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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 305, de 07/12/2009
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
7 de diciembre de 2009

Núm. 305


Otros textos

Comisiones, subcomisiones y ponencias

154/000005 Subcomisión para el estudio y el funcionamiento de la ley integral de medidas

contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de modificación.


Acuerdo de la Comisión por el que se aprueba con modificaciones el Informe.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Acuerdo de la Comisión de Igualdad, relativo al Informe de la Subcomisión para el estudio y el funcionamiento de la ley integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de modificación, aprobado en su sesión del pasado día 17 de noviembre de 2009.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de noviembre de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


APROBACIÓN POR LA COMISIÓN DEL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN CREADA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD PARA EL ESTUDIO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

ÍNDICE

Página

A. GUIÓN DE ACTIVIDAD DE LA SUBCOMISIÓN

2

1. Antecedentes de creación de la Subcomisión

2

2. Composición de la Subcomisión

2

3. Comparecencias solicitadas

2

4. Sesiones celebradas

6

5. Documentación

7

5.1. Documentación elaborada por la Dirección de documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General del Congreso de los Diputados

7

5.2. Documentación aportada por los comparecientes

10

5.3. Otra documentación

12

B. RESUMEN DE LAS COMPARECENCIAS CELEBRADAS

13

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

42

I. Introducción y consideraciones generales

42

II. Educación, prevención, medios de comunicación social para combatir la violencia de género

44

III. El apoyo a las víctimas de violencia de género y la respuesta institucional y social para el reconocimiento y protección de sus derechos

45

IV. La respuesta legal frente a la violencia de género

47

Página 2


Página

V. Recomendaciones

48

V.I. Educación, prevención y medios de comunicación social para combatir la violencia de género

48

V.II. Respuesta institucional y social para el apoyo a las víctimas de Violencia ..


49

V.III. Tutela judicial frente a la violencia de género

49

V.IV. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

51

A. GUIÓN DE ACTIVIDAD DE LA SUBCOMISIÓN

1. Antecedentes de creación de la Subcomisión

La Comisión de Igualdad, en su sesión del día 18 de septiembre de 2008, tras debatir la solicitud de creación de una subcomisión para el estudio del funcionamiento de la ley integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de modificación, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) (núm. expte. 158/6), ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por dicho Grupo Parlamentario, con las siguientes características:

A) Composición:

La Comisión determinará el número de representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios en la Subcomisión.


B) Adopción de acuerdos:

En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.


C) Objeto de la Subcomisión:

La Subcomisión deberá estudiar la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.


Asimismo, analizará la aplicación de las legislaciones autonómicas como contribución a la lucha contra la violencia de género y los recursos destinados a ella por las distintas administraciones.


Se analizarán los modelos de derecho comparado que puedan servir de referente para nuestro derecho interno.


A la vista de lo anterior, la subcomisión planteará, en su caso, las medidas y recomendaciones que estimen pertinentes, dentro de las competencias de esta Cámara, para erradicar la violencia de género.


D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión:

La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de cuatro meses desde su constitución. El mencionado estudio, una vez aprobado por la Comisión de Igualdad junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.


Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.


El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 16 de octubre de 2008, ha acordado de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión para el estudio del funcionamiento de la ley integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de modificación, en los términos de la propuesta de la citada Comisión.


La Subcomisión en su reunión del día 18 de febrero de 2009, aprobó por asentimiento la solicitud de prórroga de seis meses para la finalización de los trabajos objeto de la Subcomisión y en estos términos, someterla a la aprobación del Pleno. El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 10 de marzo de 2009 acordó, dicha prórroga, por lo que los trabajos de la Subcomisión deberán finalizar el 10 de noviembre de 2009.


2. Composición de la Subcomisión

CALVO POYATO, Carmen (GS).


CABEZÓN RUIZ, Soledad (GS).


MONTÓN GIMÉNEZ, Carmen (GS).


RASCÓN ORTEGA, Juan Luis (GS).


CAMARERO BENÍTEZ, Susana (GP).


QUINTANILLA BARBA, Carmen (GP).


VILLALOBOS TALERO, Celia (GP).


PIGEM i PALMES, Mercè (GC-CiU).


TARDÁ i COMA, Joan (GER-IU-ICV).


AGIRRETXEA URRESTI, Joseba (GV-EAJ-PNV).


FERNÁNDEZ DAVILA, Olaia (GMx)

3. Comparecencias solicitadas

Se abre un plazo de presentación de solicitudes de comparecencia y documentación en la Subcomisión para el estudio del funcionamiento de la ley integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de modificación (154/5) que finalizará en la sesión que la Subcomisión tiene prevista para el día 13 de noviembre de 2008, al finalizar el

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Pleno. Si algún Grupo Parlamentario quisiera presentar dicha documentación con anterioridad a esa fecha, podrá hacerlo en el Registro de la Dirección de Comisiones.


La Subcomisión acuerda, en su sesión del día 13 de noviembre, ampliar el plazo de presentación de solicitudes de comparecencia y documentación hasta el día 27 de noviembre de 2008.


RELACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPARECENCIA PRESENTADAS EN RELACIÓN CON LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

COMPARECIENTES;SOLICITANTES

REPRESENTANTES DE JURISTAS;

Jurista (D.ª María Durán Febrer).;GS

Vocal del Consejo General del Poder Judicial y Presidenta del Observatorio contra la Violencia doméstica y de género (D.ª Inmaculada Montalbán).;GS

GC-CiU

Fiscal de Sala. Delegada contra la Violencia sobre la Mujer. (D.ª Soledad Cazorla Prieto).;GS

GC-CiU

Representante de Themis, Asociación Mujeres Juristas (D.ª Altamira Gonzalo Valgañón).;GS

GC-CiU

Presidente de la Audiencia de Alicante (D. Vicente Magro).;GP

Responsable de la Asistencia a Víctimas de la Audiencia Provincial de Ciudad Real (D.ª María del Carmen Ruiz Herrera).;GP

Titular del Juzgado núm.5 de Torrejón de Ardoz (D.ª Gemma Poveda).;GP

GC-CiU

Decana de l'Il.lustre Col.legi d'Avocats de Barcelona y Presidenta de l'CRAJ (Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia de España) (D.ª Sílvia Giménez-Salinas Colomer).;GC-CiU

Presidente del Consejo General de la Abogacía (D. Carlos Carnicer).;GC-CiU

Magistrada de Familia en servicios especiales en la Escuela Judicial de Barcelona (D.ª Mercedes Caso).;GC-CiU

Representante de la Associació de Dones Juristes.;GC-CiU

Vicedecana del Colegio de Abogados de Bizkaia y miembro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional (D.ª Juana Balmaseda).;GV (EAJ-PNV)

Fiscal. Autora de diferentes trabajos en relación con el desarrollo de la Ley integral de medidas contra la violencia de género. (D.ª Pilar Fernández Pérez).;GMx

REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD;

Profesora titular de Derecho Procesal e investigadora especializada en violencia de género de la Universidad de Sevilla (D.ª Isabel González Cano).;GS

Catedrática de Derecho Constitucional (D.ª María Luisa Balaguer Callejón).;GS

Directora del Máster en intervención en violencia contra las mujeres.
Universidad de Deusto. (D.ª María Silvestre).;GV (EAJ-PNV)

Catedrático en Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco. (D.
Enrique Etxeburua).;GV (EAJ-PNV)

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COMPARECIENTES;SOLICITANTES

REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES;

Coordinadora de Mujeres en Red (D.ª Monserrat Boix).;GS

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

Presidenta (D.ª Ana María Pérez del Campo)

(D.ª María José Varela Portela).;

GS

GC-CiU

Presidenta de la Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres (D.ª Consuelo Abril González).;GS

GC-CiU

GER-IU-ICV

Confederación Nacional de Padres y Madres Separados (D. Justo Sáez Iñiguez).;GP

Asociación de Mujeres del Siglo XXII (D.ª Adela Utrera).;GP

Centro Reina Sofía (D. José San Martín).;GP

Amnistía Internacional (D.ª María Naredo).


;GC-CiU

GER-IU-ICV

Coordinadora "Dona i Municipi". Asesora de los servicios técnicos de l'Associació Catalana de Municipis. (D.ª Monserrat Gatell Pérez).;GC-CiU

Representante de la Asociación Crecer sin Violencia.;GC-CiU

Representante del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).;GC-CiU

Colectivo Aldarte (Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales).;GV (EAJ-PNV)

Tamaia. Associació de dones contra la violencia. ;GER-IU-ICV

Plataforma Unitària contra les violènces de gènere.;GER-IU-ICV

Asociación de mujeres "Las Tejedoras. Inmigrantes".;GER-IU-ICV

Asociación Gitana Yerba-Buena.;GMx

REPRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES;

Presidenta del Observatorio de la Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad y Consumo (D.ª Concepción Colomer).;GS

Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y Director del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) de la Secretaría de Estado de Seguridad (D. José Antonio Rodríguez González).;GS

Directora de la División de Igualdad de Género y Acción contra la Trata del Consejo de Europa (D.ª Marta Requena).;GS

Promotora del Proyecto de "Casa Malva" dentro de la red de atención integral a Mujeres Víctimas de Violencia y Consejera de Presidencia del Principado de Asturias (D.ª María José Ramos Rubiera).;GS

Concejala del Ayuntamiento de Málaga (D.ª María Victoria Romero).;GP

Ex directora General de la Mujer de Baleares (D.ª Isabel Llinas).;GP

Defensor del Menor de Andalucía (D. José Chamizo).;GP

Representante del CEP (D. Isidoro Zamorano).;GP

Coordinador UPAP. Jefatura de Madrid (Inspector Jefe Benítez). ;GP

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COMPARECIENTES;SOLICITANTES

Delegado del gobierno para la violencia de Género. Presidente del Observatorio Estatal. (D. Miguel Lorente).;GC-CiU

Técnica de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Responsable del programa Nahiko para prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito escolar (D.ª Ana Agirre).;GV (EAJ-PNV)

Jefe de Servicios Clínicos del Instituto Vasco de Medicina Legal, Subdirección de Bizkaia. Miembro del Grupo Técnico Interinstitucional de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional (D. Guillermo Portero).;GV (EAJ-PNV)

Directora de Relaciones con la Administración de Justicia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Miembro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional (D.ª Inmaculada de Miguel).;GV (EAJ-PNV)

Viceconsejero de Seguridad del Departamento de Interior del Gobierno Vasco y miembro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional (D. Mikel Legarda).;GV (EAJ-PNV)

Secretaria General de Igualdad de la Xunta de Galicia (D.ª Carme Adán).;GMx

REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN;

Responsable de AMECO PRESS (D.ª Cristina Pérez).;GS

Periodista especializada en violencia de género. (D.ª Pilar López Díez).;GS

Periodista. D.ª María Teresa Campos.;GP

Periodista. D.ª Susanna Griso.;GP

Periodista. D.ª Ana Rosa Quintana.;GP

REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES;

Secretaria General de la Mujer de CCOO (D.ª Carmen Bravo Sueskun).;GP

Secretaria para la Igualdad de UGT (D.ª Almudena Fontecha).;GP

Coordinadora del Área de la Dona de la Intersindical Valenciana (D.ª Imaculada Gimeno Mengual).;GER-IU-ICV

EXPERTOS;

Psicólogo especialista en violencia de género. Instituto Andaluz de la Mujer (D. Juan Ignacio Paz).;GS

Presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia (D.
Andrés Montero Gómez).;GS

Terapeuta especialista en Psicoterapia de Hombres Maltratadores (D. Luis Bonino).;GS

Sociólogo (D. Salustiano del Campo).;GP

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4. Sesiones celebradas

22 de octubre de 2008. Sesión de constitución.


13 de noviembre de 2008. Ordenación de los trabajos de la Subcomisión.


10 de diciembre de 2008. Ordenación de los trabajos de la Subcomisión.


10 de febrero de 2009. Ordenación de los trabajos de la Subcomisión.


17 de febrero de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña María Durán i Febrer, Jurista y Directora General de Responsabilidad Social Corporativa del Govern Balear.


Doña María Tardón Olmos, Magistrada y Presidenta de la Sección 27.ª de la Audiencia Provincial de Madrid.


10 de marzo de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña Consuelo Abril González, Presidenta de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres.


Doña María del Carmen Ruiz Herrera, Responsable de la Asistencia a Víctimas de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.


17 de marzo de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña Juana Balmaseda, Vicedecana del Colegio de abogados de Bizkaia y miembro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo interinstitucional.


Don Vicente Magro, Presidente de la Audiencia de Alicante.


31 de marzo de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña Sílvia Giménez-Salinas Colomer, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y Presidenta de l'CRAJ (Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia de España).


Doña Pilar Fernández Pérez, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Autora de diferentes trabajos en relación con el desarrollo de la Ley integral de medidas contra la violencia de género.


21 de abril de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña Susana Brunel Aranda, Adjunta a la Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO. Vocal del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género.
En sustitutución de D.ª Carmen Bravo Sueskum.


Don Carlos Carnicer Díez, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española.


Doña Inmaculada Montalbán Huertas, Vocal del Consejo General del Poder Judicial y Presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género.


28 de abril de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña María Luisa Balaguer Callejón, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga.


Don Enrique Echeburúa Odriozola, Catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco.


13 de mayo de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña Soledad Cazorla Prieto, Fiscal de Sala delegada contra la violencia sobre la mujer.


Doña María Silvestre Cabrera, Directora del Master en intervención en violencia contra las mujeres. Universidad de Deusto.


Doña Adela Utrera Morcillo, Presidenta de la Asociación Mujer siglo XXI; Coordinadora del SUAMM del Ayuntamiento de Málaga.


19 de mayo de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña Inmaculada Múgica Flores, Directora del Colectivo Aldarte (Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales).


Doña Pilar Heredia Iglesias, Presidenta de la Asociación Gitana Yerba-Buena.


Doña Beatriz Masiá, Cofundadora de Tamaia de la Associació de Dones contra la violencia.


26 de mayo de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Don Justo Sáenz Iñiguez, Presidente de la Confederación estatal de asociaciones de madres y padres separados.


Doña Altamira Gonzalo Valgañón, Presidenta de la Asociación de mujeres juristas Themis.


Doña Rosa Méndez Vila, Representante de la Asociación Crecer sin violencia.


9 de junio de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña Monserrat Gatell Pérez, Representante de la Associació Catalana de Municipis i Comarques.


Doña Ana Peláez Narváez, Comisionada de Género del CERMI.


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Doña Ana María Pérez del Campo, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.


23 de junio de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña Montserrat Vilà Planas, representante de la Plataforma Unitària contra les violènces de gènere.


Doña María Naredo, representante de Amnistía Internacional.


Doña Isabel Llinas, Ex Directora General de la Mujer de Baleares.


22 de septiembre de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña Inmaculada Gimeno Mengual, Coordinadora del Área de la Dona de la Intersindical Valenciana.


Doña Gemma del Corral Parra Directora General del Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, en sustitución de Mª Victoria Romero.


29 de septiembre de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Doña Cristina Pérez Fraga, Presidenta de la Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación (AMECO) y Directora de la Agencia de Comunicación de Género (AMECO PRESS).


Don Guillermo Portero Lazcano, Jefe de Servicios Clínicos del Instituto Vasco de Medicina Legal de Vizcaya y miembro del Grupo Técnico Interinstitucional de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional.


Doña Almudena Fontecha López, Secretaria para la Igualdad de Unión General de Trabajadores (UGT).


20 de octubre de 2009. Celebración de las siguientes comparecencias:

Don José Antonio Rodríguez González, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y Director del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) de la Secretaría de Estado de Seguridad.


Don Isidoro Zamorano Martín, Representante de la Confederación Española de la Policía (CEP).


Doña Isabel González Cano, Catedrática de Derecho Procesal e Investigadora especializada en violencia de género de la Universidad de Sevilla.


5. Documentación

5.1 Documentación elaborada por la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General del Congreso de los Diputados:

Dossier núm. 150 (IX Legislatura), de diciembre de 2008, sobre violencia de género:

Documentación española:

Legislación estatal:

Ley de enjuiciamiento criminal (arts. 13 y 544.ter).


Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 23, 66, 83, 84, 88, 89, 108, 149, 153, 173, 188, 234, 244, 318, 318 bis, 515 y 617).


Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.


Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.


Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica.


Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.


Legislación autonómica:

Andalucía: Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.


Aragón: Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.


Canarias: Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.


Cantabria: Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.


Castilla-La Mancha: Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas.


Castilla y León: Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León.


Cataluña: Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.


Galicia: Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.


Islas Baleares: Ley 12/2006, de 20 de septiembre, sobre normas reguladoras para la mujer.


Madrid: Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.


Murcia: Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.


Navarra: Ley Foral 22/2002, de 2 de julio, de adopción de medidas integrales contra la violencia sexista.


País Vasco: Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.


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Valencia: Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.


Estadísticas:

Víctimas mortales por violencia de género. Ministerio de Igualdad, 21 de noviembre de 2008.


Mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o expareja, por Comunidades Autónomas. Instituto de la Mujer, 1999-2008.


Mujeres muertas por violencia de género a manos de pareja o expareja, por grupos de edad. Instituto de la Mujer, 1999-2008.


Mujeres muertas por violencia de género a manos de pareja o expareja, según nacionalidad. Instituto de la Mujer, 1999-2008.


Estudios:

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

Plan Nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género.
Marco conceptual y ejes de intervención, [2006].


Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, 2007.


Consejo General del Poder Judicial:

Datos estadísticos judiciales en aplicación de la Ley Orgánica 1/2004.
Resumen de los tres primeros años de la Ley Integral, 2008.


Análisis de las sentencias dictadas por los Tribunales del Jurado en el período 2001-2005, relativas a homicidios y asesinatos entre los miembros de la pareja o expareja. Conclusiones. Mayo 2008.


Ministerio de Igualdad:

Evaluación por la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Informe ejecutivo, 24 de julio de 2008.


Informe 016, 3 de septiembre de 2007 a 31 de octubre de 2008. Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, 17 de noviembre de 2008.


Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género:

Tres años de Ley Integral contra la Violencia de Género: La respuesta judicial ha mejorado, 3 de noviembre de 2008.


Amnistía Internacional:

Más riesgos y menos protección. Mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género. Noviembre de 2007.


Obstinada realidad, derechos pendientes. Tres años de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 2008.


Documentación extranjera:

Alemania: Action Plan of the Federal Government to combat violence against women. 25.04.01:

Surveying prevalence of violence against in the context of the German National Action Plan/Carol Hagemann-White. Statistical Journal of the United Nations ECE 22 (2005).


Bélgica: Plan d'action national en matière de lutte contre la violence entre partenaires. Approuvé lors de la Conférence interministérielle du 8 f´dvrier 2006. Institut pour l'elgalité des femmes et des hommes.
Bruxelles, [2006].


Dinamarca: The Danish Government's action plan to stop violence against women. March 8th 2002.


Estados Unidos: Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000.


Francia: Décret núm. 2001-1240, du 21 décembre 2001, portent création d'une Commission nationale contre les violences envers les femmes.


Loi núm. 2006-399, du 4 avril 2006, renforçant la prevention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.


- Loi du 4 avril 2006. Renforcement de la prévention et de la represión des violences au sein du couple. Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité. Service des droits des femmes et de l'egalité, Julliet 2006.


- Rapport d'information núm. 491, Assemblée Nationale, sur la mise en application de la loi núm. 2006-399, du 4 abril 2006, reforçant la prévention et la represión des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.


Étude nationale des décès au sein du couple -année 2007- Ministère de l'Interieur, de l'outre -mer et des collectivités territoriales.


"Douze objectifs pour combarte les violences faites aux femmes". Deuxième plan global triennal (2008-2010). Ministère du travail, des relations sociales et de la solidaricé.


Gran Bretaña: Family Law Act 1996.


Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004.


The Cost of Domestic Violence. Women & Equality Unit, September 2004.
[Resumen y sumario].


Cross Government Action Plan on Sexual Violence and Abuse. HM Government, April 2007.


Página 9


Domestic Violence: Frequentkly Asked Questions. Factsheet 20008. Women's aid, until women &chiuldren are safe.


Statistics: domestic violence.


Early evaluation of the Domestic Violence, Crime and Victims 2004.
Ministry of Justice Research Series 14/08, August 2008.


Irlanda: Domestic Violence Act, 1996.


Domestic Violence (Amendment) Act, 2002.


District Court (Domestic Violence) Rules, 2005. Statutory Instruments núm.
202 of 2005.


Italia: Codice Penale. Testo coordinato ed aggiornato del Rgio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Libro Secondo "Dei delitti in particolare". Capo IV "Dei delitti contro l'assistenza familiare".


Codice di Procedura Penale: Parte Prima. Libro Quarto "Misure cautelari".
Títolo I "Misure cautelari personali".


Codice Civile. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Libro Primo "Delle persone e Della famiglia". Titolo Ix-bis "Ordini di proteziones contro gli abusi familari".


Codice di Procedura Civile. Regio Decreto 28 ottobrre 1940, n. 1443: Libro Quarto "Dei procedimienti speciali". Titolo II "Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone". Capo V-bis "Degli ordini di protezione contro gli abusi familari".


Luxemburgo: Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.


Portugal: Lei núm. 129/99, de 20 de agosto. Aprova o regime aplicable ao adiantamento pelo Estado da indemnizaçao devida às vitimas de violência conjugal.


Lei núm. 107/99, de 3 de agosto. Criaçao da rede pública de casas de apoio a mulheres vítimas de violência.


Decreto-Lei núm. 323/2000, de 19 de Dezembro. Regulamenta a Lei núm.
107/99, de 3 de Agosto, que establece o cuadro geral da rede pública de casas de apoio às mulheres vítimas de violência.


Decreto-Lei núm. 201/2007, de 24 de Maio. Primeira alteraçao ao Decreto-Lei núm. 173/2003, de 1 de agosto, isentando as vítimas de Violência doméstica do pagamento de taxas moderadoras no acceso à prestaçao de cuidades de saúde.


Resulaçao do Conselho de Ministros núm. 83/2007. III Plano Nacional contra a violência doméstica (2007-2010).


Unión Europea:

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de septiembre de 1997, sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres.


Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de enero de 2006, sobre la situación actual en la lucha contra la violencia ejercida contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones.


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de marzo de 2006, sobre el tema "La violencia doméstica contra las mujeres".


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de diciembre de 2006, sobre "Los niños: víctimas indirectas de la violencia doméstica".


Decisión núm. 779/2007/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, por la que se establece, para el período 2007-2013, un programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne III) integrado en el programa general "Derechos fundamentales y justicia".


Organismos internacionales:

Consejo de Europa:

Recommandation Rec (2002) 5, du Comité des Ministres, sur la protection des femmes contre la violence.


Rapport, du 17 juillet 2002, sur violence domestique. Doc. 9525 du Assemblée parlamentaire.


Recommandation 1582 (2002), du Assemblée parlementaire, sur la violence domestique à l'encontre des femmes.


Combattre la violence à l'égard des femmes: Étude du bilan des mesures et actions prises Dans les États membres du Conseil d l'Europe. Stasbourg, 2006.


Organización Mundial de la Salud:

Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer: Primeros resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha violencia. Resumen del Informe, 2005.


Naciones Unidas:

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Asamblea General, 20 de diciembre de 1993.


Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: La violencia contra la mujer. E/CN.4/2004/66/Add.1, 3 de marzo de 2004.


Aplicación de la Resolución 60/251, de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de Derechos Humanos": Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias. A/HRC/4734, de 17 de enero de 2007.


Actividades del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer encaminadas a eliminar la violencia contra la mujer: Nota del Secretario General. A/HRC/7/53-E/CN.6/2008/9, 14 de diciembre de 2007.


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Organización de Estados Americanos:

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém do Pará", Brasil, 9 de junio de 1994.


Dossier núm. 150 (IX Legislatura), de diciembre de 2008, sobre violencia de género:

(Actualizaciones con fecha de marzo de 2009):

Legislación estatal:

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.


Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.


Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género.


Estadísticas:

Víctimas mortales por violencia de género. Ministerio de Igualdad, 16 de marzo de 2009.


Estudios:

Ministerio de Igualdad:

Informe del Primer Año de Ejecución del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Año 2007.


Informe 016, de 3 de septiembre de 2007 a 31 de diciembre de 2008.
servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, 12 de enero de 2009.


Hombres y violencia de género; más allá de los maltratadores y de los factores de riesgo. Luis Bonino. 2008.


Plan de atención y prevención de la violencia de género en población extranjera inmigrante: 2009-2012.


Consejo General del Poder Judicial:

Informe de víctimas mortales por violencia doméstica y violencia de género. 2008.


Fundación Themis de Mujeres Juristas:

Conclusiones del Congreso Tres años de aplicación de la Ley integral contra la Violencia de Género. Madrid, 30 y 31 de octubre de 2008.


5.2. Documentación aportada por los comparecientes:

- Documentación aportada por doña María Durán i Febrer en su comparecencia ante la Subcomisión el día 17 de febrero de 2009:

? Texto de su intervención ante la Subcomisión: Análisis de la situación actual en materia de violencia de género.


- Documentación aportada por D.ª María Tardón Olmos en su comparecencia ante la Subcomisión el día 17 de febrero de 2009:

? Texto de su intervención ante la Subcomisión: Algunos problemas surgidos en la aplicación práctica de la LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género y propuestas de reformas legislativas y de actuación.


? Estadísticas. Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27 (2005-2008).


? Sentencia 1440/08 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27.


? Sentencia 1579/08 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27.


- Documentación aportada por D.ª Consuelo Abril González en su comparecencia ante la Subcomisión el día 10 de marzo de 2009:

? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


? Aplicación de la Ley integral contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid. Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres. Noviembre de 2009.


? Presupuesto y violencia de género. Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres.


? Modificación excusa absolutoria. Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres.


? Diario de sesiones de las Cortes Generales. VI Legislatura. Año 1998.
Núm 90. Comisión Mixta de los derechos de la mujer. Sesión núm. 16, celebrada el lunes, 9 de marzo de 1998.


- Documentación aportada por D. Vicente Magro Servet, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 17 de marzo de 2009:

? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


? ¿Es preceptivo imponer la prohibición de comunicación en las condenas por violencia de género? Análisis de una laguna legal y consejos al respecto. Vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.


? Una solución ante el problema del uso del art.416 Lecrim por la víctima de violencia contra la mujer en el juicio oral: La práctica de la prueba preconstituida con víctimas de violencia de género en el Juzgado de Violencia contra la Mujer. Vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.


? Vías para mejorar en el tratamiento preventivo para evitar muertes por violencia de género. Vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.


- Documentación aportada por doña Pilar Fernández Pérez, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 31 de marzo de 2009.


? Curriculum vitae.


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? Estudio del funcionamiento de la ley integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de modificación. Pilar Fernández Pérez.


- Documentación aportada por doña Silvia Giménez-Salinas Colomer, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 31 de marzo de 2009.


? La violencia sobre la mujer en la demarcación del ICAB.


- Documentación aportada por D.ª Susana Brunel Aranda, Adjunta a la Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO. y Vocal del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 21 de abril de 2009.


? Valoración de la puesta en práctica de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la Violencia de Genero desde el ámbito educativo.


? Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, Medidas de protección integral contra la Violencia de Género. Aplicación en el ámbito laboral.


? Guía Sindical. Derechos laborales y de seguridad social de las mujeres víctimas de la violencia de género. Secretaría de la mujer. CC.OO.


? Tablas de datos. INEM.


- Documentación aportada por D. Carlos Carnicer Díez, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 21 de abril de 2009.


? Informe del Consejo General de la Abogacía sobre el funcionamiento de la ley de protección integral de las víctimas de violencia de género y las posibles modificaciones que pueden abordarse para mejorar su eficacia.


- Documentación aportada por D.ª Soledad Cazorla Prieto, Fiscal de Sala delegada contra la violencia sobre la mujer, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 13 de mayo de 2009.


? Memoria 2008 (3 partes).


? Sentencias Tribunal Supremo (2 partes).


- Documentación aportada por Dª. Inmaculada Múgica Flores, Directora del Colectivo Aldarte (Centro de atención a gays, lesbianas y transexuales), en su comparecencia ante la Subcomisión el día 19 de mayo de 2009.


? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


? Ver, Evaluar y Actuar. La violencia en las relaciones lésbicas y homosexuales.


- Documentación aportada por D.ª Beatriz Masiá, Cofundadora de Tamaia, Associació de dones contra la violencia, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 19 de mayo de 2009.


? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


? Tamaia. Memòria 2007.


- Documentación aportada por D. Justo Sáenz Iñiguez, Presidente de la Confederación estatal de federaciones y asociaciones de madres y padres separados, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 26 de mayo de 2009.


? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


- Documentación aportada por D.ª Altamira Gonzalo Valgañón, Presidenta de la Asociación de mujeres juristas Themis, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 26 de mayo de 2009.


? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


- Documentación aportada por D.ª Rosa Méndez Vila, Representante de la Asociación Crecer sin violencia, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 26 de mayo de 2009.


? Ponecia Ley Integral Congreso Diputados

? Presentación en Power Point Ponencia Ley Integral 5:

? 10 Mitos sobre Custodia de Menores y Cómo hacerles frente.


? Asociación de Neuropsiquiatría. La construcción Teórica del SAP.


? Asociación Fiscales EEUU y SAP.


? Contramovimiento de las asociaciones de padres separados.


? El Mito de la Epidemia de Falsas Denuncias de Abuso Sexual.


? Mitos que ponen en peligro a los menores durante las disputas por custodia.


? Pretendido SAP. Sonia Vaccaro.


? Save the Children. Atención a los niños y niñas víctimas de la violencia de género.


? UNICEF. BehindClosedDoors.


? Violencia de Género en el hogar y menores.


- Documentación aportada por D.ª Montserrat Gatell Pérez, Representante de la Associació Catalana

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de Municipis i Comarques, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 9 de junio de 2009.


? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


- Documentación aportada por D.ª Ana María Pérez del Campo Noriega, Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (FNAMSD), en su comparecencia ante la Subcomisión el día 9 de junio de 2009.


? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


? Violencia de género, Ana María Pérez del Campo Noriega.


? Crítica al S.A.P. desde un punto de vista psiquiátrico. Ana Escudero (psiquiatra) y Lola Aguilar (pediatra). Oviedo, junio de 2009.


? Invisibilización y Desprotección de las Víctimas de Violencia de Género en los Puntos de Encuentro Familiar: Desmontando el SAP. Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (FNAMSD), febrero 2009.


- Documentación aportada por D.ª Montserrat Vilà Planas, coordinadora de la Plataforma unitària contra les violències de génere, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 23 de junio de 2009.


? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


- Documentación aportada por D.ª María Naredo, representante de Amnistía Internacional, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 23 de junio de 2009.


? Obstinada realidad, derechos pendientes. Tres años de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Amnistía Internacional.


? Más riesgos y menos protección. Mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género. Amnistía Internacional, noviembre de 2007.


- Documentación aportada por D.ª Gemma del Corral Parra, Directora General del Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 22 de septiembre de 2009.


? Presentación Power Point de su intervención ante la Subcomisión.


- Documentación aportada por D.ª Inmaculada Gimeno Mengual, Coordinadora de la del Área de la Dona de la Intersindical Valenciana, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 22 de septiembre de 2009.


? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


- Documentación aportada por Cristina Pérez Fraga, Presidenta de la Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación (AMECO) y Directora de la Agencia de Comunicación de Género (AMECO PRESS), en su comparecencia ante la Subcomisión el día 29 de septiembre de 2009:

? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


? Libro: Vale y no llegar el techo de cristal para los periodistas.


? Libro: Buenas prácticas periodísticas desde la perspectiva de género.


- Documentación aportada por D. Guillermo Portero Lazcano, Jefe de Servicios Clínicos del Instituto Vasco de Medicina Legal de Vizcaya y miembro del Grupo Técnico Interinstitucional de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional, en su comparecencia ante la Subcomisión el día 29 de septiembre de 2009:

? Protocolo de evaluación integral para víctimas de maltrato en el ámbito doméstico.


? Protocolo imputados.


- Documentación aportada por D.ª Almudena Fontecha López, Secretaria para la Igualdad de Unión General de Trabajadores (UGT), en su comparecencia ante la Subcomisión el día 29 de septiembre de 2009:

? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


? Violencia de Género. Información Federaciones Estatales y Uniones de Comunidad Autónomas. Unión General de Trabajadores.


- Documentación aportada por D. Isidoro Zamorano Martín, Representante del Confederación Española de Policía (CEP).


? Texto de su intervención ante la Subcomisión.


5.3 Otra documentación:

- Documentación aportada por la Excma. Ministra de Igualdad en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad el día: 23 de julio de 2008:

? Texto del Informe de evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.


- Documentación aportada por Junta de Castilla y León, Dirección General de la Mujer, relativa al Pacto Social contra la Violencia de género:

? Texto del Pacto Social contra la Violencia de Género.


- Documentación aportada por el Servicio de Documentación y Publicaciones del Instituto Andaluz

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de Administración Pública. Consejería de Industria y Administración Pública. Junta de Andalucía.


? Legislación contra la Violencia de Género. Manuel José García Rodríguez.
Instituto Andaluz de Administración Pública. Consejería de Industria y Administración Pública. Junta de Andalucía.


- Carta remitida por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA).


- Documentación aportada por D.ª Mercedes Caso Señal, Magistrada de Familia en ser y Profesora del Área de Prácticas Tuteladas de la Escuela Judicial.


? Texto sobre Problemas Derivados de la competencia civil de los Juzgado de violencia sobre la mujer.


B. RESUMEN DE LAS COMPARECENCIAS CELEBRADAS

17 de febrero de 2009:

Doña María Durán Febrer. Jurista. Directora General de Responsabilidad Social Corporativa de la Consellería de Trabajo del Gobierno Balear.


La Sra. Durán inicia su intervención destacando el logro que supuso la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El apoyo social y parlamentario a esta iniciativa se unió a las recomendaciones de la Unión Europea y el Consejo de Europa, convirtiendo la norma resultante en un modelo en el ámbito comparado.


Los pilares en los que según la compareciente se asienta la Ley son tres: los derechos de las mujeres víctimas de violencia; las medidas dirigidas a modificar la estructura patriarcal de la sociedad; y las medidas penales contra el agresor, que incluyen el agravante de género. Así mismo, cita las SSTC 206/1997 y 230/2002 en relación con la obligación de todos LOS poderes públicos de cumplir la ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, pese a la complejidad que ello implica.


La aplicación de la Ley ha permitido a un gran número de mujeres cesar su relación con el agresor, si bien el número de mujeres asesinadas continúa siendo elevado. Para analizar el por qué de esta situación, es necesario estudiar el proceso de erradicación de la violencia de género, y el rol tradicional de la mujer en la sociedad española.


Destaca la STC 59/2008, de 14 de mayo, que resolvió la constitucionalidad del art. 153 del Código Penal según el texto de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, y dos de sus argumentos fundamentales, como son el mayor desvalor de la acción violenta dirigida a la mujer, y el principio de culpabilidad del agresor.


Los criterios doctrinales que inspiraron la Ley son, además de la centralidad de la mujer, traducida en los derechos sociales de las mujeres y la agravante de género; la debida diligencia, que se refleja en la creación de los Juzgados de violencia contra la mujer y otros organismos públicos especializados; y la restitución del proyecto de vida de las mujeres que han sido víctimas de violencia.


Considera la Sra. Durán que los mayores esfuerzos para mejorar la situación actual deben dirigirse a la implementación de la LO 1/2004, y deben así mismo proponerse reformas normativas de leyes que afecten colateralmente a la lucha contra la violencia de género. Los problemas concretos que se plantean son varios, si bien destaca los que se derivan de la práctica de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, en relación con lo cual propone una reforma del Reglamento 1/1995 de 7 de junio de la carrera judicial, para permitir la especialización de jueces en violencia de género; así como el problema que supone la frecuente victimización secundaria que se produce en estos casos.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la señora Durán Febrer señala que es importantísima la coordinación entre las distintas instituciones públicas y las organizaciones o asociaciones voluntarias.


La autonomía de las mujeres víctimas de violencia considera que pasa por un proceso de recuperación psicológica cuya finalidad es, entre otros objetivos, su independencia económica. No obstante es fundamental es este sentido proporcionar mas información sobre las subvenciones de que pueden disponer las mujeres víctimas de violencia porque existe un general desconocimiento. A su entender lo que es necesario es profundizar dentro del marco de la Ley las competencias compartidas que tienen el Estado y las Comunidades Autónomas.


Con relación al programa de tratamiento de los agresores deben fomentarse sin que ello suponga un mayor beneficio penitenciario.


Con relación al turno de oficio considera que falta conocimiento multidisciplinar y entiende que es un error que los mismos abogados del turno de conocimiento lleven acusación y defensa porque eso genera desconfianza en las víctimas.


Doña María Tardón Olmos, Magistrada. Presidenta de la Sección 27.ª de la Audiencia Provincial de Madrid.


Se centra, al hilo de su actividad judicial, en analizar los problemas que plantea la aplicación práctica de la LO 1/2004. En relación con los tipos penales, surgen dificultades de interpretación en las Audiencias, sin que pese a ello se produzca una unificación de doctrina en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Desde el punto de vista legislativo, se refiere a la posible mejora de la

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determinación del concepto de "relación análoga a la conyugal sin convivencia", dado que con la definición actual, se excluyen las relaciones sexuales esporádicas o de mera amistad. Así mismo, aboga por la inclusión de una agravante genérica de violencia de género, aplicable cualquiera que sea la relación entre el agresor y la víctima. Menciona el requisito finalístico de dominio sobre la víctima, suprimido en la Ley pero exigido en la práctica de los tribunales para considerar que se ha producido el tipo penal de violencia de género; así como el tema de la suspensión y sustitución de penas de prisión.


Uno de los temas más discutidos es la dispensa de prestar declaración prevista en el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la que se acogen con frecuencia las víctimas que continúan casadas con el agresor en el momento del juicio. La Sra. Tardón propone eliminar esta dispensa en el ámbito de las víctimas de violencia de género, y en caso de que la víctima obligada a declarar mienta, sea perseguida por ello, al igual que en el Derecho francés, por falso testimonio, todo ello con la finalidad de evitar el alto número de absoluciones que se está produciendo en la actualidad. Proporciona a SS. SS. una sentencia que resume su posición sobre la incorporación de los testimonios sumariales de las víctimas, en virtud del art. 730 de la LECrim según el cual puede darse lectura a las actuaciones sumariales siempre que no se puedan reproducir en el acto del juicio oral, en el citado caso de víctimas que se niegan a declarar.


En relación con el alejamiento forzoso, previsto en la LO 15/2003, de 25 de noviembre, denuncia las consecuencias perniciosas que provoca, por ello aboga por convertir el alejamiento forzoso en una medida facultativa para el juez.


Por último, la Sra. Tardón hace una mención al tema de la seguridad de las víctimas y a la dificultad de obtener declaraciones de las mujeres que sufren la violencia cuando aún no han asumido su situación y la manera de afrontarla; la necesaria formación y especialización de los jueces y fiscales; la conveniencia de instaurar las unidades de valoración integral forense y un sistema de protección individualizada de las víctimas.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la señora María Tardón señala que es preciso realizar algunas modificaciones legislativas que permitan una mayor precisión en la aplicación de la Ley. Destaca también el incremento que se ha producido, una vez aprobada la Ley, en el número de denuncias lo cual hace absolutamente insuficientes los recursos y produce grandes colapsos en los juzgados especialmente en aquellos que son compatibles.
También insiste en que no se ha impedido el tema de la victimización secundaria. De hecho en la práctica la víctima comparece ante varios órganos judiciales; igualmente los juicios rápidos deberían generalizarse pero esto no se realiza en la práctica. También es difícil no cargar a la víctima con la prueba del delito ya que en muchos casos su entorno más cercano no quiere colaborar.


A su juicio la labor que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es impagable.


También destaca la relevancia que tiene la aplicación de artículo 416 en las sentencias absolutorias y señala su vinculación al tema del alejamiento forzoso ya que, en muchos casos, ambas actuaciones se producen contra la voluntad de las víctimas.


En otro orden de cosas manifiesta que la ley integral hace pivotar todo el procedimiento sobre la denuncia y la orden de protección, cuando en la práctica es obvio que se necesita asistencia desde el comienzo, antes incluso de producirse el proceso penal. También subraya la importancia de la formación de los operadores jurídicos que debería ser obligatoria. A su vez, en lo que se refiere a la prueba anticipada, considera que es necesario que exista una previsión legislativa específica.


Por último, con relación a la seguridad de las víctimas, señala que lo que llega a los juzgados es un formulario en el que no se advierte qué criterios se han tenido en cuenta a la hora de hacer la evaluación. Por eso insiste en la importancia de la coordinación para que no se produzcan solapamientos y se potencien los recursos de los que se dispone.


10 de marzo de 2009:

Doña Consuelo Abril González, Presidenta de la Comisión de los Malos Tratos a Mujeres.


Comienza presentando la intensa actividad de la Comisión que preside, así como las cifras de víctimas en el año 2008 y las consecuencias de la violencia de género, tanto psicológicas como económicas, para las mujeres y para la sociedad en su conjunto. Los costes económicos de este tipo de violencia son sumamente elevados, como demuestran múltiples informes al respecto (Junta de Andalucía, Programa Dafne 2006-2009). Dada la magnitud del problema, es necesario diseñar políticas para erradicar la violencia, siguiendo en ciertos aspectos el modelo comparado de Australia y Sudáfrica. En España se han realizado actuaciones concretas en los últimos años, como los planes integrales contra la violencia de género.


Es esencial la erradicación del concepto patriarcal de la sociedad; así como la prevención, para lo cual juegan un papel fundamental los medios de comunicación, quienes deben dar una visión real del fenómeno, sin limitarse a los hechos de más impacto, y transmitir las consecuencias judiciales de la violencia para el agresor.


En cuanto a la LO 1/2004, valora muy positivamente su aprobación y su carácter pionero en el ámbito comparado. Sin embargo, en relación con su aplicación, la considera limitada al no abarcar aspectos como el

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acoso laboral, las agresiones sexuales o la violencia económica, como sí hacen ciertas leyes autonómicas. Destaca especialmente el caso de la violencia económica en el actual contexto de crisis económica y elevado número de separaciones matrimoniales, y por la relevancia de la excusa absolutoria que impide ejercer acciones penales entre cónyuges.


Presenta un estudio realizado por su Comisión, centrado en cuatro áreas de actuación: sensibilización, prevención, asistencia integral y tutela institucional. Sobre esta base, hace las siguientes recomendaciones:

- Ampliación de las estadísticas por violencia de género más allá de las relaciones de pareja o ex pareja, y a otros tipos de violencia.


- Realización de campañas de sensibilización con una financiación acorde a la magnitud del problema.


- Notificación a las víctimas, con antelación suficiente, los permisos carcelarios o salidas de la cárcel del agresor.


- Creación de nuevos juzgados exclusivos de violencia contra la mujer dotados de personal especializado, así como de unidades de atención psicológica a mujeres e hijos víctimas de malos tratos.


- Garantía de la equidad territorial en la respuesta institucional.


- Colaboración entre entidades locales y comunidades autónomas en la atención a las víctimas.


- Modificación de los requisitos para obtener la prestación de alimentos.


- Evaluación unificada de los programas y de sus costes económicos.


- Intervención de la Fiscalía para evitar absoluciones por falta de pruebas.


- Prohibición de concesión de la guarda y custodia a padres violentos.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la señora Abril González señala la importancia de que se potencie la educación, como medida preventiva incluso a partir de los 3 o 4 años. En este sentido manifiesta que su comisión hace programas de sensibilización en institutos, con muy buenos resultados.


Por lo que respecta a la protección de las víctimas, desgraciadamente todavía es insuficiente.


Considera que la excusa absolutoria es una rémora histórica que en la mayor parte de los casos obstaculiza el hecho de que las mujeres puedan disponer de un patrimonio propio.


Por lo que se refiere a la ordenación de los juzgados, recomienda una agrupación de partidos para que puedan acumularse asuntos de violencia contando con la atención de un juez especializado que disponga de un equipo interdisciplinar.


En otro orden de cosas, insiste en que las medidas de alejamiento deben adoptarse incluso cuando la víctima no lo solicita. A su juicio la valoración del riesgo debería hacerse por unidades específicas y no por la propia víctima.


Los abogados deben estar especializados porque la materia a la que nos enfrentamos es muy difícil de entender y un mal asesoramiento puede poner en peligro a la mujer.


También destaca lo importante que es la presencia de un miembro específico relacionado con el tema de violencia en el Consejo Escolar. También destaca la trascendencia de que la atención que se presta a las víctimas sea integral. También insiste en la necesidad de que la sociedad se comprometa y de que se recupere a los niños que han sido víctimas de violencia para que no repitan roles que han padecido en su infancia.


Doña María del Carmen Ruiz Herrera. Responsable de la asistencia a víctimas de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.


Expone la Sra. Ruiz su función al frente de la oficina de asistencia a víctimas de la AP de Ciudad Real, cuyos usuarios son en un 90% mujeres, que acuden allí a través de distintas vías, tanto antes como después de denunciar al agresor. Así mismo, siempre que haya una orden de protección el Juzgado debe remitirla a la oficina para que se asista a la víctima, orientándola sobre las decisiones que puede tomar y los riesgos que implican.


La información que se facilita a las mujeres abarca diferentes ámbitos: médico psicológico, cuando los trastornos psicológicos se deben a los malos tratos; socio asistencial, trasladándole las posibles casas de acogida o ayudas que puede solicitar; económico o búsqueda de empleo.


Esta ayuda es fundamental para permitir a la mujer salir de la situación de dependencia en la que se encontraba, y debe mantenerse hasta que se normalice la vida de la víctima.


Concluye su intervención reiterando la necesidad de que todos los organismos y asociaciones actúen de forma coordinada para acabar con esta lacra.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la señora Ruiz Herrera señala que la Ley Integral es una buena ley, a la que, en todo caso, habría de dotar de los medios necesarios para su desarrollo.


Destaca la importancia de que los juzgados de violencia de género que, a su juicio, cumplen su función adecuadamente dispongan de personal específico.


Estima que es conveniente que, independientemente de que se haya sobreseído el juicio y la víctima haya vuelto con su agresor, ésta siempre tenga las puertas abiertas porque habrá un momento que no podrá soportar más su situación. En el curso de su vida profesional ha trabajado con víctimas incluso durante años que no se atrevían a denunciar. Es la mujer la que tiene que estar preparada psicológicamente para presentar su

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denuncia y mantenerla. También es difícil evitar que se produzcan víctimas mortales si las mujeres no colaboran.


Desde su punto de vista es importante que la víctima sea sometida a terapia aunque haya vuelto con su agresor, para que llegue un momento en el que pueda romper con la situación de maltrato.


Considera que su oficina es muy receptiva cuando realiza contactos con jueces y fiscales igual que con la policía. También es constante la relación con instituciones y casas de acogida.


Las órdenes de protección son muy útiles pero solo si las víctimas las hacen valer. También reconoce la importancia de la rehabilitación del agresor. Finalmente destaca la importancia de que exista un punto radial para la coordinación.


17 de marzo de 2009:

Doña Juana Balmaseda Ripero, Videcana del Colegio de Abogados de Vizcaya y miembro de la Comisión de seguimiento del Acuerdo Interinstitucional.


Realiza una valoración positiva de la LO 1/2004, desde el punto de vista práctico dada su condición de abogada, pero también reconoce su utilidad en otros ámbitos, como la medicina, los servicios sociales o la educación, de acuerdo con la vocación integral de la Ley.


Expone a continuación su labor en la Comisión de seguimiento del Acuerdo Interinstitucional en el País Vasco, cuya finalidad principal es la creación de un protocolo de aplicación de las leyes en materia de violencia de género. Considera uno de los principales avances debidos a la LO 1/2004 la especialización de los profesionales relacionados con la violencia de género.


Entre los desajustes que existen actualmente en la aplicación de la LO 1/2004 destaca la aplicación automática de la orden de alejamiento en todas las condenas por delitos de violencia de género, prevista en el art. 57 del Código Penal, por el problema que plantea en el caso de las mujeres que quieren volver con su agresor o simplemente comunicarse con él. Para evitar esta situación, es importante según la Sra. Balmaseda que se proporcione la información en un momento previo al juicio, haciendo efectivo el derecho de información de las víctimas; y que se permita modular el alejamiento adaptándolo a cada caso. Ello permitiría, en muchas ocasiones, continuar con el procedimiento, evitando que la víctima se niegue a declarar y con ello desaparezca la única prueba y por consiguiente se absuelva al acusado.


Otro de los problemas de aplicación de la LO 1/2004 es debido a la saturación de los Juzgados de Violencia de Género, que la Sra. Balmaseda vincula directamente al titular del Juzgado, de cuyo trabajo personal depende la sobrecarga o no de asuntos sin resolver. La solución al retraso de la Justicia en estos temas no radica por tanto en el tipo de Juzgado al que se asignan los casos, sino del ritmo de trabajo del titular del mismo.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la señora Balmaseda Ripero señala que los problemas que se derivan de la aplicación de la Ley son muy variados. Considera que es necesaria una mayor especialización de los Juzgados ya que los juzgados mixtos se encuentran con muchos problemas lo que significa que sería necesario proporcionar más medios.


Destaca también la importancia de la coordinación de todos los órganos jurisdiccionales que intervienen en distintos momentos del proceso, tanto con la víctima, como con el agresor. Esto enlaza con el hecho de que los órganos de enjuiciamiento también deberían estar especializados por lo que vuelve a incidir en la necesidad de una mayor dotación de medios.


Los cursos de formación no son suficientes; es necesaria una formación continua porque este es un campo absolutamente dinámico.


En algunos casos las víctimas no se consideran protegidas por eso hay que insistir en las campañas de divulgación y en el papel que juegan los medios de comunicación. También es importante reconocer el valor de los jueces que se dedican a la violencia de género. Entiende que es fundamental conocer la conducta de los agresores y garantizar el derecho de defensa. A este respecto considera imprescindible la formación de los abogados integrados en el turno de oficio ya que la que ahora se proporciona es muy básica.


Por lo que se refiere al tema de las denuncias falsas afirma categóricamente que esto no es lo habitual.


Finalmente insiste en la importancia de la prevención para concienciar a las propias víctimas.


Don Vicente Magro Servet, Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.


El Sr. Magro aporta un informe relativo al uso del art. 416 de la LECrim en cuanto a la dispensa de declarar de las víctimas de violencia de género y un segundo informe sobre la orden de alejamiento y los problemas que plantea.


En cuanto al art. 416 de la LECrim, se trata de una peculiaridad de este tipo de delitos, en los que la víctima, paradójicamente, protege al agresor. Dado que en un 85 a 90% de estos hechos no existen testigos, la prueba fundamental en el juicio oral es la declaración de la víctima, si bien en un 20% de los casos no llega a producirse dicha declaración, según datos del Observatorio de violencia de género del CGPJ. Entre las posibles soluciones a esta situación, cabe suprimir el derecho de la víctima de no declarar, si bien el Sr. Magro no aboga por esta opción; también cabe que el fiscal solicite que se lean en el acto del juicio oral las declaraciones sumariales de la víctima. Sin embargo, en la práctica la mayoría de las

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Audiencias Provinciales, salvo Madrid, rechazan esta posibilidad por que el art. 730 de la LECrim impide que cuando la víctima se ha negado a declarar se lea la declaración sumarial, como ha ratificado la STS 129/2009 de 10 de febrero. Es necesario por tanto buscar otras fórmulas, que deben ser según el compareciente, de carácter legislativo. Así, podría modificarse el art. 416 o el 730 de la LECrim añadiendo un párrafo según el cual si la víctima se ampara en el art. 416, podrán leerse las declaraciones sumariales por la vía del art. 730 de la LECrim, dando cobertura legal a dicha lectura. Otra opción sería la reforma del art.
777 de la LECrim, que permite el uso de la prueba preconstituida para aquellos testigos que no pueden declarar por distintas circunstancias, como aquellos que viven en el extranjero, para evitar que tengan que volver a España en el momento del juicio oral. Con la extensión de este art. 777 de la LECrim a las víctimas de violencia de género, se evitaría la victimización secundaria que se está produciendo en la actualidad.


En cuanto al problema de la reanudación de la convivencia y la pena de alejamiento, el TS en acuerdo plenario de 25 de noviembre de 2008 ha dispuesto que la víctima no puede disponer de la pena de alejamiento, de tal forma que si el agresor convive con la víctima, se estará cometiendo un delito de quebrantamiento de condena. Sin embargo, y siguiendo el modelo de la AP de Alicante, el Sr. Magro propone la creación de una oficina de medidas alternativas a la prisión, como la mediación penal, la reeducación de los maltratadores y sobre todo, la información a las víctimas de malos tratos.


Termina su comparecencia mencionando el problema del quebrantamiento de las penas de alejamiento y las medidas cautelares, en relación con el cual propone controles preventivos, de carácter más amplio que los meros controles policiales de búsqueda.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios el señor Magro Servet señala que la experiencia está demostrando que el mantenimiento de la competencia civil dentro de los juzgados exclusivos está perjudicando a las mujeres maltratadas que se quieren separar. Considera que los detenidos deberían acudir a los juzgados de guardia que tienen mayores medios para poder luego tramitar la orden de protección en el juzgado de violencia. De hecho, actualmente se producen muchas disfunciones entre los juzgados de guardia y los juzgados de violencia. Valora como una apuesta interesante la comarcalización que debería estudiarse a fondo ya que los juzgados mixtos están teniendo gravísimos problemas de acumulación de trabajo. En lo que se refiere al procedimiento estima que habría que buscar una fórmula similar a la que actualmente impide que los menores declaren delante de su presunto violador o agresor. En consecuencia, debería prohibirse que la víctima vaya a juicio oral a declarar y exigir que se haga como prueba preconstituida. Las víctimas deberían declarar solo ante los juzgados de violencia y no tendrían que volver a hacerlo en el juicio oral. Desde la oficina de la Audiencia provincial de Alicante se informa a la víctima sobre los permisos de salida de su maltratador lo cual considera que es una medida muy útil. También se muestra partidario de hacer una revisión de las penas de delitos graves porque actualmente sale muy barato matar y eso genera un gran malestar entre las victimas y sus familiares. En cuanto a la rehabilitación, la experiencia demuestra que los programas de reeducación no se están cumpliendo. De hecho se están llevando proyectos diferentes en cada Comunidad Autónoma.


