BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 148, de 17/02/2009
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
17 de febrero de 2009
Núm. 148
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Pleno
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página 9)
Grupos Parlamentarios
010/000008 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página 9)
Comisiones, Subcomisiones y Ponencias
158/000024 Solicitud de creación, en el seno de la Comisión de Justicia,
de una Subcomisión de estudio sobre la disponibilidad de la propia vida,
presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ... (Página 9)
158/000025 Solicitud de creación, en el seno de la Comisión de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca, de una Subcomisión sobre protección de los
animales ... (Página 11)
Secretaría General
292/000014 Convocatoria interna para la provisión, en régimen de
contratación laboral, de una plaza de Médico en el Gabinete Médico de la
Secretaría General del Congreso de los Diputados ... (Página 12)
292/000015 Convocatoria interna para la provisión, en régimen de
contratación laboral, de dos plazas de Ayudante Técnico
Sanitario/Diplomado Universitario en Enfermería en el Gabinete Médico de
la Secretaría General del Congreso de los Diputados ... (Página 16)
Personal
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los
señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Nombramiento
... (Página 20)
161/000764 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la participación de los ciudadanos en
los procesos de elaboración de las iniciativas legislativas ... (Página 20)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000753 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre la revisión y denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede
... (Página 22)
Comisión de Justicia
161/000749 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre las ceremonias de acatamiento y promesa de cargos y funciones
públicas ... (Página 23)
161/000750 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre política criminal ... (Página 23)
Comisión de Interior
161/000780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre la competencia de la Generalitat de
Catalunya en materia de manifestaciones culturales y tradicionales y el
uso de materiales pirotécnicos en las mismas ... (Página 25)
Comisión de Defensa
161/000762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a dotar y adecuar la Escuela Naval
Militar, la Academia General del Aire y, muy singularmente, la Academia
General Militar, al Sistema de Centros Universitarios de la Defensa ... (Página 26)
161/000768 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, con el objeto de que se restituyan en su
integridad los archivos militares de Castellón y se realicen copias
fidedignas de los documentos para los usos que se crea conveniente ... (Página 27)
161/000770 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre reconocimiento al servicio militar
obligatorio y resarcimiento a los fallecidos y lesionados en el
cumplimiento del mismo ... (Página 28)
Comisión de Economía y Hacienda
161/000748 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre medidas para paliar la gravedad de la crisis económica ... (Página 28)
161/000751 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la financiación urgente y suficiente
del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) con cargo al Ministerio
de Economía y Hacienda ... (Página 29)
161/000752 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la anulación de la ponencia de valores
catastrales aprobada para el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz),
así como la anulación de las valoraciones catastrales de los inmuebles
correspondientes a dicho municipio ... (Página 30)
161/000759 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de
medidas urgentes de estímulo a la liquidez de las pequeñas y medianas
empresas ... (Página 30)
161/000767 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre la llegada de la alta velocidad a la Ciudad
de Cartagena ... (Página 31)
161/000769 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la introducción de mejoras en los
servicios ferroviarios regionales de media distancia en la provincia de
Lugo ... (Página 32)
161/000773 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la construcción de una rotonda iluminada en el Km 244
de la N-1 en el barrio de Villafría, municipio de Burgos ... (Página 32)
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/000761 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la
empresa UPS ... (Página 33)
Comisión de Industria, Turismo y Comercio
161/000744 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre el impulso a un tercer sector de la comunicación ... (Página 34)
161/000745 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la creación del Plan Estratégico de
Conectividad Aérea entre el territorio español y el resto de Europa y el
mundo ... (Página 34)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000754 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre incineración ilegal de neumáticos y otros residuos en fábricas de
cemento ... (Página 35)
161/000757 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la trashumancia ... (Página 36)
161/000765 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra las especies exóticas
invasoras ... (Página 37)
161/000771 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la adopción de medidas urgentes en
favor del sector lácteo nacional ... (Página 38)
Comisión de Cultura
161/000760 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para
permitir a las Comunidades Autónomas salvaguardar las tradiciones
culturales pirotécnicas en la transposición de la correspondiente
Directiva europea ... (Página 39)
161/000774 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la promoción y el respaldo a la industria cultural
del videojuego ... (Página 40)
161/000781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al impulso de un Canal Cultural de televisión en
colaboración con RTVE ... (Página 41)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000746 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social ... (Página 41)
161/000747 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre centros psiquiátricos en instituciones penitenciarias ... (Página 42)
161/000775 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, para el impulso a la prevención del tabaquismo en las
mujeres... (Página 43)
161/000776 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre Plan de Atención a mujeres en déficit hormonal para una
Madurez Saludable ... (Página 44)
161/000778 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre la puesta en marcha de la Comisión Mixta de Coordinación del
Instituto Carlos III, contemplada en el Real Decreto 1183/2008.... (Página 44)
161/000779 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds,
sobre la reflexión y el estudio en relación a la muerte digna ... (Página 45)
Comisión de Vivienda
161/000777 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre fomento de la rehabilitación ... (Página 46)
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000772 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la mejora del sistema de evaluación de
la actividad investigadora ... (Página 46)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000766 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la remisión de un informe anual de
seguimiento de los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo destinados a los
Organismos Multilaterales, a la Comisión de Cooperación para el
Desarrollo del Congreso de los Diputados ... (Página 48)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000755 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la necesidad de divulgar la accesibilidad integral
y los productos de apoyo incrementando su difusión en el año 2009
coincidiendo con el vigésimo aniversario de la creación del Centro
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) ... (Página 48)
161/000756 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, de acceso a la función pública de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental o que padezcan un grado de
discapacidad superior al 49% ... (Página 50)
Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de
Tráfico
161/000763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, en la que se insta al Gobierno a que permita que
las pruebas para la obtención de todos los permisos de conducción se
puedan realizar de nuevo en el municipio valenciano de Xeresa o en otro
punto de la comarca de La Safor ... (Página 50)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001270 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce
Calleja (GP), sobre motivo por el que no se ha incluido en la reciente
cumbre ministerial entre España y Marruecos a los Presidentes de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ... (Página 51)
Comisión de Interior
181/001248 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
(GP), sobre perspectivas de evolución de la criminalidad en España para
el año 2009 ... (Página 52)
181/001249 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
(GP), sobre número de extranjeros detenidos por comisión de delitos en el
año 2008 ... (Página 52)
181/001250 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
(GP), sobre distribución territorial de los delitos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el año 2008... (Página 52)
181/001251 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
(GP), sobre evolución de los delitos de robo con fuerza en las cosas en
el año 2008 ... (Página 52)
181/001252 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
(GP), sobre evolución de los delitos de robo con violencia en el año 2008
... (Página 52)
181/001253 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
(GP), sobre evolución del número de secuestros ocurridos en el año 2008
... (Página 52)
181/001254 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
(GP), sobre evolución del número de homicidios y asesinatos en el año
2008 ... (Página 53)
181/001268 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce
Calleja (GP), sobre previsiones respecto a los centros de Coordinación
conjunta en Algeciras y Tánger de las Policías de España y Marruecos ... (Página 53)
181/001269 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce
Calleja (GP), sobre preparación por el Ministerio del Interior de la
"Operación Jaula" en la ciudad de Algeciras (Cádiz), a fin de cerrar la
ciudad para evitar cualquier huida de cometerse un acto terrorista ... (Página 53)
181/001272 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Guerra
Guerra (GP), sobre valoración de la persecución de la que están siendo
víctimas los Sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía en la Jefatura
Superior de Policía de Las Palmas por la Jefa Superior de Policía en
Canarias ... (Página 53)
Comisión de Defensa
181/001271 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce
Calleja (GP), sobre modo en que afectará geoestratégicamente a España la
construcción, cercana a la ciudad de Ceuta, de una Base Militar Aeronaval
en la ciudad marroquí de Ksar Sghir ... (Página 53)
Comisión de Fomento
181/001208 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau
(GC-CiU), sobre causa por la que los convoyes de mercancías sufren
esperas de hasta siete horas en la estación de Port-Bou, así como medidas
para evitarlas ... (Página 54)
181/001209 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau
(GC-CiU), sobre respuesta a la propuesta de eje ferroviario FERRMED
presentada el día 19/12/2008.... (Página 54)
181/001210 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau
(GC-CiU), sobre fecha prevista para la finalización del estudio de
alternativas para la duplicación de la vía Barcelona-Puigcerdà en el
tramo Montcada-Vic ... (Página 54)
181/001211 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau
(GC-CiU), sobre calendario previsto para el inicio de la licitación de
las obras de duplicación de la línea Barcelona-Puigcerdà entre
Montcada-Vic ... (Página 54)
181/001212 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau
(GC-CiU), sobre opinión del Gobierno acerca de si con las actuales
actuaciones de mejora de la línea
Lleida-Mollerusa-Tàrrega-Cercera-Manresa-Bacelona, ha terminado el
proceso de inversión pública estatal en dicha línea ferroviaria ... (Página 54)
181/001213 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau
(GC-CiU), sobre necesidad de realizar una inversión estratégica en la
línea ferroviaria Lleida-Mollerusa-Manresa-Barcelona que permita
incrementar sustancialmente la utilización de la misma ... (Página 54)
181/001214 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau
(GC-CiU), sobre calendario previsto para la finalización del proyecto de
mejora de la línea Madrid-Barcelona por Caspe, tramo Mora la Nova-Reus
... (Página 55)
181/001220 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Xesús Jorquera
Caselas (GMx), sobre previsiones acerca de optar por un trazado de la
autovía A-54 Lugo-Santiago, en su tramo entre Arzúa y Palas de Rei, que
discurra cercano a la localidad de Melide... (Página 55)
181/001223 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Xesús Jorquera
Caselas (GMx), sobre previsiones acerca de la dotación de más
controladores aéreos en el aeropuerto de Labacolla, en Santiago de
Compostela (A Coruña) ... (Página 55)
181/001224 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Xesús Jorquera
Caselas (GMx), sobre fecha prevista para la puesta en funcionamiento del
nuevo Centro de Control Área Terminal de Galicia, en el aeropuerto de
Labacolla, en Santiago de Compostela (A Coruña) ... (Página 55)
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
181/001261 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre motivos por los que no se han desarrollado los acuerdos
contenidos en los principios de acuerdo entre el Ministerio de Educación
y las centrales sindicales de Ceuta y Melilla, firmados en marzo de 2006
... (Página 55)
181/001262 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre inclusión en el Estatuto de la Función Docente de la
elevación del complemento de jubilación LOGSE, para los profesores de
Ceuta y Melilla ... (Página 55)
181/001263 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre previsiones acerca de ampliar el número de licencias por
estudio manteniendo las retribuciones íntegras una vez efectuadas las
modificaciones legales necesarias ... (Página 56)
181/001264 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre fecha prevista para suscribir un seguro con carácter general
para el profesorado que cubra las responsabilidades derivadas de la labor
docente del mismo ... (Página 56)
181/001265 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre actualización del complemento específico de los profesores
dependientes del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en
un período máximo de dos años a partir del próximo curso ... (Página 56)
181/001266 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre dotación de la plantilla docente del nuevo centro de
educación infantil y primaria denominado "Altos del Real" de la Ciudad
Autónoma de Melilla ... (Página 56)
181/001267 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre oferta Pública de Empleo en el ámbito de actuación del
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en la Ciudad Autónoma
de Melilla ... (Página 56)
Comisión de Trabajo e Inmigración
181/001222 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Xesús Jorquera
Caselas (GMx), sobre requerimiento por el equipo de valoración de
incapacidades (EVI) de A Coruña a los enfermos de asbestosis de la
presentación de un certificado de empresa acreditando que el trabajador
estuvo expuesto al amianto ... (Página 57)
181/001225 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Xesús Jorquera
Caselas (GMx), sobre medidas para que el personal de la Armada que ha
estado en contacto con el amianto pase los reconocimientos médicos
periódicos a los que obliga la normativa ... (Página 57)
181/001226 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Xesús Jorquera
Caselas (GMx), sobre motivos por los que el equipo de valoración de
incapacidades de A Coruña (EVI) está derivando los informes médicos de
afectados de asbestosis de Ferrol a mutuas privadas en lugar de
remitirlos al Instituto de Silicosis de Oviedo ... (Página 57)
181/001255 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre número de personas acogidas en el Centro Temporal de
Inmigrantes (CETI) de Melilla, a fecha 31/12/2008.... (Página 57)
181/001256 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre número de personas acogidas en el Centro Temporal de
Inmigrantes (CETI) de Melilla, durante los años 2000 a 2007 ... (Página 57)
181/001257 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre inversiones realizadas para el acondicionamiento y mejora de
instalaciones del CETI durante el período 2004 a 2008 ... (Página 58)
181/001258 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre suficiencia de las instalaciones del CETI para albergar a los
residentes que habitan en el mismo ... (Página 58)
181/001259 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre incidentes o altercados denunciados entre los residentes del
CETI durante el año 2008 ... (Página 58)
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/001246 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Javier Floriano
Corrales (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si los 220 Hm3 de
agua en que se ha podido incrementar la cantidad que se pueden captar a
través de pozos de emergencia en las Cuencas del Segura y del Júcar
constituyen una disponibilidad permanente, constante y continuada del
recurso ... (Página 58)
181/001247 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Javier Floriano
Corrales (GP), sobre situación de las obras de las desalinizadoras
previstas en el Programa AGUA, no incluidas en el anexo de inversión del
Plan Hidrológico Nacional ... (Página 58)
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001215 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
(GER-IU-ICV), sobre medidas para promover una aplicación del Código Penal
favorable a una mayor utilización de los servicios de salud comunitarios,
frente a los psiquiátricos penitenciarios, en aplicación a la Estrategia
de Salud Mental de 2006 ... (Página 58)
181/001216 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
(GER-IU-ICV), sobre cumplimiento a la Estrategia de Salud Mental en los
psiquiátricos penitenciarios ... (Página 59)
181/001217 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
(GER-IU-ICV), sobre medidas para que los órganos colegiados de los
hospitales penitenciarios cumplan con lo previsto en el artículo 265.4
del Reglamento Penitenciario ... (Página 59)
181/001218 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
(GER-IU-ICV), sobre realización del estudio y reorientación comunitaria
de las medidas de seguridad privativas de libertad en los enfermos
mentales ingresados en los hospitales psiquiátricos penitenciarios de
Fontcalent y Sevilla ... (Página 59)
181/001219 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
(GER-IU-ICV), sobre medidas para apoyar a las asociaciones de familiares
y amigos de enfermos mentales ingresados en los hospitales psiquiátricos
penitenciarios de Fontcalent y Sevilla ... (Página 59)
181/001260 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
(GP), sobre revisión del convenio de colaboración, suscrito entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y el INGESA, para la Unidad de Cuidados
Paliativos ... (Página 59)
181/001273 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepció
Tarruella Tomàs (GC-CiU), sobre calendario previsto en relación a la
inclusión del subgrupo C10AX donde se encuentra el ezetimiba, en la lista
de medicamentos de aportación reducida, en las mismas condiciones en las
que se encuentra actualmente el subgrupo C10AA (estatinas) ... (Página 60)
181/001221 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Xesús Jorquera
Caselas (GMx), sobre previsiones acerca de modificar la normativa
aprobada por la Comisión de Investigación y Doctorado, del 28 de marzo,
para que se puedan leer las tesis doctorales en las lenguas cooficiales
del Estado español ... (Página 60)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
233/000041 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en relación con
la cuestión de inconstitucionalidad número 6488/2001, planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza respecto al
artículo 31.3.a) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, por
vulneración del artículo 25.1 de la Constitución española ... (Página 60)
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los
cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la
plena condición de Diputado.
GARCÍAS COLL, Antonio 26-01-2009
MARTÍN PERÉ, Pablo 10-02-2009
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por
circunscripciones.
Illes Balears:
MARTÍN PERÉ, Pablo PSOE
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: MARTÍN PERÉ, Pablo.
Circunscripción: Illes Balears.
Número: 370.
Fecha: 4 de febrero de 2009.
Formación electoral: PSOE.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000008
Grupo Parlamentario Socialista (010/000002)
Número de miembros al 11 de febrero de 2009: 169.
GARCÍAS COLL, Antonio 26-01-2009
MARTÍN PERÉ, Pablo 10-02-2009
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000024
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia:
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Solicitud de creación, en el seno de la Comisión de Justicia, de una
Subcomisión de estudio sobre la disponibilidad de la propia vida.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión Constitucional, a los efectos
de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de
1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en la Resolución N. 14 de la Presidencia del
Congreso del 26 de junio de 1996,
sobre procedimiento de creación. y reglas de funcionamiento de las
Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, y de conformidad
con los artículos 44 y 45 del Reglamento de la Cámara el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Propuesta de creación de una
Subcomisión de estudio sobre la disponibilidad de la propia vida, para su
debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El artículo 10.1 de la Constitución Española de 1978 expresa las
características fundamentales del Estado democrático de Derecho,
afirmando que "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le
son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la
ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de
la paz social". Los derechos fundamentales de la persona proclamados en
la Constitución son, pues, inherentes a su dignidad y la dotan de
contenido material. No pueden, por tanto, ser entendidos de forma
contradictoria con lo dispuesto en el mencionado precepto, que ha de ser
considerado como "tipo rector" de la interpretación constitucional de los
derechos y libertades. En otros términos, los derechos fundamentales de
la persona emanan de la proclamación de su dignidad como fundamento del
orden político y de la paz social, y de conformidad con los valores
superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo 1 de la
propia norma fundamental.
La vida, como objeto de protección jurídica, no presenta, en principio,
ningún problema desde el punto de vista de su reconocimiento
constitucional; así, el artículo 15 de nuestra Constitución proclama
taxativamente que "todos tienen derecho a la vida". Una interpretación
integradora de vida y libertad y, por consiguiente, una interpretación
del artículo 15 a la luz del libre desarrollo de la personalidad obliga a
considerar que la vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede
merecer en todo caso el calificativo de bien jurídico protegido. En otras
palabras, la vida es un derecho, no un deber. Por ello, debe ser
rechazada una ficticia confrontación entre vida y libertad que se
pretenda resolver apelando a la prevalencia formal de una sobre otra, en
base a criterios tales como la ordenación sistemática, la intensidad de
la tutela penal o la prioridad biológico-natural.
La regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el suicidio
ha de ser abordada, pues, desde una perspectiva que descanse en los
principios anteriormente expuestos y, por consiguiente, afirme el
reconocimiento de la disponibilidad sobre la propia vida y,
correlativamente, el derecho a morir.
Sin embargo, la especial importancia de la vida, la irreversibilidad de
las consecuencias de la decisión, la eventual necesaria implicación de
terceros y la vulnerabilidad de los procesos de toma de decisión en
determinadas situaciones y etapas vitales hacen necesaria una reflexión
previa y un estudio racional antes de adoptar cuantas medidas sean
posibles en orden a garantizar la plena libertad de la voluntad.
El propio Gobierno ha señalado como prioritarias las medidas relacionadas
con los cuidados paliativos, el testamento vital y la supresión del
ensañamiento terapéutico.
Por estos motivos, la creación de una Subcomisión especifica para el
estudio sobre la disponibilidad de la propia vida permitiría desarrollar
esta reflexión y avanzar propuestas concretas, teniendo en cuenta las
medidas relativas al Registro Nacional de Instrucciones Previas y a la
Estrategia de cuidados paliativos, en vigor en España, así como las
experiencias de otros países de nuestro entorno.
Por todo ello se presenta la siguiente
"Propuesta de creación en el seno de la Comisión de Justicia de una
Subcomisión de estudio sobre la disponibilidad de la propia vida
"El Pleno del Congreso de los Diputados, a propuesta de la Comisión de
Justicia, acuerda la creación en el seno de la misma de una Subcomisión
de estudio sobre la disponibilidad de la propia vida, con el objetivo de
realizar un informe de reflexión y propuestas sobre la muerte digna, en
el que también se evalúe el cumplimiento de las medidas relativas al
Registro Nacional de Instrucciones Previas y a la Estrategia de cuidados
paliativos.
Dicha Subcomisión tendrá la siguiente composición, reglas de organización
y funcionamiento, y plazo de finalización de sus trabajos:
Composición
Dos diputados en representación de cada Grupo que tenga más de cien
escaños, y un diputado en representación de cada Grupo que tenga menos de
cien.
Reglas de organización y funcionamiento
1) Sistema de decisión: En el proceso de decisión de acuerdos, los
representantes de cada Grupo Parlamentario tendrán un voto ponderado
proporcional a su representación en esta Cámara.
2) Designación de comparecientes: Cada Grupo Parlamentario tendrá derecho
a designar hasta un máximo de cuatro ponentes para recabar la información
oportuna para cumplir con el objeto de la Subcomisión.
3) Documentación: Cada Grupo Parlamentario podrá recabar, en cualquier
momento de los trabajos de la Subcomisión, la información que considere
oportuna para cumplir con el objeto de la Subcomisión.
Plazo de finalización de los trabajos de la Subcomisión
En el plazo de seis meses desde su constitución, la Subcomisión sobre la
disponibilidad de la propia vida
elevará a la Comisión de Justicia un informe para su aprobación, con los
votos particulares oportunos de los Grupos Parlamentarios
discrepantes.""
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
158/000025
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de
Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, sobre protección de los animales.
Acuerdo:
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura
y Pesca, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia
de 26 de junio de 1996, advirtiendo que, conforme a lo dispuesto en el
punto tercero de la citada Resolución, la Comisión ha de concretar, en su
caso, en su propuesta de creación, la composición de la Subcomisión. En
el supuesto de que dicho extremo no quede resuelto expresamente, la
composición de la Subcomisión se ajustaría a lo dispuesto en la Cámara
para las Ponencias.
Asimismo, comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana- Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds, al amparo de la Resolución 14 de la Presidencia del
Congreso de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y
reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las
Comisiones de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de creación de
una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, sobre protección de los animales.
Exposición de motivos
La sociedad moderna, culta y sensible, debe incorporar entre sus objetivos
básicos y prioritarios la defensa de aquellos colectivos y sectores
especialmente débiles, frágiles o con dependencia. Por esta razón
entendemos que los animales, como seres sensibles al dolor y al
sufrimiento, con derecho a vivir de acuerdo con sus características
biológicas, tienen que ser defendidos por el conjunto de la sociedad y,
especialmente, por las instituciones. Es necesaria una política integral
de defensa de los animales, con la protección de sus derechos así como
con la actuación contundente contra los humanos que los agreden.
