previsto, porque al haber comisiones simultáneas, los grupos que tienen menos miembros se ven obligados a repartir su tiempo y en algunas hemos pasado más rápido de lo que estaba calculado. En todo caso, nos queda pendiente conocer si el grupo proponente de la primera proposición no de ley, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, acepta la enmienda propuesta por el Grupo Socialista a la primera proposición no de ley. Después pasaremos a votar a las seis. Señor Llamazares, ¿nos puede decir si acepta la enmienda?

El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí. Nuestro objetivo, señor presidente, es que se retiren los símbolos. Por tanto, aceptamos la enmienda aunque no tenga un espacio temporal concreto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.


Suspendemos durante veinticinco minutos y después procederemos a las votaciones. Como saben ustedes, posteriormente hay una comparecencia de la presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Suspendemos hasta la seis en punto. (Pausa.)

Vamos a proceder a las votaciones.


La primera proposición no de ley que votamos es la relativa a la retirada de los símbolos franquistas de las dependencias de la Administración Central y de los entes y empresas del sector público. El grupo proponente, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ha aceptado la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. Por tanto, votamos la enmienda del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Como saben, la segunda proposición no de ley fue retirada. Votamos ahora el punto 3.º: proposición no de ley sobre el defensor del usuario de la Administración electrónica. No hay enmiendas, por lo que votamos el texto de la proposición.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos la proposición no de ley número 4º: proposición no de ley por la que se impulsa la restitución o compensación a quienes fueron perjudicados por la incautación de bienes y derechos vinculados a los medios de comunicación, en aplicación de la normativa franquista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (BARREIRO PÉREZ-PARDO), PARA:

- INFORMAR DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL CIS DESDE MAYO DE 2008. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/000865.)

- EXPLICAR LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y LAS CONDICIONES PRÁCTICAS CON LAS QUE SE HA LLEVADO A CABO LA RECIENTE ENCUESTA SOBRE EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000596.)

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- EXPLICAR LOS CRITERIOS TÉCNICOS EMPLEADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA PREELECTORAL REALIZADA CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO CELEBRADAS EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2009. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000612.)

El señor PRESIDENTE: Como saben las señoras y señores diputados, hay tres peticiones de comparecencia de la presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas. La primera es del Gobierno, para informar de la gestión realizada en el centro desde mayo de 2008; la segunda del Grupo Parlamentario Popular, para que explique los requisitos técnicos y las condiciones prácticas con las que se ha llevado a cabo la reciente encuesta sobre el debate sobre el estado de la Nación, y la tercera del Grupo Parlamentario Popular, para que explique los criterios técnicos empleados en la elaboración de la encuesta preelectoral realizada con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el día 7 de junio de 2009.


Para hacer una exposición inicial, que supongo que recogerá los tres aspectos solicitados para la comparecencia, la señora Barreiro, presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas, tiene la palabra.


La señora PRESIDENTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (Barreiro Pérez-Pardo): Señor presidente, señorías, comparezco ante esta Comisión para dar cuenta de mi gestión en el Centro de Investigaciones Sociológicas, así como de los planes de futuro. Quiero agradecer a SS.SS.
la oportunidad de comparecer y explicar el esfuerzo que en materia de investigación social viene realizando el CIS. Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado mi comparecencia para explicar los requisitos técnicos y las condiciones prácticas con las que se ha llevado a cabo la reciente encuesta sobre el debate sobre el estado de la Nación, así como los criterios técnicos empleados en la elaboración de la encuesta preelectoral realizada con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 7 de junio de 2009. Dado el vínculo especial que mantiene la presidencia del CIS con las Cortes, en mi intervención procederé, tal y como se me solicita, a explicar los criterios técnicos y metodológicos de estos dos estudios.


En el primer trimestre de cada año el CIS eleva a las Cortes la memoria de actividades que detalla la ejecución del programa correspondiente al ejercicio del año anterior del organismo. En el primer trimestre de este año se publicó la memoria correspondiente al año 2008, que se hizo por primera vez en formato electrónico con el fin de aumentar la difusión de nuestra actividad, así como reducir los costes económicos y medioambientales de la publicación. Se puede acceder a la memoria desde la página web del CIS. Mi objetivo en esta comparecencia no es reproducir el contenido de la memoria ni, por tanto, hacer un repaso exhaustivo de las actividades, sino dar cuenta de los principales retos a los que desde mi punto de vista debe enfrentarse el CIS. Como ustedes bien saben, el Centro de Investigaciones Sociológicas es un organismo público dependiente del Ministerio de la Presidencia y dedicado fundamentalmente al estudio científico de las sociedad española. El análisis científico de la sociedad española por parte de una institución pública representa un objetivo de gran trascendencia que exige continuos avances en la modernización del centro, así como en la transparencia de su funcionamiento. Lamentablemente, el estado de la economía española repercute en los presupuestos del CIS; el centro sufre reconsiderables recortes que han exigido la aprobación de un plan de austeridad y que han provocado la ralentización de algunos de nuestros proyectos. Con todo, entre los avances emprendidos o que nos proponemos abordar, quisiera destacar cuatro, sobre los que me detendré con algo de detenimiento en esta comparecencia: el acceso gratuito y directo a la mayor parte de las encuestas del CIS, la creación de un gran catálogo de encuestas dinámico y virtual, la transformación de la página web y el paso gradual y prudente de las entrevistas realizadas con lápiz y papel a las hechas con ordenador. Estos son sin duda los retos más difíciles a los que se enfrenta el CIS, por un lado, por su complejidad técnica y, por otro, porque exigen especialmente la introducción de nuevas tecnologías en la recogida de datos y una gran coordinación y engranaje en la organización de los equipos internos. En este sentido, quisiera aprovechar esta comparecencia para referirme igualmente a algunos avances en el ámbito de la investigación, así como en el de las publicaciones.


Los progresos de envergadura exigen normalmente cierta renovación y refuerzo de los equipos. En septiembre de 2008 procedí a renovar el consejo asesor, al que se incorporaron algunos de los científicos sociales más prestigiosos de España, siguiendo así el criterio de excelencia que siempre ha caracterizado la composición de este órgano consultivo. En el diseño del consejo asesor traté también de dar representación a científicos de distintas comunidades autónomas, así como a disciplinas próximas a la sociología y a la ciencia política, como la demografía y la economía. Además, con el fin de reforzar la proyección internacional del CIS, por primera vez desde los orígenes de esta institución el consejo asesor cuenta, por un lado, con un profesor extranjero, catedrático de sociología en la Universidad Pompeu Frabra y, por otro, con un profesor español que imparte docencia en una universidad extranjera, catedrático de política comparada en la Universidad de Oxford. Con estas dos incorporaciones se ha pretendido estrechar los lazos con la comunidad académica internacional. Los retos para esta legislatura aconsejaban igualmente la renovación de parte del equipo directivo del CIS, como la secretaría general, el departamento de banco de datos y el de publicaciones y fomento de la investigación. La

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dirección del departamento de investigación ha sido asumida por una profesora titular de universidad y al mismo tiempo consejera técnica del CIS desde 2005. Las personas designadas para las diferentes tareas son extremadamente competentes y gozan de un reconocido prestigio en su profesión.


Una de las medidas de transparencia más importantes que se han adoptado en este año y medio ha sido la de permitir el acceso gratuito a las encuestas del CIS desde la página web del organismo. Con esta iniciativa el CIS se convierte en el único instituto de opinión pública, ya sea público o privado, que ofrece a los usuarios de forma totalmente gratuita las matrices de datos completas. La puesta en práctica de esta iniciativa requirió la elaboración de una orden ministerial que ampliase la previsión contenida en el artículo 6 de la Ley de Organización del CIS y su real decreto de desarrollo que regulan el régimen legal del banco de datos. La dificultad que planteaba esta nueva norma era buscar una formulación que, sin contravenir lo previsto para el acceso físico al banco de datos, permitiese a su vez la descarga por Internet de las matrices. En concreto, había que mantener la exigencia de una contraprestación económica por el acceso presencial al banco de datos del CIS, extremo que exige el real decreto, a la vez que se añadía la opción de la descarga vía web de forma gratuita. La tramitación de la orden ministerial se inició el 20 de octubre de 2008. El 30 de octubre la vicepresidenta primera firma la orden ministerial y se publica en el BOE el 7 de noviembre de 2008, entrando en vigor el 1 de enero de 2009. En resumen, en un plazo inferior a un mes fue posible dar respuesta legal a una demanda que llevaba largo tiempo formulada tanto por la comunidad académica como por los representantes de los distintos grupos políticos.
Por tanto, desde el 1 de enero de 2009, gracias también a los trabajos preparatorios de los años precedentes, es posible descargar desde la página web del CIS los ficheros de microdatos de las encuestas realizadas junto con toda la información necesaria para su utilización. Desde esa fecha, el 1 de enero, se pudieron descargar los ficheros de las encuestas cuyos trabajos de campo se habían realizado en los años 2007 y 2008. A partir de ese momento, se han ido añadiendo otros estudios antiguos, así como los correspondientes a las nuevas encuestas según se han ido publicando, de modo que en este momento se encuentran accesibles todos los estudios posteriores al año 2005. A fines de este año se proyecta llegar hacia atrás, hasta el año 2002; y al terminar el año 2010, hasta 1995. En cuanto a los ficheros de encuestas con fecha de trabajo de campo anteriores a 1995, se irán preparando posteriormente siempre que la documentación técnica disponible lo haga posible. El resultado de esta iniciativa está siendo asombrosamente positivo: si en 2008 el número de ficheros de datos solicitados al CIS fue de 546, en 2009 las descargas de ficheros desde la página web asciende a 5.229, mientras que el número de ficheros solicitados hasta octubre ha sido de 311. La mayor parte de las descargas, algo más del 50 por ciento, afectan a los ficheros de datos de los barómetros y aproximadamente la mitad de los usuarios son estudiantes de grado y de posgrado. La medida, por tanto, está repercutiendo muy positivamente en el desarrollo de la investigación social en nuestro país. El coste económico de esta iniciativa es muy pequeño: por lo que respecta a la facturación de ficheros de microdatos, por término medio los ingresos para el periodo 2002-2008 fueron 11.341. Esto sería lo que el CIS ha dejado de ingresar cada año como consecuencia de esta medida.


