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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 351, de 09/03/2010
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
9 de marzo de 2010

Núm. 351


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

Secretaría General

292/000040 Convocatoria interna de 16 de febrero de 2010 para la provisión, entre el personal laboral del Congreso de los Diputados, de cinco plazas vacantes de Programador con destino en el Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados ... (Página 7)

Personal

299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Nombramiento ... (Página 11)

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de Ley

Comisión Constitucional

161/001529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a evitar el uso fraudulento del padrón municipal ... (Página 11)

Comisión de Justicia

161/001534 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de que las compañías telefónicas que operan en el Estado español tengan la obligación de contar con la autorización previa y expresa de sus clientes para transferir sus datos al extranjero ... (Página 12)

Comisión de Interior

161/001544 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a daños por inundaciones en Cádiz ...
(Página 13)

Comisión de Economía y Hacienda

161/001535 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las devoluciones de IVA soportado por ciudadanos no comunitarios en turismo de negocios ...
(Página 13)

Página 2


Comisión de Fomento

161/001530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la universalidad del servicio de Correos ... (Página 14)

161/001536 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para conectar e integrar en alta velocidad la ciudad de Tarragona en el trazado del Corredor del Mediterráneo ...
(Página 15)

161/001537 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la introducción de mejoras en el servicio de trenes AVANT en la línea de alta velocidad Madrid-Ciudad Real-Puertollano ... (Página 15)

161/001543 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la aprobación definitiva del proyecto de ejecución denominado: Mejora de la conexión entre la N-443 y la N-IV (entronque Cortadura-Ronda de Vigilancia) ... (Página 16)

Comisión de Educación y Deporte

161/001540 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para garantizar la libertad de enseñanza mediante la regulación legal del derecho al concierto de los centros que impartan enseñanzas gratuitas ... (Página 17)

Comisión de Trabajo e Inmigración

161/001533 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas en caso de impago de salarios ... (Página 18)

Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

161/001528 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inclusión de la provincia de Almería en el proyecto "Actuaciones prioritarias y urgentes en La Balsa del Sapo (Almería)" ... (Página 19)

161/001532 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la gestión integrada de los aceites y grasas usados de origen vegetal ... (Página 20)

161/001539 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de adoptar medidas para garantizar unas condiciones sociolaborales dignas en la flota española de palangre de superficie ... (Página 21)

161/001542 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de 19 de mayo de 2009, por el que se deniega la concesión de Permiso de Investigación de Hidrocarburos solicitada por una empresa privada ... (Página 21)

Comisión de Cultura

161/001541 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el reconocimiento y protección de la danza y música tradicionales ... (Página 22)

Comisión de Ciencia e Innovación

161/001538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana ... (Página 23)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/001531 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre políticas de cooperación destinadas a los niños y niñas afectados por desnutrición grave en su primera infancia ... (Página 25)

Página 3


Mociones consecuencia de interpelaciones

Urgentes

173/000120 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la regulación del derecho a decidir sobre la propia vida ... (Página 27)

173/000121 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas concretas que se van a tomar dirigidas a reducir de forma urgente el déficit público ... (Página 27)

Preguntas para respuesta oral

Comisión de Justicia

181/002396 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas (GMx), sobre razones por las que se autoriza a distintas compañías telefónicas que operan en el Estado español a transferir a otros países los datos de sus clientes sin contar con la autorización previa y expresa de los mismos ... (Página 29)

Comisión de Interior

181/002395 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre medidas ante el fuerte incremento del contrabando de tabaco procedente de Andorra ... (Página 29)

181/002429 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Garre López (GP), sobre previsiones acerca de la instalación del Grupo de Acción Exterior de la Guardia Civil (GRUPEX) en la Región de Murcia ... (Página 30)

181/002430 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Garre López (GP), sobre previsiones acerca de abordar el problema de la falta de seguridad en los acuartelamientos de la Guardia Civil en la Región de Murcia ... (Página 30)

181/002431 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Garre López (GP), sobre estado del expediente sobre creación de una nueva comisaría de la Policía Nacional en Torre-Pacheco (Murcia) ... (Página 30)

181/002432 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Garre López (GP), sobre estado del expediente sobre creación de una nueva comisaría de la Policía Nacional en Caravaca de la Cruz (Murcia) ... (Página 30)

181/002434 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre objetivos que se persiguen con el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Aragón en materia policial ... (Página 30)

181/002435 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre valoración de la lucha contra la corrupción, efectuada en los últimos cinco años por el Cuerpo Nacional de Policía ... (Página 30)

Comisión de Defensa

181/002341 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV), sobre nuevo Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas ...
(Página 31)

181/002386 Pregunta formulada por el Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río (GP), sobre incidencia de los recortes y minoraciones presupuestarias en la Sección 14 (Ministerio de Defensa) de los Presupuestos Generales del Estado del año 2010 en la modernización y operatividad de la Fuerza ... (Página 31)

181/002387 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza (GP), sobre situación del proyecto A400M y perspectivas de futuro ... (Página 31)

Página 4


181/002388 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza (GP), sobre partidas de gasto que van a afectar los acuerdos de no disponibilidad de créditos concernientes al Ministerio de Defensa ... (Página 31)

181/002389 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza (GP), sobre incidencia de los acuerdos de no disponibilidad, concernientes al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en los créditos destinados a la inversión en proyectos de Defensa ... (Página 32)

181/002390 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza (GP), sobre carga de trabajo existente en las sedes de la empresa Navantia y previsión de ocupación hasta 2015 ...
(Página 32)

181/002391 Pregunta formulada por la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza (GP), sobre plazos sobre suministro y despliegue operativo de los nuevos blindados de los ejércitos ... (Página 32)

181/002397 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre venta de propiedades del Estado que han dejado de tener interés para la Defensa ... (Página 32)

181/002398 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU), sobre motivos por los que no se promueven las modificaciones legislativas necesarias para levantar la restricción estatal a las Normas de Enfrentamiento que operan en la misión ISAF de la OTAN en Afganistán ... (Página 32)

Comisión de Economía y Hacienda

181/002385 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre condiciones en las que cederá la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio del Estado el inmueble del Banco de España al Ayuntamiento de Ourense ... (Página 33)

Comisión de Presupuestos

181/002399 Pregunta formulada por el Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López (GP), sobre parte del recorte de gasto recogido en el Plan de acción inmediata 2010 que corresponderá a gasto no financiero ... (Página 33)

181/002400 Pregunta formulada por el Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López (GP), sobre mantenimiento por el Gobierno de que el recorte de gastos recogido en el Plan de acción inmediata 2010 no afectará a gasto social ni a la política de I+D+i, teniendo en cuenta que en el acuerdo de no disponibilidad de crédito de 15/02/2009 dijo lo mismo y se recortaron dichos capítulos ... (Página 33)

181/002401 Pregunta formulada por el Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López (GP), sobre mantenimiento por el Gobierno de que el recorte de gastos recogido en el Plan de acción inmediata 2010 no afectará a gasto social ni a la política de I+D+i, teniendo en cuenta que en el acuerdo de no disponibilidad de crédito de 14/05/2009 dijo lo mismo y se recortaron dichos capítulos ... (Página 33)

181/002402 Pregunta formulada por el Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López (GP), sobre mantenimiento por el Gobierno de que el recorte de gastos recogido en el Plan de acción inmediata 2010 no afectará a gasto social ni a la política de I+D+i, teniendo en cuenta que remitió a las Cortes un Proyecto de Ley de Presupuestos para 2010 que registrara una caída en dichos capítulos ... (Página 33)

181/002403 Pregunta formulada por el Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López (GP), sobre programas de gasto en los que se recortarán los gastos de personal previstos en el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013 ... (Página 34)

181/002405 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre montante de la deuda emitida por el Estado en 2009 ...
(Página 34)

181/002406 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre precio medio al que el Tesoro ha colocado la deuda emitida en 2009 ... (Página 34)

Página 5


181/002407 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre montante de la deuda pendiente de vencimiento a lo largo de 2010 ... (Página 34)

181/002408 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre variación de las previsiones de emisión de deuda para 2010 ... (Página 34)

181/002409 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre previsión de emisión de deuda del Gobierno para 2010 ...
(Página 35)

181/002410 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gallego Burgos (GP), sobre nivel de deuda que estima el Gobierno que alcanzará el Estado a final de 2010 ... (Página 35)

181/002411 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Solana Barras (GP), sobre programas de gasto en los que se recortarán los gastos de inversión previstos en el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013 ... (Página 35)

181/002412 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Solana Barras (GP), sobre programas de gasto en los que se recortarán los gastos por transferencias previstos en el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013 ... (Página 35)

181/002413 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Solana Barras (GP), sobre programas de gasto en los que se recortarán los gastos financieros con efecto en déficit previstos en el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013.... (Página 35)

181/002414 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Solana Barras (GP), sobre mantenimiento por el Gobierno que su previsiones son prudentes teniendo en cuenta que preveía en los Presupuestos para 2009 un déficit conjunto del 1,9% y finalmente alcanzará el 11,4% ... (Página 35)

181/002415 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Solana Barras (GP), sobre previsiones acerca de ampliar los créditos destinados a la cobertura del desempleo ... (Página 36)

181/002416 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Solana Barras (GP), sobre evolución de los ingresos tributarios del Estado para 2010 ... (Página 36)

181/002417 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Solana Barras (GP), sobre previsiones acerca de modificar la previsión de ingresos por IVA de 2010 ... (Página 36)

181/002418 Pregunta formulada por el Diputado don Baudilio Tomé Muguruza (GP), sobre previsiones acerca de modificar la previsión de ingresos por el Impuesto de Sociedades para el año 2010 ... (Página 36)

181/002419 Pregunta formulada por el Diputado don Baudilio Tomé Muguruza (GP), sobre número de ciudadanos que se verán afectados por la bonificación de 400 euros en el IRPF en el año 2010 ... (Página 36)

181/002420 Pregunta formulada por el Diputado don Baudilio Tomé Muguruza (GP), sobre número de ciudadanos a los que le ha subido el IRPF en 2010 como consecuencia de la supresión de los 400 euros de deducción ...
(Página 36)

181/002421 Pregunta formulada por el Diputado don Baudilio Tomé Muguruza (GP), sobre modificaciones en los impuestos especiales a lo largo del año 2010 ... (Página 37)

181/002422 Pregunta formulada por el Diputado don Baudilio Tomé Muguruza (GP), sobre previsiones acerca de establecer un impuesto ecológico ...
(Página 37)

181/002423 Pregunta formulada por el Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez (GP), sobre coste para el Tesoro del repunte del diferencial con el bono alemán en la emisión de deuda realizada en 2010 con respecto al nivel registrado en marzo de 2004 ... (Página 37)

181/002424 Pregunta formulada por el Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez (GP), sobre mantenimiento del Plan Económico Financiero de Reequilibrio tras la presentación del Plan de acción inmediata 2010 y el Plan de austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013 ... (Página 37)

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181/002425 Pregunta formulada por el Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez (GP), sobre motivos por los que no introdujo el Gobierno su recorte de gastos recogido en el Plan de acción inmediata 2010 en el presupuesto que se aprobó hace poco más de un mes ... (Página 37)

181/002426 Pregunta formulada por el Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez (GP), sobre impacto recaudatorio que tendrá en 2010 la subida de impuestos establecida en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 ... (Página 38)

181/002427 Pregunta formulada por el Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez (GP), sobre políticas de gasto que se verán afectadas por el recorte recogido en el Plan de acción inmediata 2010 ... (Página 38)

Comisión de Educación y Deporte

181/002428 Pregunta formulada por los Diputados doña María Olaia Fernández Davila y don Francisco Xesús Jorquera Caselas (GMx), sobre valoración de que las normas reguladoras del Tercer Ciclo de la UNED no aseguren el derecho de los estudiantes gallegos, catalanes o vascos a redactar y/o presentar las tesis doctorales en las lenguas propias de sus territorios ... (Página 38)

181/002433 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre valo- ración de la negativa de la Generalitat Valenciana a participar en el Plan Escuela 2.0 porque "El ordenador que ofrece Zapatero puede provocar daños visuales a los niños, como la miopía" ...
(Página 38)

Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

181/002394 Pregunta formulada por la Diputada doña María Olaia Fernández Davila (GMx), sobre opinión del Gobierno acerca de los acuerdos alcanzados en la moción aprobada el 19/11/2009 relativa a las ayudas a las flotas afectadas por los paros biológicos ... (Página 38)

Comisión de Igualdad

181/002392 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva Durán Ramos (GP), sobre criterios seguidos para conceder las subvenciones que otorga la Dirección General de la Mujer ... (Página 39)

181/002393 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva Durán Ramos (GP), sobre proyectos presentados a las subvenciones que otorga la Dirección General de la Mujer ... (Página 39)

181/002404 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva Durán Ramos (GP), sobre proyecto presentado y criterios seguidos para conceder las subvenciones de la Dirección General de la Mujer ... (Página 39)

Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico

181/002384 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre número adecuado de radares fijos para España ... (Página 39)

Otros textos

Declaraciones institucionales

140/000021 Declaración institucional de la Comisión de Asuntos Exteriores relativa a la muerte del preso de conciencia Orlando Zapata en Cuba ...
(Página 39)

Comisiones, Subcomisiones y Ponencias

154/000010 Subcomisión sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Votos particulares ... (Página 40)

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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

SECRETARÍA GENERAL

292/000040

CONVOCATORIA INTERNA, DE 16 DE FEBRERO DE 2010, PARA LA PROVISIÓN, ENTRE EL PERSONAL LABORAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE CINCO PLAZAS VACANTES DE PROGRAMADOR CON DESTINO EN EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

La Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión celebrada el día 16 de febrero de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.3.º del vigente Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados, ha acordado la convocatoria interna para la provisión de cinco plazas vacantes de Programador, una con destino en el Área de Desarrollo y cuatro en el Área de Atención a Usuarios del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.


Dicha convocatoria se regirá por las siguientes bases:

Primera. Régimen jurídico.


El régimen jurídico de este puesto de trabajo será el laboral. El contrato será por tiempo indefinido una vez superado el período de prueba establecido en el Estatuto de los Trabajadores. La remuneración será la establecida en el Convenio Colectivo del personal laboral del Congreso de los Diputados.


Segunda. Funciones.


Las funciones del puesto serán las propias de Programador, especificadas en la plantilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. Dependerá, a tales efectos, del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.


Tercera. Requisitos generales.


Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible reunir los siguientes requisitos:

1. Tener la condición de personal laboral del Congreso de los Diputados.


2. Estar en posesión del título de Diplomado universitario o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.


3. Acreditar una experiencia mínima de tres años en tareas de Programación Informática, o de cuatro años en el Congreso de los Diputados como Auxiliar de informática.


4. No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las correspondientes funciones.


Los anteriores requisitos deberán reunirse en el día en que expire el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, en su caso.


Si en algún momento del proceso selectivo la Comisión de Selección tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, o de la documentación aportada resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades que imposibiliten su acceso al grupo profesional de Programadores podrá acordar, previa audiencia del interesado, la exclusión del mismo.