Los casos de maltrato, en un sentido extenso, son muy numerosos. La
conciencia social va en aumento y este hecho hace que también las
instituciones públicas se deban implicar más, escuchando y poniendo en
práctica lo que la sociedad demanda constantemente, a través de
colectivos de protección de animales y otras instituciones organizadas
que dan voz a los animales.
Por otra parte, es relevante el hecho que la Comisión de Peticiones del
Senado, órgano que tramita las quejas y propuestas de los ciudadanos,
tramite cada mes entre 40 y 50 solicitudes correspondientes a la
ampliación de los derechos de los animales de las 200 que reciben
mensualmente.
España debería alcanzar los estándares mínimos de protección y respeto
hacia los animales de otros países europeos como Suecia, Austria,
Inglaterra, Bélgica, Alemania, Holanda o Suiza.
Por estos motivos, la creación de una Subcomisión específica de protección
de los animales permitiría el estudio de:
- El reconocimiento de un conjunto de derechos e intereses inherentes a la
condición de los animales como seres dotados de sensibilidad física y
psíquica, sensibles al dolor, que impida la explotación abusiva y cruel,
así como el maltrato o sufrimiento inútil.
- El desarrollo de la concienciación y la sensibilización y el respeto
hacia los animales que prevea, reduzca y anule el maltrato y la violencia
ejercida contra ellos.
- La creación de una relación armoniosa entre el ser humano y los animales
que propicie cualquier acto que estimule el respeto hacia todos los seres
vivos.
Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente
Propuesta de creación de Subcomisión en el seno de la Comisión de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino para el estudio de la protección de los
animales.
La Comisión de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino determinará, a
instancias de la Mesa y portavoces, el número de diputados que cada Grupo
Parlamentario designará para dicha Subcomisión.
Reglas de organización y funcionamiento
1) Objeto de la Subcomisión: La realización de un estudio sobre las
posibles medidas a llevar a cabo con la finalidad de la mejora del
bienestar animal, y que entre otras, tenga en cuenta la reforma del
código penal, para corregir ciertas carencias en la tipificación del
maltrato a animales como delito; la propuesta de una regulación que
armonice las leyes sobre protección de los animales; la creación de un
Consejo Estatal Asesor de Protección de los Animales así como del
defensor del animal; la adopción de las medidas legales pertinentes para
la efectividad del Reglamento (CE) número 1523/2007, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por el cual se prohíbe
la comercialización y la importación a la Comunidad, o exportación desde
ésta, de pieles de perro y de gato y de productos que las contengan; la
adecuación de la legislación española a los principios del Proyecto Gran
Simio, tal y como se aprobó en Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca el 25 de Junio de 2008.
2) Sistema de decisión: En el proceso de decisión de acuerdos, los
representantes de cada Grupo Parlamentario tendrán un voto ponderado
proporcional a su representación en esta Cámara.
3) Designación comparecientes: Cada Grupo Parlamentario tendrá derecho a
designar hasta un máximo de cuatro ponentes para recabar la información
oportuna para cumplir con el objeto de la Subcomisión.
4) Documentación: Cada Grupo Parlamentario podrá recabar, en cualquier
momento de los trabajos de la Subcomisión, la información que considere
oportuna para cumplir con el objeto de la Subcomisión.
Plazo de finalización los trabajos de la subcomisión
En el plazo de seis meses desde su constitución, la Subcomisión de
protección de los animales, elevará a la Comisión de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino un informe para su aprobación, con los votos
particulares oportunos de los Grupos Parlamentarios discrepantes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
SECRETARÍA GENERAL
292/000014
CONVOCATORIA INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE MÉDICO EN EL
GABINETE MÉDICO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión celebrada el día 3 de
febrero de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del
Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, ha
acordado la convocatoria interna para la provisión, en régimen de
contratación laboral, de una plaza de Médico en el Gabinete Médico del
Congreso de los Diputados.
La plaza estará dotada con la remuneración que se establezca en el
Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
Primera. Funciones.
Las funciones del puesto serán las propias del ejercicio de la profesión
de Médico al servicio de los señores Diputados y del personal de la
Cámara.
Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible reunir los
siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal laboral del Congreso de los Diputados.
b) Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía, junto
con el de Especialista de Medicina Familiar y Comunitaria o en Medicina
Interna.
c) No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado,
por cualesquiera causas, para el ejercicio profesional en el desempeño de
funciones públicas.
Todos los requisitos enumerados en la presente base deberán poseerse en el
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Tercera. Comisión de Selección.
La resolución del proceso selectivo será realizada por la Comisión de
Selección designada por la Mesa del Congreso de los Diputados que estará
integrada por los siguientes miembros:
Un miembro de la Mesa de la Cámara que presidirá la Comisión.
- El Secretario General Adjunto para Asuntos Administrativos del Congreso
de los Diputados.
- La Directora de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaria
General del Congreso de los Diputados.
- Un Catedrático de la Facultad de Medicina.
- Un Médico del Gabinete Médico del Congreso de los Diputados o del
Senado, que actuará como Secretario.
Uno de los miembros del Comité de Empresa podrá participar como observador
en el proceso de selección.
La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia,
cuando menos, de tres de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate
el voto de calidad del Presidente de la Comisión de Selección.
Cuarta. Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en este proceso de selección, que se
ajustarán al modelo que se publica al final de la convocatoria como anexo
I, deberán dirigirse al Secretario General del Congreso de los Diputados,
y se presentarán, en el Registro de la Dirección de Recursos Humanos y
Gobierno Interior de la Secretaría General de dicha Cámara, en el plazo
de diez días naturales, contados a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección
Congreso de los Diputados, en días laborables excepto sábados de las diez
a las catorce horas, o remitirse en cualquiera de las formas previstas en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
El candidato consignará en la solicitud su nombre y apellidos, número de
D.N.I., domicilio, teléfono y demás datos reflejados en el modelo de
solicitud. En particular deberá manifestar de manera clara y expresa el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la base segunda de la
convocatoria, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo
señalado para la presentación de solicitudes. Asimismo deberá expresar
necesariamente el título que aduce para participar en el proceso de
selección, así como los méritos que pretende hacer valer en el mismo, los
cuales deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de
presentación de solicitudes. Por último deberá acompañar fotocopia del
documento nacional de identidad.
El candidato hará constar expresamente en su instancia que, en caso de
resultar seleccionado, presentará los documentos previstos en la base
décima y que asume el compromiso de firmar el correspondiente contrato e
incorporarse al servicio de la Secretaría General del Congreso de los
Diputados en el plazo de un mes a contar desde la notificación del
acuerdo de la Mesa de la Cámara autorizando su contratación.
El domicilio que figure en las instancias se considerará el único válido a
efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante
tanto los errores en la consignación del mismo como la comunicación al
organismo convocante de cualquier cambio de dicho domicilio.
Quinta. Admisión de aspirantes.
Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de
Selección dictará resolución declarando aprobada la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, con expresión
de los motivos de exclusión en cada caso, la cual se hará pública en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Congreso de los
Diputados, en el tablón de anuncios de la Cámara y en la página Web de la
misma. A efectos de lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con esta publicación se considerará realizada la
oportuna notificación a los interesados.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la
relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de
cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de dicha resolución, para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Finalizado dicho plazo,
la Comisión de Selección hará pública, mediante el mismo procedimiento,
la resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos.
Sexta. Procedimiento de selección.
El proceso de selección constará de dos partes:
a) Valoración de los méritos a que se refiere la base séptima de la
convocatoria y
b) Realización de una entrevista personal.
Séptima. Valoración de méritos.
Se tendrán en cuenta los siguientes méritos:
1. Experiencia en atención primaria, en la Especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria o en la de Medicina Interna fuera del Congreso de
los Diputados. Se valorará con 0,25 puntos cada mes de experiencia
acreditada documentalmente, hasta un máximo de 15 puntos.
2. Experiencia en el ejercicio de la Medicina en el Congreso de los
Diputados. Se valorará con 0,5 puntos cada mes de servicio en la Cámara
en el ejercicio de la Medicina, hasta un máximo de 20 puntos.
3. Formación. Se valorarán los cursos de carácter oficial, directamente
relacionados con la atención primaria, la Especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria, o la de Medicina Interna, hasta un máximo total
de 3 puntos, en los siguientes términos:
- Cursos de duración entre diez y treinta horas lectivas: 0,25 puntos por
cada uno de ellos.
- Cursos de duración superior a treinta horas lectivas: 0,5 puntos por
cada uno de ellos.
4. Asistencia a Congresos, Jornadas o Simposios relacionados con la
atención primaria, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria o
la de Medicina Interna. Se valorarán con 0,25 puntos cada uno de ellos
hasta un máximo de 2 puntos.
Concluida la valoración de méritos la Comisión de Selección hará publica
en el tablón de anuncios de la Cámara, y en la página Web de la misma, la
relación de las puntuaciones obtenidas en la misma por los candidatos
admitidos al proceso de selección.
Octava. Entrevista personal.
Los aspirantes que alcancen al menos una valoración total de méritos de 15
puntos serán convocados por la Comisión de Selección para la realización
de la entrevista personal.
Dicha entrevista versará sobre la experiencia profesional de los
aspirantes, funciones específicas del puesto convocado, y, en general,
sobre aclaraciones que se consideren necesarias con relación a la
documentación aportada por el aspirante para justificar los méritos
aducidos.
Novena. Aspirante propuesto.
Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selección hará público en
el tablón de anuncios de la Cámara y en la página Web de la misma el
nombre del candidato cuya contratación se proponga.
Décima. Presentación de documentos.
Con carácter previo a la formalización del contrato, y en el plazo de
veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se
haga público el nombre del aspirante propuesto para su contratación, éste
deberá presentar en la Dirección Recursos Humanos y Gobierno Interior de
la Secretaría General del Congreso de los Diputados la documentación que
justifique la capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la
convocatoria, y en particular los siguientes:
a) Documento nacional de identidad original y fotocopia para su compulsa.
b) Documento original del título por el que haya sido admitido a
participar en el proceso selectivo, con arreglo a lo dispuesto en la base
segunda de la convocatoria, y fotocopia del mismo para su compulsa.
Si el candidato propuesto no presentase la citada documentación dentro del
plazo fijado, salvo caso de fuerza mayor, o del examen de la misma se
dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en la base
segunda, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
Undécima. Formalización contractual y periodo de prueba.
Una vez que la Mesa del Congreso de los Diputados acuerde la autorización
para la contratación, el órgano competente procederá a la notificación al
interesado de dicho acuerdo, y se procederá a la formalización del
contrato dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de dicha
notificación.
Transcurrido el periodo de prueba de seis meses, el candidato contratado
que lo supere satisfactoriamente adquirirá la condición de personal
laboral fijo.
Duodécima. Recursos.
La presente convocatoria podrá ser recurrida ante la Mesa del Congreso de
los Diputados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Asimismo, las resoluciones de la Comisión de Selección y los actos de
trámite de la misma que determinen la imposibilidad de continuar el
proceso selectivo o que produzcan indefensión podrán ser impugnados ante
la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación. La resolución adoptada por
la Mesa de la Cámara pondrá fin a la vía administrativa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-El Presidente
del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez.
1. PUESTO O PLAZA A QUE ASPIRA:;Fecha de publicación de la convocatoria;
Día;Mes;Año;
2. DATOS PERSONALES:;
PRIMER APELLIDO:;SEGUNDO APELLIDO:;
NOMBRE:;D.N.I.;FECHA DE NACIMIENTO;PROVINCIA DE NACIMIENTO;
Día;Mes;Año;
DOMICILIO: (Calle o plaza y número, piso, esc., etc.);TELÉFONO (con
prefijo);
LOCALIDAD:;PROVINCIA:;CÓDIGO POSTAL:;
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se
refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella, que reúne los requisitos establecidos en la base
segunda de la convocatoria anteriormente citada y que se COMPROMETE a
probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud, así
como, en caso de resultar seleccionado, firmar el correspondiente
contrato e incorporarse a su puesto de trabajo en el plazo de un mes a
contar desde la notificación del acuerdo de la Mesa por el que se
autoriza su contratación.
En Madrid, a .................. de
........................................ de 200 ....
EXCMO. SR. SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
[**********página con cuadro**********]
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA ACCESO A PLAZAS DE
PERSONAL LABORAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
CONVOCATORIA INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE AYUDANTE TÉCNICO
SANITARIO/DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA EN EL GABINETE MÉDICO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión celebrada el día 3 de
febrero de 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del
Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, ha
acordado la convocatoria interna para la provisión, en régimen de
contratación laboral, de dos plazas de Ayudante Técnico
Sanitario/Diplomado Universitario en Enfermería en el Gabinete Médico del
Congreso de los Diputados.
Las plazas estarán dotadas con la remuneración que se establezca en el
Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
Primera. Funciones.
Las funciones del puesto serán las propias del ejercicio de la profesión
de Ayudante Técnico Sanitario/Diplomado Universitario en Enfermería al
servicio de los señores Diputados y del personal de la Cámara.
Segunda. Requisitos.
Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible reunir los
siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal laboral del Congreso de los Diputados.
b) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería o
equivalente.
c) No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado,
por cualesquiera causas, para el ejercicio profesional en el desempeño de
funciones públicas.
Todos los requisitos enumerados en la presente base deberán poseerse en el
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Tercera. Comisión de Selección.
La resolución del proceso selectivo será realizada por la Comisión de
Selección designada por la Mesa del Congreso de los Diputados que estará
integrada por los siguientes miembros:
- Un miembro de la Mesa de la Cámara que presidirá la Comisión.
- El Secretario General Adjunto para Asuntos Administrativos del Congreso
de los Diputados.
- La Directora de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría
General del Congreso de los Diputados.
- Un Profesor de Escuela Universitaria de Enfermería.
- Un Médico del Gabinete Médico del Congreso de los Diputados o del
Senado, que actuará como Secretario.
Uno de los miembros del Comité de Empresa podrá participar como observador
en el proceso de selección.
La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia,
cuando menos, de tres de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate
el voto de calidad del Presidente de la Comisión de Selección.
Cuarta. Solicitudes.
Las solicitudes para tomar parte en este proceso de selección, que se
ajustarán al modelo que se publica al final de la convocatoria como anexo
I, deberán dirigirse al Secretario General del Congreso de los Diputados,
y se presentarán en el Registro de la Dirección de Recursos Humanos y
Gobierno Interior de la Secretaría General de dicha Cámara, en el plazo
de diez días naturales, contados a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección
Congreso de los Diputados, en días laborables, excepto sábados, de las
diez a las catorce horas, o remitirse en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Los candidatos consignarán en la solicitud su nombre y apellidos, número
de D.N.I,, domicilio, teléfono y demás datos reflejados en el modelo de
solicitud. En particular deberán manifestar de manera clara y expresa el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la base segunda de la
convocatoria, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo
señalado para la presentación de solicitudes. Asimismo deberán expresar
necesariamente el título que aducen para participar en el proceso de
selección, así como los méritos que pretenden hacer valer en el mismo,
los cuales deberán acreditarse documentalmente dentro del plazo de
presentación de solicitudes. Por último deberá acompañar fotocopia del
documento nacional de identidad.
Los candidatos harán constar expresamente en su instancia que, en caso de
resultar seleccionados, presentarán los documentos previstos en la base
décima y que asumen el compromiso de firmar los correspondientes
contratos e incorporarse al servicio de la Secretaría General del
Congreso de los Diputados en el plazo
de un mes a contar desde la notificación del acuerdo de la Mesa de la
Cámara autorizando su contratación.
El domicilio que figure en las instancias se considerará el único válido a
efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante
tanto los errores en la consignación del mismo como la comunicación al
organismo convocante de cualquier cambio de dicho domicilio.
Quinta. Admisión de aspirantes.
Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de
Selección dictará resolución declarando aprobada la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, con expresión
de los motivos de exclusión en cada caso, la cual se hará pública en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Congreso de los
Diputados, en el tablón de anuncios de la Cámara y en la página Web de la
misma. A efectos de lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con esta publicación se considerará realizada la
oportuna notificación a los interesados.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la
relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de
cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de dicha resolución, para subsanar el defecto que haya
motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Finalizado dicho plazo,
la Comisión de Selección hará pública, mediante el mismo procedimiento,
la resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos.
Sexta. Procedimiento de selección.
El proceso de selección constará de dos partes:
a) Valoración de los méritos a que se refiere la base séptima de la
convocatoria, y
b) realización de una entrevista personal.
Séptima. Valoración de méritos.
Se tendrán en cuenta los siguientes méritos:
1. Experiencia en el ejercicio de la profesión de Ayudante Técnico
Sanitario/Diplomado Universitario en Enfermería fuera del Congreso de los
Diputados. Se valorará con 0,25 puntos cada mes de experiencia acreditada
documentalmente, hasta un máximo de 10 puntos.
2. Experiencia en el ejercicio de la profesión de Ayudante Técnico
Sanitario/Diplomado Universitario en Enfermería en el Congreso de los
Diputados. Se valorará con 0,5 puntos cada mes de servicio en la Cámara
en el ejercicio de la profesión, hasta un máximo de 15 puntos
3. Formación. Se valorarán los cursos de carácter oficial, directamente
relacionados con el ejercicio de la profesión de Ayudante Técnico
Sanitario/Diplomado Universitario en Enfermería, hasta un máximo total de
3 puntos, en los siguientes términos:
- Cursos de duración entre diez y treinta horas lectivas: 0,25 puntos por
cada uno de ellos.
- Cursos de duración superior a treinta horas lectivas: 0,5 puntos por
cada uno de ellos.
4. Asistencia a Congresos, Jornadas o Simposios relacionados con el
ejercicio de la profesión de Ayudante Técnico Sanitario/Diplomado
Universitario en Enfermería. Se valorarán con 0,25 puntos cada uno de
ellos hasta un máximo de 2 puntos.
Concluida la valoración de méritos la Comisión de Selección hará publica
en el tablón de anuncios de la Cámara, y en la página Web de la misma, la
relación de las puntuaciones obtenidas en la misma por los candidatos
admitidos al proceso de selección.
Octava. Entrevista personal.
Los aspirantes que alcancen al menos una valoración total de méritos de 10
puntos serán convocados por la Comisión de Selección para la realización
de la entrevista personal.
Dicha entrevista versará sobre la experiencia profesional de los
aspirantes, funciones específicas del puesto convocado, y, en general,
sobre aclaraciones que se consideren necesarias con relación a la
documentación aportada por el aspirante para justificar los méritos
aducidos.
Novena. Aspirantes propuestos.
Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selección hará público en
el tablón de anuncios de la Cámara y en la página Web de la misma el
nombre de los candidatos cuya contratación se proponga.
Décima. Presentación de documentos.
Con carácter previo a la formalización del contrato, y en el plazo de
veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se
haga público el nombre de los aspirantes propuestos para su contratación,
éstos deberán presentar en la Dirección Recursos Humanos y Gobierno
Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados la
documentación que justifique la capacidad y requisitos exigidos en la
base segunda de la convocatoria, y en particular los siguientes:
a) Documento nacional de identidad original y fotocopia para su compulsa.
b) Documento original del título por el que haya sido admitido a
participar en el proceso selectivo, con
arreglo a lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria, y fotocopia
del mismo para su compulsa.
Si los candidatos propuestos no presentasen la citada documentación dentro
del plazo fijado, salvo caso de fuerza mayor, o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la base
segunda, no podrán ser contratados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
Undécima. Formalización contractual y periodo de prueba.
Una vez que la Mesa del Congreso de los Diputados acuerde la autorización
para la contratación, el órgano competente procederá a la notificación a
los interesados de dicho acuerdo, y se procederá a la formalización del
contrato dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de dicha
notificación.
Transcurrido el periodo de prueba de dos meses, los candidatos contratados
que lo superen satisfactoriamente adquirirán la condición de personal
laboral fijo.
Duodécima. Recursos.
La presente convocatoria podrá ser recurrida ante la Mesa del Congreso de
los Diputados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Asimismo, las resoluciones de la Comisión de Selección y los actos de
trámite de la misma que determinen la imposibilidad de continuar el
proceso selectivo o que produzcan indefensión podrán ser impugnados ante
la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación. La resolución adoptada por
la Mesa de la Cámara pondrá fin a la vía administrativa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-El Presidente
del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez.
1. PUESTO O PLAZA A QUE ASPIRA:;Fecha de publicación de la convocatoria;
Día;Mes;Año;
3. TITULACIÓN:;
TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA:;CENTRO DE EXPEDICIÓN:;
OTROS TÍTULOS ACADÉMICOS:;CENTRO DE EXPEDICIÓN:;
4. EXPERIENCIA:;
Como Ayudante Técnico Sanitario fuera del Congreso de los Diputados:
.............. meses.Como Ayudante Técnico Sanitario en el Congreso de
los Diputados: .......... meses;
5. FORMACIÓN (Cursos de carácter oficial relacionados con la titulación
exigida)..........................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
............................;
6. ASISTENCIA A CONGRESOS, JORNADAS Y SIMPOSIOS (relacionados con la
titulación
exigida)..........................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
.................;
En Madrid, a .................. de
........................................ de 200 ....
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA ACCESO A PLAZAS DE
PERSONAL LABORAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en artículo 2.° del Estatuto del Personal
de las Cortes Generales, con fecha 6 de febrero de 2009 el Excmo. Sr.
Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a don
lldefons Muñoz i Artigues, a propuesta del Excmo. Sr. don Joan Ridao i
Martín, con efectos de 10 de febrero de 2009 y con carácter de personal
eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores
Diputados del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/000764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y ss del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la participación de los
ciudadanos en los procesos de elaboración de las iniciativas
legislativas, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Uno de los principales valores que caracterizan a las sociedades más
avanzadas y que son defendidos por los respectivos Estados son, sin duda,
los valores de participación democrática, de tal manera que democracia y
participación se han transformado en dos conceptos sinónimos y
complementarios. Favorecer la intervención y participación de los
ciudadanos, en todos aquellos asuntos y materias que afectan a las
competencias y los procesos previos a la toma de decisiones en las
respectivas instituciones públicas, debe ser un objetivo permanente de
los responsables políticos.
Nuestra Carta Magna no es ajena a estos objetivos cuando en su artículo
9.2, mandata a los poderes públicos a "facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
La participación ciudadana en los asuntos públicos y el establecimiento de
unas estructuras que permitan y posibiliten su intervención en las
actuaciones de los representantes políticos en las instituciones, se ha
convertido en una materia que ha suscitado, permanentemente, el interés
de estudiosos e investigadores en la búsqueda de fórmulas que lo
faciliten.