El segundo gran reto modernizador que estamos abordando es el desarrollo de una base de datos unificada. El objetivo es ofrecer a los usuarios el acceso dinámico al catálogo de encuestas del CIS. A través de la página web cualquier ciudadano podrá crear sus propias series temporales, cruces de variables o gráficos. Este es un proyecto de gran envergadura y dificultad técnica que culminará con la puesta en marcha de un sistema que unifique las tres bases de datos existentes hasta ahora: la de estudios, la de preguntas y la de series. El proyecto se está realizando desde 2007 en colaboración con un equipo de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Los trabajos están planificados en tres fases. En la actualidad se están realizando los últimos trabajos de la primera fase, de la que se obtendrán dos aplicaciones, una de uso interno y otra de uso externo, con prestaciones básicas. En una segunda etapa, que se prolongará hasta mediados de 2010, se incrementarán las prestaciones de las dos aplicaciones. Aunque en este momento no están diseñadas las nuevas prestaciones a abordar, el centro está realizando las tareas de definición de las especificaciones y ya hay algunas ideas acerca de las funciones que consideramos deseables como, por ejemplo, la navegación por resultados, con posibilidad de acceder a toda la información relacionada con cada uno de los datos, la presentación gráfica opcional de los datos numéricos o el registro de usuarios para almacenar búsquedas personalizadas. Por último, en la tercera fase, que se prevé que concluya a principios de 2011, se obtendrán las versiones avanzadas de las aplicaciones que permitirán una explotación lo más completa posible de la base de datos. Estas aplicaciones se incorporarán gradualmente, ya que el abanico de posibilidades es inmenso. La tercera etapa es esencial para alcanzar criterios de excelencia en el servicio al público, pues permitirá a los usuarios externos consultar datos, generar series temporales, establecer cruces de variables, obtener gráficos y otras prestaciones que se irán desarrollando a medida que el sistema se perfeccione. En cualquier caso, se trata de un proyecto abierto que deberá ir adaptándose a las necesidades de los usuarios, así como a los cambios tecnológicos. Otro de los retos ya en marcha es la creación de una nueva página web que responda a las demandas cada vez más exigentes de sus usuarios y que permita la adaptación del CIS a la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. El CIS requiere de una web más moderna, más operativa, que ofrezca más información

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sobre la actividad del centro y que se adapte adecuadamente a los nuevos servicios, tanto al acceso gratuito a las matrices de datos de las encuestas, como al acceso dinámico y virtual al catálogo de encuestas.


El impulso a la modernización no puede hacerse sin asumir lo que sin duda es un reto difícil para el CIS, como es la introducción de nuevas tecnologías en la investigación mediante encuesta, es decir, el paso de la realización de entrevistas con lápiz y papel a la realización de entrevistas con ordenadores. El uso de ordenadores en la realización de entrevistas presenta dos ventajas a las que el CIS no puede renunciar.
Primero, una mayor calidad del producto final, es decir, de las encuestas y, segundo, una mayor inmediatez de los datos una vez realizadas las entrevistas. Diversos estudios sobre la transición a lo que se denomina el sistema CAPI ponen de manifiesto la mejora en la calidad de datos recogidos mediante ordenador. Las ventajas son múltiples: el uso de ordenadores evita todos los errores relacionados con el flujo de cuestionario, permite un mejor control del trabajo de campo, así como la validación automática de algunos datos. Igualmente, el uso de ordenadores ofrece mejoras y nuevas posibilidades en la formulación de preguntas. Por ejemplo, permite modificar el orden de las preguntas o el orden de los ítems de respuesta, lo que a veces puede ser recomendable para evitar algunos sesgos sistemáticos. Facilita la respuesta anónima a algunas preguntas, lo que mejora la confianza del entrevistado con respecto a cuestiones delicadas o privadas, y permite el uso de fotografías, diagramas y otros instrumentos visuales. Además, el uso de ordenadores facilita la recepción de la encuesta, especialmente entre aquellos segmentos de la población de más difícil acceso, como los jóvenes o los ciudadanos de mayor nivel educativo, entre los que mejoraría la imagen de modernidad del CIS. La transición al CAPI presenta, con todo, grandes dificultades. El uso de ordenadores aumenta los costes de programación de los cuestionarios, exige un adecuado entrenamiento por parte de los entrevistadores, presenta un importante reto en la transmisión y procesamiento de información, para lo que será necesario ir reforzando las dotaciones de informática y estadística del CIS, e implica una inversión económica considerable. Inevitablemente, durante los años de transición desde el papel al CAPI el CIS tendrá que reducir el número de estudios y estará obligado a invertir más en investigación sobre el procedimiento de recogida de datos. Además, será necesario duplicar algunos estudios con muestras separadas o repetidas para analizar el efecto del CAPI en los datos finales. Por último, una selección de preguntas, cuyo valor como series históricas se ha considerado importante, deberá ser repetida con los dos procedimientos en previsión de un escalón en la serie debido al cambio de metodología. Dadas las dificultades de este proceso, y teniendo en cuenta los recortes presupuestarios, en 2010 se harán únicamente los primeros experimentos en la realización de entrevistas por ordenador y, en función de los resultados, se programará después el proceso de implantación del CAPI. En suma, los principales retos del CIS para esta legislatura son proseguir el acceso gratuito a las matrices de datos, finalizar la creación de un gran catálogo de encuestas dinámico y virtual, transformar la página web, así como iniciar el camino hacia la realización de entrevistas con ordenador.


Quisiera referirme ahora brevemente a algunas cuestiones dentro del ámbito de la investigación y las publicaciones. Como ustedes saben, el CIS es una institución de referencia en la realización de estudios de opinión en nuestro país. Por eso, entre las apuestas fundamentales en la actividad de investigación del CIS se encuentra la inversión en trabajos metodológicos, que nos permita una permanente mejora de la calidad de los datos de encuesta. En este sentido, desde el centro se han emprendido varias líneas de trabajo, que incluyen asuntos como las bajas tasas de respuesta en las encuestas, el contexto de las entrevistas y su repercusión en la calidad de los datos o el diseño de las muestras y su adaptación a los cambios geográficos y demográficos. Además, en la medida en que el CIS se dedica al estudio de una sociedad cambiante, requiere de una permanente adaptación en el contenido y en la forma de abordar sus estudios. La actividad de investigación del centro debe tener en cuenta la evolución de nuestro país, sobre todo en relación con dos aspectos: la realidad del Estado autonómico y la presencia de inmigrantes. En línea con lo anunciado ya por la anterior presidencia del CIS en 2005, para un mejor cumplimento de sus tareas el CIS ha apostado por incrementar de forma paulatina la realización de estudios cualitativos, de los que se sirve tanto para interpretar mejor los datos cuantitativos que obtenemos de las encuestas, como para diseñar nuevas encuestas que recojan datos de más calidad. En la actualidad, la investigación cualitativa como complemento de la investigación cuantitativa está extendida en todos los ámbitos de la investigación, tanto la que se hace con científicos como los institutos privados que tienen fines comerciales. Los estudios cualitativos se utilizan fundamentalmente para entender las razones de los ciudadanos, el porqué y no sólo el cómo, cuándo y cuánto; para ello es necesario emplear muestras mucho más pequeñas que las que se consultan en una encuesta, pero en las que los sujetos y sus argumentos son tratados con mayor profundidad. El CIS no cuenta con una infraestructura apropiada para el desarrollo de grupos de discusión, no se dispone de una sala con circuito cerrado; con todo, aunque se recurra a la subcontratación, los técnicos del CIS intervienen activamente en el diseño de los estudios cualitativos, así como en su desarrollo.