Cuarta. Comisión de Selección.


La resolución del proceso selectivo será realizada por la Comisión de Selección designada por la Mesa del Congreso de los Diputados que estará integrada por los siguientes miembros:

- Un miembro de la Mesa de la Cámara, que presidirá la Comisión.


- El Secretario General Adjunto para Asuntos Administrativos del Congreso de los Diputados.


- El Coordinador del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso de los Diputados.


- Un Profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, propuesto por ésta y designado por la Mesa de la Cámara.


- El Jefe del Área de Desarrollo del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Congreso de los Diputados, que actuará como Secretario.


Uno de los miembros del Comité de Empresa podrá participar como observador en el proceso de selección.


Si se estimase oportuno, la Comisión de Selección podrá disponer la incorporación de asesores especialis

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tas y colaboradores para las pruebas correspondientes a los ejercicios que crea necesarios.


La Mesa del Congreso designará a los miembros suplentes de la Comisión de Selección, que sustituirán a los titulares en caso de renuncia justificada o de imposibilidad para el desempeño de la función.


La Comisión de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, cuando menos, de tres de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente de la Comisión de Selección.


Corresponden a la Comisión de Selección las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.


Quinta. Solicitudes.


Las solicitudes para tomar parte en este proceso de selección, que se ajustarán al modelo que se publica al final de la convocatoria como Anexo I, deberán dirigirse al Secretario General del Congreso de los Diputados, y se presentarán en el Registro de la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General de dicha Cámara, en días laborables -excepto sábados- entre las diez y las catorce horas -o remitirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, dentro del plazo de diez días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


El candidato consignará en la solicitud su nombre y apellidos, número de D.N.I., domicilio, teléfono y demás datos reflejados en el modelo de solicitud. En particular deberá manifestar de manera clara y expresa el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo señalado para la presentación de solicitudes. Asimismo deberá expresar necesariamente el título que aduce para participar en el proceso de selección así como acompañar un currículum vitae y acreditar mediante documento original fehaciente su experiencia profesional, durante el plazo de presentación de solicitudes. Por último deberá acompañar fotocopia del documento nacional de identidad.


El candidato hará constar expresamente en su instancia que, en caso de resultar seleccionado, presentará los documentos previstos en la base décima en el plazo establecido en la misma y que asume el compromiso de firmar el correspondiente contrato e incorporarse al servicio de la Secretaría General del Congreso de los Diputados dentro del plazo de un mes a contar desde la notificación del acuerdo de la Mesa por el que se autoriza su contratación.


Sexta. Admisión de aspirantes.


Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Selección dictará resolución declarando aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de las pruebas, con expresión de los motivos de exclusión en cada caso, la cual se hará pública en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Congreso de los Diputados, en el tablón de anuncios y en la página web de la Cámara. A efectos de lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con esta publicación se considerará realizada la oportuna notificación a los interesados.


Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicha resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Finalizado dicho plazo, la Comisión de Selección hará pública, mediante el mismo procedimiento, la resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y en la que se indicará el lugar, fecha y hora de realización de la primera prueba y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.


Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios se harán públicos por la Comisión de Selección en el tablón de anuncios de la Cámara y en la página web de la misma, con veinticuatro horas al menos de antelación al comienzo de las pruebas.


Séptima. Procedimiento de selección.


El proceso de selección se ajustará a las siguientes fases:

1. Contestación por escrito a un cuestionario tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas la correcta. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y versará sobre las materias recogidas en la base octava de la convocatoria.


2. Realización por escrito de una prueba de conocimientos. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y versará sobre las materias recogidas en la base octava de la convocatoria.


3. Realización de una prueba de traducción de inglés técnico.


4. Quienes hayan superado las dos primeras fases serán convocados a una entrevista final con la Comisión de Selección. Dicha entrevista versará sobre la experiencia profesional de los aspirantes, funciones específicas del puesto convocado, y, en general, sobre

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aclaraciones que se consideren necesarias con relación a la documentación aportada por el aspirante.


Octava. Materias objeto de la prueba de conocimientos

- Sistemas operativos: UNIX, Linux y Windows.


- Lenguajes de programación C, C++, Shell-Script, .Net.


- Modelo de bases de datos relacionales.


- Herramientas de desarrollo de aplicaciones de ORACLE.


- Bases de datos documentales.


- Arquitecturas y protocolos de comunicaciones. TCP/IP.


- Redes de área local y redes inalámbricas.


- Sistemas de ficheros de red.


- Configuración y administración del correo electrónico.


- Servicios de Internet.


- Distribución de servicios multimedia a través de Internet. Streaming.


- Programación en entorno Windows.


- Sistemas de almacenamiento de datos.


- Seguridad y protección de sistemas, redes y comunicaciones.


- Entorno de desarrollo JAVA. Servlets, JSP.


- Aplicaciones web. HTML, JavaScript.


- Intercambio de datos entre aplicaciones. Servicios Web. XML.


- Arquitectura de aplicaciones. Modelo de 3 capas.


- Certificación y firma electrónica.


- Identificación y autenticación de usuarios. Directorios LDAP.


- Ofimática: Paquetes y Herramientas.


- Documentación de aplicaciones.


- Conocimientos de inglés técnico.


Novena. Aspirantes propuestos.


Finalizadas las pruebas selectivas, la Comisión de Selección hará pública en el tablón de anuncios de la Cámara, y en la página web de la misma, la relación de los aspirantes cuya contratación se proponga, elevando dicha propuesta a la Mesa del Congreso de los Diputados para su aprobación.


Décima. Presentación de documentos.


Con carácter previo a la formalización del contrato, y en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se haga pública la relación de aspirantes propuestos para su contratación, éstos deberán presentar en la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General del Congreso de los Diputados los siguientes documentos:

a) Documento nacional de identidad original y fotocopia para su compulsa.


b) Documento original del título por el que haya sido admitido a participar en las pruebas selectivas, con arreglo a lo dispuesto en la base tercera de la convocatoria y fotocopia del mismo para su compulsa.


Asimismo deberá presentar justificación de las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria.


En el caso de que alguno de los candidatos propuestos, y salvo caso de fuerza mayor, no presentase, dentro del plazo fijado, la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos exigidos en la base tercera, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.


Undécima. Formalización contractual y período de prueba.


Una vez aprobada por la Mesa del Congreso de los Diputados la propuesta de la Comisión de Selección, el órgano competente procederá a la formalización del contrato.


Transcurrido el periodo de prueba de dos meses, y superado éste satisfactoriamente, el contratado adquirirá la condición de personal laboral fijo.


Duodécima. Recursos.


La presente convocatoria podrá ser recurrida ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


Asimismo, las resoluciones de la Comisión de Selección y los actos de trámite de la misma que determinen la imposibilidad de continuar el proceso selectivo o que produzcan indefensión podrán ser impugnados ante la Mesa del Congreso de los Diputados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación. La resolución adoptada por la Mesa de la Cámara pondrá fin a la vía administrativa.


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.-El Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez.


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PERSONAL

299/000003

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 18 de febrero de 2010 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Estíbaliz Tineo Ortega, a propuesta del Excmo. Sr. D. José Luis Ayllón Manso, con efectos de 19 de febrero de 2010 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.


Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


Comisión Constitucional

161/001529

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a evitar el uso fraudulento del Padrón Municipal, para su debate en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos

España, por imperativo constitucional, se constituye en un Estado social y democrático de Derecho (artícu-lo 2 CE), lo que implica una sociedad plural que, al tiempo que respeta la discrepancia política y la defensa pacífica de cualquier planteamiento ideológico en el seno, también se rige por normas jurídicas de general y obligado cumplimiento. Uno y otro rasgos constitucionales determinan la libertad ideológica y el respeto a las leyes de tal manera que el Gobierno, como poder del Estado que tiene encomendada la dirección de la política interior y el ejercicio de la función ejecutiva (artículo 97 CE), al tiempo de fortalecer la primera, ha de impedir que se produzca vulneración de las leyes y el restablecimiento de situaciones de ilegalidad.


Desde esta perspectiva, y sin pretender, en ningún caso, emitir un juicio de valor político sobre las denominadas "consultas soberanistas" llevadas a cabo por iniciativa de asociaciones y otras entidades de carácter privado, culturales, deportivas o similares y celebradas el domingo día 13 de diciembre de 2009 en Cataluña, ha de convenirse en que, ninguna de las mismas, pudo servirse, para llevar a cabo el objetivo pretendido, de medios públicos no autorizados por las Leyes ni previstos al efecto para tales consultas, las cuales, dado lo dispuesto en los artículos 92 y 149.1.32 de la Constitución y el contenido de la Ley Orgánica 2/1920, de 18 de enero, de Regulación de las distintas Modalidades de Referéndum, no pueden calificarse, en modo alguno, como auténticos y constitucionales referendos, sino de meras consultas privadas sin valor legal alguno.


Siendo ello así, es claro que, para la celebración de las mismas, no era posible ni legalmente admisible, disponer de instrumento alguno de los habilitados para la válida celebración de procesos electorales o consultas legales, señaladamente el Padrón Municipal, dado lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.


Este Padrón Municipal, registro de índole administrativo que recoge el número de vecinos que residen en dicho municipio y sus datos y circunstancias personales, goza de una especial protección legal para proteger

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la intimidad y evitar la indefensión jurídica y moral de los vecinos, por lo que carecería de respaldo jurídico alguno la entrega del mismo a cualquiera de las citadas asociaciones, ajenas a los distintos gobiernos municipales, convocantes de las referidas "consultas soberanistas", cualquiera que fuese el interés político de las mismas y el derecho a llevarlas a cabo de forma privada. Lo contrario supondría siempre una vulneración de la legalidad y un uso fraudulento de este Padrón Municipal.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el menor tiempo posible, verifique, a través de la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier otro órgano que se estime competente, si se ha producido, en la celebración en Cataluña, el día 13 de diciembre de 2009, de las denominadas "consultas soberanistas" un uso fraudulento del Padrón Municipal y a velar por el escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente en este tipo de iniciativas, dando cuenta a la Cámara del resultado de esta verificación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.-Dolors Nadal i Aymerich, Diputada. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Justicia

161/001534

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de que las compañías telefónicas que operan en el Estado español tengan la obligación de contar con la autorización previa y expresa de sus clientes para transferir sus datos al extranjero, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, ha autorizado recientemente a la multinacional Vodafone para que pueda deslocalizar los distintos servicios de atención al cliente, que dan trabajo en Galicia a más de 700 personas subcontratadas por varias empresas de telemarketing.


Para que una empresa transfiera dentro del Estado español los datos de sus clientes a otra se requiere el consentimiento previo de los clientes. Sin embargo, la Agencia Estatal de Protección de Datos estima que cuando la cesión de dicha información es internacional, concretamente a países de América Latina, no se precisa tal consentimiento, un absurdo que permite a las empresas de telecomunicaciones deslocalizar los servicios de atención al cliente fuera del Estado español.


Este es el caso de Vodafone, que solicitó seis autorizaciones a la AEPD para transferir todos los datos de sus clientes a Colombia, Perú o Chile, con la única garantía de un contrato privado entre empresas y con el total desconocimiento por parte de sus clientes. De esta forma, estos datos personales estarán dispersos por medio mundo e incluso en países considerados peligrosos por el Ministerio de Asuntos Exteriores.


La transferencia de los datos de la clientela es el primer paso para que se deslocalicen todos los servicios de atención al cliente que actualmente se realiza en plataformas de telemarketing como Sykes, en A Coruña, o Unísono y Bosch, en Vigo. En total, más de 700 puestos de trabajo que están en peligro gracias a la autorización de la AEPD.


El 22 de febrero este temor se convertía en realidad al anunciar Sykes la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afecta a 241 trabajadores con contrato indefinido en su centro de A Coruña y a 37 en el de Lugo. Sin embargo, los representantes sindicales aseguran que más allá de esos 278 puestos de trabajo podrían estar en peligro los empleos de otras 109 personas en A Coruña y 84 en Lugo, los que poseen un contrato por obra vinculado a la campaña del 1004 de Telefónica, que finaliza el 31 de marzo.


Sykes cuenta en estos momentos con 983 trabajadores en Galicia y en el peor de los escenarios, si se aprueba el ERE presentado por la firma y se eliminan los contratos de obra, su plantilla se reduciría hasta los 391 trabajadores.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Realizar los cambios legislativos necesarios para que las compañías telefónicas que operen en el Estado español no puedan transferir a otro país los datos de sus clientes si no cuentan con la autorización previa y expresa de los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Interior

161/001544

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a daños por inundaciones en Cádiz, para su debate en la Comisión de Interior.


Exposición de motivos

En los últimos meses, la provincia de Cádiz, ha sufrido intensísimas precipitaciones, que han provocado inundaciones de gran importancia.
Numerosas poblaciones, tales como Arcos, Chiclana, el Campo de Gibraltar, entre otras, se han visto afectadas; pero la más afectada ha sido, sin duda Jerez de la Frontera, que desde el mes de diciembre viene siendo azotada por un intenso temporal, encontrándose la zona rural completamente anegada.


En efecto, barriadas rurales como La Ina, La Greduela, Las Pachecas o El Portal han tenido daños de gran consideración.


Estos daños afectan a viviendas, infraestructuras urbanas, establecimientos mercantiles y comerciales, daños en agricultura y ganadería, así como en las infraestructuras agrarias.


Hay numerosas familias que han tenido que abandonar sus hogares, perdiendo todo sus enseres. Establecimientos industriales y comerciales se han visto afectados con pérdidas millonarias. Los agricultores igualmente han sufrido pérdidas en sus cultivos, y sus instalaciones de riego y maquinaria que sufrieron daños con las lluvias de los meses de diciembre del 2009 y enero 2010, han visto incrementados los mismos con las inundaciones de los días 18 y siguientes del mes de febrero.


Estas inundaciones se producen por las intensas lluvias, pero también por los desembalses de los pantanos, que transcurren por el río Guadalete, y dado el mal estado en que se encuentra su cauce, no puede soportar la avalancha de agua que ello conlleva.


Es necesario una repuesta de todas las Administraciones, para paliar los daños ocasionados y las pérdidas sufridas para los afectados.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Valorar de forma inmediata los daños producidos en la zona, y establecer las medidas de ayuda económica para los afectados en viviendas, enseres, y establecimientos mercantiles y comerciales.


- Establecer ayudas a los Ayuntamientos para reparar los daños ocasionados en infraestructuras urbanas.


- Establecer medidas económicas de ayuda a los agricultores que han sufrido daños en las cosechas y en sus instalaciones e infraestructuras, así como a los ganaderos, que igualmente han sufrido pérdidas en sus cabañas ganaderas y perjuicios con motivo de las intensas lluvias.


- Llevar a cabo, en coordinación con la Junta de Andalucía, un plan de regeneración medioambiental de las zonas afectadas, y dadas las excepcionales circunstancias, establecer un plan conjunto con la administración autonómica para la limpieza con carácter urgente del cauce del río Guadalete.