No es suficiente con que desde los partidos políticos, o instancias del
poder, se conozca e interprete la opinión de los ciudadanos cuando son
llamados a participar en los procesos electorales, o sean conocidas sus
opiniones mediante la elaboración periódica de sondeos, no; es necesario
establecer fórmulas que permitan una mayor participación en los
procedimientos precedentes a la toma de decisión.
Los medios de comunicación, y la llamada Sociedad de la Información, con
la expansión experimentada en los últimos años en las redes de
telecomunicaciones, están facilitando permanentemente todo tipo de
información, y pone a disposición de los usuarios los datos necesarios
sobre todas aquellas iniciativas que son promovidas por los poderes
públicos y los representantes políticos en las instituciones; paso previo
en la formación de la opinión, e imprescindible para que pueda existir
una efectiva contribución de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Las nuevas tecnologías han abierto un abanico de posibilidades tan
importante, que su utilización está permitiendo establecer nuevas
fórmulas de participación en los procesos previos a la adopción de
resoluciones en las diferentes instituciones y han posibilitado la
apertura de nuevos cauces de comunicación con sus representantes. Estas
posibilidades que se nos brindan, deben de ser aprovechadas por los
poderes públicos para estimular la intervención de los ciudadanos sobre
cualquier materia sobre la que puedan sentirse afectados, o simplemente
interesados, facilitando los medios que permitan aportar sus opiniones,
sugerencias o propuestas.
Son muchas las experiencias existentes sobre la materia. Basta señalar que
buena parte de las instituciones más próximas a los ciudadanos, los
ayuntamientos españoles, tienen establecidos y reglamentados los cauces
que permiten y facilitan su cooperación; con las experiencias que se han
podido obtener, ya se ha demostrado su utilidad, si bien es cierto, que
son en estas instituciones en las que más fácilmente se pueden establecer
las fórmulas mas avanzadas para el cumplimiento de estos objetivos.
La práctica totalidad de las Comunidades Autónomas y la Administración
General del Estado también tienen reglamentados los cauces de atención al
ciudadano y algunos casos, también, para la participación sobre aquellas
materias que pueden tener un mayor interés.
Dicho esto, podría parecer que los cauces para la aportación de los
ciudadanos en los asuntos públicos ya están suficientemente establecidos,
pero no es así; no es suficiente con poner a su disposición una
información en la que se dé a conocer planes elaborados o legislación ya
aprobada. Cada día existe una mayor necesidad en promover una sociedad
democrática más participativa y establecer una estructura orgánica que
posibilite la intervención de los ciudadanos en los procesos políticos de
decisión, promoviendo que la sociedad civil se convierta en un
interlocutor en la discusión pública, mejorando o, como en este caso,
habilitando los cauces que faciliten su contribución en los
procedimientos legislativos.
La Señora Vicepresidenta del Gobierno, en su primera comparecencia de la
VIII Legislatura ante la Comisión Constitucional del Congreso, transmitía
uno de los propósitos del Gobierno cuando afirmaba que "uno de los
objetivos prioritarios del Gobierno en esta legislatura es mejorar la
calidad democrática de nuestro sistema político, y esto significa, en
primer lugar, respetar a la ciudadanía escuchando su voz", y anunciaba un
compromiso cuando decía que "apoyaré con decisión todas aquellas
iniciativas que, nacidas en el seno de las Cámaras, se orienten a la
agilización del trabajo parlamentario, a potenciar la participación de
los ciudadanos y de los grupos en que se integran".
Si bien es cierto que dentro de las medidas anunciadas por el Gobierno
para la mejora de la Administración, incluidas dentro del Plan Moderniza
para el periodo 2006-2008, se anunció la posibilidad de someter a
consulta pública "determinados anteproyectos de normas así como planes,
programas o cualquier otra acción antes de su aprobación", la realidad
confirma que la aplicación práctica de esta iniciativa ha tenido un
carácter muy excepcional.
Desde el Grupo Parlamentario Popular no solamente compartimos el objetivo,
sino que pretendemos, a través de esta iniciativa, impulsar la
concurrencia de los ciudadanos en los procedimientos legislativos
promovidos desde el Gobierno de manera generalizada, de tal forma que
contribuyamos a que, como decía la Señora Vicepresidenta, "se sientan
identificados además de representados": Todo ello con independencia de
realizar las modificaciones normativas que sean precisas para la
consecución de esta finalidad en aquellas iniciativas legislativas que
tengan su origen en las Cortes Generales.
Para el cumplimiento de este objetivo es necesario habilitar los adecuados
mecanismos de participación que permitan la comunicación de los
ciudadanos con el Gobierno y sus representantes políticos, y faciliten la
transmisión de sus opiniones, sugerencias y aportaciones, de manera
generalizada, sobre las iniciativas legislativas iniciadas por el
Gobierno, previamente a su tramitación en el Congreso de los Diputados
como Proyecto de Ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo de
tres meses:
Primero.-Incorpore a la página Web 060.es la información específica sobre
los Anteproyectos de Ley elaborados en el ámbito de la Administración
General del Estado y los antecedentes que se consideren necesarios sobre
los mismos.
Segundo.-Establezca la normativa precisa, para arbitrar el procedimiento
de participación de los ciudadanos en los momentos previos a la
aprobación por el Consejo de Ministros como Proyectos de Ley, con la
finalidad de estimular la participación ciudadana en los procesos
legislativos y facilitar la presentación de sus propuestas, sugerencias u
opiniones sobre las iniciativas legislativas del Gobierno, que formaran
parte de la documentación remitida al Congreso de los Diputados para la
tramitación de la iniciativa legislativa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2009.-Rafael Merino
López, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Proposición no de Ley sobre la revisión y denuncia de los acuerdos del
Estado con la Santa Sede.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, entendiendo que en sus apartados 2 y 3 se insta al
Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, y
disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo,
dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
revisión y denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede, para su
debate en Comisión Justicia.
Exposición de motivos
En los últimos años la sociedad española ha experimentado una profunda
secularización, sin embargo no ha sucedido lo mismo con el Estado. Los
sucesivos gobiernos del Estado español han mantenido unas relaciones
políticas con la institución de la Iglesia Católica que la han
garantizado una situación claramente privilegiada en numerosos aspectos
sociales, educativos, culturales y económicos.
La financiación del clero y de la Conferencia Episcopal, la enseñanza de
la religión en la escuela, un régimen abusivo de conciertos con la
enseñanza privada, un régimen fiscal más que favorable y un protocolo
institucional que la convierte sin fundamento jurídico en religión
oficial, son algunos de estos privilegios recogidos en el Acuerdo General
de 1976 que revisaba el Concordato de 1953. Un acuerdo que fue completado
con el "Acuerdo sobre Asuntos Culturales y Educativos" (Acuerdo de la
Santa Sede). Este Acuerdo data de enero de 1979, aspecto nada baladí
teniendo en cuenta que tan sólo un mes antes fue aprobada la Constitución
española y que este protocolo se negoció con el Vaticano por un gobierno
preconstitucional.
Con respecto al contenido del acuerdo, una de las cuestiones fundamentales
es la situación de privilegio (que no de derecho), de la iglesia en el
sistema educativo. Un pacto que determina que la asignatura de religión
tendrá el mismo rango que el resto de asignaturas fundamentales, es
decir, será tan importante como las matemáticas, el inglés, la historia.
Del mismo modo se establece que la asignatura de religión católica
siempre se impartirá en el período lectivo, sus libros son los únicos que
no pueden ser revisados por la autoridad educativa y los profesores de
religión son elegidos por los obispos y pagados por el Estado (son los
únicos a los que la administración les permite educar sin que la propia
administración compruebe su preparación para ello).
Este protocolo es producto de un contexto histórico superado por nuestra
democracia hace mucho tiempo y en el que la Iglesia mantenía un poder
extraordinario como consecuencia de su alianza con el franquismo. Un
acuerdo que le ha servicio como cadena de hierro con el que maniatar a
los gobiernos democráticos, que aun hoy sigue vigente y que no tiene
visos de ser revisado.
Por todo ello se presenta, para su debate en Comisión, la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Revise los acuerdos del Estado con la Santa Sede del 1975 al 1979 que
posibilitan la financiación de la Iglesia Católica, de acuerdo con un
Estado aconfesional y de manera que no tenga un trato de privilegio
respecto a otras religiones.
2. Reforme la Ley Orgánica de Libertad Religiosa aprobada el 1980 de
manera que no se favorezca a la jerarquía católica ofreciéndole un trato
diferencial.
3. Reforme la Ley de Asociaciones, con el fin de que en su ámbito de
aplicación la Iglesia Católica no reciba ningún privilegio respecto otras
confesiones religiosas.
4. Suprima los símbolos religiosos de los actos Institucionales de toma de
posesión elaborando un protocolo civil."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
Comisión de Justicia
161/000749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las
ceremonias de acatamiento y promesa de cargos y funciones públicas, para
su debate en la Comisión de Justicia.
La toma de posesión de cargos y funciones públicas ante el crucifijo sigue
señalando la asignatura pendiente de España como Estado laico y
aconfesional. Un país en el que militares y policías desfilan en
procesiones religiosas, donde aún quedan cruces en colegios o donde la
Iglesia nombra a capellanes castrenses.
Pero los signos religiosos no tienen base legal. El protocolo está
regulado por el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se
establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas, que
permite elegir entre prometer y jurar el acatamiento a las normas
constitucionales y lealtad al Rey, aunque no hace referencia a los
símbolos religiosos. Jurar implica "afirmar o negar una cosa, poniendo
por testigo a Dios, o en sí mismo, o en sus criaturas", y prometer
significa". Obligarse a hacer, decir o dar algo", según el diccionario de
la RAE.
Y es precisamente esa invocación divina el argumento que esgrime un
portavoz oficial del Palacio de la Zarzuela para no abordar un eventual
cambio de costumbres: "Jurar por Dios requiere la presencia de sus
símbolos. Mientras no se modifique el decreto, nosotros no alteraremos el
escenario".
No es entendible ni justificable que en un Estado aconfesional los
ministros juran o prometen el acatamiento a la Constitución ante una
Biblia y un crucifijo. Otros cargos o funciones públicas como los
diputados y senadores acatan los preceptos constitucionales a comienzo de
cada legislatura con una fórmula similar, y en el Parlamento no resultan
visibles ni biblias ni crucifijos. Cabría preguntarse si un futuro
ministro musulmán tendría también derecho a exigir el Corán.
Para los defensores de la sociedad laica, imágenes como la reciente toma
de posesión del Gobierno, pero también otras manifestaciones de
privilegio de la religión católica, desde el Concordato hasta su
financiación.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el protocolo de las ceremonias de acatamiento y promesa o
juramento de cargos y funciones públicas, incluido si fuese necesario el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se establece la fórmula
de juramento en cargos y funciones públicas, para evitar todo tipo de
simbología religiosa como corresponde a un Estado aconfesional.
2. Elaborar un Protocolo aconfesional para los actos y ceremonias
institucionales y sus relaciones con las confesiones religiosas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
política criminal para su debate en la Comisión de Justicia.
Al inicio de la Legislatura pasada desde el Ministerio de Justicia se
anunció una reforma integral del Código Penal. Finalmente se tradujo en
un Proyecto de Ley cuya tramitación quedó paralizada y sin finalizar.
Para nuestro Grupo Parlamentario es una prioridad revisar en profundidad
la política criminal del Gobierno. Para ello, se requiere la necesaria
voluntad política para abordar cambios integrales desde la definición
previa de los ejes sobre los que sustentar la reforma de la justicia
penal.
Lo cierto, es que esperamos que la legislatura que acaba de iniciarse abra
una reflexión sobre el modelo de política criminal que permita abordar
cambios sustanciales en el modelo ultra conservador heredado de los
gobierno anteriores: que se resume en "todos a la cárcel" y "castigar y
barrer" consolidado tras los gobiernos del PP consecuencia de las
reformas penales reaccionarias introducidas la pasada legislatura (sobre
todo la LO 15/2003)
Parece no haber alternativa a estas reformas parciales e inconexas que se
hicieron al Código Penal durante los Gobiernos del PP y que han supuesto
el inicio del "desarme del Estado de Derecho en materia penal" como han
señalado algunos penalistas destacados,
dónde el derecho penal puede pasar de ser la ultima ratio a ser la primera
solución para todo (todo se pretende solucionar con penas y cárcel) y
cuyas características más marcadas son la:
- La reintroducción de las arcaicas penas cortas de privación de
libertad.
- La multirreincidencia inspirada e en el rústico "three strikes and
you're out" californiano.
- El endurecimiento general de las penas (preferentemente de prisión) para
los delitos contra el patrimonio, en contraste con la dulcificación de la
respuesta frente a la delincuencia económica.
Esto es en esencia el modelo de política criminal plenamente marcado por
el "populismo punitivo", heredado sí, pero plenamente vigente, en el que
los gobiernos utilizan el derecho penal guiados por tres ideas:
1) Que endureciendo penas se puede reducir el delito.
2) Que las penas ayudan a reforzar el consenso moral existente en la
sociedad.
3) Que hay unas ganancias electorales producto de este uso.
Y en este punto nos encontramos: Sumergidos de lleno en esta marea de
populismo punitivo, entre la transparencia del PP que no esconde su y las
dudas del PSOE. En definitiva, nadie arriesga en política criminal. Y
nuestro Grupo por el contrario si piensa que existe base social para
oponerse retornando a un modelo basado en la resocialización a un modelo
basado en la incapacitación de los delincuentes.
Es necesario un giro en la política criminal dirigida a cambiar las causas
del infractor frente a otra política criminal que exclusivamente pretende
reducir las oportunidades de delinquir.
Nuestro GP, ha echado en falta una mayor voluntad política para abordar
una reforma integral de la justicia penal, no sólo del Código Penal, sino
también de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (resulta insostenible la
pervivencia de un sistema procesal penal basado en una norma de 1882)
Es necesaria la implantación de un modelo procesal penal moderno y
ajustado a la Constitución pasa inexorablemente por la distinción entre
aquellos conflictos cuya resolución exige un proceso penal propiamente
dicho, y aquellos otros que encuentran solución más eficaz en medidas
alternativas capaces de ofrecer, en el marco de la realidad social
actual, un mejor tratamiento del delincuente y una mayor satisfacción a
las víctimas.
Tampoco se ha atrevido a llevar a adelante, a pesar del cruce de opiniones
entre miembros del Gobierno y las contradicciones con sus compromisos
programáticos, la reforma de la instrucción judicial penal tal y como
está concebida actualmente, y su sustitución por un procedimiento de
investigación oficial a cargo del Ministerio Fiscal, que para ello habrá
de obtener la efectiva dirección de una verdadera Policía Judicial.
Por otro lado, a inicios de la presente legislatura se aprobó una
proposición no de ley defendida por nuestro Grupo Parlamentario en la que
se instaba al Gobierno a abordar reformas legislativas en el ámbito
penitenciario. Hasta la fecha no se ha avanzado en las reformas
comprometidas. Para hacer efectivo el desarrollo del art. 25 de la CE,
que además es uno de los objetivos gubernamentales prioritarios para el
Ministerio competente, sigue siendo imprescindible acometer las reformas
pendientes, tanto en la L. O. General Penitenciaria, la creación de una
ley procesal penitenciaria, como otras medidas complementarias que
afectan a la planta de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y sus
competencias.
Por todo ello
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Abordar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la
implantación de un modelo procesal penal moderno y ajustado a la
Constitución.
2) Reformar la instrucción judicial penal regulando un procedimiento de
investigación a cargo del Ministerio Fiscal otorgándole la efectiva
dirección de una verdadera Policía Judicial.
3) Creación de los Juzgados de Garantías, como Juzgados que velen por los
derechos de las partes durante la instrucción y resuelvan las medidas
cautelares.
4) Regular la Justicia de Proximidad ante la necesidad de dar una
respuesta inmediata en el tiempo y en el espacio a determinados
conflictos que surgen en la sociedad y que podríamos calificar como
"conflictos menores".
5) Regular la mediación en el procedimiento penal.
6) Reformar integralmente el Código Penal atendiendo a las nuevas
tendencias de criminalidad y teniendo en cuenta los nuevos factores
sociales, otorgando prioridad a la defensa de los bienes jurídicos
colectivos.
7) Regular alternativas a la prisión, a través de fórmulas más eficaces,
socialmente útiles y económicamente menos costosas.
8) Reformar la regulación de la prisión provisional, ajustándola a
criterios constitucionales.
9) Promover la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria, para
convertirla en una auténtica Ley de Ejecución de Penas que recoja y
garantice los derechos y deberes de los presos/as y funcionarios/as; fije
el marco de intervención de los servicios no específicamente
penitenciarios de la Administración, tales como el Ministerio de Trabajo
y/o las Consejerías de Trabajo de las distintas CCAA, Servicios Sociales,
Planes sobre Drogodependencia, Sida, y delimite los ámbitos
competenciales de las Comunidades Autónomas y la Administración Central.
10) Crear una Ley Procesal Penitenciaria, que regule un único proceso y
prevea una intervención multidisciplinar en el mismo.
11) Modificar las competencias de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria,
asumiendo la ejecución de penas.
12) Regular Juzgados de Vigilancia Penitenciaria para el control
jurisdiccional del cumplimiento de las medidas de seguridad, habida
cuenta la especial problemática de estas personas y la necesidad de la
tutela judicial de sus derechos.
13) Incrementar de la planta judicial de los juzgados de vigilancia
penitenciaria que permita un efectivo desarrollo del valor constitucional
de la reinserción social del art. 25.2 de la CE.
14) Crear la segunda instancia de Vigilancia Penitenciaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
Comisión de Interior
161/000780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Interior, la siguiente
Proposición no de Ley sobre la competencia de la Generalitat de Catalunya
en materia de manifestaciones culturales y tradicionales y el uso de
materiales pirotécnicos en las mismas.
Antecedentes
El Parlamento Europeo aprobó Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de
artículos pirotécnicos, que restringe la comercialización y el uso de
material pirotécnico, armonizando las disposiciones legales de los
Estados miembros para garantizar la libre circulación de artículos
pirotécnicos en el mercado interior, asegurando al mismo tiempo un alto
nivel de protección de la salud humana y de la seguridad y protección de
los consumidores, así como de los usuarios profesionales finales.
Pero las disposiciones de esta Directiva pueden suponer una limitación muy
importante para el desarrollo de actividades realizadas por grupos de
cultura popular y tradicional catalana de fuego.
Concretamente, la Directiva fija una distancia mínima de 15 metros para
determinados artificios de pirotecnia a la que deberán situarse los
asistentes de una actuación con material pirotécnico, requisito que
impedirá la celebración de los tradicionales correfocs, la revetlla de
Sant Joan o, en el caso concreto de Berga, la celebración de la Patum,
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Asimismo, la
Directiva también prohíbe cualquier actividad con material pirotécnico en
actos en los que intervengan menores de 12 años, prohibición que
supondría la imposibilidad de celebrar los correfocs infantiles, y, en
consecuencia, otro de los actos de la Patum, la Patum infantil.
Los materiales pirotécnicos vienen siendo utilizados en diferentes
manifestaciones de cultura popular y tradicional catalana desde hace 800
años y, por tanto, forman parte de nuestro patrimonio y de la manera de
ser como pueblo. Actualmente, la gran mayoría de pueblos y ciudades de
Catalunya cuentan con colles de diables -adultos e infantiles-, colles de
bèsties de foc i trabucaires, con una destacada participación. Las
actuaciones de estos distintos grupos reúnen una gran cantidad de
público.
En este sentido, la transposición de la Directiva europea ha generado una
gran preocupación a todos estos colectivos, que ven amenazadas sus
actividades.
Teniendo en cuenta la peligrosidad genérica del uso de materiales
pirotécnicos, debe valorarse positivamente el objetivo de la Directiva de
la Unión Europea de ordenar y regular esta materia para garantizar, en
definitiva, la seguridad de los ciudadanos. No obstante, es igualmente
cierto que las manifestaciones de cultura popular y tradicional catalanas
requieren un trato específico en su transposición en la normativa interna
para no quedar directamente afectadas por esta regulación.
De acuerdo con la distribución competencial vigente y el artículo 189 del
Estatut de Catalunya, por el cual la existencia de una regulación europea
no modifica la distribución interna de competencias, debe ser la
Generalitat de Catalunya la que, en el ejercicio de la competencia
exclusiva en materia de cultura, deba proceder a la concreción de
aquellas manifestaciones de cultura popular y tradicional catalana que
deban resultar excluidas del ámbito de aplicación de la normativa interna
que transponga la Directiva.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a contemplar el carácter
singular de los elementos festivos de cultura popular y tradicional con
fuego y, en consecuencia, en la transposición al ordenamiento interno de
las previsiones de la Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos
pirotécnicos, de acuerdo con el marco competencial vigente, respete las
competencias de la Generalitat de Catalunya para que esta pueda no
aplicar la normativa dictada al efecto a aquellas manifestaciones
culturales que se desarrollen en su territorio y que considere
oportunas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a dotar y adecuar
la Escuela Naval Militar, la Academia General del Aire y, muy
singularmente, la Academia General Militar, al Sistema de Centros
Universitarios de la Defensa, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El desarrollo de la Ley en la Carrera Militar, a través del Real Decreto
1723/2008, de 24 de octubre, fija en septiembre del 2010 la entrada en
vigor de la nueva enseñanza militar superior.
La Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia
General del Aire quedaran adscritas, mediante el correspondiente
convenio, a una o a varias universidades públicas, con la finalidad de
impartir las nuevas enseñanzas universitarias oficiales en función de las
necesidades de la Defensa Nacional y las exigencias del ejercicio
profesional en la Fuerzas Armadas.
Cuando culmine el proceso de adscripción de los centros, y de acuerdo con
las peculiaridades de la carrera militar, éstos tendrán naturaleza de
"Centro Universitario de la Defensa". En estos centros se podrán también
impartir estudios para obtener títulos oficiales de postgrado y se
definirán las líneas de investigación que se consideren de interés para
las Fuerzas Armadas.
El Grupo Parlamentario Popular que ha mostrado en repetidas ocasiones su
preocupación por la idoneidad de este nuevo sistema y su precipitada
implantación, una vez constatada la irreversibilidad de los plazos y
proyectos, está preocupado por las demoras, las indefiniciones y los
posibles recortes presupuestarios. Cuestiones éstas vitales para llevar a
cabo la adaptación de los estudios que, a pesar de las reservas que sobre
este modelo hemos manifestado, deseamos que, una vez que su puesta en
marcha parece ineludible, se haga en las mejores condiciones, y esté
respaldado por todas las fuerzas Políticas.