A lo largo de 2009 el CIS habrá realizado un total de 45 estudios, los once barómetros anuales, dos monografías, un estudio internacional, seis estudios electorales, diez cualitativos y quince estudios de convenio. En estas investigaciones se aborda un amplio abanico de temas: la educación infantil de 0 a 3 años, la imagen social de la educación, la percepción social de la vejez,

la Administración electrónica, la percepción social de la

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lectura y el conocimiento del libro electrónico, la protección de datos o la calidad de la democracia son algunos de los temas tratados en estos meses. No disponemos de una lista cerrada de los temas que se van a abordar en 2010, con todo, entre los estudios previstos se encuentran las encuestas sobre las elecciones catalanas; dos estudios internacionales, uno sobre medio ambiente y otro a población inmigrante; cuatro monografías, entre las que se encuentran el barómetro autonómico, la encuesta sobre opinión pública y política fiscal, un estudio sobre redes sociales en Internet y la encuesta que todos los años elabora el CIS junto con un equipo universitario dentro de la convocatoria pública del módulo de encuesta.


El CIS también es una institución de referencia en el ámbito de las publicaciones en ciencias sociales. En la actualidad el CIS edita siete colecciones de libros: monografías, academia, clásicos del pensamiento social, cuadernos metodológicos, opiniones y actitudes, elecciones y debate social. Tenemos previsto finalizar el año con la publicación de quince manuscritos, además de los cuatro números de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Con el propósito de alcanzar la excelencia en nuestra producción editorial -pues este es nuestro principal objetivo- se han endurecido los procesos de evaluación. El CIS ha extendido los criterios emanados de la Comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora a todas sus colecciones de libros, pues hasta ahora únicamente la Revista Española de Investigaciones Sociológicas cumplía íntegramente estos requisitos. Igualmente, con el fin de avanzar en la transparencia, se ha hecho pública a través de la página web del CIS la composición de todos los consejos editoriales así como las normas editoriales de cada una de las colecciones. El incremento de las exigencias en la selección de manuscritos ha producido un esperable aumento en la tasa de rechazo de las propuestas que recibimos para publicar; la apuesta es por menos publicaciones -se han reducido de veintisiete en 2008 a quince en este año- pero de más calidad. En este sentido, cabe destacar que en mayo de 2008 la REIS fue admitida en el Social Science Citation Index, el índice de citas internacional más importante para las revistas científicas. Además, este año la revista ha sido incluida en el otro gran índice de citas internacionales, Scopus, así como la prestigiosa plataforma electrónica de revistas científicas Jstor. Se ha procedido también a una reducción en el tiempo de embargo de la revista: de los dos años a uno solo. Estos son algunos de los logros de la REIS, que implican dar pasos importantísimos en la internacionalización, en el incremento de la reputación de las investigaciones españolas en las ciencias sociales. Además, recientemente se ha firmado un acuerdo con Google libros para difundir parcialmente el contenido de los libros publicado por el CIS cuyos autores hayan cedido a la institución los derechos correspondientes. Al figurar en esta prestigiosa plataforma, también aparecerán nuestros libros en el buscador de Google académico; esta medida potenciará sin duda alguna la difusión internacional de nuestras publicaciones y el impacto de las mismas. La madurez y prestigio alcanzado por la REIS ha propiciado la creación del premio al mejor artículo del año; con este galardón, que se fallará por primera vez en 2010, el CIS pretende reconocer especialmente los artículos de mayor originalidad, relevancia y calidad metodológica publicados anualmente en la revista. Al mismo tiempo, el premio constituirá un estímulo a sus autores para apoyar la difusión de su actividad investigadora en la comunidad científica nacional e internacional e incrementar la visibilidad de su labor en el campo de las ciencias sociales.


El reto de la modernización nos ha llevado asimismo a emprender la digitalización del fondo editorial con un doble objetivo: la conservación y la difusión. Esto quiere decir que, por una parte, contaremos con una copia digital de todo nuestro catálogo y, en segundo lugar, podremos distribuir nuestros libros bajo los nuevos formatos electrónicos o con el sistema de impresión bajo demanda. Añadimos así eficacia a la gestión del proceso editorial y avanzamos en la aplicación del Plan de contratación pública verde. En el último año, el CIS ha proseguido e intensificado su compromiso con el fomento a la investigación. Además de las becas de formación, de las ayudas a la investigación y de la organización del curso de posgrado, con sus correspondientes becas, el centro organiza y participa en cursos sobre distintos aspectos de la investigación en las ciencias sociales. Igualmente, el CIS otorga el premio nacional de ciencia política y sociología, como recompensa a la labor científica. A partir de 2008, el premio adquiere un carácter bienal, en vez de anual, lo que sin duda otorga un mayor valor a este prestigioso galardón.


Como he señalado antes, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado mi comparecencia para explicar los requisitos técnicos con relación a dos encuestas: la del debate sobre el estado de la Nación y la realizada con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo. La encuesta electoral del CIS para las elecciones al Parlamento Europeo consolida una tendencia en el diseño de estudios electorales, la de dar la máxima prioridad a la calidad científica. El principal objetivo de estos estudios es poner a disposición de los investigadores los datos con los que interpretar el comportamiento político de los ciudadanos, de manera que la encuesta sea un legado científico para el medio y largo plazo, antes que un legado mediático para el corto plazo. Esta tendencia comienza a establecerse a mediados de los años noventa y se concreta en al menos cuatro características fácilmente visibles: el incremento del tamaño de la muestra, el diseño del estudio electoral como una encuesta en formato panel de dos oleadas, el aumento de la distancia entre el trabajo de campo y la fecha de la convocatoria electoral, así como el incremento del número de preguntas y, en consecuencia, de variables investigadas en el estudio. La muestra, de 4.600 entrevistas de la encuesta preelectoral de 2009 -igual que las dos últimas

encuestas sobre elecciones europeas-, es la mayor que

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se ha empleado en este tipo de elecciones. El diseño muestral es, como resulta habitual en el CIS, un diseño estratificado en dos etapas. En una primera etapa se seleccionan al azar los puntos de muestreo, en este caso las secciones censales, siguiendo los criterios de representatividad para las comunidades autónomas, los distintos tamaños de población y el tipo de hábitat. En una segunda etapa se selecciona a los individuos dentro de cada sección, siguiendo rutas aleatorias y manteniendo las cuotas de sexo y edad de la población. De todas las encuestas preelectorales para las elecciones europeas realizadas por el CIS, la de 2009 es la única que se ha diseñado exitosamente en formato panel. El formato de panel, al permitir entrevistar a unas mismas personas antes y después de las elecciones, representa un salto cualitativo en las posibilidades que se abren para la investigación social. En este caso se ha intentado entrevistar en la segunda ola, la poselectoral, a todos los individuos incluidos en la preelectoral. El legado científico de este tipo de encuestas va mucho más allá que su capacidad de predicción en el corto plazo. De hecho, las grandes encuestas electorales de las democracias avanzadas son casi sin excepción encuestas panel. El trabajo de campo transcurrió entre el 29 de abril y el 17 de mayo. La encuesta se ha realizado a mayor distancia de las elecciones que ninguna encuesta anterior, 20 días, y con un trabajo de campo muy extendido en el tiempo, otros 20 días. Esta es la tendencia de las encuestas científicas y nos permite publicar los resultados básicos antes de que comience la campaña electoral. Como caso límite, piénsese que el Eurobarómetro realizó su sondeo preelectoral entre enero y febrero. Por último, de todas las encuestas preelectorales del CIS para las elecciones europeas, la de 2009 es la que mayor número de preguntas incluye, 59, con bastante diferencia con respecto a la más amplia hasta ahora, que incluía 49 preguntas. En definitiva, los criterios técnicos empleados para el diseño de esta encuesta son muy parecidos a los de 2004 y, en especial, a los de 1999.
La encuesta de 1999 tenía un diseño casi tan ambicioso como la de 2009 por su tamaño de muestra, 4.600 casos, por la duración del campo, 24 días, por su distancia con respecto a las elecciones, 17 días, por la extensión del cuestionario, así como sobre todo por estar diseñada como una encuesta panel. Desafortunadamente, en el año 1999 se quebró la metodología del panel durante el desarrollo de la encuesta y los resultados no fueron posteriormente aprovechables, cosa que este año no ha sucedido.