- Establecer medidas fiscales a favor de los afectados, así como condonar las cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores, autónomos y empleadores que se hayan visto afectados por estas inundaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.-Aurelio Romero Girón, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Economía y Hacienda

161/001535

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Economía y Hacienda, una Proposición no de Ley relativa a las devoluciones de IVA soportado por ciudadanos no comunitarios en turismo de negocios.


Antecedentes

El artículo 119 de la Ley 37/1992, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), prevé la posibilidad de que, los empresarios y profesionales que no estén establecidos ni en España ni en otros Estados miembros de la Comunidad (empresarios extracomunitarios), puedan solicitar y obtener la devolución del IVA que soporten en España con ocasión de las adquisiciones o importaciones de bienes y servicios que realicen en nuestro país, pero a condición de que esté reconocido que en su Estado se aplica reciprocidad de trato en favor de los empresarios o profesionales establecidos en España.


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Ese último requisito de existencia de reciprocidad de trato limita considerablemente en la práctica la posibilidad de los empresarios extracomunitarios de recuperar el IVA que soportan en España, pues a fecha de hoy solo se considera cumplido el requisito de reciprocidad con seis Estados.


Es de resaltar la ausencia de la referida lista del país con la economía más importante, los Estados Unidos de América, de pequeños países en donde tienen la sede de su actividad económica numerosas empresas, y de países cuya economía está en un gran proceso de expansión como Rusia, China (incluyendo el territorio de Hong-Kong), India, Brasil, Emiratos del Golfo, etc.


Esta situación perjudica la competitividad de aquella parte del sector turístico y otras empresas que se dedican a la organización de congresos, convenciones, conferencias, reuniones y otros eventos similares, debido al hecho de que, cuando el cliente es una empresa extracomunitaria, el IVA que soportaría dicha empresa con ocasión de la celebración en España de tales eventos se convertiría en un mayor coste para la misma, dado que no puede obtener su devolución. Esto coloca a las empresas españolas que se dedican a organizar tal clase de eventos en una posición de inferioridad competitiva respecto de las de otros países, entre los que se encuentran algunos Estados miembros de la Comunidad Europea.


Esta pérdida de competitividad determina la pérdida de oportunidades para la organización y celebración en España de congresos, convenciones, conferencias, reuniones y otros eventos similares, cuando debería ser un referente mundial en la organización y celebración de tales eventos, igual que lo es en el sector turístico en general. Y esta situación es perjudicial tanto para la economía española en general, como para la propia Hacienda Pública, pues la recaudación en impuestos directos que genera la organización de cualquier evento de esta naturaleza en España compensa sobradamente la devolución del IVA.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, a través de la Dirección General de Tributos, de conformidad con el artículo 119 bis de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la actividad de reconocimiento de la existencia de reciprocidad con Estados no miembros de la Unión Europea facilitando, en las condiciones que resulten aplicables, las solicitudes de empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, de devolución de cuotas del IVA soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de cualesquiera bienes o servicios realizadas con ocasión de la celebración en el territorio de aplicación del Impuesto de congresos, convenciones, conferencias, reuniones y otros eventos similares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comisión de Fomento

161/001530

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la universalidad del servicio de correos, para su debate en la Comisión de Fomento.


La Directiva Comunitaria 97/67/CE y la correspondiente Ley 24/1998 de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, pretende garantizar la prestación del servicio postal universal a todos los ciudadanos. En dicha ley, el artículo 172 indica que el reparto de correo se realizará por el operador asignado, al menos cinco días a la semana, en la dirección postal de cada persona. El reglamento postal establece algunas excepciones a estas condiciones para los vecinos en entornos de baja densidad de población, en concreto cuando se cumpla alguno de estos requisitos: que tenga una densidad igual o inferior a 10 viviendas por hectárea, que el número de persones censadas sea igual o inferior a 25 por hectárea, y que el volumen medio de correo semanal por vivienda sea inferior a 5 envíos.


En los últimos años se están produciendo suspensiones de los servicios de entrega postal a domicilio en determinadas urbanizaciones y en núcleos de nueva urbanización no se llega a implantar dicho servicio postal, a pesar de que según la actual ley deberían recibir el servicio a domicilio. En algunos de ellos, reciben el correo una vez por semana, siempre con demoras, y en buzones fuera del domicilio a pesar de formar parte de un núcleo urbano, sin siquiera recibir las cartas certificadas a domicilio y sin conseguir respuesta a sus quejas a la compañía de Correos.


Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el reparto universal del correo postal subsanando las deficiencias en el reparto de la Sociedad

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Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. en determinados núcleos urbano o urbanizaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


161/001536

A la Mesa de la Comisión de Fomento

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artícu- lo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley para conectar e integrar en alta velocidad la ciudad de Tarragona en el trazado del Corredor del Mediterráneo.


Antecedentes

El nuevo Corredor del Mediterráneo debe integrar adecuadamente la ciudad de Tarragona, resolviendo así también la asignatura pendiente de su conexión con la red de alta velocidad.


Por esto motivo, es del todo necesario prever un adecuado "by pass" o enlace que permita la conexión directa a la ciudad de Tarragona, tanto desde el norte como desde el sur, sin que ese "by pass" supusiera un mero desvío sin conexión a ambos lados del Corredor del Mediterráneo.


En este sentido, la propia ciudadanía del municipio de Tarragona ha venido reclamando esta adecuada conexión de la ciudad con la red de alta velocidad. No se entendería que se llegase a inaugurar la nueva estación prevista en el sur del Aeropuerto de Reus, sin tener ya totalmente decidida también la conexión del Corredor del Mediterráneo a la ciudad de Tarragona, conexión que debe llevar aparejada una nueva estación intermodal dentro de la ciudad. De hecho, la propia demanda de servicio ferroviario en la ciudad de Tarragona justifica esta estación que debería ir ligada también a modelos de estaciones urbanas de alta velocidad existentes en Lleida, Barcelona y Girona y con la propia necesidad de establecer en esa estación accesos ferroviarios de media y alta distancia, que deben traducirse en una estación urbana intermodal con ancho UIC y ancho ibérico.


Por este motivo y ante la urgencia de definir este trazado, que a la vez representaría también una mejor vertebración del Corredor del Mediterráneo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a definir con urgencia la integración de la conexión ferroviaria de la ciudad de Tarragona en el Corredor del Mediterráneo de alta velocidad, estableciendo una vía que permita el enlace y la integración directa de la mencionada ciudad con el norte y el sur del corredor, construyendo asimismo una estación intermodal urbana en el municipio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


161/001537

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la introducción de mejoras en el servicio de trenes AVANT en la línea de alta velocidad Madrid-Ciudad Real-Puertollano, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

La llegada del AVE a Ciudad Real en el año 1992 supuso un gran espaldarazo para el desarrollo económico y social de esta ciudad, que se vio incrementado aún en mayor medida con la puesta en marcha, meses después, de las antiguas lanzaderas que cubrían el trayecto Madrid-Ciudad Real-Puertollano, uno de los más rentables de las líneas de Alta Velocidad hasta el momento.


En la actualidad, más de 1.600.000 viajeros al año utilizan este servicio de media distancia de esta línea de Alta Velocidad, siendo gran parte de ellos usuarios habituales desde que se puso en marcha dicho servicio. A lo largo de estos últimos años, sobre todo a partir de 2005, coincidiendo con el cambio de trenes de las antiguas lanzaderas a los actuales AVANT, estos miles de usuarios han visto cómo de forma paulatina se ha ido reduciendo el número y la calidad de las prestaciones de las que disfrutaban antes de esa fecha.


De este modo y desde hace 4 años, los usuarios del nuevo servicio AVANT han visto cómo se ha ido encareciendo el precio, que tenía un promedio de 14,95 euros en 2004 y que en 2010 se sitúa en 22,8 euros, mientras que han ido perdiendo prestaciones de las que antes de 2005 sí disfrutaban: sustitución del Abono por la Tarjeta Plus, con mayores restricciones de acceso y uso; mayor dificultad para el cambio de billetes; aumento en un 33% del tiempo real de viaje; pérdida de servi

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cios por cambio de tren; pérdida de la tarjeta de fidelización, pérdida del uso de parking gratuito en las estaciones de origen y destino; denegación del acceso sin coste a trenes de Cercanías en Madrid; denegación del acceso a la Sala Club; desaparición del servicio de cafetería en los trenes.


Del mismo modo, los miles de usuarios que utilizan a diario la línea Madrid-Ciudad Real-Puertollano, también vienen sufriendo en los últimos meses continuos retrasos provocados por diversas averías en los trenes AVANT que, además, ponen en peligro la estabilidad laboral de los usuarios ya que, en su mayor parte, utilizan este medio de transporte para acudir a su puesto de trabajo.


Cabe recordar, que ya en el año 2005 la Comisión de Fomento aprobó sendas Proposiciones no de Ley referidas a la mejora del servicio de los nuevos trenes AVANT, cuyas medidas no se han cumplido hasta la fecha.


Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir las medidas contempladas en las Proposiciones no de Ley presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, aprobadas ambas por la Comisión de Fomento en el mes de abril del año 2005, y cuyo debate y aprobación figura en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados n.° 263, 20 de abril de 2005, relativas a mejoras en el servicio AVANT de la línea Madrid-Ciudad Real-Puertollano, así como otras mejoras necesarias reivindicadas reiteradamente por los usuarios. Entre ellas:

- Restablecer la seguridad, el tiempo de viaje y la puntualidad que corresponden a los servicios de Alta Velocidad realizando las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias para evitar las averías en los trenes AVANT o sustituyendo estos trenes por otros más seguros, rápidos y puntuales que garantice el servicio de calidad que merecen sus usuarios.


- Revisar los horarios actuales para adecuarlos a las verdaderas necesidades de los usuarios, en su mayor parte trabajadores y estudiantes, sobre todo en horas punta, y permitir el acceso a otros servicios con paradas en Ciudad Real y Puertollano.


- Mantener el actual número de servicios y plazas, sustituyendo dobles composiciones por sencillas en el caso de que sea necesario reducir plazas con el fin de que no disminuya el número de servicios.


- Rebajar el precio de la Tarjeta Plus como mínimo en un 25%, teniendo en cuenta los menores costes de explotación de los trenes que componen la flota de esta servicio desde 2005, así como las menores prestaciones del actual servicio y por el alto incremento de los precios aplicado en estos últimos cinco años, lo que ha provocado una pérdida importante del poder adquisitivo de los usuarios que utilizan este transporte de forma habitual.


- Flexibilizar la formalización de billetes y al acceso a los usuarios de la Tarjeta Plus, a través de un sistema de tarjetas inteligentes que permitan reservas vía telemática y su utilización en la cabecera de los andenes o que se cambie el actual sistema de paquete cerrado de billetes por otro de abonos al portador.


- Que los billetes adquiridos con la Tarjeta Club puedan ser canjeados por billetes válidos para otros trenes (no AVANT) que realicen el mismo trayecto, abonando la diferencia.


- Aplicar el 20% del valor del billete por el cambio de tren debido a retrasos inferiores a 20 minutos y que se aplique el descuento del 20% en los billetes de ida y vuelta en el mismo día, de manera que no se produzcan agravios comparativos con otros servicios.


- Ampliar los actuales medios de anulación y cambio de billetes con el sistema telefónico que utiliza RENFE para el resto de los servicios de Alta Velocidad y que han venido funcionando para el servicio AVANT desde 2005 hasta 2008.


- Restablecer las tarjetas de fidelización de los usuarios de este servicio en las mismas condiciones que el resto de los clientes de los servicios de Alta Velocidad.


- Permitir el acceso a Parking en las estaciones sin coste para los usuarios poseedores de la Tarjeta Plus."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.-Carmen Quintanilla Barba, Diputada. María Soraya Sáenz de Santamaría, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001543

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación definitiva del Proyecto de Ejecución Denominado: Mejora de la conexión entre la N-443 y la N-IV (entronque Cortadura-Ronda de Vigilancia) para su debate en Comisión de Fomento.


Exposición de motivos

Desde finales del año 2003 la Dirección General de Carreteras dispone del Proyecto denominado "Mejora de la conexión entre la Nacional 443 y la Nacional IV (entronque Cortadura - Ronda de Vigilancia) en la ciudad de Cádiz.


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El 4 de marzo de 2005 el Pleno de Excmo. Ayuntamiento de Cádiz solicitó del Gobierno la aprobación definitiva de dicho Proyecto.


Al no recibir contestación alguna y dada la importancia para la ciudad la ejecución de dicho Proyecto, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz reitera la petición el 15 de enero del año 2008, añadiendo la necesidad de que las obras comiencen cuanto antes.


Han pasado siete años desde que se dispone del Proyecto y en estos momentos el Ministerio de Fomento en contestación parlamentaria, afirma que el Proyecto "es antiguo y que debe adaptarse a la normativa actual".


El retraso de ejecución de esta obra está causando grandes perjuicios a la Ciudad ya que dificulta la conexión entre sí de los escasos suelos industriales de Cádiz y por tanto, añade dificultades al equipamiento industrial para poder competir con otros del entorno y facilitar la creación de puestos de trabajo.


Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

Se apruebe definitivamente el proyecto de ejecución denominado "Mejora de la conexión entre la Nacional 443 y la Nacional IV (entronque Cortadura-Ronda de Vigilancia)" para que las obras puedan iniciarse en el ejercicio presupuestario de 2011."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2010.-Teófila Martínez Saiz, Diputada. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Educación y Deporte

161/001540

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a garantizar la libertad de enseñanza mediante la regulación legal del derecho al concierto de los centros que impartan enseñanzas gratuitas para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.


Exposición de motivos

La libertad de las familias para decidir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Carta Magna, que reconoce el derecho a una enseñanza básica obligatoria y gratuita (apartado 4), el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (apartado 3) y regula además que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca (apartado 9).


Por su parte, el artículo 9 de la Constitución señala que corresponde a los poderes públicos "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas".


Es, sin duda, un derecho reclamado por las familias que no ha sido resuelto satisfactoriamente en nuestra legislación, cuando además está demostrado que las familias se involucran más en el centro de su elección.


Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, dispone el artículo 10.2 de la Constitución Española.


En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina que "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza"; en el Protocolo 1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales se regula en idéntico sentido que el anterior, e, igualmente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 14.


En nuestro ordenamiento jurídico mediante la figura del concierto educativo, en virtud del cual se financian con fondos públicos los centros privados que reúnan los requisitos señalados en la ley, las familias pueden optar no solo entre los distintos centros públicos, sino también entre centros de iniciativa social distintos de los promovidos por los poderes públicos.


Como se reconoce en el párrafo séptimo de la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE), el marco educativo que configura la Constitución es un marco "de compromiso y concordia que, al tiempo que reconoce implícitamente el sistema mixto heredado, proporciona el espacio normativo integrador en el que pueden convivir las diversas opciones educativas" y, por tanto, no de carácter subsidiario una opción de otra.


Por tanto, debe garantizarse el poder elegir tanto centros de titularidad pública como los promovidos por la iniciativa social mediante una oferta que responda a la demanda de los padres y, en consecuencia, asegurando la oferta de proyectos educativos con identidad pro

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pia, de modo que se configure una oferta plural de instituciones educativas. Porque no hay verdadera libertad si no existe una oferta educativa plural.