Apuesta también por la formación mixta que reúna tanto a fiscales como jueces y abogados. Por otra parte, también estima que se debe mantener el carácter preceptivo del artículo 57 el cual debería extenderse a la prohibición de comunicación ya que hay maltratadores que mantienen la orden de alejamiento pero envían mensajes de teléfono lo que provoca una gran inseguridad en la víctima.


Aboga por la creación de unidades de seguimiento, adscritas a las Audiencias Provinciales, que actúen bajo la coordinación del Presidente de la Audiencia. Esto daría tranquilidad a las víctimas. También estima que son fundamentales los programas de formación a las mujeres maltratadas. De hecho los que se desarrollan en la Audiencia de Alicante facilitan el contacto entre ellas y las ayudan a compartir sus problemas.
Finalmente destaca la importancia del tema de ejecución de la sentencia que ha sido tan relevante en el caso Mari Luz. A su juicio es fundamental contar con un programa informático que alerte a los jueces de lo penal y secciones penales de la Audiencia provincial tanto que se ha dictado una condena y de que esa persona no está en busca y captura como de los plazos de prisión provisional. Considera que uno de los grandes fallos del sistema actual en el procedimiento judicial es la falta de comunicación. Finalmente entiende que si modificamos los arts. 777 y 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal evitaremos una segunda victimización de las mujeres maltratadas.


31 de marzo de 2009:

Doña Silvia Giménez-Salinas Colomer, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y Presidenta de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia de España (CRAJ).


Enfoca su intervención desde el punto de vista del Derecho de Familia, y desde esta perspectiva presenta los antecedentes de la LO 1/2004.


A continuación, expone tres propuestas desde el ámbito de la abogacía:

I. De acuerdo con el derecho a la información, la víctima debe conocer las causas y consecuencias del procedimiento judicial, y la única vía para lograrlo es la asistencia letrada previa a la denuncia.


II. Arbitrio judicial para que el juez pueda establecer medidas acordes con las circunstancias de cada

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caso, no limitadas a la pena de alejamiento que puede no ser querida por la víctima, como ocurre con frecuencia.


III. Separación de las cuestiones de violencia de género, competencia de los Juzgados de Violencia, de otros conflictos derivados de la separación o el divorcio, competencia de los Juzgados de Familia. Con ello se evitaría la actual sobrecarga de trabajo de los Juzgados de Violencia, en los que según datos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, el tiempo medio de resolución de los temas civiles es de 15 meses, frente a las 7 semanas y media de los Juzgados de Familia. La respuesta de los Juzgados de Violencia a las cuestiones penales es, sin embargo, muy rápida.


En el ámbito de la Administración de Justicia, la Sra. Giménez-Salinas solicita la revisión de la figura de los Juzgados mixtos, a los que considera incapaces de afrontar la tarea de administrar justicia con eficacia. Aboga por la creación de Juzgados con dos jueces, uno para el ámbito penal y otro para el civil, que compartiendo sede judicial y dividiendo competencias, podrían mejorar la capacidad de respuesta.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la señora Giménez-Salinas señala que el asesoramiento que debe prestarse a las víctimas al comienzo del procedimiento judicial debe hacerse a través de los letrados y sin que quede supeditado a la presentación de la denuncia.


Por lo que se refiere al artículo 416, entiende que la presión que en muchos casos reciben las mujeres maltratadas parta que no retiren la denuncia es muy fuerte; esto justifica que les debamos prestar la adecuada asistencia legal y psicológica para que se sientan protegidas.
Si además le tramitamos la asistencia jurídica gratuita eso les facilitaría mucho las cosas.


Entiende que deben existir dos canales los de asistencia social al y los judiciales y ambos deben apoyar a la mujer. Insiste también en la importancia de la especialidad para lo cual es fundamental tener buenos cursos de formación. Esto se exige para el ingreso en los sistemas de turno de oficio por el Colegio de Abogados de Barcelona. También se muestra partidaria de una formación conjunta de jueces, abogados y fiscales.


Doña Pilar Fernández Pérez, Fiscal. Autora de diferentes trabajos en relación con el desarrollo de la Ley integral de medidas contra la violencia de género.


La Sra. Fernández enfoca su intervención desde la perspectiva de la tutela judicial y penal. Comienza valorando positivamente la LO 1/2004, si bien considera limitada su definición de violencia de género en cuanto se reduce al ámbito de la pareja, sin contemplar otros ámbitos donde se produce de igual modo este tipo de violencia.


El Código Penal no tipifica separadamente los delitos de violencia contra la mujer, se limita a dar un tratamiento penal diferente a la violencia cuando la víctima es mujer y dicha violencia se produce en la relación de pareja donde, según el TC, se da una "manifestación especialmente lesiva de violencia y de desigualdad".


Otro de los problemas que plantea esta regulación es la definición de "análoga relación de afectividad", que impide que se apliquen estas previsiones cuando existan relaciones esporádicas, lo que según la Sra.
Fernández traiciona el espíritu de la Ley.


En cuanto a los sujetos protegidos, es la mujer, pero también la "persona especialmente vulnerable", lo que se definirá en función de factores como la edad, la enfermedad u otras circunstancias personales.


En el art. 153 del CP se habla del menoscabo físico y psíquico como consecuencia de una acción individual, lo que plantea un problema de prueba, dado que este menoscabo suele deberse a una violencia habitual y permanente en el tiempo, cuya difícil prueba impide que sea constatable.


Al igual que otros comparecientes, denuncia el problema que supone la prohibición automática al agresor de comunicación y acercamiento a la víctima, y propone una valoración individualizada del riesgo en cada caso, y aplicar esta prohibición sólo cuando sea necesario. En el caso de parejas con hijos, la comunicación es necesaria y dado que los puntos de encuentro son con frecuencia insuficientes, sería necesario idear nuevos mecanismos para facilitar la comunicación.


En cuanto a la sustitución y suspensión de condenas, valora positivamente que no pueda en este tipo de delitos imponer la pena de multa en sustitución de la pena de prisión.


En relación con los delitos de quebrantamiento de condena, previstos en el art. 468 del CP, no son competencia de los Juzgados de violencia de género, y por ello se están concediendo sustituciones de las penas de prisión por penas de multa.


Valora positivamente que la suspensión de la pena privativa de libertad sea condicionada al cumplimiento de tratamientos de rehabilitación del agresor. Sin embargo, estos tratamientos deberían ser ejecutados directamente por Instituciones Penitenciarias, sin ser delegadas en grupos de trabajo u otras personas cuyo seguimiento no está garantizado.


Considera óptima la concesión de competencia exclusiva a los Juzgados de Violencia de Género, en cuanto permite a la mujer concentrar toda su problemática ante un solo órgano jurisdiccional. Propone la centralización de estos Juzgados, para mantener la calidad del servicio que prestan y evitar su dispersión.


Se regulan en la Ley los delitos contra los derechos y deberes familiares, pero por un defecto de técnica, se exige que haya un acto de violencia para que sean competencia de los Juzgados de Violencia de Género. Este requisito se exige así mismo para los delitos contra el patrimonio, pero no en el caso de las faltas, con la disfuncionalidad que ello implica.


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En cuanto a las denuncias falsas, considera que no se producen con frecuencia, pero que en todo caso podrían evitarse con un asesoramiento a la víctima previo a la denuncia; y en cuanto a la mediación, la recomienda para los conflictos en el ámbito familiar, para evitar que el conflicto se convierta en permanente.


Concluye instando a SS. SS. a impulsar la aprobación de normas comunitarias que faciliten la ejecución de medidas en zonas fronterizas y el uso de comisiones rogatorias en temas de violencia de género.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la Sra. Fernández Pérez señala que, a su juicio, a las víctimas de violencia de género se las está confundiendo con el artículo 416 de la LECr, ya que cuando están declarando se les informa de que no tienen obligación de hacerlo contra su marido. De hecho actualmente se están realizando estudios desde la Fiscalía General del Estado.


Destaca también la importancia de la cooperación institucional para solucionar este problema ya que en muchos casos la víctima desconoce todos los recursos que se ofrecen.


Manifiesta que considera positivo que la Ley Gallega no exija la denuncia previa para otorgar protección a la víctima. Por lo que se refiere a las denuncias falsas, considera que corresponde a los operadores encauzar adecuadamente a las víctimas e informarles de si la situación que sufren es o no delito.


Entiende, por otra parte, que es fundamental que los juzgados de violencia conozcan de algunos temas civiles, ya que si se opta por trasladar estos a los juzgados de familia sería necesario incrementar el número de estos juzgados especializados.


Otro problema es que los juzgados exclusivos carecen de un servicio de atención permanente lo que obliga a la víctima a peregrinar por diversos juzgados. Esto no ocurriría si fuera el juzgado exclusivo el que cubriera este servicio.


Destaca por otra parte el tema de los menores y sus declaraciones. En la práctica no se impide el contacto visual de estos con sus agresores. En muchos casos se recurre a la asesoría de menores para que supervise y controle la situación de estos, igual que a los órganos de protección de la comunidad autónoma. Este control es fundamental porque realmente se producen situaciones de riesgo. En cuanto a la comunicación de los permisos de los presos cuando existen casos de órdenes de alejamiento, desde la Fiscalía General del estado se han hecho importantes esfuerzos en este sentido.


21 de abril de 2009:

Doña Susana Brunel Aranda. Adjunta a la Secretaría Confederal de la Mujer de CC. OO. Vocal del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género.


Parte de una valoración positiva de la LO 1/2004, en la medida en que recoge las aportaciones hechas en su día por CC. OO., si bien coincide con otras organizaciones al señalar ciertas insuficiencias en su aplicación, así en la necesidad de mejorar la coordinación, la protección, la formación y solucionar el problema de la saturación de los juzgados.


En relación con el tema educativo, tal y como señala el documento entregado a la Subcomisión, la Sra. Brunel considera que existe un déficit en la formación del profesorado en materia de igualdad.


En el ámbito sanitario, la clave se encontraría en los servicios de atención primaria, así como en la atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia.


El elemento principal de la exposición se refiere, al hilo de la actividad profesional de la compareciente, a los derechos laborales, en relación con los cuales diferencia por una parte los derechos en el marco de la empresa, sobre los que posee escasos datos, y los datos relativos al derecho de la mujer a suspender o extinguir su contrato cuando le sea imposible conciliar la situación de violencia con su trabajo, tanto en la empresa privada como en la función pública, sobre los que sí posee datos detallados. Se centra en aquellos que muestran el reducido número de mujeres que han ejercido este derecho en los últimos años. En relación con las medidas para fomentar el empleo, previstas en el art. 21 de la LO 1/2004, presenta también cifras de su escasísima repercusión, y al igual que en el caso anterior, lo achaca a un problema de falta de información.
Así mismo es reducida la incidencia de los contratos bonificados para víctimas de violencia o los contratos de fomento del empleo. Cabría mejorar esta situación aplicando el programa aprobado en el 2008 con la finalidad específica de informar a las mujeres víctimas de violencia de sus derechos laborales.


Por su parte, CC. OO. anuncia su compromiso de llevar a las mesas de negociación las medidas que prevé la LO 1/2004, mejorando las condiciones en los convenios colectivos. Otra de las soluciones pasa por la formación de negociadores que logren este objetivo.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la Sra. Brunel Aranda señala que las organizaciones sindicales deberían asumir que es su responsabilidad aplicar la información adecuada al tema de violencia. Entiende que deben difundir la Ley de Igualdad y la Ley de Violencia y todos los avances que han supuesto; para ello es fundamental que los representantes sindicales sean sensibles al hecho de que deben formarse sobre este tema.


Considera que se está avanzando y que sería conveniente hacer un estudio con el Instituto de la mujer para ver como está funcionando la ley. De hecho es muy importante tener un mejor conocimiento estadístico para ver los problemas que se plantean.


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Don Carlos Carnicer Díez. Presidente del Consejo General de la Abogacía Española.


Su análisis de la aplicación de la LO 1/2004 se refiere a la función de la abogacía, fundamentalmente el asesoramiento jurídico y la defensa de los intereses de las víctimas. La LO 1/2004 reconoce el derecho a la asistencia jurídica inmediata a las víctimas de violencia de género, con carácter gratuito. Sin embargo, la dotación presupuestaria no ha sido suficiente para hacer efectivo este derecho, y a ello se une el impedimento que supone el art. 20 de la LO 1/2004 al prever la posibilidad de que la víctima pueda renunciar a la asistencia jurídica.
Solicita por ello la modificación de este artículo de forma que se convierta en preceptiva la asistencia jurídica, y gratuita, al menos para aquellas víctimas que carezcan de recursos para litigar. Entre las razones para proponer esta reforma destaca el Sr. Carnicer el carácter preceptivo de la asistencia jurídica como norma general en nuestro ordenamiento jurídico, salvo en casos de derechos de escasa entidad; la asimetría entre las denuncias formuladas con o sin asesoramiento, y la difícil defensa de los derechos de las víctimas cuando la denuncia se presenta sin asesoramiento letrado. Denuncia por otra parte la injusta imputación de denuncias falsas a las víctimas de violencia de género, y considera que podría evitarse dicha imputación exigiendo en todo caso la asistencia de un profesional del Derecho que se responsabilice de la demanda. No se trataría en muchos casos de denuncias falsas, sino de denuncias presentadas por personas que no conocían las consecuencias del proceso y que una vez informadas, deciden abandonarlo.


El desarrollo del art. 17.3 de la Constitución que establece la asistencia de abogado a todo privado de libertad no es, según el Sr. Carnicer Díez, completo, y ello porque no se prevé en la LO 1/2004 la obligatoria asistencia de abogado en la comparecencia para decidir la orden de protección de la víctima. En relación con las mujeres víctimas de violencia de género inmigrantes en situación irregular, deben ser informadas de que tras la denuncia se abrirá un expediente de expulsión, que sólo se suspenderá si sigue adelante y se concede la orden de protección. Por ello, solicita una reflexión sobre la reforma del art. 20 de la LO 1/2004.


En cuanto a la competencia de los Juzgados de Violencia, aboga por atribuirles la competencia para las cuestiones penales y civiles más urgentes, mientras que la competencia para la tramitación de los temas civiles derivados se devuelva al orden jurisdiccional civil, para evitar así la sobrecarga que actualmente bloquea los Juzgados de Violencia. La competencia territorial de estos órganos debería clarificarse procediendo a una definición del concepto de domicilio de la víctima en el momento de comisión de los hechos. Es asimismo necesario mejorar la coordinación entre el juzgado de guardia y el juzgado de violencia sobre la mujer, atendiendo al hecho de que estos últimos juzgados no realizan funciones de guardia.


Propone una reforma de la LECrim en lo relativo a la representación por procuradores en la causa penal, facilitando que sea el abogado quien ostente también la representación de la parte, por la agilización que ello aportaría al proceso.


Consideraría positiva una revisión de la LECrim así mismo en relación con la idoneidad del procedimiento de enjuiciamiento rápido para la violencia física o psíquica habitual, ya que podría ser más adecuado el cauce de las diligencias previas, que permitirían valorar correctamente el riesgo.


Por último, insta a reformar el CP en cuanto a la adopción automática de la orden de alejamiento, para permitir al juez adaptar la medida a cada caso.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios el Sr. Carnicer señala que los servicios de atención a las víctimas que se creen en nuestro país deben atender al criterio de especialización.


Para fomentar la eficacia en el proceso recomienda la formación conjunta al menos de abogados, jueces y fiscales, aunque también podría contemplarse la de los secretarios judiciales y los peritos. Por lo que se refiere a las denuncias falsas considera que su índice es absolutamente ridículo. La acumulación de asuntos en los juzgados de violencia provoca que la tramitación media de un proceso de familia en un juzgado de esta naturaleza dure unos 6 meses mientras que en un juzgado de violencia no concluye hasta 15 o 16 meses después y esto es un tema que habría que solucionar. Insiste en la importancia de que la defensa sea asumida por un abogado y considera un error estimar que el Fiscal defienda a las víctimas, por que lo que defiende, es la legalidad. Por otra parte, estima que el asesoramiento previo debería estar a disposición de todas las persona que lo necesiten.


También estima que la formación especifica para el turno de oficio debe ser completa y permanente

Con relación al tema del alejamiento señala que es muy difícil cumplir este mandato en poblaciones pequeñas por lo que entiende que hay que intentar otra clase de protecciones mucho más efectivas. Finalmente pone de manifiesto que los Colegios de Abogados serían capaces de ofrecer suficientes servicios en el caso de que se separaran competencias de juzgados. Por último, insiste en la importancia de la coordinación institucional.


Doña Inmaculada Montalbán Huertas. Vocal del Consejo General del Poder Judicial y Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.


Expone la labor del Observatorio que preside, en especial la labor de proponer reformas organizativas o legislativas en materia de violencia de género. Se centrará en el aspecto judicial de la aplicación de la LO 1/2004, y en los datos estadísticos disponibles, que abarcan

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hasta el 31 de diciembre de 2008. La conclusión que puede extraerse de estos datos es que la respuesta judicial ante la violencia de género ha mejorado: ha aumentado el número de denuncias; se ha concedido el 75% de las órdenes de protección solicitadas; el plazo de 72 horas es respetado como norma general para decidir sobre dichas órdenes; y el 80% de los jueces considera buena la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La especialización de los profesionales en esta materia da buenos resultados, y aumenta la confianza de las víctimas.


Junto a este balance positivo, realiza ciertas propuestas de mejora. Deben implementarse las unidades de valoración forense integral en todo el territorio español, así como los programas de recuperación de las mujeres maltratadas y de tratamiento para los condenados por violencia de género.
Propone así mismo la formación obligatoria de jueces y magistrados que deseen cubrir órganos especializados en violencia sobre la mujer, lo que implicaría una reforma del art. 329.3 de la LOPJ. Insta a reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial, para crear Juzgados de Violencia de Género con jurisdicción sobre más de un partido dentro de la misma provincia, la llamada "comarcalización". Realiza una propuesta de desarrollo de la LO 1/2004 en lo referente a la puesta en marcha de los Juzgados penales especializados, adaptando su creación a la carga de trabajo de cada localidad. Esta reforma es necesaria para completar el escalón intermedio, entre los Juzgados de Violencia sobre la mujer y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales.


El CGPJ acordó el 23 de diciembre de 2008 instar al Ministerio de Justicia y a las CCAA competentes a instalar un sistema de alarmas informáticas que garantice la notificación a las víctimas de cualquier decisión que a lo largo del proceso pueda afectar a su seguridad. La instalación de este sistema continúa en fase de proyecto a día de hoy.


Concluye reiterando la valoración positiva de la LO 1/2004 y su voluntad de mejorar su aplicación a través de la cooperación interinstitucional.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la Sra. Montalbán señala que los servicios de atención a las víctimas que se creen en nuestro país deben atender al criterio de especialización.


Para fomentar la igualdad en el proceso recomienda la formación conjunta al menos de abogados, jueces y fiscales, aunque también podría contemplarse la de los secretarios judiciales y los peritos.


Por lo que se refiere a las denuncias falsas considera que su índice es absolutamente ridículo.


La acumulación de asuntos en los juzgados de violencia provoca que la tramitación media de un proceso de familia en un juzgado de esta naturaleza dure unos 6 meses mientras que en un juzgado de violencia no concluye hasta 15 o 16 meses después y esto es un tema que habría que solucionar.


Insiste en la importancia de que la defensa sea asumida por un abogado y considera un error estimar que el Fiscal defienda a las víctimas, porque lo que defiende, es la legalidad. Por otra parte estima que el asesoramiento previo debería estar a disposición de todas las personas que lo necesiten.


También considera que la formación específica para el turno de oficio debe ser completa y permanente

Con relación al tema del alejamiento señala que es muy difícil cumplir este mandato en poblaciones pequeñas por lo que entiende que hay que intentar otra clase de protecciones mucho más efectivas.


Finalmente pone de manifiesto que los Colegios de Abogados serían capaces de ofrecer suficientes servicios en el caso de que se separaran competencias de juzgados.


28 de abril de 2009:

Doña María Luisa Balaguer Callejón. Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga.


La Sra. Balaguer expone su experiencia en materia de violencia de género, antes y después de la aprobación de la LO 1/2004.


Tras realizar una valoración positiva de la Ley, de la que considera no hay que suprimir ningún aspecto, sino al contrario, cabría completarla en algunos aspectos; se centra en el problema de los instrumentos interpretativos y aplicativos de esta LO 1/2004, que exigen la deconstrucción del Derecho en términos de género. El enfoque que adopta para analizar esta cuestión no es sólo constitucionalista, como corresponde a su profesión, sino feminista. Es necesario una asimilación cultural en el tiempo de todos los elementos integrados en la LO 1/2004, elementos culturales, sociales y políticos.


Transmite a SS. SS. sus reflexiones sobre dos problemas relacionados con la violencia de género:

1. La relación entre los medios de comunicación y la mujer. En este sentido, critica la inactividad de los consejos audiovisuales de las CCAA, así como la imagen de la mujer que ofrece la publicidad, al igual que las series de televisión transmisoras de la cultura sudamericana, legitimadora de la violencia de género. Insta por ello a reformar la Ley General de Publicidad para adaptarla a los requisitos de respeto a la dignidad de hombres y mujeres.


2. La necesidad de un lenguaje de género adecuado. Esta exigencia implicaría una reforma del acuerdo del Consejo de Ministros sobre técnica legislativa, para incluir el lenguaje de género en las Directrices de técnica legislativa. Frente a la actividad de la Real Academia de la Lengua, la Sra. Balaguer defiende la convencionalidad del lenguaje y la erradicación del lenguaje de género.


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En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la Sra. Balaguer señala que por lo que se refiere a la formación en la escuela es fundamental la prevención y la educación. A este respecto plantea el problema de la educación separada que a su juicio puede ser un semillero de segregación y desigualdad.


Por lo que se refiere a la formación entiende que, en buena medida, está debe consistir en un cambio progresivo de mentalidad.


Con relación a las carencias de la ley destaca el tema de los menores y las medidas provisionales que les afecta lo cual debe considerarse incluido en un sentido amplio en el tema de la violencia de la mujer. Le parece un absurdo que se obligue a un régimen de visitas cuando una persona esta condenada por maltrato. Para la compareciente también es fundamental que los niños reciban asistencia psicológica.


Por lo que se refiere al tema de los consejos audiovisuales entiende que la libertad de expresión debe tener los mismos límites que cualquier otro derecho fundamental y eso justifica, a su juicio, que se legisle lo que sea necesario sobre los medios de comunicación, incluyendo el tema de los anuncios de pornografía o de prostitución.


Don Enrique Etxeburúa Odriozola. Catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco.


El Sr. Etxeburúa centra su intervención en tres puntos:

1. El concepto de violencia psíquica. Es esencial diferenciar la violencia psíquica de una mera mala relación de pareja, dado que las ventajas que implica considerar la existencia de violencia en términos de órganos jurisdiccionales competentes y posibles consecuencias puede dar lugar a que se abuse del concepto de violencia. Las diferencias fundamentales entre ambos conceptos son la existencia de una conducta continuada en el tiempo, que implica amenazas, restricciones a todos los niveles, acoso...
así como consecuencias físicas y psicopatológicas en la víctima de violencia, que no se dan en caso de una mala relación de pareja.


2. El tratamiento de los maltratadores. Se trata de un problema de grandes dimensiones, dado que aproximadamente existen 680.000 hombres maltratadores, para quienes debe buscarse una solución. Propone el Sr.
Etxeburúa que se imponga un tratamiento a los condenados por violencia de género con suspensión condicional de la condena, y si ese tratamiento no se lleva a cabo satisfactoriamente, se revoque la suspensión y esa persona entre en la cárcel. De igual modo, pueden imponerse reglas de conducta a los condenados por delitos graves cuando está próxima su excarcelación, entre las cuales está la concesión de la libertad condicional si se somete a un tratamiento. Expone los buenos resultados derivados de la aplicación de programas de tratamiento en el País Vasco, especialmente en Vizcaya y Álava, en los últimos diez años. Es necesario sin embargo un seguimiento y una evaluación de la calidad de los resultados obtenidos, para poder mejorar la efectividad de estos programas de forma homogénea en todas las provincias.


3. La predicción del riesgo de homicidio y violencia grave en la pareja, es una de las funciones de las unidades de valoración forense integral, necesaria para adaptar la protección de cada mujer a sus necesidades reales de seguridad. Sin embargo, la creación de estas unidades de valoración forense integral, prevista en la DT 2.ª de la LO 1/2004, no ha sido llevada a cabo. En el País Vasco, el Sr. Etxeburúa ha participado en la determinación de indicadores de riesgo en colaboración con la Conserjería de Interior del Gobierno vasco y la Ertzaintza. Expone el método de predicción del riesgo así como sus posibles usos, de cara a mejorar la aplicación de la LO 1/2004.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios el Sr. Etxeburúa señala que al maltrato se llega por diferentes caminos; algunos lo hacen por problemas de comunicación, otros por falta de autoestima o por impulsividad. En función de todas esas posibilidades se aplica un programa de tratamiento modular.


Los cambios tienen que venir de la mano de una educación no sexista y de labores de prevención a través de asignaturas como "Educación para la Ciudadanía". Considera que se puede se optimista en algunos aspectos porque la mujer actualmente es más independiente y existen recursos como el divorcio.


En los juicios rápidos le parece interesante que el juez pueda acudir al asesoramiento de las unidades de valoración forense integral; por lo que se refiere a los tratamientos de rehabilitación de lo que se trata es de convencer a los maltratadores de que ese tipo de conductas vejatorias solo les degradan. En cualquier caso la preocupación fundamental a la hora de tratar a un maltratador es la seguridad de la víctima.


Por lo que se refiere a los niveles de prevención del riesgo, considera que existen dos; el inmediato referido al policía que tiene relación con la víctima y el judicial.


Señala, por otra parte, que no existen protocolos sobre como tratar a los menores por lo que es un campo en el que debe avanzarse más.


Por último, considera que la única forma de conseguir resultados a más largo plazo es la educación y la prevención.


13 de mayo 2009,

Doña Soledad Cazorla Prieto Fiscal de Sala delegada contra la Violencia sobre la Mujer.


La señora Cazorla al comienzo de su exposición señaló que cuando se habla de violencia contra la mujer

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no se habla de un delito normal; por otra parte, aludió a la presencia de la Memoria de la Fiscalidad de Sala Especial que habían considerado de interés en el pasado 2008. Según la compareciente en esta Memoria se reflejan los problemas diarios que afrontan jueces, fiscales, policías, forenses, trabajadores sociales, psicólogos y todos los que de alguna forman luchan contra este tipo de violencia.


A su juicio lo más importante para el Ministerio Fiscal es mantener la unidad de actuación del Ministerio Público de forma que todos los fiscales, ante hechos similares, independientemente de la ubicación geográfica actúen de la misma manera. Por otra parte, considera fundamental la especialización ya que a su juicio es imprescindible conocer a la víctima y saber cuales pueden ser las reacciones del agresor.