La encuesta para el debate sobre el estado de la Nación es completamente distinta a la encuesta preelectoral. Se trata de una encuesta donde prima la inmediatez sobre el legado científico, es decir, se realiza en el plazo mínimo posible; no es tanto una encuesta para explicar el comportamiento político, sino más bien una fotografía instantánea de la opinión pública. Su valor científico reside sobre todo en la serie temporal del conjunto de encuestas semejantes y no en la complejidad de su cuestionario. Por lo demás, es una encuesta metodológicamente distinta, realizada por teléfono y no por la red de campo del CIS, pues el CIS carece de un centro de llamadas telefónicas propio y del personal adecuado para gestionar directamente este tipo de encuesta, motivo por el que este tipo de estudios siempre se han contratado. La principal característica del diseño técnico de esta encuesta y también su mayor valor es su continuidad. La encuesta se realizó telefónicamente por parte del Instituto DYM, una de las dos empresas que han hecho las últimas siete encuestas para el debate sobre el estado de la Nación. La muestra del estudio es de 1.500 individuos, lo que conlleva en teoría y bajo los supuestos del muestreo aleatorio un error muestral del 2,6 por ciento.
Esto es prácticamente lo máximo que puede conseguirse en un margen temporal tan estrecho. Téngase en cuenta que cuando se publican encuestas realizadas por institutos privados relativas al debate sobre el estado de la Nación, las muestras oscilan entre las 500 y las 800 entrevistas. La muestra está estratificada por comunidades autónomas y por tamaño de la población, tal y como siempre se hace. Y por último el cuestionario contiene treinta preguntas. Es un cuestionario muy estandarizado que se repite sin apenas modificaciones desde 2003 y con muy pocas modificaciones desde 2001.


Señor presidente, con esto he terminado las comparecencias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barreiro. A continuación podrán intervenir los grupos parlamentarios. En primer lugar lo hará el Grupo Parlamentario Popular, por haber sido peticionario de dos de estas comparecencias. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señora Barreiro, muchas gracias por sus explicaciones y por su comparecencia, aunque llegue con un año y medio de retraso desde su nombramiento -al menos su comparecencia en esta Comisión Constitucional-, un nombramiento que no estuvo exento de polémica y que provocó que se levantaran dudas sobre su imparcialidad en un cargo en el que la independencia, la objetividad y la transparencia deben ser ejes fundamentales de actuación. Su perfil es claramente político; al margen de su respetable labor como docente; sus principales méritos para acceder a la presidencia del CIS pasaban por haber trabajado en la Fundación Alternativas y haber sido vocal asesora, en Presidencia del Gobierno, del señor Zapatero. Además, su nombramiento quebró con una tradición de más de una década de que la presidencia del CIS fuese ocupada por catedráticos de sociología o ciencias políticas. A esa circunstancia se unió la ilegalidad inicial en su designación, que obligó a dictar posteriormente un decreto singular para exceptuar su nombramiento del mandato recogido en la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, porque usted no es funcionaria de carrera y el rango de la presidencia del CIS es de dirección general.


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Con esos precedentes, entenderán que nuestro grupo tuviese reservas iniciales sobre su imparcialidad, pero esas reservas, esa duda inicial, no era un obstáculo insalvable. Podría haberla despejado a su favor y a favor del prestigio de la institución que dirige con una actuación en estos meses caracterizada y marcada por la objetividad, por el acierto y por el rigor científico; marcada por el acierto o al menos por la aproximación en sus predicciones electorales. No ha sido así y lamentablemente nuestras prevenciones iniciales se han confirmado. El pasado año hicimos un juicio de pronóstico sobre su capacidad; hoy, lamentablemente, hacemos un juicio de diagnóstico, un juicio negativo en su actuación, especialmente en lo relativo a los graves errores de estimación electoral, para evitar hablar de manipulación -cosa que no quiero hacer-, tanto en la encuesta preelectoral de las elecciones europeas de junio de 2009 como de las elecciones vascas y gallegas. El problema no es la duda sobre su imparcialidad, señora Barreiro. El problema es que, con su actuación, esa duda se está extendiendo al rigor científico, seriedad y credibilidad de un órgano básico para el estudio de la sociedad española.


Como bien saben SS.SS., el CIS es el único instituto público a nivel nacional y el principal banco de datos de España de estudios de opinión y, además, un instituto prestigioso, que -quiero dejar claro- tiene mucho que ver con la profesionalidad de las personas, de los trabajadores, que en ellos están, que desde luego están muy por encima de los políticos que lo dirigen. Es un instituto que tenía y que tiene como labor fundamental el conocimiento científico de la realidad española, labor que se realiza, sobre todo, en dos frentes, al margen de los artículos publicados en la REIS, los estudios por convenio y otras publicaciones a los que se ha referido la señora presidenta del CIS.


Hay dos frentes muy importantes en la labor del CIS. Por un lado, los barómetros mensuales, que incluyen los trimestrales de intención y estimación de voto y, por otro lado, los estudios singulares, específicos, sobre cuestiones relevantes que afectan a la sociedad española. Señora Barreiro, de esta segunda vertiente poco podemos hablar porque esos estudios, que usted nos dice que se han realizado, este año no han sido publicados. Al día de hoy he entrado en la página web del CIS del año 2009 y fundamentalmente lo que existe son los barómetros electorales, pero de esos 44 estudios que me habla, un estudio de opinión pública y política fiscal, del que habló en su comparecencia en presupuestos, latino barómetro, y otros, al menos a día de hoy, repito, no aparecen publicados. Por cierto, me ha hablado usted en la comparecencia de que a través del formato panel en la encuesta europea iba a haber un poselectoral. ¿Cuándo lo van a publicar? Porque han pasado varios meses y todavía no han publicado el estudio poselectoral de las elecciones europeas. Si lo han realizado, espero que cuanto antes se publique y los grupos parlamentarios y el resto de la opinión pública en España puedan conocer el poselectoral del CIS de las europeas.


Debemos centrarnos en relación con la única tarea que conocemos, al menos mi grupo parlamentario, porque el resto de los estudios -reitero-, a día de hoy, en la página web, todavía no estaban publicados. Por tanto, lo que conocemos son las prospecciones de carácter electoral. En ese punto espero que todos los grupos coincidamos en un principio. La eficacia de una encuesta se mide por la capacidad de acierto en su predicción, espero que especialmente el Grupo Socialista comparta este principio. Lo digo porque es un principio que no es de este portavoz, sino que fue un principio que en sede parlamentaria manifestó justamente su antecesor en el cargo, el señor Vallespín. La eficacia de una encuesta se mide por la capacidad de acierto en su predicción. Por tanto, solo a tenor del resultado de las encuestas podemos concluir que su gestión, señora Barreiro, al frente del CIS ha sido del todo ineficaz. No acertaron en la predicción del resultado de las elecciones vascas, no acertaron en la predicción del resultado de las elecciones gallegas, ni tampoco acertaron en la predicción del resultado de las elecciones europeas. No solo no acertaron, es que ni siquiera se aproximaron, por lo que su labor en ese campo ha sido, parafraseando a su predecesor, ineficaz e inútil.


Usted nos habla de que la encuesta europea va a ser un legado científico.
Pues si se equivocan tanto en sus resultados, en sus predicciones, en sus estimaciones, lamentablemente, al menos mi grupo, piensa poner en duda esa eficacia desde el punto de vista científico. No así del político. Ahí sí, ahí sí han sido eficaces, porque con el dinero de los contribuyentes se han publicado unas encuestas cuyas predicciones perjudicaban a muchas fuerzas políticas, principalmente al Partido Popular y solo beneficiaban a un partido, al que la nombró, señora Barreiro. Y eso, señorías, en términos políticos tiene nombre. Esto que acabo de decir no es un juicio de valor, son datos constatados y publicados. Yo tengo aquí las tres encuestas y las estimaciones electorales de las tres encuestas, las vascas, las gallegas y las europeas. Voy a recordárselas. En Galicia, el CIS estimó para el Partido Popular 4 puntos menos y hasta 4 escaños menos de los que obtuvimos la jornada electoral. Mientras, otorgó al Partido Socialista casi 3,5 puntos más y hasta 3 escaños más de los que finalmente obtuvo. Y en el País Vasco, igual; nos asignó, junto al PNV, hasta 2 escaños menos de los que obtuvimos, mientras que al Partido Socialista de Euskadi le otorgó 2 escaños más de los que obtuvo en la jornada electoral. Siempre el mismo beneficiario por la predicción y siempre el mismo partido perjudicado. Y todo ello con el ánimo de crear un clima favorable hacia un determinado partido ante una cita electoral.
Eso fue lo que pasó en Galicia y en el País Vasco. Pero lejos de enmendar su error, ese error tuvo su continuidad en la encuesta preelectoral de las elecciones europeas. Y es que el CIS, en contra de las predicciones de la práctica totalidad de las encuestas realizadas por otros institutos demoscópicos, predijo en las pasadas elecciones europeas la victoria del Partido Socialista

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sobre el Partido Popular. Y el resultado SS.SS. lo conocen, una victoria del Partido Popular por 3,7 puntos sobre el Partido Socialista en la jornada electoral. Un nuevo error de bulto en un año; tres elecciones, tres predicciones y tres errores. Eso sí, siempre a favor del Partido Socialista y siempre en perjuicio del Partido Popular.