Desde el convencimiento de que de otra manera, se deja al albur del gobierno de turno de las Comunidades Autónomas decisiones de renovación de unidades financiadas bajo criterios que pueden ser arbitrarios, como son los de índole ideológica; o en función de la disponibilidad presupuestaria en lugar de asegurar la disponibilidad presupuestaria que asiste a este derecho en virtud de la demanda de las familias; o unidades financiadas que son sustituidas por subvenciones; o condicionar plazos para su renovación, o no favorecer medidas que apoyen las iniciativas para la construcción o ampliación de los centros educativos, etc.


En definitiva, el marco actual presenta fisuras que atentan al derecho de libertad que asiste a los padres y favorece una situación de incertidumbre para los propios centros, alumnos y familias. Todo ello, sin perjuicio de que se prevean los mecanismos de control para la no renovación del concierto, en su caso.


Por todo ello, se propone para su debate y votación la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, con la finalidad de garantizar la libertad de enseñanza, a:

- Asegurar legalmente el derecho al concierto de aquellos centros que impartan enseñanzas gratuitas siempre que cuenten con demanda de plazas por parte de las familias.


- Favorecer las iniciativas que surjan de la sociedad y enriquezcan la oferta educativa.


- Retirar con carácter urgente el actual borrador del Real Decreto por el que se establecen los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos educativos, al conculcar el derecho fundamental de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.-Juan Antonio Gómez Trinidad, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Trabajo e Inmigración

161/001533

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas en caso de impago de salarios, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.


Actualmente, muchos trabajadores están sufriendo de forma directa el hecho de que su empresa no cumpla con la obligación de pagarles la nómina de manera puntual y acorde con lo que marca el Estatuto de los Trabajadores y los Convenios Colectivos de referencia. Existen muchas empresas y empresarios que, escudándose en la actual coyuntura de crisis económica, no cumplen con una de sus principales obligaciones, el abono de los salarios de sus trabajadores.


Esta situación, que para los trabajadores tiene consecuencias económicas y sociales muy graves, para algunas empresas puede resultar ser una fórmula altamente rentable. Como consecuencia de una legislación excesivamente flexible y blanda, y un sistema judicial demasiado lento, esas empresas cuentan con márgenes de impunidad suficientes para poder aplicar el impago de salarios de forma arbitraria y, si así lo deciden, habitual.


El dejar de pagar las nóminas tiene unas aplicaciones que, aunque siniestras, pueden resultar beneficiosas para los empresarios sin escrúpulos. Además de servir como "línea de crédito irregular" muy ventajosa, sin comisiones ni intereses, puede tener otras "ventajas".


Puede servir como medida de coacción frente a los empleados para que renuncien a los derechos que les corresponden, como por ejemplo, el negarse a realizar horas extraordinarias, solicitar la reducción de jornada o ir al médico y coger la baja cuando sea necesario. O como técnica en forma de "mobbing" para conseguir que trabajadores, que por su antigüedad deberían cobrar una importante indemnización en caso de despido, no tengan más opción que renunciar a sus derechos e irse de la empresa al no poder soportar la situación.


La normativa laboral aplicable al impago de salarios, unido a la saturación de los Juzgados de lo Social y de la totalidad de los Tribunales Superiores de Justicia, permite que se estén produciendo abusos por parte de no pocas empresas. En muchas ocasiones, los trabajadores se ven obligados a acordar el pago de salarios por debajo de lo que les corresponde, por motivos como los que se han mencionado anteriormente.


Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para:

- Que las reclamaciones de cantidades por impago de más de un mes del salario a los trabajadores tengan preferencia sobre otros procesos menos urgentes en los Juzgados de lo Social y en los Tribunales Superiores de Justicia.


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- Que el Fondo de Garantía Salarial adelante al trabajador las cantidades que debería abonarle la empresa, en caso de insolvencia, y que sea este organismo el que recupere la cantidad adelantada y abone al trabajador el resto de lo adeudado.


- Que los intereses a los que tienen derecho los trabajadores en los casos de atraso en el pago de los salarios se revisen al alza y que, en todo caso, puedan ser exigidos a las empresas por requerimiento de la Inspección de Trabajo, previa denuncia de los trabajadores afectados, acreditando el retraso en el pago del salario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado. Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

161/001528

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a incluir a la provincia de Almería en el proyecto "Actuaciones prioritarias y urgentes en la Balsa del Sapo (Almería)", para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

La Balsa del Sapo, situada en el término municipal de El Ejido, Almería, es un humedal artificial creado por la extracción de material para invernaderos. Las características hidrogeológicas del Campo de Dalías, comarca en la que se encuentra enclavada la Balsa del Sapo, han propiciado que en este humedal aflore y se acumule agua procedente, principalmente, del subsuelo.


En la actualidad, el ascenso del nivel freático de la zona provoca que se produzcan continuos problemas e inundaciones en las viviendas, infraestructuras, explotaciones agrícolas y terrenos circundantes a la Balsa del Sapo. A estas circunstancias hay que sumar el hecho de que la Balsa del Sapo se encuentra en un área endorreica, por lo que esta zona ha de calificarse como "de alto riesgo de inundación con los mayores índices de peligrosidad" (CEDEX, 1990).


Tal y como reconoce el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el proyecto de la "Desalobradora de la Balsa del Sapo" forma parte de la actuación denominada "Desalación y obras complementarias para el Campo de Dalías", que fue declarada de interés general, prioritaria y urgente por la Ley 11/2005, de 22 de junio.


A pesar del tiempo transcurrido desde que estas actuaciones fueron declaradas de interés general, prioritarias y urgentes, el desarrollo de este proyecto acumula años de retraso. Es necesario, pues, que el Gobierno impulse decididamente la construcción de la Desaladora de la Balsa del Sapo y de sus actuaciones complementarias, al objeto de evitar las inundaciones de las tierras que rodean a este humedal.


Por otra parte, el retraso injustificado en el desarrollo de estas actuaciones ha causado enormes daños en las viviendas y locales próximos a la Balsa del Sapo; asimismo, numerosas explotaciones agrícolas de la zona acumulan pérdidas que son consecuencia directa de que la Administración no haya actuado en esta zona en su día, de un modo prioritario y urgente, según lo dispuesto en la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.


A fin de corregir definitivamente estos problemas, es necesario, prioritario y urgente plantear una solución integral que comprenda actuaciones destinadas a garantizar la seguridad de las personas que residen en este paraje, su viabilidad económica y agrícola, la indemnización por los daños producidos por la acción del agua en las inmediaciones de este humedal y la protección medioambiental del ecosistema. Asimismo, estas actuaciones han de contemplar la construcción urgente de una desaladora y de un aliviadero que posibiliten el aprovechamiento de los recursos hídricos, y controlar tanto el nivel freático del paraje como prevenir las cada vez más habituales inundaciones que sufren los vecinos y los agricultores de la zona.


Por las razones expuestas, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Acometer de un modo prioritario y urgente, y de acuerdo con la Administración Autonómica, una solución integral destinada a garantizar la seguridad de las personas que residen en el paraje que rodea a la Balsa del Sapo, localizada en el municipio almeriense de El Ejido, así como a propiciar la viabilidad económica y agrícola de los terrenos afectados por las inundaciones.


- Que estas actuaciones, que han de realizarse de un modo prioritario y urgente, incluirán la agilización de la construcción de la Desaladora de la Balsa del Sapo -declarada de interés general y prioritaria y urgente por la Ley 11/2005, de 22 de junio-, así como de un aliviadero con salida al mar que permitan el control del nivel del agua la Balsa del Sapo, tales obras deberían comenzar en un plazo no superior a seis meses.


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- Evaluar los daños y conceder indemnizaciones a las personas y explotaciones afectadas por las inundaciones que se producen en las inmediaciones de este humedal.


- Adoptar medidas de protección medioambiental, en colaboración con la Administración Autonómica, destinadas a proteger los valores ecológicos de este humedal.


- Cumplir el convenio regulador de financiación y construcción de la Desaladora de la Balsa del Sapo, firmado en 2007 por ACUAMED, la Junta de Andalucía y Comunidad de Regantes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2010.-Carmen Navarro Cruz, Juan José Matarí Sáez y Rafael Hernando Fraile, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


161/001532

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la gestión integrada de los aceites y grasas usados de origen vegetal, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.


Exposición de motivos

Se pretende plantear en clave parlamentaria la preocupación, el debate y la propuesta de mejora en la gestión de los residuos urbanos, resolviendo un aspecto que por su especificidad y especial dificultad no ha tenido la evolución tan favorable como otros. Se trata de los aceites de cocina usados de origen vegetal, que representan un residuo de alto poder contaminante y de difícil eliminación.


La correcta gestión de los residuos urbanos es una tarea que atañe e involucra tanto a los posicionamientos y actitudes ciudadanas como a la implicación y compromiso de las Administraciones. Por ello el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26/12/2008 incide de forma especial en la recogida selectiva como medida para aumentar el reciclado, haciendo mención expresa de los residuos vegetales.


La repercusión ambiental que tiene la eliminación incorrecta de los aceites de cocina usados puede llegar a tener consecuencias muy graves.
La supresión de estos aceites a través de la red de alcantarillado es, lamentablemente, práctica habitual en demasiadas ocasiones, lo que supone un grave perjuicio tanto para el medioambiente como para el correcto funcionamiento de las estaciones de depuración de aguas residuales, con altos costes económicos y de mantenimiento. Con el agravante que en las zonas que no disponen de EDAR municipal, el aceite llega directamente a cauce público contaminando los sistemas naturales. Todo ello incide muy negativamente en nuestro entorno y pone en grave riesgo la sostenibilidad del sistema basado en completar el ciclo del agua.


Y si en el ámbito comercial (restauración) e industrial (alimentación) la obligatoriedad del tratamiento en origen está dando buenos resultados, es en los pequeños y medianos establecimientos y en las prácticas domésticas donde encontramos mayor dificultad en la correcta gestión de este residuo y se detectan mayor número de irregularidades.


No es un problema menor, puesto que diferentes estudios concluyen que un ciudadano consume, aproximadamente, 10 litros al año de aceite virgen. Si tenemos en cuenta que se calcula en un 60% el porcentaje de recuperación, tendremos que en una población de 100.000 habitantes puede haber más de medio millón de litros cuyo tratamiento nos provoca dudas justificadas en cuanto a su correcta eliminación. Y todo ello en un contexto donde todavía la gran mayoría de ciudadanos no percibe el aceite de cocina usado como un residuo sujeto a recogida selectiva.


Frente al beneficio medioambiental que supone su correcta gestión y el impulso que significa para la mejora y preservación de nuestro entorno, nos encontramos, por su naturaleza, con el valor añadido de que es un residuo óptimo para su valorización y reciclaje convirtiéndose en materia prima apta para la fabricación de biodiésel, con todas las ventajas ambientales que ello comporta (ahorro consumo combustibles fósiles, reducción de emisiones de CO2, etc.).


De esta forma, estaremos mucho más cerca del objetivo de conseguir una comunidad sostenible, donde los recursos se utilizan eficientemente y los residuos se minimizan mediante circuitos cerrados.


Por todo ello, y con el propósito de continuar avanzando en la optimización y mejora por parte de los particulares de la gestión de los residuos urbanos, y en particular de los aceites usados que por su singularidad y especial dificultad todavía es minoritaria en nuestra sociedad, lo que conlleva pagar una alto coste medioambiental y económico evitable si se gestiona correctamente.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que articule los medios necesarios (adecuación y ajuste

del marco normativo) para avanzar decididamente hacia

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una gestión integrada de estos residuos que se adapte a las peculiaridades de los aceites y grasas usados en origen vegetal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2010.-Antón Ferré Fons, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/001539

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de adoptar medidas para garantizar unas condiciones sociolaborales dignas en la flota española de palangre de superficie, para su debate en Comisión.


Exposición de motivos

En los últimos años se está constatando un proceso de substitución de marineros gallegos en la flota española de palangre de superficie que faena en los caladeros de los océanos Índico, Atlántico y Pacífico por tripulantes de otras nacionalidades a los que se les imponen unas salariales y sociolaborales indignas. Este proceso de substitución incluso se está registrando en los titulados náutico-pesqueros, en máquinas y en puente.


Se da la circunstancia de que, como media, un buque palangrero de superficie, sobre todo los que faenan en caladeros más lejanos, echa entre cuatro o cinco años sin regresar a su puerto base en el Estado español. Mientras tanto, se producen numerosos relevos de la tripulación en puertos como Durban o Cape Town en la República Sudafricana, El Callao en Perú, Montevideo, o Yakarta en Indonesia, en los que no existe ningún control en el despacho de buques, e incluso en muchos casos ni delegación consular.


La consecuencia práctica de esta situación es que ya hay buques gallegos que no cuentan con ningún tripulante de nacionalidad gallega, lo que se produce también en el conjunto del Estado español. Esta substitución se produce a la vez que se degradan notablemente las condiciones sociolaborales de los marineros. Incluso se han dado casos conocidos de marineros indonesios que no disfrutaron de vacaciones durante cinco años, que durante ese tiempo no retornaron a su país ni se reencontraron con sus familias.


Sin embargo, una parte muy importante de los buques que componen esta flota accedieron en su día a cuantiosas ayudas públicas para su renovación o modernización e incluso, en algunos casos, para ser incluidos en campañas experimentales. Eso sí, no hubo contrapartidas por parte de las empresas armadoras, excepto algunas excepciones honrosas, en lo referido al mantenimiento del empleo y a la dignidad de las condiciones sociolaborales mínimas en estas tripulaciones.


Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Verificar la autenticidad de los datos referidos al control de las condiciones de embarque y contratación de los tripulantes con reporte obligatorio de la relación de miembros de la dotación del buque a la entrada y salida de cualquier puerto, en lo relativo a la cotización a la Seguridad Social, salarios, titulaciones y jornadas de trabajo, a través de la emisión de las correspondientes instrucciones a las delegaciones y oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores (embajadas, consulados, etc.) para la ejecución, de forma coordinada, de estas actuaciones.


- Vincular las ayudas públicas para la realización de campañas experimentales al mantenimiento del empleo y a la existencia de condiciones sociolaborales dignas, que se harán constar en las cláusulas para acceder a dichas ayudas públicas.


- Vincular las ayudas públicas gestionadas por el Gobierno, referidas a la modernización de la flota o a cualquier otra acción, al mantenimiento del empleo y a la existencia de condiciones sociolaborales dignas, que se harán constar en las cláusulas para acceder a dichas ayudas públicas.


- Realizar las gestiones necesarias ante la Unión Europa para que las ayudas del Fondo Europeo de la Pesca estén vinculadas al mantenimiento del empleo y a la existencia de condiciones sociolaborales dignas, que se harán constar en las cláusulas para acceder a dichas ayudas públicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


161/001542

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, de 19 de mayo de 2009, por el que se deniega la concesión de Permiso de Investigación de Hidrocarburos solicitada por una empresa pri

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vada, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.