Gracias a la ley, existe el fiscal de sala especial que supervisa a los miembros del Ministerio Fiscal que se encargan de violencia de género, si bien la especialidad no llega a todos los órdenes jurisdiccionales ni siquiera dentro del Ministerio Público ya que existen temas que no competen al Juzgado de Violencia sino a Juzgados de lo Penal, a una Audiencia Provincial, o a un Tribunal Supremo, donde tampoco hay fiscales que tengan esa especialización.


Es cierto que se ha avanzado mucho, pero también es verdad que el juez penal no es un juez especializado y puede que en determinadas Audiencias Provinciales ni siquiera las Secciones.


La compareciente entiende que la base más sólida para el tratamiento de la violencia de género es, sin duda, la especialización.


Por lo que se refiere a la vigencia de la ley, manifestó su preocupación por el artículo 416 del Código Penal, considera que la ley es buena pero tiene problemas de desarrollo como el que se refiere a este artículo, al que muchas víctimas se acogen para no declarar.


Esto sin embargo no significa que las acusaciones y las denuncias sean falsas; simplemente debe entenderse que el testimonio merece ser objeto de enjuiciamiento.


Por otra parte la compareciente señaló que discrepaba del carácter imperativo de la pena de alejamiento.


A su juicio la prevención es el eje primordial de la ley; también estima útil que se lleve al tope de endurecimiento de las penas considerando, así mismo, necesario que no nos olvidemos de la rehabilitación del maltratador.


Por otra parte destacó, igualmente, la necesidad de que se tome en serio mediante el impulso de unidades de valoración integral, los puntos de encuentro familiares. Entiende que es preciso, que exista una regulación neutral sobre las visitas tuteladas de los hijos de familias en las que ha habido malos tratos.


Finalmente señala que debería fomentarse la realización de un estudio socio-político-criminológico del fenómeno de violencia de género.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios, la Sra. Cazorla Prieto destaca la importancia de que la mujer cuente, desde el primer momento, cuando va a comisaría, además de con un asesor jurídico, con un asesor psicológico. Esto permitiría que llegue a la declaración del juicio siendo persona.
Entiende que no debe modificarse el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque no debe tutelarse a la mujer que, en todo caso, es dueña de su decisión, si bien, para eso es necesario que recuperemos a la mujer para que sea capaz de asumir decisiones por sí misma.


La violencia de género exige un elevado nivel de especialización y eso implica también voluntariedad en el destino. De hecho, en el ámbito de los fiscales la especialización es más sencilla porque es voluntaria.


Destaca la importancia de que se hayan creado fiscales adscritos a juzgados de violencia.


También considera un éxito que se empiece a contar con juzgados de guardia de violencia de género, si bien estima fundamental que se cuente con juzgados exclusivos ya que de otra forma los juzgados se colapsan.
Destaca el dato de que de 74 víctimas fallecidas, sólo 55 habían presentado denuncia. A su juicio, esto significa que hay sectores a los que no están llegando la información y las campañas. Por otra parte, a su entender, la especialización no es completa y debe insistirse en este aspecto, ya que la formación no debe incluir sólo aspectos jurídicos.


Doña María Silvestre Cabrera, Directora del Master en Intervención de Violencia contra las Mujeres de la Universidad de Deusto y Directora General del Instituto Vasco de la Mujer.


La señora Silvestre señaló que sus reflexiones estaban formuladas desde la perspectiva sociológica. En este sentido destacó la importancia de la prevención orientada a la socialización en base al género. Considera que la violencia de género es algo complejo ya que su objetivo no es provocar una lesión sino someter y mantener una posición de poder en una relación.
Señala que se han tipificado diferentes clases de maltrato; así, no solo el físico sino también el psicológico y el emocional que supone consecuencias muy importantes para la víctima. Junto a esto se encuentra la violencia sexual y la económica. Esta última encubre situaciones de pobreza real en hogares que no son pobres.


Finalmente destaca que lo más triste y por desgracia lo más habitual, es que en un mismo caso se produzcan todas y cada una de las diferentes formas de violencia.


A lo largo del tiempo se han manejado muchas teorías para tratar la violencia, bien partiendo de un modelo psicológico, que se planteaba el perfil psicológico del individuo que maltrataba a una mujer; bien el modelo psicosocial centrado en la relación de pareja que describía una relación patológica en la forma de comunicarse; o bien, finalmente, el modelo sociocultural, que destaca la importancia de la estructura social en base al género y a la tolerancia de la violencia. Esta explica

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ción, actualmente, es la mayoritaria de tal forma que factores que antes se consideraban causantes de la violencia como el alcohol, el paro, la pobreza... se tratan ahora como desencadenantes sin más pero no como la causa de la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Se entiende que la causa real está en una sociedad desigual que en sus valores y en su estructura lleva implícita la desigualdad de hombres y mujeres. Esto hace que la solución sea más compleja y que debamos reorientar el proceso de socialización en base al género. La consecución de objetivos se obtendrá a medio plazo en un proceso largo.


En otro orden de cosas destaco la importancia de la formación de profesionales. No sólo de fiscales, abogados o funcionarios de los Juzgados de Violencia de género, sino también de los cuerpos de seguridad, servicios sociales, asistentes, psicólogos, personal sanitario, etc. Consideró también imprescindibles los protocolos de salud que permitan al personal sanitario detectar los casos de maltrato.


A su juicio, la formación de los profesionales proporcionara una mayor calidad en el servicio que prestan y evitará que se victimice a las mujeres maltratadas cuando se acercan a recibir asistencia.


Señala igualmente que otro tema clave, a su entender, es el acompañamiento, entendiendo por tal el acompañamiento o asesoramiento de la víctima desde que los hechos de maltrato se producen. Señala que este es un proceso circular y lento en el que hay que enseñar a la víctima a aceptar sus propias derrotas.


Destacó también la importancia de que los datos que existen, derivados de los análisis de la violencia, puedan ser unificados. A este respecto considera que no existen perfiles de víctimas mi maltratadores ya que ambos se encuentran en todos los niveles educativos, sociales y económicos.


La mayor parte de las situaciones de maltrato contra las mujeres no llega a conocimiento de las autoridades policiales ni judiciales, fundamentalmente porque existe dependencia económica y social de las víctimas.


También es importante, en este aspecto, tener en cuenta la incidencia de lo que se llama "ciclo de violencia conyugal" el cual empieza por una primera fase de acumulación de tensión, seguida por una fase aguda donde surge la violencia física y una tercera fase que se llama "luna de miel" o "calma amante". Es en esta tercera fase cuando la mujer en ocasiones renuncia a su denuncia, si bien lo cierto es que el ciclo se reinicia y cada vez con mayor virulencia. Esto es posible porque una mujer víctima de violencia de género parece de ansiedad, miedo, depresión, baja estima, sentimiento de culpa y trastornos psicosomáticos.


La compareciente señalo, igualmente, que el problema de la violencia es muy transversal no solo desde el punto de vista profesional sino también de las instituciones.


Informo de que la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de una serie de Comisiones Interdepartamentales e Institucionales así como de una Comisión de las diferentes Instituciones que recoge la representación del Gobierno y de Ayuntamientos, ya que todas estas instituciones asumen diferentes competencias. En este punto, la coordinación es imprescindible para que la víctima sepa donde tiene que acudir.


También destacó la importancia de la investigación que permita conocer la realidad que genera la violencia y evaluar las medidas que se adopten al amparo de la ley. Esto debe ir unido a una financiación suficiente y a campañas de sensibilización y prevención a través de la educación y los medios de comunicación.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios, la Sra. Silvestre señala que en el caso de parejas homosexuales, cuando existen supuestos de violencia deberíamos asumir que uno de los miembros asume el rol de varón y otro el de mujer, lo cual le parece muy complejo; por eso entiende que la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres debe referirse sólo a la violencia que éstas sufren por el hecho de ser mujeres. Insiste en la importancia de la atención tanto psicológica, como social o asistencial, incluso en el momento previo a la interposición de la denuncia. Entiende que el acompañamiento a las mujeres víctimas es clave, tanto para ellas, como para quienes tienen que tomar una decisión aplicando la ley.


Por otro lado, entiende que los estudios que se realicen deben ser interdisciplinares para interpretar, de la mejor forma posible, los datos y estadísticas de los que se dispone. Lamentablemente, a su juicio, estamos muy lejos de una formación transversal desde la perspectiva de género.


Con relación al tema de los maltratadores se muestra pesimista con relación a la rehabilitación ya que los resultados obtenidos son muy decepcionantes, lo que exige priorizar recursos.


Entiende que la violencia se da en todos los estratos sociales y culturales y considera que estamos ante una crisis de modelo, ya que muchos hombres no se resignan a aceptar una relación de igualdad con la mujer. A su vez, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad sobre el tratamiento de la violencia de género ya que, en muchos casos, pueden normalizar comportamientos absolutamente anormales.
Hasta hace poco la violencia de género estaba legitimada en el ámbito privado, por lo que la mentalización de la sociedad en este ámbito será lenta y costosa.


Doña Adela Utrera Morcillo, Presidenta de la Asociación Mujer siglo XXII y Coordinadora del SUAMM del ayuntamiento de Málaga.


La señora Utrera señaló que la suya es una asociación pluripartidista, dedicada a desarrollar políticas de mujeres y menores. Actualmente se ocupan del desarrollo del SUAM subvencionado por el ayuntamiento de Málaga y del punto de encuentro familiar subven

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cionado por la Junta de Andalucía y el mismo Ayuntamiento. Manifiesta que este servicio de emergencia asiste a la mujer en sus primeras horas tras la agresión; por ello con frecuencia han visto camisas llenas de sangre, hematomas o cabezas con cristales. Su función asistencial consiste en redactar las denuncias, dando forma a lo jurídicamente trascendente e hilvanando la historia de una mujer destrozada que no sabe por donde empezar.


En su misión señala que han procurado coordinarse con todos los servicios que se han ido creando a lo largo de 10 años, consistiendo su intervención no solo en dar forma al delito sino en generar un vínculo de confianza con la víctima.


Destaca su preocupación por las mujeres extranjeras que al denunciar casos de malos tratos tienen derecho a que se le abra un expediente de residencia con independencia del agresor.


No obstante, este permiso de residencia solo se concede siempre que haya una sentencia, lo cual significa que en todos los supuestos en los que esta no existe (rebeldía, falta de pruebas, pena inferior a dos años,...) no se puede reclamar ese derecho.


Su servicio acompaña a la víctima cuando el caso se deriva al turno de violencia, explica al abogado de oficia las incidencias que afectan a la mujer. En este punto merece la pena llamar la atención sobre todas las mujeres que no pudiendo ser calificadas de pobres tampoco pueden permitirse el lujo de pagar un abogado.


Su asociación también se ocupa de coordinar servicios de orientación jurídica a extranjeros o casas de acogida. En este punto se echa en falta la intervención psicológica que permite contar con profesionales que elaboren informes comprometidos.


Por su parte los médicos forenses están colapsados y la evaluación que se realiza es insuficiente.


Destaca también la importancia de contemplar nuevos perfiles de violencia como el caso de Marta del Castillo y otros similares, basados en relaciones de noviazgo cortas, que por no tener el fin de crear un a familia o una relación estable de convivencia se considera que no implican violencia. Esto no debería ser así, dado que esa violencia realmente existe hasta el punto de llegar a casos extremos como el de Marta. También son perjudiciales los modelos de "macho" que divulgan algunos medios de comunicación a través de series de televisión y programas del corazón.


Finalmente considera que cuando la mujer se encuentra ante su agresor tiene derecho a no declararse culpable. Por otra parte, a su juicio el artículo 543.3, debería se suprimido ya que la obligación de denunciar afecta a la relación de confianza que establecen con las víctimas. A estos efectos cabe recordar la sentencia del Supremo donde se establecía que ya que la medida era cautelar el acercamiento del agresor quedaba sin efectos si la víctima consentía. A su juicio, este criterio es inaceptable, toda vez que la víctima es objeto de una coacción que le impide decidir por si misma libremente lo que determinaría la nulidad absoluta de su consentimiento. Reconoce que el Tribunal Supremo ha rectificado este criterio aunque tarde. En último caso señala que deberían ampliarse las competencias de los juzgados de violencia y que estos han de actuar 24 horas al día.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios, la Sra. Utrera Utrillo señala que por lo que se refiere al tema de las mujeres inmigrantes se producen muchas situaciones de indefensión; así, la concesión del permiso de residencia no debe gravitar sobre la existencia de una sentencia. Cuando acompañan a mujeres en situación irregular para formalizar la denuncia y entienden que se va a proceder a abrir un expediente de expulsión normalmente deciden acompañar de forma directa a la mujer al juzgado de violencia, en consecuencia, se recurre a procedimientos indirectos para buscar soluciones.


También es importante, a su entender, que las personas que desempeñan sus servicios en el ámbito de la violencia no sólo sean formadas, sino también seleccionadas, ya que no es infrecuente que se encuentren machistas defendiendo a mujeres víctimas de malos tratos.


Es fundamental el control de la calidad de los servicios. La asistencia de los letrados es muy importante pero también el hecho de que la desempeñen personas concienciadas con el problema de la violencia de género; por eso defiende una selección desde el Colegio de Abogados y un control por la Comunidad Autónoma competente que lo financia. Considera básica la orden de alejamiento, pero siempre que los tribunales enjuicien debidamente el quebrantamiento. En este sentido entiende que, después del primer quebrantamiento, se debe enviar al maltratador a prisión. El hecho de que la ley sea buena no excluye que sea mal aplicada. Considera que es fundamental la valoración del riesgo, que muchos casos exige mucho tiempo y conocimiento de la víctima.


Por lo que se refiere a la suspensión del régimen de visitas estima necesario que se suspenda hasta que se evalúe el daño que se puede causar al menor, generando las cautelas necesarias. Es un error que los niños convivan, aunque sea por unas horas, con un maltratador, que va a educar en el maltrato y va a manipular a los hijos contra la mujer.


Por lo que se refiere al Plan de Seguridad Individualizado la realidad demuestra que, independientemente de los datos que se aporten siempre se obtiene un riesgo medio. En consecuencia, el cuestionario debería ser modificado, porque con las actuales preguntas es casi imposible que el riesgo que salga sea elevado.


Con relación a la rehabilitación del maltratador entiende que la pena no debe sustituirse nunca.


También opina que debe ser competencia del Juzgado de Violencia la resistencia grave a la autoridad en los casos en que los maltratadores van a ser detenidos.


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Finalmente, por lo que se refiere a los medios de comunicación, considera que deben difundir los datos positivos en la lucha contra la violencia de género, haciendo más reportajes de la ayuda que se presta a las víctimas y de los recursos disponibles.


19 de mayo de 2009:

Doña Inmaculada Mújica Flores. Directora del colectivo Aldarte.


La compareciente señaló en primer lugar, el sentir del colectivo al que representa, en el sentido de considerar necesario que la Ley contra la Violencia de Género acoja como sujetos de su aplicación, a gays, lesbianas, y transexuales.


A su juicio la violencia intragénero, que es aquella que se produce en el interior de las relaciones homosexuales, está desatendida desde el punto de vista estadístico, a pesar de ser una realidad. Entiende que la Ley de Violencia de Género debe ser modificada en este sentido.


Señala, igualmente, que el problema de la violencia intragénero, debido a las especiales circunstancias que la rodean, en la mayor parte de los casos, permanece en el anonimato, lejos de los datos oficiales. En muchos casos, las personas víctimas de esta violencia, no son conscientes de que están sufriendo maltrato, del mismo modo que los propios maltratadores tampoco son conscientes de que maltratan. La discriminación social de las relaciones intragénero también hace que se subestime este tipo de violencia lo que aumenta el aislamiento y la soledad de la persona que la sufre.


Por todas estas razones, entiende que la violencia intragénero se halla, actualmente, en una situación similar a aquella en la que se encontraba la violencia contra la mujer hace 30 años. Es decir, escaso interés social, insuficiente concentración e invisibilidad.


Desde su colectivo consideran que desde la defensa de la igualdad debe abordarse la modificación de la Ley Integral contra la Violencia de Género ya que esa igualdad ya ha llegado al Código Civil en materia de matrimonio, divorcio, e incluso adopciones. Consideran que la violencia intragénero no necesita una ley específica que la regule ya que se trata de una forma más de violencia de género.


Incluir la violencia intragénero en la Ley supondría un paso gigantesco para luchar contra su invisibilización.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios, la Sra. Mújica Flores entiende que no procede una ley específica para tratar los efectos de la convivencia en una pareja homosexual. En consecuencia, el maltrato en el interior de parejas gays y lésbicas tendría que ser contemplada desde esa perspectiva; no es posible que las relaciones de maltrato en este ámbito se rijan por otra regulación jurídica. No se trata de cambiar el fuero, sino de cambiar un poco los supuestos teóricos, de forma que estos incluyan no sólo las parejas heterosexuales, sino también las homosexuales, donde también se sufre maltrato. No obstante, dentro del colectivo LGTB existe un debate abierto sobre este tema.


La violencia intragénero está como hace 30 años, en un momento de falta de conocimiento y de insensibilización. Las propias víctimas no son conscientes de que están en situaciones de maltrato, por lo que incluir estos supuestos en la Ley Integral de Violencia de Género supondría un gran avance.


Doña Pilar Heredia Iglesias. Presidencia de la Asociación Gitana Yerbabuena.


La compareciente manifiesta que sus aportaciones van dirigidas a analizar el presente y futuro de las mujeres gitanas cuya problemática no debe ser una mera cuestión de caridad o asistencia social.


Muestra su preocupación porque los planes de igualdad referidos a la mujer gitana suelen dejarla en manos de ONGS desaprensivas como es el caso del Secretariado General Gitano. A su juicio, esto solo sirve para analizar el colectivo gitano como si fuesen ratones de laboratorio, contribuyendo sus prácticas no a mejorar sus condiciones, sino por el contrario a provocar el rechazo hacia la población gitana. En este sentido, señala, que en una encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad, el pasado 28 de abril, se revelaba que las gitanas, por comer menos fruta y verdura y consumir más azúcar, son más obesas que el resto de las mujeres españolas. Igualmente en el citado estudio se justificaba que la población gitana padece mayores problemas de colesterol, asma, enfermedades mentales o problemas circulatorios.


En su opinión este tipo de estudios, lejos de apoyar al colectivo gitano, lo que hacen es proporcionar de él una imagen denigrante.


Considera un dato relevante con relación a la desigualdad que sufren las mujeres gitanas, que la única vez que el colectivo gitano ha ocupado escaños en el Congreso de los diputados, ha sido representado por un hombre. Actualmente, añade, son dos los gitanos, que ostentan el escaño de diputados: uno del Partido Socialista y otro del Partido Popular.


Solicita que los grupos políticos tengan en cuenta la desigualdad que padecen las mujeres gitanas que siempre serán las más perjudicadas en el colectivo general de mujeres.


Entiende que no es posible que una población tan extensa como la gitana, que alcanza en España un millón de miembros se deje en manos de ONGS cuando debería ser una competencia del Estado. El pueblo gitano sufre una discriminación institucional y política por lo que solicita a los Grupos Parlamentarios que todas las medidas que se adopten en beneficio del pueblo y las mujeres gitanas se hagan dejándoles expresar sus opiniones y sus reivindicaciones.


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En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios, la Sra. Heredia Iglesias insiste en la necesidad de que se controle a las ONG´s que lo único que hacen es parchear los problemas del pueblo gitano, que en realidad deberían afrontar los poderes públicos. Por otra parte, considera necesario un mayor control por parte de las Administraciones Públicas sobre las entidades a las que se encarga un problema tan complicado. El pueblo gitano no sólo necesita caridad y beneficencia, sino también reconocimiento y dignidad. Es necesario que se visibilice no sólo la parte marginal del pueblo gitano, sino todo su conjunto.


Por lo que se refiere al tema de violencia de género, entiende que este es un tema que no debe reducirse exclusivamente al ámbito doméstico.
Considera que la forma que tiene el mundo gitano de tratar los malos tratos a las mujeres es algo que los payos deberían copiar. Señala que no hay ni un solo caso de mujer gitana víctima mortal de una agresión, ya que la mujer gitana denuncia dentro de la propia comunidad y es ésta la que está pendiente de que a esa mujer no se la vuelva a maltratar, amenazando al maltratador con el repudio de la familia. El maltrato a la mujer es algo que compete a toda la familia, y al maltratador se le margina. No obstante, para la mujer gitana es difícil denunciar ante un juzgado o la policía ya que eso la estigmatiza ante la comunidad. La compareciente señala que debe procurarse que las mujeres gitanas se conciencien de que deben denunciar ante el juzgado y no sólo ante la familia, pero esto es difícil culturalmente.


Dentro del pueblo gitano la mujer es un baluarte y las mujeres son consideradas y cuidadas.


Finalmente, en lo que se refiere al tipo de trabajo que desarrolla su asociación señala que entre sus objetivos se encuentran el de hacer visibles a las mujeres gitanas, en todos los ámbitos posibles: político, cultural, laboral y educativo.


Doña Beatriz Masiá. Representante de Tamaia, Associació de Dones contra la Violencia de Género.


La compareciente señala que su colectivo desarrolla programas, tanto de atención a mujeres maltratadas, como de formación y prevención.
Igualmente participan en diferentes redes sociales y espacios de reflexión, especialmente entre el colectivo feminista.


A su juicio, la Ley Orgánica de Medidas contra la Violencia de Género ha supuesto un gran avance, si bien algunos de sus desarrollos todavía no han conseguido el efecto deseado.


Destaca, por ejemplo, que en los juzgados específicos de violencia contra la mujer, la especialización no acaba de ser una realidad. Entiende que muchos equipos forenses desacreditan a las mujeres maltratadas, cuestionando su credibilidad y poniendo en duda, en muchos casos, la existencia de abusos psicológicos. Ello hace cuestionar que la formación impartida sea suficiente y adecuada. Considera que cuatro horas de formación en la Escuela Judicial no proporcionan la capacitación suficiente para que alguien tome decisiones que afectan profundamente a la vida de otras personas. Es imposible ayudar eficazmente a las víctimas sin los conocimientos necesarios para realizar esa tarea.


Otro problema que, a su juicio, se debe destacar, es la victimización secundaria. A su entender, en muchos casos se victimiza por segunda vez a la mujer cuando pide ayuda y no encuentra los recursos necesarios. Así, cuando se le obliga a hacer mediación, cuando desde los servicios sociales se cuestiona su capacidad como madre, o cuando desde un centro de salud mental se hacen diagnósticos que no contemplan las secuelas de la violencia. En muchos casos, las mujeres no son capaces de demostrar los abusos psicológicos a los que han sido sometidas y la victimización secundaria se acaba convirtiendo en un instrumento eficaz para promover el silencio y la renuncia.


De igual forma, se victimiza a los niños y niñas que han sido testigos de la violencia paterna. La Ley, aunque habla en el preámbulo de las consecuencias que la violencia puede producir en los menores, no articula posteriormente propuestas concretas, cuando lo cierto es que es indudable que los hombres que ejercen violencia contra sus parejas no han adquirido la competencia necesaria para cuidar a sus hijos sin dañarles. El padre, la mayoría de las veces, utiliza a los hijos para continuar dañando a la madre y a ellos mismos, lo cual se agrava, hasta el extremo, cuando además existen sospechas de abusos sexuales.


Cuando las madres acuden a los profesionales en estos casos, muchas veces se cuestiona la veracidad de sus afirmaciones e incluso se las acusa del supuesto síndrome de alienación parental.


Finalmente la compareciente se refirió a los servicios de atención a mujeres que se ocupan de su proceso de recuperación, lo cual casi no se menciona en la Ley Integral. Lo cierto es, a su juicio, que estos procesos de recuperación son imprescindibles para que la mujer recupere las capacidades que la violencia le ha arrebatado; no obstante, son procesos muy largos y costosos, que en algunos casos de prolongan hasta 6 años. Requieren un equipo estable, capacitado y una financiación constante. Actualmente, la precariedad de estos equipos de atención continúa siendo un hecho.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios, la Sra. Masiá señala:

Sobre el tema del concepto de violencia de género en el momento de redactarse la ley la asociación Tamaya ya planteó que se trataba de un concepto muy amplio y que podía dar lugar a equívocos. Actualmente y de acuerdo con la ley, este concepto excluye las relaciones que no son de pareja o que se realizan entre personas del mismo sexo; en consecuencia las parejas del mismo sexo tienen problemas para acceder a los derechos que esta ley reconoce. La Ley Catalana, por su parte, no

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recoge específicamente el tema de parejas homosexuales, aunque sí les permite el acceso a los recursos si la situación de violencia existe.


Por lo que se refiere a las mujeres inmigrantes, considera muy importante que puedan tener acceso a un permiso de trabajo posibilidad que, a su juicio, debe favorecerse desde todos los grupos parlamentarios.


Con relación al tema de la mediación se entiende que victimiza porque es obligatoria. En la Ley Catalana se prohíbe explícitamente la mediación, lo cual debería trasladarse, a su juicio, a la Ley Estatal; la mediación es dañina para las mujeres.


Por lo que se refiere a la atención de niños y niñas normalmente se deriva a los servicios de salud, los cuales en muchos casos no están capacitados para asumir situaciones en las que se encuentran menores sometidos a violencia. Entiende que los recursos que se pongan a disposición de las mujeres también deberían ser capaces de trabajar con los niños. Los talleres en los que trabaja la compareciente con niños de 4 a 18 años les han facilitado mucha información. Considera importante igualmente, que los currículos académicos contengan formación en el tema de violencia de género de tal manera que ésta se establezca en todas las licenciaturas y diplomaturas necesarias. Para ello es importante que la Comunidad Autónoma tenga competencias en este campo.


Actualmente las asociaciones de mujeres de las CCAA no tienen acceso a las ayudas que proporciona el Instituto de la Mujer o el Ministerio de Asuntos Sociales y eso es algo que se debería revisar.


Otro tema importante es el de vincular la ayuda a la denuncia, lo cual provoca un efecto perverso.


Por lo que se refiere al tema del programa de rehabilitación de los hombres, lo considera necesario, pero sin estar vinculado a beneficios dentro del sistema penal.


Con vistas a una posible revisión de la Ley le parece interesante que se escuche a las asociaciones de mujeres que trabajan en el tema de violencia.


En cuanto a la retirada de la denuncia, en muchos casos se debe a manipulación emocional ya que para las mujeres es un calvario entrar en un proceso, de aquí que sea tan importante proporcionar información.


En cuanto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía considera que todos los mecanismos que se pongan en marcha, con el fin de fomentar la tolerancia y el respeto deben ser bienvenidos, si bien es cierto que los niños no sólo aprenden dentro del colegio, sino también en sus casas. En este sentido, también es importante la responsabilidad que asumen los medios de comunicación.


26 de mayo de 2009:

Don Justo Sáenz Íñiguez. Presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de madres y padres separados.


El compareciente señala que el fin de la Confederación que preside es unificar criterios y objetivos de cara a la elaboración de propuestas que se puedan transmitir al Estado y a las diferentes Comunidades Autónomas.
Destaca, igualmente, que su objetivo es integrador y su intención la de colaborar en la reducción de la lacra de la violencia de género. Por otra parte, reconoce también entre sus fines el de que se establezca la igualdad efectiva entre hombre y mujer y la guarda y custodia compartida de los hijos como norma, así como la necesidad de disminuir la contenciosidad y violencia en los conflictos familiares.