Ya sé que me dirán: sólo son encuestas. Pero es que el CIS solo hace encuestas y lo hace además con el dinero de los contribuyentes. Usted me ha explicado, evidentemente, todos los criterios técnicos. Ha hablado del formato panel, de la calidad científica, del número de entrevistas. Por sus resultados los conoceréis. Vuelvo a reiterarle el principio definido por su predecesor en el cargo, estará muy bien hecha, pero ha sido del todo ineficaz. Por eso casi hubiera preferido que hubiera reconocido el error que se ha producido en las tres encuestas electorales que ha realizado el CIS a lo largo de este año y que me hubiera hablado de la posibilidad de modificar en algo la fórmula, el modelo estadístico de predicción, porque nos ha anunciado que el año que viene, que hay elecciones catalanas, van a volver a hacer estudios. ¿Qué quiere que le diga? Mi grupo y yo ya nos echamos a temblar, me temo lo peor. Teniendo en cuenta estos precedentes, qué quiere que le diga, qué podemos pensar de los estudios electorales que realiza el CIS o de las encuestas que vaya a realizar cara a las elecciones europeas. Lo peor no es que no acierte en sus predicciones electorales, lo peor es el continuo sesgo en sus encuestas, que eliminan el rigor científico de sus conclusiones. Y este sesgo se ha producido tanto en la encuesta del debate sobre el estado de la Nación como en el resto de los barómetros publicados a lo largo del presente año.


Ahora hablaba de un principio que había expuesto su precedesor en esta misma Comisión, en sede parlamentaria. Vamos a ver si en este, que es de manual -lo avanzo- nos ponemos todos de acuerdo. Para que el resultado de una encuesta sea riguroso, la muestra tiene que ser representativa de la realidad social que se pretende medir. Yo creo que esto es de manual.
Cuando esa encuesta es electoral, para que los resultados sean objetivos, la muestra debe reflejar lo más fielmente posible, en el recuerdo de voto, el resultado de las pasadas elecciones. Pues bien, esto no ocurre con los barómetros del CIS ni ocurrió tampoco en la encuesta del debate del estado de la Nación. Le voy a poner unos ejemplos. En la encuesta sobre el debate del estado de la Nación, 40 de cada 100 encuestados afirmaba haber votado al Partido Socialista y solo 22 de cada 100 reconocía haberlo hecho al Partido Popular. Casi 16 puntos de distancia cuando el resultado, la distancia en general, fue solamente de 3,5. Un sesgo de más de 12 puntos. Pero esa sobrerrepresentación de votantes del Partido Socialista, ese sesgo, no es una excepción en las encuestas del CIS. Eso es algo que se viene repitiendo a lo largo de la mayoría de los barómetros del CIS. En todos los barómetros con intención de voto publicados durante esta legislatura el sesgo en recuerdo de voto a favor del Partido Socialista ha oscilado entre 11 y 16 puntos porcentuales. En todos, salvo, curiosamente, el que hemos conocido solo hace unas semanas, que es el correspondiente al mes de octubre, donde ese sesgo fue solo de 8 puntos. Por cierto, barómetro de octubre donde por primera vez el Partido Popular supera, no solo en estimación, sino en intención directa de voto, al Partido Socialista y que, por cierto, es la conclusión que realizan el resto, todas las demás encuestas realizadas por otros institutos demoscópicos de cualquier signo. El problema no está solo en la estimación electoral. Ustedes cocinan la encuesta mediante una fórmula que quizá deben pensársela, hacen una predicción y ya hemos visto que este año al menos con escaso éxito. El problema es que ese sesgo, esa sobrerrepresentación, se traslada directamente al resto de las valoraciones y conclusiones de la encuesta y aquí no hay cocina, salvo que me corrija. Y si no hay cocina, ya no estamos hablando de un error, señora Barreiro, no estamos hablando de un error. Por eso nuestro grupo le pide, le exigimos que corrija inmediatamente ese sesgo en los próximos barómetros que el CIS deba llevar a cabo en los próximos meses.


Hubiera preferido, créame, no haber tenido que hacer esta intervención, pero las cosas han sido como han sido. Y me gustaría también, si nos falta razón a este grupo, que se nos contestase con argumentos, con datos, contrastados en relación con lo que yo he dicho. Evidentemente solo me he centrado en las actuaciones que, a nuestro juicio, son criticables. Hay otras actuaciones del CIS que se están haciendo bien. Ha tenido ocasión con mi compañera Dolors Nadal de tener varios debates de política presupuestaria, donde se ha hablado de diferentes trabajos que tiene previsto y que está realizando el CIS. La animamos a seguir avanzando en la línea de las explicaciones que nos ha marcado en otros campos de actuación del CIS. La animamos y la felicitamos por ello, que siga avanzando en esos ejes -y ya termino, presidente- de actuación.
Desde luego nosotros nos alegraremos profundamente de que, corrigiendo los errores que se han realizado hasta la fecha, el CIS vuelva a ser el instituto prestigioso que queremos. Los resultados de una encuesta pueden gustar o no, eso no depende de ustedes, depende de si se hace bien, pero, cuando se usa el dinero público, lo menos que se puede exigir es que esas encuestas sean rigurosas, que sean representativas de la realidad social que se pretende analizar y que no permitan que haya ningún atisbo de duda sobre su imparcialidad y neutralidad en una institución de prestigio como debe ser el CIS. Y eso es -y con esto termino, señor presidente- lo que reclamamos desde nuestro grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra don Jordi Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Voy a hacer algunas consideraciones puntuales a raíz de la comparecencia de

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la señora Barreiro por primera vez ante esta Comisión Constitucional, que es la sede natural donde se deben producir sus comparecencias y el eventual debate de carácter parlamentario y también de control al Gobierno. Voy a hacerlas a la luz de mis conocimientos y también de algunas ayudas de lo que podíamos definir como mi sociólogo de cabecera, porque cualquier político que se preste tiene un sociólogo y dentro de mi grupo parlamentario yo llevo los temas del CIS y de la Ley Electoral, también con algunas aportaciones que se me han hecho. Empezando precisamente por la valoración política de su trabajo, quiero destacar un punto a favor y es que finalmente se han colgado en la red las matrices -que es algo que yo pedí a su antecesor en la comparecencia que se produjo ante esta Comisión Constitucional y conozco su voluntad de colgarlas-, para que sean públicas y para que puedan acceder a ellas académicos y sociólogos que trabajan en institutos de opinión. Usted ha llevado a la práctica este compromiso que yo mismo, en nombre del Grupo catalán y algunos otros portavoces, le habíamos formulado.


En segundo lugar, le tengo que apuntar que los barómetros del CIS referidos a intención de voto incorporan reiteradamente una significativa sobrerrepresentación de votantes del PSOE en la muestra de ciudadanos encuestados. Le tengo que preguntar por qué se produce este sesgo, esta distorsión muestral en los sondeos del CIS, que lógicamente tiende a favorecer el saldo de opiniones y valoraciones sobre el actual Gobierno.
Sabemos que este sesgo muestral se corrige a la hora de efectuar las estimaciones de voto, pero no con el resto de las informaciones recogidas por los distintos barómetros, entre las que hay bastantes preguntas, como valoraciones del Gobierno y de la oposición, imagen de los líderes políticos y otras en las que el sesgo a favor del Gobierno, en mayor o menor medida, según la carga política de la pregunta, es una constante, si no se corrige. Sabemos también que otros institutos demoscópicos, evidentemente no el CIS, privados o autonómicos, sí tienen en cuenta este sesgo en la representatividad muestral, pero lo corrigen mediante el ajuste entre el recuerdo de voto con los resultados reales de las elecciones de referencia y lo aplican al conjunto de datos obtenidos no solo para la estimación de voto. Me gustaría saber por qué no aplica el CIS esta corrección, este criterio. También quiero preguntarle sobre algo que ya cambió su antecesor, me gustaría saber su opinión y la posibilidad de modificarlo. Cada partido político tiene un líder -esto es incuestionable y no seré yo quien lo cuestione hoy y en el "Diario de Sesiones"- pero, en función de los partidos de representación territorial en el Congreso de los Diputados, puede ser que el liderazgo esté repartido y que haya más de un político de referencia. Es costumbre desde hace unos pocos años que ustedes pidan la opinión sobre el grado de conocimiento y valoración de un solo líder por partido político y, referido a la casuística bien respetable de una estructura que se está reproduciendo en el sistema electoral español durante más de treinta años, en este Congreso de los Diputados y en el Senado hay formaciones políticas de base territorial que tienen su referente en el liderazgo en las Cámaras de las Cortes Generales y también sus candidatos a las comunidades autónomas. Y creo que es absolutamente razonable plantear al CIS que se preguntara sobre el grado de conocimiento y valoración de ambos líderes. Me gustaría conocer su opinión sobre este particular.