Exposición de motivos

En estos momentos existe un rechazo unánime, vecinal, empresarial y político, a los sondeos que quiere realizar una empresa privada en las costas valencianas, zona del Golfo de Valencia y de las Islas Columbretes, para buscar petróleo.


El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en su respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Popular, en el mes de julio, no descarta la posibilidad de realizar sondeos en la costa valenciana.


En una época de toma de conciencia y de apuesta firme por energías limpias, resulta extraño dejar la puerta abierta a la instalación y prospección de torres petrolíferas, con el perjuicio que suponen para las personas y la biodiversidad marítima.


La Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en sesión de 19 de mayo de 2009, ya aprobó la Proposición no de Ley relativa a la denegación de la concesión de pozos de investigación de hidrocarburos a una empresa privada, para una extensa zona situada en el Golfo de Valencia y en la zona de las Islas Columbretes, publicada en el BOCG, Congreso de los Diputados, serie D, número 111, de 24 de noviembre de 2008, en sus propios términos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dé conformidad al acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de 19 de mayo de 2009, y deniegue de forma expresa la concesión de Permiso de Investigación de Hidrocarburos solicitada por una empresa privada, para una extensa zona situada en el Golfo de Valencia, el Parque Natural de la Albufera y las Islas Columbretes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.-Vicente Ferrer Roselló, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Cultura

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento y protección de la danza y música tradicionales, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos

La música y danza tradicionales de los pueblos, comarcas y Comunidades de nuestro país representan una riqueza cultural de indudable valor y forman parte importantísima de un nuestro patrimonio inmaterial. La pluralidad de sus manifestaciones artísticas lo convierten en uno de los más diversos y ricos conocidos.


La abundancia y variedad de bailes, canciones, sones, instrumentos, indumentarias, etc., son manifestación viva de las formas de expresión y de relación de grupos, pueblos y territorios. Hay maneras distintas de decir el trovo en la Alpujarra granadina o en la almeriense comarca de los Vélez. Se bailan y cantan verdiales, rondeñas, rabeladas o parrandas con ritmos distintos según comarcas. La diversidad es consustancial a la propia música y danza tradicionales de los pueblos de España.


Como forma de expresión popular, las músicas y danzas tradicionales se localizan en los más diversos contextos sociales: en eventos profanos o sagrados, asociadas al trabajo, a los rituales de paso, al cambio de las estaciones, a diversiones de todo tipo o a otros usos sociales. Como cultural inmaterial es un patrimonio vivo, que se transmite de generación en generación, que se recrea constantemente por las comunidades y grupos, que interactúa con la naturaleza y su historia, que infunde un sentimiento de identidad y de continuidad, que promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, y cumple los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.


La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 32.ª reunión, de octubre de 2003, considera la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, tal como ya señaló en la Recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en la Declaración de Estambul de 2002, e insta a su conservación y protección.


La misma UNESCO ha señalado que los procesos de mundialización y de transformación social, que crean las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las comunidades, también traen consigo graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial, debido en particular a la falta de recursos para salvaguardarlo, y ha mostrado la voluntad y la preocupación por su salvaguarda.


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En nuestro país se ha conservado un buen legado de música y danza tradicionales, merced, sobre todo, al trabajo que las asociaciones y federaciones vienen realizando en miles de pueblos y comarcas de toda España. El considerable número de grupos de folclore (más de mil doscientos) de jóvenes participantes (unos cuarenta mil), de festivales nacionales e internacionales realizados cada año y de asistentes a los mismos (más de dos millones), son prueba evidente del arraigo con que cuentan entre la población y del meritorio trabajo realizado por dichas asociaciones y por muchos "maestros" y "maestras" que, sin título oficial, son auténticos virtuosos en su materia. Precisamente la falta de articulación profesional de los colectivos involucrados, además de la pluralidad de enfoques académicos, donde conviven la etnomusicología y el estudio del folclore como disciplina musical o el estudio de la danza en sus fuentes folclóricas con su formación académica, han dificultado la toma de acciones que beneficien unitariamente a todo este sector.


Los efectos favorables de estas actividades van más allá de su importante contribución al rescate y mantenimiento del legado de músicas, canciones, bailes y otras formas de expresión de tradición oral de las tierras de España. Con ellos se inculcan valores estéticos y culturales, se fomenta el diálogo intercultural y se promueve un mayor entendimiento entre los jóvenes favoreciendo la idea de paz.


Estas actividades, y los grupos que las fomentan, ayudan, igualmente, a dinamizar cultural y económicamente a pequeños núcleos rurales, y, en muchos casos, colaboran en su economía mediante la producción de diversas prendas tradicionales, o a través del turismo cultural. Sin olvidar la importante línea de investigación, documentación y divulgación que, en torno a este rico patrimonio, realizan Universidades y otros centros y entidades.


Muchos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas están llevando a cabo un admirable trabajo para conservar, transmitir y promocionar su folclore tradicional. Pero no es menos cierto que el gran valor patrimonial que representan en el conjunto de España precisa de un impulso mayor tal como se produce en otros países de nuestro entorno.


En consonancia con las Convenciones citadas de Naciones Unidas y de la UNESCO, las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre la salvaguarda de la diversidad cultural, y la gran proyección social de los grupos de bailes y músicas tradicionales existentes en España, se hace necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar su mejor conocimiento, transmisión y protección. Ello implica impulsar una acción decidida de identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, en cooperación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos que lo deseen, insta al Gobierno a impulsar las siguientes acciones:

1. Adoptar una política general encaminada a realzar y poner en valor la importancia de la música y la danza de tradición oral, y de las entidades y personas que contribuyen a fomentar el gusto, el respeto y otras acciones valiosas a favor de la misma.


2. Fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación para su salvaguardia eficaz.


3. Llevar a cabo un análisis pormenorizado sobre su situación en España y elaborar un catálogo de música y danza de tradición oral del conjunto del Estado.


4. Favorecer su conocimiento y difusión a través de un Portal web propio, o como parte específica de de los ya existentes en el Ministerio de Cultura.


5. Evaluar la posible incorporación de su estudio en las enseñanzas artísticas y universitarias, y favorecer su conocimiento en las enseñanzas generales.


6. Estudiar las medidas para que nadie pueda adueñarse de una obra de carácter popular."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.-Cándida Martínez López, Clementina Díez de Baldeón García y José Andrés Torres Mora, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Ciencia e Innovación

161/001538

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a los Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, para su debate en Comisión de Ciencia e Innovación.


Exposición de motivos

En el actual contexto de crisis económica, resulta esencial seguir incrementando los recursos destinados a las políticas de I+D+i, otorgando una atención especial a los Centros Tecnológicos, como instrumentos de difu

sión e impulso de la investigación entre las empresas. A

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lo largo de los últimos años, los Centros han demostrado una extraordinaria eficacia por su proximidad, capacidad tractora y contacto directo con las empresas, así como por su amplia experiencia en el desarrollo de proyectos en el ámbito nacional, europeo e internacional.


Sin embargo, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 ha supuesto una quiebra en el apoyo del Estado a los Centros Tecnológicos, al coincidir dos circunstancias. En primer lugar, la asignación de subvenciones nominativas a favor de Centros situados solo en determinadas regiones españolas, en perjuicio de los restantes. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos repetido que, por razones de eficiencia y equidad, estas ayudas deben asignarse en régimen de concurrencia competitiva, sobre la base de criterios de oportunidad y calidad. De esta forma, se evitarían los agravios comparativos que actualmente se están produciendo.


En segundo lugar, la nueva Estrategia Estatal de Innovación se traduce en la supresión para 2010 de las convocatorias de Centros Tecnológicos. Al concentrar las diversas convocatorias de años anteriores en una única con nuevas características se están presentando múltiples problemas. Por un lado, la convocatoria única deja de lado la investigación propia de los Centros Tecnológicos al centrarse exclusivamente en un programa orientado a facilitar la puesta en el mercado de tecnología desarrollada o en fase final de desarrollo, es decir, innovación, no investigación ni desarrollo.


Por otro lado, este nuevo planteamiento desequilibra el sistema actual de I+D+i, pues enfoca la actividad de los Centros Tecnológicos hacia la transferencia de tecnología, lo que les conducirá, a medio plazo, a un papel de centros de asistencia técnica, quedando las actividades de investigación y desarrollo precompetitivas en manos de aquellos agentes menos cercanos a las necesidades de mercado que haya identificado el sector empresarial.


Otro aspecto a tener en cuenta, es que ahora se introducen reservas en cuanto a la demanda empresarial de la convocatoria propuesta y se reduce significativamente la capacidad negociadora de los Centros Tecnológicos con las empresas en materia de acuerdos sobre la explotación de la propiedad intelectual generada. Por último, la convocatoria representa un cambio radical e inesperado respecto a las de años anteriores dejando una mínima capacidad de reacción a los organismos de investigación.


Durante los últimos años, tanto las políticas de integración promovidas por la Unión Europea como el impacto de la globalización han exigido grandes esfuerzos para aumentar la capacidad de innovación en las PYMEs, con el propósito de acrecentar su competitividad en los mercados mundiales.


En el ámbito valenciano, son notables los esfuerzos que viene realizando el Consell de la Generalitat para diseñar una política industrial y tecnológica plenamente ajustada a la caracterización de los sectores económicos valencianos. Alrededor del 90% del tejido industrial está constituido en la Comunidad por pequeñas y medianas empresas, que operan en diversos sectores productivos entre los que predominan el metal, la cerámica, el plástico, el agroalimentario, el calzado, el mueble y la madera, el juguete y el sector eléctrico. Es éste el ámbito dentro del cual trabajan con gran eficacia los Institutos Tecnológicos. La Comunitat Valenciana es la segunda Autonomía de España en número de Centros Tecnológicos, y cuenta con una Red de Institutos Tecnológicos (REDIT) muy consolidada, posicionada como la primera red de apoyo a la I+D+i industrial especializada en PYMEs en todo el ámbito nacional.


El apoyo que los Centros han recibido ha sido fundamentalmente autonómico e internacional. Concretamente, en los Presupuestos de la Generalitat para el año 2010 se destinan un total de 47 millones de euros a la REDIT, con lo que el Consell mantiene el compromiso de seguir apoyando la labor de los Institutos Tecnológicos y la innovación de las empresas valencianas. Pero los compromisos de las empresas valencianas y de toda España, de sus organizaciones empresariales y de los Centros Tecnológicos que conforman REDIT no podrán alcanzar los objetivos marcados si no van acompañados de actuaciones específicas de apoyo por parte del Gobierno Central, cuestión que en la actualidad no queda asegurada.


Por las razones expuestas, el Grupo Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Aplicar un modelo de política industrial y tecnológica de apoyo a los Centros Tecnológicos con una planificación estratégica sostenible en el tiempo, que dé solidez y estabilidad para lograr un sistema español de I+D+i competitivo en Europa, que fortalezca a nuestras empresas y que desarrolle y potencie la economía española.


- Practicar una Política Nacional activa de impulso a los Centros Tecnológicos, manteniendo y potenciando los programas de apoyo a Centros destinados al fomento de la I+D+i estratégica, la cooperación intercentros y la participación en programas europeos de I+D+i.


- Adoptar, a través de la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, los planteamientos que se establecen en la Proposición no de Ley sobre medidas para mejorar el apoyo a los centros tecnológicos en el marco de las políticas estatales de I+D+i aprobada por el Senado el 16 de octubre de 2007 y por el Congreso de los Diputados el 28 de octubre de 2008.


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Asimismo, el Congreso de los Diputados solicita a la Secretaría General de Innovación que mantenga en 2010, en sus anteriores características e importes, los programas competitivos de apoyo a la investigación de Centros Tecnológicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2010.-Teresa García Sena, Marta Torrado de Castro, Inmaculada Guaita Vaño y Gabriel Elorriaga Pisarik, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/001531

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre políticas de cooperación destinadas a los niños y niñas afectados por desnutrición grave en su primera infancia, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


Exposición de motivos

Como ha puesto de relieve el último Informe 2009 de Naciones Unidas sobre el "estado de situación" de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los avances relativos que se han venido registrando en el objetivo de proteger y asegurar la nutrición infantil, pueden ser rápidamente minados debido al elevado precio de los alimentos más básicos y al actual estado de la economía global. En dicho Informe se subraya cómo una nutrición adecuada es absolutamente vital para proteger el sistema inmunológico de los niños y niñas menores de cinco años y también fundamental para el desarrollo motriz y cognitivo en esa etapa de su vida.


Pero uno de cada cuatro menores de edad y, especialmente, desde su nacimiento, presentan carencias graves de bajo peso y de malnutrición crónica en los países en desarrollo, y sus consecuencias son asimismo letales: más de un tercio de la mortalidad infantil en el mundo se debe a esta causa y la actual tasa de progreso en esta política a nivel mundial es, según dicho Informe, absolutamente insuficiente en la actualidad. De hecho la FAO denunciaba hace unos meses que siguen muriendo 13.000 niños y niñas al día por desnutrición aguda y que dichas tasas se están viendo incrementadas como consecuencia de la múltiple crisis financiera y económica, alimentaria, medioambiental que caracteriza el modelo insostenible de desarrollo actual. Por lo que, como resalta el citado informe de Naciones Unidas, los correspondientes planes nacionales de desarrollo deben asumir esta política con un máximo nivel de prioridad.


Por otra parte, y como recientemente ha resaltado UNICEF, es evidente que aquellos niños y niñas que presentan una situación deficiente en su salud y niveles de nutrición, son mucho más susceptibles y vulnerables a otras infecciones graves como la diarrea, que sufren múltiples veces a lo largo del año. Dichos procesos inciden críticamente en sus niveles nutricionales, entrando en un círculo perverso de empeoramiento de sus condiciones de vida, crecimiento y desarrollo futuro como personas. Las políticas de nutrición están por tanto directamente relacionadas con las estrategias de salud, saneamiento, acceso al agua, empoderamiento de las mujeres y enfoque de género en dichas actuaciones. Por eso se ha afirmado con absoluto fundamento que seis de los ocho Objetivos de Desarrollo para el Milenio pueden lograrse mejor si se protegen los derechos de la infancia a la salud, la educación, la protección y la igualdad. En este sentido cabe subrayar, como se ha puesto de relieve por la sociedad civil organizada con motivo de la próxima cumbre de cambio climático en Copenhague, que el 70 % de las víctimas de la desnutrición grave y permanente vive en territorios áridos.


El III Plan director de la Cooperación Española asume e integra las actuaciones destinadas a la mejora de la nutrición en dos de sus líneas fundamentales de intervención, referidas a la salud y al desarrollo rural y lucha contra el hambre.


La especial atención a este periodo tan crítico y básico para asegurar la supervivencia y el derecho a la vida de los niños y niñas en el mundo y, en especial, las generaciones que acompañan el devenir de las poblaciones más vulnerables de nuestro planeta, está asimismo especialmente contemplada en el ámbito de la ayuda humanitaria y en las iniciativas específicas de cooperación referidas a la juventud y a la infancia.