Nos preocupa la indefinición que todavía pervive sobre los nuevos planes
de estudio, sobre los contenidos y los pesos de las asignaturas a
impartir; nos preocupa la dificultad de simultanear las nuevas
titulaciones con las materias estrictamente militares que deben ser
prioritarias; nos preocupa la indefinición sobre el momento en el que los
cadetes elegirán Arma; nos preocupa la falta de concreción de los
requisitos para el sistema de acceso, vinculado, a partir de ahora, a la
nota de selectividad y a unas pruebas eliminatorias todavía por definir;
nos preocupan cuestiones como las normativas sobre asignaturas
pendientes, repeticiones, convalidación de asignaturas de alumnos que
accedan desde otros centros, posibilidad de cursar un semestre Erasmus en
otras Academias militares Europeas...
En suma creemos que hay que urgir el proceso de elaboración de los nuevos
planes de estudio si, como está previsto tienen que entrar en vigor en
septiembre 2010. Aunque la colaboración con el personal de las diferentes
Universidades se está produciendo con máxima voluntad y cierta eficacia.
Pero, si urgente es la definición de los planes de estudio, mas urgente
ya, y con caracteres alarmantes, es la adaptación de las infraestructuras
a las nuevas necesidades.
Aquí el retraso puede llegar a colapsar todo un proceso y la Dirección
General de Infraestructuras no debería alargar un día más la puesta a
punto y ejecución de los proyectos.
Nos preocupa, muy singularmente, y este es el principal e inmediato objeto
de la Proposición no de Ley que sometemos a debate y a aprobación, la
situación en la Academia General Militar, en Zaragoza, que, a efectos
académicos estará adscrita a la Universidad de Zaragoza y cuyo titulo de
grado de ingeniería en Organización Industrial se impartirá en la propia
Academia.
Hoy cursan estudios en la Academia General aproximadamente 600 alumnos y
está previsto que puedan llegar a 1500. Las obras de adaptación de
infraestructuras están pendientes de la aprobación por parte del Cuartel
General del Ejército y de la Dirección General de Infraestructuras. Es
preocupante que, a estas fechas, estas obras tanto las nuevas como las de
modificación, no estén dotadas económicamente y por tanto se pueda perder
un ejercicio en la realización de los proyectos, su aprobación y su
inclusión en los planes anuales de infraestructuras.
Señalamos a continuación algunas infraestructuras que deberían estar
realizándose en la Academia General y que deben aprobarse y dotarse de
modo inmediato:
- Construcción del nuevo edificio del Centro Universitario de la Defensa
(CUD), donde se ubicará la dirección, los despachos de los profesores,
bibliotecas o salas de reuniones.
- La previsión de las nuevas necesidades de alojamiento para las que hay
que remodelar los actuales edificios Galbis y Cisneros.
- La creación de 48 nuevos alojamientos en el edificio histórico.
- La creación, ya con menor urgencia, de 400 plazas sobre las mencionadas
anteriormente.
- La construcción de un edificio nuevo de aulas y laboratorios que debería
estar finalizado en el ejercicio 2011.
- La previsión de 1.200 nuevas plazas de aparcamiento.
Es evidente que estas necesidades en infraestructuras y la solución de las
indefiniciones académicas son apremiantes en todos los centros, pero, por
razones del espacio, de infraestructuras disponibles y del número de
alumnos, la urgencia, como hemos mencionado al principio, comienza a
convertirse en alarma en la Academia General.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a emprender con celeridad
las reformas académicas y de infraestructuras que adecuen las academias
militares al nuevo sistema de enseñanza militar superior.
1. El Ministerio de Defensa tendrá diseñados y tramitados los planes de
estudio ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) antes de tres meses.
2. El Ministerio de Defensa planteara con otras Academias Militares
Europeas la posibilidad de cursar un semestre Erasmus en cada una de
ellas y en las Academias Españolas.
3. El Ministerio de Defensa tramitará con la mayor celeridad las
remodelaciones de infraestructuras que han planteado las tres Academias.
El Cuartel General del Ejército y la Dirección General de
Infraestructuras darán prioridad a la dotación, de modo urgente, de los
proyectos de adaptación de las infraestructuras de la Academia General
Militar de modo que puedan estar todos ellos concluidos como última
fecha, en el mes de mayo del 2010."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2009.-Beatriz
Rodríguez-Salmones y Ramón Moreno Bustos, Diputados.-María Soraya Sáenz
de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000768
A la Mesa de la Comisión de Defensa
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley con el
objeto de que se restituyan en su integridad los archivos militares de
Castellón y se realicen copias fidedignas de los documentos para los usos
que se crea conveniente, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Los históricos archivos militares de Castellón, que durante ochenta años
han estado en la Delegación del Ministerio de Defensa en la provincia de
Castellón y que albergaban una valiosísima información desde el año 1938
fueron el pasado miércoles 14 de enero del presente año, al parecer
respondiendo a órdenes del Ministerio de Defensa, vaciados en su
totalidad con destino a Madrid.
Dada la escasa información aportada cabe aproximar a 800.000 los
documentos extraídos de Castellón y de ellos hasta 13.000 expedientes,
más de 9.000 de los cuales eran referentes a procesos judiciales a
vecinos de la citada provincia durante 1938, 1939 y los años posteriores
a la Guerra Civil Española.
Teniendo en cuenta que la documentación era referida exclusivamente a
ciudadanos y hechos de la provincia de Castellón sorprende sobremanera
que estos hechos hayan tenido lugar sin conocimiento de los
representantes políticos locales, provinciales, o autonómicos.
La precipitación y la urgencia con la que se han producido los hechos
parece no responder a ningún Plan de Traslado que garantizase la
integridad archivística y documental, ya que la comunidad científica y
universitaria que realizaba investigaciones fue informada el lunes día 12
de enero de la inminente desaparición del archivo, durante el día 13 se
embaló la documentación y en la mañana del día 14 se produjo el traslado
a Madrid.
Esta iniciativa que imposibilita la continuidad de las actuales
investigaciones se entiende menos tras la aprobación de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la Guerra Civil y la Dictadura, conocida como de la Memoria
Histórica que tiene entre sus objetivos, artículo 20.2.c, "fomentar la
investigación histórica sobre la Guerra Civil y el franquismo...".
Aunque el gobierno no ha dado todavía información que revele el destino
último del archivo de Castellón, si este fuera el Centro Documental de la
Memoria Histórica, creado también por la Ley 52/2007 y con sede en la
ciudad de Salamanca, el sistema idóneo hubiese sido realizar copia como
el artículo 20 contempla "se integrarán en este Archivo todos los
documentos originales o copias fidedignas de los mismos referidos a la
Guerra Civil de 1936-1939 y la represión política subsiguiente".
Y en ningún caso, ni aunque el traslado fuese temporal dejar al Archivo
original de Castellón sin copia, como el mismo artículo exige cuando
afirma "... en los cuales, quedará una copia digitalizada de los
mencionados documentos".
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se restituyan en su integridad los archivos militares de Castellón
a su lugar original en la Delegación de Defensa de la provincia.
2. Que se realicen copias fidedignas de los archivos para los usos que,
tanto el Ministerio de Defensa como del Centro Documental de la Memoria,
crean conveniente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2009.-Miguel
Barrachina Ros, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre reconocimiento al
servicio militar obligatorio y resarcimiento a los fallecidos y
lesionados en el cumplimiento del mismo, para su debate en Comisión de
Defensa.
Exposición de motivos
El 28 de febrero del 2006, la Comisión de Defensa debatió una Proposición
no de Ley, de muy parecido título y contenido a la que ahora presentamos.
A pesar de haber sido aprobada por la Cámara, con la oposición del
Partido Socialista, el Gobierno todavía no ha dado cumplida respuesta a
las peticiones del Congreso de los Diputados, por lo que es necesario
retomar la iniciativa, recalcar sus puntos principales y ampliar la
petición, con la intención de llamar la atención del Gobierno sobre una
importante falla del actual sistema.
Cuando el 31 de diciembre del 2001 el gobierno del Partido Popular
suspendía el servicio militar obligatorio, no sólo cumplía con un
compromiso ampliamente respaldado por la sociedad española, sino que
cerraba la configuración de nuestras Fuerzas Armadas como plenamente
profesionales. Sin embargo, tras el final del Servicio Militar quedaban
pendientes una serie de cuestiones sin resolver. Alguna se ha abordado
parcialmente, como el cómputo del periodo de servicio militar a efectos
de solicitud de jubilaciones anticipadas. Pero la más amarga, sin duda,
la constituye el hecho de que, según datos del Ministerio de Defensa,
entre 1986 y 2001 fallecieron 1.960 personas mientras realizaban el
Servicio Militar, contándose también por miles aquellos que sufrieron
lesiones de diversa índole.
Es necesario que el Parlamento Español reconozca el sacrificio de las
familias españolas que han perdido a alguno de sus miembros mientras
cumplían con una obligación constitucional, y transmita al gobierno la
necesidad de resolver una cuestión que, a los 7 años de su desaparición,
sigue viva en forma de numerosas causas judiciales, con los desengaños y
sinsabores aparejados a quienes ya han sufrido demasiado con la muerte de
un ser querido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al gobierno a:
1.º Cumplir con la Proposición no de Ley aprobada en esta cámara el 28 de
febrero del 2006, proponiendo medidas de reconocimiento a todos los
españoles que realizaron el Servicio Militar obligatorio, y en particular
de resarcimiento a los que vieron mermadas sus facultades físicas y a las
familias que perdieron a uno de sus hijos cuando éstos cumplían con sus
obligaciones.
2.º Considerar preferentemente, en la adopción de medidas, las siguientes
posibilidades:
- Que todos los casos de fallecimientos o de lesiones permanentes durante
la prestación del Servicio Militar obligatorio sean considerados como
causados en "acto de servicio".
- Que se actualicen las indemnizaciones y pensiones recibidas por las
familias y los soldados de reemplazo.
- Que se rinda un homenaje a todos aquellos que vieron truncada su vida
durante el cumplimiento de un deber constitucional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Beatriz
Rodríguez-Salmones y Ana María Madrazo Díaz, Diputadas.-María Soraya
Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Economía y Hacienda
161/000748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas
para paliar la gravedad de la crisis económica, para su debate en la
Comisión de Economía y Hacienda.
En la actualización del Programa de Estabilidad 2008-2011 presentado por
el Ministro de Economía se plasma el desplome de la actividad económica
de nuestro país en 2008, en una pendiente que ha colocado a la economía
en recesión al acumular en los dos últimos trimestres descensos reales
del PIB.
Paralelamente, los datos de la Encuesta de Población Activa muestran un
aumento de 1.280.300 parados durante 2008 y sitúan el número de
desempleados en 3.207.900 personas. En 2008 se han destruido más de
600.000 empleos y en 827.200 hogares todos sus miembros están en paro.
Las previsiones del Gobierno para 2009 en la propia actualización del
Programa de Estabilidad prevén un descenso de la actividad económica del
1,6% del PIB, un aumento del desempleo hasta casi el 16% de la población
activa y un déficit del conjunto de Administraciones Públicas del 5,8%
del PIB.
Es muy probable que estas previsiones, lamentablemente, se queden cortas,
si bien hay que reconocer que
es muy difícil avanzar hasta donde llegará el deterioro de la economía y
del empleo en una situación tan compleja como la actual. Los datos del
paro registrado en enero, con una subida histórica de 199.000 parados que
colocan el volumen total de desempleados en más de 3,3 millones de
personas, o la caída, también histórica, de 350.000 cotizantes en ese
mes, dan cuenta del profundo deterioro del empleo.
El Gobierno reconoce ahora la gravedad de la crisis y el paso inmediato es
actuar en consecuencia. La situación de emergencia económica en la que
nos encontramos necesita de nuevos enfoques para colocar la creación de
empleo en el centro de los objetivos de la política económica y situar el
apoyo a la demanda como la palanca esencial para relanzar la economía.
La recuperación de la economía sólo será sostenible si invertimos en un
nuevo modelo económico centrado en la creación de empleo de calidad, en
el apoyo a la economía real en sectores no especulativos y de futuro, en
la suficiencia y progresividad de los ingresos públicos, en el
reforzamiento del papel de lo público y en la convergencia con los países
más avanzados de Europa en gasto social.
Frente a la intensidad de la crisis y su efecto sobre la economía real y
el empleo, necesitamos articular medidas efectivas para detener el
incremento del desempleo y para conseguir que el crédito llegue a
familias y pequeñas y medianas empresas. Porque el dinero público puesto
a disposición de las entidades financieras, sin contrapartida alguna,
está obteniendo magros resultados.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Presentar de forma urgente ante la Cámara un crédito presupuestario
extraordinario destinado a la reactivación de la economía y a invertir en
un nuevo modelo económico, cuyos recursos se orienten a políticas
educativas y sociales, programas de ahorro energético y desarrollo de
energías renovables, y actuaciones en materia de investigación,
desarrollo e innovación.
- Desarrollar con carácter de urgencia una norma básica sobre Banca
Pública que suponga el despliegue operativo directo del Instituto de
Crédito Oficial (ICO), fortalezca el carácter público de las Cajas de
Ahorro, integre a las instituciones que puedan ser nacionalizadas, y
regule el papel y representación de las participaciones públicas en
instituciones financieras privadas.
- Potenciar con un marco legislativo adecuado la implantación y desarrollo
de la Banca Ética en España."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, relativa a la financiación urgente y suficiente
del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con cargo al Ministerio de
Economía y Hacienda, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, se encuentra en un situación
económica muy precaria pese a haberse sometido a un Plan de Saneamiento
que no ha contribuido a mejorar las dificultades que atraviesa, al
persistir diversas circunstancias que las agravan. Entre ellas, podemos
destacar el desempleo que acarrea en la mayoría de las ocasiones, una
tragedia personal y familiar y que se sitúa en el municipio en 20.000
personas inscritas en el paro con el consiguiente incremento de la
demanda de servicios sociales que requieren una respuesta urgente.
A todo ello, podemos añadir, la dispersión de la población que obliga a
prestar los servicios en condiciones de especial dificultad. En efecto,
30.000 jerezanos viven en la zona rural, en siete pedanías y 15 barriadas
rurales que distan algunas de ellas, más de treinta kilómetros del núcleo
urbano, por lo que los servicios de limpieza, recogida de residuos,
transporte público, etc. son mucho más costosos y agravan la ya delicada
situación económica del Ayuntamiento.
A mayor abundamiento, una reciente sentencia del TSJA reconoce a las
pedanías, el derecho a convertirse en Entidades Locales Autónomas
cuestión que obliga a iniciar los trámites de transferencias de
competencias desde el Ayuntamiento Central acompañados de la consiguiente
financiación.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a la adopción
urgente de las medidas siguientes:
- Establecer un Convenio de colaboración entre el Estado, la Comunidad
Autonómica de Andalucía y el citado Ayuntamiento que contemple la
situación económica del municipio, las obligaciones derivadas de la
sentencia del TSJA y la prestación de servicios municipales.
A través del Convenio y en el marco de una Carta Económica Especial, se
habilitarán los fondos
suficientes para que el Ayuntamiento pueda prestar los servicios
municipales adecuadamente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2008.-Aurelio
Romero Girón, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la anulación de
la ponencia de valores catastrales aprobada para el municipio de Jerez de
la Frontera, así como la anulación de las valoraciones catastrales de los
inmuebles correspondientes a dicho municipio, para su debate en la
Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
En el municipio de Jerez de la Frontera se ha aprobado por la Dirección
General del Catastro, la ponencia de valores catastrales y la
consiguiente valoración catastral de los inmuebles correspondientes a
dicho municipio.
En la ponencia de valores y en su aplicación se han detectado numerosos
errores, pero además se han fijado unos valores catastrales para los
inmuebles excesivamente altos, incluso por encima del precio real de
mercado.
Todo ello ha provocado numerosas protestas, recursos de reposición ante la
propia Gerencia del Catastro y recursos económico-administrativo ante el
Tribunal Económico Administrativo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a anular la ponencia de
valores catastrales aprobada para el municipio de Jerez de la Frontera
así como la anulación de las valoraciones catastrales de los inmuebles
correspondientes a dicho municipio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2008.-Aurelio
Romero Girón, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds, a instancia del Diputado don Joan Ridao i Martín, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas
urgentes de estímulo a la liquidez de las pequeñas y medianas empresas
para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
La falta de liquidez del conjunto del sistema económica español ha sido
identificada como una de las principales restricciones para la correcta
implementación de medidas públicas que permitan, a corto plazo, generar
la necesaria reactivación de la economía.
En este sentido, el gobierno del estado -dentro de una estrategia común de
los principales países desarrollados i específicamente de los miembros de
la UE- habilitó los correspondientes programas y créditos para aumentar
la liquidez del sistema financiero en el convencimiento de que era éste
el principal actor en el proceso de suministrar liquidez al conjunto de
la economía.
Complementariamente, el Gobierno implementó diversos instrumentos de
créditos oficial, algunos nuevos y otros modificando los existentes,
destinados directamente a las empresas. Así mismo, ha acompañado este
paquete de medidas de otras encaminadas a aumentar la solvencia y la
liquidez de las familias, especialmente de aquellas en dificultades
coyunturales derivadas de situaciones de desempleo.
Sin entrar en valoraciones sobre lo acertado o desacertado de las medidas
concretas, perece que existe suficiente evidencia de que el objetivo
último de las medidas hasta ahora adoptadas en relación al sistema
financiero, es decir, suministrar liquidez a las empresas no financieras,
no se está alcanzando con el ritmo ni la intensidad necesarias y que los
instrumentos de crédito oficial a las empresas son insuficientes.
En particular, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) continúan
sometidas a importantes restricciones de liquidez a corto plazo,
derivadas tanto de las limitaciones que imponen las entidades financieras
privadas a la oferta de productos financieros de tesorería como de la
falta de efectividad de las medidas contenidas en la Ley 32/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
Por todo ello, se presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
"1. Introducir las modificaciones normativas necesarias para autorizar a
las pequeñas y medianas empresas, de
acuerdo con las definiciones comunitarias, el aplazamiento de las
cotizaciones empresariales del régimen general de la Seguridad Social
correspondientes a un período de hasta 6 meses de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) El aplazamiento del abono de las cotizaciones en la Tesorería de la
Seguridad Social se producirá a petición de la empresa y se le no exigirá
la presentación de ningún tipo de aval o garantía financiera.
b) El abono de las cotizaciones aplazadas podrá diferirse un máximo de 24
meses y no generará, durante este periodo, penalización o recargo
alguno.
c) El tipo de interés aplicable a los importes aplazados no será superior
al establecido oficialmente por el Banco Central Europeo.
2. Realizar las modificaciones normativas necesarias y los desarrollos
reglamentarios pertinentes para:
a) Establecer, con carácter general, el plazo máximo de pago de las
relaciones comerciales entre las empresas en 30 días naturales,
computables a partir de la fecha de emisión de la factura. No obstante,
en casos excepcionales y debidamente reglamentados, dicho plazo podrá
ampliarse hasta 60 días naturales.
b) Introducir un tipo legal de interés de demora en los aplazamientos de
pago, suficientemente disuasorio. La percepción de intereses de demora
será un derecho irrenunciable y las cláusulas de renuncia del mismo en
los contratos entre proveedor y cliente se considerarán nulas y dichos
contratos, abusivos.
c) Introducir las especificaciones necesarias para extender los criterios
mencionadas a las relaciones comerciales de las empresas con las
administraciones públicas.
d) Habilitar un período transitorio de implantación de las normas
correspondientes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-Joan Ridao i
Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Comisión de Fomento
161/000767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y ss., del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la llegada de la alta
velocidad a la Ciudad de Cartagena, para su debate en la Comisión de
Fomento.
Exposición de motivos
En el Plan de Infraestructuras de Transporte del Partido Popular, PIT
2000-2007, estaba prevista la llegada del AVE a la Ciudad de Cartagena
antes del año 2010, en una línea exclusiva para pasajeros y a 350 Km/h.
Así estaba previsto, de tal forma que en abril de 2004, toda la línea
desde Alicante hasta Murcia y Cartagena se encontraba en Estudio
Informativo, para cumplir también con el acuerdo suscrito el día 8 de
enero de 2001, entre el Ministerio de Fomento y las CC.AA. de Madrid,
Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, para que
el AVE llegara simultáneamente a todas las capitales de provincia y
ciudades importantes, como Cartagena.
El PEIT, 2005-2020 del Partido Socialista, mantuvo la conexión en alta
velocidad entre Murcia y Cartagena, pero no ya en AVE sino en Altas
Prestaciones, con trenes a 220 Km./h y trafico mixto de pasajeros y
mercancías. Y ya desde el primer momento el Partido Popular advirtió que
por parte del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, no se tenía intención
de cumplir con los compromisos asumidos para con Murcia y Cartagena por
el Gobierno de España, y tampoco con el Levante Español, y ya el 22 de
septiembre de 2004, se interpeló en el Pleno del Congreso de los
Diputados a la Ministra de Fomento para se cumplieran con los acuerdos
firmados con las CC.AA. por el Gobierno de España y que se afectaran los
fondos comunitarios antes de 2007, para poder finalizar las obras en
2010. El 28 de septiembre del mismo año, se debatió una Moción en el
Pleno del Congreso en el que se instaba al Gobierno en el mismo sentido.
Dicha moción fue rechazada con los votos del PSOE y los partidos
nacionalistas.
Cada año, desde 2005, se ha instado al Gobierno para que ampliara las
partidas presupuestarias para la Línea de Alta Velocidad entre Murcia y
Cartagena, y cada año, se han rechazado las enmiendas presentadas.
Pues bien, en enero de 2009, la línea de alta velocidad entre Murcia y
Cartagena, sigue estando en la misma situación que en marzo de 2004, es
decir en estudio informativo, la más retrasada de todo el corredor
Madrid-Comunidad Valenciana-Región de Murcia; o sea, que el PSOE en 5
años, no ha hecho absolutamente nada en la línea ferroviaria
Cartagena-Murcia.
El Partido Popular siempre ha mantenido la misma postura; siempre ha
defendido los trazados que han sido debatidos y apoyados por todos los
agentes sociales y económicos, como así se demuestra firmando y apoyando
expresamente el Manifiesto por un ferrocarril competitivo de los
empresarios de la Región, que para la conexión Cartagena-Murcia, apoya el
trazado central, con conexión con el aeropuerto internacional en
construcción, y paralela a la A-30, con una línea exclusiva de pasajeros
a 350 Km./h, y otra línea para mercancías, que tenga conexión con
Escombreras y El Gorguel, y así lo ha defendido ante el Ministerio de
Fomento.