Les preocupa también la manipulación y el maltrato de que puedan ser víctimas los menores así como las denuncias fraudulentas que se realizan al amparo de la ley.


Las actuaciones de su Confederación incluyen diversos programas de prevención, formación, atención de personas afectadas y grupos de autoayuda.


Solicita de los miembros de la Subcomisión que tengan el suficiente coraje para dar a la sociedad un programa de futuro global.


A su juicio, tanto la Ley de Divorcio como la Ley de Violencia de Género han fracasado ya que no han cumplido los objetivos previstos.


Estima que ha subido la contenciosidad de los divorcios y que hay más de 20.000 menores maltratados al año (lo que se conoce como síndrome de alienación parental o instrumentalización de menores) y que no se ha conseguido la custodia compartida como norma.


Por otra parte señala, que ha aumentado el número de denuncias falsas para lograr ventajas en el divorcio.


Por todo ello, considera que hay que modificar la Ley de Divorcio, introduciendo la guarda y custodia compartida como norma y extendiendo la mediación familiar y la liquidación inmediata de gananciales ya que de esta forma se verá reducida la contenciosidad.


Por lo que se refiere a la modificación de la Ley de Violencia de Género, que a su juicio también es necesaria, manifiesta que también los hombres sufren maltrato y discriminación ya que muchos acaban perdiendo a sus hijos.


También recomienda que se distinga el concepto de violencia de género machista del de violencia doméstica intrafamiliar y estima que la ley debe proteger a las víctimas de ambos tipos de violencia.


Propone, por otra parte, que los Juzgados de Violencia tramiten únicamente, los temas propios de la denuncia trasladándose la competencia en los temas civiles al juzgado de familia.


También sugiere que las órdenes de alejamiento sean seguidas y puedan ser suspendidas, incluso con carácter urgente.


Finalmente, estima necesario que en los Juzgados de Violencia se creen gabinetes de atención a las víctimas así como en cada Comunidad Autónoma y provincia la figura del coordinador para llevar a cabo actuaciones de prevención y detección precoz.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios, el Sr. Sáenz

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Íñiguez considera que los puntos de encuentro son una pieza clave ya que muchos progenitores no consiguen llegar a un acuerdo para la recogida y entrega de los niños. No obstante, considera fundamental que estos puntos de encuentro se regulen y que los profesionales que los atiendan sean adecuados. Considera que la mediación es un elemento básico de prevención.


Por lo que se refiere a la violencia de género, entiende que debe diferenciarse de otros casos que no se encuadran dentro de este ámbito ya que existen casuísticas muy diferentes. Estima que son muy importantes los programas de sensibilización y para él una de las piezas claves es la protección del menor.


Por otra parte señala que no reconocer la existencia de denuncias falsas es cerrar los ojos a datos reales. Entiende que deben ser perseguidas de oficio por el fiscal.


También son importantes las medidas de prevención y acompañamiento y, por supuesto de formación de los profesionales.


Entiende que la ley de violencia de alguna forma genera más violencia y produce una discriminación e insiste en que en algunos casos que se aplica el maltrato éste realmente no existe.


También considera que el Síndrome de Alienación Parental es un maltrato psicológico al menor ya que debe impedirse que una de las partes desaparezca de la vida del niño.


Doña Altamira Gonzalo Valgañón. Presidenta de la Asociación de mujeres juristas Themis.


La señora Gonzalo señala que la violencia que se ejerce contra las mujeres es la manifestación más extrema de la desigualdad. Su asociación se creó en el año 1987, teniendo siempre muy presente este tema, si bien ha sido desde 1994 cuando ha desarrollado un programa de ámbito estatal de asistencia jurídica a mujeres víctimas de malos tratos.


A su entender, la ley integral se sostiene en tres pilares:

- Los derechos de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja (derechos laborales, de asistencia jurídica gratuita, de atención social...).


- Las medidas dirigidas a modificar la estructura patriarcal de la sociedad ( educación, sensibilización, prevención...).


- Las medidas penales y judiciales orientadas a la concreción de la sanción de la violencia contra la mujer.


La ley ha supuesto un salto cualitativo aunque ha sido objeto de numerosos ataques que se han reflejado en la gran cantidad de recursos de inconstitucionalidad interpuestos.


A su entender la ley no ha dejado de encontrar obstáculos, desde los sectores más misóginos de la sociedad que incluso culpan a las mujeres de la interposición de denuncias falsas, con el fin de conseguir pensiones o el uso del domicilio familiar por una vía rápida y favorable. Esto no tiene fundamento ya que los datos de la memoria del Consejo General del Poder Judicial para el año 2008 ponen de manifiesto que en la inmensa mayoría de las denuncias que pusieron las mujeres no se solicitaron medidas civiles.


A su juicio, deben salvarse los problemas que genera la aplicación de la ley. Así, es urgente promover en el ámbito educativo un nuevo modelo de relación mujer- hombre modificando los viejos esquemas culturales.


También destaca la importancia de la sensibilización social que actualmente es muy escasa a la vista de la falta de apoyo por parte de familiares amigos y vecinos, a las mujeres maltratadas.


También es importante destacar que son escasas las medidas de prevención que la ley prevé y se aplican de forma desigual en las distintas comunidades autónomas (esto ha ocurrido, por ejemplo, con las pulseras electromagnéticas).


A juicio de su confederación un problema en la aplicación de la ley es el que provoca la falta de información en género de los operadores jurídicos que a veces, aunque no lo reconozcan, se hayan influidos por sus propios prejuicios de género.


Se ha demostrado la utilidad de los juzgados de violencia si bien es necesario crear más unidades de valoración integral del fenómeno con equipos multidisciplinares.


En este aspecto destaca la conveniencia de que la víctima pudiera recibir atención incluso antes de comparecer ante el juez.


Destaca, por otra parte, que no debería ser necesario acreditar la condición de víctima mediante la orden de protección para acceder a prestaciones y ayudas que la ley reconoce.


Otro problema que han detectado es que , en general, no se enjuicia la violencia habitual, sino episodios de agresiones puntuales, cuando lo cierto es que una mujer tarda una media de seis a siete años en denunciar la violencia que padece.


Concluye señalando que es necesario la especialización de los juzgados ya que cuando son juzgados de violencia emiten más sentencias condenatorias que si el tema es tratado por juzgados de lo penal.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios el señor Gonzalo Valgañón señala que, con relación al tema de las denuncias falsas, durante los treinta y cinco años que lleva ejerciendo la profesión de Abogado no se ha planteado con su conocimiento ninguna denuncia de esta naturaleza. La única estadística que se conoce sobre este tema es la facilitada por la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se aludía a un porcentaje de un 4%, el mismo que en cualquier otra clase de delito. Manifiesta que la mayor parte de las mujeres que pre

sentan denuncia no piden medidas civiles en la orden de protección, es decir, no buscan quedarse con la guar

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dia y custodia de los niños ni tener el uso del domicilio, lo cual es el mejor argumento para demostrar la escasa incidencia de denuncias falsas.


La asistencia jurídica previa es, a su juicio, muy importante ya que es la forma de que las victimas conozcan las consecuencias del procedimiento que se inicia. También es fundamental el asesoramiento jurídico especializado ya que es necesario un conocimiento jurídico de lo que inicialmente se está pidiendo en la orden de protección.


Por lo que se refiere al turno de oficio considera que el problema de los malos tratos está infravalorado. Le parece fundamental que el turno de oficio no sea el mismo para mujeres maltratadas y para presuntos maltratadores ya que esto resta credibilidad al profesional del derecho de cara a las víctimas.


A su juicio existe un problema de coordinación a nivel institucional para lo cual debe dotarse de más medios a las unidades de violencia de la Subdelegaciones del Gobierno encargadas de llevar a cabo funciones.


Por otra parte señala que, con relación al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la declaración de la mujer que se presta en presencia judicial debería servir como prueba anticipada para impedir la victimización secundaria.


También victimizan a la mujer los puntos de encuentro, donde se ve obligada a acudir con su hijos.


El tema de las mujeres muertas es muy duro de asumir sobre todo en el caso de las que habían interpuesto denuncia. Su asociación plantea, en este punto, hacer un seguimiento exhaustivo de cada uno de los asesinatos para que no vuelvan a fallar los mecanismos de protección. Destaca la importancia de poner en marcha las Unidades de Valoración Forense Integral ya que el juez es simplemente un jurista que necesita el asesoramiento adecuado.


Insiste en que la dualidad competencial de los juzgados de violencia de género con relación a cuestiones civiles, en la práctica no funciona bien y se esta desarrollando en perjuicio de la competencia civil que se tramita con mucha menos lentitud que en los juzgados de familia.


Insiste también en que la formación que deben recibir jueces y abogados no debe ser solo teórica y recomienda que estos profesionales tengan contacto durante un tiempo con las casas de acogidas de las mujeres maltratadas. También destaca la importancia de que se preste asistencia psicológica no solo a las mujeres sino a los menores ya que su situación no es de normalidad.


Finalmente señala que su asociación no esta satisfecha con la valoración policial del riesgo. Entiende que esa valoración debe hacerse en las Unidades de Valoración Forense que son multidisciplinares.


Doña Rosa Méndez Vila. Representante de la Asociación Crecer Sin Violencia.


La señora Méndez señala que la Asociación Crecer sin Violencia tiene como objetivo velar por los niños y niñas víctimas de violencia de género. Sus investigaciones han concluido que los menores que crecen en un hogar donde el padre ejerce violencia de género no son meros testigos pasivos, ya que aunque no reciban golpes físicos son víctimas directas. En el mismo sentido se han pronunciado la Asociación Americana de Pediatría y la UNICEF.


La ley integral ha supuesto un gran avance legislativo y reconoce en su exposición de motivos a los menores como víctimas, si bien apenas de ocupa de ello en su articulado. Esta invisibilización les hace especialmente vulnerables y les deja expuestos ante el agresor que les utiliza para controlar a la madre.


Por otra parte es fundamental tener en cuenta que los hijos son la pieza clave en la cadena de transmisión intergeneracional de la violencia ya que viven aprendiendo unas relaciones socio-afectivas insanas, donde impera la ley machista.


La mujer víctima de violencia debe verse protegida en todos estos aspectos.


En esta línea la compareciente señala que considera del mayor interés que el Observatorio estatal contra la violencia sobre la mujer haya decidido crear tres grupos de trabajo entre los que se encuentra uno sobre menores víctimas de violencia de género y otro sobre el pretendido síndrome de alienación parental.


Los sectores machistas se resisten a perder sus privilegios irrumpiendo en nuestra sociedad bajo un manto de principios de falsa igualdad que solo pretenden frenar los avances de los derechos de la mujer.


Los hijos se han convertido en la excusa perfecta de los agresores y machistas en general para mantener su control.


El pretendido Síndrome de Alienación Parental (SAP) inventado por Richard Gardner en Estados Unidos en los años ochenta, pretende acabar con la credibilidad de las víctimas de violencia machista.


Son múltiples las asociaciones internacionales que han rechazado la naturaleza científica de este concepto. Así la Asociación Española de Neuropsiquiatría , la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Nacional de Fiscales de Estados Unidos, la Asociación Americana de Psicología...


Destaca que un aspecto poco conocido del inventor del supuesto Síndrome de Alienación Parental es su lado pedófilo ya que justificaba las relaciones sexuales entre menores y adultos, considerándolas incluso positivas.


En nuestro país la aplicación del SAP está provocando que muchas madres pierdan la custodia de sus hijos o vivan bajo la amenaza de perderlo.
Gran parte del personal de recursos sociales que desempeñan sus funciones en los puntos de encuentro o en los equipos de mediación familiar siguiendo la teoría del SAP considera que el rechazo que presenta el hijo hacia el padre es debido a la manipulación de la madre.


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La ley integral debe atajar esta nueva forma de violencia de género.


Desgraciadamente el movimiento postmachista haciendo uso de mitos como la teoría del SAP está logrando formar desde su ideología a profesionales que tienen contacto con las víctimas, suscitando temas como el de las denuncias falsas que es otro mito desarrollado por Gardner.


En España se está aplicando la terapia de la amenaza en los puntos de encuentro familiares, los cuales son un recurso defendido y formado desde hace años por los grupos proSAP. Este hecho ya ha sido denunciado ante la fiscalía de menores de Valencia.


También convendría desenmascarar otros mitos como el de friendly parent, también inventado por Gardner según el cual la custodia debe concederse al progenitor que fomente las buenas relaciones con el menor. Esto que aparentemente es una idea razonable, lo único que garantiza, de acuerdo con los estudios de Joan Zorza en EE.UU, es que el maltratador continúe el contacto con su víctima y utilice a los hijos en las disputas por custodia.


La compareciente concluyó su intervención formulando una serie de propuestas:

- Que los hijos tengan consideración de víctimas directas en el articulado de la ley.


- Que las órdenes de protección y alejamiento se hagan extensivas a los hijos.


- Que la condena firme por maltrato suponga la supresión de la custodia.


- Que la admisión a trámite de una denuncia suponga la suspensión del régimen de comunicación y visitas.


- Que la condena por atentar contra la vida de la madre conlleve la privación de la patria potestad.


- Que expresamente sea rechazado el pretendido síndrome de alienación parental por parte de tribunales de justicia y organismos públicos.


- Que no se aplique la mediación familiar por ley en casos en los que no haya habido violencia.


- En los casos de violencia no haya derivación a los puntos de encuentro y a los servicios de mediación de menores

En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la señora Méndez Vila destaca la importancia de que se haga visible la problemática de los hijos e hijas de parejas en las que existe violencia de género. Los menores suelen ser utilizados por el maltratador y debemos avanzar en este campo en el que estamos muy lejos de otros países desarrollados. También es importante la asistencia psicológica de esos menores que, en muchos casos, padecen unas secuelas muy difíciles de superar sobre todo cuando tienen que dar cumplimiento a un régimen de visitas que, cada quince días como mínimo, les hace encontrarse, nuevamente, con el maltratador. En definitiva la asistencia psicológica es buena pero no es suficiente si se permite el contacto con el agresor. Desde el momento en que los niños entran en el punto de encuentro se ven forzados a tener una relación con el padre y cuando los niños padecen violencia y la madre lo denuncia a ella se la acusa de transmitirles miedo y hacerles víctimas del síndrome de alienación parental. El interés real del menor exige que se suspenda el régimen de visitas cautelar porque de otra forma se hace prevalecer el derecho del padre sobre el del hijo.


Por lo que se refiere al tema de la custodia compartida señala que por desgracia es un instrumento que utilizan muchos maltratadores o bien hombres que quieren sacar beneficio de la negociación de la separación.
La prueba de esto es que la mayoría de esos padres no se ha ocupado afectivamente del menor hasta el momento de solicitar la custodia compartida. La igualdad real debe entenderse como un trato desigual de lo que hasta entonces ha sido desigual.


Considera muy cuestionable la eficacia de los cursos para maltratadores que en ningún caso debería servir para suspender la pena.


Finalmente insiste en la importancia del factor de la educación y señala que la Ley Integral es una buena Ley, de la que hacen una defensa absoluta aunque no se está aplicando en todos sus términos.


9 de junio de 2009:

Doña Montserrat Gatell Pérez representante de la Associació Catalana de Municipis y Comarques.


La compareciente señala que, en su condición de diputada provincial y concejal del Ayuntamiento de Castellar del Vallés, intentará aportar una visión localista sobre la aplicación de la Ley de Violencia. La ACM a la que representa en su comparecencia es una entidad municipalista que proporciona servicios de asesoramiento y apoyo a los gobiernos locales tanto a través de comisiones internas como externas.


El primer problema real con el que, a su juicio, se han encontrado, a la hora de encontrar políticas de igualdad, es el cambio ideológico-cultural que aún debe producirse. Señala, por ejemplo, que cuando se pregunta a los ciudadanos sobre los temas que más les preocupan, la violencia de género nunca ocupa ni la mitad de los puestos de la tabla. Por eso, entiende, que las políticas de protección a las mujeres deben ocupar una posición prioritaria en el ámbito de actuación de los municipios, aprovechando las circunstancias de cada territorio.


A su juicio, es interesante, que la institución que dicte las normas esté próxima al territorio.


A partir de la ley 5/2008 de 24 de abril sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista la Generalitat de Cataluña actúa a través de distintos instrumentos. Así, existe una red de atención y recupera

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ción de mujeres que padecen violencia machista, financiada por un conjunto de recursos públicos distribuidos en función de las características de los municipios, ya que no es igual atender a una víctima que vive en Barcelona que a la que reside en un entorno rural.


La mayor parte de las víctimas acuden directamente a sus ayuntamientos para ser asistidas por los servicios sociales o incluso por la Policía Local. En muchos casos el ayuntamiento carece de los recursos necesarios para hacer frente a este problema. En los entornos rurales, aún es más difícil acceder a los servicios básicos porque el entorno también es más hostil.


A su vez los juzgados de violencia de género se encuentran colapsados. Las unidades de violencia en las Subdelegaciones de Gobierno no son igualmente efectivas en todas las comunidades autónomas. En algunas se duplican estructuras ya existentes malgastando esfuerzos, recursos y estructuras.


Algunos ayuntamientos destinan buena parte de sus esfuerzos al ámbito de la educación con programas preventivos y de sensibilización en el ámbito de la educación secundaria.


Finalmente señala que desde su perspectiva municipalista, consideran que las leyes deben acercarse al territorio a través de las comunidades autónomas y los ayuntamientos dotando a estas instituciones de los recursos necesarios.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios, la Sra. Gatell Pérez señala que la Ley Integral es correcta pero insuficiente ya que en muchos puntos es inconcreta y presta sólo marcos de referencia. Por otra parte, existe una falta de coordinación entre las Administraciones, siendo los Ayuntamientos los que proporcionan, en primera instancia, atención a la mujer maltratada. Es necesaria la coordinación con las CCAA, por ejemplo, para hacer campañas de sensibilización en los institutos.


Por otra parte, considera que existe poca información hacia las mujeres víctimas de violencia que, en muchos casos, no tienen claro cuáles son sus derechos ni que recursos pueden emplear. Tanto el Estado como las CCAA deben legislar, pero de forma coordinada. En Cataluña, por ejemplo, no existe un centro de atención a la mujer maltratada en todos los municipios, ya que muchos son muy pequeños y no tienen suficiente dotación presupuestaria; en consecuencia, esos servicios se prestan con los medios de que se dispone, que en la mayoría de los casos son insuficientes.


Destaca que las dificultades son muchas, pero también es mucha la voluntad. Los medios son insuficientes en lo que se refiere, especialmente, a los Ayuntamientos.


En Cataluña la Ley del Derecho de las Mujeres a la Erradicación de la Violencia Machista ha propuesto un despliegue de los SIAC (Servicios de Información y Atención a las Víctimas) en todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Para ello se ha tomado como base los municipios de más de 20.000 habitantes, recurriendo a servicios comarcales o mancomunados en aquéllos territorios que carecen de municipios con ese número de habitantes. Actualmente estos SIAC se están implantando en zonas en las que antes no existían.


Doña Ana Peláez Narváez. Comisionada de Género del Cermi.


La compareciente señala que más de la mitad de la población que tiene discapacidad son mujeres; aproximadamente un 60%.


Considera que el tema de violencia de género se agrava mucho más cuando nos hayamos ante personas incapacitadas las cuales padecen, normalmente, baja estima, ausencia de autonomía personal, imposibilidad de acceder a un empleo remunerado y dependencia de su agresor.


La participación del Cermi en el trabajo de desarrollo de la Ley contra Violencia de Género posibilitó incorporar diferentes menciones de las mujeres discapacitadas en la ley. Así, el artículo 3.3 establece que las campañas de información han de ser accesibles a estas mujeres, aunque desgraciadamente esto todavía no se ha producido.


Otros artículos hablan de la especial atención que debe prestarse a este colectivo con sistemas de protección y atención específica. También es muy importante que la formación profesional tenga en cuenta la discapacidad, misión que ya ha iniciado el Observatorio de la Mujer, el Ministerio de Sanidad y Consumo.


La compareciente considera que, a pesar de los retos pendientes el avance que se ha producido es importante, al haberse reconocido la discapacidad en la ley. También destaca el hecho de que el Observatorio Estatal de violencia contra la mujer haya concedido dos vocalías al Cermi lo que permite incidir más en el tema de la discapacidad.


Así, dentro del Observatorio se están adoptando medidas muy positivas, incorporando indicadores relativos a la discapacidad para que los datos que aparecen en los informes periódicos den cuenta de esa situación. No obstante, todavía existen obstáculos ya que los estudios del Observatorio Estatal muchas veces no incorporan los indicadores. Consideran que es fundamental desarrollar un estudio que permita conocer cual es realmente la situación de las mujeres con discapacidad que padecen violencia de género.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios, la Sra. Peláez Narváez señala que para las mujeres discapacitadas las campañas de los medios de comunicación muchas veces no son accesibles por lo que ha de hacerse un esfuerzo en este sentido.
También estima conveniente que esas campañas las protagonicen mujeres discapacitadas para que realmente conecten con la población de esta naturaleza.


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Señala que el trabajo del Observatorio ha sido interesante y ha permitido la colaboración del Cermi, si bien estima que es imprescindible que los informes que salgan de ese observatorio contemplen los indicadores relativos a las mujeres discapacitadas. Actualmente se ha creado un grupo de trabajo específico en materia de discapacidad con el objeto de realizar un estudio específico de diagnóstico. También señala la importancia de que se forme a los profesionales que intervienen en este ámbito con relación a las mujeres discapacitadas.


Manifiesta, por otra parte que, a su juicio, la sociedad todavía no tiene percepción de la inmensa vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad, aunque esa realidad empieza a cambiar a nivel social. El Cermi no recibe contraprestación económica, pero siempre estará dispuesto a participar en Congresos, Seminarios o Plataformas de interlocución política.


Por lo que refiere a los datos disponibles, destaca un informe del Eurostat que hablaba de que el 40% de las mujeres con discapacidad, sufría, sufre o sufrirá, alguna vez en su vida, una situación de violencia. Insiste en la necesidad de que se procure más formación en el tema de discapacidad a las personas que se ocupan del tema de violencia de género. En este sentido destacó el Convenio firmado por el Cermi y el Ministerio de Igualdad para impulsar estudios específicos que hagan un diagnóstico adecuado de la situación real. Señala la importancia de que el número 016 sea accesible a las mujeres con discapacidad, compromiso que ya se ha contraído.


En el marco del Plan de Acción de Mujeres con Discapacidad estima que es necesario crear materiales accesibles y de formación dirigidos a las propias mujeres con discapacidad para que sean capaces de identificar su propia situación de violencia.


Por otra parte manifiesta que España es un país puntero en el compromiso hacia las personas con discapacidad como ha demostrado el hecho de que se hayan ratificado diversos textos internacionales sobre este tema.


Por lo que se refiere a la forma de abordar la violencia de género de las mujeres discapacitadas en entornos cerrados y segregados manifiesta que, a su juicio, deben ser las organizaciones de personas con discapacidad las que asuman esa responsabilidad, aunque lógicamente con el apoyo económico necesario.


Finalmente, señala que existen medidas como el acceso a viviendas de protección oficial, el acogimiento en casas especializadas que deber ser universales para todas las mujeres, incluyendo las discapacitadas.


Doña Ana María Pérez del Campo. Presidente de la Federación de Asociaciones de mujeres separadas y divorciadas.


La compareciente acude a la comisión en representación de su asociación que nace en 1973 y destaca, en primer lugar, que hay tres leyes fundamentales en el ordenamiento sobre las que construir la igualdad real: la Ley de Divorcio, la de Medidas Contra la Violencia de Género y la de Igualdad.


Entiende que la participación del feminismo ha sido decisiva para conseguir muchos objetivos a los que se oponía un sistema patriarcal. La ley contra la violencia de género ha sido un logro por el que las mujeres han luchado infatigablemente durante años por lo que cualquier modificación que signifique cambiar su filosofía, traicionaría los legítimos intereses de las mujeres.


A su juicio, las dificultades que se imputan a la ley no se encuentran en esta si no en su interpretación que de no ser correcta la podrían convertir en un instrumento inoperante.


La ley ha despertado una gran reacción , desatando una catarata de nuevos mitos contra las mujeres, tales como la atribución de denuncias falsas a las víctimas de violencia , lo cual es un montaje para llevar confusión a la población.


En este sentido, el máximo ardid, es el famoso síndrome de alienación parental (SAP), desarrollado por el médico forense americano Richard Gardner, el cual con el fin de favorecer a sus pacientes implicados en casos de pederastia y malos tratos elaboró la teoría de que los hijos de matrimonios rotos por violencia de género mostraban resistencia para comunicarse con sus padres y quedaban intelectualmente mal dispuestos contra su padre por instigación de la madre.


La esencia del SAP es la de que en contextos de disputa judicial por la custodia de hijos menores, la madre los manipula para que odien al padre, como si esto fuera sencillo con un buen padre.


La Asociación Médica Americana declaró del 1998 que "el trabajo de Richard Gardner jamás ha sido revisado ni reconocido siendo él mismo el editor de sus propios trabajos".


Igualmente al Asociación Americana de Fiscales y la Asociación Nacional de Jueces de Familia y Juventud de Estados Unidos han negado rotundamente la solvencia del SAP. Tampoco lo reconocen la Organización Mundial de la Salud ni ningún directorio de Patología Mental por carecer del más mínimo rigor científico.


En España, desgraciadamente, el invento del SAP está en plena ebullición y cada vez con mayor frecuencia, en un buen número de juzgados de familia o de violencia de género, psicólogos vinculados a asociaciones del contramovimiento ( activismo contra las Leyes de Medidas Contra la Violencia de Género, Divorcio e Igualdad) lo alegan. Ello implica que algunos jueces asuman las directrices del SAP basándose en los informes de esos psicólogos que les llevan a aplicar la terapia de la amenaza y la coacción contra las mujeres, tal como recomendaba Gardner. Incluso han llegado a privar a la madre de la convivencia y de la custodia de los hijos que transfieren al progenitor agresor llegando al punto de exigir que la mujer se someta a tratamiento psicológico bajo la dirección de expertos del SAP.


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La asociación Española de Neuropsiquiatría ha declarado que el SAP fue construido por medio de falacias y es usado, en muchos casos, para disuadir a las mujeres de abandonar a su pareja.


En este ámbito de desarrollo de las teorías que defienden el SAP, la compareciente señala que se va a celebrar un congreso internacional los días 17 a 19 de septiembre en León. Lo que comunica a los grupos políticos para que hagan uso de ese dato del modo que les dicte su buen sentido.


Por otra parte, la compareciente se refiere al tema de la mediación familiar, los puntos de encuentro y la custodia compartida. Señala que pretenden que se modifique la actual regulación de la custodia compartida, reconocida en la última reforma de la Ley del Divorcio. La reforma supondría imponer con carácter automático ese tipo de custodia, derogando la norma que impide la concesión cuando hay indicios de violencia.