Así, en el sector salud de la política pública Cooperación española se incluye como objetivo específico 2 la mejora de la calidad y el acceso a los servicios básicos de salud primaria en el que, como prioridad estratégica se encuentran todas las intervenciones dirigidas a asegurar el acceso a los alimentos y a la nutrición adecuada. En el sector referido al desarrollo rural y a la lucha contra el hambre, las intervenciones se focalizan más directamente a hacer frente, mitigar y hacer revertir las causas que acompañan a los niveles de desnutrición que se registran en los países más pobres, implicando por tanto toda una acción integral dirigida a mejorar la producción, la ingesta y el aseguramiento de servicios sociales que asimismo pongan en marcha medidas de prevención y de reducción de riegos asociados a las causas de malnutrición.


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Cabe asimismo subrayar que, como consecuencia de la aprobación en marzo 2009 del dictamen sobre el Plan Director aprobado por unanimidad en esta Cámara, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, puso de releve la especial atención e importancia de esta actuación sectorial priorizada de la cooperación española, referida a la necesidad de asegurar las necesidades nutricionales a niños y niñas en la primera infancia.


Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención internacional de los Derechos de la Infancia. Elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. Desde su aprobación, se han producido avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia, referidos a la supervivencia, la salud y la educación, a través de la prestación de bienes y servicios esenciales. Como se recoge en el Preámbulo del Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, aprobado el 30 de septiembre de 1990, "No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana".


El compromiso de la Cooperación española y de sus distintos agentes -CC.AA., entes locales, ONGD, universidades, etc.- encuentra en los derechos y necesidades específicas de las niñas y los niños consagrados por la Convención de los Derechos de la Infancia, un marco de protección y obligaciones de los Estados que nos incumben a todas las sociedades. A dicho compromiso se ha incorporado con convicción la Cooperación española, que ha venido realizando en esta legislatura un gran esfuerzo financiero de subvenciones de Estado a los programas de los organismos multilaterales especializados como UNICEF y el PMA, en apoyo de actuaciones destinadas a combatir la desnutrición infantil en poblaciones especialmente vulnerables, de Niger, Mali, población afrodescendiente en el Valle del Cauca (Colombia), Mauritania o en las provincias orientales de Cuba, por citar algunos ejemplos recientes.


Al respecto cabe asimismo subrayar la ventanilla específica referida a la Infancia, seguridad alimentaria y nutrición que gestiona el Fondo ODM PNUDEspaña, cuya línea de financiación además de apoyar intervenciones destinadas al alivio del hambre y de la nutrición infantil, promueve las capacidades y la institucionalidad necesaria para asegurar, implementar y hacer el seguimiento de políticas activas en este ámbito. El tratamiento del VIH/sida en términos de la situación nutricional de los niños y niñas afectados por esta pandemia es uno de los retos asumidos por este Fondo, así como el abordaje de los problemas nutricionales que acompañan a los grupos más vulnerables y a la población refugiada.


Consecuentemente la Presidencia Española de la UE incluirá en su agenda de Ayuda Humanitaria la lucha contra la desnutrición infantil aguda en el marco de los trabajos de la Comisión Europea, para la adopción de un enfoque amplio de asistencia alimentaria.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. En el contexto de las actuaciones en favor de la mejora de la eficacia y calidad de la ayuda, identificar con su correspondiente apoyo financiero, las actuaciones de la Cooperación Española relacionadas con el combate de la desnutrición infantil, tanto en el ámbito multilateral como bilateral y de la cooperación descentralizada, incluyendo la que se realiza a través de las ONGD y resto de entidades de cooperación.


2. Priorizar aquellos mecanismos que pongan especial énfasis en la medición, avances y evaluación de los resultados obtenidos sobre el terreno, con el fin de planificar las intervenciones futuras en este ámbito, incluyendo la adecuada división del trabajo de los distintos agentes de la cooperación que intervienen en este sector en cada país.


3. En función de los niveles de desnutrición infantil crónica y de situaciones que inciden en las tasas de mortalidad infantil por dicha causa en cada país o región, promover mecanismos de "asociación" y de apoyo a los correspondientes programas de salud pública que incidan en la desnutrición infantil, y que asimismo incluyan, junto a la perspectiva de género y el enfoque medioambiental, el incremento de capacidades y de movilización social correspondientes (educación, saneamiento y acceso al agua, programas preventivos, sensibilización) a desarrollar por las entidades y comunidades locales, en este ámbito.


4. Informar al Congreso de los Diputados con motivo del informe de seguimiento del PACI 2010, acerca las actuaciones específicas emprendidas al respecto, así como del resultado de las acciones que, se hayan impulsado al respecto, en el ámbito de la cooperación europea, en su conjunto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2010.-César Luena López, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES

Urgentes

173/000120

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.


AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la regulación del derecho a decidir sobre la propia vida.


Acuerdo:

Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, entendiendo que la creación de la Comisión a la que se alude en su apartado 1 se realizaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre regulación del derecho a decidir sobre la propia vida, para su debate en Pleno.


Moción

1. El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de constituir una Comisión no permanente que permita debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna, los aspectos relativos a su despenalización, el derecho a recibir cuidados paliativos y el desarrollo de tratamientos de dolor.


2. El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a presentar un Proyecto de Ley de regulación de la eutanasia, basada en la decisión libre, informada y consciente de la persona.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


173/000121

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.


AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas concretas que se van a tomar dirigidas a reducir de forma urgente el déficit público.


Acuerdo:

Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de la Interpelación urgente al Gobierno, sobre las medidas concretas que va a tomar dirigidas a reducir de forma urgente el déficit público.


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Exposición de motivos

La grave crisis económica está teniendo dos impactos diferenciales en nuestro país. Por un lado, un fuerte aumento de la tasa de paro, que más que duplica la media europea, y, por otro lado, el vertiginoso deterioro del déficit público, uno de los más abultados de la Unión Europea.


De acuerdo con los datos que acaba de publicar la Intervención General de la Administración del Estado, 2009 se cerró con un déficit de la Administración Central del Estado de 99.785 millones de euros, en términos de contabilidad nacional, un 9,5 % del PIB. Este abultado déficit es tres veces superior al registrado en 2008, que fue de 30.457 millones de euros, un 2,8 % del PIB. De acuerdo a estos datos, en 2009, el Estado gastó prácticamente el doble de lo que ingresó, 205.714 millones de euros, frente a 105.929 millones.


El saldo para todas las AAPP se estima en el 11,4 % del PIB. Solamente en dos años, la Hacienda Pública española ha pasado de registrar un superávit del 2 % a un déficit del 11,4 %, es decir, 13 puntos de diferencia.


La necesidad de financiar este déficit creciente ha hecho aumentar la deuda pública neta en circulación, en estos dos últimos años, en 267.000 millones de euros, 20 puntos del PIB.


Pese a la impresión que pretende dar el Gobierno, este fuerte deterioro de las cuentas públicas no sólo se debe al efecto de los "estabilizadores automáticos" como consecuencia de la crisis económica, ya que del 11,4 % de déficit el componente cíclico sólo representa 1,4 puntos mientras que el déficit estructural representa 10 puntos, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno en el Programa de Estabilidad.


De hecho, el gasto no financiero del Estado ha crecido estos últimos años, incluso en 2007, por encima del crecimiento del PIB nominal. En 2008, creció un 7,29 % frente a un crecimiento del PIB nominal del 3,4 % y en 2009, un 24,24 % frente a un crecimiento del PIB nominal del 3,4 %. En total, el gasto de las Administraciones Públicas ha pasado de representar el 38,8 % del PIB al 45,9 % mientras que los ingresos se han desplomado desde el 41 % al 36,4 % del PIB.


Las fuertes necesidades de financiación del Tesoro están absorbiendo la gran parte del crédito disponible en el mercado complicando, cada vez más, la financiación del sector privado, de familias y empresas.


A pesar de este desorbitado aumento del gasto público, articulado en una sucesión de planes de nula efectividad sobre la actividad económica y la creación de empleo, la economía española sigue en recesión y será la única gran potencia que cierre 2010 con crecimiento negativo. La propia Comisión Europea acaba de anunciar su previsión de crecimiento del -0,6 % para 2010, 3 décimas menos que la previsión del Gobierno, al considerar que el aumento del IVA a partir de julio tendrá un impacto muy negativo en el consumo e impedirá que se mantenga la leve recuperación que se podría iniciar en el segundo trimestre del año.


La alarma que ha generado en los mercados la situación y dinámica de nuestras cuentas públicas, ha llevado al Gobierno a anunciar un Plan de Austeridad que supone un recorte de 50.000 millones de euros en 3 años, de los cuales, solamente 5.000 millones se recortarán en este año 2010. Y de este recorte tan sólo 1.500 millones corresponden a gasto no financiero de los Ministerios, centrándose el ajuste en la reducción de gasto financiero y la minoración aleatoria del Fondo de Contingencia sin justificación alguna.


La falta de concreción de las medidas propuestas, la insuficiente cuantía del recorte real para 2010, el hecho de posponer la mayor parte del ajuste a años futuros, las optimistas previsiones de ingresos, las diversas rectificaciones de la actualización del Programa de Estabilidad conducen a cuestionar la credibilidad del Gobierno para reducir el déficit a partir de este año, y perjudican la confianza en la evolución de la economía española.


El hecho de que durante el primer mes de 2010 el déficit del Estado haya alcanzado 706 millones de euros mientras que el año pasado, en ese mismo mes, se registró un superávit de 719 millones de euros, amenaza seriamente la consecución del objetivo déficit para este año del -6,2 % del PIB, según se recoge en el Programa de Estabilidad.


Es, por ello, urgente adoptar medidas decididas, concretas y creíbles de control del gasto público y de austeridad en la actuación de todas las Administraciones Públicas, que pongan fin a esta dinámica de crecimiento descontrolado del gasto público y que permitan que se recupere la cultura y el compromiso con la estabilidad presupuestaria como elemento esencial de credibilidad y crecimiento económico sostenido.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas e impulsar la austeridad presupuestaria, trabajando por la consecución de un acuerdo nacional, político, social y territorial para acometer las reformas que hagan viables nuestros servicios públicos.


Dicho acuerdo debería incluir una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que:

I. Recupere el "concepto de estabilidad presupuestaria" como aquella situación de equilibrio o superávit, tal y como se definió en la redacción original de la Ley.


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II. Establezca techos de gasto para todas las Administraciones Públicas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.


III. Refuerce los límites y el control del endeudamiento.


IV. Incluya los compromisos de gastos para los próximos años.


Este Acuerdo debe suponer, además, una reforma en profundidad del conjunto del sector público que evite solapamientos, defina bien los límites competenciales y garantice los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos.


b) Cumplir los mandatos del Congreso de los Diputados de acometer una reducción y racionalización de la estructura del Gobierno y de sus altos cargos, recogidos en las cuatro iniciativas aprobadas el 29 de abril de 2009, 16 de junio de 2009, 27 de octubre de 2009, y 9 de febrero de 2010, respectivamente.


c) Modificar el Plan de Acción Inmediata 2010 para que el recorte del Gasto Público alcance los 10.000 millones de euros, que incluya necesariamente la reducción de los siguientes capítulos de gasto:

I. Transferencias de capital y aportaciones financieras a sociedades y entidades públicas empresariales que consolidan dentro del Sector Público en Contabilidad Nacional.


II. Gastos de personal y gastos corrientes a través de la eliminación de la Vicepresidencia Tercera y de los Ministerios de Igualdad y Vivienda, la supresión de Organismos Autónomos, Agencias y otras entidades Públicas cuyas funciones puedan realizarse sin la correspondiente personalidad jurídica propia, la reducción del 50 % de los puestos de Asesoría y Gabinete y la reducción del 25 % del presupuesto para Altos Cargos, Personal Eventual e Incentivos al rendimiento.


III. Transferencias corrientes a Organismos Internacionales y otras entidades en el Exterior."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.-María Soraya Sáenz de Santamaría, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


Comisión de Justicia

181/002396

Grupo Parlamentario Mixto-BNG

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia

Diputado don Xesús Jorquera Caselas

Texto:

¿Por qué razón el Gobierno autoriza a distintas compañías telefónicas que operan en el Estado español a transferir a otros países los datos de sus clientes sin contar con la autorización previa y expresa de los mismos, máxime cuando esto constituye el paso previo para deslocalizar sus centros de atención al cliente a países con mano de obra más barata y después de haber recibido cuantiosas ayudas de las administraciones públicas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.-Xesús Jorquera Caselas, Diputado.


Comisión de Interior

181/002395

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez

Texto:

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno ante el fuerte incremento del contrabando de tabaco procedente de Andorra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.


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181/002429

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Alberto Garre López

Texto:

¿Tiene previsto su Ministerio la instalación del Grupo de Acción Exterior de la Guardia Civil (GRUPEX) en la Región de Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Alberto Garre López, Diputado.


181/002430

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Alberto Garre López

Texto:

¿Tiene previsto su Ministerio abordar el problema de la falta de seguridad en los acuartelamientos de la Guardia Civil en la Región de Murcia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Alberto Garre López, Diputado.


181/002431

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Alberto Garre López

Texto:

¿En qué estado se encuentra el expediente sobre creación de una nueva Comisaría de la Policía Nacional en Torrepacheco (Murcia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Alberto Garre López, Diputado.


181/002432

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Alberto Garre López

Texto:

¿En qué estado se encuentra el expediente sobre creación de una nueva Comisaría de la Policía Nacional en Caravaca de la Cruz (Murcia)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Alberto Garre López, Diputado.


181/002434

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Carlos González Serna

Texto:

¿Podría informar el Gobierno sobre los objetivos que persigue con el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Aragón en materia policial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2010.-Carlos González Serna, Diputado.


181/002435

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Carlos González Serna

Texto:

¿Qué valoración hace el Gobierno de la lucha contra la corrupción, efectuada en los últimos cinco años por el Cuerpo Nacional de Policía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2010.-Carlos González Serna, Diputado.


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Comisión de Defensa

181/002341

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.


AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GER-IU-ICV).


Reformulación de su pregunta sobre nuevo Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.


Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta núm. de expte. 181/002341 y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa. Asimismo, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


Grupo Parlamentario ER-IU-ICV

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Gaspar Llamazares Trigo

Texto:

Con relación al nuevo Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas,

¿Qué medidas concretas se van a tomar para facilitar el acceso de los Suboficiales, Tropa y Marinería a la escala de Oficiales?

¿Cuál es la causa de no establecer una reserva específica de plazas, para el ingreso directo en la escala de Oficiales y de Infantería de Marina con la titulación de Técnico Superior?

¿Cuáles son los porcentajes mínimos de reserva de plazas para los procesos de promoción interna?

¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno mantiene los límites de edad para promocionar internamente, cuando en el resto de la Administración del Estado no existe?

¿Por qué el Gobierno mantiene el límite de tres convocatorias para promoción interna?

¿Que explicación da al hecho de que hace más de un año se preguntó por este Grupo Parlamentario sobre estadística de suicidio en las Fuerzas Armadas y aún no ha sido contestado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.