Creo que ha hecho un ejercicio de transparencia cuando nos ha anunciado los proyectos de encuestas temáticas, por decirlo de alguna forma, no sé si lo digo con toda exactitud. Nos ha anunciado proyectos para el próximo año, uno de ellos evidentemente es la encuesta de las elecciones catalanas, que se van a producir no más allá de octubre o noviembre del próximo año, pero también nos ha apuntado un índice tentativo de algunas otras encuestas de carácter temático, que evidentemente son muy relevantes y que tienen un coste económico importante. Nos ha dicho que era una lista no cerrada, pero me gustaría conocer los criterios de definición de los temas seleccionados, el proceso de elección de estos temas y quién participa en la definición de la elección de los mismos. No sé -se lo digo con carácter notablemente especulativo- hasta qué punto el Parlamento podría participar en la sugerencia de elementos temáticos, no con carga política, sino porque seguramente este Parlamento tiene un calendario de trabajo legislativo y le podría ser útil conocer en profundidad algunos asuntos. Le podría apuntar algunas leyes que se están tramitando y sobre las cuales seguramente una encuesta, en cooperación y en diálogo entre el CIS y el Parlamento, nos podía ser útil. Me han pasado algunas ideas por la cabeza, pero no se trata de inventar ahora.
Me parece bien que usted nos anuncie sus proyectos, pero le pido que tome en consideración la posibilidad de cooperar con las Cortes Generales, porque en algunos proyectos legislativos nos podría ser útil trabajar de forma más coordinada.


En cuanto a las encuestas, simplemente le puedo decir que, en la encuesta de las elecciones europeas, la realidad del resultado de la noche electoral del 9 de junio se alejó notablemente de la previsión de las encuestas. No tengo capacidad en estos momentos de hacerle una valoración técnica con más profundidad, pero si seguimos el criterio de su antecesor de que la calidad de una encuesta se refleja en el resultado de la noche electoral le tengo que decir que algo falló en la encuesta de las elecciones europeas y no tengo criterio suficiente para valoración de las encuestas de las elecciones vascas o de las elecciones gallegas. Venía también a esta comparecencia con interés en plantearle algunas preguntas sobre las publicaciones del CIS, sobre los criterios de publicación, pero usted me ha respondido ya en buena medida. Simplemente quiero poner de manifiesto que en la comparecencia de su antecesor destaqué que era importante elaborar, a través de un consejo editorial y de un comité científico, los criterios de publicación, no porque a mí en la vida me sobra nunca ni un libro, sino porque había

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una gran cantidad de publicaciones y se debía priorizar el gasto público en esta materia.


Para finalizar, me gustaría hacerle dos preguntas y conocer su criterio de dos temas, sobre los cuales al final serán el Legislativo y la subcomisión de reforma de la Ley Electoral la que se deberá pronunciar.
La actual legislación electoral contempla que cinco días antes de las elecciones se termina el plazo para la publicación de encuestas. Las nuevas tecnologías han irrumpido y hasta cierto punto han modulado el impacto de las encuestas sobre la población, más allá de la población de los últimos cinco días. Me gustaría conocer su opinión, como experta en la materia, sobre si cree que es conveniente esta limitación, este periodo de bajada del impacto de las encuestas sobre la opinión pública, de enfriamiento para la deliberación en la recta final de la campaña electoral y con vistas a las elecciones. Lo digo a la luz de los informes y del debate que tenemos en la subcomisión de reforma de la Ley Electoral y de los informes del Consejo de Estado y de la Junta Electoral Central.
Y finalmente, que no se interprete esta pregunta como una vocación intervensionista, sino como una vocación de rigor. También se lo pregunto como experta en la materia. ¿Usted cree que se debería legislar para que las encuestas que se difunden y publican en los medios de comunicación tuvieran unos mínimos criterios en cuanto al número de personas encuestadas y al procesamiento de las mismas? Lo diré de otra forma: ¿Es posible que un diario de ámbito nacional publique una encuesta de distribución de escaños con 850 personas encuestadas y que esto produzca un titular de impacto evidente sobre la opinión pública? ¿Cree que sería no intervencionista, sino desde un punto de vista de rigor y por tanto de una buena utilización de los medios de comunicación social sería correcto legislar exigiendo unos estándares mínimos a las encuestas que son publicadas por los medios de comunicación?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señora directora del CIS, disculpe por no haber estado presente en la comparecencia, pero ha sido imposible. Quiero hacerle dos preguntas y es que repetidamente los barómetros mensuales del CIS incorporan una significativa sobrerrepresentación de votantes del PSOE en la muestra de ciudadanos encuestados. ¿Por qué se produce este sesgo? Esta distorsión muestral en los sondeos del CIS, que lógicamente tiende a favorecer el saldo de opiniones y valoraciones sobre el actual Gobierno. Sabemos que este sesgo muestral se corrige a la hora de efectuar las estimaciones de voto, pero no con el resto de las informaciones recogidas por los distintos barómetros, entra las que hay bastantes preguntas, como valoraciones del Gobierno y de la oposición, imágenes de líderes políticos, etcétera, en las que el sesgo a favor del Gobierno en mayor o menor medida, según la carga política de la pregunta es una constante, si no se corrige. También sabemos que otros institutos demoscópicos sí tienen en cuenta este sesgo en la representatividad muestral, pero lo corrigen mediante el ajuste entre el recuerdo de votos con los resultados electorales reales de la elección de referencia, y lo aplican al conjunto de datos obtenidos, no solo para la estimación de voto. ¿Por qué no lo hace también el CIS?

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra don José Andrés Torres Mora.


El señor TORRES MORA: Señora Barreiro, señora presidenta del CIS, bienvenida a esta Comisión Constitucional. Ha venido usted cuando ha sido llamada, a pesar de que su nombramiento se produjo hace más de un año, por lo que no hay ningún reproche que se le pueda hacer. Ha venido cuando la Comisión la ha llamado, no se ha negado a venir cuando ha sido llamada. Ha pasado un año, porque las tareas parlamentarias han hecho imposible que viniera antes, pero no ha sido por falta de disponibilidad suya, por lo que no se le puede hacer ningún reproche. Tampoco se le puede hacer un reproche sobre sus competencias para ser presidenta del CIS. Es una persona de sobrada competencia para ser presidenta del CIS y lo está demostrando. ¿Que su nombramiento fue polémico? Ha sido polémico para la oposición, pero no entre la comunidad de científicos sociales; no ha habido polémica. Sus méritos son reconocidos y, entre sus méritos, están los que ha citado el señor Bermúdez, pero estos no agotan sus méritos son solo una parte también de sus méritos, son méritos. Es un mérito trabajar en cualquier país en la Presidencia del Gobierno, de un gobierno democrático; es un mérito, para cualquiera lo es; no es un demérito.


Hay una explicación que se ha dado aquí sobre la parcialidad o sobre la carencia de su competencia por los resultados de las encuestas. En general, las encuestas aciertan. Preguntarles a 2.000 ó 2.500 personas y ser capaz, más o menos, de predecir lo que van a hacer 20 ó 30 millones de personas, equivocándose en un 2 ó 3 por ciento en la predicción, la verdad es que la sociología, y en particular la sociología electoral, es bastante útil, sobre todo, porque además las encuestas tienen un margen de error. Es lógico que las encuestas se muevan en ese margen de error.
Es algo que estadísticamente está contrastado. Todas las encuestas tienen un margen de error y normalmente los errores de las encuestas del CIS, como los errores de casi todas las demás encuestas, se producen dentro.
Reivindico, no solamente al CIS, sino a la sociología, en general, porque funciona bastante bien. Preguntarles a 2.000 personas y saber lo que van a hacer 30 millones, ya está bien, aunque se equivoquen en un 2 por ciento.


Hay un problema que es: ¿Por qué no son tan exactas? ¿Por qué no predecimos tan a la perfección? Por ejemplo, porque las campañas tienen efecto. Las campañas que

hacemos los políticos, entre que se hace la encuesta y se

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produce la elección, modifican el comportamiento de los ciudadanos; si no, no haríamos campañas. Por ejemplo, entre la encuesta de las elecciones gallegas y las elecciones hay una campaña. Algún éxito tendrían ustedes; reivindiquen que su campaña, y todo su esfuerzo, fue capaz de ganar a las encuestas, como se suele decir en las campañas. Decimos: vamos a ganar a las encuestas. ¿Por qué? Porque esperamos arrastrar, convencer, atraer a los ciudadanos con nuestra campaña y modificar su opinión hacia nuestro favor. Por tanto, las encuestas se hacen antes de la campaña, generalmente en las del CIS el trabajo de campo se hace antes de la campaña, por razones del tamaño de la muestra y del método presencial con el que se hace; y es normal, las campañas terminan moviendo a la opinión pública y la mueven lo suficiente, como para que unos pocos puntos nunca, una diferencia demasiado importante, la mueven. Hay otra acusación subrepticia, que es la acusación de manipulación. Eso tiene un problema: no sabemos cuál es el efecto de la publicación de una encuesta. Hay predicciones que se autocumplen y predicciones que se autoniegan; el efecto de la publicación de una encuesta puede ser a favor o en contra de la propia predicción. Hay predicciones que se niegan a sí mismas y predicciones que precisamente por predecirse se cumplen; pero no lo sabemos. La discusión académica sobre ello es muy interesante pero no es concluyente. Es muy difícil.