Por su parte el Partido Socialista, no ha apoyado ningún trazado ni ha
instando al Gobierno a cumplir con los compromisos existentes, incluido
la ejecución de las partidas presupuestarias.
Por tanto, la discriminación que el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero
está haciendo con Cartagena y su comarca, es inadmisible, por lo que se
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Priorizar la línea de Alta Velocidad entre Murcia y Cartagena, de tal
forma que la puesta en servicio sea simultánea a la llegada del AVE a la
Región de Murcia, y siempre antes de 2012.
2. Que el trazado sea el denominado central, es decir, atravesando el
Puerto de Cadena y paralelo a la A-30 tenga acceso al Aeropuerto
Internacional de Murcia.
3. Que el diseño sea en doble vía electrificada con tráfico exclusivo para
pasajeros, y una línea convencional paralela para mercancías, con
conexión con Escombreras y El Gorguel."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2009.-Andrés Ayala
Sánchez y María Pilar Barreiro Álvarez, Diputados.-María Soraya Sáenz de
Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a introducción de
mejoras en los servicios ferroviarios regionales de media distancia en la
provincia de Lugo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Una vez más, la provincia de Lugo queda marginada por los planes del
Ministerio de Fomento y de la Xunta de Galicia a la hora de acometer
mejoras en los servicios ferroviarios y en el material de los trenes
regionales de media distancia. Lugo es la única provincia para la que no
existe renovación ni mejoras en sus líneas de comunicación ferroviaria
con A Coruña y Ourense.
El Partido Popular, a través de iniciativas en las diferentes
instituciones en las que los ciudadanos le otorgaron representación
(Ayuntamiento de Lugo, Diputación Provincial, Parlamento de Galicia,
Congreso de los Diputados...), intentó conseguir mejoras en los servicios
ferroviarios de Lugo con la meseta, Cataluña, otras comunidades autónomas
y, por supuesto, otras ciudades de Galicia.
Por otra parte, acabamos de conocer las nuevas previsiones de los
responsables, tanto de Fomento como de la Xunta de Galicia, relativas a
los plazos para la llegada del AVE a Lugo, pero la realidad indica que
nunca antes de ocho años, en el mejor de los casos, esto se podrá
materializar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de
Fomento, RENFE operadora y la Xunta de Galicia, en su respectivo marco de
competencias sobre los ferrocarriles que operan en Galicia, tomen las
siguientes medidas:
1. Destinar al menos cuatro de los ocho convoyes que RENFE retirará en
breve de servicio en la línea Vigo-Coruña y Ourense-Coruña, para
sustituir a lo que en la actualidad operan en la línea
Coruña-Lugo-Monforte.
2. Ampliar el servicio entre Coruña y Monforte de forma que éste llegue
hasta Ourense en, por lo menos, un tren diario en cada sentido, y creando
un nuevo servicio directo con la ciudad de Ferrol.
3. Contemplar en los planes del Ministerio de Fomento la electrificación
de la línea Coruña-Lugo-Monforte en el plazo de tres años, posibilitando
así futuras modernizaciones de materiales y la inclusión de servicios
directos con Barcelona y otros puntos de España que ahora se realizan
mediante trasbordo en Monforte de Lemos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2009.-Joaquín García
Díez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de
dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción de una
rotonda iluminada en el Km. 244 de la N-1 en el barrio de Villafría,
municipio de Burgos, para su debate en la Comisión de Fomento.
La carretera N-1 a su paso por la ciudad de Burgos soporta desde hace años
una gran intensidad de tráfico en todo su recorrido con un gran
porcentaje, además, de tráfico pesado. Esta intensidad es muy importante
entre los PP.KK. 242 y 249 al atravesar el polígono de Gamonal-Villafría
y el barrio de Villafría de Burgos que generan una importante cantidad de
tráfico por sí mismos que se suma al de largo recorrido.
La complejidad de este entorno, con numerosas vías de servicio, semáforos
y cruces se hace más complicada en el PP.KK. 244 en el que se añade los
accesos al barrio de Villafría, a los municipios de Orbaneja Río Pico,
Quintanilla Río Pico y Cardeñuela Río Pico, y al complejo de
instalaciones y campos deportivos de Pallafría al que acceden, sobre todo
en fines de semana, centenares de jóvenes que se desplazan
fundamentalmente en autobuses.
Debido a estas causas, esta confluencia se ha convertido en un tramo que
se debe mejorar desde el punto de vista de la seguridad vial y de la
fluidez del tráfico con la construcción de una rotonda que mejore los
accesos mencionados.
En consecuencia con lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y votación.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la construcción de una
rotonda iluminada que mejore la fluidez del tráfico y reduzca la
peligrosidad en el P.K. 244 de la N-1 a su paso por Burgos, intersección
con el acceso al barrio de Villafría."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-María del Mar
Arnaiz García y Luis Tudanca Fernández, Diputados.-Ramón Jáuregui Atondo,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
Comisión de Trabajo e Inmigración
161/000761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa UPS,
para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
El 25 de junio del año pasado, la filial española de la empresa de
transporte de paquetería más importante del mundo, UPS, presentó ante el
Ministerio de Trabajo un ERE para 216 trabajadores, una quinta parte de
la plantilla de 1.100 que la multinacional tiene en España.
Según la empresa, el ajuste de plantilla no responde a motivos económicos,
ni relacionados con un menor volumen de la actividad, sino a una
reorganización que persigue "mejorar la competitividad de la empresa y
posibilitar su crecimiento en España".
Bajo esta premisa se esconde lo de siempre: externalización de servicios,
sustitución de empleos fijos y estables por contrataciones temporales y
precarias, y el cierre del centro de Vallecas (Madrid), núcleo en donde
se encuentran la mayor parte de los trabajadores afectados por el ERE,
183 de los 216 afectados. En definitiva, pretenden sustituir trabajadores
fijos y con derechos por subcontratas y trabajadores en precario y sin
derechos.
El ERE no es más que una excusa para quitarse de en medio el centro de
Vallecas, el único de todo el mundo en donde los conductores son miembros
de pleno derecho de la plantilla, y por lo tanto no es un servicio
externalizado en el que los conductores autónomos cobren por paquete
entregado. Es decir, lo que plantea la multinacional es sustituir empleo
de calidad por empleo precario, mientras sus beneficios siguen creciendo
según la propia información de la compañía. En 2008 cerró el ejercicio
con un beneficio neto de 3.003 millones de dólares, casi ocho veces más
que en el 2007, cuando ganó 382 millones.
En la situación de recesión económica en la que nos encontramos, en la que
la pérdida de puestos de trabajo es su mayor y dramática consecuencia,
este ERE no debería ser autorizado por la administración pública
competente. El Ministerio de Trabajo ha reiterado que se "mirarán con
lupa" los ERE's que se presenten, para evitar abusos por parte de
empresas que pretendan ajustes de plantilla aprovechando la situación de
crisis.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Trabajo e Inmigración
a que resuelva de manera satisfactoria para los trabajadores el ERE de
extinción presentado por la empresa UPS y por lo tanto no de su
autorización."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
impulso a un Tercer Sector de la Comunicación, para su debate en la
Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
El pasado 25 de septiembre de 2008 el Parlamento Europeo aprobaba por
amplia mayoría una Resolución sobre los medios del tercer sector de la
comunicación (medios comunitarios).
El contenido de la Resolución señala que los medios comunitarios (radios y
televisiones gestionados por entidades sin ánimo de lucro) son un medio
eficaz de fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística, la
inclusión social y la identidad local, promueven el diálogo
intercultural, contribuyen a alcanzar el objetivo de mejorar la
alfabetización mediática de los ciudadanos mediante su participación
directa en la creación y la difusión de contenidos, contribuyen a
reforzar el pluralismo de los medios de comunicación y fomentar la
participación ciudadana en el discurso público.
Dicha Resolución realiza una serie de demandas a los Estados miembros de
la UE.
En su punto 15, recomienda a los Estados miembros que den reconocimiento
legal a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) como grupo
definido, junto a los medios de comunicación comerciales y públicos,
cuando no exista este reconocimiento legal, sin que ello vaya en
detrimento de los medios de comunicación tradicionales.
En su punto 17, pide a los Estados miembros que apoyen más activamente a
los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) para sostener el
pluralismo de los medios de comunicación, si bien dicho apoyo no se ha de
prestar en detrimento de los medios de comunicación públicos;
Y en su punto 19, pide a los Estados miembros que pongan a disposición el
espectro de frecuencias, analógica y digital, de radio y televisión,
teniendo en cuenta que el servicio prestado por los medios del tercer
sector de la comunicación (TSC) no se ha de evaluar en términos de coste
de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro,
sino por el valor social que representa.
Por este motivo, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en
colaboración con las Comunidades Autónomas, medidas destinadas al fomento
y reconocimiento legal de los medios del tercer sector de la comunicación
(medios comunitarios) tal y como establece la Resolución del Parlamento
Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre los medios del tercer sector
de la comunicación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, fórmula la
presente Proposición no de Ley, relativa a la creación del Plan
Estratégico de Conectividad Aérea entre el territorio español y el resto
de Europa y el mundo para su debate en la Comisión de Industria, Turismo
y Comercio.
Exposición de motivos
El sector aéreo no es ajeno a la crisis mundial, ni a la suya en
particular. A la desaceleración que le produjeron los atentados del 11S,
le relevó un incremento sin precedente del coste de los derivados del
petróleo, que aumentó el coste de explotación radicalmente; a este
problema se le sumó la desaceleración económica, y por consiguiente, la
bajada de viajeros. Lo que comienzan a recuperar por una repentina y
progresiva bajada del precio del crudo, lo pierden con una bajada de
ingresos en la venta de billetes, como consecuencia del menor número de
pasajeros. El sector aéreo afronta la crisis con un recorte de vuelos y
plazas sin precedentes. La subida de los carburantes y la desaceleración
económica forzarán a las aerolíneas a rebajar un 7% su oferta para
finales de 2008. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA)
ha advertido al sector aéreo que lo peor de la crisis "está por llegar" y
cifró en 4.052 millones de euros las pérdidas de las aerolíneas en 2008
derivadas de un descenso del tráfico aéreo.
El Gobierno debe garantizar que los principales destinos turísticos no se
queden sin una adecuada programación de vuelos. Por todo ello, el Grupo
Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que apruebe en el plazo
de 3 meses un Plan Estratégico de Conectividad Aéreo en España entre el
territorio español y el resto de Europa y el mundo, que garantice el
transporte de mercancías, pasajeros y turistas, asegurándose
así, que la crisis aguda que atraviesa el sector aéreo no daña los flujos
de mercancías y personas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2008.-María
Salom Coll, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
161/000754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre incineración ilegal de neumáticos y otros
residuos en fábricas de cemento, para su debate en la Comisión de Medio
Ambiente, Agricultura y Pesca.
La ley 16/2002 de Prevención de la Contaminación Atmosférica obliga a las
empresas cementeras a someterse al procedimiento de Autorización
Ambiental Integral (AAI). Pero son varias las empresas que, por motivos
de rentabilidad económica, aprovechan el expediente de AAI para solicitar
la sustitución de combustible tradicional por la incineración de
neumáticos, plásticos y otros residuos como lodos de depuradoras,
barnices, aceites o disolventes, e incluso harinas cárnicas, cuya
combustión genera sustancias tóxicas y peligrosas para la salud, metales
pesados como el mercurio, y contaminantes orgánicos persistentes como son
las dioxinas y furanos que se forman a partir de la combustión del 1% de
cloro contenido en los neumáticos.
La incineración de residuos peligrosos en los hornos de las cementeras ya
había generado alarma social hace años, cuando algunas de estas empresas
fueron señaladas por haber incinerado los restos de animales muertos por
la enfermedad de las "vacas locas".
El recurso a la incineración de residuos tóxicos y peligrosos constituye
un motivo de especial preocupación por cuanto España es el país de la
Unión Europea que en estos últimos años ha consumido la mayor parte del
cemento hasta alcanzar la quinta parte del total de la UE-25, liderato
atribuible a las desproporcionadas dimensiones del sector de la
construcción, tanto en edificación como en obra pública.
Por la mencionada vía de presentación de proyectos de incineración de
residuos industriales, eufemísticamente denominada como "valorización de
residuos", las Consejerías de Medio Ambiente de la mayoría de las
Comunidades Autónomas han autorizado proyectos presentados por las
fábricas de cemento que incluyen la incineración de este tipo de
residuos.
Por ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha ha
autorizado:
- A la empresa multinacional mexicana CEMEX, en el municipio de Yepes, la
incineración de 20.000 Tn/año de neumáticos y 25.000 Tn/año de plásticos,
fábrica de cemento que viene incinerando neumáticos troceados desde marzo
de 2007 y que carece del informe Favorable de la Dirección General de
Calidad Ambiental, por incumplir el condicionado del Programa de
Vigilancia al que se supedita la entrada en vigor de la autorización;
- A la empresa multinacional HOLCIM ESPAÑA S.A., en Yeles, la incineración
de 7.000 Tn/año de neumáticos, 2.000 Tn/año de plásticos no halogenados,
7.000 Tn/año de lodos calizos de la industria papelera, 10.000 Tn/año de
disolventes y licores madre no halogenados, 3.000 Tn/año de residuos y
lodos acuosos que contienen pintura, barniz y tintes, y 35 Tn/año de
aceite mineral usado; con el agravante que la industria está a menos de 2
Km del casco urbano.
- Y, de otra parte, se ha autorizado a la empresa multinacional francesa
LAFARGE CEMENTOS, S.A, en Villaluenga de la Sagra, la incineración de
45.000 Tn/año de residuos líquidos tóxicos y peligrosos, y a quien se le
había permitido incinerar desde el año 2002 más de 30.000 Tn anuales de
residuos sin haber obtenido la AAI que finalmente se le ha otorgado.
Las tres fábricas de cemento concentran su impacto en una zona reducida,
como es la comarca de La Sagra, donde también se encuentran 29 cerámicas,
la central térmica de Villaseca canteras a cielo abierto y polígonos
industriales, con el agravante que, según el registro europeo EPER, el
43,37% de los complejos más contaminantes de España están ubicados en
Castilla-La Mancha.
Todo ello sin que Ayuntamientos colindantes y vecinos afectados hayan sido
llamados a consulta ni recibidos en trámite de audiencia en calidad de
interesados, como marca la Ley 16/2002 sobre prevención y control
integrado de la contaminación, y como recomiendan el Reglamento Europeo
850/2004 y el Convenio de Aarhus, para poder conocer dichas decisiones
antes de ser aprobadas y tener así opción a alegar con conocimiento de
causa por los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente que se
derivan del proceso de incineración, todo ello en defensa del derecho
constitucional a la salud y su corolario de protección del medio
ambiente, desconsiderando las decenas de miles de firmas de ciudadanos y
las mociones presentadas contra estos proyectos por Ayuntamientos,
Mancomunidades y plataformas ciudadanas.
De otra parte, la combustión de neumáticos y otros residuos contaminantes
contraviene los objetivos acordados en el Convenio de Estocolmo sobre
Compuestos Orgánicos Persistentes de 2001, ratificado por España, de
eliminar o reducir al máximo la producción de dioxinas, furanos y otros
Compuestos Orgánicos Persistentes,
sustancias cancerígenas extremadamente dañinas para la salud humana, una
de cuyas principales fuentes asegura dicho Convenio que son las fábricas
de cemento que incineran ese tipo de residuos.
Además, la autorización otorgada a las cementeras para la incineración de
residuos vulnera hasta hacerlo inviable a medio plazo el principio de
precaución y el principio básico de jerarquía que preside la Ley 10/98 y
los Planes de gestión de residuos establecidos a nivel europeo, estatal y
autonómico, que obligan a gestionarlos prioritariamente a través de la
reducción, la reutilización y el reciclaje, totalmente factibles para los
neumáticos, reutilizables en la construcción de carreteras, y cuya
incineración ocupa el último lugar de esta jerarquía, puesto que no los
elimina y sólo los dispersa, liberando a la atmósfera nuevas sustancias
resultantes de la combustión, que son mucho más peligrosas que los
materiales de partida. La incineración de neumáticos en las cementeras,
incentivada económica y fiscalmente, entra en contradicción con los
Planes estatales y autonómicos de reutilización y reciclaje de neumáticos
fuera de uso para su utilización en recauchutado, firme de carreteras,
pistas polideportivas, etc., poniendo en riesgo la viabilidad económica
de las empresas dedicadas a la reutilización y reciclaje compatibles con
la salud humana y el medio ambiente.
Esta situación tiene su correspondencia en otras Comunidades Autónomas,
por ejemplo en Cataluña, donde la Consejería de Medio Ambiente de la
Generalitat ha autorizado a la empresa LAFARGE, en Moncada i Reixach, la
combustión de lodos de depuradoras y cenizas volantes a 90 metros del
casco urbano, y a la empresa CEMEX, en San Feliu de Llobregat, a 200
metros del casco urbano.
Una situación similar se produce en Castilla y León, con cuatro proyectos
de incineración de neumáticos y residuos en la provincia de León: las
cementeras Cosmos, en Toral de los Vados, que pretende quemar 20.639
Tn/año de neumáticos, 10.320 Tn/año de plásticos, 21.671 Tn/año de lodos
y 14.447 Tn/año de harinas y grasas animales; Tudela-Veguin, en La Robla,
que proyecta quemar 18.000 Tn/año de neumáticos con el mismo fin; RMD, en
Ardoncino, que proyecta poner en marcha su planta de termólisis con
capacidad para 24.000 Tn/año y la planta de "pirólisis-flash" promovida
por el Ayuntamiento de Villagatón en Brañuelas.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. A presentar al Congreso de los Diputados un informe sobre el estado de
cumplimiento de la legislación vigente en materia de incineración de
residuos en las fábricas de cemento y sobre las medidas institucionales
de vigilancia, con especial referencia a la Ley 10/1998 de Residuos, a la
Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, al
Real Decreto 653/2003 sobre incineración de residuos, a la Ley 10/98 y a
los Planes de Gestión de Residuos, al Reglamento Europeo 850/2004, al
Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes de 2001;
2. A presentar al Congreso de los Diputados un informe relativo a las
Autorizaciones Ambientales Integrales concedidas en España a las empresas
fabricantes de cemento que incluyen la incineración de residuos, en
aplicación del artículo 5 del Real Decreto 508/2007 de 20 de abril;
3. A promover con las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, el compromiso de velar por el cumplimiento
riguroso de la legislación vigente en la materia; de rechazar los
proyectos presentados por las empresas fabricantes de cemento que
incluyan la incineración de neumáticos y demás combustibles tóxicos; y de
promover la sustitución del combustible utilizado ilegalmente en los
hornos por otras fuentes tradicionales.
4. A promover incentivos económicos y fiscales a las empresas
especializadas en la reutilización y el reciclaje de neumáticos para usos
compatibles con la salud humana y el medio ambiente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la trashumancia,
para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Exposición de motivos
La trashumancia es una práctica ganadera basada en el desplazamiento anual
de los rebaños de ganado desde las zonas de gran altitud, en las que
permanecen en verano, a las zonas bajas de mejor clima en donde
permanecen durante los meses de invierno. La trashumancia en España se
basa en la adaptación del ciclo productivo de los rebaños de ovejas,
cabras o vacas a los ciclos climáticos del país, de manera que en el
verano los rebaños pastan en las zonas de montaña de León, Soria,
Segovia, La Rioja, Teruel, Guadalajara... y en el invierno pastan en las
dehesas de Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha.
Los orígenes de la denominada trashumancia ibérica podrían situarse hace
más de 15.000 años en el final del Paleolítico. Fueron los sucesivos
cambios climáticos los que fueron obligando a los ganados a moverse para
aprovechar los pastos naturales que eran entonces su única fuente de
alimentación.
Es esta una práctica ganadera ancestral, mantenida por los pastores
trashumantes durante siglos en los que fueron tejiendo una amplísima red
de cañadas, caminos y vías pecuarias que permitían el tránsito del ganado
de unas zonas a otras.
En España, la red viaria tiene una extensión de más de 124.000 Km. de
longitud y ocupa un espacio de 420.000 hectáreas de superficie,
prácticamente el 1% del territorio nacional. Hay vías pecuarias en 40
provincias españolas y su longitud es 15 veces superior a la red
ferroviaria.
Estamos hablando de un amplísimo patrimonio público, imprescriptible e
inalienable, que debe ser defendido de la ocupación o usurpación por los
particulares y de una actividad que debe ser mantenida como portadora de
valores culturales e identitarios de nuestro país.
Desgraciadamente en estos momentos la trashumancia está en franca
decadencia y en trance de desaparición si las Administraciones Públicas
no hacen algo por evitarlo. Los actuales modelos de desarrollo
productivitas de la ganadería, las normativas sanitarias y zootécnicas,
la no conservación de las vías pecuarias, algunos desarrollos
urbanísticos, y otras causas están haciendo abandonar a los ya escasos
pastores trashumantes.
Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Preservar, apoyar y fomentar el patrimonio ganadero de nuestro país, y,
en particular, la ganadería extensiva, por su importancia para el entorno
natural, a través del aprovechamiento de los recursos naturales, empleo
de razas autóctonas plenamente adaptadas al medio y procedimientos de
cría de acuerdo a los más exigentes requerimientos en materia de
bienestar de los animales
Todo ello, a través de Planes de acción elaborados en coordinación con las
Comunidades Autónomas.
2. En el ámbito de dichos Planes, a prestar una especial atención al
fomento y apoyo a la ganadería trashumante."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de enero de 2009.-Alejandro
Alonso Núñez, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso.
161/000765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y ss. del vigente reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la lucha contra las especies
exóticas invasoras, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino.
Exposición de motivos
En España ya existen centenares de especies exóticas con potencial
invasor. Pese a todo es preocupante la escasa percepción social del
problema y las consecuencias que de ello se derivan.
Desde hace varios años es reconocido la grave amenaza que supone las
especies invasoras no sólo para las especies autóctonas, los hábitats o
los ecosistemas, también para la agricultura y la ganadería, los recursos
pesqueros, o la salud pública y el bienestar humano en general.
Es difícil de cuantificar económicamente el perjuicio que supone, la
introducción de especies de flora y fauna autóctona, pero es evidente que
la amenaza de las Especies Exóticas Invasoras está creciendo
exponencialmente y esto implica que el retraso en tomar medidas supondrá
un coste más elevado.