181/002386

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río

Texto:

¿De qué manera afectan los recortes y minoraciones presupuestarias en la Sección 14 (Ministerio de Defensa) de los Presupuestos Generales del Estado del año 2010 en la modernización y operatividad de la Fuerza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2010.-Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, Diputado.


181/002387

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza

Texto:

¿Cuál es la situación actual del Proyecto A400M y perspectivas de futuro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.-Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada.


181/002388

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza

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Texto:

¿A qué partidas concretas de gasto van a afectar los acuerdos de no disponibilidad de créditos concernientes al Ministerio de Defensa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.-Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada.


181/002389

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza

Texto:

¿Pueden afectar los acuerdos de no disponibilidad, concernientes al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a créditos destinados a la inversión en Proyectos de Defensa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.-Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada.


181/002390

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza

Texto:

¿Cuál es la carga de trabajo existente en las distinas sedes de la empresa Navantia y qué previsión hay de ocupación hasta 2015, tanto de mercado interno como externo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.-Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada.


181/002391

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza

Texto:

¿Cuáles son los plazos concretos sobre suministro y despliegue operativo de los nuevos blindados de los ejércitos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2010.-Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, Diputada.


181/002397

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Jordi Xuclà i Costa

Materia: Venta de propiedades del Estado que han dejado de tener interés para la Defensa.


Texto:

¿Comparte el Gobierno la necesidad de moderar el precio de venta de propiedades del Estado que han dejado de tener interés para la Defensa a la luz de la caída generalizada del precio de los inmuebles y del número de subastas que quedan desiertas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2010.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.


181/002398

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Jordi Xuclà i Costa

Materia: Misión ISAF de la OTAN en Afganistán.


Texto:

Al Secretario de Estado de Defensa:

¿Qué motivos justifican que el Gobierno no promueva las modificaciones legislativas necesarias para levantar la restricción estatal a las Normas de Enfrentamiento que operan en la misión ISAF de la OTAN en Afganistán en la cual está integrado el ejército español?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2010.-Jordi Xuclà i Costa, Diputado.


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Comisión de Economía y Hacienda

181/002385

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Hacienda

Diputado don Celso Delgado Arce

Texto:

¿En qué condiciones cederá la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, el inmueble del Banco de España al Ayuntamiento de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2010.-Celso Delgado Arce, Diputado.


Comisión de Presupuestos

181/002399

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López

Texto:

¿Qué parte del recorte de 5.000 millones de gasto recogido en el Plan de acción inmediata 2010 corresponderá a gasto no financiero?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.


181/002400

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López

Texto:

¿Mantiene el Gobierno que el recorte de gastos de 5.000 millones recogido en el Plan de acción inmediata 2010 no afectará a gasto social ni a la política de I+D+i, teniendo en cuenta que en el acuerdo de no disponibilidad de crédito de 1.500 millones del 15 de febrero de 2009 dijo lo mismo y recortó 69,3 millones de euros en gasto social (pensiones, servicios sociales, acceso a la vivienda, educación y cultura incluidos), y 354 millones de euros en I+D+i?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.


181/002401

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López

Texto:

¿Mantiene el Gobierno que el recorte de gastos de 5.000 millones recogido en el Plan de acción inmediata 2010 no afectará a gasto social ni a la política de I+D+i, teniendo en cuenta que en el acuerdo de no disponibilidad de crédito, por importe de 1.000 millones y aprobado el 14 de mayo, el Gobierno volvió a asegurar que no afectaría a este tipo de gastos, y sin embargo, recortó nuevamente 283 millones de euros en gasto social, de los cuales 62 correspondían a educación, 105 a acceso a la vivienda, 74 a servicios sociales, y 9 a sanidad y 226 millones en I+D+i?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.


181/002402

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López

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Texto:

¿Mantiene el Gobierno que el recorte de gastos de 5.000 millones recogido en el Plan de acción inmediata 2010 no afectará a gasto social ni a la política de I+d+i, teniendo en cuenta que en el Gobierno remitió a las Cortes un Proyecto de Ley de Presupuestos para 2010, que pese a que el Gobierno garantizaba que potenciaba el gasto social y la I+D+i, registraba una caída de 11.562 millones en gasto social con respecto al presupuesto final de 2009 (que ha sufrido muchas alteraciones en esta materia con respecto al aprobado), y 532 millones en I+D+i con respecto al presupuesto aprobado para 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.


181/002403

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López

Texto:

¿En qué programas concretos de gasto se recortarán los aproximadamente 3.000 millones de euros en gastos de personal previstos en el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Vicente Martínez-Pujalte López, Diputado.


181/002405

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Antonio Gallego Burgos

Texto:

¿Cuál ha sido el montante total de la deuda emitida por el Estado en 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.


181/002406

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Antonio Gallego Burgos

Texto:

¿Cuál ha sido el precio medio al que el Tesoro ha colocado la deuda emitida en 2009?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.


181/002407

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Antonio Gallego Burgos

Texto:

¿Cuál es el montante total de la deuda pendiente de vencimiento a lo largo de 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.


181/002408

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Antonio Gallego Burgos

Texto:

¿Ha variado el Gobierno sus previsiones de emisión de deuda para 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.


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181/002409

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Antonio Gallego Burgos

Texto:

¿Cuál es la previsión de emisión de deuda del Gobierno para 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.


181/002410

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Antonio Gallego Burgos

Texto:

¿Qué nivel de deuda en porcentaje del PIB estima el Gobierno que alcanzará el Estado a final de 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Antonio Gallego Burgos, Diputado.


181/002411

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputada doña María José Solana Barras

Texto:

¿En qué programas concretos de gasto se recortarán los aproximadamente 5.000 millones de euros en gastos de inversión previstos en el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-María José Solana Barras, Diputada.


181/002412

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputada doña María José Solana Barras

Texto:

¿En qué programas concretos de gasto se recortarán los aproximadamente 16.000 millones de euros en gastos por transferencias previstos en el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-María José Solana Barras, Diputada.


181/002413

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputada doña María José Solana Barras

Texto:

¿En qué programas concretos de gasto se recortarán los aproximadamente 2.000 millones de euros en gastos no financieros con efecto en déficit previstos en el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-María José Solana Barras, Diputada.


181/002414

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputada doña María José Solana Barras

Texto:

¿Mantiene el Gobierno que sus previsiones son prudentes teniendo en cuenta que preveía en los presupuestos para 2009 un déficit conjunto de las del 1,9 % y,

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según sus propios datos, finalmente alcanzará en ese ejercicio el 11,4 %?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-María José Solana Barras, Diputada.


181/002415

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputada doña María José Solana Barras

Texto:

¿Va a ampliar el Gobierno los créditos destinados a la cobertura del desempleo, vistos los recientes datos de paro registrado y paro según el INE?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-María José Solana Barras, Diputada.


181/002416

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputada doña María José Solana Barras

Texto:

¿Cuál prevé el Gobierno que será la evolución de los ingresos tributarios del Estado para 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-María José Solana Barras, Diputada.


181/002417

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputada doña María José Solana Barras

Texto:

De acuerdo con los datos de consumo que se van conociendo, ¿tiene previsto el Gobierno modificar la previsión de ingresos por IVA de 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-María José Solana Barras, Diputada.


181/002418

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Baudilio Tomé Muguruza

Texto:

La Central de Balances del Banco de España está publicando resultados de empresas, ¿tiene previsto el Gobierno modificar la previsión de ingresos por el Impuesto de Sociedades para el año 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Baudilio Tomé Muguruza, Diputado.


181/002419

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Baudilio Tomé Muguruza

Texto:

¿Cuántos ciudadanos españoles se verán afectados por la bonificación de 400 euros en el IRPF en el año 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Baudilio Tomé Muguruza, Diputado.


181/002420

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

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Diputado don Baudilio Tomé Muguruza

Texto:

¿A cuántos ciudadanos le ha subido el IRPF en 2010 como consecuencia de la supresión de los 400 euros de deducción?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Baudilio Tomé Muguruza, Diputado.


181/002421

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Baudilio Tomé Muguruza

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno modificaciones en los impuestos especiales a lo largo del año 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Baudilio Tomé Muguruza, Diputado.


181/002422

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Baudilio Tomé Muguruza

Texto:

¿Va a establecer el Gobierno un impuesto ecológico de acuerdo con las demandas de algunos grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Baudilio Tomé Muguruza, Diputado.


181/002423

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez

Texto:

¿Cuánto le va a costar al Tesoro el repunte del diferencial con el bono alemán en la emisión de deuda realizada en 2010 con respecto al nivel registrado en marzo de 2004?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Ramón Aguirre Rodríguez, Diputado.


181/002424

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez

Texto:

¿Mantiene el Gobierno el Plan Económico Financiero de Reequilibrio remitido a las Cortes el pasado 30 de octubre de 2009, tras la presentación del Plan de acción inmediata 2010 y el Plan de austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013 el pasado 29 de enero?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Ramón Aguirre Rodríguez, Diputado.


181/002425

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez

Texto:

¿Por qué no introdujo el Gobierno su recorte de gastos recogido en el Plan de acción inmediata 2010 en el Presupuesto que se aprobó hace poco más de un mes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Ramón Aguirre Rodríguez, Diputado.


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181/002426

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez

Texto:

¿Cuál es el impacto recaudatorio que tendrá, en 2010, la subida de impuestos establecida en los Presupuestos Generales del Estado para 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Ramón Aguirre Rodríguez, Diputado.


181/002427

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez

Texto:

¿Qué políticas de gasto se verán afectadas por el recorte de 5.000 millones de gasto recogido en el Plan de acción inmediata 2010?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Ramón Aguirre Rodríguez, Diputado.


Comisión de Educación y Deporte

181/002428

Grupo Parlamentario Mixto-BNG

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputados doña Olaia Fernández Davila y don Francisco Xesús Jorquera Caselas

Texto:

¿Qué valoración le merece al Ministerio de Educación que las normas reguladoras del Tercer Ciclo de la UNED no aseguren el derecho de los estudiantes gallegos, catalanes o vascos a redactar y/o presentar las tesis doctorales en las lenguas propias de sus territorios, al darle a las lenguas cooficiales del Estado español el mismo tratamiento que los idiomas extranjeros?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.-Olaia Fernández Davila y Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputados.


181/002433

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación

Diputado don Carlos González Serna

Texto:

¿Qué valoración realiza el Gobierno de la negativa de la Generalitat Valenciana a participar en el Plan Escuela 2.0 porque según su consejero de educación "El ordenador que ofrece Zapatero puede provocar daños visuales a los niños, como la miopía"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2010.-Carlos González Serna, Diputado.


Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

181/002394

Grupo Parlamentario Mixto-BNG

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

Diputada doña Olaia Fernández Davila

Texto:

Comparte el Gobierno los acuerdos alcanzados en la moción aprobada el 19 de noviembre de 2009 relativa a las ayudas del Gobierno a las flotas afectadas por los paros biológicos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2010.-Olaia Fernández Davila, Diputada.


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Comisión de Igualdad

181/002392

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Eva Durán Ramos

Texto:

¿Puede explicar la Sra. Ministra de Igualdad qué criterios se han seguido para conceder las subvenciones que otorga la Dirección General de la Mujer?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2010.-Eva Durán Ramos, Diputada.


181/002393

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Eva Durán Ramos

Texto:

¿Puede indicar la Sra. Ministra de Igualdad qué proyectos se han presentado a las subvenciones que otorga la Dirección General de la Mujer?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2010.-Eva Durán Ramos, Diputada.


181/002404

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Eva Durán Ramos

Texto:

Sra. Ministra de Igualdad, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado las subvenciones de la Dirección General de la Mujer con fecha 16 de febrero,

1.º ¿Qué proyectos se han presentado?

2.º ¿Qué criterios se han seguido para conceder las subvenciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Eva Durán Ramos, Diputada.


Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico

181/002384

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Seguridad Vial

Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez

Texto:

¿Cuál considera el Gobierno que es el número adecuado de radares fijos para España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2010.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.


OTROS TEXTOS

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

140/000021

Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la siguiente declaración institucional adoptada por unanimidad por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 24 de febrero de 2010:

"La noticia de la muerte del preso de conciencia Orlando Zapata que ha sido difundida con profusión por los medios de comunicación españoles, ha causado consternación entre las fuerzas políticas y en la sociedad española que mantiene un vínculo muy sólido con la sociedad cubana.


La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados quiere mostrar, en primer lugar, su más profunda condolencia a la familia y amigos de Orlando Zapata y manifiesta su honda preocupación por la situación de los presos de conciencia en Cuba, cuya libertad, hoy, vuelve a pedir.


Asimismo, condena las limitaciones a las libertades políticas y la falta de protección de los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo. En el caso de Cuba, apoya las gestiones realizadas por todas las instancias políticas a favor de los presos de conciencia, que también se ha producido en el caso de Orlando Zapata.


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La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, reitera su compromiso con Cuba, con la defensa de los Derechos Humanos y con la Democracia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


154/000010

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

En cumplimiento de 1o dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los Votos Particulares presentados al Informe elaborado por la Subcomisión sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.


Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Cultura

Por medio del presente escrito el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta el siguiente voto particular al Informe de la Subcomisión sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Voto particular núm. 1

CONCLUSIONES

A. Introducción

1. El Objetivo principal de la Ley de Propiedad Intelectual debe ser proteger la creación y la innovación, a los creadores y creadoras y consecuentemente a los medios de producción y distribución del arte, la cultura y el conocimiento. La era digital ha permitido que surgieran nuevos modelos más eficaces que la imposición de un canon indiscriminado gestionado por Sociedades de Gestión opacas y la industria cultural, que tienden a fines recaudatorios en lugar de fomentar lo creativo.


2. Ninguna medida aprobada en la ley de Propiedad Intelectual debe vulnerar los derechos fundamentales de la Constitución, en concreto el derecho a la libertad de expresión y a la información. Algunas de las propuestas de la Ley de Economía Sostenible que afectan a la gestión de la Propiedad Intelectual, podrían vulnerar dichos derechos fundamentales, con lo que se hace imprescindible el diálogo entre las partes afectadas, evitando la imposición unilateral de los intereses de determinadas Sociedades de Gestión.


3. El derecho del autor es necesario, para garantizar la creación cultural y la autonomía creativa. Pero no puede entrar en contraposición de los derechos ciudadanos y del acceso a la cultura. La propiedad intelectual debe contribuir al fomento de la creación, a la formación y potenciación de nuevos creadores y creadoras. Los pagos de derechos de autor, las royalties, las patentes y demás incentivos similares no deben ser considerados un fin en sí mismos, sino como un medio de promover el interés público, la innovación y el acceso a la ciencia y a la tecnología.


4. Es necesario tener en consideración La Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, documento elaborado por más de 100 especialistas y organizaciones participantes en el Foro de Cultura que tuvo lugar entre el 29 de octubre y 1 de noviembre de 2009 en Barcelona, especialmente en cuanto a las demandas legales que trasladan y su definición de los derechos en un contexto digital y el estímulo a la creatividad y la innovación.