En las instituciones como el CIS hay funcionarios, expertos y técnicos que son neutrales, no se dejan manipular; la gente hace su trabajo, lo hace con los distintos Gobiernos y lo hace procesionalmente; con lo cual los errores son inevitables y tienen que ver con el estado y con la capacidad de la disciplina, en este caso de la sociología electoral. Por ejemplo, el recuerdo de voto que covaría con la intención de voto. En general, cuando la intención de voto para un partido sube, sube también su recuerdo, y cuando la intención de voto para un partido baja, baja el recuerdo para ese partido. No es raro; la gente cuando no te quiere votar no quiere ni acordarse de que te ha votado y tiende a olvidar que te ha votado porque no quiere ni recordarlo; y cuando te quiere votar suele acordarse de que te votó. Es un fenómeno que ha pasado siempre en el CIS, que covarían. Y una de las cosas que alegra a un partido es cuando ve cómo empieza a recuperar no solamente la intención de voto sino también el recuerdo de voto; por eso se mueve el recuerdo de voto, fundamentalmente por eso, porque la gente recuerda. Es verdad que a veces hay dificultades para acceder a determinadas zonas donde viven sectores sociales que son más difíciles de entrevistar, y otros son más fáciles de entrevistar. En ese sentido se produce a veces en todas las encuestas un cierto sesgo.


¿Por qué no acertamos? Nunca he visto que ningún grupo traiga aquí un modelo de estimación electoral que acierte el pasado. Si alguien tiene un buen modelo a partir del cual se puede acertar el resultado que lo traiga. Tenemos disponibles las matrices del CIS -como decía el señor Xuclà, gracias a usted, señora Barreiro-, cualquiera puede bajarse la matriz bruta de datos y cualquiera puede presentar un modelo ante los medios de comunicación que acierte la predicción de todas las encuestas de los últimos diez años, por ejemplo. ¿Por qué no? En todas las elecciones el modelo acierta. Sería un éxito, ¿se imaginan que un instituto o un departamento universitario presentara un modelo y dijera que con él, aplicado a todas las encuestas, habría acertado los resultados y que en la próxima encuesta también serían capaces de predecir el futuro? ¿Lo ven? Es sencillo. Que venga alguien con un modelo que prediga los resultados de las últimas encuestas. Que diga: este es el modelo que se aplica, este es el algoritmo informático, aquí se meten los datos y aquí sale el resultado, y funciona. Con los datos del CIS somos capaces de predecir el resultado de las últimas elecciones, de las vascas, de las catalanas, de las europeas y de las generales. Tenemos el modelo matemático, implementado en un programa informático, metemos los datos y sale el resultado, y sale siempre bien. Ya tenemos el modelo. En las próximas elecciones, cuando el CIS haga la encuesta, metemos los resultados y ya saldrá. ¿Por qué nadie lo ha traído aquí? ¿Por qué ningún grupo lo presenta? Sería un éxito, probablemente hasta se lo comprarían, pero no lo hay, por eso, nadie lo presenta.


El CIS hace todo lo razonablemente bien que se puede hacer, dado el estado del arte de la sociología electoral; lo hace muy bien en mi opinión. En consecuencia, señores del PP, alégrense, sube su intención de voto y su recuerdo de voto. Es muy coherente, es algo que es consistente. Eso es consistente. Cuando ocurren las dos cosas es que hay una predisposición a su favor, así que no les extrañe que la última encuesta les dé una previsión de voto por encima del Partido Socialista. Es coherente.
Técnicamente los resultados son coherentes. Es lo que está pasando. Es verdad que se podrían ponderar por el recuerdo de voto todas las preguntas. No sé hasta qué punto eso tendría sentido, cuánto modificaría los resultados, pero también es verdad que históricamente nunca se había hecho, y todas las series que hay no están hechas. También es cierto que, como por fortuna las matrices las tiene todo el mundo gratuitamente, nadie tiene ninguna dificultad en bajárselas, ponderarlas y explicarlas, y podemos discutirlas. Es algo que ya podemos hacer porque las matrices se las puede bajar todo el mundo. No he visto demasiada discusión académica sobre el tema.


Usted es una persona muy competente que está haciendo algo muy importante, que es modernizar técnicamente el CIS. El sistema de encuestas por ordenador, la disposición de los datos y de series en la página web del CIS, para que además se puedan tratar y los ciudadanos puedan hacer cruces de una manera sencilla, me parece una forma de modernizar. Además, sinceramente usted está haciendo que la modernización técnica sirva a la modernización política, si es que se puede utilizar ese término. ¿Por qué? Porque democratizar la información como ha hecho, haciendo que todo el mundo tenga acceso fácil y gratis a los datos del CIS, a las matrices

de datos, es una forma de democratizar el conocimiento,

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y eso me parece que debiera ser la modernidad política. Está haciendo un trabajo político al servicio de este país muy importante, y lo está logrando. Es muy competente, de verdad, y mi grupo comparte esta opinión.


Por último, le comentaré alguna cosa más por intentar avanzar. Habla de que han acordado con Google que haya acceso a algunos capítulos de los libros del CIS, el Google académico. Vamos a tener una expansión muy importante del libro electrónico. Hay libros que ya están descatalogados de la base documental del CIS. Si es posible, algunas instituciones podrían ir poniendo de una manera fácil esos libros a disposición en su complejidad, no unos capítulos sino en su completitud, sobre todo los libros de hace veinticinco años, que no son fáciles de alcanzar pero que tienen interés académico. Sería un servicio bastante interesante si pudieran hacer algo por el estilo, lo mismo que han hecho con las matrices, o lo que están haciendo con la REIS, porque además así podríamos tirar los libros físicos que no nos caben en casa; así que no estaría mal que pensaran si es posible que dispusiéramos de esos libros.


Ha dicho algo que nunca le he preguntado personalmente, pero lo ha nombrado de pasada y me ha llamado la atención; me refiero a cómo está afectando en el muestreo la inmigración en nuestro país. ¿Cómo tratan el fenómeno de la inmigración en el muestreo, aunque solo sea por curiosidad? No sé si es un asunto de este trámite parlamentario, pero me gustaría que me contestara luego personalmente.


El señor PRESIDENTE: Ahora tiene ocasión de responder la señora Barreiro.


La señora PRESIDENTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (Barreiro Pérez-Pardo): Muchas gracias a SS.SS. por los comentarios, por las felicitaciones y también por las críticas que sin duda ayudan a aprender y a reflexionar sobre la labor realizada en el CIS. Hay algunos temas comunes a varias intervenciones. Voy a seguir un orden que tiene que ver en parte con el orden de las intervenciones y en parte agrupando algunas cuestiones que me parece que se pueden agrupar.


La primera cuestión a la que voy a contestar es la que afecta a las predicciones. Supongo que cada uno tiene su visión sobre lo que son las encuestas lo mismo que tiene su visión sobre lo que es la sociología.
Desde mi más profundo convencimiento le digo que el objetivo del CIS no es hacer predicciones, ese no es el objetivo de las encuestas del CIS. El objetivo de las encuestas del CIS y la razón por la que lleva desde el año 1963 acumulando datos de opinión y tiene un banco de datos de más de 1.800 encuestas, es estudiar científicamente a la sociedad española. Este es un principio en la declaración legal del CIS, pero es un principio en el que yo creo firmemente. Ese es el objetivo de la encuestas del CIS: estudiar la sociedad española de la forma más científica posible. ¿Esto qué significa? Que las encuestas del CIS no pueden tener nada que ver con otro tipo de encuestas. Me explico mejor. Las encuestas del CIS tienen que cumplir una serie de requisitos. La primera es que son encuestas que tienen que tener un tamaño muestral relativamente grande porque solo así uno puede llegar a conocer el comportamiento de los jóvenes, el comportamiento de los grupos políticos minoritarios, etcétera. Por tanto, necesitamos trabajar con muestras grandes para conocer la sociedad española. En segundo lugar, para conocer la sociedad española en una vertiente lo más amplia posible necesitamos incluir muchas preguntas en nuestras encuestas. No podemos incluir ocho o diez preguntas porque nuestro objetivo no es la predicción; queremos saber más, queremos saber por qué la gente vota como vota, y si la campaña influye o influye la clase social o influye la presencia de los jóvenes en Internet, etcétera.
Para conocer todas esas cuestiones necesitamos incluir muchas preguntas.