Finalmente la compareciente formula una serie de propuestas:

- Las víctimas de violencia de género necesitan atención psicológica y jurídica con carácter previo. La orden de protección debería concederse ad cautelam, en principio por dos meses, con el fin de que ellas puedan recibir la atención que necesitan.


- Los jueces y demás personal especializado en los juzgados de violencia de género deberían recibir información específica para evitar victimizaciones secundarias.


- Recursos como lo puntos de encuentro o la mediación familiar no deben dejarse en manos de empresas privadas que hacen negocio con la violencia que padecen las mujeres.


- La custodia compartida debe desaparecer tras la consiguiente reforma de la Ley de Divorcio. La custodia debe ejercerla el progenitor más adecuado, precisamente en interés del menor.


- Los abogados que atiendan temas de violencia de género deben recibir una formación con supervisión externa, dependiente del Observatorio de violencia de género del Ministerio de Igualdad. A su juicio sería oportuno contar con dos turnos de abogados: uno para la acusación de la víctima y otro para la defensa del acusado.


Finalmente la señora Pérez del Campo cuestiona el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al cónyuge no declarar, y al que se acogen con frecuencia las víctimas cuando continúan casadas con el agresor en el momento del juicio.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios, la Sra. Pérez del Campo señala que aunque toda ley es susceptible de mejora la Ley Integral ha supuesto un gran avance. Con relación a la optimización de los recursos considera fundamental el seguimiento de su aplicación. Le parece esencial contar con un mapa de recursos para saber con qué medios realmente se cuenta.


También es fundamental la formación de los servicios sociales porque el problema del desconocimiento de la violencia de género afecta a la propia estructura del sistema y nos hayamos ante una ley revolucionaria. Es preciso educar en ciudadanía y en el respeto entre el hombre y la mujer.
La educación en este sentido debe extenderse a todos los ámbitos sociales y educativos.


Con la violencia de género no se puede comercializar porque es una cuestión de justicia. Esto descalifica, a su entender, a los puntos de encuentro gestionados por empresas que tienen como principal objetivo obtener beneficios.


Con relación al tema de la guardia y custodia compartida, le parece muy difícil de llevar a la práctica ya que parte de situaciones idílicas y en la mayor parte de los casos inexistentes.


Por lo que respecta al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, considera que esta es la disposición que debe ser modificada, no la Ley de Medidas, también estima que es necesario que se modifiquen los artículos 770 y 777 de ese texto legal.


Insiste en la necesidad de que las mujeres reciban atención psicológica antes de interponer la denuncia que en muchos casos no pueden formular en el momento de la agresión debido a su lamentable estado psicológico.


Finalmente, denuncia la manipulación que se produce cuando se acusa a las mujeres de interponer denuncias falsas.


23 de junio de 2009:

Doña Montserrat Vila Planas. Representante de la plataforma Unitària contra la Vilènces de Gènere.


Destaca la importancia de que la Comisión recabe toda la información posible de las asociaciones de mujeres que están cerca de las víctimas de violencia.


Junto a las normativas internacionales la compareciente destaca la aprobación por el Parlamento español de la Ley Integral de Medidas Contra la Violencia de Género, la cual declara en su preámbulo que este es un problema que excede al ámbito privado y se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad que existe en nuestra sociedad.


La violencia contra las mujeres es un problema de desigualdad ya que es un abuso de poder y no es posible el abuso entre iguales. Por eso, considera, que no erradicaremos la violencia machista si no cambiamos el modo de relacionarnos entre hombre y mujeres excluyendo definitivamente las formas de sociedad patriarcal.


La mentalidad y las ideas, por desgracia, no avanzan al mismo ritmo que las leyes y los cambios políticos. Aún existe una gran tolerancia ante las agresiones a las mujeres y nos queda mucho camino por recorrer.


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Investigaciones recientes muestran incluso la presencia de violencia dentro de la Universidad, lo cual desmiente la teoría de que con cultura es posible superar el machismo.


Enuncia algunos aspectos en los cuales, a su juicio, sería necesario reforzar la ley:

- Ampliar los horizontes de las campañas de sensibilización y prevención, desvelando las verdaderas causas de la violencia. En este ámbito es necesario trabajar desde la infancia para construir relaciones igualitarias.


- Necesidad de proporcionar protección y tratamiento psicológico con carácter previo a la denuncia, sin que esta sea imprescindible para acceder a los recursos. Las mujeres necesitan recuperar su fuerza e independencia para ser capaces de denunciar.


- La recuperación debe atenderse desde un punto de vista integral contemplando las especificidades de los distintos grupos de víctimas (mujeres discapacitadas, inmigrantes, drogodependientes...).


- Necesidad de que existe una financiación suficiente para que los centros de recuperación integral sean una realidad en todas las Comunidades Autónomas.


- Evaluación de los recursos empleados para definir prioridades.


- Formación de las personas que trabajan en este ámbito en cualquiera de los sectores implicados: servicios sociales, salud, seguridad, justicia, educación, medios de comunicación...


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios, la Sra. Vila Planas señala que el problema de la violencia contra las mujeres es extraordinariamente complejo porque es estructural y viene siendo arrastrado por la sociedad desde hace mucho tiempo. En consecuencia, la Ley es una herramienta que a largo plazo facilitará el cambio pero que tampoco puede solucionar todos los problemas. No obstante, a su juicio, ya es muy valioso el hecho de que se pueda discutir sobre violencia de género, lo que hace unos años habría sido impensable.


Por lo que se refiere a Cataluña considera que la Ley de esta Comunidad Autónoma goza de más proximidad que la Ley estatal, lo cual es positivo.


Efectivamente existen muchas carencias: Los juzgados son insuficientes, las mujeres carecen de la suficiente información y siguen existiendo casos en los que se realiza una invisibilización de las víctimas de forma injusta.


La formación que reciben los jueces entiende que es insuficiente, por lo que también debería insistirse en este punto. Destaca también la influencia de los medios de comunicación en la formación de parámetros sociales.


También entiende que es necesario cambiar la mentalidad en los ámbitos universitarios.


Por lo que respecta a la rehabilitación de los maltratadores considera que es un tema polémico, ya que es muy difícil conseguir este objetivo.


Por lo que se refiere al tema de la crisis económica manifiesta que incide directamente en la violencia de género, por lo que habrá que procurar que no se den pasos hacia atrás.


Finalmente, insiste en la importancia de la formación del profesorado y señala que, a su juicio, es tan importante la formación en matemáticas como la formación en valores.


Doña María Naredo. Representante de Amnistía Internacional.


La compareciente señala que Amnistía Internacional ha seguido con mucho interés tanto la tramitación como el desarrollo de la Ley de violencia.


Consideran que hay muchas manifestaciones de violencia de género que sin embargo desbordan el ámbito de la ley integral. No obstante consideran que la ley ha sido un importante avance que merece ser asumido para intentar hacer realidad los derechos que en ella se reconocen.


Entre los ámbitos que su organización ha evaluado destaca el de la investigación del fenómeno. En este punto considera que cuatro años después de la aprobación de la ley todavía no existe una investigación que arroje una cifra exacta sobre el fenómeno de la violencia de género.


Destaca también la importancia de que en el ámbito sanitario, el personal, se encuentre suficientemente preparado, lo cual no ocurre en la actualidad ya que este tema avanza de forma muy desigual en cada una de las Comunidades Autónomas.


Señala por otra parte la necesaria transversalidad de algunos planes. Así por ejemplo destaca que el Plan Nacional de Salud Mental, debería estar dotado de esa transversalidad, estando este sector, actualmente, todavía menos preparado que el de Atención Primaria.


También señala que es muy importante el tema de la accesibilidad ya que muchas víctimas se están quedando fuera del acceso a los recursos especializados por no haber presentado la denuncia. A su entender, en este punto existen discrepancias en la normativa de las diferentes Comunidades Autónomas ya que algunas reconocen la posibilidad de que un informe médico o social acredite la existencia de violencia. El acceso a los recursos de mujeres drogodependientes, alcohólicas o que padecen VIH tampoco ha mejorado. Por regla general no acceden a los centros generalizados y tampoco tienen centros específicos.


También es mejorable la asistencia letrada especializada que debería prestarse con carácter previo para que la mujer pueda preparar su denuncia. Tampoco existen estudios que reflejen el número de letrados necesario para componer los turnos de guardia y asumir la atención inmediata.


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Considera que las órdenes de protección no están ofreciendo la respuesta adecuada. Tenemos datos de mujeres que han denunciado incumplimientos con una respuesta muy escasa.


Los juzgados de violencia han sido un hito muy importante aunque entiende que la formación de los jueces, en buena parte sigue pendiente, hecho que revela el dato de que el 46% de las denuncias es archivado.


Tampoco se atiende, suficientemente, la cuestión de los intérpretes judiciales habiéndose dado casos, especialmente con mujeres de países árabes, en los que el intérprete ha recriminado a las víctimas por haber presentado la denuncia.


Finalmente manifiesta que es importante considerar que la cuestión de la reparación es una laguna que necesita ser cubierta de cara a una completa recuperación ya que en muchos casos los agresores de declaran insolventes.


Existe también insuficiencia de medios en las garantías de las víctimas que proporcionan los agentes encargados de su protección.


En definitiva la ley ha constituido un gran reto que debe permitir ir salvando obstáculos para poder avanzar.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la señora Naredo señala que es necesaria una mayor dotación presupuestaria para el desarrollo de la Ley. Esto es, a su juicio, un problema prioritario. Por otra parte manifiesta que existen asimetrías en el desarrollo de la Ley en los territorios de las correspondientes Comunidades Autónomas cuando deberían establecerse unos estándares mínimos. En este sentido considera que los modelos de Cataluña y Euskadi podrían extenderse a otros territorios del Estado. Entiende que se trata en muchos casos de competencias compartidas y de corresponsabilidad financiera si bien siempre que se habla de planes nacionales es necesario considerar al mismo tiempo cómo se van a dotar presupuestariamente.


Insiste también en la necesidad de que los juzgados no estén tan colapsados y se plantea el problema de que las medidas relacionadas con las sentencias de divorcio se estén sustanciando en los Juzgados de Violencia. Esto, a su entender, sobrecarga de trabajo a estos juzgados e impide que la resolución de los delitos se realice de forma diligente.


Desde Amnistía Internacional procuran escuchar a las víctimas cuyas voces entienden que son claves.


También destaca la necesidad de incidir en la formación de personal implicado en el campo de la violencia de género no solo en el ámbito judicial sino también por lo que se refiere a los abogados que desempeñan el turno de oficio.


Finalmente señala la importancia de que el Estado se haga garante de la rehabilitación de las víctimas igual que sucede con las víctimas del terrorismo.


Doña Isabel Llinas. Exdirectora General de la Mujer de Baleares.


Manifiesta la importancia de la Ley de Violencia de Género y del trabajo realizado en los últimos años en todas las administraciones incluida la municipal. A su juicio ha faltado una labor de coordinación y liderazgo por parte del Gobierno Estatal lo que ha desembocado en una cierta desigualdad para las víctimas basada en la comunidad autónoma en la que son residentes.


Las comunidades autónomas han realizado un importante esfuerzo tanto humano como económico para desarrollar el Plan nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. No obstante, la dotación económica del plan ha resultado insuficiente.


En materia de educación, la mayoría de las comunidades autónomas han desarrollado actuaciones generalmente puntuales y no integradas dentro del curriculum escolar estable.


También queda mucho trabajo por hacer en el ámbito de los medios de comunicación. En este punto merece destacarse el acuerdo firmado por la Vicepresidenta Primera del Gobierno, por la Corporación de Radio Televisión Española y Forta que aglutina a todos lo entes autonómicos para su autorregulación en el tema de violencia de género.


Por lo que se refiere al ámbito sanitario es importante la formación específica de los profesionales para la detección e intervención en los casos de violencia.


También es fundamental que se potencie el turno de oficio ya que, en muchos casos, las mujeres acuden al juzgado sin asesoramiento previo. Una buena práctica es la que existe en Baleares donde se ha establecido un turno específico para víctimas de violencia.


También ha sido desigual el derecho a una ayuda económica que la ley reconoce. En este punto se ha echado en falta un cierto liderazgo por parte el Gobierno de la Nación ya que es el Estado quien reintegra a las comunidades autónomas el importe que estas adelantan a las beneficiarias.


La Delegación Especial del Gobierno Contra la Violencia sobre la Mujer y el Observatorio estatal de Violencia considera que son instrumentos útiles de coordinación y análisis sobre violencia de género.


En lo relativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entiende que los recursos son muy escasos y en muchos casos se ven suplidos por la buena voluntad de los agentes.


Finalmente, a su juicio, el área donde las carencias son manifiestamente mejorables, es el área judicial ya que muchos juzgados de primera instancia e instrucción entienden de violencia de género sin verse relevados de su carga de trabajo ordinario.


Finalmente destaca que, otro de los puntos débiles de la aplicación de la ley es la reinserción de los maltra

tadores. Estima que los cursos deberían ser obligatorios

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para todos los condenados y accesibles no solo para los que están internos en centros penitenciarios.


En el turno de contestación a las preguntas de los representantes de los Grupos Parlamentarios la señora Llinas señala que los medios de comunicación tienen un papel fundamental, no solo en la información, sino también en la formación de la sociedad. El tratamiento que se da al tema de violencia de género es, a su juicio, totalmente inadecuado. Es importante mandar a las mujeres el mensaje de que existe esperanza y de que los agresores deben cumplir sus condenas.


Los maltratadores deben ser reeducados y eso debería ser obligatorio.


Por otra parte, considera que los hijos de las mujeres maltratadas no están suficientemente protegidos. Es necesario que las mujeres puedan reinsertarse social y laboralmente, utilizando para ello, el tiempo que sea necesario, las casas de acogida. En Baleares incluso existe la posibilidad de acudir a pisos de protección oficial cuando las mujeres abandonan las casas de acogida. Esta medida ha dado un excelente resultado.


Por lo que se refiere a la asistencia de letrado, debería ser inmediata y especializada. En concreto en Baleares, existe un turno específico aunque no es suficiente, ya que lo ideal sería que el asesoramiento legal fuera previo a la interposición de la denuncia.


Por lo que se refiere al Plan Nacional de Sensibilización, debe hacerse un esfuerzo importantísimo a pesar de las desigualdades existentes entre las CCAA. Insiste en la desigualdad territorial que padecen las víctimas según vivan en una Comunidad Autónoma o en otra, lo que supone una clara falta de equidad que debería solventar el Estado.


Finalmente insiste en la importancia de la educación desde las primeras etapas de la educación preescolar.


22 de septiembre de 2009:

Doña Gemma del Corral Parra. Directora General del Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga.


La compareciente manifiesta a la Subcomisión que el Ayuntamiento de Málaga lleva desempeñando políticas de igualdad desde hace más de 10 años.


Por otra parte, señala que su punto de vista, es el de las administraciones locales que son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, lo que justifica el hecho de que un 90 por ciento de las mujeres que acuden a pedir ayuda lo hagan a los centros de la mujer de los ayuntamientos.


Destaca la importancia de que todos los esbozos se encaminen a proporcionar a la mujer víctima del maltrato una atención social integral, tal como reconoce la ley.


En el Ayuntamiento de Málaga se pusieron en marcha desde 1998 servicios urgentes de atención a las mujeres maltratadas. En este orden se instauró el primer teléfono de 3 cifras en España. A su vez el Suamm creado hace 10 años, es uno de los pocos servicios del país que presta su atención socio-jurídica 24 horas al día y 365 días al año, a través de un equipo multidisciplinar.


De las estadísticas que se extraen del funcionamiento de estos servicios se deduce que si bien las denuncias subieron sustancialmente del 2003 al 2004 han bajado del año 2007 al 2008. Tres causas fundamentales explican, a su juicio, este dato:

- Las víctimas no aceptan la imposibilidad de retirar la denuncia en caso de cambio de opinión, por lo cual cuando se les informa de esta prescripción legal deciden no interponer la denuncia.


- Los recursos que deben garantizar la atención social integral, desde el momento inicial son limitados.


- Existe una relación directa entre la disminución del número de denuncias y la crisis económica.


A su juicio es fundamental tener en cuenta que la lucha contra los malos tratos se debe ganar antes de llegar a la vía judicial. Por eso se debe apostar por la educación preventiva, las campañas de sensibilización y educación y la inserción laboral. En este punto, el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha un proyecto en una planta denominada "Los Ruices" destinada al reciclaje de envases. Los 26 puestos de trabajo que se han generado en esta planta se destinan exclusivamente a mujeres víctimas de violencia o en especiales dificultades.


El presupuesto que destina el Ayuntamiento de Málaga al Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer, también se ha visto incrementado, notablemente, pasando de 300.000 ? en 1998 a 1.200.000 en la actualidad.


En esta línea, al amparo de la última convocatoria del Plan Nacional, se creó un servicio de asesoramiento integral para mujeres inmigrantes víctimas de violencia, el cual se realiza en varios idiomas.


También merece la pena destacar el proyecto Gecor Mujer que es una aplicación informática para la atención inmediata de mujeres víctimas de violencia.


Entre las propuestas que formula a la Subcomisión se encuentra la de garantizar la atención social integral incluso desde antes de la interposición de la denuncia.


También propone que se fomente la coordinación entre las diversas Administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo a la Policía Local.


Finalmente incide en la importancia de que se establezcan unos estándares mínimos de disponibilidad y accesibilidad de recursos en todo el territorio nacional así como una mejora en el sistema de recogida de datos y en la publicación de informes y estadísticas fiables.


En el turno de contestación a las preguntas de los portavoces, la Sra. del Corral Parra señala que de su experiencia deduce que las mujeres no interponen la

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denuncia con ánimo de venganza, con lo cual en muchos casos es necesaria la puesta en marcha de un servicio de atención integral incluso antes de la interposición de la denuncia que les haga comprender todo el proceso y las ayude a formularla. Como representante de una administración local considera que son estos servicios los que están a pie de calle y los primeros que prestan atención a la mujer.


Con relación a la Ley, señala que sin duda es bueno y supuso un importante avance aunque es necesaria una mayor coordinación entre los distintos servicios territoriales dedicados a este tema.


Es importante, a su juicio, no victimizar a las mujeres que padecen violencia de género. Estima que adscribirles un policía permanentemente debe ser un recurso al que acudir sólo en los casos de máximo riesgo, ya que las víctimas quieren seguir llevando una vida normal. Estima que realmente debe vigilarse a los maltratadores que son los que deben llevar los dispositivos de seguimiento de forma obligatoria.


Destaca también, el hecho de que la celeridad de los procedimientos hace que en muchos casos se basen, únicamente, en el testimonio de la víctima y del maltratador, siendo sobreseídos por falta de pruebas. Esto hace que al no producirse sentencias condenatorias se haga llegar a la opinión pública que existen muchas denuncias falsas lo que debilita la aplicación de la Ley.


Destacó también la importancia de incidir en el tema de violencia en el medio rural así como el hecho de trabajar con maltratadores para intentar rehabilitarlos.


Insistió, igualmente, en la importancia de la prevención a través de la educación. Finalmente destacó el hecho de que las unidades forenses están colapsadas en este momento por lo que deberían potenciarse las corporaciones locales y los centros de la mujer.


Doña Inmaculada Gimeno Mengual. Coordinadora del Área del Donna de la Intersindical Valenciana.


La compareciente señala que la Intersindical Valenciana está integrada por sindicatos de diferentes sectores públicos y privados, aunque su valoración de la ley no desea que se centre exclusivamente en el punto de vista laboral.


Al ser su organización confederada, su experiencia se excede del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.


A su juicio la violencia contra las mujeres es una manifestación de su subordinación social y cultural respecto a los hombres. Esa violencia tiene una triple dimensión: individual, social y cultural. Este último aspecto, a su entender, se encuentra poco reflejado en la ley integral cuando lo cierto es que es fundamental educar al conjunto de la sociedad mediante campañas de sensibilización.


Entiende que nos hayamos inmersos en una sociedad patriarcal que exige cambios totales de mentalidad instados por las Administraciones Públicas.


En esta línea señala que la imagen de la mujer que ofrecen los medios de comunicación es vejatoria y sexista y que deberían prohibirse los "anuncios de contactos" que se publican en la prensa escrita.


El modelo educativo debe estar basado en el respeto a la diversidad y lo cierto es que el profesorado tiene muchas carencias en lo que se refiere a la formación en género.


Desde el punto de vista laboral la realidad es que muchas víctimas de maltrato encuentran grandes dificultades a la hora de conservar su puesto de trabajo (dificultad para trasladar el lugar de trabajo cuando ello es necesario, negocios compartidos con el maltratador...) y las ayudas que encuentran son insuficientes.


La actual crisis económica agrava esta situación imponiendo a muchas mujeres víctimas de maltrato situaciones de desprotección total, con pagos inasumibles y cargas familiares. Es preciso asistir a estas mujeres a las que queremos convencer para que denuncien.


La Red Asistencial es desigual en los territorios de las diferentes Comunidades Autónomas y tampoco existe la suficiente coordinación en las Administraciones Locales ni entre la Policía Local y otros Cuerpos de Seguridad.


Son necesarios más juzgados de violencia y además, en muchos casos, su personal adolece de la formación necesaria.


En el trabajo estadístico que realiza la delegación del gobierno para la violencia de género, en su organización han echado en falta la falta de estadísticas sobre mujeres muertas a causa de lesiones sufridas por malos tratos así como sobre las que quedan gravemente discapacitadas.


Finalmente destaca la insuficiencia en los recursos económicos que cada año el Estado dedica a estos fines.


En el turno de contestación a las preguntas de los portavoces la Sra.
Gimeno Mengual señaló que es necesario prestar un apoyo general a las mujeres maltratadas para que estas no retiren sus denuncias y puedan seguir con su vida normal. Considera que antes de llegar al juicio habría que dar valor a la declaración de la mujer realizada en comisaría ya que, en muchos casos al llegar al juicio la mujer se encuentra con el maltratador, se siente indefensa y se acoge al derecho de no declarar contra su cónyuge.


Destaca también la importancia de que exista equidad en la prestación de servicios en todas las Comunidades Autónomas. A su juicio es imprescindible que se impliquen en esta batalla todas las administraciones.


29 de septiembre de 2009:

Doña Cristina Pérez Fraga. Presidenta de la Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación (AMECO) y Directora de la Agencia de Comunicación de Género (AMECO PRESS).


Doña Cristina Pérez Fraga destaca la importancia de los medios de comunicación como instrumento de

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declaración de opinión pública. Entiende que los medios son suministradores de cultura dominante ya que conforman y difunden modelos de comportamiento sexista, porque la cultura dominante es sexista.


Subraya la importante responsabilidad social que los medios de comunicación ostentan en el tema de violencia de género; en este sentido recuerda el caso de Ana Orantes asesinada en diciembre de 1997, a manos de su torturador, poco después de haber aparecido en un programa televisivo. Entonces, se despertaron todas las señales de alarma sobre el papel que los medios de comunicación jugaban en el tratamiento de la violencia de género. No obstante, hechos similares han vuelto a producirse; así en noviembre de 2007 con el caso de la joven Svetlana Orlova o incluso, recientemente, en el terrible asesinato de Marta del Castillo.


Los intentos de autorregulación de los medios que se han llevado a cabo han sido limitados y en muchos casos no se han cumplido ni siquiera los acuerdos de mínimos. La Comisión de Expertos que se constituyó para abordar el tratamiento informativo del maltrato se ha convertido en una Comisión inoperante que nunca se reúne. En definitiva tanto la Administración como la sociedad solo reaccionan ante los modos, poco correctos, con los que los medios abordan la violencia contra las mujeres cuando sucede un hecho excepcional que convulsiona la conciencia colectiva.


Don acuerdo con las afirmaciones del Secretario General de la Federación Internacional de Periodistas para las noticias sobre violencia contra las mujeres, Aidan White, este tipo de información requiere tres cualidades: profesionalidad, humanidad y respeto.


Los artículos 13 y 14 de la Ley Integral, en los que se hace referencia a los medios, son manifiestamente insuficientes.


Insiste en su opinión de que la confluencia entre violencia de género y medios de comunicación es un viaje a ninguna parte, como pone de manifiesto el tratamiento informativo que se dio a la visita oficial del Presidente Francés y su esposa realizada recientemente.


Considera que en buena medida la falta de un tratamiento razonable en estos temas se debe a la escasez de presencia femenina en los tramos finales de toma de decisiones de las empresas mediáticas.


Por otra parte, se detiene a examinar el tema de las denuncias falsas las cuales considera excepcionales; igualmente entiende que es preciso desacreditar el mito de la violencia consentida.


Los medios deben devolver a las mujeres su voz y dignidad, tratándolas como a supervivientes para las cuales es posible un futuro mejor.


El trabajo informativo debería ser capaz de tocar la conciencia social para que no se acomode, haciendo visibles a los maltratadores y asumiendo su gran responsabilidad.


Finalmente concluye su intervención desmintiendo la veracidad de otro de los neo-mitos de más frecuente utilización; en concreto, el Síndrome de Alienación Parental, que no ha sido reconocido por ninguna organización profesional seria.


En el turno de contestación a las preguntas de los portavoces, la Sra.
Pérez Fraga se refiere a la existencia de códigos deontológicos para los grupos mediáticos que normalmente no se cumplen. En la Asociación de la Prensa de Madrid, se firmó un código de mínimos que en general se ha incumplido en todos sus términos. Por eso, considera que los poderes públicos deben establecer una regulación que genere sanciones en casos de incumplimiento.


Don Guillermo Portero Lazcano. Jefe de Servicios Clínicos del Instituto Vasco de Medicina Legal de Vizcaya y Miembro del Grupo Técnico Interinstitucional de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional.


El compareciente señala que en la comunidad autónoma del País Vasco se firmó un acuerdo en el 2001 que implicaba a todas las instituciones de esta Comunidad que tenían algún tipo de relación con la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico (Consejerías de Interior, Sanidad, Asuntos Sociales, Justicia, Diputaciones, Ayuntamientos, Consejo Médico, Consejo de la Abogacía, Fiscales...). El fin de este acuerdo era coordinar las actuaciones realizadas en el tratamiento de las víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual.


Manifiesta que se creó asimismo, una Comisión de Seguimiento y un Grupo Técnico. La Comisión de Seguimiento es una comisión política integrada por representantes de las instituciones y en su seno se deciden las propuestas que se van a desarrollar. Como apoyo a esa comisión de seguimiento existe un grupo técnico del que el compareciente forma parte como representante del Instituto de Medicina Legal.


La actuación de este grupo ha permitido introducir el tema de maltrato dentro de la asignatura de medicina legal así como elaborar protocolos que poco a poco se han ido desarrollando.


Para concluir su comparecencia el Sr. Portero realiza una serie de reflexiones:

- Los mensajes que se están mandando a la población con respecto a la violencia de género deben ser examinados con atención.


- También es importante reflexionar sobre la recogida de información por las distintas instituciones.


- Examen de las órdenes de protección tal y como están configuradas actualmente.


- Problema del secreto profesional en el ámbito sanitario, en la medida en que las personas que atienden a las víctimas de maltrato deben denunciar comportamientos que son evidentemente delictivos.