B. Gestión Colectiva

5. Se ha evidenciado la necesidad de que en el modelo actual de gestión de los derechos de autor, las Sociedades Gestión tengan un mayor control público en el desarrollo de sus actividades, tanto por lo que se refiere a sus prácticas de recaudación de los derechos de autor, como a la posterior distribución de los ingresos entre los artistas y autores, y en las inversiones que llevan a cabo. Las sociedades de gestión son entidades privadas que deben administrar única y exclusivamente las "cuentas" de sus miembros, que nunca suponen la totalidad de la comunidad creativa. Es decir, que en ningún caso su objetivo debe ser, la actual inversión en equipamientos y en puestos de empleo, como sucede actualmente en algunos casos. Las sociedades de gestión deberían administrar únicamente las obras que estén registradas en su base de datos, y no deberían recaudar fondos provenientes del uso de obras que están publicadas explícitamente con una licencia libre.


En contraposición a la inversión en patrimonio, entendemos que sí se deberían condicionar a las entidades en un porcentaje de la recaudación con finalidad a la ayuda a la nueva creación.


6. Los/las autores/as siempre deberían poder revocar el mandato de las entidades de gestión. No debería

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permitirse que ninguna sociedad de gestión impida a los/las artistas o autores/as usar licencias libres.


7. Las sociedades de gestión no debería poder gestionar impuestos no cuantificables, ni debería existir ningún cobro obligatorio de derechos.
Las cantidades no cuantificables deberían ser gestionadas por el estado como incentivos a la creación. No es adecuado que estas entidades sean parte a la vez que árbitro, como prevé el anteproyecto de ley de economía sostenible.


C. Copia privada y otros límites y excepciones

8. Deberían abolirse todos los "cánones digitales" injustos que sancionan indiscriminadamente en nombre de la "compensación de los/as artistas", y que tratan de penalizar actividades que no son criminales en modo alguno.
De igual modo tiene que abolirse todo concepto de "compensación obligatoria". Cabe destacar que las graves disfunciones en la aplicación actual de la tasa del canon digital han sido cuestionadas por la normativa comunitaria y la Comisión Europea que ha evidenciado la necesidad inaplazable de regular sus exenciones. En este sentido, parece necesario un estudio del lucro incesante de lo que la industria cultural está recibiendo en concepto de canon.


9. Las tasas o impuestos repercuten siempre en el precio final del consumidor, ya que cuando la tasa recae sobre los distribuidores, éstos lo interpretan como un incremento de los costes variables, lo que aumenta la pendiente de su curva de costes y desplaza su curva de oferta, y elevarán el precio final.


10. Es necesario un reparto de los derechos de autor y por lo tanto es negativo un modelo de acceso totalmente gratuito a todos los contenidos.
Pero no se pueden negar los aspectos positivos del fenómeno fruto del incremento de la difusión de cultura en Internet que ha supuesto una nueva oportunidad tanto para la industria como para los autores, es decir que en ningún caso las nuevas tecnologías suponen una amenaza para la cultura. Se ha incrementado la afición y el diversificado el consumo de cultura, al democratizar la posibilidad de su acceso. Las industrias que han sabido leer este fenómeno se han beneficiado con productos basados en las nuevas tecnologías y los artistas se ven beneficiados por una mayor visibilidad de su obra, mejorando los canales de distribución y abriendo nuevas oportunidades, también económicas, como las suponen el incremento de la oferta de la cultura en vivo.


11. Cualquier modificación de la ley debería respetar y proteger los límites a los derechos de autor para garantizar la realización de los derechos fundamentales. Especialmente se deberían reforzar los límites para el aprendizaje, la educación, la investigación y la libertad de expresión.


Voto particular núm. 2

A la Mesa de la Comisión de Cultura

El Grupo Parlamentario Mixto a instancia de doña Rosa Díez González (UPyD) presenta el siguiente voto particular al informe de la subcomisión creada en el seno de la comisión de cultura sobre la reforma de la Ley 23/2006, de 7 de julio por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.


La protección de los derechos de autor contribuye a preservar y desarrollar la creatividad en interés de los autores, los intérpretes, los productores, los consumidores, la cultura, la industria y el público en general. Por lo tanto, la propiedad intelectual ha sido reconocida como una parte integrante del derecho de propiedad. Por ello, para que los autores y los intérpretes puedan continuar su labor creativa y artística, deben recibir una compensación adecuada por el uso de su obra.
Pero igualmente imprescindible resulta alcanzar el equilibrio adecuado entre dicha protección y el acceso a la cultura, a la información, a la libertad de expresión, especialmente en el nuevo contexto de la sociedad de la información e internet.


Actualmente, las normas legales básicas que regulan la propiedad intelectual y los derechos de autor en España están recogidas en dos leyes: Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. A pesar de las sucesivas modificaciones, principalmente por la obligación de trasponer Directivas comunitarias, lo cierto es que la normativa actual en materia de propiedad intelectual se halla obsoleta para dar respuesta a las nuevas formas de explotación comercial a través de las redes de telecomunicaciones para atender la demanda de contenidos digitales de más de 16 millones de internautas sólo en España.


Coincidimos en la necesidad de instar al Gobierno para que, en la actual Legislatura se presente una revisión sistemática y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Entendemos sin embargo que la sola modificación de LPI o la elaboración de una nueva Ley no basta para corregir los problemas detectados, especialmente si dicha modificación se dirige principalmente a reforzar las penalizaciones, como se intenta a través de la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.


La inclusión de dicha regulación ha sido especialmente cuestionada, también en el seno de la Subcomisión, sin que en las conclusiones del Informe aparezcan las críticas vertidas a la misma, especialmente contra el planteamiento inicial del Gobierno de cerrar las webs de descargas e intercambios por decisión de un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura,

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con potestad sancionadora en una materia de Derecho Privado. La propuesta adicional del Gobierno de intervención judicial para autorizar las decisiones sobre cierre de webs resulta compleja y confusa y no garantiza el respeto a los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información, pilares básicos del Estado de Derecho.


Como señala la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones sobre los contenidos creativos en línea en el mercado único, de 3 de enero de 2008, los desafíos que plantea la distribución en línea de contenidos creativos son considerables, y abarcan desde las cuestiones jurídicas relacionadas con la concesión de licencias hasta la determinación de los sistemas de facturación más atractivos o cuestiones referentes a la banda ancha y el espectro. La transferencia de los servicios de contenido creativo al entorno en línea es un ejemplo de cambio sistémico fundamental. Sacarán provecho de este cambio las políticas que ayuden a cumplir tres objetivos relacionados:

- lograr que los contenidos europeos contribuyan en todo su potencial a la competitividad europea y a la difusión y circulación de la gran diversidad de contenidos europeos creados y del patrimonio cultural y lingüístico europeo;

- actualizar/aclarar las disposiciones legales que puedan dificultar innecesariamente la distribución en línea de contenidos creativos en la UE, reconociendo al mismo tiempo la importancia de los derechos de autor para la creación;

- promover la participación activa de los usuarios en la selección, distribución y creación de contenidos.


La oferta legal en línea de contenidos creativos se considera, en efecto, uno de los principales medios para proteger los derechos de autor y poner freno a las copias ilegales. Sin embargo, los titulares de los derechos temen perder el control, al comprobar los perjuicios que pueden ocasionar las copias ilegales en el entorno digital, o se hallan también sujetos a las incompatibilidades derivadas de los acuerdos ya suscritos para formas de explotación más tradicionales. Por todo ello, siguiendo a la Comisión, entendemos que deben fomentarse medidas transfronterizas uniformes y procedimientos de cooperación entre los proveedores de acceso/servicios, los titulares de los derechos y los consumidores. A ello hay que añadir una política pública tendente a desarrollar medidas efectivas de sensibilización/educación sobre la importancia de los derechos de autor.


Por otra parte, coincidimos con las conclusiones del Informe de la Subcomisión en que la legislación sobre propiedad intelectual debe posibilitar el acceso y difusión de la cultura y contribuir a la consolidación de un creciente sector económico (4 % del PIB), que cree empleo de calidad y permita el desarrollo de nuevos modelos de negocio en la red con un mínimo de seguridad jurídica para garantizar la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual, asegurando, eso sí, que el marco jurídico resulta neutral para todos los operadores y no genera desequilibrios que puedan ser aprovechados por alguno de los intervinientes en este mercado, como sucede con las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.


Resulta por ello necesario combatir el régimen monopolístico de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual yendo más allá de la mera referencia a las medidas de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo o a la introducción de códigos de conducta que contiene el apartado B) a las conclusiones del Informe de la Subcomisión redactado por la ponente.


A pesar de que el progreso tecnológico y las nuevas formas de distribución y consumo de obras y prestaciones están poniendo en cuestión el rol tradicional de las entidades de gestión, éstas continúan teniendo un papel relevante en la economía, con una recaudación total, según datos de 2007, de 518,9 millones de euros. En este sentido, el reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia de diciembre de 2009, ha puesto de relieve que la posición de monopolio que ostentan las entidades de gestión actualmente existentes en España reduce sus incentivos a operar de modo eficiente, facilita el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias por la utilización de los repertorios y dificultan las actividades que realizan los usuarios, tanto los que operan en mercados tradicionales como los que explotan obras y prestaciones en el entorno "online". De acuerdo con el informe de la CNC, consideramos imprescindible la adopción de las siguientes medidas legislativas:

1. Eliminar la obligatoriedad de que las entidades de gestión carezcan de ánimo de lucro (art. 147.2 LPI). Se debe permitir que puedan constituirse bajo cualquiera de las formas jurídicas admitidas en Derecho, particularmente como formas societarias mercantiles en principio más adecuadas que la asociación para el desarrollo de actividades típicamente económico-empresariales.


2. Reducir el elevado margen de discrecionalidad del Ministerio de Cultura a la hora de autorizar la creación de nuevas entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (148,2 LPI), e implantar el sistema de simple registro.


3. Suprimir la obligatoriedad de que algunos derechos de autor sean gestionados de forma colectiva, más allá de lo que obliga la legislación de la Unión Europea. Los avances tecnológicos están haciendo ya que sea posible evaluar de forma cada vez más exacta qué difusión y reproducción corresponde a cada obra y autor. Esto elimina la necesidad, como hasta ahora, de una gestión colectiva de tales derechos y permite optar por la gestión individual, especialmente en el ámbito "online".


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4. Creación de un organismo independiente especializado en propiedad intelectual que intervenga en la fijación de las tarifas en caso de falta de acuerdo entre las partes y sin necesidad de que éstas estén conformes con su intervención. Dichas tarifas habrán de tener en cuenta el uso efectivo de los repertorios y guardar una relación razonable con el valor económico que suponga la utilización del repertorio. Valorar la modificación del art. 158 LPI para eliminar la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual y sustituirlo por un Tribunal de la Propiedad Intelectual o ente regulador que pueda dirimir de forma vinculante toda clase de conflictos en materia de propiedad intelectual.
Tal medida nos equipararía a otros países de nuestro entorno. Tales tribunales, con capacidad arbitral, han demostrado ser mucho más eficaces a la hora de mediar y llegar a soluciones justas, impidiendo situaciones de abuso.


5. Corregir la asimetría de poder a favor de las entidades de gestión en la negociación de tarifas, derivado de su estatus procesal privilegiado (art. 150 LPI).


6. Establecer un registro público de acceso electrónico en el que figuren todos los titulares de derechos que estén representados por sociedades de gestión colectiva, medida de transparencia recomendada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea en el proceso de consultas para la elaboración del Informe del Parlamento Europeo de 2003 sobre un marco comunitario relativo a las sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor,

Por lo que respecta al régimen actual aplicable a la denominada copia privada, en el informe de la Subcomisión se pone de manifiesto la existencia de opiniones enfrentadas y las críticas a la vigencia del canon digital, así como la demanda de una mayor transparencia en lo relativo a las cantidades cobradas por este concepto y su destino final.


Interesa recordar que la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de la propiedad intelectual en la sociedad de la información, se limita a establecer que los Estados miembros que autoricen, como excepción o limitación a la propiedad intelectual, las reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, han de establecer al mismo tiempo un sistema de compensación equitativa.


El legislador español optó por imponer el canon en todos los casos, prescindiendo de la utilización concreta que en cada uno de ellos se haga de los soportes o aparatos adquiridos. De manera que en estos momentos los aparatos y los soportes que sirven para la obtención tanto de copias privadas analógicas como de copias privadas digitales están sometidos al pago de ese canon. Su importe repercute naturalmente sobre el precio de los aparatos y soportes en cuestión, gravando por consiguiente a los consumidores y usuarios de los mismos que se oponen a esa especie de recaudación indirecta, especialmente cuando el adquirente del aparato reproductor o de los soportes aptos para la reproducción no los destina a la reproducción (copia privada) de obras o prestaciones protegidas por la propiedad intelectual.


Coincidimos por ello con las conclusiones de la Subcomisión en cuanto reconocen la conveniencia de llevar a cabo un estudio detallado sobre el daño que la copia privada produce en el sector cultural y profundizar acerca de las fórmulas que podrían establecerse para estrechar la relación entre el beneficio que produce al sector electrónico y la compensación a satisfacer, evitando su repercusión en el consumidor final.


Entendemos, sin embargo, que, además de instar al Gobierno a que evalúe a través de un organismo imparcial el sistema más apropiado que, garantice a los creadores y gestores de la propiedad intelectual la debida retribución por los productos y servicios consumidos a través de las nuevas tecnologías de comunicación y reproducción, debe acordarse la derogación del actual sistema de gestión ex artículo 25 LPI, que se basa en la presunción iuris tantum (es decir, que admite prueba en contra) de que todos los soportes aptos para la reproducción se utilizan por sus adquirentes para realizar dichas copias privadas que han de ser compensadas.


Asimismo, debe exceptuarse del cobro del canon a los equipos y soportes adquiridos por la Administración, destinados al servicio público. La única vía que ofrece actualmente la Ley de Propiedad Intelectual para exceptuar el pago del canon cuando los soportes o aparatos adquiridos lo son para fines distintos al de la obtención de copias privadas de obras o prestaciones protegidas, se encuentra en el artículo 25.7.d), según el cual "el Gobierno, mediante Real Decreto, podrá establecer excepciones al pago de esta compensación equitativa y única cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea la reproducción prevista en el artículo 31.2". Tal medida, además de justa, supondría un ahorro de millones de euros a las arcas públicas, más necesario que nunca en esta época de crisis económica y gran endeudamiento de todas las administraciones públicas.


Por otra parte, consideramos necesario valorar la inclusión de nuevos límites, además de los contemplados en el capítulo II del Título III de la Ley de Propiedad Intelectual, para facilitar el desarrollo de actividades culturales.


Finalmente, procede instar al Gobierno, de acuerdo con el informe de la Subcomisión, a una regulación de mínimos en el tema del libro electrónico. Tal regulación, sin dañar el libre mercado, impediría situaciones de abuso por parte de algunas de las parte implicadas en detrimento de las otras.


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2010.-Rosa Díez González, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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