Los expertos demandan medidas de prevención, de mitigación y actuación
inmediata, el compromiso político y el desarrollo e implementación de un
marco legal específico, la organización y coordinación entre organismos,
la participación ciudadana, y la utilización de la educación ambiental
como herramienta fundamental en la lucha contra las Especies Exóticas
Invasoras.
Varias Comunidades Autónomas, como Valencia, ya han tomado medidas
conscientes del problema presente y futuro que supone la deriva de estas
especies, aunque la naturaleza, al no conocer de fronteras políticas
requiere de una coordinación interterritorial e internacional.
Pese a esta recientes recomendaciones, la nueva Ley del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, aprobada hace más de un año, que debía regular la
prevención y el control de las especies exóticas invasoras, no ha dado
una respuesta rápida a esta demanda, realizada en varias ocasiones desde
diferentes sectores.
La Ley sí prevé la creación de un Catálogo de estas especies, así como la
obligación de elaborar las Estrategias que contengan las directrices de
gestión, control y posible erradicación de las especies de dicho
Catálogo. Pero remite la regulación de la estructura y funcionamiento del
Catálogo a un reglamento todavía inexistente.
Uno de los problemas de esta Ley es la ausencia de compromisos en los
plazos para realizar los contenidos del futuro Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y, en este caso, es conveniente
no perder más tiempo y es necesario la toma de medidas para responder de
forma urgente a esta amenaza de forma eficaz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, fórmula la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar y aprobar, en el plazo de 3 meses, el reglamento que defina
la estructura y funcionamiento del Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras.
2. Hacer pública la primera lista de especies que componen el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras.
3. Elaborar, en el marco legal establecido, las Estrategias que contengan
las directrices de gestión, control y posible erradicación de las
especies del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el plazo
de 1 año.
4. Previamente, durante y con posterioridad a la elaboración del Catálogo
Español de Especies Exóticas invasoras se movilizarán los recursos que
permitan profundizar en el conocimiento técnico y científico sobre las
vías de introducción de especies exóticas, la identificación taxonómica y
la biología de éstas, así como su comportamiento y posible interacción
con el ecosistema.
5. Dotar el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad de las
cuantías destinadas al cumplimiento del objetivo contemplado en el punto
2.i del artículo 74 de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
6. Establecer, conjuntamente con las Comunidades Autónomas, centros de
investigación y Asociaciones del sector, de forma inmediata y dentro de
la propia Estrategia los mecanismos de detección, alerta temprana en la
identificación de especies invasoras y los protocolos de actuación
inmediata para atenuar los efectos producidos por la introducción de
especies exóticas.
7. Establecer un subcomité permanente, dentro de Comité de Flora y Fauna
Silvestres, regulado por el Real Ddecreto 1424/2008, de 14 de agosto, por
el que se determinan la composición y las funciones de la Comisión
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las
normas que regulan su funcionamiento y se establecen los
comités especializados adscritos a la misma, dedicada exclusivamente a
Especies exóticas Invasoras.
8. Desarrollar de forma inmediata programas de educación ambiental,
campañas de sensibilización y concienciación social dirigidas a todos los
sectores sociales, instando a la participación ciudadana para evitar y
erradicar este problema."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2009.-Carlos
Floriano Corrales, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la adopción de
medidas urgentes en favor del sector lácteo nacional, para su debate en
la Comisión de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
Exposición de motivos
El sector lácteo español, y de manera muy especial, el sector lácteo
gallego. están atravesando por una grave crisis en los últimos años y de
manera mas acusada en los últimos meses, derivada de la continua caída de
las rentas que perciben los ganadero, como consecuencia de la disminución
de los precios de la leche que perciben los ganaderos, al tiempo que en
paralelo sus costes de producción no paran de incrementarse, derivados de
las subidas que se han producido en el precio de los piensos, energía
(gasoleo y electricidad) y de los fertilizantes necesarios para abonar
sus praderas, pastos y pastizales.
Hay que tener en cuenta que este sector es básico para la economía agraria
de amplias comarcas de la Cornisa Cantábrica y de manera muy especial de
Galicia, Comunidad Autónoma que produce cerca del 40 por ciento de la
leche de vaca en España.
Por otra parte, como consecuencia del denominado "Health Check" o chequeo
médico de la PAC (Política Agrícola Comunitaria), recientemente aprobado
se han adoptado una serie de medidas para este sector que en nada
favorecen a los ganaderos españoles.
El régimen de cuotas lecheras será eliminado en el 2015, sistema que ha
contribuido durante años a una progresiva reestructuración del sector en
España, al mismo tiempo que ha ofrecido unas mínimas garantías de
estabilidad en la renta percibida por el ganadero. Tras el
desmantelamiento de las cuotas de producción, el ganadero español tendrá
muchas dificultades para competir con otros productores europeos. Sin
embargo, el acuerdo no prevé ninguna medida efectiva que permita un
aterrizaje suave hacia la supresión de ese régimen en nuestro país, lo
que se ve agravado por el modelo de gestión de la cuota nacional aplicado
por el Gobierno socialista desde el año 2005, modelo que frena toda
mejora de la competitividad del sector lechero español.
El acuerdo es claramente discriminatorio para nuestro sector lechero al no
tener en cuenta el déficit que arrastra la producción española. La
decisión salomónica de incrementar en todos los países por igual un 1 por
ciento anual las cuotas de producción durante los años previos a la
supresión del régimen esconde un trato injusto para España. En nuestro
país ese aumento equivale
en todo el periodo a sólo 318.000 toneladas adicionales, volumen que no
resuelve nuestro déficit de producción, mientras que en países como
Alemania o Francia el 1 por ciento de aumento acentúa su situación
fuertemente excedentaria.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la rigidez del sistema de
gestión lechero ha sido agravada en esta campaña 2008-2009 con la
interrupción, por parte del Gobierno, del plan de abandono del sector
lácteo.
La reforma del sector lechero no ofrece ninguna solución para una salida
adecuada de los ganaderos que se vean forzados a abandonar la producción,
como consecuencia de la supresión del régimen de cuotas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso presenta la siguiente Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder en el plazo de un mes al reparto de la cuota de leche de la
Reserva Nacional, teniendo muy en cuenta para su distribución geográfica
el contenido de los informes de la propia Unión Europea, donde se señala
de manera contundente que Galicia, Asturias y Cantabria son las únicas
Comunidades Autónomas que presentan comarcas favorables para el
desarrollo del sector lácteo en España.
2. Mantener las ayudas directas que reciben los ganaderos productores de
leche al nivel actual, más allá de la fecha del 2013, ya que, de lo
contrario, muchos productores tendrán grandes dificultades para
sobrevivir en un mercado sin cuotas, en el que la tendencia será el
descenso de los precios que perciben por sus entregas.
3. Al objeto de prever una salida digna para los ganaderos que se vean
obligados a abandonar la producción, presentar un plan de abandono sin
demora, que comience en la próxima campaña.
4. Elaborar un Plan Estratégico Nacional del Sector lácteo, al objeto de
establecer un reparto justo entre las Comunidades Autónomas de las ayudas
a este sector, a partir de los Fondos Regionales contemplados en las
dotaciones presupuestarias del artículo 68 de la Reforma de la PAC, y que
asimismo ofrezca soluciones para los ganaderos que se vean obligados a
abandonar sus explotaciones como consecuencia de la supresión del régimen
de cuotas para el año 2015 y que igualmente coordine las medidas
adoptadas a nivel regional, para evitar actuaciones dispares entre las
distintas Comunidades Autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-José Ignacio
Llorens, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/000760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para permitir a
las Comunidades Autónomas salvaguardar las tradiciones culturales
pirotécnicas en la transposición de la correspondiente Directiva europea
para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La aprobación de la Directiva Europea sobre la puesta al mercado de
artículos pirotécnicos (Directiva 2007/23/CE, de 23 de mayo, del
Parlamento Europeo y del Consejo) da a los Estados de la Unión Europea un
plazo de tres años para su transposición, es decir, para su aplicación a
cada territorio. En consecuencia, antes del 4 de enero de 2010, los
estados miembros deberán adaptar y publicar las disposiciones necesarias
para darle cumplimiento.
Dicha directiva regula la fabricación, el almacenamiento y el uso
profesional o recreativo del material pirotécnico. Su aplicación literal
podría afectar numerosas fiestas tradicionales y manifestaciones
culturales en las que la pirotecnia es uno de sus elementos fundamentales
(como verbenas, mascletás, correfocs, foguerons, diablos infantiles...),
pues incorpora importantes limitaciones en las distancias de seguridad y
en la edad de los usuarios.
No obstante, la propia directiva prevé exceptuar, si así lo plantean los
estados miembros, determinadas "festividades religiosas, culturales o
tradicionales" y las edades de manipulación de los artículos pirotécnicos
previa formación.
En este sentido, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya en el marco de la Comisión Mixta integrada por
el mismo Departament, las diputaciones catalanas y las entidades
asociativas de entes locales, ha acordado solicitar al Gobierno Español
al amparo de sus competencias en el ámbito de Cultura, que permita que
las Comunidades Autónomas puedan establecer las excepciones oportunas a
la transposición de la Directiva para salvaguardar su tradición
cultural.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al gobierno español a respetar las
competencias autonómicas en
Cultura en la transposición española de la Directiva Europea 2007/23/CE de
23 de mayo, permitiendo a las Comunidades Autónomas desarrollar los
siguientes aspectos:
a) Las Comunidades Autónomas podrán establecer, al amparo del apartado 8.º
de la parte dispositiva de la Directiva, las fiestas y actividades que
deben ser consideradas "festividades religiosas, culturales y
tradicionales" propias, así como los artificios de pirotecnia
especialmente fabricados para estos usos, que no quedarán sujetos a la
directiva.
b) Las Comunidades Autónomas podrán exceptuar y regular aquellas fiestas
de especial relevancia que no se pueden incluir en el apartado anterior,
como las verbenas de Sant Joan, en que la población en general manipula
pirotecnia.
c) Al amparo del artículo 7.2 de la Directiva, las Comunidades Autónomas
podrán establecer un plan formativo para poder manipular los productos a
una edad inferior a la establecida por la misma."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-Joan Tardà i
Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción y el respaldo a
la industria cultural del videojuego, para su debate en la Comisión de
Cultura.
Exposición de motivos
La industria española del videojuego constituye uno de los sectores más
dinámicos y pujantes de nuestra cultura. Se trata de una nueva forma de
expresión cultural basada en la interactividad, que recibe una aportación
creciente por parte de los autores de obras literarias, plásticas,
audiovisuales y musicales de gran calidad.
Los autores de videojuegos son creativos culturales y las plantillas de su
industria están integradas por guionistas, dibujantes, modeladores y
directores de arte, a los que se unen profesionales de las nuevas
tecnologías. Estamos ante una actividad cultural con un alto valor
añadido en el ámbito de la innovación tecnológica y con grandes
potencialidades en la creación de empleo cualificado, incluso en un
contexto de crisis como el actual.
En su diversidad extraordinaria, el videojuego es utilizado tanto por
niños como por jóvenes y adultos, por lo que supone también una buena
oportunidad para experimentar nuevas fórmulas pedagógicas en el
desarrollo educativo y en la formación de valores cívicos.
La industria del videojuego factura anualmente en España más de 700
millones de euros, y emplea directamente a más de 3.000 personas. Somos
el cuarto país europeo, y el sexto mundial, en consumo de software de
entretenimiento interactivo. Nuestras empresas en el sector gozan de un
gran prestigio internacional, y muchas de sus creaciones se encuentran en
los primeros puestos de los rankings de aceptación, de galardones y de
ventas en todo el inundo.
El compromiso social de estas empresas ha quedado contrastado en sus
esfuerzos por la autorregulación, protegiendo a los menores de los
contenidos inadecuados, y en su participación decidida en la lucha contra
la piratería cultural y la protección de los derechos de propiedad
intelectual.
Los creadores y productores culturales de este sector, sin embargo, sufren
una problemática a la que debieran hacer frente con la ayuda de las
administraciones públicas. Las grandes corporaciones extranjeras
aprovechan el talento extraordinario de los creativos españoles
comercializando exitosamente sus productos, sin un reconocimiento justo,
tanto en términos económicos, como en términos de propiedad intelectual y
prestigio.
Estas multinacionales aprovechan las dificultades de los creativos
españoles para acceder a las fuentes de financiación y a los canales de
distribución internacional propios del sector. La financiación de la obra
creativa suele ser sufragada por estas grandes empresas, que en
contrapartida imponen cláusulas restrictivas en relación a la propiedad y
la explotación del producto. En consecuencia, en muchas ocasiones las
empresas nacionales tienen dificultades para adquirir la dimensión y la
fortaleza equivalentes al talento y el dinamismo de sus artistas y sus
emprendedores.
Para mejorar esta situación, durante los últimos tiempos las empresas del
sector han decidido asociarse, unir fuerzas y reclamar el papel que les
corresponde en la cultura y en la economía de nuestro país. Piden también
el reconocimiento público imprescindible y la implicación de las
administraciones, tal y como está ocurriendo ya en el resto de la Unión
Europea.
La industria del videojuego, por tanto, reivindica su consideración como
industria cultural de primer orden, y solicita acceso a las ayudas para
la financiación de sus obras, para la consolidación de sus estructuras
empresariales, y para la internacionalización de su actividad, en los
mismos términos que el cine, la música, el libro o las artes plásticas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente:
Proposición no de Ley
"La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados establece que el
videojuego constituye un ámbito fundamental de la creación y la industria
cultural de España. En consecuencia, insta al Gobierno a reconocer a sus
creadores y emprendedores como protagonistas de nuestra cultura.
Asimismo, en el marco de sus competencias y en coordinación con las
administraciones autonómicas competentes, se insta al Gobierno a
facilitar su acceso a todas las ayudas factibles para la promoción de su
actividad, la financiación como industria cultural y la
internacionalización de sus iniciativas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Rafael
Simancas Simancas, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso.
161/000781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de un Canal Cultural
de televisión en colaboración con RTVE, para su debate en la Comisión de
Cultura.
Exposición de motivos
El Ministro de Cultura ha manifestado en sede parlamentaria su disposición
para impulsar la creación de un Canal Cultural de televisión en
colaboración con Radio Televisión Española (RTVE).
El Gobierno y RTVE han coincidido en la pertinencia de crear un nuevo
canal temático multimedia dedicado a la cultura. Esta iniciativa puede
dar lugar a un instrumento formidable para contribuir a la promoción y
difusión de las diversas creaciones culturales que se manifiestan en el
conjunto de España.
El Ministerio de Cultura participará en la definición de los contenidos
del nuevo canal y respaldará su proyección en todo el mundo, con especial
atención al resto de Europa y, sobre todo, a Latinoamérica.
El canal cultural habrá de desarrollar sus contenidos atendiendo a la
pluralidad social, territorial y cultural de España, y ello redundará en
su riqueza e interés.
Los creadores culturales, sus industrias y todas las instituciones y
entidades relacionadas con las artes diversas tendrán su espacio y su
oportunidad de participación protagonista en este proyecto: cine, música,
teatro, danza, literatura, gastronomía, vídeo, software de
entretenimiento...
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y suscribir los
convenios correspondientes con RTVE para la puesta en marcha del nuevo
Canal Cultural, asegurando la calidad de sus contenidos, la pluralidad de
sus manifestaciones culturales, y la eficacia en su proyección hacia el
resto de Europa y Latinoamérica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Rafael
Simancas Simancas, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
separación entre atención sanitaria y Seguridad Social para su debate en
la Comisión de Sanidad y Consumo.
Desde 1999, en base a la Ley 49/1999, de 30 de diciembre, de PGE, el
Estado asumió totalmente la financiación de la Asistencia Sanitaria
suprimiendo la vinculación anterior entre Sanidad y Seguridad Social.
Con ello, se dio cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Sanidad
que reconoce el derecho a la salud por el hecho de ser ciudadano.
Sin embargo, a pesar de ello y de la transferencia de la gestión sanitaria
a las Comunidades Autónomas, se sigue exigiendo la afiliación a la
Seguridad Social para reconocer el derecho.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar en el marco de
sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas:
1. Desarrollar una base de información estatal con los datos de todos los
españoles residentes con derecho a la atención sanitaria según lo
dispuesto en la Ley General de la Sanidad que integre los ficheros de
afiliación a la Seguridad Social junto a los datos de las Comunidades
Autónomas.
2. Reconozca de hecho el derecho universal a la salud, consagrado en la
Ley General de Sanidad, cancelando su vinculación al concepto de
beneficiario de la Seguridad Social hoy obsoleta.
3. En consecuencia, el reconocimiento del derecho a la asistencia
sanitaria pasará a ejercerse de hecho por las Comunidades Autónomas que
prestan dichos servicios y dejará de realizarse por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
centros psiquiátricos en instituciones penitenciarias, para su debate en
la Comisión de Sanidad y Consumo.
La situación de los dos psiquiátricos penitenciarios existentes en España:
Fontcalent en Alicante y Sevilla, cuestiona los principios y valores del
modelo expresado tanto en el Informe de la Comisión Interterritorial para
la reforma de la Salud Mental (1985) y el artículo 20 de la Ley General
de Sanidad, como la más reciente Estrategia de Salud Mental del Servicio
Nacional de Salud (2006). En particular, la atención en la comunidad,
superando instituciones cerradas como los hospitales psiquiátricos, y la
protección de los derechos de los pacientes respetando y promoviendo su
autonomía y su recuperación personal, familiar y social, mediante
dispositivos accesibles, comprensivos, de atención continua y de
calidad.
A raíz de la aprobación de la mencionada Estrategia de Salud Mental y del
estudio de Instituciones Penitenciarias sobre enfermedad mental en las
prisiones, se ha creado el Programa Marco para la Atención Integral a
Enfermos Mentales en las mismas, con el objetivo declarado de mejorar la
vida de los enfermos mentales, evitar su estigmatización, y aumentar su
autonomía y su adaptación al entorno mediante la reincorporación social
de estos reclusos.
En realidad, tanto en Fontcalent como en Sevilla, prevalece el carácter
penitenciario sobre el sanitario. Por ejemplo, la plantilla de atención
sanitaria en Fontcalen son: 1 psiquiatra titular, 2 psiquiatras
contratados a tiempo completo y 5 a tiempo parcial; además la plantilla
de psicólogos se reduce a 3, con una escasa dotación de enfermeros
auxiliares y celadores, mientras el número de funcionarios de prisiones
asciende a 65 personas.
Actualmente, la composición y el número de pacientes sometidos a
encarcelamiento en estos centros son la principal demostración de su
carácter de manicomio. El número de internos se incrementa en vez de
reducirse hasta la plétora de dichas instituciones (580) y la composición
es un cajón de sastre donde caben psicóticos, alcohólicos, toxicómanos e
incluso, ancianos de más de ochenta años.
No solo la situación interna es lamentable y contraria a los principios y
objetivos de la estrategia de salud mental, sino que la relación con el
resto del sistema de salud es claramente deficiente. Por si fuera poco,
no acaba de cumplirse con el mandato de transferencia de la sanidad
penitenciaria, y las Comunidades Autónomas, salvo excepciones, carecen de
mecanismos y medios para la información, coordinación y atención integral
a los pacientes.
Tampoco en el ámbito de la justicia avanza, ni la utilización de los
servicios de salud comunitarios para personas con enfermedad mental
declarada no imputable o que los hace exentos de responsabilidad
criminal, ni tampoco la revisión de los casos de los internados en estos
psiquiátricos penitenciarios al objeto de superar su aislamiento y lograr
su atención en la comunidad.
Es por todo ello, que resulta de la máxima urgencia un acuerdo que incluya
al Ministerio de Sanidad y Consumo, a los Ministerios del Interior y
Justicia junto a las Comunidades Autónomas y al Consejo General del Poder
Judicial, al objeto de adoptar medidas para garantizar la paulatina
atención en la comunidad de los enfermos mentales declarados
inimputables.
Por lo que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al desarrollo y aplicación
de la estrategia de Salud Mental en el ámbito de los hospitales
penitenciarios y en el marco de sus competencias, a:
1. Promover de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial una
aplicación del Código Penal favorable a una mayor utilización de los
servicios de salud comunitarios, frente a los psiquiátricos
penitenciarios, en aplicación de la mencionada Estrategia de Salud Mental
de 2006.
2. Alcanzar por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio del
Interior y las Comunidades Autónomas, los acuerdos necesarios al objeto
de dar
cumplimiento a la Estrategia de Salud Mental en los psiquiátricos
penitenciarios, incrementando el personal sanitario y las actividades
rehabilitadoras a corto plazo en dichos centros y en tanto se producen
las transferencias, estableciendo los oportunos convenios con las
Comunidades Autónomas, con el fin de avanzar en la coordinación y
paulatina integración de los pacientes en el modelo de atención
comunitario.
3. Desarrollar lo previsto en el artículo 265.4 del Reglamento
Penitenciario, para que los órganos colegiados de los hospitales
penitenciarios cumplan con esta orientación de salud mental.
4. Favorecer, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, el
estudio y reorientación comunitaria de las medidas de seguridad
privativas de libertad en los enfermos mentales hoy ingresados en los
hospitales psiquiátricos penitenciarios de Fontcalent y Sevilla.
5. Apoyar a las Asociaciones de familiares y amigos de enfermos mentales,
ingresados en los mencionados hospitales psiquiátricos, tanto en materia
de información, como en su participación en la recuperación y reinserción
de los pacientes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para el impulso a la prevención del tabaquismo en
las mujeres, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
El cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes y también de los
de peor pronóstico (un 85% de mortalidad). En Estados Unidos mueren más
personas por cáncer de pulmón que por cánceres de mama, próstata, colon y
páncreas juntos.
Cada año se diagnostican en el mundo a 10 millones de personas nuevos
casos de cáncer y en el de pulmón, la incidencia va a duplicarse por la
mayor esperanza de vida y el mayor consumo de tabaco en los países en
vías de desarrollo, estimándose su crecimiento anual en un 0,5%.
En la Unión Europea cada año se diagnostica cáncer de pulmón a alrededor
de 200.000 personas, de ellas aproximadamente 40.000 mujeres. En España
la incidencia es de 20.000 casos nuevos (2.000 en mujeres) y fallecen
anualmente 17.000 varones y casi 2.000 mujeres a causa de esta
enfermedad.