Más recientemente el CIS se está planteando la posibilidad de introducir la metodología de panel en todas sus encuestas electorales, cosa que de momento hemos hecho en las europeas y estamos meditando la posibilidad de hacerlo en las siguientes elecciones que tengamos que estudiar. Estas tres características, muestras grandes, muchas preguntas y metodología panel, exigen forzosamente realizar encuestas a una gran distancia, mayor que cualquier otro instituto de opinión pública en España, con respecto al momento de la elección. Y esto -lo digo con total honradez- sitúa al CIS en las peores condiciones posibles para hacer predicciones. Este es un hecho que tenemos que asimilar, y es el punto de partida. El CIS no se puede comparar con los institutos de opinión pública que hacen encuestas una semana antes, porque terminamos el trabajo de campo tres semanas o a veces un mes antes del momento electoral. Dicho esto, es verdad que a veces el CIS acierta más y otras veces menos. Eso no tiene que ver ni con la capacidad de los técnicos del CIS ni de las distintas presidencias; tiene que ver con el clima político. El CIS acierta cuando seis meses antes de la elección, como sucedía en el País Vasco, el clima político está determinado. El CIS no acierta cuando, como sucedió en las elecciones europeas, mes y medio antes de las elecciones el clima que refleja la encuesta no es el clima de desmovilización que hubo un mes y medio después. Por tanto, el CIS acierta unas veces más y otras veces menos no en función de la capacidad técnica de sus equipos, sino en función de la evolución de la vida política.


Dicho esto, puesto que el CIS no puede ni debe compararse con los institutos privados ni en lo bueno ni en lo malo, porque no es comparable el tipo de encuestas que realizan, es cierto que el CIS se puede comparar consigo mismo. Si nos comparamos con nosotros mismos, es decir, con las predicciones hechas en el pasado, en el caso de las europeas el error medio del CIS en encuestas para elecciones nacionales, tanto generales o europeas, desde 1996 es de 5,5 puntos, por lo que se refiere a los dos principales partidos; mientras que el

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error de esta encuesta ha sido de 4,4 puntos. Este no es un mal resultado si se tiene en cuenta que estas elecciones han sido una de las más competidas de nuestra historia y, en este sentido, las más difíciles de prever por parte del CIS. Pero -insisto- ese no es el objetivo del CIS.
El objetivo del CIS es hacer encuestas que sirvan para el desarrollo de las ciencias sociales, en este caso, el de las encuestas electorales en el campo del comportamiento electoral. Hay que añadir -lo he repetido varias veces y no está de más añadirlo, porque tiene que ver con las predicciones- que el CIS ofrece las matrices gratuitas. En consecuencia, animemos a la comunidad académica y a los institutos privados a invertir en aprender a hacer mejores predicciones, que es una labor conjunta. El CIS ofrece el mejor material posible. A partir de ahí, es una labor de todos, no solamente del CIS, que de hecho también está invirtiendo en cómo mejorar sus predicciones, porque tampoco es un tema menor ni siquiera académicamente.


La segunda cuestión que han planteado todos los diputados es qué es lo que ocurre con el sesgo en las encuestas del CIS y, en concreto, con el sesgo que podría haber a favor del Partido Socialista. Este es un asunto que nos preocupa enormemente, pero no desde ahora, porque es un problema que tiene el CIS y cualquier instituto de opinión pública que haga encuestas en España y también en otros países. En la medición del recuerdo de voto debemos distinguir dos tipos de fenómenos, ninguno de los cuales es exclusivo de España -y esto es muy importante tenerlo en cuenta- ni tampoco es exclusivo del periodo actual ni de las encuestas del CIS. Es decir, el sesgo sucede con todos los institutos para encuestas de España y para encuestas de otros países y en distintos momentos de la historia.


Por un lado, tenemos el efecto que podemos llamar sobre recuerdo de voto al partido en el Gobierno. Este es un efecto que sucede en otras democracias. Por ejemplo, en las catorce elecciones presidenciales americanas estudiadas por el American National Election Studies hasta 2004, el recuerdo de voto de los electores en las encuestas apunta a un margen de victoria 7 puntos superior en promedio que el verdadero resultado; es decir, en muchas democracias parece que hay un efecto a favor del partido que ha ganado las elecciones. Se tiende a recordar más haber votado al partido que ha ganado las elecciones que a otros partidos políticos. Este es un efecto que se encuentra en las encuestas del CIS y se encuentra en las encuestas de otros institutos.


Por otro lado, las encuestas en España tienen un problema adicional, que es que se produce un efecto de sobrerrepresentación a uno de los dos partidos, que en este caso es el Partido Socialista. Si uno atiende a las series históricas del CIS, comprueba que en general tiende a haber sobrerrepresentación hacia el Partido Socialista, que queda mitigada cuando gobierna el Partido Popular, pero existe esta tendencia especialmente cuando gobierna el Partido Socialista, por lo que he dicho que se une al efecto de sobrerrepresentación del partido ganador. Este efecto de sesgos específicos a algún partido concreto se da en otros países. En Gran Bretaña, por ejemplo, el recuerdo está siempre sesgado a favor del Partido Laborista desde los años ochenta; no es algo propio de la democracia española. En España lo que ocurre es que estos dos efectos interactúan, interactúa el efecto a favor del partido ganador y el efecto a favor de un partido político concreto. Pero -insisto- esto no es solo un problema del CIS.


Han mencionado la encuesta de DYM que, como saben ustedes, es un instituto que trabaja también para ABC. El sesgo se produce de la misma manera que en las encuestas del CIS, y eso se ve en la encuesta del debate sobre el estado de la Nación. Por tanto, este es un sesgo que se produce en todos los institutos. Otra cuestión es que no todos los institutos ofrecen sus datos brutos -que también lo han planteado los diputados-, pero este es un sesgo que se produce con todas las encuestas en España, no solamente con las del CIS. Yo siempre digo que el problema es de psicología política, porque los ciudadanos en España dicen votar más a un partido que a otro y porque tienden a decir, como sucede en otras democracias, que votan más al partido ganador. Estamos en el ámbito de la psicología política. El CIS ha invertido muchos esfuerzos desde etapas anteriores en ver si había sesgos muestrales en esto, y parece que no los hay, se trata más bien de un problema de lo que quieren de las respuestas de los entrevistados.


Han planteado la posibilidad de corregir las muestras en su conjunto por recuerdo de voto. Eso no es habitual en España; es posible que algún instituto lo haga pero no me parece algo habitual y, en todo caso, es un paso que necesita una meditación y unos estudios previos mucho más profundos como para poder decir nada. Lo que es cierto es que al ofrecer las matrices de datos se pueden introducir esas ponderaciones en los análisis que hagan los distintos grupos políticos o los académicos y, en cierta medida, se pueden reproducir los mismos resultados con estas ponderaciones. Lo que el CIS intenta es ofrecer los datos sin tocarlos, es decir, sin ningún tipo de ponderación ni corrección o las mínimas posibles. Esa es una política que tiene sus ventajas e inconvenientes, pero también la virtud de ser máximamente transparente, aunque apunto la reflexión, ya que es algo que debemos tener en cuenta. Me han preguntado además por los estudios publicados. Lo único que puedo decir es que en el año 2009, como comentaba antes, se han realizado 45 estudios, lo que ocurre es que de ellos hay 15 que son de convenio. Según marca la legislación del CIS, los estudios de convenio no se introducen en el banco de datos hasta que pasa un periodo de doce meses. Por tanto, realizamos una serie de estudios y tiene que pasar un tiempo hasta que se puedan introducir en el banco de datos, y seguimos en esto la legislación del CIS.


Me han interrogado igualmente por los líderes y la posibilidad de incluir más. La verdad es que cuando

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llegué al CIS en mayo de 2008 me encontré con que en el barómetro anterior al de abril había cuatro líderes en la lista de valoración, y decidimos ampliarla hasta diez. Nunca en la historia del CIS se ha preguntado por tantos líderes como ahora. La posibilidad de ampliarla a más de diez me parece complicadísima, porque hay que hacer una reflexión de conjunto sobre un barómetro político. Estamos introduciendo muchas preguntas, y pasar de valorar cuatro líderes a valorar diez es, desde mi punto de vista, un esfuerzo enorme. No hay que olvidar tampoco un dato, y es el grado de conocimiento; los barómetros políticos son encuestas con un ámbito de representación del conjunto de España. Por ello, el nivel de conocimiento de algunos líderes autonómicos en el conjunto de España sería bastante reducido. En fin, tendría problemas en esta dirección.
Asimismo se han interesado por la selección de los temas de estudio para el año 2010. La verdad es que una parte de los temas de estudio de las investigaciones del CIS son aquellos que determinamos con los propios ministerios, que nos hacen sus demandas. Tenemos también convenios y colaboración muy estrecha con la universidad, y de ahí nos llegan demandas y, por supuesto, no tendremos absolutamente ningún inconveniente, sino todo lo contrario, a que desde el Parlamento nos lleguen sugerencias de cuestiones a investigar; de hecho si nos llegaran me parecería una excelente idea poder incorporarlas o poder ver en qué medida podemos cooperar. Creo que con esto he contestado prácticamente a todo lo que me han planteado. Si hay alguna cuestión adicional, no tengo ningún inconveniente en responder.


El señor PRESIDENTE: Ya ha tenido ocasión de contestar y con esto hemos terminado la comparecencia. Le agradecemos mucho su presencia y esperamos contar con usted en próximas ocasiones.


Muchas gracias a todos las señoras y señores diputados.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.

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