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En el turno de contestación a las preguntas de los portavoces, el Sr.
Portero Lazcano señala que, a su juicio, de la denominación de la Ley como integral, se deduce que la intervención de apoyo a las víctimas no debe ser únicamente física sino también psicológica tal como ocurre con los servicios de valoración forense integral. En concreto, en la unidad a la que representa, están integrados forenses expertos en psiquiatría, psicólogos y trabajadores sociales. Por lo que se refiere al funcionamiento de las unidades de valoración, estas actúan a instancia de la administración de justicia, la cual les remite a aquellas mujeres que estima pueden ser víctimas de violencia tanto física como psicológica.
Una segunda vía de acceso a la unidad es la de los médicos forenses que son los primeros que contactan con la víctima en la guardia.


La parte más difícil de valorar y peritar es, a su juicio, la evidencia psicológica para lo cual es preciso recurrir al equipo multidisciplinar, haciendo un estudio socio-familiar que termina en un informe conjunto firmado por el psicólogo, el trabajador social y el psiquiatra.


Señala igualmente que los médicos de atención primaria a veces se plantean el cumplimiento de su obligación de denunciar, cuando trabajan con víctimas ya que, en ocasiones, estiman preferible trabajar con ellas y ganarse su confianza antes de realizar la denuncia.


También considera necesaria la recogida de información sobre los perfiles y las circunstancias que afectan a las víctimas de violencia. Igualmente manifiesta que es preciso reflexionar sobre las órdenes de protección que en muchos casos se incumplen.


Doña Almudena Fontecha López. Secretaria para la Igualdad de la Unión General de Trabajadores.


En su condición de representante de UGT, D.ª Almudena Fontecha señala que hay situaciones de violencia excluidas de la Ley de Violencia de Género como el acoso por razón de sexo en el trabajo, así como los temas relacionados con la prostitución y la explotación sexual.


Destaca, igualmente, que en beneficio de las mujeres víctimas de violencia de género, nacidas en otros países, se debería contemplar, en la nueva Ley de Extranjería, la previsión de que se pueda conceder una autorización para residir en España a las víctimas que colaboren con las autoridades.


Por lo que se refiere al ámbito laboral estricto, a su juicio es necesario distinguir entre los derechos laborales y aquellos otros derechos que tienen que ver con el conjunto de prestaciones públicas o de la Seguridad Social.


Los derechos laborales en sentido estricto dependen de la negociación colectiva y no tenemos datos fiables sobre cuantas mujeres pueden estar ejercitándolos. Es más fácil, sin embargo, examinar los datos que se derivan de las prestaciones públicas las cuales sí arrojan estadísticas.


El control de los derechos derivados de los convenios colectivos es complejo ya que en nuestro país contamos con más de 5.000 convenios colectivos que además cada vez tiene vigencias más largas. También es importante el tamaño de las empresas que muchas veces hace imposible la movilidad geográfica.


Aprovecha su comparecencia ante al Subcomisión para reclamar un impulso que resuelva la integración del Régimen Especial de las Empleadas de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.


En cualquier caso afirma que la mayor parte de los convenios colectivos han intentado garantizar que el uso de sus derechos laborales no tenga una repercusión negativa en el ejercicio de la actividad de la mujer.


Con relación a los contratos bonificados señala que el perfil general es el de una mujer entre 21 y 50 años, de nacionalidad española, con estudios secundarios (aunque los contratos suelen ser para trabajos no cualificados) y que desempeña su función en el sector servicios. También en la gran mayoría de los casos se trata de empresas de hasta 25 trabajadores e incluso de menos de 6.


En cuanto a los contratos de sustitución de trabajadoras víctimas de violencia solo se han hecho 268 contratos entre el 2005 y el 2008; por tanto el número es bastante escaso.


Por lo que se refiere a la extinción o la suspensión del contrato con derecho a la prestación contributiva, el último dato de enero a mayo de 2008 es que se han beneficiado 33 mujeres. A su vez la renta activa de inserción ha beneficiado a 13.691 mujeres.


En consecuencia los pocos datos disponibles arrojan una escasa utilización del conjunto de prestaciones, lo cual aconseja, a su juicio, llevar a cabo campañas de sensibilización e información en el ámbito laboral.


En el turno de contestación a las preguntas de los portavoces, la Sra.
Fontecha López señala que es muy difícil que las medidas que contempla la Ley, desde el punto de vista laboral, sean conocidas por el conjunto de la población. Los derechos deben ser conocidos por las víctimas y las organizaciones empresariales y para eso es necesaria una coordinación institucional.


Señala la importancia de que se establecezca una periodicidad en la recogida de datos. En este sentido, destaca la carencia de información sobre mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. La Ley es, a su juicio, muy importante y hay que darle tiempo, aunque habrá datos que nunca podremos manejar como las razones por la que una mujer accede a la excedencia. A su juicio, existe un agujero negro sobre las consecuencias de la violencia de género en el ámbito laboral.


Uno de los objetivos a potenciar es la negociación colectiva. De hecho en muchos convenios se ha procurado que ninguna circunstancia quedara agravada por situaciones de violencia de género.


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Por otra parte, insiste en el hecho de que no basta con conocer los derechos que uno ostenta sino que hay que saber como ejercerlos.


20 de octubre de 2009:

Don José Antonio Rodríguez González, Comisario del Cuerpo Nacional de Policía y Director del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) de la Secretaría de Estado de Seguridad.


El compareciente señala que una de las herramientas más importantes que se ha puesto en marcha, en el Ministerio del Interior, para luchar contra la violencia de género es un sistema informático presente en todas las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil así como en otras instituciones. Una característica fundamental de este sistema online es que coloca por primera vez a la mujer víctima de violencia como pieza nuclear, integrando todos los recursos y conocimientos existentes.


En este sistema participan tanto los Fiscales, como las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno o los servicios sociales dependientes de municipios y comunidades autónomas.


El sistema cuenta actualmente con 28.022 usuarios, los cuales deben estar preparados para utilizar las herramientas, fin para el cual se han puesto en marcha cursos de formación por parte del Ministerio del Interior.


El compareciente destaca el trabajo realizado con el Consejo General del Poder Judicial, los Mossos de Esquadra, la Policía Foral de Navarra y diferentes policías locales.


Con relación a las principales aportaciones del sistema destaca las herramientas de valoración de riesgo así como las comunicaciones e informes y los instrumentos de puesta en marcha de gestión de alertas. De acuerdo con la herramienta de valoración del riesgo iniciada en julio de 2007, una mujer se puede encontrar en cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto o extremo. Cada uno de estos niveles determina cuales deben ser las medidas de protección que están protocolizadas en la instrucción del Secretario de Estado de Seguridad.


Destaca el dato de que, actualmente, existen más de 104.000 mujeres que figuran en el sistema como víctimas de violencia de género habiéndose realizado 378.000 valoraciones de riesgo.


En el turno de respuesta a las preguntas que fueron formuladas por los portavoces de los grupos parlamentarios, el Sr. Rodríguez González señaló que el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, aunque no es un sistema idílico, sí es una herramienta efectiva para mejorar la protección de las mujeres víctimas de la violencia. Es un sistema que pretende estar en tiempo real en todas las unidades policiales y se ha desarrollado en un tiempo muy breve. También considera que el sistema tiene una influencia positiva sobre la formación de la decisión de la autoridad judicial. Insiste, por otro parte, en que el sistema está disponible en todas las unidades policiales.


Por lo que se refiere a los funcionarios, señala que todos reciben formación en el funcionamiento y el uso del sistema, habiéndose procurado que esa formación se realizase centralizadamente para los responsables nacionales autonómicos y provinciales.


A la pregunta de sí hay suficientes agentes especializados señaló que comparado con el volumen total de funcionarios del cuerpo es un número reducido, aunque estima que los especialistas tiene un nivel suficiente, tanto en Policía como en Guardia Civil. No obstante, señaló que no puede confundirse especialistas con protectores de la víctima. Garantizó, por otra parte, que cuando es necesario garantizar medidas de seguridad para la mujer, esas medidas se adoptan y considera que el hecho de que una mujer esté en el sistema es conveniente para su protección.


Finalmente, concluyó que el sistema es útil y la valoración de su funcionamiento positiva. En este sentido señaló los contactos que se están realizando para su implantación con diferentes Comunidades Autónomas.


Don Isidoro Zamorano Martín, representante de la Confederación Española de Policía (CEP).


El señor Zamorano pone de manifiesto que la confederación a la que representa habla en nombre de los intereses profesionales de 23.000 policías de todas las escalas así como de unos 6.000 jóvenes que se preparan para jurar su cargo.


A su juicio, nuestro país, al haberse incorporado tarde a la lucha contra la violencia de género ha puesto en marcha un catálogo de medidas policiales, legales, sociales y educativas que en ocasiones deberían haber sido objeto de una mayor reflexión .


La respuesta policial a la violencia de género es, en su opinión, doble: por una parte existen los servicios de atención a la familia, centrados en la investigación de los delitos cometidos en este ámbito y por otro, las UPAP (Unidades de Prevención, Asistencia y Protección a las Víctimas de Malos Tratos) exclusivamente centradas en la protección y apoyo de las víctimas. La plantilla destinada a las UPAP carece de un protocolo de actuación, a pesar de que existe un borrador que no ha logrado ver la luz.


Otro de los problemas a los que se enfrentan los miembros de las UPAP es su dependencia orgánica de la Comisaría Nacional de Seguridad Ciudadana a pesar de que la mayor parte de su despliegue es periférico. Tampoco cuentan con vehículos propios ni disponen de un horario de trabajo regularizado.


Por lo que se refiere al sistema informático de valoración de riesgo, lo considera una apuesta novedosa aunque a su juicio es desafortunada ya que somete a criterios matemáticos el nivel de respuesta policial ante

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un fenómeno sometido a múltiples variables que dificultan su análisis homogéneo.


Por otra parte los policías que utilizan esta herramienta, en un gran número no han recibido cursos de formación e invierten mucho tiempo instruyendo las diligencias.


Desde la Confederación que representa, consideran necesario poner en marcha equipos multidisciplinares de valoración del riesgo que, teniendo como sede de trabajo las Instituciones Judiciales, integren en su seno a especialistas del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Psicólogos, Forenses,...


Por otra parte, considera necesario que la Cámara inste al Gobierno a realizar actuaciones como: aumento de efectivos y recursos; mayor coordinación de las estructuras periféricas con las UPAP provinciales o locales; y puesta en marcha de programas de formación.


En el turno de contestación a las preguntas de los portavoces, el Sr.
Zamorano Martín señaló que, actualmente, existen menos de 500 funcionarios adscritos a las UPAP, ya que cada vez es menos atractiva la adscripción a estos servicios que inicialmente se concibieron como adscripciones de segunda actividad a partir de los 55 años. Actualmente, esa edad ha sido elevada a los 58 años y el hecho es que existen menos candidatos ya que ese servicio carece de horario. También algunos funcionarios adscritos a este servicio se quejan de que no han recibido los cursos de formación necesaria.


Desde su punto de vista, no puede ser una máquina la que decida y valore.
Considera que el sistema es bueno pero debe ser perfeccionado.


Doña Isabel González Cano, Catedrática de Derecho Procesal e Investigadora especializada en violencia de género de la Universidad de Sevilla.


La compareciente, destaca en su intervención, la importancia de la especialización judicial ya que, desgraciadamente, aunque la ley prevé que en las Audiencias Provinciales existan Secciones especializadas para el enjuiciamiento de los delitos de violencia de género, no existen en todas ellas y a su vez, los Juzgados de lo Penal también suelen carecer de especialización en esta materia.


Por otra parte, manifiesta que al supremo sólo acceden los casos que provienen de la Audiencia Provincial, quedando el 90% de los delitos y faltas en materia de violencia al margen de esta instancia, lo que significa que nunca dispondremos de una doctrina jurisprudencial consolidada en aspectos relacionados con la violencia de género.


Se refiere también al tema de la retirada de denuncias o acusaciones. En este sentido, señala que la supresión del artículo 416 de la LECr, que propone una parte de la doctrina, choca, a su entender con el artículo 24.2 de la C.E. . Por otra parte añade que la víctima de violencia de género no tiene la facultad de abrir o cerrar el procedimiento cuando lo estime oportuno. Tampoco considera que se deba reconocer valor probatorio a la declaración efectuada en la instrucción ya que no se trata en realidad de una prueba anticipada puesto que no hay imposibilidad material de practicarla en el juicio oral.


En este sentido, hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 21 de mayo en la que se señala que cuando una prueba personal es incriminatoria y se convierte en la principal prueba de cargo, es imprescindible la mediación judicial. Es decir, que la prueba testifical, debe realizarse de manera concentrada e inmediata delante del juez que va a dictar sentencia.


En otro punto de su intervención reivindica la importancia de la prueba pericial y el destacado valor del trabajo que realizan las unidades forenses de valoración integral.


Por último, propone que la asistencia jurídica gratuita se extienda a un momento anterior a la denuncia, de forma que no sea la denuncia y la orden de protección el único titulo habilitante para acceder a este beneficio. Por otra parte señala que no tiene sentido que los juzgados de primera instancia se ocupen de causas civiles en detrimento de su actividad básica. Por eso propone que en lugar de que sean acumuladas las causas civiles ante el juez de violencia se cree un sistema reforzado de comunicación entre el juez penal y el juez civil.


En el turno de contestación a las preguntas de los portavoces, la Sra.
González se refirió a la posible reforma del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aludiendo a la diferencia entre prueba anticipada y prueba constituida. Considera que suprimir la dispensa del art. 416 no evitará la impunidad, por eso estima preferible potenciar la prueba pericial. A su juicio, el art. 416 se adapta muy mal al testigo que es víctima de violencia de género, si bien, es preciso hacer un estudio profundo y riguroso de este tema, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez que una víctima se retracta hay algunos que consideran que esto sucede porque existen denuncias falsas.


Por lo que se refiere a la especialización, señala que esta no debe ser confundida con la exclusividad y en este sentido estima que siempre debe haber un juez especializado en materia de violencia de género aunque comparta esta materia con otras de carácter penal.


Le plantea serias dudas la acumulación de materias civiles en los Juzgados de Violencia. A su juicio debería realizarse ante el órgano de enjuiciamiento. Finalmente, señala que es fundamental la asistencia a la víctima en el trámite de denuncia e insiste en que nunca será suficiente el esfuerzo que hagamos en la formación de todos los operadores que actúan en este campo.


C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I. Introducción y Consideraciones generales.


El 29 de junio de este año se cumplieron cuatro años desde la entrada en vigor en su totalidad de la LO 1/2004. Un período muy corto para evaluar el impacto de una ley de esta envergadura que se enfrenta a un pro

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blema de gran complejidad: la violencia de género. Su carácter estructural, los obstáculos y resistencias con los que todavía nos enfrentamos a los cambios estructurales que la ley aborda, constituyen factores a tener en cuenta al valorar su impacto. A esto debemos sumar la compleja estructura administrativa, el múltiple engranaje de recursos y servicios que hemos tenido que desplegar en el sistema de asistencia y de protección puesto en marcha.


Aun cuando queda un largo camino por recorrer y cuestiones que mejorar, se ha realizado un esfuerzo sin precedentes por parte de todas las administraciones, las instituciones y la sociedad civil. Se ha llevado a cabo un trabajo serio y riguroso que, fundamentalmente, ha arrojado un mayor conocimiento de la realidad de la violencia de género, de las necesidades de las víctimas y del funcionamiento del sistema de atención y protección.


El trabajo de esta Subcomisión pretende contribuir a este conocimiento porque de la reflexión y aportaciones de todas las personas que, desde sus diversas responsabilidades han comparecido a lo largo de varios meses, se pueden extraer unas recomendaciones y conclusiones imprescindibles para diseñar, planificar e implementar las medidas necesarias y profundizar en el trabajo de colaboración que permita alcanzar el objetivo de avanzar hacia una sociedad donde la violencia contra las mujeres deje de ser una trágica realidad.


En la realización de este trabajo la Subcomisión ha tenido en cuenta que, desde la entrada en vigor de la ley, se han aprobado diversos instrumentos de implementación de la misma y se han realizado los correspondientes informes de evaluación de las medidas en ellos contenidas:

? El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.


? Los Informes anuales del Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer.


? El Sistema de Indicadores y Variables sobre Violencia de Género.


? El Informe de balance del Primer año de ejecución del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la violencia de género (2007).


? El Informe Evaluación tres años de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.


? Los informes y estudios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.


Hemos de comenzar por recordar que la violencia de género es una manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en el que viven las mujeres en todo el mundo y representa una clara conculcación de los derechos humanos. El agresor ejerce la violencia para someter a la mujer y así perpetuar la relación de dominio y control. Esta violencia se da en todos los grupos sociales y en todos los niveles económicos y socioculturales.


Existen factores socioculturales que acompañan a la persistencia, el mantenimiento y la justificación de la desigualdad entre el hombre y la mujer: masculinización de los espacios públicos, utilización de un lenguaje sexista, escasa concienciación acerca de los problemas que asumen las mujeres por la imposición de determinados roles por la sociedad y la forma en la que las mujeres disponen y distribuyen su tiempo. Todas ellas son cuestiones, entre otras, que no pueden cambiarse de forma eficiente sin el interés y el compromiso de toda la sociedad.


En nuestro país, durante generaciones, la violencia del hombre contra la mujer ha permanecido oculta en la vida privada de las personas, pero en la actualidad asistimos afortunadamente a un proceso de visibilización que resulta esencial para que la cuestión sea considerada un problema social y, en consecuencia, se formulen e implementen políticas y respuestas para su solución. Hoy en día, la violencia de género produce un rechazo colectivo y una evidente preocupación social; no es un 'delito invisible', no es un asunto privado sino un delito perseguible de oficio, y un problema de interés público. La sociedad apoya la demanda de protección, seguridad y ayuda hacia la mujer afectada.


La LO 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (BOE num.313 de 29 de diciembre de 2004) es un marco general normativo y operativo claro para conseguir el objetivo de ofrecer una respuesta integral a la víctima y combatir una lacra que una sociedad democrática como la actual no se puede permitir. Como se ha puesto de relieve a lo largo de los trabajos realizados por esta Subcomisión, no resulta fácil resolver a través de una Ley, una problemática de carácter estructural que debe cambiar desde su raíz, en las formas de pensamiento y obtener resultados a corto plazo. Incluso el conocimiento y divulgación de la ley choca todavía con firmes resistencias de determinados sectores jurídicos, políticos y sociales, dificultando, por tanto, su aplicación.


1. Esta Subcomisión, tras las comparecencias realizadas y los debates producidos en su seno, considera que la LO 1/2004 es un instrumento adecuado para la prevención y la sanción de la violencia de género. El apoyo social y parlamentario a esta iniciativa se unió a las recomendaciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa, convirtiendo la norma resultante en un modelo en el ámbito comparado que ha supuesto en nuestro país un salto cualitativo en la lucha contra la violencia de género.


2. Asimismo, esta Subcomisión entiende que la LO 1/2004 debe seguir sometiéndose a evaluación y perfeccionamiento con el fin de reforzarla en el futuro, identificando los recursos, circuitos, estrategias y soluciones a los problemas que se presentan. A dicho objetivo y con dicha óptica se han desarrollado los trabajos realizados por esta Subcomisión y es en este contexto en el que deben entenderse las reflexiones, considera

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ciones y recomendaciones que se incorporan en este Informe.


3. Esta Subcomisión insiste en la necesidad de combatir la violencia de género desde la promoción transversal de la igualdad y en el ámbito de otras manifestaciones como el acoso laboral, la agresión sexual y la violencia económica entre otras cuestiones. También se ha resaltado en los debates la necesidad de seguir incidiendo en aspectos culturales como el lenguaje de género, que conforma la estructura del pensamiento. Y esto es especialmente importante para aquellas personas que como legisladores, nos corresponde garantizar que el impacto de género de las leyes no se asimile únicamente a la no discriminación.


4. La necesidad de profundizar en la respuesta institucional integral para mejorar la garantía del derecho a la dignidad humana de las mujeres que sufren la violencia es un objetivo compartido por esta Subcomisión: un camino a recorrer en los medios materiales y personales disponibles y en la corrección de los desajustes que se observen derivados de su aplicación; porque se trata de una norma y una política pública que implica a todo el sistema institucional, al conjunto de las administraciones públicas y a los medios de comunicación social. Es, en suma, una ley de toda la sociedad que requiere un comportamiento firme y leal en la lucha contra la violencia de género a todas y cada una de las instituciones públicas y privadas en sus distintos niveles y también al conjunto de la ciudadanía.


5. Esta Subcomisión constata los avances realizados en la cooperación institucional tras la aprobación de las Leyes autonómicas correspondientes. En este sentido, destaca la importancia de los convenios y protocolos impulsados desde las instituciones para actuar de forma unificada y aprovechar los recursos existentes en favor de la protección y atención de las víctimas de violencia de género. En la misma línea se recomienda impulsar la normativa europea y la cooperación jurídica internacional.


6. Respecto al impacto de la LO 1/2004, esta Subcomisión ha constado que las mujeres maltratadas están denunciando más porque se sienten más seguras y protegidas con las medidas puestas en marcha. Se afianzan las medidas de coordinación previstas para controlar los riesgos; se han agravado las penas para los agresores y se han creado nuevos recursos de asistencia, incluyendo los mecanismos de vigilancia de los maltratadores y los dispositivos puestos en marcha. No obstante, la importancia de continuar en esta línea implica dotar a los recursos existentes de personal cualificado con mayor preparación, especialización y formación adecuadas.


II. Educación, Prevención, Medios de comunicación social para combatir la violencia de género.


1. Esta Subcomisión valora como prioritaria en la prevención de la violencia de género la educación, tal y como se refleja en la propia LO 1/2004. Una educación que ha de dirigirse tanto a los elementos sociales que sustentan el imaginario colectivo, como a los valores individuales que conforman la personalidad de los futuros hombres y mujeres, en los que ya no podrá estar presente la desigualdad. Se trata de apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y actuar de acuerdo con ellos: la resolución pacífica de conflictos y el respeto a la igualdad entre sexos forma parte de los contenidos de la educación para la ciudadanía. La educación en igualdad es la principal medida para conseguir sociedades de futuro libres de violencia de género.


2. Se subraya asimismo la necesidad de incidir en la formación específica del profesorado en materia de igualdad, a través de su formación inicial y permanente, impulsando las tareas y fortaleciendo los medios disponibles, incluido el apoyo y la formación de las personas que forman parte de los Consejos escolares para que puedan realizar su función como agentes de igualdad de oportunidades y contra la violencia en los centros educativos, así como la del Consejo Escolar del Estado en su labor de valorar, informar y recoger las medidas adoptadas en este ámbito.


3. En relación con las medidas de prevención y sensibilización que contempla la Ley Integral, se ha destacado la importancia de las campañas publicitarias de carácter permanente.


4. Esta Subcomisión entiende que la promoción de un escenario social que incorpore valores de respeto a los derechos y libertades fundamentales desde la perspectiva de género incluye contar con una estrategia dirigida tanto a hombres como a mujeres, desde una perspectiva de trabajo comunitario e intercultural. Estima además que reforzar la sensibilización social en este ámbito, exige lograr la implicación cada vez más activa de los hombres en la prevención de la violencia de género.


5. En dicho contexto, deben impulsarse las actuaciones dirigidas a los medios de comunicación, para reforzar su responsabilidad social ante la violencia de género. Como se ha puesto de relieve a lo largo de los trabajos desarrollados por esta Subcomisión, nuestra cultura mediática sigue hipotecada por la persistencia de contenidos (tanto informativos como de entretenimiento, de opinión y publicitarios) que legitiman la violencia de género y que se conforman como un elemento cultural decisivo que refuerza el sexismo, la instrumentalización del cuerpo de las mujeres y la violencia implícita y explícita de género en las relaciones interpersonales de pareja.


6. Procede también insistir en la implicación activa de los consejos audiovisuales actualmente en funcionamiento, y apelar al establecimiento y, en su caso, actualización de los códigos de autorregulación adoptados por las empresas periodísticas, y de radio y televisión privadas, así como los contenidos de los denominados libros de estilo con el fin de hacer efectivas las

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medidas que aseguren su efectivo cumplimiento, reforzando los instrumentos jurídicos existentes, incluida la legislación publicitaria vigente desde 1988.


III. El apoyo a las víctimas de violencia de género y la respuesta institucional y social para el reconocimiento y protección de sus derechos.


1. Otro de los aspectos centrales de los trabajos desarrollados por la Subcomisión ha sido el estudio de los sistemas de atención a las víctimas, lo cual se relaciona con la información, asistencia social integral y asistencia jurídica que, como recoge la LO 1/2004, contribuye a hacer reales y efectivos, en las distintas circunstancias vitales de cada mujer, sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.


2. Esta Subcomisión recoge la necesidad de seguir impulsando, en el marco de las competencias de las Comunidades Autónomas, la asistencia social a las mujeres mediante la puesta en marcha de servicios con carácter previo a la denuncia. En este sentido, destaca la importancia de los protocolos de sanidad, de los que cabe subrayar -como se ha hecho notar en las comparecencias realizadas- que favorecen la necesaria formación y concienciación del personal que trabaja en los establecimientos sanitarios y cuya labor resulta imprescindible para seguir mejorando, como hasta ahora, la detección de casos de violencia de género.


3. Por otra parte, en el seno de la Subcomisión se ha hecho especial énfasis en el déficit de formación especializada que se detecta en un porcentaje significativo de los operadores jurídicos y asistenciales. Al respecto, se resalta la importancia de apostar por la formación mixta y conjunta de los distintos operadores jurídicos con el fin de mejorar la tutela judicial de las víctimas. Respecto a la formación de los jueces de violencia se estima imprescindible que, con carácter previo a su incorporación en un juzgado de violencia sobre la mujer hayan realizado, al menos, un curso de formación específico que asegure la necesaria formación especializada tanto en temas de igualdad, como de violencia de género.


4. Esta Subcomisión ha prestado asimismo especial interés a las Oficinas de atención a las víctimas. Se ha subrayado la inestabilidad financiera de que adolecen muchos centros de atención social integral, con fórmulas de contratación precarias e inseguras en algunas comunidades autónomas y entidades locales para las que se reclama una mayor estabilidad. Se ha hecho alusión, asimismo, a una excesiva rigidez en el régimen interno de determinados centros de atención a mujeres.


5. En cuanto al derecho de las víctimas a la asistencia social integral, esta Subcomisión valora el importante papel de las Comunidades autónomas y de las Administraciones municipales y supramunicipales en la prevención y lucha contra la violencia de género; en la prestación de los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, cuyo mandato legal está contemplado en el artículo 19 de la LO1/2004. Hemos conocido las buenas prácticas y las experiencias positivas que, como administraciones más cercanas a la ciudadanía, se han ido desarrollando en determinadas y diversas CCAA, provincias y municipios, a través de los servicios y recursos de acogida correspondientes, junto a la importancia de los puntos o centros de información a la mujer en los municipios y su función para el acompañamiento de la víctima y la preparación psicológica.


6. Como propuestas de mejora, es en este ámbito donde los esfuerzos deben reforzarse para contar con los recursos adecuados promoviendo asimismo una mayor implicación y formación por parte de los profesionales de los servicios correspondientes. Para promover la equidad territorial, se ha planteado al respecto el establecimiento de protocolos o estándares mínimos en materia de disponibilidad y accesibilidad de recursos en todo el territorio.