Como datos comparativos y que sirven para contextualizar el problema ha de
tenerse en cuenta que en nuestro país de cáncer de mama (que representa
el 22% de los cánceres en mujeres) se diagnostican 16.000 casos nuevos
con una supervivencia del 80% y fallecen por esta causa 5.500 mujeres
habiéndose realizado grandes esfuerzos preventivos y terapéuticos que van
mejorando las perspectivas.
El cáncer de cérvix supone un 3,7 % de los cánceres femeninos. Se
diagnostican 3.800 casos nuevos cada año, con una supervivencia entre el
70-90%, falleciendo por esta causa 600 mujeres. El Virus del Papiloma
Humano está presente en el 99% de los casos y ello ha dado pie a una
discutida campaña vacunal de altísimo coste.
En el Cáncer de Pulmón el hábito de fumar tabaco es la causa principal
tanto en hombres como en mujeres hasta el punto de que en el Xl Congreso
Mundial sobre Cáncer de Pulmón celebrado en Barcelona llegó a afirmarse
que: "sin tabaco, el Cáncer de Pulmón sería algo anecdótico en 20 años",
lo cual da idea del consenso científico sobre la materia. El mismo
consenso sobre la certeza de que se incrementa la tendencia a padecer
Cáncer de Pulmón entre las mujeres en relación al incremento del hábito
de fumar.
En una sociedad de referencia histórica en cuanto al consumo de tabaco
como es la americana, el número de mujeres que mueren a causa del Cáncer
de Pulmón es el doble que por el de Mama y va igualándose la incidencia
con respecto a los varones: si en la década de los setenta la relación
entre la incidencia en hombres/mujeres era del 3,5, en el año 2000 ya
sólo era de 1,5 y ahora la progresión continua paralelamente a la
evolución igualitaria seguida en el consumo de tabaco.
En España también está disminuyendo en los hombres y aumentando en las
mujeres y se inicia en edades más tempranas, todo ello debido
fundamentalmente al consumo de tabaco, según, entre otros, las
conclusiones del informe: "Cáncer de Pulmón en España, Radiografía 2008"
presentado en noviembre por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP).
También se afirma que la mortalidad disminuye en varones en los últimos 10
años y aumenta en mujeres en clara relación con el consumo de tabaco.
Otros estudios sugieren que las mujeres pueden tener una susceptibilidad
mayor a los cancerígenos del tabaco y al desarrollo más temprano de la
enfermedad que los hombres.
Por otro lado, la incidencia en mujeres en nuestro país es aún casi 10
veces menor que en hombres y éste es un esperanzador punto de partida que
motiva a actuar decididamente. Esta enfermedad es previsible y por ello
es prioritario y esencial la disminución del tabaquismo para obtener
resultados a medio plazo.
En España el consumo de tabaco ha bajado en los hombres en los últimos
años, pero hasta ahora había aumentado en las mujeres. La última Encuesta
Domiciliaria sobre Consumo de Alcohol y otras Drogas (EDADES) 2007/2008,
muestra un descenso significativo en el consumo de tabaco (6 puntos menos
que en 2003), pero mientras este descenso es de 9,5-10 puntos en los
hombres, en las mujeres de 15-24 años lo es de 7,1 puntos y tan sólo de
2,6 entre los 35-64 años.
A pesar de los esfuerzos de las políticas públicas para disminuir el
tabaquismo, que tienen su culmen legislativo en la Ley de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro,
el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (Ley del Tabaco) y
continuidad con la Estrategia de Cáncer, parece necesario, desde la
perspectiva preventiva a medio y largo plazo, reforzar e intensificar las
medidas transversales, pero también promover actuaciones concretas
dirigidas a la población femenina tanto para mejorar sus condiciones de
salud a corto plazo (no debe olvidarse la relación del tabaco con otros
cánceres, enfermedades cardiovasculares y otras patologías), sino también
para mejorar las perspectivas de salud de la mujer en el futuro, como
población diana susceptible de alta efectividad en las políticas
preventivas del Cáncer de Pulmón.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de
Sanidad, en coordinación con el Ministerio de Igualdad, impulse
actuaciones específicas para disminuir el tabaquismo entre las mujeres y
prevenir el inicio temprano en el consumo del tabaco."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-Alberto
Fidalgo Francisco, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso.
161/000776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no Ley sobre Plan de Atención a mujeres en déficit hormonal
para una Madurez Saludable, para su debate en la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Exposición de motivos
En España la edad media en que se presenta la menopausia en las mujeres es
de 49-50 años. Teniendo en cuenta que la esperanza de vida de la mujer es
de 85 años, existen en nuestro país más de 9-10 millones de mujeres en
déficit hormonal.
La mayoría de las mujeres en déficit hormonal presenta síntomas y
alteraciones que alteran su calidad de vida, aunque exista una gran
variabilidad en la frecuencia, intensidad y modo en que se presentan
estos síntomas.
No obstante ser la menopausia y perimenopausia un periodo normal y
biológico en la vida de la mujer, el gran número de mujeres en esta
situación así como el hecho de que la mayoría de ellas ve alterada su
calidad de vida, con la consecuencia de un incremento la demanda
terapéutica, conforma una situación que debe ser abordada.
A todo ello se une que los profesionales sanitarios no tienen posiciones y
actitudes unívocas respecto al tratamiento clínico de la menopausia. Es
más, incluso en lo que se refiere a la conveniencia de la terapia
hormonal sustitutiva hay posiciones muy divergentes.
Ante esta situación es por tanto conveniente adoptar medidas que
proporcionen a las mujeres tranquilidad y confianza cuando tomen
decisiones que afecten a su salud y a su calidad de vida. Para ello, se
propone la constitución de un Comité Multidisciplinar de Expertos, en el
que estén representadas todas las corrientes científicas, que realice un
informe que sirva de base al Gobierno para elaborar un Plan de Atención a
mujeres en déficit hormonal que les permita una madurez saludable que no
sólo suponga más tiempo de vida sino mayor calidad en la misma.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la realización,
previa creación de un Comité de Expertos e informe del mismo, de un Plan
de Atención a mujeres en déficit hormonal con el objetivo de conseguir
una madurez saludable."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-José Alberto
Cabañes Andrés, Diputado.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso.
161/000778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión
de Sanidad y Consumo.
El gobierno actual decidió, en el ámbito de su competencia de
autoorganización, la constitución de un Ministerio específico que
integrase el conjunto de las políticas e Instituciones relacionadas con
la ciencia, la Universidad, la innovación y la investigación: el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Esta decisión ha afectado a otros Ministerios y más en particular al
Ministerio de Sanidad que se ha visto privado del Instituto Carlos III,
órgano de apoyo científico-técnico de los Departamentos de Sanidad del
Estado y las Comunidades Autónomas, que desarrolla sus funciones en
coordinación con el Consejo Interterritorial de Salud, adscrito al
Ministerio de Sanidad y Consumo, bajo la presidencia del Ministro de
Sanidad, de acuerdo todo ello con la Ley General de Sanidad en su título
VII.
Habida cuenta que el Instituto Carlos III va más allá de ser instituto de
investigación sanitaria y es también una institución básica de la salud
pública, tanto en formación, como en investigación y apoyo al Sistema
Nacional de Salud;
Habida cuenta, también, de la voluntad expresada por el Gobierno de
elaborar una ley de salud pública, que articule con las CC.AA. las
políticas e Instituciones de Salud pública en el Sistema Nacional de
Salud;
Teniendo en cuenta, por último, la indefinición existente en relación al
Carlos III, con el incumplimiento de la puesta en marcha de la Comisión
Mixta de Coordinación del mencionado organismo, contemplada en el Real
Decreto 1183/2008,
Se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A poner en marcha de forma urgente la Comisión Mixta de Coordinación
del Instituto Carlos III, contemplada en el Real Decreto 1183/2008.
2. A que, en todo caso, las Instituciones y servicios de salud pública,
integrados en el Instituto Carlos III, se mantengan vinculados al
Ministerio de Sanidad y a su Dirección de Salud Pública, de acuerdo con
la Ley General de Sanidad y la Ley de cohesión y calidad del SNS.
3. A que la función investigadora del Instituto Carlos III, contemplada
en las leyes de sanidad y de cohesión, se realice teniendo en cuenta las
prioridades de política sanitaria y de salud pública del Ministerio de
Sanidad y el Consejo Interterritorial de Salud.
4. A que en la ley en elaboración, en materia de salud pública, se defina
el papel del Instituto Carlos III como institución básica de la
Inteligencia, Formación e Investigación sanitarias, vinculada (como el
CDC en EE.UU. o el Instituto Pasteur en Francia) al Sistema de Salud
Pública del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con el Consejo
Inteterritorial y las Comunidades Autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
161/000779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
reflexión y el estudio en relación a la muerte digna, para su debate en
la Comisión de Sanidad y Consumo
Como dice el Manifiesto de Santander, suscrito por profesionales de la
salud:
"Ha llegado el momento para debatir en la sociedad española las diferentes
cuestiones relacionadas con el final de la vida, como el suicidio
asistido y la eutanasia.
El ser humano, aun en medio de su vulnerabilidad, y en tanto que persona,
disfruta del derecho a la autodeterminación, libertad, dignidad y otros,
que le permiten disponer de su vida, lo que permitirá afrontar la muerte
a la luz de la decisión personal.
El suicidio asistido y la eutanasia van más allá de los cuidados
paliativos, aun cuando éstos estuvieran bien implantados en todo el
ámbito de la sanidad pública estatal. Los cuidados paliativos no
resuelven todos los problemas relacionados con el dolor y el sufrimiento
físico, psíquico y existencial.
Los profesionales de la sanidad que acepten estas prácticas eutanásicas
y/o de ayuda médica al suicidio han de realizarlas bajo determinados
criterios y deben estar legalmente protegidos."
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar en el marco de
sus competencias las medidas necesarias:
A que, en relación a la muerte digna y más en concreto sobre suicidio
asistido y eutanasia, ponga en marcha la reflexión y el estudio de las
distintas visiones
éticas, sanitarias y jurídicas en el ámbito español e internacional,
comunicando las conclusiones y recomendaciones al Congreso de los
Diputados, a lo largo del año 2009".
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds.
Comisión de Vivienda
161/000777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no Ley sobre fomento de la rehabilitación, para su debate en
la Comisión de Vivienda.
Exposición de motivos
El peso específico de la rehabilitación ha estado en los últimos años, en
relación con la construcción, en unos niveles muy inferiores a lo que
representa en otros Estados europeos. Por lo tanto, en nuestro país, con
un parque de viviendas de 25 millones, muy envejecido además, la
rehabilitación tiene un enorme potencial para reconducir la actividad del
sector de la construcción, generando empleo y absorbiendo mano de obra a
la vez que se mejora nuestra sociedad, nuestras infraestructuras y
nuestro entorno.
Una gran parte de los nuevos desempleados provienen del sector de la
construcción. No obstante, el Gobierno no debería impulsar la
construcción al ritmo insostenible que hemos sufrido en los últimos años,
y por lo tanto, la rehabilitación es una buena alternativa.
Al mismo tiempo, la rehabilitación se presenta como una urgente necesidad
de regenerar barrios y entornos urbanos degradados o con deficiencias y
crear unas ciudades más habitables, más integradas y más humanas. Se
trata de un cambio de paradigma en la concepción de las ciudades y en la
forma de construirlas, optando ahora por una visión integral y
sostenible.
Para poder canalizar de una manera óptima los esfuerzos que está
realizando el Gobierno en su conjunto es conveniente realizar, dentro del
más absoluto respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, una
revisión normativa que garantice que las inversiones destinadas a
rehabilitación producen el impacto previsto.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las
modificaciones normativas necesarias para impulsar la rehabilitación de
viviendas y edificios con el fin de lograr ciudades más habitables y
generar más empleo y actividad en el sector de la construcción."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-Ana María
Fuentes Pacheco, Diputada.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso.
Comisión de Ciencia e Innovación
161/000772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la mejora del sistema de
evaluación de la actividad investigadora, para su debate en la Comisión
de Ciencia e Innovación.
Exposición de motivos
El sistema de evaluación de la actividad investigadora actualmente vigente
en España ha cobrado, en los últimos años, una importancia cada vez
mayor, pues no sólo tiene efectos económicos, sino también profesionales,
como consecuencia de la nueva legislación sobre la materia, y por lo
tanto afecta no solamente a derechos económicos del interesado, sino
también al derecho fundamental al acceso en condiciones de igualdad a
funciones y cargos públicos (art. 23 CE), al trabajo y al libre ejercicio
y desarrollo de su carrera profesional (art. 35 CE).
A pesar de esta relevancia cada vez mayor, no se han revisado en la
normativa vigente los procedimientos para el nombramiento de los expertos
de los Comités Asesores encargados de elaborar los informes sobre los que
se basa la evaluación de la actividad investigadora de los docentes. Y
así, en la actualidad, aquéllos son nombrados directamente por la
Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (en la que
no existen representantes elegidos ni por la comunidad científica ni por
el Parlamento), sin sorteo ni concurso previo, lo que provoca falta de
transparencia y neutralidad, así como una arbitrariedad evidente.
Aunque el origen de este procedimiento de evaluación estaba vinculado
estrictamente a la posible percepción de un complemento de productividad
económico, en los últimos años se ha venido aprobando diversa normativa
referida a los cuerpos docentes universitarios, en la que se tienen en
cuenta los reconocimientos de tramos de investigación también a efectos
de currículo académico, como méritos alegables, e incluso como requisito
necesario en algunos casos, para poder optar a determinados puestos y
para formar parte de los tribunales y comisiones que deben juzgar el
acceso a las plazas de cuerpos docentes universitarios.
El ejemplo más reciente de la importancia que ha adquirido para la carrera
de los funcionarios docentes universitarios el reconocimiento de los
tramos de investigación es el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre,
por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los
cuerpos docentes universitarios.
Este nuevo carácter de los tramos de investigación se ve subrayado,
además, por el hecho de que, para el mero acceso a la acreditación
profesional como Titular o Catedrático, según se dispone en el Anexo al
Real Decreto 1312/2007, en el caso de la valoración del apartado 1
"Actividad investigadora", la aportación de un periodo de actividad
investigadora reconocido de acuerdo con las previsiones del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado
universitario, tendrá una valoración de 15 puntos.
En consecuencia, lo que empezó siendo solamente un criterio de valoración
a efectos económicos, se ha convertido en este momento en un criterio de
valoración de la actividad profesional, con repercusiones en la carrera
académica de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes
universitarios. Y es por ello por lo que centenares de investigadores han
manifestado su preocupación por los agravios comparativos que se
continúan produciendo entre distintos campos científicos, áreas de
conocimiento y especialidades, e incluso entre investigadores de la misma
especialidad, y la indefensión en que se encuentran ante un procedimiento
burocrático poco transparente y poco equitativo.
Uno de los aspectos donde se produce un mayor agravio comparativo es en el
tema de la penalización por coautoría. La convocatoria dice que se podrá
disminuir la puntuación cuando el número de autores de un trabajo es
excesivo, pero en algunos campos (ciencias experimentales) se considera
que cuatro autores no es un número excesivo y en otros (Economía y
Empresa) la CNEAI considera de hecho que dos es excesivo, sin que se haya
anunciado así en la convocatoria. Y recursos ante la Secretaría de Estado
de Universidades, contra este tipo de agravios comparativos, no han sido
aceptados en el año 2008 sin ninguna explicación por parte del Ministerio
de Ciencia e Innovación.
Otro tema que preocupa a los investigadores es la imposición a las
ciencias sociales y humanidades de determinados criterios de las ciencias
experimentales que son inadecuados para ellas, lo que ocasiona al menos
dos problemas: se penaliza injustamente tanto la publicación en las
lenguas españolas como la publicación en inglés, u otras lenguas
extranjeras, si dicha publicación se realiza en países en vías de
desarrollo. Así mismo, sin que parezca que los miembros del Comité lean
las aportaciones presentadas, en ocasiones se descalifican por el hecho
de que varios trabajos se refieran a temáticas parecidas, alegando
reiteración de contenidos, cuando lo normal es que si se emprende una
línea de investigación concreta, ésta dé lugar a diferentes trabajos con
temática similar. Aunque la convocatoria no dice que se aplicarán, esas
penalizaciones de hecho se aplican en algunos Comités, incluso cuando por
la temática está plenamente justificada la publicación en dichas lenguas
y países, e incluso cuando la calidad de las revistas o editoriales donde
se publican está reconocida internacionalmente.
La Secretaría de Estado de Universidades tampoco ha apoyado en el año 2008
a los investigadores que recurrieron este tipo de injusticias. Además, en
las respuestas a los recursos de alzada que se dan por parte de la
Secretaría de Estado, amparándose en los supuestos informes de los
Comités Asesores, no se entra en el fondo del contenido de los recursos,
sino que se limitan a justificar el margen de apreciación discrecional
del Comité.
Resulta, por tanto, que el procedimiento de evaluación de la CNEAI es
objetable por diferentes razones: mala definición de los campos
científicos, composición de los Comités Asesores, penalizaciones
inadecuadas y no previstas en la convocatoria y divergencia de
resultados.
Es por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
reclama que se ponga especial hincapié en el control sobre los
procedimientos administrativos y la toma de decisiones relativas a la
evaluación positiva o no de los tramos de investigación, de manera que se
constaten las garantías mínimas para considerar respetados los derechos
fundamentales de los interesados, y presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1.º Con carácter urgente revise el procedimiento de nombramiento de los
Comités Asesores encargados de elaborar los informes sobre los que se
basa la evaluación de la actividad investigadora de los docentes, con el
fin de articular un procedimiento objetivo, transparente y que garantice
la representación de especialistas para asegurar una correcta
evaluación.
2.º Establezca unos criterios y baremos objetivos para la evaluación, que
garanticen la transparencia y la equidad en su aplicación y que deberán
ser conocidos, no sólo antes de la presentación de las solicitudes de
evaluación, sino con la suficiente antelación para que
los investigadores puedan adaptar su perfil investigador a dichos
criterios.
3.º Se evalúen todos los trabajos de investigación realizados en el
período a evaluar y no sólo un reducido número de éstos. No se impondrán
criterios de las ciencias experimentales que sean inadecuados para las
ciencias sociales y humanidades, en lo que respecta a las lenguas o
países en los que se publican los trabajos o a otros aspectos. En
particular, no se penalizará la publicación en las lenguas españolas u
otras que resulten adecuadas a la temática de la investigación.
4.º En los procedimientos de Recurso ante la Resolución dictada por la
CNEAI, se establezca un sistema que garantice la imparcialidad en la
resolución. En todo caso, la revisión deberá realizarla una comisión
distinta a la que dictó el informe evaluador, la cual debe valorar todos
los méritos que son de amplia aceptación internacional dentro de cada
área de conocimiento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2009.-Jesús Vázquez
Abad, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a la remisión de un informe
anual de seguimiento de los fondos da Ayuda Oficial al Desarrollo
destinados a los Organismos Multilaterales, a la Comisión de Cooperación
para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, para su debate en la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
En los últimos años, la cooperación destinada a Organismos Multilaterales
ha pasado del 36% en 2004 a casi un 55% del total de la Ayuda Oficial al
Desarrollo española en 2008. Dentro de estas partidas se encuentran las
aportaciones tanto a Organismos Internacionales financieros como a los no
financieros y las que van destinadas a la cooperación al desarrollo de la
Unión Europea.
El nuevo Plan Director 2009-2012 de la cooperación española habla en
muchos de sus puntos de la calidad y eficacia de la cooperación española
y, de esta manera, lo fija como uno de los resultados esperados para
2012: "Disponer en 2012 de una Política para el Desarrollo, integral y
coherente, sostenible a largo plazo, eficaz y de alta calidad, basada en
el consenso entre sus actores y el apoyo de la ciudadanía".
Pero esta calidad y eficacia pasan por definir una estrategia clara sobre
el destino de los fondos destinados a estos organismos multilaterales.
Dicha estrategia, se debería contener en un informe anual que indique el
volumen total de AOD multilateral, a qué instituciones va dirigida, qué
cantidad recibe cada institución, qué intervenciones de cooperación al
desarrollo se van a desarrollar, durante cuánto tiempo y en qué países. Y
que este informe sea presentado ante la Comisión de Cooperación
Internacional del Congreso de los Diputados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
Presente ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
del Congreso de los Diputados un informe anual sobre los fondos de Ayuda
Oficial al Desarrollo destinados a los Organismos Multilaterales.
Dicho informe deberá incluir el volumen total de los fondos, los
organismos a los que van destinados, las intervenciones de cooperación al
desarrollo que van a ser financiadas con cargo a estos fondos y los
países receptores de los mismos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Gonzalo
Robles Orozco, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, mediante la
presentación de la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
necesidad divulgar la accesibilidad integral y los productos de apoyo
incrementando su difusión en el año 2009 coincidiendo con el vigésimo
aniversario de la creación del CEAPAT para su debate en la Comisión
no permanente para las políticas integrales de la discapacidad
Exposición de motivos
En las tres décadas que llevamos con gobiernos democráticos los avances en
el mundo de la discapacidad se han visto reflejados en numerosas leyes
que han permitido modificar la nominación del mundo de la discapacidad,
adecuándolas a acepciones más normalizadas y menos peyorativas para el
colectivo.
En la memoria colectiva ponderamos una Ley que marcó un hito en referencia
a estas personas, aprobada por unanimidad en las Cortes en 1981, trazó un
camino que marcó un antes y un después, al reconocer nuevos derechos que
permitieron la normalización e integración educativa, siendo uno de los
primeros países de la Unión Europea en efectuarlo. Se universalizó la
asistencia sanitaria para este colectivo, un lustro después se consiguió
para toda la población española. Se establecieron prestaciones económicas
a las que se tenía derecho si se cumplía con el baremo. Regularizó el
empleo de las personas con discapacidad en los centros especiales de
empleo y en los centros ocupacionales, estableció el cupo de reserva de
plazas para estas personas. Con luces y sombras, esta Ley nos permitió
adentrarnos en la modernidad y avanzar en la consecución de mejoras en
las relaciones de vida y convivencia del colectivo.
Con posterioridad diversas normas de medidas fiscales, sobre patrimonio,
bonificaciones en la Seguridad Social, eliminación de barreras,
accesibilidad y un largo etcétera, nos han ido acompañando en estos años,
con la finalidad de avanzar en los planes que favorezcan la inserción y
compensación de las dificultades que supone tener una discapacidad, en
todos los ámbitos de la vida.
Las personas con discapacidad son titulares de los mismos derechos que las
personas no discapacitadas, por lo que se debe reconocer que para
garantizar la igualdad efectiva de derechos, el respeto a la diversidad
humana debe inspirar la construcción de las sociedades, asumiendo dicha
diversidad como un fenómeno natural y beneficioso para la sociedad. Una
sociedad que aboga por la inclusión y el respeto a los derechos humanos
debe ser aquella que asume las necesidades de todas las personas de forma
igualitaria diseñando en función de dicha variedad y no en función de una
"normalidad" establecida por la persona media.
Hemos de asumir que las barreras en el entorno constituyen obstáculos más
graves a la participación social que las limitaciones funcionales,
planteamos el Diseño para Todos como la vía para garantizar la igualdad
de oportunidades de todos y cada uno de los ciudadanos para participar
activamente en la sociedad.
Es bien sabido que la accesibilidad es un concepto complejo de definir por
su propia extensión y por la dificultad de establecer los límites
respecto a los que es aplicable. Siguiendo con esta filosofía, se aprobó
la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad
Universal 51/2003. Esta Ley viene avalada por diversas Directivas de la
Unión Europea y supone un avance en las ideas que movilizan el trabajo
por la accesibilidad en los últimos años, la no discriminación o igualdad
de oportunidades y el diseño para todos o diseño universal. Conjugar
ambos propósitos puede parecer difícil, y además serio; vivimos en una
sociedad que, aunque ha avanzado mucho en la última década, aún tiene que
incorporar mucha conciencia y hacer real la consideración igualitaria de
aquellas personas que muestran alguna discapacidad. Pero para conseguir
este propósito es preciso mirarse simplemente al espejo de las
limitaciones o condicionantes que todos tenemos, hemos tenido y sin duda
tendremos si vivimos lo suficiente. Este espejo, esa imagen real de lo
que somos es la que nos presta el Diseño para Todos como filosofía:
necesitamos pensar en cuales pueden ser nuestras mayores necesidades en
este campo y así todos podremos participar en mejores condiciones. En
este sentido, debe buscar el fin de una tradicional relegación de las
políticas de accesibilidad como políticas de "segunda clase", como
aspectos de detalle o complementarios, dirigidos a una minoría de
población que se beneficiaría de ella a costa de las incomodidades o
falta de funcionalidad para el resto.
En todos estos años, una elemento fundamental en la acción y desarrollo de
estos programas ha sido la labor realizada por el Centro Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, conocido como CEAPAT, es un centro
tecnológico con la finalidad de potenciar la accesibilidad integral y el
desarrollo tecnológico en estas materias, promueve la optimización de los
productos de apoyo y el diseño para todos, con especial atención a dos
colectivos: los mayores y las personas con discapacidad.
Su trabajo está vinculado entre otros con Plan Nacional de Accesibilidad
2004-2012, que marca los compromisos a desarrollar por la Administración
General del Estado desarrollándose mediante decretos y órdenes
ministeriales.
Otro aspecto clave viene reflejado por el nuevo convenio marco de
colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
y la Fundación ONCE suscrito el 20 de febrero de este año que tiene una
vigencia hasta el año 2010, utilizando recursos financieros provenientes
del FEDER.
Por estas razones el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a divulgar la
accesibilidad integral y los productos de apoyo (ayudas técnicas)
incrementando su difusión en
el año 2009 coincidiendo con el vigésimo aniversario de la creación del
CEAPAT."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-Elvira
Cortajarena Iturrioz, Diputada.-Ramón Jáuregui Atondo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso.
161/000756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley de acceso a la función pública de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental o que padezcan un grado de
discapacidad superior al 49%, para su debate en la Comisión para las
Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El trabajo es una de las cuestiones más importantes en la sociedad, pero
es especialmente difícil encontrarlo para algunos colectivos, entre
otros, para las personas que padecen algún tipo de discapacidad, sobre
todo, si esta discapacidad es superior al 49%.
La inclusión laboral conlleva otros muchos beneficios, además del primero
que es tener un salario, como la mejora de la autoestima y, en general,
mejorar la integración y participación social.
Las posibilidades de encontrar empleo dependen de las oportunidades que
ofrezca el mercado de trabajo y de la capacidad productiva y competitiva,
pero hay colectivos, como las personas con discapacidad, que sin
determinadas ayudas difícilmente pueden competir. Y son muchos los
principios normativos europeos y estatales que nos obligan a facilitar la
igualdad de oportunidades para evitar discriminaciones por discapacidad o
para facilitar la inclusión social de las personas que por cualquier
circunstancia tienen riesgo de exclusión.
Las Administraciones Públicas tienen un especial compromiso con la
integración laboral de las personas con discapacidad. Y si bien es cierto
que, transcurridos más de veinticinco años de la entrada en vigor de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos,
han sido muchos los esfuerzos realizados en el ámbito del empleo público,
con una cuota de reserva que por disposición de la Ley 53/2003, de 10 de
diciembre, de empleo público de discapacitados, se sitúa en un cupo no
inferior al 5%, sin embargo, es un hecho que todavía esa cuota, por
causas diversas, no ha dado los resultados esperados.
El problema se acentúa para aquellas personas que tienen una discapacidad
intelectual o enfermedad mental, sobre todo si esa discapacidad es
superior al 49%, las cuales, y a pesar de no existir datos oficiales, a
penas consiguen formar parte de esa cuota.
Por ello, es importante realizar un esfuerzo mayor en la integración
laboral de este grupo de personas con discapacidad. A tal efecto, la
Estrategia Global para el Empleo de las Personas con Discapacidad,
aprobada el pasado 26 de septiembre en Consejo de Ministros, dentro de
sus dos objetivos transversales, mandata a que cualquiera de las medidas
de actuación que se aborden en su desarrollo deberá realizarse
distinguiendo y prestando especial atención a aquéllas variables (tipo y
grado de discapacidad, edad, lugar de residencia, entre otras) que
agravan la situación de inactividad de algunas de estas personas, para
remover eficazmente los obstáculos que dificultan su integración y
participación social. El otro objetivo transversal es atender
especialmente a la doble discriminación que sufren las mujeres con
discapacidad.
En base a lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente,
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en coordinación con
las Comunidades Autónomas, en el marco de la Estrategia Global de Acción
para el Empleo de las Personas con Discapacidad y dentro del Plan de
Acción que elabore para su ejecución, adopte las medidas necesarias para
conseguir la real integración de las personas con discapacidad,
especialmente de aquéllas que padecen una discapacidad intelectual,
enfermedad mental o un grado de discapacidad superior al 49%,
principalmente en el acceso al empleo público de conformidad con lo
previsto en el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-María José
Sánchez Rubio y Margarita Pérez Herráiz, Diputadas.-Ramón Jáuregui
Atondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.
Comisión no Permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de
Tráfico
161/000763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo
193 y siguientes, presenta la siguiente Proposición no de Ley, en la que
se insta al
Gobierno a que permita que las pruebas para la obtención de todos los
permisos de conducción se puedan realizar de nuevo en el municipio
valenciano de Xeresa o en otro punto de la comarca de La Safor, para su
debate en Comisión.
Exposición de motivos
El pasado mes de septiembre de 2008, la Jefatura Provincial de Tráfico de
Valencia anunció el cese de la realización de las pruebas de destreza
para la obtención de todos los permisos de conducción en el Centro de
Xeresa (Valencia), así como su traslado a la población valenciana de
Alzira. Dicho cese de actividad del Centro de Xeresa se ha hecho efectivo
desde el inicio del año 2009.
De esta forma la Jefatura Provincial de Tráfico ha decidido culminar un
proceso progresivo de supresión en la comarca de La Safor, de cualquier
tipo de prueba relacionada con la obtención de permiso de conducción, ya
que primero se trasladaron las pruebas teóricas hasta el centro de el
Saler y ahora se trasladan también las pruebas de destreza.
Esta decisión de la Jefatura Provincial de Tráfico, cuyos motivos en
ningún caso han sido explicados, está teniendo consecuencias muy
negativas para los ciudadanos de la comarca de La Safor y para los de
otras comarcas vecinas, así como para el sector de las autoescuelas de la
comarca. Debe destacarse el hecho de que las pruebas de destreza para la
obtención de permisos de conducción se habían venido realizando en La
Safor desde hace cuarenta años.
La Safor es una comarca altamente poblada que supera en población a siete
provincias y ciudades autónomas españolas. Con una población de cerca de
200.000 habitantes y una densidad superior a los 400 habitantes/km2, La
Safor engloba a 31 municipios y cuenta con un importante parque de
vehículos, tanto de turismos como de camiones, en correspondencia con su
gran dinamismo económico y con el crecimiento demográfico experimentado
en los últimos años. De hecho La Safor es uno de los más importantes
focos de atracción económica de la Comunidad Valenciana, con una oferta
comercial y de servicios administrativos, cuya influencia supera el área
geográfica de la comarca, proyectándose hacia comarcas vecinas.
Además, esta decisión arbitraria va a obligar a millares de ciudadanos de
esta comarca a tener que desplazarse desde los distintos municipios de La
Safor hasta Alzira, lo que es prácticamente inviable utilizando los
escasos y deficientes medios públicos de transporte, y conlleva la
natural peligrosidad para las personas.
Buena prueba de la preocupación que la decisión de trasladar las pruebas
al municipio de Alzira ha creado en esta comarca, es el hecho de que,
tanto la Mancomunitat de Municipis de La Safor como el Ayuntamiento de
Gandia, con el apoyo de todas las formaciones políticas con
representación, aprobaron sendas mociones en septiembre de 2008 instando
a que no se suprimieran estas pruebas y a que se volvieran a realizar,
también en La Safor, las pruebas teóricas para la obtención de todos los
permisos de conducción.
Es por todo ello por lo que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
formula la siguiente
Proposición no de Ley
"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tanto las
pruebas teóricas como las de destreza para la obtención de todas las
licencias y permisos de conducción, puedan realizarse en algún punto de
la comarca de La Safor.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se ubique en
Gandia o en algún punto de la comarca de La Safor una Delegación que
facilite los trámites relacionados con la obtención y tramitación de
permisos de conducción."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2009.-Inmaculada
Bañuls Ros, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-P.D. El
Secretario General de Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/001270
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
¿Cuál es el motivo por el que no se ha incluido en la reciente cumbre
ministerial entre España y Marruecos a los Presidentes de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2008.-José
Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Interior
181/001248
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Cuáles son las perspectivas de evolución de la criminalidad en España
para el año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Ignacio Cosidó
Gutiérrez, Diputado.
181/001249
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Cuál ha sido el número de extranjeros detenidos por comisión de delitos
en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Ignacio Cosidó
Gutiérrez, Diputado.
181/001250
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Cuál ha sido la distribución territorial de los delitos conocidos por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el año 2008 por Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Ignacio Cosidó
Gutiérrez, Diputado.
181/001251
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Cuál ha sido la evolución de los delitos de robo con fuerza en las cosas
en España en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Ignacio Cosidó
Gutiérrez, Diputado.
181/001252
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Cuál ha sido la evolución de los delitos de robo con violencia en España
en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Ignacio Cosidó
Gutiérrez, Diputado.
81/001253
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Cuál ha sido la evolución del número de secuestros ocurridos en España en
el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Ignacio Cosidó
Gutiérrez, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez
Texto:
¿Cuál ha sido la evolución del número de homicidios y asesinatos en España
en el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Ignacio Cosidó
Gutiérrez, Diputado.
181/001268
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
¿En qué consistirían los centros de Coordinación conjunta en Algeciras y
Tanger de las Policías de España y Marruecos, recientemente decididos
para su creación, en la cumbre ministerial llevada a cabo en diciembre de
2008 en Madrid, entre los Ministros españoles y marroquíes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2008.-José
Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/001269
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
Tiene preparado el Ministerio del Interior la "Operación Jaula" en la
ciudad de Algeciras (Cádiz) a fin de cerrar la ciudad para evitar
cualquier huida de cometerse un acto terrorista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2008.-José
Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/001272
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado doña Carmen Guerra Guerra
Texto:
¿Cómo valora el Ministro del Interior la persecución de la que están
siendo víctimas los Sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía en la
Jefatura Superior de Policía de Las Palmas, por la Jefa Superior de
Policía en Canarias, según denunció dicho sindicato el pasado día 28 de
enero de 2009, en un comunicado en el que hablan de maniobras políticas
inconfesables?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.- Carmen
Guerra Guerra, Diputada.
Comisión de Defensa
181/001271
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja
Texto:
Cómo cree que afectará geoestratégicamente a España la construcción,
cercana a la ciudad de Ceuta, de una Base Militar Aeronaval en la ciudad
marroquí de Ksar Sghir.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2008.-José
Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Comisión de Fomento
181/001208
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Segun un estudio de diversas consultoras, para la Comisión Europea, los
convoyes de mercancías sufren esperas de hasta siete horas en la estación
de Port-Bou. ¿Cuál es la causa? ¿Qué piensa hacer el Ministerio para
evitarlo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
181/001209
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
¿Cuál el la respuesta del Ministerio a la propuesta de eje ferroviario
FERRMED presentada el 19 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
181/001210
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
A la Ministra de Fomento:
¿Cuando se prevé la finalización del estudio de alternativas para la
duplicación de la vía Barcelona-Puigcerdá en el tramo Montcada-Vic?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
181/001211
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
A la Ministra de Fomento:
¿Qué calendario prevé el Gobierno para el inicio de la licitación de las
obras de duplicación de la línea Barcelona-Puigcerdá entre Montcada-Vic?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
181/001212
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
A la Ministra de Fomento:
¿Considera el Gobierno que con las actuales actuaciones de mejora de la
línea Lleida-Mollerusa-Tárrega-Cervera-Manresa-Barcelona, ha terminado el
proceso de inversión pública estatal en esta línea ferroviaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
181/001213
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
A la Ministra de Fomento:
¿Considera el Gobierno que es necesario realizar una inversión estratégica
en la Línea ferroviaria Lleida-Mollerusa-Manresa-Barcelona que permita
incrementar sustancialmente la utilización de la línea (n ° de trenes,
frecuencia...), tanto para el transporte de personas como de mercancías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
A la Ministra de Fomento:
¿Cuál es el calendario previsto para la finalización del proyecto de
mejora de la línea Madrid-Barcelona por Caspe, tramo Mora la Nova-Reus?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.-Pere Macias i
Arau, Diputado.
181/001220
Grupo Parlamentario Mixto
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas
Texto:
¿Va el Ministerio de Fomento a optar por un trazado de la autovía A-54
Lugo-Santiago, en su tramo entre Arzúa y Palas de Rei, que discurra
cercano a la localidad de Melide?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Diputado.
181/001223
Grupo Parlamentario Mixto
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas
Texto:
¿Cuáles son las previsiones de AENA respecto a la dotación de más
controladores aéreos en el aeropuerto de Labacolla (Santiago de
Compostela)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Diputado.
181/001224
Grupo Parlamentario Mixto
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas
Texto:
¿Cuándo se pondrá en funcionamiento el nuevo Centro de Control Área
Terminal de Galicia, en el aeropuerto de Labacolla (Santiago de
Compostela)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Diputado.
Comisión de Educación, Política Social y Deporte
181/001261
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y
Deporte
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Puede el Gobierno informar los motivos por los que no se han desarrollado
los acuerdos contenidos en los principios de acuerdo entre el Ministerio
de Educación y las centrales sindicales de Ceuta y Melilla, firmados en
marzo de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/001262
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y
Deporte
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Cuándo piensa el Ministerio incluir en el Estatuto de la Función Docente,
la elevación del complemento de jubilación LOGSE, para los profesores de
Ceuta y
Melilla, como mínimo hasta la media resultante de la aplicación de este
concepto en las 17 Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/001263
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y
Deporte
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Piensa el Ministerio ampliar el número de licencias por estudio,
manteniendo las retribuciones íntegras, una vez efectuadas las
modificaciones legales necesarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/001264
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y
Deporte
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio suscribir un seguro con carácter
general para todo el profesorado que cubra las responsabilidades
derivadas de la labor docente del profesorado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/001265
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y
Deporte
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Piensa el Ministerio iniciar los trámites pertinentes para actualizar el
Complemento Específico de los profesores dependientes del Ministerio, en
un periodo máximo de dos años a partir del próximo curso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/001266
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y
Deporte
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Puede el Gobierno informar si está dotada la plantilla docente del nuevo
centro de educación infantil y primaria denominado "Altos del Real" de la
Ciudad Autónoma de Melilla, cuya puesta en funcionamiento está prevista
para septiembre de 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/001267
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación, Política Social y
Deporte
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Puede el Gobierno informar de la Oferta Pública de Empleo en el ámbito de
actuación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en la
Ciudad Autónoma de Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas
Texto:
Dado que el equipo de valoración de incapacidades (EVI) de A Coruña,
dependiente de la Seguridad Social, está requiriendo a los enfermos de
asbestosis que presenten un certificado de empresa acreditando que el
trabajador estuvo expuesto al amianto cuando hasta ahora sólo se pedía la
vida laboral e informes médicos, ¿no considera el Gobierno que tal
requisito se aleja de la norma y además supone un impedimento burocrático
que no facilita la tramitación de los expedientes de afectados por
asbestosis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Diputado.
181/001225
Grupo Parlamentario Mixto
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas
Texto:
El personal de la Armada que ha estado en contacto con el amianto no pasa
los reconocimientos médicos periódicos a los que obliga la normativa, ¿va
el Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para solucionar este
problema de salud laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Diputado.
181/001226
Grupo Parlamentario Mixto
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas
Texto:
¿Por qué el equipo de valoración de incapacidades de A Coruña (EVI) está
derivando los informes médicos de afectados de asbestosis de Ferrol a
mutuas privadas en lugar de remitirlos al Instituto de Silicosis de
Oviedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Diputado.
181/001255
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Puede el Gobierno informar del número de personas acogidas en el Centro
Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, a fecha 31 de diciembre de
2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/001256
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Puede el Gobierno informar del número de personas acogidas en el Centro
Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, durante los años 2000-2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Puede el Gobierno informar sobre las inversiones realizadas para el
acondicionamiento y mejora de instalaciones del CETI durante el período
2004-2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/001258
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Puede el Gobierno informar si en el momento actual las instalaciones del
CETI son suficientes para albergar a los residentes que habitan en él?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/001259
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
Texto:
¿Puede el Gobierno informar si durante el año 2008 se han producido
incidentes o altercados denunciados entre los residentes del CETI?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
181/001246
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura
y Pesca
Diputado don Carlos Floriano Corrales
Texto:
¿Considera el Gobierno que los 220 Hm3 de agua en que se ha podido
incrementar la cantidad que se pueden captar a través de pozos de
emergencia en las Cuencas del Segura y del Júcar constituyen una
disponibilidad permanente, constante y continuada del recurso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Carlos
Floriano Corrales, Diputado.
181/001247
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura
y Pesca
Diputado don Carlos Floriano Corrales
Texto:
¿En qué situación se encuentran las obras de las desalinizadoras previstas
en el Programa A.G.U.A., no incluidas en el anexo de inversión del Plan
Hidrológico Nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2009.-Carlos
Floriano Corrales, Diputado.
Comisión de Sanidad y Consumo
181/001215
Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para promover de acuerdo con el
Consejo General del Poder Judicial una aplicación del Código Penal
favorable a una mayor utilización de los servicios de salud comunitarios,
frente a los psiquiátricos penitenciarios, en aplicación a la reciente
Estrategia de Salud Mental de 2006?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
181/001216
Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno promover los acuerdos necesarios entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio del Interior y las
Comunidades Autónomas, al objeto de dar cumplimiento a la Estrategia de
Salud Mental en los psiquiátricos penitenciarios, incrementando el
personal sanitario y las actividades rehabilitadoras a corto plazo en
dichos centros y en tanto se producen las transferencias, estableciendo
los oportunos convenios con las Comunidades Autónomas, con el fin de
avanzar en la coordinación y paulatina integración de los pacientes en el
modelo de atención comunitario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
181/001217
Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
Texto:
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para desarrollar lo previsto en el
artículo 265A del Reglamento Penitenciario, para que los órganos
colegiados de los hospitales penitenciarios cumplan con esta orientación
de salud mental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
181/001218
Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno favorecer, de acuerdo con el Consejo General
del Poder Judicial, el estudio y reorientación comunitaria de las medidas
de seguridad privativas de libertad en los enfermos mentales hoy
ingresados en los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Fontcalent y
Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
181/001219
Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputado don Gaspar Llamazares Trigo
Texto:
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para apoyar a las Asociaciones de
familiares y amigos de enfermos mentales, ingresados en los hospitales
psiquiátricos penitenciarios de Fontcalent y Sevilla, tanto en materia de
información, como en su participación en la recuperación y reinserción de
los pacientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2009.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.
181/001260
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
¿Tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo iniciar los
procedimientos necesarios para la revisión del convenio de colaboración,
suscrito entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el INGESA, para la Unidad
de Cuidados Paliativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2009.-Antonio
Gutiérrez Molina, Diputado.
181/001273
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
Diputada doña María Concepció Tarruella Tomàs
Texto:
Al Ministro de Sanidad:
¿Qué calendario tiene previsto el Gobierno en relación a la inclusión del
subgrupo C10AX donde se encuentra el ezetimiba, en la lista de
medicamentos de aportación reducida, en las mismas condiciones en las que
se encuentra actualmente el subgrupo C10AA (estatinas)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-María
Concepció Tarruella Tomàs, Diputada.
Comisión de Ciencia e Innovación
181/001221
Grupo Parlamentario Mixto
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia e Innovación
Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas
Texto:
¿Va el Ministerio de Ciencia e Innovación a modificar la normativa
aprobada por la Comisión de Investigación y Doctorado, del 28 de marzo,
para que se puedan leer las tesis doctorales en las lenguas cooficiales
del Estado español, del mismo modo que se pueden presentar en lenguas
extranjeras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
233/000041
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad
AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por la Sala Primera del citado Tribunal, en relación con
la cuestión de inconstitucionalidad número 6488/2001, planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza respecto al
artículo 31.3.a) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, por
vulneración del artículo 25.1 de la Constitución española.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento
y el fallo de la sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2009.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María
Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don
Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha
pronunciado
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6488-2001, planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Zaragoza respecto al
art. 31.3.a) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, por posible
vulneración del art. 25.1 CE. Han comparecido y fórmulado alegaciones el
Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente la
Presidenta, doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de
la Sala.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la
autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en su virtud,
declarar inconstitucional y nulo el artículo 31.3.a) de la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria.
Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".
Dada en Madrid, a 15 de diciembre de 2008.
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