7. Se ha planteado asimismo la problemática de que, para el acceso a las prestaciones y ayudas sociales que la LO 1/2004 prevé, se requiera la previa acreditación de la condición de víctima a través de la orden de protección, porque muchas mujeres no denuncian y porque aún mediando denuncia no siempre solicitan u obtienen la orden de protección.


8. La Subcomisión, desde la perspectiva de asistencia integral, ha prestado especial atención al desarrollo de la LO 1/2004 en relación con la protección de determinados colectivos específicos como son las mujeres en situación de discapacidad, las mujeres del ámbito rural y las mujeres extranjeras, especialmente las que se encuentran en situación irregular.
En estos casos se hace necesario contemplar recursos específicos para garantizar la efectividad de las medidas previstas en el ámbito de los derechos laborales y de recuperación emocional y económica, que contrarresten su mayor vulnerabilidad como víctimas de la violencia de género. Asimismo, se prestará atención a los hijos e hijas que sufren la exposición a la violencia de género.


9. La centralidad del género en la LO 1/2004 no es obstáculo, antes al contrario, para priorizar la necesaria atención a los hijos e hijas de las mujeres maltratadas como la propia ley establece en el sentido de reforzar los programas de asistencia social especializada recogidos en el artículo 19.5 de la citada LO. Junto al trabajo de sensibilización con los y las menores que están expuestos a estas situaciones de violencia con el fin de evitar en el futuro la reproducción de este tipo de conductas, esta Subcomisión insiste en la necesidad de darles apoyo a través de los servicios de atención primaria y de los servicios de atención psicológica, junto a la puesta en marcha de protocolos específicos de atención especializada al respecto.


10. Durante las comparecencias se ha destacado también la problemática de los puntos de encuentro y la

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conveniencia de regular allí donde estén instaurados por el modelo autonómico su funcionamiento y los casos en que puede acordarse su utilización, en las visitas tuteladas a hijos e hijas menores y, especialmente, en casos en que ha habido malos tratos.


11. Como se ha puesto de relieve en la Subcomisión, un 60% de las personas que tienen discapacidad son mujeres, y esto incide en la magnitud y gravedad de la violencia de género cuando se ejerce sobre este colectivo.
Se trata de mujeres que padecen normalmente baja estima, ausencia de autonomía personal, mayores dificultades para acceder a un empleo remunerado y dependencia de su agresor. Se constata que, a pesar de los retos pendientes, el avance que se ha producido es importante al haberse reconocido la problemática de la discapacidad en la LO 1/2004. Al respecto es relevante la participación del Cermi en el Observatorio Estatal de Violencia contra la mujer, la involucración del Observatorio de la Mujer, y la coordinación interinstitucional entre los distintos departamentos, en especial el de Sanidad junto al Ministerio de Igualdad, así como también la coordinación que se ha ido produciendo, al respecto en los ámbitos autonómicos y municipales. La accesibilidad de las campañas de información a estas mujeres, la formación profesional específica para la atención y protección de este colectivo, junto a la incorporación de indicadores relativos a la discapacidad, son medidas importantes que deben ir mejorando progresivamente su situación.


12. En cuanto a las medidas de protección en el ámbito social y laboral esta Subcomisión ha conocido las aportaciones de las centrales sindicales, cuyas reflexiones y propuestas merecen especial consideración.


- Se ha apuntado la conveniencia de que en los convenios colectivos se incorporen indicadores para medir los efectos y la coordinación entre patronal y sindicatos, junto a las administraciones correspondientes, para llevar a la mujer víctima la mejor información sobre sus derechos;

- Debe evaluarse la aplicación del programa específico de inserción sociolaboral que la LO 1/2004 prevé y cuya aprobación se produjo en 2008 para conocer el impacto de las medidas contempladas a favor de las víctimas como los contratos de sustitución, de bonificación, o la suspensión del contrato con derecho a la prestación contributiva;

- Se ha propuesto la posibilidad de firmar protocolos, acuerdos o convenios entre la Administración, las centrales sindicales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía general del Estado, para que deriven a las mujeres a las organizaciones sindicales con el fin de que se les preste la información sobre sus derechos laborales. En este sentido, se sugiere que la situación laboral de la mujer se recoja en la orden de protección.


- Se ha resaltado la Importancia de que las centrales sindicales cuenten con un área dedicada expresamente a la violencia de género y se promueva una mayor formación y sensibilización de sus negociadores, con el fin de que, desde las secciones sindicales y los comités de empresa se hagan eco de la necesidad de recabar los datos relativos a la violencia de género;

- En este sentido, se ha destacado el escaso número de mujeres que han solicitado una suspensión o extinción de contrato, así como la limitada repercusión de las medidas para el fomento del empleo que recoge el artículo 21 de la LO 1/2004 (según Informe de Valoración de la Ley a los tres años de su vigencia: 120 contratos) y se propone una mayor difusión de las medidas, así como la evaluación de su aplicación para mejorar su funcionamiento.


- Las empresas deben tener protocolos eficaces contra la violencia de género en el ámbito laboral para que las medidas puedan tener repercusiones.


- Por último, se ha valorado la importancia y la experiencia positiva de las empresas que han colaborado con las oficinas de asistencia a las víctimas, así como la de los cursos remunerados de formación.


13. Esta Subcomisión ha abordado asimismo la problemática específica de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género y, en especial, en situación irregular. Los trabajos de esta Subcomisión han coincidido en el tiempo con el trámite parlamentario de aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley de Extranjería. En este ámbito, es importante destacar que, a través de dicha reforma, se va a completar el Estatuto integral de protección a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, de conformidad con el propio artículo 17 de la LO 1/2004. Se ha reforzado la transversalidad y la corresponsabilidad de todas las administraciones en la integración como garantía de la convivencia y de respeto a los valores de nuestro ordenamiento. Junto a ello, el proyecto de ley que ha sido ya remitido al Senado, introduce garantías para que la situación irregular no constituya un obstáculo en la decisión de denunciar de las mujeres víctimas de la violencia de genero, no solo excluyendo la expulsión inmediata de las mismas sino, incluso, posibilitando que la acreditación de su condición de víctimas garantice su autorización de residencia y trabajo temporal hasta que concluya el procedimiento penal incoado.


14. En relación con las mujeres rurales se recuerda que en dicho entorno es donde resulta más difícil acceder a los servicios básicos y de urgencia, un medio que, a menudo, se muestra también más hostil para visibilizar y defender los derechos de estas víctimas de violencia, por lo que los esfuerzos interinstitucionales en materia de sensibilización, información y coordinación para la accesibilidad de estos recursos es un reto a conseguir desde la perspectiva de equidad territorial y la consecución de los derechos establecidos por la LO 1/2004.


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15. Por último la Subcomisión constata que durante la tramitación de la Ley de Presupuestos generales del Estado para 2010 se ha previsto la concesión de una pensión de viudedad en favor de aquellas mujeres divorciadas o separadas víctimas de violencia de género que no disfrutaban de una pensión compensatoria y, como consecuencia de ello, quedaban excluidas del derecho a la pensión de viudedad, incrementando de este modo el régimen de protección que la Ley vigente establece.


IV. La respuesta legal frente a la violencia de género.


La Subcomisión subraya la profundidad de la tutela judicial frente a la violencia de género que plantea la LO 1/2004. Asimismo quiere destacar el compromiso mostrado por todos los operadores jurídicos que intervienen en este ámbito, desde el personal de la administración de justicia, hasta el poder judicial, pasando por instituciones como el CGPJ, la Fiscalía especial contra la violencia de género, las académicas y las que ejercen la abogacía, las organizaciones feministas y de mujeres que participan en la aplicación de la LO 1/2004, las cuales han realizado valiosas aportaciones a las reflexiones y debates producidos.


A continuación se relacionan las principales cuestiones que han sido objeto de análisis por parte de diversos comparecientes en la Subcomisión:

1. Se ha planteado por algunos comparecientes que los Juzgados de violencia asuman la competencia exclusiva y excluyente en el orden penal y se remita la competencia sobre cuestiones civiles al orden civil, concentrando la competencia en materia de separación y divorcio, en un mismo juzgado dentro de cada partido judicial cuando sea posible, para permitir un mayor contacto directo entre el juez de violencia contra la mujer y el juez civil. Se alega en apoyo de esta posición que los datos estadísticos ponen de manifiesto el incremento de procesos de separación y divorcio en los juzgados civiles, lo que podría interpretarse en el sentido de que algunas víctimas de violencia no formalizan la denuncia para no tener que someter la separación en el Juzgado de Violencia. A su vez, se han escuchado opiniones de que el mantenimiento de la competencia civil dentro de los juzgados de violencia está perjudicando a las mujeres que se quieren separar.


2. Al respecto, otras voces acreditadas han subrayado la importancia de seguir apostando por el actual modelo de competencias unificadas en los juzgados de violencia, dado que la experiencia de dichos juzgados especializados es de apenas cuatro años, período en el que fundamentalmente el sistema ha intentado ajustarse a la novedad de abordar de forma unificada y específica, en el orden penal, ambas cuestiones. Asimismo se insiste en mantener vigente el objetivo con el que fueron creados los juzgados de violencia con competencia en materia penal y civil: por una parte, para mejorar la coordinación institucional entre todas las instancias, en segundo lugar, para posibilitar la formación del personal encargado de la gestión de este problema, y, en tercer lugar, para evitar la duplicidad de actuaciones y las contradicciones que se venían presentando entre las decisiones de los distintos juzgados con relación a las cuestiones civiles y penales que afectaban a un mismo caso. El modelo de la LO 1/2004 pretende evitar estas disfunciones y servir como un elemento de conocimiento al juez que tiene que resolver en el ámbito civil, al poder contar con la vertiente de lo que ha ocurrido en el ámbito penal, que servirá para una solución más justa y adecuada para el caso concreto.


3. Se ha hecho alusión, asimismo, a la necesidad de aclarar el concepto de domicilio de la víctima en el momento de la comisión del delito, determinante de la competencia territorial del juzgado de violencia al que corresponde conocer con arreglo al art. 49 de Ley de enjuiciamiento Criminal, así como la posibilidad de introducir las medidas necesarias para superar las dificultades de coordinación entre el juzgado de guardia y el juzgado de violencia contra la mujer.


4. Se han apuntado las dificultades que, en el ámbito del enjuiciamiento de los delitos relacionados con la violencia de género, presenta la interpretación y aplicación vigente del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la doble condición de victima y testigo de las mujeres. Siguiendo los datos del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, se ha producido un incremento de sobreseimientos como consecuencia de la falta de la prueba testifical de la víctima, que es fundamental en estos procesos, llegándose en ocasiones a producir incluso la absolución. Se subraya al respecto, la existencia de resoluciones judiciales contradictorias en casos similares. No obstante, la solución a este problema se valora de forma muy diversa.


5. La Subcomisión ha constatado que concurre una opinión favorable acerca de que la LO 1/2004 impida en estos delitos la posibilidad de sustituir la pena de prisión al condenado en los términos establecidos por el articulo 88,1 párrafo tercero del Código Penal.


6. En relación a lo establecido en el artículo 1 de la LO 1/2004, se ha puesto de relieve la importancia de la adecuada interpretación y aplicación judicial de dicho precepto en lo referido a las relaciones de afectividad, que está exigiendo que haya una continuidad de vida, una relación similar a la conyugal, frente a las relaciones esporádicas y el noviazgo.


7. Respecto de la seguridad de las víctimas, se ha subrayado en la Subcomisión la importancia de reforzar las unidades forenses de valoración integral, para mejorar la valoración del riesgo concreto de cada víctima y así protegerla mejor.


8. Asimismo algunos jueces de violencia que han comparecido, estiman conveniente flexibilizar la actual aplicación imperativa de las medidas de alejamiento, de modo que no sea obligatoria sino potestativa la imposición de las mismas en la condena como prevé actual

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mente el articulo 57 CP, con el fin de reducir los quebrantamientos de condena referidos a esta medida, en ocasiones, por mutuo consentimiento de las partes. Otras opiniones, fundamentalmente procedentes de las asociaciones que trabajan en el apoyo a las mujeres maltratadas consideran por el contrario que esta medida perjudicaría seriamente el proceso de recuperación de las victimas. También ha sido objeto de análisis, en general, el funcionamiento de las órdenes de alejamiento y de protección.


9. Los debates mantenidos en la Subcomisión han puesto de manifiesto la mejora progresiva de la asistencia jurídica. A este respecto, se reclaman más abogados en el turno de oficio especializados en violencia de género y se advierte acerca de una práctica perniciosa detectada en algunos colegios en el sentido de que el turno especializado atiende indistintamente a las víctimas y a la defensa de los acusados por violencia de género. El pleno respeto al derecho de defensa de los acusados por estos delitos no comporta que la previsión contenida en la LO 1/2004 acerca de la asistencia jurídica especializada para las mujeres victimas se haga extensiva a ellos.


10. En este mismo ámbito, algunas intervenciones coinciden en señalar la conveniencia de extender el beneficio de la asistencia jurídica a la fase previa a la denuncia y, en todo caso, antes de la vista en la que se pueda acordar la orden de protección o cuando vaya a solicitarse medidas cautelares, es decir, antes de que la victima se constituya en parte del proceso. Se alega que la asistencia letrada favorece el objetivo de fortalecer la autonomía emocional de la mujer antes de declarar. En este sentido, la Fiscalía recuerda que a esta institución le corresponde velar en el proceso penal por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.


11. Se ha puesto de manifiesto con los datos ofrecidos por el Observatorio del CGPJ la falta de fundamento de la acusación que se viene vertiendo en algunos medios y que peligrosamente está calando en la opinión pública sobre la presunta existencia de un alto índice de denuncias falsas en materia de violencia de género. En cambio, se ha alertado sobre una práctica recurrente de algunos acusados en el sentido de denunciar a su vez al otro cónyuge, y que colocan a la mujer denunciante en posición de imputada porque suelen ser admitidas por los juzgados de violencia, al menos para llevar a cabo una investigación preliminar.


12. Esta Subcomisión ha valorado asimismo como relevante abordar el asunto de los tratamientos de rehabilitación dirigidos a los maltratadores.
Estos tienen una importancia diferente en los casos en que se suspende la pena y aquellos en que se acuerda su sustitución. En efecto, para la primera (Art, 83) la Ley no exige, sino solo permite, que se ordene la participación del penado en programas formativos laborales, culturales, de educación vial y sexuales, mientras que cuando se acuerda la sustitución de penas (Art. 88), la Ley condiciona dicho acuerdo a la sujeción del penado a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico de los maltratadores. Se ha propuesto a estos efectos la conveniencia de ofrecer un tratamiento específico de reeducación y tratamiento psicológico homologado y de calidad para cualquiera de ambos dos supuestos.


13. Se constata asimismo un consenso en la Subcomisión para vincular la suspensión y sustitución de penas de prisión por los programas de reinserción cuando se muestre talante de cooperación y de aprovechamiento, extensible también a cualquier beneficio penitenciario, incluida la progresión en grado. Asimismo se incide en la importancia de trasladar la debida información al ámbito penitenciario y judicial, cuando los tratamientos no han sido cumplidos o no han dado los resultados esperados por la importancia del seguimiento de los tratamientos, de su control de calidad, de la protocolización homogénea de sus contenidos y su aprovechamiento efectivo.


14. Se ha subrayado la dificultad de los jueces en identificar y acreditar lo que es violencia psíquica, su consideración como delito y su diferenciación con la simple mala relación de pareja. En el debate se señala que ésta se acredita en el tipo de delitos de violencia por su carácter crónico, permanente y degradante (a nivel sexual, social y económico, mediante el acoso reiterado) y en su efecto, que desborda la capacidad de afrontamiento de una persona apareciendo una sintomatología que se relaciona con el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión.


V. Recomendaciones.


Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, esta Subcomisión acuerda las siguientes recomendaciones:

V.I. Educación, prevención y medios de comunicación social para combatir la violencia de género:

1. Incidir en la formación inicial y permanente del profesorado en materia de igualdad y violencia de género y reforzar dichos contenidos en el currículo escolar y en los libros de texto para construir relaciones igualitarias desde la infancia.


2. Apoyar la labor de los Consejos Escolares y de las personas que desarrollan su labor como agentes de igualdad y contra la violencia en los centros educativos, así como la del Consejo Escolar del Estado en su labor de valorar, informar y recoger las medidas en este ámbito.


3. En relación con el papel de los medios de comunicación social, fortalecer la implicación activa de los Consejos Audiovisuales, con el fin incorporar el tratamiento de la violencia de género y de los estereotipos machistas en las programaciones televisivas.


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4. Impulsar la aplicación de los Códigos de Autorregulación adoptados en las empresas periodísticas y de radio y televisión así como los contenidos de sus respectivos libros de estilo, asegurando su efectivo cumplimiento.


5. Promover las actuaciones dirigidas a los medios de comunicación para que informen y recojan el esfuerzo de las mujeres que están saliendo de la situación de maltrato y sus expectativas de un futuro mejor, junto a la de los profesionales que están a su lado, apoyan y fortalecen sus decisiones.


6. Difundir el contenido de la LO 1/2004 y promover campañas de prevención y sensibilización accesibles asimismo a las personas con discapacidad, con financiación acorde a la magnitud del problema. Campañas de publicidad de carácter permanente y progresivo en el tiempo, que además de poner en valor que las víctimas pueden superar la fase de violencia, se dirijan específicamente a los maltratadores, reprochando su conducta con contundencia y dándoles a conocer las consecuencias de sus acciones.
También deben ser dirigidas a la sociedad en su conjunto, fomentando el rechazo de la violencia y la necesidad de su implicación de forma activa, para que se tome conciencia de lo que es realmente esta lacra social.


V.II. Respuesta institucional y social para el apoyo a las víctimas de violencia:

1. Incrementar la financiación para los recursos sociales destinados a la atención de las víctimas de la violencia de género, especialmente en los Ayuntamientos que, como administraciones más cercanas a la ciudadanía son, en la mayoría de los casos, los primeros en prestar ayuda y atención a las víctimas.


2. Mejorar la atención integral, accesible, de calidad y especializada a las víctimas de violencia de género y a sus hijos y a sus hijas en todo el territorio, especialmente mediante Centros de Atención Integral a las víctimas de violencia de género, donde se aborde la recuperación de las mujeres teniendo en cuenta los problemas específicos que presentan determinados colectivos que la LO 1/2004 menciona, como las mujeres del ámbito rural, las inmigrantes, con alguna discapacidad, o en riesgo de exclusión social así como las mujeres mayores, mujeres transexuales o mujeres encarceladas entre otras.


3. Establecer criterios e indicadores comunes para una evaluación de los programas y recursos que incluya datos económicos.


4. Evaluar los recursos existentes estableciendo estándares mínimos de calidad, disponibilidad y accesibilidad. Para ello, se elaborará un mapa de recursos en el que se recojan específicamente aquellos adaptados a las personas con discapacidad.


5. Mejorar la coordinación de protocolos de actuación desde una perspectiva interdepartamental entre administraciones y con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el sector para evitar duplicidades en la oferta de recursos disponibles.


6. En relación al tratamiento estadístico, contabilizar y visibilizar las situaciones de recuperación de éxitos de las mujeres víctimas de violencia de género.


7. Contemplar la asistencia psicológica previa a la denuncia mediante unidades especializadas en atención a las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas.


8. Realizar estudios específicos que permitan visibilizar la incidencia de la violencia de género entre las mujeres del ámbito rural, las inmigrantes, con alguna discapacidad, o en riesgo de exclusión social.


9. Mejorar la implementación y desarrollo de los Protocolos de Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género tanto de ámbito estatal como propios de cada Comunidad Autónoma.


10. Impulsar la implementación de las medidas que contempla LO 1/2004 en los convenios colectivos, mejorando las estadísticas e indicadores correspondientes, así como la coordinación entre la patronal, sindicatos y empresas, junto a las administraciones correspondientes, para llevar a la víctima la adecuada información sobre sus derechos. Se recomienda asimismo incrementar la información a las empresas y a las víctimas de violencia de género de las medidas para fomentar el empleo recogidas en la citada legislación.


11. Flexibilizar el acceso al Fondo de Garantía de Alimentos para hacer frente al impago de pensiones, como medida positiva para abordar la violencia económica que se ejerce contra las víctimas de violencia de género.


V.III. Tutela judicial frente a la violencia de género:

1. La Subcomisión estima necesario incrementar los recursos y mejorar los contenidos de los programas de formación especializada que deben recibir, no solo en violencia de género, sino de forma más amplia en materia de igualdad, quienes intervienen en todos los procesos que aborda la LO 1/2004: Jueces, fiscales, abogados, equipos psicosociales y demás personal de la administración de Justicia, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


2. Dicha especialización debe asegurarse especialmente en la carrera. En este sentido, la Subcomisión se felicita por la modificación legal recientemente aprobada por las Cortes Generales mediante LO 1/2009 de 3 de noviembre, por la que todos los jueces y magistrados tendrán que participar en las actividades de especialización en materia de violencia de género que el consejo General del Poder Judicial establezca, antes de tomar posesión en Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en Juzgados de lo Penal especializados en Violencia de Género o en Secciones Penales y civiles especializadas en Violencia de Género.


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3. La Subcomisión considera que la exposición a los efectos de las bebidas alcohólicas o a las drogas no debiera contemplarse como una circunstancia atenuante o eximente en los delitos relacionados con la violencia de género; por tanto la Subcomisión recomienda profundizar en la valoración jurídica de dichas circunstancias.


4. La Subcomisión quiere destacar el trabajo que se está realizando desde la Fiscalía General a favor de la adecuada interpretación del artículo 416 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que se informe adecuadamente a las víctimas sobre el sentido de este precepto, con el fin de evitar que la reticencia a la declaración, que es un derecho, acabe convirtiéndose en un obstáculo que impida dispensar la tutela judicial efectiva que la mujer pretende. A dichos efectos, se elaborará un estudio que incorpore el trabajo de la Fiscalía y eleve las propuestas oportunas.


5. Esta Subcomisión considera que la víctima debe tener asegurado el acompañamiento durante todo el proceso y, para ello, es particularmente importante contar con asesoramiento jurídico previo a la denuncia y a la solicitud de la orden de protección.


6. Se recomienda incrementar asimismo el número de abogados y abogadas de guardia para que la asistencia letrada se pueda llevar a cabo con la inmediatez prevista legalmente. Asimismo, se debe mejorar la formación de los letrados del turno especializado mediante una formación específica y de calidad en violencia de género.


7. Esta Subcomisión resalta la importancia de disponer de mecanismos efectivos para que la orden de alejamiento se cumpla de forma efectiva y con garantías de seguridad para las víctimas.


8. Se recomienda un tratamiento unitario respecto a la suspensión y sustitución de las penas previstas en los artículos 83 y 88 del Código Penal de forma que el condenado pueda participar en Programas de Rehabilitación y Reeducación de Maltratadores, de calidad y contrastado rigor científico, en ambos supuestos.


9. La Subcomisión subraya la importancia de tener en cuenta, también en las sentencias judiciales, los derechos laborales, económicos y de prestación social que permitan poner en funcionamiento los circuitos sociales de tutela e integración social y laboral de la víctima.


10. En relación con la protección de los y las menores que se encuentran dentro del entorno familiar de las mujeres víctimas de violencia de género, a su vez víctimas directas o indirectas de esta violencia que recoge la Exposición de Motivos de la LO 1/2004, se propone la adopción de las siguientes medidas:

- Que la condena firme por delito de violencia de género conlleve la pérdida de la custodia de los hijos e hijas menores y se suspendan las visitas cuando haya motivos para ello, entre otros, que se utilice la relación con los hijos para seguir ejerciendo violencia contra la mujer o cuando los hijos, víctimas de violencia, revivan con miedo las situaciones padecidas cuando están en compañía del agresor.


- Que la orden de protección pueda ser extensiva a los hijos e hijas junto con la de su madre;

- La no aceptación del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) ni la aplicación de su terapia, por parte de los tribunales de justicia, de los organismos públicos ni de los puntos de encuentro;

- Regular legalmente la existencia de los puntos de encuentro, su funcionamiento y los casos en que puede acordarse su utilización, en las visitas tuteladas a hijos e hijas menores y, especialmente en casos en que ha habido malos tratos.


- La no aplicación de la mediación familiar en los casos de violencia de género;

- Estudiar las fórmulas necesarias y convenientes para que se pueda visibilizar la violencia en relación con los hijos e hijas que viven en ese entorno y así poder actuar sobre las mismas.


- La promoción de campañas de formación, sensibilización y prevención de violencia de género y programas de investigación sobre menores expuestos a la violencia de género.


- Procurar asistencia psicológica a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, siempre que sea necesario.


11. En cuanto a las medidas de mejora de la organización judicial contra la violencia de género, esta Subcomisión recomienda específicamente:

- La necesidad de asegurar y mejorar la coordinación funcional entre Juzgados de Violencia, Policía, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local; entre los Juzgados de violencia y Juzgados civiles; las oficinas de atención a la víctima y el resto de las administraciones involucradas.


- Modificar la Ley 38/1988 de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, para la creación de juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer de ámbito superior al de un partido, allí donde con arreglo a la carga de trabajo de los llamados juzgados compatibles existentes, no se permita la creación de un Juzgado exclusivo y, sin embargo, así se valore conveniente mediante el recurso a la agrupación, previsto en la ley.


- La implantación de unidades de valoración forense integral en los Institutos de Medicina legal de todo el territorio como unidades especializadas para la valoración y predicción del riesgo y el análisis de la situación de cada víctima, que favorezcan la toma de decisión más adecuada y fundada por parte de los órganos judiciales sobre las medidas de protección que deban acordarse.


- Coordinar la valoración del riesgo prejudicial y la realizada en sede judicial, para lo cual resulta necesario trabajar con indicadores comunes en la predicción del riesgo realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Segu

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ridad, y en la llevada a cabo por las Unidades Forenses de Valoración Integral.


V.IV. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

- La Subcomisión recomienda incrementar los medios necesarios para garantizar la notificación a las víctimas de cualquier decisión relevante que afecte a su seguridad, y especialmente la salida de prisión de su agresor como consecuencia de la finalización de la condena, la concesión de un permiso o la concesión del tercer grado del cumplimiento.


- Promover la integración de las Unidades, equipos y Oficinas de asistencia que a lo largo del proceso intervengan en la valoración o asistencia de las víctimas en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género y así evitar actuaciones duplicadas, con la consecuente victimización, con independencia de mejorar la recogida de información sobre las mujeres y sus hijos y su integración en una base de datos compartida.


- Que la valoración del riesgo por la víctima dé lugar a un informe individualizado de riesgo, y este a su vez, a la puesta en marcha de medidas individualizadas de protección a las víctimas de violencia de género, adecuadas a sus circunstancias personales y a las del agresor.


- Mejorar las Unidades Especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en especial las UPAP, a través del aumento de efectivos, incluyendo policías en situación de activo, y mejorar la formación y los medios materiales. Asimismo, se considera conveniente la aprobación del Manual de Buenas Prácticas común a los Cuerpos de Seguridad (estatales, autonómicos y locales) como herramienta esencial de trabajo.

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